Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 19 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 7



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Febrero de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanas y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 20 de febrero de 2014, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo quisiera hacerle una pregunta y esperaría una respuesta.

Senadores de este cuerpo presentamos una demanda de amparo en contra de la reforma constitucional energética. Dicha demanda de amparo ha sido admitida y está en proceso.

Yo veo que se habla permanentemente de las leyes secundarias en materia energética, pero no se ha informado a este Senado que existe una demanda pendiente.

De manera que es muy importante que lo hagan, porque cualquier decisión que tomen, estando sub judice la reforma constitucional, sería nula.

Yo espero que este Senado se entere.

Por otro lado, les quiero comentar a los señores Senadores, que ya presentaron un informe justificativo por parte del Senado, y nadie sabe aquí qué presentaron. Como si tuvieran la autoridad para presentarse en estas condiciones, sin que el Senado lo conozca.

De manera que yo le pido, señor Presidente, que informen al Senado y nos digan qué van a hacer en esta situación, para que se tome en serio el estado de derecho.

No sé si se han dado cuenta que cada vez que hay una medida de este tipo, nadie cree que exista estado de derecho en México; nadie cree que pueda un amparo echar abajo una medida que se tomó violando toda la reglamentación del Congreso.

De manera que yo le pido a la Mesa Directiva que haga un informe formal, como debe de ser, en relación a este amparo y por qué están presentando documentación e informes justificativos, sin ninguna información al Pleno, que es la autoridad suprema en el Senado de la República.

Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Le comento que tomamos nota de su inquietud, vamos a hacer la consulta con el área jurídica, para que en el transcurso de la sesión podamos informarle debidamente el estado que guarda ese asunto que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia y obviamente que podremos informales si ya se notificó de manera formal a este Senado.

Entonces, con mucho gusto le daremos la información, en cuanto tengamos la respuesta de las áreas correspondientes.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Sí, y con una información al Pleno, señor Presidente, verdad, en general.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Al Pleno se le informará, desde luego, con mucho gusto.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muy agradecido, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No, al contrario, a sus órdenes.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y siete minutos del día martes dieciocho de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves trece de febrero de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó ampliaciones de plazo a la Comisión de Reforma Agraria, para la presentación de los dictámenes respectivos.- La lista de asuntos se publicó en la Gaceta.

2) Se autorizó la solicitud de ampliación de turno al proyecto de Decreto que adiciona los artículos 74 Bis, 74 Ter, y 79 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, presentado por Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, el 11 de febrero de 2014, para que la Comisión Especial de Movilidad emita opinión sobre el proyecto.

3) Con fundamento en el artículo 165 del Reglamento del Senado, se autorizó el retiro del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentado por la Senadora Angélica Araujo, el 4 de octubre de 2012.

4) Se informó de la autorización de ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente, recibido el 6 de febrero de 2014.- El turno quedó en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Adolfo Romero Lainas, Informe de actividades durante la "4th IEL-SEELRIL Internacional Oil and Gas LawConference", realizada del 4 al 6 de diciembre de 2013, en Londres, Inglaterra.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibieron de las ciudadanas y los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar, solicitudes para formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública que dispone el Decreto de reformas constitucionales del 7 de febrero de 2014.- La Mesa Directiva informó que el trámite que recaerá a estas solicitudes se hará del conocimiento del Pleno cuando se apruebe el acuerdo por el que se establece el procedimiento para su desahogo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, y del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

Los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento, con relación a la Conmemoración del Día del Ejército Mexicano.- Intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; José María Martínez Martínez del PAN; y Ricardo Barroso Agramont del PRI.

(Iniciativas)

El Senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo2º y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4°, ambos de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de redes públicas de internet de banda ancha.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el segundo y tercer párrafos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, presentó a nombre propio y de los Senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y deEstudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso g) y se adiciona el inciso h) a la fracción ii del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y se reforman los artículos 1 y 11, fracción i de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 273 de la Ley del Seguro Social; 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad y educación vial.- Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.- Intervinieron los Senadores: Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita y extiende el más amplio reconocimiento a la labor heroica, así como al compromiso y entrega de los militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Armada de México, que recientemente realizaron acciones de ayuda a la población, en los estados afectados por el paso del huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", en septiembre de 2013.- Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición por el que se solicitaba la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional.- Intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román; David Monreal Avila del PT.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la SenadoraCristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la Secretaría de Salud se incrementen las acciones necesarias que garanticen el diagnóstico oportuno, tratamiento y atención integral de los menores que padecen cáncer, con el fin de reducir sustancialmente el número de muertes por esta causa.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las autorizaciones para la operación de una mina a cielo abierto en la zona conocida como “El Arco” ubicada en el paralelo 28, límite geográfico de los estados de Baja California y Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar un diagnóstico de la contaminación en la Laguna de Tres Palos, en el estado de Guerrero, así como trabajos de saneamiento y rescate.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder de inmediato a iniciar el proceso de extradición de Javier Villarreal a nuestro país para que responda por los delitos que se le imputan; asimismo, a acelerar y, en su caso, implementar los protocolos necesarios para lograr que sean detenidos el resto de los responsables de la megadeuda coahuilense.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un programa de apoyo a los productores de trigo de nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los encargados de protección civil en los estados y en el Distrito Federal a implementar acciones que permitan disminuir al máximo los factores que están provocando los incendios forestales en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Marcela Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar sobre el número de procedimientos de extinción de dominio de bienes a favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la presente fecha.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Excitativa)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa con relación con al punto de acuerdo relativo al equipo del acelerador lineal tomógrafo computarizado para el Hospital de la Mujer, presentado el 9 de diciembre de 2013.- La Mesa Directiva emitió la excitativa a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del 47º aniversario de la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y citó a la siguiente el jueves veinte de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de actividades de la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 23 al 30 de enero de 2014, en Estrasburgo, Francia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron dos Acuerdos suscritos por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, por la que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado del Tribunal Unitario Agrario.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea se da por enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de las comisiones ordinarias.



- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de encontrarse publicado dicho Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de este día, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la realización de una sesión solemne, en la que se entregará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

Dicho Acuerdo está a disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, el Senado de la República realizará sesión solemne el jueves 6 de marzo a las 11:00 horas en este recinto de reforma número 135, para entregar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones necesarias para la realización de esta sesión solemne. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuesta de calendario para desahogar los encuentros de los Subsecretarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y, en su caso, con la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, del Senado de la República.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2013 y Programas y presupuesto 2014”, en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

“Servicio de Administración Tributaria

Oficio 100-2014-014
Asunto: Cumplimiento del Artículo 14 de la
Ley del SAT.

México D.F., 12 de febrero de 2014

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del H. Congreso de la Unión
Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito enviar el documento denominado "Evolución de la actividad recaudatoria 2013 y Programas y presupuesto 20J4"que contiene la siguiente información:

• Informe sobre la evolución de los Ingresos del Gobierno Federal durante 2013.

• Los principales programas que ejecutará este Organo Desconcentrado y la información relacionada con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Aristóteles Núñez Sánchez
Jefe del Servicio de Administración Tributaria”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase esta información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Programa Anual de Trabajo 2014.

“INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

PRESIDENCIA
IFT/D01/P/131/2014
México, Distrito Federal, a 18 de febrero de 2014

Senador RAÚL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
LXII Legislatura
Presente

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito entregar a esa Cámara del Congreso de la Unión, el Programa Anual de Trabajo 2014 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual fue aprobado por el Pleno en sesión del pasado 12 de febrero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

GABRIEL CONTRERAS SALDIVAR
COMISIONADO PRESIDENTE”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase copia de dicha documentación a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación suscrita por la ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en alcance a su similar del martes 18 de febrero, por la que solicitó formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública que dispone el Decreto de reformas constitucionales del día 7 del mes en curso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta documentación se conservará en la Mesa Directiva para su trámite correspondiente conforme al Acuerdo que en su momento se apruebe.

Pasamos al siguiente asunto.






PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio suscrito por el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por la que informa que el 10 de marzo del año en curso concluirá el encargo del señor César Alejandro Jáuregui Robles, como Consejero de la Judicatura Federal, y solicita al Senado de la República iniciar el proceso legal para cubrir dicha vacante.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a la Junta de Coordinación Política para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo por el que se integra la delegación que participará en la Décimo Cuarta Reunión Interparlamentaria México-Cuba, a celebrarse los días 20 a 23 de febrero de 2014.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3060

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Delegación que participará en la Décimo Cuarta Reunión Interparlamentaria México-Cuba, a celebrarse en la Ciudad de México, los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2014.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F. a 18 de febrero de 2014.

Dip. José González Morfín

Vicepresidente”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la VII Cumbre de Líderes de América del Norte. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.






PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muy buenos días, distinguidas y distinguidos colegas:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de este Senado de la República, se congratula por el espíritu de cordialidad, amistad y respeto que enmarcó la VII Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada el día de ayer en Toluca, en la que se anunciaron acuerdos para trabajar trilateralmente a fin de conseguir que América del Norte sea la región más competitiva del mundo, que la prosperidad incluyente y compartida sea para los tres pueblos la colaboración en la seguridad ciudadana, el trabajo conjunto en temas regionales y globales.

Saludamos también los nuevos ejes de cooperación que fueron subrayados por los tres mandatarios para incorporar formalmente en la agenda de la región los temas del impulso decidido a los intercambios educativos, académicos y de formación de profesionales, del combate al cambio climático, de la conservación de la mariposa monarca, y el compromiso para apoyar y cooperar con la región Centroamericana y de El Caribe. También promover el desarrollo, crecimiento económico y seguridad ciudadana.

Tras los 20 años en los que el comercio entre los tres países se ha incrementado en un 265 por ciento, los mandatarios reconocieron la necesidad de acordar un plan de trabajo para la competitividad, en el que se considera asegurar una mejora en la infraestructura para potenciar el comercio entre las tres naciones, y que incluye un plan de transporte para América del Norte, también la simplificación y armonización de procedimientos y requisitos aduaneros, y la facilitación del tránsito de personas mediante programas de viajeros confiables entre los tres países, con el propósito de que también los ciudadanos inscritos en esos programas transiten libremente en toda la región.

Como integrantes de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, los mandatarios afirmaron que buscan consolidar una posición común que garantice la protección de los derechos laborales en los tres países.

En materia de seguridad, se comprometieron a sostener un diálogo estratégico de colaboración y cooperación para combatir el narcotráfico, el flujo ilegal de armas y el lavado de dinero; también a privilegiar el intercambio de información y la coordinación entre autoridades de procuración de justicia.

En el Partido Revolucionario Institucional reconocemos un avance significativo de esta cumbre sobre el consenso alcanzado, para priorizar temas como el educativo y del cambio climático. Sin embargo, somos conscientes de que aún hay problemas y problemática común en las que debemos de profundizar. Ningún compromiso entre mandatarios garantiza por sí mismo la concreción de metas, y siendo la revisión de la política exterior una facultad exclusiva de este Senado de la República, tenemos la obligación ante nuestros representados de acompañar el seguimiento puntual de los acuerdos, poniendo especial énfasis en lo que ayer se anunció, y que se traduzca esto en una prosperidad real para toda la población.

Aprovechamos la ocasión en la que se reconoce al interior y al exterior del país, el esfuerzo que todos los mexicanos estamos llevando a cabo a fin de crear las condiciones para el crecimiento sostenido y continuemos trabajando con responsabilidad en nuestro ámbito de acción para lograr que la búsqueda de convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo, empate, por supuesto, con los objetivos nacionales de tener un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero que busca ser un actor con responsabilidad global, que todo sea por el bien de México y de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar del mismo asunto.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, realmente es difícil participar en este análisis que se pretende de la visita de Obama y del Primer Ministro de Canadá a México, porque no hubo nada.

Yo creo que lo más significativo e importante para este Senado de la República, que es uno de los poderes facultado para llevar la política exterior de este país, es entender que no hubo nada, porque de otra manera vamos a confundirnos con que hubo una gran sesión de trabajo y una cumbre.

Es muy claro, el señor Obama vino a México en una visita de pisa y corre, entró y salió para agradecerle a Peña Nieto la entrega del petróleo que va a permitir que las empresas trasnacionales norteamericanas entren a exportar el petróleo de México. Eso es todo.

Por eso toda esta confusión de que empieza la prensa nacional e internacional a preguntarse, bueno, ¿qué más hubo? Nada, nada.

Tenemos con los Estados Unidos temas importantísimos. La celebración de 20 años del Tratado de Libre Comercio implicaría una revisión a fondo de lo que ha ocurrido, México está cada vez más retrasado, mientras Estados Unidos está avanzando. De eso no se trató.

Nos están metiendo a otro tratado que nadie conoce todavía, que es importante que el Senado participe en este tema y no nos encontremos de repente con que llega el tratado este que están preparando para el pacífico y no tengamos la menor idea de lo que es, que es una profundización más allá de la política, globalización, contraria a los intereses del país. El asunto migratorio es un escándalo.

Ustedes saben que el Presidente Obama ha sido el Presidente de los Estados Unidos que más mexicanos ha expulsado. Después de beneficiarse y engañar a los hispánicos, como les llaman, y a los mexicanos, de que iba a aprobar una reforma migratoria, después de haber recibido el voto de los mexicanos allá en Estados Unidos, Obama ha expulsado a un millón de mexicanos de la manera más vil y violando los derechos humanos de familias enteras.

Están seleccionando a mexicanos que trabajan desde hace años en los Estados Unidos en todo el territorio nacional, con cuotas fijadas a los jueces para expulsiones, en donde cualquier violación menor, incluso violaciones de 20 años atrás, les sirve para romper familias enteras.

Es verdaderamente la peor violación a derechos humanos, que saquen al padre de familia y dejen a los hijos que nacieron en los Estados Unidos y que son, por tanto, ciudadanos norteamericanos, los dejen abandonados y las instituciones de beneficencia o de lo que sean se quedan con los hijos de los mexicanos; y Peña Nieto no ha sido capaz de presentar la menor queja de esta violación a compañeros mexicanos, a nacionales mexicanos. Es una vergüenza.

Debió haberse aprobado esta visita de pisa y corre para señalarle que el pueblo de México no acepta que se esté violando las garantías individuales y los derechos humanos de tantos mexicanos, que estén abandonando a niños de origen mexicano, abandonados en las instituciones de seguridad de los Estados Unidos. No se trató absolutamente nada.

El señor Obama vino tal vez a tratar el problema de Venezuela, un problema que no tenía por qué tratar aquí, vino, señores Senadores, a darle las gracias a Peña Nieto por haberle abierto lo que han deseado los Estados Unidos desde 1938, regresar a exportar el petróleo mexicano y de paso la electricidad.

Esa es la verdad, lo demás es una burla. Que no nos presenten algo de política exterior a nosotros, que tenemos responsabilidades en política exterior, como una relación que tuvo profundidades en los análisis. No hubo ninguno.

Y además, como aquí vamos a ver que la rebatinga del negocio petrolero y eléctrico va a ser brutal en los Estados Unidos y en México, porque aquí ya hay intereses económicos un poco encontrados, los que quieren ligarse más a los intereses del ex presidente Bush, los que quieren más trabajar con otros grupos económicos, también esto viene a señalar, quieren unas leyes secundarias ad hoc, como fue la reforma constitucional que, insisto, está sub júdice, porque tenemos un amparo en contra de ello.

De manera que seamos claros, aquí no hay nada que estudiar, no hay nada que ver, el señor vino a darle las gracias a Peña Nieto de entregar patrimonio nacional a los intereses norteamericanos.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar sobre el mismo asunto.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

El día de ayer fue un día histórico para la región de América del Norte, para nuestro país, para mi estado y para mi municipio.

Hoy la región de América del Norte se ha consolidado como el bloque económico más fuerte del mundo, genera el 30 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial, tiene un mercado de más de 450 millones de personas, capital humano eficiente y cada vez más preparado.

Los acuerdos de comercio exterior, como el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, potencializarán la integración económica a través de consensos inclusivos y de alta calidad, que sienta las bases del crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros.

Si bien es conocido que el primer socio comercial de México es Estados Unidos, con un porcentaje de más del 60 por ciento del comercio exterior del país, seguida por China y Canadá.

La relación de México con Estados Unidos es tan relevante que reconocemos que este comercio representa, en conjunto con los diez estados fronterizos de ambos países, la equivalencia a la cuarta economía del mundo.

La inversión en México está diversificada. Entre los sectores que podemos destacar son el automotriz, el agrícola, el industrial, entre otros.

Desde la entrada en vigor de este convenio entre México y Estados Unidos, el comercio ha crecido a una tasa promedio anual del 11 por ciento, con un saldo positivo.

Debemos reconocer que las relaciones trilaterales han sido estratégicas para el desarrollo en conjunto, generando condiciones comerciales favorables que han dado certeza en el ámbito internacional.

Por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos patente nuestro reconocimiento al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, y su anfitrión, el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas.

La visita oficial de los Presidentes Barack Obama y Stephen Harpen a la ciudad de Toluca, consolida nuestra relación, además de comercial, diplomática, política, social y cultural.

Aún cuando se ha trabajado intensamente en mantener y mejorar una relación con estas naciones, comprendemos que hay temas pendientes de analizar y estructurar de manera conjunta que beneficie a los tres pueblos.

Cabe señalar que existe la voluntad de las tres naciones para avanzar en estos temas pendientes.

Algunos otros temas que fueron tratados el día de ayer en la Cumbre de Líderes de América del Norte, fueron la innovación en la educación que fomentará las oportunidades de los emprendedores en la región, así como también el aumento de los intercambios educativos, además de promover las aptitudes para una fuerza laboral acorde con el siglo XXI y mejorar la cooperación trilateral del fortalecimiento e innovación de las mujeres.

En lo que se refiere a energía y cambio climático, se propuso trabajar en conjunto para mejorar todos los aspectos relacionados con el medio ambiente.

Otro tema relevante es el relacionado con la salud mundial en lo que respecta a la gestión y prevención, sobre todo de brotes sanitarios que amenacen la seguridad de la población dentro de los estándares internacionales.

También en materia de intercambios comerciales fronterizos se planteó simplificar los requisitos con el fin de facilitar el tránsito de personas impulsando un programa de “Viajero Confiable”.

Estamos seguros que existe el compromiso de trabajar arduamente, con el que se podrá posicionar esta región como una de las más dinámicas y competitivas del mundo, esperando que este tipo de encuentros se realicen constantemente para revisar y valorar los avances en las asignaturas que se han tratado y así mejorar lo que aún no se ha podido resolver.

Por todo lo anterior, estamos convencidos que la cumbre generará los resultados a corto plazo, que necesitamos para llevar a México a este nivel de competitividad mundial, tener un crecimiento económico sostenido y obtener el lugar en el mundo que México se merece. Así también reconocemos que gracias a la tecnología no hubiera sido necesario venir hasta México solamente para agradecer, eso, tal vez, hubiera sido antes, hoy tenemos la tecnología suficiente y necesaria para hacerlo de manera rápida.

Hoy son los resultados que trae la cumbre para México.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para el mismo asunto.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente Senadoras y Senadores:

El breve encuentro entre los tres mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México, en Toluca, fue bautizado por algunos medios como “La cumbre del chorizo”, por lo insustancial de lo acordado y la expresión de Obama cuando afirmó en rueda de prensa que sólo acudió por asuntos de negocios, y no le dio tiempo ni de probar el chorizo mexiquense.

Desde el principio, la cumbre fue anti-climática para el gobierno de Enrique Peña Nieto y para los intereses de México por las siguientes razones:

La primera declaración de Obama fue sobre la grave situación política interna de Ucrania, una nación que no tiene nada que ver con México ni con el contexto de la situación trilateral. Ni Obama ni el primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, respondieron a las demandas mexicanas en materia migratoria. Obama sólo dijo: “la reforma migratoria es una de mis prioridades”. Pero no pronosticó si en este año se aprobará en el Congreso. Harper se negó a modificar la política de visado de Canadá hacia los mexicanos.

El único tema relacionado con la movilidad es la relación con los bienes y los productos, no con las personas. Acordaron impulsar un plan de transporte de América del Norte, sobre todo de carga. Dijeron que facilitarán el tránsito de personas a través del programa “Viajero Confiable”, que no beneficia a los migrantes laborales y de otros programas como el NEXUS, Global Entry y el SENTRI.

Sobre el tema fronterizo, el único acuerdo fue en materia de simplificar y armonizar requisitos aduanales. Aquí no se ha expresado la posición mexicana; sería bueno conocer el punto de vista del gobierno.

En materia de seguridad y combate al narcotráfico no hubo nada en concreto. En rueda de prensa afirmaron que se mantendrá un diálogo estratégico. Sobre la seguridad, Obama admitió los sacrificios de los mexicanos en la guerra contra el narcotráfico, pero no se comprometió a ningún operativo contra el tráfico de armas y mecanismos puntuales contra el lavado de dinero en su propio país para beneficiar así al nuestro.

Estados Unidos no dio explicación alguna sobre el tema de espionaje, y el gobierno mexicano evitó mencionar el asunto. En torno a las reformas peñistas, sólo hubo un palomeo y el beneplácito en expresiones. En otras palabras, fue una cumbre sólo para tomarse una foto; una foto que ha sido la más cara porque se deriva de la reforma energética, una foto que buscaba Peña Nieto desde su ingreso al poder.

Pero es necesario puntualizar varios temas. En relación al Tratado de Libre Comercio que lleva 20 años de vigencia, el argumento más utilizado por los impulsores y defensores del TLCAN es el incremento en el volumen del intercambio comercial. En primer lugar habría que decir que, en efecto, nuestras exportaciones se incrementaron de manera sustancial, pero que las exportaciones mexicanas tienen un muy alto contenido importado y que es desde el extranjero el que se nutren las exportaciones mexicanas, y por lo tanto, México se convierte en un importador, y es principalmente un importador, se dedica a ensamblar y reexportar productos, lo cual aumenta el déficit de nuestra balanza de pagos global. Cabe señalar que las importaciones para el 2012 ya representan más del 38 por ciento del Producto Interno Bruto.

En el tema energético, es de dominio público que dentro de las negociaciones de la reforma energética se contó con las presiones norteamericanas y canadienses para poder abrir el sector energético a la inversión privada, siendo lo más favorable a los intereses de ambas naciones. El 70.4 por ciento de la producción petrolera mexicana se va a Estados Unidos, de acuerdo al INEGI.

Esta venta de petróleo mexicano a Estados Unidos ha caído recientemente y podría bajar aún más por la creciente producción del vecino norteamericano. Según una nota publicada en los periódicos nacionales, un estudio de British Petroleum estima que Estados Unidos disminuirá sus importaciones de crudo y de gas en un 75 por ciento entre el 2012 y el 2035, insistiendo por lo que propiamente Estados Unidos dice, sin creerles tanto, de que se están volviendo autosuficientes.

En el tema migratorio, el proyecto para reformar el sistema migratorio norteamericano a fin de atender la situación de 11 millones de trabajadores indocumentados, la mayoría de origen mexicano, no fue abordado dentro de la cumbre, una vez más se desdeñó el tema y sí se privilegió la agenda comercial y de seguridad por los tres mandatarios. Obama, en el tema migratorio, ha resultado un gran demagogo, entretiene con falsas promesas a México mientras éste le entrega su petróleo. Obama sólo fabrica esperanzas que sólo el Ejecutivo Federal le compra.

En el Acuerdo de Asociación Transpacífico, a 20 años del TLCAN y más de 3 décadas de políticas neoliberales, nos encaminamos a otro tratado, que como lo han llamado los expertos en todo el mundo, representa un TLCAN con esteroides, ya que en él se incorporan todos los ámbitos y sectores que quedarán excluidos del mismo y se incluirán nuevas disposiciones encaminadas a concretar aún más la riqueza y el poder de unos cuantos.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico representa la amenaza directa más importante de los últimos años, siendo el mismo acuerdo negociado por parte de México, Canadá y Estados Unidos, junto con otros 9 países de la zona del Pacífico.

En el tema de la Iniciativa Mérida, el supuesto relanzamiento de la iniciativa, anunciado por el Embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, en su reciente reunión con Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue corroborado con las declaraciones de los mandatarios cuando se refirieron a que los tres países lucharán en contra del narcotráfico.

La Iniciativa Mérida ha impuesto un modelo militarizado para combatir al narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, a nuestro Estado mexicano, a ser un Estado policiaco, lo anterior recuerda al Plan Colombia implementado, curiosamente, también por Estados Unidos para combatir la delincuencia en ese país a finales de los 90’s.

En el tema de espionaje, el espionaje representó uno de los más lamentables hechos ocurridos en los últimos años, y a este no se refirió ni por error.

Termino diciendo, que en el PRD condenamos los actos represivos contra los manifestantes que en pleno uso de sus derechos civiles se manifestaron en contra de la cumbre, mismos que fueron encapsulados y reprimidos por parte de los elementos de seguridad del Estado de México, y destacamos que el resultado de la cumbre no representó mayor impacto para el país, no arrojó resultado alguno que no fuera el alabo mutuo y la simulación entre socios estratégicos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Igualmente saludamos a un grupo de estudiantes de distintas instituciones de educación superior del estado de Sinaloa, invitados por el Senador Aarón Irízar López. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Igualmente saludamos a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus ciudad de México, invitados por la Senadora Laura Rojas Hernández. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para el mismo asunto.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

América del Norte tiene que ser una comunidad integrada, y a 20 años del tratado de comercio libre, la pregunta es: ¿cuál es el nuevo capítulo y cuál es la historia que vamos a escribir?

El día de ayer se han dado a conocer acuerdos valiosos; sin embargo, insuficientes.

Primero, a prosperidad inclusive y compartida en la cual coincidimos, el tema importantísimo de la innovación y la educación, en la que también vamos a apoyar.

Segundo. El tema de energía y cambio climático, que son estratégicos.

Tercero. La seguridad de los ciudadanos.

Y cuarto. Aspectos para riesgo y zonas de desastre.

Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que queremos para los próximos 20 años? Hace unas cuantas semanas murió Robert Pastor, un intelectual estadounidense que propuso la integración de América del Norte. En una región en donde es más fácil llevar una cabeza de ganado a los Estados Unidos, que hacer un flujo de movilidad, como lo hay en la comunidad Europea, tenemos que señalar que los retos siguen pendientes; y quedan pendientes porque no fueron parte de la agenda, lamentablemente.

Primero. El tema de la migración y los soñadores, los dreamers, en el caso de la Unión Americana.

Segundo. El tráfico de armas y el tráfico de dinero y de lavado.

Tercero. La necesidad para que también en la región, particularmente en Estados Unidos, haya una reducción en el consumo de las drogas y una posición más clara en el tema del consumo de la mariguana.

Cuarto. Los temas de espionaje que se han dado a países como México, y que atentan de manera directa contra su propia soberanía.

Y en el caso particular de Canadá, el tema de las visas que ha hecho una terrible incomodidad para el turismo y para los negocios de los mexicanos.

El próximo martes 25 de febrero, a las cinco de la tarde, por un acuerdo conjunto de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, vendrá el doctor Sergio Alcocer, Subsecretario de América del Norte, y lo que haremos, con un gran sentido de responsabilidad, es repasar acuerdo por acuerdo para ver su propio alcance.

Y uno de los retos que sigue pendiente es que no podemos dejar esto en un tratado de comercio, tenemos que pensar en una integración de América del Norte, y esa integración tiene que tener el sueño más grande de las siguientes generaciones.

La posición del Partido Acción Nacional es que vamos a acompañar en lo que coincidimos, y vamos a insistir en construir nuevos sueños y nuevos capítulos, y la atención de los temas pendientes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Hicks.

Sonido en el escaño del Senador Raúl Gracia Guzmán.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Este tema previo decidió la Mesa Directiva incluirlo en el Orden del Día. Sé que el Partido Acción Nacional también intentó incluir el tema de Venezuela, como un tema que este Senado, como corresponsable de la política exterior de nuestro país y como precursor y defensor de los derechos humanos, se planteó.

Yo le pediría a la Mesa Directiva reconsiderara la negativa que originalmente se hizo a este planteamiento y pudiésemos, como órgano colegiado, establecer un pronunciamiento a favor de los derechos humanos y del respeto a la vida y a la manifestación política en cualquier ámbito, y sobre todo, tratándose de hermanos latinoamericanos.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gracia Guzmán. Con mucho gusto tomamos nota de ello y ahorita hacemos una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, para poder agendar el tema que usted ha señalado. Con todo gusto.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8o. de la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 8o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Alguna vez Martin Luther King dijo: “si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía plantaría un árbol”. Un país de emprendedores es un país de ideas, es un país de metas, será siempre un país de logros.

Somos afortunados de vivir y trabajar por un México lleno de oportunidades, de crecimiento; pero lamentablemente, durante muchos años la visión de quienes podrían realizar un negocio eran solamente las personas o familias que contaban con potencial para lograrlo.

Hoy la transformación está en marcha, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha sentado las bases de apertura para los emprendedores con la creación en su administración del Instituto Nacional del Emprendedor y la promoción de la reforma financiera, aprobada por esta Soberanía. Estas han generado oportunidades basadas en una estructura institucional dedicada a apoyar a quienes deciden iniciar su camino empresarial o ampliar la línea de crecimiento de su negocio.

Estas reformas fomentan en sus ciudadanos la incorporación al mercado productivo con la creación de pequeñas y medianas empresas, las llamadas PyMES, que son impulsadas a través de créditos accesibles, acompañado de recursos para tecnología y capacitación.

Estoy ante ustedes motivado profundamente por la sensibilidad adquirida de conocer las aspiraciones de cientos de padres y, también, los sueños de muchos jóvenes que estudian hoy, con mucho esfuerzo en las comunidades de Campeche, mi estado natal, y que en sus lugares de nacimiento cuenten con la oportunidad de alcanzar un bachillerato técnico o licenciaturas que les impulse a ser ciudadanos de bien y potencialmente empresarios decididos a mejorar su futuro, y su mentalidad y capacitación es y será decisiva para lograrlo.

Actualmente, según datos de la Secretaría de Economía, señalan que las PyMES otorgan 8 de cada 10 empleos en el país; de las 4 millones de empresas que existen, el 99 por ciento representan a las PyMES generando una fuerza laboral del 72 por ciento y contribuyendo con la producción de alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

La importancia económica es más que obvia, lo que hace grandes a las PyMES es la capacidad de adaptación. Sin embargo, una mala administración es la causante de la corta vida de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 46 por ciento de las empresas fracasan por errores y solo 2 de cada 10 microempresarios están capacitados para administrar su propio negocio.

Resalta en el estudio la poca o nula capacitación del administrador y la negativa para contratar al personal necesario. El resultado es que 65 de cada 100 empresas nuevas que se crean en un año, desaparecen antes de los dos años de vida por una deficiente administración.

Lo que hace falta es que a los niños y jóvenes desde su formación básica se les prepare para que al llegar a una edad adulta logren establecer empresas, que sean sus propios jefes y que coadyuven al crecimiento del país.

Datos del GEM revelan que mientras en otras economías los emprendedores son hombres y mujeres de entre 18 y 34 años de edad, en México van de los 45 a los 68 años.

Es una realidad que requerimos, que desde las escuelas enseñemos a nuestros niños a despertar su creatividad, planear y desear emprender, cultivemos en ellos la semilla del crecimiento, preparémoslos para la vida laboral, para hacer triunfadores.

Hace algunas semanas presenté en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa que tenía que ver también con reformas a la Ley General de Educación, para que nuestras niñas y niños también desde las aulas de educación básica reciban instrucción para que se vuelvan competitivos y productivos, ya que es una de las grandes tareas y de los grandes retos que tenemos en nuestro país.

Daniel Kahneman, el ganador del Premio Nobel de Economía 2002, afirma que es más fácil que un niño adquiera nuevas habilidades a que lo haga un adulto; si queremos tener adultos responsables y activos, debemos inculcar estos valores desde la niñez, sólo así se logrará trascender hasta la etapa adulta.

Hace falta un trabajo, hace falta que a los estudiantes les inculquen los valores necesarios para que en su etapa adulta no tengan reparos y formen sus propias empresas con una visión de competitividad, de productividad y de empresa.

Expertos señalan que los principales valores que definen a un emprendedor son la responsabilidad, el arrojo, el liderazgo, la curiosidad y la constancia; y eso lo podremos lograr si nuestro sistema educativo tiene la finalidad el formar una mentalidad emprendedora y con ello apoyar enfrentar desde ahora nuestra complicada problemática económica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción V al artículo 8o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8o. …

V. Fomentará en el educando los conceptos sobre la cultura del emprendedor y lo dotará de los conocimientos y habilidades técnicas indispensables para fomentar en él los principios de perseverancia, tenacidad, dinamismo y creatividad.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que seadiciona una Fracción V al Artículo 8º de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país con muchas oportunidades de crecimiento. También es un país que fomenta en sus ciudadanos la incorporación al mercado productivo a través de Pequeñas y Medianas empresas (PyMES). Actualmente, datos de la Secretaría de Economía señalan que las PyMES otorgan 8 de cada 10 empleos en el país; de las 4 millones de empresas que existen, el 99% representan a las PyMES, generando una fuerza laboral del 72% y contribuyendo con la producción de alrededor del 52% del Producto Interno Bruto del país. La importancia económica es más que obvia.

Lo que hace grande a las PyMES es la capacidad de adaptación y sobre todo el riesgo que deciden correr los empresarios para formar una nueva organización productiva que brinde trabajo a las personas.

Sin embargo, debemos atender un dato preocupante: una mala administración es la causante de la corta vida de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, de acuerdo a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). En un estudio publicado por el organismo sobre el comportamiento de las PyMES en México, 43% de las empresas fracasan por errores y sólo dos de cada diez empresarios están capacitados para administrar su propio negocio. También resalta la poca o nula capacitación del administrador y la negativa para contratar al personal necesario.

De acuerdo a datos de la CONDUSEF y de la Secretaría de Economía, (SE) 65 de cada 100 empresas nuevas que se crean en un año desaparecen antes de los dos años de vida por una deficiente administración.

El Estado mexicano ha hecho su parte apoyando el financiamiento a estas empresas desde la creación, en 2002, de la Subsecretaría de la Mediana Empresa, y en esta administración se creó el Instituto Nacional del Emprendedor; también se ha dado apoyo para el diseño, el fomento y la promoción de herramientas y programas para el desarrollo, la consolidación y creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. A la par de esta Subsecretaría, nacieron otros organismos públicos y privados, locales y regionales que se han encargado de apoyar a las PyMES.

Hay entonces una estructura gubernamental apta para que las empresas pequeñas y medianas se desarrollen. Hay también estímulos económicos y se está trabajando en materia fiscal para que las instituciones financieras reduzcan sus tasas de interés en los créditos que otorguen. Lo que hace falta, pues, es que a los niños, desde su formación básica, se les prepare para que al llegar a una edad adulta, logren establecer empresas, sean sus propios jefes y ayuden al crecimiento del país. Datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) revelan que mientras en otras economías los emprendedores son hombres y mujeres de 18 a 34 años de edad, en México van de 45 a 68 años.

Es una realidad que en las escuelas no enseñamos a nuestros niños a planear. No los enseñamos a ser emprendedores, no cultivamos en ellos la semilla del crecimiento, no les enseñamos qué es la vida laboral, ni los dotamos de las herramientas necesarias para que al terminar sus estudios, puedan poner su propio negocio.

En ese sentido, la administración federal ha puesto en marcha este año varios programas enfocados a ayudar a los emprendedores. Durante el mes de agosto, se llevó a cabo “La semana del emprendedor”, un programa en el que se desarrollaron temas relacionados con cultura financiera, innovación, alianzas globales, sectores estratégicos, Red Mover a México, Campamento Emprendedor, Empresa Digital y México Digital. Para ello, el evento contó con asesorías, conferencias y talleres dedicados a emprendedores, micro, pequeños y medianos que buscan encontrar incentivos y programas para abrir, actualizar y hacer más productiva su empresa o negocio.

Este esfuerzo es loable pero no es suficiente. De nada sirve que a una edad adulta se pretenda que cambie el pensamiento, o que se cambie por completo una idea. David Kahneman, el ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, afirma que “es más fácil que un niño adquiera nuevas habilidades a que lo haga un adulto (…). Si queremos tener adultos responsables y activos, debemos inculcar estos valores desde la niñez: sólo así lograrán trascender hasta la etapa adulta”.1

Entendemos que los recursos económicos que otorga el gobierno, los loables esfuerzos como la Semana del Emprendedor y el apoyo que dan las Secretarías y Subsecretarías son indispensables para el desarrollo de las PyMES, hace falta aún trabajo, hace falta que a los estudiantes se les inculquen los valores necesarios para que en su etapa adulta, no tengan reparos y formen sus pequeñas y medianas empresas.

Y es que, mediante el trabajo en equipo, así como el desarrollo de habilidades de negocio se puede generar una cultura y hábitos de negocio y si se mantienen a través de los años, se tendrá a más mexicanos preparados para invertir o crear un negocio.

En la revista Harvard Busines Review, en un artículo publicado en 2007, señala que los principales valores que definen a un emprendedor son la responsabilidad, el arrojo, el liderazgo, la curiosidad y la constancia. También sostiene que América Latina tendrá dificultades para avanzar porque no está generando un número suficiente de nuevas patentes.

Las personas, desde su más temprana edad, deben ser formadas con ese espíritu emprendedor que les permita en un futuro ser empresarios, generadores de riqueza y de empleo. El sistema educativo tiene como objetivo el formar las mentes y las habilidades de la población, así que porque no formar la población con una mentalidad emprendedora, empresarial; sería la solución definitiva a nuestra problemática económica.

Y es que el crecimiento económico es la mejor manera de poder atender de raíz las condiciones de pobreza y desigualdad que lamentablemente todavía vive un amplio sector de la población.

La cultura del emprendimiento debe ser una política y un compromiso de Estado, como lo es la educación en general. El emprendimiento debe estar dentro de los programas educativos de la población, desde los primeros años hasta la educación superior. Y es que así como se ha introducido la educación sexual en los pensum académicos, debe también incorporarse la cultura del emprendimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se adiciona una Fracción V al Artículo 8º de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 8o.- …

I a IV…

V. Fomentará en el educando los conceptos sobre la cultura del emprendedor y lo dotará de los conocimientos y habilidades técnicas indispensables para fomentar en él los principios de perseverancia, tenacidad, dinamismo y creatividad.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, a los 20 días del mes de febrero de 2014.

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pozos Lanz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Señor Presidente, para solicitarle al Senador Raúl Pozos el poder adherirnos a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Raúl Aarón, ¿acepta la inclusión de las compañeras y compañeros Senadores?

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto, les agradezco mucho.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

1 Kahneman, David. Pensar rápido, pensar despacio. RandomHouseMondadori, México, 2012, p. 221






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA IMPLEMENTACION DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y 2 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy subo a esta tribuna para poner a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales.

La finalidad de esta iniciativa es que nuestro país ya pueda contar con un marco legal que nos permita asegurar el cumplimiento de aquellas decisiones emitidas por instancias internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano.

En la última década, México ha dado pasos fundamentales e históricos en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.

Basta hacer referencia a la reforma constitucional de junio de 2011, con ella se citó al ser humano en el centro de la acción del Estado y además se estableció la supremacía de los derechos humanos en nuestro sistema político y jurídico sin importar el orden normativo.

A pesar de estos cambios, la violación a los derechos fundamentales se sigue presentando y muchas veces quedan en la impunidad. De qué sirve que los derechos se encuentran reconocidos en la Constitución si su instrumentación y su respeto no se practica en la realidad.

Después de mucho tiempo, el problema ya no se encuentra en la fundamentación filosófica de los derechos, sino en los medios que se requieren para hacerlos verdaderamente efectivos.

Este es un problema práctico de instituciones, de aplicación en el día a día.

En este sentido, la iniciativa que presento el día de hoy busca solucionar uno de esos problemas prácticos, que es el de la implementación lenta, tardía e incompleta de las resoluciones internacionales en las que el Estado mexicano ha sido declarado responsable.

En pleno siglo XXI las personas no encuentran justicia ni ven resarcidos sus derechos, incluso después de haber acudido a una instancia internacional.

Muchas personas sufren violaciones a sus derechos humanos y durante años padecen la revictimización del sistema de justicia mexicano para después llevar su caso a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando finalmente consiguen el reconocimiento pleno de la violación a sus derechos y se declaran las medidas para su reparación, se dan cuenta de que en México no tenemos un mecanismo para darle cumplimiento a esa sentencia.

Pensemos en el caso de Valentina Rosendo, una indígena de Guerrero que fue violada por elementos del Ejército Mexicano en febrero de 2002.

Tras un tortuoso paso por los ministerios públicos durante casi 2 años, se decidió que los militares debían ser enunciados por un Tribunal Militar y la justicia castrense resolvió que no había delito que castigar.

Fue hasta el año 2008 que el caso de Valentina Rosendo llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el 1º de octubre de 2010, ocho años después de que se cometiera el abuso sexual en su contra, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por violación a sus derechos humanos.

Al día de hoy, la sentencia por la que tanto luchó Valentina Rosendo sigue sin cumplirse en todos sus términos.

