Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 29 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 5

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Febrero de 2014

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII AL ARTICULO 3o, LA FRACCION XI AL ARTICULO 18, LA FRACCION III AL ARTICULO 21 Y LAS FRACCIONES XXXI Y XXXII AL ARTICULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen intervienen al respecto los CC. Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

- Para la discusión en lo general, intervienen al respecto los CC. Senadores Lorena Cuéllar Cisneros, David Monreal Avila y Benjamín Robles Montoya. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






















 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de la asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 13 de febrero de 2014, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cuarenta minutos del día miércoles doce de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes once de febrero de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, fracción XIX y 18, fracción XXV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Los Senadores Arely Gómez González y Javier Corral Jurado, a nombre de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Pablo Escudero Morales, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro fracciones al artículo 17 y tres fracciones al artículo 18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Con dispensa de segunda lectura, para presentarlo, intervinieron los senadores: Adriana Dávila Fernández, por la Comisión Contra la Trata de Personas; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia; y Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Lucero Saldaña Pérez del PRI; Layda Sansores San Román; Martha Palafox Gutiérrez del PT, quien presentó moción suspensiva, la cual se desechó; Mariana Gómez del Campo del PAN; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Benjamín Robles Montoya del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; David Monreal Avila del PT; y Fernando Mayans Canabal del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Mely Romero Celis entregó una propuesta de modificación al artículo 10 y la de adicionar un artículo 28 bis al proyecto de decreto, las cuales fueron aceptadas por la Asamblea y se integraron al proyecto de decreto. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 102 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de Gestión y Rescate de la Mexicanidad.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información acerca del manejo y administración que se dará al préstamo que recientemente el país ha recibido por parte del Banco Mundial.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se convoca a las organizaciones agrarias y campesinas a realizar un diálogo e intercambio de propuestas a fin de lograr un diagnóstico que permita la reforma estructural del campo mexicano.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a incentivar el fortalecimiento de programas de participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer todos los programas que ayuden a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cinco minutos y citó a la siguiente el jueves trece de febrero a las doce horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de las resoluciones.

La Mesa Directiva autorizó a la Comisión de Turismo la ampliación del plazo para la presentación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado el 28 de noviembre de 2013.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica dicha resolución.

Pasemos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite el informe de actividades relativo a la participación de la delegación del Congreso de la Unión en la 22a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, efectuada del 12 al 16 de enero de 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de resultados de la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de La Habana.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/143/14
México, D.F., 12 de febrero de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0212/14, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de resultados de la Visita Oficial del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los días 28 y 29 de enero del año en curso en la ciudad de La Habana.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

El Subsecretario
Lic. Felipe Solis Acero”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase dicha documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2013, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

BANCO DE MEXICO
GOBERNADOR

Ref.: ACC/2014C-013

Ciudad de México, Distrito Federal, 12 de febrero de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de dos mil trece, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase el informe referido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

 - La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 - La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracciónXXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para sus efectos correspondientes.

 En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Señora Presidenta, gracias. Muy buenos días, a todas y a todos.

El día de hoy, traigo una iniciativa que considero valiosa por la población a la que se refiere. El tema de los adultos mayores, de la tercera edad, es un asunto que nos debe de ocupar.

Muchos datos revelan cómo nuestra gente de 60 y 70 años y más, tienen un abandono muy importante.

Ha habido esfuerzos valiosos, no hay que negarlos. El Programa de 65 y más, de 70 y más, han sido algunos aspectos que debemos de reconocer que forman parte de una política pública que empieza a visibilizar la importancia que tienen nuestros adultos mayores; pero lo que hoy nos ocupa es un tema que va más allá de una entrega económica, que por cierto, hay que revisarla, porque se dice que muchos hombres y mujeres de la tercera edad, sufren violencia o son despojados de este subsidio que reciben, a propósito de su edad.

Como ustedes saben, México aún es un país de jóvenes; sin embargo, el bono demográfico que tiene que ver con la juventud de esta República, está en un camino ya descendente. Hay datos que revelan que en muy poco tiempo México será un país de viejos y viejas, refiriéndose al tema de la edad. Y creo que México no está preparado aún para todo lo que representa la economía del cuidado, los albergues, las casas de diario, todo lo que tiene que ver con una política bien direccionada en favor de la tercera edad.

No preparados, porque el dato que tenemos es una credencial que corre a cargo de los comerciantes o los albergues, que son muy pocos los que hay, a cargo de la Federación. Algunos intentos en los estados y municipios, pero no hay una política regularizada, homogenizada en el país, que visibilice la atención que requieren nuestros adultos mayores.

Por eso el día de hoy vengo ante ustedes a presentar un proyecto de Decreto que reforma el artículo 49 y adiciona las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 3o., la fracción XXXI del artículo 28, un artículo 28 Bis y un artículo 48 Bis, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

I a XI. …

XII. Albergues para Adultos Mayores.- Son aquellos establecimientos donde se proporcionan temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son reubicados a otra institución o a su familia.

XIII. Albergues Privados.- Son las estancias, casas hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con patrimonio de origen privado brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico o asistencial a personas de la tercera edad.

XIV. Albergues de Asistencia Social.- Se denomina así al albergue, estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con patrimonio de origen público brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico, asistencial, entre otros, a personas de la tercera edad.

XV. Casa Hogar para Adultos Mayores.- Es el establecimiento de asistencia social donde se proporciona a adultos mayores atención integral mediante servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas.

XVI. Centro de Día.- Es el establecimiento público, social o privado que proporcione alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la salud.

XVII. Instituciones de Atención al Adulto Mayor.- Instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores.

XVIII. Registro Nacional de las Instituciones de Atención al Adulto Mayor.- Es el registro total de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores en el país.

Artículo 28. …

XXXI. Hacer del conocimiento público a través de los medios electrónicos del instituto, el registro de especialistas de geriatría con el que se cuenta, mismo que será proporcionado por las autoridades sanitarias que correspondan.

Es una serie de modificaciones, señora Presidenta, que he presentado en la iniciativa a la que hago alusión y que pido sea integrada tal y como ha sido registrada. Creo que bien vale la pena poner atención a una edad que en muy poco tiempo estaremos llegando las y los Senadores que pertenecemos a esta legislatura.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gastélum Bajo, con gusto registramos su petición.

Sonido en el escaño de la Senadora Ivonne Alvarez, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Solicitarle a nuestra amiga, la Senadora Diva Hadamira, si es posible sumarme a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Las Senadoras y Senadores que tienen levantada la mano, ¿es con el mismo objeto? Le ruego a la Secretaría registre las adhesiones a esta importante iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

A nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República y de todas mis compañeras y compañeros, saludamos a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, Sur. ¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto!

(Aplausos)

Asimismo, a nombre de la Mesa Directiva y de todas las Senadoras y Senadores, queremos dar la bienvenida en el Pleno, a nombre del Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina, a los alumnos colegiados pertenecientes a la promoción 35 de la Maestría en Seguridad Nacional, que imparte el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. ¡Sean ustedes muy bienvenidos a este recinto!





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES

(Presentada por el C. Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Creo que si buscamos hacer las mismas acciones, vamos a encontrar los mismos resultados. Y en el tema de reinserción al tejido social de quienes caen en adicciones, creo que el castigo no ha sido la solución.

Vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, no como una invención, sino como algo que ya ha funcionado y que es un plan piloto que inició en el Poder Judicial de Nuevo León, y en el que me tocó ser parte activa de este proyecto como consejero de la judicatura de este Poder Judicial Estatal.

¿De qué trata este proyecto?

Trata de que en aquellos casos en que haya delitos no graves, cuya pena sea menor a ocho años de prisión, en la que el reo o la parte acusada sea su primera ocasión que comete un delito, se le permite el beneficio de la suspensión del proceso y en lugar de insertarlo en un centro de readaptación, un dinero inferior al que costaría el tenerlo en este centro penitenciario, se utiliza para readaptarlo, se le pone a jurisdicción del tribunal de adicciones, quien supervisa, vigila y desarrolla esta supervisión, a efecto de dar una graduación de quien entra en este programa.

Creo que es un planteamiento muy positivo para nuestro sistema social, para nuestro tejido social. Considero que si damos las mismas acciones, llegaremos a los mismos resultados, como lo dije en un principio.

Por eso solicito, para obviar tiempo, que se inserte esta iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Y ojalá y pueda contar en comisiones con su apoyo.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, RAUL GRACIA GUZMAN, Senador de la República en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY FEDERAL DE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Uno de los grandes problemas del sistema de justicia penal consiste en que éste gira en torno a la prisión como cultura de castigo, no obstante las prevenciones constitucionales resultantes de la reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, que priman la reinserción social. El Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, privilegian el castigo y la exclusión del llamado “delincuente”, como solución al conflicto penal. El primero, al contemplar, en casi todos los casos, a la pena de prisión como la respuesta estatal frente al delito. El segundo, en tanto, al no contemplar mecanismos que permitan que, bajo condiciones específicas de vigilancia, aquellos que son imputados, por vez primera, puedan acceder a alternativas al enjuiciamiento penal.

Este modelo de justicia penal –cuya base fundamental es el castigo-, a pesar de su popularidad, al brindar a la sociedad la aparente y falsa idea de que el delincuente se inhibirá de seguir cometiendo actos ilícitos si sabe que la consecuencia, a su comportamiento, será la reducción de su libertad, ha mostrado a lo largo del tiempo su absoluta ineficacia. En efecto, el castigo que se cimenta en la exclusión social y en el confinamiento de la persona, no resulta un disuasivo para aquellos que trasgreden las normas prohibitivas establecidas en los Códigos Penales. Por el contrario, el incremento de la criminalidad y la ola de violencia que se vive actualmente, revela que la política criminal – cuyo eje central es el castigo- no resulta en todos los casos la herramienta más apropiada para la contención de actividades ilícitas.

La sociedad requiere, pues de explorar nuevas formas de contener la actividad delictiva, entendiendo que ésta tiene su origen en factores multicausales y que, por lógica, el castigo, como única respuesta, nunca podrá ser la solución de muchas conductas que lastiman a la colectividad y que, con ocasión de ello, causan deterioro en la calidad de vida de quienes sufren las consecuencias de tales actos.

II. ADICCIONES Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Existe debate sobre la correspondencia que hay entre el sistema de justicia (comisión de delitos) y las adicciones al consumo de drogas. No se ha logrado un consenso sobre el particular, es decir, si esta relación es meramente accidental o revela un patrón definido. En cambio, sí se sabe que una cantidad importante de personas procesadas, se encontraban en estado de intoxicación por alguna droga, lícita o no, al momento de su detención. No está sujeto a controversia el considerar a las adicciones como una enfermedad crónica controlable, múltiples estudios dan cuenta de las modificaciones que se suscitan en el sistema nervioso de la persona adicta y como la abstención logra, en los más de los casos, revertir el daño orgánico y permitir al adicto hacerse cargo de su enfermedad.

Por otro lado, Información del Sistema Nacional Seguridad Pública para 2010 y la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del ICESI 2010, revelan que 60% de los delitos son cometidos por consumidores de drogas. A la par, la sobrepoblación penitenciaria al mes de abril de 2012, ascendía a 48,820 internos; de los cuales el 94.8% consumen drogas. Además de ello, otro dato interesante para los efectos de esta iniciativa, da cuenta que, la población penitenciaria del Fuero Federal, ascendía al precitado mes de abril a 49,077 personas; de las cuales menos de la mitad ha sido sentenciada.

III. ESTRATEGIA HEMISFERICA SOBRE DROGAS

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, en mayo de 2010, emitió declaratoria sobre la importancia de generar acciones concretas que incentiven no sólo el combate a la oferta de drogas, sino también a la reducción de su demanda. En este sentido, se señaló que resultaba necesario explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, ello como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad. Este compromiso internacional, asumido por México como parte de la Organización de Estados Americanos, exige realizar adecuaciones legislativas concretas que favorezcan al cumplimiento de lo acordado, pues se trata de una declaración de un organismo multilateral sobre derechos humanos del que la Nación Mexicana forma parte. No se trata de criminalizar nuevamente el consumo personal de drogas, mucho se ha avanzado ya en ese sentido. Lo que la Declaración de la Asamblea General explicita es que los países miembros deben reconocer como derecho humano el que muchas personas infractoras de la ley penal, son adictas al consumo de drogas y que esta condición exacerba sus posibilidades de delinquir y, por tanto, debe apoyárseles en la búsqueda de superar su condición crónica. Al tratarse de un derecho humano es neurálgico pues, que las políticas públicas que se generen al respecto, tengan como epicentro a la Constitución General del País, que como rectora del orden jurídico mexicano, obligue al Estado a ofrecer servicios de rehabilitación y reinserción social a personas en conflicto con la ley penal, que padezcan una adicción a drogas.

En años recientes, Nuevo León ha explorado el modelo norteamericano de Cortes de Drogas1, ofreciendo a personas imputadas de la comisión de delitos no graves, por vez primera, y cuya pena no excede de ocho años, la posibilidad de someterse a un tratamiento de rehabilitación supervisado directamente por la autoridad judicial, que controle los derechos del imputado y vigile que el tratamiento de rehabilitación al que tiene derecho, se haga efectivo. Este esfuerzo emanado del Poder Judicial y al que han concurrido los servicios de Salud Federal y Estatal ha sido reconocido incluso como una de las mejores prácticas en materia de administración de justicia por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia2. Y es que los imputados reciben la oportunidad de un tratamiento de rehabilitación y reinserción social en la comunidad, es decir, en libertad, el cual se ha mostrado tiene mayores posibilidades de triunfo, se constituye así en una alternativa al tratamiento carcelario, que como ya se ha dicho, dista de propiciar un contexto rehabilitador. Si el beneficio de mover al infractor hacia el proceso de reinserción no pareciera suficiente, los programas que funcionan bajo el enfoque de Corte de Drogas, ofrecen un aliciente en cuanto al costo fiscal que conlleva la prisión. “En el ámbito internacional se ha calculado que el costo anual de un programa TTD por persona oscila entre 1.800 y 4.400 dólares. Un año de cárcel por persona tiene un costo de 20.000 a 30.000 dólares al año.”3 La predicha experiencia debe ser vista por la Federación y replicada, no sólo porque constituye una forma eficiente de administrar justicia, sino también porque se sitúa en el corazón del sistema judicial, a la persona y su conflicto con la ley penal, como la razón de ser de la justicia penal, esto es, la reinserción, a través de programas como éstos, pasa de ser una mera declaración sin efectividad, a letra viva. El modelo es digno de ser copiado, pues además, detrás de él, converge la experiencia exitosa de más de quince países de diversos continentes, por ende se propone la siguiente:

INICIATIVA

IV. LEY FEDERAL DE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES.

Se propone la expedición de la Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta ley es de orden público, reglamentaria del sexto párrafo, parte final del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene como objetivo regular en el ámbito federal, las condiciones en que, como alternativa a la persecución penal o a la privación de la libertad, se brinde a infractores del Código Penal Federal y de las Leyes Penales Federales Especiales, dependientes de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

Artículo 2. El Poder Judicial de la Federación determinará el número de Juzgados de Distrito especializados en Materia Penal o de carácter Mixto, según corresponda, que además de sus funciones ordinarias, vigilen que personas imputadas, por primera vez, por la comisión DE delitos del orden federal, adictos al consumo de drogas y cuya pena no exceda de ocho años de prisión, reciban un tratamiento de rehabilitación adecuado que propicie su reinserción social, como alternativa al enjuiciamiento penal y a la privación de la libertad, sujetándose a las reglas del debido proceso.

Artículo 3. El Programa Federal del Tribunal de Tratamiento para las Adicciones operará atendiendo a los siguientes principios:

I. Se considerará que las adicciones al consumo de drogas constituyen una enfermedad crónica, progresiva y recurrente.

II. Constituye un derecho humano y es obligación del Estado Mexicano, ofrecer a imputados los servicios de tratamiento contra las adicciones al consumo de drogas, como alternativa a la persecución penal.

III. El tratamiento de rehabilitación en los casos de infractores a la ley penal federal, debe respetar los derechos humanos, entre ellos, el del debido proceso.

IV. Como alternativa al enjuiciamiento penal, la participación de la persona adicta será en todo momento voluntaria, los Jueces se aseguran que estos entienden su derecho a optar por la realización de un juicio público y a ser tratados como inocentes hasta que el Ministerio Público acredite su culpabilidad.

V. El participante podrá abandonar, en cualquier momento, el Programa de Tratamiento de Adicciones y optar por la continuidad del juicio.

VI. Los Jueces supervisores del tratamiento podrán, a petición del Ministerio Público de la Federación, o de los proveedores del Tratamiento, dejar sin efectos la participación del imputado y ordenar la continuidad del procedimiento penal, en los casos en que el comportamiento de éste comprometa gravemente su propia evolución, o la de otros participantes, o cuando, sin concluir su tratamiento, se dicte en su contra auto de procesamiento por la comisión de un nuevo delito.

Los Jueces emitirán sus decisiones tomando en consideración las opiniones de los servicios de salud y vigilancia.

VII. La supervisión del tratamiento de adicciones, será considerado como forma alternativa de justicia, no tendrá carácter adversarial, el Ministerio Público de la Federación y la Defensa, deberán asegurarse que el tratamiento respete los derechos de las víctimas y de los imputados.

VIII. Los hechos materia del ejercicio que motivaron el inicio de la persecución penal, sólo serán invocados en la medida en que se favorezca la rehabilitación del participante.

IX. Los Jueces no podrán delegar en subalternos la obligación de supervisar el tratamiento de rehabilitación de los participantes.

Artículo 4. Para efectos de esta ley, los conceptos que a continuación se enuncian, tendrán el siguiente significado:

I. Adicción. Conjunto de fenómenos del comportamiento cognoscitivo y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva.

II. Candidato. Persona imputada de la probable comisión de uno o más delitos que solicita su evaluación para determinar si cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley para suspender la continuidad de la acción penal ysometerse a un tratamiento de rehabilitación de adicciones.

III. Centro de Tratamiento. Institución pública o privada con reconocimiento oficial, que brinde al participante los servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento integral de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y en los términos de la NOM-028-SSA2-1999.

IV. Desintoxicación. Etapa del tratamiento mediante la intervención médica ambulatoria o residencial, encaminada a la disminución y eventual eliminación de los síntomas secundarios provocados por el consumo de sustancias psicoactivas.

V. Incentivo. Estímulo que el Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, ofrece a un participante como respuesta al avance y cumplimiento de las diferentes etapas de su plan de tratamiento.

VI. Justicia Terapéutica. Enfoque interdisciplinario de las ciencias jurídicas que evalúa las consecuencias terapéuticas y contra-terapéuticas de la aplicación de la ley y promueve impulsar los efectos de las primeras y disminuir las segundas, a través de la utilización de las ciencias del comportamiento de manera que puedan propiciar el mejoramiento psicológico y bienestar emocional de los individuos propiciando la resolución de sus conflictos con el sistema de justicia.

VII. Participante. Persona diagnosticada con un trastorno por consumo de alcohol y/o drogas, que reúne las condiciones legales y biopsicosociales para ser admitida en el Programa de Tribunales para el Tratamiento de Adicciones.

VIII. Plan de Tratamiento. Estrategias diseñadas por el Centro de Tratamiento, de acuerdo con los diagnósticos y necesidades particulares de cada participante, para un periodo determinado, con el propósito de que se rehabilite y se logre su integración comunitaria.

IX. Rehabilitación. Proceso por el cual una persona recupera las habilidades mentales perdidas como secuelas de un trastorno por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas consideradas en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en su versión 10 (CIE-10).

X. Sanción. Medio coactivo impuesto por el Juezen respuesta al incumplimiento del participante en las diferentes etapas del tratamiento.

XI. Drogas. Sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que alteran funciones psicológicas y son susceptibles de causar a adicción. Comprenden todas aquellas señaladas en la Ley General de Salud.

XII. Tratamiento Ambulatorio. Consiste en la realización de visitas regulares de la persona y su familia al Centro de Tratamiento para recibir psicoterapia individual, grupal, familiar o de pareja, entre otros.

XIII. Tratamiento Residencial. Conjunto de actividades y acciones médicas, psicológicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas, durante las cuales el participante permanece voluntariamente las veinticuatro horas del día en el Centro de Tratamiento autorizado por el Tribunal.

XIV. Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. Programa inserto dentro de un órgano judicial a quien el Consejo de la Judicatura Federal ha designado para que conozca de asuntos relativos al Perdón Condicionado y a la “Suspensión del Procedimiento a Prueba del Procesado” en los que se haya detectado un posible abuso o dependencia al alcohol o drogas por parte del imputado.

Artículo 5. Las estrategias del plan de tratamiento sobre desintoxicación y rehabilitación de los participantes, se basarán en una política de salud pública. Las recaídas y el progreso intermitente durante el tratamiento serán considerados parte del proceso de rehabilitación, por lo que un sistema de incentivos y sanciones que tome en consideración la naturaleza de la enfermedad será parte integral de la estrategia de intervención en el Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, antes de excluir al participante del programa de rehabilitación, mismo que contempla servicios de apoyo como: evaluaciones sobre necesidades académicas, laborales, socioeconómicas, recursos de apoyo familiar, comunitario y los que se consideren que sean necesarios, con el objetivo de reinsertar al participante a la vida en sociedad. Acorde con esta política, se monitoreara constante y en forma aleatoria la abstinencia de alcohol y/o drogas, mediante la aplicación de pruebas toxicológicas que sean aprobadas por las Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, por la Secretaría de Salud o sus órganos desconcentrados.

Artículo 6. Lo no previsto en esta ley, se resolverá atendiendo a los principios generales de justicia alternativa, por lo que ni la información que se recabe durante el período de tratamiento, ni los registros en que consten las audiencias de vigilancia podrán ser utilizadas en un procedimiento legal, incluyendo la causa penal suspendida.

TITULO SEGUNDO

Capítulo Primero

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Artículo 7. Serán elegibles para participar en el Programa Federal de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, personas imputadas por la comisión de un delito del orden federal, adictos al consumo de drogas y cuya pena no exceda de ocho años de prisión.

Artículo 8. Hasta dentro de los quince días siguientes al que se inicie formal proceso contra el imputado, éste o su defensor podrán solicitar que se realice una audiencia especial, para solicitar que el primero pueda obtener la suspensión condicional del proceso penal y así someterse a un tratamiento de rehabilitación contra adicciones, siempre que reúna los requisitos a que hace referencia el artículo anterior. El Juez convocará a audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y a ella deberá comparecer el Ministerio Público de la Federación, y expresará lo que a ese interés corresponda.

Artículo 9. El Juez ordenará que el candidato sea evaluado por el equipo de tratamiento, a fin de que emita un diagnóstico que determine si se trata de una persona adicta al consumo de drogas y si el delito imputado guarda relación causal con su condición adictiva.

Artículo 10. El Centro de Tratamiento emitirá una evaluación dentro de las siguientes setenta y dos horas e informará de lo anterior al Juez, para que éste convoque dentro de las siguientes veinticuatro horas a una audiencia pública, a la que serán citados el candidato, su defensor, el Ministerio Público y la parte ofendida, en la que el Centro de Tratamiento informará los resultados de la evaluación. En dicha audiencia el Juez, deberá hacerle saber al imputado en lenguaje claro y sencillo, que tiene derecho a ser oído en juicio y a que se le reciban las pruebas que tenga que ofrecer, si éste manifiesta su interés y compromiso en participar en el programa y cumplir con cada una de las reglas que se le impongan, el Juez concederá la libertad y ordenará que el imputado se someta al programa de rehabilitación recomendado por el Centro de Tratamiento, siempre y cuando:

I. No exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido y que haya cubierto la reparación del daño.

II. Que el delito por el que se le haya iniciado proceso, no exceda en su pena máxima de prisión de ocho años, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas del delito.

III. Que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por sentencia ejecutoria, por delito doloso, o que se encuentre sujeto a un proceso penal por delito doloso.

IV. Que no se le haya concedido previamente el mismo beneficio en el proceso o en otro diverso.

V. Que de las circunstancias del hecho y las personales del imputado no existan datos que permitan racionalmente presumir que, de concederse la suspensión, se presentarían riesgos graves a los bienes jurídicos de las personas, y;

VI. Que se comprometa a cumplir con las medidas y condiciones que el Juez le fije.

La incomparecencia de la parte ofendida a la audiencia no impedirá que el Juez resuelva sobre la solicitud planteada.

En todo caso, el Juez prevendrá a la víctima u ofendido, que su ausencia implica que no tiene oposición a la concesión del beneficio solicitado por el imputado.

Artículo 11. En la audiencia en la que se resuelva la solicitud de ingreso al Programa de Tratamiento de Adicciones, el imputado deberá plantear, en su caso, un plan de reparación del daño causado por el delito y contendrá el monto y la forma en que habrá de pagarse. El plan podrá consistir en una indemnización equivalente a la reparación del daño que pueda llegar a imponerse o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir a plazos.

Capítulo Segundo

CONDICIONES QUE PODRAN IMPONERSE AL PARTICIPANTE

Artículo 12. El Juez fijará el plazo durante el cual el participante permanecerá sujeto al programa de rehabilitación, que no podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años, e impondrá al imputado, bajo criterios de razonabilidad, una o varias de las condiciones siguientes:

I. Tener un modo honesto de vivir.

II. Residir en un lugar determinado e informar los cambios de domicilio que tenga.

III. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas.

IV. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, y el empleo de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos, sustancias inhalables, alucinógenas o tóxicos que produzcan adicción o hábito, salvo por tratamiento o prescripción médica.

V. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones.

VI. Concluir la educación básica, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Tribunal.

VII. Someterse a tratamiento integral para la rehabilitación de su proceso adictivo en la institución pública o privada que se encuentre autorizada a brindar estos tratamientos de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, pero en caso de tratarse de una Institución Privada, ésta deberá presentar en el mismo acto, su compromiso de someterse a las reglas de funcionamiento del Programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, en los términos que se dispongan en esta ley y en los reglamentos que se expidan para su ejecución.

VIII. Permanecer en un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia.

IX. Proporcionar con la periodicidad que determine el reglamento respectivo, las muestras que se le requieran que permitan determinan que no ha consumido sustancias que causen adicción.

X. Someterse a la vigilancia que determine el Juez.

XI. No poseer o portar armas.

XII. No conducir vehículos.

XIII. Abstenerse de salir del país, y;

XIV. Comparecer ante el Tribunal los días y horas y con la periodicidad que éste le señale para supervisar el cumplimiento de las obligaciones que se le impusieron.

En los asuntos suspendidos en virtud de las disposiciones correspondientes a este capítulo, el Agente del Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los medios de prueba conocidos y las que soliciten las partes.

Capítulo Tercero

DEL TRATAMIENTO

Artículo 13.El tratamiento iniciará una vez que el participante haya sido admitido, a efecto de atender su problema de adicción, así como los trastornos relacionados al mismo. El Plan de Tratamiento se elaborará a partir del diagnóstico confirmatorio, de acuerdo con  las necesidades, características del candidato, así como su grado de adicción y podrá ser bajo la modalidad residencial o ambulatoria.

El tratamiento será integral y considerará los siguientes ámbitos de vigilancia:

I. Policíaca: Que implicará la supervisión de las actividades del participante en tanto se encuentre en libertad.

II. Judicial: Consistirá en la supervisión personal, directa y periódica de la evolución del participante, por parte del Juez a quien corresponda la vigilancia en los términos de los Acuerdos Generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal.

III. Clínica: Consistente en seguimiento puntual del plan de rehabilitación presentado.

IV. De Reinserción Social: Consistente en la obligación del participante de cumplir, dentro de los plazos que se determinen por el Juez, las acciones que propicien su reintegración social en términos de lo señalado en el artículo 11 de esta ley.

Artículo 14. La vigilancia policiaca correrá a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tendrá como objetivo lograr una efectiva vigilancia de los participantes del programa, mediante la supervisión de sus actividades en libertad, con el fin de reducir la posibilidad de reincidencia, o bien, el quebranto, durante su participación en el tratamiento de rehabilitación, de los compromisos asumidos al ingresar al programa.

La vigilancia policíaca tendrá como modalidades la revisión domiciliaría del participante, incluirá la revisión del domicilio en el que vivirá durante el tratamiento, el oficial de vigilancia asignado, podrá requerirle que le permita revisar cualquier zona de la vivienda si razonablemente sospecha que pueda estar en posesión de sustancias que se le prohibió tener al momento de ingresar al programa. La revisión comprende el entorno inmediato al domicilio del participante.

También la vigilancia policiaca podrá incluir visitas supervisadas al centro de trabajo del participante, con el objetivo vigilar el comportamiento de éste su ambiente laboral.

La negativa del participante a someterse a las actividades de vigilancia, podrá ser considerada una falta por el Juez, quien atendiendo a su gravedad, podrá decretar la exclusión del participante del Programa de Tratamiento y ordenará la continuación del proceso.

Artículo 15. Las audiencias judiciales de vigilancia serán públicas y su registro se conservará por cualquier medio que garantice su autenticidad, integridad, fiel reproducción y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales, sin embargo, se procurará que los mismos sean electrónicos. A la audiencia concurrirán los participantes que conforme al calendario que les sea asignado estar presentes, sus defensores y el Ministerio Público de la Federación, así como los oficiales responsables de la vigilancia policiaca y del Centro de Tratamiento responsable. Las audiencias se realizarán atendiendo a criterios de optimización del tiempo, flexibilidad y que permitan que los participantes convocados a audiencia perciban los estímulos y sanciones que se impongan a otros de acuerdo a su evolución en el tratamiento.

Artículo 16. La audiencia implicará el contacto personal del Juez con los participantes, quien considerando los principios de justicia terapéutica, podrá cuestionar directamente a cada participante acerca de su evolución con relación al tratamiento de rehabilitación, le dará las indicaciones que resulten necesarias para su continuidad dentro del programa, estimulará su aprovechamiento reconociendo su esfuerzo.  Si el Juez considera que se ha producido infracción a las condiciones impuestas al participante, que no ameritan la revocación del beneficio concedido, podrá imponerle, a petición del Ministerio Público, y con audiencia del participante y su defensor, una o varias de las sanciones que esta ley disponga para ese efecto.

Artículo 17. Las audiencias de vigilancia judicial se realizarán con la periodicidad que corresponda de acuerdo a los lineamientos generales para el Tratamiento de Rehabilitación, sin embargo, durante la primera etapa, deberán realizarse en forma semanal.

Artículo 18. El Programa de Tratamiento de Rehabilitación será ofrecido por los Centros de Tratamiento públicos o privados autorizados por la Federación o las Autoridades Estatales, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas y las legislaciones locales; tendrán el carácter de auxiliares de la administración de justicia, por lo que estarán obligados a presentar un servicio respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad del participante.

Los centros de tratamiento residencial, deberán además cumplir con los requisitos que expidan las reglamentaciones de protección civil para el caso de instituciones residenciales.

La información obtenida por los Centros de Tratamiento, aún de carácter estadística, sólo podrá ser compartida entre las instituciones participantes, y no podrá ser difundida sin autorización judicial. Para el efecto serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en su caso, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares.

Artículo 19. El Centro de Tratamiento estará obligado a:

I. Presentar ante el Juez en audiencia pública y con la periodicidad que se requiera por éste, los informes de evolución de cada participante durante el desarrollo del plan de tratamiento, los informes se rendirán oralmente.

II. Informar con veinticuatro horas de anticipación y a través de cualquier medio, la persona que representará al Centro, en la audiencia de vigilancia; y

III. Hacer del conocimiento del Juez cuando, de acuerdo con criterios clínicos, o por apartamiento del participante de las recomendaciones que se le hayan hecho, no sea posible ofrecer el tratamiento apropiado, informándole los motivos y haciendo las recomendaciones pertinentes del caso. 

Artículo 20. El tratamiento clínico de rehabilitación se sustentará en modelos y técnicas de intervención de reconocimiento nacional e internacional y científicamente probados, y tendrá como objetivo primordial ayudar al participante a llegar a un estado de abstinencia y de bienestar físico y psicológico, mediante un abordaje sistemático de sus necesidades, clasificando sus problemas en categorías, tales como, conductuales, cognitivos, emocionales e interpersonales.

El programa de tratamiento clínico consistirá en una o varias de las modalidades que a continuación se señalan:

I. Evaluación diagnóstica integral por parte del equipo del Centro de Tratamiento (psiquiatría, psicología, trabajo social).

II. Tratamiento psico-farmacológico, en caso de ser necesario para el manejo de la intoxicación, abstinencia o trastornos psiquiátricos concomitantes, de acuerdo al criterio del médico tratante.

III. Psicoterapia individual con un número de frecuencias acorde a cada fase del programa, teniendo como objetivo primordial la concientización del participante sobre la problemática de abuso o dependencia al alcohol o drogas que presenta, mediante el apoyo de diversas técnicas psicoterapéuticas, impulsar y mantener la motivación del participante en la fase de abstinencia o mantenimiento libre del consumo de alcohol o drogas, promover el desarrollo de habilidades personales que prevengan o minimicen posibles recaídas en conductas de consumo, que puedan llevarlo a la realización de probables conductas delictivas.

IV. Psicoterapia de grupo, con una frecuencia acorde a cada fase del programa.

V. Psicoterapia familiar con frecuencia acorde a cada fase del programa.

VI. Las sesiones de grupo de familias.

VII. Realización de exámenes de laboratorio para detectar consumo de sustancias tóxicas cuando el equipo del Centro de Tratamiento lo considere clínicamente necesario.

Como parte de actividades de tratamiento, el participante acudirá a sesiones de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, proporcionadas por dichas Asociaciones Civiles, y tendrá la obligación de reportar su asistencia al Centro de Tratamiento.

Artículo 21. El tratamiento de rehabilitación tendrá un enfoque dirigido a lograr la reinserción social del participante con el objetivo de que al terminar el mismo, éste se encuentre en condiciones de reintegrarse a la vida productiva, será responsabilidad del oficial de vigilancia, del Juez, y los Centros de Tratamiento, verificar que dentro de los plazos convenidos, el participante concluya su educación básica presentando las certificaciones que emita la autoridad correspondiente.

Cuando el participante no cuente con un trabajo estable, se le impondrá la obligación de capacitarse en el oficio de su preferencia, la Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo promoverá que empresas ofrezcan trabajo a participantes de los programas de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, en términos que les permitan trabajar sin descuidar el tratamiento terapéutico.

Al concluir el tratamiento de rehabilitación, el participante deberá contar con la documentación oficial que avale el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano mexicano o como inmigrante legal dentro del país.

Capítulo Cuarto

DEL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO

Artículo 22. El Tribunal de Tratamiento para las Adicciones estará integrado por Jueces de Distrito que determine el Consejo de la Judicatura Federal, un administrador general de los Tribunales, y el personal técnico administrativo que requiera para la celebración de audiencias orales y la conservación de los registros generados en las mismas.

Artículo 23. Corresponde a los Jueces de Distrito asignados al Programa de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones:

I. Resolver las solicitudes de admisión al programa y emitir aquellas decisiones relacionadas con las diversas etapas del tratamiento, que requieran la intervención judicial.

II. Solicitar al Centro de Tratamiento la elaboración del diagnóstico confirmatorio.

III. Presidir las audiencias de introducción al procedimiento, seguimiento y de egreso.

IV. Resolver las solicitudes de modificación y terminación del Programa de Tratamiento.

V. Solicitar al Centro de Tratamiento los informes de evolución y estadísticos que se requieran.

VI. Evaluar y resolver las solicitudes de expulsión o cancelación voluntaria del participante del procedimiento y remitir el asunto al Juez penal.

VII. Convocar a los operadores a reuniones de trabajo para la discusión, seguimiento y evaluación de cada caso.

VIII. Fungir como facilitadores generales del plan de tratamiento para resolver los problemas que impidan su progreso.

IX. Establecer una comunicación directa con los participantes y los operadores.

X. Otorgar los estímulos e imponer las sanciones correspondientes en términos de esta ley y su reglamento.

XI. Las demás que esta ley y su reglamento señale y que se requieran para la pronta y expedita impartición de justicia terapéutica.

El Consejo de la Judicatura Federal podrá designar Jueces especializados en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones impuestas a los participantes del Programa de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones; estos Jueces o tribunales, tendrán la competencia y facultades que el mismo Consejo determine y podrán devolver el proceso al Juez de Distrito que conoció del proceso, una vez que hayan revocado la misma.

Artículo 24. Corresponde al Administrador General:

I. Planear, organizar y dirigir el funcionamiento administrativo y operativo del programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, de acuerdo con las políticas que establezca el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

II. Brindar los servicios administrativos que se requieran para la celebración de las audiencias de vigilancia, estableciendo el calendario de actividades.

III. Las demás que determine el reglamento de la presente ley.

En cada circuito en donde existan Tribunales para el Tratamiento de Adicciones, dependientes del Poder Judicial de la Federación, se asignará al personal indispensable para auxiliar al Administrador General en su funcionamiento.

Artículo 25. Al agente del Ministerio Público de la Federación, le corresponde:

I. Verificar que el candidato cumpla con los requisitos de elegibilidad.

II. Revisar los informes de evaluación de cada participante.

III. Expresar su aprobación u oposición a la admisión del candidato en el procedimiento.

IV. Informar a la víctima respecto los efectos que tendrá su aprobación u oposición al ingreso definitivo del candidato al programa, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.

