Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 24 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 6



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Febrero de 2014

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p align="center">PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:47 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 83 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 18 de febrero de 2014, correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del día jueves trece de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles doce de febrero de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Autorizó a la Comisión de Turismo la ampliación de plazo para la presentación del dictamen al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado el 28 de noviembre de 2013.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el Informe de actividades relativo a la participación de la Delegación del Congreso de la Unión en la 22a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, efectuada del 12 al 16 de enero de 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.- Quedará de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de resultados de la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de La Habana.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

 

Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2013, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre los géneros en el Poder Judicial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Participación Ciudadana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3º, la fracción XI al artículo 18, la fracción III al artículo 21 y las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Con dispensa de segunda lectura. Para la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; y Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; David Monreal Avila del PT, a favor; y Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor. Fue aprobado por 96 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibió la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya sobre este asunto, la cual se integrará al Diario de los Debates. Fue aprobado por 98 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores, a fin de incorporar la perspectiva de género en sus actividades.

2) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a llevar acciones afirmativas para la integración de un mayor número de mujeres en sus gabinetes.

3) Que exhorta a diversas autoridades a emprender acciones en materia de alerta de violencia de género.

4) Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a nombrar a una mujer como responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Intervinieron los senadores: Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar los dictámenes; y David Monreal Avila, para hablar sobre el dictamen referido a la alerta de violencia de género. El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibieron las intervenciones del Senador Benjamín Robles Montoya sobre estos dictámenes, los cuales se integrarán al Diario de los Debates. Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de las administraciones públicas de las 31 entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la estrategia de seguridad y desarrollo integral de Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Junta de Coordinación Política el segundo de ellos.

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la prueba Enlace.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo para requerir a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva y, conforme a derecho, integre la averiguación previa correspondiente con motivo de la denuncia que por traición a la patria presentó el día 5 del mes en curso Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos, respecto a conductas atribuibles a Enrique Peña Nieto y otros servidores públicos con motivo de la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia energética.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212; y se adiciona un artículo 307 bis, ambos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva para la Cruzada Nacional contra el Hambre a explicar las razones por las cuales ha destinado una excesiva cantidad de recursos a la publicidad de este programa.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores emprenda las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño respecto del fraude cometido en la compra de los detectores moleculares gt200.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras y Senadores Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de Africa, de América del Norte, de América Latina y el Caribe, de Europa, de Asia-Pacífico, de Organismos No Gubernamentales, con punto de acuerdo para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores establezca los criterios para la recepción de personal diplomático adscrito en México en las instalaciones del Senado de la República.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de evitar una posible crisis alimentaria en diversos poblados del estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar las medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de discriminación en el deporte profesional de nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del 183 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintitrés minutos y citó a la siguiente el martes dieciocho de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR





El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre diversos asuntos que se abordarán en la sesión de este día.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta con los asuntos.

La Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó ampliaciones de plazo a la Comisión de Reforma Agraria, para la presentación de los dictámenes respectivos, la lista de asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

Asimismo, autorizó la solicitud de ampliación de turno al proyecto de Decreto que adiciona los artículos 74 Bis, 74 Ter y 79 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, presentado por Senadores del grupo parlamentario del PRI, el 11 de febrero de 2014, para que la comisión especial de movilidad emita opinión sobre el proyecto.

Así también, la Mesa Directiva autorizó el retiro del proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentado por la Senadora Angélica Araujo Lara, el 4 de octubre de 2012, con base al artículo 165 del Reglamento del Senado.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los trámites que ha leído la Secretaría.

Pasamos ahora a los asuntos de la agenda de hoy.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite su informe de actividades durante la Conferencia de Aceite y Gas, realizada del 4 al 6 de diciembre de 2013, en Londres, Inglaterra.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que se remite, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2013.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase copia de dicho informe a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las comunicaciones suscritas por las ciudadanas y los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar, Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por la que presentan sendas solicitudes para formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento el derecho al acceso a la información pública, como lo establece el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de reformas constitucionales, publicado el 7 de febrero del año en curso, en materia de transparencia.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. El trámite que recaerá a estas solicitudes se hará del conocimiento del Pleno, cuando se apruebe el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para su desahogo.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al Día del Ejército Mexicano, tendrán el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, quienes representan a cada uno de los diversos grupos parlamentarios.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.






INTERVENCIONES

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

El día 19 de febrero se celebra una de las fiestas más importantes del calendario cívico nacional, el Día del Ejército Mexicano.

Este 2014 festejamos 101 años de la creación del Ejército Constitucionalista, origen del actual Ejército Mexicano.

Celebramos, entonces, a un Ejército nacido de la Revolución Mexicana, de la Constitución; un Ejército que ha construido a la nación mexicana, junto con el pueblo.

La historia y la teoría política establecen que la nación, a través del Estado, tiene como uno de sus ejes fundamentales, junto con la hacienda pública, al Ejército Nacional.

En el caso mexicano, todo el siglo XIX se caracterizó por la incapacidad del Estado para construir una nación a lo largo de todo el territorio, frente a los cacicazgos locales y regionales.

El porfiriato logró establecer un periodo de poco más de tres décadas, de cierta estabilidad política, pero con un gobierno emanado del fraude electoral.

El sometimiento de los Poderes Legislativo y Judicial, la eliminación de la disidencia, que solo favorecía a los amigos del régimen y a sus cómplices vinculados todos a los intereses extranjeros; era una dictadura total.

La Revolución Mexicana fue un movimiento de resistencia social masiva, popular, democrática, federalista y libertaria, compuesta por ciudadanos de distintos estratos sociales; su victoria puso fin al largo régimen de Porfirio Díaz.

El actual Ejército Mexicano nace formalmente como respuesta a la traición antipatriótica de Victoriano Huerta, consumada con el asesinato del Presidente Madero; mientras esto pasaba, acontecía en la capital nacional el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, convocó al Congreso de su estado y emitió el Decreto, que es la base legal de actual Ejército Mexicano.

De este documento surgió un Ejército, cuya principal característica fue su origen popular, por ser integrados por ciudadanos armados, liderado por jefes improvisados que se unieron a Carranza, gente del pueblo.

El propósito de este levantamiento popular, que se convirtió en una Revolución, fue luchar por restablecer el orden constitucional, quebrado por la dictadura de Huerta y sus cómplices.

Este fue el inicio del segundo periodo de la Revolución Mexicana, la constitucionalista.

Paulatinamente se fueron aglutinando las fuerzas revolucionarias alrededor de Carranza, quien emitió el Plan de Guadalupe, donde ratificaba el desconocimiento del traidor Huerta y la creación del Ejército Constitucionalista.

Así, el Ejército Constitucionalista se fue fortaleciendo con la incorporación espontánea de distintos sectores del pueblo mexicano. Surgieron ahí grandes héroes nacionales como Villa y Obregón, conformando una gran fuerza popular que derrotó al ya ilegítimo ejército federal del dictador Huerta, quien tuvo que renunciar.

La Revolución Constitucionalista había triunfado; con esta victoria se habría una nueva etapa de la Revolución Mexicana, donde el Ejército Constitucionalista quedó como la única fuerza armada del país, con carácter de nacional y desde entonces, a lo largo del último siglo, ha sido el principal respaldo de las instituciones nacionales.

Esto se consolidó con la promulgación de la Constitución de 1917, al transformarlo en un Ejército Nacional.

Desde ahí, hasta nuestros días, el Ejército Mexicano se ha profesionalizado, modernizado y consolidado la institucionalización de todo su personal.

El Ejército Mexicano Nacional cambió su denominación a Ejército Mexicano en 1948, y como un reconocimiento a su importante labor en beneficio de la patria, se creó el Día del Ejército Mexicano en 1950, con la misma fecha en que fue creado y es reconocido en diversas leyes y ordenamientos jurídicos.

El 19 de febrero se festeja el Día del Ejército Mexicano como una fecha solemne de la nación año con año. En esa celebración el instituto armado aprovecha para ratificar su compromiso de servicio y lealtad con el pueblo mexicano y sus instituciones.

El Ejército Mexicano lo encontramos en los estados en donde hay huracanes, en donde hay problemas, ahí está presente el Ejército Mexicano.

Hoy día, frente a las condiciones que enfrenta el pueblo mexicano, del que emana este Ejército, no podemos olvidar su carácter nacionalista, popular, democrático, pluralista y sobre todo que emana de la Revolución Mexicana.

Por ello aquí en el Senado de la República hay una placa que honra y venera a nuestro glorioso Ejército Mexicano, a sus 100 años de existencia.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy es grato rendir un homenaje a una de las instituciones más distinguidas e importantes de nuestro país, que cuenta con el mayor reconocimiento y más alto prestigio entre toda la sociedad mexicana, alejada de todo cuestionamiento institucional.

Es a partir del 19 de febrero de 1913, a través del Decreto Presidencial de don Venustiano Carranza, cuando se crea el Ejército Constitucionalista, del cual surgió nuestro actual Ejército Mexicano, dándole el reconocimiento a las fuerzas militares encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional.

Actualmente, la SEDENA se compone de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, y dentro de sus filas, 14 mil mujeres en activo.

El Ejército Mexicano actúa en asistencia a la población, por mencionar algunos, ejecuta el plan de desastres naturales, la búsqueda y rescate de personas, la evacuación de comunidades de riesgo, administración de albergues, seguridad y vigilancia de áreas afectadas por desastres naturales.

Es por ello que el 19 de febrero resaltamos las acciones del Ejército Mexicano, pero todos los días reconocemos la labor de estos servidores públicos tanto en la defensa de la soberanía nacional como en la vigilancia del sano desarrollo de la vida institucional.

Resaltamos la heroica labor que el Ejército Mexicano ha desempeñado en el combate a la delincuencia, sin pretender debatir la identidad de esta cuestionada intervención, sino destacando que no importando los riesgos o la adversidad a la que se enfrentan los integrantes de las fuerzas armadas, protegen incondicionalmente los intereses de nuestro país y la comunidad nacional.

Son hombres y mujeres los que se dedican a la milicia, que con su valor y la solidaridad se han ganado el respeto y la admiración de las mexicanas y de los mexicanos.

Reconocemos que ya desde la educación militar hay una transformación física, cultural y mental, que forma mexicanos comprometidos que se entregan al país y a sus instituciones con principios de lealtad, defendiendo la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, cuya visión es hacer frente a las amenazas que pongan en riesgo los objetivos nacionales.

El Ejército Mexicano nos brinda todas sus capacidades, habilidades e inteligencia sin importar incluso entregar la vida si fuera necesario.

A 101 años de su creación, cualquier pronunciamiento o festejo será insuficiente para que los mexicanos demostremos nuestro agradecimiento, admiración y respeto por la institución que ostenta el mayor índice de credibilidad y confianza en la opinión pública.

El Partido Verde reconoce y agradece la labor que realiza el Ejército Mexicano como parte de las fuerzas armadas, debido a que son parte fundamental para la soberanía de nuestra nación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hacer una reflexión sobre el Ejército Mexicano y las fuerzas armadas a 100 años de su fundación en un momento tan especial para nuestro país, requiere no solamente de hacer el reconocimiento que legítimamente requieren las fuerzas armadas, sino también hacer una reflexión de los cambios políticos y sociales que requiere nuestro país para que las fuerzas armadas siendo, sin lugar a dudas, una de las instituciones más prestigiadas y reconocidas por nuestra población, regrese pronto a los cuarteles y deje de ser un instrumento no solamente que suple las responsabilidades de la autoridad civil y de esta parte del Estado mexicano, sino que ha venido sufriendo un deterioro en su credibilidad y en su relación con nuestra sociedad.

A lo largo de 100 años, el Ejército Mexicano pasó de las sazonadas y los ejércitos de caudillos, no solamente a conformar una institución fuerte y sólida, sino que a diferencia del resto de los ejércitos en América Latina, el carácter popular e institucional del Ejército sigue prevaleciendo.

Yo creo que uno de los grandes avances que hay en la conformación del Ejército Mexicano, es que nunca se convirtió en un Ejército de Castas, sino que mantuvo siempre su carácter popular y su arraigo con la sociedad.

Y este arraigo debemos de cuidarlo, este prestigio que a través de las campañas del Plan DN-III ante desastres ocasionados por fenómenos meteorológicos o por intervención del hombre, este prestigio bien ganado cuando se ha enfrentado al crimen organizado debe cuidarse como parte de la responsabilidad del Poder Legislativo. Y ello va a requerir un esfuerzo especial.

Son muchos los temas que hemos discutido y la idea de fortalecer las acciones del Estado mexicano para combatir al crimen organizado.

No se han escatimado reformas legales para endurecer las penas y mucho menos los recursos para que la autoridad civil recupere el control de los cuerpos policiacos de la seguridad y de la gobernabilidad en el país.

Pero también creo que hemos descuidado el aspecto fundamental y el objetivo que debería tener toda estrategia nacional, combate a la inseguridad, el de lograr que en el menor tiempo posible el Ejército, la Armada de México, regrese a sus cuarteles, cumpla con su responsabilidad constitucional, quizá la autoridad civil la cumpla con la responsabilidad primigenia que establece para todo estado, que es el de garantizar la seguridad y la protección de los habitantes de nuestro país.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano en estos cien años y nuestros votos firmes para que pronto regrese a los cuarteles y cumpla puntualmente su responsabilidad constitucional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario de Acción Nacional hace un merecido reconocimiento al Ejército Mexicano por su destacada y digna labor al servicio de todos los mexicanos.

El 19 de febrero se celebra en México el Día del Ejército Mexicano.

En 1913, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó un Decreto en el que se desconocía a Huerta en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo. En ese mismo Decreto, el Congreso de Coahuila otorga a Carranza facultades extraordinarias para armar fuerzas que ayudaran a sostener el orden constitucional roto por el golpe de Estado de Huerta contra el Presidente Madero.

Precisamente en ese momento de la historia de México, se establecieron las bases para el nacimiento de un nuevo Ejército con una organización jerarquizada y de coordinación.

El Ejército Mexicano ha evolucionado de manera constante conforme a las necesidades históricas de nuestro país, bajo la constante de su vocación de servicio para nuestra nación.

Como todos sabemos, el Ejército no se encarga tan sólo del servicio de las armas, sino que tiene una vocación pacifista y de asistencia social, al proporcionar ayuda solidaria en situaciones de riesgo y en caso de desastre.

Nada menos, el año pasado sucedieron desastres naturales provocados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, que afectaron a 23 estados del país, de manera particular Guerrero y Oaxaca.

Los graves desastres provocados por estos fenómenos sirvieron para acreditar una vez más la capacidad, profesionalismo y la solidaridad con que actúa nuestro Ejército nacional.

Debemos de reconocer su importante labor en atención a sectores más desprotegidos, proporcionando servicios de salud, participando en coordinación con las autoridades civiles en jornadas de vacunación, además de participar en labores de reforestación, de reparación de vivienda y de infraestructura cuando así se le ha requerido.

El Ejército Mexicano es símbolo de decoro, coraje, orgullo y lealtad, por lo que recordar esta fecha, tiene un significado profundo para cada uno de los mexicanos.

El Ejército Mexicano es una institución esencial del Estado mexicano. Por lo que como símbolo de gratitud, el día de hoy se le rinde tributo a cada uno de los héroes anónimos y a sus familias.

Esta vocación que comparten, siempre merecerá un reconocimiento, pues siempre ha sido a favor de nuestra patria.

Los militares mexicanos personifican el mejor ejemplo de virtud cívica y patriotismo, su compromiso nacional, su lealtad a toda prueba a México y a todas sus instituciones, dan muestra del incuestionable compromiso a favor del bienestar y mantenimiento del orden garantizado por nuestra Constitución.

Finalmente, el Senado de la República se congratula de rendir un justo reconocimiento al Ejército Mexicano como una institución garante del estado de derecho y la gobernabilidad de nuestro país.

¡Enhorabuena! Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Martínez Martínez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el Senado de la República los integrantes del grupo parlamentario del PRI, celebramos el Día del Ejército Mexicano, el cual fue instituido por el entonces Presidente de México, Miguel Alemán Valdés, a través del Decreto publicado el 22 de marzo de 1950.

En consecuencia, fue en 1951 que se conmemoró por primera vez, de manera oficial, el surgimiento del Ejército Constitucionalista, que formó don Venustiano Carranza en Coahuila para combatir y desconocer a Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1913.

Desde su creación, hasta nuestros días, el Ejército Mexicano se ha conducido de manera excepcional, posicionándose como una de las instituciones con mayor honorabilidad, credibilidad y confianza entre la población.

Hoy reconocemos y homenajeamos a las mujeres y los hombres que a través del tiempo han dedicado su vida a la defensa de México, siempre conduciéndose con gran valor y solidaridad, atributos por los que la población les guarda admiración, respeto y gratitud.

En esta emblemática institución, converge lo mejor de nuestra historia y de nuestro presente, siempre conduciéndose en beneficio de las y los mexicanos.

Hoy reconocemos que, además de sus tradicionales funciones como garante de la soberanía del Estado, también se han preocupado por tener más cercanía con la gente en los momentos de mayor apremio. Por ello, desde 1969, a través del Plan DN-III, tiene a su cargo el auxilio de la población civil en los casos de desastres naturales.

En este sentido, su empatía y solidaridad con la gente no se limita a movimientos armados, sino que además contempla otros escenarios, como son: auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y otras sociales que tiendan al progreso de nuestro país.

En el caso de desastres naturales, presentar ayuda para el mantenimiento del orden y auxilio de las personas y sus bienes en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Por estas y muchas razones, para los legisladores del PRI es el factor humano el de mayor relevancia dentro de tan noble institución que en tiempos modernos se ha dedicado al auxilio de la población mexicana ante inundaciones, huracanes, incendios, terremotos y temblores.

Por estas razones, en el marco de su centésimo primer aniversario, es necesario reflexionar sobre lo crucial que es para las y los mexicanos el hecho que se consta en sus más de cien años de existencia.

Compañeras y compañeros legisladores, desde esta máxima tribuna, los integrantes del grupo parlamentario del PRI reiteramos nuestro respeto, admiración y agradecimiento a las mujeres y a los hombres que día a día materializan los ideales del Ejército Mexicano.

Hoy felicitamos a todos sus integrantes, generales, coroneles, tenientes, capitanes, sargentos, cabos y soldados. Para todos ellos nuestra más alta distinción.

Finalmente, en el marco de esta celebración, de manera respetuosa hacemos un atento llamado a que, como hasta hoy, continúen con firmeza y determinación en su ardua labor en la defensa de todas y todos los mexicanos, en beneficio del pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Barroso Agramont.

Esta Presidencia saluda la presencia de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, que preside el doctor Javier Rodríguez Varela, invitados a este Senado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. ¡Bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Los cambios demográficos que se vienen presentando en nuestro país en las últimas décadas, guardan una constante disminución de las tasas de natalidad y aumento en la esperanza de vida. Ello trae como consecuencia un incremento paulatino de la población mayor de 60 años.

El último censo del INEGI muestra que la población mayor de 60 años de edad significó el 10 por ciento de la población, más de 10 millones de personas. Asimismo, las proyecciones del Consejo Nacional de Población muestran que en el 2030 habrá un incremento significativo. En el país, para estas fechas habrá 15.6 millones de personas mayores de 65 años, y para el 2050 este sector de la población crecerá a 27.5 millones de habitantes.

Ante esta realidad social, surge una serie de demandas y exigencias específicas de este sector, como son: pensiones, atención y cuidados especiales en salud, alimentación, desarrollo social y acceso a servicios públicos.

Pero, ¿cómo viven actualmente nuestros adultos mayores?

Permítanme compartir a ustedes unas cifras:

Las personas de 65 años y más, mantienen la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas; el 36.6 por ciento padece de hipertensión; el 17 por ciento diabetes; el 1.4 por ciento cáncer; el 2.1 insuficiencia renal; el 66 por ciento tiene alguna dificultad para caminar o moverse; el 29 por ciento tiene limitaciones de la vista; el 10 por ciento tiene dificultades para escuchar; el 3.2 por ciento tiene limitaciones para hablar o comunicarse; el 3 por ciento tiene limitaciones mentales; y el 10 por ciento enfermedades del corazón.

No obstante estas limitaciones, el 60 por ciento de las personas de 65 a 70 años continúa trabajando; y el 20 por ciento de las personas mayores de 80 años continúan en una actividad productiva.

Como se puede apreciar, a medida que avanza la carencia de servicios, atención y cuidados, los padecimientos de este núcleo poblacional van en aumento.

Para contrarrestar estos efectos han surgido casas hogar, albergues, asilos, residencias y otras modalidades de atención para las personas adultas mayores que se encuentran en vulnerabilidad, ya sea servicios públicos o privados. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no se cumplen con las normas mínimas de seguridad, higiene y atención. Si bien ya se cuentan con disposiciones normativas para la protección y cuidado para ese sector de la población como es la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores y el INAPAM, no se cuenta las disposiciones más puntuales y eficaces que obliguen a las instituciones públicas y privadas que presten servicio de cuidado y atención para adultos mayores a cumplir con normas oficiales para el correcto funcionamiento de los centros de atención y cuidado para este sector tan vulnerable de la población.

En cuanto al control y riesgo de centros, albergues, casas hogar y cualquier otra modalidad de atención al adulto mayor, aún no se tiene un registro nacional, ya que si en estos momentos los ciudadanos queremos saber cuántos centros hay en el país, cuántos cumplen con las normas mínimas oficiales en la materia, cuáles han cumplido y cuáles han incumplido y cuáles son los más seguros, simplemente con la información disponible no las sabríamos.

Ante ello, es necesario que el Estado y las instituciones estén preparados para hacer frente a las exigencias sociales, económicas y de servicios que requiere este sector de la población.

La iniciativa que presento propone armonizar la Norma Oficial Mexicana que regule la preservación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, publicada en 2012 y obligatoria a partir de enero de 2013 con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley de Asistencia Social, para introducir su cumplimiento y observancia.

En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se reforma el artículo 28, fracción XIII, para precisar que las labores de inspección y vigilancia que realice el INAPAM tengan el objeto de verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la prestación de servicios de asistencia social para la población adulto mayor; y la fracción XXX, para establecer los lineamientos bajo los cuales operará el registro único obligatorio de instituciones o centros públicos y privados que presten servicio a la población adulta.

Con ello, el registro contendrá el nombre de la organización, domicilio legal, ámbito geográfico de acción, tipo de servicio que presta y recursos a su operación. Se les asignará un número de expediente y se especificará el grado de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas.

Para ser compatibles estas modificaciones con el Sistema Nacional de Asistencia Social y Privada, se reforma la Ley de Asistencia Social en el artículo 28, inciso k), para que el Directorio Nacional de Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social, elaborado por el DIF Nacional, sea publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, y el artículo 52, inciso c), para obligar a todas las instituciones de asistencia social que permitan la supervisión e inspección de las instalaciones, y constatar el grado de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.

Los cambios propuestos permiten que las instituciones encargadas de regular y promover la ayuda y protección hacia los adultos mayores cuenten con mayores herramientas para identificar los casos de abuso, daño, omisión o afectación a los derechos y garantías de las personas mayores, en este caso, a los servicios que deben prestar los diferentes centros de atención conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por que se reforman

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los cambios demográficos experimentados en los últimos 30 años apuntan hacia una reducción acelerada de la población rural y un crecimiento exponencial de la población urbana; un descenso considerable en la tasa de natalidad y ascensos significativos en la esperanza de vida. De ello, se desprende un incremento sostenido de la población con más de 60 años y, en consecuencia, una serie de demandas y exigencias específicas de éste sector como son: pensiones, atención y cuidados especiales en salud, alimentación, desarrollo social y acceso a servicios públicos.

La Ley de los derechos de las personas adultas mayores, considera a los adultos de 60 años y más como personas de la tercera edad1, éste grupo representa 10.1 millones de personas, de acuerdo con el último censo de población y vivienda llevado a cabo por el INEGI en 20102.

El envejecimiento de nuestra población ha sido evidente y paulatino en los últimos treinta años, pero este proceso alcanzará un nivel notorio e importante a mediados del presente siglo. Las proyecciones del Consejo Nacional de Población muestran que en la actualidad existen 7 millones de personas con 65 años y más; en el 2030 serán 15.6 millones y para el 2050 este sector de la población crecerá aceleradamente para alcanzar 27.8 millones de personas3.

La esperanza de vida es el principal factor que incide en el aumento de las tasas de envejecimiento. Hoy en día, la esperanza de vida después de los 65 años es de 18.3 años para mujeres y 16.8 para hombres; se estima que para el 2050 la esperanza de vida después de los 65 años sea de 19.6 años para mujeres y 17.8 para hombres4.

El índice de envejecimiento de nuestra población, dimensiona el fenómenos social y demográfico que estamos por enfrentar; existen 21.4 personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes de 0 a 15 años y para el 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes en una proporción de 22.6 millones por 17.4 millones, respectivamente5.

Este incremento constante en la tasa de envejecimiento y las condicione económicos y sociales por los que atraviesa éste sector, hacen de los adultos mayores un grupo en franca vulnerabilidad y riesgo.

La situación familiar de los adultos se presenta diversa y compleja; el 55% están casados, el 26.9% es viuda(o), el 8.18% vive en unión libre, el 4.4% se encuentra solo, el 3.2% está separado y el 1.59 se encuentra divorciado6.

En el campo de la salud, en las personas de 65 años y más se mantiene la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas; el 35.6%padece de hipertensión; el 17%diabetes el 1.4% cáncer; el2.1 % insuficiencia renal; y el 10% enfermedades del corazón7.

La discapacidad o alguna limitación física, también forman parte del riesgo en el que se encuentran los adultos mayores en nuestro país.

En un margen de 65 a 70 años, el 66% tiene alguna dificultad para caminar o moverse; el 29% tiene limitaciones de la vista; el10% tiene dificultades para escuchar; el 3.2% tiene limitaciones para hablar o comunicarse; y el 3% tiene limitaciones mentales8.

En cuanto a su situación económica, el 60% de las personas de 65 a 70 años continua trabajando, sin embrago éste porcentaje se ve reducido a medida que se incrementa la edad, así después de los 80 años, todavía el 20% de este sector poblacional continua trabajando. Lo anterior, refleja que nuestros adultos mayores tienen la necesidad de trabajar prácticamente durante su vejez, toda vez que su condición física lo permita.

La disponibilidad de cuidadoras de la población envejecida está llegando al límite, el índice elaborado por el CONAPO muestra que hasta el año 2020 se mantendrán una proporción 90 personas envejecidas por cada 100 cuidadoras, y a partir del 2030 será de 127 por 100.

Como se puede apreciar, a medida que avanza la vejes, la carencias y padecimientos aumentan, por lo que un alto porcentaje, si no cuenta con protección social y apoyo familiar, tendrá inevitablemente que acudir a casa-hogar, albergues, asilos, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores, ya sean público o privado, y para dicho fin, las instituciones y las leyes tienen que estar preparadas.

Actualmente todos los centros de atención para adultos mayores públicos o privados y bajo cualquier modalidad, deben observar las condiciones mínimas de seguridad, higiene, alimentación saludable, trato digno, equipamiento y dimensiones apropiadas del espacio físico para poder brindar una atención adecuada y de calidad de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM-031-SSA3-2012Asistencia social. “Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad”9.

La NOM-031-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2012, establece las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Esta normar obliga a los prestadores de servicios de asistencia social para adultos mayores a operar con manual de funcionamiento, programa de trabajo, programa de protección civil, programa nutricional, expedientes de consulta y/o tratamiento y estar debidamente registrados al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social.

De la misma manera, los servicios que brinden deberán comprender alojamiento temporal o permanente, vestido, alimentación, actividades de trabajo social, atención médica, atención psicológica, apoyo jurídico, actividades recreativas, ocupacionales, culturales y productivas.

Es importante destacar que la atención médica debe ser prestada con toda oportunidad para detectar con oportunidad enfermedades crónicas degenerativas, además de contar con personal especializado en el área geriátrica.

Las instalaciones y la infraestructura deben ser planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por las personas adultas mayores; acceso principal amplio y definido, área administrativa visible, iluminada y ventilada, consultorios médicos, salón de usos múltiples, cuarto de televisión, dormitorios y baños con regadera equipados con pasamanos, y los pisos, techos y estructura deberán de ser preferentemente lisos, antiderrapantes y de fácil limpieza.

Análisis del marco normativo actual

Nuestra legislación prevé un marco jurídico especial para la protección de los derechos de las personas adultas mayores. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores10 es la norma rectora en la materia y tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para regular la política pública nacional dirigida a los adultos mayores, alinear los planes y objetivos de la entidades federativas y dar paso al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

El artículo quinto de la misma Ley, se inscriben los derechos a tutelar: certeza jurídica, vida libre de violencia, salud, alimentación, trabajo, familia, participación política y servicios de calidad.

De éste marco normativo se desprenden las atribuciones que corresponden al Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM), de ellas destaca la prevista en la fracción XIII, del artículo 28, “Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida”.

Asimismo, la fracción XXX del citado artículo, faculta al INAPAM para crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.

A pesar de contar con estos avances, no se encuentran disposiciones más puntuales y eficaces que obliguen a las instituciones públicas y privadas que presten servicios de cuidado y atención para adultos mayores a cumplir con normas oficiales para el correcto funcionamiento de los centros de atención y cuidado para este sector tan vulnerable de la población.

En cuanto al control y registro de centros, albergues, casas hogar y cualquier otra modalidad de atención al adulto mayor, aún no se tiene un registro nacional confiable de los centros de atención para adultos mayores, ya que sí en estos momento los ciudadanos queremos saber cuántos centros hay en el país, cuántos cumplen con las normas oficiales en la materia, cuales han incumplido, cuales son los más seguros, simplemente con la información disponible no lo sabríamos.

Por otro lado, Ley de Asistencia Social estipula en su artículo 4, fracción V, que los adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato tienen derecho a la asistencia social, ya que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieren de servicios especializados para su protección y bienestar11.

Para ello, sienta las bases de un Sistema Nacional de Asistencia Pública y Privada, coordinado por el Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia (DIF), que además de promover y formular diversos programas y esquemas de atención para los adultos mayores en desamparo y marginación, tiene la obligación de elaborar y actualizar el Directorio Nacional de Instituciones públicas y Privadas de Asistencia Social conforme a sus atribuciones con tenidas en el artículo 28 de ley arriba mencionada.

Este directorio tiene el objeto de dar publicidad a los servicios y apoyos asistenciales que presten las instituciones públicas y privadas, así como su localización en el territorio nacional, y aunque se estipula la publicación de un compendio de información anualizada de las mismas, es necesario puntualizarlo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para mayor accesibilidad y conocimiento del mismo.

Al igual que las instituciones públicas, las instituciones privadas de asistencia tienen la obligación de quedar inscritas en éste directorio y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que regulan los servicios que prestan. Sin embrago, la ley sólo les pide colaboración en las tareas de supervención de dichos servicios.

Objetivo de la Iniciativa

Debido al cambio demográfico que experimenta nuestro país, cuyo elemento principal se sintetiza en el envejecimiento de la población y el crecimiento constante de la población adulta mayor, es necesario que el Estado e instituciones estén preparados para hacer frente a las exigencias sociales, económicas y de servicios que requiere éste sector de la población.

La población adulta mayor en vulnerabilidad, riesgo o marginación necesita atención y cuidados especiales, aquellos quienes no cuentan con el apoyo familiar se ven en la necesidad de acudir a instituciones de asistencia social, ya sean casas-hogar, asilos, estancias temporales, albergues o cualquier otro centro de atención.

Con la publicación de la NOM-031-SSA3-2012, que regula la “Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad”. A partir del mes de enero de 2013, todos los establecimientos de los sectores público y privado que presten servicios a las personas adultas mayores, deberán observar las condiciones óptimas de seguridad, higiene, alimentación saludable, trato digno, así como la atención médica, equipamiento, infraestructura y diseño apropiadas para poder brindar una atención adecuada y de calidad de acuerdo a la Norma.

De esta manera, se propone modificar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social para introducir el cumplimiento de la nueva Norma Oficial Mexicana en materia de asistencia social para adultos mayores.

En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se reforma el artículo 28, fracciones XIII, para precisar que las labores de inspección y vigilancia que realice el INAPAM, tengan por objeto verificar el cumplimento de las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la prestación de servicios de asistencia social para la población adulta mayor. Y la fracción XXX, para establecer los lineamientos bajo los cuales operará el registro único obligatorio de las instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues, asilos o cualquier centro de atención

Para hacer compatible éstas modificaciones con el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, se reforma la Ley de Asistencia Social, en sus artículos 28, inciso k), para que el Directorio Nacional de la Instituciones Públicas y privadas de Asistencia Social elaborado por el DIF Nacional, sea publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, y el 52, inciso c), para obligar a todas las instituciones de asistencia social que permitan la supervisión e inspección de sus instalaciones y constatar el grado de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la atención y cuidado de los adultos mayores.

Los cambios propuestos permiten que las instituciones encargadas de regular y promoverla ayuda y protección hacia los adultos mayores cuenten con mayores herramientas para identificar los casos de abuso, daño, omisión o afectación a los derechos y garantías de las personas adultas mayores, en éste caso, a los servicios que deban prestar los diferentes centros de atención conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 28, fracción XIII y XXX, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 28, inciso k) y 52, inciso c), de la Ley de Asistencia social.

Primero. Se reforma el artículo 28, fracción XIII y XXX, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I…

II…

III…

IV…

V…

VI…

VII...

VIII…

IX….

X….

XI….

XII…

XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que las regulan y constatar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;

XIV.…

XV.…

XVI.…

XVII.…

XVIII.…

XIX.…

XX.…

XXI.…

XXII.…

XXIII…

XXIV.…

XXV.…

XXVI.…

XXVII.…

XXVIII.…

XXIX.…

XXX.- Crear, organizar y administrar un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, bajo los siguientes lineamentos:

a) El registro de las instituciones deberá contener el nombre y /o denominación que las identifique, domicilio, representante legal, ámbito geográfico de acción, tipo de servicios que presta y los recursos para su operación;

b) Las instituciones quedarán debidamente registradas a través de un número de expediente, diferenciando a aquellas que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de aquellas que presentan deficiencias en la observación de las mismas.

c) El registro de las publicaciones será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación y en medios electrónicos como mecanismos de transparencia y conocimiento público.

Segundo. Se reforman los artículos 28, inciso k) y 52, inciso c), de la Ley de Asistencia social, para quedar como sigue:

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k) Elaborar y actualizar anualmente el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación;

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

Artículo 52.- Las instituciones privadas de asistencia social tendrán las siguientes obligaciones:

a)…

b)…

c) Cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que se emitan para la regulación de los servicios de asistencia social y permitir las tareas de supervisión e inspección que realice El Organismo para verificar el cumplimiento de las mismas, y

d)…

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 06 de febrero de 2014.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rosas González.

Sonido en el escaño de la Senadora Rocío Pineda Gochi, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle al compañero si nos permite sumarnos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Oscar Román, ¿acepta la incorporación a su iniciativa de las compañeras y compañeros Senadores?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Sí, muchas gracias por sumarse.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ellos, también el Senador Raúl Pozos Lanz, con mucho gusto.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

Solicito se integre, como promoventes de esta iniciativa, a los Senadores Salvador López Brito, Francisco Búrquez y José María Martínez.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tomamos nota de ello, con todo gusto.

1Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf.

2INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos, disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

3Ham Chande, Roberto. Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México, en: “La Situación Demográfica en México 2011”. Consejo Nacional de Población. 2011.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012. Diario Oficial de la Fderación.13/09/2012.

10 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf

11 Ley de Asistencia Social. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270.pdf.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO G) Y SE ADICIONA EL INCISO H) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1 Y 11, FRACCION I DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Agradezco a la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, a través de su Presidente, el doctor Javier Rodríguez Varela, que nos acompaña hoy, ¡bienvenidos al Senado de la República a nuestros científicos mexicanos!, a mucho orgullo.

Durante los últimos 50 años las refinerías de petróleo, las industrias químicas y petroquímicas así como las industrias de combustibles sintéticos, han empleado el hidrógeno.

De igual modo la industria del gas ha hecho uso del hidrógeno en forma líquida y en forma gaseosa para múltiples aplicaciones con un envidiable historial de seguridad. También la industria eléctrica ha empleado el gas de hidrógeno con objeto de enfriar el rotor y el estator de las grandes turbinas.

A pesar de ello, fue a finales del siglo XVIII que se le dio su primera aplicación práctica en el ejército francés al usar globos de reconocimiento, y un siglo después lo emplearon los alemanes en los dirigibles que cruzaban el Atlántico. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el hidrógeno fue empleado como combustible para vehículos de todo tipo, incluidos los submarinos. Y así, con el auge del carbón y el petróleo, las posibilidades de la investigación y uso del hidrógeno como combustible se vieron disminuidas, solamente recuperando protagonismo hasta el surgimiento de la industria aeroespacial.

Hoy en día el interés por este gas se ha acrecentado, principalmente por la preocupación del deterioro ambiental y los efectos sobre el clima, además del posible agotamiento de los combustibles fósiles que hoy representan el principal combustible de todo lo que hacemos y movemos. Esto ha llevado a la comunidad científica a considerar este gas como posible solución a la búsqueda de una fuente limpia, renovable e inagotable de energía. Además de ello, su principal ventaja es que su combustión produce agua, lo que se traduce en la mínima o prácticamente nula emisión de gases causantes de efecto invernadero.