Pensemos también en el caso de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, quienes en 1997 fueron detenidos ilegalmente en su domicilio y sin una orden de arresto. Fueron torturados para autoincriminarse por los delitos de homicidio, portación de armas de fuego y delincuencia organizada, recibiendo una sentencia de 40 años de prisión.

Fue hasta marzo del año 2013 que su caso llegó a la Corte Interamericana y un mes después se determinó la responsabilidad del Estado mexicano por violación a los derechos humanos.

Aunque ellos dos ya fueron liberados, al día de hoy la sentencia sigue sin cumplirse en su totalidad.

En este contexto, es que presento esta iniciativa, cuya finalidad es llenar un vacío legal que impide al Estado mexicano cumplir la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos que derivan de sentencias internacionales vinculantes. Pero sobre todo, esta iniciativa busca que las personas que pasan por incontables instancias judiciales nacionales en las que no son ni escuchados, ni atendidos, en las que son revictimizados junto con sus familias, sean efectivamente reparados en sus derechos en cuanto reciban la protección del sistema internacional.

Esta propuesta no está encaminada a reconocer los derechos humanos de las personas, que ya están reconocidos en nuestra Constitución, sino a esos derechos que sean plenamente disfrutados por las personas y que la violación de los mismos sean debidamente reparados.

Compañeras y compañeros legisladores, sin la debida ejecución de sentencias internacionales no será posible hablar de una verdadera tutela de derechos humanos en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 numeral 1 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 2 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos representó, sin duda alguna, un auténtico cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano. Se actualizó el sistema de protección de derechos humanos mediante la “constitucionalización del derecho internacional” y se enriquecieron los mecanismos de garantía de esos derechos para que pudieran ser exigidos adecuadamente.

Pasaron muchos años para que, de manera paulatina, el Estado mexicano modificara la postura que había adoptado frente al régimen internacional de derechos humanos. Durante mucho tiempo, nuestro país adoptó una “posición nacionalista” que anteponía la protección de su soberanía al régimen internacional de derechos humanos: “el régimen de partido hegemónico, aunque formalmente democrático, se fincó en el uso endémico y extenso de prácticas autoritarias, que no resistían la prueba del escrutinio internacional en materia de derechos fundamentales en especial los civiles y políticos. Por el mismo motivo, tampoco interesaba al gobierno que los ciudadanos mexicanos tuvieran acceso a foros de denuncia o a tribunales internacionales después de agotar las instancias jurídicas internas”.1 De hecho, México se tardó en reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y se opuso, en un principio, a la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esa posición nacionalista comenzó a modificarse en la década de los noventa y ya en pleno siglo XXI se reconoció la competencia de otros organismos como el Comité contra la Tortura y se ratificaron diversos instrumentos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Así, el Estado mexicano fue cambiando “su posición respecto a los mecanismos de petición individual que permitirían a sus nacionales recurrir directamente a los órganos de supervisión previstos en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos después de agotar todos los recursos internos”.2

Este avance en la protección de los derechos humanos ha sido más notorio en los últimos años. A partir de la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en temas tan importantes como el control de convencionalidad y la obligatoriedad de las resoluciones emitidas por cortes internacionales. En específico, es de mencionarse la resolución que dictó el Tribunal Pleno en el expediente Varios 912/2010, el 14 de julio de 2011, en la que se resolvió que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) son vinculantes, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por lo tanto, lo único que procede es acatar y reconocer -en sus términos- la totalidad de sus sentencias.3 Asimismo, el máximo tribunal manifestó que las resoluciones de dicha instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano en sus respectivas competencias.

En adición a lo anterior, la SCJN aprobó el 13 de mayo de 2013 el Acuerdo General Número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución. En dicho acuerdo, la Corte acordó que el Tribunal Pleno conservará para su resolución: “Los asuntos en los que se recepcionen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en los que el Estado Mexicano sea parte”.

A estas decisiones, que representan avances significativos en la ejecución de resoluciones emitidas por la CoIDH, debemos agregar aquellas disposiciones que están contenidas en el marco legal de la Administración Pública Federal y que hacen referencia a la implementación de las sentencias y también de las recomendaciones que emiten los organismos internacionales. Dentro de dichas disposiciones podemos mencionar las siguientes:

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación:

Artículo 24.- La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:…

VI. Someter a consideración del superior jerárquico la forma en que serán atendidas las recomendaciones y sentencias dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos cuya competencia, procedimientos y resoluciones sean reconocidos por el Estado mexicano…

• Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

Artículo 29. Corresponde a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

X. Dar seguimiento, en coordinación con las dependencias nacionales y organismos internacionales, a la implementación de las medidas cautelares y provisionales emitidas por los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos; …

•Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:…

b) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables…

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

Artículo 62. Al frente de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos habrá́ un Director General, quien tendrá́ las facultades siguientes:..

V. Atender y dar seguimiento, en coordinación con las autoridades correspondientes, los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos realicen, respecto de casos que sean competencia de la Procuraduría.

De todo lo anterior se colige que los Ministros de la SCJN, los legisladores y las dependencias de la Administración Pública Federal han intentado diseñar un andamiaje legal que permita ejecutar las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales. Sin embargo, los esfuerzos han sido aislados y no se han diseñado mecanismos para facilitar su plena implementación.

Esto representa un grave problema si reconocemos que el cumplimiento de las decisiones emitidas por organismos supranacionales se topan con las mismas dificultades que las sentencias dictadas por los jueces nacionales. Por ello, en muchas ocasiones las personas no encuentran justicia ni ven resarcidos sus derechos, incluso cuando acuden a una instancia internacional. Esto sucede debido a que las decisiones son ignoradas por el Estados, ya sea porque las autoridades no tienen la voluntad política para implementarlas o simplemente porque no cuentan con las herramientas para dar cumplimiento a las mismas.

En el año 2010, un informe de Open Society Justice Initiative concluyó que había una “crisis de implementación” que estaba afectando a los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos y se encontró que pocos estados disponían de infraestructuras eficaces para asegurar la rápida ejecución de las sentencias o para evitar la repetición de las violaciones de los derechos humanos.4 De hecho, la gran mayoría de los países implementan las resoluciones internacionales de manera ad hoc, es decir, que al carecer de una estructura legal e institucional que les permita sistematizar y coordinar la manera en que se dará cumplimiento a las decisiones y recomendaciones internacionales, brindan respuestas desarticuladas para cada caso en concreto, dejando que las autoridades en turno decidan la manera y los tiempos en que se cumplirán las resoluciones.

Ante este panorama, se corre el riesgo de que las resoluciones no se ejecuten de manera plena ni en un tiempo razonable, sobre todo tomando en cuenta que en muchas ocasiones se imponen medidas de distinta naturaleza cuyo cumplimiento depende de diversos actores estatales. En el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, las resoluciones comprenden medidas que van más allá de las indemnizaciones compensatorias: como la obligación de investigar y castigar a los responsables; la construcción de monumentos; la necesidad de modificar leyes o políticas; la localización de los restos de una victima; la capacitación de funcionarios y cuerpos de seguridad; la difusión de la verdad; la obligación de otorgar el nombre de la victima a calles, plazas o escuelas; o bien, la realización de actos de reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado y de desagravio de las víctimas con presencia de altas autoridades del Estado.5

México, además de ser el país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),6 ha hecho evidente que un alto grado de incumplimiento de las sentencias de la CoIDH. De hecho, en las supervisiones que esta instancia realiza de sus decisiones encontramos pendientes como los siguientes:

Caso

Puntos resolutivos pendientes de cumplimiento

Cabrera García y Montiel Flores Vs.

México

Sentencia: 26 de noviembre de 2010

En la Supervisión de cumplimiento de sentencia del 21 de agosto de 2013 se señalaron las siguientes obligaciones:7

a) Conducir, en un plazo razonable, eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.

b) Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como adoptar las reformas legislativas pertinentes para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia.

c) Adoptar, en un plazo razonable y en el marco del registro de detención que actualmente existe en México, las medidas complementarias para fortalecer el funcionamiento y utilidad del mismo.

González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México

Sentencia: 16 de noviembre de 2009

En la Supervisión de cumplimiento de sentencia del 21 de mayo de 2013 se señalaron las siguientes obligaciones:8

a) Conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos.

b) Investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables.

c) Realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que han sido objeto algunos familiares de las víctimas.

d) Adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo.

e) Crear o actualizar una base de datos que contenga información personal, genética de las mujeres y niñas desaparecidas, familiares de las personas desaparecidas, así como de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

f) Brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a los familiares de las víctimas.

Radilla Pacheco Vs. México

Sentencia: 23 de Noviembre de 2009

En la Supervisión de cumplimiento de sentencia del 14 de mayo de 2013 se señalaron las siguientes obligaciones:9

a) Conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación, y en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar eficazmente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.

b) Continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales.

c) Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

d) Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

e) Brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaradas en el Fallo que así lo soliciten.

De las supervisiones de cumplimiento hechas por la CoIDH observamos un denominador común: el incumplimiento por parte del Estado mexicano de diversos resolutivos de dichas sentencias. La CoIDH indica que México, en todos los casos, ha incumplido en llevar a cabo una investigación eficaz, en un plazo razonable, para determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones correspondientes. Pasaron más de tres años desde que la Corte emitió sus fallos y parece que el tiempo no fue suficiente para que el Estado mexicano cumpliera lo mandatado.

Esto es un claro indicador de que existe una falla sistémica en la ejecución de las resoluciones internacionales: desde la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional y la instrumentación de acciones encaminadas a garantizar que las violaciones no vuelvan a ocurrir, hasta la adecuación del marco legal nacional con los estándares internacionales.

Por lo anterior, en nuestro país se hace imprescindible diseñar un andamiaje legal y una estructura institucional que nos permita asegurar el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de aquellas instancias internacionales cuya competencia ha sido reconocida por el Estado mexicano.

Ciertamente, se requiere de la voluntad política de los actores estatales para implementar decisiones internacionales. Sin embargo, esto no es suficiente y también es necesaria la existencia de una estructura administrativa con la capacidad de hacer esto posible10 Con esa estructura institucional no sólo garantizaremos que el cumplimiento de las sentencias deje de politizarse, sino también que las autoridades logren internalizar una cultura receptiva de las determinaciones que emanen de entes supranacionales.

En primer lugar, es importante solucionar los problemas de coordinación y coherencia, asignando funciones y responsabilidades claras a las autoridades del Estado, pues “aunque todos los poderes y niveles de gobierno tienen la obligación de proteger los derechos humanos, la implementación depende de instituciones políticas específicas dentro del estado”.11 En segundo lugar, se requiere designar a una autoridad que se encargue de cumplir la función de facilitador o interlocutor. Y en tercer lugar, es necesario establecer mecanismos de comunicación claros y plazos para la oportuna ejecución de las sentencias, contando con un fondo presupuestario que permita pagar lo que determinen las sentencias internacionales. Así pues, dentro de las propuestas que incluye esta iniciativa se encuentran las siguientes:

1. El ente coordinador

De acuerdo con la práctica internacional, y tomando en cuenta que algunos estudios sugieren que el Ministerio de Justicia es el más idóneo para realizar una tarea de coordinación y garantizar que la implementación de las sentencias internacionales sea una prioridad política,12 se propone designar a la Secretaría de Gobernación (Segob) como interlocutor para que el Estado mexicano ejecute debidamente dichas resoluciones.

Así, con la finalidad de evitar la duplicación de esfuerzos y la desorganización en el proceso de implementación de las sentencias y recomendaciones internacionales, la Segob se encargará de emitir un “dictamen de cumplimiento” en el que dispondrá la forma, términos, tiempo y modo en que las dependencias de la Administración Pública Federal darán cumplimiento a la resolución que corresponda. Por la naturaleza de las violaciones, este dictamen también podrá incluir un exhorto a los otros poderes y órdenes de gobierno para lograr el efectivo cumplimiento de la resolución, tomando en cuenta que por lo general el Poder Ejecutivo es quien interactúa con otros actores legislativos y judiciales para gestionar la implementación de decisiones internacionales. De hecho, la CoIDH ha ordenado a los estados en varias ocasiones que identifiquen o designen representantes del Poder Ejecutivo para implementar sus decisiones.13

Esta facultad de coordinación se otorgaría a la Segob en pleno acatamiento de nuestro marco legal, tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone, en su artículo 27, que dicha dependencia tiene a su cargo las siguientes funciones: 1) conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales; y 2) vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, así como coordinar trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, dictando “las medidas administrativas necesarias para tal efecto”. No obstante lo anterior, y con el propósito de fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación, se propone reformar al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para disponer de manera expresa su competencia y facultad como ente coordinador en el proceso de cumplimiento de las resoluciones internacionales.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que la Ley General de Víctimas en vigor establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene dentro de sus facultades y funciones la de “asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales” (art. 88, fracción IX).

Atendiendo a lo anterior, en la presente iniciativa se propone que dicha Comisión pueda hacer recomendaciones a la Segob respecto a las medidas que deben implementar las autoridades para ejecutar las resoluciones internacionales. Con ello garantizaremos que los mecanismos contenidos en este ordenamiento se despoliticen y que se abra un espacio de diálogo y participación plena de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos reclamantes.

2. Participación del Senado

Los legisladores juegan un papel relevante en la implementación de las resoluciones internacionales por el contrapeso que ejercen al Poder Ejecutivo. En primer lugar, el parlamento se constituye en un foro natural para que las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos planteen sus preocupaciones y externen sus inquietudes sobre las acciones que se llevan a cabo para cumplir con las resoluciones internacionales; en segundo lugar, puede fungir como un órgano de revisión o supervisión respecto al avance que presenta el Estado en el cumplimiento de las resoluciones; y en tercer lugar, es el espacio propicio para que el titular de la Segob rinda un informe o, en su caso, comparezca con el propósito de explicar los tiempos y la forma en que se están ejecutando las sentencias y recomendaciones, tomando en cuenta que las interpelaciones parlamentarias son un mecanismo significativo de investigación y vigilancia cuando funcionan correctamente.14

Atendiendo lo anterior, en la iniciativa se otorgan facultades a la Cámara de Senadores para que, a través de las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, estudie el informe que la Segob rendirá anualmente sobre la situación que guarda la implementación de las resoluciones internacionales. Asimismo, los integrantes de las mencionadas Comisiones podrán citar a comparecer al Titular de la dependencia para que ilustre su juicio en el despacho de dichos asuntos y, en caso de que consideren insatisfactorias las acciones del gobierno, contarán con la facultad de emitir las recomendaciones que consideren pertinentes.

3. Participación del Poder Judicial

Una de las funciones que deben cumplir los tribunales nacionales es la de garantizar que las decisiones que emitan los tribunales supranacionales tengan efectos a nivel nacional. Al respecto, es importante recordar que la CoIDH al resolver el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, determinó que tanto a los jueces como a los órganos vinculados a la administración de justicia de todos los niveles les corresponde ejercer el control de convencionalidad ex officio en los siguientes términos:

“225. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.15

A ello se suma la resolución de la SCJN en el expediente Varios 912/2010, en el que se señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, “tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos”.

Por todo lo anterior, es importante que los jueces y los demás órganos estatales estén familiarizados y tengan un mejor conocimiento de los convenios internacionales y de la jurisprudencia que emana de ellos, pues sólo así cumplirán debidamente con la obligación que les confiere la Constitución de respetar y garantizar los derechos humanos.

Es por ello que en la presente iniciativa se propone que la SCJN emita de manera bimestral un boletín que incluya las sentencias y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales en torno a los asuntos en los que el Estado mexicano sea parte y también sobre aquellos que involucren a otros Estados pero que sean relevantes para México con el propósito de evitar violaciones similares a los tratados internacionales. De igual manera, se prevé que en coordinación con los otros Poderes de la Unión, la SCJN diseñe e imparta cursos de capacitación y actualización para funcionarios públicos sobre el contenido de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Con estas medidas se busca lograr que las resoluciones internacionales se conviertan en una fuente efectiva de nuestro derecho interno.

4. Fondo para la Reparación Integral

Desde hace tiempo el gobierno mexicano ha impulsado iniciativas que le permitan contar con recursos presupuestarios suficientes para atender las obligaciones que derivan de las resoluciones internacionales. Un primer paso se dio en 2010, año en el que el Congreso mexicano aprobó un presupuesto de 30 millones de pesos que se asignó a la Segob para crear el “Fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a los derechos humanos decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado”.

Dos años después se expidió la Ley General de Víctimas, ordenamiento que dispuso la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos sean compensadas en los términos y montos que determine la resolución emitida por un órgano jurisdiccional internacional, o bien, por un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México. Tomando en cuenta lo anterior, y con el objetivo de contar con un sistema de pago centralizado que permita simplificar y acelerar los pagos que ordenen las resoluciones internacionales, en esta iniciativa se prevé que a través de ese Fondo se efectúe la reparación económica a las víctimas o beneficiarios según lo determinen las resoluciones internacionales. Y, en consecuencia, se plantea reformar también la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado a fin de suprimir en el artículo 2 la referencia que se hace a los fallos de la CoIDH y a las recomendaciones de la CIDH.

Compañeros legisladores:

En la última década, nuestro país ha adoptado una posición internacionalista, colaborativa y de protección a los derechos humanos. Sin embargo, todavía hacen falta algunas reformas que nos permitan asegurar que la actuación del Estado mexicano cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y justamente ese es el propósito de la presente iniciativa: dotar al Estado mexicano de un marco normativo que defina los mecanismos mediante los cuales se facilitará la plena implementación de las decisiones internacionales, tomando como principios de la ejecución de las sentencias internacionales la inmediatez, la eficacia directa y la vinculatoriedad.

Además de ello, estaremos atendiendo el principio de efectividad de la protección internacional que ha acuñado la CoIDH para exigir a los Estados que aseguren el cumplimiento de sus decisiones en los términos siguientes: “(…) los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente el carácter especial de los tratados de derechos humanos.”17

El Estado justifica su existencia cuando garantiza la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de derechos humanos en cumplimiento de una resolución internacional hace realidad la tutela comprometida por los Estados. Por eso, sin ejecución de las sentencias internacionales no es posible hablar de una verdadera tutela de los derechos humanos.18

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA IMPLEMENTACION DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y SE REFORMAN LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

Artículo Primero.- Se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales:

LEY PARA LA IMPLEMENTACION DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la ejecución de las resoluciones y recomendaciones que emitan los órganos jurisdiccionales internacionales y los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, cuya competencia haya reconocido el Estado mexicano de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales.

Las resoluciones y recomendaciones que emitan los órganos jurisdiccionales internacionales y los organismos internacionales, serán ejecutadas y cumplidas bajo el principio de unicidad internacional del Estado.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I.- Dictamen de cumplimiento: El dictamen que emita el titular de la Secretaría de Gobernación, en donde se disponga la forma y términos en que la Administración Pública Federal debe dar cumplimiento a la resolución o recomendación internacional que corresponda y, en su caso, el exhorto a los distintos poderes y órdenes de gobierno para su efectivo cumplimiento.

II.- Organo jurisdiccional internacional: Aquel órgano cuya competencia ha sido reconocida por el Estado mexicano, que tiene la facultad de resolver sobre responsabilidad internacional del Estado y, en su caso, sobre actos específicos tendientes a la reparación de derechos de víctimas o beneficiarios.

III.- Organismo internacional: Aquel organismo de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

IV.- Resolución internacional: Resolución de carácter vinculante que emita un organismo internacional, por medio de la cual se resuelva la responsabilidad internacional del Estado o se determinen actos concretos a cargo del Estado tendentes a la reparación de derechos de víctimas o beneficiarios.

V.- Recomendación internacional: Recomendación que emita un organismo internacional, por medio de la cual se sugiera la adopción de medidas cautelares, provisionales, progresivas o de reparación en favor de los derechos humanos.

VI.- Reparación: Todos aquellos actos a cargo del Estado encaminados a reparar de forma integral la o las violaciones a los derechos humanos de la víctima o beneficiario que, de forma enunciativa, consisten en la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición.

VII.- Víctima o beneficiario: la persona o grupo de personas que son objeto de restitución de un derecho vulnerado, de conformidad con las resoluciones internacionales que emita el organismo internacional correspondiente.

Artículo 3.- Las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales internacionales a que se refiere esta ley, deberán ser cumplimentadas y ejecutadas por el Estado mexicano bajo el estricto apego a los principios de estricta interpretación, inmediatez, eficacia directa y vinculatoriedad.

En los actos que lleven a cabo las autoridades encargadas de la ejecución de las resoluciones internacionales a que se refiere esta Ley, no se podrá variar el sentido y finalidad de la misma, sino simplemente se limitarán a su ejecución en sus términos. Las recomendaciones se acatarán, en la medida de lo posible, en los términos señalados por el organismo internacional y dentro del marco de las disposiciones constitucionales.

CAPITULO II

DEL REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL Y DEL ORGANO DE COORDINACION

Artículo 4.- En la conducción de la política exterior, corresponde al Presidente de la República representar al Estado mexicano en aquellas controversias de donde pudiera derivar responsabilidad internacional para el Estado. Dicha facultad será ejercida por conducto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 5.- En caso de que un órgano jurisdiccional internacional haya emitido una resolución en la que se resuelva la responsabilidad internacional del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin dilación alguna, dará aviso al titular de la Secretaría de Gobernación, quien emitirá dentro de los cinco días siguientes a aquel en que le sea notificada la resolución o recomendación internacional, el dictamen de cumplimiento.

Artículo 6.- El titular de la Secretaría de Gobernación, por medio del dictamen de cumplimiento, dispondrá la forma, términos, tiempo y modo en que las dependencias de la Administración Pública Federal darán cumplimiento a la resolución internacional, tomando en cuenta la naturaleza de las sanciones o acciones correspondientes.

En caso de que la resolución internacional disponga como sanción al Estado la reparación económica a las víctimas o beneficiarios, el pago se hará a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en los términos de lo dispuesto por los artículos 65, 101, 110 y 152 la Ley General de Víctimas y su respectivo Reglamento.

Artículo 7.- El dictamen de cumplimiento será obligatorio para las autoridades de la Administración Pública Federal que estén encargadas de su ejecución. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Si en la determinación de responsabilidad del Estado mexicano resultaren involucrados los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, o los poderes públicos de los órdenes estatal y municipal, el dictamen de cumplimiento tendrá la naturaleza de exhorto indicativo sobre la forma, términos, tiempo y modo en que se deberá dar cumplimiento a la resolución.

Artículo 8.- El dictamen de cumplimiento deberá ser notificado a todas las autoridades que en él se señalen, así como de forma personal a las víctimas o beneficiarios en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 9.- En la elaboración del dictamen de cumplimiento, la Secretaría de Gobernación escuchará las recomendaciones que realice la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a fin de asegurar la participación de las víctimas en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano.

Artículo 10.- En el caso de las resoluciones internacionales de carácter no vinculante, que fueran emitidas por órganos internacionales jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, la Secretaría de Gobernación emitirá el dictamen de cumplimiento, en los términos previstos en esta ley, con la finalidad de que se dé cumplimiento a las mismas, bajo los principios establecidos en el artículo primero de la Constitución.

TITULO SEGUNDO

IMPLEMENTACION DE LAS RESOLUCIONES

CAPITULO I

DE LA ACCION DE INDEBIDA EJECUCION

Artículo 11.- Las víctimas o beneficiarios y, en su caso, las autoridades involucradas en el cumplimiento de la resolución internacional, podrán interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de indebida ejecución dentro del término de 10 días contados a partir de la notificación que se realice del dictamen de cumplimiento El objeto de la misma será únicamente disponer si el dictamen de ejecución se encuentra apegado a lo dispuesto por la resolución internacional.

En la acción de indebida ejecución se expondrán en forma de agravio las razones por las que se considera que el dictamen de cumplimiento no se encuentra apegado a lo dispuesto por la resolución internacional correspondiente. A dicho escrito se deberán agregar todas las pruebas que la parte accionante estime necesarias para acreditar los extremos de sus pretensiones.

Artículo 12.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dará vista a las partes involucradas y a la Procuraduría General de la República, para que en el término de 10 días manifiesten lo que a su derecho convenga, exhiban pruebas y alegatos. Con o sin ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará cerrar la instrucción y resolverá sobre lo planteado en un término no mayor a diez días.

La resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará el apego del dictamen de ejecución a lo dispuesto por la resolución internacional respectiva y, en lo que corresponda, dispondrá la forma, términos, tiempo y modo en que se deberá dar cumplimiento a la resolución internacional.

Dicha resolución será obligatoria para todas las autoridades del país que ahí se dispongan.

Artículo 13.- La resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación suplirá, en lo que corresponda, al dictamen de ejecución.

CAPTULO II

DE LOS PLAZOS Y PRORROGAS

Artículo 14.- El dictamen de cumplimiento o, en su caso, la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser cumplido por las autoridades responsables en el plazo que se disponga en los mismos.

Las autoridades involucradas podrán solicitar en un término no mayor a diez días a partir del cual se realizó la notificación, al titular de la Secretaría de Gobernación o en su defecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prórroga del plazo para dar cumplimiento con sus obligaciones.

En dicho caso, la autoridad requirente deberá fundamentar su petición de prórroga alegando las razones de hecho por las cuales no es posible dar cumplimiento con el dictamen en el plazo establecido.

El titular de la Secretaría de Gobernación o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa vista que se le otorgue a las víctimas o beneficiarios y a la Procuraduría General de la República, resolverá sobre la petición, la que no podrá ser objeto de prórroga por una segunda ocasión.

Artículo 15.- Fenecido el plazo dispuesto en el dictamen de cumplimiento para acatar lo dispuesto por la resolución internacional, o antes, si resulta evidente que la autoridad correspondiente no está realizando los actos tendentes para su cumplimiento, las víctimas o beneficiarios y la Procuraduría General de la República, podrán inconformarse vía la acción de indebida ejecución, para el efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, en términos de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 de esta ley.

Dicha resolución tendrá el efecto de determinar si se ha ejecutado el dictamen correspondiente o si existen acciones pendientes por realizar. En éste último caso determinará la forma, términos, tiempo y modo en que se deberá de dar cumplimiento a la resolución internacional y resolverá, a su vez, sobre la responsabilidad administrativa que corresponda.

TITULO TERCERO

CAPITULO I

DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS

Artículo 16.- El Senado de la República, supervisará el estado que guarda el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones internacionales por parte del Estado mexicano y dará seguimiento a las medidas que se adopten como consecuencia de las mismas.

Para ello, la Secretaría de Gobernación remitirá, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, un informe detallado en el que se dé cuenta de los avances y los pendientes que se registren en los procesos de cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones internacionales.

El informe contendrá:

I. El número de resoluciones y recomendaciones que se han emitido al Estado mexicano;

II. Los puntos resolutivos que se han atendido y los que están por atenderse en cada una de las resoluciones;

III. Las medidas que se han adoptado como consecuencia de las recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano y, en su caso, las razones por las que no se han atendido;

En el análisis de dicho informe, se escucharán los planteamientos de las víctimas y de los organismos defensores de derechos humanos respecto a la implementación de las resoluciones y recomendaciones internacionales.

Artículo 17.- En caso de considerarlo pertinente, el Senado podrá citar a comparecer al Titular de la Secretaría de Gobernación para solventar las dudas y preocupaciones que se desprendan del informe a que hace referencia el artículo anterior.

Si los Senadores consideran insatisfactorias las acciones del gobierno, podrán proponer acciones que estén encaminadas a la pronta y oportuna atención de las resoluciones y recomendaciones internacionales.

CAPITULO II

DE LOS TRIBUNALES NACIONALES

Artículo 18.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaborará y publicará un informe anual con la jurisprudencia que emitan los tribunales internacionales. Dicho informe contendrá las resoluciones emitidas en contra del Estado mexicano, así como aquellas resoluciones que, a pesar de afectar a otros estados, sean relevantes para nuestro país.

Artículo 19.- En colaboración con organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizará e impartirá cursos de actualización a los jueces y a los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, sobre el contenido de los tratados internacionales y la jurisprudencia que de ellos se desprenda.

TITULO CUARTO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20.- Una vez que se haya dado cumplimiento a la resolución internacional que corresponda, el titular de la Secretaría de Gobernación expedirá el acuerdo respectivo, que notificará al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos que correspondan.

Artículo 21.- En la interpretación y aplicación de esta ley, se estará a los principios en materia de derechos humanos a que refiere el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. …

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención y al cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así́ como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto y emitir los dictámenes de cumplimiento a que se refiere la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales;…

Artículo Tercero. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Artículo 2.-

Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptadas por los entes públicos federales, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.

La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá́ llevarse a cabo por el ente público federal que haya sido declarado responsable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los noventa días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de febrero de 2014.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Solicitarle a la Senadora Gabriela Cuevas si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Gabriela Cuevas, ¿acepta la inclusión en su proyecto de iniciativa de las compañeras y compañeros Senadores?

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: (Desde su escaño)Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 30 de la Ley de Vivienda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El objetivo de la presente iniciativa es adicionar la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, a fin de considerar la figura legal de una representación de trabajadores dentro del Consejo Nacional de Vivienda, cuya función legal es, como todos sabemos, ser la instancia de consulta y asesoría del Ejecutivo Federal que propone medidas para la planeación, la formulación, la instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional de vivienda.

La propuesta que presento busca dar concordancia, alienación, vinculación y congruencia respecto a otros ordenamientos ya existentes que han manejado como común denominador la representatividad de los trabajadores dentro de sus cuerpos colegiados tomadores de decisiones.

Los representantes de los trabajadores deben estar integrados, desde nuestro punto de vista, en dichos organismos y estructuras colegiadas de diseño y dirección de políticas de vivienda, precisamente porque son los actores que deben velar por los intereses de los agremiados, salvaguardando, por supuesto, así sus derechos y fortaleciendo sus compromisos y obligaciones laborales.

Compañeras y compañeros Senadores:

De todos es conocido también que la vivienda es una garantía constitucional, por lo cual, los representantes del sector obrero deben velar también para el cumplimiento de dicha garantía, de conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna.

Por ello, atento a lo anterior, es de gran importancia la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro país, ya que son precisamente los trabajadores los que en materia de vivienda generan los recursos para la elaboración de los programas de vivienda, programas que a su vez deben beneficiar y facilitar la adquisición de vivienda a la clase trabajadora, y esto, de manera particular, hay que decirlo, en la actualidad, contrario a las presunciones expresadas por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal, no es así.

La clase más desprotegida en materia de vivienda, nuevamente es la clase trabajadora.

Y digo esto, porque como todos sabemos, nuestra Carta Magna, en su artículo 4o. párrafo VII, establece que la familia tiene el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

El derecho de la vivienda debe ser un derecho colectivo, debe ser un derecho social, que al ser reconocido como un elemento de justicia y de desarrollo social, permite que el Estado mexicano garantice políticas de accesibilidad y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho.

Sin embargo, debemos reconocer, y a pesar de los esfuerzos legislativos que se han hecho a lo largo de los años, la política habitacional aún no se refiere a la vivienda como un derecho, sino que constituye y construye su programación anual y sexenal mediante el cálculo de las necesidades de vivienda, pero sin establecer las necesidades de vivienda del país interpretando los datos solamente desde una perspectiva de los derechos humanos.

Es en función de ello, señor Presidente, que proponemos la siguiente reforma legal, que por supuesto pido a usted, como Presidente de la Mesa Directiva en funciones, se inserte completa la iniciativa de este servidor en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias a todos por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE VIVIENDA, de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en el artículo 251 que “toda persona” tiene derecho a la vivienda.

El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales establece en su artículo 11 que los Estados firmantes de dicho instrumento reconocen el derecho a la vivienda de toda persona y su familia.2

Nuestra carta magna en el artículo 4, párrafo siete3 establece que la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

El derecho de la vivienda deber ser un derecho colectivo y social que al ser reconocido como un elemento de justicia y desarrollo social permite que el Estado Mexicano garantice políticas de accesibilidad y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos legislativos, la política habitacional aún no se refiere a la vivienda como un derecho, sino que construye su programación anual y sexenal mediante el cálculo de las necesidades de vivienda sin establecer las necesidades de vivienda del país interpretando los datos desde una perspectiva de los derechos humanos.

El modelo actual de la política habitacional aún es excluyente pues está estructurado en torno a lo que podemos llamar el enfoque de la “financiación”, en donde se erige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda. Tan es así que es común ser derechohabiente sin entenderse como tener derecho a una vivienda, sino tener derecho a un crédito.

Por lo tanto, los Organismos de Vivienda deben constituirse en reales operadores de una política habitacional descentralizada, coordinada y más abierta a la participación de los distintos actores de la Sociedad Civil.

Con ello, se tendría un conjunto de acciones (y de actores) concurrentes a apoyar el desarrollo ordenado de conjuntos habitacionales de bajo costo que impliquen beneficios a la clase trabajadora como: constituir reservas territoriales para los proyectos promovidos bajo la forma de autogestión comunitaria y urbanización programada; para establecer subsidios, progresivos y transparentes, provenientes de los programas de atención a la pobreza; así como desgravar fiscalmente los adquirientes de lotes en fraccionamientos sociales progresivos y de viviendas progresivas, con ingresos inferiores a tres salarios mínimos, y vigilar que se establezcan contralorías que vigilen las actuaciones de líderes y funcionarios responsables de fraudes a organizaciones sociales de demandantes de vivienda.

Estas propuestas de alternativas, pueden ser impulsadas si se integra la representación del sector laboral en los órganos colegiados de diseño y dirección de los organismos responsables de impulsar el desarrollo de las políticas de vivienda en México.

Recordemos que después de la dictaminación de la nueva Ley de Vivienda que abrogó la Ley Federal de Vivienda que databa del año 1984 se consiguió de manera sustantiva, redefinir los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda y los contenidos del Programa Nacional de Vivienda para consolidar una política de Estado en la materia. Con ello se creó una estructura de manera ordenada y funcional denominada "Sistema Nacional de Vivienda".

Asimismo se determinó legislativamente que el Ejecutivo Federal contara con un Consejo Nacional de Vivienda, que tendría por objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, y una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, se realicen de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la política en materia de vivienda.

Por ende el Estado mexicano, en aras de cumplir el derecho establecido en los protocolos internacionales que ha signado y con el fin de cumplir con el objetivo de implementar políticas habitacionales para cubrir el derecho a una vivienda digna de las trabajadoras y trabajadores mexicanos ha implementado políticas habitacionales, creando organismos y mecanismos para dotar de una vivienda a los trabajadores.

Para ello se estableció una estrategia con el objeto de contar con fondos que permitieran cumplir con lo previsto en ley en materia de vivienda.

Este mecanismo incorpora tres figuras, que son el trabajador, el patrón y el Estado, que de acuerdo a la normatividad vigente participan económicamente con partes proporcionales para la aportación, integración y conformación de los fondos, mismos que son administrados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -entre otros-, así como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito; órganos encargados de financiar programas de vivienda para los trabajadores.

Como se mencionó anteriormente, la aportación económica del trabajador tanto del sector público como privado es fundamental en programas de esta naturaleza, por lo cual, para el diseño e instrumentación de políticas que el gobierno genera en materia de vivienda, tienen que incorporar los puntos de vista de los representantes de todos los sectores; por lo tanto los trabajadores deben participar activamente en los cuerpos colegiados4 que integran el diseño de las políticas públicas y programas de fomento a la vivienda, en virtud de que son los beneficiarios directos.

Los representantes de los trabajadores deben estar integrados en dichos organismos y estructuras colegiadas de diseño y dirección de políticas de vivienda, ya que son los actores que deben velar por los intereses de los agremiados, salvaguardando así sus derechos, fortaleciendo sus compromisos y obligaciones laborales.

La vivienda es una garantía constitucional, por lo cual los representantes del sector obrero deben velar para el cumplimiento de dicha garantía, de conformidad con lo establecido en nuestra carta magna.

Atento a lo anterior, es de gran importancia la intervención de los representantes de trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro país, ya que son los trabajadores los que, en materia de vivienda. generan los recursos para la elaboración de programas de vivienda, programas que, a su vez, deben beneficiar y facilitar la adquisición de vivienda a la clase trabajadora, y esto, en la actualidad, contrario a las presunciones del Presidente de la República; no es así, la clase más desprotegida en materia de vivienda nuevamente es la clase trabajadora.

Por lo que, para efectos de la Ley de Vivienda vigente que nos ocupa en esta iniciativa, es necesario que se adicione una fracción IX al artículo 30 que considere la figura integrante de los representantes de los trabajadores dentro del Consejo Nacional de Vivienda ("El consejo será la instancia de consulta y asesoría del Ejecutivo federal, que tendrá por objeto proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional de vivienda"), establecido dentro de la ley en comento, toda vez que se carece de ella, dejándolos al margen.

Lo anterior atendiendo a principios de pluralidad y equidad, considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado, ya que al establecerse el listado de la integración del mismo por diversos sectores se ha incurrido en considerar que existe una limitación en la conformación del mismo y que se ha dejado fuera a los representantes de las organizaciones de trabajadores que constituyen la demanda de vivienda. Por tal motivo es necesario adicionar una fracción más donde se señale que formarán parte del Consejo las organizaciones de trabajadores.

Esto dará concordancia, alineación, vinculación y congruencia respecto a otros ordenamientos ya existentes, que han manejado como un común denominador la representatividad de los trabajadores dentro de sus cuerpos colegiados tomadores de decisiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 30

DE LA LEY DE VIVIENDA.

Artículo Unico. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ... El consejo se integrará con:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Representantes de los diversos sectores laborales.

Transitorio

Unico. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los veinte días del mes de febrero de dos mil catorce.

Atentamente,

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Desde luego que se instruye a la Secretaría Parlamentaria para que se puede incluir de manera íntegra en el Diario de los Debates dicha iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

Recibimos en la Mesa Directiva, de los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Art 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2 Art 11 El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

3 Art 4 párrafo siete: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

4 Por citar ejemplos: Dentro del INOFNAVIT como: la Asamblea General (autoridad suprema del INFONAVIT), el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia -que conforme a la ley..., está prevista la representación de estos-.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores del grupo parlamentario del PVEM)

“Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES.

Después de la vida, la libertad es el bien jurídico más importante para la vida en sociedad, pues hoy en día resulta inconcebible cualquier régimen de esclavitud o de limitación de la voluntad y desarrollo del ser humano.

Asumida como uno de los ideales de la Revolución Francesa, la concepción del ser humano como un ser libre fue plasmada en la Declaración de los Derechos del Hombre y el del Ciudadano de 1789, inspirada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de 1776. De esta forma, el reconocimiento de la libertad de los seres humanos representó el fin del régimen feudal y la transición hacia un sistema de derechos fundamentales cuya consolidación jurídica descansó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A partir de entonces, los Estados miembros de la comunidad internacional han evolucionado sus respectivos sistemas jurídicos para el establecimiento de los mecanismos legales necesarios para proteger la libertad y garantizar su ejercicio.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario emplear el recurso último del que dispone el Estado para garantizar la vida en sociedad, como lo es el Derecho Penal, caracterizado por la imposición de sanciones estrictas a aquellas personas que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más valiosos para el ser humano.

En congruencia con la importancia de los bienes jurídicos, el delito de secuestro, definido en términos generales como la privación de la libertad de una persona con la finalidad de obtener algún beneficio a cambio de su liberación, constituye la segunda conducta que más lastima el orden social y la tranquilidad de las personas, únicamente después del homicidio.

Generalmente la comisión del delito de secuestro implica una forma de organización y planeación especiales por parte de los sujetos activos, tales como el acceso a información sobre las personas a las que se quiere privar de la libertad, una logística para su comisión, la obtención de medios de transporte, casas de seguridad, equipos de comunicación y armamento. Todo lo anterior presupone la comisión de otros delitos, como el robo de vehículos o de equipos de comunicación, a fin de privar ilegalmente de la libertad a alguien y exigir un rescate a cambio de su libertad.

Considerando lo anterior, el 27 de febrero de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LGPSDMS), con el objeto de establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, todo en materia de secuestro.

No obstante los esfuerzos del Poder Legislativo para la aprobación de dicha legislación, el secuestro sigue siendo uno de los delitos que lacera profundamente el bienestar de las familias mexicanas.

De acuerdo con la organización civil “Alto al Secuestro”, y con base en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 fueron registrados 2,754 secuestros en México1. Sin embargo, la Tercer Encuesta Nacional dede Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2013), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejó que en 2012 pudieron haber ocurrido alrededor de 105 mil secuestros en todo el país2.