V. Verificar que se haya cubierto el pago de la reparación del daño, o bien, que el plan de pagos se ajusta a criterios de razonabilidad.

VI. Mantener comunicación constante con el responsable del Centro de Tratamiento para conocer los ajustes y progresos de los participantes.

VII. Participar en las reuniones de trabajo que convoque el Juez a cargo del Tribunal y exponer sus puntos de vista en relación con los temas que se expongan.

VIII. Solicitar la imposición de sanciones y en su caso, la expulsión del participante en los casos en que esta Ley lo determine y;

IX. Las demás que señale esta ley y su reglamento.

Artículo 26. Los Defensores deberán:

I. Llevar a cabo la defensa técnica del candidato y del participante.

II. Informar al candidato sobre los derechos, obligaciones y beneficios de ingresar al Programa de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, como alternativa a la persecución penal.

III. Revisar los informes de evolución.

IV. Asistir a las audiencias.

V. Asistir a las reuniones convocadas por el Administrador, y

VI. Propiciar en su representado el aprovechamiento y buen uso de los recursos del programa.

Artículo 27. Corresponde a los Centros de Tratamiento las siguientes funciones:

I. Elaborar el diagnóstico que determine si un candidato está en condiciones de ser admitido en el programa.

II. Efectuar las pruebas de toxicología respectivas.

III. Elaborar el Plan de Tratamiento y remitirlo al Juez Especializado para la admisión del candidato.

IV. Asistir a reuniones de trabajo con los distintos operadores del procedimiento.

V. Operar el Plan de Tratamiento Clínico,

VI. Acudir a las audiencias de vigilancia que correspondan al participante a quien brinden sus servicios.

VII. Registrar y actualizar el expediente de cada participante con todas y cada una de las intervenciones efectuadas.

VIII. Dirigir al participante en su proceso de rehabilitación e integrar recursos familiares que sirvan de apoyo al mismo.

IX. Proporcionar al Administrador General los datos estadísticos, así como cualquier otra información que le requiera en relación con el procedimiento y;

X. Establecer programas de comportamiento ético que garanticen la confiabilidad y eficiencia de sus opiniones y efectividad del tratamiento clínico.

Artículo 28. El incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los Centros de Tratamiento Clínico, será informado a su Organo Interno de Control, para que determine la responsabilidad en que se haya incurrido, tratándose de proveedores particulares, el Juez impondrá las medidas disciplinarias que prevé el Código Federal de Procedimientos Penales, o remitirá al participante a un centro de tratamiento público, si éste no proporciona dentro de los siguientes tres días a que sea requerido, quien será su proveedor de tratamiento.

Artículo 29. El Administrador General llevará un censo actualizado de los centros de tratamiento privado que hayan incurrido en reiteradas faltas a las reglas del programa, a fin de que los Jueces estén en condiciones de determinar si son aptos para ofrecer el tratamiento clínico. La negativa del candidato o participante a acudir al centro de tratamiento que el Juez designe en caso de sustitución, será considerara como rechazo a las reglas del programa y facultará al Ministerio Público de la Federación, a solicitar su expulsión.

Capítulo Quinto

DEL COMITE DE SUPERVISION DEL PROGRAMA

Artículo 30. Existirá un Comité que supervisará el funcionamiento del Programa Federal Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, que será presidido por el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal, en él participarán además los titulares de:

I. La Procuraduría General de la República.

II La Secretaría de Seguridad Pública Federal.

III. La Defensoría Pública.

IV. La Secretaría de Salud.

V. El Instituto Nacional de Psiquiatría.

VI. La Comisión Nacional contra las Adicciones.

VII. La Secretaría del Trabajo.

VIII. La Secretaría de Hacienda.

IX. Organizaciones de la Sociedad Civil, que tengan interacción con el Programa Federal para el Tratamiento de Adicciones, cuyo número no podrá ser superior a tres.

Artículo 31. El Comité a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes facultades:

I. Supervisar el diseño, la ejecución y evaluación del Programa Federal de Tribunal de Tratamiento de Adicciones.

II. Difundir entre la sociedad civil, los beneficios de implementar programas alternativos al encarcelamiento de infractores de la ley penal adictos al consumo de drogas.

III. Establecer los reglamentos, lineamientos y políticas públicas relacionadas con el programa.

IV. Promover la oferta de empleo para participantes de los programas para el Tratamiento de Adicciones.

Artículo 32. El Comité se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y contará con una Secretaría Técnica, que estará a cargo del Comisionado Nacional contra las Adicciones, misma que será responsable de coordinar las acciones para el cumplimiento de los objetivos señalados en esta ley y los reglamentos que se expidan con motivo de ella.

Los Titulares de las Dependencias podrán nombrar a un suplente, pero éste deberá tener la categoría inmediata inferior, quien no podrá delegar su participación en las sesiones ordinarias.  

Artículo 33. El Comité de Supervisión del Programa Federal de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, podrá formar subcomités de trabajo, los titulares podrán designar representantes que acudan a éstos, procurando que se trate de personas con conocimientos sobre tratamiento de adicciones y en su caso, de justicia terapéutica.

Capítulo Sexto

INCENTIVOS Y SANCIONES

Artículo 34. Durante el procedimiento, el participante podrá recibir incentivos que favorezcan su apego a las reglas del programa. El Juez determinará, sobre la base del cumplimiento del participante de acuerdo con los informes de vigilancia:

I. Reducir la frecuencia de las sesiones de tratamiento.

II. Reducir la duración del tratamiento.

III. Reducir la frecuencia de la supervisión judicial.

IV. Autorizar la participación libre en actividades de la comunidad, y;

V. Proveer cualquier otro incentivo que reconozca el cumplimiento del participante en el Plan de Tratamiento.

Artículo 35. Si el Juez considera que se ha producido infracción a las condiciones impuestas al participante, que no ameritan su expulsión del Programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, podrá imponerle, a petición del Ministerio Público, y con audiencia del imputado y su defensor, una o más de las siguientes sanciones:

I. Incremento de la frecuencia de la supervisión judicial.

II. Incremento de la frecuencia de pruebas dopaje.

III. Regresión a etapas previas del tratamiento y;

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Antes de imponer la medida especial previa a la expulsión del participante, el Juez escuchará, si lo considera conveniente, a los especialistas encargados del tratamiento y a la autoridad encargada de la vigilancia del participante.

El participante podrá solicitar que se revoque su participación en el programa de rehabilitación y que se reanude el juicio; el Juez determinará lo que corresponda conforme a las reglas que se señalan esta ley, dejando sin efecto, si lo considera conveniente, la medida especial dispuesta.

Artículo 36. El Juez, a petición del Agente del Ministerio Público, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación y resolverá de inmediato, fundada y motivadamente, acerca de la reanudación de la persecución penal.

Si la víctima ha recibido pagos, se deducirán en la sentencia si en ella se condena al pago de la reparación del daño.

Artículo 37. Acreditado que el participante concluyó satisfactoriamente el tratamiento de rehabilitación de adicciones, y se logró su efectiva reinserción social, se extinguirá la acción penal.

La decisión a que se refiere el párrafo anterior se dictará en audiencia a la que comparecerán las partes, pero si la víctima u ofendido no lo hace, no obstante de haber sido notificada debidamente, no será impedimento para su celebración.

El Juez al hacer la citación, prevendrá a la víctima u ofendido, que de no presentarse se le tendrá renunciando al derecho de oponerse a que se decrete la extinción de la acción penal.

La ausencia de la víctima u ofendido, no impedirá que el Ministerio Público se oponga a la declaración de extinción de la acción penal si considera que no se reúnen los requisitos para que opere la misma y podrá proponer al imputado que se incremente el tiempo de duración de la suspensión si considera que tal situación resulta más conveniente.

Durante el período de tratamiento de rehabilitación quedará suspendida la prescripción de la pretensión punitiva o acción penal.

Artículo 38. La expulsión del participante del programa de rehabilitación, no impedirá el pronunciamiento de una sentencia absolutoria ni la concesión de la condena condicional o algunas de las medidas sustitutivas a la privación de libertad cuando sean procedentes, conforme a las reglas que rigen dichas medidas.

Artículo 39. Serán causas de expulsión del procedimiento la reiteración de las siguientes conductas:

I. La opinión del Centro de Tratamiento, en el sentido de que el participante no revela disponibilidad para acatar las reglas del tratamiento.

II. No acudir sin causa justificada a tres o más actividades programadas por el Centro de Tratamiento sin justificación.

III. Abandonar el Plan de Tratamiento.

IV. No acudir a dos o más audiencias sin causa justificada.

V. Poseer armas o sustancias psicoactivas en cantidades que se consideren superiores para el consumo personal.

VI. Ser procesado por la comisión de un hecho delictivo cometido bajo los efectos de sustancias que producen adicción.

VII. No comunicar cambios de domicilio.

VIII. Ejecutar acciones que comprometan seriamente la integridad física de los demás participantes o amenazar a los intervinientes en la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y;

IX. Proporcionar muestras falsas en la realización de exámenes de dopaje, o la realización de actos que alteren de algún modo el resultado de los mismos.

Artículo 40. En todo lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Penales, siempre y cuando dichas disposiciones no sean contrarias a los principios de justicia terapéutica.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Poderes Ejecutivo y Judicial y demás órganos, contarán a más tardar con un año para cumplir con el presente Decreto.

En espera de que la presente iniciativa sea aprobada por esa Honorable Soberanía, reitero a ustedes la seguridad de mi consideración y respeto.

México, Distrito Federal, a Febrero de 2014.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Gracia Guzmán. Se instruye a la Secretaría registrarla en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

1 De la mano de la Secretaría Estatal de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto de Defensoría Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional contra las Adicciones, y el Instituto Nacional de Psiquiatría; del Gobierno de Estados Unidos, a través de NADCP, el Departamento de Estado; así como de otros organismos internacionales como CONACE de Chile, CICAD-OEA, Alianza CICAD-EU-LAC; en diciembre de 2008, el Poder Judicial de Nuevo León, participó en los trabajos para la implementación de un Programa Piloto en México que se denominaría en un principio “Alternativas al Tratamiento Carcelario”; entre marzo y junio de 2009, se visitaron Cortes de Drogas en Santiago de Chile, San Antonio Texas y en Gante Bélgica, en junio del mismo año, se participó en la XV Conferencia de la Asociación Nacional de Profesionales en Cortes de Drogas (NADCP), en Anaheim California, y en agosto de 2009, se recibió en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, capacitación por parte de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas ONDCP-NADCP. Finalmente, el Consejo de la Judicatura del Estado –integrados por el Magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez y los Consejeros Francisco Javier Gutiérrez Villarreal y Raúl Gracia Guzmán-, aprobó que el 1 de septiembre de 2009 el Juzgado de Preparación Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, diera inicio al programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones.

El día 21 de junio de dos mil once, los primeros cuatro participantes del primer programa mexicano de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, egresaron del mismo rehabilitados y reincorporados a la vida social productiva.Un segundo grupo, compuesto ahora por 14 participantes, egresó el 16 de marzo de 2012, la totalidad ha concluido su educación básica, que incluye la secundaria, algunos de ellos incluso se capacitaron en diversos oficios, uno de ellos, a los 58 años de edad y después de más de 40 años de consumo crónico, incluso estudió inglés y un curso de computación.

Vale la pena subrayar, además, que el enunciado modelo de Corte de Drogas está siendo replicado por otros Poderes Judiciales del País, para ello puede verse el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien lo trabaja desde el año 2011. En este apartado destaca la participación de la congresista local Alejandra Barrales Magdaleno (PRD), como impulsora principal de dicha reforma.

2 Sobre el particular véase la información que se encuentra en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Nuevo León: www.pjenl.gob.mx.

3 Droppelmann, Catalina.- Modelo Tribunales de Tratamiento de Drogas. Publicado en Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile, material educativo. Editado por Fundación Paz Ciudadana, Santiago de Chile, enero de 2010.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Me parece que es claro que el gran reto global del sistema económico y político, y también en México, de este siglo XXI es, sin duda, la desigualdad.

La desigualdad que alienta a la pobreza, es la muestra clara de que a pesar de los esfuerzos de la sociedad y de las instituciones gubernamentales, las políticas y los presupuestos públicos no siempre benefician a quienes más lo necesitan. Por el contrario, es claro que nuestro sistema cada día beneficia a quienes más tienen, ampliando la brecha social, económica y de acceso a los satisfactores básicos entre los mexicanos.

Luchar contra la desigualdad debe de estar en la perspectiva de absolutamente todas y cada una de las acciones públicas, de todas y cada una de la acciones legislativas. Esto, lo recordamos siempre, ha sido siempre la aspiración que nos dio sentido como nación.

Hay que recordar hace 200 años los sentimientos de la nación, en donde José María Morelos y Pavón decía: como la ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. De tal suerte que se aumente el jornal de pobres, que mejore sus costumbres, se aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto.

En este inicio del tercer siglo mexicano, la aspiración de mitigar la desigualdad sigue siendo vigente, pero los énfasis y las estrategias toman una expresión que se debe de actualizar de manera constante.

En estas formas nuevas de actuar y de atender el asunto de la desigualdad, desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud incluyó como parte de su agenda prioritaria, un tema denominado Determinantes Sociales de la Salud, con el objetivo de detener las deficiencias y las diferencias que se presentan en materia de salud, pero que son evitables e injustas entre las personas.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado el hecho de que las inequidades sanitarias son en realidad producto de una muy compleja red de acciones que actúa a escala mundial, nacional y local, afectando negativamente el modo en que las sociedades se desarrollan.

Distintos factores económicos, señala la Organización Mundial de la Salud, determinan cuál será el acceso y los determinantes de la salud de los individuos. Pero no solamente es el aspecto económico el que repercute en la organización de las sociedades, además hay otros factores que propician la aparición de diversas formas de extractos, de jerarquías, una suerte de sistema de castas, que al final de la cadena afecta directamente las condiciones de aprendizaje, las condiciones de vida, de trabajo y, con ello, las consecuencias negativas de las enfermedades.

La salud, compañeras y compañeros legisladores, no es solamente un aspecto de infraestructura, tampoco es un aspecto solamente de derechohabiencia, existen una serie de determinantes sociales que es necesario conocer, estudiar y evaluar para tomar mejores decisiones en las políticas nacionales y locales en materia de salud.

Permítanme solamente ilustrar un ejemplo que expone la propia Organización Mundial de la Salud:

En Bolivia, la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madres que no tuvieron formación académica, es de 10 por ciento, o sea, 100 de cada 1,000 recién nacidos de madres que no tuvieron formación académica, se mueren.

Mientras que los hijos de madres que sí cursaron un nivel de educación media, tuvieron una tasa de mortalidad dos veces y media menor, es decir, del 4 por ciento, 40 niños de cada mil recién nacidos.

Esto, lo que la Organización Mundial de la Salud expresa, es que existen factores sociales que determinan las inequidades sanitarias, específicamente aspectos históricos, políticos, económicos y de inversión pública, que han hecho y han obligado a la Organización Mundial de la Salud a hacer un llamado que hizo justamente en la Sexagésima Segunda Asamblea Mundial en 2009, para que los países miembros de esta organización, incluido México, elaboren sistemas de información sanitaria que midan y que den seguimiento a los indicadores nacionales de salud, desagregando los datos en función de los principales determinantes sociales.

En México, si bien existe un amplio trabajo de indicadores de estadísticas de salud, éstas no se han interpretado como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, una organización que de vez en cuando resulta relevante para nuestro país, cuando algún mexicano que fue Ministro de Salud aspira a esta organización, y qué bueno que así lo hagan. Pero hay que reconocer que hay recomendaciones de la propia OMC que no se están atendiendo; reitero, éstas no se están interpretando como la recomienda la Organización Mundial de la Salud, en razón de sus principales determinantes sociales, ya que es un trabajo adicional, de investigación, análisis e interpretación altamente especializado.

Aspectos, además, que también influyen, que tienen que ver con el ambiente rural y urbano, la pertenencia a grupos indígenas, los niveles educativos o de nutrición, de acceso a la vivienda y a los servicios básicos en la salud, deben considerarse como una necesidad que enriquezca la información disponible y adicionalmente incorpore nuevos criterios para evitar la desigualdad sanitaria.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, es que me permito presentar esta iniciativa para que de acuerdo a las recomendaciones internacionales de la OMC, nuestro país incorpore en el diseño de sus políticas públicas este enfoque de los determinantes sociales en materia de salud, y que con el aval, y espero el respaldo de ustedes, Senadoras y Senadores, se cree el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud.

Este instituto tendría entre sus principales funciones, por supuesto, apoyar a la Secretaría de Salud para afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables; y además promover la equidad sanitaria a nivel nacional coordinándose con los sectores público, privado y social.

En suma, compañeras y compañeros, la experiencia internacional nos convoca a utilizar nuevos enfoques para contribuir a una mayor igualdad y que logremos garantizar uno de los derechos fundamentales en el desarrollo humano, que es la salud. Inequidad en la salud es causa y es reflejo de una sociedad desigual.

Hemos vivido casos muy dramáticos recientemente de mujeres que han dado a luz en patios de hospitales, en pasillos, en la entrada, y muchas veces lo que determinó su falta de acceso a la salud no tenía que ver solamente con su estrato social, tenía que ver con carencias de origen que dieron pie a que esa mujer, ese niño o ese recién nacido, tuviera un acceso desigual a la salud.

En un país donde habita el hombre más rico del mundo, el tema de la desigualdad nunca debe de desatenderse. Por eso creo que es momento propicio de incorporar este nuevo enfoque de determinantes sociales en nuestras políticas nacionales y locales de salud y contar con una institución especializada para que investigue, analice y proponga mejoras a las políticas de salud.

El Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, ya lo hace en materia de políticas y programas sociales. Esa es la idea, que el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud retome esta experiencia y se convierta en una institución útil que ahorre, no solamente recursos, sino también tiempo para afrontar nuestros principales retos en materia de salud con una perspectiva de equidad.

En nuestras manos, está continuar con nuevas formas y nuestra lucha contra la desigualdad debe estar presente en absolutamente todos los debates de este Senado de la República.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

“El suscrito, Zoé Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD PARA CREAR EL INSTITUTO SOBRE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde 2005 la Organización Mundial de la Salud ha incluido como parte de su agenda prioritaria el tema de los Determinantes Sociales de la Salud con el objetivo de detener las diferencias en salud evitables e injustas entre las personas, además debe tomarse en cuenta, que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Este debate sobre los Determinantes de la Salud aunque nuevo, ha provocado diversas diferencias entre los expertos, por ejemplo, algunas críticas sugieren que el término implica la existencia de una lógica social, una suerte de predeterminación de la acción de los sujetos, y por ende, la pérdida de capacidad de transformación.

No obstante, para otros la definición sugiere que se posee una potencia explicativa, los determinantes entendidos así, ofrecen elementos que se pueden analizar para provocar el cambio social.

Asimismo, unas corrientes nos mencionan que el término “social” limita la oportunidad de la acción a un solo grupo, excluyendo a un número variado como son los sectores políticos, los económicos o ambientales. Al respecto otros dicen que, en cambio, el término se refiere a todos los atributos en una síntesis que pretende abarcar a todos los actores posibles.

Por último, algunos opinan que la definición se refiere a los factores de riesgo que ocurren en la salud, restringiendo lo que otros consideran una definición que comprende las injustas jerarquías de estructuras sociales para encontrar la verdadera y básica causa de inequidad.

La Organización Mundial de la Salud por su parte, ha señalado el hecho de que las inequidades sanitarias son producto de una compleja red de acciones que actúan a escala mundial, nacional y local, afectando negativamente el modo en que las sociedades se desarrollan.

Distintos factores, no solamente el aspecto económico, repercuten en la organización de las sociedades, propiciando la aparición de diversas formas de estratos y jerarquías que al final de la cadena, afecta sus condiciones de aprendizaje, de vida, de trabajo y las condiciones en la vejez, y con ello, las consecuencias negativas de las enfermedades.

Por ejemplo, en un país latinoamericano como Bolivia, la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madres que no tuvieron formación académica suman más de 100 por cada 1000 nacidos, mientras aquellas madres que cursaron un nivel medio, la mortalidad suma 40 por 1000 nacidos vivos

Siendo así, la institución se interesa por los factores sociales que determinan las inequidades sanitarias, en específico los relativos a los aspectos históricos, políticos y económicos o la falta de recursos materiales y la falta de inversiones en áreas con mayor privación.

Por todo esto, conciben que la coherencia de las políticas resulta esencial, por lo que todas tienen que complementarse para subsanar las desigualdades en materia de salud. En un documento al respecto, la OMS determinó que la mejora de la salud, y una distribución más justa de la salud deben constituir objetivos comunes.

Por lo tanto, en marzo de 2005 el Dr. J. W. Lee, Director General que fue de la OMS, creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), una red mundial de instancias normativas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, que reunió para ayudar a afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables.

A la CDSS se le ordenó que un plazo de tres años debería acopiar y revisar datos sobre intervenciones necesarias para reducir las inequidades en materia de salud dentro de los países y entre ellos, y comunicar sus recomendaciones al respecto al Director General de la OMS, hechos que ya se han realizado satisfactoriamente.

La Comisión estableció también asociaciones con varios países como Brasil, Canadá, Chile, Irán, Kenya, Mozambique, el Reino Unido, Suecia y Sri Lanka, cuyo avance significó la identificación y acción en relación con los Determinantes Sociales de la Salud y resolver la manera de abordar tanto el estudio del impacto de esos factores sociales, como también la forma de prevenir su acción nociva.

Además, la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe de la Secretaría acerca del informe definitivo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, exhorta a los Estados Miembros, a que elaboren sistemas de información sanitaria para seguir y medir la salud de las poblaciones nacionales, desagregando los datos en función de los principales determinantes sociales.

En la Declaración política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud los Estados participantes, se comprometieron a establecer sistemas de vigilancia destinados a facilitar datos desglosados para evaluar las desigualdades tanto en materia de resultados sanitarios como en lo referente a la asignación y utilización de recursos.

En el ámbito internacional se ha vuelto necesaria la investigación de los determinantes de salud, puesto que veremos más adelante que las condiciones sociales influyen de manera importante en el estado de salud de la población. La pobreza, escolarización, alimento o exclusión social son factores determinantes de las desigualdades entre los distintos países como en sí mismos, en lo que respecta al estado de salud.

Entonces, no solamente para utilizar los avances que se están tomando en un plano internacional, sino para mejorar la equidad sanitaria hay que tener nuevas estrategias que tengan en cuenta esos factores que influyen en la salud. Ello no significa que los sistemas dejen de importar, sino que se considera que los sistemas son parte del problema y nuevas estrategias son imprescindibles ahora.

Esto es un hecho real en nuestro país, en el que un número alto de grupos sociales se encuentran en vulnerabilidad o imposibilidad para poder obtener los recursos y servicios necesarios que les garanticen la protección de su salud.

En contraste, podemos entender que mientras que este sujeto o grupo debe lidiar con un cúmulo de problemas para sanar una enfermedad, existe otro más con mayor cúmulo de posibilidades económicas y sociales, que son los que obtienen mejor acceso a este derecho humano.

Pero al hablar de carencias no podemos dejarnos llevar al tema económico solamente porque ello representa solo una porción de las fallas que nos pueden llevar a una diferencia en la posibilidad del acceso.

Los estratos sociales, en particular el grupo que se diferencia de acuerdo a criterios económicos, era el factor principal para explicar la desigualdad social, sin embargo, por sí mismo no consigue englobar diversos aspectos que parecen envolver la problemática en la calidad y prestación del servicio de salud.

Una persona que mantenga un nivel económico medio aún no puede completamente atenderse de manera expedita en un hospital alejado de su comunidad o resolver la contaminación de un río que transita al lado de su propiedad.

Por lo tanto la inequidad inicia en la falta de oportunidades que un grupo tiene para mejorar su salud, en términos económicos sí, pero también habitacionales y políticos, incluso educativos porque es ahí donde inicia la prevención y el cuidado sanitario del paciente.

De esta forma, debemos afirmar en primera instancia que la base de las diferencias no se origina solamente en un estrato, sino que son diversos los determinantes de la desigualdad como el lugar en el que nacen, viven, las políticas que han adoptado o el nivel de escolaridad.

Puesto que entendemos a la inequidad como producto de diversas condiciones de vida y no solamente como el resultado de un nivel económico bajo, hay que señalar que parte importante de esos determinantes se deben a políticas y valores sociales que toleran la distribución injusta de la salud.

Son políticas públicas inequitativas o inoperantes las cuales provocan que las actuales diferencias se dupliquen al no poder atacar los problemas de la población para poder acceder a los servicios de salud.

Los marcos institucionales socioeconómicos, valores sociales y políticas públicas inequitativas conforman las inequidades sociales. Por lo tanto, las personas que se encuentran en los lugares más bajos de la escala social, por las razones antes descritas, poseen dos veces más riesgo de contraer enfermedades.

Las desventajas sociales pueden manifestarse entonces de forma absoluta o relativa y la tendencia es a concentrarse en los mismos grupos sociales, ya que sus efectos en salud se acumulan durante toda la vida.

Actualmente cifras oficiales reportan un índice de la población en pobreza que aumentó de 44.5% a 46.2%, por lo que México ha acrecentado su pobreza de 48.8 a 52.0 millones de personas entre los años 2008 a 2010.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la falta de acceso a servicios de salud se redujo de 44.8 millones de personas a 35.8 millones de personas.

Adicionalmente, hay que mencionar que en México aún no hemos podido resolver la dispersión geográfica que representa un enorme factor que dificulta el acceso a los servicios de salud, pues mientras en las ciudades la tasa es de 3.1 médico por habitante, en zonas rurales es de 0.8.

En México la población vulnerable parece encontrarse disminuyendo aunque no de una manera significativa, porque de los 36.2 millones de personas que se encontraban dentro de este rango para el año 2008, solamente ha disminuido en dos años a 32.3 millones de personas.

Estos grupos se destacan porque aunado al nivel de ingresos, se encuentran imposibilitados para obtener los productos de la canasta básica, y de igual forma de realizar gastos catastróficos en salud y educación, vestido o vivienda.

Así mismo, debemos agregar la pobreza y en particular una pobreza multidimensional como principal problema de salud pública, porque se presenta un círculo vicioso entre pobreza y enfermedad ya que los bajos niveles de calidad en la vivienda o alimentación conducen a una mortalidad precoz.

La OMS ha señalado que a nivel educativo, las niñas con un nivel más avanzado de escolaridad tienen menos hijos y los tienen más tarde, además de que un niño mejor alfabetizado puede reconocer y practicar mejores cuidados sobre su salud.

Son precisamente la gran variedad de determinantes que influyen en la inequidad de salud entre la población, por supuesto que los factores económicos imposibilitan a los grupos sociales para poder acceder a este derecho, pero también afecta la educación, la perspectiva jurídica con la que se guía la legislación o la portabilidad, situación que enfrenta una gran mayoría que vive en zonas rurales menores a 2 mil habitantes.

En un ambiente rural alejado de la urbanización o incluso de infraestructura adecuada, tener un nivel económico estable no es aliciente para poder acceder a centros de alta complejidad, inaccesibles o contar con la cantidad de profesionales o insumos de la salud necesarios para garantizar su recuperación

En estas zonas, mejorar la portabilidad de los servicios es una herramienta necesaria para ajustar una cobertura equilibrada entre la distribución de las desigualdades geográficas de la salud y la de los recursos disponibles.

Junto a este problema ha incidido también el crecimiento poblacional y el envejecimiento acelerado, que provoca demanda por servicios de salud que comienzan a superar la capacidad institucional, aumentando los obstáculos y las presiones para los servicios del sistema de salud.

Por otro lado demasiadas comunidades indígenas que no poseen oportunidades reales para acceder a los sistemas de salud de manera apropiada, también son discriminadas por practicar su propia medicina a nivel local.

La mortalidad infantil de la población indígena es 62.8 por ciento mayor que el de la población no indígena y los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca presentan tasas por encima de la media nacional.

Según datos del Perfil Epidemiológico de los Grupos Vulnerables en México, en 2010, la tasa de mortalidad en niños menores de un año en población no indígena fue de 140 muertes por cada 10 mil nacidos vivos, pero en la población indígena la tasa ascendió a 228 muertes por cada 10 mil nacidos vivos.

Los estados que presentan mayor tasa de mortalidad infantil en la población indígena son Guerrero, Chiapas y Oaxaca con 311, 242 y 237 muertes en menores por cada 10 mil nacidos vivos", se apunta en el informe elaborado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.1

El informe señala además que en grupos vulnerables como los indígenas se compromete la esperanza de vida por la desigualdad social y económica que afecta principalmente a la salud; esto como consecuencia de malos hábitos de higiene, carencias en los servicios básicos como el agua potable o un suelo firme.

Lo más importante, apunta el documento, es el acceso a los servicios de salud para la atención de cualquier eventualidad que pudiera poner en peligro la integridad o incluso la vida de una persona.

Por su parte, el número de muertes de las mujeres indígenas durante el embarazo, parto o puerperio casi triplica al de las mujeres no indígenas.2

El estado nutricional de la población indígena muestra rezagos; en particular, el principal problema de salud de los niños indígenas menores de 5 años es la desnutrición crónica, que se manifiesta por retraso en el crecimiento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 6.0% de los individuos de cinco años o más habla una lengua indígena, lo que equivale a 6’264,569 de habitantes. Según la misma encuesta se estima que en todo el país 2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla y 1.6% desnutrición aguda Las mayores prevalencias de baja talla se encuentran en el sur del país con 19.2%; a su vez, las localidades rurales de esta región presentan una prevalencia del 27.5%, 13.9 puntos porcentuales arriba del promedio nacional (13.6%). Se estima que los niños desnutridos pierden entre 12 y 15% de su potencial intelectual, corren entre ocho y 12 veces mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y son más propensos a padecer enfermedades crónico-degenerativas.

La desnutrición es un factor importante en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. El 40% de las mujeres indígenas tiene anemia, lo que aumenta la probabilidad de complicaciones durante el embarazo o de dar a luz a niños prematuros o con bajo peso al nacer. La situación nutricional y de salud de las mujeres aparece más deteriorada que la de otros estratos de las propias sociedades indígenas. Por lo general, en la distribución de los alimentos al interior de la familia se privilegia a los adultos varones por lo que las mujeres y los niños presentan el mayor grado de desnutrición.3

En lo que respecta a la obesidad en nuestro país, (situación en la que ocupamos segundo y primer lugar de las mediciones internacionales) es importante recordar que se carece de una legislación apropiada que impida por ejemplo el hecho de que los alumnos en las escuelas de educación básica sean un cliente cautivo, que gasta dentro de las escuelas más de 40 mil 778 millones de pesos al año.

Como ya se ha mencionado, lejos de estar llevando a cabo una política pública que busque una protección universal de salud, se ha promovido una lucha por la afiliación como el primer paso para la universalidad y por recursos, lo que año con año nos ha generado importantes erogaciones para el sector salud.

Lo anterior, quiere decir que si bien la Cámara de Diputados y el Senado han cumplido con su obligación constitucional de aportar recursos a un proyecto que el Ejecutivo reporta exitoso, en realidad se han inflado cifras y se ha creado un grave problema presupuestario y el acceso regular y efectivo ha sido relegado.

Además cabe mencionar que aún y cuando reportan un aumento de afiliación enorme, esta solo crece en un 1.15% por año, pero cada año nos solicitan un aumento de presupuesto que llega hasta el 20%.

Por ello, no hemos sido capaces de alcanzar mejores aspectos técnicos que nos provean de información sobre la atención, ni sobre el abasto oportuno de medicamentos, mejores herramientas para los profesionales médicos, ni políticas públicas mejor aplicadas.

Aún mantenemos un amplio margen de atención médica mediante médicos internos de pregrado y no así de médicos graduados. De hecho, diversos estudios han demostrado que la disposición de los médicos en México para moverse a las zonas rurales es baja, por lo que en todo en el medio rural han servido principalmente pasantes.

El derecho a la salud debe ser interpretado ampliamente, debe entenderse la correlación que tiene la apropiada alimentación, vivienda o acceso a agua potable, con ello también la protección de la responsabilidad por los determinantes sociales para satisfacer el más alto nivel de salud alcanzable. Debemos avanzar en la calidad de la salud para la superación de la pobreza desde el campo de la calidad hacia el dominio de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adicionan una fracción X del artículo 2 recorriendo el contenido actual de la fracción X a la fracción XI y de la fracción XI a la XII; una fracción X del artículo 5 recorriendo el contenido actual de la fracción X a la fracción XI y de la fracción XI a la XII; y un artículo 7 Quater, todos a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. al IX. ...

X. Determinantes Sociales de la Salud, a las circunstancias sociales e institucionales que causan desigualdades evitables en materia de salud entre las personas, aumentando el riesgo de propagación de las enfermedades transmisibles;

XI. Recursos de origen externo, a los subsidios, participaciones, donativos, herencias y legados, en efectivo o en especie, de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que se otorguen de manera directa a los Institutos o a través de sus patronatos, y

XII. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal.

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. al IX. ...

X. Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud;

XI. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y

XII. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

Artículo 7 Quater. El Instituto sobre Determinantes Sociales de la Salud tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar a la Secretaría, para afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables promoviendo un mecanismo interinstitucional que estandarice las políticas para el desarrollo y acceso igualitario de la salud;

II. Promover la equidad sanitaria a nivel nacional y coordinarse con los sectores público, privado y social, para prevenir que las políticas públicas no generen procesos exclusión o desigualdad entre grupos sociales;

III. Normar evaluar las Políticas y Programas de Salud Pública, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para identificar y medir los determinantes sociales en salud, de modo que puedan detectarse las inequidades sanitarias;

IV. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a la mejora de la calidad en la atención;

V. Monitorear consumos de medicamentos y establecer lineamientos para optimizar y garantizar su disponibilidad a bajo costo en el territorio nacional;

VI. Asesorar y formular opiniones a la Secretaría sobre las inequidades sanitarias y de los determinantes sociales de la salud, para que puedan ser interpretadas y utilizadas en la elaboración de políticas, sistemas y programas más eficaces;

VII. Promover y formular opiniones a las dependencias públicas para que la equidad sanitaria sea un criterio de evaluación de la actuación las políticas públicas;

VIII. Enviar al Senado de la República anualmente una evaluación de las consecuencias de los principales acuerdos económicos internacionales en materia de reducción de la equidad sanitaria, y

IX. Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La creación del organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales que dispongan en conjunto la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. Las relaciones entre el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud y sus trabajadores se sujetarán a lo dispuesto en el apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Cuarto. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá celebrarse la sesión de instalación de la junta de gobierno, en la cual se deberá expedir su estatuto orgánico, y se podrá designar un Director General.

Quinto. Por única vez, dos de los cuatro vocales de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto durarán en su encargo 2 años.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 4 del mes de febrero del 2014.

Atentamente,

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva da la bienvenida al doctor Alberto Kohan, ex secretario de presidencia de la República de Argentina, invitado a este recinto por el Senador Zoé Robledo Aburto.

¡Sea usted bienvenido!

(Aplausos)

Se recibieron de la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, las siguientes iniciativas:

1 SINAVE/DGE/SALUD/Perfil Epidemiológico de los Grupos Vulnerables en México.

2 Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L,

Romero-Martínez M, Hernández-Avila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2012.

3 Programa Nacional de Salud 2001-2006.Secretaría de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)



Ambas iniciativas se turnan a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

La presente iniciativa que hoy se presenta, con proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, haciendo manifiesto de que existe una enorme cantidad de argumentaciones que hemos oído y que hemos escuchado en esta tribuna, así como estudios, balances y estadísticas sobre el estado de la obesidad en México.

Hemos escuchado y hemos tenido también la participación de muchas organizaciones que han venido a este Pleno a manifestar el proceso epidémico que abordan clínicamente las causas y procesos, así como los riesgos que apuntalaron esta crisis en nuestro país.

Ahí tenemos una inmensidad de estudios, discursos y avances en la materia, y con esta iniciativa queremos contribuir a que las estructuras institucionales queden comprometidas a actuar de una vez y para siempre con esta causa de decenas de patologías que ya existen presentes en cuadros clínicos masivos a lo largo y ancho de este país.

Todas y todos sabemos que la activación física requiere abrir espacios y considerar presupuestos, nutrir diseños curriculares y alentar una mentalidad de salud de las mismas instituciones, y por ello consideramos que las instituciones de salud tienen aquí un papel fundamental y rector como vigilante, prescriptor, estudioso y diagnóstico propedéutico, entre muchos otros. Con esta propuesta abrimos la posibilidad de que lo que alude en los discursos contra la obesidad sea ya una obligación.

En nuestro país, como se ha dicho muchas veces, se han identificado diversos factores de la causa de la obesidad, entre ellos podemos destacar el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética, un alto consumo de bebidas calóricas y el bajo consumo de frutas, verduras y la baja actividad física.

Datos y encuestas del INEGI a nivel nacional, muestran que en los últimos 30 años se ha disminuido el consumo de frutas, de verduras, de carnes y tortillas y otros productores elaborados con cereales de grano entero, y se han sustituido por el aumento del consumo de refrescos y alimentos elaborados con carbohidratos refinados.

