Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 19 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 26



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Noviembre de 2013

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PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea, el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 87 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 7 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, alas catorce horas con cinco minutos del díamartes cinco de noviembre de dos mil trece, encontrándose presentes ciento cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobaron en votación económica las Actas de la Sesiones del veintinueve de octubre de dos mil trece y del treinta y uno de octubre de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Biblioteca yAsuntos Editoriales, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Preveniry Eliminar la Discriminación, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e)del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyectode Decreto por el que se reforma la fracción XIdel artículo 7º de la Ley General de CambioClimático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñosy Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estadosy los municipios.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2013; la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2013; información sobre la recaudación federal participable; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y estados de la República Mexicana.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

(Acuerdo Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política,por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar una asignación de recursos por la cantidad de 20 millones de pesos, para el comienzo de los trabajos de implementación de las estrategias contempladas en el plan maestro de movilidad urbana no motorizada para la zona metropolitana de Guadalajara.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos, dentrodel Presupuesto de Egresos de la Federación para2014, al Tribunal Superior de Justicia del estadode Morelos para la realización de proyectos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, así como en materia de modernización y seguridad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de proyectosen el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicade la Cámara de Diputados a destinar recursospara la realización de diversos proyectos de la Universidad Autónoma del estado de Morelos,en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del RosarioAraujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar la asignaciónde los recursos necesarios para la investigacióndel neurodesarrollo infantil, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Salud del Senado el segundo.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Coordinación General de Puertos a informar los montos de inversión y etapas de ampliación de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, denominada Veracruz II; y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de ampliación de dicha Administración Portuaria.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos a los programas de capacitación rural para los jóvenes, con el objetivo de dar un mayor impulso a la creación de empresas rurales que alienten la diversificación y la innovación productiva en el campo.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Juventud y Deporte del Senado los siguientes tres.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, asignen una partida presupuestal de 30 millones de pesos más en el ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad Estatal de Sonora.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, destine más recursos a los Programas Fomentoa la Economía Social; Programa de la Mujer en el Sector Agrario y Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen y etiqueten recursos y presupuesto al Instituto Nacional de Turismo Rural, A. C. por medio de la Secretaríade Turismo del Gobierno Federal, para promoveral desarrollo de ocho municipios para su fortalecimiento en el turismo rural.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo queexhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, contemple la asignación de recursos suficientes destinados a la rehabilitación y conservación de la red carretera del estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo queexhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple una asignación de recursos de al menos 200millones de pesos para ser destinados al organismo público descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Isaías González Cuevas, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sean considerados los recursos correspondientes para la construcción de una extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto de Egresos para el año 2014, para la construcción operación y mantenimiento de un Hospital Regional de Alta Especialidad en la ciudad de Zihuatanejo, municipio de José Azueta, estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 una partida especial para la creación de un programa de financiamiento dirigido a emigrantes mexicanos para facilitar el acceso a la regularización de su estancia y/o residencia en Estados Unidos de América.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a desistirse de la propuesta de modificación al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar el 14 de abril "Día de la Primer Batalla Aeronaval".- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el inventario actual y el estatus jurídico que actualmente guarda cada una de las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover la realización de un diálogo de alto nivel para la proscripción de la intervención ilegal de comunicaciones; exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llamar a consulta al Embajador de México ante los Estados Unidos de América y, a que el Embajador Eduardo Tomás Medina-Mora comparezca para informar de las medidas que implementa la embajada mexicana ante el presunto espionaje hecho por los Estados Unidos de América a diversos funcionarios mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a copatrocinar, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el proyectode resolución presentado por los gobiernos dela República Federal de Alemania y la República Federativa de Brasil, sobre la protección de las libertades individuales, que busca extender a las actividades en internet, el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en relación a contagios de coahuilenses por el virus denominado “dengue”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la celebración, en el marco de la conmemoración del Día de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con catorce minutos y citó a la siguiente el jueves siete de noviembre a las once horas en el recinto de Paseo de la Reforma número 135".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de los asuntos.

La Mesa Directiva acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.

Las excitativas están referidas a 79 proyectos y la relación de éstos aparecerá en la Gaceta del Senado.

De la misma forma, se dio cuenta con el informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas. El cual también se publicará en la Gaceta y contiene 61 movimientos.

Así también, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 19 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

Asimismo, la Mesa Directiva autorizó el retiro del proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Turismo, presentada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el 24 de abril de 2013, con base en el artículo 165 del Reglamento del Senado.

Son todos los asuntos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica las resoluciones que ha leído la Secretaría.

Pasemos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Flores.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Señora Presidenta, he solicitado el uso de la palabra para presentar al Pleno una moción y solicitar un minuto de silencio por la memoria del que fuera Embajador de la República de Argelia en México, el señor Abdelhamid Abrous.

El pasado 5 de noviembre, lo acompañamos en el Día Nacional de Argelia y nos enteramos de su estado de salud. Lamentablemente el día de ayer se nos notificó su deceso.

Por eso, desde este Senado quisiéramos rendirle un sincero homenaje y expresarle nuestra solidaridad y respeto a su familia y al gobierno de Argelia.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia obsequia la petición de la Senadora Margarita Flores Sánchez, para que guardemos un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento del excelentísimo Embajador de la República de Argelia en México, señor Abdelhamid Abrous.






MINUTO DE SILENCIO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Solicitamos a todos ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Favor de tomar asiento. Gracias.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, con la que remite el informe de actividades relativas a la Reunión Anual de la Alianza para el Parlamento Abierto, llevada a cabo en Londres, los días 31 de octubre y 1 de noviembre del año en curso.








Una, del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remiten el informe del "Foro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de una Pesca y Acuacultura Sustentables", celebrado el 30 de octubre del año en curso.








Y una, de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Lucero Saldaña Pérez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el informe de su participación en la Segunda Evaluación del Estado Mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada el 23 de octubre del presente año en Ginebra, Suiza.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Cámara de Diputados hizo llegar un oficio del Diputado Salvador Ortiz García, por el que solicita emitir el dictamen correspondiente al proyecto de Decreto por el que se declara el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

“México, D. F., a 24 de octubre de 2013.

DIP. RICARDO ANAYA CORTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

Por medio del presente me permito solicitarle respetuosamente que por su conducto remita a la Mesa Directiva del Senado de la República una solicitud a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos para emitir el dictamen correspondiente al proyecto de Decreto por el que se declara el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”, el cual fue enviado por esta Soberanía para sus efectos constitucionales el pasado 14 de marzo del presente, mediante el Of. No. D.G.P.L 62-II-5-586 y el Expediente No. 520.

Atentamente

Dip. Fed. Salvador Ortiz García”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Banco de México, el informe sobre la inflación, correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2013.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA; Y DE JUSTICIA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un Acuerdo suscrito por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, por el que se repone el procedimiento de ratificación o no del ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores de la República:

En respeto al tiempo de esta Asamblea, y debido a que la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que a continuación pongo a su consideración, aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, abordaré sólo los aspectos fundamentales de la misma.

El contexto jurídico tiene que ver con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su Apartado A, consagra la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.

Por su parte, el Apartado B, señala que: “La federación, los estados y los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades…”.

El contexto social tiene que ver con los siguientes aspectos:

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México indican que los indígenas están mayoritariamente excluidos. Casi 7 de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena, de éstos, 8 de cada 10 son pobres y la mitad de los cuales viven en condiciones de pobreza extrema. Para revertir esta injusta situación debemos seguir construyendo una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.

Si bien esto se ha dado ya y existen avances significativos en la normativa referida a los indígenas, aún es necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derechos e interés público.

Se necesitan muchas cosas para poder lograr este objetivo, pero, entre otras, consideramos que a los pueblos y comunidades indígenas se les debe garantizar el derecho a determinar y establecer prioridades y estrategias para la planeación de su propio desarrollo. Es decir, que los pueblos y comunidades indígenas puedan determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que les sean favorables y, en lo posible, les permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la institución que ellos dispongan en función de sus usos y costumbres, lo anterior, sin que se vulnere o contravenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, el principio constitucional de libre determinación de los pueblos indígenas debe entenderse en consonancia con el contenido de los artículos 40 y 41 constitucionales que establecen el carácter republicano, representativo y federal del Estado mexicano y que señalan los poderes supremos de nuestra unión.

En concordancia con lo anterior, debe aclararse que con esta propuesta no se pretende crear foros indígenas especiales para el desarrollo económico, toda vez que se prevé la convalidación de las resoluciones indígenas por las autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano.

¿En qué consiste la propuesta?

Consideramos pertinente adicionar dos nuevas fracciones al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que la comisión se convierta en un organismo con facultades suficientes para promover por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales necesarias, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permite el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

Estimadas Senadoras y Senadores.