Considerando lo anterior, en días pasados el Gobierno Federal anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antisecuestro para combatir este delito con base en 10 ejes:

1. Coordinación y confianza entre las dependencias y el uso de inteligencia por encima de la fuerza;

2. Fortalecimiento de capacidades operativas de las unidades antisecuestro en las entidades, en particular de las 10 con mayor incidencia del delito;

3. Trabajo con congresos locales y gobernadores para ajustar el marco jurídico, homologando criterios;

4. Conformación de un sistema único de análisis de información que contenga la base nacional de datos criminales;

5. Promoción de una campaña en medios de comunicación que oriente sobre acciones de prevención y promueva la denuncia;

6. Diseño y puesta en marcha, a más tardar en marzo, de un protocolo único de atención ciudadana de secuestro;

7. Vigilancia y evaluación permanente el comportamiento de todos los elementos que integran las unidades antisecuestro del país;

8. Promoción en el sistema penitenciario de un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales de los penales de alta seguridad;

9. Fortalecimiento de los programas de atención a víctimas de secuestro para ofrecer apoyo integral, y

10. Creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro para la implementación de dichas acciones.

Sin duda alguna la Estrategia emprendida por el Gobierno de la República constituye un esfuerzo de política pública eficaz para el combate del secuestro. Sin embargo, acciones como ésta no pueden asumirse como un fin en sí mismo, sino que deben ser complementadas por otras medidas legislativas, como la propuesta en la presente iniciativa de reformas a la LGPSDMS, para la reestructuración de las penas agravadas y, de manera particular, el establecimiento de la pena de prisión vitalicia para determinadas modalidades y resultados del delito de secuestro.

II. OBJETIVO.

La presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 10 de la LGPSDMS, relativo a las modalidades agravadas del delito de secuestro y sus punibilidades, a fin de perfeccionar su estructura y establecer penas diferenciadas en función del resultado de la conducta, las cuales irían de 25 años a la prisión vitalicia.

Al respecto, cabe mencionar que el 1 de diciembre de 2011 fue recibida en el Senado de la República la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LGPSDMS, misma que se encuentra pendiente de desahogo en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Si bien dicha minuta contempla una reforma integral de la multicitada Ley, al contener la modificación de diversas de sus disposiciones, los Senadores que suscribimos consideramos necesario insistir en el tema particular de las penas previstas para las modalidades agravadas del delito de secuestro, contenidas en el artículo 10 de la LGPSDMS.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ya ha presentado otras iniciativas para buscar penas más rígidas para secuestradores, tales como las presentadas en la LXI Legislatura por el Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González3, y el Diputado Liborio Vidal Aguilar4, en materia de prisión vitalicia.

Considerando todo lo anterior, se estima conveniente recoger la redacción del artículo 10 de la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LGPSDMS, a fin de reestructurar las penas agravadas y establecer la pena de prisión vitalicia para determinadas modalidades y resultados del delito de secuestro, quedando de la siguiente forma:

“Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:

I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa cuando se presente alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que se efectúe en camino o vía pública o en lugar solitario o desprotegido;

b) Que se realice por dos o más personas;

c) Que se lleve a cabo con violencia, o

d) Que se allane el inmueble donde se encuentra la víctima.

II. Con pena de treinta a cincuenta años de prisión y de mil quinientos a cuatro mil días de multa, cuando la víctima:

a) Sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad;

b) No tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, o

c) Sea una mujer en estado de gravidez notoria.

III. Con pena de treinta a cincuenta y cinco años de prisión y de cinco mil a ocho mil días multa, cuando se presente alguna de estas circunstancias:

a) Que el o los autores sean o hayan sido servidores públicos de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, de prevención o reinserción social o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;

b) Que el autor o autores tengan vínculos de parentesco, amistad, confianza, relación laboral o gratitud con la víctima o alguna persona relacionada con ésta, o

c) Que cause a la víctima durante el cautiverio alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal.

IV. Con pena de treinta y cinco años de prisión a prisión vitalicia y de seis mil a nueve mil días de multa, cuando:

a) Se ejerzan actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima, o

b) La víctima fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad en los términos previstos en el artículo 9 de esta Ley, o por enfermedad previa, que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.”

En este sentido, la presente propuesta abre la posibilidad de imponer a los responsables del delito de secuestro agravado, una pena de prisión vitalicia cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Se ejerzan actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima, o

b) La víctima fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad,o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

De acuerdo con lo anterior, quienes cometan el delito de secuestro bajo los medios comisivos y con los resultados considerados de mayor dañosidad social serán acreedores a la cadena perpetua, lo cual coincide con las teorías de la prevención de la pena, en los siguientes aspectos:

1. Una prevención especial, encaminada a neutralizar el actuar delictivo de sujetos que representan un peligro para la sociedad, evitando que vuelvan a delinquir, y

2. Una prevención general dirigida a la sociedad en su conjunto para disuadir la comisión del delito en dos sentidos: uno negativo, mediante la amenaza de una pena ejemplar (la cadena perpetua); y uno positivo, a partir de la efectiva imposición de la pena que confirma la eficacia del Derecho Penal.

Ahora bien, debe tomarse en consideración que la imposición de la cadena perpetua como pena por la comisión de secuestro agravado coincide plenamente con el principio de proporcionalidad de las penas que, como límite al poder punitivo del Estado, exige que las consecuencias jurídicas del delito sean acordes a la naturaleza de la conducta exteriorizada y al valor del bien jurídico tutelado. De esta forma, si se considera que el secuestro lesiona la libertad y que los supuestos que serán objeto de prisión vitalicia constituyen las conductas más graves que contempla la LGPSDMS, resulta inconcuso que su imposición es procedente para estos casos y no vulnera lo dispuesto en la parte final del párrafo primero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Finalmente, no se debe perder de vista que el establecimiento de la prisión vitalicia como posible consecuencia jurídica por la comisión del delito de secuestro, no transgrede lo dispuesto en la parte inicial del párrafo primero del mismo artículo 22 constitucional, que prohíbe la imposición de penas inusitadas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio con el carácter de Jurisprudencia:

“Epoca: Novena Epoca Registro: 175844 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J. 1/2006

Pag: 6

PRISION VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La acepción de pena inusitada a que se refiere el precepto constitucional citado se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. En congruencia con lo anterior, se concluye que la pena de prisión vitalicia no se ubica en alguno de los referidos supuestos, ya que si bien inhibe la libertad locomotora del individuo, no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteración física. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se refiere a los casos concretos de punibilidad, en los que existe un parámetro para determinar si para ciertos delitos de igual categoría, el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena indicada en lo general no se ubica en tal hipótesis, al no poder existir en abstracto ese parámetro; además, la prisión corresponde a la finalidad de la pena, pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la característica de vitalicia la haga perder esa correspondencia, pues dicho aspecto se relaciona con su aplicación, mas no con el tipo de pena de que se trata. Por otra parte, es importante señalar que el hecho de que la prisión vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad, dado que éste no volverá a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableció que la de prisión tuviera como única y necesaria consecuencia la readaptación social del sentenciado, ni que ese efecto tendría que alcanzarse con la aplicación de toda pena, pues de haber sido esa su intención lo habría plasmado expresamente.

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 1/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Nota: En su sesión de 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en Pleno determinó modificar la tesis P./J. 127/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XIV, octubre de 2001, página 15, para quedar aprobada en los términos de la diversa P./J. 1/2006.”

De acuerdo con todo lo anterior, se estima adecuado que la LGPSDMS prevea la pena de prisión vitalicia para las modalidades de secuestro más graves, a fin de disuadir la comisión de estos delitos, en beneficio de la seguridad de todos los mexicanos.

Por los argumentos expuestos, los Senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:

I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa cuando se presente alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que se efectúe en camino o vía pública o en lugar solitario o desprotegido;

b) Que se realice por dos o más personas;

c) Que se lleve a cabo con violencia, o

d) Que se allane el inmueble donde se encuentra la víctima.

II. Con pena de treinta a cincuenta años de prisión y de mil quinientos a cuatro mil días de multa, cuando la víctima:

a) Sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad;

b) No tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, o

c) Sea una mujer en estado de gravidez notoria.

III. Con pena de treinta a cincuenta y cinco años de prisión y de cinco mil a ocho mil días multa, cuando se presente alguna de estas circunstancias:

a) Que el o los autores sean o hayan sido servidores públicos de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, de prevención o reinserción social o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;

b) Que el autor o autores tengan vínculos de parentesco, amistad, confianza, relación laboral o gratitud con la víctima o alguna persona relacionada con ésta, o

c) Que cause a la víctima durante el cautiverio alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal.

IV. Con pena de treinta y cinco años de prisión a prisión vitalicia y de seis mil a nueve mil días de multa, cuando:

a) Se ejerzan actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima, o

b) La víctima fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad en los términos previstos en el artículo 9 de esta Ley, o por enfermedad previa, que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.

Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. María Elena Barrera Tapia; Sen. Pablo Escudero Morales; Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez; Sen. Luis Armando Melgar Bravo; Sen. Carlos Alberto Puente Salas; Sen. Ninfa Salinas Sada”.

Recibimos también en esta Mesa Directiva la iniciativa de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 4o. constitucional, en materia de derechos al deporte, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

“La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4, 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A estas fechas ya es visible y mensurable el daño que vive el país debido a la obesidad. La secuela de padecimientos articulados a ella ya forman parte del cuadro de patologías regulares en los mexicanos. El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN ) que se encarga de la investigación del ADN y el Genoma Humano, estima que el 44% de la carga de diabetes, 23% de cardiopatías isquémicas y entre 7% y 41% de algunos cánceres se atribuyen al sobrepeso y obesidad. La diabetes tiene a México en una verdadera emergencia de salud pública, al ser una de las principales causas de mortalidad en el país. Se estima que hay 10 millones de diabéticos. La diabetes es una enfermedad identificada como una de las causas de incapacidad médica entre la población joven económicamente activa, y abundan los casos de personas de entre 45 y 50 años que sufren amputaciones, deficiencia renal crónica o retinopatía diabética, entre otras complicaciones. En la Encuesta Nacional de Salud 2012, mostró la prevalencia en adultos mayores de 20 años es de 9.2 por ciento, es decir, dos puntos porcentuales por arriba de lo que se encontró en 2006, que era de 7.1, mientras en 2000 fue de 4.6. Esto quiere decir que en 12 años se ha duplicado la prevalencia de la diabetes. Por su comportamiento y sus principales factores de riesgo en la población, aunado a la obesidad y a la hipertensión arterial, se considera a la diabetes como una verdadera emergencia de salud pública que tiene que enfrentar el Sistema Nacional de Salud.

Ante el aumento de la prevalencia de obesidad en México, se sugiere un escenario futuro en el ámbito de la salud en el que las enfermedades hepáticas tendrán un incremento notable, explicó María Concepción Gutiérrez Ruíz, investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Plantel Iztapalapa. De acuerdo con la también coordinadora del Grupo de Fisiología Celular, la Secretaría de Salud y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señalan que 52.2 millones de mexicanos tienen sobrepeso y obesidad y que en menos de una década el sobrepeso en niños de cinco a 11 años creció en 77 por ciento. La magnitud del problema explicó, es grave porque la obesidad es un factor que determina la esteatosis no alcohólica, enfermedad conocida comúnmente como hígado graso no alcohólico, por la acumulación de triglicéridos y/o colesterol en este órgano fundamental; cabe acotar que la indicación "no alcohólica" en la enunciación del padecimiento es para dejar claro que la esteatosis no fue causada por consumo de alcohol. "La correlación que existe entre la obesidad y el hígado graso se ha corroborado con reportes epidemiológicos que indican que 75 por ciento de los obesos tiene hígado graso y los diabéticos con sobrepeso lo tienen en un 100 por ciento", refirió la experta.

Para Gutiérrez Ruíz, integrante del equipo de investigación conformado por Leticia Bucio Ortiz, Verónica Souza Arroyo y Luis E. Gómez Quiroz, especializado en la determinación de los efectos que a nivel celular y molecular tiene un hígado graso no alcohólico, el problema de la esteatosis no alcohólica es que sensibiliza al hígado al daño e incrementa el riesgo de progresar hacia un amplio espectro de patologías hepáticas como la esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis y cáncer, sobre todo cuando se está expuesto a otros agentes que agreden al hígado como el consumo de bebidas alcohólicas, infecciones por virus de la hepatitis y fumar tabaco o exponerse al humo del cigarrillo.

Emergencia nacional; problema de salud pública, lo cierto es que parece que no hay un concepto regular que declare el estado de alerta que vive el país debido a la obesidad. Los impactos futuros en las instituciones de atención médica son inconmensurables, tan es así que se prevé un decremento en el promedio de vida, a decir de En México, los menores con sobrepeso u obesidad podrían sufrir un retroceso en la esperanza de vida de hasta 10 años, de acuerdo con lo que informan expertos en el tema en la víspera del Día Mundial de la Diabetes en voz del doctor Arturo Perea Martínez, miembro de la Asociación Internacional de Pediatría. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio de vida actual en el país es de 73 años para hombres y de 76 años para las mujeres. Sin embargo, el doctor Arturo Perea Martínez, destacó que los obesos desde niños pueden desarrollar diabetes temprana al llegar a los 30 años y, dependiendo si se cuidan o no, reducir su esperanza de vida.

De acuerdo con los estudios llamados generacionales, que se han realizado en el ambiente médico, en el individuo que padece sobrepeso u obesidad la situación es clara, ya que en etapa adulta vivirá 10 años menos que sus predecesores. “Los niños con obesidad tienen un exceso de tejido adiposo, el cual secreta una serie de sustancias tóxicas que van degenerando el organismo y con el tiempo provocan el desarrollo de enfermedades crónicas a temprana edad”, explicó el pediatra. Esta disminución de esperanza de vida, especificó Perea Martínez, va a depender de varios factores; según diversos estudios realizados desde fines de la década de los 80 y principios de los 90; el factor genético influye entre 40 y 70% en todos los casos, los cuales si se conjuntan con un mal estilo de vida favorecen que el niño padezca obesidad o diabetes de manera temprana.

El especialista dijo que en el país la obesidad infantil se sitúa en el primer escaño de las naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas, pues uno de cada tres niños mexicanos tiene sobrepeso o es obeso.

Aún no se han observado estudios pertinentes a las causas que propiciaron esta situación, en referencia a los procesos coincidentes que propiciaron el cambio violento en la fisiología mexicana; procesos institucionales que involucran a dependencias gubernamentales responsabilizadas de la salud pública, de la clínica, de la educación, de la publicidad, de la oferta alimentaria inadecuada para el público infantil, del comercio. Lo verdaderamente cierto es que tenemos responsables que por omisión abierta, por inercia, por distracción o intereses no definidos; sin embargo la condición de alerta roja silenciosa que priva en el país nos impulsa ya a tomar medidas, a reconceptualizar definiciones, a asegurar que en los códigos legislativos dominen ya como derecho humano a la salud, todas aquellas medidas que condicionan y que generan la propia salud. De todo el abanico de requisitos y condiciones que confluyen para lograr un estado saludable, la activación física, deberá de ser considerada como indispensable para lograr el abatimiento de la sedentarización, las condicionantes del stress y una de las soluciones para revertir y/o impedir la obesidad.

Si la definición no aparece explícita en el texto constitucional, de que la activación física se entiende como parte de un derecho a la salud, entonces corre el peligro de que las acciones ejecutivas no se concentren en crear las condiciones para crear una verdadera cultura de la activación física que estará asociada a la salud. Asimismo es necesario diferenciar a la activación física de la práctica de un deporte porque el concepto es diferente. La activación física ya se maneja conceptualmente desde la Organización Mundial de la Salud como: “Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea como cuidar nuestra integridad física y emocional; Desarrollar las habilidades propias a través del estudio y el trabajo; Buscar la superación personal, por medio de actividades culturales, artísticas y deportivas; Cuidar el respeto a nuestros derechos, y en caso de que sean afectados, denunciarlo ante las autoridades correspondientes; Respetar la integridad física y emocional, la salud y la sexualidad de los demás. La OMS misma presenta un documento de 58 páginas cuya fecha de publicación es de 2010 y el ISBN: 9789241599979. Cuyo título es “Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud”.

Dirección web:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf?ua=1

Las recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud tienen principalmente por objeto prevenir las enfermedades no transmisibles mediante la práctica de actividad física en el conjunto de la población, y sus principales destinatarios son los responsables de políticas de ámbito nacional. Las recomendaciones expuestas en el documento están referidas a tres grupos de edades: de 5 a 17 años; de 18 a 64 años; de 65 en adelante.

Asimismo la OMS presenta una guía de enfoques basados en la población para incrementar los niveles de activación física. Los propósitos de esta guía ayudarán a los Estados Miembros de OMS y otras colaboradoras en el desarrollo e implementación de un esquema nacional de actividad física y proveer dirección en opciones políticas para promoción efectiva de actividad física en los niveles nacionales y subnacionales.

Dirección web:

http://www.who.int/dietphysicalactivity/PAguide-2007-spanish.pdf?ua=1

Es bien sabido que en México, no existen las condiciones necesarias con las cuales la población pueda hacer ejercicio de manera adecuada, además los estilos de vida de las personas ha cambiado ahora son absolutamente sedentario, y el problema que se genera no podrá combatirse solo con recomendar a la gente que debe hacer ejercicio, es por ello que se deben implementar de manera urgente las políticas públicas necesarias con las cuales los habitantes de la República Mexicana se mantengan informados y con actividades físicas adecuadas con las cuales podamos evitar el estrés y la obesidad.

La obesidad infantil es un severo problema en nuestro país, y esto esta íntimamente relacionado con el sedentarismo al que se enfrentan los niños el cual acrecenta en la época de vacaciones, ya que los niños se dedican a ver televisión jugar videojuegos o la computadora con lo cual los lleva de manera inevitable a la obesidad.

En el mundo cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad siendo el quinto factor principal de riesgo de defunción. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

La OMS presenta algunas estimaciones mundiales correspondientes al año 2008, donde:

• 1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.

• De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos.

• En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial eran obesas.

En el año 2010, aproximadamente 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados la cifra es de 8 millones.

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la población vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos).

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son prevenibles. Solo se necesita apoyar a las personas para que puedan elegir la opción más sencilla y saludable en materia de alimentos y que de manera periódica realicen actividad física, y en consecuencia puedan prevenir la obesidad, siendo fundamental que existan comunidades y entornos favorables.

De manera individual, las personas deben limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta de azúcares, realizar actividad física periódica, y lograr un equilibrio energético y un peso normal.

La OMS ha establecido el Plan de acción 2008-2013 de la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles con miras a ayudar a los millones de personas que ya están afectados por estas enfermedades que duran toda la vida a afrontarlas y prevenir las complicaciones secundarias. El Plan de acción se basa en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la Estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles.

Como legisladora tengo la obligación de impulsar las reformas necesarias con las cuales se permita a los mexicanos reducir en gran medida los riesgos de salud a los cuales se encuentran expuestos debido a la sedentarización y falta de actividad física.

Considero que están dadas las condiciones para materializar legalmente la ejecución de una responsabilidad ejecutiva, mediante las instituciones, para concretar las acciones multidisciplinarias que, reunidas, podrán abatir, frenar y atender las causas que propiciaron una catástrofe en materia de salud en nuestro país.

Considero muy importante integrar en el contenido del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la activación física, como parte esencial de un derecho humano a la salud, cuyo fin primordial es el de prevenir y disminuir la sedentarización y así evitar la obesidad y el estrés, propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo:



LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 4o.

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Artículo 4o.

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la cultura física, la activación física y la práctica del deporte, como parte esencial de un derecho humano a la salud, cuyo fin primordial es el de prevenir y disminuir la sedentarización y así evitar la obesidad y el estrés. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la cultura física, la activación física y la práctica del deporte, como parte esencial de un derecho humano a la salud, cuyo fin primordial es el de prevenir y disminuir la sedentarización y así evitar la obesidad y el estrés. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Suscribe

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.

Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICALA FRACCION VI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

“LAYDA SANSORES SAN ROMAN, Senadora integrante de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, por el partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artculos 71 fracción II y 76 I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.1 fracción II, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República; expongo ante esta honorable cámara de senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEMODIFICA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 7° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación para los derechos humanos, ha sido una de las principales estrategias que ha adoptado Naciones Unidas, para la defensa y promoción de los derechos humanos de toda la humanidad.

El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco en 1945, proclama lo siguiente:

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, nos declaramos resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.1

Para garantizar el goce de todos los derechos humanos la Carta sancionó el derecho a la educación con una visión de derechos humanos. Luego se establecieron los Derechos Civiles y Políticos, y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

No obstante que desde finales del siglo XIX se había establecido como obligatoria la educación elemental por Alemania (Westfalia) primeramente, luego por algunos estados de la Unión Americana, como por Inglaterra y Francia; no fue fácil que el derecho a la educación quedara inscrito dentro del texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Una vez concluida la II Guerra Mundial, los países del Bloque Socialistas pugnaban por consolidar en el derecho a la educación bajo el criterio de “igualdad” (la educación obligatoria), en tanto los países capitalistas pugnaban por imponer el criterio de “libertad” (el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos).

Esta proposición entre bloques tensionó las relaciones al punto que se hizo muy difícil lograr un consenso para que el tema de la educación quedara plasmado en el texto de la declaración como sigue:

Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.2

Eleonor Roosvelt de Estados Unidos y René Cassin de Francia, fueron quienes finalmente quedando a salvo los criterios de igual y libertad, lograron un acuerdo entre las Partes, dejando en pie ambos postulados, pero señalando que la orientación de la educación obligatoria fuera para fortalecer la tolerancia, el entendimiento y la paz entre los pueblos.

Con ello se garantizaba evitar que cualquier país pudiera orientar la educación obligatoria a un nacionalismo extremo o antisemitismo como sucedió en Alemania.

Sin embargo, y dada las diferencias de la época, entre los defensores de la igualdad y libertad, hicieron que se distinguiera entre derechos civiles y políticos por una parte y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) por la otra; trayendo como consecuencia que el derecho humano a la educación se debilitara, ya que formó parte de los DESC, perdiendo con ello su exigibilidad pues sólo aplicaría en la medida en que los países dispusieran reservas para ello.

El derecho a la educación expresado a través de años de escolaridad o de diplomas ha ido perdiendo significado, toda vez que los títulos o diplomas no corresponden por igual a lo que las personas conocen o a las destrezas que han podido adquirir durante los lapsos de su formación en función de los trabajos que ellas tienen que desempañar. Si bien los títulos son iguales, la calidad de la educación recibida es distinta.

Esto ha permitido que ahora el derecho a la educación se entienda como el “derecho a aprender”. De esta manera, se cambió con ello el énfasis: del derecho a la “enseñanza” por el derecho de “aprender”. Este tema fue tratado por primera ocasión en La IV Conferencia Internacional de Educación de Adultos.3

Este cambio es trascendente porque significa que se ha pasado de un enfoque “formal” (el acceso a la educación) a un enfoque “sustantivo” (el aprendizaje).

Por su parte, en la Primera Conferencia Mundial de Educación para Todos, 19904 se estableció que la educación debería tener como último propósito satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de toda la población. Las que no son las mismas para todos los países, las culturas en todos los tiempos y, por tanto varían histórica y geográficamente.

Esta concepción ha introducido otro cambio importante: se ha pasado del concepto de “exponerse a las oportunidades” (centrado en las estructuras de oportunidades) al “aprovechamiento de las oportunidades” (al sujeto que aprende). En este contexto, el elemento nodal pasa a ser la calidad del aprendizaje, lo que hace más difícil entender, concretar y hacer exigible el derecho a la educación.

Una tercera aportación, fue La Cumbre Mundial de 2005, donde los jefes de Estado subrayaron:

El derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación y reconocen que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tiene el derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano.5

Estos planteamientos dan cuenta de la estrecha relación e interdependencia que existe entre los derechos civiles y políticos, que buscan garantizar la libertad de las personas y los derechos económicos, sociales y culturales que pretenden reducir las desigualdades, el temor y la miseria.

La razón de los derechos de igualdad, entre los que se cuenta el derecho a la educación, es aspirar a una sociedad en la que toda persona tenga igualdad de oportunidades para vivir una vida digna.

Las reformas recientes a los artículos 1º y 3º, elevan a rango constitucional la obligación del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y a su vez considera como parte de los propósitos de la educación, el fomentar el respeto a los derechos humanos:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de educación en derechos humanos: La Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1981; La Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. Y en particular reconoce el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos, 1994.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos afirmó, en su Declaración y Programa de Acción de Viena (en particular el parágrafo 33 de la sección I) que los derechos a la educación, la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades, así como para fomentar y consolidar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.

La Conferencia recomendó a los Estados que hicieran esfuerzos para erradicar el analfabetismo y que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Asimismo, instó a todos los Estados e instituciones a incluir los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y el estado de derecho como materias de los programas de estudio de toda institución educativa, tanto del ámbito formal como del no formal.6

Igual México ha suscrito varios instrumentos dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, relativos al derecho a la educación en derechos humanos: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1998; La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, 2002; La Convención Interamericana para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 2001, entre otros igual de importantes.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1998 (Protocolo de San Salvador). Es el primer instrumento jurídico del Sistema Interamericano que directamente refiere al derecho a la educación así como su orientación, y menciona:

Artículo 13.

1.- Toda persona tiene derecho a la educación

2.- Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.7

CONSIDERANDOS

Que educar en derechos humanos no se limita a conocerlos, sino que implica además el fomento, formación, ejercicio y respeto en los derechos humanos, orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

Que educar en derechos humanos envuelve un conjunto de actividades, capacidades, difusión e información orientada a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos.

Que educar en derechos humanos tiene por objeto: fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; desarrollar plenamente la personalidad y el sentido de dignidad del ser humano; facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre; y promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la paz entre todas las naciones, los pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos.

Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. SE ADICIONA LA FRACCION VI, DEL ARTICULO 7º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 7º.

(…)

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestación, así como el conocimiento, fomento, formación, ejercicio y respeto en los derechos humanos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

REFORMAS A LA LEY DE EDUCACION

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 7.

(…)

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

Artículo 7.

(…)

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestación, así como el conocimiento, fomento, formación, ejercicio y respeto de los derechos humanos”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González para presentar, a nombre propio de los Senadores Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5o., 28 y 73 constitucionales.

1 Carta de la Organización de las Naciones Unidas. San Francisco, Cal. 26 de junio de 1945.

Página Web. http://www.un.org/es/documents/charter/preamble.shtml (Consultada 13 de febrero de 2013)

Vid. José Bengoa. “Pobreza y Derechos Humanos: un desafío”. CEPAL, 2006.

2 Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre e 1948.

Página Web.http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-eclaracionUniversal.htm?gclid=CJWbi

_X40bwCFXBk7AodajUAcg (Consultada 13 de febrero de 2014)

3 “El desarrollo de la educación de adultos, aspectos y tendencias”, IV Conferencia Internacional de Educación de Adultos, París, 29 de marzo de 1985. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

4Declaración Mundial sobre la Educación para todos y marco de acción para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje, Jomtien Tailandia, 5 al 9 de marzo de 1990.

5 Naciones Unidas, “Documento Final de la Cumbre Mundial, Asamblea General, Sexagésimo Período de sesiones A/RES/60/1, párrafo 143, 24 de octubre 2005.

6 Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos.

Página Web. http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/decenio.htm (Consultada 16 de febrero de 2014)

7 Protocolo de San Salvador, 1998.

Página Web http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/3-B-5.pdf (Consultada 16 de febrero de 2014)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5o., 28 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COLEGIACION Y CERTIFICACION OBLIGATORIAS

(Presentada por la C. Senadora Arely Gómez González, a nombre propio y de los CC. Senadores Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar)

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy someto la presentación de una iniciativa de suma relevancia.

Los ciudadanos, en ocasiones somos objeto de una mala práctica profesional, sea por un médico, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un contador, entre otras muchas profesiones. Como consecuencia de esa mala actuación del profesionista, las personas tenemos que padecer los daños y costos que conlleva o trae aparejado ese servicio profesional deficiente.

Más aún, no es siempre fácil distinguir a un profesionista con ética y experiencia de uno que no la tiene, ni a la persona que se hace pasar como profesionista con documentación apócrifa.

De igual manera, no es fácil detectar aquella persona que tiene título profesional, arrastra un largo historial de prácticas profesionales negligentes.

Actualmente no existe parámetro alguno que asegure al usuario de servicios profesionales, que los prestadores, actúen bajo parámetros de calidad técnica y ética, ni que permita la adecuada rendición de cuentas por parte de los profesionistas.

Es por esto que actividades profesionales que tienen relación con determinados bienes jurídicos de relevancia para la sociedad, como la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, deben estar sujetas a un control más estricto.

El control que se propone en la siguiente iniciativa, es la colegiación obligatoria y la certificación periódica.

La colegiación busca agrupar a profesionales de cierta actividad, para que a través de colegios, que serán asociaciones civiles de interés público, se establezcan normas de conductas que unifiquen la calidad en la prestación de servicios profesionales, bajo reglas y criterios uniformes.

Los colegios serán los encargados del control ético, así como medidas disciplinarias que acarrean sanciones a quienes las incumplan; pues además los profesionistas estarán sujetos a una normatividad. Esto es una garantía para los usuarios de los servicios profesionales.

Una de las ventajas que brinda la colegiación profesional obligatoria, es que sean los propios colegas quienes se encargarían de realizar las funciones relativas con la organización de la profesión, conservando así independencia frente al poder del Estado.

Por lo anterior, la colegiación profesional obligatoria constituye una garantía ciudadana que se justifica como una forma de beneficiar los intereses de los destinatarios de los servicios profesionales.

La colegiación debe entenderse como un nuevo derecho ciudadano, como una forma de beneficiar a quien recibe los servicios profesionales y que además cuenten con la posibilidad de defenderse ante eventuales abusos, y de exigir que los servicios se presten de manera ética y eficaz.

Junto con la colegiación, los profesionistas serán sometidos a un control permanente que asegure que sus servicios cumplan con los estándares mínimos de calidad para el usuario, a través de los procesos de certificación y de recertificación, lo que resulta fundamental para garantizar la profesionalización y actualización de conocimientos de los profesionistas.

Actualmente la expedición de títulos profesionales se vincula a los estudios formalmente cursados en las instituciones educativas autorizadas para tal efecto.

El constante cambio en el conocimiento, así como el dinamismo en la renovación de los instrumentos técnicos aplicados al ejercicio profesional, exigen una constante actualización por parte de los profesionistas, proceso que, al no existir una regulación que obligue a ello, es solo resultado de la voluntad de quienes así quieren hacerlo, lo que provoca, en muchas ocasiones, que los demandantes de los servicios profesionales padezcan severas afectaciones por la deficiente prestación de los mismos.

La certificación obligatoria homologa la calidad educativa en nuestro país, ante la realidad que indica la enorme disparidad en el nivel de muchas universidades que producen profesionistas al por mayor.

Tener un título no basta actualmente para asegurar la calidad del servicio que se recibirá de un profesionista.

La colegiación y certificación obligatorias blindan al usuario de una mala práctica, pues no solo puede solicitar una sanción para aquel que no ha cumplido cabalmente con sus intereses, sino que puede saber de antemano el perfil del prestador de servicio que contratará, si ha sido sancionado, si ha incumplido con faltas de ética, etcétera.

La colegiación y certificación obligatorias serán benéficas tanto para el usuario de los servicios como para los profesionistas, pues contarán con una institución que vele por el control del ejercicio profesional, que tiene como prioridad su educación contínua y representación del gremio de manera cabal, sus intereses y derechos.

Para lograr lo que he expuesto, se propone adicionar un tercer párrafo en el texto del artículo 5o. constitucional, que establezca que el Congreso de la Unión determinará los casos en que para elegir servicio profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquier otra condición especial, así como para las modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos.

La adición del tercer párrafo al artículo 5o., pretende hacer copartícipes y corresponsables a la Federación y a los estados de la República, en la mejora de las condiciones del ejercicio profesional en México.

Además, establece que los colegios se constituyen como coadyuvantes del Estado para las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional.

Por otro lado, no es necesario que estas instituciones no sean consideras como monopolios, en razón de las funciones exclusivas que habrán de realizar.

Es por esto que se propone una reforma al artículo 28 de la Constitución, para incluir en los colegios, en las excepciones que reconoce.

Finalmente, se pretende facultar al Congreso de la Unión mediante una adición a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución, para expedir la legislación secundaria en materia de colegiación y certificación obligatoria.

Compañeros y compañeras Senadores: esta preocupación nace y surge de la sociedad; no puedo dejar de decir que la iniciativa que presento y la que a continuación presentará el Senador y amigo Miguel Romo, fue trabajada por un comité redactor, conformado por más de 25 personas de diversa procedencia, colegios de profesionistas, instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, organizaciones de la sociedad civil, de la Secretaría de Educación Pública, del Senado de la República, entre otros.

Esta relación de colaboración entre los especialistas y los legisladores para conseguir mejores leyes para todos los mexicanos, es el resultado de una nueva visión del parlamento abierto, que instrumenta mecanismos de auténtica participación ciudadana en los procedimientos deliberativos, sobre todo, cuando se trata de temas de suma trascendencia como éste.

Amigas y amigos, con esta iniciativa estamos sentando las bases de uno de los ejes para contar con un servicio profesional de calidad.

Los invito a conocer la propuesta, para que en el menor tiempo posible podamos contar con esta reforma y continuemos la transformación que hemos iniciado en México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de prisión preventiva.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISION PREVENTIVA

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La prisión preventiva es un tema polémico, donde se pone en juego la presunción de inocencia de toda persona, reconocida constitucionalmente y en sendos tratados y convenciones internacionales, vinculatorias para el Estado mexicano, contrapuesto ante la imperiosa necesidad de conservar la paz y armonía social, liberando a la sociedad de conductas antisociales y actores que la amenacen, debiéndose desarrollar un sistema penal conforme a los procedimientos que permitan preservar la seguridad pública en el marco del pleno respeto a los derechos humanos.

La prisión preventiva constituye una excepción a los derechos fundamentales, ya que en los hechos es un acto imposible de reparar en caso de inocencia o sentencia no condenatoria, las personas en prisión preventiva están en una situación crítica como resultado de la pérdida de ingresos y de la separación forzada de su familia y comunidad; afrontan un impacto psicológico y emocional por estar privados de la libertad sin haber sido condenados, encontrándose de pronto ante un ambiente carcelario de violencia, corrupción, insalubridad, hacinamiento, condiciones inhumanas que constituyen una pena anticipada, constituyéndose en un factor negativo importante de la calidad de la procuración y administración de justicia.

La prisión preventiva en nuestro sistema jurídico, por las circunstancias criminológicas actuales y los resultados ínfimos a las políticas implementadas y a un alarmante creciente índice de impunidad y cifras negras, nos obliga a revisar el tema en las cuestiones de diseño legal constitucional y reglamentario que afectan a los sectores sociales y económicamente más débiles, y que tienen deficiencias estructurales dentro de los sistemas de reinserción social como corrupción, hacinamiento, autogobierno, drogadicción, homicidios y especialización en la delincuencia.

La prisión preventiva se ha convertido en una presunción de culpabilidad, existe un grave riesgo de que los jueces de la causa justifiquen con sentencias condenatorias la prisión preventiva otorgada, ya que de lo contrario se evidenciaría que se privó de la libertad a un inocente, constituyendo en la realidad la necesidad de que sea la justicia federal la que resuelva en definitiva cuando hay inocencia, y esto sólo es posible para quien puede pagar los servicios de una defensa adecuada que le permita acceder al juicio constitucional de amparo.

Los instrumentos internacionales han plasmado la presunción de inocencia, la cual se contrapone a la prisión preventiva establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración y Convención Americana de Derechos Humanos y de Principios Fundamentales que son correlativos e incluyentes; trato humano implica que toda persona privada de su libertad sea tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos fundamentales.

La reclusión por prisión preventiva es el punto de partida para cualquier examen de las condiciones de reclusión y para el diseño de un régimen penitenciario que procure la reinserción social.

Posición garante del Estado, como garante universal de los derechos fundamentales, incluso de quienes han infringido los códigos sociales durante la prisión preventiva, el Estado asume la custodia del ciudadano, privándole de la libertad de tránsito, preasumiendo la tutela de su vida y su integridad personal, y que sirva a un propósito jurídicamente determinado y no sea la excusa para la violación múltiple de sus derechos.

Compatibilidad entre el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y los fines de la seguridad ciudadana, implica que los derechos humanos de las personas durante la prisión preventiva constituyen un elemento necesario para garantizar la seguridad ciudadana como una dimensión de la seguridad humana, por lo tanto, no están en conflicto, ya que permite a la sociedad mantener una correlación armoniosa entre sus integrantes, factores y condiciones.

En el artículo 19 de la Constitución de la República, en el segundo párrafo, establece lo relativo a la aplicación de la prisión preventiva, misma que debería ser la única posibilidad normativa; y sin embargo, los códigos penales de las entidades federativas contienen una amplia lista de tipos penales a las que se les aplica la prisión preventiva, muchos de ellos no incluidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así que, la prisión preventiva debería constituir una excepción, y no la regla general para esos procesos.

En este sentido, consideramos que la carga penitenciaria de procesados no sentenciados constituye actualmente uno de los mayores problemas de reinserción social, ya que la población rebasa la capacidad instalada generando problemas tan básicos como un simple espacio para dormir. Los datos oficiales señalan una población de 240 mil personas recluidas en las cárceles y reclusorios, de los cuales 40 por ciento están bajo un proceso penal sin haber obtenido sentencia condenatoria.

En el mismo sentido, proponemos restablecer la caución como una medida cautelar plasmándolo en el texto constitucional con la debida asequibilidad, excepto en los casos de prisión preventiva, atendiendo el contenido del artículo 191 de la Ley de Amparo.

Compañeras y compañeros Senadores: La iniciativa que presentamos contribuye a avanzar en la fortaleza de los derechos humanos de cada ciudadano, garantizando que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla en los procesos penales. Por lo que, con lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 19 párrafo segundo, y el artículo 2, apartado B, fracción IX, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. …

“...El Ministerio Público solicitará al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud...”.

Artículo 20. ...

“IX. …En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Inmediatamente que lo solicite, obtendrá la libertad bajo caución asequible, salvo que proceda a prisión preventiva conforme al segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución...”.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales en el plazo de un año adecuarán su marco normativo conforme al presente Decreto, determinando específicamente los casos en que procederá la prisión preventiva y la libertad caucional asequible, así como las medidas para asegurar y vigilar su cumplimiento.

Tercero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas en las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, investigarán y emitirán las recomendaciones necesarias contra las violaciones a los derechos humanos por prisión preventiva improcedente.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática de la LXII legislatura del congreso de la unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y de lo dispuesto en el artículo 8, fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del reglamento del senado de la república, someto a la consideración de esta asamblea LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PRISION PREVENTIVA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fechas 18 de junio del 2008, 6 y 10 de junio del 2011, han generado el marco constitucional de protección a los derechos fundamentales, donde se destaca el cambio de paradigma en materia penal.

La prisión preventiva es un tema polémico, no exclusivo de México,1 sin embargo, delicado y preocupante donde debe atenderse una situación compleja, donde se pone en juego la presunción de inocencia de toda persona, reconocida constitucionalmente y en sendos tratados y convenciones internacionales vinculatorias al Estado Mexicano, como elemento fundamental que garantiza un Estado Democrático y de Derecho, contrapuesto a la imperiosa necesidad de conservar la paz y armonía social, librando a la sociedad de conductas antisociales que la amenacen y/o lesionen, y a sus actores, debiéndose desarrollar un sistema penal dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservarla seguridad pública en el marco del pleno respeto a los derechos humanos.

La prisión preventiva constituye una excepción a los derechos fundamentales, ya que en los hechos es un acto de imposible reparación en caso de inocencia o sentencia no condenatoria, las personasen prisión preventiva están en una situación crítica como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; afrontan un impacto psicológico y emocional por estar privados de la libertad sin haber sido condenados, encontrándose de pronto ante un ambiente carcelario de violencia, corrupción, insalubridad, hacinamiento, condiciones inhumanas que constituyen una pena anticipada, constituyéndose en un factor negativo importante de la calidad de la procuración y administración de justicia, y por lo tanto, directamente relacionado con la democracia.

Si bien es cierto que no podríamos desaparecer la prisión preventiva de nuestro sistema jurídico, por las circunstancias criminológicas actuales y los resultados ínfimos a las políticas implementadas, y un alarmante índice de impunidad y cifra negra, debemos revisar el tema, ya que tiene que ver con cuestiones de diseño legal constitucional y reglamentario ,afectando a los sectores social y económicamente más débiles, y con deficiencias estructurales dentro de los sistemas de reinserción social (corrupción, hacinamiento, autogobierno, drogadicción, homicidios, especialización en lo delincuencial),amenazas a la independencia judicial y de procuración de justicia (técnica y financiera), y múltiples problemas heredados en la cultura y práctica de la procuración y administración de justicia federal y local, entre otras.

La prisión preventiva se ha convertido en una presunción de culpabilidad, ya que los jueces de la causa, justificarán con sentencias condenatorias la prisión preventiva otorgada, ya que de lo contrario se evidenciaría que se privó de la libertad a un inocente, constituyendo en la realidad la necesidad que sea la justicia federal la que resuelva en definitiva cuando hay inocencia, esto solo para quien puede pagar los servicios de una defensa adecuada que le permita acceder al juicio constitucional de amparo.

Los instrumentos internacionales, han plasmado la presunción de inocencia, la cual se contrapone a la prisión preventiva, siendo así que está establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11.1; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, en la Declaración Americana en el artículo XXVI y en la Convención Americana en el artículo 8.2., desprendiéndose doctrinariamente la existencia de tres principios fundamentales: a) Trato Humano, b) Posición garante del Estado, y c) Compatibilidad entre el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad y los fines de la seguridad ciudadana.