El hidrógeno, en sí, es un elemento que no se encuentra libre en la naturaleza, que debe ser desincorporado de otros, pero su producción a partir de electrólisis del agua dulce, salada, salobre, tratada y de biomasa, mediante sencillos procesos con baja o nula emisiones a la atmósfera, lo convierten en una opción viable para obtener energía renovable, estas cualidades hacen que el hidrógeno legalmente se catalogue como fuente de energía renovable, ya que reside en la naturaleza y puede ser transformado en un energético para aprovechamiento, tal como lo establece el artículo 3o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

El uso del hidrógeno no debe sustentarse únicamente en las posibles soluciones a los problemas de contaminación y abasto de energía, sino que también debe sustentarse en proyectos de investigación que nos permitan desarrollar su manejo y uso adecuado, para en un futuro cercano usarlo en vehículos, aviones, trenes o en la generación de electricidad. Asimismo, otros países han tratado de seguir el modelo islandés de investigación y desarrollo de energías limpias y renovables, pero particularmente en el uso de hidrógeno.

En Paraguay, recientemente se creó el Centro de Innovación en Tecnología del Hidrógeno, en Argentina, en el año 2006, se promulgó la Ley 26.123 de Promoción del Hidrógeno para declarar de interés nacional el desarrollo de tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía.

También existen investigaciones, incluso más desarrolladas, en países como Canadá, líder en investigación y desarrollo de tecnologías del hidrógeno. En España se creó el Centro Nacional del Hidrógeno; en México contamos con la presencia de instituciones, como el CONACyT, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAV y la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, aquí presente, a quien le reconozco esa integridad y esa capacidad de estos científicos orgullosamente mexicanos que ponen su conocimiento y su generosidad al pueblo de México.

Muchas gracias por esa generosidad.

No obstante, el vacío legal persiste, toda vez que nuestro marco jurídico nacional no considera el aprovechamiento del hidrógeno como vector de energía o combustible limpio.

El tema puntual de esta iniciativa es incluir la investigación y el desarrollo de tecnologías como elementos importantes para el aprovechamiento sustentable de la energía, particularmente aquella que es generada por el uso del hidrógeno, sea como combustible o como vector energético.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso g) y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 3o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

g) El hidrógeno, como combustible o vector energético;

h) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente cumpla con el primer párrafo de esta fracción.

Y se reforman los artículos 1 y 11, fracción I, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social. Tiene como objeto propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su investigación, desarrollo, explotación y hasta su consumo.

Artículo 11. La Comisión tendrá las facultades siguientes:

I. Propiciar el uso óptimo de la energía, desde su investigación, desarrollo, explotación y hasta su consumo.

Es cuanto, señor Presidente. Y pido sea integrada en el Orden del Día la iniciativa tal y cual como la presenté.

Muchas gracias.

Iniciativa

“SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO G) Y SE ADICIONA EL INCISO H) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1 Y 11, FRACCION I DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Durante los últimos 50 años las refinerías de petróleo, las industrias químicas y petroquímicas así como las industrias de combustibles sintéticos, han empleado el hidrógeno gaseoso en grandes cantidades como materia prima. Ejemplos significativos de este uso son la producción de amonio para fertilizantes o la desulfuración de los productos derivados del petróleo.

II. De igual modo la industria del gas ha hecho uso del hidrógeno en forma líquida y en forma gaseosa para múltiples aplicaciones con un envidiable historial de seguridad. También la industria eléctrica ha empleado el gas de hidrógeno con objeto de enfriar el rotor y el estator de grandes turbinas.

III. La presencia del hidrógeno en la historia del hombre se remonta a su misma existencia como parte de la naturaleza. Sin embargo, fue descubierto hasta 1766 por Henry Cavendish en el agua y después Lavoisier le bautizó como generador de agua o hidrógeno.

IV. A pesar de ello, fue a finales del siglo XVIII que se le dio su primera aplicación práctica en el ejército francés al usar globos de reconocimiento, y un siglo después lo emplearon los alemanes en los dirigibles que cruzaban el Atlántico. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el hidrógeno fue empleado como combustible para vehículos de todo tipo, incluso submarinos. Y así, con el auge del carbón y el petróleo, las posibilidades de la investigación y uso del hidrógeno como combustible se vieron disminuidas, solamente recuperando protagonismo hasta el surgimiento de la industria aeroespacial.

V. Hoy en día el interés por este gas se ha acrecentado, principalmente por la preocupación del deterioro ambiental y los efectos sobre el clima, además del posible agotamiento de los combustibles fósiles que hoy representan el principal combustible de todo lo que hacemos y movemos. Esto ha llevado a la comunidad científica a considerar este gas como posible solución a la búsqueda de una fuente limpia, renovable e inagotable de energía. Además de ello, su principal ventaja es que su combustión produce agua, lo que se traduce en la mínima o prácticamente nula emisión de gases causantes de efecto invernadero.

VI. El hidrógeno es un gas y es el elemento más abundante del Universo, siendo incluso el combustible de las estrellas, incluido el Sol; lamentablemente no está disponible fácilmente en la Tierra, ya que está mayormente combinado con el agua, debiendo obtenerse siempre mediante una reacción química. Lo anterior nos lleva a confirmar que el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, tal como es el carbón o el gas natural, pero si es un elemento que puede usarse en sistemas energéticos tradicionales.

VII. Es una realidad, que el hidrógeno es una alternativa para sustituir combustibles tradicionales y con ello no sólo disminuir las emisiones de carbono que dañan al planeta, sino también incentivar el desarrollo de economías más fuertes, nuevas formas de generación de energía limpia y niveles altos de vida, tal como está sucediendo en países como Islandia.

VIII. El uso de hidrógeno no debe sustentarse únicamente en las posibles soluciones a los problemas de contaminación y abasto de energía, sino que también debe sustentarse en proyectos de investigación que nos permitan desarrollar su manejo y uso adecuado para en un futuro cercano, usarlo en vehículos, aviones, trenes o en la generación electricidad. Pero esto solo se logrará si las sociedades y sus gobiernos realizan fuertes inversiones en el campo científico y crean mecanismos o instituciones para incentivar la investigación sobre los usos posibles del hidrógeno.

ANTECEDENTES.

I. Islandia, representa para el mundo un lugar muy pequeño en el mapa, pero también uno de los países más desarrollados y limpios del mundo; posee una sociedad desarrollada con un cómodo estado de bienestar y tecnológicamente avanzada, particularmente por la situación en que se encuentran.Este país se ubica al noroeste de Europa y muy cerca de Groenlandia, y es uno de los países más pobres de Europa, que desde hace dos siglos se depende de la industria pesquera. Al no contar con petróleo ni gas para explotar, se vio forzado a buscar la forma de ser autosuficiente sin comprometer su ambiente. Es así que estableciendo un sistema educativo completo e incentivando la investigación científica, logró pasar a ser una de las sociedades ideales para vivir de todo el mundo.

II. Los islandeses tuvieron que proveerse de electricidad por métodos diferentes a los convencionales, creando así una industria de energía geotérmica e hidráulica con el objeto de ser completamente autosuficientes para el año 2050, siendo que ahora su producción se destina a cubrir la demanda del país con un 80% y 20% restante es para importar combustibles usados en el transporte y la navegación. Además no se han quedado estáticos, ahora buscan introducir el uso del hidrógeno en los vehículos, convirtiéndose así en uno de los pocos países del mundo con estaciones de hidrógeno para este tipo de transporte.

III. Asimismo, otros países han tratado de seguir el modelo islandés de investigación y desarrollo de energías limpias y renovables, pero particularmente en el uso del hidrógeno, la comunidad científica de países como Paraguay y Argentina pretenden generar el interés en sus gobiernos para adecuar el marco jurídico nacional e incentivar el desarrollo de investigaciones encaminadas al uso del hidrógeno como combustible limpio o generador de energía renovable.

IV. En Paraguay recientemente se creó el Centro de Innovación en Tecnología del Hidrógeno, con el objeto de realizar estudios, capacitación y procesos de innovación en la producción de hidrógeno como combustible alterno y ecológico; otro caso, en Argentina desde el año 2006 se promulgó la Ley 26.123 de Promoción del hidrógeno para declarar de interés nacional el desarrollo de tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía con la inclusión de inversionistas privados y la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno que pretende financiar proyectos de investigación.Sin embargo, a pesar de la buena voluntad por llevar adelante su aplicación, a la fecha sigue pendiente la emisión de su Reglamento para poder entrar debidamente en su aplicación.

V. También existen investigaciones, incluso más desarrolladas, en países como Canadá, líder en investigación y desarrollo de tecnologías del hidrógeno, Estados Unidos quien cuenta con estaciones de servicio de hidrógeno, Brasil con el programa I+D+i en tecnologías del hidrógeno y España quien creó el Centro Nacional del Hidrógeno. No obstante en ninguno de ellos se cuenta con un marco legal para la explotación del hidrógeno, pese a que su principal uso a diferencia del caso de México que se usa como materia prima para productos químicos, el hidrógeno es considerado y aplicado como combustible limpio.

En México contamos con la presencia de Instituciones como el CONACyT, UNAM, IPN, CINVESTAV y la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, quien en conjunto cuentan con más de 100 especialistas mexicanos que realizan investigaciones en temas relacionados con el hidrógeno No obstante, el vacío legal persiste, toda vez que nuestro marco jurídico nacional no considera el aprovechamiento del hidrógeno como vector de energía o combustible limpio.

CONSIDERANDOS

I Tema puntual de esta iniciativa, es incluir la investigación y el desarrollo de tecnologías como elementos importantes para el aprovechamiento sustentable de la energía. Particularmente aquella que es generada por el uso del hidrógeno, sea como combustible o como vector energético. Así, un combustible es toda sustancia que puede quemarse, produciendo calor; estos a su vez pueden ser sólidos, líquidos o gases, sea en estado natural o preparado; y un vector energético, es un concepto aplicado a las sustancias o dispositivos que almacenan y entregan fácilmente energía, de forma tal que pueda liberarse de manera controlada.

II. Como en cualquier otra gran industria, han existido accidentes, pero la gestión de la seguridad en la industria del hidrógeno puede calificarse de satisfactoria. La seguridad debe ser considerada en todos los aspectos del ciclo energético del hidrógeno: producción, transporte, almacenamiento y distribución y utilización.

III. Esta tendencia a aprovechar las ventajas del hidrógeno en los procesos industriales se ha ido extendiendo a lo largo de los años sin que se hayan presentado problemas de mayor importancia. En el mercado del transporte están surgiendo proyectos innovadores relacionados con automóviles, camiones, autobuses y aviones que emplean el hidrógeno para su propulsión, lo que supone sin duda alguna un paso hacia delante en la difusión del hidrógeno dentro de nuestra sociedad.

IV. El hidrógeno se utiliza también en el sector de la alimentación, para la hidrogenación de los aceites y grasas vegetales y animales. Además tiene aplicación en el campo metalúrgico por su habilidad para reducir los óxidos metálicos y prevenir la oxidación en tratamientos térmicos de ciertos materiales y aleaciones. Además tiene uso en el corte y la soldadura de metales. Por otro lado, y como ya se ha comentado anteriormente, el hidrógeno es extensamente empleado en la síntesis del amoniaco y en las operaciones de refino del petróleo. A su vez el hidrógeno líquido se emplea como combustible primario de los cohetes espaciales, junto con oxígeno o fluoruros y como combustible en los cohetes de propulsión nuclear y los vehículos espaciales.

V. La excepcionales características físicas y químicas del hidrógeno le hacen muy valioso para muchas industrias, y sus usos varían enormemente desde aplicaciones en la industria alimentaria hasta semiconductores, abriéndose cada día más el ya de por si amplio abanico de posibilidades existentes. La producción y uso del hidrógeno poseen un largo historial de seguridad y muchas de las directrices, modos de operación y reglamentación aplicada en la industria convencional, pueden ser muy útiles a la hora de valorar las nuevas situaciones que se presentan con los nuevos usos, del hidrógeno. Estos nuevos usos como los vehículos propulsados por motores de combustión interna o pilas de combustible, o las pilas de combustible que generan electricidad y calefacción en sectores industriales, comerciales o residenciales, repercuten positivamente sobre la visión que el público en general y la propia industria tienen sobre el hidrógeno. Además el producto de combustión del hidrógeno es agua, que es la base de las ventajas medio ambientales del hidrógeno.

VI. En el futuro, el hidrógeno producido a gran escala, podría ser distribuido mediante tuberías de gas en zonas donde haya una gran demanda de hidrógeno, tal y como se hace actualmente en el Sureste de EE.UU. donde actualmente hay una mayor utilidad de hidrógeno como materia prima para la industria química. La producción "in situ" también puede ser en el caso de equipos de reformado a pequeña escala, actualmente en desarrollo, o electrolizadores a pequeña escala. El hidrógeno también puede ser producido a partir de fuentes renovables de energía, como la biomasa, y a largo plazo a partir de la luz del sol y el agua, mediante dispositivos fotoeléctricos. En cada caso la seguridad variará en función del proceso productivo, el tamaño, la localización y otras consideraciones específicas de la instalación de producción.

VII. El uso de la energía suele clasificarse en cinco sectores: industrial, comercial, residencial, generación de electricidad y transporte. Aproximadamente el 25% del uso de la energía en Norteamérica corresponde al sector del transporte. Este sector produce una gran parte de las emisiones causantes de la contaminación en las áreas urbanas y de los efectos adversos sobre el clima a nivel global. La energía empleada en este sector es casi totalmente dependiente del petróleo. Las emisiones y la dependencia del petróleo hacen del sector del transporte el más problemático cuando se proyectan futuros escenarios para sistemas de energía que son renovables, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y económicos.

VIII. Los nuevos usos del hidrógeno, presentan nuevas condiciones de funcionamiento y nuevas tecnologías. Esta diversificación de las aplicaciones del hidrógeno también conlleva sistemas de hidrógeno a gran escala, nuevos “ciclos de vida” y costos. Presumiblemente el contexto de seguridad evolucionará dando lugar a un amplio espectro de nuevas, avanzadas y fiables tecnologías de seguridad. Otras variables a destacar son los factores humanos relacionados con la seguridad industrial y la gestión de sistemas de seguridad, así como la imagen que sobre el hidrógeno tenga la opinión pública. El uso del hidrógeno como energía a gran escala y como combustible de cara al público, plantea nuevas preguntas sobre riesgos y medidas de seguridad específicas.Por otra parte, la ausencia de efectos nocivos para la salud o el medio ambiente frente a otras industrias que manipulan combustibles tradicionales, supone un atractivo de indudable importancia.

IX. En los proyectos relacionados con el hidrógeno hay una necesidad de implementar medidas de seguridad que permitan identificar los peligros que presenta el hidrógeno, de manera que puedan evaluarse y compararse con aquellos que presentan otros combustibles. A través de la aplicación de normativas, códigos y reglamentaciones, la sociedad se asegura que la gestión de riesgos se ha llevado a cabo correctamente.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO G) Y SE ADICIONA EL INCISO H) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1 Y 11, FRACCION I DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA.

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

g) Hidrógeno, como combustible o vector energético;

h) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente cumpla con el primer párrafo de esta fracción;

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene como objeto propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su investigación, desarrollo, explotación y hasta su consumo.

Artículo 11. La Comisión tendrá las facultades siguientes:

I. Propiciar el uso óptimo de la energía, desde su investigación, desarrollo, explotación y hasta su consumo;

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los 17 días del mes febrero de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. Desde luego que se integrará totalmente al Diario de los Debates este documento. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de la Banda Ancha.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Quisiera rogarle a usted, que se me permita en esta intervención desahogar de una vez la presentación de dos iniciativas que tienen que ver con este tema, por lo tanto, no solamente sería la presentación de esta propuesta de Ley General de Redes Públicas de Internet de Banda Ancha, sino también un proyecto de Decreto por el cual se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Salud en este tema, si usted tiene a bien obsequiarme.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Robles Montoya. Unicamente nada más le pido que sea dentro del término reglamentario.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE LAS REDES PUBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REDES PUBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Desde luego que se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates cada una de las iniciativas que ha presentado.

Por lo que hace al proyecto de Decreto que expide la Ley General de las Redes Públicas de Internet y Banda Ancha, se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Y el proyecto de reformas a la Ley General de Educación y a la Ley General de Salud, en materia de redes públicas de Internet de banda ancha, se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Mendoza Davis.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solicitarle al Senador Robles Montoya si me permite adherirme a su iniciativa en términos de la creación de la red de banda ancha.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Benjamín Robles, ¿acepta la incorporación? Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Con gusto, igualmente los Senadores Ernesto Cordero y Joel Ayala.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS DEL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso de la Presidencia.

Una de las características más importantes en un estado democrático es el equilibrio entre los poderes que lo conforman. La historia de México está marcada por la lucha entre aquellos que quieren concentrar el poder en unas cuantas manos, y quienes creen que el ideal es que exista un equilibrio en la toma de decisiones y en la conducción de Estado.

En este sentido, es la misma historia quien ha demostrado que el poder absoluto es una perversión, que deja sin libertad a los ciudadanos y, por ende, a merced de las decisiones de los gobiernos autoritarios.

El Constituyente original de la República declaró, en la Constitución de 1917, que el poder no debía estar concentrado en una sola persona y para su ejercicio se dividiría en tres poderes de la unión, y así el artículo 49 constitucional establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, esta división del poder tiene como objetivo evitar el abuso, la tiranía y el autoritarismo, pues una verdadera democracia solo puede construirse y consolidarse a través del equilibrio de estos poderes.

En los últimos años, México ha tenido grandes avances en materia de vigilancia entre los poderes, pero sobre todo en el respeto a la independencia y autonomía de cada uno de ellos, porque nunca debemos olvidar que terminada la lucha armada de masas, fruto de la Revolución Mexicana, se institucionalizó en México la democracia a través de la creación de un partido de Estado que agrupaba a todas las organizaciones sociales, y a través de ellas ejercía el control desde la presidencia, incluso hacia los Poderes Legislativo y Judicial, bajo un sistema presidencial autoritario.

La creación de dicho partido llevaría a México a vivir por más de 70 años bajo un régimen presidencialista y de un partido de Estado, esto ocasionó que por muchos años no existiera un verdadero control y vigilancia en la actuación del Ejecutivo por parte del Legislativo.

Fue hasta las elecciones del 1o de septiembre de 1997 que por primera vez el partido oficial perdió la mayoría en el Congreso de la Unión al obtener sólo 239 Diputados en la Cámara Baja.

A partir de entonces, el Congreso de la Unión comenzó a tener un papel más proactivo en vigilar que las actuaciones del Poder Ejecutivo fueran con apego al marco constitucional y, sobre todo, en beneficio del pueblo mexicano.

A partir de entonces, el artículo 93 constitucional, materia de la presente iniciativa, tuvo cambios importantes, ampliando la facultad del Congreso de la Unión para fiscalizar la actuación del Presidente de la República, así como la de los secretarios de Estado, directores y administradores de las entidades paraestatales y de los titulares de órganos autónomos.

En este sentido, las facultades y responsabilidades que ha adquirido el Congreso de la Unión son amplias, pero no bastan más aún frente a la Reforma Energética aprobada en diciembre de 2013, en la que se crea una nueva figura para la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, dejando de ser empresas paraestatales, para ser consideradas jurídicamente como empresas productivas del Estado.

El pasado 7 de enero del presente año, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertaba de la necesidad de regular jurídicamente la vigilancia por parte del Congreso de la Unión hacia estas empresas productivas del Estado, y argumentaba que con la reforma energética se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso. Es decir, el papel de vigilancia que tiene el Poder Legislativo es nulo frente a la creación de este nuevo modelo de empresa pública bajo el control de gobierno.

En el dictamen de la reforma energética se manifiesta que las empresas productivas del Estado en cuanto a su propiedad y control, estarán bajo el control del gobierno federal a efecto de llevar a cabo actividades de exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos del subsuelo.

Con esto se crea una nueva figura de empresa que controlará y rendirá cuentas al Ejecutivo Federal pero con características diferentes a una empresa paraestatal, dejándolas fuera de la vigilancia y rendición de cuentas del Congreso de la Unión.

De lo anterior surge la necesidad de ajustar el texto constitucional en el artículo 93, a fin de que el Congreso tenga la facultad de exigir rendición de cuentas a los directores de este nuevo modelo de empresa productiva, o de lo contrario, habría un vacío legal y se encontraría en estado de incompetencia, pues toda autoridad debe apegarse al principio de legalidad.

En este mismo sentido, la Reforma Energética modifica el monopolio en hidrocarburos por parte del Estado y abre la puerta incorrectamente a la inversión privada nacional y extranjera en esta área estratégica para la nación, otorgando asignaciones para la exploración y extracción en petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo.

Legislaciones como la de España, prevén la facultad del Legislativo de intervenir o investigar empresas privadas cuando el interés general está por encima de los intereses particulares de las empresas.

En el mismo sentido, la legislación de Panamá contempla que el Poder Legislativo puede emprender acciones de investigación, incluso a empresas privadas cuando se trata de un asunto de interés público.

Es decir, debido a que la Reforma Energética abre la puerta para que empresas privadas exploten un recurso estratégico para la nación, es indispensable que toda empresa que desee invertir en esta área en México, sea sujeta de investigación por parte del Congreso de la Unión, toda vez que explotan y trabajan en un área de la que depende la soberanía y el desarrollo de la nación.

Por ende, si el gobierno federal en verdad tiene la intención de que exista transparencia en el manejo de los hidrocarburos en esta nueva etapa para el país, deberá apoyar esta propuesta de reforma y dotar de mayores atribuciones de vigilancia al Congreso de la Unión en esta materia.

En este sentido, con la modificación se pretende que además de las comparencias previstas actualmente en el artículo 93, se incorpore a los directores de las empresas productivas del Estado y directores de empresas privadas, de áreas estratégicas para la nación, para informar acerca de sus respectivos ramos, así como facultar al Congreso para investigar su funcionamiento.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAR EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las características más importantes en un Estado democrático es el equilibrio entre los poderes que lo conforman. El Constituyente Original de la República declaró en la Constitución de 1917 que el poder no debía estar concentrado en una sola persona, y para su ejercicio se dividiría en tres Poderes de la Unión, y así, el artículo 49 constitucional establece que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”

Esto se traduce en la necesidad de no caer en actos de autoritarismo, y buscar que entre los mismos poderes exista equilibrio, es decir un contrapeso a la actuación de los otros dos.

El ejercicio público de los poderes presupone ante todo un justo equilibrio natural como imperativo categórico y un principio constitucional como factor indiscutible,1es decir, el poder público en sí mismo es legítimo sólo en la media que existe un equilibrio entre los poderes del Estado.

El fenómeno del poder ha sido una inmensa disputa desde tiempos inmemorables,2 la historia de México está caracterizada por una lucha constante para obtener el poder público y con ello el control de las masas. Desde la formación de la nación mexicana el poder se ha debatido entre liberales y conservadores o por ideologías de derecha o izquierda.

Desde el inicio del movimiento de Independencia, hasta el triunfo de la Revolución Mexicana, la lucha política y social se centró, principalmente, entre quienes deseaban para la nación un control centralista del poder, y aquellos que buscaban descentralizar el poder público de los monarcas y dictadores para que fuera ejercido a través de la división de poderes y dejará de estar concentrado en una sola persona, buscando garantizar un Estado democrático, pues la única alternativa frente a autoritarismo, como lo señaló Montesquieu, el poder debe ser quien frene al poder mismo, esto significa que entre los mismos poderes debe existir vigilancia frente la actuación de sus iguales.

En este sentido la historia ha demostrado que el poder absoluto es una perversión, que deja sin libertad de acción a los ciudadanos y por ende a merced de las decisiones de los gobiernos autoritarios. Y de ahí la necesidad de generar Estados democráticos en los que el poder“está distribuido, limitado, controlado y se ejerce en rotación,”3 y con ello una sociedad se puede encaminar hacia una verdadera democracia.

En la Constitución de Apatzingán de 1824 “surgen los documentos que postulan el federalismo con lo que se establece específicamente una nueva forma de gobierno,”4 entre otras características instituyó la soberanía nacional, estableció algunos derechos a favor de los ciudadanos y sobre todo declaró el principio fundamental de toda república democrática, la división de poderes.

Posteriormente entre 1835 y 1843 México volvió a vivir un periodo centralista, encabezado por Antonio López de Santa Anna; a través de las “Siete Leyes Constitucionales” y de las “Bases Orgánicas de 1843” dieron origen a un gobierno centralista que buscaba concentrar la toma de decisiones y eliminar la división de poderes.

Con gran influencia de la “Revolución de Ayutla”, el 1º de marzo de 1854 es proclamado el Plan de Ayutla en lo que “se cesaba del ejercicio del poder público a Antonio López de Santa Anna, se convocaba a elegir un presidente interino de la República por representantes de cada Estado y territorio, y se convocaba a un Congreso Extraordinario para construir a la nación bajo la forma de república representativa popular,”5 a partir de este movimiento que buscó derrotar la visión centralista de la República, surge de nueva cuenta la posibilidad de retomar los ideales olvidados en las “Siete Leyes” y re direccionar el rumbo del país.

La Constitución de 1857 retoma los principios establecidos en la Constitución de 1824, buscando plasmar en ella el principio de división de poderes y restaurar el equilibrio en la toma de decisiones.

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, la historia de la democracia en México nuevamente entra en una crisis al vivir una nueva etapa de autoritarismo. Díaz tomó la presidencia en varias ocasiones desde 1877, sin embargo su periodo más largo fue de 1884 hasta 1911 con el triunfo de la Revolución Mexicana. Durante este periodo el poder nuevamente se volvió a centralizar, pues a pesar de que había elecciones “libres” y siempre resultaba ganador el general Porfirio Díaz, no existían organismos de control y vigilancia electoral que determinarán la transparencia de las elecciones.

Ese descontento social finalmente desembocó en la Revolución Mexicana,y como resultado de este movimiento se logra la creación de la Constitución de 1917,en la que se retoman los principios establecidos en la Carta Magna de 1857 como son: forma de gobierno, soberanía popular, división de poderes y derechos individuales; pero la nueva Constitución se fortaleció con las demandas sociales que dieron origen al movimiento revolucionario.

Es decir, la historia de México muestra que la disputa por centralizar o democratizar el poder ha sido unalucha constante; pero la misma historia demuestra que la mejor manera de gobernar, es aquella que otorga mayores beneficios y certezas a la mayoría del pueblo, una forma de gobierno federal en la que existe una división de poderes y el equilibrio en la toma de decisiones es lo que permite que haya paz social.

Posterior al decreto de la Constitución de 1917, México ha vivido una etapa de relativa paz social, pues se han logrado contener los descontentos sociales y se institucionalizó la vida democrática del país, pero esto no ha significado que exista una verdadera democracia.

Terminada la lucha armada de masas, fruto de la Revolución Mexicana, se institucionalizó en México la democracia a través de la creación de un partido de Estado que agrupara todas las organizaciones sociales, el cual después de un proceso interno, 1946 se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esos antecedentes llevarían a México a vivir por más de 70 años bajo un régimen presidencialista dominio de un partido de Estado.

Debido a esto el país viviría bajo una simulación de “democracia”, donde aparentemente había partidos políticos que participaban en las elecciones, pero donde siempre resultaba ganador el partido de Estado, el PRI. En este sentido el partido oficial no buscaba “disputar el poder con sus adversarios políticos en las urnas”,6 más bien sólo simulaba la institucionalidad de la democracia, es decir a pesar de que México aparentemente había transitado hacia un régimen democrático, el poder siguió centralizado por décadas, donde las decisiones provenían del Presidente en turno, lo mismo para la administración pública que para el Poder Legislativo, los gobernadores o los Congresos estatales.

Es hasta a principios de la década de los 90 cuando el régimen presidencialista comenzó a perder cierta fuerza, la sociedad comenzó a reclamar una verdadera democracia y sustituir la simulación de los procesos electorales; reclamaba la independencia del Congreso de la Unión y la toma de decisiones descentralizada, por una verdadera democracia, donde los tres Poderes de la Unión fueran en los hechos independientes y autónomos, pero sobre todo trabajaran en beneficio del bien común de las mayorías y se respetara la voluntad popular. Además de establecer un marco jurídico de control entre los poderes.

Con la llegada de estos reclamos sociales fue que el principio de división de poderes comenzó a tomar un verdadero sentido, comenzó una etapa de buscar un equilibrio en la toma de decisiones y sobre todo de vigilancia en su actuación. En las elecciones del 1º de septiembre del año 1997, fue la primera vez que el partido oficial (PRI) perdió la mayoría en el Congreso de la Unión al obtener 239 diputados frente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien ganó el 25% de los votos y contara con 125 diputados, mientras que el Partido de Acción Nacional (PAN)obtuvo 121 diputados; el Partido Verde Ecologista (PVEM)tendría 8 diputados y el Partido del Trabajo (PT) contara con 7 diputados.7 Por primera vez la toma de decisiones tendría que ser fruto del consenso y con aprobación de otros partidos.

A partir de entonces el Congreso de la Unión comenzó a tener un papel más proactivo en vigilar que las actuaciones del Poder Ejecutivo fueran con apego al marco Constitucional y sobre todo en beneficio del pueblo mexicano. Pero sobre todo, a partir de esa década el Congreso tuvo mayores atribuciones a fin de vigilar e investigar la actuación del Ejecutivo, así como en el ejercicio del presupuesto que se le otorga, y se amplió el marco jurídico para evaluar el desempeño del gobierno, de la transparencia y rendición de cuentas.

De esta manera, a partir de 1994, el artículo 93 constitucional comenzó a sufrir una serie de reformas encaminadas a dar mayor equidad en la actuación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y buscar mayor control entre los poderes, sobre todo delegando mayores facultades de vigilancia al Congreso de la Unión, a fin de dar certeza y transparencia en el manejo de recursos públicos, sin menoscabar el principio de división de poderes.

Este principio de control parlamentario tiene sus antecedentes originales en la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 125 establecía que “en los casos en que los secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas propuestas a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuando y del modo que las Cortes determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes en la votación”8; posteriormente en las Constituciones de 1824, 1836 y 1857 se preveía la figura de la comparecencia por parte de ministros o secretarios de despacho. Finalmente en la Constitución de 1917 se establece en el artículo 93 que “Los Secretarios del Despacho, luego que éste abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley, o se estudie un negocio relativo a su Secretaría”.9 Sin embargo, a la luz de lo que ha sido expuesto anteriormente, esta figura había resultado ser una simulación bajo el partido de Estado que gobernaba a México.

Las primeras reformas que sufrió este precepto constitucional fueron en el gobierno del Presidente Luis Echeverría, en el que se incorporó a su figura original la obligación de comparecer no sólo a los secretarios de despacho, sino también a los Jefes de Departamentos Administrativos, y se otorgó la facultad al Congreso de la Unión de citar además de los secretarios de despacho a Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los Directores y Administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.

Otra modificación importante al artículo 93 en cuestión fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, el 31 de diciembre de 1994, en la que se ampliaba la facultad de citar a comparecer al Procurador General de la República; finalmente en el año 2008, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se decretó una quinta reforma a este precepto Constitucional, señalando que el Congreso también podría citar a comparecer a los titulares de órganos autónomos y se otorgaba la facultad de pedir información y documentación a los comparecientes a fin de aclarar al Legislativo el estado que guardan sus respectivos ramos.

En este sentido, el proceso para lograr obtener una verdadera división de poderes en México, ha llevado más cien años, y asimismo avanzar en materia de vigilancia entre poderes, es un logro para la sociedad mexicana, dotar de atribuciones de vigilancia al Congreso de la Unión respecto del Poder Ejecutivo ha sido una son esfuerzos encaminados hacia una verdadera independencia de los Poderes y sobre todo, una revés para aquellos que desean centralizar el poder de nueva cuenta.

Las facultades y responsabilidades que ha adquirido el Congreso de la Unión son amplias, pero no bastas, más aun frente a la reforma energética aprobada en diciembre de 2013, en la que se crea una nueva figura para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), dejando de ser empresas paraestatales, para ser consideradas jurídicamente como Empresas Productivas del Estado.

El pasado 7 de enero del presente año, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertaba de la necesidad de regular jurídicamente la vigilancia por parte del Congreso de la Unión hacia estas empresas productivas del Estado, y argumentaba que con la Reforma Energética “se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso.”10

En el dictamen de la Reforma Energética se manifiesta que las empresas productivas del Estado en cuanto a su propiedad y control estarán bajo el control del Gobierno Federal, a efecto de llevar a cabo actividades de exploración y extracción y petróleo y otros hidrocarburos del subsuelo. Con esto se crea una nueva figura de empresa que controlará y rendirá cuentas al Ejecutivo, pero con características diferentes a una empresa paraestatal.

De ahí nace la necesidad de modificar la Constitución Política Federal a fin de que el Congreso de la Unión tenga la facultad de exigir rendición de cuentas a los directores de este nuevo modelo de empresa productiva, de lo contrario se encontraría en estado de incompetencia pues toda autoridad debe apegarse al principio de legalidad, en el que no puede actuar fuera del marco de la ley, y en el caso de las empresas productivas del Estado al pertenecer a un marco jurídico diferente no estarán bajo la vigilancia del Congreso de la Unión.

En este mismo sentido, la Reforma Energética modifica el monopolio en hidrocarburos por parte del Estado, y abre la puerta a la inversión extranjera en esta área estratégica para la nación, otorgando asignaciones para la exploración y extracción en petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo a empresas privadas. La misma reforma Constitucional reconoce que tanto el petróleo como los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos siguen siendo propiedad de la nación, y con ello advierte que son un área estratégica para el país.

Asimismo, es necesario que las empresas privadas que deseen invertir en esta área estén en el entendido de antemano, que están sujetas al escrutinio del Poder Legislativo, pues estarán manejando un recurso que pertenece a la nación mexicana y por ende su vigilancia se extiende tanto a las empresas productivas del Estado, como a las empresas privadas que deseen invertir en el ramo.

Legislaciones como la Constitución española prevén un mecanismo similar, en su artículo 128 señala que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”, es decir, se otorga la facultad de intervenir o investigar empresas privadas, cuando el interés general está por encima de los intereses particulares de las empresas.

En un sentido muy similar, la Constitución Federal de la República de Panamá tiene plasmado como derecho de los ciudadanos “solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación.” Mientras que su artículo 116 señala la atribución de la Asamblea Nacional “Nombrar, con sujeción a lo previsto en esta Constitución y en el Reglamento Interno, las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y las Comisiones de Investigación sobre cualquier asunto de interés público, para que informen al Pleno a fin de que dicte las medidas que considere apropiadas”.

Es claro que la Constitución de la República de Panamá contempla que el poder Legislativo puede emprender acciones de investigación incluso a empresas privadas cuando se trata de un asunto de interés público.

En este sentido, es necesario que a luz de una Reforma Energética, la cual cambiará drásticamente el papel del Estado en materia de energéticos, se instrumenten los mecanismos necesarios para regular la actuación tanto de las empresas productivas del Estado, como de las empresas privadas que participen en áreas estratégicas.

Lo menos que puede esperar la sociedad mexicana, después de no ser escuchada, ni tomada en cuenta para la aprobación de la Reforma Energética, es un marco jurídico que permita tener certeza y transparencia en el manejo de la extracción y exploración de los hidrocarburos hacia las empresas productivas del Estado y las privadas, es necesario que el derecho a la información se extienda a empresas que incursionen en áreas estratégicas para la nación.

Así como los artículos transitorios prevén un lapso de 120 días para la aprobación de la legislación secundaria, es necesario que el Congreso de la Unión tenga las atribuciones necesarias para vigilar la administración de los recursos hidrocarburos de la nación, antes de que se otorguen “asignaciones” (contratos-licencias) a particulares. La reforma en cuestión, debe ser discutida y aprobada a la brevedad de lo contrario los costos para la nación pueden ser irreversibles.

Derivado de lo anterior someto a esta Soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAR EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Unico.- Se modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93.-

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a lostitulares de los órganos autónomos, de empresas productivas del Estado y directores de empresas privadas de áreas estratégicas para la nación, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, las empresas productivas del Estado y empresas privadas de áreas estratégicas para la nación. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en untérmino no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a lostitulares de los órganos autónomos, de empresas productivas del Estadoy directores de empresas privadas de áreas estratégicas para la nación, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, las empresas productivas del Estado y empresas privadas de áreas estratégicas para la nación. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en untérmino no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Dado en el salón de sesiones a los dieciocho días del mes de febrero de 2014”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Delgadillo, Carrillo, Fortino, “El equilibrio de poderes,”[en línea], Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, [consultado 30-01-2014] disponible en internet:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/93/10.pdf

2 Idem.

3 Véase Sartori, Giovanni, “Aspectos de la democracia,” México, Edit., Limusa, 1965.

4 Rabasa, Emilio, “Historia de las Constituciones mexicanas”, [en línea], Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, citado [30-01-2014], disponible en internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=234

5 Idem.

6 Meyer, Lorenzo, p. 68

7 Véase Carmona, Doralicia, “El PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados”, Memoria Política de México, México, [citado 30-01-2014],disponible en internet: http://www.inep.org/Efemerides/9/01091997.html

8 http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-04-12.pdf

9 Idem

10 Valadés, Diego, “Petroleras fuertes. Congreso débil”, periódico Reforma, México, 07-01-2014, [citado 14-02-14].






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECELAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román del, Partido Movimiento Ciudaddano)

“LAYDA SANSORES SAN ROMAN, SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 71 FRACCION II Y 73 FRACCION XIV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8.1 FRACCION II, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA; SOMETO A ESTA HONORABLE CAMARA DE SENADORES LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS SE ADICIONA LOS ARTICULOS 10 Y 11, SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2º, 5º, 6º, 16 Y ARTICULO IV TRANSITORIO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema Penitenciario

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo segundo del artículo 18 lo siguiente:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Del párrafo constitucional mencionado se deducen los siguientes aspectos:

El sistema penitenciario se organizará sobre el respeto a los derechos humanos de los presos, principalmente el derecho al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación,la salud y el deporte;

El principal objetivo del sistema será la reinserción a la sociedad de la persona sentenciada, con el fin de que no vuelva a delinquir.

