Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 27

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Noviembre de 2013

SUMARIO                                              


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- De la C. Senadora Mely Romero Celis, a nombre de los CC. Senadores María Cristina Díaz Salazar, Roberto Armando Albores Gleason, Ivonne Liliana Alvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juan Gerardo Flores Ramírez, Norma Alicia Galindo Matías, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, María del Rocío Pineda Gochi y Carlos Alberto Puente Salas, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica terminal; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sean considerados recursos suficientes para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.









 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del martes 12 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día jueves siete de noviembre de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del cinco de noviembre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.- Las excitativas están referidas a 79 proyectos y la relación se publicará en la Gaceta del Senado.

2) Se dio cuenta con el Informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.- Se publicará en la Gaceta del Senado.

3) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizó 19 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

4) Autorizó el retiro del proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Turismo, presentado por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el 24 de abril de 2013, lo anterior para los efectos del artículo 165 del Reglamento del Senado.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del excelentísimo Embajador de la República de Argelia en México, Abdelhamid Abrous.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, el informe de actividades relativas a la Reunión Anual de la Alianza para el Parlamento Abierto, llevada a cabo en Londres, los días 31 de octubre y 1 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el informe del “Foro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de una Pesca y Acuacultura Sustentables”, celebrado el 30 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Lucero Saldaña Pérez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Sonia Mendoza Díaz, el Informe de su participación en la Segunda Evaluación del Estado Mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la organización de las Naciones Unidas, celebrada el 23 de octubre del presente en Ginebra, Suiza.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite similar del Diputado Salvador Ortiz García, por el que solicita emitir el dictamen correspondiente al proyecto de Decreto por el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".- Se remitió a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió del Banco de México, el Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2013.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agrariay Justicia por el que se repone el procedimientode ratificación o no del ciudadano José Lima Cobos,como Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios.- Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el quese adiciona la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentariodel Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de Senadoras y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforma la fracción II del artículo 5 y se adicionan los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia,de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por elque se expide la Ley de la Agencia Nacional deSeguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos; se reforma el artículo 9, tercer párrafo, se derogan la fracción primera, inciso d) y la fracción tercera incisos c, f y g del artículo 15; se reforman las fracciones III y IV del artículo 15 bis, todos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; se modifica el artículo 32 bis, fracción III) y se deroga el artículo 33, fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se adiciona la fracción V del artículo 2 y se derogan los incisos d) y e) del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambientey Recursos Naturales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica Araujo Lara, a nombre propio y de los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Lorena Cuéllar Cisneros, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron las Senadoras: Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. Fue aprobado por 88 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143 144 y 145 del Código Civil Federal.- Con dispensa de segunda lectura. Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. Fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal.- Con dispensa de segunda lectura del dictamen. Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. Fue aprobado por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de adición de un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado "De los delitos cometidos contra la libertad de expresión".- Sin discusión, fue aprobado por 89 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, presentaron un dictamen en relación con la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica.- Se realizó la elección por cédula, fueron emitidos 85 votos, 80 votos en pro, 2 en contra y 3 abstenciones. Se ratificó por las dos terceras partes la designación del nombramiento de conformidad con el artículo 28 de la Constitución. El ciudadano Eduardo Martínez Chombo rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal, a los tribunales superiores de justicia y a los congresos en las entidades federativas a observar el principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.- Intervino la Senadora Angélica Araujo Lara, por la comisión, para presentar los dos dictámenes. La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se integró al Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar indicadores que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México.- Intervinola Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD.La Presidencia informó que el Senador BenjamínRobles entregó su intervención, la cual se integró al Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación, con puntos de Acuerdo:

1) Por el que se desecha la proposición para que el año 2013 se declarara como el año de “Francisco I. Madero”.- Fue aprobado en votación económica.

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos.- Fue aprobado en votación económica.

3) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía.- Fue aprobado en votación económica.

4) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador de Tlaxcala a erradicar todo tipo deagresión en contra de los medios de comunicación, delos periodistas y demás personas que en ellos laboran.- Intervinieron los Senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien solicitó devolver el dictamen a la comisión; Cristina Díaz Salazar del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Javier Corral Jurado del PAN. El dictamen fue devuelto a la comisión.

 

Se sometieron a consideración de la Asambleacinco dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Aguaa llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federala llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la preservación del área natural protegida con categoría de parque marino nacional "Sistema Arrecifal Veracruzano", ante los potenciales impactos ambientales que pudieran derivarse de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.- Fue aprobado en votación económica.

3) Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo acciones de inspección a la empresa Cemento Moctezuma en su planta Apazapan, en Veracruz.- Fue aprobado en votación económica.

4) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las metas y acciones que se piensa implementar en el presente sexenio para detener el deterioro de los bosques y selvas del país.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

5) Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo una nueva visita de inspección a la "Marina Turística Puerto Majahua", con objeto de verificarel cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización de impacto ambiental del proyecto.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a analizar el diseño de estrategias que ayudena impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de los estados de Coahuila y Durango que conforman la Comarca Lagunera.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Protección Civil, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a los gobiernos estatales a aplicar campañas de información sobre el riesgo que implica la quema de artificios pirotécnicos y a aplicar medidas precautorias como "faltas administrativas" a las personas que realicen disparos al aire de armas de fuego.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el fin de prevenir los incendios forestales a nivel nacional; y exhorta a la Comisión Nacional Forestal a impulsar mejores programas forestales para desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de restauración en materia forestal.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

3) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil; y exhorta a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federala actualizar y, en su caso, elaborar el atlas de riesgos correspondiente.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

4) Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a fiscalizar a la Coordinación Nacional de Protección Civil.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cualse insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

5) Que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de protección civil, a fin de armonizar las leyes estatales con la Ley General de Protección Civil.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

6) Por el que se desecha la proposición que solicitaba emitir la declaratoria de emergencia para los municipios de la zona huasteca, media y altiplano de San Luis Potosí, afectados por el huracán “Ingrid”.- Fue aprobado en votación económica.

7) Por el que se desecha la proposición con punto de Acuerdo que exhortaba al gobierno del estado de NuevoLeón a subsanar los requisitos relativos a los montos necesarios para acceder al Fondo Nacional de Atención de Desastres Naturales, a diversos municipios de ese estado.- Fue aprobado en votación económica.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a revisar la situación que guardan las zonas afectadas del estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días del mes de abril.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a revisarel contenido del libro “Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado” y derivado de ello informe qué acciones llevan a cabo en las estrategias del Ejecutivo.- La Presidencia informó que el Senador Benjamín Robles entregó su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud Federala restituir a la brevedad al patrimonio del Hospitalde la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, elmonto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.- Fue aprobado en votación económica.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas, a contar con políticas públicas en materia de salud mental en los establecimientos de la Red del Sistema Nacional de Salud.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea undictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Medalla Belisario Domínguez, con punto de Acuerdo para llevar a cabo diversas acciones en torno al centenario del fallecimiento del Senador Belisario Domínguez.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre las denuncias de desapariciones de personas que hayan recibido.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Fomento Económico, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar el estado que guarda la economía nacional.- Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el procesode análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 10 millones 34 mil 626 pesos para la ampliación y equipamiento del centro de salud en el municipio de Cumpas, Sonora.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, enel proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 2 millones 12 mil 500 pesos para la canalización con concreto hidráulico de 11,500 metros cuadrados de canal, y así se permita contribuir al fortalecimiento de la actividad agrícola del municipio de Arizpe, Sonora.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple una asignación de recursos por la cantidad de 6.5 millones de pesos para el proyecto e iniciativa denominado MEXFEST.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos a diversos proyectos productivos y de infraestructura para municipios del estado de Veracruz, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reducir presupuesto innecesario para 2014, con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que obliga al Gobierno Federal a generar ahorros dentro del programa de austeridad y disciplina del gasto.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de 2014, para la construcción de la autopista Acapulco-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter a la aprobación de la Cámara de Senadores el Retiro de la Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Consejo Nacionalde Ciencia y Tecnología impulsar la actualización y armonización de las leyes locales con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de acrecentar la transferencia de ciencia y tecnología en las diferentes regiones del país.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a implementar una estrategia de política pública para crear una “Red Nacional de Bancos de Leche Materna” y a llevar a cabo una campaña nacional de información sobre la importancia de la lactancia materna en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud ante las comisiones de Derechos Humanos y Salud del Senado de la República, en relación a los casos de negligencia médica y discriminación en la atención de emergencias médicas, tratándose de personas indígenas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la seguridad social de las y los jornaleros agrícolas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a los actos de espionaje perpetrados por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Norma Alicia Galindo Matías, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Jesús Casillas Romero y Francisco Salvador López Brito, con punto de Acuerdo para promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a proporcionar un informe sobre la implementación e impacto de las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el embarazo entre los adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar obras de rehabilitación y mantenimiento en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo, de la carretera federal 85 por el mal estadoque presenta actualmente.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación informar acerca de las acciones que emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013 para México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanosa realizar las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por los supuestos actos cometidos en agravio de la indígena mazateca Irma López Aurelio.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende su más amplio reconocimiento a la labor de las y los militares del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Armada de México que recientemente realizaron acciones de ayuda a la población de los estados afectados por el paso del huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", en el mes de septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado del Estado de Nuevo León a desistirse de seguir con el procedimiento de canje de placas o, en su caso, se abstenga de cobrar por ese concepto a la ciudadanía y que sea el mismo gobierno quien absorba el costo de realizar el canje de placas.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar recursos para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que refuercenlas medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país, mismas que operan en terminales internacionales.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Población y a los gobiernos del Distrito Federal y de los estados del país a retomar de manera intensificada los programas de planificación familiar, principalmente dirigidos a prevenir embarazos imprevistos en adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en la revisión, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se incrementen los recursos contenidos en el Ramo 12 vinculados con la infancia.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la comisión especial de desarrollo sustentable de costas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe respecto al daño ambiental ocasionado a la Presa José López Portillo o Presa Comedero, a causa del vertimiento de mercurio y otros metales pesados.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a incluir en el Plan de Negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios 2014-2018 el seguimiento de la construcción de la nueva Refinería en Tula, Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a presentar un programa de ahorro en el ejercicio presupuestal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo medidas conducentes para que se deje de utilizar el grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Salud Pública y al DIF del estado de Sonora; y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a enfatizar esfuerzos para atender las urgencias de salud que se presenten en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al Dr. Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México, por el premio internacional que recibió como "Banquero Central del Año 2013".- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-tecnología, de Acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar acciones para evitar que el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, continúen disponiendo de los recursos públicos destinados para sus jubilados y sus beneficiarios.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a implementar las políticas y acciones de gobierno necesarias, con el objeto de cumplir adecuadamente con el Objetivo del Milenio en México y erradicar la pobreza.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, a replantear la propuesta de reforma energética presentada y para que el Congreso de la Unión analice y fortalezca los principios constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a emitir una posición diplomática sobre la actividad de espionaje que ha realizado en agravio a la soberanía e instituciones de México y al respeto de las relaciones internacionales, violando principios básicos del derecho internacional, en el marco del día internacional del 68 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a promover y difundir la cultura de la cremación funeraria.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender acciones para erradicar el acceso a contenido pornográfico en centros escolares.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adicionael Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de atención médica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Efemérides)

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, remitieron efeméride en conmemoración del Día Mundial del Urbanismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional, remitió efeméride en conmemoración del Día Mundial del Urbanismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del natalicio de Don Felipe Carrillo Puerto.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas y citó a la siguiente el martes doce de noviembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los asuntos.

La Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó cinco ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores, Europa, para la presentación de los dictámenes respectivos.

La lista de asuntos se publicará en la Gaceta del Senado.

Asimismo, la Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno para los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por diversos Senadores el 8 de octubre de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Y el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria, presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade, el 4 de abril de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Justicia; y de Estudios Legislativos, para dictamen; y a la Comisión de la Reforma Agraria, para emitir opinión.

Así también se autorizó la rectificación del turno de la minuta con proyecto de Decreto con el que se reforma el Artículo Séptimo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentada el 4 de noviembre de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Son todos los asuntos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica las resoluciones que ha leído la Secretaría.

Honorable Asamblea: Nuestro país ha perdido a un gran mexicano y la comunidad intelectual y literaria de nuestro país se ha vestido de luto al conocer el sensible fallecimiento del historiador Guillermo Tovar y de Teresa, férreo defensor del patrimonio cultural y artístico mexicano.

Guillermo Tovar y de Teresa fue uno de los personajes notables de nuestra historia contemporánea, investigador, bibliógrafo, coleccionista, filántropo, poseedor de una erudición universal desde una edad muy temprana y que siempre fuera reconocido por su sabiduría.

Hombre de diversos talentos, demostró en su fecundidad literaria la creación de obras de reconocimiento internacional contribuyendo con ello, a generar invaluables aportaciones a la historia de las ideas que han formado nuestra cultura.

El Senado mexicano, a petición de la Presidenta de la Comisión de Cultura, la Senadora Blanca Alcalá, reconoce al fundador del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, y está seguroque su legado lo mantendrá vivo en la memoria de la Ciudad de los Palacios, de la que tanto escribió.





 

MINUTO DE SILENCIO

Esta Mesa Directiva desea, en consecuencia, honrar su memoria, y para ello, pido a la Asamblea ponerse de pie para guardar en su honor un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Y una de la Comisión de Asuntos Indígenas, con las que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



También se recibió la comunicación de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite el informe de actividades desarrolladas en el marco de la Segunda Evaluación de México por el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada del 21 al 25 de octubre del 2013, en Ginebra, Suiza.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de las comisiones.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: El Acuerdo está publicado en la Gaceta del Senado de hoy.

Informo a la Asamblea que únicamente se pondrá a su consideración el resolutivo primero, que se refiere a la desincorporación del Senador Daniel Amador Gaxiola de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO EN LIQUIDACION

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió un oficio de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, por el que se solicita se designe al Senador que participará como invitado ante el Comité Técnico del Fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase la comunicación de referencia a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: También se recibió un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el que se solicita la designación del servidor público que fungirá como consejero representante de la Cámara de Senadores ante el Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase el documento descrito a la Comisión de Población y Desarrollo, para los efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite minuta el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Asimismo, de la Cámara de Diputados, se recibió el expediente de la minuta proyecto de Decreto que adiciona el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXI LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 61-II-5-1166
EXPEDIENTE: No. 5038

C. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto por la Fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

México, D.F., a 7 de noviembre de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: La Cámara de Diputados, remite también el Acuerdo por el que se designa la Delegación de Diputadas y Diputados que asistirán a la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de México los días 15 y 16 de noviembre del año en curso.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Igualmente, de la Colegisladora, remite el oficio con una comunicación de los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la que informan que la rotación de la Mesa Directiva de esa comisión se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2013.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXI LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 61-II-8-2632

C. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio signado por los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual comunican que la rotación de la Mesa Directiva de esta Comisión se llevará a cabo el día 31 de diciembre de 2013, debido a que, por razones administrativas, no se puede llevar a cabo a mitad de mes.

México, D.F., a 7 de noviembre de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Legisladoras y legisladores integrantes de esta Honorable Asamblea, pido su atención, por favor.

En días pasados, conocimos de la manifestación realizada en las afueras de este recinto legislativo, por el Presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza, quien a través de una huelga de hambre realizada en el mes de octubre, demandó una más justa distribución de los recursos públicos a los municipios de su estado y del país.

Recién incorporado a su cargo en el municipio, de manera lamentable, nos ha sido informado que el señor Presidente municipal, Ygnacio López Mendoza, falleció el jueves pasado en un accidente automovilístico ocurrido en el tramo carretero Santa Ana Maya-Las Cabras, en los límites entre Michoacán y Guanajuato.





 

MINUTO DE SILENCIO

Pido a ustedes nos acompañen poniéndose de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. ¡Descanse en paz!





 

PRONUNCIAMIENTO

Asimismo, a petición del Senador Teófilo Torres Corzo, quiero pedirles un minuto de su atención. Como es de su conocimiento, el pasado viernes 8 de noviembre la República de Filipinas fue severamente afectada por el paso del tifón “Haiyan”, la peor catástrofe natural en la historia de ese país, causando graves afectaciones y un considerable número de vidas humanas perdidas.

Es a causa de estos hechos que la Honorable Cámara de Senadores desea expresar su solidaridad al pueblo, al Congreso y al gobierno de Filipinas por las lamentables pérdidas humanas y la destrucción material incuantificable. Este Senado envía sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, de los heridos y de los miles de desplazados a causa de este lamentable desastre natural y hace votos por la pronta rehabilitación de las zonas afectadas.

A los líderes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Filipinas, así como al ciudadano Presidente Benigno Aquino III, les expresamos nuestra solidaridad y les solicitamos extender nuestras manifestaciones de dolor al pueblo filipino en este difícil momento. El Senado y el pueblo de México nos unimos solidariamente al dolor que enluta a ese país hermano.

Muchas gracias por su atención.

Ha pedido el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo para este tema, Presidente de la Comisión respectiva.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

Como ya se ha mencionado, el pasado viernes 8 de noviembre nuestros hermanos del pueblo filipino fueron golpeados por lo que se ha calificado el súper tifón “Haiyan”, que a su paso provocó severos daños humanos y materiales.

Este fenómeno constituyó el peor desastre natural en la historia de las Filipinas, lo que provocó que tras la devastación el Presidente Benigno Aquino haya declarado estado de calamidad nacional. Los registros refieren que las olas alcanzaron 6 metros y más de altura, y que los vientos huracanados fueron hasta de 378 kilómetros por hora. Este fenómeno fue categoría 5, que es la máxima posible en la medida.

Por su parte, la Representante Especial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo por Desastre comparó la gravedad de este tifón con la tragedia del tsunami en el océano Indico en el año 2004, la devastación y destrucción en el país son de enormes proporciones.

Las autoridades locales y los sobrevivientes señalan que la fuerza de este fenómeno arrancó viviendas y arrasó barrios enteros de la isla Leyte, cuya localidad costera de 220 mil habitantes al sudeste de Manila, fue casi destruida.

La destrucción equivale al 80% de la zona central del país, sin duda las pérdidas más lamentables son las vidas humanas. En la ciudad de Tacloban al menos 10 mil personas murieron y hay miles de desaparecidos y millones de personas afectadas. Lamentablemente es de esperarse que el saldo de muertes aumente conforme pasen los días tomando en consideración que el país quedó virtualmente incomunicado por este fenómeno.

Las Naciones Unidas han lanzado una petición de ayuda internacional para que la asistencia sea de inmediato a Filipinas por 301 millones de dólares.

Por lo anteriormente expuesto, y apelando a la sensibilidad y solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano, a nombre de la Comisión en el Senado de la República expresamos nuestra solidaridad y nuestras más sentidas condolencias al pueblo filipino por las pérdidas humanas y materiales que dejó a su paso este tifón, hacemos votos por que esta nación alcance su pronta recuperación.

Los mexicanos, de pie, nos sumamos a los terribles efectos de este fenómeno y estamos solidariamente del lado de nuestros hermanos, y estaremos presentes y prestos para cualquier ayuda que sea requerida.

Gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Teófilo Torres.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Licenciatura de Relaciones Internacionales y de Negocios de la Universidad del Valle de México, Campus Monterrey, quienes han sido invitados por la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García.

¡Son ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Senador Benjamín Robles.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Lo que acaba de plantear aquí en la tribuna el Senador Torres Corzo nos parece muy fundamental y por eso quiero rogarle que a nombre del grupo parlamentario del PRD también quede registrada nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Filipinas.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Queda registrada su solidaridad. Con mucho gusto.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTICULOS 15 BIS, 15 BIS 1, 15 BIS 2, 15 BIS 3 Y 15 BIS 4 A LA LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

Resultado del trabajo con mis compañeros Blanca Alcalá Ruiz y Miguel Angel Chico Herrera, presento el día de hoy esta iniciativa que responde a un compromiso también personal, y de mis compañeros, para mejorar las opciones de desarrollo de los estudiantes que se encuentran en las aulas de educación superior.

Como campechano, estoy consciente de la situación no sólo de mi estado sino de todo el país. Necesitamos contribuir todos para generar más y mejores empleos, sumar estrategias y acciones para especialmente preparar con experiencias laborales a los jóvenes que hoy se esfuerzan por obtener un grado académico en la educación superior.

Lo ha dicho nuestro Presidente Enrique Peña Nieto: “La base para transformar a México, es la educación”. En un mundo global, competitivo y exigente debemos equiparar nuestros estándares de eficiencia educativa con los de los países desarrollados.

No es una opción, es imperativo hacerlo con la participación de todos los sectores relevantes, especialmente el productivo. Actualmente el 40% de los jóvenes no tienen empleo relacionado con su área de estudio, y a 4 de cada 10 empresas les cuesta mucho trabajo cumplir con sus vacantes, porque no encuentran a la gente con perfil adecuado.

La formación integral y elevar la productividad, incluyen acciones que van más allá de la enseñanza convencional que se imparte en el aula.

Reconocemos la convicción de los empresarios que se preocupan por incluir en sus políticas la responsabilidad social. Apostamos para que esta iniciativa brinde un marco legal, para que se sumen más empresarios solidariamente al adiestramiento práctico de las nuevas generaciones.

Será, sin duda, una importante oportunidad para ellos de ratificar su compromiso con México, una adecuada coordinación entre el desarrollo de nuestro sistema productivo y el sistema educativo mexicano a través de consejos de vinculación, será de gran valía para superar la problemática actual del subempleo que significa la disparidad entre el ritmo al que crece la economía y la capacidad de incorporar provechosamente a los egresados del sistema escolar a ésta.

Combinar la enseñanza y la práctica, es uno de los procesos necesarios para lograrlo.

Al final lograremos mejorar la economía, impulsar el desarrollo tecnológico y lograr su inserción en el mundo globalizado. Mayor productividad y competitividad, es la meta.

La solución de este gran problema ha sido planteada desde distintas aristas, por distintas compañeras y compañeros legisladores y académicas. Sin embargo, la que en este proyecto se plantea tiene que ver con una iniciativa gubernamental que ya está puesta en marcha desde hace una década, pero requiere mayor claridad en el marco operativo para una mayor operación.

Nuestra finalidad es contar con estructuras claras de interlocución entre los sectores privados, público, social y académico.

Fortalecer desde la legislación a los consejos institucionales de vinculación que la Secretaría de Educación promueve como una herramienta necesaria y desde el Senado creemos en sus objetivos.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Vinculación a Instituciones, la ENAVI, señala que sólo entre 45 por ciento y un 47 por ciento funcionan correctamente.

Es tiempo de mejorar esta situación.

Los egresados de las instituciones de educación superior influyen en la vida económica del país. Por ello es importante que desde que estén estudiando tengan acceso a oportunidades prácticas y capacidades para triunfar en el propósito de obtener un trabajo en el que desplieguen su potencial por ellos y por México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 15 Bis, 15 Bis 1, 15 Bis 2, 15 Bis 3 y 15 Bis 4 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que en sustancia plantea lo siguiente:

La creación de un Consejo Nacional de Vinculación, cuyo primordial objetivo será implementar en conjunto con las instituciones educativas y los representantes de los sectores privados, productivos, nacionales, las estrategias y programas, para que los estudiantes del nivel de educación superior obtengan capacidades que los vinculen con el mercado laboral.

Sus facultades serían las siguientes:

Proponer acciones y programas entre las instituciones de investigación y educación superior y los sectores productivos y sociales, dirigidos a potenciar los conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes.

Promover la vinculación de los consejos de vinculación en cada entidad federativa; coadyuvar en las acciones de pertinencia de la oferta educativa en diversas regiones; fomentar la participación de sus miembros en la definición de los programas de vinculación; validar las acciones en materia de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior; identificar políticas y programas que han probado eficiencia y éxito; proponer actividades que permitan obtener recursos para la ejecución de los programas de vinculación; difundir los resultados e impactos de los programas de formación y de vinculación.

Establecer una red de gestores de vinculación que tenga un objetivo: el ser espacio permanente para el intercambio de conocimientos, la cooperación, el trabajo conjunto y articulado entre las instituciones de educación superior tecnológica; generar mecanismos de participación activa de los estados, municipios y organizaciones; coordinarse con los sectores público, social y privado, a efecto de apoyar los planes y programas implementados en materia de vinculación; fungir ante la Secretaría de Educación Pública como órgano asesor y coadyuvante en materia de vinculación.

Proponer al Poder Ejecutivo las políticas que en atención a la vinculación se recomienda implementarse; evaluar permanentemente los planes y programas en materia de vinculación y actuar como órgano de consulta y asesoría.

El Consejo Nacional de Vinculación estará constituido por representantes de instituciones públicas relacionadas con la educación y la economía, organismos del sector productivo y organizaciones de la sociedad civil para trabajar en su conjunto.

Para nosotros sería muy importante que la esperanza y el sacrificio de miles de padres de familia a lo largo y ancho de México se vea cristalizado, cuando sus hijos no solamente alcancen los grados de educación superior y académico, sino también el sueño de tener un empleo bien remunerado.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Raúl Pozos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Rogarle a la Mesa Directiva si puede pedirle a mi compañero Senador, el expositor, si me permite suscribir con él este importante trabajo que ha preparado.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto. Nada más haría la consulta al Senador Juárez, al Senador Barbosa, al Senador Rosas, si es para el mismo efecto.

Aceptada su petición.

Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Asimismo, queremos dar la bienvenida a este recinto a 45 alumnos del Centro de Estudios Superiores Intercontinental de la Licenciatura en Derecho de la ciudad de Silao, Guanajuato, quienes han sido invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene la palabra el Senador José Rosas Aispuro Torres, para presentar a nombre propio y de diversos integrantes del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y de diversos CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca y un servidor, venimos a presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy en día, derivado del perfeccionamiento de la democracia por ser ésta una exigencia cotidiana de los ciudadanos, se han hecho reformas, y hace un año, a finales de 2012, se llevó a cabo una reforma en la que se introdujo a la Constitución una serie de mecanismos para que la sociedad tenga más oportunidad de participar, no sólo que su participación se quede en los procesos electorales para elegir a sus autoridades, sino también para participar de manera cotidiana en la vida pública. Por eso se crearon en la Constitución diversos mecanismos de la democracia semidirecta, entre ellos, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, que permitirán indudablemente que la sociedad pueda tener una participación constante, permanente en la vida pública.

Aunado a este hecho de que constantemente se libren procesos electorales, sin duda genera un desgaste en la sociedad. Durante meses los candidatos ocupan los medios de comunicación masiva; las calles, mediante publicidad impresa o pintada, e incluso el espacio privado es ocupado a través de folletos que se entregan casa por casa, por llamadas telefónicas, ya de compañías o de casas encuestadoras o de partidos políticos que visitan a la ciudadanía para promover el voto.

Año con año, sin importar la época, hay alguna contienda electoral en marcha.

Es un hecho que, además de los tiempos que se destinan a las precampañas y campañas electorales, con la entrada en vigor de una democracia más activa, más participativa, las contiendas político-electorales trascienden lo estrictamente electoral y se amplían hacia lo postelectoral. Los partidos políticos, además de presentar sus inconformidades ante las instituciones creadas para tales fines, pretenden encausar la decisión de los tribunales con una constante presencia en el escenario mediático, ya sea a través de denuncias, entrevistas, concentraciones públicas o protestas diversas.

Diversos analistas consideran que al homologar las fechas de los comicios locales y federales se tendrían campañas propositivas, lo que le daría la confianza a la ciudadanía para incrementar la participación en los procesos electorales, aumentando con ello la satisfacción por la democracia.

Así, algunos expertos suponen que las ventajas asociadas a la homologación de los calendarios en los estados se verían reflejadas en un incremento de la participación electoral, una mayor capacidad ciudadana de monitoreo, la rendición de costos en las campañas políticas a través de una mayor rendición de cuentas, donde los ciudadanos vean que los recursos públicos no se están destinando permanentemente a actividades político-electorales.

Los espacios de competitividad y de acuerdos son elementos fundamentales de la democracia; sin embargo, es necesario que tanto la sociedad como los profesionales de la política seamos capaces de diferenciar cada uno de estos espacios.

Una razón fundamental de la parálisis legislativa tiene relación directa con las persistentes contiendas electorales. Así, tenemos una democracia en la que a la par que se presentan acuerdos, se libran batallas electorales o se está a la víspera de ellas.

Las razones para promover esta iniciativa ante el Congreso son las siguientes:

1.- Lograr una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local al homologar las elecciones estatales con las federales. Al efectuar en la misma fecha la elección de gobernador del estado, de Diputados locales y ayuntamientos, así como las de Presidente de la República, Senadores y Diputados federales.

Con esto, tendríamos elecciones sólo cada tres años, como ya sucede en varios países del mundo, y ello lleva a que haya una disminución considerable, sobre todo en el sistema político-electoral nuestro donde el financiamiento a los partidos políticos y candidatos es eminentemente de carácter público, teniendo una preponderancia esta parte.

2.- La reducción del costo financiero de los procesos electorales traería como consecuencia la oportunidad de atender, de derivar esos recursos hacia otras necesidades de carácter social que hoy en día la sociedad exige respuestas más concretas, y por falta de recursos lamentablemente no se atienden éstos.

Hoy en día los recursos que se destinan hacia los partidos políticos constituyen uno de los aspectos más importantes, y vemos en un análisis de derecho comparado, México es de los países que nos cuesta más la democracia, que nos cuestan más las elecciones.

3.- Abatir el abstencionismo de la sociedad en las elecciones dado por la frecuente convocatoria a elecciones estatales y federales en tiempos diferentes.

Además, esta medida es una respuesta a un justificado reclamo social derivado de la proliferación de procesos electorales locales en un calendario que comprende todos los años y varios meses dentro de cada año. Esta situación ha provocado el alejamiento del ciudadano de las urnas, la erogación innecesaria de cuantiosos recursos públicos y la permanente actividad electoral de los partidos políticos, restando tiempo y posibilidades a la realización de otras actividades políticas inherentes a los partidos y sometiendo a la relación entre ellos, y con las autoridades a una tensión que perjudica el diálogo, la negociación y la deseable construcción de acuerdos a favor de la sociedad.

Por ello, amigas y amigos Senadores, estamos proponiendo modificar al artículo 116 de nuestra Constitución para que podamos homologar las elecciones municipales, de congresos locales, de gobernador, de Diputados federales, de Senadores de la República y de Presidente de la República donde sólo habría elecciones cada tres años, y no como hoy en día entidades que tienen hasta cinco elecciones en un sexenio, y eso indudablemente que ha afectado el interés ciudadano por una mayor participación.

Por ello, amigas y amigos, la propuesta concreta es reformar la fracción IV del artículo 116 de nuestra Constitución que la propuesta sería la siguiente:

Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los estados deberán ajustar su legislación para que la celebración de las elecciones locales coincida con los comicios federales, debiendo celebrarse la elección de gobernador de forma concurrente con la elección de Presidente de la República y las elecciones de Diputados locales e integrantes de los ayuntamientos con la elección intermedia de Diputados federales.

Esta es la propuesta que ponemos a la consideración de este Pleno el Senador Francisco García Cabeza de Vaca y un servidor.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

"Los suscritos, Senadores José Rosas Aispuro Torres y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de diversos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A), DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 116, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El eje articulador de la reforma constitucional mexicana en materia electoral en el 2012, lo constituyó la participación ciudadana en el ejercicio del poder público. Las reformas tienen como fuerza motriz la exigencia de la sociedad civil para reconocer que los ciudadanos participen en la vida pública no sólo mediante la emisión de su voto cada vez que haya una elección, sino que lo hagan de manera más frecuente en el ejercicio del poder público, para transitar de la democracia representativa a la democracia participativa.

La inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diversas formas de participación ciudadana se había estado demandando por organizaciones de la sociedad civil, por académicos mediante iniciativas de legisladores, sobre todo después de la cuestionada elección presidencial de 1988 y ahora se ha convertido en realidad con la reforma realizada el año 2012.

Por otra parte, el hecho de que constantemente se libren procesos electorales, sin duda, genera un desgaste en la sociedad. Durante meses, los candidatos ocupan los medios de comunicación masiva; las calles, mediante publicidad impresa o pintada, e incluso el espacio privado es ocupado a través de pasquines que se entregan casa por casa, por llamadas telefónicas, ya de compañías encuestadoras o de partidos políticos o por visitas de promotores del voto.

Año con año, sin importar la época, hay alguna contienda electoral en marcha.

Es un hecho que, además de los tiempos que se destinan a las precampañas y campañas electorales, con la entrada de nuestro país en la democracia, las contiendas políticas trascienden lo estrictamente electoral y se amplían hacia lo poselectoral. Los partidos políticos, además de presentar sus inconformidades ante las instituciones creadas para tales fines, pretenden encauzar la decisión de los tribunales con una constante presencia en el escenario mediático, ya sea a través de denuncias, entrevistas, concentraciones callejeras o protestas diversas.

Diversos analistas consideran que homologar las fechas de los comicios locales y federales se tendrían campañas propositivas, lo que le daría la confianza a la ciudadanía para incrementar la votación y tener menos abstencionismo en las urnas, aumentando con eso su satisfacción con la democracia.

Así, algunos expertos suponen que las ventajas asociadas a la homologación de calendarios en los estados se verían reflejadas en un incremento de la participación electoral, una mayor capacidad ciudadana de monitoreo, la reducción de costos en la organización electoral y un mejor ambiente de negociación para los partidos que ocuparían menor tiempo en las contiendas electorales (Peschard, 2004: 80; Vergara, 2007: 16).

Los espacios de competitividad y de acuerdo son elementos fundamentales de la democracia; sin embargo, es necesario que tanto la sociedad como los profesionales de la política seamos capaces de diferenciar cada uno de estos espacios.

Una razón fundamental de la parálisis legislativa tiene relación directa con las persistentes contiendas electorales. Así, tenemos una democracia en la que a la par que se pretenden acuerdos, se libran batallas electorales o se está a la víspera de ellas.

Las razones para promover esta iniciativa ante el Congreso son las siguientes:

a) Lograr una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local al homologar las elecciones estatales con las federales. Al efectuar en la misma fecha la elección de Gobernador del Estado, de Diputados Locales y Ayuntamientos Municipales así como las de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales.

b) La reducción del costo financiero de los procesos electorales y la reducción de los recursos dedicados a la formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte del poder público.

c) Abatir el abstencionismo de la sociedad en las elecciones dado por la frecuente convocatoria a elecciones estatales y federales en tiempos diferentes.

Además, esta medida es en respuesta a un justificado reclamo social derivado de la proliferación de procesos electorales locales en un calendario que comprende todos los años y varios meses dentro de cada año. Esa situación ha provocado el alejamiento ciudadano de las urnas, la erogación innecesaria de cuantiosos recursos públicos y la permanente actividad electoral de los partidos políticos, restando tiempo y posibilidades a la realización de otras actividades políticas inherentes a los partidos y sometiendo la relación entre ellos, y con las autoridades, a una tensión que perjudica el diálogo, la negociación y la deseable construcción de acuerdos.

De acuerdo con el artículo 19, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir:

a. Diputados federales, cada tres años;

b. Senadores, cada seis años; y

c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.

Durante el periodo en que dura en el encargo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se realizan dos elecciones federales ordinarias: las intermedias, donde se renueva la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados; y la elección donde se renueva a la totalidad de los miembros del Congreso de la Unión y se elige al nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte el artículo 174, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

Además, en el artículo 174, numeral 2 al 7 del mismo código, se establece que el proceso electoral ordinario federal comprende las etapas siguientes:

a) Preparación de la elección;

b) Jornada electoral;

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo.

La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto celebre durante la primera semana del mes de octubre del año previo al en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio y concluye con la clausura de casilla.

La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo.

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local o Distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.

Como se puede observar, dentro del proceso electoral federal se ubica la etapa de la jornada electoral, que se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio y concluye con la clausura de casilla.

Actualmente la redacción del artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I…

II…

III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

Como se observa, tal disposición señala que los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no están obligados a celebrarlas el primer domingo de julio del año que corresponda y tampoco obliga a que los procesos electorales locales deban celebrarse concurrentemente con los comicios federales, provocando la saturacióny consiguiente abstencionismo a que se ha hecho referencia en la presente iniciativa.

Para ilustrar la reforma que se propone realizar al artículo 116 fracción IV, inciso a) de la Constitución General de la República en la siguiente tabla se realiza un análisis comparativo:

REDACCIÓN VIGENTE

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I…

II…

III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I…

II…

III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados deberán ajustar sus legislaciones para que la celebración de las elecciones locales coincida con los comicios federales, debiendo celebrarse la elección de gobernador de forma concurrente con la elección de presidente de la república y las elecciones de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos con la elección intermedia de diputados federales, salvo el caso en que el periodo de los integrantes de ayuntamientos sea de 4 años;

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas estatales deberán prever en su legislación que los servidores electos por voto popular concluyan el periodo para el que fueron electos y posteriormente se realicen los ajustes necesarios para que las elecciones locales concurran con las federales en los términos del inciso a), fracción IV, del artículo 116 constitucional.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

En este sentido, cabe precisar que para dar cumplimiento a esta disposición, es necesario que la legislaturas estatales observen la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 82/2007 cuyo rubro y texto se trascriben a continuación:

PRORROGA DE MANDATO. ES INCONSTITUCIONAL EN CASO DE QUE IMPLIQUE LA PROLONGACION DE LA LEGISLATURA LOCAL Y DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESE MOMENTO EN CURSO, MÁS ALLA DEL PERIODO PARA EL CUAL HAN SIDO ELECTOS.

El sistema normativo establecido en una Constitución Local para dar operatividad a la intención de homologar los tiempos de los comicios locales con los federales, es inconstitucional ya que tiene por objeto ampliar el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los Ayuntamientos que se encuentren en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos directa y democráticamente, porque tal ampliación equivale, de facto, a que los órganos representativos se coloquen unilateralmente como únicos participantes activos y pasivos (virtualmente son únicos votantes y ciudadanos elegibles), como si se tratara de una elección propia para un nuevo periodo, excluyendo prácticamente a esos efectos a toda la comunidad del territorio de la entidad federativa, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, y convirtiéndose, al mismo tiempo, en intermediarios de una tácita elección en la que se señalan a ellos mismos como triunfadores, de conformidad con los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; los derechos fundamentales de participación política a votar y ser votado; así como el principio de no reelección, reconocidos en los artículos116, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, inciso a); 115, fracción I, segundo párrafo, en relación con los numerales35, fracciones I y II, 39, 40, 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PLENO

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2006 Y SUS ACUMULADAS 49/2006, 50/2006 Y 51/2006.Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 82/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Por lo anterior, sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Unico. Se reforma el inciso a) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I…

II…

III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados deberán ajustar sus legislaciones para que la celebración de las elecciones locales coincida con los comicios federales, debiendo celebrarse la elección de gobernador de forma concurrente con la elección de presidente de la república y las elecciones de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos con la elección intermedia de diputados federales, salvo el caso en que el periodo de los integrantes de ayuntamientos sea de 4 años;

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas estatales deberán prever en su legislación que los servidores electos por voto popular concluyan el periodo para el que fueron electos, y posteriormente, se realicen los ajustes necesarios para que las elecciones locales concurran con las federales en los términos del inciso a), fracción IV, del artículo 116 constitucional.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador José Rosas. El Senador Isidro Pedraza le consulta si puede adherirse a su iniciativa, igualmente el Senador Martínez García y la Senadora Díaz Lizama; concedida su petición Senadores, por el ponente.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, a nombre de Senadoras y Senadores de la República, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de CC. Senadoras y Senadores de la República)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

Un grupo de 27 Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Movimiento Ciudadano, presentamos una iniciativa que se orienta al respecto y salvaguarda de los derechos más elementales de los ciudadanos.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación; nuestra Constitución plasmó con mayor precisión los principios universales de definición, protección y defensa de los derechos propios de la condición humana, por lo que ningún servidor público puede excusarse de protegerlos y garantizar su pleno ejercicio o justificar cualquier acción que en los hechos, los vulnere o menoscabe.

Es evidente que esta reforma constitucional, exige emprender modificaciones legislativas adicionales para renovar las estructuras legales y adecuar supuestos normativos secundarios, en lo que rediseño de este nuevo edificio constitucional, a efecto de que el Estado mexicano cumpla su compromiso inexcusable de proteger tales derechos.

La postergación de dichos cambios, producen, y seguirán generando en los hechos que estos principios constitucionales, como los de igualdad y la no discriminación sean tan sólo un propósito inacabado en detrimento del ejercicio de derechos fundamentales de la población, tales como el derecho de la seguridad social.

Ejemplos desafortunados podemos encontrarlos en años anteriores, en los que a personas del mismo sexo unidas legalmente en matrimonio, del Distrito Federal, tuvieron que acudir a diversas instancias para exigir una respuesta positiva ante la negativa vertida a su solicitud de afiliación de sus cónyuges, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.

Particularmente, en el 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, documentó y resolvió diversos casos de esta naturaleza, dicho Consejo en su resolución por disposición 2/2011, determinó en términos generales, cito:

“El Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar inmediatamente el registro de inscripción como beneficiarios derechohabientes de las parejas cónyuges, en este caso del mismo sexo, a fin de reconocer y garantizar el goce del derecho a la seguridad social y todas las prestaciones que se deriven de ese estado, atendiendo el deber que tienen de proteger a las familias en el sentido más amplio e integral que proceda.

En lo sucesivo, efectuarán el registro de las personas familia del derechohabiente, previa solicitud y trámite conducente, que haya celebrado matrimonio o que vivan en concubinato con otras de su mismo sexo, sin que las preferencias sexuales o cualesquiera otras causas establecidas en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea impedimento para ello”.

Actualmente se encuentra vigente el principio pro-persona, que rige la materia de los derechos humanos; puesto que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de que México es parte, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia; es por ello que, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE, hoy tienen expresamente los elementos jurídicos para realizar una interpretación más íntegra de sus respectivas leyes de seguridad social, a fin de cumplir la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas del mismo sexo que celebran matrimonio o viven una relación de concubinato y que solicitan a dichas instancias la inscripción de su cónyuge o pareja, como beneficiario o beneficiaria de derechohabiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado de manifiesto que nuestra Ley Fundamental establece como garantía individual que las leyes deben proteger a la familia en sus múltiples organizaciones o manifestaciones; por ende, esa protección se extiende a los derechos que nacen de dichas uniones. Existen diversas tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación en la que se establecen criterios jurisprudenciales que marcan el sentido exegético y progresivo de nuestra Ley Fundamental y todo el orden jurídico mexicano.

Particular apreciación reviste la tesis número XXV/2011 relativa a los matrimonios heterosexuales y del mismo sexo, que señala de manera específica. Cito: “Si bien es cierto que antes el concepto de cónyuge se encontraba reservado a las parejas heterosexuales, también se reconocen como cónyuges a los integrantes de matrimonios conformados por dos hombres o por dos mujeres”.

En el nivel internacional, existe un conjunto de instrumentos jurídicos, resoluciones y observaciones emitidas por organismos internacionales; el Estado mexicano está obligado a modificar su legislación interna para que sea ésta compatible con el disfrute universal de todos los derechos humanos, incluidos el de la seguridad social.

Compañeras y compañeros Senadores, a efecto de garantizar la observación y cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación previstos en nuestro orden constitucional, así como superar y evitar cualquier interpretación y aplicación discrecional de las leyes que extrañe algún tipo de discriminación por la preferencia sexual.

Proponemos este conjunto de reformas legales, atendiendo a dichos principios; al principio pro-persona, establecido en el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales de que México es parte y a la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Pido a esta Presidencia se inserte el texto íntegro de esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL; Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El dinamismo con el que nuestra Constitución se ha ido transformando en sus contenidos, hace indispensable la adecuación de la legislación secundaria a las nuevas realidades sociales, para reafirmar y actualizar principios fundamentales que reconocen y salvaguardan derechos fundamentales.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación; nuestra Constitución plasmó con mayor precisión los principios universales de definición, protección y defensa de los derechos propios de la condición humana, por lo que ningún servidor público puede excusarse de protegerlos y garantizar su pleno ejercicio o justificar cualquier acción que en los hechos, los vulnere o menoscabe.

Es evidente que esta reforma constitucional, exige emprender modificaciones legislativas adicionales para renovar las estructuras legales y adecuar supuestos normativos secundarios, en el rediseño de este nuevo edificio constitucional, a efecto de que el Estado mexicano cumpla su compromiso inexcusable de proteger tales derechos.

La postergación de dichos cambios, producen y seguirán generando en los hechos que estos principios constitucionales, como los de igualdad y no discriminación, sean tan sólo un propósito inacabado en detrimento del ejercicio de derechos fundamentales de la población, tales como el de la seguridad social.

Ejemplos desafortunados podemos encontrarlos en años anteriores, en los que apersonas del mismo sexo unidas legalmente en matrimonio en el Distrito Federal, tuvieron que acudir a diversas instancias, para exigir una respuesta positiva a su solicitud de afiliación de sus cónyuges a las Instituciones de seguridad social, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Particularmente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), documentó diversos casos de esta naturaleza al conocer y resolver diversas reclamaciones ciudadanas por actos y hechos presuntamente discriminatorios por preferencias sexuales.

1.-Tal como se desprende de la Resolución por disposición 2/2011,emitida el 6 de julio de 2011 por dicho Consejo, el IMSS refirió concretamente en sus informes rendidos al mismo con relación particular a la aplicación de su legislación para los efectos de negar el registro o afiliación a los cónyuges del mismo sexo de asegurados o aseguradas, que:

Las personas del mismo sexo que celebraron matrimonio, de conformidad con las disposiciones reformadas del Código Civil del Distrito Federal, no se podría considerar que uno de ellos tiene el carácter de beneficiario del otro, para efectos del régimen del seguro social., ya que en el artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, debe destacarse que de conformidad con las disposiciones relativas a cada uno de los cinco seguros que integran el régimen obligatorio del Seguro Social, se aportan mayores elementos para determinar con toda precisión a los sujetos considerados como beneficiarios; es decir, se establecen con absoluta precisión a las personas, incluyendo su género, que se consideran como beneficiarios en relación con las figuras jurídicas de matrimonio y concubinato.