Estos principios son correlativos e incluyentes, el primero implica que toda persona privada de su libertad será tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos fundamentales; la reclusión por un proceso penal no debe conllevar más restricciones o sufrimientos que vayan más allá de aquellos que sean inherentes a la privación de la libertad; en este sentido el principio del trato humano de las personas en prisión preventiva es el punto de partida para cualquier examen de las condiciones de reclusión y para el diseño de un régimen penitenciario que procure la reinserción social.

En el segundo principio el Estado es garante universal de los derechos fundamentales, incluso de quienes hayan infringido los códigos sociales, durante la prisión preventiva el Estado asume la custodia del ciudadano privándole la libertad de tránsito pero asumiendo la tutela de su vida y su integridad personal, es decir, mediante la prisión preventiva debe garantizarse que esa privación de libertad de tránsito sirva a un propósito jurídicamente determinado y no sea la excusa para la violación múltiple de sus derechos.

El tercer principio es relativo a la compatibilidad entre el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad y los fines de la seguridad ciudadana, implica que los derechos humanos de las personas durante la prisión preventiva constituyen un elemento necesario para garantizar la seguridad ciudadana como una dimensión de la seguridad humana, por lo tanto no están en conflicto, ya que permite a la sociedad mantener una correlación armoniosa entre sus integrantes, factores y condiciones.

La armonía social es un todo que requiere de acciones y políticas públicas muy específicas, desde las más básicas 1) Se le otorga a la sociedad programas para el acceso a una alimentación sana y nutritiva, salud pública, educación, empleo, formación para el respeto de los derechos humanos y la construcción de una ciudadanía democrática; 2) Prevención de Seguridad Pública con medidas destinadas a personas y/o grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y el delito; y 3) Acciones individualizadas con programas específicos dirigidos a personas ya involucradas en conductas delictivas a quienes se les debe generar un debido proceso y una pena correlativa a la conducta delictiva desplegada. La prisión preventiva debe obedecer a este tercer nivel de acciones, ya que si se aplica a conductas que se derivan por problemas relacionados a la falta de alimentos, salud, empleo, oportunidades, etc., el Estado está fallando en su tarea primordial con la sociedad.

El artículo 19 Constitucional Federal, en su segundo párrafo establece:

“Artículo 19. …

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

…”

Sin embargo, los Códigos Penales de las Entidades Federativas contienen una amplia lista de tipos penales señalados como delitos graves, muchos de ellos no incluidos en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional Federal, y que a los imputados de esos delitos se les aplica durante el proceso la prisión preventiva, lo que debiera constituir una excepción y no la regla general para todos esos procesos; en este sentido consideramos que la carga penitenciaria de procesados no sentenciados constituye actualmente uno de los mayores problemas de reinserción social, ya que la población rebaza la capacidad instalada, generando hacinamientos, corrupción, lucha por la supervivencia en elementos tan básicos como es un simple espacio para dormir, en los datos oficiales se expresa que existen 240 mil personas recluidas en cárceles y reclusorios, de los cuales 40% están bajo un proceso penal, sin haber obtenido sentencia condenatoria.

En este sentido debe generarse una revisión exhaustiva a los códigos penales de las entidades y de competencia federal, de las leyes generales, federales y especiales que tienen tipos penales catalogados como delitos graves, generando como paradigma que solamente se podrá generar prisión preventiva conforme a los lineamientos que determina el artículo 19 Constitucional Federal, y que el Ministerio Público no tendrá ya la facultad disyuntiva de sólo poder solicitar la prisión preventiva en los casos señalados, sino como un imperante para solicitarla solo en los casos que determina la Constitución Federal y que bajo su diseño se deben ajustar las normas secundarias, en este sentido se propone la reforma que se aplicará al segundo párrafo del artículo 19 Constitucional Federal; quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 19. …

El Ministerio Público solicitará al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por otra parte cabe resaltar que desde el 3 de julio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción I del artículo 20 Constitucional, que incorporó la libertad bajo caución como una garantía constitucional cuya teleología fue no causar más agravios al inculpado mientras se lleva a cabo el proceso judicial, poniendo las medidas necesarias para garantizar la seguridad y paz social, mediante la intervención del Juez y del Ministerio Público, me permito transcribirlo:

“Artículo 20. …

I.- Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Publico aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

…”

Esta fracción que en su tiempo permitió que los procesos tuvieran esa garantía de libertad caucional, desaparece en la reforma del 18 de junio del 2008, y su desaparición resta una medida cautelar importante en los procesos donde puede sustituir a la prisión preventiva; esa desaparición ya se dirimió y dio lugar a una tesis aislada en un amparo directo, y fue confirmada la resolución en la correspondiente queja con número 51/2013;2 esa tesis aislada es la número XVII.1o.P.A.54 P, consultable en el IUS de la Red Jurídica Nacional que aparece con el número de registro 165955, visible a página 908, Tomo XXX, noviembre de 2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice:

"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION. RESULTA IMPROCEDENTE SU SOLICITUD ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y CON LA REFORMA AL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL OCHO.-Atento al sistema de justicia penal de corte acusatorio vigente en el Estado de Chihuahua y al Decreto de incorporación publicado en el Periódico Oficial del Estado de treinta de julio de dos mil ocho, las garantías y formalidades inmersas en el artículo 20 de la Constitución Federal, que entre otros fue reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha dieciocho de junio del propio año, adquirieron vigencia en la entidad, según se plasmó en los artículos transitorios segundo y tercero de este último Decreto. Así, del artículo 20 mencionado emerge la desaparición de la figura de la libertad provisional bajo caución. Luego, aun cuando la Ley de Amparo, en su artículo 136, establece que cuando el acto reclamado afecte la libertad personal el Juez de Distrito puede conceder la libertad provisional, resulta inconcuso que tal normativa se vincula con el referido numeral 20, apartado A, fracción I, anterior a la reforma en cita, el cual dejó de tener aplicación en esta entidad federativa; de ahí que resulte improcedente la solicitud de libertad caucional que se haga ante el Juez de Distrito."

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION. AL ESTAR VIGENTE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y HABER DESAPARECIDO ESE BENEFICIO CON LA REFORMA AL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 136, PARRAFO SEPTIMO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y 191 DE LA LEY ACTUAL. En atención a que en el Estado de Chihuahua está vigente el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, a través del Decreto por el que se establece su incorporación, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 2008 y a que los derechos y formalidades contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de ese año, adquirieron vigencia en la entidad, según se plasmó en sus artículos segundo y tercero transitorios, desapareció la figura de la libertad provisional bajo caución. Luego, aun cuando el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (de texto equivalente al del diverso 191 de la ley actual), establezca que en los casos en que la afectación de la libertad personal provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado, se concluye que es improcedente solicitar ese beneficio ante el Juez de Distrito. Lo anterior, porque los artículos mencionados de la ley de la materia se vinculan con el referido numeral 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma señalada, el cual disponía que, inmediatamente que se solicitara la libertad provisional bajo caución el Juez debía otorgarla siempre y cuando no se tratara de delitos que por su gravedad, la ley expresamente prohibiera conceder ese beneficio. Sin embargo, al dejar de tener aplicación en la entidad, hace improcedente la solicitud de libertad caucional que se haga ante el Juez de Distrito, en términos de los citados numerales de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.

Queja 21/2009. 27 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jesús Gerardo Montes Gutiérrez.

Queja 22/2009. 27 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jesús Gerardo Montes Gutiérrez.

Queja 11/2012. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján.

Queja 33/2012. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Rosa María Chávez González.

Queja 51/2013. 17 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López.

Como refiere la tesis, anteriormente en el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, y ahora en la actual Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 191, refiere la posibilidad de otorgar la libertad caucional, como lo señala:

“Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede.”

La Ley constituye un contrasentido para los imputados de las Entidades Federativas donde esta implementado el Sistema Penal Adversarial con la reforma constitucional penal del 18 de junio del 2008, ya que como se observó en el caso de Chihuahua, los Estados de la República donde sus Códigos Penales no consagren la caución como medida cautelar, simplemente la libertad bajo caución no procederá, por lo que se propone se incluya en el catalogo de derechos humanos del imputado, es decir en el apartado B del artículo 20 Constitucional, en la fracción IX, que establece disposiciones sobre prisión, detención y prisión preventiva, correlacionándolo con el artículo 19 Constitucional a efecto que no se otorgue cuando proceda oficiosamente o conforme a la norma la prisión preventiva, con lo cual, afirmamos el carácter específico que debe guardar la prisión preventiva en el sistema jurídico mexicano.

Por lo que se propone la siguiente reforma:

ARTICULO 20. …

A …

B …

I a la VIII …

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Inmediatamente que lo solicite obtendrá la libertad bajo caución asequible, salvo que proceda prisión preventiva conforme al segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución.

C …”

En los artículos transitorios se propone que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales en un plazo de un año adecúen su marco normativo conforme al presente Decreto, determinando específicamente los casos en que procederá la prisión preventiva que deberán estar determinados por el artículo 19 Constitucional Federal.

La libertad caucional asequible debe estar determinada en las leyes secundarias a efecto de garantizar el derecho a toda persona a obtenerla en los casos de delitos no graves, y por otra parte debe de sustentar las garantías suficientes para evitar la sustracción de la justicia e impunidad, así como las medidas para asegurar y vigilar su cumplimiento.

Finalmente se propone que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homologas en las Entidades Federativas, dentro del sistema no jurisdiccional de protección de Derechos Humanos, quienes en el ámbito de su competencia, investiguen y emitan las recomendaciones necesarias contra las violaciones a los derechos humanos por prisión preventiva improcedente, con lo cual se mantenga un control sobre esta figura jurídica.

Compañeros Senadores y Senadoras, la iniciativa que presentamos contribuye a avanzar en la fortaleza de los Derechos Humanos de cada ciudadano, garantizando que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla a los procesos penales, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS19 Y 20 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma del artículo 19párrafo segundo, y el artículo 20 Apartado B, fracción IX, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 19. …

El Ministerio Público solicitará al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

ARTICULO 20. …

A …

B …

I a la VIII …

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Inmediatamente que lo solicite obtendrá la libertad bajo caución asequible, salvo que proceda prisión preventiva conforme al segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución.

C …”

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales en un plazo de un año adecuaran su marco normativo conforme al presente Decreto, determinando específicamente los casos en que procederá la prisión preventiva, y la libertad caucional asequible, así como las medidas para asegurar y vigilar su cumplimiento.

Tercero. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homologas en las Entidades Federativas en el ámbito de su competencia, investigarán y emitirán las recomendaciones necesarias contra las violaciones a los derechos humanos por prisión preventiva improcedente.

Senado de la República a los veinte días febrero del 2014.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sean bienvenidos los invitados del Senador Francisco Domínguez Servién, del municipio de Corregidora, Querétaro.

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. constitucional.

1 http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf

2 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=24829&Clase=DetalleTesisEjecutorias






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias, señor Presidente.

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece nuestro país desde 1981, establece el derecho fundamental de toda persona a una alimentación adecuada, que se ejerce cuando existe el acceso físico y económico en todo momento a los medios necesarios para obtenerla.

Dicho instrumento internacional va más lejos, ya que además, señala la obligación de los Estados para adoptar medidas necesarias para aliviar y mitigar el hambre, y en especial para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante el desarrollo de técnicas, conocimientos científicos, principios y perfeccionamiento de regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.

Si bien, el marco jurídico en nuestro país dio un importante paso al reconocer en la Carta Magna el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, es necesario fortalecer el enfoque que dé el derecho a la alimentación como esencial para que una persona alce una calidad de vida digna tanto desde el ámbito de salud como del desarrollo social y económico; es decir, esta propuesta pretende inferir en la política pública del sector al dejar establecidas, constitucionalmente, medidas que debe adoptar el sector productivo nacional para garantizar el abasto de alimentos.

Es necesario señalar en este punto que esta propuesta viene también a fortalecer los objetivos de la política nacional de desarrollo social que, entre otros, se encuentre el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, entre ellos la alimentación.

Un país es más sólido cuando se tiene un sistema de producción eficiente y robusto en el aspecto alimentario, por lo tanto, el Estado además de garantizar el abasto de alimentos, debe de implementar las políticas necesarias para que sus sistemas de producción sean mejores y cada vez puedan cubrir la demanda de todo el núcleo social para evitar rezagos o exclusión de personas a los beneficios de programas sociales de corte asistencial.

Sabemos de los rezagos históricos que desafortunadamente se tienen en el sector agrícola de nuestro país, por ello, también considero benéficos los alcances de esta propuesta, ya que inevitablemente en la ley reglamentaria se tendrían que involucrar a los sectores campesinos para que el Estado replantee los esquemas de financiamiento y apoyo para la producción de alimentos, pues al estar integrados conjuntamente y de forma orgánica, crean un vínculo inseparable para subsanarla y varias veces dé las metas inatendidas del Estado.

Al respecto, México tiene serios problemas para el cumplimiento del derecho a la alimentación en materia de accesibilidad y disponibilidad. De acuerdo con el índice social, la capacidad productiva del campo mexicano está cada vez más amenazada por la vulnerabilidad de fenómenos climatológicos, así como por las condiciones estructurales del método y el modelo económico que ha puesto en desamparo a los productores agrícolas.

Por lo tanto, enfrentamos un serio problema de desabasto de alimentos y la inversión extranjera aumenta vertiginosamente, sobre todo, la dependencia alimentaria.

Las exportaciones alimentarias en el 2010, ascendieron a 15.8 mil millones de dólares, mientras que las importaciones oscilan en los 18.8 mil millones de dólares.

La respuesta gubernamental ante un problema de niveles que trastocan la seguridad y soberanía nacional, la dan con una estrategia de corte asistencialista, como lo es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que mucha publicidad despliega sobre sus logros y metas que supuestamente han alcanzado, pero sin ofrecer resultados reales a la mayoría de los mexicanos y sin proponer una salida al problema de fondo en materia de alimentación.

La estrategia “Sin Hambre” está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. Se necesita una propuesta de mayores alcances para instrumentar una política integral que no sólo provea alimentos a estas personas, sino que además les proporcione las herramientas necesarias para lograr su autonomía económica y productiva.

Una política integral en el sector, además de tener una cobertura más amplia al apoyar correctamente el desarrollo agrario, crearía infraestructura que servirá y proporcionará un crecimiento multidisciplinario enfocado a impulsar la economía en general y mitigar las deficiencias actuales que impiden o frenan de momento este proceso.

Por lo tanto, es vital redoblar esfuerzos en la legislación actual para facultar al Estado en nuestra Carta Magna a garantizar un sistema integral de alimentación, al considerar la entrega de alimentos y agregar la producción y distribución de los mismos como una dependencia textual en la ley; es decir, que se mencione a los conceptos con una codependencia procesal, en la cual la interpretación deberá comprender tanto la entrega como la producción de alimentos debido a su estrecha y obligada relación.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará y adoptará las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece nuestro país desde 1981, establece el derecho fundamental de toda persona a una alimentación adecuada, que se ejerce cuando existe el acceso físico y económico, en todo momento a los medios necesarios para obtenerla.

Dicho Instrumento Internacional, va mas lejos, ya que, además, señala la obligación de los Estados para adoptar medidas necesarias para aliviar y mitigar el hambre, y en especial para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante el desarrollo de técnicas, conocimientos científicos, principios y perfecionamiento de regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.

Si bien, el marco jurídico en nuestro país dio un importante paso al reconocer en la carta magna el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, es necesario fortalecer el enfoque que ve el derecho a la alimentación como esencial para que una persona alce una calidad de vida digna tanto desde el ámbito de la salud, como del desarrollo social y económico; es decir, esta propuesta pretende inferir en la política pública del sector al dejar establecidas constitucionalmente medidas que debe adoptar el sector productivo nacional para garantizar el abasto de alimentos.

Es necesario señalar, en este punto, que esta propuesta viene también a fortalecer los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, que, entre otros, se encuentra el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, entre ellos, la alimentación.

Un país es mas solido cuando tiene un sistema de producción eficiente y robusto en el aspecto alimentario, por lo tanto, el Estado además de garantizar el abasto de alimentos, debe implementar las políticas necesarias para que sus sistemas de producción sean mejores y cada vez puedan cubrir la demanda de todo el núcleo social para evitar rezagos o exclusión de personas a los beneficios de programas sociales de corte asistencial.

Sabemos de los rezagos históricos que desafortunadamente se tienen en el sector agrícola de nuestro país, por ello, también considero benéficos los alcances de esta propuesta, ya que invevitablemente, en la ley reglamentaria se tendrían que involucrar a los sectores campesinos para que el Estado replantee los esquemas de financiamiento y apoyo para la producción de alimentos, pues al estar integrados conjuntamente y de forma orgánica crean un vinculo inseparable que subsanaría varias de las metas inatendidas del Estado.

Al respecto, México tiene serios problemas para el cumplimiento del derecho a la alimentación en materia de accesabilidad y disponibilidad. De acuerdo con Incide Social, la capacidad productiva del campo mexicana está cada vez más amenazada por la vulnerabilidad de fenómenos climatológicos así como por las condiciones estructurales del modelo económico que ha puesto en desamparo a los productores agrícolas.

Por lo tanto, enfrentamos un serio problema de desabasto de alimentos y la inversión extranjera aumenta vertiginosamente la dependencia alimentaria. Las exportaciones alimentarias en 2010 ascendieron a 15.8 mil millones de dólares, mientras que las importaciones oscilan en los 18.8 mil millones de dólares.

La respuesta gubernamental, ante un problema de niveles que trastocan la seguridad y soberanía nacional la dan con una Estrategia de corte asistencialista como lo es la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que mucha publicidad despliega sobre sus logros y metas que supuestamente ha alcanzado, pero sin ofrecer resultados reales a la mayoría de los mexicanos, y sin proponer una salida al problema de fondo en materia de alimentación.

La Estrategia SINHAMBRE está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación; se necesita una propuesta de mayores alcances para instrumentar una política integral que no solo provea alimentos a estas personas sino que además, les proporcione las herramientas necesarias para lograr su autonomía económica y productiva.

Una política integral en el sector, además de tener una cobertura mas amplia al apoyar correctamente el desarrollo agrario, crearía infraestructura que servirá y propiciara un crecimiento multidisciplinario enfocado a impulsar la economía en general y mitigar las deficiencias actuales que impiden o frenan de momento este proceso.

Por lo tanto, es vital redoblar esfuerzos en la legislación actual para facultar al Estado en nuestra carta magna a garantizar un sistema integral de alimentación, al considerar la entrega de alimentos y agregar la producción y distribución de los mismos como una dependencia textual en la ley, es decir, que se mencione a los conceptos con una codependencia procesal, en la cual, la interpretación deberá comprender tanto la entrega como la producción de los alimentos debido a su estrecha y obligada relación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma y adiciona el párrafo 3 del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. …

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará y adoptará las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

A nombre de esta Soberanía, damos la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad de Morelos, que han sido invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Asimismo, a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, con su venia, señora Presidenta.

La presente iniciativa, es una forma de contribuir a los cambios legislativos que demanda el sector de las telecomunicaciones y que nuestro país requiere, estimamos que muchas de las propuestas normativas que se contienen en la misma, serán incluidas en la legislación secundaria que tanto el Poder Ejecutivo y los legisladores integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión propondremos para implementar y materializar la reforma constitucional en esta materia.

La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la sociedad, así como para el desarrollo económico de los países, por lo que es tal la importancia de esta industria, que es evidente la ventaja que tienen aquellas naciones que cuentan con una industria de telecomunicaciones competitiva y madura.

Las telecomunicaciones son una herramienta que sirve para mejorar la productividad, el desarrollo y el crecimiento económico, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía tenga acceso a una mejor prestación de estos servicios públicos.

Como todos saben, en la Constitución general se establece que le corresponde al Estado ser el rector de la economía y promotor del desarrollo, por lo que deberá propiciar y establecer las condiciones que permitan la libre concurrencia de la iniciativa e inversión de los particulares bajo un marco regulatorio claro y seguro generando mercados más abiertos, de libre competencia y sobre todo, aprovechando los avances tecnológicos.

Como muestra de lo beneficioso que llegan a ser los acuerdos entre los distintos grupos políticos en pro del país, como lo fue el Pacto por México, en marzo del año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, siendo ésta una de las reformas más importantes para México en las últimas dos décadas.

Dicha reforma requiere de un marco normativo secundario para que los principios generales que contiene la Constitución sean susceptibles de aplicarse de acuerdo a los propósitos de la misma reforma, por lo que resulta indispensable y prioritario privilegiar el fomento a la inversión y a la competencia de las adecuaciones y en la expedición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

De acuerdo a estudios realizados por instituciones especializadas en el tema, en la mayoría de los países se ha observado un crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones, pero en los países en desarrollo que cuentan con una mayor competencia el avance ha sido más rápido.

En México, si bien es cierto que los mercados de telefonía móvil y fija, de banda ancha y de televisión de paga han crecido, este hecho resulta minimizado cuando se le compara con otros países de la OCDE que han desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los beneficios resultantes a sus ciudadanos.

Mientras que en México, de 1995 al 2013, si bien se han realizado muchos esfuerzos, ha privado la ausencia de una regulación eficaz en materia de telecomunicaciones, por lo que la posición dominante de una sola empresa, es absoluta. El mercado mexicano de telecomunicaciones muestra altos niveles de concentración ya que en la telefonía fija, móvil e Internet de banda ancha existe un agente con amplia ventaja sobre sus competidores cuyas participaciones son mayores al 70 por ciento.

Tenemos claro que la innovación tecnológica, la inversión en redes y el impulso a la competencia son las palancas que podrían ayudar a incrementar la competitividad de la industria de las telecomunicaciones en México.

Ha llegado el momento de mover a México, de que el Estado actúe de manera firme para generar mayores oportunidades favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, como el uso correcto y eficiente del espectro radioeléctrico e instrumentado bajo una regulación eficaz, oportuna, estable y capaz de atender inversiones.

De acuerdo a los datos generados por la OCDE, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimó para el periodo comprendido del 2005 al 2009, en 129 mil 200 millones de dólares, que equivalió al 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto anual.

Por ello, la ley que tenga a bien expedirse en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, debe establecer con claridad las funciones de regulación y de supervisión de la autoridad reguladora que garantice la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, para alcanzar de manera eficaz los objetivos de las políticas públicas que requiere el sector.

Se estima necesario que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones se encuentre facultado para regular las tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la competencia entre operadores, así como para facilitar el desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando toda certeza reguladora e igualdad de condiciones en el mercado.

De igual forma, el IFETEL deberá de promover la compartición de infraestructuras y eliminar las barreras para la obtención de derechos de paso o derechos de vía, ya que en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a nuestra economía y que inciden de manera negativa en el bienestar de todos los mexicanos.

Se requiere contar con una regulación efectiva en materia de dominancia, así como replantear la forma en que se regula el sector, dándole un papel protagónico al consumidor.

De igual manera, se deben de replantear cambios en lo que respecta al espectro, ya que su asignación era esporádica, lo que provocó escasez y brindó ventajas comerciales a las compañías que tenían recursos de espectro, por ello, debe deliberarse suficientemente el espectro para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos en la banda ancha móvil, situación que deberá de tomarse en cuenta al momento de diseñar las licitaciones del espectro, a efecto de garantizar a través de la implementación de mecanismos que resulten idóneos que no sea una sola empresa la que domine el mercado.

Por esto, los principales retos para la política en materia de espectro son el de proporcionar la capacidad para lograr los objetivos de banda ancha del país y el alcanzar una estructura competitiva más equilibrada en el sector de las comunicaciones móviles.

Ante esto, el IFETEL deberá de administrar el espectro radioeléctrico, promover su uso eficiente, elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, así como proponer su actualización, ya que el crecimiento esperado en datos móviles requerirá más frecuencias.

No hay que olvidar que el espectro radioeléctrico y sus frecuencias, utilizadas como medio de transmisión para los distintos servicios de telecomunicaciones que van desde la radio, la televisión, la telefonía móvil, la comunicación satelital, entre otros, son un recurso natural, finito y escaso, por lo que su uso debe de ser eficiente y óptimo de acuerdo a los avances tecnológicos.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa se basa en la contribución que la suscrita realiza a los cambios de las disposiciones normativas que se necesitan implementar en las leyes secundarias, específicamente la Ley Federal de Telecomunicaciones que tendrá que ser reformulada para integrar la radiodifusión y que dichos rubros sean regulados de manera convergente.

Esta propuesta legislativa tiene como objeto principal, hacer un uso eficiente del espectro, por lo que se proponen definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso comercial, pública y social y redefinir el uso del espectro en primario, secundario y libre.

Se pretende que el uso del espectro primario cuente con protección de cualquier tipo de interferencia, el secundario no deberá de causar interferencias al primario ni sus usuarios que podrán reclamar protección contra interferencias de primarios o secundarios ya establecidos, ejemplo de esto serían las microondas punto a punto. Finalmente, y por lo que respecta al uso libre, éste podrá ser utilizado por el público en general sin necesidad de ningún permiso.

De igual forma se proponen disposiciones que contengan reglas en materia de certidumbre jurídica, en cuanto a las asignaciones de espectro vía licitación y la posibilidad de su renovación, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del título y aceptado los nuevos términos y condiciones.

También se propone integrar normas que regulen límites de espectro para asegurar la competencia pero que también posibilíten el crecimiento de los operadores actuales; la posibilidad de ceder o arrendar el espectro de uso comercial; el poder reordenar frecuencias por interés público o a solicitud de dos o más concesionarios; y el establecimiento de un programa de licitaciones anual bajo consulta pública.

La suscrita considera como objetivos fundamentales y que resulta indispensable incluir en la ley que regula las telecomunicaciones, es el regular a los operadores preponderantes o con el poder sustancial, considerando como operador preponderante a cualquier agente económico que cuente con una participación nacional mayor al 50 por ciento en la prestación de uno o más servicios, mientras que el operador con poder sustancial de mercado será el agente económico que tendrá la capacidad de fijar precios o de restringir el abasto en algún mercado de telecomunicaciones en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, haciendo notar que un mismo operador puede o no, tener al mismo tiempo, la condición de preponderante en un servicio y de operador con poder sustancial de mercados al que pertenece dicho servicio.

Se propone la inclusión de normas para eliminar eficazmente las barreras de la competencia y la libre concurrencia, estableciendo obligaciones en materia de información, oferta y calidad de servicios, exclusividades, uso de equipos terminales entre redes y separación contable, así como la regulación específica para evitar los efectos de tipo de comunidad que inhiban cualquier competencia.

Se prevén disposiciones jurídicas para evitar exclusividades en terminales, contenidos, servicios, puntos de venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y derechos de vía, entre otros.

Para garantizar el cumplimiento de la ley, se establecen sanciones y acciones que podrá llevar a cabo el órgano regulador, como la separación funcional, estructural y revocación del título de concesión en caso de no cumplimiento.

Por último, se propone la integración de disposiciones sobre el rubro de obligaciones en materia de desagregación de elementos esenciales y compartición de infraestructura y sobre el procedimiento para la determinación de la preponderancia.

Agradezco la aportación y el soporte técnico brindado por diversos actores relacionados con este sector estratégico del Estado, mismos que fueron incluidos en la presente iniciativa.

Concluyo mi participación solicitando a la Presidencia se sirva ordenar que la presente exposición se incluya íntegramente en el Diario de los Debates, y que la misma sea considerada como parte integrante de la presente iniciativa.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y DE OPERADORES PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A través de la evolución que ha experimentado el hombre y derivado de la necesidad de comunicarse con sus congéneres, fue desarrollando medios de comunicación a distancia que fue perfeccionando con el pasar de los años.

Han contribuido para este desarrollo los factores económico, regulatorio, tecnológico y los fenómenos sociales que han marcado al mundo, por lo que en diversos países Europeos y del continente Americano, inventores y científicos fueron sistematizando las telecomunicaciones, que propiamente nacieron a principios del Siglo XIX con la creación del telégrafo óptico, años más tarde en 1851, en Europa se desarrollo el telégrafo eléctrico, para extenderse después por todo el mundo.

Al principio este servicio era propiedad del Estado pero posteriormente, se permitió la participación de empresas privadas en su prestación, haciendo notar que este servicio que se fue desarrollando a la par de las líneas férreas y del tendido de cables para el servicio de electricidad.

Hacia 1870 se empiezan a tender cables submarinos intercontinentales que significaron cuantiosos gastos económicos por lo que los Gobiernos de los Países que se beneficiaban con dichos servicios se vieron en la necesidad de permitir que compañías privadas participarán en la inversión y posteriormente en la prestación del Servicio de Telégrafo, en el mismo siglo surge el teléfono que permitió facilitar las necesidades de la comunicación, pero en sus inicios, su costo era alto por lo que solo algunos eran los beneficiados por este servicio.

Al pasar de los años, el servicio telefónico se fue volviendo un poco más accesible económicamente y surgió la necesidad de conectar entre sí a diversas poblaciones, situación que genero problemas por las características técnicas de las redes locales por lo que en varios países fue el propio Estado el encargado de la prestación de este servicio.

A finales del siglo XIX, en Estados Unidos de América surgen las primeras compañías privadas que mediante concesión que les daba el estado, prestaban el servicio de telefonía como Western Unión, Bell Telphone, así como ATT, la primera de ellas fue acusada de monopolio, pero lo que fue más importnate y que marco un presente para la prestación de este servicio, es que surgieron entre ellas los primeros acuerdos de interconexión.

En los primeros años del siglo XX, surgieron los primeros organismos reguladores en distintos países como en Estados Unidos, como la Comisión de Comercio Interestados (Interstate Commerce Commision) y la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision).

Por lo que hace a América Latina, en la mayoría de los países que contaban con el servicio telegráfico, este era prestado por el Estado y el servicio telefónico fue concesionado, pero muchas de esas concesiones estaban en poder de compañías Europeas o Norteamericanas, o bien, lo prestaban compañías nacionales que contaban con capital de compañías extranjeras y también se hacían cargo de las comunicaciones internacionales por cable submarino y por radiotelegrafía.

Al presentar el servicio telefónico severos problemas de interconexión, se hizo necesario invertir grandes cantidades de dinero y tomar diversas decisiones para tratar de solucionarlos. En México hacía 1925, la Compañía Ericsson, Teléfonos de México (TELMEX) y el Estado realizaron un acuerdo para suministrar el servicio y para vender los equipos.

Por lo que respecta al sistema de Radio, inventada por Marconi, esta fue usada inicialmente en las comunicaciones para la navegación y científicos de otras naciones crearon sus propios sistemas, por lo que a principios del Siglo XX surgen las primeras disposiciones para reglamentar su uso y para otorgar los permisos para su utilización.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), implicó para los países involucrados el desarrollo no solamente armamentista, de tácticas militares y de inventos para usarlos en el conflicto bélico, sino que marco el inicio del desarrollo del uso de la Radiotelefonía y de la Radiodifusión, servicio que era prestado por compañías del sector privado a través de la figura de la concesión.

En los años siguientes a la primera guerra mundial, se descubrió que las ondas electromagnéticas se propagaban por la ionosfera, por estar estas capas de la atmosfera dotadas de una fuerte ionización a causa de la radiación solar, lo que permitió dar auge a la explotación de las ondas cortas y de las comunicaciones intercontinentales, por lo que dicho medio de comunicación fue explotado por diversas compañías, lo que implicó una competencia comercial de tarifas entre las mismas que hoy conocemos como “Competencia Liberalizada del Mercado”.

Para el periodo comprendido de 1939 a 1945 en el que se llevo a cabo la Segunda Guerra Mundial, se descubrió la forma de generar ondas de menor longitud y con grandes anchuras de banda a través de las cuales se podían transmitir múltiples comunicaciones y señales de televisión mediante el uso de cables coaxiales submarinos, de cables coaxiales terrestres y de radioenlaces, por lo que la prestación de este servicio necesitaba de grandes inversiones por lo que se fueron creando Consorcios de Operadores y se dio paso al uso de Satélites artificiales permitiendo el auge de las comunicaciones comerciales internacionales.

Entre 1956 a 1960, Rusia y Estados Unidos comienzan sus lanzamientos de los primeros satélites artificiales colocados en orbitas relativamente bajas entre los 800 y 5 mil Kilómetros de altura y posteriormente se colocaron en órbita geoestacionaria a alturas superiores a los 30 mil kilómetros y en 1965 se puso en órbita geoestacionaria el primer satélite para comunicaciones comerciales por Intelsat.

En los años 70´s, surge la necesidad de normar los parámetros, características de la tecnología y de los aparatos empleados en las telecomunicaciones, situación en la que intervino la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), situación que permitió crear la Red Conmutada Automática facilitando las conexiones a distancia y en esta misma década se crea el Internet y se crean redes de transmisión de datos y se regulan los servicios de datos y derivado de la competencia entre consorcios se van abriendo paso a las redes automáticas.

De igual forma, en la década de los setentas, se desarrolla en Estados Unidos y Europa la tecnología celular, pero se esta tecnología se pudo comercializar hasta 1983 considerando el primer servicio de telecomunicación liberalizado y los Operadores de este servicio implementaron la tarifa aire.

En la década de los 80´s, se crea el facsímil que permite inmediatez en la comunicación, la tecnología digital se aplica a la telefonía y se desarrolla la fibra óptica lo que permite tener un medio de transmisión que posibilita miles de transmisiones digitales y permitió tener usuarios determinados para los tipos de servicios de telecomunicaciones de donde surgen las empresas prestadoras de telefonía local, de larga distancia, comunicaciones vía satélite, compañías de televisión por cable y si bien se tenía sobre todo en los Estados Unidos de América un libre mercado, había compañías que buscaban conseguir una posición dominante, incluso monopolios, además de que surgen alianzas internacionales entre compañías para captación de nuevos mercados.

Y en los años 90´s, se utilizaron en la telefonía móvil tanto tecnología analógica como tecnología digital. Por lo que hace a México, en 1990, a raíz de la privatización de la empresa pública paraestatal TELMEX, se alcanzaron acuerdos de interconexión y de acceso y en 1996 se liberalizó el mercado.

En México las telecomunicaciones han ido evolucionando a la par de ciertos fenómenos económicos y sociales como en otros países del mundo, por lo que el telégrafo eléctrico fue el primer servicio de comunicación a distancia que se utilizo en nuestro país, marcando el inicio de las telecomunicaciones en el 1851, con el tendido de la primera Red de telégrafos entre la Ciudad de México y Nopalucan, Puebla, la primera concesión para operar dicho servicio se le dio a un empresario llamado Juan de la Granja y la red creció constantemente durante los siguientes 20 años y la población veía con aprecio el uso de dicho servicio por ser un medio que transmitía mensajes breves en corto tiempo.

En 1880 el servicio de telégrafo se centraliza y el Estado se hace cargo de la prestación del servicio, durante los cinco años posteriores se dio un gran desarrollo de este servicio, toda vez que las líneas de telégrafo se construían a la par de las vías férreas, por lo que para 1887, ya se tenía establecida comunicación telegráfica entre México y Guatemala, además de que se contaba con enlaces con las oficinas de la empresa Norteamericana Western Union Telegraph.

En 188 la telefonía llega a nuestro país y la primera línea telefónica fue tendida entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional; en 1883 se realizó la primera llamada telefónica internacional, saliendo del Estado de Tamaulipas, al Estado de Texas en la Unión Americana, más tarde, en los primeros años del siglo XX, se implementa la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas (radiotelegrafía).

En 1882, la Compañía Telefónica Mexicana era el proveedor único del servicio telefónico y en 1905 inició sus operaciones la Compañía Mexicana Telefónica Ericsson, generando competencia entre ambas empresas concesionarias, pero sus redes no se encontraban interconectadas, por lo que los clientes de una empresa no podían comunicarse con los de la otra y hasta 1947 se realizó la interconexión.

En los albores de la Revolución Mexicana, las telecomunicaciones jugaron un papel importante para las estrategias y tácticas de los militares como de los alzados, destacando el telégrafo que fue el servicio más utilizado por lo que cada bando destruía o tendía líneas de cableado a efecto de evitar que fluyeran o a fin de reconectar las comunicaciones de cada bando.

En 1916, el presidente Venustiano Carranza expide un decreto por el cual se prohibía explotar estaciones radiotelegráficas sin autorización del Gobierno Federal y en la Constitución de 1917 se incluyó a la radiotelegrafía como una excepción a la prohibición de monopolios que establecía el artículo 28 constitucional; en 1920 se inician en el país las primeras transmisiones de Radio y diez años más tarde, se contaba ya con 71 estaciones y para 1942 ya se tenían 240.

En 1926 se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que regulaba las comunicaciones a través de la telegrafía, radiotelegrafía, telefonía y radiotelefonía, así como cualquier otro sistema de transmisión o recepción, con hilos conductores o sin ellos, de sonidos, signos o imágenes; mientras que en 1940 se promulgó la Ley de Vías Generales de Comunicación en la que se previó que toda vía de comunicación era de utilidad pública, por lo que su construcción, establecimiento y operación, así como los servicios conexos, requerían de concesión o permiso del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

De 1930 a 1950, se da la experimentación de la televisión y se le da la primera concesión a la estación XHTV que en ese entonces el canal 4.

En 1947 se crea Teléfonos de México, S.A. que se constituyó con los activos de la empresa Mexeric y en 1950 la empresa telefónica “La Mexicana” se fusiona con TELMEX.

En 1958, la telefonía da un gran paso cuando las compañías extranjeras controladoras de Telmex venden sus acciones a inversionistas mexicanos y en 1972 Telmex se convierte en una compañía del Estado cuando el Gobierno Federal adquiere el 51% de las acciones de dicha compañía y para 1981 se convierte en la única compañía prestadora de servicios de telefonía y esta década se inicia el servicio de telefonía móvil.

En 1977 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibe la primera solicitud de concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en la Ciudad de México y hasta 1981 se inició la comercialización de este servicio.

En 1960 se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión en donde ya se incluían las concesiones y permisos para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de prestar servicios de radio y televisión abierta; en 1973 los canales 2, 4, 5 y 8 se agruparon en Telesistema Mexicano para luego convertirse en el consorcio TELEVISA;para 1989 había en el país 567 estaciones cuya cobertura abarcaba el 70% de la población, de ahí surgen los canales XEIPN-Canal 11, la Televisión Rural del Gobierno Federal, el sistema de Telesecundaria e IMEVISIÓNoperaba los canales 7, 13 y 22.

En 1962, la UNAM comenzó las primeras investigaciones espaciales para contar con servicios de comunicación vía satélite y nuestro país se adhiere al INTELSAT para adquirir mayor capacidad satelital y comenzar la construcción de estaciones terrenas para servicios satelitales y para 1985 se lanzan los primeros satélites mexicanos, Morelos I y Morelos II, los servicios satelitales eran prestados por el organismo descentralizado del Gobierno Federal denominado TELECOMM.

En 1987 a la empresa Radiomóvil DIPSA, integrada a TELMEX para administrar la radiotelefonía móvil se le permite prestar el servicio de telefonía celular en Mexicali, Baja California y un año después de le autoriza prestar el servicio a nivel nacional, de donde surge la compañía TELCEL como operador de radiotelefonía móvil, en 1990 se empieza a comercializar la tecnología celular en la Ciudad de México y en el área metropolitana y también comienza a prestar este servicio la la empresa IUSACELL.

En el año de 1989 en el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se da la desincorporación de TELEMEX y en 1990 se privatiza la empresa para contar con mayores oportunidades de financiamiento, la mejora en la calidad de los servicios y la promoción de una competencia equitativa con otras empresas de telecomunicaciones.

Cuando México suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se compromete en el tema de liberalización de las telecomunicaciones del control estatal y se establecen medidas relacionadas con acceso, uso de redes y servicios de telecomunicaciones, se crean obligaciones sobre monopolios, privilegios exclusivos, de transparencia y publicidad en las medidas vinculadas con el acceso a Redes y servicios de telecomunicaciones.

En agosto de 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una nue­va concesión a Telmex, dando a la empresa un monopolio en el servicio de larga distan­cia nacional e internacional hasta 1996.

En octubre de 1990 se adoptó un nuevo marco regulador (Reglamento de Telecomunicaciones), en el que se especificaban las responsabilidades de la SCT, y se preveía el otorgamiento de nuevas concesiones en todas las áreas, excepto las reservadas al go­bierno.

En 1993 la Ley de Inversión Extranjera aumentó la participación de la inversión ex­tranjera en el sector de las telecomunicaciones. Los cambios permitieron la inversión extranjera con derecho de propiedad hasta de 49% en operadores de red fija y mayores niveles de inversión extranjera en las empresas de telefonía celular, siempre que la par­te inversora obtuviese una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

En enero de 1994, México celebró un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN). El capítulo XIII del tratado incluyó las telecomunicaciones, el acceso a las redes de telecomunicaciones y su uso, así como los circuitos privados sobre una base razonable y no discriminatoria.

En julio de 1994 la SCT publicó una resolución sobre la correcta celebración de conve­nios de interconexión entre las empresas de larga distancia y el incumbente. La misma resolución planteó un calendario para abrir la competencia con igualdad de acceso, empezando con 60 ciudades en 1997, y extendiéndose a todo el país para el año 2000. En la resolución también se estableció que la interconexión se orientaría a los costos y sería acorde a las normas y parámetros internacionales.