El Estado mexicano, a través del sistema penitenciario, tendrá como fin la reinserción a la social de todo aquel individuo que haya sido sentenciado por la comisión de un delito, pero dicho objetivo se basará con apego irrestricto al respeto a los derechos humanos.

La última reforma constitucional modificó el término readaptación por la de reinserción, lo que se puede entender como aquel procedimiento para dotar al individuo de herramientas éticas para que no vuelva a delinquir, es decir, que el individuo al cumplir su pena tenga las bases suficientes para reintegrarse a la sociedad y se pueda conducir de acuerdos a lanorma establecida.

Cabe aclarar que el texto constitucional trae consigo un problema de interpretación, ya que sólo se refiere a la reinserción a la sociedad de los sentenciados, dejando de lado a las personas que se encuentran en proceso penal, con la agravante que en nuestro país, los procesos penales al no ser rápidos ni expeditos, la mayoría son inconstitucionales, por lo que estamos ante un procedimiento o juicio violatorio del debido proceso, sujetando a los procesados a permanecer privados de su libertad durante larga temporada.

Ahora bien, el artículo primero constitucional, párrafos primero y tercero, sanciona lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De lo anterior se debe considerar que las personas que son sentenciadas por la comisión de un delito, consecuentemente sufren una modificación en su situación jurídica, que no significa que pierden todo derecho humano o fundamental, según sea el caso.

Lo anterior se destaca por el hecho que en nuestra sociedad a las personas que están sujetas a proceso penal o los que ya cuentan con sentencia firme, son criminalizadas por algunos sectores de la sociedad y de las propias autoridades; es claro que si bien han atentado contra la sociedad y por ende se actualiza el ius puniendi por parte del Estado.

Ello no necesariamente tiene relación con la violación a los derechos humanos de los presos. Así, en el texto “Derechos Humanos y Sistema Penitenciario” (CDHDF 2006), expone que:

Los espacios carcelarios se han caracterizado por la violación sistemática de tales derechos [humanos], de manera que la práctica cotidiana ha conducido a la creencia errónea de que en los centros de reclusión los derechos humanos están totalmente excluidos.

Dicha creencia está equivocada, pues permanecer en reclusión no implica la pérdida de la dignidad humana en la cual descansan los derechos humanos, sino que más bien significa la limitación de ciertos derechos, pero de ninguna forma de todos.

Cabe aclarar que poco a poco las organizaciones de la sociedad civil se han interesado en el tema de los reos a favor de no sólo reconocer los derechos humanos de ellos, sino de potenciarlos.

Asimismo, la cárcel, en tanto espacio de privación de la libertad, representa para el Estado la obligación de garantizar que todos aquellos derechos de los que los internos no han sido legalmente privados y que forman parte de la vida sana adulta de cualquier persona les sean garantizados.

De este modo, el Estado tiene obligaciones especiales con respecto a los derechos humanos de internos e internas.

En este orden de ideas, se desprende que si bien una persona se encuentra en una situación jurídica diferente, a consecuencia de una sentencia firme producto de la comisión de un delito, no significa que debe verse menoscabada en sus derechos humanos, antes debe considerarse que por el hecho de ser persona, la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier medida legal y social.

Por su parte Mercedes Peláez Ferrusca menciona que:

La idea hondamente arraigada no sólo en el sistema penal sino en el social y cultural de que poco importa o debe importar la persona de los delincuentes, se resiste a la influencia de la cultura de derechos humanos para todos.

No sólo por lo que tiene que ver con la reflexión taliónica: si el delincuente no considera los derechos de la víctima, por qué habría que respetar sus derechos; sino fundamentalmente porque, lejos del escrutinio público, la autoridad penitenciaría estatal ha favorecido el establecimiento del imperio del terror y el autoritarismo, en un medio que por su delicada naturaleza debe de estar sujeto a la legalidad y al respeto de la condición humana.

Se impone por tanto la reflexión inversa, sólo en la medida que el Estado fomente y respete la legalidad y el respeto por la dignidad de la persona reclusa, estará en condiciones de influenciar positivamente tanto en el delincuente preso como en la sociedad.

Se entiende, que lo expuesto es difícil de comprender para la población que ha sido víctima de la delincuencia y por parte de las personas sensible a los problemas de inseguridad y de injusticia en nuestro país; no obstante, la presente iniciativa de Ley pretende sumar a la labor que se da en los centros penitenciarios, ya que desafortunadamente en las cárceles de México hay personas que sin ser autores de delitos hoy en día purgan sentencias condenatorias cuando en realidad son inocentes; basta ver los documentales: El Túnel y Presunto Culpable.

No obstante, el objeto principal de esta iniciativa de reforma es contribuir a que se cumpla lo establecido por la Constitución, es decir, la reinserción de los sentenciados a la sociedad, con el fin de que una vez que salgan de los centros penitenciarios tengan una conducta conforme a las que rigen a la sociedad y no vuelva a delinquir.

Ya se ha mencionado el problema de interpretación del artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, en cuanto a los receptores de las características en que debe basarse el sistema penitenciario en México.

En este caso, la idea que señala que el respeto a los derechos humanos no solamente debe ser para los sentenciados, sino también para los que están sujetos a proceso penal, ya que en muchos centros penitenciarios la población en esta situación es considerable.

Como lo demuestra una investigación “En México, la autoridad abusa indiscriminadamente de la prisión preventiva. Más del 40% de las personas privadas de su libertad dentro de las cárceles están todavía en espera de que sus procesos concluyan.  Esto quiere decir que personas señaladas como “presuntos culpables” son encarceladas previo a la sentencia condenatoria, es decir, no sabemos si realmente cometieron o no un delito”.1

La Norma Internacional

Respecto a la normatividad internacional de los derechos humanos de las personas recluidas o presos, son varios los instrumentos internacionales que los protegen, entre los cuales están.

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 25 y 26);

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 9, 10 y 14, principalmente). De este instrumento cabe destacar lo establecido en el artículo 10 numeral uno: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano;

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 24 y 25). Aquí se destaca lo plasmado en el artículo 6, que menciona que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”;

d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 13);

e) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. I, II, III, V, VI, XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXV y XXVI). Este documento y para efectos de la presente iniciativa destaca en su artículo XXV que “[todo individuo] tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”; y

e) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 1 y 10, principalmente);

NOTA: Existe un instrumento no vinculante para el Estado Mexicano que establece una serie de reglas y mecanismos relacionados con las personas que son sujetas de prisión, este documento se le conoce como “Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas de Tokio)”.

Respecto de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos es importante señalarlos por dos aspectos importantes:

1.- Porque con base en la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, estos tratados tienen plena vigencia en nuestro país y son exigibles; y

2.-Para el caso de las personas sujetas a encarcelamiento les son aplicables -recordemos-, por el hecho de ser personas y de ser sujetos de protección a su dignidad humana, principalmente.

En este sentido, se puede clasificar los derechos de las personas sujetas a privación de la libertad por parte del Estado de la siguiente manera:

a.- Humanos, por su calidad de personas humanas;

b.- Fundamentales, por ser reconocidos por nuestra Constitución y por diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; y

c.-Especiales, porque son exclusivos y dirigidos a las personas que estás en situación de reclusión y que tienen vínculo con los Derechos Humanos.

Una vez que se ha expuesto lo relacionado a los Derechos Humanos de las personas que se encuentran en situación de detención y para efectos de la presente iniciativa, se hace un breve análisis de tres temas fundamentales que deben ser considerados por las autoridades mexicanas y que se tienen que plasmar en la legislación vigente. Nos referimos al derecho de trabajo, la educación y la salud.

El Trabajo

Entre los derechos mencionados por el artículo 18 constitucional se encuentra la capacitación y acceso al trabajo de las personas que se encuentren privadas de su libertad; asimismo, el párrafo tercero del artículo quinto constitucional establece que: nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

Respecto a lo establecido por el artículo 123 constitucional en sus fracciones I y II, se refieren al respeto a la jornada de trabajo y a las actividades industriales peligrosas. No obstante, se debe considerar para efectos de las personas que se encuentran en las cárceles, debería establecerse la retribución de los trabajos que se desarrollen dentro de los centros penitenciarios, para así tener una retribución económica que pueda sumar a la satisfacción de las necesidades básicas de las familias del reo.

Por otro lado, para poder cumplir este derecho de acceso al trabajo, el Estado mexicano debería retomar lo que se conoce como Industria penitenciaria, la cual pueda establecer mecanismos de inclusión laboral para los reos y celebre convenios con otras autoridades que necesiten de la fabricación de algún determinado objeto, para que los reos puedan ser productivos y, consecuentemente, generar ingresos que puedan beneficiar a sus familias.

En este orden de ideas, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 6, punto 3 establece que: “No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, […] los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridadjudicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado”.

Con base en esto último, algunas voces legítimamente mencionan que el poner a trabajar a las personas de las cárceles se le puede considerar como un trabajo forzoso, sin embargo no es así, ya que al recibir el pago por una actividad que se realice y, también, recibir capacitación, no se tienen rasgos de este tipo de trabajo ilegal.

Al contrario, una vez que las personas cumplan su pena y queden en libertad, se está ante la posibilidad que encuentren una actividad económica que beneficiará a su familia y a ellas mismas. Pero principalmente, el trabajo, la capacitación y su organización contribuirán directamente a lo establecido por el texto constitucional: la reinserción social del sentenciado.

La Educación

Aunado a lo establecido por el ya citado numeral constitucional, la Constitución en su artículo 3ª, establece el derecho a todo individuo a recibir educación.

En este sentido, no se puede entender la pérdida de este derecho fundamental en contra de los reos o sentenciados, al contrario, la reinserción social tiene sus bases en la formación en valores y la educación de las personas que por diferentes actos delictivos y circunstancias purgan una pena en los diferentes centros penitenciarios.

Por lo que, el Estado debe generar una serie de mecanismos y procedimientos tendientes a establecer un sistema educativo dentro los diferentes centros de reinserción social, en los diferentes niveles educativos, sean primaria, secundaria y nivel medio superior, y también podría dar facilidades y celebrar convenios para que aquellas personas que tengan estudios de nivel superior los concluyan. Por lo expuesto, los centros penitenciarios deben garantizar la infraestructura necesaria donde se puedan llevar a cabo las actividades docentes.

El maestro Antonio Sánchez Galindo hace la siguiente crítica entorno a la educación en el sistema penitenciario: Los redactores del nuevo texto constitucional, así como hicieron una crítica del concepto de readaptación social y lo eliminaron, deberían haber poseído también la capacidad autocrítica y pensar en extirpar también la educación, porque ésta se encuentra prácticamente eliminada en el contexto de nuestro “sistema penitenciario” y sólo existe, como dijimos, la contra educación, es decir, la profesionalización en el delito.

No obstante, hay que buscar la forma de lograr una educación integral que no sólo implique la asistencia a una escuela que tiene capacidad para informar a todos, sino que forme a los internos verdaderamente dentro de una axiología moral que los haga disentir de continuar en el sendero del delito”.2

Estamos seguros que no es necesario llegar a tal extremo, al contrario debemos propiciar las medidas necesarias para rescatar el sistema educativo dentro de las cárceles, y como bien menciona el maestro, principalmente formar a los internos en valores.

La Salud

El párrafo IV del artículo 4º constitucional indica que: toda persona tiene derecho a la protección de la salud, este enunciado también se relacionado con lo establecido en el artículo 18 constitucional.

Es imprescindible por tanto, garantizar que en los centros penitenciarios la salud de los internos sea uno de los ejes fundamentales en la reinserción de los internos a la sociedad. De la salud dependerá el desarrollo físico y emocional de la población penitenciaria, por lo que se deben llevar a cabo acciones tendientes a que en todo centro penitenciario se establezcan mecanismos, infraestructura, personal y complementos que favorezcan la salud de los internos.

Es preciso recalcar que el derecho a la salud se vincula directamente con la vida y viceversa, donde no basta con la conservación de la misma salud, sino que debe ser de calidad, esto es, que a través de medidas óptimas se cuiden las condiciones físicas de los individuos, se genere la creación de un sano ambiente colectivo, una alimentación adecuada y otros factores;tareas exclusivas quecorresponden realizar al Estado mexicano.

En este sentido, la maestra Mercedes Peláez Ferrusca afirma que:

Los factores que se deben atender para asegurar el derecho a la salud están, la alimentación suficiente en cantidad y calidad; sin embargo, muchos arguyen una problemática económica, misma que no debe servir de pretexto al Estado para no cumplir con dar una alimentación adecuada; no obstante, con este derecho puede ligarse el segundo en cuestión, el derecho al trabajo, donde a través de una industria penitenciaria y del pago debido, se puedan dar estos alimentos a cambio de una cuota que no sea total, ya que dicha cuota servirá para el sostenimiento de las familias de los presos.

Esta idea parecerá que no tiene suficiente base legal y social, pero al final se debe considerar como una guía para resolver los problemas de salud que actualmente se enfrenta en el sistema penitenciario.

Entre los factores o medidas que deben tomar en cuenta las autoridades para garantizar este derecho están:

1.- Contar con médicos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras y profesores de educación física en los centros penitenciarios;

2.- Establecer un sistema de medicina preventiva, curativa y quirúrgica;

3.- Incorporar diferentes áreas como la dental, la oftalmológica, psicológica, psiquiátrica y de educación física; y finalmente

4.- Hacer alianzas con dependencias de salud y del deporte para que contribuyan con el objeto del presente apartado.

Al respecto el maestro Antonio Sánchez Galindo menciona que:

Es preciso reestructurar todos los servicios médicos de nuestras instituciones penales y darles el funcionamiento adecuado con profesionistas previamente capacitados, motivados y con ética, que dejen de ir a su obligación profesional sólo para dormirse o recetar aspirinas para todas las enfermedades.

Además de que puedan atender adecuadamente todas las intervenciones quirúrgicas y padecimientos, urgentes o no, que se presenten en la población que les corresponda. No es posible olvidar que a pesar de la detención preventiva y de la privación o restricción de la libertad por condena, cualquier interno, por grave que haya sido su delito, tiene el derecho a la salud física y mental.3

Es preciso citar lo expuesto por la Comisión de Derechos del Distrito Federal en relación al respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren privados de su libertad:

Sólo son legítimas las restricciones a los derechos fundamentales de los internos que cumplan con las siguientes condiciones: debe tratarse de un derecho fundamental que, por su naturaleza, admita restricciones en razón de las necesidades propias de la vida carcelaria; la autoridad penitenciaria debe estar autorizada, vía legal o reglamentaria, a efectuar la restricción; el acto restrictivo de un derecho fundamental de los internos sólo puede estar dirigido al cumplimiento y preservación de los fines esenciales de la relación penitenciara, esto es, la resocialización del recluso y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de los establecimientos carcelarios; la restricción de un derecho fundamental de los internos por parte de la autoridad penitenciaria debe constar en acto motivado y en principio público; y la restricción debe ser proporcionada a la finalidad que se busca alcanzar.

En conclusión, la presente iniciativa propone reformar la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° consagra los derechos humanos de todas las personas, no sólo loscontenidos en su propio texto, sino aquellos contemplados en los Tratados Internacionales, que reconocen el principio “pro persona”.

Que los derechos humanos son inherentes al “Ser Humano”, independientemente de su origen étnico o nacional, de su género, edad, discapacidades, condición social, o cualquier otra que pudiera implicar una limitación al ejercicio pleno de su dignidad, derechos y libertades.

Que una persona privada de su la libertad, compurgando una sentencia, como lo establece la Ley; no significa la pérdida de su calidad humana.

Que el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley.

Que la readaptación social se concibe como un derecho, sinónimo de oportunidad de servicio, trabajo y estudio, opciones que se deben ofrecer a todas las personas en reclusión.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS; SE ADICIONA LOS ARTICULOS 10 Y 11, SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2º, 5º, 6º, 16 Y ARTICULO IV TRANSITORIO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

Artículo 2º. El sistema penal se organizará sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del delincuente.

Artículo 5º. Los miembros del personal penitenciarios quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, talleres en el respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria, así como de aprobar los exámenes de selección y permanencia que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Artículo 6º. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reinserción social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de sus domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

Todos los centros penitenciarios se establecerán un sistema de salud de medicina preventiva, curativa y quirúrgica; así como, la inclusión de expertos en nutrición, psicología, psiquiatría, oftalmología, odontología, educación física y aquellos expertos que contribuyan a mantener y mejorar la salud de los sentenciados. En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

Asimismo, se deben construir espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10. El trabajo dentro de los centros penitenciarios se basará en el respeto a las jornadas de trabajo, como lo establece el artículo 123 fracciones I y II. Asimismo, se procurará que derivado de las actividades de trabajo realizadas por los internos, éstos puedan recibir un pago para el apoyo a la economía de las familias o seres cercanos.

Artículo 11. La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico, ético y en el respeto de los derechos humanos hacia la sociedad en general. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

Las autoridades penitenciarias deberán llevar a cabo las medidas necesarias para brindar educación en sus niveles básico y medio superior como mínimo; asimismo, para aquellos sujetos que cuenten con estudios de nivel superior se buscarán los mecanismos para que puedan concluir dichos estudios.

Artículo 16.Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva reinserción social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la reinserción social.

Artículo IV Transitorio.El Departamento de Prevención Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, se denominará en lo sucesivo Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social. Para la asunción de las nuevas funciones a cargo de este organismo, la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas administrativas pertinentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

REFORMAS Y ADICIONES

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE

READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

TEXTO ACTUAL VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Título de la Ley: Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados.

Título de la Ley: Ley que establece las normas mínimas sobre reinserción social de los sentenciados.

Artículo 2º.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

Artículo 2º.- El sistema penal se organizará sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del delincuente.

Artículo 5º.- Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección y permanencia que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Artículo 5º.- Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, talleres en el respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria, así como de aprobar los exámenes de selección y permanencia que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Artículo 6º.- El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

[…]

En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

[…]

Asimismo, se deben de contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 6º.- El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reinserción social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de sus domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

[…]

En todos los centros penitenciarios se establecerán un sistema de salud de medicina preventiva, curativa y quirúrgica; así como, la inclusión de expertos en nutrición, psicología, psiquiatría, oftalmología, odontología, educación física y aquellos expertos que contribuyan a mantener y mejorar la salud de los sentenciados. En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

[…]

Asimismo, se deben construir espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10.- […]

Artículo 10.- […]

El trabajo dentro de los centros penitenciarios se basará en el respeto a las jornadas de trabajo, como lo establece el artículo 123 fracciones I y II. Asimismo, se procurará que derivado de las actividades de trabajo realizadas por los internos, éstos puedan recibir un pago para el apoyo a la economía de las familias o seres cercanos.

Artículo 11.- La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

[…]

Artículo 11.- La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico, ético y en el respeto de los derechos humanos hacia la sociedad en general. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

[…]

Las autoridades penitenciarias deberán llevar a cabo las medidas necesarias para brindar educación en sus niveles básico y medio superior como mínimo; asimismo, para aquellos sujetos que cuenten con estudios de nivel superior se buscarán los mecanismos para que puedan concluir dichos estudios.

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.

ARTICULO CUARTO.- El Departamento de Prevención Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, se denominará en lo sucesivo Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y

Readaptación Social. Para la asunción de las nuevas funciones a cargo de este organismo, la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas administrativas pertinentes.

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva reinserción social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la reinserción social.

ARTICULO CUARTO.- El Departamento de Prevención Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, se denominará en lo sucesivo Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social. Para la asunción de las nuevas funciones a cargo de este organismo, la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas administrativas pertinentes.

   

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

1 Cárceles mexicanas: bodegas humanas injustas e inseguras. Página Web.http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-valua/2011/05/26/carcel-mexic/#axzz2feT9Mu3E. (Consultada 09 febrero 2014)

2 Situación General de las Prisiones en la Actualidad a Nivel Nacional.

Página Web. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/25.pdf. (Consultada 09 febrero 2014)

3Situación General de las Prisiones en la Actualidad a Nivel Nacional.

Página Web. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/25.pdf. (Consultada 09 febrero 2014)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, a nombre propio y de los CC. Senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Presento esta iniciativa a nombre propio y de los Senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida. La misma tiene por objeto incorporar en la Ley de Vivienda el concepto de riesgo como uno de los elementos fundamentales a considerar para la construcción de vivienda digna.

Pretendemos que de aprobarse la reforma propuesta, se eviten tragedias como las que de manera recurrente se viven en nuestro país derivadas de fenómenos hidrometeorológicos como las tormentas tropicales y los huracanes.

México, por su situación geográfica, condiciones climáticas, holográficas e hidrológicas, está dentro de una de las zonas más vulnerables del mundo ante el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional.

Sin embargo, el riesgo no sólo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que hace vulnerable a la población y complica su recuperación frente a los desastres.

Entre estos factores puede destacarse que las 17 entidades federativas cuentan con zonas costeras donde viven más de 50 millones de personas, y entre éstas se encuentran las 5 entidades con mayor índice de pobreza.

De acuerdo con el último documento de la serie “Impactos socioeconómicos de los desastre en México”, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, estamos ante una tendencia que muestra el incremento en la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos y en la magnitud de los daños que estos causan.

Sólo como ejemplo más reciente, están los efectos del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, mismos que causaron daños de distintas magnitudes en 552 municipios de 26 estados de la República, registrándose la pérdida de 157 vidas y decenas de lesionados, 26 mil viviendas afectadas y daños en 430 mil hectáreas de diversos cultivos, como la caña de azúcar, sorgo y maíz, resultando en un costo estimado para la reparación de aproximadamente 75 mil millones de pesos.

Los datos de los últimos años nos muestran que los huracanes y tormentas tropicales se han constituido como una de las mayores amenazas para diversas regiones de nuestro país, y lo más dramático es que las consecuencias más graves las enfrentan los sectores más pobres y vulnerables, quienes debido principalmente a su condición, habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo.

Ante esta situación, una de las acciones más efectivas para aminorar el impacto de estos fenómenos hidrometeorológicos, es el de la prevención a partir de vidas de mitigación.

El diseño de estas comienza con la compilación de todos los registros históricos, de la actividad de los huracanes en el país, determinando la frecuencia y celeridad de ocurrencias en el pasado y los riesgos potenciales en el largo plazo; estableciendo lineamientos más estrictos y transparentes para el uso de tierras; implementando mecanismos más eficientes de predicción y alertas; desarrollando reglamentos de construcción más estrictos de acuerdo a los riesgos asociados a cada zona, y promoviendo la construcción de rompeolas, canales y compuertas contra mareas de tormentas, entre otras.

De acuerdo con la SEDATU, la magnitud de los daños ocurridos a causa de las lluvias, se deben principalmente a que muchos fraccionamientos, en diversas zonas urbanas, se han asentado en áreas irregulares, en los causes de ríos y en terrenos cercanos a lagunas.

En este mismo sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, reconoció que hubo omisiones históricas de los tres órdenes de gobierno, lo que provocó la peor devastación en 50 años en el territorio nacional.

De lo anterior resulta importante destacar que las autoridades responsables del sector vivienda en México han reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo.

Ahora bien, una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo en su totalidad, ha sido común que se defina un nivel de riesgo aceptable. Se alude al riesgo aceptable como las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y, usualmente, a cambio de un beneficio inmediato.

La lección que se ha aprendido con todos los datos que definen a nuestro México como un país de alto riesgo ante desastres naturales, es que hay dar congruencia al marco normativo del sector vivienda, respecto de la severidad del riesgo.

Es necesario que se tome conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.

Como Senadora de la República, creo indispensable incorporar el reconocimiento del riesgo en la Ley de Vivienda, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, considerando este documento como un conjunto ordenado de objetos, procesos, principios y soluciones tecnológicas racionalmente enlazados entre sí con un fin común; evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y apoyos para que las familias puedan disfrutar de vivienda digna y decorosa en México.

Con este propósito, la presente iniciativa propone reformar el artículo 2 de la Ley Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios y riesgos de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos.

De igual forma reformar la fracción I del artículo 6, para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades, de acceso a la misma, para la población que se encuentra en situación de pobreza, marginalización, vulnerabilidad y riesgo.

En el mismo sentido es oportuno reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento, con la finalidad de que el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de la población, se destinen preferentemente a aquellas en situación de pobreza y riesgo.

Y por último, se propone reformar el artículo 71 con el objeto de que la Comisión Intersecretarial de Vivienda contemple y promueva que las autoridades competentes para el desarrollo de las acciones habitacionales se garantice, además de la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zonas donde se ubican las viviendas, conforme a la base de datos del Atlas Nacional de Riesgos.

Creo que en el siglo XXI, la prevención de riesgos de desastres naturales provocados por el ser humano, debe ser una responsabilidad objetiva del Estado.

En ese entendido, la prevención debe ser sinónimo de una respuesta por lo sucedido, no por lo que se hizo o se dejó de hacer.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, MOnica T. Arriola Gordillo, Omar Fayad Meneses y JoelAyala Almeida, Senadores de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1, fracción II; 164 numeral 1 y 2, numeral 1 del 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado la presente:Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artIculo 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda al tenor de la siguiente

ExposiciOn de Motivos

El cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas. Se trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionadas con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana: los océanos y los ecosistemas marinos; los bosques y la rica biodiversidad que albergan; las formas en que producimos nuestros alimentos (agricultura y ganadería); el agua dulce; las formas de producir, distribuir y consumir la energía, por mencionar algunos.

Aunque el cambio climático es un proceso normal en nuestro planeta, el problema es que se ha incrementado rápidamente por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI), emitidos por actividades humanas.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha indicado que no hay duda alguna de que los incrementos en la temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas, particularmente en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación, así como en aquellos procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.

De las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo y va a tener sobre nuestro planeta, es importante señalar que sus efectos no inciden por igual en todas las regiones del mundo, siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.

En este sentido, México no es una excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el país sea una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional.

Debe destacarse que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes, debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo, y son quienes precisamente mayores pérdidas humanas y económicas reportan.

Durante las dos últimas décadas hemos sido testigos de dramáticas situaciones derivadas de la llegada de un huracán o tormenta tropical a las costas mexicanas y a pesar del vertiginoso avance de los satélites, que permiten localizar geográficamente un fenómeno de esta naturaleza, hacer el seguimiento de su trayectoria y predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se pone en práctica un política activa de prevención antes, durante y después de su paso.

Los ciclones tropicales constituyen una de las mayores amenazas para diversas regiones de México, así como para Centro América y el Caribe. Baste recordar los devastadores efectos en México de huracanes como: el Gilberto en 1988, el Paulina en 1997 y hace unas semanas Manuel e Ingrid.

Las estadísticas indican que a nivel mundial los daños que producen estos fenómenos han estado aumentando, tanto en los países en vías de desarrollo, como en los más avanzados. Esto se debe, principalmente, al aumento de la población que se asienta en las costas expuestas al impacto directo de estos fenómenos y en las laderas y cañadas afectadas por las fuertes lluvias que a ellos se asocian.

Uno de los pasos más importantes que puede dar un país para mitigar el impacto de los huracanes es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación a la planificación para el desarrollo. El diseño de medidas básicas de mitigación comienza con la compilación de todos los registros históricos de la anterior actividad de los huracanes en el país, determinando la frecuencia y severidad de ocurrencias en el pasado.

El diseño de medidas de mitigación seguirá a continuación del análisis estadístico y considerará los efectos a largo plazo. Las medidas de mitigación tanto estructurales como no estructurales deben ser consideradas tomando en cuenta las dificultades de su implementación.

Las medidas no estructurales consisten en políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo. Por ejemplo: lineamientos para uso de tierras, predicción y alertas, y conciencia pública y educación.

Las medidas estructurales de mitigación incluyen el desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales. La construcción de rompeolas, canales de diversión y compuertas contra mareas de tormentas, así como el establecimiento de líneas de árboles, son algunos ejemplos de mitigación desde el punto de vista de obras públicas.

Sin embargo, como ya se mencionó, el riesgo no sólo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y que complica la recuperación frente a los desastres. Entre esos factores puede destacarse que 17 entidades federativas cuentan con zonas costeras donde, en 2009, vivían 49 millones 197 mil 975 personas; las cinco entidades con mayor porcentaje de pobreza se encuentran entre ellos.

De acuerdo con el último documento de la serie Impactos socioeconómicos de los desastres en México, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), hay una tendencia hacia el aumento en la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos y en la magnitud de los daños, y más aún si se prevén los riesgos debido al cambio climático. El documento indica que en 2007, murieron en el país 187 personas por sucesos hidrometeorológicos y 2 millones 997 mil 258 personas resultaron damnificadas, principalmente en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Quintana Roo y Puebla. Las pérdidas económicas ascendieron a 49 mil 147.5 millones de pesos. En esta cifra se consideran los gastos que representó la atención a heridos, desalojados y damnificados.

Respecto de los daños en infraestructura, el Cenapred contabilizó que en 2007 se presentaron afectaciones en 225 mil 835 viviendas, en 5 mil 463 escuelas y en 529 hospitales. Por otra parte, la dependencia señala que en ese año 18 mil 474 kilómetros de carretera y 723 mil 899 hectáreas de cultivo fueron afectados.

En un recuento preliminar de daños por el Huracán "Ingrid" y la Tormenta Tropical "Manuel", se provocaron afectaciones de distintas magnitudes en 552 municipios de 26 estados de la República Mexicana.

58 mil personas, tuvieron que ser evacuadas para ponerlas a salvo y más de 52 mil personas permanecen en 392 albergues instalados en 19 estados de la República.

En casi tres cuartos de siglo no había llovido como llovió el pasado 15 de septiembre en todo el territorio nacional. La Secretaria de Gobernación emitió declaratorias de emergencia para 312 municipios de 14 estados del país. Se trata de una de las mayores emergencias por un fenómeno natural en México.

 De un total nacional de 22 millones de hectáreas de cultivos, 613,000 quedaron en situación de pérdida absoluta de la siembra anual. Además, en las ganaderías de traspatio –bovinas, ovinas, caprinas, porcinas, aves, colmenas–, 40,000 animales fueron afectados.

Las devastadoras tormentas dejaron al menos 157 personas muertas y aproximadamente 57 desaparecidos, con daños por más de 75,000 millones de pesos (mdp), según cifras estimadas por aseguradoras.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se han detectado afectaciones a 14 mil 564 viviendas ubicadas en 22 estados del país, de las cuales 3 ,850 requieren una reconstrucción total.

La magnitud de los daños ocurridos a causa de las lluvias, se deben principalmente a que muchos fraccionamientos de zonas urbanas se han asentado en áreas irregulares y en los cauces de ríos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaria de Gobernación, reconoció que hay “omisiones históricas de los tres órdenes de gobierno” que contribuyeron a que el paso simultáneo de dos fenómenos meteorológicos dejara la peor devastación en 50 años en el territorio nacional.

El coordinador Nacional de Protección Civil, aseguró que se está investigando para establecer quién es responsable del cambio de uso de suelo y permisos de construcción en zonas de riesgo.

En 2010, se reconoció que en algunos estados 80 por ciento de los desarrollos habitacionales se ubican en áreas susceptibles de sufrir algún evento natural catastrófico

De lo anterior resulta importante destacar que las autoridades responsables del sector vivienda en México, han reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo, además de que la tendencia estriba en evitarla de conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional por riesgo.

De acuerdo con Omar Darío Carmona, Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos, tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC Barcelona 2001, sostiene que la literatura técnica hace énfasis en el estudio de la vulnerabilidad y en la necesidad de reducirla mediante medidas de prevención-mitigación; sin embargo, lo que realmente se intenta de esta manera es la reducción del riesgo. El análisis del riesgo puede entenderse de manera general como el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias en un área determinada.

Según el autor, ha sido común que el riesgo sea valorado solamente en términos fijos, dado que la vulnerabilidad social es difícil de evaluar en términos cuantitativos. Esto no significa que no sea factible analizar la vulnerabilidad en forma relativa o mediante indicadores, lo que permite proponer “riesgos relativos” que igualmente permiten la toma de decisiones.

Ahora bien, una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo en su totalidad, para efectos de planificación, protección y diseño de obras de infraestructura ha sido común que se defina un nivel de “riesgo aceptable”. Se alude al riesgo aceptable como las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y, usualmente, a cambio de un beneficio inmediato.

Desde el punto de vista técnico, corresponde a un valor de probabilidad de unas consecuencias de un periodo de tiempo, que se considera admisible para determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y planificación ante posibles fenómenos peligrosos.

Coincidimos con el autor que la sociedad toma sus propias decisiones con base en información fragmentada y proveniente de muchos puntos de vista diferentes. Las personas tanto de manera individual como colectiva, simplemente no perciben la amenaza o el riesgo de una manera cuantitativa y que este es el fundamento sobre el cual descansan la mayoría de las normas de construcción sismorresistente y el argumento de las ciencias aplicadas, en cuanto a que el nivel de riesgo aceptable debe ser definido por expertos en el estudio de las amenazas y el comportamiento de los sistemas sometidos a la acción de los fenómenos que las caracteriza. Sin embargo, con frecuencia los tribunales se convierten en jueces finales de sí una acción propuesta para reducir el riesgo es aceptable o no.

La lección que se ha aprendido con todos los datos que sintetizan a nuestro país con la siguiente frase “México: alto riesgo ante desastres naturales”, es que hay que dar congruencia al marco normativo del sector vivienda, respecto de la severidad del riesgo.

Al decir del mismo autor, en muchas legislaciones se dan como ejemplos de la fuerza mayor o caso fortuito (suceso sobre el cual no se tiene control) a sucesos de la naturaleza, por lo cual no es extraño que la definición de desastre natural haya sido acomodada a la definición de fuerza mayor. Se reconoce, bajo esta figura, que obran circunstancias no atribuibles al actuar humano y por lo tanto que no existe posibilidad de culpa. Se argumenta que sin voluntad no hay culpa, la cual es y sigue siendo la piedra angular del sistema de responsabilidad. Dicha responsabilidad se inicia con la constatación de la existencia de un daño y de un nexo causal entre ese daño y un hecho generados del mismo, que prosigue con la atribución de ese hecho generador a un agente (encontrando culpa). Se cierra este circuito de la responsabilidad con el reconocimiento de la responsabilidad en cabeza del culpable, cuya responsabilidad conducirá a un resarcimiento. Este planteamiento se funda en el principio rector de que no existe responsabilidad sin culpa, que fue aceptado hasta el siglo XIX. Aunque en el último siglo, la ocurrencia de “accidentes mayores” aceptados como estadísticamente inevitables, derivados de la concurrencia de nuevos factores, como la tecnología y la exacerbación de factores existentes, como la urbanización acelerada y la acción del hombre han conducido a figuras de:

a) Negligencia o culpa negativa, que implica que existe la posibilidad de daño tanto por omisión como por acción; y

b) Presunción de culpa, que se establece por daños inferidos por acción de personas cargo o por cosas inanimadas o energías.

Estos planteamientos de manera implícita involucran la vulnerabilidad, que muchas veces ha sido creada, acumulada o estimulada, incluso, por agentes que deben garantizar la seguridad o protección.

Visto de esta forma, coincido con el autor de que habría circunstancias atribuibles al actuar humano o nexos de culpabilidad y responsabilidad. En ese sentido ¿qué tan responsable es el Estado por los desastres? La respuesta depende de la previsibilidad de tales situaciones y sobre todo de la posibilidad del Estado de evitarle daños a la sociedad. La posición durante años ha sido y sigue siendo en muchos lugares –y México no es la excepción– que la prevención de desastres está más allá de las funciones y responsabilidades del Estado.

Es la razón por la cual se sigue relacionando también intencionalmente el concepto de desastre con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito, que en el caso de México la Ley General de Protección Civil asocia el riesgo a los llamados fenómenos perturbadores, tal y como lo establece la fracción XLVIII en su artículo 2.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XLVII. ...

XLVIII. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;

Retomando la citada tesis, se afirma que la paulatina migración de la visión “atencionista” o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención-mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias sino la reducción de la vulnerabilidad, ha respaldado la necesidad de hacer ajustes a la legislación para armonizarla con las nuevas concepciones.

No es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas. De igual forma, y más grave aún, no es tampoco extraño que entidades competentes, que tienen a cargo la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad. Se han dado casos incluso de excusas extravagantes, como por ejemplo la “ira divina” o el fatalismo, mediante las cuales funcionarios y autoridades gubernamentales han evadido la responsabilidad o han justificado la falta de prevención de desastres.

El evadir no sólo la responsabilidad jurídica sino también la responsabilidad política ha sido una práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos. Se han dado casos en los cuales ciertas autoridades gubernamentales, han diluido su responsabilidad no sólo ante la población afectada sino también ante la comunidad internacional.

En ocasiones se ha argumentado, por ejemplo, que el desastre ocurrido era factible “prevenirlo”, cuando las consecuencias se sabe, no sólo dependen de la ocurrencia del fenómeno que lo origina sino de la vulnerabilidad de los elementos afectados. Desafortunadamente, las condiciones de vida de muchas comunidades, en los países de desarrollo, se asemejan a una situación de desastre y por eso cuando un desastre ocurre tales comunidades no le es fácil discernir los niveles de protección a los cuales tenían derecho de acuerdo a su propia legislación.

Tal y como se mencionó, el riesgo se percibe para los demás y en muchas ocasiones, curiosamente se rechaza o se minimiza sin fundamento hacia sí mismo; particularmente en relación con las amenazas de la naturaleza.

Otra coincidencia con la tesis doctoral citada, esta en el sentido que hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja que exige un cuidado especial, porque es por demás común que las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tengan innumerables instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo. A parte que en la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo, pocas veces se hacen sondeos para averiguar acerca de su cobertura, su recepción y entendimiento.