A pesar de que existe una información limitada acerca de los niveles de activación física en la población, hay estudios en niños escolares que indican patrones de vida muy sedentarios, niños y jóvenes de ciudades diversas del país, y la que más destaca, por supuesto, son las ciudades más pobladas, la ciudad de México, Morelos, Monterrey, Guadalajara, han reportado entre 3 y 4 horas diarias frente a la televisión, en videojuegos, Internet, y solamente 1.8 horas de activación física moderada o vigorosa.

El Reporte de la Salud Mundial de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la gran carga de enfermedades crónicas en el ámbito mundial. En 2004, México y otros miembros de las Naciones Unidas firman y acuerdan adoptar la Estrategia Global sobre el Régimen Alimentario y Actividad Física de la Organización Mundial de Salud, identifica diversos factores determinantes de la obesidad y hace un llamado para que los gobiernos tomen decisiones y acciones inmediatas y consideren a la obesidad infantil como un problema prioritario, no sólo para la salud sino para el desarrollo de las naciones. Señala la importancia de disminuir el consumo de azúcares, grasas y sodio, reducir la densidad energética de la dieta, incluyendo las bebidas, aumentar el consumo de frutas, vegetales y fibra, promover el consumo de agua simple y aumentar la actividad física.

Para modificar estos patrones de alimentación y actividad física de los individuos y las colectividades, es necesario que los alimentos saludables y las oportunidades para la activación física sean la regla de las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades. Para lograr esto, se debe de impulsar una política de salud dirigida a prevenir la obesidad mediante políticas públicas, incluyendo distintas formas de regulación, legislación e instrumentos específicos y la creación de nuevas normas sociales a una combinación de éstas.

Cabe destacar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su objetivo 3.4, promover el deporte de manera incluyente para fomentar la cultura de salud, estrategia 3.4.1, crear el programa de infraestructura deportiva; señala como líneas de acción las siguientes:

Definir con certeza necesidades de adecuación, remodelación óptima y operación de las instalaciones deportivas, incluyendo escolares.

Asimismo, la estrategia 3.4.2 señala: Programas de actividad física y deporte diferrenciados para atender diversas necesidades de la población, señalando como líneas de acción las siguientes:

Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.

Por lo anterior expuesto, considero necesario incorporar en los programas de educación física básica la promoción de la actividad física, donde por lo menos los educandos realicen una hora efectiva de clase de educación física, donde se promueva la actividad física moderada y vigorosa, asimismo, es importante la promoción de actividades deportivas extracurriculares y al mismo tiempo se debe reforzar el conocimiento de promoción de salud nutricional y la prevención de la obesidad.

La iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 3o, 7o, 13, 17, 27, 65, 111, 112 y 115 de la Ley General de Salud y el artículo 11 de la Ley Federal de Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras propuestas que suman la prevención de la obesidad y estrés infantil.

Coordinar las acciones que garantice la integración de programas de actividad física para la educación básica, con el fin de abatir la sedentarización en los educandos y así evitar la obesidad y estrés infantil.

Organizar, operar, fomentar y apoyar el diseño e implementación de una estructura de programas que integren la activación física y el deporte como componentes esenciales de la cultura física y educación básica con el fin de abatir la sedentarización de los educandos y así evitar este mal.

Coadyuvar con la implementación de los programas de activación física, los cuales deberán ser diseñados por los profesionales en la materia y se incentive la práctica del deporte como la activación física y la recreación física libre y voluntaria en todo el territorio nacional, correspondiéndole principalmente al Estado las acciones de esta promoción, fomento, desarrollo y financiamiento de los mismos.

Las demás atribuciones específicas que así establezcan la ley y las demás disposiciones generales y aplicables.

Asimismo, participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los programas de activación con los estándares mínimos para la activación física donde realmente se propicie un estado de bienestar y hagan de esta un instrumento de integración y participación social que asegure el desarrollo de una sociedad sana, de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas iniciativas educativas.

La promoción de los programas de activación física para evitar la obesidad y el estrés, promoción de programas de alimentación saludable restringiendo en todo momento los alimentos y bebidas que aumentan el riesgo a la obesidad y fomentar las prácticas de actividades físicas de conformidad con las recomendaciones internacionales.

Normar el desarrollo de programas y actividades de educación preferentemente en los grupos sociales más vulnerados y las escuelas de nivel básico, material de nutrición, prevención y tratamiento de control de nutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados, promoviendo la activación física de los educandos, con lo cual se disminuya este mal que aqueja fuertemente a la sociedad.

Instrumentar el programa de atención médica nutricional, impulsar esta propuesta desde el ámbito legislativo y llevarla a su aplicación.

Hemos tenido diferentes temas que nos hacen converger en la necesidad de atacar este mal para la sociedad desde el deporte, y por eso es que la dirijo principalmente a la Ley General de Salud, y después abrirlo hacia la autoridad deportiva. Hemos propuesto y hemos hecho diferentes puntos de análisis; y hemos coincidido en la urgencia que tiene esto para la niñez, pero si no lo apuramos, si no lo asentamos desde lo más elemental que es la ley y que aún así, todavía quedan muchas aristas por concluir, como las que nombraba hace un momento el Senador Zoé Robledo en esta amplitud y en esta necesidad de que sea horizontal en todos los sentidos y que abarque todas las esferas sociales, no habrá otro camino para poder atacarlo y poder tener mejor resultado en el tema de salud para nuestro país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

“La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país, y derivado de varios estudios, se han identificado diversos factores que causan la obesidad, entre ellos podemos destacar el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética, alto consumo de bebidas calóricas, el bajo consumo de frutas y verduras y la baja actividad física. Datos de encuestas nacionales de ingreso y gasto en los hogares del INEGI muestran que en los últimos 30 años se ha disminuido el consumo de frutas, verduras, lácteos, carnes, tortillas y otros productos elaborados con cereales de grano entero, y se han sustituido por el aumento en el consumo de refrescos y alimentos elaborados con carbohidratos refinados. Con lo que podemos observar como la población ha cambiado una dieta de baja densidad energética a un de alta densidad energética, además de aumentar el consumo de bebidas con aporte calórico, y el consecuente aumento en la ingesta de energía. Otro factor de riesgo es el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética y bajos en contenido de fibra dietética y la reducción de la actividad física en general. Un Estudio realizado en la ciudad de México y 12 ciudades del país reveló que dentro y en los alrededores de las escuelas existe alta disponibilidad de alimentos densamente energéticos y bebidas azucaradas, y poca disponibilidad de frutas y verduras, aunado a la escasez de agua potable, lo que resulta en un consumo promedio de energía de 560 Kcal., durante el periodo escolar, que representa 35% de la ingestión promedio recomendada por día. Esta cifra es más del doble de las cantidades de energía contenidas en un refrigerio escolar recomendado y representa otra fuente de calorías adicionales que están contribuyendo al balance positivo de energía y la acumulación de grasa. Todo esto hace que dentro del entorno escolar se origine un ambiente promotor de la obesidad al ofrecer por un lado elevadas cantidades de energía en un periodo relativamente corto y por otro a no fomentar la actividad física recreativa y competitiva entre los estudiantes.

A pesar de que existe información limitada acerca de los niveles de actividad física en la población, hay estudios en niños escolares que indican patrones de vida sedentarios. Estudios en niños y jóvenes de la ciudad de México y el estado de Morelos han reportado entre tres y cuatro horas diarias frente a pantallas (TV, Internet o videojuegos) y solamente 1.8 horas diarias de actividad física moderada o vigorosa.

Toda vez que la obesidad es una epidemia global y un dilema de salud pública, se ha convertido en un problema emergente de difícil solución y atención para el Estado mexicano. El derecho como un determinante estructural para mantener la salud y como una herramienta de control es considerado imprescindible para la generación de políticas públicas efectivas que se transformen en resultados para los ciudadanos.

Mediante la regulación se deberán generar tanto la infraestructura normativa necesaria para obtener el mejor resultado de la política pública que en materia de obesidad se decida aplicar como las formas de posibilitarla financieramente e incentivar su cumplimento. En este sentido se debe entender la regulación como un instrumento para asegurar un buen desempeño del Estado para garantizar los derechos fundamentales y así empollerar a los ciudadanos y las comunidades a fin de responsabilizarse de su salud en un ambiente que no promueva la obesidad y que ofrezca mejores oportunidades para la adopción de estilos de vida saludables. Sin lugar a duda el control de la obesidad requerirá de un trabajo legislativo oportuno que de forma directa e indirecta ataque la problemática de la obesidad y suprima jurídicamente aquellas acciones que violenten los derechos fundamentales de los individuos; principalmente el derecho a la protección de la salud que impida que “los aleje o desoriente” de una vida saludable. Igualmente se requerirá de la regulación y verificación del cumplimiento de las medidas propuestas por las autoridades especializadas en el combate a la epidemia de la obesidad.

El Reporte de la Salud Mundial de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la gran carga de las enfermedades crónicas en el ámbito mundial. Como resultado, un grupo técnico liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrolló el reporte técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de Enfermedades Crónicas, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. En 2004, México y otros miembros de Naciones Unidas firman y acuerdan adoptar la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario y Actividad Física de la Organización Mundial de la Salud, identifica diversos factores determinantes de la obesidad y hace un llamado para que los gobiernos tomen acciones inmediatas y consideren a la obesidad infantil como un problema prioritario, no sólo para la salud sino para el desarrollo de las naciones. Señala la importancia de disminuir el consumo de azúcares, grasas y sodio, reducir la densidad energética de la dieta (excluyendo bebidas), aumentar el consumo de frutas, vegetales y fibra, promover el consumo de agua simple y aumentar la actividad física.

Además de estas recomendaciones basadas en evidencia, que proponen cambios de conducta en el ámbito individual, prácticamente todos los reportes técnicos de la OMS, la OPS, los institutos de medicina de los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (WCRF) identifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno promotor de obesidad (“obesigénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación saludable y actividad física por parte de la población. Entre los cambios de entorno se propone aumentar la disponibilidad de agua y alimentos saludables, especialmente en lugares en los que la población destina una parte importante de su tiempo, como las escuelas y centros de trabajo, y en los puntos de venta de alimentos en donde la población se abastece; se incluye además el desarrollo de sistemas de etiquetado de alimentos que permitan a la población tomar mejores decisiones al momento de la compra, regular la mercadotecnia de alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes y generar espacios seguros y agradables para estimular la práctica de la actividad física. Para modificar los patrones de alimentación y actividad física de los individuos y las colectividades, es necesario impulsar cambios en el ambiente de tal manera que la disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades. Para lograr esto, se debe impulsar una política de salud dirigida a prevenir la obesidad mediante políticas públicas, incluyendo distintas formas de regulación, legislación, instrumentos física les específicos y la creación de nuevas normas sociales, o una combinación de éstas. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, la prevención y control de la obesidad requieren de una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno, a los poderes Ejecutivo y Legislativo; que aborde los determinantes de la obesidad en los diferentes contextos en los que interactúan y afectan a la población: el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo y los espacios públicos y de esparcimiento; que involucre actores clave, incluyendo el sector privado, especialmente la industria de alimentos, los medios de comunicación masiva, las agrupaciones de consumidores y la academia. La estrategia debe incluir programas, acciones y políticas públicas y regulatorias que ofrezcan a la población opciones saludables y que la empoderen para la elección de dietas saludables y la práctica de la actividad física. Estos objetivos requieren del trabajo en diferentes niveles. El primero es la modificación de los entornos que actualmente promueven el consumo excesivo de energía y limitan el consumo de alimentos saludables y de agua simple, así como la realización de actividad física, para volverlos entornos promotores de la salud, que conviertan las conductas y comportamientos saludables en elecciones viables, aceptables y accesibles. En este mismo contexto se deberá trabajar sobre las relaciones comerciales fortaleciendo la protección a los consumidores en lo que respecta a la obesidad. El segundo implica la atención del individuo con programas dirigidos a prevenir la obesidad y hacer más accesibles los tratamientos remediales para las personas que la padecen. La prevención de obesidad dependerá de acciones que requieren del concurso y coordinación intersecretarial específicos, mientras que los tratamientos remediales serán responsabilidad directa del sector salud. En este marco conceptual la Secretaría de Salud impulsó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaría (ANSA): Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, el cual surge de un profundo análisis del problema de la obesidad en México, sustentado en la mejor evidencia disponible, que incluyó una revisión sistemática de la literatura, la revisión de la magnitud, distribución y tendencias de las prevalencias de obesidad y enfermedades crónicas, así como de sus determinantes en el país y de la revisión de experiencias de otros países; además de considerar las recomendaciones en la materia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), particularmente la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario y Actividad Física, y de otros organismos internacionales y asociaciones de profesionales de la salud. El ANSA fue desarrollada con apoyo de académicos tanto nacionales como internacionales, coordinados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Además, para la definición de los objetivos y de las acciones concretas para alcanzarlos se llevaron a cabo consultas con los principales actores de la industria de alimentos y los diversos sectores gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil involucrados en el tema.El ANSA es una política integral, multisectorial, de multinivel, concertada entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo a la industria, organismos no gubernamentales y la academia. La aplicación efectiva de esta política tiene suficiente fundamentación en la literatura científica para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física que permitan la prevención de sobrepeso, obesidad y sus comorbilidades. El objetivo general del ANSA es la creación de entornos saludables dirigidos a la prevención de la obesidad en la población mexicana, se proponen como metas: • Revertir, en niños de dos a cinco años, el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad a menos de lo existente en 2006. • Detener, en la población de cinco-19 años, el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Tomando en cuenta que estos objetivos pueden llevar varios añosen lograrse, el ANSA estableció específicamente las siguientes 10 líneas de acción, en cuyo cumplimiento se involucró a las secretarías y sectores del gobierno federal que se convocaron. El ANSA plantea 10 líneas de acción compatibles con la mejor evidencia científica disponible para la prevención y control de la obesidad. 1. Fomentar la actividad física en la población en los en- tornos escolar, laboral, comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social. 2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo. 5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud. 6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y favorecer una alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad. 7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos, entre otros, aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos. 8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de origen industrial. 9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos porciones reducidas. 10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodio. Los diversos sectores e instituciones del gobierno federal que participaron en el acuerdo, identificaron acciones y metas para contribuir al alcance de cada uno de los objetivos. Entre las propuestas más destacadas, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud propusieron el desarrollo de un Programa de Acción en el Contexto Escolar (PACE), que consta de tres componentes: a) promoción y educación para la salud, b) fomento de la activaciónfísica regular y c) acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta. El PACE inició su implementación en enero de 2011. El componente sobre acceso y disponibilidad de alimentos que faciliten una alimentación correcta incluyó el desarrollo de los “lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educaciónbásica”, que regula la disponibilidad de alimentos en las escuelas. En la sección sobre escuelas saludables se describe brevemente el pace y la regulación en las escuelas. En el sector salud, la Secretaría de Salud federal, el IMSS y el ISSSTE sumaron esfuerzos para llevar a cabo una importante campaña de sensibilización a la población a través de PREVENIMSS, PREVENISSSTE y el Programa 5 Pasos por tu Salud. Igualmente el DIF reforzó la calidad de los alimentos que se distribuyen diariamente en los desayunos escolares. Las acciones propuestas por las secretarías y dependencias se pueden consultar en el documento que sirvió de base para la firma del acuerdo y, en mayor detalle, en el documento técnico que sustentó la firma del mismo. 

La obesidad es un problema de gran magnitud y amplia cobertura en la población mexicana de todas las edades, regiones y condición social y económica. Dada su magnitud, su crecimiento durante el último cuarto de siglo, sus efectos en la salud y su impacto económico, la obesidad se considera un serio problema de salud pública. Debido a que la obesidad genera un impacto social, económico y múltiples efectos adversos en la salud del individuo y que la cadena causal que la origina está fuera del control de las personas, el Estado debe intervenir para proteger la salud de la población mediante la implementación de políticas, regulación jurídica y programas.

El costo de la obesidad ha sido estimado en 67 000 millones de pesos de 2008 y se estima que para 2017 fluctúe entre 78 000 millones y 101 000 millones en pesos de 2008. De no actuar de inmediato, el costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor que la inversión requerida para implementar estas acciones.

Cabe destacar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, estrategia 3.4.1. Crear un programa de infraestructura deportiva.

Señala como líneas de acción las siguientes:

• Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y operativo de las mismas.

• Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares.

• Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las necesidades futuras que requieren los programas deportivos.

• Promover que todas las acciones de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte se fundamenten en la planeación de largo plazo.

• Poner en operación el sistema de evaluación en materia deportiva que garantice la eficiencia de los recursos financieros invertidos en el deporte nacional.

Asimismo, la estrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población, señalando como líneas de acción las siguientes:

• Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.

• Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.

• Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de actividades deportivas: deporte social y deporte de representación.

• Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al deporte estrictamente selectivo.

• Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la población en competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales.

Por lo anteriormente expuesto considero necesario incorporar en los programas de educación básica la promoción de la actividad física, donde por lo menos los educandos realicen una hora efectiva de clase de educación física, donde se promueva la actividad física moderada y vigorosa, asimismo es importante la promoción de actividades deportivas extracurriculares y al mismo tiempo, se debe reforzar el conocimiento en promoción de la salud nutricional y de la prevención de la obesidad.

La iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 3, 7, 13, 17, 27, 65, 111, 112 y 115 de la Ley General de Salud y el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY GENERAL DE SALUD

ARTICULO 3.- ...

I. a XXVIII. ...

ARTICULO 3.- ...

I. a XIII.

XIII Bis. La prevención de la obesidad y estrés infantil.

XIV. a XXVIII.

ARTICULO 7.- ...

I. a XV. ...

ARTICULO 7.-

I. a II.

II Bis.- Coordinar las acciones que garanticen la integración de programas de activación física para educación básica con el fin de abatir la sedentarización en los educandos y así evitar la obesidad y el estrés infantil

III. a XV.

ARTICULO 13.-

A.

I. a IV. ...

V. a X.

B.

I a VI.

C.

ARTICULO 13.-

A.

I. a IV. ...

IV. Bis. Organizar, operar, fomentar y apoyar el diseño e implementación de una estructura de programas que integren la activación física y el deporte como componentes esenciales de la cultura en educación básica con el fin de abatir la sedentarización de los educandos y así evitar la obesidad y estrés infantil;

V. a X.

B.

I a VI.

VII. Coadyuvar en la operación e implementación de los programas de activación física, los cuales deberán estar diseñados por profesionales en la materia, y se incentive la práctica del deporte, la activación física y la recreación física libre y voluntaria en todo el territorio nacional correspondiéndole principalmente al Estado las acciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento de los mismos, y

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

C.

ARTICULO 17.- ...

I. a IX. ...

ARTICULO 17.-

I.aVI.

VI Bis. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los programas de activación con los estándares mínimos para la activación física donde realmente se propicie un estado de bienestar, y hagan de esta un instrumento de integración y participación social que asegure el desarrollo de una sociedad sana, de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas instancias educativas;.

VII. a IX.

ARTICULO 27.- ...

I. a XI. ...

ARTICULO 27.-

I. a IX.

IX Bis. La promoción de los programas de activación física para evitar la obesidad y estrés infantil.

X. a XI.

ARTICULO 65.- …

I. a IV.

ARTICULO 65.- …

I. a IV.

V. Promueva programas de alimentación saludable, restringiendo en todo momento los alimentos y bebidas que aumentan el riesgo de obesidad y fomenten la practica de actividades físicas de conformidad con las recomendaciones internacionales.

ARTICULO 111.- ...

I a V.

ARTICULO 111.- ...

I a IV.

V. …, y

VI. Control de la obesidad y estrés infantil.

ARTICULO 112.- ...

I. a III.

ARTICULO 112.- ...

I. a II.

III. …, y

IV. Fomentar en la población infantil programas de activación física permanente como medio importante para la preservación de la salud y la prevención de la obesidad y estrés infantil producida por el sedentarismo.

ARTICULO 115.- ...

I.

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerados,

III a VIII.

ARTICULO 115.- ...

I.

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación preferentemente en los grupos sociales más vulnerados y en las escuelas del nivel básico, en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, promoviendo la activación física de los educandos con lo cual se disminuiría el sedentarismo que produce la obesidad y estrés infantil;

III a VIII.

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

Artículo 11.-

I. a IX. ...

Artículo 11.-

I. a II. ...

II. Bis. Instrumentar programas de atención médica nutricional y de activación física para combatir la obesidad infantil;

III. a IX.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.-SE ADICIONA UNA FRACCION XIII BIS AL ARTICULO 3, UNA FRACCION II BIS AL ARTICULO 7, UNA FRACCION IV BIS AL APARTADO A Y UNA FRACCION VII RECORRIENDOSE EL CONTENIDO ACTUAL DE LA FRACCION VII A LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 13, UNA FRACCION VI BIS AL ARTICULO 17, UNA FRACCION IX BIS AL ARTICULO 27, UNA FRACCION V AL ARTICULO 65, UNA FRACCION VI AL ARTICULO 111, UNA FRACCION IV AL ARTICULO 112, SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue:

ARTICULO 3.- ...

I. a XIII.

XIII Bis. La prevención de la obesidad y estrés infantil.

XIV. a XXVIII.

ARTICULO 7.-

I. a II.

II Bis.- Coordinar las acciones que garanticen la integración de programas de activación física para educación básica con el fin de abatir la sedentarización en los educandos y así evitar la obesidad y el estrés infantil.

III. a XV.

ARTICULO 13.-

A.

I. a IV. ...

IV. Bis. Organizar, operar, fomentar y apoyar el diseño e implementación de una estructura de programas que integren la activación física y el deporte como componentes esenciales de la cultura en educación básica con el fin de abatir la sedentarización de los educandos y así evitar la obesidad y estrés infantil;

V. a X.

B.

I a VI.

VII. Coadyuvar en la operación e implementación de los programas de activación física, los cuales deberán estar diseñados por profesionales en la materia, y se incentive la práctica del deporte, la activación física y la recreación física libre y voluntaria en todo el territorio nacional correspondiéndole principalmente al Estado las acciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento de los mismos, y

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

C.

ARTICULO 17.-

I. a VI.

VI Bis. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los programas de activación con los estándares mínimos para la activación física donde realmente se propicie un estado de bienestar, y hagan de esta un instrumento de integración y participación social que asegure el desarrollo de una sociedad sana, de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas instancias educativas;

VII. a IX.

ARTICULO 27.-

I. a IX.

IX Bis. La promoción de los programas de activación física para evitar la obesidad y estrés infantil.

X. a XI.

ARTICULO 111.- ...

I a IV.

V. …, y

VI. Control de la obesidad y estrés infantil.

ARTICULO 65.-

I. a IV.

V. Promueva programas de alimentación saludable, restringiendo en todo momento los alimentos y bebidas que aumentan el riesgo de obesidad y fomenten la practica de actividades físicas de conformidad con las recomendaciones internacionales.

ARTICULO 112.- ...

I. a II.

III. …, y

IV. Fomentar en la población infantil programas de activación física permanente como medio importante para la preservación de la salud y la prevención de la obesidad y estrés infantil producida por el sedentarismo.

ARTICULO 115.- ...

I.

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación preferentemente en los grupos sociales más vulnerados y en las escuelas del nivel básico, en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, promoviendo la activación física de los educandos con lo cual se disminuiría el sedentarismo que produce la obesidad y estrés infantil;

III a VIII.

ARTICULO SEGUNDO.-SE ADICIONA UNA FRACCION II BIS AL ARTICULO 11 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, para quedar como sigue:

Artículo 11.-

I. a II. ...

II. Bis. Instrumentar programas de atención médica nutricional y de activación física para combatir la obesidad infantil;

III. a IX.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los trece días del mes de febrero de 2014.

Suscribe

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinosa”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para preguntarle a la promovente si me permite sumarme a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aceptado, Senador Robledo Aburto. Ruego a la Secretaría que lo registre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Cultura Física y Deporte.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

La iniciativa que presento el día de hoy, tiene una especial relevancia para la sociedad mexicana, y en particular para los jóvenes de México.

Esta tiene iniciativa como finalidad atender la problemática relativa a los trastornos alimenticios y las adicciones de la población joven de entre 17 y 24 años, mediante la creación de programas escolares de prevención y protección con un enfoque de recreación y rehabilitación a través de la cultura física y el deporte.

Ello es de especial relevancia, toda vez que de conformidad con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el mayor consumo de drogas corresponde a la población de entre 18 y 34 años; por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, arroja datos que indican que el 35 por ciento de la población adolescente de entre 12 y 19 años de edad presentan sobrepeso y obesidad, es decir, que 1 de cada 5 adolescentes presenta sobrepeso, y 1 de cada 10, obesidad.

El aumento de 2006 a 2012 fue del 5 por ciento los jóvenes, en tanto que los adultos el aumento fue únicamente de 2.9 por ciento; en cambio, la anemia en jóvenes bajó del 9.2 al 5.6 por ciento.

Considerando también que de acuerdo con los censos de población y vivienda 2010, la mitad de la población de nuestro país son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, resulta entonces de suma importancia el desarrollo de programas escolares de prevención y protección que apoyen a este sector por trastornos alimenticios o adicciones, de los cuales el 20.7 por ciento cursan el nivel medio superior, y el 23.1 por ciento el nivel superior.

En este tenor, propongo reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de insertar dentro de las facultades de las Secretarías de Salud y de Educación, el desarrollo coordinado de programas de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones, estableciendo a su vez, a través de la CONADE, la vinculación con el desarrollo de la actividad física y de los programas deportivos como mecanismo de rehabilitación de los jóvenes que se encuentren en los supuestos de trastornos alimenticios o adicciones.

Aunado a lo anterior, se propone establecer como requisito indispensable para el nivel medio superior y superior que dentro de la documentación de las instituciones educativas, requiera a los alumnos de nuevo ingreso o reingreso, presentar un certificado médico que incluya un antidoping completo y una biometría hemática general, lo anterior con la finalidad de que la institución educativa esté en condiciones de apoyar al alumno que tenga algún tipo de trastorno alimenticio o problema adictivo, dando aviso a la autoridad competente para que a la brevedad el alumno sea canalizado a un centro de rehabilitación para su pronta recuperación a través de reacondicionamiento físico por medio del deporte.

En ese sentido, todas las instituciones educativas tendrán la obligación de apoyar al alumno, ello con la finalidad de que sea rehabilitado y que pueda continuar con sus estudios, libre de los efectos negativos provocados por adicciones y trastornos alimenticios.

Por lo anterior expuesto, se propone a la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para desarrollar programas escolares de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Es cuanto.

Iniciativa

“MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la Republica de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; LEY GENERAL DE EDUCACION; LEY GENERAL DE SALUD, Y LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, PARA DESARROLLARPROGRAMAS ESCOLARES DE PREVENCION Y PROTECCION A JOVENES CON TRASTORNOS ALIMENTICIOS O ADICCIONESde conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa, tiene como objeto atender a la gran problemática e inquietud que se tiene en el país con respecto al consumo indebido y excesivo de drogas por parte de los jóvenes, así como la falta de apoyo o conocimientos acerca de la problemática de anemia y de obesidad que tenemos en la población joven de entre 17 a 24 años en nuestro país.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 nos hace referencia al programa sectorial de salud (2007-2012) en el cual se han invertido alrededor de 6 mil millones de pesos para la construcción de 335 centros de atención en sus 3 niveles ya que dicho estudio nos arroja que dentro de la clasificación de población de 18 a 34 años es donde se encuentra la prevalecía más alta de consumo, la cual fue de 2.8 %.

De esta misma manera, se lanzó la Campaña Nacional de información para una “Nueva Vida”, coordinada por la Secretaria de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaria de Educación Pública (SEP), la Secretaria de la Defensa Nacional (SDN).

Por otro lado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 nos arroja que el 35% de la población adolescente de entre 12 y 19 años de edad presentan sobrepeso u obesidad, es decir que uno de cada 5 adolescentes presenta sobrepeso y 1 de cada diez obesidad, el aumento de 2006 a 2012 fue del 5% en lo jóvenes, en tanto en los adultos el aumento fue únicamente del 2.9 %, en cambio la anemia en jóvenes bajo del 9.2 % al 5.6%.

Tomando en cuenta que la mitad de la población de nuestro país son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad según nos arroja los censos de población y vivienda 2010 y que los problemas de obesidad y adicciones atacan principalmente a la población de este sector, es por esto que debemos de implementar los programas escolares de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adiciones ya que el 20.7 % de la población joven cursa el nivel medio superior y el 23.1% el nivel superior.

La presente iniciativa, propone cambios sustanciales, mediante reformas a laLey Orgánica de la Administración Pública Federal las cuales son para dotar de las facultades tanto a la Secretaria de Educación Pública como a la Secretaria de Salud para establecer los programas Escolares de Prevención y Protección a jóvenes con Trastornos Alimenticios o Adicciones; las reformas a la Ley General de Educación, atienden a la naturaleza de cumplir con las facultades y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y posteriormente establecer los principios y las reglas mediante las cuales se establecerán los programas de prevención y protección a jóvenes con Trastornos Alimenticios o Adicciones; las reformas a la Ley General de Salud para que esta establezca los mecanismos mediante los cuales se desarrollaran en coordinación con la Secretaria de Educación Pública los programas Escolares de Prevención y Protección a jóvenes con Trastornos Alimenticios o Adicciones; y las Reformas a laLey General de Cultura Física y Deporte, las cuales atienden a las facultades que se otorgaran a la CONADE para que en razón a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly a la Ley General de Educación se establezca como vinculatorio el desarrollo de la actividad física y de los programas deportivos como mecanismo de rehabilitación de los jóvenes que se encuentren en los supuestos de trastornos alimenticios o adicciones, esto con la finalidad de establecer dentro de las instituciones educativas a partir del grado medio superior hasta el superior un requisito indispensable, que dentro de la documentación querequieren a los alumnos de nuevo ingreso o reingreso, se les solicite presenten un certificado médico en el cual incluyaun antidoping completo y una biometría hemática general, esto con la finalidad de que la institución educativa pueda ayudar y apoyar al alumno que tenga algún tipo de trastorno alimenticio o problema adictivo dando aviso a la Secretaria de Salud o a la Secretaria de Educación Publica para que a la brevedad el alumno que presente alguno de estos problemas sea canalizado alcentro de rehabilitaciónpara su pronta recuperación y readaptación .

Cabe señalar que todas y cada una de las instituciones educativas tendrán la obligación de apoyar al alumno sin ser motivo de discriminación, si no al contrario apoyándolo con la finalidad de que éste no interrumpa sus estudios.

De igual manera se propone, se firmen convenios entre las instituciones educativas para que coadyuven con la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Salud, esto con la finalidad de dar una mejor eficiencia al programa.

Con ello se busca que tanto padres de familia como las instituciones escolares puedan ayudar al combate contra la anemia, obesidad o consumo de drogas en los jóvenes de entre 17 a 24 años, edad en la que la población mexicana comienza a mostrar este tipo de trastornos según lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las normas de crecimiento de 2007 dadas a conocer en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adicionan una fracción XXXI al Artículo 38, recorriéndose la anterior a ser XXXII; y una fracción XXIV al Artículo 39, recorriéndose la anterior a ser XXV, ambas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- a XXX.- …

XXXI.- En coordinación con la Secretaria de Salud desarrollar programas escolares de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones.

XXXII.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Articulo 39.- A la Secretaria de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- a XXIII …

XXIV.- En coordinación con la Secretaria de Educación Pública desarrollar programas escolares de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones.

XXV.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

SEGUNDO. Se adiciona una fracción XIII al Artículo 14 de la Ley General de Educación Pública, recorriéndose la anterior a ser XIV, para quedar como sigue:

Articulo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se
refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I.- a XII Quintus …

XIII.- Desarrollar Programas escolares de Prevención y Protección a Jóvenes con Trastornos Alimenticios o Adicciones.

Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán ser desarrollados con la Secretaria de Salud, su contenido y reglas de operación serán establecidos en los reglamentos que correspondan y tendrán como finalidad esencial que los jóvenes de 17 a 24 años que pretendan ingresar a un nivel de estudio medio superior o superior deberán de entregar anualmente un estudio de antidoping completo y una biometría hemática general, esto con el fin de que si alguno de los alumnos presenta algún tipo de trastorno o adicción sea canalizado al área de salud correspondiente, de igual manera se tendrá que construir un mecanismo de reacondicionamiento físico en cooperación con la CONADE para que de esta forma el alumno pueda llegar a obtener una oportuna rehabilitación por medio del deporte.

XIV.- Las demás que con el carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

TERCERO.Se reforma la fracción IX del Artículo 7º de la ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I.- a VIII …

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica de deporte, y en lo que corresponda atender los programas escolares de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones, programa que deberá ser diseñado en coordinación con la Secretaria de Educación Pública y atendiendo los lineamientos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.

X.- a XIV.- …

XV.- Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

CUARTO. Se adiciona una fracción XXVII BIS al Artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 30.-La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

I.- A XXVII.- …

XXVII BIS.- Participar en el desarrollo de programas de Prevención y Protección a Jóvenes con Trastornos Alimenticios o Adicciones, a través de la cultura física, la recreación y la rehabilitación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Será competencia de cada una de las instituciones educativas el registro y clasificación de la información.

TERCERO. Es competencia exclusiva de la secretaria de salud y la Secretaria de Educación Pública con las instituciones educativas el canalizar, dar apoyo y seguimiento a cada uno de los alumnos.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Participación Ciudadana.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente.

La verdad que yo tenía ganas de presentar esta iniciativa. En meses pasados habíamos presentado varios legisladores propuestas de modificación a la Constitución para hacer participativa nuestra democracia.

Ya hemos aprobado la reforma constitucional en la materia; cuando hicimos la reforma política, entra ahí una modificación que permite la participación de los ciudadanos. Aquel que tiene el poder para tomar parte en la administración deliberativa y judicial de cualquier estado, le llamamos ciudadano, y de manera general un estado es un cuerpo de ciudadanos suficiente para los propósito de la vida, lo dijo Aristóteles.

Nosotros queremos vivir una democracia representativa donde durante muchos años, me parece que es importante y valioso, podamos pasar de la representatividad a una democracia mucho más participativa que sea en gobernanza, que sea con espacios formales de participación de los ciudadanos, de supervisión, de vigilancia para que entre todos podamos tomar las decisiones.

Así que, seguir abonando y abriendo con el concurso de mis compañeros del grupo y de todas las fuerzas políticas aquí representadas, la ruta de la democracia participativa y deliberativa representa un paso imprescindible para millones de ciudadanos en el país.

Hay pasos institucionales y legales necesarios, y hay otros más que se inscriben como históricos. Nosotros creemos que la participación ciudadana puede ser un parteaguas en la historia de nuestro país, por ello, de conformidad con las recientes reformas, vengo a presentar ante esta Soberanía una iniciativa que tiene la Ley General de Participación Ciudadana, con la firme convicción de que este esfuerzo se sume a los diversos y valiosos proyectos ya existentes, y que a la postre sirva como marco legal para las entidades federativas y los municipios del país, para adecuar y armonizar sus leyes respectivas con este propósito trascendental e histórico para la vida pública.

Por supuesto que esta iniciativa mantiene y da vigor a la perspectiva deliberativa que debe tener la democracia participativa o ciudadana. Consideramos de manera responsable que las figuras de participación tradicionalmente propuestas, significan formas valiosas de participación; sin embargo, a largo plazo solo mantienen al ciudadano en esa dinámica, hecha por instantes cuando solo hay una consulta.

Nosotros decimos sí a la participación ciudadana, pero aquella que sea permanente y se inscriba como forma de vida, es decir, como un hábito diario en la conducta cívica de los ciudadanos y el Estado.

Para que un ciudadano pueda ser parte en el gobierno y formar parte de la administración deliberativa, como dijo Aristóteles, lo que necesita es información y generar los canales ideales para dirigir sus aportaciones, pues los nobles ideales, la teoría democrática, clásica, suponen un proceso de toma de decisiones nacional con un electorado con pleno conocimiento.

Cabe destacar que en el ámbito local es donde mayor auge han tenido los mecanismos de participación ciudadana. Así 18 entidades federativas ya cuentan con leyes de participación ciudadana, y 9 más tienen leyes secundarias que regulan algunas figuras de manera aislada.

Sin duda alguna, todos coincidimos en que el sistema representativo resulta ya insuficiente, porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión de sufragio para después retirarse sin mayor objeción. Con el sistema de partidos actual, la libertad del ciudadano en su capacidad de participación se reduce a los escasos segundos que ocupe en la mampara electoral.

Nuestro país ha entrado en la etapa en que una representación, sin una participación de la ciudadanía real, imposibilita el avance hacia una consolidación de Estado. Este sexenio sin ciudadanos puede convertirse en la reedición del viejo régimen. La conformación de la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y muchas decisiones se toman con un completo desconocimiento de la materia.

En efecto, la noción de democracia deliberativa ha sido presentada por Habermas para superar el impasse, que se produce entre la defensa de la primacía de los derechos humanos individuales y los que ponen el énfasis en la idea de la soberanía popular, ¿dónde encontramos la legitimidad de la democracia moderna? La respuesta es sencilla, pero compleja a la vez de introyectar en nuestros sistemas normativos, en un acuerdo comunicativo entre gobernados y gobernantes.

Entonces, la legitimidad democrática se da cuando las acciones, normas o instituciones que en ella se dictan pueden ser justificadas dentro de un proceso deliberativo.