Después de la crisis económica de 1994, IUSACELL se enfoca a clientes de alto poder adquisitivo con planes de renta a precios elevados y TELCEL concibió planes a precios medianamente accesibles, ambas empresas impulsaron los primeros planes de prepago y en los últimos años de la década de los 90´s surgen otros operadores del servicio que invirtieron masivamente para incrementar y modernizar la infraestructura usada hasta ese momento y el tamaño de los teléfonos se fue reduciendo a la par del precio del servicio.

En marzo de 1995 la Constitución mexicana se modificó para permitir la inversión ex­tranjera privada en las comunicaciones satelitales.

En junio de 1995 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones en sustitución de gran parte de la antigua Ley de Vías Generales de Comunicación, que se aplicaba desde 1940.

En 1995 se reforma el artículo 28 constitucional para permitir la participación del sector privado en la comunicación satelital, pasando de ser un área estratégica a un área prioritaria y la tendencia liberalizadora se concreta con la Ley Federal de Telecomunicaciones, en 1995 que establece un cambio radical en el papel del Estado como regulador de las telecomunicaciones.

Por ello, se establece en la Constitución que le corresponde al Estado, ser rector de la economía y promotor del desarrollo, establecer las condiciones que permitan la concurrencia de la iniciativa e inversión de los particulares, bajo un marco regulatorio claro y seguro por lo que se genera la transición hacia mercados más abiertos y de promoción de la competencia en las telecomunicaciones aprovechando su avance tecnológico.

La Ley Federal de Telecomunicaciones estableció obligaciones en el tema de las interconexiones para fomento de la competencia y de la libre competencia, se faculta a la autoridad para imponer obligaciones en cuanto a tarifas, calidad e información, así como el tratamiento a los concesionarios declarados como agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de las telecomunicaciones y permitía el ingreso del sector privado a la prestación de servicios satelitales.

En 1995 y 1996 se otorgaron concesiones a entrantes para servicios fijos de larga distan­cia nacional e internacional. En 1996 la SCT intervino en la primera disputa sobre interconexión y emitió un fallo (resolución), en ese mismo año, un decreto presidencial estableció un regulador específico del sector, siendo este la Comi­sión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), por mandato de ley y se estipularon las normas para preseleccionar las empresas que prestarían servi­cios de larga distancia nacional e internacional.

En enero de 1997 dio inicio la competencia en el mercado de larga distancia cuando comenzaron a operar seis nuevas empresas y en diciembre de ese mismo año, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), determino que Telmex tenía “poder sustancial de mercado”, y en marzo de 1998 confirmó su resolución.

En diciembre de 1998 la COFETEL publicó una resolución que detallaba las tarifas de in­terconexión que se aplicarían en 1999 y 2000. La resolución redujo dichas tarifas e intro­dujo el sistema “el que llama paga” para teléfonos móviles. Además, el Órgano Regulador publicó normas para la separación contable, reducciones del número de áreas de servicio local y un programa para que los números nacionales aumentaran de ocho a diez dígitos, conforme al Plan Técnico Fundamental de Numeración.

En 1998 la licitación de espectro (banda de 1.9 GHz) permitió la entrada de un tercer y un cuarto participantes: UNEFON, que más tarde se fusionó con IUSACELL, y PEGASO, que después fue adquirido por TELEFÓNICA.

En el año 2000 inicia la evolución tecnológica de las redes en México y la telefonía móvil da un giro radical toda vez que dejó de ser considerado un artículo de lujo y pasa a ser un artículo necesario, para el año 2002 algunas compañías utilizan el sistema GSM y otras desarrollaron redes iDEN.

En 2003 se permitió a las compañías de cable ofrecer servicios de internet con señales bi­direccionales.

En 2005 la COFECO intentó introducir topes máximos de espectro para la licitación de éste. Hubo una impugnación y los tribunales rechazaron la medida.

En octubre de 2006 el Acuerdo de Convergencia de 2006, expuso las condiciones en las que los operadores de telecomunicaciones podrían ofrecer televisión de paga, y las te­levisoras podrían ofrecer telecomunicaciones.

De 2006 y 2008 se implementan en la telefonía móvil los servicios de tercera generación, bajo el estándar UMTS y HSDPA mejorando sus servicios de datos e implementando GPS, videollamadas, entre otros.

Desde 1996, TELMEX incursionó en el servicio de internet al comprar IBM, SEARS y el proveedor de internet Prodigy Comunications, posteriormente se convierte en SBC Yahoo!, por lo que para el 2004 Prodigy ya contaba con más del 70% de acceso a internet vía telefónica y el 40% en DSL en México, en el 2009 Telmex unifica su servicio de internet mediante la marca INFINITUM y para diciembre de 2010 inicia la construcción de la red FTTH para brindar servicios de Triple Play.

En julio de 2008 la COFETEL introdujo la portabilidad de los números fijos y móviles y en ese mismo año, la SCT resolvió la disputa sobre interconexión entre AXTEL y TELCEL, y TELEFÓNICA y IUSACELL, reduciendo las tarifas en 50%.

En 2010 la COFETEL completó la licitación del espectro para servicios de 3G+. La adjudicación del espectro se retrasó debido a los juicios, y luego fue otorgada a la alian­za Televisa-Nextel. Sin embargo, otros juicios fueron motivo de que Televisa se retirara, en marzo de 2010 la COFECO emitió una decisión que confirmaba que TELCEL tenía poder sustancial de mercado. Sin embargo, la regulación asimétrica permitida por esta de­terminación no se materializó debido a las impugnaciones presentadas ante los tribunales, en julio de ese mismo año, la SCT modificó la concesión de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, permitiéndole ampliar la cobertura de servicio de su red de fibra óptica de 71 a 200 ciudades.

En julio de 2010 la fibra óptica no utilizada de la Comisión Federal de Electricidad fue otorgada en licitación a GTAC (consorcio conformado por Megacable, Telefónica y Televisa), por 884 millones de pesos, lo que permitió una alternativa a la infraestructura de la red de Telmex y se estima que GTAC po­dría dar acceso a otros operadores.

En agosto de 2010 la COFETEL licitó 80 MHz del espectro de 1.7 GHz. Los licitadores gana­dores fueron NEXTEL y TELEVISA (30 MHz), TELCEL (20 MHz en 7 regiones y 20 MHz en dos regiones) y TELEFÓNICA (10 MHz en seis regiones).

Durante 2011 la COFETEL se comprometió a lograr reducciones en las tarifas de interconexión de reventa en telefonía fija y móvil y por su parte, la COFECO impuso una multa de 1 000 millones de dólares (12 000 mi­llones de pesos) a TELCEL por abusar de su posición dominante al hacer cargos excesivos por el acceso a la red, en mayo de ese año, la Suprema Corte determinó que las decisiones reguladoras respecto a la interconexión no podían suspenderse mediante impugnaciones presentadas ante los tribunales ni por la interposición de amparos, por lo que la COFETEL pudo rebajar en 70% las tarifas de terminación de telefonía fija (de 0.01 dólar a 0.003 dólar) y redujo en 95% las tarifas de terminación de larga distancia en las áreas rurales.

En junio de 2011 se impuso a TELMEX una multa de 86 millones de dólares (91.5 millo­nes de pesos) por negar a MOVISTAR el acceso a su red fija en 2007 y 2008 y se adoptó la facturación por segundo sólo para la interconexión, en julio de ese año la COFETEL publicó el Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes Móviles y dos meses más tarde, inició el proceso de consulta pública para la regula­ción asimétrica de los operadores dominantes en el mercado de enlaces dedicados y sobre los términos de una Oferta de Interconexión de Referencia para el incumbente fija.

Es de hacer notar que el concepto Triple Play ha dominado las telecomunicaciones en los últimos 14 años ya que los operadores ofrecen servicios que incluyen voz, banda ancha y televisión de paga.

El 12 de marzo del año de 2013, derivado de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, siendo una de las más importantes reformas para México.

El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6°, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su minuta se remitió al Senado de la República para su estudio y dictaminación.

El 19 de abril del 2013, el Senado de la República aprobó con modificaciones la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y el 25 de abril la Cámara de Diputados aprueba la minuta remitida por el Senado y la devuelve a dicha cámara con modificaciones.

El 30 de abril de 2013, el Senado de la República aprobó la modificación aplicada la Minuta por la Colegisladora y la remitió a las Legislaturas de los Estados y el 22 de mayo del mismo, la Comisión Permanente realizó la declaratoria de aprobación del Decreto que reforma y adiciona los artículo 6°, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones por haberlo aprobado 23 Congresos Locales y finalmente el 11 de junio de 2013 se público en el Diario Oficial de la Federación el mencionado decreto.

De manera breve, en el cuadro que se reproduce a continuación, se hace mención de las normas que se incluyeron en las reformas y adiciones aplicadas a la Constitución General en materia de Telecomunicaciones:

ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

ASPECTO SOBRE EL QUE VERSAN LAS REFORMAS Y ADICIONES.

Regular el derecho a la información y la protección de datos personales; se garantiza la inclusión de la población a la sociedad de la información y del conocimientos, acceso a tecnologías de las información y a servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones incluida la banda ancha e internet.

Establece la inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

27

Establece que las concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de la radiodifusión y de las telecomunicaciones las otorgará el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

28

Prevé el castigo la concentración o acaparamiento de servicios o el impedir la libre concurrencia o la competencia, crea dos nuevos órganos autónomos constitucionales, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este último regulará la competencia económica de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, además establece la competencia y atribuciones de cada estos órganos autónomos.

73

Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de tecnologías de la información, la comunicación, la radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.

78

Suprime la facultad de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

94

Se determina que el Consejo de la Judicatura determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones, competencia económica de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

105

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

El mencionado decreto tiene dieciocho artículos transitorios entre los cuales establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días naturales para legislar en diversos temas, a efecto de realizar las adecuaciones o modificaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias, y sobre todo deberá expedir un solo ordenamiento legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Sin duda la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones del 2013, es la más importante en esta materia de los últimos años, pero lo más complicado será realizar las acciones que deberá de llevar a cabo el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión para poder incluir en las leyes secundarias, en los reglamentos y en los actos administrativos todos los efectos que lleva implícita la multicitada reforma constitucional.

Algunos de los plazos para modificar y expedir las leyes secundarias que determinarán las nuevas reglas del sector ya se vencieron o están por vencerse, tal es el caso de la expedición de un solo ordenamiento jurídico que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, entre otros rubros, toda vez que dicho ordenamiento debía estar elaborado, aprobado, promulgado y publicado a más tardar el día 9 de diciembre de 2013.

Para realizar la adecuación y expedición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, debemos tomar muy en cuenta que lo que se debe de fomentar es su crecimiento y que se mantengan competitivos.

Los Organos Autónomos que regulan la competencia en nuestro país, pueden incidir en un desarrollo más satisfactorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México, observando una actuación eficaz en la promoción de un sector de telecomunicaciones más competido y más competitivo, que desarrolle todo su potencial en beneficio de los ciudadanos que se sirven de dichos servicios públicos, del progreso de las propias telecomunicaciones y de toda la economía nacional.

En la experiencia internacional, la competencia intensa que se ha dado en los últimos treinta años entre las empresas de telefonía, como también se ha dado en México han impactado los precios de manera importante, ya que se han dado reducciones sustanciales en comparación con los vigentes durante las etapas en que han existido monopolios de los derechos sobre la invención, como ha sido el caso de México y lo que es muy evidente es el impacto positivo de la competencia en el crecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Si bien en todos los países se ha observado un crecimiento de las telecomunicaciones, en los países en desarrollo que tienen una mayor competencia el avance ha sido más rápido, en la experiencia nacional, pese a la apertura en teoría de las telecomunicaciones a la competencia, TELMEX sigue siendo una empresa absolutamente dominante, que ha conservado un poder casi monopólico, ya que conserva el 94% del mercado de telefonía fija y en telefonía celular, a través de TELCEL, ostenta cerca del 80% del mercado, no obstante las incursiones de diversas empresas que han intentado hacerle competencia.

Actualmente en nuestro país se cobra más por las telecomunicaciones, en especial la telefonía, que cuando ésta era un monopolio del Estado y si bien ha habido una reducción del precio real de las telecomunicaciones, esta reducción se queda muy por debajo de la registrada en otros países, lo importante no es que se reduzcan los precios, sino que se reduzcan de manera paralela o similar a los que registran otros países a efecto de que México se mantenga competitivo.

Hemos podido darnos cuenta que de 1995 al 2013, en México ha privado la ausencia de una regulación eficaz en materia de telecomunicaciones y la posición dominante de una sola empresa es absoluta.

La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la sociedad, así como para el desarrollo económico de los países, por lo que es tal la importancia de esta industria, que es evidente la ventaja que tienen las naciones con una industria de las telecomunicaciones competitiva y madura, con respecto a las naciones que carecen de ella.

Sobre las telecomunicaciones tiene injerencia factores como la economía, los mercados, las políticas públicas y la regulación por afectar de manera directa dicho sector y su comportamiento es resultado de la interacción de esos factores que incidirán sobre su estructura y ellos moldearán su futuro en las próximas décadas, además de que también influyen en el sector componentes como el entorno tecnológico, el entorno conformado por todos los agentes que intervienen en la regulación y las políticas de la industria, así como el entorno del mercado integrado por los elementos relacionados con los modelos y las estrategias de negocio y, por los modelos que determinan la oferta y la demanda de servicios y todos estos elementos se ven afectados, a su vez, por el entorno económico nacional e internacional.

En México conviven multitud de tecnologías, entre las cuales destacan las relacionadas con servicios de telefonía móvil (de segunda, tercera y cuarta generaciones), telefonía fija (en todas sus modalidades), televisión y radio abiertas y restringidas y, por supuesto, el acceso a Internet, por lo que en las regiones más pobladas del país, las empresas más importantes han empezado a migrar sus redes hacia alternativas más modernas que permitan proveer algunos servicios avanzados, pero que en poco tiempo serán insuficientes para el nuevo contexto de convergencia.

Las redes de telefonía local están siendo modificadas para ofrecer servicios digitales basados en banda ancha (xDSL, WiMAX, etc.) y servicios alternativos de telefonía (VoIP) o televisión (TVIP), así como todos los otros servicios basados en Internet, mientras que las redes de televisión restringida, están siendo reconvertidas para ofrecer servicios bidireccionales de voz y de datos, en tanto que las redes de telefonía móvil están migrando a las tecnologías de tercera y cuarta generación, con lo cual se logrará tener acceso a Internet con velocidades de varios Megabits por segundo.

De acuerdo a diversos estudios, existen tres tecnologías que entrañan un gran potencial para la industria en México, ya que pueden ser usadas con el propósito de llevar servicios a lugares incomunicados o con comunicaciones deficientes y son la tecnología inalámbrica de banda ancha WiMAX, los sistemas celulares CDMA operando en bajas frecuencias y el uso de la red de suministro de energía eléctrica para comunicaciones PLC, lo más importante de estas tecnologías es que pueden ser desplegadas rápidamente sin la necesidad de inversiones excesivas; las dos primeras por su naturaleza inalámbrica y la tercera por la enorme cobertura de la red eléctrica.

En lo referente al entorno del gobierno, en México ha habido avances sustantivos en las últimas dos décadas, tales como la creación de Órganos Constitucionales Autónomos reguladores de la industria, la introducción de competencia y la apertura de recursos públicos para ser utilizados por los operadores, pero el reto generado por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, implica dejar atrás las limitantes que afecten negativamente a la industria, por lo que se debe de desechar la regulación inadecuada y/o deficiente que se tiene actualmente y se debe de dotar a los órganos autónomos reguladores de herramientas legales para que puedan hacer cumplir la legislación que vaya entrar en vigor, de igual forma se deben de diseñar los mecanismos necesarios para evitar el excesivo uso de recursos jurídicos a fin de impedir la adecuada aplicación de la ley o para aprovechar los vacíos existentes en el marco normativo.

El mercado mexicano de telecomunicaciones muestra altos niveles de concentración, ya que en telefonía fija, móvil e internet y banda ancha existe un agente con amplia ventaja sobre sus competidores cuyas participaciones son mayores al 70%, en los últimos años, la entrada de distintos agentes en nuevos servicios está reduciendo la diferencia que en el mediano plazo, podría resultar en un reequilibrio de fuerzas.

La adopción de servicios de telecomunicaciones en México está condicionada por factores como la disponibilidad de equipos, la cobertura del servicio y las capacidades de los usuarios y estos factores pueden ocasionar consecuencias importantes sobre el crecimiento de los mercados y el futuro de la industria, siendo un ejemplo de esto la banda ancha fija que si continúa con el ritmo de crecimiento de los últimos años en el mercado, en menos de tres años se podría cubrir el total de hogares que cuentan con una computadora.

De acuerdo al estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México elaborado entre 2011 y 2012, se señala que desde la perspectiva tecnológica, las redes de telecomunicaciones han dado origen a tres tendencias globales: la conectividad de gran capacidad que se refiere a un mayor ancho de banda, la movilidad total y la interoperabilidad relacionado con plataformas y redes interconectadas y por el hecho de que las redes más avanzadas están evolucionando a lo que se denomina “Redes de Nueva o Siguiente Generación” (NGN - Next Generation Networks), basadas en transporte con el protocolo IP.

En lo referente a la regulación, se puede observar que los organismos normativos están centrando su atención en impulsar a las redes de banda ancha mediante la implantación de normas que buscan mantener la competencia entre dichas redes, sin frenar su evolución hacia las Redes de Nueva o Siguiente Generación, así como en el aprovechamiento óptimo del espectro a través de la reasignación de frecuencias para nuevos servicios (conocido como spectrum refarming), la redistribución del espectro disponible o “liberado” por las nuevas tecnologías, y la concesión de licencias con condiciones distintas a las tradicionales (espectro secundario, neutralidad tecnológica, etc.).

En el ámbito de los servicios, destaca la aparición de una nueva clase de servicios innovadores, conocidos como mservices que pueden dividirse en dos grupos, el primero generado tras adaptar los servicios tradicionales a dispositivos y acceso móviles –TV y videoconferencia móvil, Internet móvil, etc.–, yel segundo, centrado en el desarrollo de servicios específicos para ambientes de movilidad, destacándose los que se basan en la localización del equipo terminal (publicidad y búsquedas por contexto, alarmas de presencia, etc.). lo que ha originado elementos característicos de la siguiente generación de servicios y que son la ubicuidad de los servicios para contar con todo ellos en todo momento y en todo lugar, y la digitalización extremo-a-extremo.

Debemos tomar en cuenta para la elaboración y adecuación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que las tendencias del mercado en el ámbito internacional se han centrado en los procesos de consolidación y por la incursión de los agentes en nuevos mercados, situación que ha dado como resultado el empaquetamiento de servicios (cuádruple, quíntuple y séxtuple play), así como la evolución del papel del usuario, que ha pasado de tener una actitud pasiva, de “consumidor” de servicios, a una activa, de productor de contenidos.

De acuerdo a diversos estudios, la competitividad de la industria de las telecomunicaciones está relacionada con las “capacidades competitivas” de los elementos que intervienen en ella, como la capacidad tecnológica, la capacidad institucional, la capacidad de inversión, la capacidad de los mercados y la capacidad de los usuarios, por lo que los elementos que afectan cada una de tales capacidades pueden actuar como habilitadores o como impulsores.

Los impulsores fundamentales que podrían ayudar a incrementar la competitividad de la industria de las telecomunicaciones en México son la innovación tecnológica, la inversión en redes y equipos, el impulso a la competencia en los mercados y el uso y la adopción intensiva de los servicios y como habilitadores serían necesarios la estabilidad regulatoria, la colaboración entre los actores que integran la industria y centros de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D+i), la disponibilidad de recursos humanos y materiales para actividades de I+D+i y, por último, la asequibilidad de los servicios y la alfabetización digital.

Lo que hay que evitar para el sector, es que siga con las debilidades caracterizadas por la baja competencia en la oferta de los servicios, el no fortalecer a los órganos autónomos reguladores, evitar dualidad de atribuciones, la resolución de conflictos que pasen por alto el interés y tener un marco normativo inadecuado.

Ha llegado el momento de que el Estado tiene que intervenir de manera firme para generar mayores oportunidades favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, poniendo a disposición del mercado la capacidad ociosa de las redes de propiedad pública (como la fibra oscura de CFE) e impulsando el correcto aprovechamiento del espectro radioeléctrico, no hay que pasar por alto que la industria podría verse amenazada si no se consigue instrumentar una regulación eficiente y estable, capaz de atraer inversiones con el objeto de evitar que sean desviadas a otros países.

De igual forma, el Estado debe implementar un Plan Integral en el que la industria tenga un papel bien definido, toda vez que México se encuentra en desventaja en el campo de la innovación, en la aplicación de la regulación y en el fortalecimiento de una competencia efectiva en la oferta de servicios.

Las telecomunicaciones sirven como herramienta para mejorar la productividad y el crecimiento económico, además de que generan la posibilidad de que los gobiernos mejoren la prestación de los servicios públicos y México no es la excepción, ya que lo que este país necesita es el impulso socioeconómico generado por un mayor acceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de alta velocidad.

De acuerdo a información generada por la OCDE, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimo para el periodo comprendido de 2005 al 2009, en 129 200 millones de dólares, que equivalió al 1.8% del producto interno bruto anual, por ello, dicha organización recomienda que en México se eliminen los límites o topes existentes a la inversión extranjera, se simplifique el sistema para otorgar concesiones, convirtiéndose en un régimen de título de concesión único, salvo en los casos en que existan restricciones asociadas a recursos escasos, como el espectro radioeléctrico.

De igual manera, la OCDE recomienda para efectos de impactar la industria de manera positiva, que cuando se impongan obligaciones a un operador, éstas deben cumplirse y vigilarse de manera efectiva, se debe simplificar y alentar la entrada de revendedores, así como facilitar la entrada de operadores de redes móviles virtuales (mvno) mediante la imposición de obligaciones de roaming nacional.

Elagente dominante en los rubros de telefonía fija y móvil y de banda ancha de nuestro país, ha hecho uso abusivo de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, lo que le ha permitido interponer ante el poder judicial demandas de amparo en las que se han suspendido y anulado de manera sistemática las decisiones de política y regulación, sin que el Poder Judicial tome en cuenta que se está dañando el interés público y por ello la necesidad de especializar Tribunales y Juzgados Federales.

En la ley que tenga a bien expedirse en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión se deben establecer con claridad las funciones de regulación y de supervisión de mercados de la autoridad reguladora que garantice la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y el logro de los objetivos de las políticas públicas que requiere el sector.

De igual manera se debe incluir en la nueva legislación multas significativas que sean lo bastante elevadas que sean realmente un instrumento disuasorio y garanticen la observancia de la regulación, así como el cumplimiento de sus objetivos y en el ámbito de sus atribuciones, se debe de dotar al órgano autónomo regulador de la facultad para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables.

El IFETEL deberá de estar facultado para regular ex ante las tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la competencia entre operadores, así como para facilitar el desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando certeza reguladora e igualdad de condiciones en el mercado móvil y para declarar cuellos de botella e infraestructuras esenciales, toda vez que el acceso a estas últimas debe llevarse a cabo en condiciones no discriminatorias que incluyan la desagregación del bucle local del incumbente y comprendida la coubicación con precios orientados a los costos.

Por otro lado, se coindice con la opinión de diversos actores relacionados con la industria, de que a Telmex no se le debe dar la autorización para prestar servicios de televisión, a menos que esté sujeto a una adecuada regulación asimétrica, que exista el mecanismo para asegurar que cumplirá con la misma y de que no recurrirá a impugnaciones o apelaciones judiciales para demorar o suspender su cumplimiento.

Otro aspecto que se debe de incluir entre las atribuciones del IFETEL, es el que pueda imponer la separación funcional o en caso de ser necesario, la estructural, de cualquier operador que continúe abusando de su poder de mercado, y ayudar a asegurar la igualdad de acceso y equivalencia de insumos de los operadores.

Además, deberá liberarse suficiente espectro para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos en banda ancha móvil, por lo que el diseño de una licitación de dicho espectro debe ser cuidadoso de garantizar que no sea una sola empresa la que domine este mercado y como medida que puede adoptar el Gobierno Federal, es la de facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha licitando más “fibra oscura” de la Comisión Federal de Electricidad.

Otro aspecto que debe procurar el IFETEL es el promover la compartición eficiente de infraestructuras y eliminar las barreras para la obtención de derechos de paso o derechos de vía, ya que en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados inefi­cientes que imponen costos significativos a nuestra economía y que inciden de ma­nera negativa en el bienestar de la población.

El sector de telecomunicaciones mexicano se ha caracterizado por altos precios, situándose entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y por la falta de competencia, lo que genera una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.

Si bien es cierto que los mercados de telefonía móvil y fija, de banda ancha y de te­levisión de paga han crecido en nuestro país, este hecho resulta minimizado cuando se le compara con otros países de la OCDE que han desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los beneficios resultantes a los consumidores.

Como ya hemos establecido, el mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía que tiene 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil. La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE, por lo que en relación con estos países, México ocupa el último lugar en términos de inversión per cápita, mientras que los márgenes de rentabilidad del incumbente casi duplican el promedio de la OCDE.

Desgraciadamente hasta hace poco, en México las decisiones en fa­vor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de la regulación administrativa o por los vacios de la ley, por ello, hay que cuidar que las nuevas concesiones de espectro se diseñen con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.

México necesita un plan nacional de banda ancha con visión prospectiva que garantice un mercado competitivo para el acceso a las redes de nueva generación, para lo cual se requiere en primer lugar hacer un diagnóstico sobre el estado que guarda México en términos de acceso de la población y las empresas a redes de banda ancha, el grado de competencia por región en los diferentes segmentos, alámbrico e inalámbrico, de los precios y velocidades que se observan en los distintos mercados, los problemas de calidad que enfrentan los usuarios que contratan servicios de acceso a banda ancha, entre otras cuestiones.

Una vez que se tenga este diagnóstico, habrá que enfocarse a determinar las metas de largo plazo para México en términos del porcentaje de hogares con acceso a redes de banda ancha, a velocidades específicas y así el IFETEL podrá determinar las modificaciones necesarias a las reglas que dependen de la actuación de ese órgano y las modificaciones que será necesario aplicar al marco legal que deberán de proponerse al Congreso de la Unión.

Se requiere modificar la ley para lograr una regulación efectiva en materia de dominancia, así como para replantear la forma en que se regula la interconexión en un contexto de redes de nueva generación, dándole un papel protagónico al consumidor, de igual forma hay que replantear un cambio de fondo al concepto de servicio universal en nuestro país y la forma de financiarlo y operarlo.

Otros retos por vencer, son la provisión de capacidad y el logro de una estructura del sector telecomunicaciones más competitiva y equilibrada, por lo que las nuevas concesiones de espectro deben diseñarse con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.

En los últimos tres años se han realizado acciones tendientes a favorecer la competencia del mercado de backhaul, como la licitación de fibra oscura perteneciente a la Comisión Federal de Electrici­dad que fue un paso importante, por lo que se debería de poner más fibra a disposición del mercado.

También hay que realizar esfuerzos para eliminar las barreras que enfrentan los operadores entrantes en el mercado mexicano para la compartición de infraestructura, como los múltiples y tardados trámites para la obtención de permisos, la solicitud de derechos de paso y el hecho de que no sea exigible a los operadores que compartan su propia infraestructura pasiva, como conductos y estaciones base de telefonía celular, lo que hace del despligue de las redes un gran obs­táculo para la competencia.

Por lo que respecta a la transición a la televisión digital, está va a contribuir de forma significativa a liberar espectro para que sea utilizado en la prestación de servicios de banda ancha móvil de alta velocidad, de igual forma, los operadores de telecomunicaciones han ingresado al sector audiovisual como proveedores de servicios de televisión, y las empresas de radio y televisión están cada vez más dispuestas a prestar servicios de telecomunicaciones lo que genera un ambiente de oportunidades tanto para los participantes en el mercado como para los reguladores.

Por ello, se deben realizar esfuerzos coordinados para que el sector de las telecomunicaciones de nuestro país deje atrás lo que hasta nuestros días lo ha caracterizado, con son el tener una alta concentración, una débil competencia, un nivel deficiente de desarro­llo de infraestructura, precios altos y la escasa demanda de servicios.

Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros entre los países de la OCDE, lo que impacta de manera directa a los consumidores y en particular impacta el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que predominan en nuestro país.

Por lo que respecta al espectro, su asignación era esporádica, lo que provocó escasez y brindó ventajas comerciales a las compañías que tenían recursos de espectro, la administración del espectro en México está condicionada a dos elementos, el operador móvil dominante, que es TELCEL, actualmente tiene más del 70% de las suscripciones móviles y el otro elemento es que el tráfico de datos móviles en México crecerá en 65 veces de 2010 a 2015, de 918 terabytes a 60 peta-bytes mensuales, pero debido a la cobertura incompleta de las redes fijas en México, es pro­bable que las tecnologías inalámbricas proporcionen un gran componente de servicios de banda ancha, por lo que son clave para alcanzar los probados beneficios para el crecimien­to económico que ésta puede aportar.

Es por esto que los principales retos para la política en materia de espectro son, el proporcionar la capa­cidad para lograr los objetivos de banda ancha del país y el alcanzar una estructura competi­tiva más equilibrada en el sector de las comunicaciones móviles.

El IFETEL tiene el deber de administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, así como proponer su actualización, ya que el crecimiento esperado en datos móviles en países de la OCDE requerirá más fre­cuencias disponibles para evitar la “crisis del espectro”.

El apagón analógico crea oportunidades para la liberación del espectro entre los países integrantes de la OCDE con fines de comunicación móvil, más servicio digital terrestre u otros servicios, por este motivo es importante para nuestro país avanzar rápidamente en los pla­nes para implementar el cambio a la televisión digital.

El espectro es el medio para dar servicios de radiodifusión, tanto terrestres abiertos como satelitales de paga por lo que las nuevas atribuciones de espectro deberán diseñarse con el objetivo de conseguir una estructura más competitiva en el sector móvil, por lo que una mayor competencia, que reduzca los precios, multiplique las opciones, mejore la calidad de los servicios, fomente el empoderamiento del consumidor y amplíe la cobertura de la red, favorecerían enormemente los intereses de la economía y de los consumidores.

El espectro radioeléctrico y sus frecuencias utilizadas como medio de transmisión para los distintos servicios de telecomunicaciones que van desde la Radio, la televisión, la telefonía móvil, la comunicación satelital, el acceso WiFi, entre otros, son un recurso natural, finito y escaso, por lo que su uso debe de ser eficiente y óptimo de acuerdo a los avances tecnológicos, por ello la presente iniciativa se basa en la contribución que la suscrita realiza a los cambios de las disposiciones normativas que se necesitan implementar a las leyes secundarias, específicamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que tendrá que ser reformulada para integrar la radiodifusión y que dichos rubros sean regulados de manera convergente.

Por ello, nuestra propuesta legislativa tiene como principal objetivo, hacer un uso eficiente del espectro, por lo que se proponen definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso comercial, pública y social y redefinir el uso del espectro en primario, secundario y libre.

El uso del espectro primario contará con protección de cualquier tipo de interferencia, el Secundario no deberá de causar interferencias al primario ni sus usuarios podrán reclamar protección contra interferencias de primarios o secundarios ya establecidos, ejemplo de esto serían las Microondas punto a punto y por lo que respecta al uso libre, este podrá ser utilizado por el público en general, un ejemplo sería el WiFi (wireless fidelity).

De igual forma se proponen disposiciones que contengan reglas en materia de Certidumbre Jurídica, en cuanto a las asignaciones de espectro vía licitación y la posibilidad de su renovación automática, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del título y aceptado los nuevos términos y condiciones.

También se propone integrar a la ley que regula las telecomunicaciones, normas que regulen las siguientes figuras:

Spectrum Caps (Límite a la acumulación del espectro),para efecto deestablecer límites de espectro que aseguren la competencia pero que permitan el crecimiento de los operadores actuales; la Neutralidad de servicios,que incluirá a todos los servicios técnicamente factibles; el Spectrum Trading/Leasing,que incluye la posibilidad de ceder o arrendar el espectro de uso comercial; el Refarming,como la obligación de reordenar frecuencias por interés público o a solicitud de dos o más concesionarios; y el establecimiento de un programa de licitaciones anual bajo consulta pública.

Otro rubro que la suscrita considera importante incluir dentro de las nuevas disposiciones que deberá contener la ley que regula las telecomunicaciones, es el de los operadores preponderantes o con poder sustancial, determinando al operador preponderante como cualquier agente económico que cuente con una participación nacional mayor al 50% en la prestación de uno o más servicios, que pueden incluir telefonía fija, telefonía móvil, acceso fijo a Internet / banda ancha, acceso móvil a internet / banda ancha, transporte de datos, enlaces privados / dedicados locales, nacionales, televisión restringida, Radio, televisión radiodifundida, mientras que el Operador con Poder Sustancial de Mercado es el agente económico que tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto en algún mercado de telecomunicaciones en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, haciendo notar que un mismo operador puede o no, tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de Operador con Poder Sustancial de Mercados al que pertenece dicho servicio.

Por ello se propone incluir en la ley de la materia, normas para eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, se definen las figuras de operador preponderante y de operador con poder sustancial de mercado, se prevén obligaciones en materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, así como la regulación On-Net/Off-Net para evitar el efecto comunidad.

De igual manera se incluyen disposiciones jurídicas para evitar exclusividades en terminales, contenidos, servicios, puntos de venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y derechos de vía, entre otros, se prevé la prohibición de que los teléfonos vengan bloqueados y se determinan obligaciones en materia de tarifas e Infraestructura de red (interconexión), así como tarifas de interconexión asimétricas, por lo menos con un diferencial del 60%, se prevén disposiciones sobre el Convenio Marco de Interconexión, sobre las obligaciones en materia de desagregación de elementos esenciales y compartición de infraestructura; sobre procedimientos para la determinación de preponderancia y poder sustancial ya sea abierto, transparente y con derecho de audiencia y sobre las sanciones y acciones adicionales que podrá llevar a cabo el Órgano Regulador como la separación funcional, estructural y revocación del título de concesión.

Por último, la presente iniciativa propone integrar disposiciones a la ley de la materia sobre el rubro de la Transparencia con el propósito de incluir reglas y procesos de transparencia que deban contener toda resolución, acto u omisión del IFETEL para dar certidumbre jurídica a los regulados, además de que se incluyen principios de claridad, previsibilidad, autonomía, rendición de cuentas, participación y acceso abierto a la información.

Se proponen disposiciones que deberán cumplir los Comisionados del IFETEL, como son la de estar impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, serán sujetos del régimen de responsabilidades de la Constitución y de juicio político; la asignación aleatoria de asuntos del Pleno a un Comisionado con responsabilidad de llevar al Pleno el proyecto de resolución correspondiente con una anticipación de al menos 5 días hábiles a la fecha en que serán discutidos en el Pleno, se integra la obligación de hacer públicas las fechas de la sesiones del Pleno con su respectiva agenda, así como publicar las resoluciones y versiones estenográficas de los Plenos al día hábil siguiente.

También se prevén disposiciones para el caso que existan desacuerdos entre operadores, que los comisionados solamente puedan recibir a las partes involucradas previa cita y de forma conjunta, por lo que en caso de que una de las partes no asista, no obstante haber sido citada, se tendrá por cumplida esta condición, y sobre todo por el hecho de que los comisionados deberán informar al Pleno de los temas abordados y dichos informes serán turnados al expediente del asunto o del proceso.

Se propone incluir la obligación para el órgano regulador de publicar en el Diario Oficial de la Federación, previo a su aplicación, las normas generales y políticas públicas que emita el IFETEL así como avisos previos a emisión de regulación, además de que se incluyen causas para efectos de la remoción del cargo de los Comisionados por haber incurrido en la abstención de voto sin causa justificada o por la falta de presentación de los informes trimestrales o su presentación deficiente, o por la de cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el programa de trabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN I, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LAS ACTUALES SECCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL CAPÍTULO II, PARA PASAR A DENOMINARSE CAPÍTULO III CON LAS SECCIONES I, II, III, IV, V Y VI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Banda de frecuencias: segmentos del espectro radioeléctrico que comprenden un determinado rango de frecuencias. Estas frecuencias presentan similitudes en sus características propias, como pueden ser las de propagación o longitud de onda, factores que incluyen en la determinación de los tipos de servicios que se pueden prestar en esos rangos.

… a XVII. …

Capítulo II

Del espectro radioeléctrico.

Sección I

Disposiciones Generales

Artículo 10.El uso del espectro radioeléctrico deberá sujetarse a los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias deberá promover el desarrollo eficiente y convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. A dichos efectos, garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para nuevos servicios así como para actividades relacionadas con seguridad nacional, conectividad y cobertura social.

Los servicios atribuidos al espectro radioeléctrico serán aquellos que establezca el Instituto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. La atribución de bandas del espectro radioeléctrico se hará:

I. A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y

II. A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a la estaciones de un servicio a título primario, ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de otra estación secundaria posteriormente autorizada.

El Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación, antes de finalizar el primer trimestre de cada año, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con sus respectivas adecuaciones y actualizaciones.

Artículo 11. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar la mejor operación de los servicios y la utilización y aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. En cualquier caso de interferencia perjudicial el Instituto actuará con la debida oportunidad para tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad de los servicios de telecomunicaciones afectados.

Artículo 12. El Instituto emitirá reglas para establecer límites aplicables a las diferentes bandas de frecuencias para evitar la concentración de espectro. Los límites que al efecto se establezcan deberán fomentar la libre competencia en el sector en general y permitir que los concesionarios establecidos puedan atender el crecimiento del mercado y acceder de manera continua a nuevas generaciones tecnológicas.

El Instituto podrá modificar o ampliar la atribución de una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en aras del interés público, de los tratados internacionales o regionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los avances tecnológicos disponibles.

Los concesionarios podrán solicitar al Instituto, la modificación o ampliación de la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Si el Instituto no contesta en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida.

Sección II

De las concesiones del espectro radioeléctrico.

Artículo 13. Se requiere concesión del Instituto para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional.

Artículo 14. Las concesiones del espectro radioeléctrico podrán ser para uso comercial, público, privado y social, de conformidad con lo siguiente:

• Uso Comercial: Bandas de frecuencias que tengan por destino la prestación de cualquier clase de servicios con fines de lucro;

• Uso Privado: Bandas de frecuencias utilizadas de manera exclusiva por una o más personas, sin fines de lucro;

• Uso Público: Bandas de frecuencias utilizadas por la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de otros servicios públicos distintos a las telecomunicaciones y la radiodifusión, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación o seguridad del servicio de que se trate;

• Uso social: Bandas de frecuencias utilizadas para la comunicación con fines sociales, de carácter educativo, cultural, entre otros similares, sin fines de lucro; y

Artículo 15. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial se otorgarán mediante licitación pública conforme a lo señalado en la presente ley.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial podrán, previa notificación al Instituto, ceder y arrendar en todo o en parte, las bandas de frecuencias a ellos concesionadas.

El término del arrendamiento o cesión de bandas de frecuencias no podrá superar aquél por el que las bandas de frecuencia hayan sido concesionadas.

Artículo 16. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa.

Los titulares de bandas de frecuencias de uso público que requieran bandas adicionales para satisfacer necesidades internas de telecomunicaciones, deberán acreditar que dichas necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias con las que ya cuenta y que se encuentre aprobado el presupuesto para la instalación de la infraestructura adicional correspondiente.

Artículo 17. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite a partir del inicio de la última quinta parte de vigencia de su concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales. Si cumplido el plazo el Instituto no resuelve lo conducente, se entenderá que fue resuelto en sentido afirmativo.

Artículo 18. El título de concesión sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario;

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, y zona o región geográfica en que pueden ser utilizadas;

III. Las características técnicas y operativas del proyecto;

IV. El período de vigencia;

V. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cubrirse por el otorgamiento de la concesión, y

VI. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado.

Las concesiones de uso público, privado y social serán intransferibles y estarán sujetas a lo dispuesto en esta Ley y en título de concesión correspondiente.

Artículo 19. El Instituto deberá fomentar la utilización neutra de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas. Para dichos efectos, el Instituto deberá procurar la reasignación regulada de los servicios atribuidos a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de que los concesionarios estén en posibilidad de prestar toda clase de servicios convergentes.

Artículo 20. El Instituto podrá intercambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada, en los siguientes casos:

I. Cuando lo exija el interés público;

II. Por razones de seguridad nacional;

III. Para la introducción de nuevas tecnologías;

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;

V. Para asignarlas a servicios que generen mayor beneficio económico o social; y

VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos efectos, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados o, en su caso, procederá la indemnización, previo estudio técnico y económico.

El Instituto deberá intercambiar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada cuando así sea solicitado por dos o más concesionarios de espectro radioeléctrico.

Sección III

Del programa de licitaciones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico

Artículo 21. El Instituto expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, susceptibles de ser concesionadas, en el cual se indicarán las coberturas geográficas de las bandas disponibles para dichos efectos.