De igual forma, aún cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar desastres es un tema ineludible a la hora de comprender el riesgo, es común no abordar la vulnerabilidad y sólo se menciona como causa de los desastres a las amenazas. Esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que ocurra un fenómeno intenso, que usualmente se interpreta como algo contra lo cual no es posible hacer algo para evitarlo.

Este tipo de situación es más contraproducente de lo que aparenta, si lo que se desea lograr es tomar conciencia acerca del riesgo ya que ante lo que no es posible intervenir o resulta inevitable, la población asume usualmente una actitud pasiva y de resignación.

Consideramos urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector vivienda y área prioritaria para el desarrollo nacional, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de la vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado.

Es necesario que las personas tomen conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.

En Nueva Alianza, consideramos indispensable el reconocimiento del riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos en la Ley de Vivienda, como un conjunto ordenado de “objetos”, procesos, principios y soluciones tecnológicas racionalmente enlazados entre sí con un fin común: evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa en México.

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa pretende reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al atlas nacional de riesgos; de igual forma, reformar la fracción I del artículo 6 para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

Por último, en el mismo sentido es oportuno reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad que en el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo.

En el siglo XXI, la prevención del riesgo de desastres naturales o provocados por el ser humano debe ser una responsabilidad objetiva del Estado mexicano y una tarea de todos. En ese entendido la prevención, debe ser sinónimo de una respuesta por lo sucedido, no por lo que se hizo o se dejó de hacer.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Senadora de la República de la XLII Legislatura, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, de conformidad con el altas nacional de riesgos, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 6. ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgoy la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día jueves 13 de febrero de 2014.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, en el escaño de la Senadora Flores Escalera.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Pedirle a la proponente de esta iniciativa, si me permite adherirme a ésta, que de verdad, el tema es fundamental para proteger a nuestra gente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Le consulto, Senadora Mónica Gordillo, ¿acepta la inclusión a su proyecto de iniciativa a la Senadora Hilda Flores Escalera? Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 27 DE LA LEY MINERA

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Me permito poner a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera.

La minería es una actividad fundamental para el desarrollo del país, genera empleo y, por supuesto, genera divisas; pero es indiscutible que afecta el medio ambiente, que afecta a la ecología. Por ello, es importante adoptar medidas preventivas orientadas hacia el desarrollo sustentable de la actividad minera.

Es necesario que en nuestro país podamos llevar a cabo la defensa de los intereses y derechos colectivos para establecer leyes en beneficio de los habitantes, pueblos y comunidades vulnerables, que obliguen a las empresas mineras y a las autoridades responsables a preservar bosques, aire y agua en beneficio de la sociedad.

Por ello, creemos importante reformar la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera, para que se logre la compatibilidad entre el desarrollo minero, la actividad productiva y la protección del medio ambiente.

En el fondo, lo que pretende esta iniciativa es precisamente que se tomen las medidas preventivas, se defina dentro de las políticas públicas acciones que a la vez que impulsen el desarrollo minero, también protejan la ecología, los derechos, el medio ambiente y, sobre todo, a las comunidades donde se explotan estos recursos.

De tal manera que esta iniciativa tiene como objetivo esta armonización entre el desarrollo productivo y la protección del medio ambiente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito,René Juárez Cisneros, Senador de la República por el Estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 delReglamento del Senado de laRepública, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 27 DE LA LEY MINERA,al tenor de la siguiente

ExposiciOn de Motivos:

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México y ha formado parte importante en el desarrollo y modernización de nuestro país, de ahí que una de las principales reivindicaciones recogidas en la Constitución de 1917 haya sido el dominio original de la nación sobre los recursos del subsuelo, y que en los últimos años se haya abierto una nueva etapa para que la minería mexicana pueda enfrentar con éxito los retos de un mercado cambiante y altamente competitivo.

Actualmente, nuestro país cuenta con una Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992 y un nuevo Reglamento de la misma Ley publicado el 12 de octubre de 2012, que han permitido fortalecer el papel promotor y regulador del sector público en el campo de la minería y, asimismo, propiciar una participación directa de los sectores privado y social nacionales, así como de la inversión extranjera en la actividad minera.

Hoy la actividad minera contribuye positivamente como generadora de divisas mediante la exportación, sin embargo, el desarrollo y modernización de este sector, como el de la mayor parte de la industria, lleva implícitas afectaciones en la ecología que no deben ser soslayadas en el diseño y ejecución de las políticas para su desarrollo.

Las obligaciones ambientales incorporadas a los procesos mineros son una materia relativamente contemporánea. Nuestro país, en concordancia con las experiencias internacionales, está obligado a preservar el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado en el desarrollo de las actividades económicas y procesos que la contienen.

Sin embargo, es necesario dimensionar la importancia de la contribución de la minería en el desarrollo sustentable de la actividad económica, dando cumplimiento al compromiso adoptado por México en la Cumbre de la Tierra.

Es por ello que consideramos importante reformar la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera para evitar el menoscabo del patrimonio natural de la Nación, y en búsqueda de que la industria minera conviva en armonía con otras actividades productivas y sociales en las comunidades donde se lleva a cabo el desarrollo de la concesión minera.

Comúnmente pocos gobiernos han tenido en cuenta los derechos e intereses de los pueblos indígenas a la hora de explotar yacimientos mineros, México no ha sido la excepción. Por esta razón, las preocupaciones sociales y medioambientales expresadas por las comunidades no han recibido la atención necesaria.

A nivel internacional, el Convenio Nº 169, de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipula en su artículo 7 que:

“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlas directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”

Como vemos, es fundamental que el Gobierno mexicano tome medidas como las planteadas en este Convenio, ya que a eso nos hemos obligado a nivel internacional a favor de los pueblos indígenas.

Cabe mencionar que numerosas conferencias internacionales han reafirmado estos derechos de un modo u otro, en especial la Cumbre para la Tierra efectuada en Río de Janeiro en el año 1992 y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo en el 2002.

Por su parte, el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dispone que los Estados obtendrán el consentimiento, expresado libremente y con pleno conocimiento, de los pueblos interesados antes de adoptar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente en lo que respecta al desarrollo, la utilización o la explotación de minerales, agua u otros recursos.

En este sentido, es necesario que nuestro país de pasos firmes para llevar a cabo la defensa de los intereses y derechos colectivos para establecer leyes convenientes en beneficio de los habitantes, pueblos y comunidades vulnerables, que obliguen a las empresas mineras y a las autoridades responsables, a preservar bosques, aire y aguas en beneficio de la sociedad, así como canalizar todas aquellas inconformidades ciudadanas contra una entidad o empresa privada.

Estos procedimientos han garantizado en muchos países que de ganarse las demandas medioambientalistas, las comunidades puedan ser compensadas o restituidas en sus derechos y, con ello, las empresas quedan disuadidas a volver a abusar y a cambiar sus prácticas.

Con la reforma planteada en este Proyecto de Decreto estamos convencidos que se fomentará una participación coordinada y una mayor vigilancias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, ciudadanos y organizaciones ambientalistas, sobre los procesos que tienen como fin la autorización de actividades mineras con el método de lixiviado de minerales, evitando con ello, afrontar consecuencias ambientales y sociales que han afectado a comunidades agrarias enteras.

Finalmente, lo que se busca con este proyecto legislativo es hacer compatible la ejecución de planes productivos con los programas de protección ambiental de los recursos naturales, conforme a las metas del Ordenamiento Ecológico Nacional, que en el caso de las regiones mineras es de suma importancia dado que permitirá garantizar el desarrollo sustentable de la actividad.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LA LEY MINERA.

Artículo único.-Se reforma la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 27. …

I a III. …

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;en armonía con otras actividades productivas y sociales que se realizan en las comunidades donde se lleva a cabo el desarrollo de la concesión minera.

V al XIV. …

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de febrero de 2014.

Suscribe,

Sen. René Juárez Cisneros”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Señor Presidente

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Ivonne Alvarez.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente solicitarle a mi compañero Senador, si me puedo adherir a su iniciativa.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Con gusto.Tome nota la Secretaría, de las y los Senadores que deseen adherirse a la iniciativa.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 53 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Es necesario corregir la desigualdad electoral a través de un apropiado equilibrio entre los ciudadanos registrados en el padrón electoral y la representación legislativa en la Cámara de Diputados.

La primacía de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, ciudadanos en términos constitucionales en concordancia con el artículo 34 constitucional, refiere a la capacidad para concurrir a los sistemas de votación democrática, para formar parte de una sociedad y determinar la representación política. Actualmente, el artículo 53 constitucional da esa representación a la densidad poblacional, que es determinada por la constitución de los 300 distritos electorales federales, mediante el censo de población. Esto es: hay una distorsión.

Así, la voluntad general ciudadana se manifiesta en las urnas y se traduce en representación nacional. La representatividad no se trata de un tema exclusivo de partidos, sino también de actores políticos.

La libertad civil y la actividad política de los mexicanos está delimitada por el derecho positivo constitucional, que define obligaciones y derechos políticos. De esta manera, deja solamente a los ciudadanos la participación político-electoral junto con la autoridad representativa.

El Congreso constituye justamente un terreno donde la representación política y la representación social confluyen. Los principios y métodos utilizados para convertir los votos en escaños en un sistema de votación como procedimiento técnico en la elección, necesita de la calidad ciudadana, como el ejercicio y derecho al voto, en una comunidad de iguales que participe directa o indirectamente del poder político.

Por lo tanto, debe considerarse la calidad de ciudadano como rectora de la voluntad política, comprendida en contextos sociales y económicos. No todas las personas son votantes y no todos pueden expresar sus opiniones sobre sus preferencias políticas mediante un sistema de votación.

¿Qué otorga la calidad política de ciudadano de la República? El artículo 34 constitucional que establece, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. La capacidad de ejercicio como facultad manifiesta en el poder o actitud que tiene una persona para participar electoralmente.

Todo ciudadano mexicano es jurídicamente nacional del país, pero no todo mexicano es ciudadano por no tener 18 años cumplidos o por pérdida o suspensión de la ciudadanía.

Queda únicamente en la nacionalidad mexicana el uso exclusivo de los derechos políticos, tanto el sufragio activo como pasivo. El primero se refiere a la capacidad de votar; el segundo hace mención a la posibilidad de que un ciudadano se pueda presentar a las elecciones para ser elegido como representante del pueblo.

Pero, ¿qué es la incapacidad jurídica? La carencia de facultad o inexistencia idónea para ejercitar por sí mismo al sistema de elección democrática. Por ejemplo, compurgar una sentencia privativa de la libertad.

No tienen capacidad de sufragio pasivo, los nacidos en el extranjero, pero hijos de madre o padre mexicanos, los naturalizados, calidad que acredita la Secretaría de Relaciones Exteriores a la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con pareja mexicana y con domicilio establecido dentro del territorio nacional.

Solamente gozan de derechos políticos de sufragio activo o pasivo, los individuos que sean nacionales de un estado y que tengan además la calidad de ciudadanos, los nacidos en el territorio de la República, hijos de padres mexicanos, nacidos en territorio nacional y los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.

Estas razones nos obligan a reconocer la realidad política para que la capacidad de ejercicio político-electoral, que se da al que accionar derechos y al hacer valer fines legales como electorales, sea la forma de integrar los escaños en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La cantidad de escaños no debe depender del total de densidad poblacional, porque no todas las entidades federales cuentan con un número proporcional a la cantidad de votantes respecto a la de sus electores. Por ejemplo, el estado de Zacatecas cuenta con una mayor cantidad de niños debido al alto grado de migración, esto hace que sólo aproximadamente el 50 por ciento del total poblacional pueda votar, a diferencia del Distrito Federal, que de sus 8 millones y medio de habitantes, solamente millón y medio no tiene esa posibilidad.

Estos sistemas internacionalmente existen; muchos sistemas como ejemplo alrededor del mundo, que ha implementado la representación ciudadana mediante una lista nominal de electores, éstos con sistemas que van desplazando a los meramente poblacionales.

Y vean ustedes, desde finales del siglo antepasado es que se adoptó por primera vez este método, en Bélgica y Suiza en 1899, posteriormente en Finlandia en 1906, Suecia en 1906, los países bajos en 1917, Francia en 1919 y Noruega en 1920.

Creo que estamos un poco rezagados en esta materia.

Estos sistemas que asignan a las circunscripciones o distritos electorales la calidad de la extensión territorial, en la cual exclusivamente los votos de los electores son un fundamento para la distribución de los escaños a los candidatos con independencia de los votos que se hayan emitido en otros lugares del país.

Por otra parte, las dimensiones de las circunscripciones electorales incluyen la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos, a medida que las circunscripciones son más pequeñas, es menor la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos, cuanto más grande es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad.

Se busca un sistema que mediante los órganos de representación ciudadana sean lo más característico de la voluntad civil, exclusivamente no meramente poblacional, individual o personal, es decir, sólo de los porcentajes de votación obtenidos para cada partido en la elección según la lista nominal de electores.

De esta forma, los ejemplos internacionales citados muestran la intención de que el votante del padrón electoral sea exclusivamente aquel ciudadano que tiene la validez oficial de elegir libre y democráticamente a sus gobernantes y no así, que sea un sistema de representación puramente poblacional.

Esta iniciativa pretende modificar el criterio de representación poblacional en los distritos electorales a uno de lista nominal de electores, tomando por ejemplo la práctica política cotidiana que llevará al equilibrio de la forma democrática mexicana para una representación más adecuada del sistema de cómo los ciudadanos aptos para la elección popular designen su forma de gobierno.

Por tanto, compañeras y compañeros, propongo la modificación del artículo 53 constitucional, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población inscrita en el padrón electoral entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el padrón del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional de Electores, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser mayor de dos Diputados de mayoría.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“Luis SAnchez JimEnez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es necesario corregir la desigualdad electoral a través de un apropiado equilibrio, entre los ciudadanos registrados en el padrón electoral y la representación legislativa en la Cámara de Diputados.

La primacía de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, ciudadanos en términos constitucionales en concordancia al Artículo 34 Constitucional, refiere a la capacidad para concurrir a los sistemas de votación democrática, para formar parte de una sociedad y determinar la representación política. Actualmente, el Artículo 53 Constitucional da esa representación a la densidad poblacional que es determinada por la constitución de los 300 distintos electorales federales, mediante el censo de población.

Así, la voluntad general ciudadana se manifiesta en las urnas y se traduce en representación Nacional. La representatividad no se trata de un tema exclusivo de partidos, sino también, de los actores políticos.

La libertad civil y la actividad política de los mexicanos está delimitada por el Derecho Positivo Constitucional, que define obligaciones y derechos políticos. De esta manera, deja solamente a los ciudadanos la participación político-electoral junto con la autoridad representativa.

El Congreso constituye justamente un terreno donde la representación política y la representatividad social confluyen. Los principios y métodos utilizados para convertir los votos en escaños en un sistema de votación como procedimiento técnico en la elección, necesita de la calidad ciudadana, como el ejercicio y derecho al voto, en una comunidad de iguales que participan directa o indirectamente del poder político.

Por lo tanto, debe considerarse la calidad de ciudadano como rectora de la voluntad política, comprendida en contextos sociales y económicos. No todas las personas son votantes y no todos pueden expresar sus opiniones sobre sus preferencias políticas mediante un sistema de votación.

¿Qué otorga la calidad política de ciudadano de la República? El Artículo 34 Constitucional que establece, haber cumplido dieciocho años y tener un modo honesto de vivir. La capacidad de ejercicio como facultad manifiesta en el poder o aptitud que tiene una persona de participar electoralmente.

Todo ciudadano mexicano es jurídicamente nacional del país, pero no todo mexicanoes ciudadano (por no tener dieciocho años cumplidos o por pérdida o suspensión de la ciudadanía). La ciudadanía es, la capacidad o reconocimiento jurídico para intervenir en la política interna de México y un derecho o prerrogativa que sólo puede ser ejercitado directamente por su titular, los ciudadanos.

Queda únicamente en la nacionalidad mexicana, el uso exclusivo de los derechos políticos, tanto el sufragio activo como pasivo. El primero se refiere a la capacidad de votar, el segundo hace mención a la posibilidad de que un ciudadano se pueda presentar a las elecciones para ser elegido como representante del pueblo.

Pero ¿qué es la incapacidad política? La carencia de facultad o inexistencia idónea para ejercitar por sí mismo al sistema de elección democrática. Por ejemplo, compurgar una sentencia privativa de la libertad, pierde sus derechos políticos, como lo son, el poder votar o ser votado.

El tercer párrafo del Artículo 33 Constitucional, prohíbe expresamente a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país. Calidad dada sólo a los ciudadanos nacionales que integran el padrón electoral. La misma historia política del país, es razón para tener esta conformación.

No tienen capacidad de sufragio pasivo, los nacidos en el extranjero pero hijos de madre o padre mexicano, los naturalizados, calidad que acredita la Secretaria deRelaciones a la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con pareja mexicana y con domicilio establecido dentro del territorio nacional.

Solamente gozan de derechos políticos de sufragio activo y pasivo, los individuos que sean nacionales de un estado y que tengan, además la calidad de ciudadanos. Los nacidos en el territorio de la República, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional y los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.

Estas razones nos obligan a reconocer la realidad política, para que la capacidad de ejercicio político-electoral, que se da al accionar derechos y al hacer valer fines legales como electorales, sea la forma de integrar los escaños en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La cantidad de escaños no debe depender del total de la densidad poblacional. Porque no todas las entidades federales cuentan con un número proporcional a la cantidad de votantes respecto al de sus electores. Por ejemplo, el estado de Zacatecas, cuenta con una mayor cantidad de niños, debido al alto grado de migración, sólo aproximadamente un 50% del total poblacional puede votar, en cambio el Distrito Federal, de sus 8 millones y medio de habitantes solamente millón y medio no tiene esa posibilidad.1

Internacionalmente, existen muchos sistemas como ejemplos alrededor del mundo, que han implementado la representación ciudadana mediante una Lista Nominal de Electores, estos con sistemas que van desplazando a los meramente poblacionales. No fue hasta finales del siglo antepasado que se adoptó por primera vez este método, en Bélgica y Suiza (1899), posteriormente en Finlandia (1906), Suecia (1909), Países Bajos (1917) Alemania- República de Weimar (1919-1920), Francia (1919) y Noruega (1920).

Estos sistemas que asignan a la conformación de circunscripciones o distritos electorales, la calidad de “la extensión territorial en la cual exclusivamente los votos de los electores son el fundamento para la distribución de los escaños, a los candidatos con independencia de los votos que se hayan emitido en otros lugares del país (…) Por otra parte, la dimensión de las circunscripciones electorales influye en la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos. A medida que las circunscripciones son más pequeñas, es menor la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos. Cuanto más grande es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad”.2

Se busca un sistema que mediante los órganos de representación ciudadana, sea lo más característico de la voluntad civil, exclusivamente, no meramente poblacional, individual o personal, es decir, sólo de los porcentajes de votación obtenidos para cada partido en la elección según la Lista Nominal de Electores.

De esta forma los ejemplos internacionales citados, muestran la intención de que el votante del padrón electoral, sea exclusivamente aquel ciudadano que tiene la validez oficial de elegir libre y democráticamente a sus gobernantes, y no así que sea un sistema de representación puramente poblacional.

Esta Iniciativa pretende modificar el criterio de representación poblacional en los distritos electorales a uno de Lista Nominal de Electores, tomando como ejemplo la práctica política cotidiana, que llevará al equilibrio de la forma democrática mexicana, para una representación más adecuada del sistema de cómo los ciudadanos aptos para elección popular designan su forma de gobierno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población inscrita en el padrón electoral entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el padrón del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional de Electores, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos Diputados de mayoría.

TRANSITORIOS

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 14 del mes de febrero del 2014.

Atentamente,

Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Defensoría Pública.

1 http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral20112012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf

2 Diéter Nohlen, Sistemas electorales del mundo, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1981, citado en Humberto Nogueira Alcalá, “Consideraciones sobre los sistemas electorales a principios del Siglo XXI”, Revista Estudios Constitucionales, Año 5, N º 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2007, p. 313.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1, 4, 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Raúl Cervantes Andrade, Senador por el Distrito Federal. Señoras y señores Senadores, muy buenas tardes:

Hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública, que tiene como propósito fortalecer el andamiaje jurídico para que las y los jóvenes de México cuenten con mayores garantías de protección y de acceso a la justicia, así como verdaderas oportunidades de desarrollo.

Lo que estoy proponiendo son dos cosas de la mayor importancia, primero, establecer en la ley de manera explícita la obligación del gobierno de brindar protección jurídica gratuita a las y los jóvenes; y segundo, establecer que dicha protección tenga lugar en cualquier procedimiento judicial, en todas las ramas del derecho y no solamente en materia penal.

Senadoras y Senadores, la protección o asesoría jurídica pública que abarca la asistencia, la representación y en general el patrocinio en materia legal, es un derecho social, una obligación del gobierno y un instrumento del sistema jurídico para garantizar a la población en general y a los jóvenes en particular el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales.

La asesoría jurídica pública es el mecanismo del Estado para garantizar que ninguna persona quede desprotegida, en estado de indefensión o sea privada de la posibilidad de acceder al sistema de impartición de justicia.

Lamentablemente, la legislación federal vigente no contempla este mecanismo de protección con los alcances que ya he mencionado.

Pero ya es una realidad en algunas entidades como en mi estado, Yucatán, y en el Estado de México, entre otras entidades federativas, en donde durante los últimos años se incorporó a su legislación local la asesoría jurídica gratuita para su población en todas las ramas del derecho.

La importancia del tema no es una apreciación aislada, se trata de una prioridad que rebasa fronteras y naciones.

En el contexto internacional, el derecho a la asesoría jurídica se encuentra reconocido por varios instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Asimismo, países europeos, como España, y latinoamericanos, como Ecuador, cuentan con legislación en esta materia. Es momento de hacer lo mismo en México.

Debemos seguir perfeccionando nuestra legislación en materia de protección de los derechos humanos. Es un buen momento para hacer las mejoras que fortalezcan el ejercicio de las garantías y la justicia para los jóvenes. Es un paso necesario en el camino hacia una verdadera inclusión y desarrollo en la sociedad.

Es alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe en diferentes comunidades y ciudades del país, y el sector juvenil es el principal afectado.

Por todo lo anterior, propongo reformar los artículos 1, 4 y 15 y adicionar el artículo 26 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública, con lo que estaremos contribuyendo para incluir a los jóvenes como sujetos destinatarios de los servicios de asesoría y representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, establecer en la ley, con claridad, la obligación de impartir asesoría jurídica a los jóvenes en todas las materias del derecho mexicano, así como garantizar el acceso, la impartición de justicia, asegurar la defensa legal de aquellos jóvenes que no tienen recursos para pagar un abogado; informar y asesorar a la juventud en cuestiones de índole legal a fin de que cuenten con los elementos que le permitan prevenir y enfrentar problemáticas legales en cualquier materia del derecho.

Remover los obstáculos que impiden a los jóvenes tener un conocimiento auténtico y concerniente de sus derechos.

Establecer las bases para la difusión de los derechos de la juventud y paralelamente facilitar propuestas sociales que eviten que la realidad de los jóvenes y la ley caminen separados.

Intensificar y potenciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestra sociedad.

La propuesta es imprescindible, En el Partido Acción Nacional tenemos la convicción de que es urgente dotar a la juventud con las herramientas necesarias para la defensa y promoción de sus derechos humanos, así como garantizar que las autoridades asuman la obligación que les corresponde en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, previstos en el derecho internacional y nacional.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La asesoría jurídica pública en México es un derecho de las personas, una obligación del Gobierno y un instrumento del sistema jurídico fundamental para garantizar a la población en general, y a los jóvenes1 en lo particular, el respeto y ejercicio del conjunto de derechos humanos y sociales de los que son beneficiarios.

Asesor, es un término que proviene del latín: assessor, que significa “el que se sienta al lado” y assidere que significa “asistir”. El asesor en la época de Roma era el que se sentaba al lado del asesorado generalmente conocido como “ayudante o asistente”.

Dentro de la sociedad los que tienen los conocimientos para asesorar en materia jurídica son los licenciados en derecho, los abogados. Son éstos quienes tienen la capacidad y posibilidad de brindar orientación jurídica a quien necesite solucionar asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes jurídicas en cualquier materia de derecho.

En efecto, el Diccionario Jurídico Mexicano2 refiere que el asesoramiento jurídico es el patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que presten sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales.

De acuerdo con lo anterior se puede hablar de dos tipos de asesoría jurídica: pública (gratuita) y privada (gratuita o remunerada).

La asesoría jurídica pública es un derecho social de contenido prestacional a cargo del Estado; es el mecanismo del Estado para garantizar que ninguna persona pueda quedarse desprotegida, en estado de indefensión, o verse privada de la posibilidad de acceder al sistema de impartición de justicia por razones económicas, culturales, ideológicas, y de cualquier otro tipo.

En este sentido, la asesoría jurídica debe vincularse con las propias estructuras del estado de bienestar, con el propósito de consolidarse como el instrumento del derecho fundamental, garante del conjunto de derechos humanos y sociales de los que las personas son beneficiarias.3

La asesoría jurídica comprende, a manera de ejemplo, los servicios siguientes:

a) Asistencia en cualquier problema legal.

b) Elaboración de documentos jurídicos.

c) Representación legal.

d) Elaboración de dictámenes.

e) En general, cualquier servicio en materia legal que una persona solicite.

Estas consideraciones muestran la trascendencia de que la legislación mexicana contemple este “instrumento de garantía” de los derechos de la juventud.

De una revisión del derecho mexicano encontramos que ha existido y existe legislación tanto federal como estatal que se refiere al tema en estudio; sin embargo, es necesario rediseñarlo para ampliar sus alcances.

El derecho de asesoría y defensa se reconoció por vez primera en la Constitución de 1857, con el objeto de que no existiera desamparo jurídico de los ciudadanos y evitar violaciones a las Garantías Constitucionales.

Posteriormente, en la Constitución de 1917 vigente, se reconoció el derecho a la defensoría y a la justicia.

Derivado de este reconocimiento constitucional el 28 de mayo de 1998 se creó la Ley Federal de Defensoría Pública, una ley que da vida jurídica al “Instituto Federal de Defensoría Pública” con la finalidad de establecer y “regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica”; ley que ahora constituye mi objeto de estudio.

Lamentablemente la legislación federal vigente, como más adelante se expone, carece de las disposiciones necesarias para otorgar a los jóvenes las herramientas básicas para la defensa de sus derechos y el acceso a una verdadera impartición de justicia en las diferentes ramas del derecho. Por esta razón y con el propósito de garantizar a la juventud el acceso a una defensa legal de sus derechos en cualquier materia del derecho, resulta necesario reformar la Ley Federal de Defensoría Pública.

En esta revisión resulta importante mencionar que a nivel estatal también encontramos instituciones públicas creadas por el derecho para brindar a la población asesoría jurídica gratuita en algunas materias, lo que fortalece la urgencia de rediseñar la legislación federal para ampliar los alcances de protección a los jóvenes, en todos los ámbitos del derecho.

Un ejemplo lo encontramos en el Distrito Federal, donde el 18 de junio de 1997 se creó la Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal con el objetivo de establecer y “regular la Institución de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal y proveer a su organización y funcionamiento, así como garantizar el acceso real y equitativo a los servicios de asistencia jurídica, para la adecuada defensa y protección de los derechos y las garantías individuales de los habitantes del Distrito Federal”.4

Otro caso lo encontramos en el estado de México, entidad que en 2010 creó la Ley de la Defensoría Pública con el objetivo de “proporcionar orientación jurídica y defensa penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten”; a cargo de una institución pública denominada “Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México”.5

El estado de Yucatán, entidad que represento en esta Cámara de Senadores, promulgó en 2010 la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán; ordenamiento que da vida jurídica al “Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán”, con el propósito de “garantizar el derecho a la defensa penal pública, gratuita y profesional”, y “asegurar el derecho de acceso a la justicia en asuntos civiles, familiares, administrativos, mercantiles y de amparo, mediante la asesoría jurídica, siempre que lo soliciten y acrediten que carecen de medios económicos para sufragar los gastos correspondientes”, principalmente.6

Asimismo, encontramos instituciones públicas y privadas que por iniciativa propia y con gran responsabilidad social brindan el servicio de asesoramiento jurídico gratuito (en algunas materias) como:

a) Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y

b) Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Panamericana, entre otras.

La importancia del tema no es exclusiva de nuestra sociedad, se trata de una prioridad que rebasa fronteras y naciones.

En el contexto internacional, los derechos a la asesoría jurídica y a la defensa se encuentran regulados y protegidos por varios instrumentos internacionales, entre los que destacan:7

A.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

B.- La Convención Europea de Derechos Humanos.

C.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

D.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Al respecto Gabriela Knaul, jueza brasileña y relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló el 30 de mayo de 2013:

“La asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales; insto a los gobiernos a desarrollar y mantener servicios eficaces de ayuda legal como un componente esencial de un sistema judicial imparcial y eficaz basado en el estado de derecho.

Ese tipo de asistencia es un derecho en sí mismo, y una condición indispensable para el ejercicio y el goce de varios derechos humanos, incluidos los relacionados con las garantías judiciales.

La ayuda jurídica debe ser lo más amplia posible debe contribuir a la eliminación de obstáculos que impiden el acceso a la justicia a personas que no pueden pagar una representación legal.

La asistencia letrada no sólo debe incluir el derecho a la asesoría jurídica gratuita en los procedimientos penales, sino también la prestación de consejería judicial efectiva en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial que busque determinar derechos y obligaciones”. 8

Nótese la trascendencia de la asesoría jurídica. Dos puntos que destacan en la exposición de Gabriela Knaul, mismos que establecen líneas de trabajo legislativo, son:

Primero, la asistencia legal constituye un derecho en sí mismo, que lleva de la mano la salvaguarda de varios derechos humanos, pero además, de varios derechos sociales.

Segundo, el ámbito de aplicación no sólo debe ser en los procedimientos penales; debe extenderse a todos los asuntos de derecho, judiciales y extrajudiciales.

Por otro lado, en países como España también encontramos instituciones creadas con la finalidad de asesorar a los jóvenes, aunque de manera incipiente; destaca el Centro de Información Juvenil (INFORMAJOVEN), que presta sus servicios a través de diversas acciones tales como la orientación especializada, mediante la atención personalizada de cada caso efectuada por un abogado, así como acciones formativas y de divulgación de los temas jurídicos que afectan a la condición social de los jóvenes.

En América Latina, Ecuador es una nación que se destaca en esta materia por contar con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual cuenta con una Dirección de Relación con la Ciudadanía, cuya función principal consiste en brindar asesoría legal y procesal a la ciudadanía en general, en las diferentes ramas del Derecho.

Más aún, el país cuenta con una “Ley de la Juventud”, muestra del compromiso con el desarrollo integral de los jóvenes, con propósitos específicos como:

a) Reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos y deberes.

b) Involucrarlos en los procesos sociales, culturales, económicos y políticos del país, por lo que crea organismos autónomos de participación de los jóvenes.

c) Promover el mejoramiento de la calidad de vida, la educación, la recreación, la salud, el trabajo, la participación y la convivencia como presupuesto de desarrollo integral de la juventud.9

Todas estas consideraciones confirman la trascendencia de la asesoría jurídica para cualquier sociedad moderna, como un instrumento para salvaguardar el desarrollo personal y colectivo de la juventud, en lo particular, y de la población en general.

Ahora bien, en el contexto nacional la realidad social de la juventud mexicana confirma la necesidad de reformar el sistema jurídico, con propuestas como la que se plantea en la presente iniciativa, para crear las condiciones que permitan mejorar sus condiciones de vida. A continuación algunas razones:

El Consejo Nacional de Población (Conapo) refiere que cuando se presenta el fenómeno de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor a la dependiente, entonces el potencial productivo de la economía nacional es mayor.

Pues bien, hoy en día la juventud mexicana representa una tercera parte de la población nacional total (al contar con más de 36 millones de personas entre 12 y 29 años de edad) constituyendo, en términos del Conapo, un verdadero bono demográfico y, por lo tanto, uno de los motores más importantes para su desarrollo. De aprovecharse puede ser una oportunidad histórica de desarrollo humano y económico para nuestra nación pero, de no aprovecharse, podría convertirse en problema de desarticulación del tejido social, con graves consecuencias.

Desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral, sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa.

La carencia de una adecuada política pública en materia de juventud, aparejada de la escasez de instrumentos jurídicos suficientes para impulsar su inclusión y desarrollo en la sociedad se suman a los factores que han potencializado la situación actual de la juventud: deserción escolar, desempleo, pobreza, pérdida de valores y principios, e incremento de la criminalidad, entre otros.

En diferentes ámbitos de incidencia directa en la juventud encontramos realidades como las siguientes.

En materia educativa, la falta de cobertura origina que cada año miles de jóvenes se queden sin la oportunidad de estudiar, por ejemplo, sólo en el nivel medio superior para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresó el 27.6% de la población en edad de cursarla.

A esto se suma la deserción escolar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, de los jóvenes que dejaron de acudir a la escuela el 42% la tuvo que abandonar para ingresar a un trabajo, mientras que el 30% la dejó por falta de interés. Este dato evidencia dos tipos de problemas: las dificultades económicas de las familias mexicanas para mantener a sus hijos en el sistema educativo, así como el deterioro en la valoración que los alumnos hacen hacia su formación educativa.10

En educación y empleo, 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan11. De éstos, algunos son migrantes (2 millones12), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón13) como el subempleo con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas. Otros más están en los reclusorios (119 mil14), y el resto, poco más de 4 millones, expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.

Otra consecuencia de la demanda laboral y la pérdida de empleos durante los últimos años debido a las crisis económicas, ha sido la pérdida de la calidad del empleo en México, que paulatinamente se ha ido deteriorando. Si consideramos la creación y destrucción neta de empleo por nivel de remuneración se obtienen las siguientes cifras: entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2010, aumentó en 877 mil el número de ocupados que perciben menos de un salario mínimo; asimismo, aumentaron en 1 millón 617 mil los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. En cambio, el número de trabajadores que ganan entre dos y tres salarios mínimos se redujo en 925 mil, y la caída entre los que perciben más de 5 salarios mínimos fue de 1 millón 224 mil. Lo anterior, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México15. Situación que evidentemente ha empeorado durante los últimos 4 años.

Respecto de la salud, el 50% de los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud y, adicionalmente el 70% de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas16 convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud. Por ejemplo, entre 2002 y 2008 el consumo de mariguana creció en un millón de adictos y el de cocaína en un millón 350 mil adictos17. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, de 2008 a 2011, el consumo de mariguana en los jóvenes varones pasó del 2.5 al 3.0%, y el de cocaína pasó del 0.7% al 2.2%, por lo que sigue siendo un problema de salud pública.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50% de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes18. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

Todos estos factores acrecientan las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que enfrentan una gran parte de jóvenes y en contraste, la exclusión social, la carencia de oportunidades de desarrollo, el poco o nulo acceso a actividades educativas, deportivas, recreativas, culturales, laborales y sociales, incentivan su exclusión y los hace proclives a involucrarse en actividades antisociales.

Ante este panorama es claro que la juventud no es la responsable de la descomposición social que se percibe, sino víctima del sistema social.

Como respuesta para contribuir a resolver el problema, desde lo legislativo, es necesario hacer las reformas necesarias a nuestra legislación.

Por todas estas razones y dada la trascendencia del tema planteado, presento esta propuesta legislativa para reformar la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual se suma a las iniciativas de reforma que he venido planteando a diversas leyes (bajo una visión transversal) con la finalidad de ir adecuando el sistema jurídico a las necesidades de la juventud.

La presente iniciativa tiene como propósito mejorar y garantizar a la juventud el acceso y respeto a sus derechos humanos y sociales; medios fundamentales para impulsar verdaderamente su desarrollo integral, a saber:

La Ley Federal de Defensoría Pública vigente:

a) Regula la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, “a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica”.

b) Establece que el servicio de defensoría pública es gratuito y se presta bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo, de manera obligatoria.

c) Para la prestación de los servicios de defensoría pública, se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones.

d) Establece la relación de personas a las que preferentemente se brindará el servicio, tales como: las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; los trabajadores eventuales o subempleados; los indígenas, entre otros.

Sin embargo, en dicho ordenamiento encontramos vacíos legales de suma trascendencia para el tema planteado, tales como:

Primero, no prevé a la juventud como sector objeto de los servicios de asesoría, es decir, queda excluida de la protección jurídica gratuita, siendo que en nuestra actualidad es innegable la necesidad de salvaguardar sus derechos.

Segundo, no establece con claridad las materias del derecho en las que se brindará el servicio de asesoría y representación jurídica gratuita, excepto la penal.

Tercero, la ley carece de disposición alguna que establezca la responsabilidad de difundir ampliamente entre los destinatarios de la ley los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Por lo tanto, propongo reformar los artículos 1, 4, 15 y adicionar el artículo 26 bis de la Ley Federal de Defensoría Pública, con las finalidades específicas siguientes:

a) Incluir a los jóvenes como sujetos destinatarios de los servicios de asesoría y representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública.

b) Establecer en la ley, con claridad, la obligación de impartir asesoría jurídica en todas las materias del derecho mexicano.

c) Garantizar el acceso de los jóvenes a la impartición de justicia.

d) Informar y asesorar a la población joven, en cuestiones de índole legal, a fin de que cuenten con los elementos que le permitan prevenir y enfrentar problemáticas legales en cualquier materia de derecho.

e) Remover los obstáculos que impidan a los jóvenes tener un conocimiento auténtico y concerniente de sus derechos.

f) Establecer las bases para la difusión de los derechos de la juventud y, paralelamente, facilitar propuestas sociales que eviten que la realidad de los jóvenes y la ley caminen separadas.

g) Intensificar y potenciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestra sociedad.