En consecuencia, ante las solicitudes de asegurados o aseguradas unidas en matrimonio en el D.F, no es posible acceder a autorizar el registro de beneficiarios esposos, toda vez que el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, no contempla al esposo del asegurado como sujeto de aseguramiento del régimen del Seguro Social; y en otro caso, que no era procedente el registro como beneficiarios para personas que no están contempladas como sujetas de aseguramiento al régimen del Seguro Social.

En razón de que la Ley del Seguro Social, es una norma especial reglamentaria, que se deriva del artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Seguro Social se rige, entre otros aspectos, en la determinación de los sujetos, por las disposiciones de la Ley especial, no de acuerdo con las leyes de carácter local de cada entidad federativa o del Distrito Federal.

En este sentido, el Congreso de la Unión, en ejercicio de su facultad legislativa en materia de seguridad social, al expedir la Ley del Seguro Social, determinó cuáles serían los familiares que dicho ordenamiento consideraría como beneficiarios de la seguridad social, estableciendo circunstancias de género que se observan en forma expresa, en cada uno sus capítulos que regulan los seguros que integran el Régimen Obligatorio de la propia Ley del Seguro Social.

En este contexto, al considerar la Ley del Seguro Social como sujetos de la seguridad social, con el carácter de beneficiarios del asegurado o asegurada en los supuestos de matrimonio y de concubinato, invariablemente a personas de género distinto a éste, es evidente la discordancia entre las disposiciones relativas de la Ley del Seguro Social y las normas del Distrito Federal en materia civil que regulan dichas figuras.

La actividad legislativa que afecte al Código Civil del Distrito Federal, en los casos concretos, el establecimiento de nuevos conceptos de matrimonio y de concubinato, no inciden en la Ley del Seguro Social, pues, sin desconocer las facultades del legislador local y las nuevas disposiciones aprobadas por el mismo, no se debe perder de vista que en materia de seguridad social la ley especial es la Ley del Seguro Social y, por lo tanto, corresponde exclusivamente al legislador federal la determinación de los sujetos beneficiarios de las prestaciones y servicios establecidos en dicho ordenamiento legal.

En este sentido, en el ámbito del Seguro Social, debe prevalecer la aplicación de las disposiciones de la Ley del Seguro Social que en los supuestos de matrimonio o de concubinato, establecen como beneficiarios del asegurado o asegurada, únicamente a personas de género diverso a aquéllos.

2.- Por su parte el ISSSTE señaló sustancialmente en un primer informe, que:

No es posible registrar como familiar derechohabiente a parejas del mismo sexo, ya que de una lectura gramatical, lógico-sistemática de los artículos 6°, fracción XII, 39, 40, 131, y 135 de la Ley del ISSSTE, se desprende que ésta en el caso de matrimonio y concubinato reconoce como familiares derechohabientes al varón con relación a la trabajadora o pensionada y a la mujer con relación al trabajador o pensionado.

En un subsecuente informe señaló:

De conformidad con el artículo 41, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se precisa que tendrán derecho a los servicios de seguro de salud, el cónyuge o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la trabajadora o pensionada con relación al primero, el trabajador o pensionado, con relación a la segunda, aunado a que la normatividad institucional entiende como matrimonio a la unión de personas de diferente sexo y en consecuencia la prestación de los servicios que la misma prevé sólo pueden ser dirigidos a tales.

MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DE LA PRESENTE INICIATIVA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACION.

Al haberse negado el registro de beneficiarios cónyuges del trabajador o asegurado del mismo sexo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, utilizando el argumento falaz de que la Ley no previene un supuesto que lo permita, es evidente que ambos Institutos incurrieron en actos discriminatorios por razones de preferencia sexual.

Al respecto, el Consejo para la Prevención de la Discriminación, en su Resolución por Disposición 2/2011, determinó en términos generales:

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar inmediatamente el registro e inscripción como beneficiarios derechohabientes de las parejas cónyuges (En este caso del mismo sexo), a fin de reconocer y garantizar el goce del derecho a la seguridad social y todas las prestaciones que se deriven de ese estado, atendiendo el deber que tienen de proteger a la familias en el sentido más amplio e integral que proceda.

2. En lo sucesivo, efectuarán el registro de las personas familia del derechohabiente, previa solicitud o tramite conducente, que hayan celebrado matrimonio o que vivan en concubinato con otras de su mismo sexo, sin que las preferencias sexuales o cualesquiera otras causas establecidas en el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sean impedimento para ello.

Siendo esta resolución del CONAPRED, un documento de enorme trascendencia y valor en el orden jurídico para resolver los casos de discriminación por preferencia sexual, los iniciadores consideramos retomar las consideraciones más relevantes de este Consejo, por ser parte fundamental de los precedentes que se han generado con el objeto de legislar y prevenir la comisión de este tipo de actos y hechos.

En ese tenor, se ha sustentado que previo a la reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, nuestra Carta Magna, ya en el artículo 133, contenía el mandato de atender lo dispuesto en los tratados internaciones, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Motivo por el cual, atendiendo a este principio de jerarquía de Leyes, tanto el IMSS como el ISSSTE, tenían desde ese momento las herramientas suficientes para llevar a cabo una interpretación armónica, sistemática y progresiva de sus respectivas leyes de seguridad social, con la propia Constitución, que tenía previsto el principio de igualdad, y la prohibición de las conductas o hechos discriminatorios; así también con los Tratados Internacionales que condenan las conductas discriminatorias y promueven el respeto por los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas en todos los ámbitos.

De esta manera, los institutos aludidos para tomar una resolución en torno a las solicitudes planteadas para su registro, tuvieron que interpretar en armonía su legislación, con la propia la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la Ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Código Civil del Distrito Federal, referente a las uniones celebradas entre personas del mismo sexo.

En específico, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos referida, el artículo 1° de nuestra Carta Magna quedó expresamente establecido el espíritu que ya traía consigo el precepto constitucional de la supremacía constitucional, puesto que es precisamente a partir de la obligación de atender los Tratados Internacionales a que se ha hecho referencia, los cuales traen consigo la promoción del respeto de los derechos humanos, que se hace efectivo para las personas, el goce de estos derechos, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la propia Constitución lo establezca;

Actualmente se expresa de manera clara el principio pro persona, que rige la materia de los derechos humanos; puesto que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de que México es parte, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia; con lo cual, tanto el IMSS e ISSSTE, hoy tienen expresamente los elementos jurídicos para la interpretación más amplia de sus respectivas leyes de seguridad social, para cumplir la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas del mismo sexo que celebran matrimonio o viven una relación de concubinato y que solicitan a dichas instancias la inscripción de su cónyuge o pareja como beneficiario o beneficiaria derechohabiente.

Es importante decir que la ley debe respetar los derechos en la Constitución y en la norma internacional sobre derechos; sin embargo, la ley no puede a priori limitar los derechos humanos, sino que debe seguir un test de constitucionalidad, lo que indica que no puede afectar el artículo primero párrafo tercero. En los casos de igualdad como prohibición de discriminar. En este sentido, la Corte ha señalado que el test de constitucionalidad exige además un escrutinio estricto, y añadió que con mayor razón cuando hay de por medio una “categoría sospechosa”, es decir, una restricción en función de factores que tradicionalmente han propiciado exclusiones a determinados grupos sociales.

Para sustentar con mayores argumentos la presente iniciativa, no es posible dejar de mencionar que existen también importantes resoluciones derivadas de juicios de amparo, emitidas por el Poder Judicial de la Federación:

A) La sentencia emitida en el juicio de amparo 590/2011-III, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal refirió que: la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que la figura de derechohabiente del trabajador(a) o pensionado(a) recae, entre otros, en su cónyuge de diverso sexo, cuando hace alusión a los términos de mujer o concubina(o), para el disfrute de las prestaciones, pero no prevé esa figura de derechohabiente, para los cónyuges del mismo sexo; ahora bien, esa previsión de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deviene inconstitucional, puesto que de conformidad con los artículos 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben proteger a la familia, entendida como una realidad social, es decir, que esa protección no debe abarcar solamente a familiares que surjan de matrimonio de un hombre y una mujer, sino incluso de personas del mismo sexo o de cualquier otro vínculo que denote una relación familiar.

B) Asimismo, en la resolución del juicio de amparo 2256/2010-VI, emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, se refirió que: la Ley del Seguro Social al establecer que la figura de beneficiario del asegurado(a) o pensionado(a) recae, entre otros, en su cónyuge de diverso sexo, cuando hace alusión a los términos viuda(o) y esposa(o), para el disfrute de diversos seguros; pero no prevé esa figura de beneficiario para los cónyuges del mismo sexo, deviene inconstitucional, de conformidad con los numerales 4° y 123, apartado A, fracciones XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, como la Ley del Seguro Social, deben proteger a la familia, entendida ésta como una realidad social; por ende, esa protección comprende a las familias que se constituyen por el matrimonio de personas del mismo sexo, razón por la cual la figura del beneficiario del asegurado o pensionado debe recaer, entre otros, en su cónyuge, sin que sea un impedimento que sea de su mismo sexo.

En general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado de manifiesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual que las leyes deben proteger a la familia en sus múltiples organizaciones o manifestaciones; por ende, esa protección incluye a las familias que se constituyen por el matrimonio de personas del mismo sexo y esa protección se extiende a los derechos que nacen de dichas uniones, tales como el derecho a la seguridad social, a la igualdad y al reconocimiento del matrimonio, ya que son derechos fundamentales, que el Estado mexicano a través de sus instituciones debe garantizar independientemente de la preferencia, orientación o identidad sexual de las personas.

En atención al principio constitucional de igualdad y no discriminación, existen diversas tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación, en las que se establecen criterios jurisprudenciales que marcan el sentido exegético y progresivo de nuestra Ley Fundamental y de todo el orden jurídico mexicano.

Dichos criterios que a continuación se invocan infieren que los servidores públicos, entidades y demás órganos del Estado bajo ningún criterio pueden vulnerar el espíritu del legislador constituyente, por lo que están obligados a atender el sentido hermenéutico internacionalmente aceptado.

• INTERPRETACION CONSTITUCIONAL. EL ALCANCE DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE BASARSE, ESENCIALMENTE, EN LO DISPUESTO EN ESTA Y NO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES EMANADAS DE ELLA. La conclusión a la que se arribe al realizar la interpretación de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe sustentarse, esencialmente, en lo previsto en las diversas disposiciones que la integran y en los antecedentes que la informan por lo que el alcance de las disposiciones de esa jerarquía no debe encontrar apoyo en lo establecido por el legislador ordinario, ya que esa forma interpretativa podría llevar al extremo de aceptar que las autoridades sujetas al orden constitucional, al ejercer sus atribuciones delimitadas en la propia Constitución, estuvieran en posibilidad de ampliar o reducir su esfera constitucional o, incluso, la conferida en esa misma sede a diversos órganos del Estado o a entidades políticas diferentes a la que integran, tornando nugatoria la intención del Constituyente y generando incertidumbre en los gobernados, sin menoscabo de reconocer que acudir a lo previsto en las disposiciones de rango inferior puede ser útil únicamente para corroborar la conclusión alcanzada.

Consulta a trámite 1/2004-PL. Derivada de la petición de Elva López Heredia, relacionada con el recurso de queja 53/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de mayo de 2006. Mayoría de siete votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Disidentes: Juan Díaz Romero, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de junio en curso, aprobó, con el número LVII/2006, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil seis.

PRINCIPIOS Y VALORES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION. DEBE ATENDERSE A ELLOS CUANDO LAS LEYES SON INSUFICIENTES PARA RESOLVER UNA CONTROVERSIA. Cuando las leyes son insuficientes, vagas, imprecisas, ambiguas o contradictorias, debe atenderse a los principios y valores consagrados en la Constitución para resolver una controversia y lograr la óptima aplicación del derecho. Este criterio, que parte de la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de algo como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, debe aplicarse en la mayor medida posible, en virtud de que las reglas (contenidas regularmente en las leyes) son enunciados que tienden a lograr la aplicación de los principios y valores a los casos concretos y, por tanto, de menor abstracción que éstos. A mayor abundamiento, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal (tesis P. XXVIII/98, página 117, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) ha sostenido que atento al contenido del artículo 14 constitucional, ante la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, pueden utilizarse mecanismos de interpretación jurídica que permitan desentrañar su sentido y alcance, y cuando se trata del mandato constitucional, deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los principios, valores e instituciones que salvaguarda.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 145, tesis P. CIV/2000, de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."

Nota: La tesis P. XXVIII/98 citada, aparece publicada con el rubro: "INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR."

Tesis Aislada, I.4o.A.439 A, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, tribunales colegiados de circuito, XX, septiembre 2004, pág. 1836

• “INTERPRETACION CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSION CONGRUENTE Y SISTEMATICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.” [Tesis Aislada P. XII/2006, emitida por el Tribunal Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 25.]”

INTERPRETACION HISTORICA TRADICIONAL E HISTORICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCION. Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio.

Amparo en revisión 2301/98.—Justo Andrés Medina Escobedo.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. Amparo en revisión 2295/98.—César Daniel Ruiz Vera.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en revisión 536/99.—Rosaura Hernández Vargas.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 1323/98.—Luis Alberto Muy Ceballos.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Tereso Ramos Hernández. Amparo en revisión 690/99.—Edgardo Medina Durán.—28 de septiembre de 1011616. 324. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Cuarta Sección – Seguridad jurídica, Pág. 1315. -1-1999.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretaria: María del Socorro Olivares de Fabela. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 61/2000, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 13, Pleno, tesis P./J. 61/2000; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 413; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 483.

Particular apreciación reviste la siguiente tesis para dar mayor uniformidad y congruencia a las propuestas de reforma en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo:

MATRIMONIO. EL TERMINO "CÓNYUGE" COMPRENDE A LOS INTEGRANTES DE MATRIMONIOS HETEROSEXUALES Y A LOS DEL MISMO SEXO (REFORMA AL ARTICULO 146 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Si bien es cierto que antes de la reforma referida, el concepto de "cónyuge" se encontraba reservado a las parejas heterosexuales, en tanto el artículo 146 del referido ordenamiento establecía como matrimonio la unión libre de un hombre y una mujer, también lo es que al redefinirse este último con motivo de dicha reforma como la unión libre de dos personas, los alcances jurídicos del citado precepto fueron modificados, de manera que actualmente, en el Distrito Federal, también se reconocen como cónyuges a los integrantes de matrimonios conformados por dos hombres o por dos mujeres.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION INTERNACIONAL

En el nivel internacional, existen un conjunto de instrumentos jurídicos, resoluciones y observaciones emitidas por organismos internacionales, en los que se han fijado los criterios con que los Estados deben regir su actuación para asegurar que todas las personas gocen de forma efectiva de sus derechos humanos sin restricción alguna por causa de su orientación sexual o identidad de género.

En cumplimiento a estos criterios y disposiciones, el Estado mexicano está obligado a modificar su legislación interna para que ésta sea compatible con el disfrute universal de todos los derechos humanos, de manera que la familia se conciba en atención a los cambios económicos y sociales que se han producido recientemente en el país y en el extranjero, para reconocer los matrimonios o uniones, celebrados entre personas del mismo sexo, de manera que se hagan extensivos a éstas los derechos reconocidos a partir de tales actos jurídicos, como sucede en los casos de matrimonio o uniones celebradas entre personas de sexos diversos, entre ellos, el derecho a la seguridad social.

En suma, ningún órgano, institución, servidor público tienen la potestad y el alcance para modificar la naturaleza o los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como de la seguridad social contenidos en la legislación mexicana.

A) Resoluciones y observaciones:

1. Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de los Estándares y Legislación Internacional de Derechos Humanos en Cuestiones de Orientación e Identidad de Género,44 presentados por el Consejo de Naciones Unidas el 26 de marzo de 2007, establecen el compromiso de los Estados para modificar toda legislación, a fin de asegurar su compatibilidad con el disfrute universal de todos los derechos humanos de las personas, sin que la orientación sexual o identidad de género sean impedimento para ello.

En esa tesitura, se consagra el derecho de toda persona a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, reconociendo que existen diversas configuraciones de familia; de ahí que el numeral 13 de los Principios disponga que:

Los Estados adoptarán tomas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias, a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y otras medidas de protección social […] beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y demás beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de su enfermedad o muerte.

De igual forma, en el inciso E) del numeral 24 se establece el compromiso de los gobiernos para asegurarse de que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia registradas entre personas del mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas o en sociedad de convivencia registrada.

2. En el Programa de Acción sustentado en la Conferencia Internacional de Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, Egipto del 5 al 13 de septiembre de 1994, se sostuvo que el vertiginoso cambio que se suscita en el ámbito demográfico y socioeconómico impacta directamente en la constitución y concepción de la estructura familiar, razón por la cual, es insostenible en la actualidad sustentar las ideas tradicionales de la familia, pues dichos prototipos no son compatibles con los cambios económicos y sociales que se han venido produciendo recientemente.

3. En la Observación General 16, de fecha 6 de abril de 1988, emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vinculada con el Derecho al Respeto de la Privacidad, Familia, Domicilio y Correspondencia, así como a la protección del Honor y la Reputación, se indica que el concepto de familia deberá interpretarse con un criterio amplio, como se entiende en la sociedad del Estado de que se trate.

4. Se debe recordar el posicionamiento que realizó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución concerniente al 17° periodo de sesiones, celebrado el 17 de junio de 2011, referente a los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en el que se expresa la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género, motivo por el que se solicita a la Alta Comisionada, documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género en todas las regiones del mundo.

B) Disposiciones jurídicas internacionales:

Son categóricos los textos de los artículos 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 4° del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que a continuación se transcriben, al establecer que debe imperar la igualdad de las personas para su protección ante la ley, por lo que no puede restringirse o menoscabarse ninguno de su derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna.

1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, dispone en su ARTICULO 5.2 “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”

2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su ARTICULO 5.2: No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ratificada por México el 24 de marzo de 1981, reza en su ARTICULO 24 que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

4. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, ratificado por México el 16 de abril de 1996, en su ARTICULO 4, expresa que: No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

CONSIDERANDO, que:

Con base en uno de los principios que es columna vertebral para el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los gobernados, y también el límite de la actuación de toda autoridad, como lo es el principio de legalidad, y a efecto de garantizar la observación y cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación previstos en nuestro orden constitucional, así como superar y evitar cualquier interpretación y aplicación discrecional de las leyes que se aleje del contenido y esencia de los mismos, por parte de cualquier autoridad del estado, particularmente en materia de seguridad social.

Es al legislador ordinario con base en tal principio, a quien le compete expedir las modificaciones que tengan dicho propósito y precisar categóricamente en la legislación correspondiente las hipótesis normativas que garanticen el acceso y disfrute de los beneficios de la seguridad social para los cónyuges del mismo sexo de las aseguradas o asegurados, pensionadas o pensionados.

En el orden interno, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, sin dejar de señalar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Dicho precepto también prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.

Los artículos 4 y 123, apartado B), fracción XI de nuestro Código Político, contemplan respectivamente, la protección de la organización y el desarrollo de la familia; y el derecho a la seguridad social.

Por su parte, el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En consecuencia, proponemos este conjunto de reformas legales, atendiendo a dichos principios; al principio pro persona establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales de que México es parte y a la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para asegurar el acceso y disfrute a la seguridad social a los cónyuges del mismo sexo de quienes se encuentran aseguradas o asegurados en el IMSS o el ISSSTE.

Compañeras y compañeros Senadores:

No aprobar esta Iniciativa, es lapidar la voluntad y la exigencia de la sociedad mexicana, para hacer posible su convivencia, en un marco de respeto a los derechos humanos, exenta de todo tipo de discriminación y en condiciones de igualdad para el ejercicio de los mismos, en este caso, al derecho a la seguridad social.

Permitir que se continúe violentando nuestra Constitución Política y no legislar para evitar que se sigan cometiendo atropellos y vejaciones a los derechos más elementales, es ir en un contrasentido a la aspiración del Estado mexicano, por fortalecer y consolidar su democracia.

Por lo antes expuesto, nos permitimos poner a la consideración de este Senado de la República el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos64, fracciones II, III, IV V y VI; 65, 66, 84; 127, fracción IV; 130; 133; 134; 135; 137; 138; 140; 144; 171, fracción II; 193; 201; 205; 209; 241 y 242 de la Ley del Seguro Social, se adiciona una fracción XII Bis al artículo 5 A; y se derogan los segundos párrafos de las fracciones III y IV del artículo 84 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a XII. …

XII Bis. Cónyuge: comprende a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo;

XIII. a XIX. …

CAPITULO III

DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

SECCION TERCERA

DE LAS PRESTACIONES EN DINERO

Artículo 64. ….

I.

II. Al cónyuge supérstite del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. A cada uno de los huérfanos que lo sean de uno u otro de sus ascendientes en primer grado, que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo;

IV. A cada uno de los huérfanos que lo sean de uno u otro de sus ascendientes en primer grado, menores de dieciséis años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla dieciséis años.

V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente falleciera el otro ascendiente, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del segundo ascendiente y se extinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones, y

VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de ambos ascendientes, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

Artículo 65. Sólo a falta de cónyuge supérstite tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien el asegurado vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos gozará de la pensión.

Artículo 66.

...

A falta de cónyuge supérstite, huérfanos, concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.

Tratándose del cónyuge supérstite o, en su caso, de la concubina o concubinario, la pensión se pagará mientras no contraigan matrimonio o entren en concubinato. Al contraer matrimonio o entrar en concubinato, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue.

CAPITULO IV

DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I.El asegurado;

II. El pensionado por:

a) Incapacidad permanente total o parcial;

b) Invalidez;

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y

d) Viudez, orfandad o ascendencia;

III. El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida conyugal durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a la protección.

Segundo Párrafo. Se deroga

IV. El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, la concubina o concubinario si se reúnen los requisitos de la fracción III.

Segundo párrafo. Se deroga

V. aVII.

VIII. Los padres del asegurado que vivan en el hogar de éste, y

IX. Los padres del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

Los sujetos comprendidos en las fracciones V a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley.

CAPITULO V

DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA

SECCION TERCERA

DEL RAMO DE VIDA

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

I. a III.

IV. Ayuda asistencial al pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y

V. ...

...

...

...

...”

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el que fue cónyuge del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con quien hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

Segundo Párrafo. Se deroga

Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando el cónyuge supérstite, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.

El cónyuge supérstite, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio, recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban.

Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera uno u otro de sus ascendientes en primer grado y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.

...

...

Artículo 135. La pensión del huérfano a que se refiere el artículo anterior será igual al veinte por ciento de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de ambos ascendientes, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.

Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de uno de sus ascendientes y posteriormente falleciera el otro, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente.

Artículo 137. Si no existieran cónyuge supérstite, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

SECCION CUARTA

DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Y AYUDA ASISTENCIAL

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Para el cónyuge, o en su caso, concubina o concubinario del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II.

III. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, ni concubina o concubinario, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;

IV. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, ni concubina o concubinario, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y

V. …

…”

Artículo 140. El Instituto concederá ayuda asistencial al pensionado por invalidez, con excepción de los casos comprendidos en las fracciones IV y V del artículo 138, así como a los cónyuges supérstites pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera permanente o continua. Con base en el dictamen médico que al efecto se formule, la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión de invalidez o viudez que esté disfrutando el pensionado.

SECCION QUINTA

DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES

DE INVALIDEZ Y VIDA

Artículo 144. El total de las pensiones atribuidas al cónyuge supérstite, o a la concubina oconcubinario y a los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.

CAPITULO VI

DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

SECCION SEXTA

DE LA PENSION GARANTIZADA

Artículo 171. El asegurado, cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, en los porcentajes del capítulo V de este Título, recibirá del Gobierno Federal una aportación complementaria suficiente para el pago de las pensiones correspondientes, mismas que se otorgarán en los siguientes términos:

I.

II. La pensión del huérfano de algunos de sus ascendientes en primer grado será igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer. Si el huérfano lo fuera de ambos ascendientes, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.

Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de uno de sus ascendientes y posteriormente falleciera el otro, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento de la base señalada, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente, y

III. ...

...

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso a); 39; 41; fracción I; 70; 131; fracción II y III; 135; fracción II; y se adiciona una fracción III Bis al artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a III.

III Bis. Cónyuge, comprende a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo;

IV. a XI.

XII. Familiares derechohabientes a:

a) El cónyuge, o a falta de éste, la persona con quien el Trabajador o el Pensionado ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

a) ad)

1)

2)

XIII. aXXIX.

CAPITULO II

SEGURO DE SALUD

Sección IV

Atención Médica Curativa y de Maternidad y Rehabilitación Física y Mental

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge o, en su caso, la concubina del Trabajador o del Pensionado, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. a III.

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:

I. El cónyuge, o a falta de éste, la persona con quien el Trabajador o el Pensionado ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la prestación;

II. a V.

a) a b)

CAPITULO V

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

Sección I

Generalidades

Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares del Trabajador, así como en cuanto a la asignación de la Pensión para el cónyuge supérstite, concubina, concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

I.

II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la persona con quien haya vivido en concubinato el Trabajador o Pensionado hubiere tenido hijos, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a Pensión.

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará, conjunta o separadamente, a los ascendientes en primer grado y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del Trabajador o Pensionado;

IV. a V.

Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión se pierden para los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado por alguna de las siguientes causas:

I.

II. Porque la Pensionada o el Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio el cónyuge supérstite, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando.

La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan cónyuge supérstite, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma.

III.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, al presente Decreto.

Tercero.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, al presente Decreto.

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Suscriben".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fernando Mayans. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Recibimos con las firmas originales de 27 legisladores.

Senador Yunes Márquez, ¿con que objeto?

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Si me permite el promovente añadirme a la iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Lo autoriza, Senador Mayans Canabal? Con mucho gusto lo registramos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CON LA FINALIDAD DE REGULAR LA VIOLENCIA OBSTETRICA EN NUESTRO PAIS

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señora Presidenta.

Quiero llamar la atención en un tema que considero importante que el marco jurídico que habla de las violencias en contra de las mujeres, también lo contenga, y estoy proponiendo una modificación, una reforma de adición al artículo 6 de la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Y me quiero referir a una de las violencias que parecieran se conocen menos, pero es muy recurrente, y es la violencia obstétrica, ésta es una de las formas que padecen diariamente las mujeres de manera física cuando se les quieren aplicar tratamientos, métodos invasivos que atentan contra sus derechos humanos, pero también la psicológica, la emocional, que se aplica a las mujeres cuando se les da un trato deshumanizado, grosero e insultante.

Cuántas veces hemos escuchado cuando la mujer va a parir, cuántas cosas se le profieren y burlas y groserías y demás.

Ese es un ejemplo, entre muchos, que las mujeres padecen, la Constitución habla del derecho pro-persona, de los derechos humanos que tenemos hombres y mujeres, también la Ley General de Salud, tenemos un norma oficial que habla para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido.

Sin embargo, considero que es importante, que si otros estados han adoptado este concepto tan importante en la vida de las mujeres como es el estado de Veracruz, Guanajuato, que hablan acerca de toda una estadística de datos que pintan de cara el asunto al que me estoy refiriendo.

El INEGI ha hablado que México ocupa el cuarto lugar en las prácticas de cesárea, además el INEGI también habla del 38.1 por ciento del total de nacimientos por cesárea y hay datos que hablan específicamente de que es importante que se regularice y se adapte un mejor marco jurídico en la materia.

Por eso estoy proponiendo un proyecto de Decreto que reforma y adiciona la fracción VI y leo el concepto:

“VI.- Violencia obstétrica.- Es toda acción u omisión intencional por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y

VII.- Cualesquier otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Sonido en el escaño del Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para felicitar a nuestra amiga Senadora Diva Gastélum por esta propuesta.

Pedirle me permita sumarme a esta iniciativa y, desde luego, también que se turne a la Comisión de Salud para opinión o para dictaminación, yo creo sería para opinión, el que considere también sea analizada en la Comisión de Salud.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Autorizado por esta Presidencia y con mucho gusto esta Presidencia lo turna también a la Comisión de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Salud.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO SEPTIMO BIS AL TITULO SEGUNDO Y ADICIONA UN TITULO SEXTO A LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Buen día, saludo a mis compañeras y compañeros Senadores:

Con fundamento en el marco jurídico que nos da la facultad de presentar iniciativas es que presento esta iniciativa con proyecto de Decreto ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, por el cual se adiciona un Capítulo Séptimo Bis De las Familias Sustitutas al Título Segundo De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y adiciona un Título Sexto Del Fideicomiso Capítulo Unico Del Fideicomiso de Familias Sustitutas de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el párrafo sexto del artículo 4o., el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y establece que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, así como que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Desde 1990, México, junto con otros países promovió en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la realización de la Cumbre Mundial en favor de la infancia, para abordar al más alto nivel internacional los problemas de la niñez y la adolescencia.

Este Senado ya ratificado la Convención sobre la Niñez y la Legislación Interna se ha venido actualizando de manera sobresaliente con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2000.

La antes referida ley establece un Capítulo Séptimo Del Derecho a Vivir en Familia y en su artículo 25 dispone que, cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrían derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentren bajo la tutela de ésta, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar; y en su apartado B, hace referencia que para ejercer el derecho a vivir en familia, en caso de desamparo, éste se ejercerá a través de la participación de familias sustitutas, pero en este título no hace referencia a qué se entiende por ello. Es decir, la participación de familias sustitutas y el procedimiento para llevarla a efecto.

Sin duda, la familia es el primer espacio de socialización del nuevo ser de la niñez y de la adolescencia e información, los otros procesos del lenguaje, afecto, valores, así como la internalización de las buenas costumbres, el respeto y el honor a los integrantes de la familia y más tarde a los integrantes de la sociedad en que se desarrolla.

Por ley, el Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es el responsable de establecer el Programa Nacional para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, de aportar los recursos necesarios para su operación, darle el seguimiento, evaluar sus resultados y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

En la presente iniciativa mandatamos un programa de familia sustituta y un fondo específico para dar cumplimiento al derecho a vivir en familia de todo menor de 18 años, privado o en desamparo de su familia.

Propongo extender este manto protector al desamparo y/o orfandad de nuestra niñez y adolescencia, además de establecer candados de vigilancia, supervisión y evaluación del programa de familias sustitutas financiadas por el ámbito gubernamental; y de establecer un fideicomiso público exclusivo para el financiamiento del Programa Familia Sustituta; definimos qué se entiende por Familia Sustituta, sus obligaciones, las autoridades responsables para autorizar el apoyo económico que se otorgará a través del fideicomiso.

En nuestra sociedad, no hace mucho, sobre todo en familias del medio rural era común la práctica de dar acogida y crianza, como si fuera uno más de su familia, a niñas, niños y adolescentes privados de su familia. Hoy, con esta iniciativa, institucionalizamos esta práctica solidaria y humana.

Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que guían a la presente iniciativa son: El interés superior de la infancia; el de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo; y el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad.

Es por lo antes expuesto, que expongo ante esta Asamblea esta iniciativa, en la cual viene un Artículo Primero donde se adiciona un Capítulo Séptimo Bis De las Familias Sustitutas, al Título Segundo de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ley en comento, para quedar, y hago, pues, una relatoría, que yo pido quede íntegra en el Diario de los Debates, pero que tiene que ver con la definición de lo que es la Familia Sustituta y con el procedimiento para complementar esta facultad.

Y desde luego también creamos este fideicomiso en el cual, en el artículo 48 de la presente ley, se daría una aportación económica mensual, equivalente a un salario mínimo mensual de la región de que se trate como pensión alimenticia y en apoyo a las familias que estén en este programa como Familias Sustitutas.

En el Artículo Segundo se adiciona, se propone adicionar un Título Sexto Del Fideicomiso Capítulo Unico, para el Fideicomiso de Familias Sustitutas de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual se establece y se regula cómo se crea el Fideicomiso para la Familia Sustituta, se relatan también las reglas de operación del fideicomiso y, desde luego, también toda la normatividad para quedar debidamente regulada esta propuesta de ley.

Quiero comentar con ustedes que esta propuesta en la que se adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para definir, ¿qué se entiende por familia sustituta? También crear un Programa de Familias Sustitutas financiadas por el gobierno, y establece la facultad para que el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, de celebrar un contrato de fideicomiso que se denominará: “Fideicomiso del programa de familias sustitutas”, y tiene como objetivo atender eficientemente y apegado a principios para lograr una vida digna y un trato humano para nuestras niñas, niños y adolescentes que lamentablemente caen en el abandono y en el olvido y, por lo tanto, el riesgo de caer en una vida totalmente adversa, peligrosa e inhumana.

Pido a todos ustedes su apoyo en este proceso legislativo para contar con un marco normativo en apoyo a nuestra niñez y a nuestra adolescencia.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

"El que suscribe, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que seadiciona un Capitulo SEptimo Bis De las Familias Sustitutas al TITULO SEGUNDO De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; yadiciona un TITULO SEXTO Del Fideicomiso Capitulo Unico Del Fideicomiso de Familias Sustitutas de la LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el párrafo sexto del artículo 4, el derecho de los niños y las niñas y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y establece que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, así como que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia;

Desde 1990, México, junto con otros países, promovió en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la realización de la Cumbre Mundial en favor de la infancia, para abordar al más alto nivel internacional los problemas de la niñez y adolescencia;

El Senado Mexicano ha ratificado la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la legislación interna se ha venido actualizando, de manera sobresaliente con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000;

La antes referidaLey establece un Capítulo SéptimoDel Derecho a vivir en Familia y en su Artículo 25 dispone que, cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de ésta, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar; y en su apartado B.- hace referencia que para ejercer el derecho avivir en familia, en caso de desamparo, este se ejercerá a través de la participación de familias sustitutas, sin hacer referencia que se entiende por ello;

Sin duda, la Familia es el primer espacio de socialización del nuevo ser, de la niñez y adolescencia en formación, entre otros los procesos del lenguaje, afecto, valores, así como la internalización de las buenas costumbres, respeto y honor a los integrantes de la familia y más tarde a los integrantes de la sociedad en que se desarrolla;

Por Ley el Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, es el responsable de establecer el Programa Nacional para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, de aportar los recursos necesarios para su operación, darle seguimiento, evaluar sus resultados y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

En la presente iniciativa mandatamos un programa de Familia Sustituta y un fondo específico, para dar cumplimiento al Derecho a vivir en familia de todo menor de 18 años, privado o en desamparo de su familia;

Propongo extender un manto protector al desamparo y/u orfandad de nuestra niñez y adolescencia, además de establecer candados de vigilancia, supervisión y evaluación al programa de Familias Sustitutas financiadas por el ámbito gubernamental; y de establecer un Fideicomiso Público exclusivo para el financiamiento del Programa Familia Sustituta; definimos que se entiende por Familia Sustituta, sus obligaciones, las autoridades responsables para autorizar el apoyo económico que se otorgaráa través del Fideicomiso;

En nuestra sociedad, no hace mucho, sobre todo en familias del medio rural era común la práctica de dar acogida y crianza, como si fuera uno más de la familia,a niñas, niños y adolescentes privados de su familia, son los hijos popularmente conocidos como “entenados”. Hoy, con esta iniciativa, institucionalizamosesta práctica solidaria humana;

Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que guían a la presente iniciativa son: El del interés superior de la infancia, el de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo y el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

Es por lo antes expuesto, que someto a este H. Asamblea la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo Séptimo Bis De las Familias Sustitutas al TITULO SEGUNDO De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, para quedar como sigue:

TITULO SEGUNDO

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Séptimo Bis

De las Familias Sustitutas

Artículo 25 BIS A. Se considera una Familia Sustituta, u hogar de crianza, cuando se integre con un padre, una madre e hijo(s) y/ohija(s) y/o adolescente, que cuente con solvencia moral y material comprobable, donde sus descendientes se encuentren incorporados al sistema escolar que requiere el niño, niña y/o adolescente que ha quedado en desamparo o privado de su familiay que se otorgue la autorización del Titular de la Institución a que hace referencia el Artículo 48 de la presente Ley,para dar acogida o crianza al menor de edad.

Por cada niña, niño y adolescente, hasta un máximo de tres personas y que sean hermanos(as), que se incorpore a una Familia Sustituta, el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, conforme lo establecido en Artículo 50 de la presente Ley, autorizara,previo estudio socio-económico y médico que realice el Titular de la Institución a que hace referencia el Artículo 48 de la presente Ley., una aportación económica mensual, equivalente a un salario mínimo mensual de la región de que se trate, como pensión alimenticia estatal.

Artículo 25 BIS B. Es obligación de la Familia Sustituta, con niñas, niños o adolescentes acogidos, conforme lo establecido en esta Ley, alimentarlos, educarlos, vestirlos, darles habitación, prestarles atención médica, vigilarlos y en general, asistirlas como si fueran un miembro más de ellos.

La anterior obligación deberá quedar plasmado por escrito en el documento mediante el cual se otorga la acogida o crianza del menor de edad, en los términos previstos por la Ley, mismo que deberá estar debidamente firmado por los participantes.

Artículo 25 BIS C. La acogida o crianza del menor de edad en Familia Sustituta se otorgará, preferentemente, a una familia con la que el menor guarde una relación de parentesco hasta el tercer grado, por ambas líneas, debidamente acreditado; siempre con la autorización del Titular de la Institución a que hace referencia el Artículo 48 de la presente Ley y con el visto bueno del Ministerio Público, demuestren:

I. Ser una familia monogámica con hijas, hijos y/o adolescentes incorporados en el sistema escolar;

II. Ser saludables, contar con capacidad moral y económica; y,

III. No haber sido sentenciado por delito doloso del fuero federal y/o fuero común ninguno de los integrantes de la familia.

Artículo 25 BIS D. El Titular, de la Institución a que hace referencia el Artículo 48 de la presente Ley, cuidará que se cumplan por parte de la Familia Sustituta las responsabilidades inherentes a la acogida o crianza del menor de edad. En caso de que no cumpla con sus obligaciones le será retirado inmediatamente la crianza del menor de edad, quedando inhabilitado. Dicha circunstancia se asentará en los archivos de la Institución. En este caso, se podrá asignar el menor de edad a otra Familia Sustituta.

Artículo 25 BIS E. La crianza del menor de edad en Familia Sustituta tendrá una duración máxima de seis meses, pudiendo revocarse o renovarse, sobre la base de los informes técnicos que realice el Titular de la Institución a que hace referencia el Artículo 48 de la presente Ley”

Artículo Segundo.- Se adiciona un TITULO SEXTO Del Fideicomiso Capítulo Unico Del Fideicomiso de Familias Sustitutas de la LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, para quedar como sigue:

TITULO SEXTO

Del Fideicomiso

Capítulo Único

Del Fideicomiso de Familia Sustituta

Artículo 57. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá a su cargo la celebración del Contrato de Fideicomiso que se denominará "Fideicomiso de Familia Sustituta”.

Artículo 58. El Fideicomiso de Familia Sustituta se sujetará a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y a las Reglas de Operación que expida su Comité Técnico.

Artículo 59. El Comité Técnico como órgano rector del Fideicomiso tendrá las siguientes funciones:

I. Promover la formulación del catálogo de Familias Sustitutas que cumplan con los requisitos que establece la presente Ley.

II. Fiscalizar el manejo de los recursos y su ejecución en Familias Sustitutas con autorización para la crianza de niñas, niños y/o adolescentes en desamparo o privadas de su familia.

III. Formular las Reglas de Operación del Fideicomiso.

IV. Informar semestralmente sobre la inversión de los recursos del Fideicomiso.

V. Autorizar o cancelar el otorgamiento de los beneficios que contempla la presente Ley a las Familias Sustitutas.

VI. Revisar la información mensual que le proporcione el Fiduciario, respecto de la administración del patrimonio fideicomitido.

VII. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de operaciones del Fideicomiso.

XIII. Instruir al Fiduciario para que éste otorgue los poderes generales o especiales que se requieran para la defensa del patrimonio fideicomitido.

XIV. Ejecutar lo dispuesto en el contrato del Fideicomiso.

Artículo 60. El patrimonio del Fideicomiso se integrará con:

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. Las aportaciones que realicen los particulares.

III. Las aportaciones que con carácter de subsidios, o donaciones a título gratuito realice cualquier persona física o moral, pública o privada, organismos sociales y productivos.

V. Los productos o rendimientos que, en su caso, generen las inversiones efectuadas por el Fiduciario en el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

VI. En general, con todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del fideicomiso, para la realización de sus fines.”

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Francisco Salvador López Brito".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Francisco López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Un día como hoy, de hace 34 años, de 1979, se decretó en México el Día Nacional del Libro.

La fecha se seleccionó, como muchos de ustedes saben, por ser la fecha del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

Han pasado ya más de 30 años de ese Decreto, y ha habido, sin duda, algunos avances, principalmente la creación de la Ley de Fomento a la Lectura y al Libro; se promovió también el establecimiento del precio único para este tipo de materiales, no sin dejar de lado la infinidad de ferias de libros, de actividades que se realizan en una fecha como hoy, en todo el país y, por supuesto, ha habido otros fenómenos, que ajenos a la actividad pública, pues se han ido presentando, principalmente la irrupción del internet y del libro electrónico como nuevas herramientas para la difusión del conocimiento.

A lo largo de todos estos años, también hemos mantenido vigente el paradigma de que México es un país que no lee, o por lo menos, que es un país que lee muy poco.

Cuando nos comparamos con quienes siempre nos comparamos, los países de la OCDE, cuando vemos los niveles de lectura de países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, pues, nos habita solamente la desolación.

Yo les quería preguntar en esta fecha tan particular, ¿qué necesitaríamos hacer como país para elevar nuestros niveles de lectura?

¿Y cuáles serían los números ideales, o por lo menos los números aceptables para afirmar que México ya es un país de lectores?

Históricamente en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se ha confundido muchas veces la promoción del libro como objeto y hacerlos llegar al mayor número de mexicanos con la promoción de la lectura como un hábito, lo cual, hay que aceptarlo, también tuvo su razón de ser en su momento.

El acceso al libro hace 50 años era muchísimo más complejo que hoy. Las condiciones socioeconómicas en que vivía la mayoría de los mexicanos, así como las limitaciones para la producción y distribución masiva de libros, eran muy diferentes a las que existen hoy en día.

En aquel entonces, el libro era un bien mucho menos asequible de lo que es actualmente y, por lo mismo, la visión del Estado mexicano en la generación de políticas públicas se centraba, primero, en llevar libros a los mexicanos antes que hacer lectores a los mexicanos, y ejemplos, pues hay muchísimos: la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, los enormes esfuerzos, bueno, desde antes, desde Vasconcelos, pasando por Torres Bodet, que mostraban una enorme preocupación por los libros con los que se educaba a los niños y niñas en la educación básica de nuestro país.

Hay logros, vaya, hay sin duda una lógica que anteponía esta difusión del objeto, del libro como objeto antes que del hábito.

Pero hoy en día, creo que hay que cambiar ese paradigma por completo, porque es urgente abordar el problema histórico del bajo nivel de lectura de los mexicanos centrándonos en la promoción de la lectura como un hábito, desde las diferentes plataformas existentes y superando este esquema exclusivamente de promoción de los libros.

Sólo de esta manera, creo que empezaremos a revertir las cifras, aterradoras realmente, que hablan de mexicanos, que en promedio leen menos de 3 libros al año; 95 por ciento de nuestra población adulta simplemente no lee, y que construyen el hecho de que la lectura en nuestro país hoy sea un fenómeno totalmente elitista y casi considerado como un lujo.

Hace algunos días daba una conferencia el sociólogo Roger Bartra y daba justamente estos datos, señalando que en un país de 118 millones de personas solamente medio millón son lectores habituales. Creo que esto nos debe de preocupar de sobremanera.

Bueno, ¿qué podemos hacer?, y creo que es necesario entender el hábito de la lectura como un fenómeno que no está aislado, ni independiente del resto de lo que es el individuo, pero además, y aquí hay una trágica paradoja, un fenómeno poco común a nivel personal, pero que como sociedad es imprescindible, pues, ni la nuestra, ni ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad podría funcionar y se extinguiría inevitablemente, de no existir la lectura.

Nuestros niveles de lectura y de lectores son, hay que decirlo, los que corresponden a un país de mediano desarrollo. Es decir, podríamos pensar que leemos al mismo nivel que nos alimentamos, que leemos al mismo nivel que trabajamos o que tenemos empleo, que cuidamos de la salud, que jugamos al fútbol o que egresamos doctores en física por la UNAM; estamos en ese mismo nivel en el hábito de la lectura.

Por eso, creo que es justo decir, que somos lo que leemos.

Otro elemento de reflexión que quisiera traer hoy a la tribuna, y que da pie a esta propuesta, que pongo a su consideración, señoras y señores Senadores, tiene que ver con qué leemos y cómo lo leemos.

Porque también hay que aceptar que decir, que no leemos, es una afirmación pretenciosa, considerando que quien concluye o quien llega a esta conclusión, lo hace desde un sitio imaginario en el que se dictamina, qué cosas son literatura de alto contenido y alta calidad, y qué es basura, y eventualmente no vale la pena contabilizarlo.

Y esto lo digo, porque hay que revisar que en países como Japón, que tiene altos niveles de lectura, muchas veces también se contabilizan la lectura de comics, de mangas y de otro tipo de lectura que nosotros no estamos contabilizando.