Para la elaboración del programa a que se refiere este artículo, el Instituto seguirá el procedimiento de consulta pública que se describe a continuación:

I. Del 1 al 30 de agosto de cada año, establecerá un procedimiento para que cualquier persona pueda presentar propuestas, debidamente justificadas, para la integración de los programas anuales. Entre otros mecanismos, estas propuestas podrán presentarse por vía electrónica y a distancia, y serán públicas desde el momento de su presentación;

II. Con sus propias propuestas y las que considere convenientes de las que hubiere recibido conforme a la fracción anterior, el 1 de octubre siguiente el Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el anteproyecto de programa anual de licitaciones a la opinión pública;

III. El Instituto recibirá comentarios sobre su anteproyecto, a más tardar, el 1 de diciembre siguiente;

IV. Con los ajustes que, en su caso realice al anteproyecto de programa anual, el Instituto, a más tardar el 15 de enero de cada año, publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el programa anual de licitaciones públicas; y

V. A más tardar el 31 de enero, el Instituto hará disponible, para consulta electrónica y a distancia, un informe en el que exprese de manera general las razones por las que consideró conveniente incluir o desechar, total o parcialmente, las propuestas y la opinión a que se refieren las fracciones I y II anteriores, mismas que en ningún caso serán vinculantes para el Instituto.

Para la integración del programa anual de licitaciones, el Instituto buscará el beneficio del público usuario, el uso eficiente y convergente del espectro radioeléctrico, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones.

Los servicios a prestar con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico incluidas en el programa anual, serán todos los contemplados en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la respectiva banda de frecuencias, salvo que existan interferencias perjudiciales significativas o en razón de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 22. El Instituto podrá emitir resoluciones por las que declarebandas del espectro radioeléctrico específicas como bandas de uso libre, sujetas a los requisitos operativos y a las especificaciones técnicas que se prevean en la propia resolución.

Los interesados en ofrecer servicios a terceros sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, requerirá concesión para la prestación de los servicios.

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por los tratados internacionales correspondientes, el Instituto podrá determinar una o más bandas del espectro radioeléctrico como bandas internacionales para efectos de radionavegación, comunicaciones radio marítimas, radio aeronáuticas, de auxilio y salvamento, entre otros.

Artículo 23. El Instituto podrá otorgar concesiones de uso comercial por periodos específicos para que personas físicas o morales interesadas puedan utilizar una o más bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico con fines experimentales. En ningún caso, este derecho podrá ser superior a dos años a partir del otorgamiento de la concesión.

Capítulo III

Sección I

De las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones

Artículo 24. …

Sección II

De las concesiones para comunicación vía satélite

Artículo 29. ….

Sección III

De los permisos

Artículo 31.

Sección IV

De la cesión de derechos

Artículo 35.

Sección V

De la terminación y revocación de las concesiones y permisos

Artículo 37.

Sección VI

De la obligación de colaborar con la justicia

Artículo 40 Bis.- …

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO X INTEGRADO POR LOS ARTICULOS QUE VAN DEL 75 AL 89, A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Capítulo X

De los operadores preponderantes o con poder sustancial

Artículo 75. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, derivadas de la condición de los operadores preponderantes y de los operadores con poder sustancial de mercado, mediante la regulación a que deberán sujetarse dichos operadores a fin de garantizar la competencia efectiva en los servicios y mercados de televisión, radio, telefonía y datos.

Artículo 76. Se entiende por operador preponderante, el agente económico que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en la prestación de uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, entre los que se incluyen los siguientes:

I. Servicios de telefonía fija;

II. Servicios de telefonía móvil;

III. Servicios fijos de banda ancha para acceso a internet;

IV. Servicios móviles de banda ancha para acceso a internet;

V. Servicios de transporte de datos;

VI. Servicios de televisión restringida;}

VII. Servicios de radio; y

VIII. Servicios de televisión radiodifundida.

Para la determinación del porcentaje a que este artículo se refiere se tomará en cuenta, indistintamente cualquiera de los siguientes conceptos: número de usuarios o suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad utilizada de la red; de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.

Artículo 77. Se entiende por operador con poder sustancial de mercado, el agente económico que, en ausencia de regulación, tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto unilateralmente en algún mercado relevante de telecomunicaciones o radiodifusión, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 78. La condición de operador preponderante no prejuzga sobre la condición de operador con poder sustancial de mercado, por lo que un mismo operador puede o no tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de operador con poder sustancial en el mercado al que pertenece dicho servicio. Las disposiciones de este Capítulo aplicarán por igual al operador que tenga una o ambas condiciones.

Artículo 79. En materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, funcional o estructural, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán:

I.Abstenerse de ofrecer a sus usuarios condiciones de servicio, calidad y precio para comunicarse dentro de su propia red, incluyendo cualquier tipo de oferta, empaquetamiento, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, , más favorables que las correspondientes a comunicaciones destinadas a las redes del resto de los operadores.

II. Ofrecer a los demás operadores, mediante oferta pública, servicios mayoristas respecto de cualquier servicio que ofrezcan a sus usuarios finales;

III. Abstenerse de aplicar al resto de los operadores tarifas y condiciones menos favorables que las ofrecidas a sus usuarios finales, debiendo hacer extensivos los beneficios de las menores tarifas a dichos operadores, incluyendo las tarifas implícitas por servicios, capacidades y funciones desagregadas, como la terminación de llamadas en su red;

IV. Abstenerse de establecer tarifas que de cualquier forma limiten la competencia o libre concurrencia de los demás operadores;

V. Cumplir con los estándares mínimos de calidad que defina el Instituto tanto para los servicios finales a los usuarios como para los servicios mayoristas que presten a los demás operadores.

VI. Abstenerse de establecer cualquier tipo de exclusividad para la comercialización de terminales, contenidos, servicios, redes de distribución y recargas de tiempo aire, publicidad y demás productos y servicios que defina el Instituto;

VII. Abstenerse de establecer exclusividades para instalar, operar u ofrecer servicios de telecomunicaciones en inmuebles, fraccionamientos, colonias o cualesquiera otros sitios que determine el Instituto;

VIII. Abstenerse de establecer cualquier tipo de bloqueo sobre las terminales que comercializan, y de limitar el uso y acceso de las mismas en redes de otros operadores;

IX. Proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, y

X. Sujetarse a las obligaciones específicas que en estas materias establezca el Instituto.

Artículo 80. Las siguientes tarifas de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado, por los servicios a que se hace referencia en el artículo anterior, deberán ser aprobadas por el Instituto previamente a ser ofrecidas a sus usuarios finales:

I. Las que pretendan cobrar por cualquier conjunto o subconjunto de servicios, incluyendo aquellas tarifas que, para estos mismos servicios, formen parte de cualquier tipo de oferta, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, ya sean de carácter permanente o temporal;

II. Las de cualquier servicio o paquete de servicios que pretendan comercializar en donde cualquiera de los componentes que integran el paquete de servicios, se encuentre disponible para cualquier persona física que así lo solicite, de forma desagregada y al precio imputado en la solicitud que, en su caso, apruebe el Instituto;

III. Las demás que establezca el Instituto.

Las tarifas serán aprobadas conforme a la metodología de evaluación y al procedimiento que para tal efecto establezca el Instituto, siempre que no contravengan las disposiciones u objetivos previstos en este Capítulo.

Artículo 81. En materia de infraestructuras de red, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán:

I. Aplicar las tarifas asimétricas de interconexión que fije el Instituto, con base en un modelo de costos que considere las economías derivadas de su mayor escala de operación, las cuales podrán ajustarse a la baja en cualquier tiempo para asegurar condiciones de equidad en el proceso de competencia.

II. Abstenerse de aplicar a otros operadores por los conceptos de interconexión y uso de otros servicios e insumos esenciales, tarifas superiores a los cargos implícitos en las tarifas a los usuarios finales por funciones que utilizan la infraestructura de red de manera similar. En caso contrario, las tarifas aplicables a los operadores deberán ajustarse a la baja para cumplir con esta obligación;

III. Ofrecer al menos un punto de interconexión en cada área de servicio local en donde presten servicios. Los puntos de interconexión deben tener la capacidad requerida para cursar el tráfico de interconexión con otras redes, así como contar en todo momento con la capacidad de ampliación para soportar los crecimientos de tráfico que se presenten. El número total de áreas de servicio local será definido por el Instituto;

IV. Ofrecer el servicio de roaming nacional de voz, SMS y datos a otros concesionarios en los mismos términos y condiciones en los que prestan los servicios de interconexión móvil o los que determine el Instituto. En ningún caso, las tarifas cobradas por roaming nacional podrán ser superiores a la mínima tarifa que ofrezcan en el mercado minorista, menos los costos evitables.

V. Ofrecer interconexión directa en todas las localidades en donde se presten servicios de telecomunicaciones;

VI. Proporcionar a los demás operadores, en la forma y plazos que determine el Instituto, la información en materia de interconexión que éste determine, la que deberá incluir, al menos, la relativa a capacidad, infraestructura y coubicaciones disponibles;

VII. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.

Artículo 82. El operador preponderante o con poder sustancial de mercado deberá presentar al Instituto, para su aprobación, un convenio marco de interconexión que contenga los términos y condiciones a que se obligue con los demás operadores y que les permita a éstos conocer los servicios de interconexión que se ofrecen, los tiempos para la atención de solicitudes de servicios de interconexión, las condiciones técnicas para la interconexión, los principios aplicables a las tarifas de interconexión prevalecientes; así como las tarifas aplicables en su momento, las cláusulas de responsabilidad y obligaciones de no discriminación.

Artículo 83. En materia de desagregación de elementos esenciales, los operadores preponderantes o con poder sustancial deberán:

I. Poner a disposición de los demás operadores, en condiciones de mayoreo, cualquier servicio, función o elemento de red que ofrezcan a sus usuarios. Las condiciones de mayoreo no podrán ser menos favorables en calidad, disponibilidad y precio que las ofrecidas por el operador preponderante o con poder sustancial a sus usuarios o a sus propias operaciones, filiales, subsidiarias o cualesquier integrante del grupo de interés económico al que pertenezcan;

II. Ofrecer mediante oferta pública a los demás concesionarios el acceso a los insumos esenciales que permitan la prestación del servicio. Se consideran como insumos esenciales los elementos, servicios, funciones, capacidades o instalaciones de una red pública de telecomunicaciones, que un concesionario, o un grupo de concesionarios posee o provee de modo predominante, y cuya duplicación por parte de otro concesionario no es técnica o económicamente factible, pero son necesarios para proveer sus servicios;;

III. Garantizar la desagregación efectiva de la red, de manera que otros operadores puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red del operador preponderante o con poder sustancial;

IV. Acatar los precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de implantación que fije el Instituto; y

V. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.

Artículo 84. Los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado están obligados a presentar toda la información y documentación relacionada con sus servicios que le sea requerida por el Instituto, en los medios, forma y tiempos que éste determine.

Artículo 85. El Instituto determinará mediante declaratoria la condición de operador preponderante en uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, conforme a lo siguiente:

I. El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se pretenda recaiga la declaratoria;

II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado:

a. Señalar su nombre, denominación o razón social, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, personas autorizadas para tales efectos;

b. Señalar a las personas que en su caso autorice para realizar promociones en su nombre y representación;

c. Acompañar el documento con que se acredite la personalidad, en caso de que la solicitud se formule por conducto de representante legal; y

d. Expresar las razones por las que considere que el operador de que se trate tiene la condición de preponderante en uno o más servicios y acompañar la información y documentación que al efecto estime pertinente.

III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante;

IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta fracción;

V. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud o al debido desahogo de la prevención, según corresponda, el Instituto dictará el acuerdo de inicio del procedimiento, el cual contendrá un proyecto de declaratoria que será elaborado con base en los datos que obren en poder del Instituto. Si el procedimiento inicia de oficio, el acuerdo podrá ser emitido en cualquier tiempo;

VI. Dentro de los cinco días siguientes a su emisión, el instituto publicará el acuerdo de inicio en sus medios de difusión, lo notificará personalmente al operador que pretenda declararse como preponderante y mandará publicar un extracto en el Diario Oficial de la Federación;

VII. El operador al que pretenda declararse como preponderante, y los interesados a que se hace referencia en la fracción I de este artículo, incluido el solicitante del procedimiento, contarán con un plazo de diez días para manifestar lo que a su derecho convenga sobre el acuerdo de inicio y los razonamientos expresados por el instituto en el proyecto de declaratoria. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al que pretenda declararse como preponderante, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y

VIII. Dentro de los veinte días siguientes a que concluya el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador preponderante.

Artículo 86. La condición de operador con poder sustancial en uno o más mercados relevantes de telecomunicaciones o radiodifusión será determinada por declaratoria del Instituto, con base en los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, sin que sea aplicable el artículo 33 bis de dicho ordenamiento, sujetándose a lo siguiente:

I. El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se pretenda recaiga la declaratoria;

II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado:

a. Señalar y acompañar la información y documentación a que se refieren los incisos a, b y c del artículo 85; y

b. Aportar los elementos que puedan ser de utilidad al Instituto para determinar el poder sustancial.

III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante;

IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta fracción;

V. Dentro de los cinco días siguientes, el Instituto dictará el acuerdo de inicio y mandará publicar un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación;

VI. En un término de sesenta días contados a partir de la publicación del extracto, el Instituto formulará los requerimientos de información que estime pertinentes y, con la información recabada y la que obre en su poder, emitirá un dictamen preliminar que será publicado en sus medios de difusión y notificado personalmente al operador al que pretenda declararse con poder sustancial. Los datos relevantes de dicho dictamen se mandarán publicar en el Diario Oficial de la Federación;

VII. El operador al que pretenda declararse con poder sustancial, así como los interesados a que se refiere la fracción I de este artículo, incluido el solicitante de la declaratoria, en su caso, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, respecto de la información contenida en el dictamen preliminar. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al que pretenda declararse con poder sustancial, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y

VIII. En un plazo de cuarenta días contados a partir de la integración del expediente, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador con poder sustancial.

Artículo 87. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado quedarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo, a los noventa días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los datos relevantes de la resolución que contenga la declaratoria correspondiente.

Artículo 88. El instituto establecerá para cada operador preponderante o con poder sustancial, las obligaciones específicas conducentes a la eliminación de las limitaciones a la competencia y libre concurrencia derivadas de tal condición, conforme al siguiente procedimiento:

I. En el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en sus medios de difusión y notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado, el proyecto de resolución correspondiente, debiendo publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación;

II. El operador preponderante o con poder sustancial y los interesados, entendiéndose como tales a los usuarios, clientes o competidores de dicho operador, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto del proyecto de resolución. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador preponderante o con poder sustancial de mercado, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después;

III. En un término de treinta días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, el instituto emitirá, notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado y ordenará la publicación de la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación. La resolución contendrá la forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones específicas.

Artículo 89. Cuando debido a la evolución tecnológica o a cualquier otra causa, se presenten cambios en las circunstancias prevalecientes al momento en que se hayan establecido las obligaciones específicas, el Instituto, mediante el desahogo del procedimiento previsto en el artículo anterior, deberá ampliar dichas obligaciones o realizar las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en este Capítulo.

Artículo 90. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere esta Ley, el Instituto establecerá todas aquellas medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para:

I. Contrarrestar los efectos de la concentración de mercado;

II. Limitar el ejercicio indebido de la capacidad de los agentes preponderantes o con poder sustancial de mercado y fomentar el equilibrio entre los diversos operadores;

III. Garantizar la eficiente operación e interoperabilidad de lar redes, garantizando el acceso a los insumos esenciales de los operadores preponderantes o con poder sustancial, en condiciones de equidad;

IV. Permitir a los operadores la integración de ofertas competitivas bajo condiciones de eficiencia operativa; y

V. En general, garantizar condiciones de competencia efectiva en los servicios y mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.

Artículo 91. Las obligaciones previstas en este Capítulo, así como las que establezca el Instituto en los términos del mismo, se extinguirán en sus efectos una vez que el operador de que se trate deje de tener la condición de preponderante o de operador con poder sustancial de mercado, previa declaratoria que emita el Instituto conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 o en el artículo 86, según corresponda.

Artículo 92. La autorización a los operadores preponderantes para la prestación de nuevos servicios, adicionales a los que son objeto de su concesión, o para transitar al modelo de concesión única, se condicionará al cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo y a las medidas que determine el Instituto conforme a sus facultades.

El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este artículo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y determinará las contraprestaciones correspondientes.

Artículo 93. Los operadores preponderantes o con poder sustancial en los servicios o mercados de telecomunicaciones o televisión radiodifundida, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.

Estos operadores deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo principios de libre competencia y concurrencia.

El Instituto sancionará con la revocación de la concesión a los operadores preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros operadores, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos.

Artículo 94. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado dará lugar a las sanciones establecidas en la presente Ley. En caso de reincidencia, el Instituto ordenará la separación funcional o estructural y, en su caso, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de dichos operadores o de los agentes que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, en las proporciones que sean necesarias para eliminar su condición de preponderantes o su poder sustancial de mercado. Estas facultades correctivas también serán ejercidas por el Instituto en caso de que las medidas de fomento a la competencia en su conjunto resulten insuficientes para garantizar la competencia efectiva en los servicios o mercados de telecomunicaciones o radiodifusión.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a las declaratorias y obligaciones específicas cuyos procedimientos hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

TERCERO. Los operadores a quienes se declare preponderantes o con poder sustancial de mercado, podrán continuar aplicando a sus usuarios finales las tarifas que efectivamente les cobraban hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, sin que se requiera la previa aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Dado en el Senado de la República, el veinte de febrero del año dos mil catorce.

Suscribe.

 Sen. Marcela Guerra Castillo”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Guerra Castillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, VII Y XXIII DEL ARTICULO 7; I DEL ARTICULO 26, CAPITULO VII Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen de primera lectura)



De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7 Y 11 Y LA FRACCION XII DEL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de primera lectura)

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7 Y 11 Y LA FRACCION XII DEL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de primera lectura)








PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCION II, ASI COMO LA FRACCION V, Y SE ADICIONA UN INCISO M) A LA FRACCION I Y LOS INCISOS A), B) Y C) A LA FRACCION V DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION
A GRUPOS VULNERABLES; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 182, 183, 187 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1.Con fecha 12 de abril de 2011, los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, José Antonio Badía San Martín, Sebastián Calderón Centeno, Ramón Galindo Noriega, Carlos Osuna Dávila, Héctor Pérez Plazola, Alfredo Rodríguez y Pacheco, así como Beatriz Zavala Peniche, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

2.Con fecha 23 de febrero de 2012, el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

3. En las mismas fechas, la presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

4. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

a).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (12 de abril de 2011)

El objetivo de la reforma es la inclusión de sujetos de asistencia social, para reforzar la protección de sus derechos que requieren por parte del Estado. Por ello, se propone reformar el inciso b) de la fracción II del artículo 4 de la Ley, recorriendo los incisos b) y c) a los incisos c) y d), para incluir a las “madres solas que tengan a su cuidado a sus hijos, sean niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo se propone reformar la fracción V del mismo artículo con el objetivo de modificar los conceptos de “adultos mayores” por el de “personas adultas mayores” e “incapacidad” por “discapacidad”. Finalmente, propone incluir como sujetos de asistencia social, en el mismo sentido del párrafo anterior, a las “personas adultas mayores que ejerzan la patria potestad”.

b).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (23 de febrero de 2012)

Propone incluir a niñas, niños y adolescentes huérfanos como sujetos de asistencia social, con la finalidad de que accedan a los beneficios que la Ley señala.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley en la materia, la asistencia social se define como “…el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva...” comprendiendo acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Esta misma Ley se publicó en el año 2004 en el Diario Oficial de la Federación y señala, en su artículo 4 que los sujetos de asistencia social serán los siguientes:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo

II. Las mujeres;

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX. Indigentes;

X. Alcohólicos y fármaco dependientes;

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.”

2.- Análisis de cada Iniciativa:

Es una realidad que la actual Ley de Asistencia Social ha retomado como sujetos de este derecho a diversos grupos que por su condición lo requieren; sin embargo, existe la necesidad de incluir grupos o personas que se encuentran en situación de indefensión y desventaja, que aún no están contemplados en esta Ley, por lo que las Iniciativas proponen adicionar a niños huérfanos, madres solas y personas adultas mayores que vivan con discapacidad o aquellas que ejerzan la patria potestad, además de ajustar la terminología empleada.

a).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (12 de abril de 2011)

a. 1.- Madres Solteras:

En lo que corresponde a madres solteras, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que de los 25 millones de mujeres que tienen hijos, casi 4.5 millones - la quinta parte de ellas- son madres solas, siendo innegable que cada vez son más frecuentes los hogares en los que existe una mujer como jefa de familia al cuidado de los hijos.

Prueba de ello son los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que establece que en un periodo de quince años (1990 a 2005), los hogares con jefatura femenina se han visto duplicados, pasando de 2.8 millones en 1999 a 5.7 millones en 2005.

Asimismo, el CONAPO menciona que las madres solas son segregadas, lo que representa una realidad que debe ser abordada para buscar una solución que les permita estar en igualdad de oportunidades y, con ello, poder optimizar el desarrollo de sus hijos.

En virtud de lo anterior, en comunión con la Iniciativa, el concepto de madres solas debe promover que quienes están a cargo de hijos menores de edad puedan ser consideradas bajo el modelo de asistencia social como una contribución del Estado para auxiliarlas en el difícil camino de ser el sostén familiar.

a. 2.- Personas Adultas Mayores:

• Que ejercen la Patria Potestad:

Por lo que respecta a las reformas en materia de personas adultas mayores, nos encontramos con que el Código Civil Federal en su Título Octavo, artículo 414, señala que los ascendientes en segundo grado ejercerán la patria potestad ya sea a falta de ambos padres o bien, por cualquier otra circunstancia que esté prevista en tal cuerpo normativo, en el orden que el juez de lo familiar determine.

Esto, genera en muchas ocasiones que niñas, niños y adolescentes estén bajo la supervisión y cuidado de personas que por su condición se enfrentan a diversas problemáticas de salud, limitaciones físicas, mentales y en muchas ocasiones económicas.

De acuerdo con el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representa el 6.1 por ciento de la población total.

Esta dinámica poblacional y económica obliga a que en el Estado Mexicano tomemos las previsiones de las que nos alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de personas adultas mayores y según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2050 habrá 42 millones de personas adultas mayores.

Lo anterior, hace evidente que las personas adultas mayores se encuentren en situación de desigualdad de oportunidades para cumplir a cabalidad con sus obligaciones respecto de la patria potestad, por lo que incluirlas como sujetos de asistencia social coadyuvaría con la gran responsabilidad que en ellos se ha delegado, adicionando un inciso c) a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

• Terminología:

En cuanto a la reforma a la Fracción V del Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, es innegable la necesidad de modificar el concepto de “adultos mayores” por el de “personas adultas mayores” toda vez que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece en la Fracción I de su Artículo 3º, que las personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional, serán consideradas “personas adultas mayores”.

Siguiendo con ese sentido, es de aprobarse la modificación del vocablo incapacidad” por “discapacidad”, en razón de homologar la terminología con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de ser fundamental en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, la manera en que se hace referencia a esta condición de vida.

b).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (23 de febrero de 2012)

Entre los actuales pendientes que tiene la Ley de Asistencia Social es incluir a distintos sujetos que por su situación o condición requieren de asistencia del Estado, por lo que aún faltan grupos o personas por considerar, tales como niñas, niños y adolescentes huérfanos, quienes se encuentran en situación de doble vulnerabilidad.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define a una niña o niño huérfano como aquél que ha perdido a uno o ambos progenitores.

Según UNICEF, en América Latina hay 10 millones 700 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos (desde recién nacidos hasta 14 años); de éstos, México ocupa el segundo lugar con un 15.95 por ciento que asciende a 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes huérfanos.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), niñas, niños y adolescentes huérfanos se enfrentan a diversas dificultades que se ven maximizadas por su condición y el futuro incierto que puede esperarles, ya que deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o uno de ellos, sino con una mayor desatención, en mucho casos, en la protección de sus derechos fundamentales, agravando su condición económica estando en riesgo de ser más susceptibles a la pobreza patrimonial y alimentaria.

Asimismo presentan severos problemas en materia de salud y educación, debido a que las consecuencias de la pérdida y la desatención de la que son sujetos, puede imposibilitar el acceso a sus necesidades básicas y orillarlos a abandonar la escuela, sin dejar de mencionar los riesgos que corren de sufrir abusos y maltratos.

Finalmente y con base a los datos expuestos, se estima viable la propuesta de adicionar un inciso m) al Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para contemplar como sujetos de sus beneficios a niñas, niños y adolescentes huérfanos.

3.- Los Integrantes de las Comisiones Unidas reconocen el trabajo de los proponentes y que los temas de personas en situación de vulnerabilidad sean contemplados en sus agendas legislativas.

En ese sentido, coincidimos plenamente en que todas las reformas tendientes a promover un estatus de igualdad a través de la promoción de beneficios especiales para las personas que se encuentran en especial condición son necesarias para el fortalecimiento y perfeccionamiento del marco jurídico nacional en favor de esos sectores.

Así, en virtud de los argumentos citados en el desarrollo del presente Dictamen, es preponderante que en la Ley de Asistencia Social se consideren cono sujetos de la misma a niñas, niños y adolescentes huérfanos, a las madres solteras y a las personas adultas mayores que tienen en su responsabilidad ejercer la patria potestad, ya que sus condiciones de vida requieren de un trato particular a partir del cual puedan ubicarse en un plano de igualdad.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera:

RESUELVEN

UNICO.- Se aprueban las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforma el inciso a) de la Fracción II, así como la Fracción V, y se adiciona un inciso m) a la Fracción I y los incisos a), b) y c) a la Fracción V, todos del Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.-

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) a j)…

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) Ser huérfanos

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad;

b) y c)…

III y IV…

V. Personas adultas mayores:

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;

b) Con discapacidad

c) Que ejerzan la patria potestad.

VI a XII…

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de febrero de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA”.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 273 de la Ley del Seguro Social; 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y 5 de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro, en materia de rendición de cuentas y fortalecimiento de la comunicación.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 273 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 214 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia está a discusión. Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento del Senado.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 273 de la Ley del Seguro Social, 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos ponemos a su consideración, tiene como propósito establecer mecanismos que faciliten el diálogo y la comunicación entre poderes, específicamente entre las autoridades de las instituciones de seguridad social y las comisiones competentes del Congreso de la Unión.

Que faciliten los consensos en la búsqueda conjunta de soluciones a los grandes retos que enfrentan el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, patrimonio de todos los mexicanos e instrumentos básicos de redistribución del ingreso nacional y entre los mexicanos.

El IMSS y el ISSSTE se han consolidado como las instituciones públicas de seguridad social más importantes no solo de México, sino también de América Latina, tanto por su cobertura como por los seguros, prestaciones y servicios que ofrece.

En la actualidad, el IMSS cubre el mayor número de personas en aseguramiento público en salud, 69.3 millones de mexicanos, entre derechohabientes y personas en condiciones de marginación, afiliadas al IMSS-Oportunidades.

Por su parte, el ISSSTE cubre 12.4 millones de servidores públicos, pensionados y sus familiares, después del Seguro Popular es la tercera institución de aseguramiento público en salud.

Para cumplir los altos fines que tienen encomendados el IMSS y el ISSSTE, se han transformado a lo largo de los años, adaptando su organización y gestión para atender con oportunidad y calidad las crecientes demandas de sus derechohabientes y para enfrentar las transformaciones económicas, laborales, demográficas y epidemiológicas del país.

La reforma de diciembre de 2001 consolidó al IMSS como un organismo público descentralizado, lo dotaron de mayores facultades presupuestarias; modernizaron la gestión del consejo técnico y se reconoció su naturaleza como organismo fiscal autónomo.

Se incorporaron a la Ley del Seguro Social los principios de carácter presupuestario, ejercicio del gasto y contabilidad, actividades que deben observar los criterios de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación presupuestaria y transparencia que rigen las actividades del sector público, pero sin que su aplicación afecte los intereses o atención a sus derechohabientes.

Por esos efectos y en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas, se estableció en el artículo 273 de la ley, que el IMSS deberá presentar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe anual sobre la situación financiera actuarial y los posibles riesgos, contingencias y pasivos de los seguros, las estimaciones de posibles modificaciones a las cuotas obrero-patronales y del gobierno federal para cada seguro, para mantener la viabilidad financiera del instituto, y la situación de sus pasivos laborales, y de cualquier otro que pueda comprometer su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Por su parte, el 31 de marzo de 2007 entró en vigor una nueva ley del ISSSTE, con la que se fortaleció la naturaleza del instituto como organismo público descentralizado, se le dotó de un marco presupuestal para el mejor ejercicio del gasto y contabilidad, y se aplicaron las atribuciones de su junta directiva en materia de información, transparencia y rendición de cuentas.

De la misma manera que en el caso del Seguro Social, en la ley del ISSSTE se dispuso, en su artículo 214, que la junta directiva del instituto presentará, por conducto de la Secretaría de Hacienda, un informe anual al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera actuarial y los riesgos de los seguros que administra, así como estimaciones sobre posibles modificaciones a las cuotas y aportaciones para garantizar la viabilidad financiera del instituto.

El Ejecutivo Federal y el Congreso han recibido dos informes del IMSS a partir de 2002, y seis del ISSSTE a partir de 2008; los informes no solo han presentado el diagnóstico de los institutos, sino también, y lo más importante, han delineado diversas opciones de políticas para atender la problemática financiera y actuarial de los seguros, fundamentalmente de aquellos que presentan comportamientos deficitarios en el corto y largo plazo.

No obstante lo anterior, a la fecha las recomendaciones contenidas en estos informes no han sido suficientemente valorados ni por el Ejecutivo Federal ni por el Congreso de la Unión, situación que retrasa la toma de decisiones para el urgente fortalecimiento financiero de los institutos, poner en riesgo sus altos fines comprometen a largo plazo su viabilidad como instrumento de la seguridad social, y afecta su operación cotidiana en detrimento de la calidad y oportunidad de las prestaciones y servicios, y el bienestar de millones de mexicanos.

La reforma de 2001 y 2007 al IMSS y al ISSSTE, significaron un avance importante en materia de transparencia y rendición de cuentas, estas comisiones unidas consideran que es momento de dar un paso más en esa dirección; transitar de la formalidad de la recepción de los informes escritos, al análisis y búsqueda conjunta entre poderes de soluciones a la compleja problemática que enfrentan estas nobles instituciones.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, que ponemos a su consideración, establece que los directores generales del IMSS y del ISSSTE, designados por el Ejecutivo Federal, comparezcan respectivamente ante comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, a efecto de ampliar la información y respondan preguntas relativas a los diagnósticos y recomendaciones de los informes previstos en los artículos 273 de la Ley del Seguro Social y 214 de la ley del ISSSTE.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, guarda estrecha relación con las instituciones de seguridad social por cuanto tiene entre sus facultades vigilar, supervisar y regular la administración, inversión de los fondos de pensión que integran las cuentas individuales de los trabajadores previstas por las leyes de seguridad social.

Desde la creación de la CONSAR en 1994, hasta el 2008, su junta de gobierno tenía entre sus atribuciones rendir un informe semestral al Congreso de la Unión, sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, teniendo como marco la fuente de estabilidad y volatilidad de los mercados financieros y accionarios internacionales de la crisis global de finales de 2008, que en nuestro país repercutieron en una histórica minusvalía de los fondos administrados por las AFORES.

EL 11 de diciembre de ese año, el Congreso aprobó, entre otras reformas, a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que el informe de la CONSAR pasara de ser semestral, a trimestral, para contar con información adecuada, veraz y, sobre todo, oportuna; esta modificación, en realidad buscaba cubrir la falta de información al Congreso sobre las minusvalías, las causas y sus acciones de la CONSAR al respecto.

En los meses de mayo, junio y agosto de 2013, nuevamente se registraron importantes minusvalías en los fondos administrados por las AFORES, incluso, también en enero de este año, ello evidencía que las minusvalías pueden presentarse en cualquier momento.

Estas comisiones unidas han considerado pertinente reformar el artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para que el informe de la CONSAR rinde al Congreso pase de un periodo trimestral a otro semestral.

Con ello los trabajadores contarán con una información que les permita hacer la mejor elección de la administradora que opere su cuenta individual y las Cámaras del Congreso contarán con información consolidada para un plazo mayor y con la periodicidad adecuada, considerando la naturaleza de los sistemas de ahorro para el retiro.

Para armonizar las reformas al IMSS y al ISSSTE en materia de fortalecimiento de rendición de cuentas y de comunicación y diálogo entre poderes, se adiciona un párrafo al citado artículo 5, para que el presidente de la CONSAR asista ante las comisiones del Congreso para que amplíe la información y responda preguntas relativas al informe semestral sobre la situación que guardan lo sistemas de ahorro para el retiro.

Finalmente, para que las Cámaras del Congreso cuenten con información oportuna sobre las minusvalías que llegasen a presentarse en cualquier tiempo en los recursos administrados por las AFORES, se adiciona al artículo 5 con una fracción XIII Bis de la citada ley, a fin de que la CONSAR presente al Congreso un informe específico sobre minusvalías con la periodicidad con la que llegaran a presentarse.

Dicho informe deberá contener al menos información relativa a las causas y montos de las minusvalías, su efecto en la rentabilidad de las inversiones, la estimación de los riesgos para el ahorro de los trabajadores y, en su caso, los cambios de los regímenes de inversión y comisiones de la CONSAR estimen precedentes para proteger los recursos de los trabajadores.

Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y Estudios Legislativos, solicitamos su voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias por su atención. Gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Universidad UNIVER Milenium, Toluca, Estado de México, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Está a discusión en lo general el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 273 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 214 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 273 de la Ley del Seguro Social, 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a los sucesos ocurridos en los últimos días en Venezuela.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del partido Nueva Alianza.






PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Al pueblo de México y al pueblo de Venezuela.

En 1821 México inicia su vida como país independiente y se veía precisado a consolidarse internamente como nación y a obtener el reconocimiento y el respeto internacional. Así, el siglo XIX simbolizó para México el resultado de un anhelo como nación, donde nuestro país dejó de ser objeto de la historia para ser sujeto de la misma.

Paralelamente el nacimiento de la República de Venezuela en 1830, constituyó incuestionablemente la conclusión de un periodo de tiempo que se vio caracterizado por la lucha contra un poderío extranjero y el anhelo de instaurarse como una república independiente.

Desde entonces, desde el origen de nuestros pueblos, México y Venezuela concurren como naciones hermanas, con historia y lucha compartida, es por eso que existe un compromiso permanente y un lazo de unión que nos obliga a manifestar enfáticamente nuestra solidaridad con los venezolanos.

Este febrero los líderes venezolanos María Corina Machado y Leopoldo López, así como líderes estudiantiles y de otras organizaciones, hicieron un llamado a los venezolanos a debatir en la calle de manera pacífica la situación de inseguridad, la precaria economía y la corrupción del gobierno, siempre atendiendo a los mandatos constitucionales y a los principios democráticos.

“Tenemos que incorporar ese sentido de frustración y esa vocación de cambio”. Fueron las palabras expresadas por uno de los dirigentes, haciendo referencia a la democracia y al derecho de todo pueblo a discutir su transformación.

Independientemente de la razón o no que les acompañe en esta lucha, su derecho a la libertad de expresión es inviolable, como lo establece el propio artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.

El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura, no puede restringirse por medios indirectos, como abuso de controles oficiales o particulares.

Estas disposiciones no pueden desestimarse como letra muerta, deben de defenderse con tenacidad, y al estimarse reiteradamente violentadas, el apoyo se vuelve imperativo, inclusive después de una amplía promoción por parte de Venezuela para participar en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Human Rights Watch, emitió una opinión contundente en la cual establecía que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben aplicar las normas más estrictas en la promisión y protección de los derechos humanos, y donde consideraban esencial que los países que son miembros del Consejo de Derechos Humanos cumplan con estos estándares y lamentando que Venezuela no satisfacía estos requerimientos.

Los argumentos reiterativos que aseguran el desacreditamiento de defensores de derechos humanos del país, acusándolos insistentemente de recibir apoyo del gobierno o atentar contra la democracia venezolana, siempre son resguardados por una carencia de medios probatorios creíbles.

Lo anterior considero necesario ponerlo en su atención para evitar el descuido de nuestra conciencia sobre el tema central. Nuestra obligación de promover los derechos humanos, aquí en territorio nacional y en todas las regiones del mundo.

Recordemos, compañeras y compañeros Senadores, que el sufrimiento humano es universal, sin importar el lugar de donde provenga, la solidaridad debe serlo también.

Desde el pensamiento utópico de los grandes doctrinarios en las teorías del estado republicano, se concibe necesario que este se guíe por una ideología progresista, que combata el abuso del poder y prometa la conformación de una comodidad fundada en la libertad y en la igualdad.

Su enemigo natural es la monarquía, un gobierno que ejerce su imperio olvidando al elemento que le dio vida, que es la población.

Venezuela se encuentra en un parteaguas en su historia, que definirá si es un Estado republicano o uno autoritario.

El Estado mexicano, explícitamente republicano y democrático, pionero en una Constitución de corte social, debe tener un categórico pronunciamiento sobre la terrible situación que viven los venezolanos, entendiendo que la libertad de expresión es un sentido más fundamental.

No protege a una institución por más importante que sea, sino que protege a las personas, al ciudadano común.

La libertad de expresión no es sino la verdadera autonomía de la persona para tratar los temas de su interés de cara a la autoridad, de cara a la sociedad sin temor a represalias.

Una vez concebido lo anterior, es de reconocer la labor que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho en la materia.

Sin embargo, y de acuerdo a los lamentables hechos ocurridos, me congratulo que el Senado de la República haya tomado una postura de solidaridad para el pueblo hermano de Venezuela.

Las imágenes de estos sucesos han sido impactantes, nuestras acciones deben serlo más.

No olvidemos a Génesis Carmona, estudiante de ciencias sociales y Miss Turismo de Carabobo, de tan solo 22 años, alcanzada por una bala por la espalda; Basil da Costa, 24 años; Juan Montoya, 40 años; Robert Redman, 31 años, todos víctimas de una manifestación pacífica.

Compañeras y compañeros Senadores:

Debemos, indiscutiblemente, consolidar nuestra hermandad con el pueblo venezolano; demostrar nuestro espíritu garantista; procurar la batalla por los derechos humanos y las libertades civiles de todos los pueblos.

Expresemos de manera categórica nuestra exigencia por justicia y por un actuar apegado a todo derecho, porque como exclamó el prócer venezolano Simón Bolívar: “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable Decreto del destino”.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los invitados del Senador Zoé Robledo: Diputados Luis Fernando Mendoza, Irma Dávila, Oscar Alfaro, Gustavo Echeverría, Marlon Lara, Darío Alejandro Chicas, Eric Nelson, Nancy Castillo, Adolfo Martínez, así como al doctor Santiago Rivas, Ingrid Morales y El doctor Jorge Canda, todos integrantes de la Comisión de Probidad y Transparencia del FOPREL.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señora Presidenta.

Uno de los principios fundamentales de nuestra República es la no intervención.

Me parece que las actitudes intervencionalistas son más actitudes de gobiernos imperialistas.

México se ha caracterizado por su diplomacia, por su respeto a los distintos gobiernos, y se ha caracterizado por su esfuerzo permanente de consolidar un sistema democrático.

Por ello, lo que están viviendo los hermanos venezolanos, me parece que será en los próximos meses, un tema internacional, y que lo mejor que le puede suceder a este país es el respeto.

En el fondo, me parece que hay intereses ocultos, y que no será aquí, ni seré yo quien lo señale, pero me parece que será un asunto que tendrán que atender y resolver el pueblo de Venezuela.

Nosotros hacemos votos, primero, por la solidaridad, el respeto para que se restablezca ese estado de derecho, para que haya paz social, para que incursione en bien del desarrollo de este pueblo venezolano, y nos pronunciamos por la no intervención y la no injerencia de otros gobiernos, en este pueblo de Venezuela.

Me parece que debemos ser respetuosos con su soberanía debemos de ser respetuosos con su gobierno y debemos ser respetuosos con lo que está sucediendo en el pueblo de Venezuela y hacemos votos porque haya la paz social y el progreso que merecen los venezolanos.

Ajenos debieran de estar los intereses de poderes fácticos, los intereses de otros países en esas actitudes intervencionistas.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señora Presidenta.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, vengo a esta tribuna a referirme a los muy lamentables sucesos que han acontecido en el hermano país de Venezuela en los días recientes.

Al igual que la colega que me antecedió en el uso de la palabra en esta tribuna, el grupo parlamentario del Partido Verde manifiesta su solidaridad absoluta con el pueblo de Venezuela. Sin embargo, reprobamos la irresponsable actuación del gobierno venezolano, frente a su propio pueblo.

Lamento y repruebo, que ante su capacidad para discernir lo que realmente está motivando a los jóvenes venezolanos a manifestar su desacuerdo ante el gobierno de ese país, el líder o el titular del Poder Ejecutivo venezolano esté tratando de usar su imaginación para repartir culpas a sus pares latinoamericanos y señalando, incluso, hasta México como una sede donde se motivó parte del movimiento que hoy es incapaz de enfrentar.