La propuesta es imprescindible; debemos dotar a la juventud las herramientas de defensa y promoción de sus derechos humanos, y garantizar que las autoridades asuman la obligación, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, tal como está previsto en los instrumentos del derecho internacional y nacional.

Con esta modificación, estaremos fortaleciendo las instituciones del Estado a favor de los jóvenes, pues estaremos garantizando la defensa legal a aquellos jóvenes que no tienen recursos para pagar un abogado ni mucho menos una representación en una controversia judicial en cualquier materia.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1, 4, 15; Y SE ADICIONA EL 26 BIS, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA:

Artículo Unico. Se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública,para quedar como siguen:

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las demás materias de derecho, en los términos que la misma establece.

Artículo 4.

I.

II.Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal.

Artículo 15.

I. a IV.

V.Los indígenas;

VI. Los Jóvenes, y

VII.

26 bis. El Instituto Federal de Defensoría Pública difundirá los servicios que presta valiéndose de los medios de comunicación y de los medios tecnológicos.

Cuando menos una vez al año realizará la semana nacional de asesoría jurídica dirigida preferentemente a las personas previstas en el artículo 15.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública realizará las adecuaciones necesarias a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Senado de la República, a 12 de febrero de 2014”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Avila Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede ahora la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud.

1Esta referencia se hace en consideración de que la juventud conlleva una etapa de cambio de la minoría de edad a la mayoría de edad; al final de este proceso la persona adquiere un conjunto de derechos, obligaciones y responsabilidades jurídicas que durante la minoría de edad no se tienen, y naturalmente se tiene poco conocimiento, experiencia y consciencia para hacerles frente, con el riesgo latente de su incumplimiento.

2MANTEROLA MARTINEZ, Alejandro E. Diccionario Jurídico Mexicano; Asesoramiento jurídico,Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2013, pp 848-858, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/836/45.pdf

3Véase: Capítulo cuarto. Dimensión constitucional de la asistencia jurídica gratuita a la luz de la eficiencia y la equidad. I. Características constitucionales de la asistencia jurídica gratuita p. 207, Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. http://www. bibliojuridica.org

4 Artículo 1 de la Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal.

5 Véase: http://portal2.edomex.gob.mx/idefensoria/acerca_instituto/antecedentes/index.htm

6Artículo 1 de la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.

7 Véase: Derechos humanos, Recopilación De Instrumentos Internacionales, Volumen I, Instrumentos de carácter universal, Naciones Unidas, 2002. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1sp.pdf

8 Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), “La asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales”, 30 de Mayo 2013.

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-asistencia-gratuita-es-un-d/

9 Ley de la Juventud, Ecuador, 1997

10 Véase tabla 6: distribución porcentual de la población mayor de edad encarcelada en México por género y edad, 2009.

11Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

12INEGI, conteo 2005.

13Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

14SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

15Memorándum de Política económica y Presupuestal para 2011. Págs. 27 y 28.

16Encuesta Nacional de Salud 2006

17 Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

18Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Con el permiso de todos ustedes en esta intervención, y con la venia, por supuesto, de la Presidencia, quiero hacer referencia también a un punto de Acuerdo que he inscrito en torno a la misma conmemoración de la que hoy me voy a referir en esta iniciativa, que tiene que ver con el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y le solicitaría a la Presidencia atentamente y a la Mesa Directiva, que en el momento oportuno sea turnado a comisiones para su debido análisis.

La Organización Mundial de la Salud señala que a nivel internacional son diagnosticados 15 casos de cáncer infantil por cada 100 mil niños menores de 15 años de edad. Aproximadamente la mitad de éstos originados en menores de 4 años, señalando que a escala mundial se estiman aproximadamente unos 160 mil nuevos casos y 90 mil muertes en niñas y niños cada año.

Por lo que hace al caso de México, la frecuencia de cáncer enniñas y niños menores de 12 años aumenta de manera progresiva, ubicándose como la primera causa de muerte por enfermedad, teniendo que cada cuatro horas muere una niña o niño por cáncer en México.

Han sido muchos e importantes los esfuerzos que se han realizado en la materia.

En nuestro país actualmente contamos con el Instituto Nacional de Cancerología, que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos, siendo además un centro de referencia y órgano rector del cáncer en México.

De igual manera, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, dirige acciones para la prevención y el tratamiento del cáncer en los menores de 18 años a nivel nacional.

Sin embargo, de acuerdo con información obtenida en el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica, hay estimaciones que establecen que el 15 por ciento de niñas y niños con cáncer en nuestro país, no reciben tratamiento especializado por falta de infraestructura en hospitales generales, ya que no muchos cuentan con los espacios suficientes o aparatos médicos necesarios.

Asimismo, el Instituto Nacional de Pediatría señala que sólo hay 152 oncólogos pediatras certificados en el país, de los cuales, 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados al Seguro Popular.

Son evidentes los esfuerzos que México ha realizado a lo largo del tiempo en cuanto a la prevención, atención y tratamiento del cáncer en la población infantil.

Sin embargo, lo anterior deja de manifiesto que debemos de redoblar los esfuerzos, sobre todo ante un panorama tan preocupante como es el registro anual de entre 5 y 8 mil nuevos casos de cáncer infantil en nuestro país.

Es por lo expuesto y con motivo de la Conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, que me permito presentar ante ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto que tiene como finalidad establecer como acciones de seguridad general la prevención y el tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia, potenciando con ello la atención oportuna e integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer dentro de la política de salud, garantizando su continuidad en el tiempo.

Asimismo, compañeras y compañeros, como les decía al inicio de mi participación, quisiera hacer muy rápidamente referencia a un punto de Acuerdo que tiene que ver con el mismo tema y que hoy he presentado, inscrito oportunamente y a través del cual exhortamos a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados al diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz del cáncer en niñas, niños y adolescentes, así como a promover entre las universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de oncología pediátrica, el cual pongo a su consideración.

Segura estoy de contar con el apoyo necesario para que esta proposición cumpla su cometido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, atendiendo que la gravedad del problema necesita que se aborde conjuntamente, sirva la Conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil para refrendar nuestro compromiso, promoviendo las acciones necesarias para que el diagnóstico y tratamiento oportuno, así como la generación de médicos especialistas, sea la base a través de la cual el Estado mexicano haga frente al cáncer a favor de la infancia y la adolescencia.

Por su atención, pero sobre todo por su apoyo, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, mostrándose como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo1.

Asimismo, la OMS señala que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, atribuyéndosele 8.2 millones de defunciones al año que representan un 13 por ciento del total, previéndose que para el año 2030 esta cifra aumentará a 13.1 millones2.

Los tipos de cáncer que causan más muertes cada año son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama, teniendo que un 30 por ciento de estás son debido a cinco factores3:

• De riesgo conductuales y dietéticos,

• Indice de masa corporal elevado,

• Ingesta reducida de frutas y verduras,

• Falta de actividad física,

• Consumo de tabaco y de alcohol.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos, teniendo como característica que el 60 por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas4

A nivel mundial se han implementado programas y se tiene amplio conocimiento acerca de las causas del cáncer y las intervenciones para prevenirlo y tratarlo. Es posible reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención de la enfermedad así como a la detección temprana y al tratamiento de estos enfermos. Muchos cánceres tienen grandes probabilidades de curarse si se detectan tempranamente y se tratan de forma adecuada.

Sin embargo, no toda la población tiene total acceso a una detección oportuna y llevar un tratamiento adecuado con calidad, lo anterior, con base en las cifras de la OMS que señalan que más del 70 por ciento de las defunciones por cáncer se registraron en países de ingresos bajos y medianos.

2.- En cuanto al cáncer en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la OMS, su incidencia ha aumentado en los últimos años en más de 200 por ciento en países en desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemia, linfomas y tumores primitivos del sistema nerviosos central.

La misma OMS, señala que a nivel mundial son diagnosticados 15 casos de cáncer infantil por cada 100 mil niños menores de 15 años de edad; aproximadamente la mitad de estos originados en menores de 4 años de edad, señalando que a escala mundial se estiman aproximadamente unos 160 mil nuevos casos y 90 mil muertes en menores de 15 años de edad cada año.

Por lo que hace al caso de México, la frecuencia de cáncer en niñas y niños menores de 12 años aumenta de manera progresiva, ubicándose como la primera causa de muerte por enfermedad, teniendo que cada cuatro horas muere un menor de edad por cáncer en México.

Finalmente, de acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el impacto social y económico que provoca actualmente el cáncer en niños y adolescentes representa que, del 65 al 90 por ciento de las familias sin seguridad social, no cuente con recursos económicos para su atención y tengan que enfrentarse a gastos incosteables e inclusive al abandono del tratamiento por falta de recursos

3.- En el tema de prevención, atención y tratamiento del cáncer, el Estado Mexicano consciente de la problemática que representa la alta incidencia de los padecimientos que conllevan a padecerlo, ha diseñado diversa acciones para fomentar estrategias de prevención, así como mecanismos de atención adecuada y oportuna.

En México actualmente contamos con el Instituto Nacional de Cancerología, que está definido como un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos, el cual dirige sus acciones a la atención de pacientes no derechohabientes de la seguridad social, provenientes de todo el país y asimismo desarrolla funciones como centro de enseñanza médica e investigación.

Asimismo, se cuenta con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Para los efectos de este Fondo se considera Enfermedad de Gasto Catastrófico a las que requieren de tratamientos y medicamentos muy costosos debido a su grado de complejidad o especialidad.

A través de este Fondo se proporcionan recursos monetarios por medio de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para atender 49 enfermedades, entre las cuales se encuentran:

• Cáncer de mama

• Cáncer cervico-uterino

• Cáncer de niños y adolescentes

4.- En cuanto al tema de cáncer infantil, la Secreatría de Salud cuenta con el Programa para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia que a través de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia es responsable de dirigir las acciones para la prevención y el tratamiento del cáncer en los menores de 18 años a nivel nacional.

Para su funcionamiento, la Dirección General está encargada del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, que tiene como objetivo:5

• Proponer políticas, estrategias y acciones de investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento integral del cáncer detectado entre las personas menores de dieciocho años, así como para mejorar su calidad de vida;

• Fungir como órgano de consulta nacional;

• Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y entre éstas y los gobiernos de las entidades federativas, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado;

• Proponer las medidas que considere necesarias para homologar, garantizar la cobertura, eficiencia y calidad de las acciones en su materia, incluyendo las estrategias financieras para su instrumentación;

• Evaluar la instrumentación de las acciones acordadas por el Consejo;

• Impulsar la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y de la salud;

• Proponer y promover la realización de actividades educativas y de investigación;

•Promover y apoyar la gestión ante las instancias públicas, sociales y privadas correspondientes, de los recursos necesarios para la adecuada instrumentación y operación de las acciones que impulse;

• Coadyuvar en la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de los sistemas de información en salud, así como en la evaluación de las acciones instrumentadas en los ámbitos federal, estatal y municipal;

• Recomendar la actualización permanente de las disposiciones jurídicas relacionadas; y

• Promover la creación de consejos estatales para la prevención y el tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

5.- Son evidentes los esfuerzos que México ha realizado en cuanto a la prevención, atención y tratamiento del cáncer en la población.

Sin embargo, hay estimaciones que establecen que el 15 por ciento de niñas y niños con cáncer en nuestro país no reciben tratamiento especializado. Lo anterior, de acuerdo con el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica, por falta de infraestructura en los hospitales generales en México, ya que no muchos cuentan con los espacios suficientes o aparatos médicos necesarios que estén de acuerdo a las necesidades de los pacientes.

Asimismo, de acuerdo con el Instituto Naiconal de Pediatría en México sólo hay 152 oncólogos pediatras certificados en el País, de los cuales 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados al Seguro Popular.

Lo anterior, deja de manifiesto que hay mucho por hacer y debemos redoblar los esfuerzos, más cuando de acuerdo con la Secretaría de Salud se registran anualmente entre 5 y 8 mil casos nuevos de cáncer infantil en nuestro país.

En virtud de ello, se deben fortalecer las acciones para la detección temprana y atención multidisciplinaria a pacientes, asimismo se debe potenciar las estrategias de investigación.

6.- El artículo 3° de la Ley General de Salud establece las acciones y programas que serán consideradas de “salubridad general”; es decir, aquellas que deberán ser atendidas en el diseño y desarrollo de la política pública en materia de salud.

En ese sentido, se propone adicionar una fracción al citado precepto para establecer que la “Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia” deberán ser considerados como parte de la salubridad general del país.

Así, esta reforma tiene como finalidad potenciar la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer, promoviendo que la prevención y tratamiento sea un eje rector a través del cual la administración pública diseñe su política de salud, garantizando su continuidad en el tiempo.

Ello, se traduce en que la atención del cáncer infantil pasaría de ser un programa impulsado por una administración pública a un eje rector de política de salud a través del cual se deberán diseñar el plan nacional y los programas en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, como una estrategia más tendiente a promover el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, así como para atender la alta incidencia de cáncer infantil en México en el marco de la Conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 3° DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO.- Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 3° de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XVI…

XVI Bis. La atención y tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia.

XVII a XXVIII…

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 13 de febrero de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 Véase: http://who.int/topics/cancer/es/, consultado el 12 de febrero de 2014.

2Ibídem

3Ibíd

4 Véase: http://www.spps.gob.mx, consultado el 12 de febrero de 2014.

5 Véase: http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/interm_cancer.html, consultado el 12 de febrero.






PROPUESTA

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD A REFORZAR LOS PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNOSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EFICAZ DEL CANCER EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y A PROMOVER ENTRE LAS UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN LA CARRERA DE MEDICINA, LA ENSEÑANZA DE LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA-PEDIATRICA

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1,del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Con base en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer en niñas, niños y adolescentes ha incrementado su incidencia en los últimos años en más de 200 por ciento.

Los tipos de cáncer más frecuentes son los siguientes:

•Leucemia

•Linfomas

•Tumores primitivos del sistema nerviosos central.

A nivel mundial, señala la OMS, se diagnostican 15 casos de cáncer en infantes por cada 100 mil niños menores de 15 años, que representan unos 160,000 nuevos casos con más de 90,000 defunciones en menores de 15 años anualmente.

2.- En nuestro país, de acuerdo con la Secretaría de Salud, la concurrencia de cáncer en niñas y niños menores de 12 años incrementa en pasos agigantados, colocándola como la primera causa de muerte por enfermedad, teniendo desafortunadamente una defunción cada 4 horas en niñas o niños con cáncer.

Lo anterior, aunado al impacto social y económico que representa padecer esta enfermedad, ya que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en México, menciona que del 65 al 90 por ciento de las familias sin seguridad social, no cuentan con recursos económicos para su atención.

Asimismo, estimaciones del Congreso Internacional de Oncología Pediátrica señalan que el 15 por ciento de niñas y niños con cáncer en nuestro país no perciben tratamiento especializado, en virtud de falta de infraestructura en los hospitales generales en México.

Otro aspecto, fundamental en este tema, es señalado por el Instituto Nacional de Pediatría en México, que refiere que en el país sólo hay 152 oncólogos pediatras certificados, de los cuales 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados al Seguro Popular.

3.- En el tema de prevención, atención y tratamiento del cáncer, el Estado Mexicano consciente de la problemática que representa la alta incidencia de los padecimientos que conllevan a padecerlo, ha diseñado diversa acciones para fomentar estrategias de prevención, así como mecanismos de atención adecuada y oportuna.

En México actualmente contamos con el Instituto Nacional de Cancerología, que está definido como un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos, el cual dirige sus acciones a la atención de pacientes no derechohabientes de la seguridad social, provenientes de todo el país y asimismo desarrolla funciones como centro de enseñanza médica e investigación.

Asimismo, se cuenta con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

4.- En cuanto al tema de cáncer infantil, la Secreatría de Salud cuenta con el Programa para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia que a través de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia es responsable de dirigir las acciones para la prevención y el tratamiento del cáncer en los menores de 18 años a nivel nacional.

Para su funcionamiento, la Dirección General está encargada del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.1

5.- Son evidentes los esfuerzos que México ha realizado en cuanto a la prevención, atención y tratamiento del cáncer en la población.

Sin embargo, las cifras demuestran que es necesario redoblar los esfuerzos para hacer frente al cáncer y todo o que a este padecimiento ocupa, ya que las consecuencias, en caso de no tratarse a tiempo o de no contar con los recursos, médicos o económicos, para hacerle frente son fatales.

En virtud de lo anterior, atendiendo que la gravedad del problema del cáncer infantil necesita que se le aborde conjuntamente entre Gobierno y sociedad, sirva la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, para promover que la Secretaría de Salud refuerce los programas destinados al diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz del cáncer en niñas, niños y adolescentes, y fomente entre las Universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de oncología-pediátrica.

Así, por lo expuesto en el desarrollo del presente y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados al diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz del cáncer en niñas, niños y adolescentes y a promover entre las Universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de oncología-pediátrica.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 13 de febrero de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Flores Escalera. La iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos. Y el punto de Acuerdo sobre la Conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, se turna a la Comisión de Salud.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 2 y 4 de la Ley General de Turismo.

1 Véase: http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/interm_cancer.html, consultado el 12 de febrero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XVI AL ARTICULO 2 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTICULO 4 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

El turismo es una actividad económica que representa una industria completa y compleja, capaz de aportar el crecimiento y bienestar de la población de cualquier país. A pesar de ello, el incremento de las emisiones a nuestra atmósfera y el calentamiento global representan un riesgo inminente para los ecosistemas de todo el mundo, afectando a sectores diversos además del turismo, tal como la agricultura y el comercio.

En el ámbito internacional, el problema del cambio climático y el turismo es un tema que ha despertado mucho interés, tanto así que la Organización Mundial del Turismo organizó en los años 2003 y 2007, la Primera y Segunda Conferencia Internacional Sobre Cambio Climático y Turismo, mismas que arrojaron como resultados el reconocimiento de las relaciones complejas entre la industria del turismo y el cambio climático, estableciendo un marco para la adaptación y la mitigación.

En la primera conferencia celebrada en el 2003, en Túnez, puso énfasis en la importancia de los recursos hídricos para el sector turismo y la vulnerabilidad del desarrollo de la industria ante los ecosistemas sensibles.

La segunda conferencia internacional se convocó para octubre de 2007 con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial y el Fondo Económico Mundial, y se celebró en Davos, Suiza. Derivado de esta reunión, se declaró instar al sector turístico a actuar para hacer frente al cambio climático como uno de los mayores retos del desarrollo sustentable para el siglo XXI.

En México, el turismo representa aproximadamente el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que significa un detonador para proyectos de infraestructura e inversión en diversas entidades federativas.

No obstante, como toda actividad humana, su acelerado crecimiento conlleva a una serie de consecuencias, entre ellas, que representa el 5 por ciento de las emisiones de carbono mundial a la atmósfera como producto de los viajes aéreos, marítimos y terrestres, sin considerar los daños causados por la contaminación del agua, el suelo y la generación de desechos.

La competitividad turística, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, es la eficiencia de los destinos para atraer y satisfacer a los visitantes, ofrecer servicios de calidad e innovadores a los consumidores y garantizar al mismo tiempo que los recursos naturales que soportan al turismo son empleados de manera eficiente y sostenible. Esto nos lleva a una idea esencial, que es la de transformar la industria del turismo tradicional a una industria del turismo sustentable, entendiendo ésta como una actividad que da uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico bajo estricto apego a las leyes en la materia.

Ante este panorama preocupante, el gobierno federal actual emitió dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, mismo que tiene por objeto formular y conducir la política de desarrollo en turismo nacional bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado, todos operando bajo el principio de transversalidad.

Bajo este concepto y con el claro compromiso de fomentar la industria turística coordinada con las medidas de adaptación y mitigación previstas en la Ley General de Cambio Climático, se creó un gabinete turístico mediante el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de noviembre de 2013, con la firme tarea de analizar, definir, coordinar y evaluar las estrategias de programas y acciones que tengan cualquier vínculo con la política nacional turística.

Pero este esfuerzo requiere, como lo señala el principio de transversalidad, la acción de diversos actores, incluido el Poder Legislativo.

Por este motivo, la que suscribe propone coordinar la legislación en turismo con la legislación en cambio climático, mediante la inclusión de objetivos específicos que otorguen el fundamento jurídico a la autoridad competente para realizar acciones que promuevan la competitividad de la industria turística y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México respecto a la disminución de emisiones y sustentabilidad.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2, para quedar como a la letra se menciona:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:

XVI. Promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos turísticos, sociales y privados, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables.

Y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático en materia de turismo.

IX. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XVI AL ARTICULO 2º Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTICULO 4°, AMBOS DE LA LEY GENERAL TURISMO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El turismo es una actividad económica que representa una industria completa y compleja, capaz de aportar al crecimiento y bienestar de la población de cualquier país. A pesar de ello, el incremento de las emisiones a nuestra atmósfera y el calentamiento global representan un riesgo inminente para los ecosistemas de todo el mundo, afectando a sectores diversos además del turismo, tal como la agricultura y el comercio.

En el ámbito internacional, el problema del cambio climático y el turismo es un tema que ha despertado muchos intereses, tanto así que la misma Organización Mundial del Turismo organizó en los años 2003 y 2007 la Primera y Segunda Conferencias Internacional sobre el Cambio Climático y el Turismo, mismas que arrojaron como resultados el reconocimiento de la relaciones complejas entre la industria del turismo y el cambio climático, estableciendo un marco para la adaptación y mitigación; así también, se contó con la participación de asociaciones turísticas y empresas privadas que adoptaron voluntariamente compromisos para la disminución de las emisiones de gases efectos invernadero mediante campañas públicas y apoyando la legislación relacionada con el cambio climático.

En la Primera Conferencia celebrada en el año 2003 en Túnez, se emitió la Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático, la cual puso énfasis en la importancia de los recursos hídricos para el sector turismo y la vulnerabilidad del desarrollo de la industria ante los ecosistemas sensibles como las regiones costeras, islas y montañas. Esta declaración tuvo también el objeto de apremiar a los gobiernos del mundo a contribuir por un turismo sustentable y a que las organizaciones internacionales estudien las implicaciones recíprocas del turismo y el cambio climático.

La Segunda Conferencia Internacional se convocó para octubre del 2007 con apoyodel Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial y el Foro Económico Mundial y se celebró en Davos, Suiza. Derivado de esta reunión, se declaró instar al sector turístico a actuar para hacer frente al cambio climático como uno de los mayores retos del desarrollo sustentable para el siglo XXI.

México cuenta con ventajas asociadas a su ubicación geográfica, a la diversidad de servicios, vías de comunicación, medios de transporte y a su gente, lo que sin lugar a dudas impulsa una derrama económica importante a través de la creación de empleos y el desarrollo de las comunidades receptoras de turismo; no olvidemos que esta actividad representa aproximadamente un 9% de Producto Interno Bruto del país, lo que significa un detonador para proyectos de infraestructura e inversión en diversas Entidades federativas.

No obstante, como toda actividad humana, su acelerado crecimiento conlleva una serie de consecuencias, entre ellas que representa casi un 5% de emisiones de carbono mundial a la atmósfera como producto de los viajes aéreos, marítimosy terrestres, sin considerar los daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación de desechos; de esta manera, los efectos causados por el cambio climático, sin duda alguna recaen sobre el desarrollo del turismo, toda vez que existe una intrínseca relación entre el clima, los recursos naturales y los ecosistemas, incidiendo en eventos desafortunados como incendios, plagas, contaminación del aire, suelo y agua, y fenómenos naturales extremos.

Como he señalado, México está posicionado como uno de los destinos turísticos más frecuentados, sea por sus playas, climas, el patrimonio histórico y cultural, las artes, las ciudades, su gente; pero los efectos del cambio ya son visibles en nuestro territorio y así vemos cómo se van perdiendo los hábitats, los humedales, el nivel del mar aumenta y hay una incidencia de huracanes y fenómenos meteorológicos con mayor frecuencia e intensidad. También vemos como existen amplios rezagos en la industria misma, ya sea en infraestructura, recursos humanos y financiamiento, de ahí la importancia de aprovechar el potencial turístico de manera sustentable.

Como consecuencias negativas no estamos hablando únicamente de la pérdida de nuestros destinos turísticos y la disminución de la afluencia de visitantes extranjeros y nacionales, sino también de afectaciones severas a sectores como el agropecuario, agrícola, pesquero e incluso energético, de transporte y de seguros. Por lo anterior y más motivos, si nuestro país no cuenta objetivos y metas claros que lleven a la industria del turismo a elevar su competitividad, en coordinación con acciones en contra de los efectos del cambio climático, no estaremos perdiendo únicamente los beneficios económicos, sino que estaremos perdiendo nuestro hogar, lugar que no podemos recuperar si no utilizamos los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente para otorgarles un mayor valor.

La competitividad turística, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, es la eficacia de los destinos para atraer y satisfacer a los visitantes, ofrecer servicios de calidad e innovadores a los consumidores y garantizar al mismo tiempo que los recursos naturales que soportan al turismo son empleados de manera eficiente y sostenible. Esto nos lleva a una idea esencial que es la de transformar la industria del turismo tradicional a una industria del turismo sustentable, entendiendo ésta como una actividad que da uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, bajo estricto apego a las leyes en la materia.

Ante este panorama preocupante, el gobierno federal actual emitió dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, mismo que tiene por objeto formular y conducir la política de desarrollo en turismo nacional bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado, todos operando bajo el principio de transversalidad, entendida ésta como la distribución de competencias y atribuciones entre los diferentes órdenes de gobierno, poderes y sectores de la sociedad.

Bajo este contexto y con el claro compromiso de fomentar la industria turística coordinada con las medidas de adaptación y mitigación previstas en la Ley General de Cambio Climático, se creó un Gabinete Turístico mediante Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de noviembre de dos mil trece con la firme tarea de analizar, definir, coordinar y evaluar las estrategias, programas y acciones que tengan cualquier vínculo la Política Nacional Turística. Este Gabinete se integra por los titulares de las dependencias de Turismo, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el titular del Ejecutivo Federal.

Pero este esfuerzo requiere como lo señala el principio de transversalidad, la acción de diversos actores, incluido el Poder Legislativo. Por este motivo, la que suscribe, propone coordinar la legislación en turismo con la legislación en cambio climático mediante la inclusión de objetivos específicos que otorguen el fundamento jurídico a la autoridad competente para realizar acciones que promuevan la competitividad de la industria turística y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México respecto a la disminución de emisiones y sustentabilidad.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XVI AL ARTICULO 2º Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTICULO 4°, AMBOS DE LA LEY GENERAL TURISMO.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

XVI. Promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos turísticos sociales y privados, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables.

...

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático, en materia de turismo;

IX. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los días del mes de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 111 DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

De conformidad con lo establecido en el último informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración, el Estado mexicano ha tolerado la violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de las personas extranjeras. Quiero hacer énfasis que en el marco del procedimiento administrativo migratorio, son privados de su libertad y alojados, en las estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de Migración. Es un asunto que no podemos dejar de ver, pero mucho menos tenemos que ver como si fuese algo normal.

La marginación, la discriminación, la extorsión, la tortura, los malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes en toda su diversidad y una serie creciente de conductas que atentan y vulneran la dignidad e integralidad de personas cuya única falta ha sido ingresar sin documentos a nuestro territorio, sin duda constituyen todos estos elementos que dan forma a una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia y ciertamente estamos frente a una violación a nuestro estado de derecho.

De esta manera, a pesar de que existen algunos programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, que hay que reconocer que efectivamente hay un mediano esfuerzo, en la mayoría de ellas continúan careciendo de elementos mínimos de dignidad para el adecuado alojamiento diario de las y los migrantes que ahí permanecen literalmente asegurados, lo que deriva en una constante y permanente violación a los derechos humanos de todas estas personas.

Aunado a ello, existe en estos establecimientos administrativos una concepción netamente carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, bases de cemento que se usan como cama, todas estas características que corresponden más a un reclusorio, un reclusorio con tache, respecto de ser un ámbito que sería un paso hacia lograr la reinserción social, pues en el caso de estos espacios donde se alojan, insisto, a las personas extranjeras, son verdaderamente lamentables y perniciosos.

Lo anterior se agrava, si tomamos en cuenta que los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización por mandato-ley, puede prolongarse hasta semanas o meses.

Al respecto, es necesario tomar en consideración lo que en el Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras sostienen respecto de que las garantías jurídicas de las personas extranjeras que son alojadas en estas estaciones migratorias son, insisto, condiciones lamentables, muy menores respecto de las personas que son sentenciadas por la comisión de delitos y, por supuesto, están en cárceles de nuestro país.

Y más grave aún, es el hecho que en esta situación no se distinguen edades ni géneros, por lo que las niñas, los niños y las mujeres, resultan particularmente afectados.

Tan sólo durante el 2012, en México se detuvieron y alojaron en estaciones migratorias y en lugares habilitados como tales a 85 mil 100 personas extranjeras, 69 mil 340 eran hombres, 9 mil 928 mujeres mayores de edad y 5 mil 832 menores de edad, de los cuales, más de 4 mil eran niños y alrededor de mil 500 eran niñas.

En relación con las cifras de 2011, el 2012 representó un aumento en el número total de personas extranjeras alojadas en un 34.9 por ciento, y un incremento de más de la mitad, es decir, de 50.4 por ciento en el número de personas menores de 18 años de edad que, insisto, han estado privados de su libertad en estas estaciones migratorias o en otros lugares habilitados para los mismos fines.

De los 85 mil 100 expedientes correspondientes a personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias o lugares afines, el 50 por ciento se radica en una sola entidad federativa, Chiapas; el porcentaje restante se concentró en cuatro entidades federativas: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y el Distrito Federal.

En el mismo sentido, de acuerdo con las estadísticas del propio Instituto Nacional de Migración, en México existen 32 estaciones migratorias con una capacidad de alojamiento para 3 mil 671 personas, y 26 estaciones provisionales con capacidad de alojamiento para 753 personas. Por lo tanto, si dividimos las 85 mil 100 personas que fueron alojadas en una estación migratoria durante 2012, entre la capacidad instalada reportada por el Instituto Nacional de Migración, el resultado sería alrededor de 7 mil personas internadas por mes, el doble de la capacidad instalada.

Señoras y señores, como se puede apreciar, el número de personas extranjeras a las que actualmente el Estado mexicano priva de su libertad y somete a circunstancias degradantes por el simple hecho de haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio, se ha convertido en una situación de violación grave y sistemática a los derechos humanos.

Y por si esto no fuera poco, al hacinamiento tenemos que incluir la discriminación, la extorsión y la insuficiencia de servicios y condiciones elementalmente dignas para cualquier persona además tenemos que sumarle la imposición de la sanción privativa de libertad, que va entre de 15 a 60 días.

Por eso es que hoy ponemos a su consideración las reformas a la Ley de Migración en su artículo 111, para especificar que el plazo para resolver la situación regular de estas personas no exceda de, dice ahora la ley, de 15 días hábiles. Lo que estamos proponiendo es que no exceda de 5 días hábiles, es decir, haya diligencia para que podamos prevenir toda la situación que yo acabo de mencionar de manera muy general.

Y además, es muy importante mencionar que también estamos derogando de este mismo artículo la fracción V. Por lo tanto, con estas reformas lograríamos en primer lugar acotar el plazo al que debe sujetarse este procedimiento administrativo migratorio en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con el texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para México.

Y con la derogación de la fracción V, buscaríamos también derogar el supuesto que castiga con una privación de libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en nuestro territorio y que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una provisión expresa de la autoridad competente para que esta persona extranjera pueda ser trasladada o pueda eventualmente abandonar el país.

Lo anterior, además de dotar de una mayor certidumbre jurídica los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.

Muchos temas tienen que ver con lo que acabo de mencionar, no nos alcanza el tiempo para señalar toda las situaciones lamentables contra sus vidas, contra su seguridad, contra su integridad física, que sufren a lo largo y ancho de nuestro país en este trayecto, desde que entran por frontera sur y están buscando, estas personas extranjeras, entrar a Estados Unidos o eventualmente conseguir trabajo en nuestro país.

Yo creo que necesitamos fortalecer y pedir que el Instituto Nacional de Migración venga al Senado de la República en un trabajo puntual con las comisiones para que podamos, además de reformar la ley, dar certeza de que lo que tiene que hacer, de lo que tiene programado, efectivamente no solamente rinda cuentas al Senado, sino también se empiece a notar en crear mejores condiciones de vida respecto a los derechos humanos de todas estas personas.

Insisto, no podemos actuar como que no pasa nada.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en el último Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados por el Instituto Nacional de Migración (INM)1, el Estado mexicano ha tolerado la violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de los extranjeros que, en el marco del procedimiento administrativo migratorio, son privados de su libertad y “alojados” en la estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de Migración.

La marginación, la discriminación, la extorsión, la tortura, los malos tratos y una lista creciente de conductas que atentan y vulneran la dignidad y la integridad de personas cuya única falta ha sido ingresar sin documentos a nuestro territorio, constituyen elementos que dan forma a una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia y letal para la vigencia del estado de derecho.

De esta manera, a pesar de que existen algunos programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, la mayoría de ellas continúan careciendo de elementos mínimos de dignidad para el adecuado alojamiento diario de los migrantes que ahí permanecen asegurados, lo que deriva en una constante y permanente violación a los derechos humanos de este sector.

Aunado a ello, existe en estos establecimientos administrativos, una concepción netamente carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados y bases de cemento que se usan como camas; todas ellas características que corresponden más a un reclusorio2, que a un alojamiento temporal.

Y lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización, por mandato de ley, puede prolongarse durante semanas o meses.

Al respecto, el Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras (IAP), sostienen que las garantías jurídicas de los extranjeros alojados en estaciones migratorias son menores a las de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y cumplen condenas en las cárceles de México. Y más grave aún, es el hecho de que esta situación no distingue edades ni géneros, por lo que las niñas, los niños y las mujeres resultan particularmente afectados.

Tan sólo durante el 2012, en México se detuvieron y alojaron en estaciones migratorias y en lugares habitados como tales, a 85 mil 100 personas extranjeras:69 mil 340 hombres; 9 mil 928 mujeres mayores de edad; y 5 mil 832 menores de 18 años (4379 hombres y 1453 mujeres).

En relación con las cifras de 2011, el 2012 representó un aumento en el número total de personas extranjeras alojadas de 34.9 % y un incremento de 50.4 % en el número de menores de 18 años privados de su libertad en estaciones migratorias o en lugares habilitados para los mismos fines.

De los 85 mil 100 expedientes correspondientes a personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias o lugares afines, el 50 % se radica en una sola entidad federativa: Chiapas. El porcentaje restante se concentró en cuatro entidades federativas más: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Distrito Federal.

En el mismo sentido, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en México existen 32 estaciones migratorias, con una capacidad de alojamiento para 3,671 personas; y 26 estancias provisionales, con capacidad de alojamiento para 753 personas.

Por lo tanto, si dividimos a las 85 mil 100 personas que fueron “alojadas” en una estancia migratoria durante 2012, entre la capacidad instalada reportada por el Instituto Nacional de Migración, el resultado sería de alrededor de 7 mil personas internadas por mes (el doble de la capacidad instalada).

Como se puede apreciar, el número de personas extranjeras a las que anualmente el Estado mexicano priva de su libertad y somete a circunstancias degradantes por el simple hecho de haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio, se ha convertido en una situación de violación grave y sistemática a los derechos humanos.

Y por si esto no fuera poco, al hacinamiento, a la discriminación, a la extorsión y a la insuficiencia de servicios y condiciones dignas elementales, se suma la imposición de una sanción privativa de la libertad que va de los 15 hasta los 60 días hábiles.

En efecto, el artículo 111 de la Ley de Migración vigente, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación data del 25 de mayo de 2011, establece lo siguiente:

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;

II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;

III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;

IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y,

V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

Lo anterior, no sólo es contraproducente en términos de la situación y de las condiciones ya relatadas, sino que constituye una violación flagrante al texto constitucional y a diversos compromisos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

El primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala con claridad que:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

...

...

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, estipula lo siguiente:

Artículo 19.Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Resulta evidente que el plazo establecido por la Ley de Migración para mantener a una persona extranjera alojada y privada de su libertad en una estación migratoria carece de sustento constitucional y resulta absolutamente desproporcionada. Una persona sujeta a proceso penal por la comisión de un delito, puede permanecer detenida hasta 72 horas, a menos de que un periodo mayor se justifique con un auto de vinculación a proceso.

Mientras tanto, las personas extranjeras que han ingresado sin permiso a territorio nacional o que no tienen forma de acreditar su situación migratoria, además de estar alojadas en condiciones peores a las de quienes han cometido un delito, pueden pasar privadas de su libertad de 360 a 1440 horas.

En este contexto, la presente iniciativa tiene como objeto acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

De igual forma, busca derogar el supuesto que castiga con una privación de la libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional;que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

Lo anterior, además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.

Un proceso que ha tenido como punto de quiebre la afortunada expedición de la Ley de Migración vigente y la derogación de la disposición de la Ley General de Población que consideraba a la inmigración indocumentada como un delito y que concebía a los inmigrantes sin papeles como delincuentes.

No obstante lo anterior, mientras sigamos dando un trato vejatorio a quienes aún privamos de la libertad por el simple hecho de haber ingresado a nuestro territorio sin autorización, México seguirá siendo visto como un país incapaz de garantizar la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Por ello, resulta indispensable reformar el texto del artículo 111 de la Ley de Migración en los términos aquí propuestos.