Esta discusión racional, respetuosa y equitativa da como base la formación de la gobernanza, entendida como la posibilidad democrática de potenciar la participación formal, es en síntesis, un conjunto de posibilidades que se ofrecen al ciudadano desde las instituciones para que se involucren los procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Hay agendas públicas en las que existe un consenso generalizado.

Compañeras y compañeros Senadores, esta iniciativa es una de ellas. Por este motivo aprovecho esta exposición para convocarlos también a la realización de foros en los congresos de las entidades federativas, y un gran foro en la sede del Senado para proponer, conocer, analizar y construir de manera objetiva la mejor legislación que esta materia pueda tener y que esté a la altura de las grandes necesidades, inquietudes y talentos de nuestros ciudadanos.

En efecto, el consenso es patente, por ello consideramos que esta materia, dada su relevancia y que puede convertirse en uno de los grandes detonantes del desarrollo nacional, debe darse como una ley general y así convertirse en el modelo y la base fundamental para toda la República, respetando los principios rectores del federalismo.

Así, la presente iniciativa busca cumplir con los más altos ideales que impulsamos en Acción Nacional, donde el ciudadano exista junto a su gran talento y el de los demás de manera permanente. La democracia no es un instante, es un estilo de vida.

En este sentido, consideramos en esta iniciativa un modelo democrático deliberativo, promoviendo la consolidación democrática, entendida como el proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis, en palabra de Norberto Bobbio, “la democracia deliberativa es el gobierno del poder público en público”.

Para ello, la presente iniciativa contiene seis títulos con 87 artículos, dentro de los cuales se establecen los derechos de los ciudadanos para participar en los diversos mecanismos de participación ciudadana.

Destaca la integralidad de la presente iniciativa, pues no sólo se limita a tres tradicionales figuras de participación, como lo son el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular, sino que incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias, hasta la participación en las grandes decisiones de nuestra nación.

Establece como mecanismo lo siguiente: audiencia pública, consulta popular, colaboración ciudadana, contralorías ciudadanas, comités ciudadanos, consejos económicos y sociales, observatorio ciudadano, recorridos de autoridades e iniciativa ciudadana.

No debemos olvidar que el legislador debe involucrar la ciudadanía en el proceso de formación de leyes. Por lo tanto, debe existir un mecanismo formal por medio del cual se ve a una consulta ciudadana como una forma de participación del pueblo para mejorar y complementar un sistema que aspira a fortalecer y consolidar la democracia.

Esta ley tiene como fundamentales finalidades garantizar las democratizaciones de las relaciones desde ciudadanía y Estado en sus diversos niveles.

Equidad de género y generacional en la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones de la vida pública.

Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación social.

Promover participación ciudadana con el concurso de los pueblos originarios de la República con pleno respeto, inclusión de sus lenguas y costumbres.

Acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes.

Control social respetuoso y rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejan fondos públicos.

Establecer formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia deliberativa determinados por la Constitución y esta ley.

Fijar criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y ciudadanos que formen parte de estas instancias.

Implementar actuación de los órganos del Estado en la democracia electrónica o participación vía virtual e implementar procesos de formación académica y capacitación constante a los servidores públicos para la formación de una cultura basada en la construcción de una versión pública, abierta y deliberativa con el concurso de la sociedad.

Es por ello, señor Presidente, Asamblea, que presento esta iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Participación Ciudadana.

Me encantaría que podamos abrir foros y que se incluya en las distintas mesas que ya están trabajando en la reglamentación de la participación ciudadana a partir de la reforma constitucional que aceptamos en este Senado en el periodo pasado.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, Senadora de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 fracción II y 73 fracción XXIX-Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I y 164 y 169del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de ParticipaciOn Ciudadana de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Aquél que tiene el poder para tomar parte en la administración deliberativa y judicial de cualquier estado le llamamos ciudadano; y de manera general, un estado es un cuerpo de ciudadanos suficiente para los propósitos de la vida”

Aristóteles, La Política

Seguir abonando y abriendo con el concurso de mis compañeros de grupo parlamentario y de todas las fuerzas políticas aquí representadas la ruta de la democracia participativa y deliberativa, representa un paso imprescindible para millones de ciudadanos en el país. Hay pasos institucionales y legales necesarios y hay otros más que se inscriben como históricos. Nosotros creemos que la participación ciudadana puede ser un parte aguas en la historia de nuestro país.

Por ello, de conformidad con las recientes reformas constitucionales del año pasado, hoy, presentó a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa mediante la cual se crea la Ley General de Participación Ciudadana, con la firme convicción de que este esfuerzo se sume a los diversos y valiosos proyectos ya existentes y, que a la postre, sirva como marco legal para las entidades federativas y los municipios del país para adecuar y armonizar sus leyes respectivas con este propósito trascendental e histórico para la vida pública.Por supuesto que está iniciativa mantiene y da vigor a la perspectiva deliberativa que debe tener la democracia participativa o ciudadana. Consideramos de manera responsable que las figuras de participación tradicionalmente propuestas significan formas valiosas de participación; sin embargo, a largo plazo solo mantienen al ciudadano en esa dinámica hecha por instantes y pequeños esfuerzos fugaces. Nosotros decimos sí a la participación ciudadana, pero a aquella que sea permanente y se inscriba como forma de vida, es decir, como un hábito diario en la conducta cívica de los ciudadanos y el Estado.

Para que un ciudadano pueda ser parte en el gobierno y tomar parte de la administración deliberativa, como dijo Aristóteles, lo que necesita es información y generar los canales ideales para dirigir sus aportaciones, pues "los nobles ideales de la teoría democrática clásica supone un proceso de toma de decisiones racional por un electorado con pleno conocimiento”(Dalton and Wattenberg, 1993).

Cabe destacar que en el ámbito local es donde mayor auge ha tenido los mecanismos de participación ciudadana, así 18 entidades federativas, ya cuentan con leyes de participación ciudadana y 9 más tiene leyes secundarias que regulan algunas figuras de manera aislada.

Sin duda alguna, todos coincidimos en que el sistema representativo resulta insuficiente porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión del sufragio para después retirarse sin mayor objeción. Con el sistema de partidos actual, la libertad del ciudadano y su capacidad de participar se reduce a los escasos segundos que ocupe en la mampara electoral.

Nuestro país, ha entrado en la etapa, en que, una representación sin una participación de la ciudadanía real, imposibilita el avance hacia una consolidación de Estado, este sexenio sin ciudadanos puede convertirse en la reedición del viejo régimen. La conformación de la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se tomen con un completo desconocimiento de la materia.

En efecto, la noción de democracia deliberativa ha sido presentada por Habermas para superar el impasse que se produce entre la defensa de la primacía de los derechos humanos individuales (liberalismo) y los que ponen el énfasis en la idea de soberanía popular (igualitarismo), ¿dónde encontramos la legitimidad de la democracia moderna? La respuesta es sencilla, pero compleja a la vez de introyectar en nuestros sistemas normativos, en un acuerdo comunicativo entre gobernados y gobernantes.

Entonces, la legitimidad democrática se da cuando las acciones, normas o instituciones que en ella se dictan pueden ser justificadas dentro de un proceso deliberativo.

Esta discusión racional, respetuosa y equitativa dan como base la formación de la gobernanza, entendida como la posibilidad democrática de potenciar la participación formal, es en síntesis un conjunto de posibilidades que se ofrecen al ciudadano desde las instituciones para que se involucre en los procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas (“interactivepolicy-making”, Akkerman 2004).

Hay agendas públicas en las que existe un consenso generalizado, compañeras y compañeros senadores, esta iniciativa es una de ellas. Por ese motivo, aprovecho esta exposición para convocarlos a la realización de foros en los Congresos de las entidades federativas y, un gran foro en la sede del senado, para proponer, conocer, analizar y construir de manera objetiva la mejor legislación que esta materia puede tener y que esté a la altura de las grandes necesidades, inquietudes y talentos de nuestros ciudadanos.

En efecto, el consenso es patente, por ello consideramos que esta materia dada su relevancia y que puede convertirse en uno de los grandes detonantes del desarrollo nacional, debe darse como una Ley General y así convertirse en el modelo y la base fundamental para toda República respetando los principios rectores del federalismo.

Así, la presente iniciativa busca cumplir con los más altos ideas que impulsamos en Acción Nacional, donde el ciudadano exista junto a su gran talento y el de los demás de manera permanente. La democracia no es un instante, es un modo de vida.

En ese sentido, consideramos en esta propuesta un modelo democrático deliberativo promoviendo la consolidación democrática, entendida como el proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis (Morlino, 1986). En palabras de Norberto Bobbio (1986) la democracia deliberativa es el gobierno del poder público en público.

Para ello, la presente iniciativa contiene seis títulos dentro de los cuales se establecen los derechos de los ciudadanos para participar en los diversos mecanismos de participación ciudadana.

Destaca la integralidad de la presente iniciativa pues no sólo se limita a tres tradicionales figuras de participación ciudadana como lo son el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, sino que incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias, hasta la participación de las grandes decisiones de nuestra nación.

Destacan como mecanismos los siguientes:

I. Audiencia Pública;

II. Consulta Popular;

III. Colaboración ciudadana;

IV. Contralorías ciudadanas;

V. Comités ciudadanos;

VI. Consejos Económicos y Sociales;

VII. Observatorio Ciudadano;

VIII. Recorridos de autoridades; e,

IX. Iniciativa Ciudadana.

No debemos olvidar que el legislador debe involucrar a la ciudadanía en el proceso de formación de leyes, por lo tanto, debe existir un mecanismo formal por medio del cual se vea una consulta ciudadana como una forma de participación del pueblo para complementar y mejorar un sistema que aspira a fortalecer y consolidar la democracia.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley General de Participación Ciudadana, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en materia de Participación Ciudadana en toda la República y tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, así como regular los instrumentos de la democracia deliberativa; a través de los cuales los ciudadanos mexicanos pueden organizarse pacíficamente de manera protagónica,con el propósito fundamental de coadyuvar con los órganos del Estado en la toma de decisiones que corresponda; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para de la de rendición de cuentas y control social.

ARTICULO 2.- Para efectos de este ordenamiento, la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno a través de los mecanismos previstos, así como el control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos.

La presente Ley tiene como finalidades fundamentales las siguientes:

I. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno desde una perspectiva deliberativa;

II. La equidad de género y generacional en la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la toma de decisiones de la vida pública;

III. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación social encaminados a ello;

IV. Promover la participación ciudadana con el concurso de los pueblos originarios de la República con pleno respeto e inclusión de sus lenguas y costumbres;

V. El acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes;

VI. El control social respetuoso y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejen fondos públicos;

VII. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia deliberativa determinados en la Constitución y esta ley;

VIII. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y los ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de participación establecidos por esta Ley;

XI. Implementar en la actuación de los órganos del Estado la Democracia Electrónica;e,

X. Implementar procesos de formación académica y capacitación constante a los servidores públicos, para la promoción de una cultura basada en la construcción de una gestión pública abierta y deliberativa con el concurso de la sociedad.

ARTICULO 3.- Son mecanismos de Participación Ciudadana:

I. Audiencia Pública;

II. Consulta Popular;

III. Colaboración ciudadana;

IV. Contralorías ciudadanas;

V. Comités ciudadanos;

VI. Consejos Económicos y Sociales;

VII. Observatorio Ciudadano;

VIII. Recorridos de autoridades; e,

IX. Iniciativa Ciudadana.

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acto trascendental: Acto o resolución de alguno de los Organos del Estado cuyos efectos y consecuencias, puedan causar un beneficio o perjuicio directo o indirecto, de manera permanente, general e importante, para los habitantes de un municipio, región, Estado o en toda la República;

II. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Democracia Electrónica: la utilización de los medios electrónicos e informáticos en los procesos de información, consulta, creación de grupos, foros de discusión y diálogos interactivos. Para el efecto, cada uno de los Organos del Estado dispondrá y actualizará permanentemente su respectivo portal de internet con información relativa a leyes, planes, presupuestos, resoluciones, procesos de contratación, licitación y compras entre otros, estableciendo un espacio dedicado en el portal institucional para poder informar, dialogar e interactuar con la ciudadanía;

IV. Demarcación Territorial: división territorial de los municipios, estados y el Distrito Federal para efectos de la organización y aplicación del presente ordenamiento;

V. Entidades Federativas: Los 31 estados de la República y el Distrito Federal;

VI. Organos del Estado: a los tres Poderes constituidos de la federación y las entidades federativas, dependencias, unidades administrativas y organismos constitucionalmente autónomos en el ámbito municipal, estatal y federal;

VII. Organo Electoral: organismo público, autónomo y permanente encargado de organizar las elecciones en su respectivo ámbito de competencia, ya sea federal o estatales; y,

VIII. Ley: Ley General de Participación Ciudadana.

ARTICULO 5. No se someterán a mecanismos de participación ciudadana los actos legislativos, administrativos, reglamentarios o normativos de los órganos del Estado, relativos a:

I. Reformas a la Constitución y a las particulares de los Estados;

II. Materias de carácter tributario, fiscal o de egresos;

III. Regulación interna de los órganos del Estado; y,

IV. Actos cuya realización tengan carácter obligatorio en términos de la Constitución y de las leyes aplicables.

TITULO SEGUNDO

DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS CIUDADANOS

ARTICULO 6.- La participación ciudadana señalada en esta Ley, es un derecho y una obligación de los ciudadanos.

ARTICULO 7.- Los procedimientos de participación ciudadana previstos en esta ley, se ejercerán sin perturbar ni afectar el orden constitucional o legal, la tranquilidad pública e institucional y el derecho de terceros.

ARTICULO 8.- Tendrán derecho a intervenir en los procedimientos de participación ciudadana, en los términos que marca esta Ley, los ciudadanos de la República que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y estén inscritos en la lista nominal del Instituto Federal Electoral.

ARTICULO 9.- Los ciudadanos tienen los siguientes derechos:

I. Promover, ejercer y hacer uso de los procedimientos de participación ciudadana a que se refiere esta Ley;

II. Ser informados claramente sobre los tipos los alcances que tienen los mecanismos de participación ciudadana;

III. Ser informados oportunamente antes de la consulta, así como de los resultados de los procedimientos de participación ciudadana; y,

IV. Los demás relativos que establezca ésta y otras leyes.

ARTICULO 10.- Los ciudadanos tienen las siguientes obligaciones:

I. Participar de forma ordenada y responsable en el desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana;

II. Coadyuvar con el Organo electoral en la preparación, organización y desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana; y,

III. Las demás que en materia de participación ciudadana establezca ésta y otras leyes.

TITULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES

ARTICULO 11.- Son autoridades en materia de participación ciudadana las siguientes:

I. La Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal;

II. El Congreso de la Unión;

III. Los órganos electorales;

IV. Las Legislaturas de los Estados;

V. Las administraciones públicas estatales, centralizada y paraestatal;

VI. Las delegaciones del Distrito Federal; y,

VII. Los ayuntamientos, sus dependencias, entidades, unidades administrativas y organismos.

ARTICULO 12.- Las autoridades anteriormente señaladas, en su ámbito de competencia, están obligadas a garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley.

Las autoridades están obligadas a promover entre los servidores públicos cursos de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de participación ciudadana y los órganos de representación; la cooperación y acercamiento con la ciudadanía y la cultura de la participación ciudadana deliberativa en general, como un espacio cívico de convivencia social y de una mejor gobernanza.

Las autoridades promoverán entre los habitantes en sus diversas edades en el sistema educativo y con los ciudadanos a través de campañas informativas y formativas, programas de: formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida, representación y promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios, promoción y desarrollo de los principios de la participación deliberativa, fomento a las organizaciones ciudadanas, instrumentos de participación ciudadana, órganos de representación y uso de la democracia electrónica.

ARTICULO 13.- El Organo electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del artículo anterior, el Organo electoral está obligado a implementar programas de capacitación, educación, asesoría, evaluación del desempeño y comunicación en la materia, enfatizando la cultura deliberativa en el sistema educativo nacional en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

En el caso de mecanismos de participación ciudadana cuya implementación e impacto sea de orden exclusivamente de una Entidad federativa o municipio, el órgano electoral respectivo tendrán a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana en los términos de esta Ley y las leyes locales respectivas.

TITULO CUARTO

DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

AUDIENCIAS PUBLICAS

ARTICULO 14.- La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana en el cual los órganos del Estado donde personas físicas o morales, y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.

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Las audiencias públicas serán convocadas cuando los órganos del Estado lo consideren conveniente y oportuno, debiéndose realizar por lo menos una Audiencia de manera semestral, dando difusión a través de los principales medios de comunicación en el ámbito respectivo, estableciendo con claridad, la fecha, hora y lugar de la misma.

ARTICULO 15.- La autoridad pública para cumplir con este mecanismo, podrá convocar y delegar en los funcionarios de los ramos de la administración pública correspondientes.

ARTICULO 16.- Una vez emitida la convocatoria, los ciudadanos interesados contaran con un plazo de 15 días previos a la realización de la Audiencia para inscribirse por los medios respectivos que al efecto se hayan aprobado, con el objeto de que la Audiencia Pública se desarrolle con orden, eficacia y transparencia.

ARTICULO 17.- Los ciudadanos participantes bajo los principios rectores de esta Ley, plantearan de manera clara y específica a la autoridad las necesidades colectivas, así como sus propuestas de solución.

ARTICULO 18.- Los resultados obtenidos en las audiencias públicas deberán ser oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda darles seguimiento.

CAPITULO II

CONSULTA POPULAR

ARTICULO 19.- La Consulta Populares un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Titular del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como la autoridad municipal, el Congreso de la Unión o poderes legislativos locales, en términos de la Constitución, someten a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos, decisiones, leyes o decretos que a su juicio sean trascendentales para la vida pública en sus respectivos ámbitos.

ARTICULO 20.- Los ciudadanos podrán de igual forma solicitar este mecanismo cuando:

a) A nivel federal lo solicite el dos por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal;

b) A nivel estatal lo solicite el dos por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de dicha entidad federativa; y,

c) A nivel municipal lo solicite el diez por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de dicho municipio, cuando no exceda de diez mil electores; el siete por ciento cuando ésta comprenda de diez mil uno hasta treinta mil; del cinco por ciento cuando la lista nominal comprenda de treinta mil uno hasta cien mil; y del tres por ciento cuando la lista nominal sea mayor a cien mil uno.

No podrá someterse a Consulta Popular los actos o decisiones siguientes:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y egresos de los órganos del Estado;

V. La seguridad nacional;

VI. El régimen interno de la administración pública federal, estatal o municipal.y,

VII. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

ARTICULO 21.- Los requisitos de la solicitud presentada por los ciudadanos son:

I. Nombre de los solicitantes;

II. Domicilio legal para recibir notificaciones;

III. Señalar de manera precisa el acto o decisión que se considere trascendental para la vida pública y que motiven la solicitud;

IV. La autoridad o autoridades de las que emana el acto o decisión materia de Consulta Popular;

V. Exposición de motivos detallada de los elementos que se tengan para solicitarla;

VI. Solicitud debidamente formulada con firma autógrafa o, en su caso, huella dactilar de los solicitantes;

VII. La relación de nombres completos de los solicitantes; y,

VIII. Las copias simples por ambos lados de la credencial de elector de los peticionarios.

ARTICULO 22.- Los requisitos de la solicitud presentada por la autoridad son:

I. La autoridad solicitante y el nombre del representante legal. En caso de tratarse de un Ayuntamiento se deberá anexar documento público en que conste la aprobación de Cabildo de la solicitud del procedimiento respectivo;

II. Domicilio para recibir notificaciones, según corresponda;

III. Fundamento legal de la solicitud;

IV. Relación detallada de los motivos que se tengan para solicitar la aplicación de la Consulta Popular;

V. Acto o decisión que se considere trascendental para la vida pública;

VI. Firma autógrafa de la autoridad o representante legal que solicita.

ARTICULO 23.- Es improcedente la solicitud de Consulta Popular en los siguientes casos:

I. Contra actos consumados o de imposible reparación;

II. Cuando los actos o decisiones no sean materia de participación ciudadana;

III. Cuando sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y,

IV. En los casos en que, manifiestamente, la solicitud se haya presentado con firmas apócrifas, los ciudadanos no estén inscritos en la lista nominal o los datos de la solicitud no coincidan con los registrados.

ARTICULO 24.- El órgano electoral correspondiente podrá pedir el apoyo técnico especializado de instituciones académicas y científicas relacionadas con la materia que trate la Consulta Popular para la elaboración de las preguntas que se someterán a Consulta Popular.

ARTICULO 25.- El acto o decisión de gobierno podrá someterse a Consulta Popular cuando sus implicaciones sean valoradas trascendentales, en el ámbito correspondiente. Para lo cual podrá solicitar opinión de especialistas en la materia que así estime conveniente.

ARTICULO 26.- El órgano electoral correspondiente, será el responsable de organizar y realizar en forma directa, el procedimiento de Consulta Popular los días establecidos para la jornada electoral federal o local respectiva más próxima.

ARTICULO 27.- El órgano electoral correspondiente, a través del órgano correspondiente, al recibir las solicitudes para el procedimiento de Consulta Popular, les asignará un número consecutivo de registro, el cual indicará el orden en que ha sido presentada y la fecha de recepción.

ARTICULO 28.- Cuando existan una o más solicitudes coincidentes en su contenido se acumularán para su realización en el mismo procedimiento de consulta.

ARTICULO 29.- El órgano electoral correspondiente verificará la identidad y autenticidad de las firmas o de las huellas dactilares, en su caso de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud, de acuerdo al reglamento respectivo.

ARTICULO 30.- Recibida la solicitud de Consulta Popular, el órgano electoral correspondiente, determinará si reúne los requisitos previstos en esta ley, en un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes y notificará el acuerdo de admisión al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes.

ARTICULO 31.- En caso de no reunir los requisitos se prevendrá al solicitante para que en un plazo de cinco días hábiles subsane lo observado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo la solicitud quedará sin efectos y no podrá presentarla nuevamente en el mismo año.

ARTICULO 32.- Admitida y registrada la solicitud, el órgano electoral correspondiente notificará a la autoridad señalada, para que en el término de cinco días hábiles siguientes, presente su informe en relación a la materia de la Consulta Popular.

La notificación deberá acompañarse de la copia del expediente que se haya integrado, incluyendo la solicitud y los anexos que se adjuntaron a la misma.

ARTICULO 33.- Cumplidos los requisitos de admisión y recibido el informe de la autoridad señalada, el Organo electoral valorará la trascendencia de la solicitud y, en su caso, emitirá la declaratoria de procedencia en un plazo que no excederá de veinte días hábiles, debiendo notificar el sentido de la resolución al interesado dentro de los dos días hábiles siguientes.

ARTICULO 34.- La convocatoria del procedimiento de Consulta Popular que emita el órgano electoral correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en los periódicos oficiales estatales, según corresponda, en estrados, en dos diarios de circulación en el respectivo ámbito territorial y en el sitio de internet, dentro de los noventa días siguientes a la declaración de procedencia.

ARTICULO 35.- Los resultados de la Consulta Popular serán vinculatorios, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Haya participado el cuarenta por ciento de ciudadanos de acuerdo con la votación válida en la elección inmediata anterior, según corresponda; y,

II. Haya votado el cincuenta y uno por ciento en el mismo sentido.

Cuando el resultado no obtenga el porcentaje requerido para ser vinculatorio, sus efectos servirán como criterio de valoración.

CAPITULO III

COLABORACION CIUDADANA

ARTICULO 36.- Colaboración ciudadana es la cooperación honoraria de los ciudadanos con los Organos del Estado, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal;

ARTICULO 37.- Toda solicitud de colaboración deberá presentarse ante el órgano de Estado en donde deseen colaborar, misma que deberá hacerse por escrito y firmada por el o los ciudadanos solicitantes, por los integrantes del Comité Ciudadano o las Asociaciones Civiles legalmente constituidas, señalando su nombre y domicilio así como la obra o el programa en específico. Además señalarán la aportación que se ofrece o bien las tareas que se proponen aportar.

CAPITULO IV

CONTRALORIAS CIUDADANAS

ARTICULO 38.- Las contralorías ciudadanas, son los ciudadanos debidamente constituidos por los órganos del Estado; que realizan funciones de seguimiento, supervisión, vigilancia, evaluación y garantizar la transparencia de las obras, acciones o bien, de los trámites o servicios gubernamentales, bajo criterios de eficacia y eficiencia del gasto público.

Sin embargo son órganos independientes y autónomos en cuanto a sus determinaciones.

ARTICULO 39.- Los órganos del Estado invitarán a la ciudadanía a participar como contralores ciudadanos a través de dos modalidades:

1. Por elección de la población beneficiada a través de Convocatoria; o,

2. Por invitación en reconocimiento a su solidez moral y representación ciudadana

ARTICULO 40.- Son derechos de los contralores ciudadanos:

I. Integrar y participar en el seguimiento y fiscalización de determinada obra, programa o acción pública;

II.Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el desempeño de su encargo; y,

III. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la administración o de actos que afecten el presupuesto, hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes.

ARTICULO 41.- Son obligaciones de los contralores ciudadanos:

I. Asistir puntualmente a los trabajos en el que hayan sido asignados;

II. Conducirse con respeto y veracidad durante las sesiones de trabajo y al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados; y,

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su encargo.

CAPITULO V

COMITES CIUDADANOS

ARTICULO 42.- El Comité Ciudadano es la forma de organización y participación honoraria que coadyuva con los Organos del Estado en la canalización de necesidades básicas, la planeación, ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, serán órganos de representación y deliberación ciudadana de cada colonia, barrio, comunidad rural o pueblo originario en el país.

ARTICULO 43.- En cada colonia, barrio, comunidad rural o pueblo originario en el país podrá elegir un Comité Ciudadano conformado por lo menos cinco integrantes.

ARTICULO 44.- La representación será honorífica y el tiempo de duración de los cargos del Comité Ciudadano será de dos años, sin posibilidad de reelección.

Los integrantes de los Comités Ciudadanos serán electos en jornada electiva y por votación universal, libre, directa y secreta.

ARTICULO 45.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar de manera quincenal marchas exploratorias para identificar problemáticas comunes reales o potenciales;

II. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la demarcación territorial respectiva, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o necesidades;

III. Instrumentar las decisiones que adopten en reuniones abiertas y transparentes con sus habitantes;

IV. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial;

V. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo social en los términos establecidos en la legislación correspondiente; e,

VI. Informar a los habitantes de su demarcación territorial sobre sus actividades y gestiones así como grado de cumplimiento de sus objetivos y acuerdos.

ARTICULO 46.- Para ser integrante del Comité Ciudadano, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con credencial para votar con fotografía;

III. Estar inscrito en la lista nominal de electores;

IV. Residir en la colonia, barrio, comunidad rural o pueblo originario cuando menos seis meses antes de la elección; y,

V. No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la emisión de la convocatoria a la renovación de los comités ciudadanos algún cargo dentro de los órganos del Estado.

ARTICULO 47.- Para el desarrollo de su trabajo y el buen cumplimiento de sus metas, el Comité Ciudadano asignará una coordinación o área de trabajo específica a cada uno de sus integrantes.

ARTICULO 48.- Las coordinaciones de trabajo para la organización interna del Comité Ciudadano de manera enunciativa más no limitativa serán:

I. Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito;

II. Desarrollo Social, Educación, Deporte y Prevención de las Adicciones;

II. Coordinación de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente;

IV. Planeación Participativa, Desarrollo Económico y Empleo;

V. Desarrollo y Servicios Públicos;

VI. Cultura democrática y deliberativa;

VII. Fomento a los Derechos Humanos;

VIII. Fomento a la Transparencia y Acceso a la Información; y,

IX. Servicio a la comunidad.

ARTICULO 49.- Son derechos de los integrantes del Comité Ciudadano:

I. Hacerse cargo de dos coordinaciones de trabajo del Comité Ciudadano;

II. Participar en los trabajos y deliberaciones del Comité Ciudadano;

III. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Comité Ciudadano; y,

IV. Recibir capacitación, asesoría y educación en las materias que conocen.

ARTICULO 50.- Son obligaciones de los integrantes del Comité Ciudadano:

I. Promover la participación ciudadana;

II. Consultar a los habitantes en términos de la presente Ley;

III. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Comité Ciudadano;

IV. Asistir a las reuniones del Comité;

V. Concurrir a las reuniones de las comisiones de apoyo comunitario;

VI. Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las que pertenezcan;

VII. Informar de su actuación a los habitantes de la colonia; y,

VIII. Fomentar la educación y capacitación en materia de participación ciudadana.

CAPITULO VI

CONSEJOS ECONOMICOS Y SOCIALES

ARTICULO 51.- Los Consejos Económicos y Sociales son un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de representación, participación social, incluyente, honorario, de concertación y propuesta, con carácter consultivo y propositivo en la instrumentación de planes, proyectos y formulación de políticas públicas y presupuestos participativos.

La finalidad de los Consejos Económicos y Sociales es proponer objetivos y metas comunes de desarrollo social y económico para la federación y por cada una de las entidades federativas.

ARTICULO 52.- Existirá un Consejo Económico y Social a nivel federal, y uno por cada entidad federativa.

ARTICULO 53.-El Consejo de la Federación estará integrado por once consejeros, representativos de los intereses de la sociedad a nivel nacional, quienes tendrán una participación honorífica.

ARTICULO 54.- Los Consejos de las entidades federativas estarán integrados por siete consejeros, representativos de los intereses de la sociedad a nivel estatal y municipal, quienes tendrán una participación honorífica.

ARTICULO 55.-El Consejo tiene las siguientes obligaciones:

I. Promover el diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos y sociales, con el fin de impulsar la democracia, su consolidación y el fortalecimiento interinstitucional; el compromiso social, la productividad y la competitividad económica; así como el desarrollo en una política justa y equitativa;

II. Ser un órgano de consulta de los Organos del Estado para el diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas, programas e instrumentos en materia económica y social;

III. Formular opiniones y recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo y planes municipales según corresponda, en lo relativo a los programas correspondientes en materias económica y social;

IV. Analizar los problemas generales de la situación económica y social y publicar trimestralmente informes al respecto;

V. Proponer a las autoridades locales, opiniones y recomendaciones para promover el desarrollo económico y social;

VI. Elaborar investigaciones con visiones globales y de largo plazo;

VII. Coadyuvar con la Cámara de Diputados, la Asamblea del Distrito Federal y las Legislaturas de los Estados en la elaboración de sus presupuestos de egresos desde una perspectiva deliberativa, por medio del desarrollo previo de un diagnostico de la situación económica, la determinación de las prioridades y metas de dicho presupuesto; y,

VIII. Coadyuvar y asesorar a los organismos y organizaciones de la sociedad civil organizada, en la elaboración de propuestas, evaluación y seguimiento de políticas públicas y programas que sean de interés general, relacionados con el desarrollo económico y social del Estado.

ARTICULO 56.-El Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados cada tres años emitirán convocatoria pública dirigida a las universidades, colegios de profesionistas, sindicatos y sociedad civil organizada para la integración de dichos Consejos.

ARTICULO 57.- Para el desarrollo de su trabajo y el buen cumplimiento de sus metas, los integrantes del Consejo asignaran una coordinación o área de trabajo específica a cada uno de sus integrantes.

ARTICULO 58.- Las coordinaciones de trabajo para la organización interna del Consejo de manera enunciativa más no limitativa serán:

I. Comunicaciones, vialidad y transporte;

II. Derechos humanos;

III. Desarrollo urbano y rural;

IV. Desarrollo económico e infraestructura;

V. Desarrollo social;

VI. Deporte;

VII. Educación, cultura y turismo;

VIII. Medio ambiente, agua y saneamiento;

IX. Salud y asistencia social; y,

X. Seguridad pública.

CAPITULO VII

OBSERVATORIO CIUDADANO

ARTICULO 59.- Los Observatorios Ciudadanos son entes de interés público, de participación y colaboración ciudadana, sectorial y especializada, en el ámbito federal, estatal y municipal, desde los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los servidores públicos, órganos o políticas públicas, en búsqueda del beneficio de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva, tienen la finalidadde conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas y canalizar la reflexión, el análisis crítico, la vigilancia y la construcción de propuestas, en torno a los diferentes temas de la vida pública, haciendo posible una mayor corresponsabilidad entre autoridad y ciudadano, armonizando con ello, los intereses individuales y colectivos, para construir y garantizar de manera conjunta el desarrollo social.

Los observatorios ciudadanos podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad de cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por mandato constitucional o legal.

ARTICULO 60.- Es obligación de los órganos del Estado, garantizar el acceso a la información que los observatorio ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

ARTICULO 61.- Los Observatorios Ciudadanos tienen por objeto:

I. El fortalecimiento de la participación, deliberación y organización ciudadana;

II. La construcción de análisis objetivos y especializados sobre la actuación de los Organos del Estado, las políticas públicas o los servidores públicos, así como de las diversas problemáticas de la vida pública de la Federación, Estados y municipios;

III. El monitoreo y evaluación de los órganos del Estado, la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos;

IV. La generación de propuestas sobre las diversas problemáticas de la vida pública; y,

V. Servir de apoyo especializado para la realización de los procedimientos de Consulta Popular e Iniciativa Popular, siempre que sean relacionados con su materia.

ARTICULO 62.- Los ciudadanos que integren estos órganos, serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos. Al momento de instalarse, quedarán acreditados por la autoridad electoral respectiva ante el órgano del Estado o servidor público de que se trate.

En ningún caso, podrán ejercer funciones propias de los órganos del Estado, de los servidores públicos o ejecutar políticas públicas.

ARTICULO 63.- Los Observatorios Ciudadanos, sin importar la modalidad y el objeto con los que se constituyan, podrán durar un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Podrán solicitar su renovación hasta en tres ocasiones, siempre que garanticen la sustitución de por lo menos la mitad de sus integrantes, a través de un procedimiento de convocatoria ciudadana en un plazo que no exceda de treinta días a partir de la fecha en que se autorizó su permanencia, en caso de no hacerlo se tendrá por disuelto.

Las personas que se acuerde sean sustituidas serán aquellas que resuelva el Observatorio Ciudadano, de entre las que tengan mayor antigüedad dentro del mismo, en caso de que todas tengan el mismo tiempo, deberá decidirse en los términos que ellos determinen.

ARTICULO 64.- Los Observatorios Ciudadanos quedarán adscritos a los órganos o servidores públicos, según la materia que corresponda; si resultarán ser varias las posibles de adscripción, se atenderá, primero al objeto del observatorio ciudadano en cuestión y, segundo, a quien encabeza la política pública a observarse.

ARTICULO 65.- En el caso de los ayuntamientos, el Presidente Municipal se encargará o en su caso designará a quien apoye y coordine a las asociaciones u organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales o cualquier otro grupo de la comunidad que formen parte de los Observatorios Ciudadanos, con las entidades y servidores públicos del municipio, para logar una mejor funcionalidad de la relación entre gobierno y comunidad.

ARTICULO 66.- Los Organos y servidores públicos coadyuvarán con los ciudadanos y las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil para la integración, organización y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos.

Los Observatorios Ciudadanos, una vez instalados recibirán todo el apoyo técnico y material del Organo del Estado o servidor público al que se adscriban, para lograr su objetivo, una vez concluida su función, si aquellos contaran con algún bien, deberán reportarlos al Organo del Estado o servidor público al que estuvieron adscritos, a efecto de que se integren al patrimonio público.

ARTICULO 67.- Los poderes Legislativo Federal, del Distrito Federal y de las entidades federativas, así como el Ejecutivo federal y estatal, dentro del trimestre siguiente de iniciado su periodo constitucional podrán integrar un Observatorio Ciudadano que coadyuve a la elaboración de la Agenda Legislativa, así como del Plan Estatal de Desarrollo, conforme a las bases siguientes:

I. Se garantizará la representación de los principales sectores económicos del Estado con conocimientos en su área, así como de instituciones académicas y científicas relacionadas con la materia; y,

II. Todas aquellas que estimen necesarias conforme a la legislación aplicable.

ARTICULO 68.- Cada Municipio del país al inicio de su administración, mediante acuerdo del Ayuntamiento, podrá integrar un Observatorio Ciudadano que coadyuve en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, conforme a las bases siguientes:

I. Se garantizará la representación de habitantes del municipio con conocimientos en los temas comunitarios de que se trate;

II. Se garantizará la representación interinstitucional de las entidades y dependencias del municipio relacionadas con el desarrollo sustentable y la calidad de vida; y,

III. Todas aquellas que estimen necesarias conforme a la legislación aplicable.

ARTICULO 69.- Los Observatorios Ciudadanos para su integración deben observar los lineamientos siguientes:

I. La transparencia en el ejercicio de sus funciones; y,

II. La cultura democrática de participación ciudadana.

ARTICULO 70.- La conformación y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos, se sujetará a lo siguiente:

I. Los ciudadanos presentarán, por escrito, una solicitud ante el órgano electoral respectivo, la cual deberá reunir los requisitos siguientes:

a. Los generales de los solicitantes;

b. La firma, ya sea autógrafa o mediante huella dactilar;

c. Proponer en la solicitud, la denominación con que se desea, se nombre al Observatorio Ciudadano que habrá de crearse;

En caso de que dicho nombre haya sido o esté siendo utilizado, o bien, haya alguna imposibilidad para admitirlo, el órgano electoral deberá fundar y motivar la resolución en que lo rechace, debiendo proponer uno nuevo que refleje con claridad el objeto del Observatorio Ciudadano;

d. Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de documentos o notificaciones. Este domicilio será su lugar de residencia;

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado podrá realizar todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento de conformación del Observatorio Ciudadano;

e. Señalar el objeto, logotipo y demás elementos que identifiquen al Observatorio Ciudadano;

f. Los solicitantes deben ser, no menos de tres ni más de quince ciudadanos; y,

g. La solicitud deberá contener una leyenda en donde se exprese la voluntad de los ciudadanos suscribientes de formar parte del Observatorio Ciudadano que se pretende crear.