Lamento también la actitud de control y de atentado contra la libertad de expresión que ocurre hoy en Venezuela, donde es ostensible el miedo de los medios electrónicos e impresos, para poder reflejar de manera nítida y de manera genuina lo que está ocurriendo en Venezuela…

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Flores Ramírez, me permite un momento, por favor.

Senador Robles Montoya, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Pedirle al orador, si me permite hacerle una pregunta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Acepta, Senador Flores Ramírez?

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Le agradezco el interés, Senador Robles Montoya, pero prefiero terminar mi pronunciamiento y dedicar al espacio a lo que venimos.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Continúe, Senador Flores Ramírez.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Es muy sencillo, y concluyo, señora Presidenta.

El grupo parlamentario del Partido Verde reprueba la actuación y la actitud irresponsable del gobierno del Presidente Maduro, que en lugar de atender las causas serias del problema que enfrenta, se ha dedicado a propagar más violencia.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Gracias, señora Presidenta.

Lo que más convendría al interés de México, es que este Senado pudiera asumir una posición de Estado.

En el asunto de Venezuela, este Senado debería definir una posición congruente con los principios constitucionales, que deben regir la política exterior de México.

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Estos principios están actualizados y reforzados en la propia Constitución mexicana, en el artículo 1o. de la Constitución, que coloca los derechos humanos a la libre expresión de las ideas, a la manifestación pacífica, a la asociación política libre y a la tutela judicial de los mismos, como el eje fundamental de la convivencia democrática.

Esos principios fueron resultados de una experiencia histórica difícil, dura; una historia de intervenciones extranjeras, conflictos civiles, situaciones revolucionarias, que nos enseñaron a proteger simultáneamente nuestra soberanía y a cuidar la paz interior.

Esa experiencia, producto de situaciones revolucionarias, es hoy la mejor aportación que puede hacer México para la hermana República de Venezuela.

Apostar por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento en la vida democrática y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Lo que Venezuela necesita es la solución pacífica de un conflicto que ya es evidente. La manera de resolverlo, es abriendo espacios más amplios para un verdadero diálogo nacional, uno que permita abrir una salida incluyente a la pluralidad venezolana actual.

Por eso, llamamos a todos los involucrados en el conflicto, a buscar una solución pacífica.

Para México debe estar muy claro que profundizar la división será altamente dañina para el pueblo venezolano y para toda la región. También para los intereses mexicanos.

Esta el interés de México, coadyuvar por sí o con otros países hermanos a facilitar una solución pacífica y democrática que permita preservar los avances sociales alcanzados en ese país; hacer frente a la difícil situación económica que vive y defender los cauces políticos democráticos.

Llamamos, desde el Senado de la República mexicana, a un diálogo nacional en Venezuela.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Camacho Solís.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Al pueblo de México y al pueblo de Venezuela.

La situación de Venezuela le duele a ese país, pero también nos duele a todos, en especial, a quienes formamos parte de esta región del mundo.

No es permisible, ni tolerable, que en estos tiempos donde la democracia y sus valores deberían prevalecer, haya quienes se empeñen en reprimir la protesta social; en criminalizar a la oposición; en atentar contra la juventud; el negar el derecho a la información y a la libre manifestación de las ideas.

Sí queremos privilegiar el diálogo, pero es muy difícil privilegiar el diálogo si hay represión.

No podemos perder de vista que las protestas en aquel país, nacieron a raíz de la inconformidad de amplios sectores de su sociedad, por la inseguridad y el desabasto de insumos tan elementales como el azúcar, la leche, la carne, la harina, el aceite o el papel higiénico.

Se ha llegado al absurdo, algunos medios han expuesto la respuesta gubernamental, llamando a sus ciudadanos a que ante la falta de suministros, bajen el consumo, es decir, que coman menos para salir de esta situación.

Ante esto, parece lógico que haya inconformidades, y precisamente la democracia debe generar canales para que esos reclamos sean escuchados y atendidos, no acallados con brutalidad y cobardía.

Vivimos tiempos diferentes, en donde los medios y el Internet nos permiten conocer en segundos lo que ocurre en otras partes del mundo. Debemos tener la capacidad de adaptar nuestra política exterior a esa circunstancia, pero mantenerla firme en principios tan básicos como el respeto a los derechos humanos.

La comunidad internacional no puede ser omisa y México, bajo ninguna circunstancia, debe quedarse callado.

Tenemos una gran bandera en el exterior como defensores de los derechos humanos. En foros internacionales nos hemos pronunciado una y otra vez por que sean respetados de manera irrestricta, incluso todos los tratados internacionales en la materia, los hicimos parte de nuestra Constitución.

México ocupa un espacio clave, un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

No tengamos miedo de abogar por ellos, hoy ante violaciones evidentes, seamos congruentes.

Demostremos que tenemos una política exterior de principios y no de intereses. Ayer mismo, cuando en la Cumbre de Líderes se pudo haber generado un pronunciamiento respecto a estos acontecimientos o ante la muerte de un migrante mexicano en la frontera a manos de un agente de la patrulla fronteriza, porque el crimen que cometió, fue arrojar una piedra, frente a ello la respuesta del gobierno mexicano fue el silencio.

Exigimos que el gobierno mexicano y su política exterior sean congruentes con la Constitución y su Título Primero en materia de derechos humanos, y también con los tratados internacionales que hemos suscrito.

Debemos defender dentro y fuera de nuestras fronteras la libre asociación, la libre manifestación, la libertad política y la libertad de prensa, con estricto apego al derecho internacional para ser fieles a nuestros principios de política exterior y de respeto a la soberanía de otros Estados.

Venezuela firmó y ratificó la Carta Democrática Interamericana, que destaca en su artículo 7 el pleno respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que es necesario que Venezuela, como miembro de la Organización de los Estados Americanos, acate las disposiciones de dicho compromiso regional.

Debemos solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que envíe de inmediato un relator especial en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Quiero destacar que resulta increíble que nos quedemos tan cortos, que la condena de México sea similar a un boletín de prensa de dos párrafos, y que ni siquiera sea en los mismos términos en los que se emitió respecto a la situación también trágica que se vive en Ucrania; aquí los tengo, por si alguien quisiera consultarlos, y darse cuenta que en el caso de Ucrania sí se habla del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; en el caso de Venezuela no se habla de nada de esto.

Los mexicanos y este Senado debemos defender el respeto a los derechos humanos y a la vida en todos los países, en todos los gobiernos, no importa la inclinación ideológica.

Desde el Senado estamos obligados a promover que la política exterior de México sea de vanguardia y que esté a la altura de nuestro país. Estamos obligados a ser críticos y a privilegiar el bien común de nuestros pueblos.

No renunciemos a ese compromiso, ese compromiso asumido cuando tomamos protesta; y sin dejar de ser respetuosos también del derecho internacional, que quede claro, condenemos enérgica y contundentemente la violencia y los atropellos a los derechos humanos.

Actuemos como nos gustaría que actuaran por nosotros. No seamos cómplices guardando silencio.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Senadora Gómez del Campo, la Senadora Layda Sansores desea hacerle una pregunta, ¿la acepta?

No se acepta, Senadora.

Senador Robles Montoya, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Preguntarle, señora Presidenta, cuál es el mecanismo de lo que estamos discutiendo, si esto es un debate, porque yo veo que varios Senadores quisiéramos hacer una intervención adicional, pero parece que no hay claridad.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Es un debate pactado entre los grupos parlamentarios, Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) El Reglamento nos permite hacer uso de la palabra, por eso quiero saber cuál es la naturaleza para estar en la claridad.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Ese fue el acuerdo.

Senadora Layda Sansores, no se aceptó su pregunta, con mucho gusto al final de la ronda de oradores, Senadora.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores:

Vengo ante esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del PRI, a dar nuestro razonamiento respecto a la propuesta del tema que nos ocupa.

Quiero poner en contexto la situación que hoy vive Venezuela respecto a los hechos ocurridos en las últimas semanas, que sin duda, motivo de preocupación que un país hermano vecino de la región latinoamericana esté pasando por estos difíciles momentos.

Nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas y hacemos votos para que la sociedad venezolana, su gobierno, fuerzas políticas y sus diversos grupos sociales, puedan resolver sus diferencias a través de los canales institucionales y democráticos previstos en su constitución y en sus leyes.

Sabemos que en todas las democracias existe el derecho al disenso, y Venezuela no es la excepción. Por ello nos manifestamos a favor del diálogo permanente para alcanzar una solución pacífica.

En este sentido, quiero dejar muy claro que el gobierno de México ha estado atento a la evolución de los mismos y se ha pronunciado para expresar sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como para hacer un llamado a solucionar las diferencias a partir de la conversación entre las partes.

En apego al principio de solución pacífica de las controversias, México también está dando seguimiento al tema en el marco de los organismos y mecanismos regionales americanos.

Hemos apoyado el comunicado que emitió la CELAC, en el cual, además de la expresión de solidaridad con el pueblo venezolano, se hace un llamado al diálogo y se señala que los países de la región rechazan la violencia y subrayan que en todo momento debe garantizarse la institucionalidad democrática, el respeto a la ley, la información fidedigna y veraz, así como el pleno respeto a todos los derechos humanos.

Asimismo, en el marco de la Reunión del Consejo Permanente de la OEA, celebrado el día de ayer, México y otros estados manifestaron su preocupación e hicieron un llamado a ambas partes del conflicto a retomar el camino del diálogo entre ellos.

Los ámbitos de acción del derecho de un país, como lo demuestra la teoría y práctica jurídica internacional, va más allá de sus fronteras territoriales.

México basa su política exterior en la observancia de 8 principios: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto; la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Por tal razón, los Senadores integrantes de esta legislatura debemos seguir conduciéndonos por los mecanismos y el marco jurídico internacional.

Y en este sentido, nos solidarizamos con el pueblo venezolano para buscar una mejor salida a su conflicto en aras del fortalecimiento de su democracia y de la de los pueblos latinoamericanos.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, desde su escaño.

- La C. Senadora Layda Sandores San Román: (Desde su escaño) Nada más para hacer una pregunta a los compañeros del PAN. ¿Por qué cuando sucedieron los hechos represores del 1o de diciembre, cuando una bala quitó la vida a Kuykendall, no protestaron enérgicamente y así, en filita, como lo hacen ahora, contra el autoritarismo de un gobierno insensible que a la usanza antigua llevó halcones con guantes, con cadenas para reprimir, tener pretextos para reprimir a jóvenes que solamente iban con una protesta social? En eso creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos.

Muere Kuykendall hace dos semanas, no hay ni una sola palabra de solidaridad de parte de ninguno de los Senadores que aquí están, salvo de algunos de izquierda.

Y por otro lado, creo que tendremos que ser muy cuidadosos y respetar, como decía el licenciado Camacho, la nueva intervención y, por otro lado, claro, desear que sea el diálogo quien solucione los problemas en Venezuela.

Pero creo que por la casa se empieza cuando se es congruente.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Luis Miguel Gerónimo Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Gracias, señora Presidenta.

Hemos escuchado con atención las intervenciones de las oradoras y los oradores, en este asunto que es una preocupación mundial y sobre todo de latinoamérica.

Quién no puede estar pendiente de los hechos que están ocurriendo en un país hermano como Venezuela; y desde luego que la política exterior mexicana tiene principios y el Senado de la República en el Estado mexicano tiene atribuciones especiales en esa materia.

Por lo tanto, de terminar este asunto de agenda política sólo con los discursos, sólo con las intervenciones, no tendría este Senado una posición sobre ese asunto.

La propuesta muy respetuosa que hago a los grupos parlamentarios es que se disponga que la Junta de Coordinación Política haga llegar al Pleno un documento que contenga la posición que incluya las menciones que se hicieron en los discursos y que de esa manera podamos influir más en la opinión latinoamericana, en la opinión que México tiene de los hechos y, desde luego, en la opinión y solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Es mi propuesta para que podamos construir un documento y sea la posición del Senado.

Gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Su propuesta ha sido escuchada por los coordinadores.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que tenemos a continuación tres votaciones nominales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad entre mujeres y hombres.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, VII Y XXIII DEL ARTICULO 7; I DEL ARTICULO 26, CAPITULO VII Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen que se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la lectura y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad Meneses, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)Gracias, señora Presidenta. Hizo una propuesta el Senador Barbosa Huerta, creo que habría que someterla a la votación para que de una vez la aprobemos y luego entonces proceda a hacerse el trámite necesario para la Mesa Directiva para el pronunciamiento del Senado de la República.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador José María Martínez Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño)Respecto a la propuesta que ha presentado el Senador Barbosa Huerta, además de no cubrir de momento las formalidades que implica una propuesta presentada ante Mesa Directiva, ya usted bien lo comentó en el momento que intervino para dar turno, precisamente el turno que correspondería que sería a través del acuerdo político, es decir, la Junta de Coordinación Política.

Por tanto, la propuesta sería que el Senador Barbosa Huerta la haga por escrito y usted nos haga el favor de turnarla a la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Martínez Martínez. Es lo mismo que había acordado esta Presidencia. Si ustedes están de acuerdo, han escuchado la propuesta los señores coordinadores, la Mesa Directiva se mantiene atenta y en espera del acuerdo que ustedes decidan.

Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Sí, para dejar claro. Lo correcto sería que lo construyéramos en la Junta de Coordinación Política, y la Junta de Coordinación Política lo haga llegar a la Mesa Directiva para su consideración en la siguiente sesión.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Efectivamente, Senador Barbosa Huerta. Reitero, esta Mesa Directiva estará atenta al Acuerdo que formule la Junta de Coordinación Política.

Está a discusión el dictamen en lo general. Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. Seré muy breve, señoras y señores Senadores:

Este dictamen que ponemos a su consideración lo que resuelve es homologar un precepto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para que vaya en congruencia con lo que establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Creo que es importante reconocer, en primer lugar, que la Ley del INMUJERES, es una ley que data de 2001, que el tránsito de constituir un programa nacional, que en principio fue un programa nacional para promover la equidad entre los géneros, posteriormente tiene su tránsito a considerar el precepto de la igualdad a propósito de la recomendación que el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres que Naciones Unidas le hizo al Estado mexicano, de que considera en sus políticas públicas la promoción de la igualdad entre los géneros, no la equidad.

Eso constituye un tránsito fundamental para nuestro país, porque determina los cauces por los que tienen que transitar tanto las reformas legislativas como las políticas públicas y, por supuesto, su trascendencia en la sociedad para construir una sociedad más igualitaria, sin discriminación y, efectivamente, con mayor equivalencia humana entre hombres y mujeres.

De tal manera que el precepto de 2001 que prevalece en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, también se quedaba corto con el que posteriormente en la LIX Legislatura se aprobó con la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Es justamente el Senado de la República la Cámara de origen de esa ley, una de las promotoras, hoy nuevamente Senadora, Lucero Saldaña, y tomando consideración de estos preceptos del CEDAW, es que se establece como el precepto fundamental en donde se tiene que integrar la política de género en el país a través del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El dictamen que hoy estamos presentando para su aprobación, justamente resuelve este, digamos, desfasamiento que todavía prevalecía en la Ley del INMUJERES.

Por lo tanto, a partir de la propuesta presentada por la Senadora Martha Elena García, nuestra comisión dictamina favorablemente la reforma en las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, así como la fracción I del artículo 26 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para cambiar el precepto para que se defina de manera correcta el programa de política pública que tiene que ver con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

De tal manera que tendría que llamarse: “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, VII Y XXIII DEL ARTICULO 7; I DEL ARTICULO 26, CAPITULO VII Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 94 votos a favor y 0 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7; I del artículo 26, Capítulo VII y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7 Y 11 Y LA FRACCION XII DEL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos legisladores:

A nombre de la Comisión de Educación, presento de manera sucinta el proceso de la minuta que hoy estamos procesando.

El 13 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados con 481 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, aprueba modificaciones a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

El proceso de la reforma que hemos venido construyendo tiene que garantizar una armonización de derechos, particularmente tres de ellos, y que tienen que ver con derechos humanos. Primero, el derecho a la alimentación; segundo, el derecho a la salud; y tercero, el derecho a una educación de calidad; y para que todo esto funcione, necesitamos garantizar el derecho al agua.

El 8 de febrero de hace dos años se reformó la Constitución del país para garantizar el derecho a una parte de acceso al agua, y esto significa que exista agua suficiente y disponible, que sea accesible y que sea de calidad. Así las cosas, hemos recibido en la Comisión de Educación y en la Comisión de Estudios Legislativos, a quien agradezco, a la Senadora Ortiz González, y hemos acordado por unanimidad darle la bienvenida y hacer dos pequeñas adecuaciones:

La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que al haber ya un recurso público, separado por la Secretaría de Hacienda, sea destinado sólo y directamente a las escuelas públicas, no así a las particulares. Y la otra es que hemos adaptado un artículo transitorio que tiene que ver con el hecho de que en los siguientes 18 meses, en el caso de las particulares, esto pueda ser realidad.

No es sólo el tema de poner bebederos en las escuelas, porque lamentablemente donde existen, en ocasiones o no funcionan o el agua que se consume no es la apropiada, necesitamos ver la cadena suficiente para que tengamos agua con calidad y que los bebederos existan para poder atender esto de manera plena.

Quiero agradecer a la Comisión de Educación la máxima apertura que tuvieron a este respecto, y también adelantar que por parte de la comisión, uno de los colegas del Partido de la Revolución Democrática, en una revisión que la misma comisión vio después del dictamen que les hemos turnado, hemos considerado hacer una modificación a un artículo transitorio porque consideramos que en la aplicación de la norma no es necesario que tenga tantos detalles de política pública.

Entonces, hoy estamos dando esta visión integral y queremos avanzar para que en cada escuela del país exista agua saludable y que podamos atender esta armonización de derechos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Hicks.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

De manera muy breve, porque me parece que ya el Senador Romero Hicks hizo una exposición muy amplia del contenido de esta iniciativa, solamente quiero señalarles la importancia que tiene el haber aprobado por las Comisiones Unidas de Educación y por la de Estudios Legislativos esta iniciativa que busca de manera específica beneficiar a los miles, millones de alumnos que, sobre todo en educación básica, están cursando sus estudios en las escuelas a lo largo y ancho del país.

El hecho de que se establezca como medida administrativa y legal el que cuenten en las escuelas con los bebederos que con agua puedan estar utilizando, va a lograr, en términos generales, y esto es justamente lo que se está buscando con esta medida, una disminución sensible y significativa del consumo de bebidas azucaradas que están dando como resultado el que cientos de miles de niños estén padeciendo cada vez a más tempranas edades el problema de diabetes, en virtud de un consumo exagerado de aguas azucaradas y de alimentos que hemos considerado chatarra.

Por su magnitud y por el ritmo de crecimiento, esta problemática de obesidad y de sobrepeso que aqueja a nuestra población, representa ya un grave problema sanitario que en muchos casos afecta la productividad y, por supuesto, el desempeño escolar por lo que se refiere a los estudiantes.

Es una medida que parece sencilla, pero que entraña grandes beneficios para las niñas y los niños mexicanos a partir de ir buscando estimular en ellos el consumo del agua potable, y con ello ir disminuyendo el consumo de aguas azucaradas que tanto daño le han hecho a nuestro país.

Si consideramos que México es de los países más altos en cuanto a incidencia de obesidad infantil, si consideramos que México es de los países más altos en cuanto a enfermedades derivadas de este consumo exacerbado de bebidas azucaradas, veremos entonces y entenderemos la dimensión de este problema que se pretende atender a partir de esta iniciativa que fue aprobada.

Yo quisiera verdaderamente felicitar de una forma muy significativa a las y a los integrantes y, desde luego, a su mesa directiva, de la Comisión de Educación, porque es a través del establecimiento de políticas públicas, a través de un acto legislativo, como es este caso, como se van construyendo mejores condiciones para las niñas y para los niños de México; es verdaderamente una decisión de la mayor envergadura, por lo cual también agradezco profundamente a los compañeros Senadores que integran la Comisión de Estudios Legislativos.

Con sensibilidad y con preocupación por los problemas de México, se avanza en un tema que es tan importante para todos nosotros, como es una niñez sana, una niñez en mejores condiciones físicas, una niñez que esté dedicada a educarse, a formarse y a capacitarse en mejores condiciones de salud.

A todas y a todos ustedes, por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz González.

Informo a la Asamblea que para la discusión de este dictamen se han inscrito los Senadores Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor; Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor; Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor, y Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de modificación, y en su momento se les dará el uso de la palabra a cada uno de ellos.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Gracias, señor Presidente.

En México 47 por ciento de niños y 40 por ciento de niñas tienen problemas de peso, esto incluye sobrepeso, así como también obesidad.

Podemos decir que casi uno de cada dos niños y niñas tienen un problema de sobrepeso y de obesidad. Debemos, por lo tanto, tomar todas las medidas necesarias para ayudar a contrarrestar esta situación.

Para los Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI, es fundamental que todas las escuelas de educación básica, media, media superior y superior cuenten con bebederos de agua potable gratuita.

Es urgente establecer una estrategia que permita a las autoridades educativas federales, estatales y municipales, ofrecer el acceso al agua potable de calidad a los más de 35 millones de alumnos que existen en el país; más aún cuando un porcentaje elevado de nuestra infancia, adolescencia y juventud se encuentra, como lo señalaba, con problemas de obesidad y de sobrepeso.

Estos problemas específicamente, además de afectar la salud de quienes los padecen, producen consecuencias en el desempeño escolar, trascienden a la economía familiar, a la productividad y hasta la competitividad de nuestro entorno nacional; inclusive acarrean problemas de discriminación y también de exclusión social.

Los niños en edad de cursar la educación básica son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, la carencia de una cultura familiar de alimentación sana y de acceso a la comida nutritiva, son factores determinantes en su crecimiento exponencial.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Salud de 2012, alrededor de 48 millones de mexicanos están por encima de su peso normal, 48 millones de adultos, niños y jóvenes.

Nuestro país ocupa el octavo lugar en obesidad infantil en niños y el cuarto lugar en obesidad infantil en niñas a nivel mundial.

No se puede dejar de lado y dejar de comprender que el tratamiento de las enfermedades derivadas de la obesidad, como las relacionadas con problemas cardiacos y la diabetes mellitus, todos los años generan al Estado mexicano gastos que ascienden a miles de millones de pesos.

En 2008 fueron concretamente 64 mil millones los que se destinaron para este fin, y se estima que para 2017 se tendrán que destinar 150 mil millones para atender problemas de obesidad y de sobrepeso.

El sector salud, de hecho, destina el 1 por ciento del Producto Interno Bruto para la atención de pacientes con diabetes, que es una consecuencia de problemas de obesidad.

Las personas que padecen diabetes en sí llegan a gastar hasta la mitad de sus ingresos para hacer frente a la situación en la que se encuentran. Los bebederos escolares son parte de una estrategia que ayudará a cambiar en el mediano y en el largo plazo los hábitos alimenticios de todos los mexicanos.

Además, será una acción complementaria que reforzará los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, para evitar la venta de comida chatarra o de bajo nivel nutricional en las escuelas.

En la Universidad de Harvard se llegó a la conclusión de que la ingesta de agua reduce un 45 por ciento el riesgo de colon, y a la mitad las probabilidades de desarrollar cáncer de la vejiga. Es entonces un hecho benéfico que podamos proporcionar a los niños desde temprana edad acceso a un vital líquido como es el agua.

Hoy los bebederos escolares deben ser concebidos, al igual que las actividades físicas y deportivas, como un componente sustancial para alcanzar una educación integral y de calidad. No solamente porque permitirá a los alumnos ejercer un derecho humano, sino también, porque coadyuvará a la prevención de enfermedades, facilitará un sano desarrollo, fomentará una cultura de la alimentación nutritiva y mejorará el aprovechamiento académico.

Por todas estas razones y reconociendo que es momento que el marco jurídico mexicano contemple el dar acceso a los alumnos al agua potable como un derecho fundamental; por todo esto es que los legisladores del PRI votaremos a favor de este dictamen que es tan significativo para la niñez, la juventud y para la población en general de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Romero Celis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a razonar el voto de este dictamen de la Comisión de Educación; y de la Comisión de Estudios Legislativos.

Primero, también felicitar a las Senadoras y Senadores que han estado muy atentos y al pendiente, planteando iniciativas de esta naturaleza, que fortalecen el acceso universal de un derecho humano, el de la educación de todos los niños y niñas en las mejores condiciones.

La instalación de bebedores escolares no sólo es una necesidad de equipamiento e infraestructura escolar en todos los centros de educación pública del país; es, ante todo, un problema de salud pública que resulta urgente resolver, porque la ausencia de ellos y la falta de disposiciones legales en este sentido, han contribuido, sin duda, a la complicación e incremento del grado de obesidad y sobrepeso que sufre nuestra población infantil en edad escolar, prácticamente en todo el país.

El problema de obesidad infantil en México, según cifras internacionales, sitúa actualmente a nuestro país en el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil en niñas, colocándose muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE.

Derivado de dicha problemática, las recomendaciones y estudios a nivel internacional han apuntado que una de las formas de reducir la obesidad y el sobrepeso de nuestra población infantil, es la formación y mejoramiento de hábitos alimenticios; que se adquieren durante la edad escolar; por ello incidir en tal población expuesta y contribuir a modificar su patrón de hábitos por medio del consumo de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante, es un compromiso que se asume a plenitud por los Senadores de la Comisión de Educación, y también por los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En muchos países, asegurar el derecho de todos los niños y niñas al agua, al saneamiento y a la educación en higiene, sigue siendo un gran desafío para los tomadores de decisiones, para la administración escolar y para quienes administran la educación pública en los mismos.

Garantizar la calidad de los recursos hidráulicos aún representa un desafío para el Estado, en lo que compete al sistema educativo, también lo es la instalación definitiva de este servicio en todos los centros educativos del país, al que deben sumarse los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno, el sector social y también el sector privado.

Era necesario, por ello, modificar la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para garantizar, desde la ley, que la autoridad educativa disponga de todos los recursos públicos necesarios para que en un plazo no mayor de tres años instale de forma obligatoria en las escuelas públicas de nivel básico y media superior, los bebederes escolares como medio para acceder al consumo de agua potable como un derecho humano y un hábito de salud pública que transforme la realidad de nuestra población infantil de situación de obesidad y sobrepeso.

Aunque debo señalar también que la instalación de bebedores es solo una de las muchas necesidades de infraestructura física, equipamiento escolar y fortalecimiento pedagógico que requieren las escuelas para su adecuado funcionamiento rumbo a la aspiración de alcanzar una educación de calidad.

La falta de bebedores, principalmente en los plantes educativos públicos de nivel primaria y secundaria que suministren el agua potable que los niños requieren para consumo humano, se ha convertido en una situación grave por las consecuencias que deja a los menores de edad. Principalmente los lleva a consumir refrescos cuando tienen sed, comprar otro tipo de bebidas como jugos embotellados en vidrio o en plástico de dudosa calidad, de agua azucaradas y pintada de las que se venden a bajo precio y que generan problemas como diabetes, hipertensión e hiperactividad, por su magnitud y ritmo de crecimiento ambas condiciones representan ya un grave problema sanitario con los efectos negativos significativos sobre la salud de los mexicanos, afectando productividad, el desempeño escolar y el desarrollo económico.

La falta de disponibilidad de bebederos que permiten el consumo de agua a los escolares, repercute en que simplemente no consuman el agua que necesitan para el crecimiento por la falta de recursos económicos para hacerlo, o bien a consumir agua no potable o de la llave que provoca otro tipo de enfermedades.

Por todo ello y con el objeto de garantizar este derecho y hacer accesible a los estudiantes de nivel básico y media superior agua bebible, gratuita en las escuelas, la propuesta establece además que este derecho debe ser garantizado por las escuelas de educación privada en un término de 18 meses con sus recursos propios.

Finalmente, la Comisión de Educación de la que formo parte, ha considerado fundamental contar con una política en materia de bebedores escolares para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física de la sociedad mexicana, con el objeto de instrumentar acciones para la prevención y control de enfermedades de nuestros niños y jóvenes, bajo el razonamiento de que siempre será mejor establecer políticas preventivas que acciones remediables del problema.

Si se ha impulsado una reforma educativa para mejorar en las escuelas la alimentación nutritiva y se ha determinado un impuesto a bebidas azucaradas para desincentivar su consumo, deberíamos también asumir un compromiso en el mismo sentido para instalar y mantener la infraestructura de oferta de agua de calidad en las escuelas y formar hábitos alimenticios saludables en los planes educativos.

Por ello, las políticas educativas de salud y financiamiento escolar deben apuntar al cumplimiento de un solo objetivo, mejorar la salud de la niñez, que será la garantía de un mayor bienestar en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Es por todo eso, que el voto del grupo parlamentario será a favor de esta reforma a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Esta reforma legislativa a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, es la recopilación y el resultado de un intenso trabajo que desde el periodo anterior se dio, en donde coincidimos todos los grupos parlamentarios en que era necesaria esta medida.

Trajimos aquí también, no solamente de nuestros partidos, como en mi caso, el Partido del Trabajo, también la Senadora Torres Peimbert, la voz de organizaciones civiles, de organizaciones de consumidores con el tema de el exceso de consumo de bebidas azucaradas y del alto índice de obesidad que tenemos en nuestro país.

Es por ello que el reconocimiento a las comisiones, pero también a todos y cada uno de los Senadores, y también a la Cámara de Diputados, porque ellos también valoraron el esfuerzo, se sumaron y aprobaron esta medida presupuestaria para que a través de la Secretaría de Educación, se haga realidad el que todas las escuelas públicas tengan y cuenten con bebederos escolares.

Quiero decirles a ustedes, que la preocupación que todos tenemos es del alto índice de obesidad y que la diabetes ha avanzado, creo que es en todos los estados, no sólo en mi estado, Tlaxcala, y que decanta en la insuficiencia renal otra preocupación también que traemos desde la Comisión de Educación.

Yo quiero que hagamos un reconocimiento a todos y cada uno de nosotros, porque este tema no es trofeo político ni partidista, es la responsabilidad y el voto unánime de todos y cada uno de los Senadores de esta LXII Legislatura.

Y también, el propósito es que los niños se inicien en la cultura del consumo del agua potable, que lleven el mensaje también a las casas de cada una de las familias, para que vayamos hacia la cultura del consumo del agua y dejemos de lado el alto consumo de bebidas azucaradas y de cuestiones que nos dañan mucho a la salud.

Es por ello que a nombre del Partido del Trabajo, venimos a razonar nuestro voto, que será a favor, ya que es una propuesta que partió de todos nosotros los Senadores.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar una propuesta de modificación a nombre de la Comisión de Educación.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente aclarar, que primero voy a fijar mi posición en lo general, y luego a nombre de la comisión, solicito la reserva del Artículo Sexto Transitorio.

Compañeras y compañeros Senadores:

El drama de la educación en México.

Tenemos 34 millones de mexicanos en rezago educativo; 7 millones de analfabetas; 1.4 millones de niños mexicanos que no asisten a la escuela; 1 millón 324 mil mexicanos con menos de 4 años de estudio; un número inestimable de analfabetas funcionales; 40 por ciento de la población estudiantil mexicana en el nivel 1 de lectura, las mujeres indígenas tienen 15 por ciento más posibilidades de ser analfabetas.

Este diagnóstico que debió haber hecho o haber tomado en cuenta la Secretaría de Educación Pública, que es el informe que hace la UNESCO en el 2010 sobre la situación de la educación en México.

El gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, impulsa una reforma educativa donde sostiene que al reformar el artículo 3o. constitucional y meterle cuestiones laborales como el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros, estos índices de rezago educativo lograrían abatirse.

En pláticas que tuvimos con el ciudadano Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, le decíamos que para elevar la calidad de educación en México, era necesario tomar en cuenta 2 aspectos fundamentales; uno, era el mejoramiento del servicio educativo; y el otro era el respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

En el primero, era necesario revisar la infraestructura educativa, ya que no se puede aspirar a tener calidad educativa con las condiciones en que se encuentran miles de escuelas de la educación pública en el país.

Tenemos escuelas que son de lámina.

Y le decía al Secretario: “Ojalá y algún día me acompañe a alguna de las escuelas que están en estas condiciones, y se va a dar cuenta usted, que estas no son aulas educativas, eso más bien, parecen celdas de castigo”. Y la pregunta concreta a mi secretario es: ¿Qué le han hecho los niños de México para que todavía tengamos aulas en esas condiciones?

Ningún niño puede atender al profesor si está en un aula de lámina.

Cómo aspirar a tener calidad educativa si un porcentaje altísimo de las escuelas de México no tienen agua potable, y ese es el gran pendiente que hoy vamos a resolver al reformar los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

¿Cómo aspirar a tener calidad educativa, si las condiciones que se requieren para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueda dar de la mejor manera, no están dadas en las escuelas públicas de México en materia de infraestructura educativa?

Por eso es trascendente la reforma que vamos a aprobar el día de hoy, porque uno de los aspectos fundamentales de la infraestructura educativa, es precisamente la carencia de agua potable en la mayoría de las escuelas rurales de nuestro país, que son la mayoría.

El otro aspecto, le decía al ciudadano secretario, es el tema de la alimentación. Las letras no entran cuando se tiene hambre, Secretario; y es muy importante que el gobierno de Peña Nieto se preocupe por garantizar la alimentación a los niños de México.

¿Cuál es la situación de nuestro país, según la CEPAL, en su informe de diciembre?

La CEPAL dice que tenemos 60 millones de pobres; que de esos 60 millones, tenemos 30 millones en pobreza alimentaria; de esos 30 millones en pobreza alimentaria, el 30 por ciento son niños, es decir, tenemos un promedio de 9 millones de infantes que están en pobreza alimentaria.

Y también, esto lo dice la CONEVAL, de esos 30 millones, más de 20 millones se encuentran en las áreas rurales de México. Con esas condiciones es imposible aspirar a tener educación de calidad.

Por eso el Senado de la República tiene que ser insistente en que no sólo falta agua, sino también faltan alimentos sanos, nutritivos y suficientes para los infantes de México.

Cumpliendo con estas dos situaciones: agua potable y alimentos suficientes, seguramente la calidad educativa en nuestro país podremos elevarla, y el Senado de la República no puede bajar la guardia hasta que logremos ésto.

Nos preocupa también, que hoy estamos revisando, según dice Chuayffet, el modelo educativo.

Pero, ¿quiénes de los que estamos aquí hemos sido convocados para revisar el modelo educativo, como lo mandata el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley General de Educación, que fue publicado el 11 de septiembre de 2013?

Entonces, esta revisión en automático se convierte en limitada, excluyente y sectaria, y Chuayffet solamente la está haciendo para cubrir la formalidad que le obliga el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la citada Ley General de Educación.

Compañeras y compañeros Senadores.

En la reserva del Artículo Sexto Transitorio, platicando con los compañeros de la Comisión de Educación, acordamos que había que sacarlo de la ley, y acordamos sacarlo por lo siguiente:

Decía: “El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa”.

¿Con quién tendríamos que iniciar, compañeros, la instalación de bebederos? Pues, evidentemente con los que están en el fondo del sufrimiento humano.

Y, ¿quiénes son estos? Pues los que están en las zonas más pobres de México.

Y, ¿dónde están las zonas más pobres de México? Según la CEPAL y según el CONEVAL, se encuentran en las áreas rurales de nuestro país.

Y si revisamos el número de alumnos en estas áreas, vamos a llegar a que son pocas escuelas las que tienen más de 100 estudiantes.

Por eso es un acierto de toda la comisión eliminar este artículo.

Y la recomendación sería, que la instalación de los bebederos y el agua potable se inicien en las escuelas que más lo requieran por su condición de pobreza.

Los invitamos, los convocamos a que votemos por unanimidad estas reformas, y a que votemos la eliminación del Artículo Sexto Transitorio, por su calidad de excluyente.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión para que se integre al dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a propuesta de modificación.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

A partir de la aprobación de la modificación, y una vez que se ha integrado al dictamen dicha propuesta, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor y 0 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 11 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en materia de inclusión de grupos o personas que se encuentren en estado de indefensión.

1 Encuesta Nacional de Salud de los Escolares 2008. Resultados Nacionales. Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2010.

2 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Secretaría de Salud, México, 2012. Pág. 184

3 Idem. pp. 170 y ss.

4Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Presidencia de la República, 2013.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCION II, ASI COMO LA FRACCION V, Y SE ADICIONA UN INCISO M) A LA FRACCION I Y LOS INCISOS A), B) Y C) A LA FRACCION V DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION
A GRUPOS VULNERABLES; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 182, 183, 187 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1.Con fecha 12 de abril de 2011, los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, José Antonio Badía San Martín, Sebastián Calderón Centeno, Ramón Galindo Noriega, Carlos Osuna Dávila, Héctor Pérez Plazola, Alfredo Rodríguez y Pacheco, así como Beatriz Zavala Peniche, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

2.Con fecha 23 de febrero de 2012, el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

3. En las mismas fechas, la presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

4. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

a).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (12 de abril de 2011)

El objetivo de la reforma es la inclusión de sujetos de asistencia social, para reforzar la protección de sus derechos que requieren por parte del Estado. Por ello, se propone reformar el inciso b) de la fracción II del artículo 4 de la Ley, recorriendo los incisos b) y c) a los incisos c) y d), para incluir a las “madres solas que tengan a su cuidado a sus hijos, sean niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo se propone reformar la fracción V del mismo artículo con el objetivo de modificar los conceptos de “adultos mayores” por el de “personas adultas mayores” e “incapacidad” por “discapacidad”. Finalmente, propone incluir como sujetos de asistencia social, en el mismo sentido del párrafo anterior, a las “personas adultas mayores que ejerzan la patria potestad”.

b).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (23 de febrero de 2012)

Propone incluir a niñas, niños y adolescentes huérfanos como sujetos de asistencia social, con la finalidad de que accedan a los beneficios que la Ley señala.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley en la materia, la asistencia social se define como “…el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva...” comprendiendo acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Esta misma Ley se publicó en el año 2004 en el Diario Oficial de la Federación y señala, en su artículo 4 que los sujetos de asistencia social serán los siguientes:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo

II. Las mujeres;

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX. Indigentes;

X. Alcohólicos y fármaco dependientes;

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.”

2.- Análisis de cada Iniciativa:

Es una realidad que la actual Ley de Asistencia Social ha retomado como sujetos de este derecho a diversos grupos que por su condición lo requieren; sin embargo, existe la necesidad de incluir grupos o personas que se encuentran en situación de indefensión y desventaja, que aún no están contemplados en esta Ley, por lo que las Iniciativas proponen adicionar a niños huérfanos, madres solas y personas adultas mayores que vivan con discapacidad o aquellas que ejerzan la patria potestad, además de ajustar la terminología empleada.

a).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (12 de abril de 2011)

a. 1.- Madres Solteras:

En lo que corresponde a madres solteras, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que de los 25 millones de mujeres que tienen hijos, casi 4.5 millones - la quinta parte de ellas- son madres solas, siendo innegable que cada vez son más frecuentes los hogares en los que existe una mujer como jefa de familia al cuidado de los hijos.

Prueba de ello son los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que establece que en un periodo de quince años (1990 a 2005), los hogares con jefatura femenina se han visto duplicados, pasando de 2.8 millones en 1999 a 5.7 millones en 2005.

Asimismo, el CONAPO menciona que las madres solas son segregadas, lo que representa una realidad que debe ser abordada para buscar una solución que les permita estar en igualdad de oportunidades y, con ello, poder optimizar el desarrollo de sus hijos.

En virtud de lo anterior, en comunión con la Iniciativa, el concepto de madres solas debe promover que quienes están a cargo de hijos menores de edad puedan ser consideradas bajo el modelo de asistencia social como una contribución del Estado para auxiliarlas en el difícil camino de ser el sostén familiar.

a. 2.- Personas Adultas Mayores:

• Que ejercen la Patria Potestad:

Por lo que respecta a las reformas en materia de personas adultas mayores, nos encontramos con que el Código Civil Federal en su Título Octavo, artículo 414, señala que los ascendientes en segundo grado ejercerán la patria potestad ya sea a falta de ambos padres o bien, por cualquier otra circunstancia que esté prevista en tal cuerpo normativo, en el orden que el juez de lo familiar determine.

Esto, genera en muchas ocasiones que niñas, niños y adolescentes estén bajo la supervisión y cuidado de personas que por su condición se enfrentan a diversas problemáticas de salud, limitaciones físicas, mentales y en muchas ocasiones económicas.

De acuerdo con el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representa el 6.1 por ciento de la población total.

Esta dinámica poblacional y económica obliga a que en el Estado Mexicano tomemos las previsiones de las que nos alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de personas adultas mayores y según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2050 habrá 42 millones de personas adultas mayores.

Lo anterior, hace evidente que las personas adultas mayores se encuentren en situación de desigualdad de oportunidades para cumplir a cabalidad con sus obligaciones respecto de la patria potestad, por lo que incluirlas como sujetos de asistencia social coadyuvaría con la gran responsabilidad que en ellos se ha delegado, adicionando un inciso c) a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

• Terminología:

En cuanto a la reforma a la Fracción V del Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, es innegable la necesidad de modificar el concepto de “adultos mayores” por el de “personas adultas mayores” toda vez que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece en la Fracción I de su Artículo 3º, que las personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional, serán consideradas “personas adultas mayores”.