Nuestro principal interés es que a través de esta iniciativa con proyecto de Decreto los pueblos indígenas y las comunidades tengan resguardado a través de la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y mediante la participación de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y los municipios, el derecho a determinar y elaborar las prioridades y las estrategias para el desarrollo o para la utilización racional y sustentable de sus tierras y otros recursos, en particular el derecho a exigir a los tres órdenes de gobierno su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras y recursos naturales, tales como los minerales, los forestales, hídricos, entre otros.

Por lo anterior, les pido su apoyo para que esta iniciativa pueda prosperar en esta representación.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, RenE JuArez Cisneros, Senador de la República por el estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan las nuevas fracciones VI y VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La discusión parlamentaria de proyectos de ley relativos a pueblos y comunidades indígenas es indispensable para lograr avances concretos para la aprobación de proyectos de ley que contengan derechos a favor de este grupo social.

Si bien es cierto que ha habido avances significativos en la normativa referida a los pueblos indígenas, aún es necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, para permitirles el manejo de recursos públicos, así como intervenir para que ellos mismos puedan promover la planeación de proyectos comunes en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde su propia vocación.

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para revertir esta injusta situación debemos seguir insistiendo en una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.

Es en este sentido que consideramos que a los pueblos y comunidades indígenas se les debe garantizar el derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para la planeación de su desarrollo. En particular, a determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que les sean favorables y, en lo posible, les permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la organización que ellos dispongan en función de sus usos y costumbres que no vulneren ni contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B señala que: "La Federación, los Estados y los Municipios [...] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".

De ahí nuestro interés para que a través de esta iniciativa con proyecto de decreto los pueblos y comunidades indígenas tengan resguardado a través de la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y mediante la participación de la Administración Pública Federal y los gobiernos de los estados y los municipios, el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en particular el derecho a exigir al Gobierno Federal, el de las entidades federativas y los municipios, su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos tales como la explotación de recursos minerales, forestales, hídricos, entre otros.

Debemos subrayar que la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas reconocidas en la redacción del apartado A del Artículo 2º Constitucional no debe ser un elemento constitutivo para la creación de un Estado dentro del Estado Mexicano. La nación mexicana tiene una composición pluricultural, pero un sólo Estado nacional soberano: el Estado mexicano. En este sentido, el principio propuesto de libre determinación de los pueblos indígenas debe leerse en consonancia con el contenido de los Artículos 40 y 41 constitucionales que establecen el carácter republicano, representativo y federal del Estado Mexicano y que señalan los Poderes supremos de nuestra unión.

Igualmente, debe aclararse que con esta propuesta no se pretende crear fueros indígenas especiales para el desarrollo económico, toda vez que se prevé la convalidación de las resoluciones indígenas por las autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano.

De esta forma, el principio del Artículo 27 constitucional establece con toda claridad que la propiedad originaria de tierras y aguas en el territorio nacional corresponde a la nación, es decir los pueblos y comunidades indígenas no constituyen jurisdicciones separadas del territorio nacional. Sin embargo, deben gozar de la autonomía suficiente y ser reconocidos como entidades de derecho e interés público, para que ellos puedan intervenir de manera decisiva en su desarrollo e incidir en todas aquellas iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación, pero también, en aquellas que pudieran afectar su entorno para alcanzar sus proyectos de desarrollo por decisión de otros órdenes de gobierno.

En este sentido, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece que la Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tiene una serie de atribuciones.

Sin embrago y a pesar de lo anterior, consideramos pertinente adicionar dos nuevas fracciones al artículo 2 de este mismo ordenamiento para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se convierta en un organismo con facultades suficientes para promover por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales necesarias, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.
De igual forma, para lograr que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito productivo, coadyuve a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de nuestra Ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

Artículo único.- Se adicionan las nuevas fracciones VI y VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, recorriéndose las siguientes en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I a V. …

VI.- Impulsar por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

VII.- Lograr por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.

VIII a XXI. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador René Juárez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la bienvenida a los alumnos del 5° y 6° grados de primaria del Instituto Alexander Dul, invitados por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez. ¡Sean muy bienvenidos!

(Aplausos)

Asimismo, se encuentran en este recinto legislativo 65 invitados de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, todos ellos, alumnas y alumnos de la División de Estudios Jurídicos, antes Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. ¡Sean también muy bienvenidos!

(Aplausos)






Tiene la palabra el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

El de la voz, Francisco García Cabeza de Vaca y los Senadores Carlos Mendoza Davis, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Avila Ruiz, presentamos esta iniciativa a la que por economía procesal parlamentaria no daré lectura. Por lo que le solicito que su texto íntegro sea incorporado al Diario de los Debates.

En los últimos seis años han sido robados en todo el país más de un millón 195 mil vehículos automotores, lo que ha representado que a diario hayan sido robados cerca de 561 vehículos.

Este delito ha tenido un incremento importante al grado de que se ha convertido en el tercero más lucrativo en nuestro país, sólo después del narcotráfico y el tráfico de armas, por las ganancias que representa.

El robo, comercialización y el resto de operaciones que se realizan con los autos y sus partes, forman una larga y compleja cadena de organización delincuencial y un gran negocio perfectamente estructurado, en el que los individuos y grupos dedicados a él, modernizan y perfeccionan constantemente su forma de operar frente a un deficiente sistema de control por parte del gobierno.

Nosotros, como legisladores, somos responsables de enfrentarlos en el marco del derecho. Por lo cual, debemos actualizar el marco normativo de manera constante y trabajar de manera coordinada.

Por lo cual, en esta iniciativa proponemos lo siguiente.

Primero.- Modificar una fracción más adecuada, el robo de vehículos como uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, específicamente estamos reformando la fracción V y adicionando una fracción VIII en su artículo 2º así como el segundo párrafo del artículo 3° de la citada ley.

Segundo.- Mediante las reformas a los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, se propone adicionar las motocicletas al delito del robo de vehículos. En general, que sea sancionado el robo de cualquier tipo de vehículo automotor terrestre.

Y tercero.- Establecer como conducta delictiva el pagar o dar en garantía un vehículo robado a alguna de sus partes. Con éste último se pretende contribuir en que se sancione la comercialización de manera ilegal en el territorio nacional.

Buscamos también llamar la atención de la Subprocuraduría Especializada en investigación contra la Delincuencia Organizada de la PGR, para que atraiga las investigaciones iniciadas por las procuradurías locales y trabaje en la desarticulación de las bandas dedicadas al robo de vehículos.

Que a este tipo de delito se le dé la importancia que requiere dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que se sancione el robo y comercialización ilegal de cualquier vehículo automotor o de sus partes para así contribuir en la protección del patrimonio de la ciudadanía.

Es cuanto, señora Presidenta.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Francisco García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de las Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI, para presentar una iniciativa proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL Y SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 5 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 120 Y 121 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta, con su venia.

Cuando se instaló la actual Legislatura y decidimos la constitución de quienes integraríamos la Comisión de Derechos Humanos, entre los distintos asuntos que encontramos en nuestra Comisión, fue un proyecto de Decreto de una Ley de Ejecución Penal para resolver los asuntos derivados de los reclusorios en el país.

Al analizar este proyecto, decidimos que si bien tenía preceptos importantes que deberían ser tomados en consideración, resultaba todavía un poco omiso en algunas cuestiones que era importante integrar, sobre todo, a la luz de las últimas reformas nos parecía que la reforma, sobre todo del 11 de junio de 2011, cambia toda la expectativa de cómo tenemos que resolver en la legislación secundaria diversos temas de gran relevancia, como es atender cómo deben funcionar los reclusorios en el país.

De tal forma que decidimos constituir un grupo de trabajo en donde formamos parte, además de la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, también el señor Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil, y la señora Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, y también con la participación muy relevante de la Senadora Arely Gómez, los equipos de trabajo de estas cuatro, Senadoras y Senadores, que hicieron una ruta muy importante del quehacer de revisión legislativa para finalmente decidir este proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal con la asesoría pertinente y docta, experta, relevante del maestro Miguel Sarre, al que tengo que reconocer desde esta tribuna, y finalmente, da como origen el producto que hoy estamos presentando a esta Soberanía para que sea turnado a comisiones para su estudio, discusión y finalmente dictamen.

Entonces, el día de hoy estoy solicitándoles, y además a la Presidenta de la Mesa Directiva, que así como está turnando a la Comisión de Justicia y a la pertinente Comisión de Estudios Legislativos, también sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos por el argumento que acabo de dar.