II. El Organo electoral, podrá verificar los requisitos solicitados mediante los mecanismos de seguridad que determine así como el grado de especialización en la materia de quienes pretenden constituirlo.

Si de la revisión determina que no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para que dentro de los cinco días hábiles siguientes cumplan con lo observado.

Por el contrario, si califica como acreditados los requisitos, o bien, estos se han subsanado después de haberse prevenido, el órgano electoral expedirá la constancia de conformación del Observatorio Ciudadano.

III. De expedirse la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano, la misma autoridad que la emitió citará a los integrantes de aquel, señalando día, lugar y hora para su instalación. La sesión de instalación será válida si existe el quórum legal para ello.

En caso de que no exista quórum legal, el órgano electoral emitirá un segundo citatorio, si en ésta no se reúne el quórum de asistencia, el Organo electoral declarará tal hecho y cancelará la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano. Ninguno de los ciudadanos que solicitaron pueden volver a hacerlo, sino hasta después de un año de la fecha de cancelación.

IV. El órgano electoral llevará un registro de los Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros y demás necesarios para su identificación. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público.

V. El órgano electoral se encargará de vigilary certificar que los Observatorios Ciudadanos se integren y funcionen en los términos que establece la normatividad aplicable, en caso de que el observatorio o sus integrantes dejen de cumplir con los requisitos de ley, o la contravengan, el órgano electoral podrá cancelar su registro.

VI. Los Observatorios Ciudadanos, previo acuerdo entre ellos, podrán dividirse, fusionarse o disolverse. El órgano electoral certificará el acto de que se trate.

ARTICULO 71.- Cada Observatorio Ciudadano expedirá su reglamentación, en que normará su organización y funcionamiento interno, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 72.- Son derechos de los Observadores Ciudadanos:

I. Recibir capacitación, información, y asesoría, complementaría a su especialización, para el desempeño de su encargo;

II. Ser convocados con oportunidad por los Organos del Estado o servidores públicos a los eventos y reuniones en que hayan sido designados, previo acuerdo de sus pares, para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

III. Participar con derecho a voz en dichas reuniones y eventos;

IV. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la administración o de los actos que afecten el ejercicio del gasto público, los observadores ciudadanos deberán dar vista a las autoridades correspondientes; y,

V. Integrar una red de Observatorios Ciudadanos con la finalidad de participar en sus grupos de trabajo, socializar sus logros y sistematizar la información.

ARTICULO 73.- Son obligaciones de los Observadores Ciudadanos:

I. Asistir a los eventos y reuniones en que hayan sido invitados para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

II. Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

III. Estar en contacto permanente con los habitantes y ciudadanos, según el ámbito de acción y el objeto del Observatorio Ciudadano;

IV. Ser conducto para canalizar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno;

V. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su encargo;

VI. Informar semestralmente a la sociedad en general sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones;

VII. Realizar permanentemente el monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para identificar los problemas de la comunidad;

VIII. Enviar trimestralmente un informe detallado de las acciones, programas o políticas públicas realizados por el órgano del Estado o funcionario público al que estén adscritos, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los Organos para la Transparencia y Acceso a la Información de las entidades federativas según se trate, en los términos de las leyes de la materia; y,

IX. Las demás que expresamente se le asignen.

CAPITULO VIII

RECORRIDOS DE AUTORIDADES

ARTICULO 74.-Recorridos de autoridades son un instrumento de participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

ARTICULO 75.- Los recorridos serán convocados obligatoriamente por el poder ejecutivo de la Federación, estados y municipios, de manera trimestral a través de los principales medios de comunicación, estableciendo con claridad, la fecha, hora y lugar del mismo.

ARTICULO 76.- La autoridad pública para cumplir con este mecanismo, podrá convocar y delegar a los funcionarios de los ramos de la administración pública correspondientes.

ARTICULO 77.- La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia pública.

ARTICULO 78.- Los ciudadanos participantes bajo los principios rectores de esta Ley, plantearan de manera clara y específica a la autoridad las necesidades colectivas, así como sus propuestas de solución.

ARTICULO 79.- Los Comités Ciudadanos podrán solicitar, la realización de un recorrido.

En toda solicitud de recorridos se deberá hacer mención del objeto y el lugar o lugares que deban ser visitados. La respuesta a las solicitudes de recorridos deberá hacerse por escrito señalando fecha y hora en la que se realizará el recorrido.

ARTICULO 80.- Los resultados obtenidos deberán ser oportunamente difundidos por los Organismos de Transparencia para que la ciudadanía pueda darles seguimiento.

CAPITULO IX

INICIATIVA CIUDADANA

ARTICULO 81.- Iniciativa Ciudadana es un instrumento mediante el cual los ciudadanos, presentan a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ala Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ante las Legislaturas de los Estados, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos en el ámbito de su competencia.

ARTICULO 82.- Toda iniciativa de Ley o Decreto que fuere desechado, no podrá presentarse otra vez en las sesiones del año.

ARTICULO 83.- El Poder Legislativo correspondiente analizará que la Iniciativa Ciudadana cumpla con los siguientes requisitos:

I. Dirigida al Presidente del Congreso;

II. Fundarse en Ley;

III. Contener una exposición de motivos;

IV. Propuesta del articulado respectivo; y,

V. Que esté sustentada por el cero punto trece por ciento de la lista nominal según corresponda.

ARTICULO 84.- Es improcedente la Iniciativa Ciudadana cuando se omita alguno de los requisitos señalados por esta Ley y no podrá ser presentada en el mismo año.

TITULO QUINTO

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 85.- El Organo electoral, será el responsable de organizar, coadyuvar y realizar en su caso, en forma directa los procedimientos de participación ciudadana.

ARTICULO 86.- Los Organos electorales deberán incluir y aprobar dentro de su proyecto de presupuesto un apartado específico destinado a la realización de los procedimientos previstos en esta Ley.

TITULO SEXTO

RECURSOS

ARTICULO 87.- Las resoluciones pronunciadas por los órganos electorales relativos a los procedimientos de participación ciudadana, podrán impugnarse a través delos recursos señalados en la ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los estados y municipios tendrán un plazo contado de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para adecuar, armonizar o en su caso expedir en sus constituciones políticas particulares y demás leyes relativas las figuras y procedimientos establecidos en la presente Ley.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION A LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.

SUSCRIBE

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza.

- El C. Senador Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle respetuosamente consulte a la Senadora proponente si me permite acompañar y suscribir su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, le preguntaría, ¿acepta la incorporación de los compañeros Senadores, igualmente el Senador Francisco Salvador López Brito? Con gusto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias. Señoras y señores Senadores:

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos. Las cifras, sin duda, a todas luces se han incrementado de manera alarmante en nuestro país en los últimos años.

Según el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante dicho organismo entre diciembre de 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011.

Si analizamos los informes de diversas organizaciones no gubernamentales, coinciden en el señalamiento de esta evaluación que hace la Comisión Nacional de Derechos los Humanos respecto de que estos años, justamente, han sido los de mayor registro de reclamo de personas que han desparecido.

Por su parte, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, señaló tras su visita al país en el mes de marzo de 2011 que más de 3 mil personas habrían desaparecido en México desde 2006.

Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada, encontramos que una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son debidamente investigadas como desaparición de personas u otro delito similar, argumentando que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación.

De acuerdo por lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil, en su informe, “el surgimiento de la desaparición forzada en México”, de enero 2013, se han identificado a 4 grandes grupos de personas que particularmente son vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o integrantes de movimientos sociales, personas migrantes y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.

A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal. No obstante, como podemos ver en estas cifras que brevemente acabo de mencionar, el tipo penal ha resultado inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo y a que se restringe la autoría del delito únicamente a servidores públicos, dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo, autorización, tolerancia o aquiescencia del Estado, cometen tal delito, por lo que no corresponde a los estándares internacionales tal como ya ha sido señalado puntualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas consideraciones, por cierto, llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, dicha sentencia data del 23 de noviembre de 2009, y además nos obliga a que tomemos medidas para reformarno solamente el Código Militar, sino también los preceptos sustantivos y adjetivos en materia penal. Sin embargo, a más de 4 años esto no ha sucedido.

También tengo que mencionar que entre las recomendaciones que México recibió en octubre pasado en el marco del examen periódico universal en Ginebra, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también se nos recomienda que tomemos medidas para que legislemos debidamente en esta materia.

La presente iniciativa justamente se fundamenta en estas recomendaciones y, por supuesto, también en los diversos instrumentos internacionales de los que México es Estado parte.

Enumero las más importantes:

1. La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992.

2. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el marco del periodo número 24 de sesiones de la Asamblea General.

3. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, también aprobado el 17 de julio de 1998.

4. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 22 de junio de 2006.

Además responde a las diversas peticiones y exigencias de organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la problemática específica a la que se enfrenta.

Es verdaderamente, además de conmovedor, el sentimiento casi de incapacidad para poder responder adecuadamente. Yo creo que este es un primer paso.

Es por ello que el día de hoy presento, para que sea turnada a su revisión en comisiones, esta iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

Insisto, respondiendo no sólo a las observaciones internacionales respecto del tipo penal, sino también se propone, en esta iniciativa en comento, la creación del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas a cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de mantener un registro actualizado de todas y cada una de las personas en cualquier modalidad de detención por parte de cualquier autoridad federal.

Como hemos dicho, los tipos penales contemplan los sujetos activos del servidor público, pero también, a cualquier particular que actúe en colaboración o con la autorización, el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de éste.

Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, el omitir integrar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada. Existen gran cantidad de casos que nos obliga a legislar en esta particular materia.

Entre las circunstancias agravantes de la pena se establece: que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer, que esta se encuentre embarazada, migrante o indígena, entre otras.

Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas, es que en muchos de los casos las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia, o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos en detrimento de ésta.

Es por ello que planteamos que el Ministerio Público cuente con un plazo máximo de 6 meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, y en caso afirmativo deberá consignar el caso al juez competente quien, en el mismo auto de radicación, deberá nombrar un apoderado legal de la persona desaparecida, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir esta figura importante que incluimos en la iniciativa, la declaratoria especial de ausencia de persona por desaparición, misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Señoras y señores Senadores:

Por todas estas argumentaciones que hoy acabo de esgrimir ante ustedes, ponemos a consideración esta iniciativa; y por lo tanto, les invitamos a que le demos la debida prioridad en la agenda legislativa de esta Soberanía, a efecto de dar respuesta, lo más pronto posible, a diversas recomendaciones de la comunidad internacional, y además porque constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos, cuyas cifras se han incrementado alarmantemente en nuestro país en los últimos años.

Según el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante dicho organismo entre diciembre de 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011 (más del 70%).

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI) señaló, tras su reciente visita al país en el mes de marzo de 2011, que más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas desde el 2006.

Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada encontramos que, una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son investigadas como desaparición de personas u otro delito similar, argumentado que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación.

De acuerdo a lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos A.C., en su informe “El resurgimiento de la desaparición forzada en México”, de enero de 2013, se han identificado a cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.

A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal. No obstante, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, ya que restringe la autoría del delito únicamente a “servidores públicos”, dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo , autorización tolerancia o aquiescencia del Estado cometantal delito, por lo que no responde a los estándares internacionales, lo cual fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Estas consideraciones llevaron a la CoIDH a condenar al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009) a reformar dicho artículo; sin embargo, a más de cuatro años, esto no ha sucedido.

La presente iniciativa se fundamenta en diversos instrumentos internacionales firmados por nuestro país, de los cuales destacan:

• La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.

• La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 24 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

•El Estatuto de la Corte Penal Internacional. A/CONF. 183/9 de 17 de julio de 1998.

• La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, A/HRC/1/L.2, 22 de junio de 2006.

Además, responde a las peticiones de diversas organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita la problemática específica a la que se enfrentan.

Es por ello que se ha diseñado esta Ley, respondiendo no sólo a las observaciones internacionales respecto del tipo penal, sino también se propone la creación del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de mantener un registro actualizado de todas las personas en cualquier modalidad de detención, por parte de cualquier autoridad federal.

Como hemos dicho, los tipos penales contemplan los sujetos activos del servidor público, pero también, a cualquier particular que actúe en colaboración o con la autorización, el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de éste.

Se equipara al delito de desaparición forzada de persona, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada.

Entre las circunstancias agravantes de la pena se establece: que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer, que ésta se encuentre embarazada, migrante o indígena, entre otras.

Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas es que, en muchos de los casos, las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos, en detrimento de ésta. Es por ello que plantamos que el Ministerio Público cuente con un plazo máximo de seis meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en caso afirmativo, deberá consignar el caso al juez competente quien, en el mismo auto de radicación, deberá nombrar apoderado legal de la persona desaparecida, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Senado de la República:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, al tenor de la siguiente:

LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal.

Artículo 2o.- Es deber de todas las autoridades del gobierno Federal mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

Artículo 3o.- Los órganos dependientes del Ejecutivo Federal que entre sus facultades se encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

II. La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

III. La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos humanos;

IV. La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y custodia de personas; y

V. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada.

CAPITULO II

Artículo 4o.- El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo,detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internaciónen que se encuentren materialmente.

Artículo 5o.- Corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas;

III. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento;

IV. Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione las autoridades federales;

V. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;y

VI. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

Artículo 6o.- Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, la cual deberá ser, como mínimo:

I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;

II. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;

III. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida; y

IV. Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida.

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación.

Artículo 7o.- Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato.

Artículo 8o.- Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato alRegistro Nacional de Datos de Personas Detenidas para mantener actualizada la información.

CAPITULO III

DE LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

Artículo 9o.- Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y:

I. Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;

II. Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

III. Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

IV. Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o

V. Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Artículo 10.- Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona el particular que:

I. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o

II. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de diez a veinticinco años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

Artículo 11.- Se equipara al delito de desaparición forzada de persona el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

Artículo 12.-Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley conforme a lo siguiente:

I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de persona o su equiparado con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

II. Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, omita dar aviso a la autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

III. Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

IV. Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición forzada de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si fuere servidor público, además con inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Artículo 13.- Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Artículo 14.- Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:

I. Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante los quince días siguientes a su privación de libertad; o

II. Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.

Artículo 15.- Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes:

I. Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o

II. Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.

Artículo 16.- Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes:

I. Que durante la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte;

II. Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;

III. Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito;

IV. Que la víctima sea periodista o defensora de derechos humanos;

V. Que se haya realizado la conducta con el fin de obtener algún beneficio;

VI. Que la desaparición forzada se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; o

VII. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Para efectos de la fracción VII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

a) Su origen, edad, sexo, preferencia u orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica precaria;

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

c) Trastorno físico o mental o discapacidad;

d) Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

e) Ser persona mayor de sesenta años de edad;

f) Ser persona menor de 18 años de edad;

g) Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

h) Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en desventaja respecto del sujeto activo del delito.

Artículo 17.- Los delitos de desaparición forzada de persona y su equiparable son delitos continuados e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del concurso. Igualmente será sancionada la tentativa, de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 63 del Código Penal Federal.

Respecto de estos delitos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior, ni la restricción o suspensión de derechos y garantías, establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, beneficios preliberacionales, ni sustitutivo alguno, u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará de carácter político para efectos de extradición.

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considera crimen de lesa humanidad.

CAPITULO IV

DE LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA

Artículo 18.- Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda del desaparecido.

Artículo 19.- El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial de la Federación, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos.

Artículo 20.- Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.

Artículo 21.- Si durante la investigación de los delitos de desaparición forzada de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación federal las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

Artículo 22.- El Ministerio Público contará con un plazo máximo de seis meses a partir de iniciado el procedimiento para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en cuyo caso consignará el asunto a los tribunales competentes.

Artículo 23.- Al inicio de la fase de Instrucción el Juez que emita el auto de radicación deberá, de manera oficiosa, nombrar apoderado legal de la persona desaparecida conforme a la legislación aplicable, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición en el mismo acto.

Artículo 24.- La Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición surtirá los efectos legales de la Declaratoria de Ausencia a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

CAPITULO V

DE LA ATENCION A VICTIMAS Y LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO

Artículo 25.- Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición forzada de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a la legislación aplicable.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

Artículo Tercero.-Las autoridades competentes deberán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero.

Artículo Cuarto.- El Secretariado Ejecutivo deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas detenidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo Quinto.- Para el cumplimiento del presente Decreto respecto del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas, se utilizarán los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuente el Secretariado Ejecutivo, por lo que no se requerirán recursos adicionales para la creación y operación de dicho Registro.

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, 11 de febrero de 2014.

Sen. Angélica de La Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia saluda la visita de un grupo de ciudadanos del municipio de Tlanalapa, del estado de Hidalgo, invitados por nuestro compañero, el Senador Omar Fayad Meneses.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3o, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII AL ARTICULO 3o, LA FRACCION XI AL ARTICULO 18, LA FRACCION III AL ARTICULO 21 Y LAS FRACCIONES XXXI Y XXXII AL ARTICULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA;

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de abril de 2012, la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como objetivo primordial enriquecer la Ley actual de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, publicada el 25 de junio de 2002, por medio de la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), definido como el órgano rector de las políticas públicas de atención hacia las personas de 60 años de edad y más, con un enfoque de desarrollo humano integral que privilegie las acciones de proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer su problemática y encontrar soluciones adecuadas.

Es por ello que la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas propone adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para introducir las definiciones de cuidador permanente y de cuidador temporal; facultar al INAPAM para que establezca convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser instructores en varios programas; fomentar la participación de dicho Instituto en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre los adultos mayores; determinar que las instituciones de salud estén obligadas a otorgar cuidadores temporales debidamente capacitados; promover el diseño de programas de vivienda para este sector de la población, así como proponer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconozca como servicio social a los cuidadores temporales de adultos mayores en los centros de salud.

CONSIDERACIONES

1. Los legisladores debemos estar atentos a los cambios políticos, culturales y sociales que suceden en nuestro país, por lo que debemos buscar aquellas soluciones que nos permitan dar una respuesta puntual y oportuna a todos los mexicanos.

Tratándose de las personas adultas mayores tenemos que ser sensibles y tomar en cuenta que la disminución y el deterioro de algunas de sus capacidades, ocasionan que este grupo vulnerable se encuentre en una situación de desamparo, discriminación y segregación social.

2. Las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda coinciden con la Senadora promovente de la Iniciativa en estudio en que el crecimiento de las expectativas de vida de la población mexicana no se ha traducido en una mejor calidad de vida, toda vez que al llegar a los 60 años las personas se encuentran en condiciones de desventaja, incrementándose la dependencia de la familia y de la comunidad, por lo que en ocasiones son marginadas, menospreciadas, discriminadas, aisladas, abandonadas o maltratadas.

Es por ello que se deben tomar medidas para procurar la atención de este sector de la población, siendo una de ellas el fortalecimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de instaurar una eficiente coordinación interinstitucional, así como aumentar y mejorar los diversos servicios a favor de los adultos mayores.

3. Es imperativo que el Estado Mexicano contribuya con el desarrollo de las personas adultas mayores, sobre todo con aquellas que carecen de la protección de un sistema de seguridad social que les brinde los servicios y atenciones que requieran por su edad, y que viven en situación de riesgo y desamparo. De ahí se desprende la necesidad de mejorar nuestro marco jurídico para garantizarles una mejor calidad de vida y la vigencia plena de sus derechos.

4. Estas Comisiones Unidas destacan y reconocen el estudio de Derecho Comparado que presentó la Senadora Moreno Uriegas en su Iniciativa, pues tomó como base la experiencia de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Perú, Argentina y España, en materia de protección y cuidado de las personas adultas mayores.

5. Derivado del estudio y análisis de la Iniciativa en comento, las Comisiones dictaminadoras consideran oportuno adicionar la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores.

En ese sentido, coincidimos con su propuesta para incluir en el artículo 3o de la Ley materia del presente, conceptos como el de “cuidador y cuidador temporal”, siendo el primero de ellos aquella persona mayor de edad que asiste o cuida a un adulto mayor; mientras que la segunda será aquella persona mayor de edad que preste sus servicios de forma voluntaria y temporal en centros de salud, asilos y albergues reconocidos por el INAPAM.

6. Por su parte, estas Comisiones también se manifiestan en relación a la adición propuesta al artículo 5 de la Ley referida, la cual consiste en que el INAPAM, a nivel federal, estatal y municipal pueda establecer convenios con instituciones de educación públicas y privadas, a fin de incorporar a las personas adultas mayores que tengan una preparación académica, como instructores en los programas dirigidos a la alfabetización, capacitación y difusión de algún tema de interés social, en especial los programas dirigidos hacia las personas adultas mayores.

En cuanto a esta reforma, se señala que el Artículo 5° de la Ley señala cuales son los derechos que se deben garantizar a las personas adultas mayores; sin embargo, la iniciativa propone establecer un derecho más, denominado “de los convenios”, que trata de la facultad que se debe ejercer para establecer mecanismos de colaboración, en este caso entre el INAPAM y algún otro que tenga como finalidad potenciar los derechos de las personas adultas mayores.

Relacionado a lo anterior, es importante mencionar que la celebración de estos convenios no es un derecho, sino una obligación que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de algún derecho, además de que en los artículos 12, 16, 20, 23 y 28 de la Ley en la materia, se encuentran establecidos los diferentes convenios que el INAPAM deberá de realizar.

En virtud de ello, se desecha la propuesta de adición al artículo 5º de la Ley en materia de personas adultas mayores.

7. En lo que corresponde a la adición de una fracción XXI al artículo 10 de la Ley en comento para establecer que como objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas mayores se deberá proveer los mecanismos de participación necesarios para que las personas adultas mayores colaboren en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre ellos, con valoración especial sobre su experiencia y conocimientos en el desarrollo social, económico, cultural y político del Estado, estimamos que dichos rubros ya se encuentran señalados en el actual articulado.

Lo anterior, en virtud de que en el artículo 4° ya se contempla un principio denominado de la “Participación” que establece la inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención, así como en la fracción XX del artículo 28 que señala como atribución del INAPAM, promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y necesidades de la población de las personas adultas mayores en los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres órdenes de gobierno.

Por esos motivos, se propone rechazar la adición al artículo 10 de la Ley en materia de personas adultas mayores.

8. En lo referente a la adición de las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 17 tenemos que el espíritu de las mismas está considerado en diversas fracciones del mismo artículo.

Por ejemplo, en estrecho sentido a la propuesta de adición a la fracción X, la actual fracción III establece que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en su currícula de medicina y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales.

Asimismo, en lo que corresponde a las fracciones IX, XI y XII que se propone anexar, tenemos que la actual fracción I señala que a la SEP debe fomentar a favor de las personas adultas mayores, su acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y así como a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta general educativa, así como el contenido de la fracción III que establece que en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, se deberán incorporar contenidos sobre el proceso de envejecimiento.

Por todo ello, se propone desechar las adiciones al artículo 17 de la Ley en comento.

9. Estas Comisiones dictaminadoras están de acuerdo en adicionar el actual artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para garantizar que las Instituciones Públicas del Sector Salud brinden, a las personas adultas mayores que así lo requieran, el servicio de un cuidador temporal, quien deberá recibir la capacitación correspondiente para sus actividades, la cual deberá incluir información básica sobre el proceso de envejecimiento, los derechos de las personas adultas mayores y primeros auxilios.

Sin embargo, estiman hacer una modificación en apego a la definición de “cuidador temporal” contenido en la propuesta a la fracción XIII del artículo 3° del presente dictamen, a fin de promover que la actividad desarrollada pueda ser considerada como prestación del servicio social, motivando con ello que estudiantes de diversas carreras relacionados a la atención de las personas, como enfermería y trabajo social, puedan acreditar este requisito en los centros de salud, asilos y albergues que estén reconocidos por el INAPAM.

Asimismo, la propuesta señala que la Secretaría de Salud será la encargada de capacitar a los cuidadores temporales de manera homogénea, dejando de lado la especialización o necesidades primordiales que cada uno de ellos necesita dependiendo su preparación y las actividades a desempeñar.

En virtud de ello, se propone que dichos lugares serán los encargados de capacitar a los cuidadores temporales que estén a su encargo de acuerdo a sus necesidades específicas y actividades que realizan.

10. En el rubro de vivienda, estas Comisiones consideran oportuno adicionar el artículo 21 con el objeto de que las instituciones públicas de vivienda garanticen el diseño y ejecución de programas de vivienda para las personas adultas mayores, aplicando modalidades especiales de acceso y financiamiento, haciendo una modificación en el sentido de que las instituciones públicas de vivienda de interés social deberán garantizar el diseño de viviendas accesibles para las personas adultas mayores, procurando la aplicación de modalidades especiales de acceso yfinanciamiento de acuerdo a sus condiciones, con lo cual se pretende, además de aplicar modalidades particulares de financiamiento, promover el diseño de viviendas accesibles.

11. Por último, las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Segunda, coinciden con la adición propuesta por la Senadora María de los Angeles Moreno al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que se proponen como nuevas atribuciones del INAPAM las de firmar, con la Secretaría de Educación Pública convenios para que se les reconozca y libere el servicio social a aquellas personas que decidan liberarlo a través del cuidado de personas adultas mayores en centros de salud, asilos y albergues, para con ello fomentar la participación de los estudiantes en los programas de cuidador temporal y retribuir a la sociedad de manera directa a través de su contribución a favor del citado sector poblacional.

12. Estas Comisiones dictaminadoras reconocen el papel fundamental de las personas adultas mayores en nuestra sociedad, por lo que están a favor de adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluirlos y reconocer su importancia dentro de los diferentes procesos de nuestro país, así como para brindarles un buen y adecuado servicio de cuidado que los auxilie en su vida diaria y permita seguir desarrollándose plenamente.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Segunda:

RESUELVEN

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adicionan las fracciones XII y XII al artículo 3º, la fracción XI al artículo 18, la fracción III al artículo 21 y las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. …

XII. Cuidador: Aquella persona mayor de edad que asiste o cuida a una personas adulta mayor que puede estar o no afectado de cualquier tipo de discapacidad o incapacidad que le dificulte o impida el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.

XIII. Cuidador temporal: Aquella persona mayor de edad que presta sus servicios de forma voluntaria y temporal en los centros de salud, asilos y albergues que estén reconocidos por el INAPAM.

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a X…

XI. La promoción del servicio social como cuidador temporal de conformidad con lo establecido en las fracciones XXXI y XXXII del artículo 28 de esta Ley.

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:

I. y II. …

III. El diseño de viviendas para personas protegidas por esta Ley, procurando la aplicación de modalidades especiales de acceso y financiamiento, conforme a lo establecido por las disposiciones en la materia.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXX. …

XXXI. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las instituciones de educación superior, deberán firmar el convenio respectivo a fin de que se les reconozca a los interesados la prestación del servicio social de cuidadores en los centros de salud, asilos y albergues que estén reconocidos por el INAPAM.

XXXII. Al cuidador temporal que preste sus servicios en alguno de los centros de salud, asilos o albergues reconocidos por el INAPAM, le será equiparada dicha actividad como un servicio social. Para ello deberán cumplir con los requisitos que son necesarios para esta actividad.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Fernando Torres Graciano”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que se recibió en esta Mesa Directiva la intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya sobre el dictamen que nos ocupa, la cual se incorporará al Diario de los Debates.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 99 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3o., 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para incorporar la figura de “cuidador” y “cuidador temporal” para la asistencia de personas adultas mayores.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII AL ARTICULO 3o, LA FRACCION XI AL ARTICULO 18, LA FRACCION III AL ARTICULO 21 Y LAS FRACCIONES XXXI Y XXXII AL ARTICULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA;

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de abril de 2012, la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como objetivo primordial enriquecer la Ley actual de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, publicada el 25 de junio de 2002, por medio de la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), definido como el órgano rector de las políticas públicas de atención hacia las personas de 60 años de edad y más, con un enfoque de desarrollo humano integral que privilegie las acciones de proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer su problemática y encontrar soluciones adecuadas.

Es por ello que la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas propone adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para introducir las definiciones de cuidador permanente y de cuidador temporal; facultar al INAPAM para que establezca convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser instructores en varios programas; fomentar la participación de dicho Instituto en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre los adultos mayores; determinar que las instituciones de salud estén obligadas a otorgar cuidadores temporales debidamente capacitados; promover el diseño de programas de vivienda para este sector de la población, así como proponer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconozca como servicio social a los cuidadores temporales de adultos mayores en los centros de salud.

CONSIDERACIONES

1. Los legisladores debemos estar atentos a los cambios políticos, culturales y sociales que suceden en nuestro país, por lo que debemos buscar aquellas soluciones que nos permitan dar una respuesta puntual y oportuna a todos los mexicanos.

Tratándose de las personas adultas mayores tenemos que ser sensibles y tomar en cuenta que la disminución y el deterioro de algunas de sus capacidades, ocasionan que este grupo vulnerable se encuentre en una situación de desamparo, discriminación y segregación social.

2. Las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda coinciden con la Senadora promovente de la Iniciativa en estudio en que el crecimiento de las expectativas de vida de la población mexicana no se ha traducido en una mejor calidad de vida, toda vez que al llegar a los 60 años las personas se encuentran en condiciones de desventaja, incrementándose la dependencia de la familia y de la comunidad, por lo que en ocasiones son marginadas, menospreciadas, discriminadas, aisladas, abandonadas o maltratadas.

Es por ello que se deben tomar medidas para procurar la atención de este sector de la población, siendo una de ellas el fortalecimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de instaurar una eficiente coordinación interinstitucional, así como aumentar y mejorar los diversos servicios a favor de los adultos mayores.

3. Es imperativo que el Estado Mexicano contribuya con el desarrollo de las personas adultas mayores, sobre todo con aquellas que carecen de la protección de un sistema de seguridad social que les brinde los servicios y atenciones que requieran por su edad, y que viven en situación de riesgo y desamparo. De ahí se desprende la necesidad de mejorar nuestro marco jurídico para garantizarles una mejor calidad de vida y la vigencia plena de sus derechos.

4. Estas Comisiones Unidas destacan y reconocen el estudio de Derecho Comparado que presentó la Senadora Moreno Uriegas en su Iniciativa, pues tomó como base la experiencia de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Perú, Argentina y España, en materia de protección y cuidado de las personas adultas mayores.

5. Derivado del estudio y análisis de la Iniciativa en comento, las Comisiones dictaminadoras consideran oportuno adicionar la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores.

En ese sentido, coincidimos con su propuesta para incluir en el artículo 3o de la Ley materia del presente, conceptos como el de “cuidador y cuidador temporal”, siendo el primero de ellos aquella persona mayor de edad que asiste o cuida a un adulto mayor; mientras que la segunda será aquella persona mayor de edad que preste sus servicios de forma voluntaria y temporal en centros de salud, asilos y albergues reconocidos por el INAPAM.

6. Por su parte, estas Comisiones también se manifiestan en relación a la adición propuesta al artículo 5 de la Ley referida, la cual consiste en que el INAPAM, a nivel federal, estatal y municipal pueda establecer convenios con instituciones de educación públicas y privadas, a fin de incorporar a las personas adultas mayores que tengan una preparación académica, como instructores en los programas dirigidos a la alfabetización, capacitación y difusión de algún tema de interés social, en especial los programas dirigidos hacia las personas adultas mayores.

En cuanto a esta reforma, se señala que el Artículo 5° de la Ley señala cuales son los derechos que se deben garantizar a las personas adultas mayores; sin embargo, la iniciativa propone establecer un derecho más, denominado “de los convenios”, que trata de la facultad que se debe ejercer para establecer mecanismos de colaboración, en este caso entre el INAPAM y algún otro que tenga como finalidad potenciar los derechos de las personas adultas mayores.

Relacionado a lo anterior, es importante mencionar que la celebración de estos convenios no es un derecho, sino una obligación que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de algún derecho, además de que en los artículos 12, 16, 20, 23 y 28 de la Ley en la materia, se encuentran establecidos los diferentes convenios que el INAPAM deberá de realizar.

En virtud de ello, se desecha la propuesta de adición al artículo 5º de la Ley en materia de personas adultas mayores.

7. En lo que corresponde a la adición de una fracción XXI al artículo 10 de la Ley en comento para establecer que como objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas mayores se deberá proveer los mecanismos de participación necesarios para que las personas adultas mayores colaboren en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre ellos, con valoración especial sobre su experiencia y conocimientos en el desarrollo social, económico, cultural y político del Estado, estimamos que dichos rubros ya se encuentran señalados en el actual articulado.

Lo anterior, en virtud de que en el artículo 4° ya se contempla un principio denominado de la “Participación” que establece la inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención, así como en la fracción XX del artículo 28 que señala como atribución del INAPAM, promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y necesidades de la población de las personas adultas mayores en los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres órdenes de gobierno.

Por esos motivos, se propone rechazar la adición al artículo 10 de la Ley en materia de personas adultas mayores.

8. En lo referente a la adición de las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 17 tenemos que el espíritu de las mismas está considerado en diversas fracciones del mismo artículo.

Por ejemplo, en estrecho sentido a la propuesta de adición a la fracción X, la actual fracción III establece que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en su currícula de medicina y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales.

Asimismo, en lo que corresponde a las fracciones IX, XI y XII que se propone anexar, tenemos que la actual fracción I señala que a la SEP debe fomentar a favor de las personas adultas mayores, su acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y así como a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta general educativa, así como el contenido de la fracción III que establece que en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, se deberán incorporar contenidos sobre el proceso de envejecimiento.

Por todo ello, se propone desechar las adiciones al artículo 17 de la Ley en comento.

9. Estas Comisiones dictaminadoras están de acuerdo en adicionar el actual artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para garantizar que las Instituciones Públicas del Sector Salud brinden, a las personas adultas mayores que así lo requieran, el servicio de un cuidador temporal, quien deberá recibir la capacitación correspondiente para sus actividades, la cual deberá incluir información básica sobre el proceso de envejecimiento, los derechos de las personas adultas mayores y primeros auxilios.

Sin embargo, estiman hacer una modificación en apego a la definición de “cuidador temporal” contenido en la propuesta a la fracción XIII del artículo 3° del presente dictamen, a fin de promover que la actividad desarrollada pueda ser considerada como prestación del servicio social, motivando con ello que estudiantes de diversas carreras relacionados a la atención de las personas, como enfermería y trabajo social, puedan acreditar este requisito en los centros de salud, asilos y albergues que estén reconocidos por el INAPAM.

Asimismo, la propuesta señala que la Secretaría de Salud será la encargada de capacitar a los cuidadores temporales de manera homogénea, dejando de lado la especialización o necesidades primordiales que cada uno de ellos necesita dependiendo su preparación y las actividades a desempeñar.

En virtud de ello, se propone que dichos lugares serán los encargados de capacitar a los cuidadores temporales que estén a su encargo de acuerdo a sus necesidades específicas y actividades que realizan.

10. En el rubro de vivienda, estas Comisiones consideran oportuno adicionar el artículo 21 con el objeto de que las instituciones públicas de vivienda garanticen el diseño y ejecución de programas de vivienda para las personas adultas mayores, aplicando modalidades especiales de acceso y financiamiento, haciendo una modificación en el sentido de que las instituciones públicas de vivienda de interés social deberán garantizar el diseño de viviendas accesibles para las personas adultas mayores, procurando la aplicación de modalidades especiales de acceso yfinanciamiento de acuerdo a sus condiciones, con lo cual se pretende, además de aplicar modalidades particulares de financiamiento, promover el diseño de viviendas accesibles.

11. Por último, las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Segunda, coinciden con la adición propuesta por la Senadora María de los Angeles Moreno al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que se proponen como nuevas atribuciones del INAPAM las de firmar, con la Secretaría de Educación Pública convenios para que se les reconozca y libere el servicio social a aquellas personas que decidan liberarlo a través del cuidado de personas adultas mayores en centros de salud, asilos y albergues, para con ello fomentar la participación de los estudiantes en los programas de cuidador temporal y retribuir a la sociedad de manera directa a través de su contribución a favor del citado sector poblacional.

12. Estas Comisiones dictaminadoras reconocen el papel fundamental de las personas adultas mayores en nuestra sociedad, por lo que están a favor de adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluirlos y reconocer su importancia dentro de los diferentes procesos de nuestro país, así como para brindarles un buen y adecuado servicio de cuidado que los auxilie en su vida diaria y permita seguir desarrollándose plenamente.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Segunda:

RESUELVEN

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adicionan las fracciones XII y XII al artículo 3º, la fracción XI al artículo 18, la fracción III al artículo 21 y las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. …

XII. Cuidador: Aquella persona mayor de edad que asiste o cuida a una personas adulta mayor que puede estar o no afectado de cualquier tipo de discapacidad o incapacidad que le dificulte o impida el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.

XIII. Cuidador temporal: Aquella persona mayor de edad que presta sus servicios de forma voluntaria y temporal en los centros de salud, asilos y albergues que estén reconocidos por el INAPAM.