De igual modo, y creo que aquí hay una parte fundamental, habría que revisar el hecho de cómo se lee en México. Hoy, el día, el acto de leer es un ejercicio, ya lo decíamos, radicalmente y distinto al acto de leer de hace 30 ó 40 años, incluso hace, si lo revisamos, cómo se leía hace 10 años.

Aún en un país con un acceso, bastante limitado a la tecnología, como lo es México, la lectura digital es un fenómeno que presenta un ritmo creciente, y que podría coexistir con la lectura en papel.

Ambos me parece que son complementarios y que permiten a los ciudadanos a acceder a mayores oportunidades de conocimiento y cultura.

Porque hoy, para leer a los clásicos, para leer los “Sonetos” de Sor Juana Inés, para leer “La región más transparente” o para leer “Ciudad Real” de Rosario Castellanos, basta encontrar una buena versión en línea, y en los tres casos, existen ya versiones gratuitas para acercarnos a estos clásicos de la literatura mexicana.

Por otro lado, que los libros tengan un precio único y que inclusive por decreto sus precios disminuyan sustancialmente, son estrategias que nos parece que deben de seguirse impulsando, pero, también hay que reconocer, que por lo menos a decir del antropólogo Roger Bartra, no garantizan que éstos vayan a incrementar sus ventas y que en automático el país incremente sus niveles de lectura.

Esto, porque existe un fenómeno perverso de desvalorización de la letra impresa.

Un ejemplo claro es que cuando se implementó una política pública de regalar libros o poner libros a disposición de los usuarios del Metro, pues se los robaban, y quizá tiene que ver con este poco valor que se le asigna a la letra impresa en nuestro país.

Por eso, antes, bien, me parece que es necesario generar espacios donde se fomente la lectura. Generar políticas que fortalezcan los espacios que ya existen actualmente. Crear recursos humanos y fortalecer aquellos que ya tenemos y que son casos de éxito.

Es necesario reconocer y hacerlo desde esta altísima tribuna, que necesitamos también incentivar y fortalecer el ejercicio de cientos y cientos de promotores voluntarios, que por una vocación a la lectura, generan espacios para acercar los libros a las comunidades más lejanas de nuestro país.

Voluntarios que hacen de la lectura su causa, su vida, y que sin estridencias, todos los días están intentando generar un país de lectores y haciéndolo con muchísimo éxito.

La lectura es un ejercicio que debe medirse, sí, cuantitativamente pero también de manera cualitativa, por eso compañeras, Senadoras y Senadores, la iniciativa que hoy presento, pone a su consideración tres objetivos:

Primero. Establecer en la ley, la definición integral amplia y contemporánea de los conceptos de fomento a la lectura, y de leer, además de señalar los términos, libro electrónico, entendido como aquél que se descarga y se lee en cualquier dispositivo y el libro virtual, entendido como cualquier material bibliográfico consultado en línea y vinculado a bases electrónicas remotas.

Segundo. Garantizar que en cada municipio de nuestro país o delegación exista al menos una biblioteca o centro de fomento a la lectura, dotado de materiales suficientes en todas sus modalidades y con personal profesional capacitado en la materia, no necesariamente en libros, pero sí de fomento a la lectura.

Y, por último, en tercer lugar. Generar un reordenamiento de los conceptos para revalorizar la importancia del fomento a la lectura como un hábito en todas sus modalidades, como ejercicio que redunde en mayor consumo de libros entre los mexicanos.

Concluyo, señora Presidenta, para solamente llamándolos a aprobar esta iniciativa, en una fecha tan importante, que se pueda poner a su consideración, como es el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz; una mexicana, que entre muchas otras causas, defendió la del derecho a leer, defender el derecho por el fervor del saber y el derecho a entregarse a las letras.

Somos un gran país de grandes escritores, pero también podemos ser un país de grandes lectores.

“Que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído”, decía Borges.

Demos el primer paso en este Senado de la República para empezar a enorgullecernos, no sólo de nuestros grandes autores de la literatura mexicana, sino también de hacer de México un gran país de lectores.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Zoé Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se afirma con frecuencia que México es un país que no lee o que lee muy poco comparado con países como Finlandia, Suecia o Dinamarca.

¿Qué necesitamos hacer como país para elevar nuestros niveles de lectura? y ¿cuáles serían los números ideales para afirmar que ya somos lectores?

Históricamente, en política pública se ha confundido la promoción del libro-objeto con la promoción de la lectura-hábito, lo cual tuvo su razón de ser: El acceso al libro hace 50 años era mucho más complejo que hoy, las condiciones socioeconómicas en que vivía la mayoría de los mexicanos, así como las limitaciones técnicas para la producción y distribución masiva de publicaciones son muy diferentes a las de hoy día.

En aquel entonces el libro era un bien mucho menos accesible de lo que lo es actualmente y por lo mismo, la visión en Política Pública se centraba en el libro antes que en el lector. Para 1944 el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet mostraba una gran preocupación por los libros con los que se educaba a los niños y niñas de la educación obligatoria del país.

Necesitamos abordar “el problema” histórico del bajo nivel de lectura de los mexicanos centrándonos en la promoción de la lectura-hábito y superando el esquema de exclusivamente promover el libro-objeto, solamente así empezaremos a revertir las cifras que hablan de que un mexicano promedio lee poco menos de tres libros al año.

Es necesario entender al hábito de la lectura como un fenómeno no aislado ni independiente del resto de lo que es la persona.

Nuestros niveles de lectura son los de un país de mediano desarrollo: Leemos al nivel que nos alimentamos, trabajamos, cuidamos la salud, jugamos al fútbol o egresamos doctores en Física de la UNAM. Somos lo que leemos, al tiempo que leemos lo que somos.

Otro elemento de reflexión que da pie a esta propuesta, tiene que ver con el qué leemos y cómo lo leemos. Decir que “no leemos” es una afirmación pretenciosa, considerando pues que quien concluye esto lo hace desde un sitio imaginario en el que se dictaminan qué cosas son literatura de alto contenido y que es basura y eventualmente no vale para la contabilización.

De igual modo, está el hecho de cómo se lee. Hoy día el acto de leer es un ejercicio radicalmente distinto al acto de leer de hace 30 ó 40 años, inclusive respecto a cómo se leía hace 10 años. Más allá de la tendencia a leer en tabletas electrónicas, tendencia en ascenso y que crece en presencia y avance, pero que no reemplazará al libro en papel, sino que interactúan y coexisten con este.

Es necesario generar espacios, fortalecer los existentes, crear recursos humanos y fortalecer aquellos que ya tenemos y que son casos de éxito, para lograr incrementar la calidad de nuestros lectores. Los índices de lectura se moverán a la par de muchos otros en los que igualmente necesitamos remontar un largo trecho.

Cómo transitar del escenario actual y movernos para ser un país donde no solamente existen políticas públicas de distribución masiva de libros sino con ciudadanos que leen más, que leen en diversas plataformas y cómo lograr que esto redunde en un mejor país, un país con estándares de vida más altos.

La presente iniciativa pretende anteponer conceptualmente la importancia de la lectura-hábito por encima del libro-objeto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 3, 4 fracción III, 6, 7, 10 fracción I, 12, 15,fracciones II y XI y 16 y, se adicionan cuatro definiciones al final del artículo 2 y una fracción IX al artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:

Libro electrónico: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, accesible vía cualquier dispositivo electrónico en el cual se instale para lectura y consulta.

Libro virtual:Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, accesible vía cualquier dispositivo electrónico conectado a internet en el cual se consulte sin que necesariamente la información esté alojada en el dispositivo desde el cual se efectúa la lectura.

Leer: Proceso mental a través de lo cual el ser humano decodifica, relaciona, contrasta, profundiza, e infiere, interpreta, cuestiona y comprende el mensaje del emisor.

Fomento a la lectura: Actividades directas e indirectas encaminadas aproducir acercamiento intelectual y afectivo al hábito de la lectura.

Artículo 3.- El fomento a la lectura y el libro se establece en esta Ley en el marco de las garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro en cualquiera de sus modalidades -físico, electrónico o virtual-, a toda la población.

Las autoridades federal, estatales, municipales, del Distrito Federal o delegacionales deberán permitir, ampliar, facilitar y fomentar la creación, edición, producción, distribución, promoción, difusión y particularmente, lectura de libros y publicaciones periódicas en cualquiera de sus modalidades -físico, electrónico o virtual-.

Artículo 4.- La presente Ley tiene por objeto:

I. y II.

III. Garantizar el establecimiento y desarrollo de al menos una librería, biblioteca o algún otro espacio público para la lectura y difusión del libro en cada municipio o delegación del país, equipándola con acervos físicos, electrónicos o virtuales mínimos y a cargo de un profesional en materia de promoción de la lectura o carrera afín, garantizando también, a través del municipio o delegación el presupuesto necesario para su adecuado mantenimiento y operación;

IV. a VII.

VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la lectura, e

IX. Instrumentar estrategias para que todas aquellas actividades de promoción denominadas "Feria del Libro", ajusten su denominación y objetivos, a fin de ampliar sus alcances, denominándose en todos los casos, “Feria de la Lectura y el Libro”.

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro:

I. y II. …

Artículo 7.- Las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos que corresponden al Estado en los medios de comunicación para fomentar la lectura y el libro.

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Fomentar el acceso la lectura y el libro en el Sistema Educativo Nacional, promoviendo que en él se formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan, en coordinación con las autoridades educativas locales;

II. a VIII.

Artículo 12.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro como un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura.

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro tendrá las siguientes funciones:

I.

II. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura establecido en el artículo 6 de la presente Ley;

III. a X.

XI. Impulsar la participación ciudadana en todos los programas relacionados con la lectura y el libro, y diseñar los mecanismos de esta participación;

XII. a XV.

Artículo 16.- El Consejo Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro sesionará ordinariamente como mínimo tres veces al año y sobre los asuntos que el mismo establezca.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Zoé Robledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; de Bibliotecas y Asuntos Editoriales; y de Estudios Legislativos.

Senadora Laura Rojas…

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Con qué objeto?

Permítame un segundo, señora Senadora.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para adherirme.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Para adherirse.

¿Lo autoriza, Senador Robledo?

Autorizado.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Alcalá Ruiz…

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Con el mismo objeto, para felicitar al ponente y, por supuesto, para solicitarle me permita adherirme a su propuesta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Es el mismo caso del Senador Tello Cristerna y de los Senadores que están levantando la mano. Le pido a la Secretaría, registre las adhesiones correspondientes que ya autorizó el Senador Zoé Robledo.

Sonido en el escaño de la Senadora Laura Rojas.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Muy brevemente, solamente para compartir con esta Asamblea que México acaba de ser electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obtuvimos 135 votos, de 195, y junto con Cuba, ocuparemos los dos espacios de la región que se renovarán a partir de enero de 2014.

Lo quise compartir con la Asamblea, porque fue una muy buena votación la que obtuvo México para ser miembro de este importante órgano de las Naciones Unidas, y para que podamos estar dándole seguimiento al trabajo que estaremos desempeñando en ese organismo.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Rojas Hernández, por compartir.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contienen proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO CUARTO Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO AL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de primera lectura)







 

Otro, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 390 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Uno más, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13, FRACCION I, INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de primera lectura)







 

Otro más, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 20 BIS A LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

(Dictamen de primera lectura)







 

Uno, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612 y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 86, 87, 133, 292, 395 Y 1612 Y SE DEROGAN LOS ARTICULOS 88, 157, 295, 394, 1613 Y 1620 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Así también, tenemos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Ahora tenemos la segunda lectura, a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 11 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a la Asamblea, que la primera lectura de este dictamen se dio el 25 de abril de 2012.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento. ¿Desde su escaño desea hacerlo, Senadora? Con gusto.

Sonido en el escaño de la Senadora Gastélum.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Me permite, señora Presidenta.

Agradecerle que me permita hacerlo desde aquí, y solamente decir que este dictamen está desde la Legislatura anterior, como usted bien lo dijo, desde el 25 de abril de 2012. Y el objetivo lo vale, es agregar a la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una frase que pareciera sencilla, pero no, es muy importante para el tema que nos ocupa, que es hacerlo con equidad de género cuando se trate de adoptar medidas compensatorias y positivas a favor de la igualdad de oportunidades de las y los niños, en específico, cuando se trate del otorgamiento de becas y créditos y otros beneficios.

El decreto que se está proponiendo, del artículo 11, tiene los siguientes apartados, dice:

Artículo 11.- “Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños”.

“V.- Preferir en igualdad de circunstancias y con equidad de género, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios”.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional manifestamos nuestro voto a favor del dictamen que discutimos en este acto, por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La propuesta de reforma tiene la finalidad de que se prefieran en igualdad de circunstancias y con equidad de género a las personas que tengan a su cargo menores de edad, en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios.

Las y los Senadores del PAN estamos convencidos que las acciones afirmativas permiten salvar los obstáculos que impiden el logro efectivo de la igualdad beneficiando a los grupos más vulnerables, quienes se encuentran en condiciones de desigualdad, facilitando su acceso a los derechos fundamentales.

Los Senadores de la República tenemos el deber de compensar a las niñas, niños y adolescentes en su carácter de grupos vulnerables para incentivar su desarrollo y darles mayores posibilidades de construir un futuro mejor. Esto se puede lograr mediante el otorgamiento de beneficios a las mujeres que tengan bajo su cuidado a menores de edad.

Esta reforma es loable, dado que también pretende a favor de la equidad de género crear acciones afirmativas para disminuir la desigualdad de oportunidades. La reforma otorgará un derecho a favor de la equidad, es decir, una acción compensatoria para buscar un equilibrio de derechos.

La aprobación de la reforma, sin duda, beneficiará a las mujeres que tengan menores a su cargo, sin importar si son solteras o cualquier otro supuesto, con la finalidad de obtener una beca y tener acceso a un crédito que les permita continuar con sus estudios.

Señoras y señores Senadores, los integrantes de mi grupo parlamentario votaremos a favor de la reforma porque queremos apoyar a los grupos vulnerables, particularmente a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes que necesitan nuestro apoyo para tener mejores condiciones de vida.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Adriana Díaz.

Informo a la Asamblea que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya solicitó se inserte su participación en el Diario de los Debates. Así se hará.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 104 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea, que hace unos momentos se solicitó guardar un minuto de silencio en memoria del señor Ygnacio López Mendoza, Presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán.

Este acto lo hicimos a partir de la petición de los diferentes grupos parlamentarios y con la información pública disponible. En ello, el Pleno y la Mesa Directiva no presuponen sobre las causas del lamentable deceso.

La Mesa Directiva reitera su consternación ante el lamentable hecho y expresa la solidaridad para con sus familiares.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto por el que se reforma el artículo 246 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 246 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, está a discusión.
En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para información de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, se emitieron 104 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 246 del Código Penal Federal. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros, aprovechando su presencia en este Recinto, quiero informarles que a partir de ahora restan seis votaciones nominales, por lo que se sugiere de manera muy respetuosa a todos ustedes que puedan permanecer en el Recinto.

Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que proponen desechar proyectos.

Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos:

Uno, en relación con el proyecto de reformas al artículo 335 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 335 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, sobre el proyecto de adiciones al artículo 387 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXII AL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, están a discusión.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados lo Acuerdos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Social con punto de Acuerdo que exhorta a determinar como sujetos de solidaridad social a pescadores y sus familias, residentes en zonas y comunidades pesqueras de profunda marginación en el país.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Con el permiso de la Mesa Directiva; Senadoras y Senadores:

Permítanme reflexionar mi inquietud sobre este asunto.

Los pescadores en México, se encuentran en la marginación, la pobreza y la falta de atención por parte de las autoridades en las comunidades pesqueras.

El sector pesquero cuenta con una escasa regulación, generando prácticas ilegales, desempleo, falta de oportunidades y, sobre todo, una insuficiente seguridad social.

Aunado a lo anterior, la disputa en el sector privado, cooperativas pesqueras e, incluso, embarcaciones extranjeras en aguas marítimas del país, afecta a estas comunidades marginadas.

En el caso particular del puerto de Guaymas, Sonora, el 40 por ciento de la flota que cuenta con permisos, se ha paralizado por la escasez de camarón, afectando a los pescadores y sus familias.

Existen ocasiones en que los pescadores ribereños subsisten con menos de dos salarios mínimos, reciben escaso apoyo y no forman parte de la agenda institucional que permita acceder a mejores condiciones de bienestar.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 86 por ciento de los trabajadores dedicados a las actividades del sector primario, no cuentan con prestaciones sociales. En las precarias condiciones en que viven cada día los pescadores están cotidianamente expuestos a graves accidentes y enfermedades, por su actividad pesquera.

Compañeras Senadoras y Senadores, por lo anterior, solicito su voto a favor del sentido del dictamen, para que este sector pesquero de nuestro país se vea beneficiado con mejores condiciones de seguridad social.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Claudia Pavlovich.

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Considerando que siempre son relevantes todas aquellas acciones que permitan ampliar la cobertura de las prestaciones de salud que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a grupos de nuestra sociedad que por sus condiciones económicas y sociales se encuentran en una situación de mayor desventaja frente a otros grupos de la población, la Comisión de Seguridad Social pone a su consideración un dictamen, relativo a un punto de Acuerdo, propuesto por la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, mismo que sufrió algunas modificaciones importantes.

En esta ocasión, la materia del presente dictamen, hace referencia a las condiciones de pobreza y de muy alta, alta y media marginación que padecen pescadores ribereños y de aguas interiores y sus familias, que se caracteriza, principalmente, por la carencia de acceso efectivo a servicios de salud públicos y de cobertura a seguros que los protejan contra enfermedades o accidentes, a los que están expuestos con motivo de sus actividades.

A pesar de la importancia socio-económica de la pesca ribereña y acuícola, la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, reporta que los pescadores de nuestro país, desarrollan sus actividades en condiciones deficientes y poco higiénicas, porque carecen de instalaciones de carga y descarga, recepción, tratamiento sanitario y de almacenamiento, así como de los servicios básicos en zonas ribereñas marginadas, como el suministro de agua potable, energía eléctrica, drenaje sanitario y caminos de acceso.

De acuerdo con la información del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010 de la SAGARPA, 306 mil personas participan directamente en las actividades pesqueras nacionales, y considerando los empleos indirectos y las familias involucradas, se estima que aproximadamente 12 millones de mexicanos dependen directa e indirectamente de esta actividad.

Asimismo, se estima que del total de personas que participan directamente en la actividad pesquera, 70 por ciento son pescadores ribereños o artesanales, asentados en 557 municipios del país, de los cuales el 66 por ciento se encuentran en condiciones de marginación muy alta, alta y media.

Compañeras y compañeros Senadores: Está probada la importancia que la pesca ribereña y acuícola tienen para miles de trabajadores que, a pesar de su importante contribución productiva a escala nacional, enfrentan severas condiciones de vida y de trabajo en relación con la pesca comercial, industrial y a gran escala.

Para la gran mayoría de los pescadores ribereños o artesanales, sus actividades en las inmediaciones de la costa y en aguas interiores constituye el único modelo de su supervivencia y de sus familias; pero permanentemente expuestos a enfermedades y riesgos, en virtud de su baja tecnificación, el uso de embarcaciones menores o de bajo calado y de instrumentos artesanales para la pesca y captura.

Considerando que para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud a este grupo de la población con alcance nacional, las Reglas de Operación del Programa IMSS-Oportunidades para el Ejercicio Fiscal 2014, deberán prever la ampliación de la cobertura a localidades rurales de aquellas entidades federativas con importante actividad pesquera acuícola, hasta ahora no comprendidas en dicho programa.

Al respecto, cabe señalar que con las Reglas de Operación 2013, se establece que este programa cubrirá localidades rurales en 19 estados del país y localidades urbanas en 26 entidades federativas. Sin embargo, en el ámbito rural no se contempla, dentro del mismo, ninguna localidad de los estados de Sonora, Tabasco, Estado de México y Baja California Sur, entidades con una importante actividad pesquera y acuícola.

Por lo anterior, esta Comisión de Seguridad Social estima que es viable que en el marco de absoluto respeto a la división y colaboración de poderes, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso y ejercicio de sus atribuciones, con fundamento en los artículos 214, 215, 216 y 217 de la Ley del Seguro Social, determine como sujetos de solidaridad social a pescadores y sus familias residentes en zonas y comunidades pesqueras de profunda marginación en el país. Así como para que las Reglas de Operación del Programa IMSS-Oportunidades para el Ejercicio Fiscal 2014, prevean la ampliación de la cobertura a localidades de entidades federativas en las que se ubican núcleos de población de pescadores ribereños o artesanales en condiciones de marginación.

Es cuanto, señora Presidenta. Y por su apoyo, Senadores, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del PRD, para hablar del mismo asunto.
- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

En primer lugar, quiero felicitar sinceramente a la Senadora Claudia Pavlovich por esta propuesta. Sin duda que nuestra compañera, a partir del estado de donde proviene, conoce los terribles dramas que viven todos los días los pescadores ribereños, despreciados absolutamente por todos, empezando por las autoridades de pesca, quienes les niegan la posibilidad de acceder a los alimentos para sobrevivir, ya no para comercializar.

Un ejemplo es como el que se está viviendo en este momento en Baja California, en donde a la Cooperativa Ensenada, CONAPESCA le ha entregado, para usufructo, 350 mil hectáreas para que realice su actividad de pesca; en contraposición, a los compañeros de Punta Canoas, les ha negado la posibilidad de que puedan acceder a especies como el erizo, como el pepino de mar, como los peces de escama, y se ha generado un conflicto que ha llevado, incluso, a que a estos compañeros de Punta Canoas se les fabriquen delitos para evitar que se contrapongan a los grandes intereses de la Cooperativa Ensenada, solapados, reitero, por las autoridades de pesca.

A los pescadores de Mazatlán, Sinaloa, se les está negando la posibilidad de pescar dorado. Quiero decirles, compañeras y compañeros Senadores, que estos compañeros pescan con anzuelo, y cuando la pesca de altura, que utilizan redes de arrastre, sacan absolutamente todo lo que se encuentran y también, por supuesto, sacan el pez dorado por toneladas y no hay ninguna observación porque se menciona que es pesca incidental.

Mientras a los grandes pescadores se les dan todas las oportunidades, a los pescadores ribereños se les coartan todas las oportunidades, incluso, reitero, para pesca de sobrevivencia y esto los tiene en una condición de pobreza alimentaría y de pobreza extrema. Las posibilidades de acceder a un empleo, ya no digamos bien remunerado, sino un empleo que les dé cuando menos, para vivir cada día, son menos posibles, se encuentran en la marginación y en el fondo del sufrimiento humano.

Por eso, considero que este punto de Acuerdo, en donde se está proponiendo que se determine como sujeto de solidaridad social a los pescadores ribereños y su familia, es un acierto de quien lo propone; y este acierto se puede convertir en una realidad concreta que hoy, el Senado de la República, puede hacer posible.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, es muy importante que este punto de Acuerdo lo votemos por unanimidad para que se lleve todo el peso político del Senado de la República y así favorecer a los desvalidos de México, una franja que está en lo que se les llama, los pescadores ribereños, porque la seguridad social alcance para todos estos compatriotas vamos a vota a favor de este punto de Acuerdo y los conminamos a que hagan los mismo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, desde su escaño.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sólo sumarme a este punto de Acuerdo y decir que independientemente de este gran conflicto que hay entre los grandes pescadores y los pescadores marginales y artesanales, que cada vez se van quedando en mayor desventaja y que, además, el crecimiento de las manchas urbanas o turísticas los van dejando fuera cada vez más, es importante que, por lo pronto, sean integrados al sistema de seguridad social; y lo puede hacer el Presidente a través de un Decreto que le faculta el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Pero quisiera también señalar, que dejarlos en este sistema también nos obliga a buscar esquemas de desarrollo integral regional, que pronto permita que estén en mejores condiciones de autosuficiencia y que dejemos de ocuparnos sólo de que tengan alguna protección y nos ocupemos más de que tengan un desarrollo integral pleno, de tal manera que me sumo a este punto de Acuerdo y enfatizo que el artículo 12, le faculta al Presidente de la República a decretar que sean protegidos bajo este Régimen del Seguro Social.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora María Calderón.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a formas de presentación para mejorar mecanismos de protección de intereses particulares.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO CUARTO Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO AL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 106 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, sobre tipo penal de extorsión.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 390 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Este dictamen reviste, por supuesto, una gran relevancia dentro del contexto de la inseguridad por la que atraviesa nuestro país. Por eso, el grupo parlamentario del PRD no quiere dejar pasar la oportunidad para hacerlo en ésta, la máxima tribuna del país.

En las últimas semanas, como todos sabemos, se ha hablado sobre los resultados del primer año de gobierno del Presidente Peña Nieto en materia de seguridad.

Se ha hablado de una disminución en el número de ejecuciones, pero las cifras, tanto oficiales, como de organizaciones de la sociedad civil, muestran, desafortunadamente, un incremento de los delitos de secuestro y extorsión; sin duda dos de los delitos que más agravian a la sociedad.

Por ello, la preocupación de los mexicanos es grande y plenamente justificada.

En el caso de las extorsiones, el problema se ha recrudecido y toma especial relevancia porque constituyen, hoy en día, un síntoma claro de control que organizaciones de la delincuencia organizada ejercen en regiones del país, sin que hasta ahora se hayan podido llevar a cabo acciones verdaderamente eficaces para combatir este flagelo.

Los cárteles de la droga, por ejemplo, e incluso delincuentes comunes que se hacen pasar por integrantes de estos cárteles extorsionan a comerciantes o a cualquier ciudadano con total impunidad.

A nadie, a nadie le queda duda de que se trata de un fenómeno que urge atender con profundidad y eficiencia, haciendo uso de todas las herramientas legales con que cuenta el Estado para cumplir su elemental obligación de garantizar la seguridad de los mexicanos.

Durante la década pasada, compañeras y compañeros, ustedes saben, que ante el aumento paulatino de la inseguridad en todo el territorio nacional, comenzaron a proliferar empresas de seguridad privada. Pero este fenómeno pronto comenzó a representar un problema, ya que muchas de ellas no cumplían con la normatividad o, ni siquiera, se encontraban registradas ni contaban con los permisos correspondientes para operar; de manera que pronto se empezaron a registrar casos en los que los integrantes de estas empresas resultaban coludidos con organizaciones criminales.

Por esa razón, el Congreso comenzó a legislar con el fin de fortalecer la legislación relativa a empresas de seguridad privada estableciendo, incluso, obligaciones en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública expedida, por cierto, como todos saben, en el año 2009.

El dictamen que ahora discutimos se orienta en esa intención, incluyendo como agravante para el delito de extorsión el ser o haber sido prestador de servicios de seguridad privada o haber pertenecido a alguna corporación de seguridad pública.

Un motivo relevante, lo quiero señalar, para justificar el agravamiento de la penalidad en diversos delitos, cuando son cometidos por servidores públicos, sobre todo por aquellos relacionados con la seguridad pública, es precisamente el vínculo de confianza que forman con la ciudadanía en función del servicio que deben prestar. Ese vínculo de confianza, junto con la autoridad que ostentan, les permite un mayor acceso a los datos de las personas. Por ello, la penalidad debe ser mayor en el caso de estos delitos en que se usa esa información o se ejerce esa autoridad para obtener ventaja.

Lo mismo sucede en el caso de las empresas de seguridad pública, pues parte fundamental de los servicios que ofrecen, se relacionan precisamente con la confianza que deben brindarle a sus usuarios.

Por eso reitero que, desde luego, no podemos estar más de acuerdo en sancionar con mayor severidad a quien haga uso de su capacitación en materia de seguridad para delinquir en lugar de proteger a los ciudadanos.

Y por esa razón, lo expreso en nombre del grupo parlamentario del PRD, este dictamen nos parece pertinente, señora Presidenta, y habremos de apoyarlo, pidiendo también a esta Honorable Asamblea su voto a favor.

Pero antes de concluir mi intervención, señora Presidenta de la Mesa Directiva, quiero hacer un llamado, pedir que sigamos trabajando desde nuestra trinchera en el combate al delito de extorsión, que como ya señalé, es uno de los que más agravia y preocupa a la sociedad.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Para lograr el desarrollo del país, es indispensable que exista seguridad y paz social; de lo contrario no habrá progreso, ni tranquilidad para la sociedad.

La principal obligación del estado democrático, es garantizar el estado de derecho. Desafortunadamente en México, desde hace más de una década, se vive bajo un clima de inseguridad, impunidad y delincuencia.
El gobierno no ha sido capaz de dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía a consecuencia de una mala estrategia en seguridad.

El crimen organizado ha diversificado sus actos delictivos, pasando del tráfico de drogas a delitos como el secuestro y la extorsión, incrementando sus ganancias ilegales.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano, el mes de mayo del presente año es el peor desde 2006 en cuanto a las denuncias de extorsión. De acuerdo a esta organización, sobre las denuncias del delito de alto impacto, señala el incremento de 565 a 644 denuncias entre abril y mayo de 2013, es decir, un incremento de casi el 14 por ciento.

De acuerdo a informaciones periodísticas recientes, tan sólo en Michoacán se calcula que las ganancias por el delito de extorsión pueden ascender a 970 millones de pesos anuales.

Este problema afecta a todos los sectores de la sociedad, desde las familias, empresarios y hasta los gobiernos municipales.

Tristemente, los delincuentes pueden actuar con mayor facilidad debido a la participación de servidores públicos, principalmente de policías que actúan en colusión con el crimen organizado.

Las personas que pertenecen a corporaciones policíacas públicas o privadas, se encuentran en una posición privilegiada en cuanto al manejo de información y conocimiento de estrategias, y es por esto, que aumentar las penas cuando participen en la comisión de delito de extorsión, es congruente frente a la realidad que viven hoy en día los cuerpos de policía.

La sociedad reclama un castigo más duro para aquellos que, aprovechando que forman parte de la policía pública o privada, dañan la tranquilidad de todos.

Debemos de recordar que no sólo quien recibe el beneficio directo de la extorsión es responsable de la misma, sino también, todo aquel que en forma directa o indirecta intervenga proporcionando información o señalando a las posibles víctimas. Dentro de estos responsables, se localizan frecuentemente a funcionarios, a empleados públicos, quienes no pierden la oportunidad de recurrir a dicha práctica.

Una forma de tratar de disminuir este tipo de delitos, es endureciendo las penas para aquellas personas que tienen una condición privilegiada por pertenecer a un cuerpo policiaco.

Es indispensable endurecer las penas para quienes aprovechan su condición como miembros de las instituciones de seguridad pública y privada, para buscar reducir el impacto y daño que este delito causa a la sociedad.

Por tal razón, no podemos permitir que continúen estas prácticas y, peor aún, que los responsables no sean castigados.

Por ende, invito a los integrantes de este cuerpo colegiado a votar el presente dictamen, a favor de endurecer las penas establecidas por el delito de extorsión en las que participen servidores públicos.

Se necesita dar certeza y seguridad a la ciudadanía para recobrar la paz social.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 106 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sobre notificaciones de las resoluciones que se impugnen.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13, FRACCION I, INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos minutos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta sólo de un artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 105 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se remite al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

A continuación tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, relativo al servicio de traducción para personas indígenas.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 20 BIS A LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Creo que, ahora que estamos discutiendo anexar un nuevo artículo a la Ley Federal de Defensoría Pública, creo que es importante que en el esfuerzo que el Senado realiza, para poder llevar la justicia a todos los sectores, abordemos el tema con un sector donde tenemos un rezago importante en la defensa de los derechos humanos.

Ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., nos está garantizando el respeto a nuestros derechos humanos. Nosotros hemos firmado convenios internacionales; y el artículo 12 del Convenio 162 de la OIT, establece esa obligación de que se tenga que dar un traductor, para que el procesado comprenda el tipo de delito al que está siendo sujeto, pero también, se haga comprender por la parte juzgadora.

Hay antecedentes de cómo en nuestro país, la primera acción de la justicia llega a manos del Ministerio Público; y el Ministerio Público comúnmente no le pregunta al procesado, para no meterse en problemas, si habla alguna de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, y esto por comodidad. Posteriormente, es sometido a proceso.

Hemos llegado a conocer cómo posteriormente, la Suprema Corte o, como en el último caso, de Patishtán, tenemos que echar para atrás ese tipo de acciones judiciales donde han procesado a compañeros indígenas en nuestro país.

Por eso, compañeros, gozar plenamente de los derechos humanos y establecer ahora, en la Ley Federal de Defensoría Pública el que tengan intérprete los indígenas que son sometidos a proceso, habla de que si en verdad la justicia es ciega, nosotros no podemos cerrar los ojos frente a la realidad que pasa en el país y seguir tolerando esto.

Por eso creo que ha sido oportuna la decisión de presentar a esta Soberanía la discusión de esta modificación y poderla aprobar en consecuencia.

Nosotros creemos que con esta acción vamos a poder beneficiar a cerca del 14 por ciento de la población, que en nuestro país son indígenas, a cerca de 6 millones 700 mil mexicanos que tienen la necesidad de sentir abrigo y protección federal en el respeto a sus derechos humanos, al momento de someterse a un proceso de carácter penal.

Hay un catálogo de delitos, que son en los que mayormente han sido sometidos a proceso nuestros hermanos indígenas, que es el homicidio, que encabeza la lista, robo de alimentos, violaciones, portación de armas y delitos contra la salud, que son donde generalmente están involucrados.

Hay cerca de 6 mil 700 compañeros indígenas procesados en el país, y creo que esto permitiría que las acciones de la justicia puedan hacerse más prontas y expeditas para aquellos que hablan alguna lengua diferente al español.

Fíjense, de los datos que nos dan, de cada 100 indígenas procesados, 82 son condenados porque no han podido defenderse de alguna manera en los juzgados. En nuestro país se está dando una orientación política a la criminología, donde está encaminada a criminalizar a los pobres y, particularmente, a los indígenas. Por eso, es importantísimo poder tener esta posibilidad del auxilio del traductor para los compañeros que están enfrentándose a estos procesos penales.

Por eso, compañeras y compañeros, creo que es importante destacar que las entidades que tienen más compañeros indígenas procesados son los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, en donde más número de incidencias se dan de indígenas procesados por nuestras leyes.

Además, no olviden que la justicia se aplica en español y los indígenas difícilmente pueden entender el vocablo español, y mucho menos van a entender la terminología jurídica que establecen los códigos penales procesales de nuestro país o, cuando menos, el de carácter federal.

Por eso, señor Presidente, a nombre del grupo parlamentario del PRD, expresamos nuestro voto a favor de esta iniciativa y solicitamos el voto aprobatorio de los compañeros Senadores.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de mis compañeras y compañeros Senadores.

Solicité el uso de la palabra para poderme expresar en torno a este tema, por supuesto, fundamental, importantísimo.
Compañeras y compañeros: las poblaciones indígenas de México representan, como todos lo reconocemos, nuestros primeros orígenes, forman parte de nuestra riqueza cultural y, evidentemente, nos caracterizan dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estas comunidades, también lo sabemos todos, poseen tradiciones, usos y costumbres propias; tienen formas particulares de concebir el mundo y de interactuar con él; visten, comen y celebran sus festividades de forma muy peculiar, por ejemplo, nombrando a sus propias autoridades, siendo congruentes con esa singular concepción que tienen de la vida.

A través de los años y a pesar de su compleja organización, estas comunidades se han convertido en una especie de propiedad colectiva, formando parte de lo que conocemos como la identidad mexicana.

También quiero decir que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población indígena en México asciende a casi 10 millones de personas, lo que representa cerca del 9 por ciento de la población total nacional. Y un elemento muy importante que los distingue y los dota de identidad, es la lengua con la que se comunican, que además de ser su conexión con el mundo, es también parte imprescindible de su arraigo cultural.

Es así que en México, Senadoras y Senadores, 6 de cada 100 habitantes de 5 años o más hablan alguna lengua indígena de las 68 que existen; además de las 68 lenguas originarias, existen 364 variantes, lo que ubica a México entre las 10 naciones más ricas en diversidad cultural.

No obstante, también hay que decirlo, aprovechando la ocasión, el 23 por ciento de este total se encuentra en riesgo de extinción. Las 5 lenguas indígenas más habladas en México son el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco y el tzeltal; mientras que las 5 menos habladas son el cochimí, el tuzanteco, el papabuco, el aguacateco y el popoluca de Texistepec; estas últimas se encuentran en situación crítica de acuerdo con el Atlas de Lenguas en Peligro de Extinción de la UNESCO.

Comento todo esto porque el número de personas que hablan alguna lengua indígena ha disminuido, ciertamente en los últimos años, mientras que el resto de la población que sólo habla español ha crecido en un gran porcentaje. Pero a pesar de que cada año son menos los mexicanos que hablan una lengua indígena, éstas representan un acervo cultural de mucha trascendencia para nuestro país.

En el ámbito interno, repito, nos dan identidad e historia, mientras que en el terreno internacional, nos proyectan como una nación con ricas y vastas raíces socioculturales, hecho que exalta nuestra identidad y nos hace responsables de cuidarlas y de preservarlas.

Esta responsabilidad, compañeras y compañeros, significa que debemos velar por nuestras comunidades indígenas, dotándolas de una herramienta para su conservación y desarrollo, una herramienta que les permita seguir con el uso de su lengua natal al tiempo que se incorporan a la vida social y laboral del México actual y los incluya, de manera integral, a nuestro sistema de justicia.

Es por eso que también, como lo decía el Senador Isidro Pedraza, considero necesaria la reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública a fin de garantizar que los indígenas no queden en estado de indefensión en los procesos penales instruidos en su contra, en estricto respeto a la garantía de acceso a la justicia mencionada.

Esa es nuestra participación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

A continuación tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos del Código Civil Federal, en materia de adopción simple.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 86, 87, 133, 292, 395 Y 1612 Y SE DEROGAN LOS ARTICULOS 88, 157, 295, 394, 1613 Y 1620 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el Senador Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

El dictamen que hoy se pone a consideración del Senado de la República, que proviene de una minuta de la Cámara de Diputados y que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; y además deroga los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, complementa una reforma que hace dos años derogó la figura de adopción simple del Código Civil Federal y por lo tanto, hace una homologación en el resto de este código. De tal forma, que cumplimos una responsabilidad importante que permite que solamente prevalezca la figura de la adopción plena en el marco jurídico federal.

Si bien la reforma al Código Civil Federal no tiene una trascendencia significativa, solamente en los temas que están configurados del ámbito federal, sí marca un precedente importante para que los códigos civiles de las entidades federativas puedan actuar en consecuencia; de tal forma, que reconozca que en la discusión sobre la adopción plena, sin duda, se reafirma uno de los principios rectores de los derechos de la niñez, que es vivir en un espacio primordial de desarrollo que es la familia.

Cuando se logra que una niña o niño sea adoptado de manera plena, tiene la misma personalidad jurídica, la misma protección que tiene cualquier hija, hijo consanguíneo de la familia.

De tal forma, que es muy importante, que en función de garantizar todo lo mejor de manera prioritaria, que pueda permitir un libre desarrollo de la personalidad en una niña o niño, que el Código Civil Federal ahora derogue estas figuras de la adopción simple.

Espero que hoy estemos hablando de esta materia, los congresos locales se homologuen sobre todo a partir de la información que CONAPRED nos ilustró en el año de 2012 respecto de que más de la mitad de los estados de la República todavía prevalece en su Código Civil, esta figura. ¿Cuáles son esos estados?, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Termino mencionando, que fue el Distrito Federal con un gran debate, en donde participaron sin desperdicio, muchísimas Organizaciones No Gubernamentales, el primer ámbito legislativo que derogó esta figura.

Sin duda, permitimos darle certeza a las niñas y los niños que tienen que pasar por una situación de este tipo y, finalmente, formar parte de una familia con todos los requisitos y con toda la protección legal que debe gozar una niña y un niño cuando es adoptado por una familia.

Y finalmente, también quiero mencionar que ojalá en este debate que también comencemos a ser más perseverantes en diseñar las políticas, en todo el país, que promuevan la adopción, sobre todo de niñas y niños de más de 4 años que siguen institucionalizados en muchísimos lugares de nuestro país, ya sea en ámbitos institucionales o bien, en instituciones de la sociedad civil.

No hay nada más pernicioso que la institucionalización de las niñas y los niños. Y yo creo que es necesario que haya una política de promoción de las bondades, de los grandes beneficios que tienen las niñas y los niños cuando dejan la institucionalización de cualquier tipo, carácter y, finalmente, forman parte del abrigo de una familia, que yo creo que hoy tendríamos que estar recordando, como uno de los pendientes para que México no tenga tan altas las cifras, como las tiene, respecto de niñas y niños que se encuentran institucionalizados.

La institucionalización afecta terriblemente los derechos de las niñas y los niños y ha sido uno de los señalamientos más perseverantes al Estado Mexicano por parte del Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

En virtud de no haber más oradores registrados, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia del jugador de fútbol profesional del Vasco da Gama, de Brasil, César Godinho Catole y amigos que lo acompañan, invitados por nuestro compañero, el Senador Isidro Pedraza Chávez.

¡Bienvenidos!



- La C. Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 104 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

A continuación tenemos la segunda lectura de dictámenes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre violaciones graves a los derechos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario de PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Recibimos, señoras y señores, una minuta de la Cámara de Diputados que revisamos en la Comisión de los Derecho Humanos, respecto a modificaciones importantes a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que van en congruencia con el mandato que la Constitución establece a partir de la reforma de junio de 2011. Y creo que es importante mencionar, que esta minuta va en dos sentidos trascendentales.

En primer lugar, se establecen las bases para el ejercicio de la nueva faculta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene, para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Esta facultad, como ustedes recordarán, la tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, precisamente, por mandato de la Constitución, ahora queda establecida como una facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en ese sentido en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se adicionan dos títulos importantes donde se establece cuáles son los procedimientos para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectivamente, pueda investigar estas violaciones a los derechos humanos.

Hay una discusión importante que quiero referir. En el nuevo artículo 77, del nuevo título VII, respecto a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o por las legislaturas de las entidades federativas.

Establece además, que el Consejo Consultivo deberá ser informado, de inmediato, del inicio de una investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos. Este precepto es importante, porque le otorga nuevas facultades al Consejo Consultivo.

¿Por qué enuncio este artículo? Porque es el único que sufrió una revisión en la Comisión de Derechos Humanos, de tal forma que, habiendo conciliado con nuestra colegisladora y habiendo aceptado la discusión que dimos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aceptan la modificación en los términos como yo lo acabo de leer.
De manera que esta minuta, que hoy estamos poniendo a su consideración, regresa a la Cámara de Diputados para que habiendo ya de antemano trabajado este artículo 77, la Cámara de Diputados recibirá en sus términos la modificación para que proceda a que estas reformas sean enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación.

Tengo que mencionar, que también se destaca otro punto importante en estas reformas a la ley en comento. Se establece el procedimiento a seguir en los casos en que deben comparecer ante el Senado de la República o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, las y los funcionarios públicos que no hagan públicas las razones por las cuales se niegan a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Como ustedes también saben, este precepto constitucional ya ha empezado a aplicarse, pero era importante que estuviera contextualizado en la ley reglamentaria, lo conducente para hacer efectivo el mandato constitucional para que, quienes no acepten las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se nieguen o tengan alguna cortapisa, vengan al Senado de la República o, en sus recesos, a la Comisión Permanente para que hagan públicas las razones porque se niegan a cumplir las recomendaciones de la CNDH.

Por eso solicito, de la manera más atenta, que pueda ser aprobado en sus términos la minuta que ponemos a su consideración.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Celebro la presentación de este dictamen. Siempre es importante solidarizarse y luchar por la defensa de los derechos humanos; y es innegable la necesidad de dotar de mayores facultades, de mayores atribuciones, a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no como luego sucede, sean sólo llamadas a misa las recomendaciones que emite esta comisión.

Cuando el Estado se preocupa por crear mecanismos que garanticen los derechos humanos de sus ciudadanos, se fortalece la vida democrática del país. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la inalienable facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, como fueron los casos de León, Guanajuato, en 1946; Aguas Blancas, en 1995; de la periodista Lydia Cacho, en el 2006; de San Salvador Atenco, en el 2006; los hechos violentos en Oaxaca, en 2007; o los de la guardería ABC, en el 2009, entre muchos más. Sin embargo, en México los ciudadanos sufren las secuelas de la llamada estrategia para erradicar el crimen organizado.

Es innegable, que las constantes violaciones de los derechos humanos provienen, en muchos casos, de los elementos encargados de la seguridad nacional.

Al respecto, hasta el 31 de agosto del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, había emitido 106 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional, 18 recomendaciones contra la Secretaría de Marina; y en este orden de ideas, Amnistía Internacional señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó haber recibido, en el 2006, 182 quejas contra la SEDENA; en el 2007, 367; en el 2008, 1230; y durante los primeros meses del 2009, la cifra ya ascendía a 559. Es decir, las instituciones encargadas de velar por la paz y la seguridad nacional, son en muchas ocasiones las que lastiman los derechos humanos.

Lo anterior es una radiografía de lo que desgraciadamente sucede en México en materia de violación de los derechos humanos, y se puede traducir diciendo que el Estado no está cumpliendo con una de sus principales funciones, la cual es preservar la paz y la vida de sus habitantes.

Por tal razón, es una obligación del Poder Legislativo, diseñar mecanismos que permitan a las autoridades ejercer sus atribuciones para divulgar y defender los derechos humanos.

Así pues, tienen que vigorizar las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que pueda investigar y, en su caso, emitir recomendaciones por posibles violaciones a sus derechos.

El Senado de la República no puede permanecer ajeno ante esta realidad; por ende, como representantes de las entidades federativas, tenemos que dotar a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos facultades que hagan más perfectible su labor.