El Estado mexicano debe revisar y perfeccionar el procedimiento administrativo migratorio, a efecto de estar en condiciones de determinar la situación migratoria de una persona extranjera que se encuentra privada de su libertad, en el marco de los plazos constitucionales y de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La detención y la privación de la libertad de migrantes indocumentados deben ser una situación excepcional y justificada, y no una constante. Según los estándares interamericanos, la autoridad migratoria debe garantizar de la manera más amplia y expedita posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de los migrantes e instrumentar mecanismos eficaces alternativos a la detención.

Tal y como lo establece el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Inmigración: Detenciones y debido Proceso3:

“Una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana es el creciente uso de la detención, partiendo desde la presunción de que la misma es necesaria, cuando precisamente esa debería ser la excepción. Es bastante cuestionable la constitucionalidad de la detención obligatoria para los procesos de inmigración pendientes de resolución, dada la naturaleza civil de las violaciones allí alegadas y la pérdida de la libertad que supone.

La CIDH está convencida de que en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la detención constituye una medida desproporcionada y los programas de Alternativas a la Detención configurarían una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento al interés legítimo del Estado de asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria.

Para aquellos casos en que la detención sea estrictamente necesaria, la Comisión Interamericana considera preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano, así como aquellas condiciones especiales propias de una detención no punitiva. Asimismo, la CIDH observa con preocupación que para la administración y el cuidado personal de las personas migrantes detenidas, se recurre con frecuencia a contratistas privados, sin que se cuente con información suficiente sobre los mecanismos de supervisión”.

Finalmente, deben quedar claros los compromisos internacionales vinculantes para el Estado mexicano, derivados de su sujeción a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

Artículo 16

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.

3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.

4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.

5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:

a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida;

b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades;

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal.

En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.

9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.

Artículo 17

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.

3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas.

4. Durante todo periodo de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.

6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.

7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.

8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las personas migrantes debe comenzar a hacerse realidad en el trato y en las instituciones del propio Estado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL ARTICULO 111 DE LA LEY DE MIGRACION.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de 05 días hábiles, contados a partir de su presentación.

La autoridad migratoria instrumentará las medidas cautelares y alternativas necesarias a fin de que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no sean privados de su libertad.

El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 05 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

I. – IV.- …

V. Se deroga

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de las personas extranjeras en las estaciones migratorias no podrá exceder de 10 días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

SUSCRIBE

Sen. Angélica de La Peña Gómez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitarle a la promovente me permitiera sumarme a su iniciativa, porque efectivamente, como ella bien lo dijo, la detención y privación de la libertad de los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración no es otra cosa más que una experiencia de cárcel para migrantes que no son delincuentes, muchos de ellos menores de edad.

Y solicitarle también que pudiéramos analizar que la exposición de motivos de esta iniciativa de reformas a la Ley de Migración, al artículo 111, para que pudiéramos incorporar un llamado a los consulados de Centroamérica en nuestro país para que agilicen también ellos su trabajo de atención consular a quienes son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, toda vez que muchas veces la dilación que sufren estos migrantes tiene que ver con la falta de atención que reciben también de parte de sus propios consulados.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto le consulto a la Senadora Angélica de la Peña si acepta el que se sume el Senador Zoé Robledo.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña y hacer un breve comentario.

En Acayucan es tanto el desorden, que encontramos un mexicano detenido también en la estación migratoria.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para unirme, si lo desea la Senadora, a su iniciativa, creo yo que es un buen punto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto tomamos nota de ello. Igualmente la Senadora Mariana Gómez del Campo, el Senador Fernando Yunes Márquez y el Senador Eviel Pérez Magaña. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social.

1 http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales

2http://fronterasurmx.org/2012/11/18/estaciones-migratorias-similar-a-carceles-de-mexico-con-menores-garantias-juridicas-sin-fronteras-iap/

3 http://cidh.org/countryrep/Immigration.esp/Cap.I.htm






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 85 Y 101 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI)



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alvarez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, señor Presidente.

Quiero tocar un tema muy sensible para la salud en el país. En días pasados, metimos una iniciativa para dar origen al expediente clínico universal; hoy venimos con la única finalidad de poder alinear esos conceptos.

El fortalecimiento de la salud pública ha sido un reto permanente para nuestro partido a lo largo de esta legislatura. Hemos estado trabajando en conjunto para poder presentar las reformas sustanciales que necesita el país en materia de salud.

Para que sea una reforma universal con una postura a la vez pragmática y social, no estamos de acuerdo con la postura de buscar indiscriminadamente un sistema plural como el que vive en México de manera apresurada, y sin antes fortalecerlos a través de las reformas útiles, principalmente porque ello conlleva a la falta de metas claras o, incluso, aplicables.

Quiero que quede claro. No se trata de detener reformas con miras a la universalidad para ayudar a mejorar el servicio médico, sino se trata de mejorar la eficiencia mediante la universalización de los elementos necesarios que provean un servicio de salud de calidad.

Es por lo anterior, que en mi grupo parlamentario se ha presentado una agenda para poder llevar acabo estos objetivos, con una nueva visión y con el fin de evitar la desorganización del sistema de salud.

Ya hemos presentado, por ejemplo, la propuesta para llevar a rango constitucional el derecho de salud de calidad universal, por parte de la Senadora Lorena Cuéllar. Se ha propuesto crear un instituto de determinantes sociales de la salud para vigilar que las políticas públicas no signifiquen un daño de la atención médica de calidad para la población, por parte del Senador Zoé Robledo.

Actualmente se está trabajando en una reforma importante para poder incorporar a la medicina tradicional en el sector público; sin duda una propuesta necesaria y un derecho fundamental de las comunidades indígenas.

Y se ha presentado también la propuesta de Ley del Expediente Clínico Universal, y que ahora el padrón general de los beneficiarios de la salud.

Estas propuestas significan elementos capaces de realmente mejorar los servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios sin la necesidad de absorber la atención de una sola institución gubernamental.

El padrón universal que ahora les propongo, se refiere a crear un sistema que permita establecer aspectos técnicos, bases, compromisos y actividades homogéneas, de esa manera podemos asegurar la implementación, ejecución y operación del intercambio de información en materia del padrón.

Dicho sistema permitirá contar con un sistema único y oportuno, integrador de los datos de afiliación para conformar un sistema de salud universal, equitativo, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado y participativo.

La estrategia consiste en establecer un solo padrón general con validez en todas las dependencias de las entidades o instituciones públicas o sociales para cualquier trámite relacionado con la atención médica y preventiva.

La obligación de los integrantes del sistema nacional de salud se refiere a generar una lista previa de sus afiliados e inscribirla ellos mismos al padrón general de beneficiarios ante las unidades administrativas que para el efecto se constituyan; esto permitirá que los usuarios no tengan que pasar por cansados y amplios trámites burocráticos, de una instancia a otra. De esta manera podremos garantizarles un cambio que no lo sientan ni en su bolsillo ni en mayores tiempos perdidos.

El asunto importante es que el padrón general de beneficiarios se cotejará con el último Censo General de Población, garantizando la vigilancia de detección de índices de condición entre distintas entidades federativas o en una misma.

El aseguramiento universal es un nuevo derecho a la atención de salud que necesita de este tipo de reformas para obtener calidad y oportunidad; no debemos de descuidar la atención que se le provee a la población, mucho más en tiempos como los que actualmente vivimos.

Por su atención les agradezco, hermanos y hermanas Senadoras, porque es importante que el México de hoy cuente con un estatus general de salud para que en cada una de las instituciones, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese el ISSSTE y llámese el sector salud, que todas las listas estén aparejadas para que no haya duplicidad de beneficiarios.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

El suscrito, Senador ADOLFO ROMERO LAINAS, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA CREAR EL PADRON GENERAL DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El fortalecimiento de la salud pública ha sido un reto permanente tanto como para las instituciones miembros del Sistema Nacional de Salud como para el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, debido a diversos determinantes sociales como la dinámica poblacional y geográfica del país y el pobre cumplimiento administrativo para garantizar el acceso efectivo a la salud.

Me refiero a la falta de metas claras o incluso aplicables, al mismo tiempo de la falla en la creación de nuevas normas que sean satisfactorias para garantizar de manera integral las necesidades de salud de los afiliados.

Lo que ha evidenciado esa política es que en la mayoría de casos no se logra acreditar que se canalizaron partes de la Previsión Presupuestal para atender las necesidades de atención primaria o bien que se registrara un índice alto de colisión de beneficiarios de la protección social en salud se encontraban registrados también en los padrones de instituciones de seguridad social.

Siendo así, debemos comenzar a darnos cuenta que las acciones que hasta ahora se han llevado a cabo no deben orientarse más en establecer parches jurídicos que pudieran acelerar el debilitamiento de la eficacia de los servicios; de su calidad o del ejercicio de los recursos asignados por motivos de atención médica, sino de la correspondiente construcción de una norma capaz de generar un impacto real en las condiciones de salud.

Es momento de garantizar objetivos operativos que consigan proveer herramientas capaces de mejorar los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la población.

Me refiero a una medida urgente para el sistema de salud pública múltiple y desorganizada que tenemos actualmente en nuestro país, nuevas propuestas que establezcan indicadores o metas que verdaderamente consigan cumplir el objetivo de garantizar el acceso efectivo, de calidad y sin discriminación a la población.

Por lo tanto, es apresurada una reforma para crear un Sistema de Salud Universal, que busque mejorar la eficiencia y calidad de la atención, así como tener un control más transparente de los recursos, sin antes fortalecer el sistema actual a través de las reformas que sean necesarias.

No se trata de detener reformas innovadoras que ayuden a mejorar el servicio médico con miras a la universalidad, sino de mejorar la eficiencia par establecer la universalización de elementos particulares de los servicios de salud, es decir, el Expediente Clínico, requisitos para la compra de medicamentos o la creación de un padrón general.

Y es precisamente una propuesta fundamental para comenzar a evitar la desorganización del sistema de salud y que logrará establecer nuevas metas para que la población afiliada tenga acceso efectivo, oportuno y de calidad al momento de utilización, el padrón universal.

Actualmente, en la discusión para la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, resulta fundamental comenzar a promover acciones para su integración mediante diversas herramientas que verdaderamente establezcan guías para garantizar el acceso efectivo a la salud universal.

El tema del Padrón Universal es un debate relativamente nuevo, de hecho a principios de 2001 se creó la Unidad Administradora de Padrones en la SEDESOL, cuyo objeto fueconstituir un padrón único de familias en pobreza extrema de los programas de Abasto Social de Leche y Tortilla Gratuita operados por LICONSA.

El 1er. Congreso Internacional sobre Medicina y Salud en 2009 ya había propuesto la necesidad de contar con un padrón único de asegurados pues en ese entonces ni siquiera podíamos intercambiar el padrón del Seguro Social con el del Seguro Popular.

En ese mismo año, el entonces Secretario de Salud mencionaba las personas se encontraban afiliadas a dos o más organismos al mismo tiempo, por lo que se iniciará la elaboración del padrón universal de usuarios de los servicios de salud, con lo que se intentaba cuantificar con precisión el problema y terminar con las duplicidades.

En 2010, la SEDESOL contó con los “Lineamientos Normativos para la Integración, Mantenimiento y Consulta del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social”; los “Lineamientos para la identificación de la condición de pobreza de los hogares que solicitan apoyo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social”, y con las “Normas Generales para los Procesos de Recolección y Captura de la Información” para la construcción de modelos de captura de las bases de datos de los padrones de beneficiarios.

En 2011 durante diversas conmemoraciones en materia de salud, diversos medios de comunicación publicaron notas en las que se asentaba declaraciones de expertos señalando la necesidad de trabajar con una base para poder contar con políticas públicas efectivas puesto que nadie tiene el padrón completo de todos los usuarios.

Así mismo, un año después, el Centro de Inteligencia en Salud punteó dentro de su Agenda de Intercambio de Información, la necesidad de crear un acuerdo de voluntades para generar un primer entregable respecto del Padrón General de Salud.

Sin embargo, las evidencias han demostrado que en realidad la guía de una política universal, de hecho fortaleció reformas y decretos particulares. Por ejemplo, la necesidad de crear un sistema de información integral sobre las familias afiliadas llevó al Seguro Popular a utilizar un padrón para identificar a de cada familia incorporada, distinto al de la propia Secretaría de Salud.

Diversos proyectos y programas que debieron mejorar la cobertura, la equidad y la calidad de los servicios de salud se están desalineando, por ejemplo, en mitad de una discusión para crear un solo padrón, el ISSSTE presentó el micro sitio “Por un ISSSTE más Transparente" con el propósito de consultar el padrón de pensionados, jubilados, derechohabientes activos o en su caso, el tablero de control de medicamentos y materiales de curación.

Además, una vez que tuvimos la oportunidad de someter a una evaluación externa y rigurosa las propuestas podemos darnos cuenta que no solamente han servido para limitar mas la acción del Estado Federal para coordinar acciones en materia de intercambio de información, sino que ha permitido uno de los más altos indicies de colisión que hemos visto hasta ahora.

Con base en la “Confronta de Seguro Popular con las instituciones de salud 2011”, se demostró que alrededor de más de 5 millones de personas de 47 millones de beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en los padrones de instituciones de seguridad social, más del 11% en el IMSS.

En todos los institutos se ha comprobado al respecto, que no se proporcionó evidencia documental que garantice la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad en los registros observados, o en su defecto evidencia de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios; así como tampoco se evidencia la confronta de los padrones o listados de los programas.

Las agregaciones por entidad federativa, municipio, localidad o por Institución; a obtenido resultados diferentes sobre información socioeconómicas de población y hogares, niveles de pobreza y en algunos casos resultados incompletos o desactualizados, que no permiten determinar el índice real de beneficiarios.

Acciones particulares no pueden permitirnos contar con un sistema oportuno e integrador, pero pretender incluir una reforma para crear un sistema universal a mitad de esta vulneración únicamente podrá en situación crítica la administración de los datos, la información y el conocimiento que sirven de apoyo para conformar un sistema de salud universal.

La implementación, ejecución y operación de un Sistema Universal, debe primero configurar un programageneral de Información Básica en Materia de Salud, para lo cual IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, entre otros, acuerden el intercambio de información básica con los mismos términos y disposiciones aplicables, de conformidad con una sola norma, el que deberá elaborarse y suscribirse por las instituciones participantes.

Me refiero pues, a un documento que permita establecer aspectos técnicos, bases, compromisos y actividades homogéneas, de esa manera podremos asegurar que la implementación, ejecución y operación del intercambio de información en materia de padrón, será equitativo, de alta calidad, descentralizado y participativo.

Es importante contar con un solo Sistema Nacional para que se cuente con la información necesaria que apoye los procesos de toma de decisiones de los diferentes actores, impulsando obligaciones que se encuentran actualmente en la Ley y que parece imposible llevar a cabo, me refiero a elaborar, difundir y vigilar la normatividad para los procesos de diseño, captación, integración, procesamiento y difusión de la estadística en salud o incluso la de generar la información estadística en salud.

Es nuestro deber como legisladores analizar las presentes legislaciones con la finalidad de fortalecer a los servicios públicos prestados en aras de obtener en todo momento el Bien General y protección de los intereses de todos.

Por estas razones no podemos más que estar a favor de elementos fundamentales para garantizar los derechos de manera apropiada. La transparencia es un tema central para nuestra Nación, tema indispensable tanto para el manejo de los recursos, como para alcanzar la equidad en la relación jurídica.

Ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, "En Materia de Información en Salud", la cual tiene por objeto establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la información en salud, y a pesar de que se dirige principalmente a la cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud, es un primer e importante paso para lo referente a población.

Es un principio básico de para todas las instituciones de gobierno, extender la obligatoriedad de la rendición de cuentas a todas aquellas personas que reciben y ejercen recursos públicos y en este caso en particular, comprobación, control y vigilancia de las personas beneficiarias de los servicios de salud.

Debido a un mal manejo del padrón de beneficiarios y a que la autorización de recursos por dicha información emitida en su momento por la CNPSS depende del envío de recursos, se afecta, el registro de los ingresos en el ejercicio y en consecuencia los documentos locales no refleja con precisión la situación financiera.

El hecho de captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar un padrón de beneficiarios creará un sistema de información que consiga homologar esfuerzos y obligaciones de transparencia, al mismo tiempo que se garantiza el ejercicio del derecho de salud y el desarrollo del país.

Identificar a la población afiliada mediante un registro único es lo único que actualmente nos puede ayudar a obtener estimaciones de población beneficiaria, en cuanto a su volumen, estructura y distribución en el territorio nacional, que hasta ahora no hemos logrado obtener.

La integración con una plataforma informática para la construcción de un padrón con las características requeridas y la recuperación e integración de información estadística y cartográfica.

De llevarse a cabo la propuesta que actualmente presento, se estaría llevando a cabo la primera la primera norma de padrón de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud que proporcionen servicios de atención a la salud.

Dicha propuesta permitiría contar con un sistema único, oportuno e integrador de los datos de afiliados para conformar un sistema de salud universal y equitativo, de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo.

La estrategia consiste en derogar las disposiciones de los demás Institutos en salud que les permitan llevar a cabo sus propias reglas sobre integración y administración de un padrón propio. Únicamente existirá un solo padrón General con validez en las dependencias, entidades o instituciones públicas o sociales para cualquier trámite relacionado con la atención médica y preventiva.

La obligación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud se referirá a generar una lista previa de sus afiliados e inscribirla ellos mismos al Padrón General de Beneficiarios ante las unidades administrativas que para el efecto se constituyan.

Esto permitirá que los usuarios no tengan que pasar por cansados y amplios trámites burocráticos de una instancia a otra, de esta manera podremos garantizarles un cambio que no lo sientan ni en su bolsillo ni en mayores tiempos perdidos.

La nueva propuesta se ocupa de proteger los documentos, datos e informes que se proporcionen al Padrón General, obligando a que sean estrictamente confidenciales y no puedan comunicarse o darse a conocer.

Un asunto importante es que el Padrón General de Beneficiarios se cotejará con el último censo general de población, garantizando la vigilancia y detección de índices de colisión entre distintas Entidades Federativas o en una misma.

Se les otorgará a los beneficiarios de una credencial para acudir a las unidades administrativas de su entidad y asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo, así como tomar su fotografía.

El Aseguramiento Universal es un nuevo derecho a la atención en salud que necesita de este tipo de reformas para obtener calidad y oportunidad, no debemos descuidar la atención que se le provea a la población, mucho más en tiempos como los que actualmente vivimos.

De esa manera lograremos integrar la información concerniente a personas físicas, identificadas con un solo conjunto ordenado de datos personales que estarán en posesión de la Secretaría de Salud, sin intromisión a la autonomíade los demás institutos o de su forma de acceso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforman diversos artículos y se adiciona un Capítulo I Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. al X. ...

X. Establecer los lineamientos para la integración y administración de un padrón general de beneficiarios de las instituciones de los esquemas públicos y sociales de atención médica, así como garantizar su correcta unificación;

XI. Se Deroga;

...

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

II. Identificar e incorporar beneficiarios al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para lo cual ejercerá actividades de difusión y promoción, así como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración de la lista previa de usuarios y su inscripción en el Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Salud;

CAPITULO I BIS

Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salu

Artículo 12 Bis 1.Con la finalidad de contar con una relación nominal general que proporcione un padrón confiable que evite el índice de colisión en el número de afiliados que están o han estado en una o más instituciones de salud, se contará con un Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 12 Bis 2.El Padrón General de Beneficiarios tendrá plena validez en las dependencias, entidades o instituciones públicas o sociales para cualquier trámite relacionado con la atención médica y preventiva.

Artículo 12 Bis 3.La Secretaría de Salud contará con una unidad administrativa en cada entidad federativa que reciba y capture la solicitud de los establecimientos de salud públicos o sociales para la inscripción de usuarios en el Padrón General de Beneficiarios.

Artículo 12 Bis 4.Todas las personas deberán estar incorporarse a cualquiera de los esquemas públicos y sociales, mediante las modalidades que esta Ley señala y cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.

Artículo 12 Bis 5.Los integrantes del Sistema Nacional de Salud están obligados a generar la lista previa de sus afiliados e inscribirla al Padrón General de Beneficiarios ante las unidades administrativas que para el efecto se constituyan, así como a informar a la Secretaría de Salud de las bajas, dentro de los treinta días siguientes a que estas ocurran.

Los solicitantes contarán con quince días hábiles del mes posterior al que corresponda la brigada de afiliación y re afiliación correspondiente a cada instituto para la entrega de lista previa de sus nuevos afiliados y actualización de vigencias.

Artículo 12 Bis 6.Los documentos, datos e informes que se proporcionen al Padrón General, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el establecimiento de salud fuese parte.

Artículo 12 Bis 7.En el Padrón General de Beneficiarios deberá contener, al menos, la información básica de los usuarios además el domicilio del usuario, así como la de la dependencia y clave del programa de salud de la que es beneficiario y el establecimiento para la atención médica de adscripción.

En todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho beneficiario geográficamente.

Artículo 12 Bis 8.El Padrón General de Beneficiarios se cotejará con el último censo general de población, garantizando la vigilancia y detección de índices de colisión entre distintas Entidades Federativas o en una misma.

Artículo 12 Bis 9.En su caso, se requerirá al solicitante con los medios disponibles, comprobar que el número de personas afiliadas cumplen con los requisitos de incorporación al esquema público o social de atención médica.

De continuarse registrado un índice de colisión entre la institución solicitante con otras instituciones de atención médica o comprobándose que no se alcanzaron metas de para validar la información proporcionada por los titulares de incorporación, se le otorgará una prorroga de un mes para que corrija los datos de la solicitud.

Artículo 12 Bis 10.Formado el Padrón General de Beneficiarios a partir de la información básica recabada, se procederá al aviso de usuarios para la expedición de las credenciales de identificación oficial y personal.

Artículo 12 Bis 11.Para recibir su credencial el beneficiario deberá acudir a las unidades administrativas de su entidad y asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo, así como tomar su fotografía.

Artículo 12 Bis 12.El Padrón General de Beneficiarios quedará en poder y bajo custodia de los titulares y en caso de que sea menor de edad, estará en poder de los padres, tutores o responsables de su titular hasta en tanto éste alcance la mayoría de edad.

Artículo 12 Bis 13.La carencia temporal de inscripción de la lista recabada por los integrantes del Sistema Nacional de Salud, no será impedimento para otorgar asistencia médica a sus beneficiarios.

Artículo 12 Bis 14.Una vez declarado el cierre oficial de registro del Padrón General de Beneficiarios, se procederá a establecer mecanismos para espaldar o actualizar la información, así como adoptar medidas de resguardo para preservar el récord histórico por cada periodo.

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, una vez que haya sido cotejada correctamente en el Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el índice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 8 y se derogan los artículos Transitorios Tercer y Vigésimo Sexto de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.

Artículo Transitorio Tercero. Se Deroga.

Artículo Transitorio Vigésimo Sexto. Se Deroga.

Artículo Tercero. Se deroga el artículo 9 y el artículo Trigésimo Segundo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 9. Se Deroga.

Artículo Transitorio Trigésimo Segundo. Se Deroga.

TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expidan las disposiciones administrativas derivadas de esta Ley para el diseño y elaboración del Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, seguirán en vigor las que rigen actualmente la emisión de los documentos de identificación, en lo que no la contravengan.

Tercero. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de los lineamientos del Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, promoverá ante los demás integrantes del Sistema Nacional de Salud facilidades para que entreguen las listas de beneficiarios que les correspondan para conformar el Padrón General de Beneficiarios.

Cuarto. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y teniendo debidamente integrada la información señalada en el Artículo Transitorio Tercero, deberá hacer entrega de las credenciales a las que se refiere el artículo 12 Bis 10.

SUSCRIBE

Sen. Adolfo Romero Lainas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan los artículos 273 de la Ley del Seguro Social, 214 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 273 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 214 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Juventud y Deporte, que contienen puntos de Acuerdo

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como al Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el día 03 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como al Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país.

II. El 1° de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”.

OBJETO DE LA PROPOSICION

El objetivo de la propuesta conforme a la exposición de motivos planteada por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, es el de exhortar a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como al Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Senadora promovente argumenta que los accidentes viales vulneran lo establecido enel artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queestablece el derecho que tienen todas las personas a la protección de la salud.

Destaca que los accidentes viales a nivel mundial se han convertido en un problema de salud pública, que no debe ser ajeno en esa medida a nuestro país, ya que estos, son responsables de un fallecimiento cada 15 minutos, además de generar más de 3 millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupar cerca de 2.5 millones de días-cama en los hospitales del sistema de salud.

Resalta que nuestro país se sumó a la resolución 64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual se proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, que tiene como objetivo general, el que los gobiernos instrumenten acciones para reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.

Del mismo modo resalta que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) los accidentes de tránsito representan una de las primeras causas de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 25 años de edad, además de ser la segunda causa de discapacidad y la primera de orfandad en niños de 5 a 14 años.

Sustenta su propuesta en información del Observatorio Nacional de Lesiones, que señala que en el año 2010 se registraron un total de 455 mil 085 accidentes, lo que arrojó un total de poco más de 16 mil decesos y 172 mil 186 heridos.

Pondera además los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que revelan que el 2% de la población mundial sufre alguna discapacidad como resultado de los accidentes viales.

En virtud de ello, plantea que el Estado Mexicano debe fomentar mediante cada una de sus facultades y atribuciones la disminución de los accidentes viales que tanto dañan a nuestra sociedad.

Hace un llamado para que en nuestro país se dediquen mayores esfuerzos en la política de educación vial, que se instruya a niños y jóvenes en las normas elementales de Seguridad vial, en la conducción segura, fomentar el uso de dispositivos de sujeción y protección, promover la participación ciudadana en el aseguramiento del entorno vial escolar y mejorar la atención de víctimas.

Con base en los antecedentes, el objeto y contenido de la propuesta en mención, formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

En congruencia con la proposición planteada y en el entendido que la salud es inherente a la vida misma, y que la Constitución señala en el párrafo cuarto del artículo cuatro que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es que se hace indispensable el tema de la prevención vial como parte integral y fundamental para su protección.

De acuerdo con datos contenidos en el “Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2013” del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA).Los accidentes viales continúan siendo un importante problema de seguridad y salud pública al ser la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Es por ello que quienes conformamos esta Comisión dictaminadora, conscientes de la creciente problemática que representan los accidentes de tránsito en nuestro país, compartimos los argumentos y el objeto de la proposición.

El mismo informe señala que con base en el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, que “México se ha propuesto salvar la vida de más de 50 mil personas en este periodo. Para ello, debemos reforzar las acciones descritas en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial a través de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y en conjunto con la ciudadanía”.

Quienes dictaminamos, consideramos pertinente destacar los esfuerzos realizados para estabilizar y reducir el número de accidentes de tránsito y sus consecuencias realizado desde el 2008 por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA). A través la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI).

Asimismo consideramos positivo resaltar la necesidad de la suma de esfuerzos para la atención de dicha problemática, por ello creemos que la respuesta debe sustentarse en la coordinación para la implementación de políticas públicas que nos ayuden a incidir de manera realmente efectiva para prevenir accidentes viales y disminuir el número de muertos, discapacitados y lesionados por estas causas.

Por lo anterior, es que hemos considerado ampliar el contenido de la proposición en sus resolutivos, a fin de coadyuvar con la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI), la cual desde la perspectiva de la salud pública y mediante la colaboración multisectorial y la evidencia científica busca incidir sobre algunas conductas consideradas los principales factores de riesgo en un accidente vial (alcohol, silla porta infante, cinturón de seguridad y uso de casco en motociclistas).

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los Gobiernos Estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad y educación vial.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, de Gobernación, Comunicaciones y Transportes; Educación, y Salud, así como al Instituto Mexicano de la Juventud a implementar programas y campañas permanentes en materia de seguridad y educación vial, dirigida principalmente a los jóvenes.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar y actualizar todos los ordenamientos legales en materia de seguridad y educación vial.

Senado de la República a 13 de Febrero de 2014”.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el día 04 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.

II. En sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2012, el Senado de la República emitió exhorto al Fondo Nacional de Fomento al Turismo en los siguientes términos:

PRIMERO: El Senado de la República solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo informe a esta soberanía:

a. La situación jurídica que guardan las playas “Langosta y Tortugas”, ubicadas en el Municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo

b. Si hay algún proyecto para vender las playas “Langosta y Tortugas”, ubicadas en el Municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que, en conjunto con las autoridades municipales y la sociedad civil, lleven a cabo un proyecto en las playas “Langosta” y “Tortugas que garantice un espacio recreativo y de sano esparcimiento en estas playas públicas a los habitantes de la entidad.

III. En sesión celebrada el 5 de febrero de 2013, se recibió de la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo de la Secretaría de Turismo, respuesta al Acuerdo de la Cámara de Senadores a que se hace referencia.

IV. El 17 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Turismo.

V. El 20 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bienes Nacionales.

OBJETO DE LA PROPOSICION

El objetivo de la propuesta conforme a la exposición de motivos planteada por la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, es el de exhortar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En el contenido de la proposición, la Senadora promovente da seguimiento al punto de acuerdo que ella misma presentara, el cual fue aprobado por el pleno del Senado y al cual hacemos referencia en el numeral II del apartado de antecedentes en el destaca el derecho a la recreación y esparcimiento para el desarrollo humano, señala que este, reviste un carácter social que se relaciona con la calidad de vida de los individuos.

Destaca que el derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, como son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer; La Convención sobre los Derechos del Niño; Las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

De igual forma resalta que nuestra Constitución Política también contempla el derecho a la recreación y esparcimiento en los artículos 2, 4 y 123, observando su concordancia con el artículo 1º, de tal suerte que se contempla como un derecho fundamental.

La Senadora promovente sustenta su proposición en la pretensión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de la “venta” de las playas Tortugas y Langosta, de la cual dieron cuenta diversos medios de comunicación impresos.

En virtud de lo anterior y al tiempo de reconocer conforme al artículo 27 Constitucional el derecho a la transmisión de dominio de los bienes propiedad de la Nación, considera que “también es cierto que esta transmisión se ha realizado de manera indiscriminada, acabando con los pocos espacios libres a los que puede acceder el sector mayoritario de la población que se encuentra en alguna situación de desventaja por cuestiones sociales y económicas”, pondera que con ello “se hace nugatorio el ejercicio de sus derechos sociales y culturales consagrados en nuestra Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano”.

En congruencia con la proposición anteriormente planteada, en esta nueva la Senadora solicita a FONATUR la donación del lote “Tortugas Sección C 4c-11 ubicado en el municipio de Benito Juárez, para que en colaboración de la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo la creación de un centro cultural-deportivo.

Afirma que la venta de dicho lote, traerá como consecuencia un daño a todos los mexicanos, señala que “el camino que toma FONATUR restringe el disfrute de nuestras playas a un mínimo sector de la población en ningún sentido prevalece el interés público”.

Resalta que la creación de dicho centro, ayudara no solo a la preservación de la calidad de vida y seguridad de los Quintanarroenses, sino además ayudara a prevenir los índices de delincuencia y funcionará como un complemento turístico y cultural a los visitantes del Estado.

Con base en los antecedentes, el objeto y contenido de la propuesta en mención, formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la Senadora Promovente en el sentido de reconocer a la recreación y el esparcimiento como un derecho fundamental, que de acuerdo con algunos especialistas en el tema se encuentran contemplados dentro de los llamadosDerechos de Segunda Generación.

Sin embargo creemos conveniente tomar en cuenta las atribuciones de FONATUR, así como hacer algunas precisiones respecto al lote “Tortugas Sección “C” 4C 11” al que se refiere la presente proposición.

Respecto a la manifestación que FONATUR pretende realizar la venta del lote “tortugas sección “C” 4C 11”, ubicado en el Municipio de Benito Juárez. El artículo 42 de la Ley General de Turismo prevé como objeto de este fondo contribuir a la planeación, programación y fomento de la actividad turística, siendo una de sus funciones conforme al artículo 44 fracción VI del mismo ordenamiento, adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y en general realizar cualquier tipo de enajenación de bienes inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística.

Como se puede apreciar, la comercialización que FONATUR realiza dellote 4C-11, sección C, zona turística 1º etapa, ubicado en el centro Integralmente Planeado de Cancún, se fundamenta en la mencionada Ley General de Turismo, y esta actividad es desarrollada por el fondo con base en estudios previos que le permiten determinar si tales áreas son susceptibles de ser explotadas para impulsar el desarrollo de sitios y regiones con vocación turística y de calificación de proyectos turísticos para fomentar la inversión de este sector.

Cabe destacar que en cumplimiento a sus objetivos, FONATUR crea y consolida desarrollos turísticos ordenados, en los que se regulen los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, a fin de salvaguardar la imagen urbana de la zona y el crecimiento ordenado.

Respecto a la petición de donar el lote “Tortugas Sección “C” 4C 11”, ubicado en el Municipio de Benito Juárez, al Ayuntamiento de Benito Juárez, actuando junto a la Secretaria de Educación Pública a fin de llevar a cabo la creación de un centro cultural-deportivo que permita mejorar el desempeño físico, cultural y educativo de los habitantes de esa zona, se informa lo siguiente:

El artículo 116 de la Ley General de Bienes Nacionales, faculta a FONATUR a realizar cualquier acto jurídico sobre inmuebles de su propiedad, sujetándose a las normas y bases que establece su Comité Técnico, por ello es que además de vender lotes de terreno conforme a las bases establecidas, también realiza donaciones a título gratuito a favor de municipios en los que lleva a cabo el fraccionamiento de las superficies de su propiedad.

Tal y como lo reconoce la propia Senadora promovente, FONATUR ha entregado diversos lotes de terreno al Municipio con la finalidad de que éstos sean destinados a la prestación de diversos servicios públicos, contribuyendo con ello a mejorar las condiciones de la vida de los habitantes de la zona, en cumplimiento a la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo.

En la actualidad los artículos 60 fracción III y 61 de la mencionada Ley establece como obligación para FONATUR en su carácter de fraccionador, ceder a título de donación al municipio el 10% de la superficie neta del fraccionamiento que serán destinadas para parques, mercados, escuelas, puestos de policía u otros servicios públicos similares, correspondiendo a la Secretaría Estatal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en coordinación con los Ayuntamientos respectivos localizar o llevar a cabo la localización de los terrenos que deben ser donados en los términos antes referidos, debiendo localizar aquellos que satisfagan las necesidades previstas de los usuarios del propio fraccionamiento o de la zona en que se ubique.

Atendiendo a lo anterior, es que quienes dictaminamos, queremos destacar que en relación al lote que se solicita en donación, FONATUR puede promover la venta del mismo con estricto apego a los ordenamientos que regulan su actividad y con base en dictámenes técnicos que determinan el destino de los inmuebles y si estos serán susceptibles de trasmisión a título oneroso o gratuito a favor de terceros, lo cual contribuye no solo al desarrollo sustentable de la actividad turística, sino también el de la zona y mejora las condiciones de vida de sus habitantes, ya que con ello se generan fuentes de empleo para éstos.

Finalmente y tal como se desprende de los artículos 30 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que la obligación de proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes de esa zona y garantizar los servicios públicos que satisfagan sus necesidades, no corresponde a FONATUR, si no al Estado y a los Municipios de Quintana Roo.

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo de la Senadora Luz María Beristaín Navarrete por el que se exhortaba al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.

Segundo.- Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Senado de la República a 13 de febrero de 2014”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión, ha solicitado oportunamente hacer uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto para referirse al dictamen sobre seguridad y educación vial.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia.

Efectivamente, como ya lo ha mencionado el señor Presidente, mi participación es para apoyar y pedir su voto aprobatorio del dictamen que tiene que ver con medidas y campañas de seguridad vial que fue promovido, en su inicio, por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, y que fue dictaminado de manera positiva por la Comisión de Juventud y Deporte del Senado; y lo hago porque me parece que es importante destacar este tema, que muchas veces está ausente de los grandes debates legislativos de nuestro país.

A partir del desarrollo tecnológico en las últimas décadas, hemos vivido y hemos sido testigos de cambios importantes en muchos hábitos que antes simplemente no teníamos: Internet en la televisión; teléfonos celulares que son agendas, que son reproductores de música, y que a la vez son cámaras fotográficas; automóviles que responden a la voz de los conductores, en fin, todos estos productos de la innovación nos podrían hacer pensar que son avances que siempre van a significar bondades o que hacen la vida más fácil.

Pero hay un fenómeno que demuestra que esto no siempre es así, porque ha surgido un nuevo asesino en todo el mundo occidental y en nuestro país, que tiene que ver con el hecho de cuando se combina el uso de un teléfono celular, ya sea para una llamada o para responder un mensaje de texto, y el hecho de manejar, es decir, cuando se maneja, como se dice comúnmente, se testea, las facturas tienen consecuencias no deseadas.

La falta de cultura vial en nuestro país es un problema de todos los grandes centros urbanos.

En México nadie sabe quién puede pasar, ¿cuándo y cómo?, se subestiman siempre los riesgos de combinar factores de riesgo, como beber alcohol, manejar y hablar por teléfono al mismo tiempo y muchas veces, a esto se suma la deficiente infraestructura vial que hay en muchas ciudades con baches, topes e irregularidades en el camino que son parte de los problemas cotidianos y de todos los días de un inmenso número de mexicanos.

Déjenme poner aquí algunos ejemplos. En 2011, en Estados Unidos, 23 por ciento de los accidentes viales tuvieron que ver con el uso de teléfonos celulares mientras se conducía, esto equivale a 1.3 millones de accidentes.

Podríamos pensar, bueno, ¿qué tan grande es ese número? O podemos pensar que simplemente los norteamericanos no son muy hábiles para manejar.

Yo creo que aquí el tema hay que tomarlo de manera muy seria, porque hay datos en nuestro país que describen la gravedad de este asunto.