Es decir, el tema ya estaba en la comisión, en la legislatura pasada, el tema lo dirigimos para constituir un grupo de trabajo con todas esas comisiones que tienen que ver con la materia y, por supuesto, al final tener un producto de una gran relevancia que, sin duda alguna, va a permitir no solamente al Ejecutivo Federal, sino también a los ejecutivos de las 32 entidades federativas empezar a poner orden, empezar a decidir todas las políticas que tienen que emprenderse en cada uno de los reclusorios de nuestro país, tanto los que están constituidos en el ámbito federal, como en el de los ámbitos locales, de tal forma que vayamos en congruencia no sólo con la reforma constitucional que ya he mencionado, de junio 2011, en materia de derechos humanos, sino también con la materia derivada de la gran reforma en materia penal de 2008, que, es verdad, está en proceso, pero entrará en vigor en 2015 y que nos mandata una transformación estructural en el país para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio.

Desde estas dos perspectivas constitucionales, así desde estas dos, está inscrita la actual iniciativa que tiene que pasar a consideración y estudio de las comisiones que yo he mencionado. Sería muy oportuno también, si me permiten y con eso termino, señora Presidenta, que en mérito del gran trabajo de los equipos de estas comisiones que yo mencioné también estuviera inscrita para su estudio, la Comisión de Gobernación.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa



- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.
- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Sobre el mismo tema, señora Presidenta, me gustaría hacer una reflexión sobre esta iniciativa que hemos presentado los Senadores.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se le concede la palabra a la Senadora María Cristina Díaz.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) La iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye una parte en la instauración de un sistema de homologación de mecanismos de ejecución, de las sanciones penales que van a permitir en el futuro la gobernabilidad de los centros de privación de la libertad con pleno respeto a los derechos humanos de las personas a través de un régimen de internamiento en condiciones de vida digna y segura.

Consideramos que la tutela de los derechos humanos requiere de una ley que integre un verdadero parámetro de protección para las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión. La vulnerabilidad que actualmente viven estas personas ha sido ampliamente estudiada, documentada y denunciada por los organismos de protección de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Esta ley nacional pretende y está atendiendo, sobre todo, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se encuentran dentro del marco de los derechos humanos establecidos en los diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado por el Senado de la República.

Las sanciones penales no deben, por ningún motivo, de sobrepasar la privación o la restricción de la libertad garantizando que éstas no causen más limitaciones a los derechos o a las condiciones de las personas que la vive, de aquellas que la ley establece o que sean consecuencias de una resolución judicial que así lo imponen.

Actualmente el Sistema Penitenciario Mexicano tiene graves y grandes problemas en su funcionamiento y, sobre todo, que no cumple plenamente con un sistema de reinserción social. Por ello, esta iniciativa que hoy estamos suscribiendo los Senadores, es una iniciativa que atiende a una problemática seria y creciente en la nación mexicana que debemos atender de inmediato y establecer las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para organizar el sistema de ejecución penal con pleno respeto a los derechos humanos siempre garantizando la gobernabilidad de los centros penitenciarios y contribuyendo a la seguridad pública y social del país.

Es por ello que suscribo esta iniciativa que la hemos trabajado en equipo las tres fracciones parlamentarias.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para sumarme a esta iniciativa y felicitar a todos los que participaron en su elaboración porque, ratifico, el tema de la violencia en México no es un tema ni coyuntural ni de un solo propósito ni de sólo certificar a los policías, cada tranco del proceso en que los chicos empiezan a pensar distinto, al no tener oportunidades, a ser enganchados, a aceptar la violencia, tiene que ver con transformarse y caer en la cárcel, es parte de ese proceso de descomposición al que todos tenemos que atender, así que me congratulo de que ya hayan presentado esta iniciativa, y estaremos muy pendientes de los derechos humanos, y que siga siendo parte de este proceso de recomposición de nuestra comunidad, de recuperación de valores, de respeto, que se apega a los derechos humanos.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora María Calderón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Perdón, señora Presidenta.

Si usted recuerda, en mi exposición debidamente fundamentada a partir de que enuncié que el tema era un tema que estaba inscrito en la legislatura pasada como Comisión de Derechos Humanos, yo le solicité que fuera usted tan gentil de que también la turnara a la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se turna también a la Comisión de Derechos Humanos.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

- La C. Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

También le solicitaría que el turno vaya a la Comisión de Gobernación, debido a que es un tema de política interior, seguridad pública y, por supuesto, los centros de readaptación dependen también de la Secretaría de Gobernación.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadoras, en tanto que ambas peticiones rebasan el número de comisiones que se tienen como criterio en esta Mesa Directiva, permítannos analizarlo y estaremos dando el turno debido en la siguiente sesión.

Senadora De la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Perdón por mi insistencia. Mire, señora Presidenta, quiero que la Asamblea lo valore. Este es un trabajo de meses, equipos técnicos de las tres comisiones: Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, finalmente logran esta iniciativa.

Hay precedentes importantes de otras comisiones que rebasan la regla que usted menciona. A mí me parece que es muy pertinente que sean las comisiones que dictaminen las mismas que trabajaron lo que hoy estamos presentando como iniciativa. De tal forma que también apoyo, como lo dije en mi intervención, que participe en su dictamen la Comisión de Gobernación, si usted no tiene inconveniente, sobre todo, tomando en consideración que no complicamos el proceso de dictamen, sino que simplemente actuaríamos en congruencia y en consecuencia derivado de un trabajo que tiene meses realizándose por estas comisiones.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Cristina Díaz.

- La C. Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señora Presidenta, disculpe la insistencia, coincido con lo señalado por la Senadora Angélica de la Peña, las tres comisiones hemos trabajado para realizar este proyecto de iniciativa, es una iniciativa que requiere mucho tiempo de trabajo, de análisis para poderla presentar el día de hoy en el Pleno, pero también es muy importante señalarle a esta Asamblea que dependen de la Secretaría de Gobernación los centros de readaptación social y es tema de política interior la seguridad pública.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Es facultad de esta Mesa Directiva dar los turnos a las iniciativas, rebasan el número de comisiones, sin embargo, en aras del número de comisiones establecidas en el Reglamento, sin embargo, en aras de que hay un gran consenso, de que es una iniciativa plural y de manea excepcional, se turna también a las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación, sin que siembre precedente.






Se concede la palabra a la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector de Hidrocarburos, y de reformas a diversas leyes en la materia.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; SE REFORMA EL ARTICULO 9, TERCER PARRAFO, SE DEROGAN LA FRACCION I, INCISO D) Y LA FRACCION III INCISOS C), F) Y G) DEL ARTICULO 15; SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTICULO 15 BIS, TODOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO; SE MODIFICA EL ARTICULO 32 BIS, FRACCION III Y SE DEROGA EL ARTICULO 33, FRACCION XIX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; Y SE ADICIONA LA FRACCION V DEL ARTICULO 2, Y SE DEROGAN LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 3, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señora Presidenta.

Nos encontramos en un momento fundamental en la historia de México. Actualmente en el Senado mexicano se están discutiendo tres iniciativas que buscan modificar el marco normativo del sector energético de nuestro país.

Todos los diagnósticos y todas las fuerzas políticas coinciden en que es necesario modernizar el sector y sentar las bases para que la industria petrolera y la eléctrica sean motores de crecimiento económico, y en los próximos años podamos realizar una transición energética acorde con los compromisos internacionales y las metas nacionales que nos hemos trazado.

Es nuestro deber definir un esquema en el que la renovación del sector energético traiga beneficios a las familias mexicanas a través de la generación de renta y de un sistema de suministro de energéticos mucho más eficiente para las empresas.

Además, como todos sabemos, los desastres naturales comienzan a formar parte de nuestra vida cotidiana, recientemente tuvimos el ejemplo de “Ingrid” y de “Manuel” que dejaron consecuencias devastadoras.

Así, debemos de tomar medidas drásticas para prever este tipo de desastres, así como prevenir los generados por las actividades elaboradas por el hombre como la extracción, el tratamiento y distribución de los hidrocarburos, los cuales no estaban contemplados en ninguna de las iniciativas que conforman la reforma energética.

Es por esta razón que considero indispensable proponer al Pleno del Senado el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La propuesta que se hace a esta Soberanía nace de la necesidad de dotar de un esquema legal, administrativo y regulatorio para la protección del medio ambiente y la seguridad industrial en el sector petrolero.

En la iniciativa que presento, la agencia será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo mandato principal será la regulación, supervisión, inspección relacionada con la protección al ambiente y la seguridad industrial en todo aquello que se encuentre relacionado con el sector de hidrocarburos.

Me parece que hemos dedicado mucho tiempo a hablar de mitigar los riesgos económicos, de no hacer una reforma energética, pero también le debemos dedicar tiempo de hablar de los riesgos ambientales y del riesgo de no mitigar el mismo.
Como legisladores es nuestra responsabilidad buscar que nuestro país esté a la vanguardia de lo que está ocurriendo en un contexto global, como es el caso de Brasil, de Australia, de Noruega, de Colombia y los mismos Estados Unidos.