Por tal razón, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que con su aprobación se eficientará el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con la aprobación del presente dictamen, se fortalecerá el sistema de pesos y contrapesos. Esto, debido a que el ombudsman, podrá promover acciones de inconstitucionalidad y ordenar investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

Por su parte, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá ser informado inmediatamente del inicio de las investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos; asimismo, podrá llamar a rendir cuentas a los servidores públicos que no acepten o no cumplan con las recomendaciones realizadas por la comisión.

Por lo tanto, lo trascendente de esta reforma, sin duda, es un avance en la protección de los derechos humanos.

Celebro el dictamen de estas comisiones.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador David Monreal.

Se le concede el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda este tema que hoy estamos tratando en materia de derechos humanos, viene a fortalecer la posibilidad de que los habitantes de este país, que se ven afectados con la violación de sus derechos humanos, puedan resarcírseles el daño a partir de las facultades que se le otorgan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Son innumerables las violaciones que se han cometido a los derechos humanos en este país y muchas de ellas han quedado impunes.

En otros países, se ha optado por las Comisiones de la Verdad. En México, a pesar de tener antecedentes, como México 68, Corpus Christi 71, Acteal, las que ya mencionaba el Senador David Monreal, Aguas Blancas, desapariciones forzadas, las víctimas colaterales, miles y miles de compatriotas que se les han violado sus derechos humanos, ya sea de manera particular o de manera colectiva, han quedado en la impunidad.

Es necesario, que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le otorgue estas facultades de investigación.

¿Cuántos funcionarios se burlan de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque éstas no tienen las facultades de hacer comparecer, de llamar a quienes se les hacen las recomendaciones?

Sin duda, el hecho de hoy que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda investigar violaciones graves de los derechos humanos y que pueda solicitar la investigación, cualquiera de las Cámaras, un gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas, plantea una nueva posibilidad para que los derechos fundamentales de nuestros compatriotas se respeten. Cualquier autoridad que pretenda violar derechos humanos y tenga del conocimiento de lo que se va exponer, sin duda que va a servir para inhibir la idea y el que violen los derechos humanos, bueno, pues ya sabrá a qué atenerse.

Es muy importante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda solicitar informes, pero es más importante que se emplace. Es decir, hoy la autoridad que se presuma que ha violado derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humano le solicite un informe justificado tendrá siete días, es decir, ya no será cuando quiera, para que rinda el informe justificado; y si no rindiera el informe, entonces se darán por ciertos los hechos que se le imputan.

También es muy importante la facultad que se le otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que pueda hacer comparecer a quienes parecían intocables en este país, estamos hablando de los Secretarios de Estado, los gobernadores, del jefe de gobierno, quienes estarán obligados a comparecer cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los cite.

¡Qué bueno!, ¡qué bueno que se están acabando los intocables en este país! en este tema tan trascendental para la vida pública y para que los derechos de nuestros compatriotas sean respetados.

También, es muy importante resaltar que con la reforma que vamos a aprobar el día de hoy con las inclusiones que se le están haciendo, el Senado de la República seguirá mandando mensajes al pueblo de México de que estamos verdaderamente preocupados por lo que está pasando en el país, que el Senado no es omiso, y al contrario, contribuye de manera decidida para que los derechos fundamentales de los compatriotas nuestros sean perfectamente respetados y, en caso de que se violen, los violadores no se queden sin sanción.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de su votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los representantes del organismo internacional Artículo 19, uno de los pilares ciudadanos en defensa de la libertad de expresión y de información en el mundo. Están de visita en nuestro país el Director ejecutivo internacional Thomas Hughes, el Director de la oficina en México, Darío Ramírez y la encargada del programa de Acceso a la Información, Ana Cristina Ruelas, todos ellos invitados por el Senador Javier Corral.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 103 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Solicito a la Secretaría informe los puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a la Cámara de Diputados, que solicitan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el rubro “Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional”, en el apartado de servicios educativos, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la cantidad 25.5 millones de pesos para la demolición y construcción de la Unidad Académica de Derecho en el municipio de Tepic, Nayarit.







 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que apruebe un incremento al presupuesto destinado para las organizaciones de la sociedad civil del estado de Baja California, que ofrecen tratamientos integrales a todo toxicómano o alcohólico que lo requiera y lo solicite.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS COMISIONES DE PRESUPESTO Y CUENTA PUBLICA Y DE SALUD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION PARA QUE EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, CONSIDEREN Y APRUEBEN UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE OFRECEN TRATAMIENTO INTEGRALES A TODO TOXICOMANO Y/O ALCOHLICO QUE LO REQUIERA Y LO SOLICITE

"El suscrito, Senador ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, consideren y aprueben un incremento al presupuesto destinado para las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Baja California, que ofrecen tratamiento integrales a todo toxicómano y/o alcohólico que lo requiera y lo solicite, y de esa manera cuenten con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos inmersos en ese grave problema. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El tema de la adicción a las drogas, es un tema sobre el cual todo gobierno ha tomado cartas en el asunto dado el gran impacto y trascendencia en las sociedades de todos los países, del cual el nuestro se exime. Precisamente y por ser un asunto de tal envergadura, es que la sociedad civil se ha visto en la necesidad de organizarse para hacer frente a ese grave flagelo, desde la trinchera de la prevención, tratamiento y reinserción, ofreciendo programas integrales a aquellas personas que lamentablemente se encuentran inmersas en el problema de la drogadicción y alcoholismo, creando para ello centros o unidades de tratamiento.

Sin embargo, la tarea que han venido desarrollando las Organizaciones de la Sociedad Civil acarrea una suma de gastos que muchas veces no están en posibilidad de sufragarlos en virtud del poco ingreso numerario al que pueden acceder, acudiendo en busca de recursos ante las diversas autoridades de gobierno facultadas y competentes en esos menesteres, donde desgraciadamente no siempre han encontrado apoyo, sin embargo aun así han seguido insistiendo ante esas instancias en espera de mejores resultados.

Las actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, no sólo en Baja California sino en todo el país, deberían encontrar apoyo y financiamiento de fondos públicos, toda vez que sus actividades las desempeñan siempre bajo la figura jurídica de “asociación civil”, en el marco regulatorio impuesto por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil local para cada entidad federativa.

Cabe mencionar, que la operatividad y funcionalidad de una unidad de tratamiento, trae consigo diversos gastos, tales como, honorarios de personal, honorarios de profesionistas médicos, psicólogos, psiquiatras, contadores, terapeutas, nutriólogos, abogados, etc. Así como el pago de servicios públicos como energía eléctrica, agua potable, teléfono, impuesto predial, alimentación, gas lp, fármacos y medicamentos, servicio de lavandería y otros insumos como papelería, artículos para la limpieza, artículos de aseo personal de los usuarios, gasolina, refacciones y mantenimiento de las unidades de transporte, renta de establecimientos en operación, etc.
De tal suerte que la funcionalidad de una unidad de tratamiento para las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Baja California, acarrea un gasto aproximado mensual de $2,756,100.00 pesos mexicanos y anual de $33, 073,200.00 pesos mexicanos, por esa razón, diversas ONG´s del Estado de Baja California, han acudido a la Cámara de Diputados para presentar ante las Comisiones respectivas, propuestas y proyectos con la intención de encontrar apoyo, y que en su momento, se aprueben partidas presupuestales para el otorgamiento de subsidios y recursos suficientes a favor de las asociaciones civiles que se constituyen con el objeto de ofrecer programas completos de tratamiento de adicciones a las drogas y al alcohol.

Es importante mencionar, que las estadísticas actuales arrojan resultados alarmantes en relación con las drogas o sustancias psicoactivas. El Estado de Baja California es considerado como la entidad federativa que tiene mayor índice de consumo en la República Mexicana. La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), en una encuesta realizada señaló que el Estado de Baja California, ocupa el primer lugar por consumo de metanfetaminas con el 2.7% de la población consumidora, el segundo en consumo de cocaína con el 3.9% y el tercer lugar mariguana (cannabis), con el 7.5% estimándose la existencia de cuatrocientos a quinientos mil adictos a sustancias psicoactivas y el consumo compulsivo de bebidas alcohólicas.

Según datos de la Secretaría de Salud en el estado de Baja California, existen actualmente doscientos tres unidades de tratamiento certificadas, que se dedican a la rehabilitación y reintegración de personas con alguna clase de adicción, las cuales no reciben ningún tipo de ayuda económica gubernamental de manera permanente, pues, no se ha mantenido ninguna constante y estrecha relación con las autoridades de salud y otras que resultan competentes para el caso.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, considere y apruebe un incremento al presupuesto destinado para las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Baja California, que ofrecen tratamientos integrales a todo toxicómano y/o alcohólico que lo requiera y lo solicite, y de esa manera cuenten con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos inmersos en ese grave problema.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Ernesto Ruffo Appel".





 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, 10 proposiciones con punto de Acuerdo para que se asignen recursos a los siguientes proyectos:

Para la construcción del sistema integral de agua potable en el municipio de Huépac, Sonora, con una inversión total de 13 millones 124 mil 879 pesos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA CON UNA INVERSION TOTAL DE 13 MILLONES 124 MIL 879 PESOS

"FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción del Sistema Integral de Agua potable, en el municipio de Huépac, Sonora con una inversión total de 13,124,879.00 (trece millones ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población solo será efectivo mediante la armonización de la ingeniería aplicada y un eficiente aprovechamiento del recurso natural.

México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias.

Sin embargo, la época de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses lo que propicia una escasa captación. Además se debe mencionar que del total de agua captada por lluvias, aproximadamente un 70% se evapora.

Dicha problemática se presenta en diversos estados del país y particularmente en los estados del norte es donde mayormente se duplica ésta escases.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres de esa población1,154 pertenecen al Municipio de Huépac, Sonora.

Dicho municipio se encuentra en la Sierra Madre Occidental, colinda al norte con Banámichi, Aconchi y San Felipe al sur, Moctezuma al este y Opodepe al oeste. Esta comunidad serreña en años anteriores funcionó como centro minero, en la actualidad tienen actividades ganaderas y agrícolas.

Por lo antes señalado, resulta de gran importancia para seguir desarrollando las actividades de la comunidad el contar con un recurso económico que permita la construcción de un sistema integral de agua potable al municipio de Huépac, Sonora.

Sin duda alguna la aprobación por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados permitirá al Municipio de Huépac, Sonora que más de 1500 sean los beneficiarios y sus dos comisarías

Es por ello que vengo a solicitar que en el proceso de análisis discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2014 se considere un recurso extraordinario por la cantidad de13,124,879.00 ( trece millones ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos) que permitan iniciar la construcción del Sistema Integral de Agua potable.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de Asamblea la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción del Sistema Integral de Agua potable, en el municipio de Huépac, Sonora con una inversión total de 13,124,879.00 (trece millones ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".





 

Para concluir la segunda etapa de la construcción del nuevo centro de salud rural en el municipio de Nácori Chico, Sonora, con un monto de 2 millones de pesos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONCLUIR LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD RURAL, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA CON UN MONTO DE 2 MILLONES DE PESOS

"Francisco Búrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la concluir la segunda etapa de la construcción del Nuevo Centro de Salud Rural, en el municipio de Nácori Chico, Sonora con un monto de 2,000,000.00 (dos millones de pesos), lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio Nácori Chico, está ubicado en el este del Estado de Sonora, Colinda con los municipios siguientes: al norte con Huachinera, al sur con Sahuaripa, al oeste con Bacadéhuachi, y limita al este con el estado de Chihuahua.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres de esa población 2,051 habitantes pertenecen al Municipio de Nácori Chico, Sonora.

Para este municipio es una prioridad el impulsar acciones que permitan cubrir de mejor manera las necesidades de salud de sus habitantes, por lo que es de gran importancia para la salud y atención de la población contar con los recursos que permitan concluir con la segunda etapa de la construcción del Nuevo Centro de Salud Rural por lo que solicito se asignen los recursos que aseguren su conclusión.

La aprobación de este punto de acuerdo permitirá proporcionar un servicio adecuado a las exigencias de la población de Nácori Chico así como contar con una infraestructura que cumpla con las normas adecuadas de seguridad y sanidad para el personal médico y de enfermería que labora en el centro.

Con lo anterior, además se asegurará la calidad en salud para el municipio de Nácori Chico, favoreciendo con ello a los cerca de tres mil habitantes y a la población flotante de dos mil personas.

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la concluir la segunda etapa de la construcción del Nuevo Centro de Salud Rural, en el municipio de Nácori Chico, Sonora con un monto de 2,000,000.00 (dos millones de pesos).

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".





 

Para la construcción de un acceso de entrada al municipio y nuevos espacios de esparcimiento familiar, en el municipio de Nacozari de García, Sonora, con un monto de inversión de 17 millones 350 mil 602 pesos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACCESO DE ENTRADA AL MUNICIPIO Y NUEVOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA, CON UN MONTO DE INVERSION DE 17 MILLONES 350 MIL 602 PESOS 47 CENTAVOS

Francisco BUrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción de un acceso de entrada al municipio y nuevos espacios de esparcimiento familiar, en el municipio de Nacozari de García, Sonora con un monto de inversión de 17,350,602.47 (diecisiete millones trescientos cincuenta mil seiscientos dos pesos con cuarenta y siete centavos), lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Nacozari de García está ubicado al noreste del estado de Sonora, colinda con los municipios: al norte con Agua Prieta, al este con Bavispe, al sureste con Bacerac, al sur con Villa Hidalgo y Cumpas, al oeste con Arizpe, y al noroeste con Bacohachi y Fronteras.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres, de esa población 12,751 habitantes pertenecen al Municipio de Nacozari de García, Sonora.

Es así que este municipio tiene la necesidad de establecer accesos dignos al municipio y ofrecer a los habitantes espacios de esparcimiento familiar que permita estrechar sus lazos de convivencia.

De manera tal que impulsar actividades encaminadas a mejorar la convivencia de los habitantes del municipio de Nacozari de García dentro de un entorno social y sano en esparcimiento debe ser visto de manera prioritaria.

Sin duda alguna estos centros de esparcimiento permitirán alejar a los habitantes jóvenes y adultos de los círculos viciosos del crimen y reconstruir el tejido social que notablemente ha tendido a la desaparición a lo largo y ancho de la república mexicana.

La aprobación de este punto de acuerdo no solo permitirá al municipio de Nacozari de García a dignificar el área de acceso sino que también permitirá la creación de un nuevo espacio de esparcimiento para las familias que integran esta población.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Nacozari de García, Sonora para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos expuestas en el cuerpo de las consideraciones.
Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción de un acceso de entrada al municipio y nuevos espacios de esparcimiento familiar, en el municipio de Nacozari de García, Sonora con un monto de inversión de 17,350,602.47 (diecisiete millones trescientos cincuenta mil seiscientos dos pesos con cuarenta y siete centavos).

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela”.





 

Para la construcción de una represa o galería filtrante para el municipio de Suaqui Grande, Sonora, con un monto de inversión de 20 millones de pesos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA REPRESA O GALERIA FILTRANTE PARA EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA, CON UN MONTO DE INVERSION DE 20 MILLONES DE PESOS

Francisco BUrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción de una represa o galería filtrante para el Municipio de Suaqui Grande, Sonora con un monto de inversión de 20,000,000.00 (veinte millones de pesos), lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Suaqui Grande está ubicado al noreste del estado de Sonora, colinda al norte con La Colorada y San Javier, al sur con Cajeme, al oeste con Guaymas y al este con Onavas y Yécora.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres, de esa población 1,121 habitantes pertenecen al Municipio de Suaqui Grande, Sonora; sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura.

Dichas actividades son el soporte a la principal actividad primaria, lamentablemente el área de cultivo en los últimos años se ha reducido de forma importante año con año amenazando con colapsar tanto al sector pecuario como el abastecimiento para consumo humano lo cual ocasionaría que los productores abandonen sus centros de producción y emigren en busca de una mejor calidad de vida, dando origen a los cada vez más sonados pueblos fantasmas.
Es así que este municipio se enfrenta ante la necesidad de contar con una fuente segura de abastecimiento del vital líquido y para ello es necesario construir una represa o una galería filtrante en un punto estratégico que permita el control de avenidas y su consecuente filtración de las escasas aportaciones que en ocasiones les aporta el arroyo que cruza el municipio.

Sin duda alguna la aprobación del recurso por parte de la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos de la federación de 2014 permitirá al municipio de Suaqui Grande, Sonora garantizar el abasto de agua tanto para consumo humano como para el sector pecuario fortaleciendo la generación de empleos en la principal actividad económica que como ya le he mencionado en el cuerpo del presente texto parlamentario es la ganadería y la agricultura.

Por todo lo anteriormente señalado se exhorta respetuosamente a asignar recursos suficientes para la construcción de una represa o galería filtrante para el Municipio de Suaqui Grande, con una inversión total de 20, 000,000.00 (veinte millones de pesos).

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción de una represa o galería filtrante para el Municipio de Suaqui Grande, Sonora con un monto de inversión de 20,000,000.00 (veinte millones de pesos).

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela”.





 

Para la pavimentación de la calle Salida de Huepari en el municipio de San Pedro de la Cueva, con una inversión total de 4 millones 492 mil 241 pesos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SALIDA DE HUEPARI EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, CON UNA INVERSION TOTAL DE 4 MILLONES 492 MIL 241 PESOS

Francisco BUrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la pavimentación de la Calle Salida de Huepari en el Municipio de San Pedro de La Cueva, con una inversión total de 4, 492,241.00 (cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y un pesos), lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de san Pedro de la Cueva está ubicado al centro del estado de Sonora, al norte con Moctezuma y Tepache, al este con Sahuaripa, al sur con Bacanora y al suroeste con Villa Pesqueira.
Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres, de esa población 1,604 habitantes pertenecen al Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora; sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura.

La construcción de los caminos deben ser considerados como una inversión para la generación de empleos así mismo representan una clara estrategia al contemplar esta una inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura carretera de un país y debe ser vista aún mas allá por lo que representa la generación de competitividad.

En ingeniería civil, la pavimentación es concebida como la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos.

Este municipio cuya actividad económica principal es el turismo se enfrenta ante la necesidad de realizar obras de infraestructura que permita tener calles plenamente pavimentadas sin duda en estos años contar con ello resulta indispensable y una verdadera necesidad, para los habitantes de la comunidad de San Pedro de La Cueva, Sonora.

En este sentido es que le solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere la asignación de recursos suficientes que permitan la ejecución de la obra de pavimentación de la Calle Salida de Huepari la cual consiste en introducir 650 ml de tubería de agua potable, 650 ml de tubería de drenaje y la pavimentación de 5,525 m2 de concreto hidráulico.

Con la aprobación del recurso por parte de la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos de la federación de 2014 permitirá al municipio de San Pedro de La Cueva, Sonora tener una mejor infraestructura hidráulica y de cobertura en los servicios de agua, drenaje y calles pavimentadas, de esta manera se estará brindando a los habitantes de dicho municipio una mejor calidad de vida y atender de mejor manera al turismo que reciben.

Por todo lo anteriormente señalado se exhorta respetuosamente a asignar recursos suficientes que permitan la ejecución de la obra de pavimentación de la Calle Salida de Huepari en el Municipio de San Pedro de La Cueva, con una inversión total de 4,492,241.00 (cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y un pesos.

(veinte millones de pesos).

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la pavimentación de la Calle Salida de Huepari en el Municipio de San Pedro de La Cueva, con una inversión total de 4,492,241.00 (cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y un pesos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de Noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela”.





 

Para la construcción de un parque multifuncional en el municipio de Aconchi, con una inversión total de 1 millón 600 mil pesos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA CONSTRUCCION DE UN PARQUE MULTIFUNCIONAL EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI, CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 1 MILLON 600 MIL PESOS

"Francisco Búrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para construcción de un parque multifuncional en el Municipio de Aconchi, con una inversión total de 1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos) , lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Aconchi está ubicado en el centro del Estado de Sonora, Colinda con los municipios siguientes: al norte con Huépac; al este con Cumpas; al sur con Ures y Baviácora; al oeste con Rayón y al noroeste con San Felipe de Jesús.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres, de esa población 2,637 habitantes pertenecen al Municipio de Aconchi, Sonora; el municipio tiene un gran potencial turístico tanto gracias a sus recursos naturales que los sustentan como una de sus actividades económicas principales.

Es así que impulsar actividades encaminadas a mejorar la convivencia de los habitantes del municipio de Aconchi permitirán en todo momento el esparcimiento y la convivencia familiar, además de zonas para realizar ejercicios moderados a favor de la salud.

Sin duda alguna contar con un parque multifuncional para el esparcimiento de sus habitantes coadyuvará a alejar a los habitantes jóvenes y adultos de los círculos del crimen y preservar el tejido social.

La aprobación de este punto de acuerdo no solo permitirá a los habitantes del municipio de Aconchi a tener un lugar de esparcimiento familiar y de prácticas deportivas sino que también les permitirá la sana convivencia con los avecindados.

Por todo lo anterior es que le solicito a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que asignen los recursos suficientes que permitan la construcción de un Parque Multifuncional con una inversión total de 1,600, 000.00 (un millón seiscientos mil pesos) para el presupuesto de egresos de la federación de 2014.

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para construcción de un parque multifuncional en el Municipio de Aconchi, con una inversión total de 1,600,000.00(un millón seiscientos mil pesos).

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".





 

Para la construcción y equipamiento de dos pozos perforados para las localidades de Terachi y Bámori del municipio de Arivechi, Sonora.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PERFORADOS PARA LAS LOCALIDADES DE TERACHI Y BAMORI DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA

"Francisco Búrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción y equipamiento de dos pozos perforados para las localidades de Terachi y Bámori del Municipio de Arivechi, Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Arivechi se encuentra en la Sierra Madre Occidental, Colinda al norte, este y sur con el municipio de Sahuaripa y al oeste con el de Bacanora.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres de esa población 1,253 pertenecen al Municipio de Arivechi, Sonora.

Una de las problemáticas que enfrenta este municipio es la escases del agua, dicho recurso es el elemento más importante para la vida en la Tierra; el 70% del planeta está formado por agua y a su vez, el ser humano y la mayoría de animales están constituidos por un 70 % de agua, las propias células de nuestro interior, en un 70 % están compuestas por agua. Este dato ya nos da importantes antecedentes sobre la imperiosa necesidad que tiene el agua para la vida y para los seres vivos que habitamos la Tierra.

Nuestro país es rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo, cuyos acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias.

Sin embargo, la época de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses lo que propicia una escasa captación. Además se debe mencionar que del total de agua captada por lluvias, aproximadamente un 70% se evapora.

Por lo señalado, recobra importancia las actividades de la comunidad el contar con un recurso económico que permita la construcción y equipamiento de dos pozos perforados para las localidades de Tarachi y Bámori que les permita tener la seguridad del agua ya que en la actualidad en dichas localidades se sustrae de un aguaje que no logra abastecer en el tiempo del estiaje.

Por ello es que resulta necesario hacer el estudio, la construcción y equipamiento para poder subsanar esta problemática, en la comunidad de Bámori, se cuenta con un pozo de luz el cual abastece el servicio de agua potable, encontrándose muy amenazado por las corrientes del rio Sahuaripa, por lo que es necesario la localización, estudio y construcción de un nuevo pozo perforado que permita subsanar esta vital necesidad.
Sin duda alguna la aprobación por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados permitirá al Municipio de Arivechi, dotar del agua segura a las dos comunidades, problema que año con año vienen arrastrando por la falta del vital líquido.

Es por ello que vengo a solicitar que en el proceso de análisis discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2014 se consideren recursos suficientes que permitan realizar un estudio técnico, para la construcción y equipamiento de dos pozos perforados para las localidades de Terachi y Bámori del Municipio de Arivechi, Sonora

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de Asamblea la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción y equipamiento de dos pozos perforados para las localidades de Terachi y Bámori del Municipio de Arivechi, Sonora

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".





 

Para la construcción de una línea de electrificación de 12 kilómetros y varios ramales con un monto total de 15 millones 500 mil pesos, para el municipio de Cucurpe, Sonora.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE ELECTRIFICACION DE 12 KILÓMETROS Y VARIOS RAMALES CON UN MONTO TOTAL DE 15 MILLONES 500 MIL PESOS, PARA EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

"Francisco Búrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción de una línea de electrificación de 12 kilómetros y varios ramales con un monto total de 15,500,000 (quince millones quinientos mil pesos para el Municipio de Cucurpe, Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Municipio de Cucurpe está ubicado en el norte del estado de Sonora se encuentra en la Sierra Madre Occidental, Colinda al norte con Imuris, al este con Arizpe, al sur con Opodepe, al oeste con Santa Ana y al noroeste con Magdalena de Kino.
Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres de esa población 2,500 pertenecen al Municipio de Cucurpe, Sonora.

Las problemáticas que enfrenta este municipio es la relacionada con la electrificación, particularmente en el ejido de San Javier del municipio de Cucurpe, Sonora en donde se requiere una línea de electrificación de 12 kilómetros y varios ramales.

Sin duda alguna la energía eléctrica es la energía más utilizada en el mundo, es un pilar para el desarrollo de las comunidades y del sector industrial de cada país , además es una parte importante del desarrollo social y representa un elemento esencial para el desarrollo de las tecnologías.

Es así que la energía eléctrica desempeña un papel muy importante en la vida del ser humano, pues con ella se establecen no solo comodidades sino que también se atienden necesidades primordiales

Dicho lo anterior, resulta impostergable que comunidades que aún no cuentan con este importante recurso energético sigan careciendo de él, pues indudablemente su desarrollo se ve mermado por la falta de electrificación de diversas zonas.

Por lo señalado anteriormente, toma gran importancia las actividades de la comunidad el contar con un recurso económico que permita la ejecución de una obra de electrificación de 12 kilómetros y varios ramales.

Lo anterior permitirá contar con un beneficio directo para alrededor de 2500 habitantes que tienen su asiento de producción y sus parcelas en el municipio de Cucurpe, Sonora.

Por ello es que resulta necesario que la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 un monto total de 15,500,000.00 quince millones quinientos mil pesos, los cuales permitirán subsanar esta vital necesidad que permita el desarrollo de diversas localidades.

Sin duda alguna la aprobación por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados permitirá al Municipio de Cucurpe, dotar de una línea de electrificación en beneficios de todos y cada uno de sus habitantes.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de Asamblea la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la construcción de una línea de electrificación de 12 kilómetros y varios ramales con un monto total de 15,500,000 (quince millones quinientos mil pesos) para el Municipio de Cucurpe, Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".





 

Para la pavimentación de la calle Independencia en el municipio de Sáric, Sonora, con un monto total de 1 millón 200 mil pesos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES QUE PERMITAN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SARIC, SONORA, CON UN MONTO TOTAL DE 1 MILLON 200 MIL PESOS

“Francisco BUrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes que permitan la pavimentación de la Calle Independencia en el Municipio de Sáric, Sonora, con un monto total de 1,200, 000.00 (un millón doscientos mil pesos) lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Municipio de Sáric está ubicado en el norte del estado de Sonora, Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, y tiene colindancia con los municipios siguientes: al este con Nogales, al sur con Tubutama, al oeste con Altar y al sureste con Magdalena

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres de esa población 2,703 pertenecen al Municipio de Sáric, Sonora.

La construcción de los caminos deben ser considerados como una inversión para la generación de empleos así mismo representan una clara estrategia al contemplar esta una inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura carretera de un país y debe ser vista aún mas allá por lo que representa la generación de competitividad.

En ingeniería civil, la pavimentación es concebida como la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos.

Dicho lo anterior es importante mencionar que para el Municipio de Sáric resulta de gran trascendencia la pavimentación de la calle Independencia, esta obra es necesaria debido a que es la entrada al municipio y a la avenida principal, encontrándose a la fecha en terracería lo que desafortunadamente ocasiona baches y tolvaneras en detrimento de la economía y salud de sus habitantes pues quienes transitan por estas vías o viven en sus cercanías comienzan a padecer enfermedades respiratorias de forma recurrente.

Debido a ello es que resulta importante que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne un recursos que permita la pavimentación de la calle Independencia, misma que se ubica entre la calle de Lázaro Gutiérrez de Lara y Miguel Hidalgo.

Por ello es que le solicito de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 un monto total de 1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos), lo cual permitirá que Sonora cuente con un Municipio más representativo, Moderno, Limpio y sin problemas de enfermedades respiratorias, beneficiando con ello a más de 200 personas que viven alrededor de dicha avenida.
Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de Asamblea la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes que permitan la pavimentación de la Calle Independencia en el Municipio de Sáric, Sonora con un monto total de 1,200, 000.00 (un millón doscientos mil pesos)

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela”.





 

Y para la rehabilitación de una unidad deportiva y de diversos campos deportivos, con un monto total de 19 millones 878 mil 286 pesos con 64 centavos, para el municipio de Empalme, Sonora.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA REHABILITACION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA Y DE DIVERSOS CAMPOS DEPORTIVOS CON UN MONTO TOTAL DE 19 MILLONES 878 MIL 286 PESOS CON 64 CENTAVOS, PARA EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA

"SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la rehabilitación de una unidad deportiva y de diversos campos deportivos con un monto total de 19,878,286,64 (diecinueve millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con sesenta y cuatro centavos) para el Municipio de Empalme, Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Datos publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indican que México es el país con mayor porcentaje de población obesa en el mundo.

Según los datos del informe, la prevalencia de obesidad en adultos alcanzó de 32.8%, superando por primera vez a Estados Unidos, que según el mismo informe, registró 31.8%.

Dichos datos indican que México tiene el mayor índice de obesidad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en dicho estudio se señala que lo que a nuestro país le llevo a engordar fue por la falta de una adecuada nutrición y salud pública afirman que es el resultado de una transición epidemiológica que empezó hace 30 años y que sigue por la falta de cultura física deportiva.
Es así que uno de los factores sea la disminución en la actividad física lo que ha contribuido en gran manera a que la población haya abandonado esta práctica aunque también podemos señalar que otro de los factores que han influido es la falta de seguridad para desarrollar actividades en espacios públicos.

En México, las encuestas nacionales de nutrición elaboradas por la Secretaría de Salud comenzaron a realizarse en 1988, pero los datos sobre obesidad en adultos se desglosaron desde el 2000. A partir de entonces, la obesidad en adultos pasó de 23.5% en el 2000, a 34.4% para 2012.

Ante esta problemática que afecta a la gran población mexicana sin titubeos se debe poner en marcha el fomento de actividades deportivas que desde la infancia permitan a la población joven y adulta generar beneficios para su salud, cabe señalar que según datos de la encuesta Nacional de Juventud señala que poco más del 40% de la población juvenil entre los 12 y los 29 años de realizan alguna actividad física, es así que la mayoría de los jóvenes, es decir uno de cada tres (36.6%) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7%), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6%) la practica todos los días, ante estos datos vemos que empieza a existir una gran disposición de la juventud para realizar actividades deportivas, pero muchas veces dicha motivación puede verse desalentada por la falta de espacios públicos que permitan su activación física

Ahora bien, el Municipio de Empalme, se localiza en la porción sureste del Estado de Sonora, limita al norte con terrenos agrícolas del municipio de Guaymas, al sur con el mar de Cortés, al este con terrenos de la comunidad Yaqui y al oeste con el Estero del Rancho.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres, de esa población 54,131 habitantes pertenecen al Municipio de Empalme, Sonora.

Por tal motivo es indispensable que cada vez más los habitantes cuentes con instalaciones deportivas en donde realizar actividades físicas sin duda alguna el contar con estos espacios permitirá a los habitantes contar con mejor calidad de vida.

Es así que resulta prioritario, que en municipios como Empalme se cuente con instalaciones que permitan atender la demanda deportiva en donde seguramente surgirán nuevos talentos que más adelante pongan en alto a nuestro país mediante su representación.

En este sentido es que le solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere la asignación de recursos suficientes que permitan contar con instalaciones deportivas dignas de los habitantes de Empalme, Sonora.

Con la aprobación del recurso por parte de la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos de la federación de 2014 permitirá al municipio de Empalme, Sonora tener una mejor infraestructura en campos deportivos y con ello fomentar el deporte en los jóvenes y adultos de este municipio.

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la rehabilitación de Unidad Deportiva “Ángel Castro” con un monto inicial para la primera etapa de 10,880,389.72 (diez millones ochocientos ochenta mil trescientos ochenta y nueve millones de pesos con setenta y dos centavos) para el municipio de Empalme, Sonora.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la rehabilitación de campos deportivos en ejido “Mi Patria es Primero” para el Municipio de Empalme, Sonora. Con un monto total de 4,444,908.49 ( cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos ocho con cuarenta y nueve centavos).

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asignen recursos suficientes para la rehabilitación de campos deportivos en el poblado Morelos “La Atravezada” en el Municipio de Empalme, Sonora, con un monto total de 4,552,988.43 (cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos).

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".





 

Del Senador Gabriel Avila Ruiz, con punto de Acuerdo que exhorta a que se destinen mayores recursos para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

"El suscrito, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senador de la República por el estado de Yucatán e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura del H. Congreso de la Unión, con base en las facultades que me confieren en el artículo 8, número 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los años cincuenta dos quintas partes de la sociedad laboraban en el sector primario, caracterizado por ser un sector importante de la economía mexicana, que dotaba de empleos a la población.

En los años ochenta, las políticas agropecuarias cambiaron dramáticamente, al pasar de un intenso proteccionismo, poca e incluso nula innovación en el sector; a un esquema de liberación de mercado regida por la situación de globalización.

La polarización se hizo evidente, entre un sector agrícola asociado al mercado exportador, con inversiones cuantiosas con el fin de mejorar la productividad e introducir mejoras tecnológicas y, la agricultura tradicional de subsistencia para aumentar la producción sobre la base de métodos extensivos, lo que sin duda agravó la situación de nuestro país.
El estancamiento económico del sector agropecuario ha sido indiscutible, el crecimiento de este sector apenas alcanzó una tasa media de 1.5% anual en el periodo 1983-2007, inferior al crecimiento demográfico. Durante el periodo de entre 2000 y 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial creció sólo un 1.5% promedio anual. La participación del sector agropecuario en el PIB nacional ha estado disminuyendo: 3.57% en 2000; 3.55% en 2006; -6.2% en 2011. Con excepción del 2012 donde se observa un crecimiento de 8.3% del PIB.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),el sector agropecuario mexicana en los últimos diez años ha estado muy por debajo del conjunto de países de América Latina, con excepción de Colombia, Cuba y Haití. La productividad de la agricultura mexicana prácticamente ha permanecido estancada desde 1990 y la productividad en el maíz es más baja que la de Estados Unidos, China, Brasil y Sudáfrica, este último, es de los pocos países que producen maíz blanco para la exportación.

Ante el contexto actual del sector, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)en un esfuerzo por incentivar la agricultura, ha implementado programas como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), el Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, entre otros.

Los programas mencionados están dirigidos a hombres y mujeres mayores de 18 años pertenecientes a núcleos agrarios, que tienen el propósito de poner en marcha proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, pero que no cuentan con los medios económicos para hacerlo.

El FAPPA apoya a las personas para que inicien proyectos de índole ganadero, textil, ecoturismo, tiendas rurales, producción de alimentos o servicios varios, entre otros.

El PROMUSAG promueve la integración de las mujeres en las actividades económicas; mientras que el Programa Joven Emprendedor y Fondo de Tierras busca fomentar el interés de los jóvenes por implementar y consolidar sus propias “Agroempresas”.

De la misma manera, la SEDATU otorga asistencia técnica y capacitación a los grupos beneficiados y da seguimiento a los proyectos, procurando con ello aumentar la probabilidad de éxito. Al mismo tiempo, otorga preferencia a aquéllos que se apegan al modelo de desarrollo sustentable, fomentando el cuidado al medio ambiente en zonas rurales.

En 2012,el Programa FAPPA apoyó 16,255 proyectos, con 126,656 beneficiarios, de los cuales el 53.37% estuvo compuesto por mujeres. Tuvo presencia en 985 Municipios de las 32 Entidades Federativas del país. Los recursos para el programa crecieron en 8.8% respecto de 2011; es decir, 833.52 millones de pesos, con lo que la población atendida se incrementó en el mismo porcentaje. Sin embargo, estos recursos son insuficientes para cubrir las metas propuestas.

El PROMUSAG, para 2012 contempló una población objetivo cercano a 2 millones de mujeres que son madres solteras y que requieren de un ingreso para la manutención familiar. Sin embargo, únicamente se atendieron 29,787 mujeres (1.4%). Sin duda la población atendida es muy baja para lograr impactar a la población objetivo.

Lo anterior se explica por la reducción del Programa en un 25 por ciento en el año 2010, por lo que los resultados se vieron afectados drásticamente sin existir a la fecha posibilidad de recuperación.

Por su parte, el Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, está dirigido a uno de los sectores más grandes e importantes de la población: la juventud.
De acuerdo con cifras del INEGI, el número de personas jóvenes, aquellos que tienen de entre 12 y 29 años de edad, asciende a 36 millones, de los cuales poco más de 156 mil son el objetivo del programa Joven Emprendedor. No obstante, para 2012 únicamente se apoyó a 4,057 jóvenes. La problemática que presenta este Programa radica en que la cobertura es muy baja 2.6%, lo anterior se explica al poco presupuesto que se destina, lo que sin duda representa una debilidad.

Cabe destacar que el FAPPA, PROMUSAG y Joven Emprendedor, no son programas asistencialistas, sino que buscan apoyar proyectos productivos para lograr el desarrollo del sector primario y de las personas dedicadas a él. Sin embargo, la insuficiencia en el presupuesto asignado a cada uno de ellos, les ha impedido cumplir con sus metas. Por lo tanto, es importante sumar esfuerzos y continuar apoyando al sector agrario.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz".





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a que se apruebe una partida presupuestal destinada a las asociaciones civiles afiliadas a la federación sinaloense en los centros de rehabilitación del estado de Sinaloa.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, CONSIDERE Y APRUEBE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA A LAS ASOCIACIONES CIVILES AFILIADAS A LA FEDERACION SINALOENSE DE LOS CENTROS DE REHABILITACION DEL ESTADO DE SINALOA

"La suscrita Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La presencia y el consumo de sustancias psicotrópicas no es algo nuevo en ninguna sociedad. Por el contrario, su existencia está documentada en la historia de la mayoría de las culturas, con variaciones en los tipos de drogas, los patrones de uso, sus funciones individuales y sociales y las respuestas que las sociedades han ido desarrollando a través del tiempo.

La ambivalencia social hacia las sustancias adictivas encuentra su mejor expresión en el antiguo vocablo griego pharmakon, que significa tanto medicina como veneno, algo que salva o quita la vida.
En 1963, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió abandonar los términos adicción y habituación, para reemplazarlos por dependencia, entendida como:

Un estado psicológico y a veces también físico resultante de la interacción de un organismo vivo y una droga, caracterizado por respuestas conductuales y de otro tipo que siempre incluyen una compulsión por tomar la droga de manera continua o periódica para experimentar sus efectos psíquicos y, a veces, para eludir el malestar debido a su ausencia. La tolerancia -una disminución de los efectos específicos a la misma dosis de la droga y por lo tanto la necesidad de aumentar la cantidad y/o frecuencia- puede o no estar presente en la dependencia; una persona puede ser dependiente a varias drogas.

Por lo que el tema de la adicción a las drogas, sin duda es una situación que ha preocupado y ocupado a la población sinaloense en general , situación que ha significado que la sociedad civil se organice para hacer frente a ese grave flagelo, desde la trinchera de la prevención, tratamiento y reinserción, ofreciendo programas integrales a aquellas personas que, lamentablemente, se encuentran inmersas en el problema de la drogodependencia y alcoholismo, creando para ello centros o unidades de tratamiento.

Sin embargo, la tarea que han venido desarrollando dichas asociaciones civiles, representa una suma de gastos que muchas veces no están en posibilidad de sufragarlos, es por ello que ante la necesidad de contar con los recursos suficientes para solventar esos gastos, estas asociaciones han acudido ante las diversas autoridades de gobierno facultadas y competentes, en donde desafortunadamente no siempre se brinda el apoyo para dichos centros de atención y rehabilitación.

Las actividades que realizan los centros de tratamiento de adicciones, no sólo en Sinaloa, sino en todo el país, deberían contar con apoyo y financiamiento de fondos públicos que permitan atender las necesidades de estos centros.

Cabe mencionar, que la operatividad y funcionalidad de una unidad de tratamiento, trae consigo diversos gastos, tales como: honorarios de especialistas médicos, (psicólogos y psiquiatras),así como terapeutas, nutriólogos, abogados, entre otros.

Además de la compra de medicamentos y fármacos especializados para tratar los diversos padecimientos y los pagos por servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, teléfono, impuesto predial, alimentación, gas, servicio de lavandería y otros insumos como papelería, artículos para la limpieza, artículos de aseo personal de los usuarios, gasolina, refacciones y mantenimiento de las unidades de transporte, renta de establecimientos en operación, etc.

Derivado de lo anterior es que la funcionalidad sólo de una Unidad de Tratamiento, cuesta aproximadamente$50,000. 00 al mes, teniendo como resultado más de medio millón de pesos anualmente.

Es por ello que las diversas ONG’s del Estado de Sinaloa, acudieron a la Cámara de Diputados para presentar ante las Comisiones respectivas, propuestas y proyectos con la intención de encontrar apoyo, y que en su momento, se aprueben partidas presupuestales para el otorgamiento de subsidios y recursos suficientes a favor de las asociaciones civiles que se constituyen con el objeto de ofrecer programas completos de tratamiento de adicciones a las drogas y al alcohol.

Por lo que finalmente cabe mencionar que la Ley que regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el estado de Sinaloa enuncia lo siguiente:

Artículo 5. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, brindará el apoyo necesario a los establecimientos que presten servicios de prevención, investigación, capacitación, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de las adicciones.

Por lo que resulta importante que se otorguen apoyos y subsidios a dichos centros con la finalidad de poder seguir brindando atención a las personas inmersas en los problemas de adicciones del estado de Sinaloa.

• ESTADISTICAS:

En el diseño de las encuestas realizadas en el 2008 y 2011 por parte de la Secretaría de Salud permitió dividir al país en 8 regiones, analizar sus prevalencias y comparar las tendencias. Los datos muestran que la Región Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), revelan que es la que tiene mayor índice de consumo de drogas ilegales (2.8%), seguida muy de cerca por la Región Nororiental (Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí) (2.4%). Estas dos regiones tienen cifras de prevalencia anuales significativamente más altas que la media nacional. El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de México (1.7%), con cifras muy similares a las de la Región Norcentral (Chihuahua, Coahuila y Durango) (1.6%) y Occidental (Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco) (1.5%); le siguen las Regiones Centro Sur (Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero) (1.3%), Centro (Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala ) (1.2%) y la Región Sur (Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán) (0.6%), que tiene las prevalencias más bajas, menos de la mitad de la media nacional (1.5%).

De acuerdo con la quinta Encuesta Nacional de Adicciones, la incidencia acumulada del consumo de cualquier droga el estado de Sinaloa se encuentra con 6.6 % por arriba de la media nacional con niveles altos de consumo.

Así mismo cifras de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) revelan que el estado de Sinaloa es la cuarta entidad federativa que tiene mayor índice de consumo de drogas en la República Mexicana, así mismo que es la segunda entidad en el consumo de cocaína y el tercer lugar en mariguana (cannabis) estimándose la existencia de más de doscientos mil adictos a sustancias psicoactivas y el consumo compulsivo de bebidas alcohólicas.

Cabe mencionar que en el marco legal del consumo de drogas y políticas públicas para la prevención y tratamiento de las adicciones: Tlaxcala y Yucatán se ubicaron como los estados con menores niveles de capacitación (0%) contrariamente a lo que sucede en los estados de Sinaloa, Durango y Querétaro, donde los porcentajes de responsables capacitados oscilaron entre el 45 y 51%.

Datos de la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa, revelan que actualmente existen treinta y cuatro unidades de tratamiento certificadas por el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC) y cuentan con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), que se dedican a la rehabilitación y reintegración de personas con alguna clase de adicción, las cuales no reciben ningún tipo de ayuda económica gubernamental de manera permanente, pues, no se ha mantenido ninguna constante y estrecha relación con las autoridades de salud y otras que resultan competentes para el caso.

Por lo que sabida del compromiso que como legisladores asumimos y tenemos con la población de este país y por los argumentos vertidos con anterioridad someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, considere y apruebe una partida presupuestal destinada a las asociaciones civiles afiliadas a la Federación Sinaloense de Centros de Rehabilitación del estado de Sinaloa, que ofrecen tratamientos integrales a toda persona toxicómana y/o alcohólica, con la finalidad de contar con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los sinaloenses inmersos en dicha problemática.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo".





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a que se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL DICTAMEN QUE REALICE SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE FORTALEZCAN LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA EL RUBRO DE GRUPOS VULNERABLES

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ y LISBETH HERNANDEZ LECONA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con los conceptos empleados por instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, se puede decir que la vulnerabilidad es un fenómeno social multidimensional que da cuenta de los sentimientos de riesgo, inseguridad, indefensión y desventaja. Cabe mencionar que la vulnerabilidad es un concepto distinto al de marginación y pobreza, aunque estas condiciones agravan o incluso perpetúan la vulnerabilidad.

En cuanto a “grupos vulnerables”, aunque podría decirse que hay tantos grupos vulnerables como factores de vulnerabilidad, es de conocimiento cada vez más común, considerar como parte de estos grupos a niñas y niños, adolescentes en situación de riesgo, personas con discapacidad, personas adultas mayores y algunos subsectores de grupos indígenas, migrantes y las mujeres pobres con niños a su cargo y responsables del sostenimiento familiar.

En lo referente a los tres grupos vulnerables plenamente identificados, es decir, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, nos encontramos con lo siguiente:

a).- Niñas, niños y adolescentes:

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2010 había en el país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad (34.91 por ciento de la población total), de los cuales 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas.