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a X…

XI. La promoción del servicio social como cuidador temporal de conformidad con lo establecido en las fracciones XXXI y XXXII del artículo 28 de esta Ley.

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:

I. y II. …

III. El diseño de viviendas para personas protegidas por esta Ley, procurando la aplicación de modalidades especiales de acceso y financiamiento, conforme a lo establecido por las disposiciones en la materia.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXX. …

XXXI. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las instituciones de educación superior, deberán firmar el convenio respectivo a fin de que se les reconozca a los interesados la prestación del servicio social de cuidadores en los centros de salud, asilos y albergues que estén reconocidos por el INAPAM.

XXXII. Al cuidador temporal que preste sus servicios en alguno de los centros de salud, asilos o albergues reconocidos por el INAPAM, le será equiparada dicha actividad como un servicio social. Para ello deberán cumplir con los requisitos que son necesarios para esta actividad.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Fernando Torres Graciano”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y de inmediato se ponga a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros:

Vengo, por supuesto, a hablar en favor de este dictamen, invitándoles, al tiempo, a que se sumen con su voto a favor del mismo, en virtud de la importancia que tiene el tema aquí abordado.

Y en ese tenor quiero expresar que las y los legisladores tenemos y debemos estar atentos a los cambios culturales y sociales que suceden en nuestro país. Por lo que es necesario buscar aquellas soluciones que nos permitan dar una respuesta puntual y oportuna a todos los mexicanos.

Tratándose de las personas adultas mayores, tenemos que ser sensibles y tomar en cuenta que la disminución y el deterioro de algunas de sus capacidades ocasionan que este grupo vulnerable se encuentre en una situación de desamparo, discriminación y segregación social.

Derivado del estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, las comisiones dictaminadoras consideramos oportuno incluir en el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, conceptos, como el de “cuidador” y “cuidador temporal”. Siendo el primero de ellos aquella persona, mayor de edad, que asiste o cuida a un adulto mayor.

Mientras que la segunda, será aquella persona mayor de edad que preste sus servicios de forma voluntaria y temporal en centros de salud, asilos y albergues reconocidos por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM.

Asimismo, también nos manifestamos a favor de la adición propuesta al artículo 5o de la ley referida, la cual consiste en que el INAPAM, a nivel federal, estatal y municipal, pueda establecer convenios con instituciones de educación pública y privadas, a fin de incorporar a las personas adultas mayores, que tengan una preparación académica, como instructores en los programas dirigidos a la alfabetización, capacitación y difusión de algún tema de interés social, en especial, los programas dirigidos hacia las personas adultas mayores.

En este tenor, y como resultado de un minucioso análisis, es que coincidimos en adicionar el actual artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el cual queremos promover que las instituciones públicas del sector salud puedan brindar a las personas adultas mayores, que así lo requieran, el servicio de un cuidador temporal, quien deberá recibir la capacitación correspondiente para sus actividades y la cual deberá incluir información básica sobre el proceso de envejecimiento, sobre el derecho de las personas adultas mayores y sobre primeros auxilios.

Aunado a lo anterior, el tema de la vivienda es primordial para todas las personas.

En este sentido, estas comisiones consideramos oportuno adicionar el artículo 21, con el objeto de que las instituciones públicas de vivienda garanticen el diseño y ejecución de programas de viviendas para las personas adultas mayores, aplicando modalidades especiales de acceso y financiamiento.

Finalmente, las comisiones dictaminadoras estamos a favor de que el INAPAM tenga como nueva atribución la de firmar con la Secretaría de Educación Pública un convenio para que se les reconozca y libere el servicio social a aquellas personas que cuiden a los adultos mayores en centros de salud, asilos y albergues, para con ello fomentar la participación de los estudiantes en los programas de cuidador temporal y con ello retribuir a la sociedad de manera directa a través de su servicio social, a favor de las personas adultas mayores.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, segura de contar con su apoyo, estas comisiones dictaminadoras reconocemos el papel fundamental de las personas adultas mayores en nuestra sociedad.

Ponemos a su consideración este dictamen, seguros de que brindaremos un buen y adecuado servicio de cuidado que auxilie a las personas adultas mayores en su vida diaria y permita seguir desarrollándose plenamente.

Por su atención y segura por su apoyo, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Para hablar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se le concede el uso de la palabra a su Presidente, el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo quisiera llamar su atención respecto a esta reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual va a beneficiar a un muy amplio sector de la sociedad mexicana, incluidos a muchos de quienes integramos este órgano legislativo.

Como lo ha señalado la Senadora Hilda Flores, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto fundamental enriquecer a la ley vigente que fue publicada en junio de 2002, y por medio de la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como el órgano rector de las políticas públicas para la atención de las personas de 60 años de edad y más, y para que desde una visión integral se privilegien acciones, se atiendan las necesidades y se oriente a los adultos mayores de este país en el ejercicio pleno de los derechos que le otorgan la Constitución y la legislación mexicana.

La reforma introduce nuevas definiciones como son las de “cuidador permanente” y de “cuidador temporal” y faculta al Instituto Nacional de Atención a Adultos Mayores, para que puedan establecer convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser instructores en programas del propio instituto, pero también al mismo tiempo señala que el instituto debe determinar que las instituciones de salud están obligadas a otorgar cuidadores temporales debidamente capacitados para la atención de aquellos adultos mayores que lo necesiten.

De la misma manera se establecerán políticas públicas para promover programas de vivienda para este sector de la población, así como para que la Secretaría de Educación Pública reconozca como servicio social a los cuidadores temporales de adultos mayores en los centros de salud.

En las comisiones dictaminadoras coincidimos en que el crecimiento de las expectativas de vida de la población mexicana no se ha traducido en un mejoramiento de su calidad de vida, toda vez que al llegar a los 60 años de edad, las mexicanas y los mexicanos se encuentran cada día en mayores condiciones de desventaja, incrementándose la dependencia hacia la familia y la comunidad, lo que ha derivado, en muchos casos, a que los adultos mayores sean menospreciados, maltratados o incluso abandonados en la propia vía pública.

Por ello, consideramos que se deben adoptar medidas para procurar la atención de este sector de la población a fin de instaurar un eficiente sistema de coordinación interinstitucional para aumentar y mejorar diversos servicios en favor de los adultos mayores.

Hay que insistir en que es una responsabilidad del Estado mexicano el contribuir con el desarrollo de las personas adultas mayores, principalmente con aquellas que carecen de la protección de un sistema de seguridad social que les brinden los servicios y las atenciones que requieran por su edad y que hoy viven en situación de riesgo y desamparo.

En este sentido, se modifica el artículo 3o. de la ley mencionada, para que, como lo señaló la Senadora Flores Escalera, el cuidador y el cuidador temporal puedan estar plenamente facultados para que de manera voluntaria y temporal, en centros de salud, asilos y albergues reconocidos por el INAPAM, puedan prestar sus servicios.

En el artículo 5o. de la ley, se faculta al instituto para que con todos los órdenes de gobiernos, pueda establecer convenios con instituciones de educación pública y privada para que las personas adultas mayores accedan a su preparación académica como instructores en los programas de alfabetización, capacitación y difusión de un tema de interés social, especialmente todos aquellos dirigidos a las personas adultas mayores.

Estos convenios son una obligación que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores establecidos en la ley, así como los diferentes convenios del INAPAM.

Por eso se adiciona una fracción XXI del artículo 10 para establecer como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores, el proveer de los mecanismos de participación necesarios para que los adultos mayores colaboren en el diseño, la elaboración y la ejecución de programas y proyectos públicos que traten sobre la problemática que los aqueja.

Y finalmente, también se reforma el artículo 18 de la ley, para garantizar que las instituciones públicas del sector salud brinden a las personas adultas mayores que así lo requieran, el servicio de un cuidador temporal, quien deberá recibir capacitación correspondiente a sus actividades, y al mismo tiempo deberá incluir información básica sobre el proceso de envejecimiento y sobre los derechos a los que tienen o deben tener acceso las personas adultas mayores.

Por estas coincidencias que hemos tenido de una iniciativa que proviene desde abril de 2012, les pedimos a ustedes el voto a favor, a fin de seguir construyendo un sistema integral de atención a un grupo vulnerable, profundamente vulnerable, y en un acelerado proceso de crecimiento, como son las mujeres y los hombres mayores de 60 años en este país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Iniciamos la discusión de este dictamen en lo general. Informo a la Asamblea que se han inscrito oportunamente la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor; el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor; y el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

La importancia de que aprobemos, con algunas modificaciones, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, representa, como lo señala la proponente, el enriquecimiento de la norma respectiva con un enfoque de desarrollo humano integral que privilegie las acciones de proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer su problemática y encontrar soluciones adecuadas.

El introducir con toda claridad las definiciones de “cuidador permanente” y de “cuidador temporal”, el facultar al INAPAM para que establezca convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser instructores en varios programas, el fomentar la participación de dicho instituto en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre todo a los adultos mayores determinar que las instituciones de salud estén obligadas a otorgar cuidadores temporales debidamente capacitados, promover el diseño de programas de vivienda para que ese sector de la población sea beneficiado, así como proponer que la Secretaría de Educación Pública reconozca como servicio social a los cuidadores temporales de adultos mayores en los centros de salud, vendrá a fortalecer de manera determinante la atención y el respaldo que el Estado mexicano le debe a los adultos mayores.

Es cierto, tenemos muchos pendientes con este sector de la sociedad, ya no debemos escatimar los esfuerzos en esta representación porque ha llegado el momento de que la nación responda a la gran deuda que tenemos con nuestros adultos mayores, si queremos realmente que puedan tener y disfrutar una vida plena, con libertad y respeto, sin pobreza, con dignidad, con justicia y que sean incorporados e incluidos en procesos de bienestar social a los que deberían acceder todos los mexicanos.

El tamaño del problema con los adultos mayores está estrechamente ligado a los problemas de pobreza y de analfabetismo. En el país uno de cada dos adultos mayores están en pobreza, y uno de cada diez vive en pobreza extrema de acuerdo con la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además señala tristemente, que el 15.7 por ciento de ellos no tiene acceso a servicios de salud.

En cuanto al analfabetismo en el que se encuentran los adultos mayores, más allá de los índices que son muy lastimosos para un país que supuestamente se dice en franco desarrollo, evidencia que las estrategias gubernamentales para abatirlo no han logrado el éxito que sería esperable dados los recursos invertidos.

Por ello, también el analfabetismo, según la Agencia Quadratín, constituye una de las grandes deudas de la sociedad que difícilmente tendrá solución si no se cambia el contexto social de estas personas, si no se modifican sus condiciones socioeconómicas y si no se acompañan de esfuerzos serios, responsables y con acciones para combatir la pobreza y la desigualdad en que éstas viven.

Sumado a esto, los adultos mayores sufren violencia, son agredidos física o verbalmente, despojados de sus bienes, ingresos o inmuebles que son utilizados sin su consentimiento, sin tomar en cuenta sus necesidades, padecen maltrato emocional, con amenazas y palabras ofensivas, ausencia de expresiones de cariño y respeto o daño a su identidad y dignidad, nos refieren los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por ello, también hemos mostrado nuestra preocupación en el sentido de saber si son verdaderos los beneficios de las reformas en seguridad social universal que ha impulsado el gobierno federal. Recordemos que alrededor de 30 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, mismos que casi en su totalidad no tienen acceso a la seguridad social, también conocida como seguro o previsión social.

El concepto se refiere a una política de bienestar social que protege o garantiza la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la salud, la vejez, las discapacidades. Cuando no se garantiza la satisfacción de dichas necesidades, las personas sufren una severa reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también en la desprotección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos.

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer la misma protección a las personas que están en la imposibilidad temporal o permanente de obtener un ingreso o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales para que puedan satisfacer sus principales necesidades, proporcionándoles derechos en los mismos términos que a los trabajadores formales.

Los adultos mayores requieren de su gobierno, esquemas eficientes integrados en los programas de las instituciones de salud, educación, del INAPAM y del desarrollo social del país, para erradicar las condiciones de pobreza, analfabetismo, el maltrato, el abandono y descuido que padecen nuestros adultos mayores por su condición de fragilidad.

Por ello, es tan importante que demos nuestro voto para aprobar este dictamen; y ciertamente debemos seguir avanzando, porque las deudas con los adultos mayores no deben seguir incrementándose.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Esta es una de las iniciativas que da gusto votar y que da gusto promover, sin duda este país tiene una gran deuda con este sector poblacional que por desgracia se encuentra en condiciones marginales de atención, de desarrollo, hasta existencial. Y me parece que es un buen esfuerzo, una respuesta modesta para el tamaño del compromiso para quienes en su vida entregaron su talento, su esfuerzo, su conocimiento en beneficio de este país.

Sin duda, el sentido de nuestro voto va a ser a favor de este dictamen; sin embargo, vale la pena, dado el tema y la discusión, dejar en la reflexión algo que está sucediendo en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, en los suburbios de este país, y es la falta de atención precisamente a este grupo poblacional, el de los adultos mayores.

Es innegable la circunstancia y la condición que están viviendo muchos de ellos que por desgracia, inclusive, son cabeza de familia, son el sustento de sus hijos, y hoy muchos de ellos están en el abandono. No hay que olvidar que en este país, hasta hace unas décadas, el jornalero no tuvo la oportunidad, y el gobierno tampoco tuvo la visión de generarle la previsión social para cuando llegara a esta etapa difícil, y hoy no hay quien le dé la mano para el cumplimiento de su sustento, para la medicina, para el alimento, para la estancia.

El artesano, el carnicero del pueblo, el ladrillero del pueblo, el paletero, el del oficio, en este país no se tuvo la visión y no hubo la previsión y esta gente no goza, ni tiene la certeza de que el fin del mes recibiría aunque sea de manera modesta la pensión o el apoyo económico que otro sector poblacional sí la tiene y es del que hoy damos cuenta a través de esta iniciativa, para esta figura que se crea el del cuidador, y que sin duda es un gran avance, sin duda es muy benéfico, pero es necesario incrementar el debate, la vigilancia y buscar que los programas sociales a este grupo vulnerable en verdad cumplan el propósito, porque ha llegado tal la desatención, que hasta los modestos programas sociales con los que se cuentan se manipulan y se le regatean, y me refiero al apoyo de 70 y más, ese apoyo federal que debiera ser noble, obligatorio, sin distingos y en libertad y que en provincia o en nuestros estados todavía en muchos de los casos se les regatea y se jinetea inclusive el dinero con el que debieran hacer frente, aunque es muy modesto a sus obligaciones, y hay ocasiones, como sucedió al inicio de este año, que hasta dos o tres meses le retienen ese apoyo, que es muy modesto, pero para ellos muy necesario.

Datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informan que el número de personas de 60 años y más es el 10 por ciento o 10.1 millones en México, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total; en contraste, la mitad de la población tiene 26 años o menos, y eso significa que la política pública encaminada a la población de los adultos mayores debe ser prioridad para el Estado mexicano, debido a que dentro de los próximos 40 años quizás en periodos de décadas o antes se estará incorporando un gran número de personas a este sector poblacional de los adultos mayores.

México será un país de personas adultas en el futuro inmediato.

En este sentido, el Instituto Nacional de las Personas Mayores señala que del total de adultos mayores, el 21.4 por ciento tiene problemas de acceso a la alimentación; por otro lado, 26 por ciento tienen problemas de acceso a la salud; el 28 por ciento no tiene seguridad social; y el 16 por ciento no cuenta con servicios en la vivienda.

Es por ello, que si no mejoran las políticas públicas, si no vamos a la búsqueda de la vigilancia, de la supervisión en un asunto más genuino y de correspondencia a un compromiso y a una deuda que se tiene con este sector poblacional que entregó su vida, entregó su tiempo, su talento para el desarrollo de este país, para que muchos de nosotros estuviéramos aquí en esta tribuna, y para que muchos de nosotros pudiéramos desarrollarnos en nuestra sociedad.

Por eso felicito, y seguramente por modesta que sea, es un inicio y es un avance en esta iniciativa, y felicidades para el promovente y para los miembros de las comisiones

Es cuanto, señor Presidente, y el sentido de nuestro voto será a favor del dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con la venia del Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores.

Efectivamente, el ciclo vital de los seres humanos, como todos sabemos, consta de variadas etapas, una de esas fases la constituye el envejecimiento, el cual en sentido estricto en México inicia a partir de los 60 años. Sin embargo, una de las particularidades de la denominada tercera edad, es precisamente el hecho de que no es valorada como debiese.

En la antigüedad el hecho de ser un anciano significaba respeto y experiencia, lo cual constituía un elemento fundamental, los ancianos eran quienes tomaban decisiones y quienes poseían mayores jerarquías dentro del grupo, sin embargo, en la actualidad la situación se ha invertido, y esta etapa de la vida cobra cada vez menos importancia social.

Alcanzar la tercera edad trae consigo una cadena de situaciones como la vulnerabilidad a la que es sometida esta parte de la población, ya sea por el acceso o la falta de acceso a oportunidades como la salud, pensiones, alimentación y vivienda, entre otros.

La vejez, compañeras y compañeros Senadores, tanto en México como en el mundo, va adquiriendo una significancia mucho más relevante; la cantidad de adultos mayores en el mundo crece de forma exponencial, la relevancia de este proceso que se vive a nivel mundial radica precisamente en que afecta a todo el ámbito del desenvolvimiento social, y en México no nos encontramos preparados para enfrentar esta problemática de modo eficiente.

Así pues, en nuestro país, quiero decirlo, estamos viviendo un proceso de crecimiento de la población de la tercera edad, como todos sabemos, principalmente por el aumento en la expectativa de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Este nuevo fenómeno dada su gran velocidad, impone nuevos desafíos para el Estado, quien debe diseñar y debe implementar políticas públicas que satisfagan las necesidades que surgirán para este sector de la población.

Datos como los que hemos escuchado, datos como los que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reflejan que la población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa por lo menos el 9.3 por ciento de la población total. Y por otro lado, vale la pena recordar que de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en México el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

Estos datos, compañeras y compañeros Senadores, revelan que son dos los problemas que aquejan principalmente a este sector.

El primero se basa en el hecho de que de la soledad en la que deben afrontar estas personas dicho proceso, principalmente la mujer, ya que son ellas quienes tienen mayor expectativa de vida; y en segundo lugar está la pobreza en que vive un alto porcentaje, muy importante, de adultos mayores, esto derivado de los sistemas de pensiones insuficientes para satisfacer las nuevas necesidades que surgen en este ramo.

En este sentido, compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del PRD ha expresado, y lo vengo aquí a reiterar, que somos conscientes de que las políticas públicas no han sido capaces de establecer condiciones mínimas que aseguren dignidad a este sector, de ahí que ponderemos la necesidad de urgencia de aprobar en sus términos el dictamen que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, ponen a nuestra consideración, a efecto de generar el andamiaje jurídico adecuado para que el Ejecutivo Federal implemente las políticas públicas que a este sector requiere.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Presidencia saluda a los integrantes del grupo SCOT-1 Esthela Maris, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Saludamos también a un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Facultad de Derecho, invitados también por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. ¡bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3o, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que en la agenda de hoy están inscritos dos dictámenes a discusión en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, para dar por desechadas una minuta que remite la Colegisladora, y una iniciativa originada en esta Cámara. Ambos proyectos se han retirado del Orden del Día a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Vivienda.

En consecuencia, tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que reforma los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 20 Y 31 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el disctamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levanta la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a desahogar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informarle al promovente.

Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al cuarto dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos puntos de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género para presentar los dictámenes, desde su escaño.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Invitando a todas mis compañeras Senadoras y Senadores a que nos den un voto a favor de los cuatro dictámenes que hoy se han presentado. Revisten la mayor importancia, debido a que el primero de ellos que tiene que ver con el juzgar con perspectiva de género, que es muy, muy importante.

Una de las demandas más recurrentes que hemos tenido es cómo teniendo leyes más adecuadas, más precisas, el juzgador o la juzgadora todavía no aplican la ley, el marco jurídico que corresponde.

Nosotros estamos pidiendo que los juzgadores o las juzgadoras tengan a la mano en sus resoluciones la perspectiva de género.

Por otro lado, el tema de la incorporación de más mujeres en el gabinete federal, nosotros hemos considerado que no es solamente una circunstancia del gobierno federal, sino también de los estados y de los municipios, y en ese sentido nos hemos pronunciado.

Por otra parte, la alerta de género es uno de los mecanismos por lo que más hemos luchado, nosotros creemos que debe de servir para el propósito que fue creado.

La alerta de género no puede ser solamente una evasiva y que pueda seguir, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un sello distintivo en México y sobre todo la violencia feminicida, que es el extremo más doloroso en contra de las mujeres.

Y finalmente, un dictamen que queda sin materia, tiene que ver con el nombramiento de la titular de la CONAVIM, que ya ha sido resuelto por la Secretaría de Gobernación en tiempo y forma, por lo tanto, nosotros pedimos, a nombre de la comisión, que nos den un voto favorable en estos cuatro dictámenes de manera muy pormenorizada he presentado a ustedes.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para referirse al dictamen sobre la alerta de violencia de género, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda, en este dictamen nuestro voto será a favor del mismo; y me preocupa la exhortativa, porque para que pueda tener éxito y para que pueda tener resultado el trabajo que aquí se realiza y que aquí se lleva en el tema legislativo, creando instrumentos legales en defensa de las mujeres, pues indudablemente es que se lleve a la práctica, indudablemente es que se observe, y es preocupante que aun cuando hay un principio legal que faculta para que se pueda llegar esta defensa a favor de la mujer contra la violencia y otras cosas, no se esté haciendo y no se esté realizando.

Existen muchas formas de violencia contra las mujeres, estas pueden ser tanto físicas como sexuales, psicológicas, económicas, así como también ser parte del llamado tráfico de mujeres o trata de blancas, y la Secretaría General de la Campaña de las Naciones Unidas contra la Violencia hacia las Mujeres, calcula que hasta un 70 por ciento de mujeres experimenta violencia en algún momento de su vida.

El tipo de violencia hacia las mujeres que tiene mayor prevalencia a nivel mundial es la física.

Sin embargo, no existe una edad determinada para que ésta suceda, el rasgo abarca entre los 15 a los 44 años y lo que comprueba tristemente que la violencia a las mujeres afecta en todos los periodos de su vida.

La violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país es uno de los fenómenos sociales más extendidos y lamentables, y que se está arraigando en varias entidades de la República.

Datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señala que tan solo en los años de 2001 al 2010 se registraron más de 14 mil 991 feminicidios, lo que representa 39.38 por ciento las muertes por homicidio de mujeres.

En esos 9 años, las tasas de mortalidad femenina crecieron casi al doble: de 2.6 a 4.5 por cada 100 mil mujeres.

Una cifra más, de acuerdo con números del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en México 6 mujeres mueren diariamente a causa de la violencia.

No obstante, para robustecer más aún el marco legal de protección a las mujeres, se aprobó en el 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contempla importantes mecanismos de protección a las mismas. Sin embargo, no ha dado los resultados esperados, y tal es el caso de la declaratoria de alerta de género.

El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Asimismo, el artículo 23 de la misma norma señala que el objetivo fundamental de una alerta de violencia de género, es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia a sus derechos humanos.

Ahora bien, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es el encargado de rechazar o emitir la declaratoria de alerta de violencia de género.

En el estado de Hidalgo, un ejemplo de la negativa ante esta alerta, puesto que distintos organismos civiles presentaron pruebas que demuestran una situación generalizada de violencia contra las mujeres, y pese a ello la alerta fue rechazada.

Lo mismo sucede en el Estado de México, donde se rechazó la alerta de género en julio pasado, y se determinó que las organizaciones civiles no han demostrado que exista una verdadera situación de violencia de género en ese estado.

La organización Amnistía Internacional, pidió al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconsiderada su decisión y declarada la alerta de género en el Estado de México, y no sólo en este estado, sino también en estados como Oaxaca, Guanajuato y Nuevo León, donde éstas no han sido atendidas.

Ante tal panorama, vale la pena cuestionar severamente la acción de estos servidores federales, estatales y locales, la pasividad con que actúan para poner en marcha estos mecanismos asociados al alto fracaso de los institutos estatales para proteger la vida e integridad de las mujeres en México.

Es por ello que esta exhortativa y este dictamen de las proposiciones las votaremos a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

Informo a la Asamblea, que ha remitido a esta Mesa Directiva el Senador Angel Benjamín Robles Montoya sus intervenciones sobre 2 de los dictámenes que nos ocupan, los cuales se inscribirán de manera íntegra en el Diario de los Debates.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchos de nosotros vemos en los semáforos, en las esquinas y en las calles a niños, a niñas, a mujeres en edad avanzada, a enfermemos mentales con problemas de situación verdaderamente extremas y vulnerables.

Los vemos con tristeza limpiando parabrisas, los vemos sin alimentación, los vemos vulnerables a que puedan ser robados, secuestrados y, peor aún, sin la posibilidad de un hogar, de una familia, de la atención de salud y de la alimentación.

Es por ello que hoy les pido a mis compañeras y compañeros Senadores, el poder llevar la voz conjunta, en que podamos exhortar a políticas públicas, estatales, municipales y federales a que se puedan atender a estas causas de extrema necesidad.

El día de hoy, a nombre de mis compañeras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y la de la voz, integrantes del grupo parlamentario del PRI, venimos a presentar una proposición con punto de Acuerdo relativo a la situación que viven alrededor de 11.7 millones de personas en México, según datos del CONEVAL, me refiero a aquellos en pobreza extrema, y específicamente a las personas que se encuentran en situación de calle o indigentes, como se les ha identificado, cuya principal carencia es la de no contar con una vida digna, sin mencionar el acceso a la educación, a servicios de salud, a seguridad social y a la alimentación.

En el marco de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (CELAC) realizada el pasado mes de enero en La Habana, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, (CEPAL) envió un informe denominado "Panorama Económico y Social a la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños 2013". En el documento se hace constar que en la región existen 66 millones de personas en pobreza extrema. Se contabilizaron un millón de personas más en la situación de pobreza que existía en México.

Mientras que en la indigencia y porcentaje de personas en situación de calle, subió de 13.3 por ciento en el 2010, al 14.2 por ciento en el 2012, cuyo modo de vida es lamentable e inadmisible en este pleno siglo XXI, porque además están expuestos a violencia, a explotación sexual y laboral, son susceptibles a adicciones, a sustancias psicotrópicas, son vulnerables a toda clase de discriminación y a ser víctimas de atentados contra su integridad personal por parte de autoridades y de la propia ciudadanía, quienes no respetan si quiera la dignidad que poseen por su condición humana, sin mencionar que algunos cuentan con padecimientos o con trastornos mentales.

Debemos asumir todos esta responsabilidad, como gobierno y como sociedad, para construir políticas públicas que construyan y que puedan lograr que estas personas puedan ser incorporadas a una situación digna de vida.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

UNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de las administraciones públicas de las 31 entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A LOS TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS, ASI COMO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS ENCAMINADAS A ERRADICAR EL INDICE DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE CALLE EN EL TERRITORIO NACIONAL



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.





 

Se le concede el uso de la palabra, al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la estrategia de seguridad y desarrollo integral en Michoacán.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Considero de gran trascendencia que en esta Cámara de Senadores analicemos con mesura, tanto los acontecimientos, como el camino que se ha delineado para atender la grave problemática que enfrenta Michoacán, porque se trata de un asunto sumamente importante, de un asunto de Estado.

Estamos ante un ejemplo de que la realidad del país sigue siendo compleja, que la incertidumbre, el crimen y la inseguridad lejos de acabarse, se recrudece en ciertas zonas que han rebasado y desbordado a las instituciones.

Hoy son públicos algunos de los elementos de una estrategia que se plantea distinta, que busca ser integral. Así lo exigen las circunstancias.

En esta tribuna insistimos en que no se puede revertir el deterioro institucional, la descomposición social y la situación de la violencia, si no se atacan los problemas estructurales.

No basta con utilizar las fuerzas federales, ni enviar al Ejército, así lo planteamos en su momento al Poder Ejecutivo del estado y a la Secretaría de Gobernación.

Más que apoyo al estado, la atención a la difícil situación, el alivio de las condiciones de inseguridad y rezagos que sufren los michoacanos, es una responsabilidad del gobierno de la República, y debe ser de la más alta prioridad.

Por ello, es plausible que el Presidente visite nuestro estado, que anuncie el puntual ejercicio del presupuesto y recursos extraordinarios, sin embargo, el esfuerzo anunciado, a mi juicio, es insuficiente.

Los recursos para Michoacán deben ampliarse. Para efectivamente detonar una transformación profunda, debemos partir de que el estado se ha estancado y continuar con un presupuesto inercial no será suficiente para empezar a cambiar las cosas.

Reconocemos que hay cifras y proyectos importantes, pero la situación amerita un mayor esfuerzo.

También es fundamental que la estrategia se conozca en todas las dimensiones. Debe de quedar claro a dónde se aplicarán los recursos y que lleguen a donde tienen que llegar.

Debemos evitar a toda costa, que se reediten prácticas nocivas, presentes aún en los distintos órdenes de gobierno, el centralismo, la simulación, el burocratismo excesivo, el dispendio de recursos, el clientelismo y la corrupción.

Saludamos las medidas que buscan atender cuestiones estructurales, que apuntalen el desarrollo económico y social.

Bienvenida la estrategia, que es señal de voluntad política. Sin embargo, la inversión de recursos federales en materia de alimentación, educación, salud y vivienda, es una responsabilidad constitucional del Estado, se trata de derechos que tienen los michoacanos, igual que todos los mexicanos, que entrañan obligaciones, hasta hoy incumplidas por el gobierno federal y el gobierno del estado.

Por otro lado, el tema de las autodefensas debe atenderse con enorme responsabilidad. Es atinada la vía del diálogo y la respaldamos. Sin embargo, el hecho de que los ciudadanos, los padres de familia, las amas de casa, los campesinos o comerciantes, quienes tomaron las armas por desesperación, terminan enlistados en unas guardias rurales, bajo el mando del Ejército, de ninguna manera puede ser la mejor salida. Ni reclutar a la sociedad, ni la militarización es el camino adecuado para la paz y para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Hay que reconocer la legitimidad de las demandas, persuadir a la gente de optar por otras vías; pero lo primero es garantizar la seguridad con respeto a los derechos humanos, a la Constitución y combatir, al mismo tiempo, el crimen, la corrupción y la impunidad para generar condiciones de vida digna y de desarrollo.

La responsabilidad constitucional de garantizar seguridad a la población es exclusiva del Estado mexicano. En Michoacán y en todo el país debe hacerse realidad este principio.

Otro aspecto que debe ser revisado con atención, por esta Cámara, es la observancia escrupulosa del Pacto Federal. Una situación compleja como la que vivimos, demanda la intervención y el acompañamiento de las instancias federales, pero siempre en el marco de la coordinación efectiva entre gobierno local, estatal y el federal.

Los límites están claros. Es la soberanía del Estado y la Constitución quienes fijan el marco de competencias y deben regir la actuación de cada autoridad. Debe quedar claro el sustento jurídico para nombrar funcionarios del gobierno federal encargados de ciertas problemáticas y que estos no invadan la competencia del estado y de los municipios.

No debe rebasarse nunca la línea que separa el acompañamiento constante de la suplantación de autoridades, el ejercicio de atribuciones, de la adjudicación de facultades metaconstitucionales.

La estrategia debe servir para reforzar la institucionalidad del estado, no para socavarla, porque solo a los michoacanos compete su construcción.

Es decisión soberana de los michoacanos designar directa o indirectamente sus autoridades y elegir las vías para alcanzar su desarrollo en el marco del proyecto nacional.

Hemos demandado que el gobierno federal asuma sus responsabilidades con Michoacán, en un contexto de pleno respeto al Pacto Federal y de coordinación total con sus autoridades.

Es fundamental que se consideren las circunstancias, problemáticas específicas y la visión de las comunidades en la construcción de las soluciones.

Hay problemas diversos de cada región, en cada municipio y en cada comunidad, como lo pudimos constatar en una reciente visita a tierra caliente, que padece no solo violencia e inseguridad, sino también que enfrenta la parálisis económica, contaminación del agua, rezago en la atención de los desastres naturales recientes, ausencia de proyectos para el campo, por mencionar solo algunos problemas.

Reitero, no podrá ser efectiva la estrategia si no se escucha y se toma en cuenta la voz de los alcaldes de los pueblos y comunidades, si todos ellos no se convierten en actores claves de su implementación y ajuste.

La estrategia debe ser transparente y debe garantizar la participación de los ciudadanos, que son los destinatarios principales.

La salida de la crisis de inseguridad, la paz duradera y el desarrollo, debe emerger de un gran diálogo público, de acuerdos incluyentes, en un nuevo pacto social que incluya la visión y la participación decidida de todos los michoacanos.

En este diálogo deben estar las universidades, los agricultores, los empresarios, los pequeños comerciantes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los maestros, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.

Reitero, y con esto termino, compañeras y compañeros, el llamado a esta Cámara para que estemos atentos, para que realicemos una labor efectiva de seguimiento y revisión constante de los resultados de la estrategia, porque tiene trascendencia nacional.

La estrategia, como todas, es perfectible y puede ser enmendada y complementada en el camino. Por ello propongo exhortar, de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, para que se dé una adecuada atención del tema de los grupos de autodefensas ciudadanas; para que se observe, en todo momento, un estricto apego al Pacto Federal; para que se incrementen significativamente los recursos destinados a detonar el desarrollo económico y social de Michoacán, y para que se garantice la coordinación del gobierno federal con la autoridad estatal y los gobiernos municipales; y también propongo la creación de una comisión especial de Senadoras y Senadores, para dar seguimiento a la estrategia de seguridad y el desarrollo integral de Michoacán.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL DENOMINADA POR MICHOACAN, JUNTOS LO VAMOS A LOGRAR

"El suscrito RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOACAN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Considero de gran trascendencia que en esta Cámara de Senadores analicemos con mesura, tanto los acontecimientos, como el camino que se ha delineado para atender la grave problemática que enfrenta Michoacán, porque se trata de un asunto de Estado.

Michoacán es el mejor ejemplo de que la realidad del país sigue siendo compleja, que la incertidumbre, el crimen y la inseguridad, se recrudecieron en ciertas zonas. Es un ejemplo claro de que la realidad termina por imponerse, porque tarde o temprano rebasa y desborda a las instituciones.

Siempre hemos sostenido que no basta la estrategia de atacar la violencia solo con violencia o presentar de manera espectacular detenciones de personas.

Además, no es sano, para nuestra República, que se sienten precedentes, donde se hace frente a una situación crítica, sin que la opinión de las entidades federativas cuente ni sea tomada en cuenta.

Hoy son públicos algunos de los elementos de una estrategia que se plantea de manera distinta, que busca ser integral. Así lo exigen las circunstancias.

En esta Tribuna insistimos que no se puede revertir el deterioro institucional, la descomposición social, la inseguridad y la violencia, si no se atacan los factores estructurales. No basta con utilizar las fuerzas federales ni enviar al ejército. Así lo planteamos en su momento al Ejecutivo del Estado y al Secretario de Gobernación.

Hace falta revisar los problemas de fondo y entonces sí, transformar las condiciones que hoy configuran un escenario favorable a la delincuencia y la violencia en Michoacán.

Se requiere un esfuerzo extraordinario y significativo en materia de inversión productiva, de generación de empleo, de impulso al desarrollo económico y social.

No basta con el oportuno ejercicio y la correcta aplicación del presupuesto para el 2014, lo que es una obligación que debe cumplir a cabalidad la actual Administración.

Requerimos además saber con precisión el monto de los recursos extraordinarios, además de las obras que ya están comprometidas en ese Presupuesto.

Desde luego que reconocemos que en Michoacán se necesitan muchos de esos recursos extraordinarios, para que sean destinados a nuevas carreteras, hospitales, escuelas, proyectos productivos que vengan a detonar la actividad económica del Estado, como dije ya: de manera Extraordinaria.

Es plausible que el Presidente visite nuestro Estado y anuncie el puntual ejercicio del presupuesto, sin embargo, el esfuerzo extraordinario que ofrece el Gobierno Federal y se traduce en inversión; no es suficiente.

Más que apoyo al Estado, la atención de la difícil situación es una responsabilidad del Gobierno Federal, el alivio de las condiciones de inseguridad y rezagos que sufren las michoacanas y los michoacanos debe ser hoy la máxima prioridad no solo del Gobierno de la República, por ello hago un llamado a todas mis compañeras y compañeros senadores, para que vigilemos permanentemente las acciones comprometidas en la Estrategia anunciada.

Los recursos anunciados deben ampliarse, para efectivamente detonar una transformación profunda en el Estado, porque debemos partir de que Michoacán se ha estancado y continuar con un presupuesto inercial no será suficiente para cambiar las cosas.

Reconocemos que hay cifras y proyectos importantes, pero la situación de Michoacán amerita un esfuerzo mucho mayor.

También es fundamental que la estrategia se conozca en todas sus dimensiones. Debe quedar claro ¿donde se aplicarán los recursos? y debe asegurarse que lleguen a donde tengan que llegar.

Debemos evitar a toda costa que se reeditan prácticas nocivas, que aún están presentes en los distintos órdenes de gobierno; el centralismo, la simulación, burocratismo excesivo, el dispendio de recursos, el clientelismo y la corrupción.