En estos países la regulación y la supervisión del medio ambiente, la seguridad industrial en el sector petrolero son funciones asignadas a agencias sumamente especializadas con autonomía técnica y de gestión, independientes del agente regulador y de los ministerios de energía.

En este sentido, es pertinente que en las discusiones de la reforma energética tomemos en consideración que ante la apertura del mercado y la mayor participación de agentes económicos debemos de contar con un órgano de Estado que se encargue exclusivamente de la protección al ambiente y de la seguridad industrial para regular y supervisar estas actividades en el sector energético y que así no ocurran desastres.

A partir de las reformas de 2008, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también la Secretaría de Energía son quienes han llevado a cabo esta tarea de regulación del sector, incluidas en estas atribuciones la materia de medio ambiente y de seguridad industrial.

De esta forma la iniciativa propone separar estas actividades, como es en el caso del otorgamiento de licencias, contratos o cualquier otra figura jurídica para que ello se adopte de las funciones de la regulación del medio ambiente y seguridad industrial.

Esta propuesta se realiza en el entendido de que la separación de las funciones regulatorias eliminarán un eventual conflicto de interés entre quien atiende y regule el sector desde una perspectiva económica y de la institución que deberá regular las acciones y actividades en el sector con miras a la protección del medio ambiente y de la seguridad industrial.

Así, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se encargará exclusivamente de atender cuestiones relacionadas con estos temas.

La creación de esta agencia es indispensable ante el que podría ser el nuevo esquema normativo en la industria y es necesario que sus funciones y sus actividades sean especializadas y se encuentren separadas del regulador como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por ello, se propone que el titular de la agencia sea una persona con alto grado de especialización y que pueda responder con eficiencia e inmediatez ante estas circunstancias.

Esta iniciativa busca el desarrollo y apertura, renovación de la industria de hidrocarburos en el país, ya que es indispensable como detonante de la economía nacional.

Compañeras Senadoras y Senadores, en nuestras manos está el poder definir los alcances de la reforma energética; debemos de establecer las bases para crear un impacto positivo en la economía y conciliando un crecimiento económico, una soberanía energética, pero también garantizando un medio ambiente de calidad para las generaciones presentes y futuras.

Es por esto que debería ser estudiado como una parte de una reforma integral que ayudará a detonar la industria petrolera, la economía del país y al mismo tiempo cuidará de nuestros recursos naturales, apoyando la armonización entre el crecimiento económico y el medio ambiente.

Muchas gracias.

Iniciativa

"La suscrita, Ninfa Salinas Sada, Senadora de la República integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8.1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9, TERCER PARRAFO, DEROGA DEL ARTICULO 15, FRACCION PRIMERA, INCISO D) Y 15 FRACCION TERCERA INICISOS C, F Y G Y SE REFORMA LA FRACCION III Y IV DEL ARTICULO 15 BIS, TODOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO; SE MODIFICA EL ARTICULO 32 BIS, FRACCION III) Y SE DEROGA EL ARTICULO 33, FRACCION XIX) DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; Y , SE ADICIONA LA FRACCION V DEL ARTICULO 2 Y SE DEROGAN LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 3, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Introducción

En el Partido Verde Ecologista de México, somos conscientes de la necesidad de reformar el esquema actual que rige la exploración y explotación petrolera en el país. Asimismo, somos partícipes de que la industria petrolera mexicana debe modernizarse a través de la apertura a competidores, que representan una mayor capacidad de inversión e infraestructura, lo que propiciará mayor capacidad de exploración, extracción y transformación industrial del recurso natural.

En ese sentido, la apertura del sector de hidrocarburos, junto con las modificaciones al esquema tributario de Petróleos Mexicanos (PEMEX), generarán un mayor nivel de ingresos tanto para la nación como para la misma empresa estatal, detonando con ello un crecimiento significativo para la economía mexicana.

Sin embargo, a la fecha el análisis de la reforma energética únicamente se ha concentrado en los procesos de apertura, la transformación de PEMEX y los beneficios e impactos positivos de las medidas adoptadas en el sector.

Por su parte, no se conocen suficientes detalles respecto de la arquitectura institucional y el papel de los agentes reguladores en materia de seguridad operativa e industrial y protección ambiental.

Si bien la reforma energética es una enorme oportunidad, también planteará retos sin precedentes al Estado Mexicano. Por ello es necesario garantizar un sano equilibrio entre el desarrollo económico asociado a la reforma y los mecanismos adecuados para salvaguardar los derechos de las próximas generaciones en un contexto de desarrollo armónico y protección a la seguridad industrial y al medio ambiente.

Se han presentado distintas propuestas que, con diferencias en las formas plantean una transición de un modelo de exclusividad estatal a un modelo competitivo en dónde PEMEX deberá competir con distintas empresas en las diversas áreas y procesos de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

En ese sentido, en materia de hidrocarburos se pretende que el Estado Mexicano otorgue contratos o concesiones a compañías privadas para complementar los esfuerzos y la inversión de Petróleos Mexicanos. Este cambio implica que habrá múltiples operadores realizando diversas actividades que por sí mismas implican altos riesgos en la seguridad de las personas e instalaciones, así como un alto impacto en el medio ambiente.
Asimismo, la exploración y extracción de los hidrocarburos en aguas profundas y en aceite y gas de lutita (shale gas y shaleoil) requieren de importantes inversiones financieras y la incorporación de tecnología de punta, asociada a este tipo de desarrollos. A la par de ello, la extracción del gas lutita podría traer serios efectos colaterales adversos, como el uso de grandes cantidades de agua en su extracción y posibles riesgos de contaminación del subsuelo.

Precisamente en proyectos de aguas profundas como en yacimientos no convencionales existen mayores riesgos ambientales y de seguridad industrial como pudieran ser los impactos causados por un derrame de hidrocarburos en aguas profundas o el uso significativo de recursos hídricos y riesgos asociados a la contaminación del subsuelo derivado de las actividades de extracción del aceite y gas lutita. Dichos impactos pueden tener efectos de largo plazo en el medio ambiente y la sociedad.

Bajo la perspectiva de nuevos participantes posiblemente enfocados en actividades de mayor riesgo, resulta imperativo que el Estado Mexicano cuente con un organismo especializado que asegure la seguridad operativa e industrial y protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos.

En ese sentido, se analizarán las mejores prácticas internacionales por cuanto hace a la distribución de competencias entre las distintas agencias de gobierno, con la finalidad de considerar un reacomodo institucional en México que garantice la protección al medio ambiente y a la seguridad industrial en el sector.

2. Mejores Prácticas Internacionales.

En materia de arquitectura institucional y regulación de hidrocarburos, no existe un modelo único en los países petroleros. Típicamente las actividades regulatorias en materia de exploración y producción de hidrocarburos versan sobre tres temáticas principales: la administración de recursos petroleros, la seguridad industrial y la protección del medio ambiente. Alrededor de estas tres temáticas, se construyen arreglos institucionales dando facultades a los Ministerios o Secretarías de Estado o, en su caso, a través de Agencias Especializadas con cierto nivel de independencia.

La experiencia internacional en la industria de los hidrocarburos ha desarrollado una tendencia reciente hacia la especialización de funciones por parte de los organismos reguladores con el fin de propiciar mandatos claros en diversos ámbitos de competencia y al mismo tiempo, incrementar las capacidades técnicas para el mejor desempeño de sus atribuciones.

A efectos de identificar las mejores prácticas –particularmente en el sector de hidrocarburos– los casos de Brasil, Colombia y Noruega son referencias obligadas. Por consiguiente, es útil analizar los mandatos y atribuciones competenciales de las distintas instituciones en los países referidos, para entender cabalmente la arquitectura institucional del sector y valorar su relevancia para el caso mexicano.

Noruega –quizá el mejor ejemplo en la adecuada y eficaz gestión de la industria petrolera– es el país que cuenta con mayor grado de especialización en la distribución de los órganos reguladores; cuenta con una división de funciones muy clara a través de instituciones separadas para cada aspecto regulatorio.

Por un lado, el Norwegian Petroleum Directorate, NPD(Directorado Noruego del Petróleo) asume la función de administración de los recursos petroleros, mientras que el Petroleum Safety Authority Norway, PSA(la Autoridad de Seguridad del Petróleo) se encarga de la seguridad industrial y salud en el trabajo. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente regula y supervisa todas aquellas cuestiones relacionadas con la protección ambiental.

En los casos de Brasil y Colombia, también se observa una especialización de funciones y cuentan con al menos dos reguladores, uno que se encuentra asociado a la administración de los recursos petroleros con ciertas facultades en seguridad industrial, como son la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH); y otro que se encuentra especializado en el cuidado y protección al medio ambiente como son el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para Colombia (ANLA).