Los problemas más comunes que ponen el riesgo su desarrollo, así como el respeto y cumplimiento de sus derechos son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, y el embarazo adolescente; así como otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades crónicas y la migración.

b).- Personas adultas mayores:

De acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a hacer con carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 sumarán 42 millones.

En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial en su contra que deteriora su calidad de vida en prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, psicológico, social y familiar.

c).- Personas con discapacidad:

Estimaciones de la organización Mundial de la Salud (OMS), refieren que cerca del 15 por ciento de la población en el mundo vive con algún tipo de discapacidad.

En México, según el Censo de 2010, 5’739,270 personas viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.

La ONU afirma que entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por ciento.

En México se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y que casi el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010) realizada por SEDESOL y el CONAPRED, las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente vulnerables o vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las desigualdades y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas materias más básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su desarrollo como es la educación y el trabajo.

2.- Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plasme el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros:

a. Igualdad entre Mujeres y Hombres;

b. Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas;

c. Desarrollo de los Jóvenes;

d. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable;

e. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación;

f. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía;

g. Atención a Grupos Vulnerables; y

h. Para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.
De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables.

Asimismo, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención, entre otros, a Grupos Vulnerables; salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

3.- El presupuesto de egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que incentiva la generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo.

Lo anterior, en virtud de que tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional.

Ello, nos habla de la necesidad de que los recursos públicos destinados a la población en condiciones de vulnerabilidad se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para identificar las materias a las que se les asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación anual y tendencia, y de esta forma cuidar que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido a la situación de desventaja que generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país.

Así, el hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables ha sido gran logro; ahora, es necesario que en las ampliaciones de recursos que se realizan en la Cámara de Diputados se fortalezcan las asignaciones para la atención de este sector.

Por lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables; asimismo se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que vigile que en el proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que se asigne nuevamente al fondo de los ex trabajadores mexicanos braceros, una partida igual a la aprobada en el ejercicio presupuestal del año 2012.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014 SE ASIGNE NUEVAMENTE AL FONDO DE LOS EX TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS UNA PARTIDA IGUAL A LA APROBADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2012

"El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014se asigne nuevamente al Fondo de los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros una partida igual a la aprobada en el ejercicio presupuestal del año 2012, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Constituye un hecho determinante que México, a través de la mano de obra los migrantes indocumentados contribuya seriamente a la economía de Estados Unidos.

Como ha quedado registrado, a partir del 4 de agosto de 1942 hasta el año de1964, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de México celebraron acuerdos para la aplicación del llamado Programa de Trabajadores Migratorios, mejor conocido como Programa Bracero, por medio del cual cientos de miles de mexicanos fueron contratados y prestaron sus servicios en los campos agrícolas en Estados Unidos de América.

Como parte de los acuerdos binacionales, los patrones norteamericanos les realizaban descuentos periódicos del 10 por ciento en su salarios con el fin de constituir un fondo de ahorro como respaldo para el retorno a nuestro país; recursos que fueron entregados puntualmente al gobierno mexicano.

En dicho Convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas, se estipulaba que las sumas depositadas en el fondo de ahorro por las autoridades norteamericanas, a las que en los convenios se denominó "patrón", deberían haber sido transferidas al Wells Fargo Bank and Union Trust Company, que tenía su oficina matriz en San Francisco California, que debería de transferirlo al Banco de México, que a su vez debió haberlo enviado al Banco de Crédito Agrícola de México, para ser distribuido a los trabajadores braseros.

El Convenio duró hasta 1964, aunque posteriormente se siguió laborando hasta 1966. Sin embargo, con la fusión del Banco Nacional de Crédito Agrícola al Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural (Banrural), en 1975 se tiene registro de retención ilegal y falta de pago de esa institución financiera a los exbraceros.

Tuvieron que pasar 30 años para que a raíz de una iniciativa legislativa se creara primero la "Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros", y posteriormente la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El 29 de septiembre de 2005, se celebró el Contrato de Fideicomiso de Administración, por parte del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal Centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, Institución Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria. Dicho Contrato dio origen al denominado “Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964)”.
A partir de entonces, año con año, en los presupuestos anuales se asignaron recursos para ir realizando el pago mínimo estipulado a los ex Braceros de 38 mil pesos.

Para el año de 2012 la cifra asignada en el Presupuesto de Egresos para los Ex Braceros fue de 3 mil 816 millones de pesos.

Sin embargo, aún quedan pendientes miles de ex Braceros o sus beneficiarios de recibir el limitado recurso que se les otorga. Compañeras senadoras, compañeros senadores, los trabajadores inmigrantes y exbraceros han padecido una tortura desde hace 35 años, entre vejaciones y violaciones a sus derechos laborales.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita que se le asignen los recursos necesarios para finiquitar esta deuda que no sólo es legal, sino también moral, para estos trabajadores y sus familias. Solicitamos que para cubrir este apoyo ordenado por el decreto de la materia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asigne al Fondo de los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros una partida idéntica a la aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2012.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014 se asigne nuevamente al Fondo de los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros una partida igual a la aprobada en el ejercicio presupuestal del año 2012.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya".





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, a fin de pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del periodo conocido como “Guerra Sucia”.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS EN EL PRESUPUESTO FEDERAL DE EGRESOS 2014, A FIN DE PAGAR LAS INDEMNIZACIONES A LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL PERIODO CONOCIDO COMO “GUERRA SUCIA”

El suscrito, Senador de la República, SofIo RamIrez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El periodo que en México es conocido como de “guerra sucia” y que abarca década y media –desde fines de los sesentas a principios de los ochentas- del siglo pasado, es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la rebelión popular.
Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Actos de tal suerte inicuos que “lo sucio” de la “guerra sucia” implica “crímenes de lesa humanidad” que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones, estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de derecho, para que jamás se vuelvan a repetir .

A raíz de estos hechos, se inició un proceso jurídico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocido como el caso “Radilla”. En el caso Radilla, el tribunal internacional examinó el tema de la desaparición forzada de personas, una materia “clásica” dentro de su jurisprudencia constante a partir de los primeros litigios de que tuvo conocimiento: especialmente, el señero caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. En esa hipótesis -que sustentaría el criterio invariable de la Corte- quedó establecida la extrema gravedad de la desaparición forzada, su carácter continuo o permanente --que abre la posibilidad de enjuiciamiento durante todo el tiempo que se prolonga la desaparición--, su naturaleza de violación pluriofensiva de derechos y su frecuente relación con un fenómeno que la Corte Interamericana ha impugnado frontalmente: la impunidad.

Cabe recordar que la doctrina de la Corte en materia de desaparición forzada quedó establecida antes de que se dispusiera de un tratado universal sobre esta materia, e incluso antes de que se suscribiera y entrara en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 1994, de la que México es parte. Por todo ello, puede atribuirse al tribunal interamericano un papel de avanzada en el examen de esta materia y en la definición de sus elementos y características a la luz del Derecho internacional de los derechos humanos, que debe informar los ordenamientos nacionales.

El 15 de diciembre de 2009, la CIDH notificó la Sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares en 1974. La CIDH halló al Estado mexicano responsable de la violación de los derechosa la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia de debido proceso en el derecho internacional.

Por lo cual, la Corte Interamericana emitió 18 resolutivos a cumplir a cabalidad por el gobierno mexicano. Dicha sentencia se emitió en San José, Costa Rica, el 23 de noviembre de 2009, y se notificó al Estado Mexicano el día 15 de diciembre del mismo año .

Desafortunadamente, el caso Radilla no fue el único, en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)26/2001; se reconocen un total de 532 expedientes de queja. 308 casos correspondieron a la zona rural y 174 a la zona urbana; adicionalmente, para alcanzar la suma de 482 casos. En el transcurso de las investigaciones de la CNDH se acumularon 50 casos más. En la zona rural destaca el estado de Guerrero con 293 casos, en tanto que los restantes se encuentran distribuidos en diversas entidades federativas: el Distrito Federal, 9; Morelos, 2; Oaxaca, 2; Hidalgo, 1, y Puebla, 1 .

En cuanto a la zona urbana, de los 174 casos, 45 correspondieron al Distrito Federal; 40 a Sinaloa; 19 a Jalisco; 11 a Chiapas; 10 a Chihuahua; 9 al Estado de México; 9 a Michoacán; 8 a Sonora; 5 a Baja California; 5 a Nuevo León; 3 a Oaxaca; 1 a Hidalgo; 2 a Morelos; 2 a Puebla; 2 a Tamaulipas; 1 a Nayarit; 1 a Querétaro, y 1 a San Luis Potosí.
Del total de casos, cuyas evidencias obtenidas durante su tramitación permitieron a la Comisión Nacional emitir un pronunciamiento, de acuerdo con los principios de valoración de las pruebas, tales como los de la lógica, la experiencia, así como el de la legalidad que la llevaron a concluir que en 275 casos a las personas reportadas como desaparecidas se les conculcaron sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa, previstas en los artículos 1o., 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce en una trasgresión a su derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de su persona, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, así como al proceso regular, protegidos en los artículos 1, 5, 7, 8.1, 11.1 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 3, 5, 7, 9, 11.1 y 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I, II, VIII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 9.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En los mismos términos se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos crueles e inhumanos, lesivos a la libertad de la persona y al derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la integridad personal de los detenidos, quienes se vieron sometidos a todo tipo de vejaciones, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, con lo cual también se les conculcaron los derechos contenidos en los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en cuanto a los allanamientos documentados se surte la conducta violatoria del artículo 16 constitucional, así como de los artículos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y V y IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; igualmente, se conculcaron el principio de legalidad y el derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, lo cual se traduce en violación a los Derechos Humanos previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 8, 11 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 7, 8, 10 y11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre .

En ese orden de ideas, se determinó que en 97 expedientes de queja sólo existen algunos indicios que por sí mismos resultan insuficientes, jurídicamente hablando, para concluir la existencia de desaparición forzada u otra violación a los Derechos Humanos, sin que, por otra parte, pueda descartarse esa posibilidad, y en 160 casos investigados la desaparición forzada no se logró acreditar, pero tampoco debe ser descartada como hipótesis de investigación, que deberá seguir el ministerio público, sobre la posibilidad de que en estos casos las personas hayan sido objeto de detención arbitraria.

Por las consideraciones antes enunciadas, el 27 de noviembre de 2001 esta Comisión Nacional dirigió al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Recomendación 26/2001, en que la resolución tercera establece:

“En los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada”.

Hasta ahora del total de casos quedan aún pendientes de indemnizar a 219 familias de víctimas de desaparecidos reconocidos por la recomendación 26/2001 de la CNDH.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que asigne el recurso necesario para que el Estado mexicano cubra a cabalidad con el monto de los pagos por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos determinados por la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para las 219 familias faltantes, con cargo al programa L01 del ramo 04 Gobernación, para que al fin el Estado mexicano restituya en algo a los familiares y víctimas del periodo conocido como “guerra sucia”.

Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

Gutiérrez, Juan Carlos, et. Al. (2010) La Sentencia de la Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Peritaje de Carlos Montemayor, “la violencia de Estado en México, durante la llamada guerra sucia del siglo XX”. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2011) Crónicas del Pleno y de las Salas, Sesiones del 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2001), Resolución 26/2001. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2001) Ibíd.





 

Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión de la reforma hacendaria, se garantice el fortalecimiento sustancial del porcentaje que en ingresos federales reciben los municipios del país.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL MARCO DE LA DISCUSION DE LA REFORMA HACENDARIA, SE GARANTICE EL FORTALECIMIENTO SUSTANCIAL DEL PORCENTAJE QUE EN INGRESOS FEDERALES RECIBEN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS

"El suscrito RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL MARCO DE LA DISCUSION DE LA REFORMA HACENDARIA, SE GARANTICE EL FORTALECIMIENTO SUSTANCIAL DEL PORCENTAJE QUE EN INGRESOS FEDERALES RECIBEN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación financiera bajo la cual funcionan los gobiernos municipales del País, es preocupante.

Hace mucho tiempo que los municipios han venido haciendo propuestas y han alertado de la crisis, pero ni el Poder Ejecutivo, ni las Cámaras del Congreso de la Unión han actuado con la responsabilidad y la sensibilidad que se requiere.

El fortalecimiento de Entidades Federativas y Municipios ya es inaplazable. Se trata de la autoridad más próxima a la sociedad, quienes tienen la responsabilidad directa e inmediata de resolver los asuntos que les plantea la realidad cotidiana.

La debilidad financiera e institucional de nuestros municipios tiene múltiples orígenes que deben ser atendidos. Entre ellos, un marco constitucional que otorga un papel marginal al municipio, un pacto fiscal inequitativo y desproporcionado, una falta de claridad en las competencias, por mencionar solo algunos temas, detrás de ellos, hay una fuerte tendencia al centralismo en las acciones del Gobierno Federal. Esta falta de recursos los deja vulnerables ante la acción de la delincuencia, ante la cual poco pueden hacer. Esto es extremadamente grave y debe cambiar.

Es indispensable elevar la participación de los municipios en los ingresos públicos, Necesitamos voltear a ver a los municipios, principalmente a los más pequeños del País, cuyo modelo de participación en los ingresos federales está agotado y no les permite salir adelante ante sus obligaciones constitucionales.

Esta situación va en contra de un régimen pluralista y democrático.

Apostemos por recuperar el autentico Federalismo, por fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos municipales, ante los enormes flagelos que enfrentamos como sociedad, ante las grandes necesidades de la población. Ellos son quienes conviven diariamente y tienen mayor cercanía con las demandas sociales.

La viabilidad de los gobiernos locales y municipales, así como el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, dependen sin duda de su autonomía financiera; de ahí que sea necesario asignarles mayores recursos a partir de un nuevo modelo de distribución de los ingresos públicos.

Al fortalecer las finanzas locales y municipales, estaremos contribuyendo a un desarrollo regional equilibrado. Estaremos creando condiciones para una mayor inclusión social, para que las mujeres y hombres de todas las regiones se integren y sean parte activa y actuante del proceso de desarrollo.

Al promover equilibrios sociales y regionales, y restaurar capacidades del Estado, podremos reconstruir el tejido social y combatir la exclusión. Estos factores, son hoy caldo de cultivo para la violencia y la expansión del crimen organizado.

Es la hora de fortalecer al municipio con una visión de respeto y franca colaboración; es la hora no de darles más dádivas a los ayuntamientos, sino de otorgarle las herramientas para poder salir adelante.

No podemos seguir tratando a nuestros municipios como menores de edad, tienen la capacidad de construir, de trabajar con visión de largo plazo, de planificar en favor de nuestras ciudades y de nuestros pueblos y no sólo de administrar las urgencias.

Requieren de más recursos para agua, drenaje, pavimentación, seguridad, aplicados bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

El Presidente de la República se comprometió a incluir en la reforma hacendaria el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, hoy que conocemos las iniciativas del Ejecutivo, no vemos como se incrementará la capacidad financiera de los municipios.

Hemos planteado en esta tribuna en la necesidad de iniciar el camino para retomar la vocación federalista del pueblo mexicano y para impulsar un proceso que redistribuya con mayor justicia y equidad los recursos públicos de la Nación.

Por ello, presentamos la Iniciativa de Ley de la Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales, que plantea nuevo arreglo que fortalezca el Estado Nacional pero desde abajo y desde lo local, con una nueva fórmula de distribución de los recursos púbicos.

No debe posponerse más la atención de los enormes desequilibrios que caracterizan a nuestro país.

Ante la desastrosa realidad financiera de la mayoría de los municipios mexicanos, el Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, el Doctor Ygnacio López Mendoza, inició el viernes 4 de Octubre a las 12 Horas una huelga de hambre en las afueras de esta Cámara de Senadores, para exigir que se atienda la severa crisis financiera e institucional que impide a los municipios mexicanos cumplir debidamente con sus responsabilidades constitucionales.

Se trata de un reclamo legítimo, de una causa justa, ante la cual esta Cámara no debe permanecer indiferente.

Reconocemos al Presidente Municipal, quien con mucho valor ha decidido a emprender una medida drástica, una forma de lucha respetable y entendible, porque hasta hoy ninguna autoridad ha mostrado voluntad clara para voltear a ver a los municipios mexicanos. Han pasado ya trece días desde que iniciara la huelga de hambre, sin que haya respuestas concretas a los planteamientos del Doctor Ygnacio López Mendoza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución, de acuerdo al artículo 95 del Reglamento del Senado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión de la Reforma Hacendaria, se garantice el fortalecimiento sustancial del porcentaje que en ingresos federales reciben los municipios del País.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de noviembre de 2013.

Atentamente

Senador Raúl Morón Orozco".

Todas las anteriores proposiciones se turnan a la Cámara de Diputados.

Son todos los puntos de Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica los turnos descritos por la Secretaría.

Solicito a la Secretaría informe los puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a comisiones del Senado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a comisiones:





 

De la Senadora María Marcela Torres Peimbert, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar a las mujeres su participación en las instituciones que se ocupan de la vida pública y política del país mediante la protección del principio de igualdad substancial a favor de las mujeres, que se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION A GARANTIZAR A LAS MUJERES SU PARTICIPACION EN LAS INSTITUCIONES QUE SE OCUPAN DE LA VIDA PUBLICA Y POLITICA DEL PAIS, MEDIANTE LA PROTECCION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUBSTANCIAL A FAVOR DE LAS MUJERES, ESTABLECIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN LA CONVOCATORIA 2013-2014 PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

“Marcela Torres Peimbert, Senadora de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, numeral 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, a través de la cual se exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que con base en la interpretación conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a un control convencional, tomando en consideración la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales sobre la materia, garantice a las mujeres participar en las instituciones que se ocupan de la vida pública y política del país, mediante la protección del principio de igualdad substancial a favor de las Mujeres, establecida por el Instituto Federal Electoral en la Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La lucha por los derechos de las mujeres o, mejor dicho, su proceso de positivización para el ámbito mexicano, se remontan desde 1933, con la Convención sobre la nacionalidad de la mujer, que, en su numeral 1 prescribía la prohibición de discriminar por cuestiones de sexo en los temas de nacionalidad.

Una década y media más tarde, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se establecería:

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”

Un año después, en 1949, se celebró la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos de la Mujer. En 1952, se aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer, que incluye el derecho a votar y ser votadas.

Para 1966, se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 1981. El marco supranacional buscaba, en el ámbito universal y en el regional, la igualdad substancial entre hombres y mujeres. En 1979, se aprueba la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer (CEDAW). El punto central de la Convención, como lo han señalado autores como el Doctor Santiago Nieto Castillo es la definición sobre discriminación contra la mujer: como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural u civil o en cualquier otra esfera.

En 1994 tiene lugar la histórica Convención de Beijing. Más adelante, tendrían que pasar veinte años desde la aprobación de la Convención universal, para que en la ciudad de Belem de Pará, en Brasil, se aprobara un esquema semejante para la región: la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

John Stuart Mill, en su libro “Consideraciones sobre el Gobierno Representativo” señalaba que:

“(…) la idea pura de democracia, de acuerdo con su definición, es el gobierno de todo el pueblo por el pueblo entero, representado equitativamente”

Para Mill la idea de democracia, no es posible sin equidad, dentro de los cuerpos que conforman el Estado debe haber una equivalencia respecto a su configuración social, en ese sentido, equidad y democracia convergen en un punto, a saber, la representación.

Más adelante Mill continúa señalando:

“[…] una mayoría de electores deberá contar con la mayoría de los representantes, y una minoría de electores deberá tener siempre una minoría de representantes. Hombre por hombre, estarán representados tan cabalmente como la mayoría. A menos que lo estén no habrá gobierno equitativo sino un régimen de desigualdad y privilegio, una porción del pueblo gobernará al resto; habrá una parte a la cual se le negará su justa y equitativa participación de influencia en la representación, en contra de todo gobierno justo; pero, sobre todo, en contra del principio de la democracia, la cual proclama a la igualdad como a su misma raíz y fundamento”

El principio de representación de la configuración social, con sus minorías y mayorías, será el que dote de equidad a los órganos del Estado, entre más parecidos son los órganos representativos a la sociedad que gobierna, más igualdad habrá en el régimen, acercándonos de esta manera al ideal de una verdadera democracia. En sentido contrario, si un órgano de representación del Estado no es un reflejo de la configuración social, estaremos frente a un régimen de desigualdad, donde se privilegia a una mayoría por encima de otra minoría o mayoría, un Estado así configurado se encuentra lejos de ser considerado un régimen democrático, pero está cerca de ser una oligarquía de privilegios.

Un principio Constitucional de equidad que abarca únicamente la búsqueda de una igualdad congresional entre géneros, se acerca más a una norma, la igualdad, y su consecución a través del establecimiento de cuotas de género u otras acciones afirmativas, debe permear todas y cada una de las instituciones del Estado mexicano, una verdadera potenciación del principio de equidad, implicará establecer más cuotas a favor de las mujeres para hacer efectiva su participación dentro del Estado Mexicano.

El Doctor Santiago Nieto Castillo en su libro “Los derechos en los tiempos del género (De mujeres, feminismo y derechos) ha recordado a Ferrajoli, en el sentido de la importancia de contar con garantías sexuadas que protejan el ejercicio de tales derechos.

Las garantías sexuadas deben comprender los aspectos siguientes:

a) Acciones afirmativas para permitir que las mujeres puedan acceder, de forma privilegiada, a los espacios públicos, en condiciones de equidad con los hombres, lo que pasa por la referencia clara a los desequilibrios sociales y la desigualdad de oportunidades de las mujeres, denunciando su existencia y, a través de normas favorecedoras a las mujeres, equilibren el terreno con tales acciones.

b) Régimen de acceso a la judicatura y a los sistemas de procuración de justicia de forma privilegiada, lo cual incluye reglas procesales que favorezcan la presentación de denuncias o demandas y la obligación de los juzgadores de resolver con perspectiva de género.

c) Régimen de responsabilidad agravado en el ámbito penal y administrativo para los hombres que violenten los derechos de las mujeres.

Ahora bien, la representación política tiene que ver en lo absoluto con la equidad de género debido a que la inclusión de cuotas contrarresta la asimetría que existe entre hombres y mujeres en la ocupación de cargos de representación política en los parlamentos, congresos o asambleas legislativas. Esta representación, la podemos dividir en dos categorías: la representación descriptiva y la representación sustantiva; la primera solo se basa en el incremento del número de mujeres en puestos electivos; la segunda es la representación de los intereses de los representados, dando pauta a que los intereses de las mujeres se encuentren en resoluciones legislativas y en políticas públicas.

Las cuotas son definidas, como bien lo señala Blanca Olivia Peña, como un mecanismo que ayuda a corregir el déficit democrático que elude la representación política de diversos sectores de la sociedad, entre ellos las mujeres, las cuales están subrepresentadas en los gobiernos a pesar de que son más del 50 por ciento de la población.

Sin embargo, las cuotas de género son una condición necesaria pero no suficiente, debemos de observar que esta medida es temporal y tienen un diferente trato legal, aunque reconocemos que gracias a este mecanismo si se ha incrementado el número de mujeres en los cargos de elección popular “los resultados del proceso electoral federal de 2009 indican que el efecto de la reforma a las cuotas de género fue acotado y mixto. Por un lado, el incremento de la cuota de género de 30 a 40% produjo un aumento en la proporción de candidatas (de 35% en 2006 a 38.9% en 2009)”1
Las cuotas constituyen una acción afirmativa que se apoya en el principio jurídico de discriminación positiva, es decir, todas aquellas acciones que pretenden establecer políticas que son dirigidas a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias en contra de ciertos sectores. Su propósito es compensar a éstos sectores recibiendo un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, servicios o bienes mejorando su calidad de vida.

Los pasos hacia la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la política, y fuera de ella también, han sido lentos, pocos y sobre todo controvertidos por los hombres que se niegan a abrir espacios de participación política a la mujer bajo miles de argumentos, casos paradigmáticos como el de las Juanitas o el uso de la excepción contenida en el numeral 2 del artículo 219, alegando que no se cumplía la cuota de género toda vez que los candidatos se eligieron con base en un procedimiento democrático pusieron en vilo la igualdad de representación política de las mujeres en las Cámaras del Congreso, esta actitud antidemocrática de evitar el cumplimento de la cuota de género, en detrimento de la participación política de las mujeres y a favor del statu quo, se frenó gracias a la garantía de los órganos jurisdiccionales en materia electoral.

Para hacer efectiva la cuota de género contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicto la sentencia SUP-JDC-12624-2011, la cual constituye un hito en la vida político electoral de las mujeres en nuestro país, gracias a esta decisión jurisdiccional hoy en la Cámara de Senadores contamos con la participación de 42 mujeres electas a través del principio de mayoría relativa y representación proporcional, en relación con la pasada LXI legislatura en la cual sólo había 30 mujeres. Por su parte en la Cámara de Diputados encontramos que en la LXII legislatura fueron electas, por ambos principios, 184 mujeres, frente a 168 que fueron electas en la LXI legislatura.

Si la acción judicial no se hubiera pronunciado a favor de ponderar el principio de equidad a través de proteger la cuota de género como una acción afirmativa tendiente a generar órganos representativos con igualdad de representación entre hombres y mujeres, el panorama del día de hoy sería muy diferente.

En días pasados, y con el ánimo de empoderar a las mujeres en la vida interna del IFE, el Consejo General de aquel Instituto aprobó los lineamientos 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral. Éstos contienen una acción afirmativa la cual constituye un hito en la vida institucional del Instituto, a saber, todas las plazas disponibles de la convocatoria serán concursadas de manera exclusiva entre mujeres. Una acción afirmativa de esta magnitud es, sin duda alguna, un parte aguas no sólo para el Instituto, sino para el País en materia igualdad entre hombres y mujeres.

El concurso está compuesto por las siguientes convocatorias:

• La primera de 37 vacantes, la cual fue publicitada el pasado 29 de septiembre del año en curso;

• Una segunda convocatoria que pone a concurso 38 vacantes;

• Y la tercera y última, concursa 31 vacantes.

Esta acción afirmativa a favor de las mujeres encuentra como sustento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En el marco jurídico nacional tenemos la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres así como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.

Por su parte la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, establece en la fracción V del numeral 12, que el Gobierno Federal debe:

“Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.”

México tiene firmados y ratificados diversos instrumentos internacionales y forman parte de su régimen jurídico; es necesario replantearnos la importancia de que todos los actores del estado realicen acciones para garantizar la igualdad substancial entre hombres y mujeres. Las cuotas de género son un ejemplo de los logros a favor de las mujeres, en el caso que nos ocupa se trata de una acción del Instituto Federal Electoral para abonar a la igualdad substancial entre hombres y mujeres y combatir la discriminación institucional de la que las mujeres han sido víctimas por muchos años en el estado mexicano.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que con base en la interpretación conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a un control convencional, tomando en consideración la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales sobre la materia, garantice a las mujeres participar en las instituciones que se ocupan de la vida pública y política del país, mediante la protección del principio de igualdad substancial a favor de las Mujeres, establecida por el Instituto Federal Electoral en la Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. María Marcela Torres Peimbert”.

1 Aparicio, Javier, et. al. Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de elección de 2009, CIDE, 2009, P. 5 (consulta en línea:
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c8.pdf)





 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Fidel Demédicis Hidalgo, con punto de Acuerdo que exhorta al Senado de los Estados Unidos de América, a dar cabal cumplimiento a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Avena”, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA DECISION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO “AVENA”

"Gabriela Cuevas Barron y Fidel DemEdicis Hidalgo Senadores de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 109 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Senado de los Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Avena”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En su Informe de Actividades de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que al mes de octubre había 61 casos de mexicanos condenados a la pena capital, 58 de ellos en distintas prisiones de Estados Unidos y 3 en Malasia. Sin embargo, hemos tenido conocimiento de otros connacionales sentenciados a la pena de muerte como Félix Rocha Díaz, a quien se le podría fijar una fecha de ejecución en el presente año a pesar de que forma parte de la demanda conocida como “Caso Avena”, con la que el gobierno mexicano acudió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exponer que 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos no fueron informados de sus derechos a la protección consular.

En marzo de 2004, la CIJ dictó sentencia en el Caso Avena, en la que resolvió que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en perjuicio de 51 mexicanos, al no hacerlos conocedores de su derecho a contactar a su consulado y al no hacer del conocimiento del gobierno mexicano la detención de sus nacionales; ese derecho es normalmente conocido como el “derecho de asistencia consular”. De hecho, México tuvo conocimiento de la detención de 29 de ellos una vez que ya se había emitido sentencia condenatoria en su contra, mientras que en los 23 casos restantes lo hizo por medios distintos a la notificación consular.1

En concreto, se resolvió que Estados Unidos violó el derecho reconocido por el numeral 1.b) del artículo 36 de la referida Convención, que establece la obligación del Estado receptor de informar a cualquier extranjero que sea arrestado o puesto en detención del derecho a comunicarse con las oficinas consulares del Estado del cual es nacional. Esto garantiza que el detenido adquiera información sobre sus derechos en su propio idioma, que reciba asistencia legal adecuada y que conozca las consecuencias del delito del que se le acusa.

Ello es relevante, en la medida que el “derecho de asistencia consular” implica una parte esencial del derecho fundamental de debido proceso, pues sólo así se puede garantizar que los derechos procesales del imputado, como son el derecho a la no autoincriminación, a ser asistido por un abogado, a la presunción de inocencia, a un traductor y muchos otros, sean respetados por las autoridades extranjeras.
Considerando lo anterior, la CIJ ordenó que los expedientes judiciales de los 51 mexicanos sentenciados, fueran sometidos a revisión y reconsideración judicial. Asimismo impuso una segunda obligación a los Estados Unidos consistente en el otorgamiento de garantías de no repetición, obligándolo a ofrecer seguridades y garantías para que ese tipo de actos u omisiones no volvieran a suceder.

A pesar de ello, y de que el entonces presidente de Estados Unidos emitió un memorando en el que establecía que el fallo Avena era vinculante para las cortes estatales, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió en el caso Medellín vs. Texas (25 de marzo de 2008) que ni el fallo de la Corte Internacional de Justicia ni el memorándum del presidente George W. Bush constituían instrumentos o disposiciones vinculantes ni ejecutables en las Cortes estatales de los Estados Unidos y, en todo caso, que se requería un proceso legislativo a fin de incorporar las decisiones del máximo tribunal internacional al orden interno de la unión americana.

Ante esa decisión, que claramente contravino lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el gobierno mexicano solicitó a la CIJ una interpretación sobre el sentido y alcance de la resolución emitida en el caso Avena.

Así, el 16 de julio de 2008 la CIJ emitió una sentencia de medidas provisionales con la finalidad de que Estados Unidos suspendiera la ejecución de la sentencia condenatoria de otros 5 mexicanos en tanto no se resolviera la solicitud de interpretación de la sentencia principal del Caso Avena. A pesar de ello, José Ernesto Medellín fue ejecutado por el Gobierno del Estado de Texas el 5 de agosto de 2008, “en una clara y desafiante violación de la ordenanza de medidas provisionales emitida por la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos incurría por tercera vez en su historia en la misma falta”.2 Dos años más tarde, el 7 de julio de 2011, las autoridades norteamericanas ejecutaron al mexicano Humberto Leal García, otro de los mexicanos del caso Avena.

Conscientes de la importancia que tiene la protección consular y de la protección de los derechos de ciudadanos mexicanos en el extranjero, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que rindiera un informe sobre el número y la situación en que se encuentran los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos.

En su informe, la SRE mencionó que hay 61 mexicanos sentenciados a la pena capital y que otras 70 personas están enfrentando procesos penales. Además, refirió que estos 61 connacionales representan el 42 por ciento del total de 144 extranjeros que están en esa condición. “Por ello, México ocupa el primer lugar por sentenciados a la pena capital en territorio estadounidense”.

De igual manera, el 12 de junio de 2013 la Comisión Permanente exhortó a la SRE para que, a través de los canales diplomáticos establecidos, instara al gobierno estadounidense “a observar un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, principalmente los contenidos del artículo 36 que exigen la notificación consular de la detención de todo extranjero, a manera de que se garantice la integridad y el debido proceso de los connacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte”.

Por su parte, la Cámara de Diputados exhortó “a la SRE para que a la brevedad se asegure que se haya observado el debido proceso legal, en particular, el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte en el estado de Texas de Estados Unidos de América el connacional Édgar Tamayo Arias y solicite, por los conductos pertinentes y apropiados, al Congreso y al gobernador del estado de Texas, la gracia de la clemencia, a efecto de salvaguardar su derecho a la vida. Asimismo, agote todas las instancias internacionales posibles, para la protección de la vida de nuestro connacional”.
No obstante los esfuerzos realizados, tenemos que ir más allá. Y desde esta soberanía debemos solicitar al Congreso de los Estados Unidos que en atención y respeto a los derechos humanos, específicamente a lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, discutan y en su caso aprueben una ordenamiento jurídico que permita dar pleno cumplimiento a las resoluciones que emita la CIJ. Al respecto, es importante tener presente que el 14 de junio de 2011 el Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense, presentó una iniciativa de ley que buscaba dar cumplimiento a dicha sentencia dando jurisdicción a cortes federales para revisar los casos de personas sentenciadas a pena de muerte a quienes no se les hubiere informado de su derecho a la notificación consular. La entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el Procurador General, Eric Holder, expresaron su apoyo a dicha propuesta a través de una carta dirigida al Senado estadounidense.

Compañeros legisladores:

En el Senado de la República debemos tener presente que el derecho de asistencia consular “puede ser determinante en el resultado de un proceso penal, porque garantiza, entre otras cosas, que el detenido extranjero adquiera información sobre sus derechos en su propio idioma y en forma accesible, que reciba asistencia legal adecuada y que conozca las consecuencias legales del delito que se le imputa”.3 En este sentido, tenemos que mostrar nuestro ineludible compromiso con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria y sin prejuzgar sobre la probable culpabilidad de los acusados.

Y con base en el principio internacional de pacta sunt servanda, reconocido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados (“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”), debemos urgir a los Estados Unidos a contar con un ordenamiento jurídico que permita ejecutar los fallos del máximo tribunal internacional en su orden interno, sobre todo, tomando en cuenta que después del fallo en el caso Avena han continuado las ejecuciones de mexicanos en flagrante violación al derecho internacional y a una sentencia vinculante de la CIJ.

El Estado mexicano debe consolidar la protección consular como un importante principio a nivel internacional que brinda certeza al debido proceso legal.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Con pleno respeto a la soberanía del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el Senado de la República exhorta al Congreso estadounidense a elaborar a la brevedad una legislación que permita armonizar los compromisos asumidos por la Unión Americana al ratificar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y específicamente el derecho de notificación consular consagrado en el artículo 36º de ese instrumento internacional, a fin de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el denominado Caso Avena y asegurar el respeto a las medidas provisionales establecidas por dicha Corte; evitando a futuro que nuestros connacionales sentenciados a pena de muerte vean vulnerado su derecho al debido proceso judicial.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2013.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo".

1 Pablo A. Arrocha Olabuenaga, Caso Medellín vs. Texas. Comentarios al fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos así como a la solicitud de interpretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004, presentada a la Corte Internacionalde Justicia por México en junio de 2008. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/9/cmt/cmt22.pdf

2 Ibíd.

3 Castro Villalobos, José Humberto, La notificación consular y el derecho internacional. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr2.pdf





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo para citar al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que informe y explique las circunstancias que propiciaron el subejercicio presentado en el año en curso, que se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA QUE INFORME Y EXPLIQUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIARON EL SUBEJERCICIO PRESENTADO EN EL AÑO EN CURSO, ASI COMO LA DISMINUCION PROPUESTA POR EL EJECUTIVO FEDERAL EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL SUBSECTOR CULTURA EN EL EJERCICIO 2014, ASI COMO EL ESTADO QUE GUARDA EL CONACULTA Y LAS ENTIDADES QUE DICHO ORGANISMO COORDINA

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 8°, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de eta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República acuerda que por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Cultura, se cite al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para que informe y explique las circunstancias que propiciaron el subejercicio presentado en el año en curso, así como la disminución propuesta por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el subsector Cultura en el ejercicio 2014, así como el estado que guarda el CONACULTA y las entidades que dicho organismo coordina:

CONSIDERACIONES

El acceso a la cultura es una garantía individual establecida en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto significa que el Estado debe garantizar el desarrollo de la cultura y propiciar la existencia de los medios y los recursos presupuestales para que la población pueda estar en contacto con la vida cultura y las artes.

Bajo este entendido, es claro que, como se ha difundido ampliamente en diverso medios de comunicación, al reducir el presupuesto para el subsector cultura se está violando la obligación del Estado mexicano en cuanto a garantizar el acceso a la cultura, así como el promover los medios necesarios para la difusión y desarrollo de la misma.1

Es un hecho del dominio público y objeto de constantes y bien fundados cuestionamientos a la Administración Pública Federal, que hay un notorio subejercicio en todos los Ramos y en particular en el subsector Cultura, sin que se hayan dado explicaciones satisfactorias ni suficientes de parte de los servidores públicos responsables. El subejercicio del gasto de inversión del gobierno federal en las inversiones para recreación, cultura y otras manifestaciones sociales fueron 62.3 por ciento menores que entre enero y septiembre del año pasado, según datos presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.2

El subejercicio representa, de manera muy clara, la posibilidad de un manejo inadecuado de los recursos presupuestados para el ejercicio 2013, lo cual puede representar problemas en la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014. La responsabilidad hacendaria y administrativa se ponen en duda al no proponer ejercer el presupuesto de manera correcta, lo cual debe ser explicado por el responsable de la Cultura, el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mismo que debe precisar tanto el subejercicio actual como la reducción del presupuesto al sector cultura para el ejercicio del próximo año.

Para mayor detalle, el recorte de casi 4 mil millones de pesos al presupuesto de cultura para el próximo año significa desalentar la lectura y la creatividad de la sociedad mexicana; el recorte a la cultura es casi el doble del que impuso de 2010 a 2011a ese mismo rubro el entonces presidente Felipe Calderón cuando se disminuyeron 2 mil 538 millones de pesos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Ahora, según el análisis elaborado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para 2014 el gobierno federal pretende disminuir el gasto de 16 mil 533 millones a 12 mil 592.39 millones de pesos, lo cual representa una reducción de 23.84 por ciento respecto al ejercicio anterior; es decir, quitar casi 4 mil millones de pesos al presupuesto del sector.3

Los más afectados son INBA y CNCA; al Canal 22 perderá 49.13 millones de pesos de los 231 millones que recibió en 2013; Instituto Mexicano de Cinematografía, perderá 30.90 millones de pesos de su presupuesto de 374 millones y al sistema de librerías Educal le reducirán de 64.6 a 54.63 millones de pesos. Asimismo al Centro Cultural y Turístico de Tijuana le recortarán 15 por ciento, de 109.6 a 93.9 millones de pesos; a los Estudios Churubusco, un 38 por ciento, de 128.3 a 79.2 millones de pesos, y a las ciudades nombradas patrimonio de, la humanidad les disminuirán 50 por ciento, pues de 300 millones de pesos que les fueron asignados para este año se le pretende reducir a 150 millones de pesos para el siguiente ejercicio.4

Esto se encadena con otro tema que también ha defendido la izquierda: la necesidad de contar con una Ley General de Cultura que tendrá como objetivo ordenar las actividades del Estado en materia de desarrollo y fomento de la cultura y las artes, dándole autonomía a este sector al separarlo de la Educación, estructurando debidamente los institutos y federales y estatales sectorizándolos de manera clara para que haya mejor y más eficaz gasto del presupuesto, la formulación de políticas y la definición de programas y líneas de acción.

En atención a lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno de este Organo Legislativo, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República acuerda que por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Cultura se cite al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para que informe y explique las circunstancias que propiciaron el subejercicio presentado en el año en curso, así como la disminución propuesta por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el subsector Cultura en el ejercicio 2014, así como el estado que guarda el CONACULTA y las entidades que dicho organismo coordina.

Dado en el salón de sesiones del Senado de La República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Cardoso, Víctor, Subejercicio de $28 mil millones en el sector público, revela SHCP, La Jornada, Consultado el

3 Méndez, Enrique, Propone Peña un recorte de casi $4 mil millones al gasto cultural para 2014, La Jornada, Consultado el 05 de Octubre de 2012, http://www.jornada.unam.mx/2013/09/30/politica/006n1pol

4 Ídem





 

Del Senador David Monreal Avila, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a solicitar a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos de América, la revisión y renegociación urgente, puntual y precisa del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR A LOS GOBIERNOS DE CANADA Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LA REVISION Y RENEGOCIACION URGENTE, PUNTUAL Y PRECISA DEL CAPITULO AGROPECUARIO, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) se ha postulado como uno de los acuerdos comerciales más importantes y a la vez más controvertidos de la historia mexicana. Por la magnitud de las relaciones económicas, sin duda, el más importante es el TLCAN, incluso se afirma que:

En los hechos el TLCAN se ha convertido en el piso mínimo para la negociación de cualquier acuerdo. El TLCAN es la expresión más acabada de la agenda corporativa para la globalización, se adelanta incluso a los acuerdos de la Ronda de Uruguay que da origen a la OMC.1(Organización Mundial del Comercio).

Las pláticas para la firma del acuerdo comenzaron desde 1990, específicamente con la reunión del 11 de junio de 1990 entre Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, y George Bush, Presidente de Estados Unidos, ambos acordaron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre los dos países, más tarde, Canadá se incorporó a las negociaciones, culminando con la firma del TLCAN el 17 de diciembre de 1992 entrando en vigor el 1 de enero de 1994.

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la región se convirtió en la zona de libre comercio más grande del mundo con casi 370 millones de habitantes, y un producto interno bruto de aproximadamente 6.7 mil millones de dólares al momento de signarse.2

El TLCAN o NAFTA (por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement), es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México.

El objetivo principal del TLCAN fue eliminarlas barreras (aranceles, cuotas, licencias y tarifas) al comercio de bienes y servicios y a la inversión entre los tres países firmantes. Asimismo, cada país deberá otorgar a los demás un “trato nacional”, es decir, un trato igual de preferente al que confiere a sus propios productos, servicios e inversiones.

Por su parte, el artículo 102 de los aspectos generales señal que:

1. Los objetivos del presente Tratado, expresados en sus principios y reglas, principalmente los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:3

a. eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes;

b. promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

c. aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;

d. proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes;
e. crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y

f. establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Sin embargo, en el ámbito rural y sector agropecuario, a casi 20 años de haberse firmado el TLCAN, no se han observado beneficios reales. Al respecto, el Reporte de Investigación número 94, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 constitucional” señala que4:

• Más de 29 millones de agricultores no pueden adquirir la canasta básica, y sólo 3.9 millones de personas tienen acceso a algunos productos que la integran, informaron académicos de la Facultad de Economía.

• En la última década, el costo del agotamiento y la degradación ambiental provocados por el acuerdo trilateral equivale al 10 por ciento del PIB, alrededor de 42 mil millones de dólares.

• Para diciembre de 2011, el 29 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para ser propiedad de empresas transnacionales.

Es innegable que someter al sector agrícola a un libre mercado internacional, se inició con un “agrocidio”, el cual, es un reflejo claro de las políticas neoliberales emprendidas en la década de los 90; es cierto, que el desastre en que se encuentra el campo mexicano se forjó antes de la entrada del TLCAN, pero dicho Tratado fue la coronación que agudizó la situación de la agricultura nacional.

¿Cómo un campesino nacional puede competir con un campesino norteamericano? Existen 179 millones de hectáreas arables los Estados Unidos, contra las 27.3 millones que se encuentran en México; 1,484 son los tractores que poseen en Estados Unidos por cada mil campesinos; en México, por cada mil campesinos hay 20 tractores. 300 por ciento más caro es cultivar una hectárea de maíz en México que en los Estados Unidos, mientras en este país el costo es de 19.89 dólares, en México la hectárea cuesta a 79.68 dólares. 2 millones de agricultores desempleados son los que el campo mexicano ha exportado al vecino país del norte desde la entrada en vigor del TLCAN.5

Por tal razón, “Hoy somos un país que adquiere en el exterior una proporción muy importante de sus alimentos. En el año 2000 somos ya el tercer país comprador de alimentos de EEUU, después de Japón y Canadá; nos referimos sobre todo a granos básicos, a leche de vaca descremada en polvo, a cárnicos, y a varias frutas, así como a un número importante de conservas.”6

Al respecto, las importaciones de granos y oleaginosas sumaron 29.26 millones de toneladas en 2012 (12.6% más que en 2011), con un valor comercial de 10,597 millones de dólares, cifra que significó un incremento de 21.7% con relación a los 8,704 millones del año previo; a finales del año 2012 las compras de maíz sumaron 10.7 millones de toneladas y las de fríjol crecieron 83.6%.7
En consecuencia, México depende del exterior en 95% en soya, 80% en arroz, 33% en maíz, 56% en trigo, 30% en fríjol y 40% en carne de res y puerco, con lo cual, en 2012 el valor de las importaciones de alimentos se elevó hasta quedar en 32,000 millones de dólares.

Lo establecido en el Capítulo agrícola del TLCAN y aunado a las arcaicas políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano, han dado como resultado que la situación del campo mexicano sea poco prometedora.

Las precarias situaciones en las que se encuentran los campesinos, dan como resultado que los agricultores no sólo tengan que competir con los campesinos norteamericanos, sino también tienen que batallar con los obstáculos que impone el Estado mexicano; es decir, se abrió la libre competencia “desleal” en productos agropecuarios, yal mismo tiempo, se dejó en total abandonó a los pequeños productores agrícolas.

El resultado de la política económica instrumentada en el sector agropecuario a partir del TLCAN, logró la consolidación y ampliación del control estadounidense sobre los mercados agropecuarios, en particular el maíz y el frijol nacionales son los perdedores netos del Tratado en comento.