Por ejemplo, cuando alguien conduce, el tiempo mínimo que puede retirar su atención para atender algún mensaje que llega desde su celular es de 5 segundos. Esos 5 segundos, a 80 kilómetros por hora, equivalen a quitar de la vista del camino un trayecto equivalente a lo que mide un campo de fútbol, o sea, todo ese trayecto el conductor va, digamos, como si fuera con una venda en los ojos.

Además, de acuerdo a cifras oficiales del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que depende de la Secretaría de Salud, nuestro país se encuentra entre los 10 países donde ocurren el mayor número de muertes por accidentes de tránsito, alrededor de 16 mil decesos al año, aunque este mismo Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, considera que existe un subregistro y que estas muertes pueden llegar a sumar hasta 24 mil al año.

Por eso los accidentes viales en México, ya se dice en el propio punto de Acuerdo, son hoy la primer causa de muerte entre los individuos, entre 5 y 35 años de edad, y representa la segunda causa de orfandad en el país.

Las estadísticas señalan que cada año ocurren 470 mil accidentes, de los cuales, 90 por ciento podrían haberse prevenido. Y estos accidentes involucran, de manera sensible, justamente a los jóvenes.

Según datos del INEGI, en 2012 se registraron 52 mil 107 muertes en el grupo de edad de 15 a 34 años, de los cuales, 7 mil 216 fueron producidos por accidentes vehiculares.

Miren, compañeras y compañeros Senadores, para ponerlo de una manera más demostrativa.

Aquí en el Senado habemos 10 Senadores menores de 36 años; según esta estadística, 2 de nosotros vamos a morir en un accidente vial antes de cumplir 40 años, creo que eso les puede llamar más la atención que toda esta danza de cifras que les estaba dando. Por eso, por favor, tengan mucho cuidado.

Como les decía, el tema es, ¿cómo se logra sensibilizar a los jóvenes de estos riesgos?

Al igual que el resto de los problemas de salud pública, la mejor política siempre va a ser la preventiva, porque los accidentes viales debemos de verlos en esa misma perspectiva, la de salud pública.

La prevención es mejor siempre, porque salva vidas y porque es mucho menos costosa para el Estado, que asumir los enormes costos sociales de productividad y de atención a lesiones y a la rehabilitación de los pacientes que sobreviven a un accidente.

En este sentido, debemos de abrevar de la experiencia internacional, porque además, afortunadamente hay mucho. Déjenme ponerles, de manera muy rápida, 2 ejemplos.

En Bélgica, a los jóvenes de 16 y 18 años que están por obtener su licencia de manejo, se les pide que conduzcan y respondan mensajes en su celular de manera simultánea, como si esto fuera parte del examen, y los resultados son obviamente catastróficos, porque nadie aprueba, pero más que un requisito para estos jóvenes, se trata de una forma de sensibilizarlos a lo que no deben de hacer y de convencerlos de lo impertinente y peligroso que resulta esta práctica en la vida real.

Y un último ejemplo. En Australia, hace ya cerca de 25 años, se han transmitido una serie de anuncios televisivos por parte de las dependencias de salud, que son muy crueles, muy crudos, y que muchas veces, incluso, han querido ser censurados por su mal gusto. Sin embargo, el resultado a 25 años de la implementación de esta política, es que 40 por ciento menos australianos conducen en estado inconveniente desde el año de 1989.

Por eso, bajo este lema de salvar vidas y prevenir accidentes, es que vengo a solicitar su apoyo para este punto de Acuerdo. Porque los accidentes viales no son productos de eventos fortuitos, sino muchas veces de conductas bien identificadas y que son, en su mayoría, prevenibles.

Por eso, es que la formación de cultura y los hábitos responsables en jóvenes, a través de distintas estrategias de comunicación y aprendizaje, me parece, y coincido con la Senadora Itzel Sarahí, son las mejores vías para prevenir esta primera causa de muerte, en este grupo poblacional.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para unirme a esta situación del Senador Zoé Robledo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Claro que sí, tomamos notas de ello, Senador Víctor Hermosillo y Celada.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para referirse al dictamen sobre la donación de un lote.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenos días, Senadoras y Senadores:

Hoy hago uso de esta tribuna para hablar en contra del presente dictamen. Dicho dictamen pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos de Quintana Roo.

La petición del punto de Acuerdo consiste en que FONATUR realice la donación de un lote frente al mar, ubicado en Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de crear un centro cultural deportivo público. Sin embargo, la negativa del presente dictamen representa una decisión que mantiene una lógica privatizadora de los espacios públicos en nuestras playas.

La Comisión de Juventud y Deporte no contempló en su dictamen que el estado que represento, Quintana Roo, tiene el índice más alto de suicidios de jóvenes a nivel nacional.

Quiero exponer en esta tribuna la molestia y el agravio de la sociedad quintanarroense, ante las constantes medidas gubernamentales que les impide el acceso al mar.

El estado no está brindando las herramientas necesarias para que la población pueda desarrollarse integralmente y los resultados son evidentes.

Atender las necesidades de la población, para tener espacios de recreación frente a nuestro bello mar Caribe, serviría como método de prevención del delito, ya que al fomentar la cultura y el deporte en la juventud, se disminuiría el índice de la delincuencia.

La propuesta de la donación de lote también fomentaría el turismo nacional, ya que el espacio beneficiaría a la población local, pero también a los turistas connacionales.

Nuestras playas no deben de ser exclusivas para turistas extranjeros, y esa es la lamentable realidad que está pasando en Quintana Roo.

No debemos permitir que el interés económico prevalezca sobre el interés general, y menos cuando el tema se relaciona con derechos humanos.

La venta del lote creará más desigualdad entre los ciudadanos. Además se les darán menos oportunidades para desarrollarse física e intelectualmente.

Ahí está puesto el letrero: “Se vende al mejor postor”.

Porque los jóvenes quintanarroenses no son un buen postor. Apostarle al sano esparcimiento de la juventud quintanarroense, eso no significa ser un buen postor.

FONATUR está dedicado a ser una inmobiliaria en Quintana Roo que se dedica a rematar los lotes que son propiedad del pueblo de México.

FONATUR en aras de subsistir y de tener recursos para pagar su nómina, en lugar de ser el Fondo Nacional de Promoción al Turismo, está dedicado a vender nuestros lotes, a privatizarlos.

Playa Langosta es un espacio que por décadas ha sido un espacio público para deleite de las familias quintanarroenses.

No hay un buen salario, no vivimos en viviendas dignas, viven hacinados los trabajadores, hay trata en los hoteles, no quitaron el CREA, por tema de corrupción, gobernantes vendieron el CREA.

Y los jóvenes ya no tienen ni siquiera ese espacio para poder estar cerca de sus playas. Y una playa, un espacio que característicamente ha sido destinado para la población, le han colgado un letrero más, que dice: “Se vende”, en lugar de apostarle a la juventud quintanarroense.

Todavía el día de ayer, a las seis de la mañana me llegó la primera noticia. El día de hoy dos suicidios. Todos los días, todos los días, antes de cualquier noticia, nos pasan el parte de cuántos suicidios.

Y FONATUR sigue siendo la inmobiliaria que está rematando nuestros espacios públicos. Lo único a lo que tendrían acceso nuestros jóvenes para generar un desarrollo mental más saludable, ya que ni siquiera podemos tener acceso a un salario digno.

Como se mencionó en el dictamen, si bien es cierto que a FONATUR no le corresponde la obligación de proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes de esa zona y garantizarles servicios públicos que satisfagan sus necesidades, también es verdad que la donación propiciaría la satisfacción de las necesidades y demandas de los ciudadanos, en conjunto con las autoridades competentes.

Es imperante mencionar el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, el cual expresa que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debería prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establece la ley”.

Compañeros Senadores, este punto de Acuerdo es de suma importancia para los ciudadanos de Quintana Roo. No podemos permitir que se sigan tomando decisiones que vulneren derechos humanos.

Los adultos, jóvenes y niños necesitan las herramientas que garanticen sus derechos fundamentales. Y en esta ocasión, es FONATUR quien puede propiciar el correcto y sano desarrollo para ellos.

En el caso en que se venda el lote en cuestión, se restringiría el disfrute de la playa emblemática de nosotros los quintanarroenses. Porque es un hecho notorio, que una vez vendido los lotes, si no son huéspedes o clientes del establecimiento, se restringe el acceso a la playa, ellos dicen que no, porque los primeros metros, después de la última ola, los 30 primeros metros, se supone que son propiedad federal, pero cómo accesamos si no todos tenemos avionetas o globos aerostáticos o barcos para salir, tendríamos que salir de Progreso, Yucatán, en un barco para accesar a nuestras playas de Cancún, si no nos permiten ni tener acceso digno.

Antier privatizaron Akumal; la semana pasada Playa del Carmen, Nicte Ha, y hoy quieren privatizar, o no hoy, porque ya tiene un año el letrero puesto de “se vende”. La playa más importante de todos los cancunenses, que es Playa Langosta.

Los ciudadanos de Quintana Roo buscan que el Senado respalde en su legítimo derecho de acceder a nuestros litorales, con instalaciones que les permitan disfrutar del mar, de igual forma que lo hacen los turistas extranjeros.

Es urgente que se apruebe la propuesta para poder comenzar los trabajos necesarios entre las autoridades competentes y así poder brindar solución a las necesidades de los ciudadanos.

Es mi obligación, como Senadora por el estado de Quintana Roo, acompañar las demandas sociales en contra de la lógica discriminatoria que promueven las privatizaciones de nuestras playas.

En virtud de lo antes expuesto, mi voto es contra del dictamen, y también los invito a que podamos dar las soluciones que la ciudadanía nos demanda.

No descansaremos hasta generar espacios dignos para accesar a las playas. Los trabajadores de Quintana Roo se lo merecen.

Bienvenidos los turistas, nos gusta que nos visiten. Que haya una derrama económica, pero también nosotros necesitamos tener entradas dignas al mar.

Son muy pocos los espacios que nos quedan. Y no se cansa FONATUR de rematar lo poco que queda.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el mismo asunto.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas Gracias. Con la venia de la Presidencia.

Acudo a esta tribuna para poder exponer las consideraciones que la Comisión de Juventud y Deporte tuvimos para elaborar este dictamen en el sentido que ya se ha venido exponiendo.

Escuché con atención el posicionamiento de mi compañera, la Senadora Beristain Navarrete, y quiero, primero que nada, decirle a esta Asamblea, que todos los integrantes, Senadoras y Senadores de la Comisión de Juventud y Deporte, para nosotros también es una altísima prioridad nuestros jóvenes, que también estamos preocupados por el tema del suicidio de nuestros jóvenes, que también estamos preocupados porque sabemos que siguen habiendo muchas necesidades y falta de oportunidades para las mismas.

Pero lo que también hay que decir y hay que señalar, es que en este punto de Acuerdo lo que se solicitaba era que nosotros solicitáramos a FONATUR que hiciera la donación de este predio.

Quienes integramos la Comisión de Juventud y Deporte estamos a favor de que los jóvenes cuenten con más y mejores espacios para su desarrollo.

Las consideraciones del dictamen están sustentadas en diversos ordenamientos que regulan las actividades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

El hecho de señalar que FONATUR quiere vender dicho lote, no representa ningún incumplimiento a las atribuciones legales que tiene dicho organismo, el lote puede o no estar a la venta, este lote está arrendado y es la información que nosotros tenemos en este momento.

No se conoce, por otra parte, un proyecto ejecutivo que acompañe a la solicitud de donación, aunado a que no se presentó un documento o solicitud expresa por parte del municipio de Benito Juárez para la realización de un centro cultural deportivo dúblico en el lote referido.

Nosotros siempre estaremos de acuerdo por acompañar estas acciones en donde se puedan crear lugares de esparcimiento y de oportunidades para nuestros jóvenes, pero yo la invito, compañera Senadora, a que juntos unamos esfuerzos, buscamos un encuentro nosotros con la autoridad competente para que nosotros podamos buscar en equipo, como Senadores de la República atender esta problemática que usted ha señalado que se presenta en el estado de Quintana Roo, simplemente precisar este sentido del dictamen que en este momento nos refiere y nos ocupa.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Puente Salas.

Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño)Me complace mucho escuchar al Senador, perfecto. Entonces, esto se puede componer, si lo que él dice es que están con la juventud mexicana, con la juventud quintanarroense, bueno, lo de menos es presentar un proyecto, hay muchos proyectos para ese predio, lo de menos es hablar con las autoridades municipales y manos a la obra.

O sea, por lo visto lo único que faltó ahí es presentar un proyecto concreto, por lo visto ellos también están a favor de la salud integral de los jóvenes quintanarroenses y de que FONATUR deje de estar rematando los predios que nos corresponden a todos los mexicanos, porque fueron considerados para ser públicos.

Entonces, estamos de acuerdo y trabajamos juntos.

Acepto la invitación del Senador Carlos Puente, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para razonar mi voto en este punto de Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero quiero decirle al compañero Senador Carlos Alberto Puentes Salas, que es importante la propuesta que ha hecho y es fundamental que la comisión la retome.

Creo que en el espíritu del punto de Acuerdo que plantea la Senadora Beristain Navarrete, ningún Senador de la República, por supuesto, puede ponerse en contra.

Es un hecho que en este país se practica la discriminación de manera abierta, y lo más grave, con la complacencia de las autoridades.

Los que conocemos los lugares a que ha hecho referencia la Senadora Beristain Navarrete, y los conocimos allá por los años, 76, 77, 78, no podemos estar de acuerdo con lo que hoy está viviendo el país en materia de acceso a las playas, el poder económico se está imponiendo a los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

Díganme sinceramente qué mexicana o mexicano que gane salario mínimo ahí mismo en Cancún, ya no digamos de los que pretenden ir de otros estados de la República a Cancún, pueden acceder a Xel Há, por ejemplo. Díganmelo, compañeros Senadores, y no pueden ir porque el acceso a Xel Há está arriba de los 1,000 pesos por persona, cuando Xel Há era un parque al que cualquier mexicano podía acceder en los años que estamos mencionando, pero se ha impuesto el poder económico sobre los derechos de los connacionales.

Acabamos de aprobar la ley contra la discriminación. De qué sirve una ley que impide que las mexicanas y las mexicanos puedan ejercer de manera plena sus derechos fundamentales, díganme quién puede acceder a Xcaret, por ejemplo, cuando el costo de Xcaret rebasa los 1,500 pesos por persona.

Por eso la propuesta del Senador Puente Salas, yo creo que el Senado la tiene que retomar y hacerla efectiva.

Lo que está solicitando la compañera Senadora, el espíritu, decía yo, creo que nadie lo pude contradecir, de que el lote que pertenece a FONATUR sea de utilidad pública y que sea para garantizar el acceso a Playa Langosta.

¿Tenemos o no derecho los mexicanos a disfrutar de nuestras playas? Por supuesto que sí, pero ese derecho se conculca cuando la iniciativa privada compra este tipo de accesos y los hace prácticamente inaccesibles.

Estuvimos hace unos días en la Riviera de Nayarit y este mismo fenómeno se está dando, también fuimos a Los Cabos, a San José, a San Lucas y a Cabo Pulmo y aquellos lugares dicen que hoy se deben de llamar “for sale”, porque absolutamente todos los lotes se venden.

Compañeros Senadores, a veces los conceptos que se utilizan pueden sonar fuertes, pero son realidades contundentes.

Esa patria que impide el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los mexicanos y el espíritu del punto de Acuerdo de la Senadora Beristain Navarrete pudiera tener una fundamentación correcta para declararlo negativo, pero el espíritu social creo que tiene que prevalecer, y me sumo a la propuesta del Senador Puente Salas, para que la comisión correspondiente se aboque a sentarse con las autoridades y se pudiera logar lo que la Senadora pretende, que este lote sea utilizado para bien público, que se pudiera realizar la obra que ella solicita, pero que sobre todo se garantice el acceso a esta playa tan importante para los pobres de México.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Agotada la lista de oradores, y en virtud de que hubo diversas intervenciones con punto de vista diferente, votaremos este punto de Acuerdo de manera separada. Así es que, primero procederemos a votar el dictamen que tiene que ver con la materia de seguridad y educación vial.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen en materia de seguridad y educación vial. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Ahora procederemos a votar el punto de Acuerdo que tiene que ver sobre el lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural deportivo público.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que desecha el punto de Acuerdo sobre la donación de un lote en Quintana Roo, para la construcción de un centro deportivo público. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva recibió una solicitud del Senador Javier Corral Jurado, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para ampliar el turno del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, recibida el 6 de febrero de 2014.

La Mesa Directiva acordó ampliar el turno para que quede en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos Segunda; para su análisis dictamen y dictamen correspondiente.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que a petición del grupo parlamentario del PRD, la Mesa Directiva acordó retirar de su discusión el dictamen sobre la modernización de las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.






COMISION DE DEFENSA NACIONAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.








COMISION DE DEFENSA NACIONAL

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, hasta por cinco minutos, para referirse al dictamen relativo a la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente.

Nada más muy breve, para manifestar mi inconformidad, aunque ya era esperado este resolutivo en contra de nuestra propuesta para que compareciera el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina.

Aquí traemos ataduras que vienen desde el subconsciente colectivo y hay que seguir poniéndoles alfombra roja y caravana a los señores secretarios.

No se entiende que estos son otros tiempos, y es delicado, porque como nunca el Ejército tiene un papel relevante. Son muy cuestionados sus resultados en materia de derechos humanos.

Y nada más para que le den una hojeada, hace cinco años recibía 29 mil millones de pesos, ha aumentado siete veces y medio el presupuesto solamente de la SEDENA, y no tienen que venir a rendir cuentas.

Pero nosotros seguiremos insistiendo, los argumentos me parecen muy frágiles y creo que no podemos seguir permitiendo que hayan excepciones y que todos los secretarios puedan venir a comparecer, a dar la cara, lo cual además le daría prestancia tanto al Secretario de la Defensa como al Secretario de Marina.

Aquí se malinterpretan las cosas, yo pedí que vengan y rindan cuentas. Y lo que hicimos al día siguiente fue rendirles homenaje en el patio para aplaudirlo y las letras de oro para recordar cien años de lealtad institucional y cien años de impunidad del Ejército.

Deplorable.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su participación, Senadora Sansores San Román.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para referirse al mismo asunto.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

El pueblo de México desde hace varios años no encuentra tranquilidad. Y esa es una realidad indiscutible, los ciudadanos no sienten hoy más seguridad que hace siete años, los ciudadanos se hacen preguntas.

El artículo 129 de la Constitución establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tiene, exacta conexión con la disciplina militar.

Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fueran de las poblaciones estableciera para la estación de las tropas.

El Ejército tiene la inalienable tarea de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil y en casos también de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

Y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden y auxilio de las personas, sus bienes y reconstrucción de las zonas afectadas.

Hice esta pequeña relatoria para que pudiéramos dar cuenta no solamente de que en estos momentos no está haciendo propiamente estas tareas el Ejército, por el contrario, que no es malo, pero se hace necesario que el pueblo de México sepa qué está haciendo concretamente el Ejército Mexicano en las calles de nuestro país.

¿Cuál es el resultado de estar enfrentando al crimen organizado los últimos años en combate frontal?, como lo hemos apreciado y lo hemos visto a través de los medios de comunicación.

Me parece que perdimos una oportunidad para a través de esta Cámara poder informar, dar certeza a la población en este país de que lo que en efecto está haciendo el Ejército es correcto. Porque no hay que olvidar que esta institución precisamente en los últimos años es la que más señalamientos tiene de las diferentes comisiones de derechos humanos nacionales e internacionales; me parece que en el marco del festejo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, sí debía y deberá comparecer el Secretario de la Defensa Nacional.

Me parece que la proponente deberá, en otro momento, a lo mejor en otro formato, seguir haciendo el esfuerzo de solicitar la comparecencia para que nos informe del resultado de todo esto que está sucediendo. Nos quedaremos con las preguntas mientras llega ese momento.

En el país se está avanzando, y es necesario y obligatorio, por mandato constitucional, la rendición de cuentas y la comparecencia de los secretarios. Hay muchas, muchas preguntas, y dejaré solamente algunas en el aire, hasta en tanto no venga a comparecer el Secretario de la Defensa.

Yo preguntaría, ¿bajo qué marco jurídico está funcionando, le dio atribución y función a las autodefensas en este reconocimiento institucional que se hiciera en el pasado?

¿Bajo qué marco regulatorio para el uso del manejo de armas para la función en el combate que está realizando, y si éstas suplen la autoridad o la función de las demás corporaciones?

Porque hasta donde se sabe, solamente encontraron la ventana de ubicarlos en esta figura de la defensa rural, pero no le han explicado al pueblo de México, a sus habitantes, bajo qué marco jurídico regulatorio están realizando su función las autodefensas; y si ya es una realidad en nuestro país, lo menos que podemos hacer es que se nos informe y conocer de ello. Y por supuesto, seguiremos insistiendo

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para referirse al dictamen sobre el reconocimiento a la labor y entrega del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, he solicitado el uso de la palabra para referirme a este punto de Acuerdo que plantea hacer un reconocimiento al compromiso y entrega del Ejército y la Fuerza Aérea de la Armada, particularmente en las acciones que han realizado en varios estados afectados por el huracan “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. Y me complace hacerlo en el marco de este 101 Aniversario de la creación de nuestro Ejército nacional que conmemoraremos el día de mañana.

En ese sentido, me permito decirles, compañeras y compañeros, que quiero sumarme a lo que se decía al principio de la sesión, es decir, extender este respetuoso reconocimiento a la que para mí es, sin duda, una de las instituciones más leales a la sociedad y a la patria mexicana. Tema, por supuesto, que no implica el que no tengamos aquí en una comparecencia a los titulares.

Pero el reconocimiento como instituciones me parece que es justo hacerlo.

Hacemos este reconocimiento en función de que nuestro Ejército Mexicano, además de salvaguardar la defensa y la soberanía de la nación, como todos sabemos, auxilia con sensibilidad y profesionalismo a la población civil en momentos de necesidades a causa de fenómenos naturales o públicos como los que han afectado a varios estados de la República, particularmente del sur-sureste, apoyando en ese sentido en el orden, en el auxilio y, por supuesto, en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Particularmente el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, el llamado Plan DN-III-E, es una política de acción militar que como sabemos, coordina a las instituciones militares y civiles, así como a los medios de comunicación y a la población en general, precisamente, en lo que tiene que ver con la implementación de tareas de auxilio destinada a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

Hoy en día nos sentimos orgullosos, efectivamente, de mantener un Ejército institucional y un Ejército comprometido con la patria como se ve en estos momentos difíciles que han atravesado varias entidades; y a mí me parece que su fortaleza debe inspirarnos a todos los ciudadanos a fortalecer nuestras acciones de servicio, de respeto y de lealtad hacia nuestra patria.

Quiero expresar que para mí, con su labor de auxilio y protección, las Fuerzas Armadas del país, me parece que ésta es una acción en la que debemos de honrar la memoria también de estos hermanos militares que han dado su vida en el cumplimiento de ese deber, y yo creo que las familias mexicanas debemos sentirnos muy orgullosas de contar con patriotas que dignifican el origen de la institución militar en nuestro país.

Creo que está claro que en el Partido de la Revolución Democrática creemos y respetamos el honor de las Fuerzas Armadas, y quiero decir que para nosotros, México debe agradecer la sensibilidad y el profesionalismo con que han respondido al realizar esa gran labor humanitaria ante contingencias y eventos fortuitos.

Creo expresar la voz de muchos compañeros, al decir que soñamos en seguir construyendo y solidificando un Ejército moderno, sensible, que pondere los derechos humanos, y que gradualmente sea retirado del combate al narcotráfico y de la resolución de los conflictos del orden social.

No omito expresar que no obstante este reconocimiento, que lo dejo muy puntual, a mí sí me parece que sería muy oportuno mantener una relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas, y por qué no tener a sus titulares para platicar aquí de una manera civilizada en este Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Presidencia saluda a un grupo de ciudadanos del municipio de San Juan del Río, Querétaro, invitados por nuestro compañero, el Senador Francisco Domínguez Servién, ¡bienvenidos!

(Aplausos)






EXCITATIVA

Compañeras y compañeros Senadores, a petición de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, esta Presidencia emite atenta excitativa a la Comisión de Salud, para que presente el dictamen que corresponda sobre el punto de Acuerdo relativo al equipo de alta especialidad del acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer, presentado el 9 de diciembre de 2013.

“La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito atentamente se haga una excitativa a la Comisión de Salud de este H: Senado, a efecto de que se dictamine el Punto de Acuerdo presentado el día tres de diciembre del año próximo pasado, mismo que les fue turnado en esa misma fecha.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, requiera a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia que comparezca e informe ante la Comisión de Salud del Senado, y explique las razones por las cuales fue negada la licencia de operación del equipo para la atención de alta especialidad del acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente

Atentamente

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.






EFEMERIDE

De la Senadora Laura Rojas Hernández, en conmemoración del 47º Aniversario de la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y El Caribe.



Hago de su conocimiento que las demás proposiciones y efemérides inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones correspondientes.






PROPUESTAS

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder de inmediato a iniciar el proceso de extradición de Javier Villarreal a nuestro país para que responda por los delitos que se le imputan; asimismo, a acelerar y, en su caso, implementar los protocolos necesarios para lograr que sean detenidos el resto de los responsables de la megadeuda coahuilense. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A PROCEDER DE INMEDIATO A INICIAR EL PROCESO DE EXTRADICION DE JAVIER VILLAREAL A NUESTRO PAIS PARA QUE RESPONDA POR LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN; ASIMISMO, A ACELERAR Y, EN SU CASO, IMPLEMENTAR LOS PROTOCLOS NECESARIOS PARA LOGRAR QUE SEAN DETENIDOS EL RESTO DE LOS RESPONSABLES DE LA MEGA DEUDA COAHUILENSE.

"Los suscritos Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, y ROBERTO GIL ZUARTH integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

1.- Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario de finanzas de Coahuila y ex secretario ejecutivo del ya desparecido Servicio de Administración Tributaria de la entidad es el autor material y la cara visible del mayor fraude financiero en la historia de Coahuila y quizá de todo el país.

2.- El estado de Coahuila, con Rubén Moreira a la cabeza, no ha movido un solo dedo para hacer justicia en el caso de la megadeuda; obvio, por la implicación a su hermano el ex gobernador Humberto Moreira que, como ya todos lo saben, no pudo explicar nunca el origen del fraude y menos acreditar la inocencia que ha pregonado sin éxito hasta el momento.Las autoridades norteamericanas embargaron una cuenta propiedad de Javier Villarreal en un banco de las Islas Bermudas por la cantidad de 2.3 millones de dólares.

3.- El año pasado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado contrató por los servicios de un Despacho norteamericano para recuperar a favor del Estado de Coahuila la cantidad de $2.3 millones de dólares que el Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas aseguró de una cuenta bancaria propiedad del Ex Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández de una Institución de Crédito de las Islas Bermudas. El procedimiento es llevado en la Corte Federal de Corpus Christi, Texas. Los abogados presentaron la reclamación para exigir la devolución del dinero mencionado el día 13 de Marzo de 2013., lo cual se hizo en el último día del término otorgado por las leyes norteamericanas con el fin de esperar a que el Gobierno del Estado de Coahuila hiciera la reclamación del dinero que le corresponde por haber sido sustraído de las arcas del erario estatal, lo cual no sucedió. Los abogados de Houston buscaron otras personas o entidades que hayan hecho la reclamación de la devolución del dinero embargado como la hecha por los Senadores del GPPAN, sin que a la fecha se hayan encontrado otros reclamantes.

La reclamación se hizo en base a las consideraciones hechas por las autoridades norteamericanas en el sentido de que los recursos embargados son producto de la malversación y el robo en perjuicio del Estado de Coahuila por parte del Sr. Villarreal tal y como se desprende del apartado 15 de la orden de Incautación realizada por el Gobierno de los Estados Unidos que a continuación se transcribe en idioma español:

Punto 15.-

El bien del demandado es sujeto de confiscación de acuerdo a lo dispuesto por el título 18 del Código de Estados Unidos sección 981 (a) (1), que establece la confiscación de propiedad personal involucrada en una transacción o intentode transacción en violación a lo dispuesto por el título 18 del Código de Estados Unidos sección 1956, 1957 y 1960 o cualquier otra propiedad vinculada a dicha propiedad, e inciso (b) título 18 del Código de Estados Unidos sección 981 (a)(1)(C) que establece la confiscación de cualquier bien real o personal, que se constituya o se derive de procedimientos derivados en la violación de lo dispuesto por el título 18 del Código de Estados Unidos sección 1956(c)(7)(B)(iv) y 18 del Código de Estados Unidos sección 1961 (1), incluyendo propiedades derivadas de actos de corrupción de un funcionario público, o la malversación, robo o desfalco de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público.

4.- Recientemente y por causa de la presión ciudadana y exigencia de los legisladores federales y locales del PAN, en la comparecencia de Rubén Moreira ante el Congreso del Estado de Coahuila , el gobernador anunció la creación de una "Comisión" para analizar los efectos de la megadeuda en la población coahuilense y su completa aclaración. Dicha comisión se encuentraencabezada por un diputado del PRI y por una mayoría de dicho partido que postuló al actual gobernador, lo que levanta serias sospechas de que la citada comisión es una clara distracción para que se pierda el tema de la opinión pública y se alargue la supuesta investigación. Todos sabemos para qué sirven las comisiones.

5.- En los hechos, los documentos del proceso legal (en USA) en contra de Jorge Torres revelan algo que ya muchos sospechaban desde el año 2011, que Torres y Villarreal operaron juntos en diversos desvíos de recursos del erario coahuilense De los documentos legales que obran en poder de las autoridades se desprenden las siguientes realidades:

5.1.- El gobierno norteamericano se enteró de que Villarreal y Torres en el mismo tiempo abrieron cuentas bancarias en el banco J.P. Morgan Chase Bank en Brownsville Texas.

5.2.- Torres y Villarreal, en preparación para la apertura de las cuentas en Brownsville, sostuvieron una reunión con funcionarios bancarios de J.P. Morgan Chase en México.

5.3.- Durante la reunión en México con los funcionarios bancarios de J.P. Morgan Chase, Torres específicamente pidió a uno de los funcionarios que las transferencias electrónicas en relación a la cuenta embargada fueran borradas del sistema con el fin de que ninguna operación fuera rastreada de México a las Islas Bermudas a través de Estados Unidos.

5.4.- De acuerdo a las observaciones de los funcionarios del banco J.P. Morgan Chase en la reunión, la relación entre Torres y Villarreal era estrecha.

5.5.- El día 6 de Marzo de 2008, Villarreal utilizando sus ahorros personales en su cuenta de J.P. Morgan Chase transfirió la cantidad de $559,701.49 a la cuenta de Torres de J.P. Morgan Chase, y el día 10 de Marzo de 2008, dicha cantidad fue transferida de la cuenta de Torres de dicho banco a la cuenta embargada de las Bermudas.

5.6.- Villarreal reconoce ante las autoridades norteamericanas que tiene negocios con Jorge Torres de compraventa de aviones.

Esto sólo por citar de forma breve algunos antecedentes de la relación entre estos dos defraudadores.

A la fecha, el gobierno de Coahuila ha erogado en servicio de la deuda más de seis mil millones de pesos, y aún se debe casi lo mismo. Las autoridades locales se niegan a hablar de los alcances de la deuda, de cuánto se habrá de pagar a largo plazo; pero esto salta a la vista con lo que ya se ha pagado en intereses y se desconoce por cuántos años esto continuará de ese modo.

6.- En el colmo de la impunidad y la indiferencia de las autoridades de Coahuila, ahora debemos tolerar que el gobierno de la entidad tampoco haga nada en contra del ex gobernador Jorge Torres, acusado ya formalmente por las autoridades norteamericanas de ilícitos como lavado de dinero y obtención ilegal de recursos públicos. Todo lo anterior es el retrato breve de lo que es capaz un gobierno cuando hace hasta lo imposible para privilegiar la impunidad, la mentira, la simulación y la opacidad.

El fraude más grande en la historia de Coahuila, y uno de los más relevantes en la historia nacional, no puede quedar impune.

7.- La supuesta entrega voluntaria de Javier Villarreal a las autoridades de Estados Unidos, sólo evidencia la impunidad de la justicia mexicana. ¿Por qué se entrega en allá y no en Coahuila en donde también tiene cuentas pendientes? El asunto sólo apunta a la sospecha y complicidad del gobierno y la Procuraduría Estatal en Coahuila

Pero no perdamos de vista que Javier Villarreal, por entonces Secretario de Finanzas, recibía órdenes del gobernar Humberto Moreira. Entonces ¿Dónde está Humberto Moreira? ¿Por qué no se le ha llamado a cuentas?  ¿Por qué el estado de Coahuila, gobernado por el hermano, Rubén Moreira, no ha detenido a los responsables de la deuda contratada con documentos falsos?

No queremos, y lo señalamos de una vez, que la entrega de Javier Villarreal a las autoridades de USA se parte de una cortina de humo para darle una salida ágil y de pocas consecuencias a su enorme responsabilidad. Todos los implicados en la megadeuda deben, con independencia de los ilícitos que hayan cometido en USA, ser juzgados y procesados en México, y obtener de ellos la reparación correspondiente y el resarcimiento de daños en los términos de nuestra legislación.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Primero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, proceda de inmediato a iniciar el proceso de extradición de Javier Villarreal a nuestro país, para que responda por los delitos que se le imputan y sea procesado de acuerdo a las leyes mexicanas.

Segundo.- Asimismo, se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que acelere y en su caso implemente todos los protocolos necesarios para lograr que sean detenidos el resto de los responsables de la megadeuda coahuilense, incluido el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, y se realicen las acciones necesarias para obtener de ellos el resarcimiento de los daños causados al erario de Coahuila.

Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en atención a la gravedad del caso, ejerza plenamente su facultad de atracción en todo lo relacionado con la deuda de Coahuila y en relación a todos y cada uno de los implicados

Cuarto.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue y en su caso, sancione al Gobernador de Coahuila en funciones, Rubén Moreira Valdés, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento en virtud del posible ocultamiento de los efectos, objetos e instrumentos de los delitos cometidos en perjuicio de los coahuilenses, y por su omisión de perseguir y castigar a todos los culpables de los ilícitos que originaron el endeudamiento de la entidad federativa de referencia.

México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de febrero de 2014

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Roberto Gil Zuarth

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional".






Del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las autorizaciones para la operación de una mina a cielo abierto en la zona conocida como "El Arco" ubicada en el paralelo 28, límite geográfico de los estados de Baja California y Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INFORMAR SOBRE LAS AUTORIZACIONES PARA LA OPERACION DE UNA MINA A CIELO ABIERTO EN LA ZONA CONOCIDA COMO "EL ARCO" UBICADA EN EL PARALELO 28, LIMITE GEOGRAFICO DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR

"El que suscribe, senador Carlos Mendoza Davis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A CONAGUA Y A SEMARNAT A BRINDAR INFORMES RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES PARA LA OPERACION DE UNA MINA A CIELO ABIERTO EN LA ZONA CONOCIDA COMO "EL ARCO" UBICADA EN EL PARALELO 28, LIMITE GEOGRAFICO DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El presente Punto de Acuerdo atiende un exhorto de fecha 5 de diciembre de 2013remitido por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur a los legisladores federales sudcalifornianos, relativo a la problemática generada por la operación de una mina a cielo abierto en la zona conocida como "El Arco" ubicada en el límite de los Estados de Baja California y Baja California Sur.

La zona conocida como El Arco, es un poblado que se ubica en la parte central del Paralelo 28, en el límite geográfico de Baja California y Baja California Sur. En dicha región, existe desde hace años, interés de grupos mineros tales como Grupo México del Arco S.A. de C.V., Mexicana del Arco S.A. de C.V. o MEXARCO, para extraer los yacimientos de cobre, oro, plata y molibdeno, en base a explotación a cielo o tajo abierto, por lixiviación con cianuro, técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y aire.

El área del poblado del Arco Baja California que es donde se pretende instalar esta minera, se encuentra ubicada y se nutre del Acuífero Valle de Vizcaíno, el cual es un acuífero interestatal que abastece de agua al valle de Vizcaíno, al poblado Guerrero Negro y a la región Pacífico Norte en Baja California Sur, y a los ejidos Jesús María y José María Morelos y Pavón, del municipio de Ensenada, Baja California.

En el acuífero del Vizcaíno no existe actualmente disponibilidad para otorgar nuevas concesiones para el aprovechamiento de aguas subterráneas. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en este acuífero existen 252 aprovechamientos, de los cuales 122 son de uso agrícola, 123 de uso público urbano, 6 de servicios y 1 para uso doméstico. Del total de los aprovechamientos se extraen 42.0 hm3, de los cuales sólo 4.2 hm3 se destinan al abastecimiento de agua potable y uso industrial y, el resto al uso agrícola. En ese sentido, el agua para consumo humano beneficia a más de 50 mil habitantes asentados en las poblaciones de Valle de Vizcaíno y Guerrero Negro, las poblaciones pesqueras de Bahía Tortugas, Bahía Asunción, La Bocana y Punta Abreojos.

Aunado a lo anterior, se considera que el acuífero del Vizcaíno tiene una característica muy especial, desde el punto de vista biológico y ambiental toda vez que se ubica entre dos áreas naturales protegidas de competencia federal. La primera es el Área de Protección de Flora y Fauna "Valle de los Cirios", la cual tiene una superficie de 25,217 km2; y, la segunda, es la Reserva de la Biosfera "El Vizcaíno", cuya extensión es de 2´493,091 hectáreas, ambas consideradas como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Dado que para su operación la mina a cielo abierto necesita cantidades de agua que van de los 9 a los 14 millones de metros cúbicos al año, se pretende extraer del propio acuífero, ubicado en una región hidrológica en donde por sus características desérticas y escasa precipitación anual se ha decretado una veda de extracción de agua permanente.