HAY QUE TRATAR EL TEMA DE LAS AUTODEFENSAS CON ENORME RESPONSABILIDAD.

Es atinada la vía del diálogo y la respaldamos, no así la respuesta violenta, que desafortunadamente ocasionó la pérdida de vidas civiles en un primer intento frustrado de desarme.

No es la mejor salida que ciudadanos, padres de familia, campesinos o comerciantes, que tomaron las armas por desesperación, terminen enlistados en unas guardias rurales, que de acuerdo con la ley, estarían bajo el mando del ejército.

No es la militarización el camino adecuado para la paz y para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Muchas voces señalan que la situación puede salirse de control al gobierno, que esto puede tomar otro rumbo y dar pie al surgimiento de grupos paramilitares. Hay que ver las experiencias de otros países, que pagaron costos muy altos con la presencia de esos grupos, se perdieron muchas vidas, se perdió la legalidad en los territorios, se disparó la inseguridad y las injusticias.

Hay que reconocer la legitimidad de sus demandas, insisto, garantizar seguridad y tranquilidad en los pueblos, esa es la salida justa, pero siempre con respeto a los derechos humanos, a la Constitución, combatiendo al mismo tiempo el crimen y la corrupción, transformando las condiciones de vida y de desarrollo.

La responsabilidad Constitucional de brindar seguridad, de garantizar resultados de tranquilidad a los mexicanos es del Estado Mexicano. Las condiciones de Michoacán y del País deben regresar al cumplimiento de este principio.

SALUDAMOS LAS MEDIDAS QUE BUSCAN ATENDER CUESTIONES ESTRUCTURALES, QUE APUNTALEN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

Bienvenida la estrategia, que es señal de voluntad política. Sin embargo, la inversión de recursos federales en materia de alimentación, educación, de salud, de vivienda, es una responsabilidad constitucional del Estado, se trata de derechos que tienen los Michoacanos, igual que todos los mexicanos, que entrañan obligaciones hasta hoy incumplidas por el Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado.

Los Michoacanos tienen derecho a vivir en paz, en un entorno seguro y a ser plenamente libres. El gobierno está obligado a garantizarlo.

Consideramos importante que el Ejecutivo Federal esté buscando posicionar a México como un país en calma, tanto por los inversionistas como por toda la comunidad internacional.

La violencia y la inseguridad siguen presente en diversas zonas del país. Michoacán no es el único lugar con esta realidad, la desesperación y la incertidumbre atacan muchos de nuestros estados con diferentes características e intensidad.

OTRO ASPECTO QUE DEBE SER REVISADO CON ATENCION POR ESTA CAMARA, ES LA OBSERVANCIA ESCRUPULOSA DEL PACTO FEDERAL.

Una situación compleja, como la que vivimos, demanda la intervención y el acompañamiento de las instancias federales. Pero siempre en el marco de la coordinación efectiva entre gobiernos locales, el estatal y el federal.

Los límites están claros, es la soberanía del estado y la Constitución, quienes fijan el marco de competencias y deben regir la actuación de cada autoridad.

Debe quedar claro el sustento jurídico para nombrar funcionarios del gobierno federal encargados de ciertas problemáticas, y que éstos no invadan la competencia del Estado y de los municipios.

Por salud de la República, no debe rebasarse nunca la línea que separa el apoyo o el acompañamiento de la suplantación de autoridades. Ello sucedió en el pasado, donde fue práctica común ejercer facultades metaconstitucionales, donde no existía un régimen pluralista y democrático.

Por ello, debe cumplirse a cabalidad el compromiso expresado por el Presidente de la República: que la estrategia sirva para reforzar la institucionalidad del Estado, no para socavarla, porque sólo a los michoacanos compete su construcción.

Es decisión soberana de los michoacanos designar, directa o indirectamente a sus autoridades y elegir las vías para alcanzar su desarrollo, en el marco del proyecto nacional.

Que quede claro, nosotros seguimos demandando el apoyo del gobierno federal para Michoacán, en un contexto de pleno respeto al pacto federal en un contexto de coordinación total.

ES IMPORTANTE, O MAS BIEN FUNDAMENTAL, PARA QUE LLEGUE A BUEN PUERTO LA ESTRATEGIA, QUE SE CONSIDEREN LAS CIRCUNSTANCIAS, PROBLEMATICAS ESPECIFICAS Y LA VISION DE LAS COMUNIDADES.

Solo así veremos que hay problemas diversos y de distinta complejidad, como lo pudimos constatar en una reciente visita a la tierra caliente, que padece no sólo violencia e inseguridad, sino también, que enfrenta la parálisis económica, contaminación del agua, rezago en la atención de los desastres naturales recientes, ausencia de proyectos para el campo, por mencionar solo algunos problemas.

Reitero, no podrá ser efectiva la estrategia si no se escucha ni se toma en cuenta la voz de los alcaldes, de los pueblos y las comunidades, si todos ellos no se convierten en actores clave de su implementación y ajuste.

La estrategia debe ser transparente y debe garantizar la participación de los ciudadanos, que son los destinatarios principales, los titulares de los derechos.

Hay que escuchar y dejar que los ciudadanos y los pueblos organizados discutan y decidan.

La salida de la crisis de inseguridad, la paz duradera y el desarrollo, deben emerger de un gran dialogo público, de acuerdos incluyentes, de un nuevo pacto social, que incluya la visión y la participación decidida de todos los michoacanos.

En este diálogo deben estar las universidades, los agricultores, los empresarios, los pequeños comerciantes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los maestros, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.

FINALMENTE, COMO LEGISLADOR MICHOACANO, COMO SENADOR DE LA REPUBLICA, QUIERO HACER UN LLAMADO A ESTA CAMARA, PARA QUE ESTEMOS ATENTOS, PARA QUE REALICEMOS UNA LABOR EFECTIVA DE SEGUIMIENTO Y REVISION CONSTANTE DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA PORQUE TIENE TRASCENDENCIA PARA TODA EL PAIS.

Es nuestra responsabilidad como poder legislativo que ejerce funciones de control político. La estrategia, como todas, es perfectible y puede ser enmendada y complementada en el camino.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, a efecto de que sea considerado como de urgente y obvia resolución, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, para que:

a) Se analice la parte de la Estrategia referida a la atención del tema de los grupos de autodefensas ciudadanas, a efecto de que se busquen alternativas distintas a la militarización, que resuelvan de fondo al problema de inseguridad en las diversas regiones de Michoacán.

b) Garantice que la estrategia "Por Michoacán, juntos los vamos a lograr", observe un estricto apego a al pacto federal y a los principios y disposiciones previstas en los artículos 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Se incrementen significativamente los recursos destinados a detonar el desarrollo económico y social en Michoacán en el marco de la Estrategia. Asimismo, se haga del conocimiento público la programación y presupuestación completa, a efecto de que los Michoacanos conozcan a detalle y puedan dar seguimiento a su ejecución de los recursos. De igual forma, se establezcan medidas para evitar el uso indebido de los mismos.

d) Se Instrumenten mesas de trabajo u otros mecanismos que garanticen la coordinación con la autoridad estatal y los ayuntamientos así como la participación de los ciudadanos michoacanos en la discusión, implementación, seguimiento, evaluación integral y ajuste de la citada estrategia.

SEGUNDO. Se crea la Comisión Especial de Senadoras y Senadores para el Seguimiento de la Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Sus atribuciones y conformación serán determinadas por la Junta de Coordinación Política.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11días del mes febrero de 2014.

ATENTAMENTE

Sen. Raúl Morón Orozco".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, el primer resolutivo; y a la Junta de Coordinación Política, el segundo de ellos.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada para presentar, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la Prueba ENLACE.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias. Buenas tardes a todos.

Hace unos meses estábamos aquí todos muy atinados aprobando y festejando la reforma educativa, nos sentíamos muy satisfechos del trabajo realizado. Aquí en este Senado logramos dar la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque sabemos que la evaluación es una pieza clave para el mejoramiento de la calidad en el aula.

También aquí insistimos vehementemente en que se debería evaluar a los profesores para elevar el nivel de la educación en nuestros hijos.

Nos hemos esforzado mucho en esta legislatura defendiendo la evaluación de la educación y esa defensa nos compromete a todos a seguir por este camino.

Es por eso que es necesario conocer a fondo las razones del titular de la Secretaría de Educación Pública para suspender la evaluación nacional del logro académico en centros escolares, que se conoce como Prueba ENLACE.

La justificación para tomar esta decisión fue, en palabras del secretario y retomando a un miembro de la junta de gobierno del INEE, la perversión cuando los maestros enseñan sólo lo que la prueba va a traer como contenido, cuando se procura que el alumno de bajo rendimiento no llegue a la escuela el día de la prueba, cuando se pasan las respuestas de la prueba a alumnos o cuando los docentes corrigen las respuestas una vez entregada la prueba por el educando.

También afirmó el titular de la SEP, que en 2013 los estados del país con una mejor evaluación en la Prueba Enlace fueron Chiapas, Guerrero y Campeche, mismos que en la Prueba PISA son los peores. Por el contrario, estados como Querétaro y Aguascalientes que en la Prueba PISA son los mejores, en la Prueba ENLACE aparecen abajo.

No se puede negar que los resultados de la última evaluación no parecen reflejar la realidad de las entidades. Pero de igual manera no tiene sentido desvirtuar a la prueba, cuando la información propia de la SEP confirma que en sus resultados son altamente confiables.

Cito: "Brinda elementos objetivos, mesurables y comparables que permiten el diseño de políticas, acciones, medidas adecuadas para la pertinencia y calidad de la educación nacional".

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, conoce los avances y desarrollos de los marcos de valorización y de evaluación para mejorar los resultados en nuestro país, entre los que se encuentra la Prueba ENLACE, además de que la experiencia está siendo replicada en otros países como Brasil, Colombia y Argentina.

En el área Procesamiento de los resultados Enlace estipula lo siguiente:

Para la detección de posible copia entre los alumnos o dictado de respuesta, se utilizan dos tipos de métodos: -K-index y Scrutiny, basados en el análisis de respuestas incorrectas, estimando la probabilidad de que los patrones coincidentes de cada par de sujetos en un grupo se deba al azahar. En el caso de los docentes participantes en el Programa Nacional de Carrera Magisterial, sí se ha detectado el factor de copia en su grupo, se aplica la sanción correspondiente con afectación directa a su puntaje en este factor.

La prueba no se califica con la suma simple de aciertos; se utiliza la teoría de respuesta al reactivo, que considera tres niveles de dificultad: alta, media y baja, de acuerdo a tres categorías de procesos congénitos, o sea, da la prueba y dice que sí sirve.

Si se toman estas cosas en consideración, los hechos y declaraciones no dejan el asunto lo suficientemente claro.

Si las autoridades educativas consideran que la prueba puede mejorar o que está viciada completamente por supuestas perversiones, debe existir un mejor camino que suspenderla súbitamente, considerando que al día de hoy no tenemos ningún mecanismo que la pueda sustituir, no hay otra prueba, nos quedaríamos sin prueba.

La lógica utilizada puede ser inconsistente, pues usando los mismos argumentos, muchos programas e instituciones de nuestro país desaparecerían. De que sirvió otra prueba si se aplica mal.

Por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a que hagan llegar a esta Soberanía un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la Prueba ENLACE.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogos en las entidades federativas, a que hagan llegar a esta Soberanía un informe sobre las irregularidades que hubieren detectado en el proceso de la aplicación de la Prueba ENLACE.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogos en las entidades federativas, a que hagan llegar a esta Soberanía un informe sobre las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos involucrados en las supuestas irregularidades detectadas en el proceso de la aplicación de la Prueba ENLACE.

Creo que esto es muy importante; de nada sirve pruebas si después no sabemos aplicarlas, vamos a perder el tiempo, no vamos a tener valoración y luego nos va a costar mucho más tiempo y dinero.

Exhorto a que esto sea rápido, la respuesta a estas peticiones, porque el día 26 de este mes, va a venir aquí a este foro el Secretario de Educación Emilio Chuayffet.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, A REMITIR UN INFORME AL SENADO DE LA REPUBLICA, SOBRE LOS MOTIVOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS QUE JUSTIFICARON LA SUSPENSION DE LA PRUEBA ENLACE.

"Los Senadores Victor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto RuffoAppel y Javier Corral Jurado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) se crea con la premisa fundamental, de que los profesores supieran el estado del aprendizaje de sus estudiantes para implementar medidas que elevarán la calidad en el aula, también para medir y estimular la participación de los padres de familia, además de recopilar información que repercutiera en una mayor rendición de cuentas.

En México no se había implementado por parte de ningún gobierno un instrumento similar, que le permitiera a los padres de familia saber el nivel real de conocimiento de sus hijos y de esa manera participar en el mejoramiento de sus habilidades y competencias.

ENLACE es, en palabras del sitio oficial de la SEP, "una prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica a planteles públicos y privados del País… cuyo propósito es contribuir al avance educativo de cada estudiante, cada centro escolar y de cada entidad federativa".

A pesar de lo anterior, el titular de la Secretaria de Educación Pública anuncio la cancelación de la prueba ENLACE, argumentando la falta de fiabilidad y que se había "pervertido", en función de presuntas irregularidades en el proceso de aplicación.

La prueba era un termómetro de la situación del sistema educativo, obligando a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno a implementar estrategias para mejorar la calidad a partir de los resultados a la vista de todos. La sociedad civil a la luz de la información obtenida, pudo incidir con más decisión, de manera que ENLACE se convirtió también en un mecanismo democrático de participación ciudadana y de transparencia.

La evaluación se aplicaba en Educación Básica, a niñas y niños de tercero a sexto de primaria y jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria, en función de los planes y programas de estudios oficiales en las asignaturas de Español,Matemáticas, Ciencias, Formación Cívica y Etica, Historia y Geografía.

En Educación Media Superior: a jóvenes en el último grado de bachillerato para evaluar las competencias disciplinarias básicas de los campos de Comunicación y Matemáticas.

En su primer año (2006) evaluó a 9,529,490 alumnos de educación básica y para 2013 llegó a la cifra de 14,098,879 alumnos de básica en 122,608 escuelasprimarias y secundarias en todas las entidades federativas.

Entre 2006 y 2013, se aplicaron 95,356,115 pruebas en Educación Básica. Según Mexicanos Primero el costo de la prueba era de 300 millones de pesos, lo que significó un gasto de $18.70 pesos por alumno, menos que el costo promedio de una hora de clase en el sistema público.

A favor de la permanencia de la prueba se puede decir que su eliminación y eventual sustitución significarán una perdida potencial de información y de estudios específicos de los programas educativos. También pone en riesgo la implementación de la Reforma Educativa pues es el único parámetro confiable con el que contaba.

La SEP tenía conocimiento de los vicios potenciales en la prueba, por lo que elaboró métricas para determinar lo conducente y minimizar su impacto en el análisis posterior. De 2006 a 2012, el promedio nacional del factor copia no ha tenido cambios importantes:

En Primarias: fue de 5.06% en 2006 a 5.47% en 2012.

En Secundarias: fue de 3.3% en 2006 a 4.4% en 2012.

Es un hecho que algunas entidades que en el primer año de la prueba estaban en los últimos lugares, hoy se encuentran en lo alto de la lista sin explicación razonable aparente, es cierto también que la prueba al paso del tiempo tiene incentivos que se prestan a que sea burlada por los alumnos y por los mismos docentes que la aplican.

En el nivel Primaria: Tabasco (14%), junto con Zacatecas y Chiapas (12%) representan el extremo con mayor incidencia de resultados cuestionables.

Aguascalientes, Colima y Querétaro, con 1%, están en el extremo de menor incidencia de resultados cuestionables.

En el nivel Secundaria: Guerrero con 9%; Chiapas, Michoacán, Sonora y Tabasco con 8% son el extremo de resultados cuestionables.

Colima con 0%; Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, DF, México, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán con 1% están en el extremo de menor incidencia de resultados cuestionables.

La prueba ENLACE como muchas alrededor del mundo cuenta con un margen de error, que parece provenir en el caso de México de la falta de ética y de valores de los evaluados. Cancelar el instrumento argumentando su poca fiabilidad nos deja sin opciones de evaluación y abre un limbo hasta que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tenga la información necesaria de la última prueba, haga un análisis exhaustivo, pueda generar una nueva evaluación y por ultimo ejecutarla.

En contraparte, al día de hoy la SEP tiene en su sitio oficial información de la prueba, en la que confirma que sus resultados son altamente confiables.

"Brinda elementos objetivos, mensurables y comparables que permiten el diseño de políticas, acciones y medidas adecuadas para la pertinencia y calidad de la educación nacional".

"La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) conoce de los avances y desarrollo en los marcos de valoración y de evaluación para mejorar los resultados escolares en nuestro país, entre los que se encuentra Enlace, además de que la experiencia está siendo replicada en otros países como Brasil, Colombia y Argentina".

La propia SEP asegura en su sitio que para la prueba en educación básica contrata personal externo por cada aula, con la intención de evitar desviaciones en la prueba como la copia, el dictado o que sea difundida ilegalmente.

En el área Procesamiento de los resultados ENLACE estipula lo siguiente:

10.- Para la detección de posible copia entre alumnos o dictado de respuesta, se utilizan dos diferente tipos de métodos -K-index y Scrutiny-, basados en el análisis de respuestas incorrectas, estimando la probabilidad de que los patrones coincidentes de cada par de sujetos en un grupo se deba al azar. En el caso de los docentes participantes en el Programa Nacional de Carrera Magisterial, si es detectado el factor de copia en su grupo, se aplica la sanción correspondiente con afectación directa a su puntaje en este factor.

11.- La prueba no se califica con la suma simple de aciertos; se utiliza la Teoría de Respuesta al reactivo, que considera tres niveles de dificultad (alta, media y baja) de acuerdo a tres categorías de procesos cognitivos. Español: Extracción, Interpretación y Reflexión. Matemáticas: Reproducción, Conexión y Reflexión.

Evaluar es fundamental para la calidad, con esta idea el año pasado se impulsó y aprobó una Reforma Educativa que evalúa a los docentes, de manera que si se tiene planeado sustituir ENLACE por otra prueba sería pertinente transparentar la transición, requerimos de toda la información para poder continuar dando los pasos que hasta ahora el Congreso ha ejecutado en favor de la Educación en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública y a la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a que hagan llegar a esta Soberanía un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la prueba ENLACE.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública y a sus homólogos de las entidades federativas, a que hagan llegar a esta Soberanía un informe sobre las irregularidades que hubieren detectado en el proceso de aplicación de la prueba ENLACE.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública y a sus homólogos de las entidades federativas, a que hagan llegar a esta Soberanía un informe sobre las accionesemprendidas en contra de los servidores públicos involucrados en las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de aplicación de la prueba ENLACE.

Salón de Sesiones del Senado de la República a 6 de febrero de 2014.

Suscribe.

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffoappel.- Sen. Javier Corral Jurado".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Túrnese a la Comisión de Educación.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo en relación a la denuncia que presentó el ciudadano Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos, respecto a conductas atribuibles al titular del Ejecutivo Federal.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento, como se ha señalado, una proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, para requerir a la Procuraduría General de la República realice una investigación exhaustiva con motivo de la denuncia que por traición a la patria presentó el día 5 del mes en curso Andrés Manuel López Obrador.

La reforma constitucional en materia energética que promovió Enrique Peña Nieto, se realizó a instancias del exterior para beneficiar a las grandes empresas de energía trasnacionales, en detrimento de nuestra soberanía política y económica.

La reforma energética garantiza no sólo las inversiones y negocios de los particulares extranjeros, sino explícitamente la seguridad energética de América del Norte, de Estados Unidos.

La reforma constitucional energética entregará recursos naturales estratégicos del subsuelo y bloques de territorio nacional al extranjero en perjuicio de la nación y de la soberanía. Hechos constitutivos de traición a la patria, lo que se acredita con suficiencia en la denuncia formulada por Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos.

En el sistema constitucional mexicano, el Presidente de la República tiene un régimen de responsabilidades específico, diferente al resto de los servidores públicos federales, estatales y municipales del país y, desde luego, diferente al resto de los ciudadanos.

El segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es un precepto constitucional vivo, aplicable, no es una inserción ociosa.

Este mandamiento deriva de la Constitución de 1857, más amplia que la actual, que consideraba en su artículo 103, como conductas que darían lugar a las responsabilidades del Presidente de la República la traición a la patria, la violación expresa a la Constitución, el ataque a la libertad electoral y los delitos graves del orden común.

En 1857 se abandonó la sacralidad del Ejecutivo, que caracterizó el derecho del primer imperio de Iturbide y la irresponsabilidad total, sello distintivo de la actuación de Santa Anna, que estableció una responsabilidad limitada en un doble aspecto: uno, porque se fijó un tribunal y un procedimiento especial para juzgarlo y, otro, en virtud de que se limitaron las razones por las cuales el Presidente de la República podía ser enjuiciado.

Nuestra historia constitucional observa una evolución tanto en el procedimiento como en las razones para encauzar al titular del Ejecutivo. En el texto original de 1857, el Congreso era el que acusaba y la Suprema Corte la que castigaba; en 1874 la función de castigar se asignó a la Cámara de Senadores y se siguió hasta nuestros días el sistema constitucional estadounidense.

En 1917, la Constitución redujo los supuestos de responsabilidad del Presidente a dos: la traición a la patria y los delitos graves del orden común.

Por tanto, nuestra Constitución no establece la impunidad total del Presidente de la República, tampoco lo iguala a otros servidores públicos para evitar que esté constantemente sometido a estorbos durante su gobierno.

Respecto al Presidente, opera cuando se actualiza en el ejercicio de su encargo cualquiera de las dos hipótesis que norma la ley reglamentaria, o sea, el Código Penal Federal, los delitos graves del orden común y la traición a la patria.

Por lo que va a la traición a la patria, el Código Penal Federal lo define en los siguientes términos:

"Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

La reforma constitucional energética no sólo violó el núcleo axiológico de la Constitución, sino propone que la renta petrolera y otros beneficios de la explotación del petróleo se compartan con personas, grupos e intereses extranjeros cuando estos recursos deben, desde todos los puntos de vista, ser administrados y controlados exclusivamente por el Estado a través del sector público.

La reforma transfiere a las grandes petroleras extranjeras funciones exclusivas del Estado, indispensables para la seguridad y soberanía nacionales, y someten los recursos energéticos vitales a las decisiones e intereses económicos y políticos extranjeros, lo que compromete la indubitabilidad de nuestra independencia y soberanía, y hasta la integración de nuestro territorio.

Para quienes todavía estas reclamaciones o denuncias contra los Jefes de Estado o al Presidente de la República les agita, les preocupa y les alarma, les recuerdo o les pediría que consultaran en el Internet, que es muy fácil, a uno de los grandes penalistas de la historia, Luis Jiménez de Asúa, que establece los términos de la igualdad ante la ley y analiza la total impunidad relacionada con el derecho de los reyes.

En los regímenes democráticos, deben desterrarse estas funciones de añeja procedencia, y por eso las repúblicas han de proclamar la responsabilidad de todos sus mandatarios, sin excepcionar al más alto magistrado.

Les recomiendo esta interesante lectura y el punto de Acuerdo es una petición al Procurador de la República para que, tratándose de un tema tan importante, no lo guarde en un cajón, sino que lo analice, lo estudie, como corresponde a sus responsabilidades, e informe a la nación de su análisis y de sus resultados.

Muy agradecido por su atención, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA REQUERIR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA REALICE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA Y, CONFORME A DERECHO, INTEGRE LA AVERIGUACION PREVIA CORRESPONDIENTE CON MOTIVO DE LA DENUNCIA QUE POR TRAICION A LA PATRIA, PRESENTO EL DIA 5 DEL MES EN CURSO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y OTROS CIUDADANOS, RESPECTO A CONDUCTAS ATRIBUIBLES A ENRIQUE PEÑA NIETO Y OTROS SERVIDORES PUBLICOS CON MOTIVO DE LA RECIENTE APROBACION DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGETICA.

"El que suscribe, Manuel Bartlett Díaz, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 fracción II, y, 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE EL PLENO DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES REQUIERA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE REALICE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA, E INTEGRE CONFORME A DERECHO LA AVERIGUACION PREVIA QUE DEBE FORMARSE CON MOTIVO DE LA DENUNCIA QUE POR TRAICION A LA PATRIA, PRESENTO EL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y OTROS CIUDADANOS, RESPECTO A CONDUCTAS ATRIBUIBLES A ENRIQUE PEÑA NIETO Y OTROS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO PARA QUE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONSIGNE EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO ESAS CONDUCTAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES E INFORME PERMANENTEMENTE A LOS DENUNCIANTES Y A LA SOCIEDAD DEL CURSO DE SUS INVESTIGACIONES, DADA LA TRASCENDENCIA QUE TIENEN PARA LA NACION LAS IMPUTACIONES FORMULADAS CON RELACION A LA APROBACION DE LAS RECIENTES REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ENERGETICA .

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que el cinco de febrero de este año, Andrés Manuel López Obrador y un grupo de ciudadanos, formuló ante la Procuraduría General de la República, denuncia por traición a la patria por conductas atribuibles a Enrique peña Nieto y otros servidores públicos con motivo de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética.

Que la reforma constitucional en materia energética y que promovió Enrique Peña Nieto, se realizó a instancias del exterior para beneficiar a los Estados Unidos y a las grandes empresas de la energía del mundo, en detrimento de nuestra soberanía política y económica. La reforma energética, tanto por lo que ve a los hidrocarburos como a la energía eléctrica, va encaminada a garantizar no sólo las inversiones y negocios de los particulares extranjeros sino principalmente la seguridad energética de los Estados Unidos.

Que la reforma constitucional energética entregará los recursos naturales del subsuelo de México al extranjero en detrimento de la Nación y de la soberanía. Esos hechos son constitutivos de traición a la patria y se acreditan con suficiencia en la denuncia formulada por Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos.

Que aunque el marco jurídico nacional promueve la impunidad de los mandatarios mexicanos, asunto que debería ser parte de una reflexión constitucional para una futura reforma, siempre existen fundamentos jurídicos que se deben utilizar para evitar la entrega de los recursos de la nación al extranjero. En el sistema constitucional mexicano, el presidente de la república tiene un régimen de responsabilidades específico, diferente al resto de los servidores públicos federales, estatales y municipales del país y, desde luego, diferente al resto de los ciudadanos. Según el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común1.

La Constitución de 1857, de manera más amplia a la actual, consideraba en su artículo 103, como conductas que darían lugar a las responsabilidades del presidente de la república, la traición a la patria, la violación expresa de la Constitución, el ataque a la libertad electoral y los delitos graves del orden común.

En 1857 se abandonó la sacralidad del ejecutivo, que había caracterizado al derecho del primer imperio de Iturbide, y la irresponsabilidad total, que fue el sello distintivo de la actuación de Santa Anna. Se estableció una responsabilidad limitada, en un doble aspecto: uno, porque se fijó un tribunal y un procedimiento especial para juzgarlo, y otro, en virtud de que se limitaron las razones por las cuales el presidente de la república podía ser enjuiciado2. En la historia constitucional de nuestro país se observa una evolución tanto en los procedimientos como en las razones para encausar al titular del Poder Ejecutivo3.

En el texto original de 1857 el Congreso era el que acusaba, y la Suprema Corte la que castigaba. En 1874 la función de castigar se asignó a la Cámara de Senadores y, se siguió, hasta nuestros días, el sistema constitucional estadounidense. En 1904 se hizo extensible el beneficio del juicio político también al vicepresidente.

En 1917, la Constitución vigente redujo los supuestos de responsabilidad del presidente a dos: la traición a la patria y los delitos graves del orden común.

Nuestra Constitución no establece la impunidad total del Presidente de la República pero tampoco lo iguala a otros servidores públicos para evitar que esté constantemente sometido a denuncias que lo distraigan de sus competencias constitucionales. Sin embargo, el Presidente como otras autoridades y los gobernados debe constitucionalmente estar sometido, sobre todo respecto a las decisiones políticas fundamentales cuando se actualiza cualquiera de las dos hipótesis: los delitos graves del orden común y/o la traición a la patria.

Por lo que ve a la traición a la patria, el Código Penal Federal ladefine en los siguientes términos:

Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;

Que en el caso de la reforma constitucional energética no solo se violó el núcleo axiológico de la Constitución, sino que propone que la renta petrolera y otros beneficios derivados de la explotación del petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica, y electricidad, se compartan con personas, grupos e intereses extranjeros, cuando esos recursos son exclusivos de la nación y solamente pueden ser administrados y controlados por el Estado a través del sector público. Peña Nieto y el PAN quieren que las grandes empresas petroleras del extranjero realicen funciones exclusivas del Estado. Al hacerlo, someten a las industrias petrolera y eléctrica nacionales a las decisiones e intereses económicos y políticos del exterior, se compromete nuestra independencia, soberanía y hasta la integridad de nuestro territorio. Todas esas conductas, constituyen actos de traición a la patria porque hacen de México un país cada día más dependiente y sometido al exterior.

Que ante la gravedad de los hechos, la importancia de la denuncia y, la subordinación del Procurador General de la República al titular del Poder Ejecutivo Federal, es necesario aprobar este punto de acuerdo, para señalarle al Procurador que la sociedad está pendiente del cumplimiento de sus obligaciones. La Procuraduría General de la República debe realizar una investigación exhaustiva de los hechos, integrar la averiguación previa, consignarla ante las autoridades competentes e, informar continuamente a la sociedad y a los denunciantes del desarrollo de sus investigaciones.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE EL PLENO DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES REQUIERA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE REALICE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA E INTEGRE CONFORME A DERECHO, LA AVERIGUACION PREVIA QUE DEBE FORMARSE CON MOTIVO DE LA DENUNCIA QUE POR TRAICION A LA PATRIA, PRESENTO EL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y OTROS CIUDADANOS, RESPECTO A CONDUCTAS ATRIBUIBLES A ENRIQUE PEÑA NIETO Y OTROS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO PARA QUE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONSIGNE EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO ESAS CONDUCTAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES E INFORME PERMANENTEMENTE A LOS DENUNCIANTES Y A LA SOCIEDAD DEL CURSO DE SUS INVESTIGACIONES, DADA LA TRASCENDENCIA QUE TIENEN PARA LA NACION LAS IMPUTACIONES FORMULADAS CON RELACION A LA APROBACION DE LAS RECIENTES REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ENERGETICA .

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 11 de febrero de 2014.

Sen. Manuel Bartlett Díaz".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva, dos Acuerdos suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a los cuales solicito a la Secretaría dé lectura, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos.

1 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexicano, México, UNAM, 2004, p. 55.

2 TENA RAMIREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México 1800-1976, México, Porrúa, 1976.

3 ARTEAGA NAVA, Elisur. Derecho Constitucional. Universidad Autónoma Metropolitana, Editorial Oxford. México, 1999, pp. 730- 759.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer Acuerdo.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dos Acuerdos leídos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

PROPUESTA

Compañeras y compañeros Senadores, a petición del grupo parlamentario del PRD, remitiremos a comisiones el punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar, a la Rotonda de las Personas Ilustres, por lo que se turna a la Comisión de Gobernación.



Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones suscritas en la agenda de hoy se turnarán directamente a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE LOS GENEROS EN EL PODER JUDICIAL

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 212; Y SE ADICIONA UN ARTICULO 307 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 212 por adición de un tercer párrafo, pasando el actual tercero a ser cuarto; y se adiciona  un artículo 307 bis, ambos de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado precautorio en alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido calórico, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La globalización económica, tecnológica y cultural de las últimas tres décadas ha conducido al mundo de mejoras sustanciales en la calidad de vida, en la disponibilidad de alimentos y en la reducción de los índices de pobreza en muchos países. Sin embargo, estos fenómenos contemporáneos al combinarse con la rápida urbanización, con la liberalización de los mercados globales, con el crecimiento económico apresurado en algunas regiones del mundo y con la diseminación y mezcla de los patrones y costumbres de los países en desarrollo con los de los países desarrollados, también han conducido a situaciones adversas. En el sector de la salud, una de las más evidentes es la modificación profunda en la alimentación y en los patrones de estilo de vida; ambas transformaciones conduciendo a un balance energético positivo en los seres humanos y, por consecuencia, al incremento en la incidencia de obesidad y sobrepeso.

La obesidad, un padecimiento que hace pocas décadas se restringía principalmente a países desarrollados, en muy pocos años triplicó su incidencia, pasó a ser una enfermedad que crece más aceleradamente en los países en desarrollo, pasó a ser un padecimiento que afecta, cada vez con mayor frecuencia, en ambos géneros, a niños, jóvenes, adultos y ancianos. La obesidad pasó a ser una epidemia global que afecta intensamente a países con escasos recursos económicos para manejar la salud.

Es bien sabida la relación tan intensa que existe entre la obesidad y padecimientos con una gran morbilidad y mortalidad como la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Todos ellos líderes mundiales de la mortalidad. Sin embargo, el problema no se limita a éstos pues es muy larga la lista de padecimientos que no tienen un gran impacto en la mortalidad pero si en la morbilidad, en los costos de atención y en el deterioro en la calidad funcional de las personas afectadas.

El manejo de las consecuencias de la obesidad hoy consume notablemente los recursos económicos disponibles para la salud en nuestro país y en países en desarrollo y cada vez lo hará en mayor proporción en un corto plazo. Además, la obesidad conducirá a tener una sociedad que en forma directa o indirecta estará enferma y, por consecuencia, será económicamente no productiva.

Todo lo anterior, en mayor o menor grado, estamos enterados de su existencia e impacto. También, sabemos que en nuestro país el problema está incrementando. Sin embargo, tanto lo hemos escuchado en una forma intangible o clara que, aunque no negamos su existencia ya hemos perdido, como lo es en otras cosas, la capacidad de asombro del impacto a corto y mediano plazo que tendrá en nuestro país. Estudios en México muestran como hasta el sector profesional de la salud, en una gran proporción de las veces, no actúa al identificar un paciente con obesidad o sobrepeso.

La Encuesta Nacional de Salud 2012, un estudio desarrollado por investigadores mexicanos prestigiados, con un método científico impecable que nos permite entender la magnitud de este problema con total confiabilidad, ha dimensionado con claridad el terrible panorama sanitario que enfrenta nuestro país. Sin lugar a dudas, la obesidad es el problema de salud pública más importante de México.

El sobrepeso y la obesidad afectan a 71.3% de los mexicanos adultos, mayores de 20 años; esto significa que hoy afecta a 48.6 millones de mexicanos. Aproximadamente la mitad de éstos tienen obesidad y el resto sobrepeso. Aunque la prevalencia de sobrepeso es un poco mayor en los hombres que en las mujeres mexicanas, la prevalencia de obesidad es notoriamente mayor en las mujeres que en los hombres. La obesidad abdominal, determinada a través de la medición del perímetro abdominal, afecta a 74% de los mexicanos mayores de 20 años, es decir, 3 de cada 4 adultos mexicanos).

Este tipo de obesidad está mucho más íntimamente relacionado al desarrollo de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y cáncer. Analizando este dato por género, afecta a 83% de los varones y a 65% de las mujeres. Los habitantes de la región norte de México, aquellos que habitan en las áreas urbanas y aquellos que pertenecen al nivel socioeconómico alto son quienes tienen un mayor riesgo o probabilidad de tener obesidad abdominal, y las seis entidades con mayor proporción de este problema son Baja California Sur, Tabasco, Distrito Federal, Campeche, Sonora y Nuevo León.

Sin embargo, muchos otros Estados tienen proporciones de obesidad abdominal muy cercanas a éstos. El incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la última década es mayor en jóvenes, particularmente entre los 20 y 29 años. Finalmente, aunque entre el año 2006 y 2012 hubo una desaceleración en el incremento de la obesidad, lo cual puede ser atribuido a múltiples factores, no hay datos que nos permitan sospechar que la obesidad disminuirá en México.

Para la población en edad escolar (5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 fue de 34.4%, esta prevalencia en niños en edad escolar representa alrededor de 5.6 millones de niños.

Las políticas que hasta hoy se han implementado en México con el propósito de contener la obesidad, lamentablemente no han analizado meticulosamente el impacto nacional en salud que han alcanzado en lo concerniente a morbilidad, mortalidad y costo. Es necesario que en delante todas aquellas acciones que se tomen en nuestro país en este aspecto estén estrechamente vinculadas a estudios científicos diseñados específicamente con el propósito de medir con validez y precisión el impacto que tienen sobre indicadores como morbilidad, mortalidad, calidad de vida y costo, por mencionar algunos ejemplos.

Prevenir y tratar la obesidad requiere de la colaboración coordinada de todos los países del mundo, de sus gobiernos, de la industria productora de los alimentos, del sector responsable de la agricultura, de los sistemas nacionales de salud, de las instituciones académicas, del sector escolar básico, de los profesionales de la planeación urbana, de los medios masivos de comunicación, de las comunidades urbanas y rurales, de los médicos y otros profesionales de la salud y, desde luego, de la población.

A pesar de que existe en México un incremento significativo de sobrepeso y obesidad, existe en nuestro país al mismo tiempo una mala nutrición por deficiencias, lo cual obedece fundamentalmente al consumo excesivo de “calorías vacías”, dado que se trata de alimentos que brindan al organismo un aporte energético significativo y pocos o nulos nutrientes necesarios.1

No existe un solo antídoto contra esta epidemia. Múltiples acciones eficaces con un sólido impacto a corto y mediano plazo serán las que nos lleven a vencer en este escenario.