En resumen, desde la entrada en vigor del TLCAN, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, los campesinos mexicanos no han visto algún beneficio, mucho menos se ha implementado alguna importante política social en beneficio de la clase campesina.

México con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta, debe exportar y no importar alimentos. México puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y así generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que mejore las condiciones de vida de la nación.

Es innegable que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas ha fracasado, el desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable.

Sin maíz no hay país, y sin alimentación no hay nación. Es necesario e impostergable que México garantice su soberanía alimentaria, y que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria.

Por tal razón, resulta prudente que a casi 20 años de la firma del TLCAN, se revise el capítulo agropecuario con el único objeto de que se implemente una verdadera política de competitividad, pues los problemas en el sector agropecuario mexicano se han agudizado por una combinación entre apertura comercial y precarias políticas nacionales.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones solicite a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos de América, la revisión y renegociación urgente, puntual y precisa del Capítulo Agropecuario, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con la Secretaría de Economía, rindan un informe detallado a esta Soberanía, en el que expliquen y fundamenten los beneficios que ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agropecuario.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013".

1 Arroyo Picard, Alberto “Resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México: Lecciones para la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas” [en línea] México 2001. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio Oxfam Internacional pp.3 [citado 04-10-2013], disponible en
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Libro/Resultados%20del%20TLC%20firmado%20entre%20Mexico%20y%20
Estados%20Unidos.pdf

2 López Zúñiga, Miguel Ángel “El TLCAN: breves consideraciones sobre el capítulo agrícola”  [en línea]. México  [Citado 04-11-2013) disponible en http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/350/08angellopez.pdf

3 Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio RAMALC  “Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Texto Completo del Acuerdo.” [en línea]. México  [Citado 04-11-2013) disponible en:
http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/tlcan_cap01.pdf

4 Reporte de Investigación No. 94 “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 constitucional”, [en línea], México, Facultad de Económica de la UNAM [citado 04-10-2013], disponible en:
http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep94.pdf.

5 La numeralia del maíz y el frijol ”, [en línea], Greenpeace México [citado 04-10-2013], disponible en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2008/Enero/la-numeralia-del-ma-z-y-el-fri/

6 Arroyo Picard, Alberto “Resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México: Lecciones para la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas” [en línea]México 2001. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio Oxfam Internacional pp.74[citado 04-10-2013], disponible en
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Libro/Resultados%20del%20TLC%20firmado%20entre%20Mexico%20y%20
Estados%20Unidos.pdf

7 Ramírez, Carlos “Aumenta 12% la importación de granos” [en línea] El Financiero México 2013. México [citado 04-10-2013], disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/columnas/carlos-ramirez/4078-aumenta-12-la-importacion-de-granos.html





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a investigar los hechos de violencia acontecidos el 2 de octubre de 2013, que se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA ACONTECIDOS EL 2 DE OCTUBRE DE 2013

Layda Sansores San RomAn, senadora de la LXII Legislatura de congreso de la uniOn, PERTENECIENTE AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, con fundamento en los artIculos 8,1 fracciOn II y 276 del Reglamento del Senado de la RepUblica, someto a consideraciOn de esta Honorable Asamblea, EL Siguiente Punto de Acuerdo POR LO QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE INVESTIGUEN LOS HECHOS COMETIDOS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DURANTE LA MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013; AL TENOR de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 1° de diciembre de 2012, los habitantes de la Ciudad de México fuimos testigo de un inusitado despliegue de fuerza de seguridad con motivo de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

El motivo aparente fue proteger a la ciudadanía, dentro de un contexto de irritación social por la llegada del nuevo gobierno; se dieron marchas y protestas, mismas que culminaron en hechos de vandalismo en presencia y con aquiescencia de las fuerzas de seguridad federales y locales.

La inacción de las fuerzas de seguridad, uniformados y de civil, terminó después de que se dieron las escaramuzas y hechos violentos, haciendo uso de gases lacrimógenos y disparando balas de goma, golpearon, detuvieron y arrestaron a todo individuo que se cruzara en su camino, sin importar que hubieran participado o no en los acontecimientos, dejando un saldo de varios detenidos y heridos, como Juan Francisco Kuykendall, que a la fecha está inconsciente.

Hubo 106 detenidos, en la agencia ministerial número cincuenta, fueron sujetos de malos tratos, incomunicados y acusados falsamente por las mismas autoridades.

La mayor parte de ellos son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, el discurso oficial apelaba a que se trataba de grupos anarquistas que planearon “deliberadamente dañar a la ciudad” y se dieron nombres de algunos de esos grupos, a los que se calificó de “provocadores”, pero se ocultó la presencia de infiltrados por el gobierno que actuaron en plena cohabitación con las fuerzas armadas, policías federal y local. A partir de aquí se desató una persecución abierta en contra de organizaciones y activistas sociales señalándonos como anarquistas.

Cabe señalar que las detenciones fueron arbitrarias, ya que la mayor parte de los detenidos fueron liberados por falta de méritos; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 7/2013 señalando al gobierno de haber cometido irregularidades graves contra los detenidos. Sin embargo, nunca se detuvo a los infiltrados ni encapuchados, ni a ningún elemento de seguridad.

Estos acontecimientos no se trata de un hecho aislado y excepcional, pues los procedimientos de seguridad y policiacos se repitieron el 10 de junio aniversario de la represión estudiantil de 1971 donde hubo 22 detenidos, el 1° de septiembre de 2013 durante la marcha de los maestros, el 13 de septiembre cuando se desalojó el zócalo ocupado por los maestros y el 02 de octubre aniversario de la masacre estudiantil de 1968.
Todos los casos tienen una característica, se registraron actos vandálicos, daños a comercios y edificios; hubo enfrentamientos violentos entre policías y provocadores. Sin embargo la policía no ha sido capaz de detener a nadie en flagrancia, no han mostrado a ninguno de los encapuchados autores de las agresiones, ni a sus patrocinadores, y antes bien se ha venido señalando como responsables a ciudadanos inocentes, con la única prueba que las declaraciones de la misma autoridad.

Es importante subrayar que con el pretexto de estar combatiendo a los grupos de anarquistas, toda esta represión, se ha cometido en la más absoluta impunidad; acompañada de una bien orquestada campaña mediática que condena a los individuos antes de juzgarlos, colocando a las víctimas de la represión en la más absoluta indefensión pues los presentan como si fueran delincuentes y sujetos antisociales.

Por ello es necesario, saber la verdad, alcanzar la justicia, sancionar a los responsables y a fin de evitar su repetición seguir haciendo público todo lo que ha sucedido durante esta administración.

Es necesario hacer un reclamo a las autoridades, que el uso de la libertad de expresión y de pensamiento, de manifestarse de manera pacífica, legal, no debe ser motivo de sanción alguna y mucho menos de represión. Pero sobre todo, es indispensable, urgente, castigar a los verdaderos responsables de la violencia y esclarecer plena y fehacientemente todos estos sucesos, deslindando las responsabilidades de los policías, mandos y funcionarios involucrados, para estar en condiciones de responderle a la sociedad la gran pregunta que flota en el ambiente y que no se ha respondido: ¿Quiénes son realmente estos provocadores que han empañado las marchas del 01 de diciembre, del 10 de junio, del 01 de septiembre y del 02 de octubre? ¿A quién sirven? ¿Quién les paga?

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

POR LO QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE INVESTIGUEN LOS HECHOS COMETIDOS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES Y LOCALES DURANTE LA MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, a sostener una reunión de trabajo en el Senado, a fin de que exponga los fundamentos y circunstancias especiales que se tomaron en consideración para condonar el 70 por ciento de la deuda de la República de Cuba, con nuestro país, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR A SOSTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA A FIN DE QUE EXPONGA LOS FUNDAMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE SE TOMARON EN CONSIDERACION PARA QUE EL ESTADO MEXICANO CONDONARA EL SETENTA POR CIENTO DE LA DEUDA QUE SOSTIENE LA REPUBLICA DE CUBA CON NUESTRO PAIS

"La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con el carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, LIC. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, A SOSTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA A FIN DE QUE EXPONGA LOS FUNDAMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE SE TOMARON EN CONSIDERACION PARA QUE EL ESTADO MEXICANO CONDONARA EL SETENTA PORCIENTO DE LA DEUDA QUE SOSTIENE LA REPUBLICA DE CUBA CON NUESTRO PAIS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 1902 y se han mantenido sin interrupción por más de 105 años, los Estados Unidos Mexicanos a lo largo de la historia han sido lugar de refugio y exilio de personalidades cubanas que fueron perseguidos por razones políticas, entre ellos; Julio Antonio Mella, Juan Marinello, Fidel y Raúl Castro.

2.- A partir de 1959, todos los países de la región, salvo México, rompieron relaciones con Cuba, a la luz del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y en el contexto de la guerra fría, ambos gobiernos normaron su interacción con base en el principio de la no intervención en asuntos internos, una regla no escrita que permitió la continuidad de las relaciones diplomáticas en un periodo de aislamiento para Cuba.

3.- Durante la década de los sesenta y hasta principios del año dos mil, nuestro país y la República de Cuba estrecharon notablemente sus nexos políticos, económicos, comerciales y culturales, derivados de la cercanía geográfica, la afinidad histórica y la similitud de intereses, prueba de ello fueron las visitas realizadas a México por el ex presidente Fidel Castro, quien también visitó la ciudad de Tuxpan en 1998 y estuvo presente en las ceremonias de toma de posesión de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, el primero de diciembre de los años 1988, 1994 y 2000, respectivamente.

Desde el inicio de la administración del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el 1° de diciembre del año 2006, el gobierno de México tomo la decisión de buscar un nuevo acercamiento con Cuba, con vistas a la normalización de los vínculos político-diplomáticos, en apego a los principios del derecho internacional y por medio del respeto mutuo.

La estrategia política diseñada por la administración anterior hacia la isla permitió construir un nivel de madurez, de diálogo franco y de confianza, lo que estrecho de nueva cuenta los lazos de cooperación en todos los ámbitos (económico, educativo-cultural, técnico-científico, comercial y de inversión, salud, etcétera.); mejoro la interlocución política entre ambos gobiernos, y estableció una nueva dinámica en la relación bilateral en su conjunto.

4.- No obstante lo anterior hace quince años el banco central de la República de Cuba y el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, de nuestro país entablaron una relación comercial ya que nuestro país por conducto de este ultimo efectuó un préstamo al primero por un monto de 400 (cuatrocientos) millones de dólares, estableciéndose dentro del contrato que dio origen a esta deuda clausulas relativas al pago de intereses y de terminación o en su caso recisión por incumplimiento.

5.- A principios de la década pasada ambas naciones habían logrado reestructurar la deuda que para el presente año 2013 ya era de 487 millones de dólares, acuerdo que consistió en darle a la República de Cuba la oportunidad de liquidar el adeudo en diez años y las garantías que se otorgaron a nuestro país para el debido cumplimiento fueron los ingresos del monopolio estatal de Telecomunicaciones de la “Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Cuba S.A” (Etecsa) en el que Telecom Italia tenía una participación de 29.29%, sin embargo tras la decisión en el año dos mil dos del entonces presidente Fidel Castro de cancelar de manera unilateral las garantías en comento, el Banco Nacional de Comercio Exterior llevo a juicio en Europa a los tenedores de acciones de Etecsa, para recuperar 70 millones de dólares de la deuda, por lo que desde el año 2008 esta deuda mantuvo bloqueadas las líneas de crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito para exportar a Cuba.
6.- El pasado 1º (primero) de noviembre los gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de la República de Cuba, en nuestro país firmaron ocho acuerdos entre los que incluyen una ampliación de la línea de crédito para mayor comercio e inversión, una extensión del convenio de complementación económica (ace-51) que le otorga preferencias arancelarias en la importación de diversos productos, un convenio de cooperación turística, un convenio de asistencia jurídica en materia penal, uno más sobre reconocimiento y revalidación de títulos, diplomas y estudios de educación superior, además de un entendimiento en materia de medio ambiente y recursos naturales y desde luego el convenio por el que se le condona a la República de Cuba el 70% (setenta por ciento) de la deuda de 487 millones de dólares, es decir se le exoneran 340.9 millones de dólares, restando por cubrir 146.1 millones de dólares que de acuerdo a este convenio cubrirá en un periodo de 10 años, los argumentos concedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la exoneración económica en comento fueron que “desde hace muchos años se tiene un problema financiero con Cuba y que esta medida permitirá restablecer una relación en distintas materias, para tener una interacción comercial y económica intensa en beneficio de ambas naciones”.

En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

II.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 6 fracción I de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, a esta institución le corresponde otorgar apoyos financieros relacionados con el comercio exterior de nuestro país, sujetándose en todo momento a la interpretación de la superioridad jerárquica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III.-Que con base en lo señalado en el apartado de antecedentes del presente instrumento parlamentario se puede inferir que fue precisamente el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito quien otorgo el préstamo de 400 millones de dólares a la República de Cuba hace 15 años, de modo que, es la entidad pública adecuada para contar con la información precisa de los acuerdos tomados, tanto del convenio de préstamo como de la restructuración de la deuda así como de los litigios internacionales sostenidos para ejercer el cobro de la misma y finalmente la que conoce los motivos de la condonación en el porcentaje en comento.

IV.- Que es indispensable precisar que la deuda condonada a la República de Cuba representa un recurso económico que bien podría utilizarse para atender los desastres que dejaron en todo nuestro territorio las tormentas tropicales “Ingrid” y “Manuel” o bien podrían constituir recursos que pudieran ser reencauzados a el sector educativo para hacer más escuelas o bien para atender a mas enfermos, máxime si se toma en consideración que con la reciente reforma hacendaria se han elevado de forma importante los gravámenes a la población, pudiendo con la deuda condonada la República de Cuba mitigar la carga económica que se le pretende trasladar a la población por el servicio público.

V.- Que con base en los anteriores argumentos se hace patente la necesidad de conocer las circunstancias especiales, fundamentos y motivos que se tomaron en consideración para condonar a la República de Cuba el 70% de la deuda contraída con nuestro país, máxime si se toma en consideración que la etapa financiera que atraviesa nuestra nación requiere de inyección de recursos que permitan evitar que eventualmente ingrese en una recesión económica.
En mérito de lo antes expuesto, la que suscribe formulan con el carácter de urgente y obvia resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE RESOLUCION

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, el Licenciado Enrique de la Madrid Cordero, a que asista al Senado de la República a sostener una Reunión de Trabajo a fin de exponer los fundamentos y circunstancias especiales que se tomaron en consideración para condonar el setenta por ciento de la deuda que sostiene la República de Cuba con nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.





 

De la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, con punto de Acuerdo que solicita información sobre las acciones realizadas para combatir la discriminación laboral en contra de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.







 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a remitir un informe sobre las condiciones en las que se le condonó la deuda a la República de Cuba, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE LE CONDONO LA DEUDA A LA REPUBLICA DE CUBA

“El suscrito, Senador Victor Hermosillo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1º de noviembre el Gobierno de Enrique Peña Nieto, anunció la condonación del 70% de la deuda que la República de Cuba tenía contraída desde hace 15 años con el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), por un monto de 340.9 millones de dólares, es decir, 4,583 millones de pesos.

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, anunciaron el reforzamiento de la relación entre ambas naciones, con la firma de convenios que además de significar la condonación de la deuda amplían la línea de crédito para, según ellos, impulsar el comercio y la inversión con la isla.

Esta situación no tiene sentido en el México de hoy, cuando las condiciones de la economía son frágiles y aunque en el discurso oficial se ha reiterado con particular insistencia que nuestro país no se encuentra en recesión, las cifras contradicen tal retórica.

Desde el inicio del Gobierno Federal, el Presidente prometió que México crecería a niveles de entre 5% y 6%, pero se fijó la previsión de crecimiento económico para 2013 en 3.5%. Sin embargo para finales de septiembre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que sería de 1.7%, esto es, 1.8 puntos porcentuales menos.

El panorama sobre el crecimiento de la economía mexicana este año y el que sigue son cada vez más sombríos. El banco Santander acaba de ajustar sus previsiones de crecimiento del PIB mexicano para 2013 a la baja, dejándolo en tan sólo 1.2%, y existen análisis que aseguran, que no se llegará ni al 1%.

Esta baja se debe a diversos errores de política económica, entre ellos el fuerte subejercicio del gasto público, anticipando un escenario muy difícil para las empresas y por lo tanto para la creación de empleos formales.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la deuda externa de nuestro país, mostró un incremento al ubicarse en 68 mil 687.0 millones de dólares cuando a finales del año pasado se encontraba en 67 mil 460.5 millones de dólares.

En este clima, es inquietante la decisión de condonar la deuda a Cuba, ya que no estamos en tiempos de bonanza económica y a pesar de que puede existir un interés legítimo de estrechar relaciones diplomáticas con la isla, esto no puede ocurrir bajo las condiciones actuales de franca recesión y específicamente ante una reforma fiscal que buscará elevar la deuda pública.

Incluso la decisión del Gobierno Federal va en contra de la lógica que siguen los acreedores de la isla, con la excepción de Rusia y Venezuela. Apenas en 2010 acreedores e inversores en la isla daban a su economía "dos o tres años" de vida debido a la crisis financiera mundial y la incapacidad de sus autoridades para atender la deuda externa, según revelaba uno de los cables diplomáticos de Estados Unidos, filtrado por WikiLeaks.

El "sombrío futuro" decían los representantes en La Habana de Francia, Japón, España, Brasil, Italia y Canadá, según lo reportado en el documento diplomático filtrado.
Al condonar la deuda bajo este escenario de la economía mexicana, el gobierno regresa a la vieja relación diplomática clientelar con Cuba, uniéndose a la lista que ya integran China, Rusia y Venezuela. Las razones que argumenta el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, son:

“Ésto [la condonación de la deuda] nos permite (...) restablecer una relación en esta materia y en otras con Cuba.

Queremos tener una relación cercana (...) no sólo de amistad entre los pueblos sino que podamos hacer cosas juntos en materia de intercambio económico", y por ello, dijo el Secretario Videgaray, "era importante resolver esta situación, que era un obstáculo para que fluyeran bien las relaciones bilaterales”.

Es un hecho innegable que la relación con Cuba se vio deteriorada en los últimos años, pero es necesario un análisis más profundo para entender que un vínculo con otra nación se puede establecer a partir de la sumisión y afectación de los intereses del otro. En este caso, se afecta directamente a los ciudadanos de nuestro país.

Cuando en su momento se le requirió el pago a Cuba se hizo en el marco de la legalidad y así continuó hasta la llegada del nuevo gobierno, por lo que ahora vemos es el retorno a la viejas componendas que el partido gobernante de nuestros en el siglo pasado tenía con la familia Castro en la isla.

Volviendo a la realidad mexicana, la condonación de la deuda a Cuba entra en varias contradicciones con las políticas que se deben estar implementando para elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Es más dramática la incongruencia cuando en comparación, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entidad que pondrá en marcha la reciente Reforma Educativa se le asignaron este año 563 millones 766,644. Y por otro lado el Presidente estrenará 6 helicópteros con un costo de 776 millones 646, 248 pesos; se le asignan recursos extraordinarios al Distrito Federal, se negocia con los sindicatos y con los gobernadores fondos especiales.

La solidaridad y el humanismo tienen que ser siempre principios guía de cualquier política de cooperación, pero justo en el momento cuando se presenta una caída de los ingresos públicos y se le pide a la sociedad hacer un esfuerzo tributario importante para garantizar el funcionamiento de distintos programas sociales, se impone una consideración política para obsequiar a Cuba poco más de 4,583 millones de pesos de los contribuyentes mexicanos.

Nuestra deuda aumentó, se subieron los impuestos a millones de mexicanos, se requiere mayor gasto en educación, vemos muchas carencias en materia de seguridad, alimentación, deporte, ciencia y tecnología, es por eso que la decisión tomada parece un nuevo error o una señal más de la política a base de dinero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, para que informen esta Soberanía, en un plazo de 15 días, sobre las condiciones en las que se le condonó la deuda que la República de Cuba tenía contraída con el Banco Mexicano de Comercio Exterior.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal, un informe por la contaminación de la producción camaronícola mexicana, que se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América, a aprobar la reforma migratoria, aplazada desde enero de 2013, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

Del Senador Aarón Irízar López, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a impulsar la implementación de criterios, programas y proyectos de responsabilidad social empresarial en la fabricación de vehículos nuevos, con tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Compañeras y compañeros Senadores: Tenemos la presentación de proposiciones con punto de Acuerdo, desde sus escaños. Recuerdo a ustedes, con mucho respeto, que dicha presentación sólo se referirá a la lectura de los resolutivos del punto de Acuerdo.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar, desde su escaño, un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial destinada a las personas desempleadas que, por razones ajenas a su voluntad, no encuentran trabajo.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Desde la LIX Legislatura Federal, presenté una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar los artículos 25 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de crear un fondo de aportaciones en el Ramo 33, destinado a aquellas personas que no encuentran empleo.

El pasado 14 de noviembre, volví a insistir aquí, en este Senado, con una iniciativa en el mismo sentido, con una modificación al artículo 25 y adicionando un 47-Bis y 47-Bis 2 a la Ley de Coordinación Fiscal. Esta iniciativa no ha sido dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta solicitud no es ningún despropósito, se trata de estimular el mercado interno, que en las últimas fechas se ha venido deteriorando y bajando su crecimiento económico. La demanda agregada, sobre todo el consumo público y privado, se ha visto afectado.

El empleo no crece. Según los indicadores de ocupación y empleo que publica el INEGI, la tasa de desempleo abierta al mes de agosto de este año, se ubicó en 5.17 por ciento, en julio fue del 5.12 por ciento; es decir, no se ha podido repuntar el empleo, sea éste formal o informal.

El Presidente Peña Nieto dio a conocer el programa para la Formalización del Seguro del Desempleo; pero es exclusivamente para la parte laboral, para los que ya cuentan con un salario, como es el caso de pensionados, jubilados; y es con sus propios recursos. El seguro que ha planteado, va ubicado directamente al IMSS, al ISSSTE y a otras instituciones federales.

Son millones de personas las que viven sin oportunidades y se convierten en presas de organizaciones criminales o expuestas a buscar ser indocumentados en Estados Unidos.

Insisto, esta medida no tiene ningún despropósito. Por el contrario, estimula el mercado interno, convierte el círculo vicioso en un círculo virtuoso y, por si fuera poco, despresuriza el descontento social.

Por eso, solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, destinen una partida de recursos etiquetados necesarios para atender a personas que, por situaciones ajenas a su voluntad, no encuentran empleo; que se tenga un seguro para el desempleo a la población abierta, no a la población que ya cuenta con un trabajo, y que tiene recursos acumulados.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS QUE POR RAZONES AJENAS A SU VOLUNTAD NO ENCUENTRAN TRABAJO

"La que suscribe, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ Senadora de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 276 numeral 1 del Reglamento de la Cámara H. de Senadores, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo, sea esta su primer empleo o ya hayan sido empleados, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Me da mucho gusto que a veces las ideas se materialicen, no de la manera que uno quisiera, pero al fin y al cabo algo de lo planteado se retoma.

La que esto escribe, siendo Diputada Federal en la LIX Legislatura hace exactamente 10 años, presenté entonces una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaba el Art. 25 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de crear un fondo de aportaciones en el ramo 33 destinado a aquellas personas que no encuentran empleo.

El pasado 14 de noviembre del 2012, volví a insistir en este planteamiento presentado una iniciativa en el mismo sentido, reformando el art. 25 y adicionando un 47 bis 1 y 47 bis a la Ley de Coordinación Fiscal. Esta iniciativa no ha sido dictaminada por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, y dudo mucho que así suceda, por ello presento esta proposición con punto de Acuerdo.

Esta solicitud no es ningún despropósito, se trata de estimular el mercado interno que en últimas fechas, con subejercicios y el bajo crecimiento económico, la demanda agregada, sobre todo el consumo público y privado se ha visto afectado.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el consumo privado se incrementó durante el segundo semestre del 2013 con respecto al mismo semestre del 2012 en 3.4%, el consumo del gobierno en 0.4% y la formación bruta de capital en 0.3%. Por su parte el crecimiento del PIB en el mismo periodo fue de 1.5%, muy por abajo del proyectado por el gobierno de 3.5% y el ajuste a 3.1. Finalmente lo estiman que cierre en este año con un crecimiento magro del 1.8%.

Resultado de lo anterior es que el empleo no crece. Según los indicadores de Ocupación y Empleo que pública el INEGI, la tasa de desempleo abierta al mes de agosto de este año se ubicó en 5.17%, en julio de 5.12%, es decir la presente administración no ha podido repuntar el empleo, sea este formal o informal.

El pasado 22 de julio el Presidente Peña Nieto dio a conocer el Programa para la Formalización del Empleo, ahí el Secretario del Trabajo reconoció que de cada 10 empleos 6 son informales. Con base en el INEGI, la Tasa de Informalidad Laboral es de 58.35% y la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación se ubica en 11.44% al mes de agosto de este año.
Haciendo una extrapolación sencilla, si la Población Económicamente Activa (PEA) es de casi 95% de su población en edad de trabajar que asciende a poco más de 68 millones de personas, hay un universo de trabajadores informales de más de 40 millones de personas y la tasa de ocupación parcial y desocupación concentra casi 7.8 millones de personas, de las cuales 4.6 millones son “desempleados informales”, estos quedan fuera de cualquier programa de desempleo.

El Seguro del desempleo planteado por esta administración solo considera los formales, por eso se reforma el art. 123 apartado A y B de la Constitución General de la República. En las leyes secundarias la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE, la Ley Federal del Trabajo, del Servicio de Ahorro para el Retiro entre otras.

Un esquema parecido, se hizo en la pasada administración como medida anti cíclica, derivada de la crisis financiera internacional 2008-2009. En ese entonces se reformó el sistema de pensiones (Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro), lo que permitió que los trabajadores en situación de desempleo pudieran retirar parte de su ahorro para el Seguro de Pensiones.

En Europa, donde el seguro del desempleo es algo normal, incluso la portabilidad tanto en seguro de pensión como en atención médica, son comunes dos tipos de seguro: las contributivas- como la que propone el Presidente Peña Nieto- y el subsidio o ayuda por desempleo. Es esta última donde su servidora quiere insistir, son millones de personas que viven sin oportunidades y se convierten en presa de organizaciones criminales o expuestos a buscar ser indocumentados en Estados Unidos.

Insisto la medida no es ningún despropósito, por el contrario reactivan el mercado, estimulan el consumo interno, convierten el circulo vicioso del desempleo en círculo virtuoso y, por si fuera poco despresurizan el descontento social.

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Unico: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014, destinen una partida de recursos etiquetados, necesarios para atender a personas que por situaciones ajenas a su voluntad no encuentran empleo, sea este la búsqueda de su primer trabajo o ya hayan sido empleados.

Sede del Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Martha Palafox. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Se le concede la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar, desde su escaño, un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América, respecto al espionaje dirigido a nuestro país.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

He decidido hacer uso de la palabra, con este formado, porque este punto de Acuerdo, presentado ya hace varias semanas, debido a la carga legislativa, no ha podido pasar.

Sin embargo, es un tema de la mayor importancia y gravedad; sobre todo, a partir de las últimas declaraciones del embajador de nuestro país en los Estados Unidos, en las que señala que también sigue a la espera de una respuesta apropiada sobre el tema del espionaje de los Estados Unidos al gobierno mexicano, a la institución presidencial y a otros ciudadanos mexicanos, algo inadmisible.
Y en ese sentido, el Senado de la República, como todos ustedes saben, tiene responsabilidades y facultades constitucionales en materia de política exterior y éste es, justamente, el momento para ejercerlas. Hoy es cuando hay que ejercerlas, cuando trasciende por la prensa internacional, que los Estados Unidos han desarrollado métodos para violar la seguridad de los intercambios de información electrónicos y han espiado de manera grotesca al Presidente de nuestro país.

Este punto de Acuerdo me parece pertinente, ya que si las agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América, pueden vulnerar la seguridad de las comunicaciones del Presidente, pues, ¿qué mexicano puede estar a salvo de ser espiado o que legislador o que funcionario de nuestro gobierno?

Por eso, compañeras y compañeros, es que someto a su consideración este punto de Acuerdo, con los siguientes cinco resolutivos.

Primero.- Que el Senado de la República rechace enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América, respecto al espionaje dirigido a nuestro país, toda vez que excede las facultades de sus propias instituciones y contraviene el derecho internacional, menoscabando las relaciones bilaterales.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través del Secretario de Relaciones Exteriores y el embajador mexicano en los Estados Unidos de América, insten al gobierno de aquel país a terminar esta práctica unilateral e ilegal.

Tercero.- Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realicen las acciones pertinentes para investigar y, en su caso, sancionar a las personas involucradas en la ejecución del espionaje.

Cuarto.- El Senado de la República emite un llamado al Senado de los Estados Unidos de América y en particular a su Comité de Relaciones Exteriores, el Committee on Foreign Relations, a su Presidente, el Senador Robert Menéndez y a todos sus integrantes, para que investiguen una probable violación de su país a la soberanía del Estado mexicano.

Quinto.- Se solicita al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores que se considere este punto de Acuerdo de urgente resolución.

Me parece, Senadoras y Senadores, que si nuestra relación con Estados Unidos no tiene un marco mínimo de confianza y reciprocidad, estará destinada a más tensiones y conflictos permanentes y a una relación de este tipo a ninguno de los dos países les conviene.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RECHAZA ENERGICAMENTE LA PRACTICA UNILATERAL E INTERVENCIONISTA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RESPECTO AL ESPIONAJE DIRIGIDO A NUESTRO PAIS

"El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RECHAZA ENERGICAMENTE LA PRACTICA UNILATERAL E INTERVENCIONISTA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RESPECTO AL ESPIONAJE DIRIGIDO A NUESTRO PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas semanas la opinión pública mundial, ha sido sacudida por la revelación, por parte del ciudadano de nacionalidad estadounidense: Edward Snowden, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en ingles) acerca de la existencia de programas de espionaje masivo, mediante los cuales la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NBA por sus siglas en ingles) y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) habrían solicitado a varias empresas de Internet que se vigile e intercepte comunicaciones en todo el mundo, claro espionaje.

Dichos programas de espionaje permitirían a las autoridades estadounidenses, acceder no solo a la información de los organismos e instituciones estatales del orbe, sino también a correos electrónicos, archivos compartidos, videos, fotos, mensajes, blogs, entre otra información privada de ciudadanos de todo el mundo, configurándose de esta manera, una flagrante violación a los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tales como el derecho que tienen todas las personas a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familiar, en su domicilio o correspondencia establecido en el artículo 12 de la referida Declaración; así como el derecho a la protección legal en contra de estas injerencias.

Al respecto, México también fue objeto de dicha injerencia, tras conocer que los servicios secretos de Estados Unidos espiaron al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el propio mandatario evitó hacer mención al asunto y la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana se limitó a enviar un comunicado en el que indicó que este tipo de prácticas son "contrarias a la Carta de las Naciones Unidas". En contraste con la postura brasileña donde la respuesta diplomática fue contundente, proclamándose indignados y prometiendo tomar medidas ante diversos organismos internacionales; lo que provoco que el gobierno de México subiera un poquito el tono de su postura pidiendo al embajador, John Wayne, compareciera por los casos de espionaje.

Enunciando estos hechos, México parece vivir en una especie de adormecimiento burocrático puesto que la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, en su artículo segundo, literal cuarto, determina la obligación que tienen todos los Miembros de la Organización en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

La Constitución Mexicana en su Artículo 89, párrafo X, consagra los principios que regulan la Política Exterior del Estado, en este caso en particular la que condena la no intervención, y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; por lo que es inadmisible que nuestro socio nos esté espiando. México no tiene porque someterse al escrutinio de otro país, lastimando los principios: de soberanía de los estados y el de no injerencia ni intervención en asuntos internos entre los Estados.

La blanda respuesta del Estado ante las declaraciones de Snowden nos hace ver con más claridad que casi todos los países del planeta también espían. El interrogante entonces es hasta qué punto y bajo qué normativa. Porque todo esto está enmarcado en una situación a la que la legislación no está adaptada. Los nuevos desafíos son digitales, no son de carne y hueso como hace 20 años. El siglo XXI exige que legislemos en función de estos nuevos retos y amenazas. Por ejemplo, el espionaje solo es delito dentro de los países, no hay reglamentación internacional que regule esta actividad entre países.

Nos enfrentamos a un problema no solo mexicano, sino internacional: cómo regulamos el espionaje y cómo hacemos inteligencia en estado de derecho. La inteligencia no es una actividad secreta, es una actividad con secretos. Y este es un tema que hay que debatir públicamente. El espionaje amenaza a la privacidad de cualquier ciudadano, no podemos soslayarlo ni podemos ser ajenos a esta realidad. Hay que regular esta actividad jurídicamente.

El espionaje de los Estados Unidos de América al gobierno mexicano, al propio presidente de la República y a otros ciudadanos mexicanos es algo muy grave. El Senado tiene responsabilidades constitucionales en materia de política exterior y ahora es cuando hay que ejercerlas.
Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América respecto al espionaje dirigido a nuestro país, toda vez que exceden las facultades de sus propias instituciones y contraviene el Derecho Internacional menoscabando las relaciones bilaterales.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Relaciones Exteriores y el embajador mexicano en los Estados Unidos de América insten al Gobierno de los Estados Unidos de América a terminar esta práctica, unilateral e ilegal.

TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores y, a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realicen las acciones pertinentes para investigar y, en su caso sancionar a las personas involucradas en la ejecución del espionaje.

CUARTO. El Senado de la República emite un atento llamado al Senado de los Estados Unidos de América y a su Comité de Relaciones Exteriores (Committee of Foreign Relations), a su presidente Sen. Robert Menéndez y a todos sus integrantes para que investiguen una probable violación a la Soberanía del Estado Mexicano.

QUINTO. Se solicita al pleno de esta honorable cámara de Senadores que se considere este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente,

Sen. Zoé Robledo Aburto".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Zoé Robledo. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.





 

Se le concede el uso de la palabra, desde su escaño, a la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre de los Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, un punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica terminal; y a la Cámara de Diputados se asignen recursos suficientes para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, es un punto de Acuerdo fundado en nuestro artículo 4o. constitucional, que establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en nuestro país hay dos padecimientos que afectan a muchos millones de mexicanos; en particular la hipertensión arterial; que afecta a 22.4 millones de adultos, mientras que la diabetes mellitus afecta a 6.5 millones de adultos.

El Instituto Nacional de Salud Pública, señala que tanto la hipertensión arterial, como la diabetes son enfermedades que causan otras complicaciones, lo cual es grave, porque aumenta la probabilidad de fallecimiento una vez que las personas se encuentran en esta condición.

Considerando específicamente que tanto la diabetes, como la hipertensión arterial, pueden ocasionar fallecimiento renal o lo que conocemos como enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal, es que estamos buscando que se pueda valorar el hecho de que estos millones de personas que tienen estas complicaciones, además deben llevar un tratamiento, como le conocemos comúnmente, diálisis o hemodiálisis, y que el costo de este tratamiento es sumamente alto, y aunque hay apoyos significativos por la Secretaría de Salud, desafortunadamente no se cubre el costo total del tratamiento.

Entonces, si consideramos, también, que actualmente están falleciendo a causa de padecimientos de enfermedad renal crónica y crónica terminal aproximadamente entre 90 y 100 mil personas en el año, estamos proponiendo que se pueda llevar a cabo un registro nacional de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, con especial énfasis en las enfermedades renales crónicas; para conocer con exactitud la población afectada por esta enfermedad y que entonces se puedan diseñar o instrumentar políticas públicas en pro de estos pacientes.

Además, se requiere que la Secretaría de Salud tenga mayores recursos económicos para atender a las personas con estos padecimientos y, específicamente, que en el Catálogo Universal de Servicios de Salud en las enfermedades renales crónicas y las crónico terminales, se pueda llevar a cabo una mejor cobertura por el Seguro Popular.

Entonces, el planteamiento específico del punto de Acuerdo, es exhortar de manera muy respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo este registro nacional, que se incrementen los recursos para atender estos padecimientos y, además, que se pueda incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a estos padecimientos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD A INCORPORAR AL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL; Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, SEAN CONSIDERADOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS

Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, DANIEL AMADOR GAXIOLA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JESUS CASILLAS ROMERO, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, HILDA ESTHLA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, JUAN GERARDO FLORES RAMIREZ, NORMA ALICIA GALINDO MATIAS, LISBETH HERNANDEZ LECONA, AARON IRIZAR LOPEZ, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, RAUL AARON POZOS LANZ, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, todos Senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1.- Que en el artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, para ello la Federación y las entidades federativas establecerán su concurrencia a través de la Ley General de Salud.

2.- Que en el artículo 2°, fracciones I, II y V de la Ley General de Salud, se mandata que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus objetivos el bienestar físico de las personas para coadyuvar en el ejercicio pleno de sus capacidades, asimismo, este derecho busca prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo, este derecho debe brindar a la población el disfrute de los servicios de salud y asistencia social para satisfacer de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población.

3.- Que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se estima que en el país existen alrededor de 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen hipertensión arterial–HTA-, de éstos solamente 11.2 millones han sido diagnosticados por un médico y de ellos únicamente 5.7 millones están controlados1, es decir, el 50% de la población estimada sabe que padece esta enfermedad crónico degenerativa y tan sólo una cuarta parte de la población estimada se encuentra controlada.
Asimismo, en la encuesta nacional se menciona que durante el período de 2000 y 2006, la prevalencia de pacientes con HTA se incrementó en 19.7%, ello implicó que dicha enfermedad afecte a 1 de cada 3 adultos. Además, señala que para 2012 la prevalencia de pacientes con HTA es del 31.5% y ésta es mayor en pacientes con obesidad y diabetes, la primera con 42.3% y la segunda con 65.6%, respectivamente2.

4.- En esa misma encuesta se estima que para 2012 existen 6.5 millones de adultos con diabetes mellitus, además, de manifestar que el 9.2% de los adultos en el país poseían un diagnóstico previo a esta enfermedad crónica, porcentaje mayor a lo registrado en 2000, 5.8%, y 2006, 7%.3

Asimismo, en dicha encuesta se alude que tanto hombres como mujeres observaron un incremento significativo sobre la proporción de adultos mayores de 50 años que manifestaron haber sido diagnosticados con diabetes, en el cual esta enfermedad crónica degenerativa tiende a afectar más a mujeres que a hombres. Al respecto, de 50 a 59 años de edad, el 19.4% lo padecen las mujeres, en tanto que para los hombres es del 19.1%; de 60 a 69 años de edad, el 26.3% afecta a las mujeres y el 24.1% afecta a los hombres; y, de 70 a 79 años de edad, el 27.4% lo padecen las mujeres, mientras que el 21.5% lo padecen los hombres.4

5.-El Instituto Nacional de Salud Pública ha señalado que tanto la hipertensión arterial como la diabetes mellitus son enfermedades causantes de otras complicaciones de salud sobre los pacientes que las padecen. Por señalar algunas, la diabetes logra ocasionar ceguera, amputación de extremidades inferiores, muerte prematura e infarto del miocardio; en cambio, la hipertensión arterial provoca enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares; tanto la diabetes como la hipertensión arterial pueden ocasionar falla renal –enfermedad renal crónica, ERT y enfermedad renal crónica terminal, ERCT.5 6

Al respecto, en 2010, la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud publicó un estudio titulado “Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en México”, que elaboró la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en él se afirma que existe una correlación fuerte entre la ERC con la diabetes mellitus y la HTA, en razón de que el crecimiento ascendente de la primera dependerá del aumento de las restantes dos.

Bajo esa tesitura, en 2005, el investigador austriaco Atkins señaló que “la enfermedad renal crónica es, con frecuencia, una complicación de la hipertensión arterial sistemática y de la diabetes mellitus, y en su etapa terminal requiere de un tratamiento complejo y costoso para que el paciente puede mantenerse con vida”.7

6.- En ese mismo estudio, “Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en México”, se menciona que en 2005 las ERCT fueron la décima causa de muerte a nivel nacional, lo que implico el fallecimiento de más de 10 mil personas; además, señala una estimación de alrededor de 60 mil personas más morirán cada año a causa de ésta.

Aunado a ello, en este estudio se afirma que en el país no existe un registro nacional de pacientes con ERC y ERCT, si éste existiera permitiría conocer con exactitud y prontitud el número de pacientes que la padecen, así como, su sobrevivencia ante las mismas, además, de saber el impacto en cuanto a la calidad de vida de los pacientes que reciben tratamiento alguno con la finalidad de incidir de manera positiva sobre los índices de mortalidad que genera esta enfermedad, asimismo, se pueden diseñar e implementar estrategias públicas para optimizar el cuidado de estos pacientes dependiendo el estadio de la misma8.
Empero, se menciona que existen investigaciones que han abonado en la medición de la ERCT; por ejemplo, en 2007, el Dr. Paniagua elaboró un análisis sobre la ERC y su diálisis en la población derechohabiente al IMSS, el resultado obtenido indicó que “la prevalencia de padecer ERCT en adultos es mayor a 1000 por cada millón de derechohabientes, este dato contrasta notoriamente con la prevalencia planteada en la hipótesis que era de 200 pacientes por millón de derechohabientes”.9

Además, se señala que la gran mayoría de información estadística proviene de laboratorios farmacológicos dedicados a la producción de medicamentos y suministros para la diálisis, quienes poseen convenio alguno con las instituciones públicas de salubridad para su consumo, entre ellas sobresalen Baxter, Pisa y Fresenius.

7.- En el marco del estudio “Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en México”, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México proyecta que para 2025 existirán alrededor 212 mil casos de ERC y habrá cerca de 160 mil muertes relacionadas a este padecimiento, cifra que observará una tasa de crecimiento del 114.5% si se compara con lo estimado en 2005, 73 mil 799 defunciones, y se traducirá en una tasa de mortalidad en personas con ERCT de 87.6% por cada millón.

8.- Finalmente, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSES, se definen los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención a los derechohabientes al Seguro Popular, en él se establece y menciona que una de las causas más recurridas de morbilidad y mortalidad es la diabetes mellitus, asimismo, en este catálogo se señala que la HTA es una de las afectaciones de salud más común de la población mexicana y representa una enfermedad de riesgo importante debido a que conlleva a otras enfermedades como la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal; en ambos casos el catálogo define su diagnóstico y tratamiento farmacológico a seguir pero en él no se da tratamiento alguno hacia los pacientes que observan y registran una complicación médica de éstas, es decir, la aparición y padecimiento de ERC y ERCT.10

OBJETIVOS DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La presente proposición con punto de Acuerdo tiene como objetivos medulares: 1) exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que planee y coordine un Registro Nacional de pacientes con ERC y ERCT; 2) exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social de la Salud, CNPSS, para que incorpore dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSES, la ERC y ERCT; 3) exhortar a la Cámara de Diputados para que asigne y apruebe recursos federales a la Secretaría de Salud con el fin de que se lleve a cabo un censo de pacientes que padecen esta enfermedad crónica degenerativa y sirva como instrumento para la creación del Registro Nacional de pacientes con ERC y ERCT; y 4) exhortar a la Cámara Baja para que apruebe mayores recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a través del cual se financian las enfermedades señaladas en el CAUSES.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se elabore un Registro Nacional de pacientes con Enfermedades Renales Crónica y Crónica Terminal, con objeto de que se conozca con exactitud a la población afectada por esta enfermedad crónica y a través de él se diseñen e instrumenten políticas públicas en pro de estos pacientes.
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que se incorpore las Enfermedades Renales Crónica y Crónica Terminal en el Catálogo Universal de Salud.

TERCERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que asigne y apruebe mayores recursos presupuestales al Ramo Administrativo 12 “Salud” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para que la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, elaboren y coordinen el censo de pacientes con Enfermedades Renales Crónica y Crónica Terminal.

CUARTO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que se aprueben mayores recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el ejercicio presupuestal 2014 a través del cual se financian las enfermedades señaladas en el CAUSES.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Norma Alicia Galindo Matías.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.

1 http://ensanut.insp.mx/doctos/FactSheet_ResultadosNacionales14Nov.pdf

2 http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/HypertensionArterialAdultos.pdf

3 http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/DiabetesMellitus.pdf

4 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

5 http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Calid_ProceDiabet.pdf

6 http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/HypertensionArterialAdultos.pdf

7 http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/15752232

8 MAZZUCHI, Nelson. Programa de Salud Renal en Uruguay, http://anm.org.uy/documents/ProgramadeSaludRenal.pdf

9 LÓPEZ, Cervantes Malaquías. Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en México. UNAM, Primera edición 2010, México; http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/ERC-4may.pdf

10 http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/images/contenidos/Causes/CAUSES2012.pdf

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Mely Romero.

Autorizada la adhesión de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y la Senadora Martha Palafox, con mucho gusto.

Túrnese a la Comisión de Salud del Senado los dos primeros resolutivos y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Señora Presidenta, yo lo que quería era rogarle a mi compañera, la Senadora Mely Romero, si estaría de acuerdo en que integráramos la propuesta que hicimos hace unos días para la creación de las unidades de nefrología en cada estado de la República en la Secretaría de Salud, creo que se complementa mucho la solicitud.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: El asunto, Senadora, ya está en Comisiones, seguramente las Comisiones podrían integrarlo.

Senadora Luisa María Calderón, ¿para adherirse?

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Adherirme a esta propuesta de la Senadora Mely.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Queda registrada la adhesión de los Senadores Luisa María Calderón y Francisco López Brito.





 

Informo a la Asamblea que las siguientes propuestas se turnan de manera directa.

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un pronunciamiento más enérgico a los Estados Unidos de América y a solicitar el cese inmediato de prácticas de espionaje a nuestra nación.