Otros países con importantes niveles de actividad petrolera “costa afuera” cuentan con diversos reguladores en la materia. En el caso de los Estados Unidos, a raíz del incidente en el Pozo Profundo de Macondo en el año 2010 en la región estadounidense del Golfo de México, en el que la plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada por British Petroleum sufrió un accidente y se derramaron miles de toneladas de petróleo, se crearon dos nuevas instituciones a raíz de la división del Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE) haciendo más especializadas sus funciones.

Por un lado, se creó el Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), institución que se encarga de la promoción de energía independiente, de la protección ambiental y del desarrollo económico y sustentable de fuentes convencionales y no convencionales de energía “costa afuera” y; por el otro, el Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), cuyas atribuciones consisten en promover la seguridad industrial, el medio ambiente y la conservación de recursos naturales “costa afuera” a través de medidas regulatorias y su debida implementación. Ambos organismos referidos, son dependientes del Ministerio del Interior de los Estados Unidos .

Asimismo, en Australia el National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) es responsable de la gestión de recursos petroleros; mientras que el National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) regula y supervisa aspectos de seguridad industrial y protección ambiental “costa afuera”.

Como puede observarse con los casos y ejemplos referidos, la creación de entes reguladores altamente especializados y la separación de funciones responden a las necesidades del Estado de fortalecer sus capacidades regulatorias en respuesta al incremento en la complejidad de la actividad petrolera y los altos riesgos de seguridad industrial y ambientales asociados a la misma.

Esta separación de funciones parte de la premisa de que algunas actividades asociadas a la administración de recursos petroleros como son la organización de rondas de licitación para el otorgamientos de concesiones, licencias o contratos; el desarrollo de términos fiscales atractivos; y, la aprobación de proyectos específicos de inversionistas pudieran generar conflictos de interés con el mandato incontrovertible de proteger la vida, el medio ambiente y las instalaciones petroleras.

Por su parte, la mencionada distribución de competencias y atribuciones en los casos mencionados, atiende a la imperiosa necesidad de diversificar con base a especializaciones técnicas, ciertos aspectos regulatorios, como son la seguridad industrial y operativa y la protección ambiental, de las actividades y mandatos relacionados con la administración de los recursos petroleros. Es decir, las ramas de especialidad técnica para cada atribución son muy diversas y requieren de conocimientos especializados muy distintos.

En ese sentido, la práctica internacional ha demostrado que la seguridad industrial y la protección del medio ambiente son temas que se encuentran separados de la función de administración de los recursos petroleros y que de manera consistente corresponde a los Ministerios o Secretarías del medio ambiente, ya sea a través de una competencia reguladora directa o por medio de organismos reguladores especializados para ello.

La tendencia mundial en materia de regulación, indica que la mayoría de los reguladores de gestión de recursos han transferido las actividades, atribuciones y mandatos relacionados a la seguridad industrial y las de medio ambiente, a otras instituciones especializadas.
3. El caso de México

En el caso de México, desde del año 2008 la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha desempeñado las funciones de regulación y supervisión de la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, así como actividades de seguridad industrial y protección ambiental para las actividades de exploración y producción. Asimismo, la Secretaría de Energía también cuenta con amplias facultades para regular y supervisar al sector petrolero en materia de seguridad industrial y protección ambiental además de la administración de los recursos petroleros.

En este sentido, el arreglo institucional en México es único en el mundo, en tanto que la Comisión Nacional de Hidrocarburos abarca tanto la regulación y administración de recursos, como cuestiones referentes a la seguridad industrial y protección al medio ambiente, lo que, como se ha referido ya, produce posibles conflictos de interés.

Por su parte, se trata de un caso atípico frente al derecho comparado, dado que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el principal regulador, concentra los distintos ámbitos de atribución mencionados y, por su parte, la Secretaría de Energía conserva atribuciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental en el sector de hidrocarburos, lo que genera redundancias y traslapes funcionales.

Considerando las mejores prácticas internacionales en la materia, no existe ningún regulador que acumule ámbitos competenciales que, por su propia naturaleza, puedan generar un posible conflicto de intereses –la determinación de bases de licitación, frente al posible impacto ambiental que genere el proyecto en cuestión. Y, por su parte, las mejores prácticas internacionales demuestran que no existe ningún caso en el que el Ministerio o en el caso mexicano la Secretaría de Energía, tenga facultades similares o coincidentes con las del ente regulador.

Por otro lado, la falta de consistencia administrativa por cuanto hace a la distribución de facultades y competencias en la materia, se traduce en que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales carezca de facultades en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso. Es decir, la autoridad a la cual de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, así como formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, carece de facultades en materia de petróleo y todos los hidrocarburos, salvo lo previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, relativo a la manifestación de impacto ambiental.

Lo anterior, genera una inconsistencia administrativa y competencial, toda vez que la autoridad especializada y legalmente facultada para atender cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, carece de facultades en un sector fundamental para la preservación de los recursos naturales, como es el sector de hidrocarburos.

Actualmente, esas facultades se encuentran adscritas a la Secretaría de Energía por conducto de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos que, si bien ha realizado una labor destacable en la materia, no es una autoridad que cuente con las capacidades técnicas y profesionales en materia de protección al medio ambiente y recursos naturales.

Por su parte, de conformidad con el artículo 33 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Energía compete la regulación en materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos que, de la misma forma, ejerce por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En ese sentido, si bien las diversas autoridades energéticas en el país, han realizado una labor en materia de protección industrial y preservación del medio ambiente adecuada y destacable, es preciso considerar que la autoridad especializada en las cuestiones referidas, no es otra que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser el depositario natural en relación a su ámbito competencial dentro de la administración pública centralizada, respecto a la especialización y conocimiento técnico que se requiere en la materia.
En consecuencia, el arreglo institucional establecido en México a partir de la reforma petrolera del año 2008,permite la posibilidad de que se generen conflictos de interés entre la gestión de los recursos petroleros y la protección de la vida, el medio ambiente y las instalaciones.

Lo es así, en tanto que la Secretaría de Energía como cabeza de sector cuenta con facultades de protección al ambiente y de seguridad industrial en materia de hidrocarburos. Algunas de estas facultades las ejerce por sí misma y algunas la ejecuta por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En adición a lo anterior, es relevante destacar que la Secretaría de Energía cuenta con facultades específicas en materia de otorgamiento, modificación, revocación o cancelación de asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos, que por su esencia, es una facultad que se contrapone con las referidas previamente en materia de protección al ambiente y de seguridad industrial y, que más allá de la atribución en concreto, ésta debería estar designada al ente regulador, en este caso, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El posible conflicto de interés derivado de las atribuciones de la autoridad en la materia, se genera además, por el hecho de que sea la Secretaría de Energía quién tiene facultad de otorgar, modificar, revocar o cancelar asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos, lo cual produce el efecto conocido como “doble ventanilla”, toda vez que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene la facultad de elaborar dictámenes técnicos sobre los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, previo a la asignación que realice la Secretaría.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos cuenta con facultades que extralimitan su capacidad de órgano regulador, pues van desde cuestiones como aportar elementos técnicos propios para la definición de la política de hidrocarburos, establecer los lineamientos de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y dictaminar dichos proyectos y, aquellos relativos a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, así como la seguridad industrial de los trabajadores y lugares de trabajo, entre muchas otras.

Como ya se refirió líneas arriba, la facultad en materia de protección al ambiente y de seguridad industrial, son atribuciones tanto de la Secretaría de Energía como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, sin embargo, la autoridad especializada en la materia, la SEMARNAT, carece de atribuciones cuando de petróleo e hidrocarburos respecta.

Es por ello que, en atención a las mejores prácticas internacionales, en donde las agencias especializadas en materia de protección al ambiente, recursos naturales y seguridad industrial cuentan con un mandato delimitado y preciso y que, además, guardan independencia tanto de la cabeza de sector –en el caso de México sería la Secretaría de Energía–, como del organismo regulador –la Comisión Nacional de Hidrocarburos–, se hace indispensable crear una agencia estatal cuya misión, objeto y mandato sea, precisamente, la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como la seguridad operativa e industrial de los trabajadores e instalaciones del sector de hidrocarburos.

Con ello, se generarán beneficios a nivel administrativo, normativo, regulatorio y, sobre todo, con un impacto positivo en el medio ambiente y en la integridad de las instalaciones y vida de los trabajadores del sector, en tanto que existirá una institución del Estado dedicada exclusivamente para esos efectos.

4. Fortalecimiento de las capacidades regulatorias del Estado en materia de seguridad industrial y protección ambiental en el contexto de la reforma energética.