Se ha suscitado un conflicto por el desarrollo del Proyecto Minero El Arco, ya que existen indicios de que la creación mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial dela Federación el 28 de Agosto del 2009, del Acuífero denominado Llanos del Berrendo, se ajusta a las necesidades de dicho proyecto.

El Acuerdo en comento, "por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos", modifica los límites del acuífero Vizcaíno a partir de 29 vértices enumerados, y actualiza las cifras de la disponibilidad de agua del mismo subdividiéndolo para crear el Acuífero "Llanos del Berrendo" en Baja California.

Derivado de lo anterior, existe la posibilidad de que la creación de un nuevo acuífero para efectos administrativos sea aplicada a solicitudes de concesiones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, situación que resuelve el otorgamiento de permisos y concesiones, alejándose de la veda de 1965 y superando la situación de unidad hidrogeológica que guarda con el acuífero Vizcaíno, lo que casualmente deriva en beneficios para las empresas mineras de oro, plata y cobre1.

La situación es compleja dado que la instalación de una mina a cielo abierto representa un peligro inminente para la biodiversidad y la vida humana que habita la zona.

De acuerdo con el artículo Salud Ambiental versus Minería publicado en la Revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT2, la actividad minera a cielo o tajo abierto representa dentro de las actividades industriales, los mayores efectos perjudiciales para el ambiente, debido a los procedimientos que aplica.

A diferencia de las minas subterráneas o de socavón, donde se utiliza maquinaria pequeña y se trabaja en túneles y galerías que comunican con la superficie, en la minería de cielo abierto se elimina la cubierta vegetal, se perfora el terreno para colocar explosivos de alto poder y obtener rocas fragmentadas; y en esta parte del proceso, los cráteres resultantes alcanzan dimensiones de 150 ha de extensión, así como profundidades de hasta 1,200 m.

El material así extraído se transporta en grandes camiones de volteo a otra área previamente acondicionada con un forro de protección para el suelo (membrana) y un sistema de ductos que recibe y transporta fluidos; así, el material se deposita, conformando pilas o plataformas de lixiviación (sitios en los que los materiales insolubles se lavan con algún solvente para ser separados de las materias solubles) que pueden medir de 1 a 20 ha.

Estas pilas son bañadas constantemente con una solución de cianuro para lixiviar el oro. La solución cianurada arrastra las partículas microscópicas de oro presentes en el material rocoso hasta ser conducidas hacia estanques o pozas de almacenamiento, para de ahí pasar a la planta de recuperación de metales.

En esta planta, la solución de cianuro pasa a través de una columna de carbón activado (que se presenta como un tipo de polvo apto para la eficiente adsorción –proceso en el que un sólido es utilizado para eliminar una sustancia soluble del agua–).

En este proceso, el carbón activo es el sólido al cual se adhiere el oro, para ser separado después por electrólisis. A continuación, la solución remanente de cianuro y otros metales se va depositando al aire libre, teniendo como destino final una especie de alberca llamada presa de jales3.

El potencial problema ambiental asociado a los jales, especialmente hablando de cianuro, así como de otros metales pesados tóxicos almacenados en los jales, se relaciona con la dispersión de estos tóxicos hacia su entorno.

En las zonas lluviosas, esta problemática se relaciona con el desbordamiento de la presa, por sobrellenado, y la dispersión a través de escurrimientos superficiales, mientras que, en las zonas áridas, se vincula con la dispersión provocada por el viento. Pero indudablemente, el problema ambiental más grave es el de la contaminación de los acuíferos subterráneos, debido a la ruptura de la membrana de la presa, lo que puede ocurrir por deslizamientos, temblores, o por su propio desgaste4.

En todos los pasos del proceso que involucran el uso de diques o pozas de contención de solución de cianuro, existe el riesgo de fractura de la poza o rasgadura del forro y, por lo tanto, de contaminación química del manto freático y del suelo circundante.

Por lo anterior, en Europa, Australia y Turquía está absolutamente prohibido el uso de cianuro, debido a las catástrofes ambientales ocurridas, lo que contrasta con la regulación ambiental mexicana, que en este contexto es menos estricta; por ejemplo: la regulación ambiental de Canadá prohíbe tajantemente el desarrollo de actividades que aquí sí les son permitidas. También existe el caso de países especialmente latinoamericanos, en los cuales la legislación ambiental es, hasta cierto punto ambigua y, consecuentemente, ineficaz; así, la minería a cielo abierto, que ahí se permite realizar, sigue provocado severos daños ambientales5.

Después de que una empresa minera con esta práctica a cielo abierto abandona el sitio de explotación, los cráteres de extracción y desechos tóxicos generados permanecen activos por más de 100 años y quedan a la intemperie, provocando una permanente emisión de sustancias altamente perjudiciales, pues las empresas mineras usualmente llegan, extraen masivamente los minerales y en 10 años se retiran con todos los beneficios, dejando en la región únicamente destrucción y toda la contaminación inherente a sus procesos extractivos.

En términos de beneficio económico, se puede afirmar que estas empresas mineras producen muy pocos empleos y solamente durante un periodo máximo de 10 años, tras los cuales dejan el costo de los enormes daños ambientales que, por supuesto, no son asumidos por tales compañías, pues una vez lograda su ganancia, desaparecen o se declaran en quiebra.

Además de los graves y extensos impactos ambientales que provoca la minería a cielo abierto, hay repercusiones significativas sobre la salud de las poblaciones aledañas, aumento de patologías intestinales, dermatológicas, renales y reproductivas, mayor incidencia de cáncer pulmonar y de vejiga, así como leucemias y aumento en nacimientos de niños con retraso mental y malformaciones. La minería a cielo abierto es, sin duda, una de las industrias más contaminantes del mundo que, por los motivos señalados, deja una cicatriz permanente en las comunidades y en los paisajes.

Actualmente, México es uno de los países más codiciados por las grandes transnacionales mineras, debido a la gran cantidad de minerales metalíferos que aquí se encuentran, y por la relativa flexibilidad en la legislación con respecto a otros países, para su extracción. Hasta 2009, se habían otorgado 677 concesiones mineras a compañías extranjeras, mismas que llegan a nuestro país atraídas por los factores: permisibilidad, incentivos fiscales y mano de obra barata, aunados al poderío económico y avasallamiento de cabildeo de las transnacionales mineras, así como al incremento del precio internacional del oro.

La minería a cielo abierto, aún cumpliendo con todas las disposiciones y normas ambientales vigentes, es una actividad que conlleva negativos impactos ambientales y sociales, mucho más significativos, al involucrar un Área Natural Protegida, ya que éstas son declaradas para proteger ecosistemas únicos que, por lo mismo, son más frágiles.

La introducción de un proyecto minero a cielo abierto afecta y altera de manera profunda la vida en todos los niveles ambiental, económico, sociocultural, político y de salud; ejemplo de ello son los conflictos relacionados con el uso del suelo; destrucción de zonas de recreación; devastación de áreas con potencial turístico; disminución en el rendimiento de las labores pesqueras y agrícolas, debido a la contaminación y el desplazamiento de otras actividades económicas locales; daños permanentes e irreversibles, al contaminar agua, suelos y aire con metales pesados y sustancias químicas, entre otros.

La península de Baja California es una región geográfica vulnerable a fenómenos meteorológicos como huracanes y movimientos sísmicos, las consecuencias de las fallas que se generen en esta región, podrían constituir uno de los eventos de mayor impacto al agua superficial, lo cual se traduce en la contaminación de arroyos, situación que coloca en grave riesgo a los habitantes de la región, por el impacto ambiental que se generaría, considerando que la zona se caracteriza por la escasez de agua potable.

Por lo que respecta a las fallas sísmicas que se mencionan, cabe destacar que todas aquellas fracturas y fallas pequeñas que se generen debajo de la presa de jales, se encuentran interconectadas con fallas mayores, y que las mismas contienen unidades acuíferas. 

En ese sentido, si se llegase a presentar un sismo como los que ya se han presentado en la región, existe un alto riesgo de vertido de sustancias tóxicas al suelo y subsuelo, afectando cualquier clase de corriente o depósitos de agua; que a su vez impactan negativamente a los cultivos de las zonas aledañas.

Es importante considerar que los eventos acumulativos en la presa de jales tanto en fallas como en eventos meteorológicos, pueden desencadenar el derrame de drenajes ácidos, contaminando los acuíferos sanos y libres que suministran la Península de Baja California.

Indudablemente, la minería a cielo abierto provoca una serie de extensos daños ambientales permanentes e irreversibles; amplia contaminación, tanto en extensión geográfica, como en la escala de centenares de años, y las poblaciones locales ven comprometidos sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y al agua, consagrados en el artículo 4° constitucional.

Por todo lo anterior, es necesario que se aclaren las autorizaciones y procedimientos solicitados para la ejecución del Proyecto Minero El Arco, pues se encuentra en peligro el bienestar de los habitantes de la Península de Baja California.

Derivado de lo anterior solicito sea turnado el presente asunto a la Comisión de Recursos Hidráulicos por tratarse de un tema relacionado directamente con la disponibilidad de agua de Acuíferos que abastecen la Península de Baja California.

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua para que informe a esta Soberanía sobre las razones y los estudios que respaldan la creación administrativa del Acuífero Llanos del Berrendo, mismo que se desprende del Acuífero del Vizcaíno, contenida en el "Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009.

Asimismo, para que informe a esta Soberanía sobre todas las solicitudes de concesiones de uso y aprovechamiento de aguas subterráneas, el estado en que se encuentran los procedimientos, las resoluciones recaídas a las mismas si las hubiere, y las que se encuentren pendientes de resolver, que a la fecha, haya tramitado la empresa Grupo México del Arco S.A. de C.V., Mexicana del Arco S.A. de C.V. o MEXARCO, así como de cualquier solicitud ingresada por empresas cuya pretensión sea llevar a cabo actividades de minería a cielo abierto en la zona conocida como El Arco y en cualquier área de la región Sur del Municipio de Ensenada Baja California con cargo al Acuífero de los Llanos del Berrendo.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía sobre todas las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental, el estado en que se encuentran los procedimientos, las resoluciones recaídas a las mismas si las hubiere, y las que se encuentren pendientes de resolver, relativas a las áreas naturales protegidas Reserva de la Biosfera del Vizcaíno en Baja California Sur y Valle de los Cirios en Baja California, que a la fecha, ha tramitado la empresa Grupo México del Arco S.A. de C.V., Mexicana del Arco S.A. de C.V. o MEXARCO, así como de cualquier solicitud ingresada para el mismo fin por empresas cuya pretensión sea llevar a cabo actividades de minería a cielo abierto en la zona conocida como El Arco.

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero del año 2014.

Sen. Carlos Mendoza Davis".






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un programa de apoyo a los productores de trigo de nuestro país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A DISEÑAR UN PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE TRIGO DE NUESTRO PAIS

"Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El trigo es uno de los principales granos para la alimentación, el cual junto con el maíz y el arroz se producen en muchos países. Después del maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimentaría del pueblo mexicano. Con él se elaboran varios productos de consumo masivo, como panes, tortillas, pastas, galletas, atoles, papillas, obleas y pasteles.

Según datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA el estado de Sonora es el principal productor de trigo en México y durante el periodo 2002-2011 en promedio destinó a la siembra de este cereal una superficie promedio de 257 mil hectáreas, que representó 36.8% del total nacional. En contraste Jalisco siembra 28 mil hectáreas en promedio, con las que aportó 4.0% del área sembrada en el país.

Según información de la misma fuente, el 79.3% de la superficie cosechada promedio de trigo en el periodo 2002-2011 fue aportada por seis estados del país: Sonora (38.1%), Guanajuato (13.8%), Baja California (12.9), Tlaxcala (5.5%), Michoacán (5.0) y Jalisco (4.0). El restante 20.7% de la superficie nacional cosechada de trigo se distribuyó en 17 estados de la república, entre los que destacan Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León, que en conjunto contribuyeron en promedio con 10% del área cosechada en el periodo de referencia.

Durante el periodo 2002-2011, la producción nacional promedio de trigo se ubicó en 3 millones 382 mil toneladas y registró una tasa media de crecimiento anual de 1.0% en el lustro 2002-2006, y 0.8% en el siguiente quinquenio (2007-2011). En estos diez años, en promedio 75.5% de la producción nacional de trigo se obtuvo en tres estados: Sonora (44.9%), Guanajuato (15.4%) y Baja California (15.2%). El restante 24.5% se cosechó en los otros 20 estados del país que producen trigo, entre los que destacan Tlaxcala, Michoacán y Jalisco en conjunto aportaron 12.0% del volumen total promedio nacional.

El valor de la producción a precios corrientes en promedio en el periodo 2002-2011 se situó en 7,984 millones de pesos, pero fue en el año agrícola 2011 cuando alcanzó el mayor valor 13,043 millones de pesos. El estado de Sonora contribuyó con 45.5% del total, seguido por Guanajuato y Baja California con 15.3 y 14.8%, respectivamente.

En México, el trigo representa el 21% del consumo de granos básico, ubicado en el segundo lugar después del maíz, con 52 kilogramos de consumo per cápita por año y con un volumen de ventas de la industria que crece anualmente entre 1 y 2%.

En nuestro país, a raíz de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, quedó constituida la Cadena Sistema Producto Trigo (Conasist) en octubre del 2004, dentro de la cual quedan tres eslabones bien diferenciados, el Consejo Nacional de Productores de Trigo (Conatrigo), la Cámara Nacional de la Industria Molinera del Trigo (Canimolt) y la Cámara Nacional de la Industria Panadera (Canainpa).Sistema en el cual se encuentran inmersos todos los participantes de este sistema-producto y en el cual se definen los objetivos, metas y los caminos para lograrlos, además de la SAGARPA, como coordinador y ejecutor de los acuerdos.

Desafortunadamente la situación actual del mercado no es la óptima para los productores, los precios internacionales del trigo han mantenido una tendencia a la baja, lo cual ha significado grandes pérdidas para los productores. Esta semana el precio internacional del trigo en el mercado internacional oscilaba alrededor de los 3 mil 200 pesos por tonelada, precio muy por debajo del mínimo necesario (4 mil) para solventar sus costos.

Aunado a estos bajos precios, otro componente de esta delicada situación coyuntural, son los altos costos de producción que presentan actualmente en la siembra de este grano, los cuales oscilan aproximadamente en los 18 mil pesos por hectárea, con lo cual la única manera de salir adelante es obteniendo rendimientos extraordinarios (aproximadamente 7 toneladas por hectárea), situación que es complicada de lograr ya que el promedio nacional se ha mantenido en las 6.5 millones de toneladas.

Esta situación tiene graves repercusiones en la vida de las familias campesinas productoras de trigo, debido a que la mayoría de ellos, obtienen créditos garantizados con el valor de sus cosechas, las cuales al final de la cosecha no alcanzan a ser cubiertos en su totalidad, cayendo en situación de cartera vencida, y originando círculos viciosos generadores de pobreza y marginación en el campo mexicano.

Sin duda alguna es un tema de mayor importancia para el sector agropecuario y en general para nuestro país, y de no apoyarse lo suficiente se podría incrementar los problemas sociales que se suscitan en algunas regiones de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un programa de apoyo a los productores de trigo de nuestro país.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una mesa de trabajo con la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía y con el Sistema-Producto Trigo, a fin de plantear soluciones a la problemática que presentan.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

Atentamente

Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional".






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los encargados de protección civil en los estados y en el Distrito Federal a implementar acciones que permitan disminuir al máximo los factores que están provocando los incendios forestales en nuestro país. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar un diagnóstico de la contaminación en la Laguna de Tres Palos, en el estado de Guerrero, así como trabajos de saneamiento y rescate. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), REALICEN UN DIAGNOSTICO DE LA CONTAMINACION EN LA LAGUNA DE TRES PALOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y RESCATE.

"El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II y Artículo 103 Numeral 2 Fracc. III del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país que debido a la orografía e hidrografía que presenta lo convierten en un lugar con grandes riquezas naturales, que a su vez se vuelven destinos turísticos para nacionales y extranjeros.

Nuestra nación cuenta con 11,122 km. de litorales, que la conforman 17 entidades federativas. El estado de Guerrero cuenta con 522 km. de litoral, a lo largo del océano Pacífico. Dentro de los cuerpos de agua con los que cuenta, se encuentra la Laguna de Tres Palos, ubicada en el municipio de Acapulco de Juárez, la cual posee una extensión aproximada de 55 km2; se sitúa entre el río La Sabana –que descarga en la parte norte de la laguna- y el río Papagayo que sale al mar a unos 2.5 km. al sur de la laguna1.

La importancia de las lagunas en el medio ambiente radica en que funcionan como el hábitat temporal necesario para el cumplimiento de los ciclos biológicos de especies marinas, salobres y de agua dulce que son de importancia para la actividad pesquera2, además de evitar inundaciones.

Sin embargo, desde hace décadas la situación en la Laguna de Tres Palos es complicada, ya que enfrenta fuertes problemas de contaminación. A decir de los lugareños, de 30 especies de peces que había, solo quedan siete; animales como la carpa, el pato, la garza y el pelícano han desaparecido de la laguna.

Esta problemática se empezó a agudizar a raíz de la edificación de unidades habitacionales en la zona conocida como Diamante en el puerto de Acapulco, lugar que se asienta en un gran perímetro de humedales.

La mayoría de las empresas encargadas de construir las viviendas, además de violar el Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco, el cual prohíbe construir inmuebles cerca de ríos y lagunas, no llevaron a cabo la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales vertiendo las aguas negras en la laguna o en los ríos que desembocan en ella; convirtiéndola, como dice un pescador de la zona, en la fosa séptica de las unidades habitacionales3.

Lo anterior trajo como consecuencia una fuerte crisis en el sector pesquero, actividad económica que realizan aproximadamente 5 mil personas, la cual se traduce en la principal fuente de ingresos de las familias. No obstante, la situación ha llevado a los pescadores a dedicarse a otras actividades como la siembra, la carpintería y a ofrecer paseos en lancha a los turistas.

En este sentido, la construcción de los complejos habitacionales en zonas prohibidas, es decir en humedales, se ha convertido en un grave problema en la temporada de lluvias, al inundarse año con año esa zona de Acapulco.

En palabras del delegado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Cristian Garnica San Román, anualmente la laguna de Tres Palos pierde un 3% de su ecosistema de manglares a consecuencia de la depredación por los desarrollos inmobiliarios y la contaminación4.

Estamos a tiempo de parar la contaminación que ocurre en los ecosistemas que existen en nuestro país y en el mundo, debemos reflexionar en el medio ambiente que queremos heredarle a nuestros hijos.

Desde nuestras trincheras estamos obligados a velar por una nación digna para nuestras futuras generaciones, dejémonos de mezquindades y pugnemos por un México con una política ambiental de vanguardia, en la que prevalezca el respeto y el cuidado al lugar que habitamos y que se convierta en un referente a nivel internacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lleven a cabo un estudio exhaustivo y de carácter público, referente a la contaminación ambiental en la Laguna de Tres Palos del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que con base en el estudio resultante del resolutivo anterior, realicen trabajos de saneamiento y rescate de la Laguna de Tres Palos en Acapulco, Guerrero.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se implemente un programa de reactivación y apoyo al sector pesquero de la Laguna de Tres Palos en Acapulco, Guerrero.

Cámara de Senadores, a los 18 días del mes de febrero de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández".






De la Senadora Marcela Guerra, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar sobre el número de procedimientos de extinción de dominio de bienes a favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la presente fecha. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A REMITIR UN INFORME SOBRE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE EXTINCION DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO, QUE SE HAN INICIADO DEL AÑO 2009 A LA PRESENTE FECHA. 

“La suscrita, Senadora Marcela Guerra Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República a que remita un informe detallado sobre el número de procedimientos de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la presente fecha, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se modifican los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 y que planteó la reforma integral al sistema de justicia penal.

El citado decreto se basó en diversas iniciativas de ley presentadas por Diputados de diversos grupos parlamentarios durante la LX Legislatura, haciendo notar que dichas reformas a la Constitución General, se sustentaron en los reclamos generalizados de la ciudadanía respecto al mal funcionamiento de la justicia penal y con las que se buscó asegurar el debido proceso legal en favor de todas las partes involucradas, de acuerdo a los cambios que ya se habían dado en otros países y a las exigencias incluidas en tratados y convenciones internacionales ratificados por México.

Derivado de los cambios de los preceptos constitucionales que han sido señalados, se incluyeron en nuestra constitución general, diversos principios básicos para el desarrollo de un nuevo proceso penal regido por un sistema de oralidad, acusatorio y adversarial y sustentándose en principios rectores de la inmediación, la publicidad, la contradicción, la concentración y la continuidad.

Dicho Proceso Penal prevé un sistema de juicios orales que se regirán por los principios de proporcionalidad entre delitos y penas, de lesividad y se incorporaron medios alternativos de justicia penal a efecto de fortalecer los rubros de la seguridad pública y del sistema judicial, por ser unas de las obligaciones más importantes que tiene el Estado.

De igual forma, las iniciativas que dieron pie a las reformas de la Constitución en materia penal, se sustentaron en la necesidad de solucionar la problemática de la delincuencia que ya había rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia de la administración de ese entonces, por lo que a efecto de dotar a las autoridades de medios jurídicos modernos y eficaces para reaccionar firmemente en el combate de los criminales y también se incluyeron herramientas jurídicas para realizar aseguramientos o aplicaciones de medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles utilizados por la delincuencia.

De ahí surgió la necesidad de que el sistema penal mexicano contará con una figura jurídica denominada “Extinción de Dominio de Bienes” y que se incluyó en el artículo 22 Constitucional, a través de la cual se pierde el derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, para los casos en que la procedencia de la propiedad o posesión de bienes propios o de terceros, derive directamente de conductas delictivas, siempre que no se acredite la buena fe y de que existan pruebas suficientes para considerar que dichos bienes están directamente relacionados con actividades delictivas.

A efecto de regular la figura jurídica de la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, su procedimiento, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de las resoluciones que emitan y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma, se expidió la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009.

De acuerdo a los preceptos jurídicos de esta ley, la Extinción de Dominio se inicia ejercitando una acción procesal autónoma, en cuyo caso la resolución judicial que se dicte previo procedimiento en que se haya dado vista a las partes, se deberá de sustentar en la acreditación plena de la vinculación de los bienes con la comisión de un delito y en caso de que se acredite la legítima procedencia de los mismos, procederá la restauración de los bienes.

El objeto de la aplicación de esta figura jurídica es el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía generada por el producto del crimen y a los bienes relacionados con actividades ilícitas, para reducir sus ganancias, con el propósito de inhibir los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.

Si bien han sido varias las acciones implementadas por la anterior Administración y por el actual Gobierno en contra del narcotráfico, así como contra los delitos cometidos por el crimen o delincuencia organizada, los efectos inmediatos de la aplicación de la Extensión de Dominio de bienes a favor del Estado son para dotar a este último del acceso al producto material obtenido directa o indirectamente por la comisión de actos delictivos.

Como todos saben, son muchas las ganancias económicas que se obtienen por la materialización de los delitos catalogados como graves que les han generado grandes rendimientos financieros a los grupos delincuenciales y en los últimos años se han ido incrementando, por lo que las organizaciones delictivas amasan considerables fortunas, por lo que al hacer uso de la figura de la extinción de dominio, se genera la posibilidad de despojar y de decomisar, todo lo obtenido ilícitamente, con el propósito de que el Estado pueda reutilizarlo con un fin de carácter social y para que con los bienes o los productos de la venta de los mismos que pasen a favor del Estado se coadyuve a resarcir o reparar el daño a las víctimas de éstos ilícitos.

La “Extinción de Dominio”, implica la pérdida de los derechos sobre los bienes ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal y la sentencia en la que se declare, tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.

De igual forma, la extinción de dominio posibilita que el estado de apropie de bienes vinculados con los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, por lo que la acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y  procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido, por lo que el ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público.

La extinción de dominio procederá por el simple hecho de que los bienes deriven de hechos ilícitos relacionados con los delitos que ya han sido mencionados, independientemente de quién sea el propietario, por lo que los bienes susceptibles de esta acción, son aquellos que sean instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, los bienes utilizados para ocultar o mezclar bienes producto del delito, los bienes utilizados para la comisión de delitos por un tercero y los bienes que estén registrados a nombre de un tercero.

La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe.

Pese a contar con dicho mecanismo, muchas han sido las críticas y reclamos de la sociedad que considera mínimo el uso que se le ha dado a la extinción de dominio y de acuerdo a la opinión de muchos especialistas de actores políticos,  no se ha tenido el alcance que se esperaba, por lo que se estima necesario saber a ciencia cierta, cuales son las debilidades o aspectos por los que dicha figura no ha dado los resultados positivos que se han obtenido en países como Colombia, por lo que se estima que resulta necesario, solicitar al Titular de la Procuraduría General de la República que en cumplimiento a lo ordenado en el último párrafo del artículo 4 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita un informe que contenga datos sobre cuántos procesos de extinción de dominio se han iniciado, cuantos se han concluido y cuantas sentencias han sido dictadas en las que la propiedad de bienes muebles e inmuebles han pasado a favor del Estado derivado del ejercicio de esta acción, a efecto de poder medir la efectividad de dicha figura.

Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, a efecto de que instruya al Titular de la Procuraduría General de la República, Licenciado Jesús Murillo Karam, para que remita a la brevedad a esta H. Soberanía, un informe detallado sobre el número de procedimientos de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la presente fecha, en términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El citado informe deberá contener datos desglosados por año, incluyendo el número de procesos que fueron concluidos, el número de sentencias que han decretado la condena de la pérdida de los derechos sobre dichos bienes, así como el número de procesos que se encuentran actualmente tramitándose y cuantos bienes han sido aplicados a favor del Estado con su descripción, lo anterior a efecto de poder valorar la efectividad de la implementación de dicha figura jurídica.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de febrero de 2014.

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo”.






De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que en la Secretaría de Salud se incrementen las acciones necesarias que garanticen el diagnóstico oportuno, tratamiento y atención integral de los menores que padecen cáncer, con el fin de reducir sustancialmente el número de muertes por esta causa. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE INCREMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN EL DIAGNOSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO Y ATENCION INTEGRAL DE LOS MENORES QUE PADECEN CANCER, CON EL FIN DE REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL NUMERO DE MUERTES POR ESTA CAUSA.

“La suscrita, Cristina DIaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRETARIA SE INCREMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN EL DIAGNOSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO Y ATENCION INTEGRAL DE LOS MENORES QUE PADECEN CANCER, CON EL FIN DE REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL NÚMERO DE MUERTES POR ESTA CAUSA.

CONSIDERACIONES

El 15 de febrero se dedicó al Día Internacional de Cáncer Infantil, un problema de salud pública que impacta social y económicamente aproximadamente 35% de las familias sin seguridad social.

Anualmente se presentan en México 7000 nuevos casos de cáncer infantil (OMS-INEGI), siendo el 41% leucemias, el resto se divide en diversos tipos de cáncer, de todos estos 2,500 son atendidos por el IMSS, 2,000 por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y se calcula que aproximadamente 2,500 no tienen acceso a asistencia médica.

Dentro de los diferentes tipos de cáncer que afectan a los niños se encuentra la leucemia en primer lugar, seguido por los linfomas y tumores del sistema nervioso central entre otros.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que al año se detecten cerca de 160 mil nuevos casos de cáncer infantil a nivel mundial, muriendo cerca de 90 mil.

En México la leucemia es la primera en incidencia, siendo la segunda causa de mortalidad en niños menores de 15 años.

El diagnóstico tardío en la detección de la leucemia es la principal causa de muerte en los niños que la padecen.

En algunos de estos casos se relacionan como detonantes el antecedente de madres fumadoras, consumidoras de alcohol o drogas durante el embarazo.

En los países desarrollados la detección de la leucemia se presenta entre los cuatro y seis semanas de surgido, mientras que en México el diagnóstico es deficiente ya que habitualmente se realiza después de seis meses de evolución de la enfermedad cuando gran parte del organismo del menor se encuentra afectado, el diagnóstico tardío en la detección de la leucemia es la principal causa de muerte en los niños que la padecen.

La sintomatología es muy diversa como dolores sin justificación, fiebre, palidez, cansancio, falta de apetito entre otros, siendo en muchas ocasiones causa de que no se realice el diagnóstico temprano por ignorancia y retraso en su atención.

Este problema requiere enfrentarse con el esfuerzo del gobierno y de la sociedad para implementar acciones preventivas conjuntas que permitan un diagnóstico temprano con la atención integral de los menores que padecen la enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones necesarias que garanticen el diagnóstico oportuno, tratamiento y atención integral de los menores que padecen cáncer con el fin de reducir sustancialmente el número de muertes por esta causa.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 18 de febrero de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.






EFEMERIDES

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

“DIA DEL EJERCITO MEXICANO
(19 DE FEBRERO)

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Ejército mexicano es una institución armada del Estado que tiene entre otras misiones, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior, así como auxiliar a la población civil y la realización de obras sociales para prevenir o disminuir los efectos de un desastre o epidemia; como ejemplo de dichas acciones podemos señalar las campañas de vacunación, sanitarias, fitosanitarias, la reforestación de los bosques, la asistencia médica a los habitantes de poblaciones alejadas de los Centros de Salud del País.

Al acercarse el 19 de febrero, día del Ejército mexicano, hacemos una breve historia de la institución:

El Día del Ejército Mexicano se estableció el 19 de febrero de 1950, ya que ese mismo día pero de 1917, Don Venustiano Carranza promulgó un Decreto mediante el cual se ordenaba la organización de un Ejército encargado de sostener el orden Constitucional de la República.

A lo largo de su historia, México ha tenido sucesivamente tres ejércitos nacionales. El primero surgió a fines de 1821, conformado por las unidades del ejército virreinal que proclamaron el Plan de Iguala, y las tropas revolucionarias insurgentes al mando del General Don Vicente Guerrero Saldaña, quienes se adhirieron al citado Plan. A finales de 1860, este Ejército fue disuelto al triunfar el movimiento social de Reforma, por Decreto del general Jesús González Ortega, en su carácter de comandante en jefe del Ejército Liberal. El segundo Ejército nacional tuvo su origen en las unidades de tropa que se formaron durante la Revolución de Ayutla y en la Guerra de Tres Años, el cual se robusteció durante la intervención francesa y se consolidó durante el gobierno de Porfirio Díaz, llamándose Ejército Federal, el cual estuvo conformado por fuerzas militares regulares y por contingentes rurales de la Federación o "irregulares".

A lo largo de esos años, el Ejército se consolidó como una institución de estricta disciplina y espíritu de cuerpo; garante y defensor de las instituciones del Estado mexicano.

Finalmente, el tercer Ejército se originó en noviembre de 1910. Al surgir del movimiento revolucionario, se integró originalmente con gente del pueblo y para servir al pueblo, lo que lo distingue de otras instituciones armadas del mundo, consolidándose durante la revolución constitucionalista emprendida contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta.

El Ejército Constitucionalista, estaba conformado principalmente por tres columnas que se denominaron: División del Norte y Cuerpos de Ejército del Noreste y del Noroeste, al mando de los generales Francisco Villa, Pablo González y el General Álvaro Obregón, respectivamente, cuerpos que avanzaron hacia el centro de la República librando importantes batallas como las de Santa Rosa y Santa María, en Sonora; los combates de Candela y Monclova, en Coahuila, y las batallas de Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Zacatecas, Orendáin y Tampico entre muchas otras, hasta terminar con la rendición incondicional del Ejército Federal, formalizada en los tratados de Teoloyucan, por los cuales se licenció a las tropas militares, sostén del gobierno de Victoriano Huerta.

La vida del nuevo Ejército posrevolucionario, se encontraba regido por la Ordenanza General del Ejército, promulgada el 11 de diciembre de 1911 por Don Francisco I. Madero. La bandera de la legalidad, asumida por las fuerzas revolucionarias, se reconoció el 22 de marzo de 1950, cuando el presidente Miguel Alemán estableció que el día 19 de febrero sería declarado como Día del Ejército Mexicano1.

Actualmente, el Ejército Mexicano es una institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargada de salvaguardar la soberanía del Estado y la paz nacional. Este 19 de febrero se conmemoran cien años de la formación de esta institución defensora del país.

Actúa con base en preceptos como el honor, el deber y la lealtad institucional, conservando su origen popular, pero ahora integrado por personal profesional que se capacita de manera permanente para servir de la mejor manera a los intereses del país.

Cada soldado, hombre o mujer, se encuentran comprometidos con las misiones que se les encomiendan, actuando con determinación llegando incluso al sacrificio.

Como lo afirmó el presidente de la República Enrique Peña Nieto, en su calidad de Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, el desarrollo del país no se explica sin la participación de las Fuerzas Armadas. Gracias a su probada lealtad, a su espíritu de servicio y su alto sentido del deber, han logrado mantener la libertad e independencia de México.

Hoy, a ciento un años del Ejército mexicano, sabemos que sus integrantes seguirán participando en la transformación en un marco de estabilidad que requiere nuestro país, renovando su compromiso con la sociedad a la que se debe, prestos siempre para servir a la República.

ATENTAMEMENTE

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.


1 http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/fichas_historicas/revolucion/frev_Dia_Ejercito_Mexicano.php






Del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

“dIa del ejErcito mexicano
19 de febrero-

Con su permiso Senador Presidente
Compañeras y compañeros legisladores

En el Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, celebramos el "Día del Ejército Mexicano" el cual fue instituido por el entonces Presidente de México, Miguel Alemán Valdés a través del decreto publicado el 22 de marzo de 1950. 

En consecuencia, fue en 1951 que se conmemoró por primera vez de manera oficial el surgimiento del Ejército Constitucionalista que formó Don Venustiano Carranza en Coahuila, para combatir y desconocer a Victoriano Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1913.

La importancia del Ejército Constitucionalista estriba en que éste representa el origen del actual Ejército Mexicano, institución fundamental que tiene a su cargo la preservación de la seguridad interna y la soberanía nacional, funciones medulares para el Estado Mexicano.   

Desde su creación, hasta nuestros días, el Ejército Mexicano se ha conducido de manera excepcional, posicionándose como una de las instituciones con mayor honorabilidad, credibilidad y confianza entre la población.

Hoy, reconocemos y homenajeamos a las mujeres y hombres que a través del tiempo han dedicado su vida a la defensa de México, siempre conduciéndose con gran valor y solidaridad, atributos por los que la población les guarda admiración, respeto y gratitud.

En esta emblemática institución convergen lo mejor de nuestra historia y actualidad, asimismo, la disciplina y fortaleza, pero sobre todo, fraternidad, solidaridad y sensibilidad de cada uno de sus integrantes, desde los Generales de División, de Brigada, y Brigadier, hasta los Cabos y Soldados.

Hoy, reconocemos que además de sus tradicionales funciones como garante de la soberanía del Estado Mexicano y la paz nacional, también se ha preocupado por tener más cercanía con la gente en los momentos de mayor apremio, por ello desde 1969, a través del Plan DN-III, tiene a su cargo el auxilio de la población civil en casos de desastres naturales.

En este sentido, su empatía y solidaridad con la gente no se limita a movimientos armados, sino que además contempla otros escenarios como son:

• Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

• Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

• En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Como vemos se trata de una institución integral que va más allá de la milicia, por ello hablar del Ejército Mexicano no es sólo hablar de guerras y campos de batalla, por el contrario, hablar del Ejército Mexicano, es hablar de personas comprometidas, valientes, y dedicadas por la preservación de la paz y seguridad nacional.

Por estas razones, para legisladores del PRI es el factor humano el de mayor relevancia dentro de tan noble institución que en tiempos modernos se ha dedicado al auxilio de la población mexicana ante inundaciones, huracanes, incendios, terremotos o temblores. 

Estamos seguros que como ha sido siempre, cuando sean requeridos harán frente a cualquier tipo de peligro o adversidad generado por el hombre o derivado de la naturaleza. Sin importar lo complicado o inusual de la situación, los mexicanos siempre podemos confiar en tan excelsa institución. 

En las últimas décadas ha quedado de manifiesto a través con su valiosa participación en el combate del crimen organizado, consiguiendo grandes resultados como son la desarticulación de redes criminales o la captura de los principales líderes de las organizaciones delictivas.  

Asimismo, ha quedado de manifiesto en el apoyo brindado a la sociedad civil ante las catástrofes derivadas de fenómenos de la naturaleza como fueron el terremoto de 1985, o bien en 2013 con el Huracán Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel que devastaron gran parte del territorio nacional.

Por estas razones, en el marco de su centésimo primer aniversario, es oportuno reflexionar sobre lo crucial que es para las y los mexicanos, hecho que se constata en sus más de cien años de existencia.

Compañeras y compañeros legisladores

Desde la máxima tribuna, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reiteramos nuestro respeto, admiración y agradecimiento, a las mujeres y hombres que día a día materializan los ideales del Ejército Mexicano.

Hoy felicitamos a todos sus integrantes: Generales de División; de Brigada o General de Ala; y Brigadier o General de Grupo, a los Coroneles, Teniente Coronel; y

Mayor, de la misma manera a los Oficiales divididos en Capitán Primero; Capitán Segundo; Teniente; y Subteniente y por supuesto, a las Tropas que se dividen en Sargento Primero; Sargento Segundo; y Cabo; y Soldado. Para todos ellos, nuestra más alta distinción.

Finalmente en el marco de esta celebración, de manera respetuosa hacemos el atento llamado a que, como hasta ahora, continúen con firmeza y determinación en su ardua labor de defensa y auxilio de la población de México.

Por su atención muchas gracias
Es cuanto senador Presidente”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 20 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:47 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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México, Distrito Federal

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