 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a dar puntual seguimiento a los eventuales procesos de queja contra las aerolíneas que lleven a cabo prácticas discriminatoria en el país.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, (CONAPRED), LICENCIADO RICARDO ANTONIO BUCIO MUJICA, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, DE PUNTUAL SEGUIMIENTO A LOS EVENTUALES PROCESOS DE QUEJA CONTRA LAS AEROLINEAS QUE LLEVEN A CABO PRACTICAS DISCRIMINATORIAS EN EL PAIS

"El que suscribe, EVIEL PEREZ MAGAÑA, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nadie resultan ajenas las indeseables prácticas discriminatorias de las que con frecuencia son víctimas los Indígenas de nuestro país.

Es lamentable que el mandato constitucional respecto de la no discriminación que observa el artículo 1° de nuestra Carta Magna así como lo establecido por el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que a la letra señala que, “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”, se traduzca en la realidad cotidiana en el capricho de empleados de cualquier jerarquía.

Es imperativo que las autoridades de la Secretaría de comunicaciones y Transportes robustezcan controles de vigilancia que inhiban las malas prácticas de discriminación, para el caso que nos ocupa, de las aerolíneas que operan en México, a través de lineamientos claros, precisos, contundentes, y sobre todo, vinculados a sanciones expresas, como resultado de denuncias por discriminación.

Lo anterior se desprende de la reprochable conducta prepotente de empleados de la compañía Aeroméxico, por la que simplemente y sin mayor contingencia, afectó a un grupo de seis indígenas Oaxaqueños, al impedir que abordaran un vuelo con destino a Hermosillo, Sonora, a pesar de exhibir los boletos respectivos.

El grupo de Indígenas, provenientes de Sola de Vega y San Jacinto, Oaxaca, refieren que el pasado 6 de noviembre el Supervisor de la línea aérea, Aeroméxico, Francisco Cáceres, les negó el abordaje en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de aquélla Ciudad, aún cuando los boletos fueron comprados con anticipación el día 28 de octubre, con los números de vuelo 544 a las 12:00 horas Oaxaca-México; y 706 a las 15:00 horas, Distrito Federal-Sonora.

Lo anterior bajo el argumento de que la aeronave sólo tenía capacidad para 50 pasajeros y que se vendieron 90 boletos, pues habían previsto contar con un avión más grande, por lo que los pasajeros afectados serían resarcidos, a través del pago de gastos de hospedaje y alimentación. Sin embargo, a los seis jóvenes indígenas no se les ofreció esa opción.

Hasta el momento Aeroméxico no ha emitido una postura oficial respecto dicho incidente, bajo el argumento que lo hará directamente con los involucrados. Por lo anterior, resulta indispensable que el Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED), Licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica, inicie en el marco de sus atribuciones, un Proceso de Queja contra la Aerolínea en cuestión, a fin de inhibir la recurrente presentación de prácticas discriminatorias contra los pasajeros pero especialmente hago énfasis en los pasajeros que son vulnerados y socavados por el simple hecho de su origen étnico, no debemos olvidar que nuestra nación, tiene de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos Indígenas.

Si bien es cierto que el asunto de la discriminación a la población Indígena no resulta privativo de las aerolíneas, también lo es la indelegable obligación de la autoridad competente, de hacer respetar el Orden Jurídico nacional. Se requiere que la autoridad, para el caso que nos ocupa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezca vigile y de seguimiento al protocolo correlativo, y sancione a las aerolíneas cuando incumplan y discriminen por cualquier causa.

Finalmente, debe decirse que este mismo lunes 9 de noviembre los medios de información han publicado que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha iniciado el Proceso de Queja que recae al injustificable hecho aquí relatado, por lo que los Legisladores habremos de estar muy pendientes de su desenlace.

No sobra decir que de conformidad con encuestas de la propia CONAPRED, ocho de cada diez mexicanos refieren haber sido objeto de violación a sus derechos, costumbres, cultura, acento, color de piel, y vestimentas entre otros aspectos. Es inaudito que se reconozcan semejantes aproximaciones y se reiteren sin mayor consecuencia.

Compañeras y compañeros Legisladores, yo les pido, que hagamos un frente solidario con los Indígenas mexicanos, y se sumen a este Acuerdo, que exhorta al Titular de la CONAPRED, para que en uso de sus atribuciones, de puntual seguimiento a eventuales Procesos de Queja contra las Aerolíneas que lleven a cabo prácticas discriminatorias en el país.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, (CONAPRED), LICENCIADO RICARDO ANTONIO BUCIO MUJICA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA, EL ESTADO QUE GUARDA LA QUEJA QUE SE DESPRENDE DE LOS HECHOS PRESENTADOS EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑOS, CONTRA LA LINEA AEREA AEROMEXICO, POR LAS PRACTICAS DISCRIMINATORIAS EN CONTRA DE SEIS PASAJEROS INDIGENAS OAXAQUEÑOS.

SEGUNDO. EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, (CONAPRED), LICENCIADO RICARDO ANTONIO BUCIO MUJICA, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, DE PUNTUAL SEGUIMIENTO A LOS EVENTUALES PROCESOS DE QUEJA CONTRA LAS AEROLÍNEAS QUE LLEVEN A CABO PRACTICAS DISCRIMINATORIA EN EL PAIS.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Sen. Eviel Pérez Magaña





 

Compañeras y compañeros Senadores, las demás iniciativas y efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

"Layda Elena Sansores San Román, Senadora integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo; se adicionan tres párrafos al Apartado A de la fracción III y se reforman los incisos a), c), d) y g) del mismo Apartado A; se reforman el primero y último párrafo del Apartado B; se reforma el primer párrafo del Apartado D y la fracción V en los párrafos primero, segundo, séptimo, noveno, décimo y décimo segundo. Se deroga el párrafo décimo primero y se adiciona el párrafo décimo tercero de la fracción V, del Artículo 41. Se reforma el Artículo 99. Se reforma la fracción octava del Artículo 115. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I, y el párrafo tercero de la fracción II; se derogan los incisos b), c), d) y l) de la fracción IV; se reforman los incisos a), e) y k) de la fracción IV, del Artículo 116. Se reforma el tercer párrafo del artículo 122, todos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, la instauración de un verdadero régimen político, de corte democrático y representativo, ha sido una pesada y ardua labor. En este sentido, la evolución democrática, aquélla concebida por Duverger como el establecimiento progresivo de un derecho tan básico pero fundamental como el sufragio universal, en la práctica y no sólo en los textos jurídicos, nos ha llevado más de dos décadas. Sin embargo, es indispensable reconocer que a lo largo de estos años, se han realizado diversos esfuerzos, provenientes tanto de la esfera pública, como de la privada, que han contribuido a fortalecer los canales institucionales de representación política y a abrir otros más, con el fin de garantizar que el poder que reside en el pueblo se transmita efectivamente a sus representantes y, de la misma manera, que dicho poder, ahora en manos del gobierno, se ejerza legitima y responsablemente. Ambos procesos revisten especial importancia y suma atención, pues si no se vigila su desarrollo, es decir, si en la transmisión del poder los representantes se sustraen al control de ellos mismos, el gobierno sobre el pueblo corre el riesgo de desvirtuarse completamente.

Ante esta necesidad, y en respuesta a las exigencias de una sociedad harta de un régimen político oligárquico y poco transparente, en 1990 nace el Instituto Federal Electoral (IFE), como resultado de una serie de reformas a la Constitución en materia electoral que, además de expedir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), crean este órgano electoral de características nunca antes vistas desde la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946. Así pues, este nuevo órgano se erige como una institución más ciudadana e imparcial, reduciendo la influencia gubernamental y partidista. Lo anterior, a través de la incorporación al Consejo General, máximo órgano de dirección del IFE, de seis Consejeros Magistrados, sin afiliación partidista, como funcionarios de este Instituto.

Desde su creación a la fecha, el IFE ha sido objeto de varias reformas (1993, 1994, 1996 y 2007) que han ampliado sus facultades y lo han consolidado como un órgano ciudadano, siendo las reformas de 1994 y 1996, unas de las más importantes, al instituirse la figura de los "Consejeros Ciudadanos" y al establecerse, por decreto constitucional, su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, respectivamente. Esta última reforma reviste particular importancia, pues el cargo de Presidente del Consejo General del IFE deja de estar en manos del Secretario de Gobernación, quedando sus facultades reservadas a un Consejero Ciudadano.

Todo régimen político contemporáneo, cuya forma de gobierno sea la democracia representativa, se fundamenta en dos pilares: un sistema de partidos y uno electoral. De esta manera, “la exactitud mayor o menor de la representación política, por ejemplo, depende del sistema electoral y del sistema de partidos, considerados como elementos de un mismo complejo, raramente aislables uno del otro”. Esta relación se acentúa aún más cuando se amplían los derechos políticos de los ciudadanos, especialmente cuando el sufragio se vuelve universal y cuando la sociedad demanda más canales de participación que les permitan no sólo elegir libremente a los representantes que los partidos políticos ponen a su consideración, sino también ser postulados directamente, sin el apoyo institucional de un partido político. De esta forma, entre más se multipliquen los canales de participación ciudadana, “más necesario se hace organizar a los electores a través de comités capaces de dar a conocer a los candidatos y de canalizar los sufragios en su dirección”. Así pues, la importancia de los órganos electorales no radica únicamente, en una mera función logística y administrativa, sino más bien en su capacidad para canalizar la confianza de los electores y garantizar que sus decisiones sean respetadas.

La realidad política y social de nuestro país no es la misma que hace seis años cuando se llevó a cabo la última reforma de gran calado en materia electoral, mucho menos es la misma que hace veinte. La estructura, integración y funcionamiento del IFE muestran notables signos de agotamiento, los cuales se han traducido en comicios electorales manipulados por los intereses gubernamentales y partidistas, así como en una deficiente distribución de los tiempos oficiales disponibles para la difusión de las plataformas y propuestas de campaña de candidatos a diversos puestos de elección popular. Dicho contexto no es merecedor de ajustes temporales o suma de facultades; al contrario, suplica una reingeniería del sistema electoral mexicano.

Ciertamente, tal como sostiene Giovani Sartori, la sociedad puede ser ampliamente modelada por la política, cuando falten garantías de los derechos fundamentales. Hoy nuestra sociedad exige no solo ser modelada, sino también ser transformada. Movimiento Ciudadano da un primer paso en la promoción de dicha transformación al presentar ante esta Honorable Asamblea una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impulsen a nivel institucional el cambio. Al respecto, proponemos, por un lado, la creación de un nuevo órgano electoral autónomo, que sustituya al IFE y, por otro lado, la reorganización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación se exponen, detalladamente, los elementos que integran esta iniciativa.

Ante la permanente intervención de los gobernadores de los estados en los órganos administrativos y jurisdiccionales estatales para privilegiar a los candidatos de su interés, se hace necesario el establecimiento de una institución encargada de organizar, supervisar y validar las elecciones en el ámbito nacional, para evitar la duplicidad de funciones y aparatos burocráticos en todos los órdenes de gobierno, cuyo costo lacera significativamente la economía de nuestro país.

Las atribuciones exclusivas que actualmente detenta el Instituto Federal Electoral, como administrar los tiempos de Estado en radio y televisión, elaborar el padrón electoral y la lista nominal y expedir la credencial para votar, son un claro parámetro para evaluar la factibilidad de tener una autoridad única en materia administrativa electoral. Esta propuesta pugna por un nuevo modelo jurídico orientado a otorgar certidumbre y credibilidad en todos los procesos electorales del país y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Así, este nuevo Instituto se constituiría como la instancia encargada de organizar las elecciones federales y locales, lo que robustecerá los principios constitucionales de la democracia, al realizar también la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados, así como de las autoridades municipales, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Desde finales del siglo XX se creó en nuestro país un sofisticado sistema electoral que descansa, principalmente en dos pilares institucionales. Por un lado, en el IFE, un organismo de carácter autónomo formado por ciudadanos independientes a los partidos políticos, encargado de preparar y llevar a cabo los procesos electorales y, por otro lado, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado en dirimir las controversias emanadas del incumplimiento de las leyes electorales, realizar cómputo final, calificar la elección llevada a cabo por el IFE y formular la declaratoria de presidente electo.

En este sentido, la justicia electoral mexicana, como elemento autónomo del Poder Ejecutivo, vio sus inicios en 1987 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, el cual, tres años después, se convirtió en el Tribunal Federal Electoral. Dicho Tribunal fue depositario, progresivamente de mayores facultades, hasta convertirse en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de agosto de 1996, cuando a través de la reforma al artículo 99 constitucional, el Tribunal pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con su configuración actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estructura en una Sala Superior y cinco Salas Regionales, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca. El Tribunal, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y la ley, está facultado para legitimar gobiernos y anular elecciones. De esa magnitud es su responsabilidad y la trascendencia de sus resoluciones. Así como la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en ser el máximo intérprete de la Constitución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación posee un rango similar en materia electoral. Es la instancia que garantiza la transmisión ordenada y democrática del poder en nuestro país.

Si bien, son incuestionables los avances democráticos que se han presentado durante las últimas décadas, el ritmo con que late el pulso democrático ha sido disímbolo a nivel local, ya que un alto porcentaje de los asuntos tratados en los Tribunales locales, concluyen en las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, una de las demandas ha sido generar órganos electorales de carácter nacional y expandir las buenas prácticas federales al ámbito local. Para ello, se requiere realizar las modificaciones pertinentes a nuestra Constitución Federal y a sus leyes secundarias.

Así pues, en esta iniciativa se plantea el fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la reforma a los artículos 99 y 116 constitucionales, ampliando las capacidades y atribuciones de este órgano, para una pronta y expedita impartición de justicia electoral. Asimismo, se propone el rediseño de su estructura, a efecto de que la Sala Superior funcione en Pleno o en Secciones, con Salas Regionales y Juzgados de Instrucción Electoral. También consideramos de suma importancia fortalecer la carrera judicial de sus integrantes, con el propósito de que desempeñen sus cargos con profesionalismo e imparcialidad.

En primer lugar, se busca transformar al Tribunal Electoral en la única instancia para resolver medios de impugnación contra actos y resultados relacionados con los procesos electorales federales y locales, así como aquellos que lesionan los derechos políticos de los ciudadanos.

En segundo lugar, se plantea que la facultad administrativa y de justicia electoral sea de exclusiva competencia federal, a fin de que no exista diversidad jurídica y de operación, las que generan confusión y falta de certidumbre en la ciudadanía, privilegiando el servicio profesional electoral y la carrera judicial en la nueva estructura. De hecho, actualmente, las Salas Regionales absorben alrededor del 80% de la carga laboral del Tribunal Electoral. Así pues, la nueva distribución geográfica de las Salas Regionales en circuitos judiciales electorales garantizará un acceso directo a la impartición de justicia, al acercar la primera instancia jurisdiccional electoral a la ciudadanía. Actualmente, la adscripción se liga a la circunscripción electoral, lo que genera, por ejemplo, que ciudadanos de Baja California tengan que acudir hasta la Sala Regional de Guadalajara o que comunidades indígenas de la costa del Pacífico oaxaqueño tengan que trasladarse hasta la Sala Regional de Xalapa.
En tercer lugar, a fin de que los demandantes no pierdan instancias judiciales es necesario que la Sala Superior redistribuya su carga de trabajo. Para ello, se establecen dos secciones conformadas cada una por tres magistrados, lo que generará una nueva segunda instancia y una mayor agilidad en la sustanciación de los asuntos. En ese sentido, el Pleno de la Sala Superior deberá determinar la competencia geográfica de los asuntos entre las secciones, a través de acuerdos generales. Asimismo, por la naturaleza y trascendencia de los casos, el Pleno de la Sala Superior deberá conservar la competencia para resolver determinados medios de impugnación y acordar otras cuestiones. Como resultado de esta nueva estructura, se instituirá una tercera instancia extraordinaria ante el Pleno de la Sala Superior, para aquellos asuntos trascendentales en los que, aún y cuando hayan sido resueltos por las secciones, subsistan problemas de constitucionalidad. Así, se establece el recurso de regularidad constitucional.

En cuarto lugar, la experiencia acumulada alrededor del trámite y desahogo de los procedimientos sancionadores obliga a diseñar un nuevo sistema de distribución de competencia para resolver dichos procedimientos. En consecuencia, se propone la creación de Juzgados de Instrucción electoral como órganos que sustancien la investigación respecto de las denuncias sobre violaciones a la normativa electoral, especialmente en materia de uso de tiempos oficiales en radio y televisión, propaganda política o electoral y actos anticipados de campaña o precampaña. De esta forma, los Juzgados de Instrucción serán los encargados de los procedimientos derivados de presuntas violaciones a los artículos 41 y 134 constitucionales.

En quinto lugar, con el fin de brindar un servicio profesional y eficiente a los ciudadanos y autoridades que lo requieran, se fortalecerá la carrera judicial electoral. Por un lado, se incorporará la figura del “Juez Instructor Electoral” a la carrera judicial y, por otro lado, se establece un mecanismo por medio del cual los Magistrados electorales regionales, al término de su cargo, sean ratificados por el Consejo de la Judicatura Federal como magistrados de circuito.

En sexto lugar, para adecuar el actual sistema de medios de impugnación a la nueva realidad y estructura propuesta, se establece un recurso extraordinario denominado recurso de regularidad constitucional. Dicho recurso es procedente ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en aquellos asuntos trascendentales en los que, aún y cuando hayan sido resueltos por las Secciones de la Sala Superior, subsistan problemas de constitucionalidad.

Por último, y en seguimiento a la reforma constitucional en materia de amparo de 2011, se plantea que al establecerse jurisprudencia por la que se determine la no aplicación de normas electorales por considerarlas contrarias a la Constitución, la Sala Superior notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta requiera a la autoridad responsable subsanar dicho vicio y, en caso de que subsista dicha inconstitucionalidad, la Corte haga la declaratoria correspondiente con efectos generales.

Además de estos cambios a los mencionados órganos electorales, la iniciativa propone una distribución más eficiente de los tiempos oficiales de radio y televisión, de manera que sean empleados para informar veraz y oportunamente al electorado sobre las propuestas de campaña de los candidatos, así como para generar espacios de interacción más directa entre éstos y aquellos. Para lo anterior, se eleva rango constitucional la obligación de destinar parte de los tiempos oficiales a la realización de debates entre candidatos en todos los niveles de gobierno. Asimismo, se prohíbe la realización de comicios electorales durante el primer y el quinto año de gobierno.

Al ser las instituciones un reflejo de la sociedad, aquellas deben evolucionar a la par de ésta. Los ciudadanos de hoy merecemos instituciones modernas, eficientes y capaces de garantizar el respeto de nuestros derechos políticos. Por tal motivo, es improrrogable acompañar los avances del país con una verdadera y profunda renovación institucional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Legislatura el proyecto de Decreto, para que de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.

Iniciativa con proyecto de Decreto a través del cual se reforma el párrafo segundo; se adicionan tres párrafos al Apartado A de la fracción III y se reforman los incisos a), c), d) y g) del mismo Apartado A; se reforman el primero y último párrafo del Apartado B; se reforma el primer párrafo del Apartado D y la fracción V en los párrafos primero, segundo, séptimo, noveno, décimo y décimo segundo. Se deroga el párrafo décimo primero y se adiciona el párrafo décimo tercero de la fracción V, del Artículo 41. Se reforma el Artículo 99. Se reforma la fracción octava del Artículo 115. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I, y el párrafo tercero de la fracción II; se derogan los incisos b), c), d) y l) de la fracción IV; se reforman los incisos a), e) y k) de la fracción IV, del Artículo 116. Se reforma el tercer párrafo del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO.- Se reforma el párrafo segundo; se adicionan tres párrafos al Apartado A de la fracción III y se reforman los incisos a), c), d) y g) del mismo Apartado A; se reforman el primero y último párrafo del Apartado B; se reforma el primer párrafo del Apartado D y la fracción V en los párrafos primero, segundo, séptimo, noveno, décimo y décimo segundo. Se deroga el párrafo décimo primero y se adiciona el párrafo décimo tercero de la fracción V, del Artículo 41. Se reforma el Artículo 99. Se reforma la fracción octava del Artículo 115. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I, y el párrafo tercero de la fracción II; se derogan los incisos b), c), d) y l) de la fracción IV; se reforman los incisos a), e) y k) de la fracción IV, del Artículo 116. Se reforma el tercer párrafo del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal se realizará mediante elecciones libres, secretas, auténticas, y concurrentes, conforme a las siguientes bases:

I. a II. …

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes

Para promover el voto informado mediante una mayor cultura cívica y participación democrática, es necesario que en tiempos de campaña se realicen programas de debate entre candidatos de la elección de que se trate. En tiempos fuera de períodos de campaña las plataformas, agendas legislativas, posicionamientos de los partidos políticos y agenda nacional serán confrontados en programas de análisis y debate.

Los formatos de debates entre candidatos y las mesas de análisis y debate de partidos políticos, serán definidos por la ley.

En su caso, y previa determinación de los distritos electorales y municipios, podrá hacerse lo propio con un impacto en las radiodifusoras y televisoras dentro de su cobertura y demarcación territorial.

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse del tiempo total disponible al que se refiere el inciso a): el setenta por ciento para cubrir el derecho de los partidos políticos; el veinte por ciento será destinado a debates entre todos los candidatos a la Presidencia de la República, Senadores, Diputados Federales, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, jefes delegacionales del Distrito Federal, Gobernadores de los estados, Diputados locales y presidentes municipales de las capitales de los estados y de los municipios de mayor población del país, en términos y criterios que determine la ley; el diez por ciento restante será utilizado por el INE para la promoción del voto.

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; en el caso de los debates, se realizarán entre las 13:00 y 15:00 horas y entre las 20:00 y 23:00 horas;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para Diputados Federales inmediata anterior;

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto lo distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria; un veinticinco por ciento lo utilizará para programas de análisis y debate sobre las plataformas, agendas legislativas, posicionamientos de los partidos políticos y agenda nacional; el veinticinco por ciento restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el distrito federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley.

a). (…)

b). (…)

c). (…)

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C (…)

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV. (…)

V. La organización de las elecciones federales, entidades federativas y del distrito federal, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

(…)

(…)

(…)

(…)

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

(…)

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Diputados Federales y Senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, Gobernadores, Diputados locales e integrantes de ayuntamientos, jefe de gobierno y jefes delegacionales en el Distrito Federal, respectivamente; así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

(Se deroga)

El Instituto Nacional Electoral es responsable de organizar las elecciones federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, en los términos de ley.

VI. (…)

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal se compondrá de una Sala Superior, la cual funcionará en Pleno o en Secciones, salas regionales y juzgados de instrucción electoral; sus sesiones de resolución serán públicas. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de Diputados y Senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de las elecciones en las entidades federativas.

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las tres fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Las impugnaciones de actos que violen la Base III del artículo 41 de esta Constitución, o normas relativas a propaganda política o electoral y contra actos anticipados de campaña o precampaña;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VIII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores:

IX. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

X. Las demás que señale la ley.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a petición de parte, conocerá, investigará y resolverá violaciones al voto universal, libre y secreto, en los términos que señale la ley.

Las acción a que se refiere el párrafo anterior podrá ejercitarse, en cualquiera de las etapas del proceso electoral en el plazo establecido en la ley, mediante:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado;

c) El Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico y/o Procurador General de la República;

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales;

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias;

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y las Comisiones de Derechos Humanos en las entidades federativas.

Las sentencias del Pleno de la Sala Superior y de sus secciones serán definitivas e inatacables; exceptuando aquellas de las secciones en las que subsistan problemas de constitucionalidad, caso en cual procederá el recurso de regularidad constitucional; y en aquellos casos en los que las secciones resuelvan, a través de procedimientos sancionadores, sobre actos competencia del Consejo General y otros órganos centrales.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, cuando el criterio sustentado constituya jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior dará un nuevo aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta proceda en términos del artículo 107 fracción II, párrafo tercero de esta Constitución.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, su funcionamiento en Pleno y en Secciones, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

El Pleno de la Sala Superior estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución de los asuntos que le competa conocer, así como remitir a las secciones y salas regionales, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, el propio Pleno de la Sala Superior determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Asimismo, el Pleno de la Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte de alguna de las secciones o de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas. De igual forma, las secciones de la Sala Superior podrán atraer los juicios que conozcan alguna de las salas regionales. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tal facultad.

Los Juzgados de Instrucción Electoral tendrán competencia para sustanciar los procedimientos sancionadores que se desprendan de las impugnaciones contra actos que violen la normas electorales y, especialmente, la Base III del artículo 41 de esta Constitución, o normas relativas a propaganda política o electoral y contra actos anticipados de campaña o precampaña. Una vez concluido dicho trámite, se encargarán de elaborar y presentar la propuesta de resolución ante las Salas Regionales o Secciones de la Sala Superior competentes, según se establezca en la ley. El Pleno de la Sala Superior estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución de los asuntos.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

La Comisión de Administración, mediante acuerdos generales, determinará el número de las Salas Regionales y Juzgados de Instrucción electoral, su distribución en circuitos judiciales electorales y su competencia territorial.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo quince años improrrogables, sólo podrán ser removidos en los términos del Título cuarto de esta Constitución y al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro, Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán nueve años en el ejercicio de sus funciones, al término de los cuales, si fueren ratificados por el Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establezca la ley, podrán ser designados como magistrados de circuito.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

Los Magistrados Electorales nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de la Sala Superior y las Salas Regionales, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Los Jueces de Instrucción durarán en su encargo nueve años y deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser juez de distrito. La ley establecerá las bases para su desarrollo en la carrera judicial.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. (…) a la VII. (…)

VIII. La ley introducirá el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

(…)

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. (…)

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos de la ley.

(…)

II. (…)

(…)

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale la ley;

(…)

III. (…)

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren fuera del año de los comicios federales no podrán realizar elecciones durante el primero y quinto año del ejercicio de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal.

b). DEROGADO

c). DEROGADO

d). DEROGADO

e). Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y el procedimiento de selección y registro de candidatos independientes, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

f). (…)

g). (…)

h). (…)

i). (…)

j). (…)

k).El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l). DEROGADO

m). (…)

n). (…)

V. (…) a la VII. (….)

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

(…)

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de Diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal adoptará las medidas presupuestarias necesarias para la integración de los Juzgados de Instrucción Electoral en términos del presente Decreto, a más tardar dentro de los siguientes treinta y seis meses de su publicación, en forma paulatina conforme al calendario electoral de las entidades federativas.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal adoptará las medidas presupuestarias necesarias para la integración del Instituto Nacional Electoral, en términos del presente decreto, a más tardar dentro de los seis años siguientes a la publicación, en forma paulatina conforme al calendario electoral de las entidades federativas.

CUARTO.- Para aquellos procesos electorales que hubieren iniciado antes de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se regirán hasta su conclusión con las normas vigentes al momento de iniciar dichos procesos electorales.

QUINTO.- Para homologar el proceso electoral federal con las entidades federativas y del distrito Federal, las legislaturas de los Estados y la Asamblea legislativa del Distrito Federal, realizarán las adecuaciones necesarias a las disposiciones normativas, con la finalidad de que los procesos electorales para elegir a sus representantes de elección popular se celebren de forma concurrente dentro del tercero y sexto año de gobierno del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO.- Cualquier órgano, centralizado o descentralizado, del Instituto Federal Electoral que cambie de adscripción, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, las asignaciones presupuestales autorizadas, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes que haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Layda Elena Sansores San Román".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

"Layda Elena Sansores San Román, Senadora integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto a través del cual, primero: se adicionan los incisos d), e) y f) al numeral 1 del artículo 19; se reforman los incisos f) y g) del numeral 1 del artículo 98; se reforma el numeral 2 del artículo 98; se reforma el numeral 2 del artículo 111, y se le adiciona un segundo párrafo; se reforma el numeral 1 del artículo 171; se reforma el numeral 1 del artículo 173; se reforma el numeral 1 del artículo 180; se reforma el numeral 2 del artículo 182; se reforman el inciso a) y se adiciona el inciso d) al numeral 2 del artículo 184; se reforma el numeral 1 y 4 del artículo 187; se reforma el numeral 1 del artículo 190; se reforma el numeral 1, y se deroga el numeral 2, del artículo 219, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo: se reforman los artículos 402, 403 primer párrafo, 405 primer párrafo, 406 primer párrafo y fracción VII, 407 primer párrafo, 409 primer párrafo, 411 y 412, todos del Código Penal Federal. Tercero: se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 76, y se le adiciona un inciso d); se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 77, y se le adiciona un inciso d); se adiciona un inciso d) al artículo 77 Bis; se reforma el numeral 1 del artículo 78 Bis, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema político vigente en nuestro país es el resultado de una serie de luchas provenientes de distintos frentes. El deseo de transitar de un régimen autoritario a uno democrático no es exclusivo de una clase o grupo social; al contrario, es un anhelo que se ha expresado en forma bidireccional, desde la base popular hacia la élite gobernante y viceversa.

Para México, como para una gran cantidad de países con características políticas, sociales, culturales y económicas similares, la transición hacia un régimen político sólido y funcionalmente democrático se ha convertido en un largo camino. Al respecto, conviene realizar algunas precisiones.

Intentar definir la “transición democrática” como un proceso homogéneo sería un gran error, por el contrario, ésta se fundamenta en una serie de procesos sucesivos y dependientes entre sí que, en su conjunto, aspiran a configurar un sistema democrático. En este sentido, grosso modo, la transición democrática puede dividirse en tres grandes etapas esenciales para su construcción. La primera, de carácter político, se instituye como la base del nuevo régimen, pues es en este periodo cuando el pueblo recupera, no solo de jure sino también de facto, el poder para gobernarse asimismo. Ahora, es el pueblo quien elige libremente a sus representantes y no la oligarquía gobernante.

La segunda etapa trasciende el ámbito político para materializarse en un acto jurídico. De esta manera, se lleva a cabo el tránsito desde un sistema jurídico con rasgos autoritarios hacia uno en donde se privilegia la autoridad de las instituciones basadas en la soberanía popular. Por último, alcanzar la tercera y más importante etapa de consolidación democrática depende, única y exclusivamente, de la madurez y conclusión de las etapas anteriores. Este proceso es el más complejo de los tres, pues en él no basta con lograr moldear las leyes o reformar el sistema jurídico en su conjunto o crear instituciones, sino requiere una ambiciosa y profunda transformación del imaginario popular. Así, rompe esquemas y destruye costumbres; su fin último es implantar nuevos hábitos y revolucionar la manera en que el ciudadano se define como ser político, ahora empoderado y responsable de las decisiones propias, pero aún más colectivas. Este es el momento en que el pueblo y particularmente la juventud comienzan a creer y valorar intensamente a la democracia, rechazando los vestigios del autoritarismo.

Si realizamos una evaluación objetiva y retrospectiva de nuestro régimen político actual, con base en las pautas descritas líneas arriba, descubriremos que estamos lejos de este régimen ideal, aquél definido como democrático. Nuestra propia historia ha sido testigo de importantes avances y de muchos intentos. En nuestros días, la alternancia partidista de principios del siglo XXI abrió, por un lado, nuevos canales de participación y toma de decisiones y, por otro, debilitó el presidencialismo; sin embargo, esto solo representó la aparición de una ruta hacia la ansiada democracia mexicana, pero se quedó trunca.

Hoy nos encontramos en el momento más difícil de la vida política de nuestro país, pues hemos logrado establecer los cimientos del régimen político que deseamos, pero no hemos encontrado la fórmula, ni se han implementado los mecanismos correctos para su consolidación. En este sentido, Movimiento Ciudadano, firme en su convicción de que el cambio es posible, reconoce que para llegar a él se requiere cumplir con las siguientes premisas fundamentales: a) reformar los poderes del Estado, de forma que den gobernabilidad y respondan a las demandas ciudadanas y no a grupos de interés; b) consolidar un sistema electoral auténticamente ciudadano, autónomo e imparcial, y c) abrir definitivamente los distintos medios masivos de comunicación, tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, para que puedan establecer alianzas y coaliciones y aumentar los niveles de responsabilidad política de los gobernantes hacia sus gobernados.

El país requiere acciones concretas y eficaces que le permitan concluir, en el menor tiempo posible, su transición hacia la democracia. Desde el seno del Poder Legislativo, es insoslayable la necesidad de renovar aquellas legislaciones donde predominan los intereses contrarios al desarrollo democrático y preservan los privilegios de unos cuantos. Dicha transformación traería como resultado no solamente la renovación de instituciones, a través de la liberación de influencias ajenas a sus principios y finalidades, sino que les otorgaría a los ciudadanos el sentimiento de pertenencia necesario para asumir la conducción de su país.

Por lo tanto, la significación que tiene la búsqueda del espíritu democrático, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el respeto a lo dictado por el artículo primero constitucional constituirán los primeros parámetros a partir de los cuales se comenzarán a elaborar de dispositivos que determinen el camino a transitar en la construcción jurídica, política y social de nuestro inacabado sistema político mexicano.

Así pues, Movimiento Ciudadano propone, como parte de un paquete integral de reformas, las modificaciones a tres de los cuerpos normativos más importantes en materia político electoral: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal federal.

En relación al COFIPE, nuestras propuestas giran en torno a cinco directrices centrales:

1. Prohibición de celebrar jornadas electorales durante el primero y quinto año de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal. A partir de esta restricción no solamente se dictan parámetros concretos para sincronizar las elecciones estatales y municipales para la reducción de costos, sino que se pretende dotar al Ejecutivo Federal de los instrumentos presupuestarios y temporales necesarios para concretar acciones y acuerdos que lleven a nuestro país a alcanzar las metas trazadas al inicio del gobierno.

2. Obligación de rendición de cuentas de manera individual en las coaliciones. Se han de indicar requisitos precisos en torno a la rendición de cuentas de los partidos políticos que se han coaligado, en el sentido de documentar las aportaciones recibidas, las que se presentarán de manera individual. Es decir, la fiscalización se guiará por los principios de transparencia y proporcionalidad.

3. Causales de remoción de los integrantes del Instituto Nacional Electoral. En aras de dotar a la instancia de mayor relevancia en la materia con características transparentes, se plantea la instauración de disposiciones claras que aseguren la permanencia de sus objetivos y finalidades, que eviten la intromisión de intereses diversos a los que envuelven su esencia, así como otorgar seguridad a la ciudadanía del fiel cumplimiento de sus principios. Lo anterior a través de la adición de causales por las que sus integrantes podrán ser sujetos a pérdida de su nombramiento.

4. El voto de los connacionales en el extranjero. Movimiento Ciudadano es partidario de la exigencia de protección y fortalecimiento de aquellos derechos que traspasan las barreras geográficas y temporales, por lo que es imperante el reforzamiento de acciones que lleven a concretar la facultad de los mexicanos que viven fuera del territorio nacional para ejercer este derecho político.

5. Cuotas de género. La participación de las mujeres en el desarrollo de la vida política nacional se ha visto coartada; las normas tendientes a proteger la igualdad de sus derechos frente a los del sexo opuesto han tomado décadas en alcanzar la fuerza jurídica y social necesaria para su implementación. Por lo que, en armonía a lo antes dictado, y bajo la perspectiva de paridad y de impulso a las mujeres, se propone la integración de las fórmulas, de diputados y senadores, por el mismo género.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano reconoce la importancia y trascendencia de los logros alcanzados en la materia, los que se han encuadrado en el reconocimiento de los derechos político electorales y en su salvaguarda, a través del establecimiento de los denominados delitos electorales. Así pues, con el interés de mantenerlos irrestrictos y fortalecer los mencionados derechos, se propone el endurecimiento de penas por medio del aumento de las sanciones establecidas en el Código Penal Federal.

Finalmente, en concordancia con las acciones tomadas a nivel internacional y nacional para combatir los delitos derivados de ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades ilícitas, se propone adicionar, como causa de nulidad de la elección de senadores, diputados de mayoría relativa y Presidente de la República la utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Legislatura el proyecto de Decreto, para que de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.

Iniciativa con proyecto de decreto a través del cual, primero: se adicionan los incisos d), e) y f) al numeral 1 del artículo 19; se reforman los incisos f) y g) del numeral 1 del artículo 98; se reforma el numeral 2 del artículo 98; se reforma el numeral 2 del artículo 111, y se le adiciona un segundo párrafo; se reforma el numeral 1 del artículo 171; se reforma el numeral 1 del artículo 173; se reforma el numeral 1 del artículo 180; se reforma el numeral 2 del artículo 182; se reforman el inciso a) y se adiciona el inciso d) al numeral 2 del artículo 184; se reforma el numeral 1 y 4 del artículo 187; se reforma el numeral 1 del artículo 190; se reforma el numeral 1, y se deroga el numeral 2, del artículo 219, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo: se reforman los artículos 402, 403 primer párrafo, 405 primer párrafo, 406 primer párrafo y fracción VII, 407 primer párrafo, 409 primer párrafo, 411 y 412, todos del Código Penal Federal. Tercero: se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 76, y se le adiciona un inciso d); se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 77, y se le adiciona un inciso d); se adiciona un inciso d) al artículo 77 Bis; se reforma el numeral 1 del artículo 78 Bis, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

PRIMERO.- Se adicionan los incisos d), e) y f) al numeral 1 del artículo 19; se reforman los incisos f) y g) del numeral 1 del artículo 98; se reforma el numeral 2 del artículo 98; se reforma el numeral 2 del artículo 111, y se le adiciona un segundo párrafo; se reforma el numeral 1 del artículo 171; se reforma el numeral 1 del artículo 173; se reforma el numeral 1 del artículo 180; se reforma el numeral 2 del artículo 182; se reforman el inciso a) y se adiciona el inciso d) al numeral 2 del artículo 184; se reforma el numeral 1 y 4 del artículo 187; se reforma el numeral 1 del artículo 190; se reforma el numeral 1, y se deroga el numeral 2, del artículo 219, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 19

1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir:

a) Diputados federales, cada tres años;

b) Senadores, cada seis años;

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años;

d) Diputados locales, cada tres años.

e) Ayuntamientos en los Estados y Jefes Delegacionales del Distrito Federal, cada tres años; y

f) Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cada seis años.

Artículo 98

1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a). Los partidos políticos nacionales que la forman;

b). La elección que la motiva;

c). El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición;

d). Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

e). El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos;

f).El porcentaje del monto de las aportaciones que corresponden a cada partido político coaligado, y del que rendirán cuentas individualmente cada uno de ellos;

g). Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quién o quiénes ostentarán la representación de la coalición;

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. Para lo cual deberá señalarse el porcentaje del monto de las aportaciones que corresponde a cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, y reportarlo de manera directa en los informes que cada partido rinde en términos de la presente Ley.

3. (…) al 7. (…)

B)

Artículo 111

1…

2. De darse la falta absoluta o remoción del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto, quien concluirá el periodo de la vacante.

Serán causales de remoción de Consejeros; La violación grave y sistemática de los derechos político electorales de los ciudadanos, el despliegue de conductas encaminadas a influir directamente en la organización o función de los partidos políticos, en la asignación injustificada de sus prerrogativas, en la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los poderes públicos en contravención a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, así como la violación flagrante al artículo 82 del presente ordenamiento.

Artículo 171.

1. El Instituto Nacional Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electorales en el ámbito nacional, así como en los módulos instalados para estos fines en el extranjero.

2. (…)al 4. (…)

Artículo 173.

1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años, recabada a través de la técnica censal total, y de electores residentes en el extranjero.

2. (…)

Artículo 180.

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Nacional Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía, y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán acudir a las oficinas o módulos del Instituto Nacional Electoral que se encuentren ubicados en las embajadas y consulados mexicanos.

2. (…) al 7. (…)

Artículo 182

1. (…)

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, así como embajadas y consulados mexicanos para ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

a). (…)

b). (…)

3. (…) al 5. (…)

Artículo 184.

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

a). (…)a la g). (…)

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) Cuando se incorpore en el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero.

b). (…)

c). (…)

d). Fecha de la solicitud de inscripción, entidad federativa y localidad donde se realice la inscripción.

3. (…)

Artículo 187.

1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del Instituto Nacional Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a). (…) a la c). (…)

2. (…)

3. (…)

4. En las oficinas o módulos del Registro Federal de Electores, dentro y fuera del territorio nacional existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

5. (…) al 7. (…)

Artículo 190.

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos dentro y fuera del territorio nacional que determine el instituto hasta el 31 de marzo del año de la elección, así como en las oficinas o módulos especiales para mexicanos residentes en el extranjero.

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con al menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las candidaturas que conforman la cuota de género, por ambos principios, se deberán integrar en fórmulas completas de propietarios y suplentes del mismo género.

2.DEROGADO

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 402, 403 primer párrafo, 405 primer párrafo, 406 primer párrafo y fracción VII, 407 primer párrafo, 409 primer párrafo, 411 y 412, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de cinco a diez años, y en su caso, la destitución del cargo.
Artículo 403.- Se impondrán de quinientos a un mil días multa y prisión de cinco a diez años, a quien:

I. (…) a la XIII. (…)

Artículo 405.- Se impondrá de un mil quinientos a dos mil días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario electoral que:

I. (…) a la XI. (…)

Artículo 406.- Se impondrán de dos mil quinientos a tres mil días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. (…) a la VI. (…)

VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos gubernamentales para su campaña electoral.

Artículo 407.- Se impondrán de un mil doscientos a un mil quinientos días multa y prisión de ocho a diez años, al servidor público que:

I. (…) a la lV. (…)

Artículo 409.- Se impondrán de un mil doscientos a un mil cuatro cientos días multa y prisión de ocho a nueve años, a quien:

I. (…) a la ll. (…)

Artículo 411.- Se impondrá de ochocientos a un mil quinientos días multa y prisión de siete a diez años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de nueve a diez años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

TERCERO.- Se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 76, y se le adiciona un inciso d); se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 77, y se le adiciona un inciso d); se adiciona un inciso d) al artículo 77 Bis; se reforma el numeral 1 del artículo 78 Bis, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 76

1. Son causales de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el quince por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles; o

d) Cuando se acredite que los candidatos o partido político ganador, recibió y/o utilizó recursos de procedencia ilícita.

Artículo 77

1. Son causales de nulidad de una elección de senadores en una entidad federativa, cualquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el quince por ciento de las casillas en la entidad de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos, o

b) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en la entidad de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, o

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría fueren inelegibles. En este caso, la nulidad afectará a la elección únicamente por lo que hace a la fórmula o fórmulas de candidatos que resultaren inelegibles.

d) Cuando se acredite que los candidatos o partido político ganador, recibió y/o utilizó recursos de procedencia ilícita.

Artículo 77 Bis

1. Son causales de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos, o

b) Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida,

c) Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible; o

d) Cuando se acredite que el candidato o partido político ganador, recibió y/o utilizó recursos de procedencia ilícita.

Artículo 78 Bis

1. Si las Salas del Tribunal Electoral declaran la nulidad de una elección de diputados federales, senadores, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, jefe de gobierno del Distrito Federal, jefes delegacionales del Distrito Federal, gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas de los Estados o Presidentes Municipales en la entidad de que se trate, por la causal señalada en el inciso d) de los artículos 76, 77 y 77 Bis, lo harán del conocimiento inmediato de la Fiscalía Autónoma de Delitos Electorales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para aquellos procesos electorales que hubieren iniciado antes de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, se regirán hasta su conclusión con las normas vigentes al momento de iniciar dichos procesos electorales.

Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Layda Elena Sansores San Román".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

"Layda Elena Sansores San Román, Senadora integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto a través del cual se crea la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy, como hace veinte años, la transición democrática en México sigue inconclusa. Esta crisis se ha gestado como resultado de una serie de factores políticos, sociales, culturales, económicos e históricos ampliamente conocidos; sin embargo, el centro de esta crisis radica en el ejercicio de la representación política. A nivel teórico, el poder reside en el pueblo y es el pueblo quien se gobierna asimismo. Empero, ante la dificultad de gobernarse por sí solo, el pueblo instrumentó mecanismos para delegar esta actividad a un número reducido de individuos que, en su representación y con su previo consentimiento, llevaría las riendas de la administración del poder público.

En México, la representación política se ha ejercido a través del sistema de partidos. Dicho sistema se funda en una base multipartidista y ha sido objeto de críticas constantes y variadas. Sin embargo, más allá de los resultados positivos o negativos de su implementación, ha proveído al país de la estabilidad política que goza desde el fin de la Revolución Mexicana.

Este sistema no solo es propio del régimen político mexicano, sino de la mayoría de los regímenes del mundo. Lo anterior, permite sostener que “las democracias modernas están fundadas en una pluralidad de partidos organizados y disciplinados”. La representación política cobijada en una forma de gobierno democrática implica “un régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por medio de elecciones sinceras y libres”. Así, a nivel teórico, el ciudadano elige depositar su confianza en un individuo o un conjunto de individuos para hablar y actuar en su nombre.

A pesar de ello, en el proceso de constitución del andamiaje institucional y procedimental para llevar de la teoría a la práctica la representación política, se generaron una serie de anomalías que desvirtuaron su esencia. De hecho, los partidos se han convertido al mismo tiempo en enlace y obstáculo entre el ciudadano y el Estado. De esta manera, se ha gestado una relación dialéctica entre el ciudadano y los partidos políticos. Por un lado, los primeros se encuentran incapacitados para ejercer, en conjunto, el poder de forma eficaz y eficiente, por lo que requieren de un medio capaz de materializar y traducir su derecho legítimo al gobierno en acciones concretas y en un proceso de toma de decisiones real. Sin embargo, por otro lado, la instrumentación de esta materialización y traducción que han realizado los partidos políticos para ejercer el gobierno ha sido errónea. De esta manera, tal como sostiene Duverger, entre la nación y el Parlamento se ha introducido un tercero entre ellos, que modificó, radicalmente, la naturaleza de sus relaciones. En este sentido, la actual y permanente crisis democrática de nuestro país ha sido resultado no del sistema de partidos políticos en sí, sino de su instrumentación.