Siguiendo con ese sentido, es de aprobarse la modificación del vocablo incapacidad” por “discapacidad”, en razón de homologar la terminología con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de ser fundamental en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, la manera en que se hace referencia a esta condición de vida.

b).- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social (23 de febrero de 2012)

Entre los actuales pendientes que tiene la Ley de Asistencia Social es incluir a distintos sujetos que por su situación o condición requieren de asistencia del Estado, por lo que aún faltan grupos o personas por considerar, tales como niñas, niños y adolescentes huérfanos, quienes se encuentran en situación de doble vulnerabilidad.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define a una niña o niño huérfano como aquél que ha perdido a uno o ambos progenitores.

Según UNICEF, en América Latina hay 10 millones 700 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos (desde recién nacidos hasta 14 años); de éstos, México ocupa el segundo lugar con un 15.95 por ciento que asciende a 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes huérfanos.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), niñas, niños y adolescentes huérfanos se enfrentan a diversas dificultades que se ven maximizadas por su condición y el futuro incierto que puede esperarles, ya que deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o uno de ellos, sino con una mayor desatención, en mucho casos, en la protección de sus derechos fundamentales, agravando su condición económica estando en riesgo de ser más susceptibles a la pobreza patrimonial y alimentaria.

Asimismo presentan severos problemas en materia de salud y educación, debido a que las consecuencias de la pérdida y la desatención de la que son sujetos, puede imposibilitar el acceso a sus necesidades básicas y orillarlos a abandonar la escuela, sin dejar de mencionar los riesgos que corren de sufrir abusos y maltratos.

Finalmente y con base a los datos expuestos, se estima viable la propuesta de adicionar un inciso m) al Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para contemplar como sujetos de sus beneficios a niñas, niños y adolescentes huérfanos.

3.- Los Integrantes de las Comisiones Unidas reconocen el trabajo de los proponentes y que los temas de personas en situación de vulnerabilidad sean contemplados en sus agendas legislativas.

En ese sentido, coincidimos plenamente en que todas las reformas tendientes a promover un estatus de igualdad a través de la promoción de beneficios especiales para las personas que se encuentran en especial condición son necesarias para el fortalecimiento y perfeccionamiento del marco jurídico nacional en favor de esos sectores.

Así, en virtud de los argumentos citados en el desarrollo del presente Dictamen, es preponderante que en la Ley de Asistencia Social se consideren cono sujetos de la misma a niñas, niños y adolescentes huérfanos, a las madres solteras y a las personas adultas mayores que tienen en su responsabilidad ejercer la patria potestad, ya que sus condiciones de vida requieren de un trato particular a partir del cual puedan ubicarse en un plano de igualdad.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera:

RESUELVEN

UNICO.- Se aprueban las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforma el inciso a) de la Fracción II, así como la Fracción V, y se adiciona un inciso m) a la Fracción I y los incisos a), b) y c) a la Fracción V, todos del Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.-

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) a j)…

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) Ser huérfanos

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad;

b) y c)…

III y IV…

V. Personas adultas mayores:

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;

b) Con discapacidad

c) Que ejerzan la patria potestad.

VI a XII…

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de febrero de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA”.

(Intervención del C. Senador Eviel Pérez Magaña)

"PARTICIPACION CON RELACION AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCION II, ASI COMO LA FRACCION V, Y SE ADICIONA UN INCISO M) A LA FRACCION I Y LOS INCISOS A), B) Y C) A LA FRACCION V, TODOS DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.

EL DICTAMEN QUE HOY SE SOMETE A CONSIDERACION REPRESENTA SIN DUDA UN GRAN AVANCE PARA EL ESTADO MEXICANO, LEGISLAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL ES GARANTIZAR UNA VIDA PLENA A QUIENES LO NECESITAN, ES IMPULSAR SU DESARROLLO INTEGRAL Y UNA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ES DAR RESPUESTA A PROBLEMAS SOCIALES.

EN LOS ULTIMOS AÑOS LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES O GRUPOS SOCIALES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA HA ADQUIRIDO RELEVANCIA, PRUEBA DE ELLO ES LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL QUE EL PROXIMO 2 DE SEPTIEMBRE CUMPLIRA 10 AÑOS DE VIGENCIA.

AL RESPECTO, ES ESTA LEY LA QUE HOY SE PRETENDE ADICIONAR PARA AMPLIAR A LOS SUJETOS DE DERECHO Y CON ELLO BRINDAR PROTECCION A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SEAN HUERFANOS Y A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DESAMPARO, MARGINACION O SUJETOS A MALTRATO, CON DISCAPACIDAD O QUE EJERZAN LA PATRIA POTESTAD.

LOS NIÑOS DEBEN ESTAR PLENAMENTE PREPARADOS PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE EN SOCIEDAD Y SER EDUCADOS EN EL ESPIRITU DE LOS IDEALES PROCLAMADOS EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y, EN PARTICULAR, EN UN ESPIRITU DE PAZ, DIGNIDAD, TOLERANCIA, LIBERTAD, IGUALDAD Y SOLIDARIDAD.

BAJO ESTE TENOR SE PLASMO EL PREAMBULO DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, DOCUMENTO RATIFICADO POR DIVERSOS ESTADOS DEL MUNDO COMO UN COMPROMISO A CUMPLIR, NO OBSTANTE SON MILLONES LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NO CUENTAN CON ESTOS PRINCIPIOS EN SU DESARROLLO.

ACORDE A DATOS DEL ULTIMO CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE 2010 SE REGISTRAN EN EL PAIS 19 MIL 174 MENORES DE EDAD HUERFANOS INTERNADOS EN CASA HOGAR, SIN EMBARGO, ESTA CIFRA NO ES PRECISA YA QUE NO REFLEJA EL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE Y CUYO GRADO DE VULNERABILIDAD ES MAYOR.

EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) CITA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CARECEN DE LA GUIA Y PROTECCION DE UNA PERSONA ADULTA SUELEN SER MAS VULNERABLES Y CORREN UN MAYOR RIESGO DE PADECER VIOLENCIA, EXPLOTACION, TRATA DE MENORES DE EDAD, DISCRIMINACION Y OTROS ABUSOS.

ES CLARO QUE MEXICO DEBE DESARROLLAR ACCIONES QUE FOMENTEN Y PROVEAN ASISTENCIA SOCIAL A LOS MENORES DE EDAD Y PROTEGERLOS DE AMBIENTES QUE PONGAN EN RIESGO SU SALUD FISICA O PSICOLOGICA.

LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA EN CONSTANTE EVOLUCION, DE AHI QUE LA ASISTENCIA SOCIAL NO DEBA DE SER SOLO UNA DADIVA SINO UNA CONSECUENCIA REAL DE JUSTICIA SOCIAL QUE EL ESTADO HABRA DE PROCURAR, LOGRANDO CON ELLO UN MEXICO PROSPERO, INCLUYENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.

COMO ESTADO DEBEMOS DE ESTAR CONSCIENTES QUE LA MARGINACION Y EXCLUSION DE LOS INDIVIDUOS, GENERA DESPLAZAMIENTO SOCIAL Y SEGREGACION POR LO QUE ES UN DEBER IMPERANTE SU ELIMINACION.

ES TODO SEÑOR PRESIDENTE, POR SU ATENCION GRACIAS".

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y de inmediato se ponga a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que los grupos parlamentarios han suscrito un punto de Acuerdo relativo a la problemática de los trabajadores acaecidos en la mina Pasta de Conchos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al punto de Acuerdo.






PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al punto de Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicho punto de Acuerdo. En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Hago del conocimiento del Pleno que la Comisión de Seguridad Social y los coordinadores de los grupos parlamentarios, han suscrito un punto de Acuerdo para que se declare la última semana del mes de abril, como la "Semana Nacional de la Seguridad Social".

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicha propuesta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al punto de Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicha propuesta. En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






EXCITATIVA

Compañeras y compañeros Senadores, a petición de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Salud; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda sobre el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado el pasado 23 de enero de 2013.

"México, D.F. a 20 de febrero de 2014

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADOR DE LA REPUBLICA.

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito atentamente se haga una excitativa a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Salud y Estudios Legislativos, de este H. Senado, a efecto de que se dictamine la iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial turnada a las Comisiones el cinco de Febrero del año dos mil trece.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente
Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.

Hago de su conocimiento que las demás proposiciones de la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones correspondientes.






PROPUESTAS

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a rendir un plan de rescate financiero ante la ciudadanía para que dicho estado deje de contraer más deuda y se avoque a amortizar la deuda actual en los últimos veinte meses de su administración a efecto de dejar a su sucesor finanzas menos lastimadas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la creación de un programa de conectividad ecológica en la región de América del Norte para la conservación de la mariposa monarca. Se turna a Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVA LA CREACION DE UN PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE AMERICA DEL NORTE PARA LA CONSERVACION DE LA MARIPOSA MONARCA.

“Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país con una gran variedad de ecosistemas, donde la diversidad biológica se encuentra distribuida en el territorio de manera heterogénea. En el país confluyen regiones biogeográficas, es centro de origen de especies domesticadas, y sitio de hibernación y paso para una gran cantidad de especies migratorias como lo es Mariposa Monarca.

Debido a su importancia y a la atención internacional para conservar los bosques mexicanos que albergan cada año la migración de la mariposa en el año 2000 se decretó como área natural protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera un polígono de 56,259 hectáreas1, localizadas en la parte este del estado de Michoacán y en la parte oeste del estado de México.

Esta zona abarca terrenos de 10 municipios, pertenecientes a 93 núcleos agrarios (59 ejidos, 13 comunidades indígenas y 21 pequeñas propiedades), con una población de 478,733 habitantes, 27,897 de los cuales viven dentro de la Reserva, con ascendencia de las culturas matlatzinca, purépecha, mazahua y otomí, quienes viven del turismo que visita la Reserva de la Mariposa Monarca.

Cada año millones de mariposas monarcas recorren miles de kilómetros desde la franja fronteriza de los Estados Unidos y Canadá hasta llegar a los bosques de oyamel y pino en el territorio mexicano. Sin embargo, durante la temporada de 2013 a 2014 disminuyó la afluencia de estas mariposas hacia nuestro país, abarcando sólo el 56.3% de la reserva, la menor en 20 años según el monitoreo del Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca (SEMARNAT).

El pasado 3 de octubre de 2013, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con los gobiernos de los Estados de Michoacán y México, así como la alianza WWF-TELCEL, llevaron el Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. El objetivo de este foro internacional fue obtener recomendaciones concretas de investigadores de México, Estados Unidos y Canadá para afrontar de manera responsable la problemática de protección de la mariposa monarca.

Entre otros aspectos se analizó que la superficie forestal ocupada por las mariposas se utiliza como indicador indirecto del número de Monarcas que llegan a México desde Canadá y Estados Unidos, después de viajar más de 4,500 kilómetros para hibernar de noviembre a marzo en los bosques templados de Michoacán y el Estado de México.

También se determinó entre otros aspectos, que las principales amenazas para la mariposa Monarca en su rango de distribución en América del Norte son:

• La deforestación y degradación forestal por la tala ilegal en los sitios de hibernación en México;

• La reducción de su hábitat reproductivo en los Estados Unidos y Canadá debido al cambio de uso del suelo y la disminución del algodoncillo (planta de la que se alimentan las larvas), que se asocia con el uso de herbicidas; y

• Las condiciones climáticas extremas en Canadá, Estados Unidos y México.

En el mismo simposio, se tuvo la participación de expertos que dieron a conocer la realidad en que las mariposas monarcas viven:

Omar Vidal Director General del Fondo Mundial para la Naturaleza en México (WWF) señala, cito:

“La combinación de estas amenazas ha causado la dramática disminución en el número de mariposas en las colonias de hibernación en México durante la última década, que en la temporada 2013 - 2014 alcanzó la menor superficie ocupada desde 1993 que se tienen registros científicos”. “A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la migración de la Monarca -- símbolo de la cooperación entre los tres países -- está en grave riesgo”, fin de cita.

Karen Oberhauser, investigadora y profesora de la Universidad de Minessota, Estados Unidos, quien ha estudiado a las Monarca por más de 30 años puntualiza, cito:

“La inmensa mayoría de las Monarcas que llegan a México crecieron en algodoncillos en los Estados Unidos y Canadá, y migraron a través de grandes espacios en estos países para alcanzar sus hábitats invernales”, “Numerosas líneas de evidencia demuestran que la región Medio Oeste de los Estados Unidos (El Cinturón de Maíz) es la principal fuente de las mariposas que hibernan en México. Gran parte de su hábitat reproductivo en esa región se ha perdido por los cambios en las prácticas agrícolas, principalmente la explosiva adopción de cultivos tolerantes a herbicidas a finales del siglo XX e inicios del XXI. Estos cultivos genéticamente modificados han resultado en la exterminación del algodoncillo en muchos hábitats agrícolas. Por lo tanto, por sí sola, la conservación del hábitat de la mariposa Monarca en los sitios de hibernación en México no asegura la protección de su migración contra las presiones humanas, que están aumentando,” fin de cita.

Phil Schappert, reconocido conservacionista canadiense que vive en Halifax, Nueva Escocia, y que ha trabajado y escrito sobre esta mariposa por décadas comenta, cito:

“La principal amenaza para el hábitat reproductivo de la Monarca en Canadá es la pérdida y degradación del hábitat debido a cambios y prácticas de uso del suelo. Cambios recientes en la legislación federal han reducido significativamente la protección efectiva de su hábitat a lo largo de Canadá”. “La promoción de prácticas de ´primero la economía´, en lugar de prácticas sustentables de uso del suelo, amenaza el hábitat de la Monarca. Cuatro provincias (Manitoba, Nueva Escocia, Ontario y Quebec) todavía tienen enlistadas algunas especies de algodoncillo como “malezas ponzoñosas” sujetas a erradicación. En Ontario y Quebec, los vencetósigos (“swallowwort”), unas plantas introducidas, compiten con los algodoncillos y los desplazan”, fin de cita.

De lo anterior, podemos apreciar que parte de la problemática de la desaparición del fenómeno migratorio de la mariposa monarca en gran medida como lo señalan los especialistas en el tema y coinciden, se debe a factores que se encuentran fuera del alcance del Gobierno de México, por esta circunstancia debemos preocuparnos y ocuparnos de esta problemática ambiental, porque vemos que si no se hace nada, existe una clara tendencia a la desaparición del fenómeno migratorio.

Reconocemos los esfuerzos que realiza el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que promueve la creación de los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa y el pago por servicios ambientales por parte de la SEMARNAT, los anteriores son trascendentales para el cuidado de los santuarios de la Mariposa Monarca, también son no menos importantes, y estamos obligados a reconocer, el apoyo financiero de filántropos y empresas mexicanas e internacionales a los ejidos y comunidades para crear negocios sustentables, todo lo anterior trajo como resultado, la reducción drástica de la deforestación y degradación a partir de 2007, llegando hoy en día a la contención en cien por ciento de la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Mariposa Monarca.

Es evidente que durante los últimos 35 años México ha hecho una gran labor para proteger los sitios de hibernación de la mariposa Monarca y, aun así, la población continúa disminuyendo.

Los santuarios de la Mariposa Monarca son patrimonio cultural de la humanidad, en razón de ello, México, Estados Unidos y Canadá tienen la enorme responsabilidad y el compromiso de protegerlos.

Tomando en consideración que es un tema que atañe a los tres Estados del Norte, y en vísperas de la reunión trilateral en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, es importante que se tome en cuenta el tema de la protección al ambiente, en este sentido a la conservación de la Mariposa Monarca que hace de las tres naciones del norte su hábitat.

Por ello estamos convencidos que Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, junto con el gobierno mexicano, deben instrumentar medidas que protejan el hábitat de reproducción de la Monarca, de lo contrario, si seguimos con esta tendencia seguramente nos llevara a un futuro de disminución de la población de la Monarca aún más, con miras a su extinción.

El crear un Programa de Conectividad Ecológica en América del Norte para la Conservación de la Mariposa Monarca, mediante el mantenimiento o restauración de microcorredores ecológicos, es de suma importancia para la población que vive de la llegada de la Mariposa Monarca, porque de no llevar a cabo las acciones correspondientes quedara irremediablemente aislada y por ello más vulnerable al proceso de extinción.

Las estrategias de conservación se utilizan para determinar las regiones, áreas o sitios prioritarios a ser conservados. Por esto, las áreas protegidas aún constituyen la médula espinal de la estrategia global de conservación de la biodiversidad, estas no lograrán su propósito en el largo plazo si no se avanza de manera simultánea en mejorar el manejo de los recursos naturales en el entorno donde se encuentran, así como en generar procesos de consumo y producción más sustentables. Uno de los mayores retos de conservación en México y en el resto del mundo es lograr la aplicación de mejores prácticas y principios sustentables de desarrollo en las urbes y poblados, y en las zonas agrícolas, pecuarias, industriales y turísticas, mediante los cuales se sustenten y promuevan prácticas de uso de recursos de bajo impacto. Para lograrlo, es fundamental crear condiciones favorables en los entornos político, social y productivo que influyan sobre las áreas protegidas y sobre los ecosistemas que las interconectan.

Hoy en México este tipo de estrategias de conservación vienen implementándose mediante la generación de políticas públicas y programas del gobierno federal principalmente a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la colaboración de las instancias del sector: la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Nacional de Ecología (ine), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Por lo anteriormente expuesto, y en razón del compromiso a garantizar un medio ambiente sano, de cuyo deterioro, conservación y mejora somos responsables hoy debemos de garantizar a las futuras generaciones la preservación de la Mariposa Monarca.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia promueva la creación de un Programa de Conectividad Ecológica de la Región de América del Norte para la Conservación de la Mariposa Monarca, mediante el mantenimiento y restauración de micro corredores ecológicos, y que el mismo sea planteado en la Cumbre de Líderes de América del Norte a fin de que se implementen acciones conjuntas.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 20 de febrero de 2014.

Atentamente:

Sen. Ascensión Orihuela Bárcenas”.

1 http://www.pronatura.org.mx/especies_prioritarias/especies_mariposa_monarca.php






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esclarecer el conflicto entre taxistas y transportistas, ocasionado el 11 de febrero de 2014 en la carretera hacia el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, entre sindicatos de taxistas, transportistas y policía federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ESCLARECER EL CONFLICTO ENTRE TAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DEL 11 DE FEBRERO DE 2014 EN LA CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO DE CANCUN, QUINTANA ROO, ASI COMO A INTEGRAR UNA MESA DE DIALOGO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU SOLUCION.

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se se exhorta a la secretaría de comunicaciones y transportes a que según sus facultades esclarezca el conflicto entre taxistas y transportistas, que ocasionaron el conflicto que se presentó el día 11 de febrero de 2014 en la carretera hacia el aeropuerto de Cancún, Cancún, quintana roo, entre sindicatos de taxistas, transportistas y policía federal, así como a que integre una mesa de diálogo a la brevedad con las autoridades correspondientes en donde solucionen el conflicto entre transportistas y taxistas, y como resultado de este dialogo rinda un informe a esta soberanía en donde exprese las conclusiones recabadas, posibles soluciones, esclarezca las demandas y necesidades de los transportistas y taxistas en relación a comunicaciones y transportes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 11 de febrero en la carretera hacia el aeropuerto de Cancún, Cancún Quintana Roo se suscitó un conflicto entre taxistas y transportistas en donde quedó bloqueada la carretera hacia el aeropuerto, en dicho bloqueo manifestaron que buscan una solución a sus conflictos laborales, ya que ellos expresan que son víctimas de un monopolio en el cual no se les deja laborar, ya que son molestados en sus pertenencias y derechos laborales, en el sentido de que se les fuerza a detener sus vehículos, se les baja a los pasajeros y además recientemente se les han decomisado sus placas, bajo los argumentos de que son taxis piratas.

Es una situación en donde los taxistas se están haciendo justicia por propia mano y bajo su lógica están tomando medidas en donde según su criterio amedrentan a otros taxistas y transportistas peleándose las zonas para trabajar.

Estamos hablando de más de 300 taxistas y transportistas involucrados, lo que se traduce en más de 300 familias que se están viendo afectadas por que no se les deja laboral, ante la falta de la intervención de las autoridades correspondientes, el daño es indirecto para la población que depende de los trabajadores, asi mismo se ven afectado los turistas, no podemos permitir que se dañe al turismo, ya que al ser estratégico para nuestro país el turismo afectaría al PIB.

Debe ser esclarecida esta situación ya que presuntamente son numerosos preceptos constitucionales los que se ven violentados bajo esta problemática.

Por mencionar algunos, el tercer párrafo del artículo 1° Constitucional nos expresa que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, así como el deber del estado a investigar sancionar y reparar las violaciones los derechos humanos, es decir esta problemática denota la falta de atención y deberes de las autoridades, por lo que se violenta a nuestra constitución.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Luego entonces el artículo 16 constitucional en el primer párrafo nos establece que:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Esto quiere decir que en primera instancia, la autoridad competente, debe fundar y motivar la cusa legal del procedimiento para poder molestar en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, a los taxistas y/o transportistas, por otro lado el artículo 17 constitucional en el primer párrafo nos expresa que:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Aunado al artículo 16 los transportistas o taxistas ni ninguna otra persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Esto quiere decir que los videos difundidos en redes sociales donde se puede apreciar como civiles bajan a turistas de los taxis es una total violación a los derechos humanos.

Por otro lado el artículo 123 constitucional nos establece que:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El derecho al trabajo se está viendo vulnerado por la ausencia de la intervención de las autoridades competentes, además de las acciones de civiles que ante dicha ceguera de la autoridad buscan hacerse justicia, de lo cual es lamentable, ya que el acceso a la justica se está viendo limitado para los taxistas y transportistas.

Es un problema que se ha ido agravando por lo que debemos de conocer el problema de fondo para poder brindar una solución eficaz hacia los ciudadanos de Quintana Roo.

Además, cabe destacar el próximo tianguis turístico será llevado a cabo en Quintana Roo y dada su importancia del tianguis turístico debe de estar solucionado el conflicto antes de que se lleve a cabo dicho tianguis.

Respetemos los derechos humanos de los ciudadanos investigando cual es el conflicto de fondo, para poder garantizar los derecho humanos de los ciudadanos, en virtud del interés general y de las familias involucradas, así mismo para evitar un menoscabo al turismo que en un futuro ya podamos remediar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que según sus facultades esclarezca el conflicto entre taxistas y transportistas que ocasionaron el conflicto que se presentó el día 11 de febrero de 2014 en la carretera hacia el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, entre sindicatos de taxistas, transportistas y policía federal, así como a que integre una mesa de diálogo a la brevedad con las autoridades correspondientes y los afectados, en donde solucionen el conflicto entre transportistas y taxistas, y como resultado de este dialogo rinda un informe a esta soberanía en donde exprese las conclusiones recabadas, posibles soluciones, esclarezca las demandas y necesidades de los transportistas y taxistas en relación a comunicaciones y transportes.

Presentado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 20 de febrero de 2014.

ATENTAMENTE

Sen. Luz María Beristaín Navarrete”.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a implementar políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas maternas indígenas en el país, principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS MATERNAS INDIGENAS EN EL PAIS, PRINCIPALMENTE EN AQUELLOS ESTADOS CON MAYOR NUMERO DE INDIGENAS.

“El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde febrero del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 21 de febrero como “El Día Internacional de la Lengua Materna” con el fin de promover la diversidad lingüística y cultural.

Las Lenguas Maternas son el conjunto de vocablos (palabras) que se usan en una cultura reducida geográficamente que carecen de una gramática compleja como la de los idiomas, y que se rige por normas no estandarizadas que pasan de generación en generación sin sufrir cambios importantes.

En 1999, la Conferencia General, órgano supremo de la UNESCO, reconoció el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la identidad cultural.

Con la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna se intenta promover a la vez, el desarrollo individual y la diversidad cultural de la humanidad. Es así como los Estados miembros de la UNESCO, a través de sus instituciones y asociaciones, debieran ser agentes esenciales para promover y cuidar las lenguas maternas, pues éstas son el instrumento para preservar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible de los estados.

La UNESCO considera que la lengua de una comunidad está en peligro cuando un 30 por ciento de sus niños no la aprende, y cita, entre las razones para que esto ocurra, el desplazamiento forzado de la comunidad, el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura dominante

México tiene 68 lenguas indígenas con 364 dialectos distintos; es decir, versiones que tienen diferencias significativas; se estima que alrededor de 64 dialectos indígenas de están en "alto riesgo" de desaparecer, quedando menos de 100 hablantes de cada una de ellas.

Entre las lenguas indígenas que se encuentran en riesgo de desaparecer se encuentran: Cachiquel, Chichimeca Jonaz, Chocho, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Ixil, Jacalteco, Kekchi, Kikapú, Kiliwa, Kumiai, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima, Quiché, Serí y Tlahuica.

El náhuatl, la lengua del antiguo Imperio Azteca, es la lengua indígena más hablada en México, con aproximadamente 1.5 millones de hablantes, pero está sumamente fragmentada geográficamente, y en dialectos diferentes que en ocasiones no son mutuamente inteligibles.

Las causas de la desaparición de las Lenguas Indígenas se deben a: desastres naturales, contacto y choque cultural, dispersión y la globalización en el país.

Una de las problemáticas en la actualidad es que los hablantes de las Lenguas Indígenas tienen la necesidad de poder continuar hablando sus idiomas, la población competente en su mayoría son personas mayores quienes quieren enseñarla a sus hijos o nietos pero que no saben cómo hacerlo.

Pero también existen pueblos en los que ya no hay niños que hablen la lengua indígena, como son los casos del tlahuica, mocho', tuzanteco, Kaqchikel, teko, awakateko, oluteco, ayapaneco, ixcateco, Ixil, texistepequeño, kiliwa, chocholteco, Ixilchajuleño, 2 variantes del otomí, 4 del mixteco y 5 variantes del zapoteco.

Existen pueblos indígenas en México con un gran número de hablantes de lenguas indígenas pero que se encuentran dispersos en distintas localidades o ciudades. Tal es la situación del “mam”, mexicano del centro alto, otomí del oeste del valle del Mezquital, chontal de tabasco de sureste, zapoteco de Valles, del noroeste medio y totonaco del sureste.

En este contexto tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que en su Censo de Población y Vivienda 2010 en el país habitan 6,695,228 de personas de 5 y más años que habla lengua indígena, este dato año con año ha ido aumentando por ejemplo en el año 1995 habitaban 5,483,555 aumentando en diez años en 18.09% (1,211,673 de personas), y además la mayoría de estas personas se concentran en los estados que integran la región Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con 4,894,894 de habitantes queriendo decir que estos estados representan un 73.11% de indígenas del país.

Otro dato de importancia es que en el país al año 2011 había 10,043 escuelas en primaria indígena, concentrándose la mayoría de estas en estados como: Chiapas (2830), Guerrero (899), Oaxaca (1680), Puebla (743), Veracruz (1028), estas escuelas fomentan y desarrollan en los niños las Lenguas Maternas, para que estas no se pierdan y se mantenga esta gran riqueza y diversidad étnica en el país.

Por lo expuesto y en este sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Estado implementen políticas públicas para el fomento y desarrollo de las Lenguas Maternas Indígenas en el país, principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas.

SEGUNDO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste.

TERCERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta Soberanía la situación actual en las que se encuentran las Lenguas Maternas y sus hablantes en el país.

Dado en el salón de sesiones a los veinte días del mes de febrero 2014.

Atentamente,

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar cuántas y cuáles enfermedades raras ya cuentan con tratamiento en el sector salud. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD INFORME CUANTAS Y CUALES ENFERMEDADES RARAS, YA CUENTAN CON TRATAMIENTO EN EL SECTOR SALUD, AUTORIZADOS EN EL CUADRO BASICO INTERINSTITUCIONAL, ASI TAMBIEN SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A SEGUIR ABRIENDO OPORTUNIDADES DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO DE SALUD.

La suscrita, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD INFORME CUANTAS Y CUALES ENFERMEDADES RARAS, YA CUENTAN CON TRATAMIENTO EN EL SECTOR SALUD, AUTORIZADOS EN EL CUADRO BASICO INTERINSTITUCIONAL, ASI TAMBIEN SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A SEGUIR ABRIENDO OPORTUNIDADES DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO DE SALUD.

CONSIDERACIONES

El Día Mundial de las Enfermedades Raras es una iniciativa lanzada en 28 de febrero del 2008 por la EURODIS Organización Europea de Enfermedades Raras para concientizar al público en general y a los tomadores de decisiones sobre el impacto que tienen estas enfermedades en la vida de quienes las padecen y sus familias.

Desde ese primer día en 2008, más de 1,000 eventos se han llevado a cabo en todo el mundo reuniendo a cientos de miles de personas. Aunque este evento se originó en Europa, progresivamente ha sido bienvenido por el resto del mundo. 

México se unió a esta celebración en el 2009, siendo Guadalajara la primera ciudad en el país donde se conmemoró públicamente este día. Cifras conservadoras arrojan que en México existen cerca de 6 millones de personas que padecen alguna Enfermedad Rara.

El motivo de su creación, según la Organización Europea para las enfermedades raras (EURORDIS, por sus siglas en inglés), atiende al insuficiente tratamiento existente para la mayoría de estas enfermedades, así como a la carencia de redes sociales de apoyo a los individuos que cursan con este tipo de padecimientos y sus familias, además mientras ya habían numerosos días dedicados a este tema, no había previamente un día representativo para quienes sufren alguno de estos padecimientos y la carencia de tratamientos específicos que los ayuden.

El objetivo de esta conmemoración es acercar a los ciudadanos el conocimiento de estas patologías consideradas como poco frecuentes y despertar el interés de nuevos investigadores, profesionales sanitarios e industria. Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de todo el mundo, especialmente de las empresas y laboratorios que se dedican a la investigación y el desarrollo de tratamientos para enfermedades. Las asociaciones de pacientes aprovechan para manifestar su posición crítica e insisten en que las enfermedades raras no son ‘rentables’ para las grandes compañías farmacéuticas y por ello, en la mayoría de ocasiones no se estudian e investigan como debieran.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al ejecutivo federal para que a través de la secretaría de salud informe cuantas y cuales enfermedades raras, ya cuentan con tratamiento en el sector salud, autorizados en el cuadro básico interinstitucional.

SEGUNDO. Se exhorta al Consejo de Salubridad General, a seguir abriendo oportunidades de tratamiento en el Sector Público de Salud, a través de los denominados “Medicamentos Huérfanos” para contribuir a la equidad social, al evitar que éste tipo de medicamentos sólo puedan beneficiar a los pacientes del Sector Privado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 20 de febrero de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.

Asimismo les informo que las efemérides de nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.






EFEMERIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del natalicio de Alvaro Obregón, ocurrido el 19 de febrero de 1880.

“Con su permiso senador Presidente
Compañeras y compañeros legisladores

En la Sexagésima Segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el ciento treinta y cuatro aniversario del natalicio de Alvaro Obregón ocurrido el 19 de febrero de 1880 en Siquisiva, Alamos, actual territorio de Navoja, Sonora

En el marco de esta celebración es oportuno hacer un breve pero sustancial recuento de los momentos más emblemáticos de la vida de este sonorense ejemplar, hoy recordamos y homenajeamos al militar, al político, pero sobre todo al excelente ser humano.

Sus padres fueron Francisco Obregón Gámez y Cenobia Salido Palomares, a quienes dejó de ver a tempana edad, en virtud de que su padre murió cuando él tenía tan sólo un año de edad y su posteriormente su madre lo envío dejó bajo el cuidado de sus hermanas mayores.

La primera etapa de su vida fue por de más compleja, por un lado el contexto social en que se desarrolló no le permitió explotar su potencial, y por el otro lado, este periodo de su vida se caracterizó por la muerte de seres queridos como son su padre y esposa.

No obstante, se sobrepuso a tan sensibles decesos dedicándose a la noble actividad de la enseñanza siendo profesor de primaria y a la agricultura en su finca llamada "La Quinta Chilla", la cual no pudo prosperar por la crisis e inestabilidad que atravesaba el país así como por la austeridad de sus herramientas.

Por la inconformidad derivada de estas circunstancias, en 1909 el General Alvaro Obregón llegó a la determinación de incorporarse a las fuerzas militares de Francisco I. Madero para luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, el cual eventualmente fue derrocado.

Fue en 1911 cuando incursionó en el ámbito político al ser electo como Presidente Municipal de Huatabampo, sin dejar de atender sus actividades militares, por lo que en 1912 combatió al Pascual Orozco acción que le valió ser reconocido con el grado de Teniente Coronel para posteriormente ascender a Coronel.

Con el deceso de Francisco I. Madero, el 22 de febrero de 1913, adquirió el grado de Comandante Militar de Hermosillo. Posteriormente el 13 de mayo del mismo año al ganar la batalla de Santa Rosa fue ascendido a Brigadier y meses después a General de Brigada.

Sin duda, en la Revolución Mexicana la participación de Venustiano Carranza y Francisco Villa fueron cruciales, sin embargo, por cuestiones de liderazgo comenzaron a surgir conflictos entre ambos, situación ante la cual el General Alvaro Obregón desde un principio puso de manifiesto su vocación constitucionalista.

En agosto de 1914 se reunió con Francisco Villa y el entonces Gobernador de Sonora, José María Maytorena en Nogales, para normalizar la situación política de esa entidad. Después se dirigió a Chihuahua con el objetivo de contrarrestar a Villa, empero, estuvo a punto de ser fusilado por éste.

Por la lealtad y valor mostrado, Venustiano Carranza lo reconoció con el grado de General en Jefe en Veracruz, iniciando así una nueva etapa de éxitos que se distinguió por importantes victorias ante Villa en la zona del bajío -Celaya, León y Trinidad-.

Paradójicamente, en su momento de mayor plenitud, en los primeros días de julio 1915 durante la batalla de Celaya perdió el brazo derecho por una granada que le explotó a lado, lo cual hizo que intentará suicidarse, por suerte falló y después pudo posicionarse como uno de los personajes más relevantes de nuestra historia.

Una vez superado el desafortunado incidente, protagonizó diversas acciones, entre las que destacan las siguientes:

  •  En 1920 se levantó con el Plan de Agua Prieta, mismo que terminó con la muerte de Venustiano Carranza.

 

  •  Del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924 ocupo la Presidencia de la República, distinguiéndose por su vocación agraria.
  •  En las elecciones de Julio de 1928 fue reelecto.

 

Finalmente después de una vida llena de contrastes, de gestas heroicas y de servicio a México, de manera lamentable, el 17 de julio de 1928 fue asesinado cobardemente por José de León Toral, siendo sepultado en su natal Sonora.

Compañeras y compañeros legisladores

Es importante mantener viva la memoria de nuestros grandes héroes nacionales en virtud de que éstos han permitido, en un primer momento que nuestro país obtuviera su independencia, y en un segundo, sentó las bases de las instituciones y régimen jurídico que nos definen como nación.

En el caso de la Revolución Mexicana, al ser una etapa que permitió transformar las estructuras económica, política y social del país, es fundamental reconocer a sus actores más determinantes, como lo es el General Alvaro Obregón.

Por ello, hoy conmemoramos el natalicio del mexicano ejemplar que fue capaz de superar todo tipo de adversidades, al sonorense que a partir de esfuerzo, dedicación y determinación construyó una carrera excepcional tanto en la milicia como en la política mexicana, llegando a la cúspide de ambas.

Por su atención muchas gracias

Es cuanto senador Presidente”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

“Día del Ejército Mexicano
19 DE FEBRERO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Ejército Mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargada de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional.

El 19 de febrero de 1913, don Venustiano Carranza publicó el Decreto de creación de esta noble y valerosa institución militar. El Ejército Constitucionalista fue la respuesta patriótica ante la ruptura del orden democrático, cuya expresión más dolorosa fue el cobarde asesinato del Presidente Francisco I. Madero y del Vicepresidente José María Pino Suárez.

A partir de estos trágicos sucesos, don Venustiano Carranza convocó a diversos movimientos populares, conformados por campesinos y obreros en su mayoría, para restaurar el régimen institucional. Así nació el Ejército Mexicano, enarbolando las banderas de la legalidad, la libertad y la democracia.

En conmemoración de ese hecho, en 1950 se instituyó el 19 de febrero como Día del Ejército Nacional. A partir de 1969 el Ejército suma a sus responsabilidades el auxilio a la población civil en caso de desastres naturales.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina están con nosotros, y con todo México. Por su valor y solidaridad, se han ganado la admiración, el respeto y el afecto de los mexicanos. Firmes y decididos, han servido a nuestra población, en labores de seguridad interior y de auxilio en las circunstancias más adversas; para ellos nuestro reconocimiento y admiración.

Miércoles 19 de Febrero de 2014

H. Cámara de Senadores

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en relación con la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social.

“Efeméride: Conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social.

Hoy 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, establecido en el año 2007 por la Organización de las Naciones Unidas.

El origen de la justicia social encuentra sus bases en la justicia distributiva que estableció el filósofo griego Aristóteles: Justicia Social era aquella que se encargaba de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes imprescindibles como la educación o la alimentación.

Santo Tomás de Aquino, entiende la Justicia como la Ley Natural. En su Summa Theologiae define a la justicia como “el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua”.

De esta forma, la definición clásica de justicia elaborada por Aristóteles y desarrollada por Santo Tomás de “dar a cada uno lo suyo” sirvió como base al pensamiento social cristiano en la elaboración de su propio planteamiento de Justicia Social.

El concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales.

La teoría del Contrato Social representada por Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant defiende que los seres humanos acuerdan un contrato social implícito para vivir en sociedad, lo que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en el "estado de Naturaleza". En este estado, o situación inicial, los hombres son libres, iguales e independientes, pero no habría trabajo, ni agricultura, ni cultura, ni transporte, la vida de los hombres sería solitaria y peligrosa, dado que existiría el riesgo permanente de ser asaltado o morir asesinado.

En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incorpora la Noción de justicia social: fundamento indispensable de la paz universal.

La aparición en las primeras décadas del siglo XX del constitucionalismo social, el Estado de bienestar y el derecho laboral, son cuestiones que rápidamente se vincularon con las ideas de justicia social.

Tres grandes concepciones de Justicia social conviven en la actualidad: Justicia Social como Distribución, Reconocimiento y Participación. El primero está centrado en la distribución de bienes, recursos materiales y culturales, capacidades; el segundo en el reconocimiento y el respeto cultural de todas y cada una de las personas, en la existencia de unas relaciones justas dentro de la sociedad; y el tercero está referido a la participación en decisiones que afectan a sus propias vidas, es decir, asegurar que las personas son capaces de tener una activa y equitativa participación en la sociedad.

La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

En México, en 2010 el 46.2% de la población total son personas pobres multidimensionales. De los 39.7 millones de niños y adolescentes, 53.8% (21.4 millones) se encontraban en pobreza multidimensional, así como 3.5millones de adultos mayores se encontraban en pobreza multidimensional y 8 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena era pobre multidimensional.

De acuerdo con la medición de la pobreza multidimensional, en 2010 un total de 32.3millones de mexicanos eran carentes sociales, principalmente en cuanto al acceso a la seguridad social, a los servicios de salud, a los servicios básicos en la vivienda, carencia por la falta de calidad y espacios de la vivienda, así como rezago educativo.

A lo anterior debemos reconocer que los problemas económicos y sociales de la región Sur - Sureste de México, son críticos y puede aseverarse que es una de las regiones con mayores desigualdades económicas y sociales en el país, a pesar de poseer recursos naturales suficientes para presentar una situación mejor.

La pobreza y la desigualdad son signos que caracterizan a México. La desigualdad es una consecuencia de la pobreza, toda vez que esta última es causada por la ausencia de capacidades básicas: nutrición, salud, educación y vivienda adecuada.

Queda demostrado que “Pese a la política de desarrollo regional, no ha sido posible reducir las desigualdades económicas y sociales existentes en México, logrando resultados de escasa significación sobre todo en los estados más pobres”. A esto debe agregarse que en los estados de la región Sur, se da un lento crecimiento económico, derivado del proceso de terciarización de la economía, que contrasta con la escasa participación y atraso tecnológico del sector secundario y la baja productividad del sector primario, constituyéndose en un conjunto de limitantes para lograr el desarrollo económico y social.

Por lo tanto, en el marco del Día Internacional de Justicia Social,

Este Senado de la República debe exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a implementar políticas basadas en objetivos estratégicos en cuanto a mejoras en las condiciones de empleo, la protección social, el diálogo social y los derechos en el trabajo como la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación de acuerdo a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo.

Es cuanto”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social.

“Día Mundial de la Justicia Social
20 DE FEBRERO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos es el núcleo de la misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana. La adopción por la Organización Internacional del Trabajo de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso del sistema de las Naciones Unidas para la justicia social. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

La Asamblea General proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

Festejemos el Día Mundial de la Justicia Social, como un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, y que se funda como la sustancia de su misión global de promover el desarrollo y la dignidad humana.

 

Jueves 20 de Febrero de 2014

H. Cámara de Senadores

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.








CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 25 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:32 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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