Como ya fue analizado, existe a nivel normativo una contradicción y superposición entre la atribución de facultades en materia de protección al medio ambiente y seguridad industrial a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, la dependencia especializada en protección al ambiente y recursos naturales, la SEMARNAT, carece de funciones en la materia que se relacionen de cualquier forma con el sector e industria de hidrocarburos.
Por su parte, se analizaron las mejores prácticas internacionales en las que, como se vio, las autoridades que administran los recursos petroleros, no son las mismas que se encargan de la protección al medio ambiente y seguridad industrial. Ello es así, en tanto que por un lado se requieren conocimientos y especialización específica en la materia y, por el otro, se desincentiva el conflicto de interés que puede generar que el mismo órgano del estado que administra los recursos de los hidrocarburos, sea quien proteja el medio ambiente y la seguridad industrial.

Es por ello que, en atención a las mejores prácticas internacionales en materia de distribución de facultades de autoridad y competencias; con la finalidad de evitar posibles conflictos de interés; y, con el afán de atribuir las facultades de protección al medio ambiente y seguridad industrial a un órgano especializado en dichos ramos, se propone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Para tal efecto, se pone a consideración de esta Soberanía el proyecto de decreto por el cual se crea la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, la Agencia). En ese sentido, la Agencia se constituirá como un órgano de naturaleza desconcentrada, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con ello se crea un órgano especializado exclusivamente en cuestiones referentes a la protección del medio ambiente y a la seguridad industrial, en materias relacionadas con el sector de hidrocarburos. Su objeto será proveer las bases para la regulación de la protección al medio ambiente, la sustentabilidad de los recursos naturales y la seguridad industrial y operativa en el trabajo y de las instalaciones, que se relacionen con cualquier de las actividades del sector de hidrocarburos.

De esa forma, las actividades del sector hidrocarburos, se definen en los términos siguientes:

I. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración, extracción, tratamiento, refinación, transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, del petróleo y de los productos que se obtengan de su refinación, así como el expendio público en territorio nacional de estos últimos;

II. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración y extracción, así como el procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de gas natural;

III. La compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas natural comercial;

IV. Transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de los siguientes productos que resulten del procesamiento o refinación de hidrocarburos:

1. Etano;
2. Propano;
3. Butanos; y,
4. Naftas.

V. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas licuado de petróleo.

Asimismo, se dispone la supletoriedad de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para el efecto de abarcar toda la industria, en cuestiones atinentes a la seguridad industrial y operativa y protección al medio ambiente. De tal forma que el objeto primordial de la Agencia se centra en regular, normar y supervisar la protección del medio ambiente y seguridad industrial, en todo aquello que guarde relación con las actividades del sector hidrocarburos.
Asimismo, se dispone que, para hacer acorde la actuación de la Agencia con la política estatal en materia de hidrocarburos, protección al medio ambiente y seguridad industrial, ésta deberá apegarse, en lo que corresponda, a las políticas que se emitan a través del Plan Nacional de Desarrollo y las distintas políticas sectoriales, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Energía.

En ese sentido, se entenderá el principio de coordinación como la colaboración institucional entre las dependencias de gobierno referidas con la Agencia, con la finalidad de eficientar el mandato de la misma, particularmente en materia normativa, regulatoria y de supervisión.

Se establecen asimismo las atribuciones de la Agencia que, de manera general, se distribuyen en los siguientes ámbitos competenciales:

a) La facultad de emitir lineamientos técnicos y normas para el cumplimento de su objeto;

b) Proporcionar apoyo técnico a la SEMARNAT, STPS, SENER, así como a sus órganos desconcentrados respectivos, para el debido cumplimiento de sus funciones;

c) Requerir todo tipo de información a los sujetos regulados en la materia;

d) Supervisar, verificar, vigilar y, en su caso, certificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas administrativas que en su caso emita, así como realizar visitas de inspección; y,

e) Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que con motivo de sus atribuciones se promuevan y determinar las violaciones y sanciones a las disposiciones y normatividad técnica que emita, tomando las medidas conducentes para corregirlas.

En ese sentido, las atribuciones de la Agencia y su mandato se pueden resumir en facultades para emitir normas y regulación; para verificar el cumplimiento de las mismas y para, en su caso, sancionar su incumplimiento.

En adición a lo anterior, se ha considerado necesario dotar a la Agencia con la facultad de celebrar convenios de colaboración con Instituciones, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior, con la finalidad de desarrollar programas, análisis y estudios que fortalezcan sus capacidades técnicas.

Por su parte, se dispone que la Agencia podrá solicitar a terceros autorizados la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación. Para ello, a su vez, la Agencia podrá autorizar a entes u organismos certificadores, que coadyuven con la validación técnica y jurídica necesaria para efectos de la incorporación de terceros autorizados en el ámbito de sus atribuciones.

La figura de terceros autorizados es útil en la medida que implica una simplificación burocrática y administrativa, en tanto que como agentes certificados en cuanto especialización técnica, podrán llevar a cabo actuaciones de supervisión y verificación en la materia, logrando con ello, la reducción de costos operativos y, por su parte, la especialización requerida en la conducción de dichos actos que, como ya se mencionó, consisten en dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación.

Por su parte, los terceros autorizados regirán sus actuaciones bajo la más estricta responsabilidad, confidencialidad y, en el manejo de la información que les sea proporcionada y estarán sujetos lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir.
Por lo que respecta a la estructura orgánica de la Agencia, se ha considerado óptimo diseñar su organización a cargo de un Director General y de un consejo de directores.

Por lo que respecta al Director General, éste será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, como parte de la administración pública centralizada, en tanto que la Agencia se articula como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese sentido, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vasta en esa materia. Al respecto y por analogía, el siguiente precedente es útil para explicar por qué la designación del Director General de la Agencia, le compete al Presidente de la República:

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 532

COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

El hecho de que el citado precepto legal establezca que la Comisión Federal de Competencia constituye un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía funcional y técnica para dictar sus resoluciones, no viola el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no crea un ente de naturaleza diversa a los órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada; por el contrario, el mencionado precepto constitucional precisa la facultad del legislador ordinario para fijar las bases jurídicas necesarias para el eficaz funcionamiento de los órganos desconcentrados, por lo que si el objeto de la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 de la Ley Suprema, es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, eliminando monopolios y restricciones en el mercado de bienes y servicios, ello justifica que se haya dotado a la citada Comisión de autonomía funcional con la finalidad de acelerar los procedimientos administrativos que se siguen ante ella, concediéndole potestad de resolución definitiva en sede administrativa, de los actos o prácticas que atenten contra el objeto de la propia ley y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, considerados contrarios a las libertades de comercio, industria y contratación, aspectos que son regulados por el referido artículo 28 constitucional. Además, la autonomía funcional no quebranta la subordinación jerárquica dispuesta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para los órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada, ya que conforme a los artículos 26 y 28 de la Ley Federal de Competencia Económica; 2o., inciso C, fracción I y 5o., fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y 22, fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, que facultan al Presidente de la República para designar a los comisionados y al Presidente de la Comisión; que es facultad del Secretario de Economía expedir acuerdos de carácter general en la materia que rige a la Comisión cuya aplicación y vigilancia corresponde a la Secretaría de Economía; y que es facultad del Presidente de la Comisión enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su proyecto de presupuesto para que se integre al global de la Secretaría, resulta evidente la subordinación y dependencia de la Comisión Federal de Competencia como órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal Centralizada.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 167/2005. Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. 3 de junio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

En ese sentido, el Director de la Agencia coordinará, dirigirá y representará el trabajo de la Agencia, para lo cual designará, con la aprobación del Consejo de Directores, a un Secretario Ejecutivo quien coordinará a la Agencia en el ámbito administrativo y en su régimen interior.
Asimismo, se propone que el Consejo de Directores de la Agencia, que estará presidido por el Director General, cuente con cuatro directores generales que serán designados por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo criterios de especialización y profesionalización en las materias objeto de la Agencia, en los términos del reglamento interno que para tal efecto se expida.

Por su parte y dada la naturaleza de las funciones que realizará la Agencia, se disponen como facultades exclusivas del Director General la de ordenar las medidas de seguridad que se requieran, para hacer frente a emergencias o situaciones de riesgo inminente en el ámbito de su competencia, así como la de solicitar el apoyo de las autoridades competentes para la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la vida, la salud o seguridad de los trabajadores, el medio ambiente, así como las instalaciones del sector hidrocarburos.

En ese sentido, cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave la seguridad operativa e industrial de las personas, sus bienes e instalaciones, así como para el medio ambiente y los recursos naturales, el Director General de la Agencia podrá ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;

II. Clausurar temporal, total o parcialmente obras, instalaciones o sistemas;

III. Ordenar la suspensión temporal del suministro;

IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos de cualquier especie;

V. Inutilizar substancias, materiales, equipos o accesorios, y

VI. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones y sistemas destinados a las actividades materia de la medida de seguridad.