Bajo estas premisas y en concordancia con los más altos ideales de Movimiento Ciudadano, se hace un llamado a esta Honorable Asamblea a reflexionar y tomar conciencia del compromiso histórico y la responsabilidad, no sólo con los ciudadanos que depositaron en cada uno de sus legisladores el ejercicio de su derecho político más grande, sino con nosotros mismos como servidores de la nación. Es imperdonable no reconocer que vivimos y somos cómplices de un sistema que le ha coartado al ciudadano, de forma magistral, su derecho de elección, pero más aún lo es hacerlo y no demandar el cambio. Hoy el problema no radica en el sistema de partidos políticos, sino en la estructura misma de su constitución. Éstos han alterado de manera profunda la noción de elección (selección de los gobernantes por los gobernados).

En Movimiento Ciudadano hemos decidido no seguir siendo cómplices del status quo del que hoy formamos parte; al contrario, queremos dar el primer paso y sentar las bases para gestar desde el seno del Poder Legislativo y más grande órgano de representación popular, el cambio institucional y sistémico que estamos demandando.

En este sentido, ponemos a su consideración una serie de reformas en materia político electoral que nacen del clamor ciudadano de llevar a su máxima expresión los derechos políticos que a través de nuestra Constitución Política y de diversos tratados y acuerdos internacionales, México ha reconocido. Por medio de esta iniciativa, se proponen cambios de fondo dirigidos, no sólo a fortalecer las estructuras del régimen político actual, sino más bien a reformarlas y transformarlas desde sus cimientos. Sin renunciar al sistema de partidos políticos imperante, se propone en primer lugar, reencontrar a los partidos políticos con su verdadera y más profunda razón de ser, aquella que define su actuar y permea, el funcionamiento institucional de este país, reorientándola a la defensa y el eficiente ejercicio del derecho ciudadano que ha sido depositado en ellos. En segundo lugar, busca sanear y democratizar la organización interna de los partidos políticos, al establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas que eliminen los gérmenes de la burocratización, la personalización del poder y las tendencias oligárquicas de éstos. Al respecto, es indispensable flexibilizar su operación y trabajar por renovar sus estructuras autocráticas. Así pues, el fin último de esta iniciativa es recuperar la base simple de la democracia, aquella donde al ciudadano se le da la libertad y el derecho de escoger sin intermediación a sus candidatos.

Ley de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

La Ley de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes regula lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, marcando un hito histórico en su regulación. Esta Ley rompe con el paradigma de la representación popular a través del sistema de partidos, al reconocer nuevas figuras y establecer procedimientos especiales para acceder, por otros medios, a dicha representación; tal es el caso de las candidaturas independientes. La estructura de esta Ley está dividida en dos grandes libros. El primero dedicado a los partidos políticos y, el segundo, a las candidaturas independientes. El primer título, del libro primero, define las generalidades; el segundo título establece las bases para la constitución y registro de los partidos políticos, así como los derechos y obligaciones que poseen. Asimismo, en dicho título se incluye el capítulo relativo a la regulación de la vida democrática de los partidos, así como la transparencia y publicidad de sus procedimientos internos de elección de candidatos y candidatas de representación popular, buscando equilibrios en materias tan relevantes como la perspectiva de género.

El título tercero reglamenta lo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos conforme a lo dispuesto por la Constitución. Se incluyen criterios y principios de contabilidad orientados a que cada partido se haga responsable de reportar, en estricto apego a ellos, el ejercicio de los recursos que erogue directamente o en coalición. Cabe destacar el contenido del último capítulo de este título en referencia a la responsabilidad de los partidos políticos de respetar sus plataformas electorales, disposición que los obliga a cumplir las propuestas que los llevaron al gobierno o a la representación popular y en las cuales la sociedad depositó su confianza; de no cumplir con lo estipulado en su plataforma electoral, estarían traicionando la confianza de los electores, quienes les otorgaron la responsabilidad de su representación política.

Por su parte, en el libro segundo se expone la regulación de las candidaturas independientes a fin de generar certeza en la participación y acceso ciudadano al poder público, bajo un procedimiento apegado estrictamente al derecho de votar y ser votado en igualdad de circunstancias. El irrestricto respeto constitucional, permite, a su vez, la permanencia y fortalecimiento del sistema de partidos.
La iniciativa de reforma viene acompañada de reformas no solo a la Constitución Política, sino a otros ordenamientos jurídicos vigentes. Tal es el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y el Código Penal Federal. Las modificaciones planteadas a este último cuerpo normativo buscan sancionar, con mayor rigor, todas aquellas conductas que lesionen los derechos de los ciudadanos, mediante la intervención abusiva de las autoridades electorales y los servidores públicos. Aunado a lo anterior, se propone también una amplia regulación en cuestión de cuotas de género, propaganda electoral y voto en el extranjero que completan el marco en el cual se inserta esta iniciativa.

A grandes rasgos, se han expuesto los elementos que integran nuestra propuesta, así como el trasfondo histórico y el compromiso político y moral que la fundamentan. Ante el escenario esbozado y los retos de su transformación, cabe mencionar que las reformas propuestas constituyen un primer pero sólido y arriesgado intento de renovación institucional. El objetivo fundamental de esta iniciativa va más allá de la modernización de una serie de ordenamientos jurídicos; lo que se busca en realidad es dotar de verdadero contenido a la noción de democracia, entendiéndola ya no como aquella donde el poder reside en el pueblo, sino donde el pueblo tiene un auténtico acceso a canales de representación, actuación y movilidad en las estructuras de poder.

La democracia contemporánea está íntimamente ligada al régimen de partidos, pero a un régimen abierto y transparente, que reduce, al máximo, su estructura oligárquica, la que hasta nuestros días ha generado una lealtad partidista que se refleja en una toma de decisiones basada en intereses particulares y no en el bienestar colectivo. Para lo anterior, es necesario acabar con el monopolio de la representación política y la designación cooptada de candidatos y, por el contrario, generar más canales de representación. El reconocimiento a nivel constitucional de las Candidaturas Independientes se constituye como el pilar de la transición a un verdadero régimen político democrático. Sin embargo, en su regulación estará la clave para no cometer los errores que se presentaron en la instrumentación del sistema de partidos, sino que se otorguen garantías de igualdad para todos los contendientes, con o sin partido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Legislatura el proyecto de Decreto, para que de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.

Iniciativa con proyecto de decreto a través del cual se crea la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.

UNICO.- Se expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para quedar de la siguiente forma:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

LIBRO PRIMERO

TITULO PRIMERO

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de observancia general y tiene por objeto la regulación sustantiva del sistema de partidos políticos y candidaturas independientes.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

A. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

B. Código: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

C. Ley de Partidos: La Ley General de Partidos Políticos;
D. Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

E. Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y

F. Partido: Los partidos políticos en general con vigencia y eficacia jurídica reconocida.

G. Candidatura Independiente: Aquella que deriva de los procedimientos establecidos en la Ley para la obtención de registro como candidato no postulado por partido político alguno, para contender por un cargo en elecciones constitucionales.

Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponderá al Instituto y su interpretación al Tribunal, observando en todo caso el contenido del artículo 1 de la Constitución.

La interpretación de esta Ley se realizará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código, y a falta; se aplicaran los principios generales del derecho.

Capítulo Segundo
De los Ciudadanos

Artículo 4.- Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente.

Artículo 5.- Es derechos de los mexicanos participar en los procesos electorales en los términos y condiciones que determine la constitución, el código y esta Ley.

Artículo 6.- Son derechos del ciudadano:

a) Votar en las elecciones populares, libres y auténticas;

b) Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

c) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

d) Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; y

Sin perjuicio de las demás que otorga la Constitución y otras leyes.

TITULO SEGUNDO
PARTIDOS POLITICOS
DE LA CONSTITUCION, REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Capítulo Primero
De los Partidos Políticos

Artículo 7.- Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución Federal, la Constitución Particular y esta Ley.
Artículo 8.- De acuerdo a la Constitución, esta Ley determina los derechos y prerrogativas de que gozan los partidos políticos, así como las obligaciones a que quedan sujetos.

La presente Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.

Artículo 9.- Los partidos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, conforme a la misma, establezca su normatividad interna. En los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos sólo podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal.

Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la presente Ley. El Instituto vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la legislación aplicable.

Artículo 10.- Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente o cualquier forma de asociación corporativa en la conformación y toma de decisiones de los partidos políticos.

Capítulo Segundo
De los militantes

Artículo 11.- Todo ciudadano inscrito en el Registro Federal de Electores puede ser militante de cualquier partido político u organización o agrupación política, legalmente constituida.

Los menores de dieciocho años podrán participar voluntariamente en actividades partidistas en los términos que cada partido expresamente determine en sus documentos básicos, pero siempre estarán sujetos a respetar el contenido de dichos documentos.

Artículo 12.- La afiliación como militante a un partido político es individual, libre, pacífica y voluntaria.

Artículo 13.- Los ciudadanos que se inscriban como militantes de un partido adquieren por ese solo hecho, el compromiso de cumplir y hacer cumplir los documentos básicos, que engloban, la ideología política de ese partido político.

Artículo 14.- Los Ciudadanos que adquieren el registro de militante, concurren con igualdad de derechos, trato y acceso equitativo a las oportunidades que otorgue la Constitución, los Tratados Internacionales, el Código y esta Ley.

Artículo 15.- Los militantes de los partidos políticos poseen como derechos políticos electorales inherentes a su calidad de personas, los siguientes:

a) Estar informado sobre la política nacional y la vida interna del partido político del cual es militante;

b) Expresar libremente su opinión;

c) Votar y ser votado en las elecciones internas del partido y externas para cargos de elección popular;

d) Crear asociaciones u organizaciones sociales para mejorar la vida política y democrática del país, por conducto de su partido político;

e) Renunciar a formar parte del partido político en que milita; y

Los demás que otorguen esta Ley y otras disposiciones, sean nacionales o internacionales ratificadas por nuestro país.
Capítulo Tercero
De la Constitución

Artículo 16.- Los ciudadanos con derecho al sufragio, podrán constituir libremente partidos políticos conforme a lo prescrito en la Constitución, el Código y esta Ley.

Ningún ciudadano podrá tener afiliación simultánea en más de un partido político.

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberán obtener su registro ante el Instituto.

Los partidos tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución el Código y esta Ley.

Los partidos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas y las que, conforme, establezcan sus estatutos.

Artículo 17.- Para constituir un partido político, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados:

I.- Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

a) El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, conforme a esta Ley; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;

b) Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y

c) Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas nacionales.

II.- Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

a) Que asistieron los delegados electos en las asambleas estatales o distritales;

b) Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;

c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;

d) Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y

e) Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por esta Ley.

Estas listas contendrán los datos requeridos en el inciso b) de la fracción anterior.
III.- El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.

IV. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 18.- Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

I. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los términos de esta Ley.

II. Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, esta información deberá presentarse en archivos en medio digital; y

III. Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.

Capítulo Cuarto
Del Registro

Artículo 19.- Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; y

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso;

c) c). bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 20.- La declaración de principios contendrá por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que se prohíbe financiar a los partidos;

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.
Artículo 21.- El programa de acción determinará las medidas para:

I. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;

II. Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;

III. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados inculcando en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la competencia política; y

IV. Promover la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 22.- Los estatutos establecerán:

I. La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

II. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

III. Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

a) Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido;

b) Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;

c) Comités o equivalentes en las entidades federativas; y

d) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña, campaña y jornada electoral a que se refiere esta Ley, así como las causas de responsabilidad de los titulares de éste órgano por actos u omisiones que afecten el patrimonio o los recursos financieros del partido.

IV) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;

V) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

VI) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y

VII) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.

Artículo 23.- El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una Comisión de tres consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo 18, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley. La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.
El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.

Artículo 24.- El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

Artículo 25.- Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en de las elecciones federales ordinarias para diputados, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley.

La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece el Código y esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Capítulo Quinto
De los Derechos y las Obligaciones de los Partidos políticos

Artículo 26.- Son derechos de los partidos políticos nacionales:

a. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b. Gozar de las garantías que esta Ley, les otorga para realizar libremente sus actividades;

c. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución;

d. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales, en los términos de Código y esta Ley;

e. Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos del Código;

f. Cuando se conformen coaliciones, la responsabilidad de los partidos políticos integrantes lo será en la misma proporción o porcentaje en que realizaron su aportación de financiamiento.

g. Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución;

h. Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, en los términos de la Constitución y el Código;
i. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;

j. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno;

k. Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales; y

l. Participar con sus candidatos en los debates que organice el Instituto.

m. Los demás que les otorgue el Código y esta Ley.

Artículo 27.- Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de los derechos humanos y sus garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

III. Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro y publicar anualmente su padrón en su página de internet;

IV. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes;

V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

VII. Contar con domicilio social para sus órganos directivos;

VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

IX. Sostener, por lo menos, un centro de formación política;

X. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

XI. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

XII. Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.

XIII. Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social;
XIV. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

XV. Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña, campaña y jornada electoral, así como para realizar las actividades enumeradas en el Código;

XVI. Dentro de las actividades ordinarias se contemplará la formación de cuadros, debiendo aplicar en forma específica para esta actividad el 2% (dos por ciento) del financiamiento recibido;

XVII. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo del Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución;

XVIII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

XIX. Abstenerse de realizar afiliaciones gremiales de ciudadanos;

XX. Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

XXI. Cumplir con las obligaciones que el Código les establece en materia de transparencia y acceso a su información;

XXII. Publicar en su página electrónica el contenido íntegro de la plataforma electoral registrada en el proceso electoral inmediato anterior por cada elección y los avances anuales de cumplimiento de la misma, y

XXIII. Abstenerse de recibir y/o utilizar en sus precampañas y campañas, recursos de procedencia ilícita.

XXIV. Las demás que les establezca el Código.

Las modificaciones a que se refiere la fracción XII del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.

Artículo 28.- Los directivos y los representantes de los partidos políticos son responsables por los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones.

Artículo 29.- No podrán ser representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto:

I. Los jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial.

II. Los magistrados o secretarios del Tribunal Electoral;

III. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas o de la policía federal, estatal o municipal;

IV. Los agentes del Ministerio Público del fuero común o federal;

V. Los servidores públicos que ocupen cargos directivos de jefes de oficina o superiores, independientemente de su denominación, en la administración pública federal, estatal o municipal, incluidos los delegados y subdelegados municipales;

VI. Los consejeros, funcionarios o empleados del Instituto; y

VII. Los ministros de cualquier culto religioso.
Capítulo Sexto
De la Democracia Interna de los Partidos Políticos

Artículo 30.- Los partidos políticos son formadores de la voluntad política, cooperadores de la representación popular, por lo que están obligados a potencializar al máximo los derechos político electorales de sus afiliados. Sus documentos básicos garantizarán los elementos esenciales para la organización y funcionamiento de la democracia interna en su desarrollo institucional.

Artículo 31.- Los partidos Políticos en su régimen normativo interior, deberán contar con los documentos básicos siguientes:

I. La declaración de principios;

II. Programa de acción;

III. Estatutos; y

IV. Reglamentos para cumplir con sus fines.

Artículo 32.- La declaración de principios establecerá las bases mínimas siguientes:

1. La ideología política sustentada en principios democráticos;

2. Realizar sus actividades dentro de los cauces pacíficos;

3. Respetar el Estado de Derecho constitucional y Legal;

4. La obligación de abstenerse de convenir con representantes de otros gobiernos ajenos al Estado Mexicano.

Artículo 33.- El Programa de acción establecerá cuando menos las siguientes líneas de acción:

1. Exponer las soluciones políticas, económicas y sociales, a los problemas que aquejan al país;

2. Exponer las bases de la estrategia principal para generar una firme convicción de respetar, procurar y garantizar los derechos fundamentales de las personas;

3. Establecer de forma precisa y clara las acciones para alcanzar los objetivos de la declaración de principios;

4. Indicar estrategias internas de partido, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia en el partido;

Artículo 34.- Los estatutos para ser considerados democráticos deberán establecer los elementos mínimos siguientes:

1. La asamblea u órgano equivalente, como órgano máximo de decisión del partido, el cual deberá conformarse con todos los afiliados, o con el número de delegados o representantes señalados en sus estatutos, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente, como extraordinariamente, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente;

2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido;

3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas previamente establecidas, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad;
4. La existencia de procedimientos auténticos donde se garanticen la igualdad en la elección de dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio;

5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y

6. Mecanismos de control de poder, a fin de regular la revocación de los titulares de los órganos de dirección del partido, las causas de incompatibilidad entre los distintos cargos de dirección dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos de mandato interno.

Capítulo Séptimo
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos

Artículo 35.- Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, y el Código, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

I. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, el Código y esta Ley.

II. Son asuntos internos de los partidos políticos:

a. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

b. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

c. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

d. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y

e. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados;

III.- Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal.

Artículo 36.- Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

I. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes.
II. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra de la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación.

III. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

IV. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos.

V. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 37.- Los partidos políticos en su régimen normativo interior, gozan de libertad de autodeterminación, siempre y cuando aseguren la vigencia y defensa del sistema del Estado constitucional democrático de derecho; las autoridades electorales deberán de cumplir el principio de intervención mínima al interior de los partidos políticos en el que se respete su capacidad de organización, administración y su actividad funcional.

TITULO TERCERO

Capítulo Primero
De la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Artículo 38.- Los partidos políticos como entidades de interés público se sujetarán a la fiscalización del órgano correspondiente, en los siguientes rubros:

a).- Por actividades ordinarias;

b).- Por actos de precampaña electoral;

c).- Por actos de campaña electoral, y

d).- Por su participación en la jornada electoral.

Artículo 39.- Serán fiscalizables los gastos erogados el día de la jornada electoral con motivo de la representación de partidos políticos, por lo que éstos deberán informar concentradamente del registro de sus representantes ante los distintos órganos, así como de los gastos que se originen en la jornada.

Son fiscalizables las erogaciones que realicen los partidos políticos en efectivo o en especie para el día de la jornada electoral, aún los realizados en concepto de apoyos otorgados a los dirigentes, representantes, abogados, movilizadores, afiliados, simpatizantes o adherentes.

El apoyo que reciban los representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casilla en ningún caso podrá exceder el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

El Instituto emitirá los criterios contables, la forma específica y los anexos contables que integrarán el informe que deberán rendir los partidos políticos por participación en la jornada electoral.
Capítulo Segundo
De la Responsabilidad política de los partidos

Artículo 40.- Los partidos políticos tienen la responsabilidad política de cumplir las propuestas establecidas en sus plataformas electorales y agendas legislativas registradas ante el Instituto, en cada proceso electoral.

Artículo 41.- El incumplimiento de las propuestas de plataforma electoral y agenda legislativa establecidas se considera una violación a las Normas Electorales establecidas, por lo cual, procederá una sanción, en los términos del capítulo relativo a las faltas administrativas y sanciones de la Ley respectiva.

Artículo 42.- El instituto vigilara el cumplimiento de las plataformas electorales y agenda legislativa de cada partido político que haya llegado a tener representación en el poder público; para lo cual emitirá la reglamentación aplicable a fin de garantizar la observancia de esta ley.

Artículo 43.- El Instituto por medio de sus órganos correspondientes emitirán dictamen relativo al cumplimiento de la plataforma electoral y agenda legislativa respectivas, el cual, una vez aprobado por el Consejo General, se publicaran en el Diario Oficial de la Federación y en su página de internet.

Artículo 44.- La ley establecerá quien gozará de legitimación para iniciar el procedimiento y el Instituto la reglamentación aplicable al procedimiento administrativo sancionador.

LIBRO SEGUNDO

TITULO UNICO
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Capítulo Primero
Disposiciones preliminares

Artículo 45.- Será considerado candidato independiente, el ciudadano que haya obtenido su registro ante el Instituto por haber cumplido con los requisitos exigidos por la Constitución, el Código y la presente Ley, para participar en el proceso electoral de que se trate.

Artículo 46.- En la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, así como Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en cada entidad federativa o del Distrito Federal, se garantizará la participación de candidaturas independientes.

Artículo 47.- Para la elección de Presidente de la República podrá participar sólo un candidato independiente, como resultado de los procedimientos y reglas señaladas en la ley.

Artículo 48.- Para la elección de Senadores y Diputados federales podrá participar sólo una fórmula de candidatos por cada circunscripción uninominal en la elección por el principio de mayoría relativa, como resultado de los procedimientos y reglas señaladas en la ley.

Artículo 49.- Para la elección de Senadores y Diputados federales por el principio de representación proporcional se signará una lista que contendrá una sola fórmula de candidatos independientes, resultantes de los procedimientos y reglas señaladas en esta ley.

Artículo 50.- Para la elección de Gobernador, Diputados locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como Ayuntamientos se garantizará la participación de candidaturas ciudadanas en los términos y condiciones que se señalen en la legislación.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Artículo 51.- Los ciudadanos que resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en el presente Título tienen derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral para ocupar los siguientes cargos de elección popular:

I.- Presidente de la República;

II.- Senadores de mayoría relativa;

III.- Diputados Federales;

IV.- Gobernador;

V.- Diputados Locales de mayoría relativa, y

VI.- Miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa.

Los candidatos independientes registrados en las fracciones II, III, V y VI a que se refiere este artículo, gozaran del derecho a ser asignados a ocupar los cargos de diputados o regidores por el principio de representación proporcional.

Artículo 52.- Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos independientes deberán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes.

Artículo 53.- El financiamiento privado que manejen los candidatos independientes, será estrictamente obtenido y erogado dentro de los plazos previstos en este Título, según la modalidad de elección de que se trate.

Artículo 54.- De aprobarse el registro de candidatos independientes, el Instituto dará aviso en un plazo no mayor a setenta y dos horas a la instancia respectiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos procedentes por cuanto su acceso a la radio y televisión.

El Organo Electoral que corresponda pondrá a consideración del Comité de Radio y Televisión del Instituto una propuesta de distribución, tomando en consideración el número de candidatos registrados para cada cargo de elección popular.

Artículo 55.- En lo no previsto en este Título para los candidatos independientes se aplicarán, las disposiciones establecidas en la Ley Electoral para los candidatos de partidos políticos y en su caso, las aplicables a los partidos políticos.

CAPITULO TERCERO
DEL PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Artículo 56.- El proceso de selección de candidaturas independientes inicia con la convocatoria que emita el Consejo General y concluye con la declaratoria de candidatos independientes que serán registrados.

Dicho proceso comprende las siguientes etapas:

I. Registro de aspirantes;

II. Obtención del respaldo ciudadano, y

III. Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes.
Artículo 57.- Dos meses antes del inicio de las precampañas del año de la elección, el Consejo General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, participen en el proceso de registro para contender como candidatos independientes a un cargo de elección popular.

La Convocatoria deberá publicarse por lo menos, un mes antes del inicio de las precampañas del año de la elección, en al menos dos medios de comunicación impresos de mayor circulación y en la página de Internet del Instituto, y contendrá al menos los siguientes elementos:

I. Fecha, nombre, cargo y firma del órgano que la expide;

II. Los cargos para los que se convoca;

III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a favor de los aspirantes, que ningún caso excederán a los previstos en esta Ley y él Código;

IV. El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes de aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan personalmente a manifestarle su apoyo;

V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos, y

VI. Los términos para el rendimiento de cuentas del tope de gastos de pre-campaña y campaña, así como, la procedencia legal de su origen y destino.

Artículo 58.- Los interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos independientes deberán presentar la solicitud respectiva, en los plazos y ante el órgano electoral que determine la Convocatoria.

Artículo 59.- La solicitud deberá presentarse de manera individual en el caso de la elección de Presidente de la República, Gobernador, por fórmula en el caso de Diputados o Senadores y por planilla o lista en el de Ayuntamientos, y contendrá como mínimo la siguiente información:

I. Apellido paterno, materno y nombre completo;

II. Lugar y fecha de nacimiento;

III. Domicilio y tiempo de residencia y vecindad;

IV. Clave de credencial para votar;

V. Tratándose del registro de fórmulas, deberá especificarse el propietario y suplente;

VI. La designación de un representante, así como del responsable del registro, administración y gasto de los recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano;

VII. La Identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en la propaganda para obtener del respaldo ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o acreditación vigente. Si dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta, y

VIII. La designación de domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; mismo que se ubicará en la capital del Estado o cabecera municipal o distrital, según la elección que se trate.

Para efectos de la fracción VII de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el Consejo General apruebe para la impresión de las boletas electorales.
Artículo 60.- Para efectos del artículo anterior, el Instituto, facilitará los formatos de solicitud de registro respectivos, que deberán acompañarse, por cada uno de los solicitantes, de la siguiente documentación:

I. Copia certificada del acta de nacimiento;

II. Copia de la credencial para votar;

III. Original de la constancia de residencia y vecindad;

IV. El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos independientes, y

V. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos señalados por la Constitución para el cargo de elección popular de que se trate.

Artículo 61.- Recibidas las solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas independientes por el órgano electoral que corresponda, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución, así como en el Código esta Ley y en los Lineamientos que para tal efecto se hayan emitido.

Si de la verificación realizada se advierte la omisión de uno o varios requisitos, el Instituto, a través de la Dirección de Partidos Políticos, notificará personalmente al interesado, o al representante designado, dentro de las siguientes 24 horas para que, en un plazo igual, subsane el o los requisitos omitidos. En caso de no cumplir con dicha prevención en tiempo o en forma, el Consejo General desechará de plano la solicitud respectiva.

Artículo 62.- El Consejo General deberá emitir los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a candidaturas que procedan, en las siguientes fechas:

I. Para Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales a más tardar cinco días antes del día del inicio de las precampañas electorales del año previo al de la elección;

II. Para Gobernador, a más tardar tres días antes del día de inicio de las precampañas electorales del año de la elección;

III. Para Diputados de mayoría relativa, a más tardar dos días antes del día de inicio de las precampañas electorales del año de la elección; y

IV. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa, a más tardar un día antes del día de inicio de las precampañas electorales del año de la elección.

Dichos acuerdos se notificarán a todos los interesados mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto, lo cual deberá acontecer dentro de las siguientes doce horas en que hayan sido aprobados.

Artículo 63.- La etapa de obtención del respaldo ciudadano, independientemente del cargo al que se aspire, sea Presidente de la República, Senador, Diputado, Gobernador, diputado y miembros de Ayuntamientos será de sesenta días anteriores al inicio del plazo, para el registro de las candidaturas, ante el órgano electoral respectivo.

Durante este plazo los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones de precampaña para obtener el respaldo de la ciudadanía, mediante manifestaciones personales, cumpliendo los requisitos que establece esta Ley, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender en la elección constitucional.

Tales actos deberán estar financiados por aportaciones o donativos, en dinero o en especie efectuados a favor de los aspirantes a candidatos independientes, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, distintas a los partidos políticos y a las comprendidas en la normatividad respectiva, respetando los montos máximos de aportaciones permitidas para los partidos políticos. Las erogaciones estarán sujetas al tope de gastos a que se refiere esta Ley.
Artículo 64.- Las manifestaciones de respaldo para cada uno de los aspirantes, según el tipo de cargo al que se aspire, se recibirán en los inmuebles destinados para los órganos desconcentrados, pertenecientes al Instituto, una vez que queden debidamente instalados, exclusivamente dentro de la etapa de obtención del respaldo de que se trate.

Artículo 65.- Son derechos de los aspirantes registrados:

I. Participar en la etapa de obtención del respaldo ciudadano;

II. Obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en los términos precisados en la normatividad respectiva;

III. Presentarse ante los ciudadanos como precandidatos independientes y solicitar su respaldo informando sobre el procedimiento para ello;

IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los precandidatos de partidos políticos y coaliciones, conforme a lo dispuesto en los artículos de esta Ley, y

V. Designar representantes ante los órganos del Instituto que correspondan, a efecto de vigilar el procedimiento de obtención del respaldo ciudadano.

Artículo 66.- Son obligaciones de los aspirantes registrados:

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución, al Código y la presente Ley;

II. Abstenerse de solicitar el voto del electorado;

III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos religiosos o racistas;

IV. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “aspirante a candidato independiente”;

V. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, teléfonos, fotocopiadoras, faxes y herramientas de Internet, para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto de obtención de respaldo ciudadano;

VI. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, y cualquier otro respaldo corporativo.

VII. Abstenerse de recibir recursos económicos de los sujetos que pueden otorgar financiamiento indebido;

VIII. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el respaldo ciudadano;

IX. Retirar la propaganda utilizada, antes del inicio del plazo para registro de candidatos de la elección de que se trate; y

X. Las demás que establezcan el Código, esta Ley y los lineamientos electorales que al efecto se emitan.
Artículo 67.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los órganos desconcentrados para tal efecto con su credencial para votar vigente, conforme a las siguientes reglas:

I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el formato correspondiente que para tal efecto apruebe el Consejo General y contendrán la firma o huella del ciudadano directamente interesado;

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto se designen y de los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos o coaliciones y que los propios aspirantes decidan acreditar;

III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales o Locales, serán presentadas en las sedes de los órganos desconcentrados que correspondan al domicilio de los ciudadanos que decidan manifestar su apoyo;

IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a miembros de Ayuntamiento serán presentadas en el órgano desconcentrado que corresponda a la demarcación por la que se pretenda competir y exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito territorial, y

En la Convocatoria se establecerán lineamientos para la adecuada recepción de las manifestaciones de respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación de módulos que acuerde, en su caso, el Consejo General del Instituto.

Artículo 68.- Las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas en los siguientes casos:

I. Cuando se haya presentado, por la misma persona, más de una manifestación a favor del mismo aspirante, debiendo prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada;

II. Cuando se hayan expedido por la misma persona a dos o más aspirantes al mismo cargo de elección popular;

III. Cuando carezcan de la firma o, en su caso, huella o datos de identificación en el formato previsto para tal efecto; o bien, cuando tales datos no sean localizados en el padrón electoral;

IV. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja del padrón electoral por encontrarse en alguno de los supuestos señalados en la legislación aplicable, y

V. Cuando los ciudadanos que las expidan no correspondan al ámbito estatal, distrital o municipal por el que el aspirante pretenda competir.

Artículo 69.- Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del Instituto.

La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:

I. El Instituto, a través de la Dirección de Partidos Políticos, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular;

II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas;
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral de la elección, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en la elección de que se trate, y

IV. En el caso de aspirantes al cargo de Presidente de la República Gobernador, Senadores, Diputados Federales o Locales y miembros de Ayuntamiento no reciben el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral de la elección de que se trate, se aplicará lo establecido en la fracción anterior.

Artículo 70.- El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, cinco días después de que concluya el plazo para que los ciudadanos acudan ante los órganos electorales a manifestar su apoyo a favor de los aspirantes a candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate.

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes doce horas a todos los interesados, mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. Además la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su publicación en por lo menos dos de los diarios de mayor circulación en el país.

Artículo 71.-Los aspirantes a candidatos independientes que tengan derecho a registrarse como tales, tendrán la obligación de presentar dentro de los dos días posteriores a la emisión de la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, un informe detallado en el que acrediten el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la obtención del respaldo ciudadano, incluyendo la identificación y monto aportado por cada persona. Asimismo, dicho informe deberá dar cuenta del destino los recursos erogados para tales propósitos, conforme lo dispongan los lineamientos que se emita para tal efecto.

A más tardar un día antes del inicio del plazo de registro de candidaturas respectivo, el Consejo General emitirá un dictamen en el cual verificará la licitud de los recursos, así como que los gastos erogados se encuentran dentro del tope y los montos máximos de aportación permitidos.

CAPITULO CUARTO
DEL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Artículo 72.- Para obtener su registro, los ciudadanos que hayan sido seleccionados como candidatos independientes en términos del Capítulo anterior, de manera individual en el caso de Presidente de la República, Gobernador, mediante fórmulas o planillas en el caso de Senadores Diputados o miembros de ayuntamientos de mayoría relativa, respectivamente, deberán presentar su solicitud dentro de los plazos a que se refiere este código.

Artículo 73.- Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos independientes, al momento de solicitar el mismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ratificar el programa de trabajo previamente registrado ante el Instituto;

II. Exhibir el dictamen emitido por el Consejo General del Instituto en que haya quedado confirmada la licitud del origen y destino de los recursos recabados para el desarrollo de las actividades de obtención del respaldo ciudadano;

III. El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los recursos financieros y de la presentación de los informes de campaña a que se refiere esta Ley, y

IV. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya existentes.

Para efectos de la fracción IV de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el Consejo General apruebe para la impresión de las boletas electorales.
Artículo 74.- Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos independientes a diputado por el principio de mayoría relativa, tendrá derecho a postular una formula por el principio de representación proporcional, por lo cual, al momento de solicitar el mismo, deberán cumplir dicho requisito.

Artículo 75.- Recibida la solicitud de registro de la candidatura por el órgano electoral que corresponda, se verificará dentro de los dos días siguientes que cumple con todos los requisitos señalados en los artículos anteriores.

Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato a los ciudadanos que se encuentren en tal supuesto, o al representante que hayan designado, para que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsanen el o los requisitos omitidos.

El no haber cumplido con los requerimientos del párrafo anterior en tiempo, o haber presentado fuera de plazo las solicitudes correspondientes, tendrá como efecto el desechamiento de plano de la solicitud y la pérdida del derecho de registro de la candidatura de que se trate.

Artículo 76.- El registro como candidato independiente será negado en los siguientes supuestos:

I. Cuando se determine la ilicitud de los recursos erogados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o cuando a partir del mismo se concluya que fue rebasado el tope de gastos, para tal efecto, o el límite de aportaciones individuales;

II. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos previstos en esta Ley, previa garantía de audiencia;

III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la procedencia del registro a que se refiere esta Ley, ni siquiera con posterioridad al requerimiento que en su caso haya formulado el Instituto, o cuando el desahogo a este último se haya presentado de manera extemporánea;

Artículo 77.- El Consejo General deberá resolver la procedencia o improcedencia del registro de la candidatura independiente respectiva, en las fechas de sesión prevista para los candidatos de los partidos políticos, según la modalidad de elección de que se trate.

Artículo 78.- Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.

CAPITULO QUINTO
DE LAS PRERROGATIVAS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES REGISTRADOS

Artículo 79.- Son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados:

I. Participar en la campaña electoral correspondiente y ser electos al cargo de elección popular para el que hayan sido registrados;

II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera conjunta con todos candidatos independientes registrados como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales;
III. Obtener rembolso hasta de un 80% del monto que se haya erogado, una vez que se haya obtenido el triunfo en el proceso electoral, el Consejo General del Instituto lo otorgará conforme a lo dispuesto por los lineamientos respectivos;

IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos permitidos por la normatividad electoral;

V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno;

VI. Designar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, con las restricciones señalas en la normatividad electoral. Para tal efecto, el candidato independiente a Presidente de la República, Gobernador, Senadores, Diputados Federales o locales, podrán nombrar representantes ante el Consejo General y la totalidad de los órganos desconcentrados incluyendo las mesas directivas de casilla;

VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus representantes acreditados, y

VIII. Las demás que les otorgue el Código, esta Ley y los ordenamientos electorales, en lo conducente, a los candidatos de los partidos políticos.

Artículo 80.- Son obligaciones de los candidatos independientes registrados:

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución, el Código y la demás normatividad aplicable;

II. Utilizar propaganda impresa reciclable, elaborada con materiales reciclados o biodegradables que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de las personas;

III. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los Órganos de Gobierno;

IV. Respetar los acuerdos que emita el Consejo General y los lineamientos de la Junta General del Instituto;

V. Respetar los topes de gastos de pre-campaña y campaña en los términos que establece el presente código;

VI. Proporcionar al Instituto, la información y documentación que éste solicite por conducto del Consejo General y la Junta General, en los términos del código y la presente Ley;

VII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña;

VIII. Abstenerse de recibir financiamiento del extranjero o de asociaciones religiosas estatales, nacionales o internacionales;

IX. Abstenerse de utilizar símbolos o expresiones de carácter religioso o discriminatorio en su propaganda;

X. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros;
XI. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”;

XII. Abstenerse de realizar actos de presión que limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos constitucionales;

XIII. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, teléfonos, fotocopiadoras, faxes y herramientas de Internet, para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto de campaña o propaganda electoral;

XIV. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales o cualquier otro respaldo corporativo, no reconocidos por las autoridades administrativas electorales.

XV. Abstenerse de recibir recursos económicos de los partidos políticos y los sujetos a que se refiere los lineamientos electorales;

XVI. Retirar la propaganda que hubiesen fijado o pintado en los términos que determine el código;

XVII. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo, y

XVIII. Las demás que establezcan el Código, la presente Ley y los ordenamientos electorales, en lo conducente, a los candidatos de los partidos políticos.

Artículo 81.- El candidato independiente que obtenga el triunfo en la elección correspondiente podrá recuperar del Instituto, hasta un 80% de gastos máximos de campaña establecidos para la respectiva elección, una vez que cumpla con lo dispuesto por esta Ley y los lineamientos respectivos.

En caso de que un candidato independiente que resulte triunfador hubiere excedido en sus gastos máximos de campaña correspondiente, no tendrá derecho a la recuperación a que se refiere el párrafo anterior. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que sea acreedor el candidato de conformidad con lo establecido este código.

CAPITULO SEXTO
DE LA REPRESENTACION PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 82. Los candidatos independientes postulados en planillas o listas a miembros de ayuntamientos de los municipios, podrán tener regidores y síndico electos según el principio de representación proporcional de acuerdo a los requisitos y reglas de asignación que establece el código esta Ley y los lineamientos respectivos.

Los candidatos independientes que salgan electos como regidores de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones. Los síndicos electos por ambos principios tendrán las atribuciones que señale, el Código y esta Ley.

Artículo 83. Para la elección de los ayuntamientos de los municipios, se estará a las reglas establecidas en la Ley y los lineamientos que al respeto emita el Consejo General del Instituto.

Artículo 84. Para tener derecho a la asignación de miembros de ayuntamiento por el principio de representación proporcional, el Instituto determinará si los candidatos independientes o coaliciones que los respaldan, cumplieron los requisitos siguientes:

I. Si postularon listas o planillas completas de candidatos independientes o en coalición, en por lo menos, 10% de los municipios del Estado;
II. Para los efectos de la fracción anterior se requiere adicionalmente, que los candidatos independientes obtengan al menos el 1.5% de la votación válida emitida en el municipio de que se trate;

III. Si ninguna lista o planilla de candidatos independientes obtiene el porcentaje de votación requerido para tener derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, no se le asignarán miembros por dicho principio; y

IV. Los regidores de representación proporcional se asignarán mediante el procedimiento establecido en los lineamientos respectivos.

CAPITULO OCTAVO
De la Fiscalización de Candidaturas Independientes

Artículo 85.- Los candidatos independientes se sujetarán a la fiscalización del órgano correspondiente, en los siguientes rubros:

a).- Por actos de selección y elección de candidaturas independientes;

b).- Por actos de campaña electoral, y

d).- Por su participación en la jornada electoral.

Artículo 86.- Serán fiscalizables los gastos erogados durante la etapa de selección y elección de candidaturas independientes, los de actos de campaña electoral así como los del día de la jornada electoral con motivo de su representación, por lo que éstos deberán informar concentradamente del registro de sus representantes ante los distintos órganos y el monto de su remuneración.

Son fiscalizables las erogaciones que realicen los candidatos independientes en efectivo o en especie para el día de la jornada electoral, aún los realizados en concepto de apoyos otorgados a representantes, abogados, movilizadores o equipo de campaña electoral.

El apoyo que reciban los representantes de candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla en ningún caso podrá exceder el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

El órgano de fiscalización emitirá los criterios, la forma específica y los anexos contables que integrarán el informe que deberán rendir los candidatos independientes por su participación integral en la jornada electoral.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para aquellos procesos electorales que hubieren iniciado antes de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, se regirán hasta su conclusión con las normas vigentes al momento de iniciar dichos procesos electorales.

TECERO.- Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Layda Elena Sansores San Román".





 

EFEMERIDES

Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

“Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
10 de noviembre 2013

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

Hoy en día, en un mundo que cambia a gran velocidad, en un planeta que se encuentra bajo presión, necesitamos más ciencia, necesitamos más científicos. La ciencia es una fuerza que une a las personas que cierran filas en busca del conocimiento. La ciencia es nuestra mejor aliada para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y para fomentar la innovación que hoy todas las sociedades necesitan. (Irina Bokova, Directora General de la UNESCO)

Este es el mensaje de la UNESCO en el Día Mundial de la Ciencia, y en ese sentido se encamina toda nuestra labor a fin de aprovechar el potencial de las ciencias en beneficio de la paz duradera y el desarrollo sostenible.

La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

El propósito del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

Juntos, debemos estrechar los vínculos que existen entre la ciencia y las políticas, a fin de aprovechar al máximo el potencial de la cooperación científica como vector de paz y desarrollo.

H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del C. Senador Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos, en conmemoración del “Día del Cartero”.

“H. ASAMBLEA:

Un cartero, es conocido como una persona que hace de mensajero entre un emisario y un receptor cuando se envían documentos, escritos o paquetes.

En la antigüedad, los carteros eran comúnmente conocidos como «correos» o «emisarios». Eran personas que recorrían grandes distancias transportando mensajes en forma de cartas.

El día del cartero y empleado postal fue establecido en 12 de noviembre de 1931 en México, como un reconocimiento a la obra social que realizaron y realizan los carteros, llevando los mensajes que esperan en casa los ciudadanos mexicanos.
En la primera parte de la época prehispánica se le denominó “servicio de postas”. Requería de corredores rápidos y fuertes que recorrían grandes distancias. Después en esta misma época se implementó un sistema de relevos en el que se instalaban torres cada 10 kilómetros donde esperaba el relevo. Se llevaba como paquetería joyas, telas y hasta alimentos.

Ya en la época colonial, hacia el año 1579, se implementaba el uso de caballos para que los mensajeros se trasladaran más rápido. Este sistema de implementó primero en Yucatán.

Ya hacia el año 1600, se instalan oficinas postales y se suma el servicio de estafetas o correo especial y diplomático. Para los años 1800 se empezaron a utilizar los buzones, los sobres postales y el uso de estampillas.

En la época actual, se entrega correspondencia en camionetas, motocicletas, bicicletas y a pie y se implementa el uso de la tecnología como el internet.

Es evidente, que independientemente de la evolución del sistema postal mexicano, la comunicación entre personas distantes fue necesaria en todas las civilizaciones antiguas. Los mensajeros llevaban noticias, documentos y órdenes militares. Debían ser jóvenes y veloces, tener buena memoria y capacidad física para cumplir la tarea.

En el México prehispánico habían tres tipos de mensajeros: los “painanis”, o mensajeros del dios “Painal”, cuya definición etimológica es la de “el corredor veloz” o “el de los pies ligeros” que trasmitían información de tipo religioso y ceremonial; los “yciucatitlantis” que llevaban datos urgentes y los “tequihuatitlantlis” que cumplían una función militar y que informaban sobre el desarrollo de la guerra o la suerte de alguna batalla.

Lo cierto es que el correo se fue desarrollando en el mundo.

El 17 de febrero de 1907 el presidente de México, General Porfirio Díaz, dio por inauguradas las operaciones del emblemático edificio del Palacio Postal Mexicano, en un acto en el que simbólicamente depositó dos postales con la imagen del palacio. Para 1911, México contaba con mil carteros.

El Día del Cartero fue establecido en México por iniciativa del Ing. Luis G. Franco, el 12 de noviembre de 1931. Tiempo después para ampliar su significación se denominó “Día del Cartero y del Empleado Postal”.

En 1922 el Ingeniero y Coronel Franco fue testigo de la volcadura de un tren que transportaba 50 millones de pesos oro y una abundante correspondencia militar. A pesar del desastre y la muerte de sus compañeros, dos empleados postales sobrevivientes preservaron el oro y parte de la correspondencia entregándolos íntegramente a las autoridades correspondientes sin pedir ni recibir recompensa. Este comportamiento motivó al Coronel Luis G. Franco a proponer ese día como Día del Cartero.

Es considerado día oficial en México.

Lo cierto es, que además de la loable labor social, económica, histórica, heroica y militar de los carteros, su desempeño estuvo íntimamente vinculado a la movilidad. Claro, desde las posibilidades de transporte, pues primero tenemos el desplazamiento a pie a base de fuertes y ágiles corredores, luego, se robustece el mismo sistema con relevos, para seguir con el implemento del caballo, luego la bicicleta, la motocicleta, camionetas, autobuses, ferrocarriles y aviones. A la fecha, se añade el internet.

De esta manera, la invaluable labor de los carteros o emisarios postales estuvo íntimamente vinculada a los desplazamientos de sus enviados.
Esto es, que esa histórica labor estuvo siempre de la mano de las herramientas y posibilidades de traslado, por ello que desde la comisión a mi cargo, deba ser doblemente reconocida, ya desde la perspectiva misma del servicio postal, como desde la evolución misma del desplazamiento de sus nobles emisarios.

Actualmente el Servicio Postal Mexicano cuenta con un aproximado de 10 mil empleados “carteros” y más de 20 mil empleados a ese servicio desde la iniciativa privada. A todos ellos, el agradecimiento por dar vida a tan distinguida, histórica e insustituible labor; la de dar vida a la movilidad y desplazamiento de los mensajes, las relaciones y las noticias que los mexicanos intercambian.

Por ello, compañeros Senadores, hagamos este 12 de noviembre un merecido reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron y hacen posible la posibilidad de la movilidad histórica de los mensajes, los comunicados, y de alguna forma, el sostenimiento de relaciones a distancia para millones de mexicanos.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los carteros y empleados postales mexicanos en su día.

¡Muchas felicidades!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero
Presidente de la Comisión Especial de Movilidad”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 14 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:40 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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