Para atacar esta epidemia, el gobierno debe impulsar iniciativas que incidan en un muy corto tiempo en las acciones que toma la población al seleccionar sus alimentos; que la población, en una forma simple, casi no racional, sin tener que ser curioso en buscar la información nutricional, sin ser distraído por otro tipo de publicidad contenida en el producto a elegir, sin ser alejada su atención por la forma en que se presenta esta información, sin tener que ser un profesional de la medicina o la nutrición para saber interpretarla y utilizarla, se enfrente a una información nutricional precisa, clara y útil de sus elecciones de alimentos.

Cabe destacar que, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005 relativa a la Promoción y Educación para la Salud en materia Alimentaria, misma que proporciona los Criterios para Brindar Orientación, establece que en su numeral 4.4.9 que “se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y recomendar la utilización preferente de aceites vegetales”.

La Organización Panamericana de la Salud2 señaló que especialmente los niños están expuestos a una publicidad generalizada e implacable de alimentos que tienen poco o ningún valor nutricional y alto contenido de grasas, azúcares o sal, además, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a implementar etiquetados frontales que realmente orienten a los consumidores para realizar mejores elecciones, como parte de la estrategia para combatir la epidemia de obesidad.

No obstante a lo anterior, en nuestro País este tipo de información se presenta en los productos en una forma y lenguaje poco comprensible para la mayoría de la población, o por otro lado, induce a creer que las cantidades de calorías, grasas saturadas, sodio o azúcar son bajas cuando en realidad no lo son. Además, la industria no siempre resalta los mismos nutrientes o utiliza la misma información: adecúan qué tipo de información resaltar dependiendo del tipo de producto.3

Bajo este contexto, el etiquetado de los productos alimenticios constituye un importante instrumento para la protección de los consumidores ya que les facilita la información necesaria sobre la naturaleza y las características de dichos productos, lo que les permite realizar su adquisición y consumo con pleno conocimiento de causa.

En diversos países, el etiquetado frontal es parte de su estrategia de combate a la obesidad, por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo que las etiquetas de los productos se presenten de forma gráfica, clara y entendible para que la población pueda identificar ágilmente qué tan saludable es un alimento, la proporción de calorías que está consumiendo de lo que se le recomienda a una persona sana en un día, que le permita saber el aporte de macro nutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) que le ofrece el producto, que en una escala de colores le permita identificar si el producto a consumir es saludable conveniente o potencialmente no conveniente. La información nutricional proporcionada sobre el producto deberá estar inscrita en un lenguaje que pueda ser comprendido y que dicha información pueda ser utilizada perfectamente por un individuo con una escolaridad equivalente al tercer año de educación básica.
Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 en materia de Información General y Etiquetado General de Productos establece que las leyendas precautorias corresponden al texto o símbolo o representación gráfica o combinación de las anteriores, que informe y, en su caso, prevenga al consumidor, sobre los posibles daños a la salud e integridad, que ocasione la presencia de un ingrediente específico o el mal uso o aplicación del producto, por ello, se propone que en determinados alimentos y bebidas no alcohólicas saborizadas se incluyan en las etiquetas dichas leyendas precautorias, orientando a los consumidores a adoptar hábitos alimenticios más saludables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 212 por adición de un tercer párrafo, pasando el actual tercero a ser cuarto; y se adiciona  un artículo 307 Bis, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 212.-…

En las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos con densidad calórica igual o mayor a 275 kilocalorías por cada 100 gramos así como en bebidas no alcohólicas saborizadas con azúcares añadidas, deberá figurar en la parte frontal y de forma clara y visible, un tabulador gráfico que indique la calidad nutricional, además del aporte energético del producto, de acuerdo con las proporciones recomendadas por las autoridades sanitarias.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 307 Bis.- Para los alimentos con densidad calórica igual o mayor a 275 kilocalorías por cada 100 gramos así como en bebidas no alcohólicas saborizadas con azúcares añadidas, la publicidad deberá incluir en forma clara y visible leyendas de advertencia escritas con letra fácilmente legible, las cuales se alternarán con los contenidos siguientes:

I. El abuso en la ingesta de este producto es nocivo para la salud;

II. El abuso en la ingesta de este producto aumenta el riesgo de padecer enfermedades como obesidad y diabetes.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de febrero de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.

1 Exposición de Motivos del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

2 Recomendaciones de la Consulta de Expertos de la Organización Panamericana de la Salud sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños en la Región de las Américas, PAHO 2011.

3 Alianza por la Salud Alimentaria.





 

PROPUESTAS

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS AREAS COMPETENTES, EN MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO REALICE UNA ESTRICTA VIGILANCIA DE QUE LA CARNE VACUNA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO ESTE LIBRE DEL CLEMBUTEROL.

“La suscrita Senadora Martha Palafox GutiErrez integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso de sustancia denominada clembuterol como medicamento ha sido utilizado para personas que padecen de desordenes respiratorios, como el asma, para facilitarles la respiración, siendo este uso limitado.

El clembuterol tiene un polémico estado legal como medicamento en varios países, debido a estudios contradictorios respecto a sus efectos a largo plazo y a su posible relación con problemas cardíacos, por lo que esta sustancia ha sido prohibida  para uso humano y ha sido restringida su utilización en animales.

Debido a sus efectos anabolizantes en la industria ganadera, se utiliza para acelerar el desarrollo de la masa muscular y disminuir el tejido graso del ganado vacuno, lo que les permite lograra una mayor producción en menor tiempo, esto es debido al incremento en la demanda de productos cárnicos por los consumidores.

La intoxicación de las personas por este producto se asocia principalmente por el consumo del hígado de res y pueden producir como síntomas: palpitaciones, nerviosismo, temblores involuntarios en los dedos, dolor de cabeza, aumento de la hipertensión, insomnio, aumento de la opresión sanguínea y nauseas.

Representa un peligro para la salud pública la estimulación cardiovascular por la ingesta de productos cárnicos proveniente de animales tratados con clembuterol y en los que no se observó un retiro de rastro de cuatro semanas.

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de esta H: Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.- Se solicita se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que por conducto de sus unidades administrativas competentes, efectúen una estricta vigilancia, en rastros centrales de abasto y mercados, de que los productos cárnicos vacunos destinados al consumo humano, estén exentos del clembuterol, cuenten con el sello de calidad que garantice que esa carne ha sido analizada y que cumple con la normatividad, en lo que a contaminación alimenticia se refiere.

Atentamente

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva para la Cruzada Nacional contra el Hambre a explicar las razones por las cuales ha destinado una excesiva cantidad de recursos a la publicidad de este programa. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION EJECUTIVA PARA LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA DESTINADO UNA EXCESIVA CANTIDAD DE RECURSOS A LA PUBLICIDAD DE ESTE PROGRAMA, Y ASIMISMO, INFORME DE MANERA CLARA Y TRANSPARENTE EL DINERO QUE SE HA DESTINADO PARA LA PROMOCION DE ESTA CAMPAÑA.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el país, más de 50 millones de personas viven en pobreza, es decir, más de la mitad tiene menos de lo necesario para subsistir diariamente; de ellos, cerca de 10 millones, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2006 a 2008, sufren de carencias alimentarias.1

De forma más alarmante, la distribución de la riqueza en México, sin lugar a dudas, no es homogénea, el ejemplo más claro de esto es la lista de los hombres más ricos del mundo, en la cual, 11 mexicanos forman parta de ésta; y al mismo tiempo el país sufre con más de 50 millones de personas en situación de pobreza en el país; por si fuera poco, resulta casi imposible para este sector salir de la situación en la que se encuentran, en virtud de que 11.2 millones de personas no logran si quiera obtener ingresos equivalentes al salario mínimo y mucho menos, adquirir productos básicos de subsistencia.

Es innegable la necesidad de implementar políticas públicas reales y acordes a las demandas de la población; el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, es sin duda, en el plano teórico, un programa noble y nadie puede ir en contra de la finalidad que en éste se plantea, la bondad que conlleva esta política pública es loable, pero en el término práctico y en la aplicación de este programa representa un regreso al clientelismo político que impide el desarrollo del país.

Es del conocimiento público que una gran cantidad de municipios beneficiados bajo el auspicio de este programa no son los más pobres del país, si no todo lo contrario, fueron seleccionadas diversas ciudades atendiendo a criterios de rentabilidad electoral, a fin de que el partido político que actualmente gobierna a nivel federal recuperara el poder en dichos municipios; es claro que desde el arranque de este programa se generaron dudas, incertidumbre y se percibió un sesgo partidista y parcial en la selección de los municipios que constituirían parte de este programa.

En retrospectiva, otro hecho que resulta completamente paradójico es la solicitud de apoyos para la realización de la Cruzada Contra el Hambre a empresas como Pepsico y Nestlé, ya que, uno de los argumentos, falaces por cierto, que se utilizó para impulsar la aprobación de la Reforma Hacendaria el año pasado, fue el combate a la obesidad y desnutrición, a sabiendas de que dichas empresas transnacionales no contribuyen realmente en la erradicación de estas patologías; ante esta circunstancia, resulta cuestionable saber por qué se solidariza con la industria que promueve el consumo de comida chatarra en el país, cuando se trata, por otro lado, de eliminar la ingesta de estos productos.

Además, se tiene que recordar la obscena campaña publicitaria utilizada para acreditar entre la opinión pública la Cruzada contra el Hambre, tan sólo el 16 de abril de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) gastó en el TrendingTopic #Sinhambre, 200 mil dólares, que es la tarifa que cobra la empresa de Twitter por colocar un hashtag.2 En total, para la difusión de este programa social se han destinado $25, 278,675.10.3

Las cifras citadas en el párrafo que antecede recobran relevancia, en virtud de que  en los últimos 42 años los tres órdenes de gobierno en México han destinado únicamente, en las múltiples campañas contra la miseria y el hambre, 36 millones de pesos para cada pobre del país; aunado a que existen innumerables casos bien documentados en que ese dinero no ha llegado a su destino, sino que se ha quedado en las arcas de altos funcionarios que están al frente de esos programas y en gastos de operación.4

Ahora bien, con relación a la aplicación de este programa asistencial, cabe resaltar que se inició en una de las regiones más marginadas del país, la Sierra Tarahumara, en donde, por cierto nada ha cambiado, no se aprecian obras nuevas o comedores comunitarios como los que el Gobierno Federal ha publicitado en medios y redes sociales; no se conocen las estrategias contra la desnutrición, incluso, hay testimonios de médicos locales que señalan que a siete semanas de la presentación de la Cruzada Contra el Hambre falleció un niño de tan sólo 3 meses de edad, las causas que generaron el deceso fueron  neumonía y, evidentemente, desnutrición.

Nuevamente el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y la Secretaría de Desarrollo Social se ve envuelta en un escándalo, una vez más este programa social acapara los reflectores de los diversos medios de comunicación no por su eficiencia y eficacia en la disminución de la desnutrición en el país.

Esta nueva polémica en la que se ve involucrada la Cruzada Contra el Hambre tiene su origen en el pagó 10 millones 461,482.70 pesos por el concierto “Compartamos la música, erradiquemos el hambre”, es decir, resulta inverosímil que este programa se da a conocer, no por los apoyos y estímulos que promete otorgar a la población, sino por el despilfarro que hay en él.

Los gastos derivados por el concierto fueron:5

Renta del Auditorio Nacional: un millón 263,847.27 pesos;

Pago al elenco artístico: cinco millones 588,162.71 pesos;

Pago al personal de producción: 471,524.41 pesos;

Renta de equipos de audio y luz: un millón 670,893.54 pesos, y

Otros gastos asociados a la producción: un millón 467 mil 054.74 pesos.

Este gasto se dio a conocer en cumplimiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ordenará a la Sedesol, difundir lo anterior, después de que un particular solicitó ese dato y se manifestará la dependencia federal no tener lo requerido.

Esta información se dio a conocer  gracias a que el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Sedesol, en virtud de que ésta, no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes; por lo tanto, se le instruyó una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas, entre las que no podría omitir a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de Recursos Materiales y a la Dirección General de Programación y Presupuesto.

La llamada Cruzada Contra el Hambre ha puesto sobre la mesa su espíritu mediático, así lo demuestra su ambiciosa estrategia publicitaria, los escándalos en los que se ha visto involucrada denotan lo contrario a los principios rectores que deberían regir este programa.

Contradictorio resulta lo que se dice en la publicidad gubernamental a la realidad que enfrenta México, no se ha ideado un programa integral, sino que se han agrupado programas asistenciales que ya venían en marcha desde sexenios anteriores.

No se puede hablar de logros por parte del Gobierno Federal, cuando los recursos destinados para el combate de este problema no son transparentes,  además de no llegar íntegros a quienes se supone deberían ser los beneficiarios de tales presupuestos.

Los programas sociales diseñados para el combate a la pobreza se concentran en solucionar la problemática inmediata y en disminuir cifras; el cambio no se logra únicamente con asistencias sociales, es tiempo de reestructurar la estrategia, de crear políticas públicas no sólo sociales, también económicas e industriales, enfocadas en abatir la pobreza.

Los tres niveles de gobierno deben utilizar estrategias de focalización, las cuales consisten en dirigir las acciones a una población o territorio definidos, con el propósito de lograr la eficiencia en la gestión de los recursos. Esta orientación debe considerar las peculiaridades de las poblaciones y las regiones, para desarrollar mecanismos adecuados que cumplan con los objetivos establecidos.

Por tal razón, es urgente detener estas prácticas, ya basta de engañar y abusar del pueblo mexicano, es momento de que la Secretaria de Desarrollo Social  rinda cuentas claras y precisas de los montos que se gastan en comunicación social  y de los beneficios que ha tenido la Cruzada Contra el Hambre.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para que explique las razones por las cuales se ha destinado una excesiva cantidad de recursos a la publicidad de este programa, y asimismo, informe de manera clara y transparente el dinero que se ha destinado para la promoción de esta campaña.

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Desarrollo para que rinda un informe a esta Soberanía sobre los objetivos generales y particulares, así como los alcances que tuvieron para publicitar en diversos medios de comunicación la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Dado en el Salón de Sesiones, a los 11 días del mes de Febrero de 2014”.

1 Artículo web: “Pobreza y desigualdad”, UNICEF, [Consultado 10-02-2014], disponible en http://www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm

2 “Sedesol gasta en Titear por Cruzada contra el Hambre”, [en línea], Aristegui Noticias, México, [Consultado 10-02-2014], disponible en http://aristeguinoticias.com/1704/mexico/sedesol-gasta-en-twitter-por-cruzada-contra-el-hambre/

3 “Gastan $25 millones en difusión de Cruzada”, [en línea],  pagina web AM, México, [Consultado 10-02-2014], disponible en http://am.com.mx/guanajuato/mexico/gastan-$25-millones-en-difusion-de-cruzada-42263.html

4 Olivares Alonso, Emir “Pese a millonario gasto en programas, la pobreza en el país creció 58% en 42 años” [en línea], Periódico la Jornada, México, [Consultado 10-02-2014], disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/31/politica/018n1pol

5 “Concierto de la Cruzada contra el Hambre costó $10 millones” [en línea], ADN-Político, México, , [Consultado 10-02-2014], disponible en http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/02/09/concierto-de-la-cruzada-contra-el-hambre-costo-10-millones





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores emprenda las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño respecto del fraude cometido en la compra de los detectores moleculares GT200. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EMPRENDA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA REPARACION DEL DAÑO RESPECTO DEL FRAUDE COMETIDO EN LA COMPRA DE LOS DETECTORES MOLECULARES GT200

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, en el año 2008, la pasada administración adquirió equipos de detección de narcóticos, explosivos, y armas “más avanzado”. La vendimia de este producto se llevaba a cabo con falsas promesas, ya que la empresa Global Technical, Ltd., aseguraba que este dispositivo “podía hallar cualquier tipo de droga y explosivos en una sola operación”.1

Además afirmaba que podía ser utilizado en forma exhaustiva sin necesidades de selecciones aleatoria. Dichos equipos tenían un costo de 20 a 30 mil dólares, y de acuerdo a informaciones periodísticas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 2010, había adquirido 742, lo que representó un gasto total de 272 millones de pesos.

A pesar de que desde el ámbito científico hubo alertas acerca de la ineficacia y fraude que representaban estos equipos de “seguridad”, el gobierno Federal adquirió un total de 1,112 equipos, lo que representó un total de 450 millones de pesos.

El 21 de agosto del 2013 se dio a conocer que el empresario Gary Bolton, dueño de Global Technical, fue sentenciado a 7 años de prisión por la Corte Central de Londres, Inglaterra,2 por el delito de fraude, por la venta de este aparato entre el 2007 y 2012.

Asimismo, se informó que el próximo 10 de abril del 2014 se llevará a cabo una audiencia legal en Londres, en la que se determinará qué bienes le serán incautados al empresario para llevar a cabo la reparación del daño ocasionado a los gobiernos que adquirieron los detectores moleculares.3

Frente a este claro ejemplo de fraude, en México se han hecho llamados al Gobierno Federal, por un lado, para que retire estos detectores moleculares de los retenes donde se utilizan; incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2011 hizo una recomendación a las fuerzas armadas respecto de los cateos que realizaban para justificar las detenciones, a pesar de que el gobierno de Gran Bretaña advirtió de la poca eficacia del detector.4 Por otro lado, se le ha solicitado que se investigue a las personas vinculadas en la compraventa de dichos detectores, a fin de deslindar responsabilidades por el supuesto delito de fraude; además se han hecho públicas diversas solicitudes de desistimiento por parte de la Procuraduría General de la República en los juicios donde se ha utilizado como prueba al detector molecular GT200.

Recientemente, informaciones del periódico británico The Guardian, dio a conocer que el gobierno de aquel país aceptó miles de libras por parte de Gary Boltón, dueño de Global Technical para ayudar a comercializar los detectores de bombas falsos.5 Esto significa que probablemente exista algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios del gobierno británico, lo cual representaría una grave falta de ética a la amistad entre México y el Reino Unido.

Lamentablemente el gobierno Federal no ha dado muestra de querer aclarar el fraude que representa más de 400 millones de pesos para el erario de México, además de fincar las responsabilidades correspondientes.

En este sentido, es necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que a su vez solicite de manera respetuosa al gobierno de Gran Bretaña información acerca de la posible participación de funcionarios de ese país en el fraude cometido por el empresario Gary Boltón.

Además es urgente que el gobierno Federal se apersone en los juicios que se estén llevando a cabo a fin de solicitar la reparación del daño, y dé la cara a la sociedad mexicana y en su caso, se aclare el destino que tendrán los recursos recibidos por este motivo.

Asimismo es necesario que se den a conocer las acciones que se han llevado a cabo para investigar y castigar la presunta participación de funcionarios mexicanos en el fraude al erario público.

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

A) Solicite información al Gobierno de la Gran Bretaña respecto de la supuesta participación de funcionarios de aquel país en el fraude ocasionado por el empresario Gary Boltón en la venta del detector molecular GT200.

B) Tome las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño al Gobierno de México, toda vez que de acuerdo a informaciones periodísticas, el próximo 10 de abril del 2014 se llevará a cabo una audiencia legal en Londres, en la que se determinará qué bienes le serán incautados al empresario para llevar a cabo la reparación del daño ocasionado a los gobiernos que adquirieron los detectores moleculares.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los trece días del mes de febrero de 2014”.

1 Mochán, Backal Luis W. “Ciencia, peseudociencia y seguridad, el detector molecular GT200”, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM, [en línea] citado [10-02-14] disponible en Internet en:
http://em.fis.unam.mx/public/mochan/blog/20110913senado/presentacion.pdf

2 Castellanos, Laura, “Creador de 'ouija' recibe sentencia de 7 años de prisión”, Periódico El Universal. 21 de agosto 2013, [en línea], México, [citado 10-02-14] disponible en Internet: http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/al-creador-del-gt-200-siete-anios-de-prision-42812.html

3 Ídem.

4 Alcántara, Liliana, “Son ilegales cateos realizados con el detector, advierte CNDH.” Periódico El Universal. 18 de julio de 2012, [en línea], México, [citado 10-02-14] disponible en Internet: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/son-ilegales-cateos-realizados-con-el-detector-advierte-cndh-207737.html

5 Stand, Robert, “Estafador pagó gobierno para ayudar a promover detectores de bombas falsas”, The Guardian, Reino Unido, 26-01-1-2014, [en línea] [citado 10-02-14] disponible en internet:
http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/26/fraudster-paid-government-promote-fake-bomb-detectors





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar las medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de discriminación en el deporte profesional de nuestro país. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN PREVENIR Y EVITAR LOS ACTOS DE DISCRIMINACION EN EL DEPORTE PROFESIONAL DE NUESTRO PAIS.

“Los que suscriben Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II; 108, 109 y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El “Documento Informativo Sobre la Discriminación Racial” que presentó el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, señala que la discriminación racial en México es frecuentemente asociada en contra de personas indígenas; sin embargo, aun cuando las incluye, esta categoría involucra también a personas y grupos de personas cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos.

Para combatir el racismo y la discriminación racial, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

En su artículo primero, la Convención establece que la discriminación racial “denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”.

A nivel nacional, el reconocimiento del derecho a la no discriminación por origen étnico, raza, nacionalidad, color de piel está plasmado explícitamente en varios instrumentos normativos y acciones de política que incluyen, de manera similar a las normas internacionales mencionadas, la creación de instituciones que atienden específicamente a personas, pueblos y comunidades cuyo derechos han sido violados precisamente por estas características.

Con lo anteriormente mencionado, la constitución Política de nuestro país en su artículo primero establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que “discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En términos del artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los objetivos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación son:

• Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.

• Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

• Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Al mismo tiempo la misma ley mencionada en su artículo 20 establece que son atribuciones del CONAPRED las siguientes:

• Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación.

• Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos.

• Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural.

• Divulgar los compromisos asumidos por el estado mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia; así como promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de Gobierno.

• Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los medios de comunicación.

• Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su competencia.

• Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales.

• Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en esta Ley.

• Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el propósito de que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo.

• Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación.

• Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta Ley.

Lo anterior es razón de que medios de comunicación han documentado y dado a conocer que en el juego que se disputo entre el Club Universidad Nacional AC “Pumas” versus Club León F.C., correspondiente a la jornada 6 de la Liga Mexicana de Fútbol, seguidores y denominados barras de apoyo del Club Universidad Nacional AC “Pumas”, insultaron con canticos racistas a los jugadores dos jugadores del Club León.

No es la primera vez que suceden este tipo de actos en el balompié mexicano. En 2006, el jugador panameño Felipe Baloy sufrió actos de discriminación por un sector de la afición en el estadio Corona de Torreón.

Un año más tarde, la polémica del racismo regresó a las canchas durante un partido de liga entre Cruz Azul y Santos. El colombiano Carlos Darwin Quintero perdió los estribos después de haber sido insultado por un jugador del equipo de futbol Cruz Azul.

De acuerdo con el reglamento de la Federación Mexicana de futbol, la sanción que se impone a un jugador que incurra en una conducta discriminatoria es la suspensión por cinco partidos además de una multa que puede llegar al menos a 400,000 pesos.

De permitir que este tipo de actos sigan existiendo en uno de los deportes más populares en nuestro país, corremos el riego de replicar y hacer extensivos estos actos fuera de la cancha, por ello es importante implementar las acciones necesarias a fin de evitar todo tipo de discriminación en las competencias deportivas.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de erradicar le violencia que generan los comentarios racistas en el fútbol mexicano, el Grupo Parlamentario del PRI solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de discriminación en el deporte profesional de nuestro país.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional del Deporte, realice las acciones encaminadas a erradicar la discriminación en el deporte nacional.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado el 11 de febrero de 2014.

Suscribe

El Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional”.





 

De las Senadoras y Senadores Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Africa; América del Norte; América Latina y El Caribe; Europa; Asia-Pacífico, Organismos No Gubernamentales; y Organismos Internacionales, que contiene punto de Acuerdo para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores establezca los criterios para la recepción de personal diplomático adscrito en México en las instalaciones del Senado de la República. Se encuentra en poder de la Mesa Directiva.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA ESTABLEZCA LOS CRITERIOS PARA LA RECEPCION DE PERSONAL DIPLOMATICO ADSCRITO EN MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

“Las senadoras y senadores Presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, Asía Pacífico, Organismos No Gubernamentales y Organismos Internacionales, con fundamento en los artículos 8, fracción segunda, 108 y 276 del Reglamento Interior del Senado de la República sometemos a consideración de este Pleno la siguiente:

PROPOSICION

La diplomacia moderna nació durante el tránsito del medievo a los tiempos modernos, a mediados del siglo XV, precisamente en el momento en que surgía la forma política que se conoce con el nombre de Estado. Bajo la autoridad del Rey, se impone la unidad territorial, la centralización del Gobierno y la sumisión al príncipe de las clases sociales y de los cuerpos privilegiados. Los monarcas se ven obligados a desarrollar una activísima política internacional, y para ello se dotan de una diplomacia permanente. Desde entonces, la diplomacia ha experimentado numerosas transformaciones como consecuencia de los propios cambios en el mundo internacional, entre los que hay que destacar los causados por el progreso técnico y las mutaciones sociales. Los instrumentos clásicos de la diplomacia -las cancillerías y las embajadas- no pueden abarcar por sí solos los múltiples canales de intercambio que ofrece la compleja y variada realidad internacional de nuestros días. En un mundo globalizado e interdependiente, los Estados se relacionan constantemente a través de una infinidad de canales de muy diversa naturaleza.

En el Senado de la República Mexicana, la diplomacia parlamentaria se lleva a cabo mediante la Mesa Directiva y su Presidente conforme al Reglamento vigente, pues en ellos recae la representación de la Cámara. Es lógico entonces suponer que los actos y eventos relativos a esta actividad fundamental para la vida del país, tenga que ser conducida por dicho cuerpo colegiado para darle unidad de visión y guía plural.

En este sentido el Reglamento del Senado establece en su Título Noveno, que la diplomacia parlamentaria es la actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo o como parte del Congreso de la Unión, en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, y con las organizaciones internacionales que  los agrupan, apegándose a los principios normativos de la política exterior mexicana. Según el artículo 284 del Reglamento del Senado:

Artículo 284

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales:

I. Coordinar con los órganos competentes de la Cámara de Diputados el desahogo de la Agenda Internacional del Senado, en tanto parte del Congreso de la Unión;

II. Representar al Senado en reuniones internacionales o, en su caso presidirlas en el país o en el extranjero. Cuando resulta pertinente, delega la representación en alguno de los integrantes de la Mesa Directiva;

III. Dar cuenta al Pleno de los informes remitidos por las representaciones y delegaciones del Senado en eventos de carácter internacional y ordenar su publicación en la Gaceta; y

IV. Atender, con el apoyo de la Mesa y de la Comisión de Relaciones Exteriores que corresponda, a delegaciones de parlamentarios y a funcionarios de otros países, representantes de organismos internacionales o personalidades distinguidas, en visita al Senado.

Adicionalmente, la Mesa directiva del Senado debe coordinar los apoyos técnicos y administrativos que requieren el Senado y sus diversos órganos para desarrollar las acciones en los ámbitos de la diplomacia parlamentaria y de las relaciones internacionales. Proponer al Pleno las reglas para la integración y el funcionamiento de las representaciones en las que participan senadores ante las organizaciones interparlamentarias permanentes; Proponer al Pleno, en consulta con la Junta de Coordinación Política, la Agenda Internacional del Senado para cada año de ejercicio legislativo; Aprobar, con base en las propuestas que le presenta la Junta, las delegaciones que participan con la representación del Senado en eventos internacionales; Proponer al Pleno los acuerdos relacionados con la participación del Senado en organismos interparlamentarios o en la formación de grupos de amistad; Recibir los informes de las representaciones y delegaciones que participen en eventos internacionales; Llevar a cabo las actividades inherentes a las relaciones internacionales a cargo del Senado; Integrar al proyecto de presupuesto del Senado las partidas correspondientes para cumplir la Agenda Internacional; y Resolver los casos no previstos en este Reglamento.

Para ello, se deben de articular las acciones que realizan para la celebración de reuniones periódicas con el cuerpo diplomático que se encuentra en México y que visitan la sede senatorial. En este tema la Mesa Directiva del Senado de la República y su Presidente deben tener conocimiento de las personalidades que nos visitan llevar la conducción de estas reuniones, razón por la cual solicitamos que se analice este tema y, en su caso, se emitan los criterios que debemos seguir las comisiones de Relaciones Exteriores en este tema, con el fin de coordinarnos y atender eficazmente a quienes nos visitan en este recinto.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

UNICO.- Se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República emitir los criterios que deben de seguir las Comisiones de Relaciones Exteriores, y las comisiones de Relaciones Exteriores de África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, Asía Pacífico, Organismos No Gubernamentales y Organismos Internacionales, para la celebración de reuniones con el personal diplomático adscrito a nuestro país que acudan al Senado de la República en visita oficial motivo de reunión de trabajo, foro, seminario, audiencia pública, entre otros.

Senado de la República, 12 de febrero de 2014.

ATENTAMENTE

Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Teofilo Torres Corzo.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de evitar una posible crisis alimentaria en diversos poblados del estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA EN DIVERSOS POBLADOS DEL ESTADO DE GUERRERO.

“El que suscribe, Senador SofIo RamIrez HernAndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA EN DIVERSOS POBLADOS DEL ESTADO DE GUERRERO al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Una crisis alimentaria se define como aquella situación que se genera en un país o región, donde no es posible satisfacer las necesidades de alimento de las personas debido a múltiples factores, entre los que destacan la falta de recursos económicos, el aumento de la demanda alimentaria, la especulación por parte de los productores, la falta de rutas y una deficiente logística en su distribución, generada sobre todo por la ocurrencia de un desastre natural.

Precisamente como los desastres naturales son un factor propiciatorio de crisis alimentaria, es fundamental tomar en consideración que durante las últimas décadas México ha sufrido una serie de eventos hidrometeorológicos que han generado graves daños sociales y económicos que requieren con urgencia de importantes inversiones para permitir a las regiones afectadas regresar a su condición habitual. Esto ha hecho evidente la gran vulnerabilidad del país, así como la importancia que juega la capacidad de resiliencia1 del país.

Durante los meses de septiembre y octubre del 2013, nuestro país sufrió los embates de una serie de fenómenos naturales que generaron graves e irreparables afectaciones al entorno social de diversos estados de la federación, particularmente en el estado de Guerrero, que a lo largo de los últimos años ha padecido los efectos devastadores de la naturaleza debido a múltiples factores: su ubicación geográfica, entorno y sobre todo a la diversidad socioeconómica que presenta, lo vuelven altamente vulnerable frente a estos fenómenos que año con año y cada vez con mayor fuerza, se presentan en sus costas, caminos y comunidades.

El estado de Guerrero es ejemplo de crecimiento poblacional sin la debida planeación, cuyas edificaciones en zonas turísticas, contrastan con la vulnerabilidad de los espacios habitacionales ocupados por grupos en condiciones de pobreza y marginación.

A estas condiciones permanentes, contrastantes y agudas, se sumaron las consecuencias que este emblemático estado de la federación sufrió con el paso devastador de los fenómenos hidrometeorológicos del año pasado. Las consecuencias de estos fenómenos deben ser tomadas en cuenta por quienes ejercen las funciones de gobierno a efecto de construir políticas públicas acordes con su realidad y con su situación de alta vulnerabilidad.

Los desastres generados por la fuerza combinada de la tormenta tropical Manuel y del huracán Ingrid, destruyeron los sembradíos de autoconsumo de 13 municipios enclavados en la sierra de Guerrero, generando un riesgo latente, pues dichos municipios se encuentran al borde de una crisis alimentaria, es decir, por lo menos 92 mil indígenas corren el riesgo de agotar las reservas de maíz con las que contaban para este mes de febrero de 2014.

En días pasados, el denominado Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña de Guerrero, que en su conjunto agrupa a 300 poblados afectados por las lluvias, presentó una propuesta de plan emergente para el abastecimiento de maíz, frijol y arroz que permita a las familias de la zona (donde vive 85% de la población indígena de Guerrero), sortear una posible hambruna que las amenaza en el corto plazo. Es necesario el reparto de por lo menos 30 mil 800 toneladas de maíz, 6 mil 161 toneladas de arroz y 6 mil 161 toneladas de frijol; entre las más de 20 mil familias damnificadas de La Montaña, con las cuales se garantizaría su alimentación durante el próximo año, tiempo mínimo necesario para que restablezcan sus cultivos.

Esto significa que el Gobierno Federal aporte aproximadamente 275.8 millones de pesos, es decir, el equivalente a una inversión diaria de 37 pesos por familia damnificada.

Es fundamental y urgente, que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto e implementen de inmediato acciones a fin de evitar el posible desastre provocado por una inminente crisis alimentaria, que pone en riesgo a más de 20 mil familias damnificadas, asimismo, que informen a este H. Senado de la República de las acciones llevadas a cabo en este sensible tema.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA EN DIVERSOS POBLADOS DEL ESTADO DE GUERRERO.

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, INFORME A ESTA SOBERANIA, LOS AVANCES DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A EVITAR LA CRISIS ALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA, EN EL ESTADO DE GUERRERO.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los once días del mes de febrero de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

Informo a la Asamblea que la efeméride inscrita en el Orden del Día se integrará en el Diario de los Debates.

1 La capacidad de resiliencia es un indicador de los efectos negativos producidos por el calentamiento global. Provee un balance entre la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y su capacidad de adaptación por lo que es considerado un mejor indicador para la generación de respuestas legislativas y de política pública.





 

EFEMERIDE

Del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del 183 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.

“CIENTO OCHENTA Y TRES ANIVERSARIO LUCTUOSO
DE VICENTE GUERRERO

Con su permiso senador Presidente
Compañeras y compañeros legisladores

En la Sexagésima segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el ciento ochenta y tres aniversario luctuoso de Vicente Guerrero Saldaña, notable caudillo de la independencia de México, militar y político extraordinario.

Desde la máxima tribuna, rendimos un profundo y respetuoso homenaje al General Vicente Guerrero, prócer de la patria quien por su excepcional participación en el movimiento de independencia de México es considerado un verdadero símbolo nacional. 

En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una breve, pero sustancial remembranza de los acontecimientos más emblemáticos de la vida del denominado Caudillo del sur, autor de la célebre frase: “la patria es primero.”

Nació el 9 de agosto de 1782 en Tixtla, actual Estado de Guerrero, hijo de Pedro Guerrero y María Guadalupe Saldaña. Durante la primera etapa de su vida se desempeñó como arriero actividad que combinó con una educación de calidad.

A lo largo de su vida se distinguió por su simpatía con los ideales liberales de los insurgentes, así como por sus múltiples virtudes, entre las que sobresalen su marcada sagacidad, valentía y notable patriotismo. 

Por su ideología liberal y rechazo hacia las injusticias que acontecían en la época, en 1811 por invitación de los hermanos Hermenegildo José Antonio Galeana, se incorporó al movimiento insurgente, formando parte de las tropas de José María Morelos y Pavón.

En el movimiento, desde el inicio hasta su lamentable deceso, se destacó por su gran capacidad como estratega, por la que en un principio el General Morelos lo comisionó para reforzar la zona costera del sur, período en el cual Vicente Guerrero tomó Puerto Escondido, Santa Cruz de Huatulco además de participar en la toma de Acapulco, batalla crucial para el fortalecimiento de las fuerzas insurgentes.

Con el deceso del General Morelos en 1815, Vicente Guerrero se desplazó a la sierra del Sur, donde en 1818 fue reconocido como General en jefe del ejército del Sur, aliándose con militares de  la zona de Iguala y Taxco.

Dentro de su sorprendente trayectoria en la guerra de independencia, su momento cúspide se dio a finales de 1820 luego de que se le encomendara a Agustín Iturbide poner fin al movimiento insurgente.

Encargo que se materializó el 24 de febrero de 1821 con la promulgaron el Plan de Iguala suscrito por Iturbide y Guerrero, documento en el que se proclamó la independencia de nuestro país y el establecimiento de un Gobierno nacional.

La importancia del también denominado Plan de las Tres Garantías radica en el hecho de que éste dio pauta a la consumación de la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821.

Cuando Agustín de Iturbide se coronó emperador de México, el General Vicente Guerrero se levantó en armas para derrocarlo, posteriormente decidió apoyar al Presidente Guadalupe Victoria.

Por sus esfuerzos y contribuciones con el movimiento de independencia, en 1829 fue nombrado Presidente constitucional, sin embargo, lo destituyeron a unos meses de tomar posesión.

Finalmente al ser víctima de traiciones el 14 de febrero de 1831 fue privado de la vida al ser fusilado.

Compañeras y compañeros legisladores

Hablar de Vicente Guerrero es hablar de un mexicano fuera de serie, adelantado a su época y sobre todo de un gran estratega y líder nacional, una persona que se preocupó por el bien común, por hacer posible un país libre y soberano, sin estar supeditados a otros Gobiernos.

Lo recordamos por su valor, compromiso, patriotismo, determinación y capacidad como estratega militar, virtudes que le permitieron materializar el anhelo de tantos y tantos héroes nacionales que dieron sus vidas por hacer posible la independencia de nuestro país.

Por su atención muchas gracias

Es cuanto senador Presidente”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el próximo martes 18 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:23 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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