En su caso, se deberá dar aviso inmediato a la autoridad que hubiera emitido los permisos o autorizaciones respectivas, para los efectos conducentes.

Esto atiende a la necesidad de hacer frente de manera inmediata y ejecutiva a los posibles siniestros o eventos catastróficos que pudieran ocurrir en el sector de hidrocarburos, por lo cual se ha dispuesto que sean facultades exclusivas del Director General de la Agencia.

Finalmente se dispone que la Agencia será la autoridad encargada de la aplicación y ejecución de las normas relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales, así como de la seguridad operativa e industrial de las instalaciones y los trabajadores del sector hidrocarburos, que estén contenidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal del Trabajo. Para tal efecto, se realizan las adecuaciones pertinentes a dichas disposiciones normativas.

Finalmente, con la finalidad de propiciar la simplificación administrativa y procesal, se indica que cualquier procedimiento que se substancie ante la Agencia, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en lo que se disponga en el reglamento interno de la propia Agencia.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9, TERCER PARRAFO, DEROGA DEL ARTICULO 15, FRACCION PRIMERA, INCISO D) Y 15 FRACCION TERCERA INICISOS C, F Y G Y SE REFORMA LA FRACCION III Y IV DEL ARTICULO 15 BIS, TODOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO; SE MODIFICA EL ARTICULO 32 BIS, FRACCION III) Y SE DEROGA EL ARTICULO 33, FRACCION XIX) DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; Y, SE ADICIONA LA FRACCION V DEL ARTICULO 2 Y SE DEROGAN LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 3, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

ARTICULO PRIMERO: Se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, en los siguientes términos:

Capítulo I
Naturaleza y Objeto

Artículo 1.- Esta ley es de orden público y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Tiene por objeto proveer las bases para la supervisión y regulación de la protección al medio ambiente y de los recursos naturales, así como la seguridad operativa, industrial y de los trabajadores y de las instalaciones del sector hidrocarburos, que se relacionen con cualquiera de las actividades del Sector Hidrocarburos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley.

Para cumplir con dicho objeto, se instituye la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que gozará de autonomía técnica y operativa.

Artículo 2.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, tendrá como objeto regular y supervisar la seguridad industrial y operativa en el trabajo e instalaciones del sector hidrocarburos, así como la protección del medio ambiente y recursos naturales.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos será la autoridad encargada de instrumentar, aplicar y ejecutar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal del Trabajo, en todo aquello que esté expresamente vinculado con la protección al medio ambiente y los recursos naturales, la seguridad industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades del sector hidrocarburos.

Para efectos de esta Ley, se consideran como actividades del sector hidrocarburos las siguientes:

I. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración, extracción, tratamiento, refinación, transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, del petróleo y de los productos que se obtengan de su refinación, así como el expendio público en territorio nacional de estos últimos;

II. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración y extracción, así como el procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de gas natural;

III. La compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas natural comercial;
IV. Transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de los siguientes productos que resulten del procesamiento o refinación de hidrocarburos:

1. Etano;
2. Propano;
3. Butanos; y,
4. Naftas.

V. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas licuado de petróleo.

En lo no previsto en este artículo, en relación con el ramo del petróleo, se estará de forma supletoria a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Artículo 3.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos deberá apegarse a la política nacional en materia energética, de protección al medio ambiente y recursos naturales y de seguridad industrial de las personas e instalaciones de del Sector Hidrocarburos y ejercerá sus atribuciones, según corresponda, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Energía, y los organismos desconcentrados de éstas.

El principio de coordinación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, no presupone la subordinación jerárquica de parte de la Agencia, sino que comprende la colaboración entre las dependencias de gobierno referidas, con la finalidad de hacer eficiente la función regulatoria y de supervisión de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos aportará a las dependencias a que se refiere este artículo, en lo que corresponda, los elementos y estudios técnicos de que disponga y que sean necesarios para la conformación de las políticas y programas sectoriales relativos a las actividades objeto de esta Ley.

Las disposiciones administrativas de carácter general, así como los actos administrativos que en coordinación con las dependencias a que se refiere este artículo, expida la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, deberán atender los principios generales de protección al medio ambiente y recursos naturales y de seguridad industrial y operativa de los trabajadores e instalaciones, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En materia regulatoria, los actos administrativos que emita la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Tercero A, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 4.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aportar los elementos técnicos para el diseño y definición de la política de protección al medio ambiente y recursos naturales, la seguridad en el trabajo e instalaciones del sector hidrocarburos del país, así como para la formulación de los programas sectoriales en la materia, que se relacionen con las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley;

II. Supervisar la integridad física y operativa de las instalaciones e infraestructura del sector hidrocarburos, incluidos pozos, plataformas y ductos;

III. Prevenir y atender derrames y fugas de hidrocarburos;
IV. Establecer los límites para la emisión de hidrocarburos y otros gases a la atmosfera en las actividades del sector hidrocarburos;

V. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, el apoyo técnico que, en su caso, le solicite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Energía, así como sus organismos desconcentrados, para el cumplimiento de sus funciones;

VI. Expedir la regulación técnica en materia de medio ambiente y recursos naturales, seguridad operativa, industrial y de los trabajadores y de las instalaciones del sector hidrocarburos, pudiendo establecer estándares técnicos y mejores prácticas en la materia.

Como parte de la regulación que emita, podrá considerar la adopción y observancia de estándares técnicos internacionales;

VII. Regular en materia de evaluación, medición y mitigación de riesgos operativos y requerimientos de garantías y seguros contra afectaciones humanas y materiales;

VIII. Expedirlas normas oficiales mexicanas y demás normas administrativas de carácter general que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto;

IX. Requerir de cualquier autoridad, la información técnica y, en su caso, la documentación funcionalmente equivalente, que requiera para el ejercicio de sus atribuciones;

X. Requerir la presentación de información y citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables y condiciones y obligaciones contenidas en las licencias, permisos y autorizaciones que haya emitido;

XI. Supervisar y sancionar el incumplimiento a la regulación que expida, en los términos de sus atribuciones.

Para ello, podrá realizar visitas de inspección, requerir certificaciones y auditorías o la entrega de información y comparecencia de funcionarios y representantes de las personas que realicen cualquier de las actividades reguladas.

Las sanciones a que se refiere esta atribución se impondrán en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal del Trabajo, así como en términos de la normatividad que para tal efecto expida;

XII. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que con motivo de sus atribuciones se promuevan;

XIII. Llevar a cabo las investigaciones de causa raíz en caso de accidentes operativos, industriales o medioambientales que tengan o pudieran tener una afectación en el ámbito de su competencia;

XIV. Ordenar las medidas de seguridad que se requieran, para hacer frente a emergencias o situaciones de riesgo inminente en el ámbito de su competencia;

XV. Solicitar el apoyo de las autoridades competentes para la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la vida, la salud o seguridad de los trabajadores, el medio ambiente, así como las instalaciones del sector hidrocarburos;

XVI. Emitir los lineamientos y criterios técnicos para autorizar a personas físicas y morales como terceros autorizados, para que efectúen revisiones a las instalaciones, equipos, procesos, métodos y cualquier otro relacionado con las actividades previstas en esta Ley;
XVII. Llevar un registro declarativo y con fines de publicidad, sobre las actividades reguladas;

XVIII. Planear, programar y organizar sus funciones y actividades;

XIX. Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de mecanismos, acuerdos y convenciones internacionales en materia de seguridad industrial y medio ambiente del sector hidrocarburos;

XX. Aprobar su anteproyecto de presupuesto anual;

XXI. Contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requeridos para sus actividades;

XXII. Expedir su Reglamento Interno, y

XXIII. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

El ejercicio de las atribuciones conferidas a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos se realizará conforme a lo que disponga esta Ley y su Reglamento;        

Para efectos de la impugnación de las resoluciones que emita la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y en todo aquello no previsto en esta Ley, de manera supletoria se estará a lo dispuesto por Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5.-La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos promoverá la investigación y estudios necesarios para el debido ejercicio de sus funciones. Para ello podrá celebrar acuerdos con Instituciones, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior, con la finalidad de desarrollar programas que fortalezcan sus capacidades técnicas.

La Agencia podrá solicitar a terceros autorizados debidamente acreditados de conformidad con los lineamientos y criterios técnicos que expida, la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación de conformidad con las certificaciones correspondientes que emitan las entidades certificadoras previamente aprobadas por la Agencia.

Los terceros autorizados regirán sus actuaciones bajo la más estricta responsabilidad, confidencialidad y, en el manejo de la información que les sea proporcionada, estarán sujetos lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir.

Capítulo III
Integración y funcionamiento del Consejo de Directores

Artículo 6.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos tendrá un Director General, que será designado por el titular del Ejecutivo Federal.

Artículo 7.-El Director General de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos contará con un Consejo de Directores, cuyos cuatro miembros serán designados por el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que le asistirá administrativa y operativamente en el ejercicio de sus funciones.

La estructura orgánica y operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, será definida por su reglamento interno, que establecerá, el funcionamiento del Consejo de Directores, su composición y la forma en que éstos serán designados.
Las facultades conferidas en las fracciones XIV y XV del artículo 4 de esta Ley, son indelegables y serán exclusivas del Director General. Las demás atribuciones previstas en el artículo en citado, serán ejercidas por el Consejo de Directores, en la forma y términos que lo determine el reglamento de esta Ley.

Artículo 8.- El Director General ejercerá su cargo por un periodo de cuatro años, pudiendo ser designado para un segundo periodo de igual duración. A la fecha de la designación, deberá cumplir, por lo menos, los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano, mayor de treinta y cinco años y tener menos de setenta, y estar en pleno goce de sus derechos;

II. Poseer título profesional en las ramas de ingeniería, derecho, economía, administración pública, contaduría o materias afines a la Seguridad Industrial y Protección del Ambiente; y tener experiencia reconocida de más de diez años en el Sector Hidrocarburos;

III. Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de la Agencia;

IV. No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas del sector petrolero, asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios;

V. No tener litigio pendiente con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios o cualquier otro operador;

VI. No estar inhabilitado para ser servidor público, y

VII. Cuando menos tres de los Directores deberán poseer título profesional en las ramas de ingeniería química, industrial, petrolera, geofísica, geológica, civil o cualquier otra vinculada con el Sector Hidrocarburos

El Director General y los Directores de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con su reglamento interno, deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades académicas que no interfieran con el desempeño de sus funciones.

Artículo 9.- El Director General, coordinará los trabajos y actividades de la Comisión Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos ante las instancias gubernamentales, instituciones, personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, y realizar los actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de su objeto;

II. Proveer la ejecución de las resoluciones y los acuerdos del Órgano de Gobierno;

III. Dirigir las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y de su Consejo de Directores;

IV. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y presentarlo para su debida aprobación al Consejo de Directores;

V. Ejercer el presupuesto autorizado en términos del Reglamento de esta Ley;
VI. Proponer, al Consejo de Directores, el nombramiento del Secretario Ejecutivo, de funcionarios y de personal técnico de segundo nivel;

VII. Nombrar y remover al resto del personal técnico y administrativo, salvo al personal de apoyo directo de los demás Directores;

VIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Agencia, y

IX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 10.- El Consejo de Directores funcionará en los términos que designe en el reglamento de esta Ley. Los Directores tendrán, entre otras, las atribuciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones y participar en el Consejo de Directores, con voz y voto, en sus deliberaciones y resoluciones;

II. Presentar las ponencias de los asuntos que le sean encomendados;

III. Presidir los Comités que le sean asignados; y

IV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones aplicables y la propia Agencia, dentro del ámbito de su competencia.

A los directores de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 8 de esta Ley.

Artículo 11.- El Secretario Ejecutivo será designado en los términos que disponga el reglamento de esta Ley y tendrá a su cargo, las siguientes facultades y obligaciones:

I. Asistir a las reuniones del Consejo de Directores y participar, con voz informativa pero sin voto, en sus deliberaciones;

II. Levantar las actas de las sesiones, asentarlas en el Libro de Actas y Acuerdos e inscribirlas en el Registro Público de la Agencia;

III. Auxiliar al Director General de la Agencia en la preparación, organización y celebración de las sesiones;

IV. Recibir, revisar y tramitar los procedimientos administrativos competencia de la Agencia, incluyendo el turno de documentos, las notificaciones y los registros que procedan;

V. Dirigir y controlar el archivo del Consejo de Directores, pudiendo expedir, a petición de parte interesada, copias certificadas de las constancias archivadas; y,

VI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones aplicables y la propia Agencia, dentro de la esfera de sus atribuciones.

Artículo 12.- El Órgano Interno de Control de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos tendrá las atribuciones que le asigna la legislación aplicable.

Artículo 13.- Corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos la ejecución de los procedimientos administrativos y la imposición de sanciones en términos de los artículos 15, 15 bis y 15 ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo; Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad de los trabajadores.
Lo previsto en el párrafo que antecede, será atribución de la Agencia únicamente por cuanto hace a la relación que guarde entre la protección al medio ambiente y los recursos naturales, la seguridad industrial y operativa, de los trabajadores y de las instalaciones, que se relacionen con cualquiera de las actividades de sector hidrocarburos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley

Artículo 14.- Cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave para la seguridad operativa e industrial de las personas, sus bienes e instalaciones, así como para el medio ambiente y los recursos naturales, el Director General de la Agencia podrá ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;

II. Clausurar temporal, total o parcialmente obras, instalaciones o sistemas;

III. Ordenar la suspensión temporal del suministro;

IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos de cualquier especie;

V. Inutilizar substancias, materiales, equipos o accesorios, y

VI. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones y sistemas destinados a las actividades materia de la medida de seguridad.

Al ejercer cualquiera de las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, la Agencia deberá, de inmediato, dar aviso a la autoridad que hubiera emitido los permisos o autorizaciones respectivas, para los efectos conducentes.

Artículo 15.- En la vía administrativa, contra los actos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos sólo podrá interponerse el recurso de revisión, el cual se resolverá por la propia Agencia conforme a las disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 16.- Las personas físicas y morales sujetas a esta y otras leyes a la supervisión o regulación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y aquellas que reciban servicios por parte de ésta, deberán cubrir los derechos correspondientes, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 17.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos interpretará y aplicará para efectos administrativos esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos deberá quedar debidamente instalada dentro de los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la publicación del presente Ordenamiento en el Diario Oficial de la Federación.

El Ejecutivo Federal designará al Director General de la Agencia para un encargo de cuatro años; los Directores serán designados para periodos iniciales de cuatro, tres, dos y un año, según determine el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tercero. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de su instalación, revisará el conjunto de disposiciones administrativas generales que a la fecha hayan sido expedidas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para adoptar las que en su caso correspondan en el ejercicio de sus atribuciones.
Cuarto. En tanto la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos quede instalada, la Comisión Nacional de Hidrocarburos continuará despachando los asuntos que le competen, con base en las disposiciones aplicables hasta la entrada en vigor de la presente Iniciativa.

Quinto. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos expedirá su Reglamento Interno dentro de los siguientes ciento ochenta días calendario a partir de la instalación de la propia Agencia.

Sexto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá proporcionar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, inmediatamente después de su instalación formal, copia de toda la información, estadística y documental que tenga en su poder, correspondiente a las atribuciones, competencias y facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Séptimo. En tanto no entren en vigor las disposiciones administrativas generales que expida la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos en ejercicio de sus atribuciones, continuarán vigentes las emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Octavo. Los contratos, convenios y otros actos jurídicos celebrados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán en los términos pactados. No obstante lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, podrá celebrar convenios modificatorios para ajustarlos a las disposiciones de la presente Ley.

Noveno.- Por lo que refiere al órgano interno de control de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que se refiere el artículo 15 de esta ley, se estará a lo dispuesto por el segundo artículo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Décimo. Los recursos presupuestales que hayan sido asignados a la Secretaría de Energía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a partir de la fecha en que se publique el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, serán parte del presupuesto correspondiente de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, observará que lo dispuesto en el párrafo precedente se ejecute debidamente, para el efecto de que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuente con el presupuesto necesario para iniciar sus funciones.

Décimo primero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a la presente Ley.

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 7 bis; artículo 9 tercer párrafo; artículo 15 primer párrafo, la fracción I, inciso d y la fracción III, incisos c y g; artículo 15 bis, primer párrafo; y artículo 15 ter, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

Artículo 7 bis.- Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 9.-…

Los criterios que se mencionan en el párrafo anterior serán expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Artículo 15.- Las personas que realicen alguna de las actividades a que se refiere la presente Ley, deberán cumplir con las disposiciones administrativas y normas de carácter general que expidan en el ámbito de sus competencias, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, en términos de la normatividad aplicable, así como entregar la información o reportes que les sean requeridos por aquellas.

I. (…)

d) Ejecutar las acciones que, ordene la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, para evitar que las obras o sus instalaciones puedan ocasionar un daño grave en las personas o en sus bienes, y

(…)

III. Los permisionarios deberán:

c) Dar aviso inmediato a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y a las autoridades competentes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia que, como resultado de sus actividades permisionadas, ponga en peligro la vida, la salud y seguridad públicas, y presentar ante dicha dependencia, en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de aquél en que el siniestro se encuentre controlado, un informe detallado sobre las causas que lo originaron y las medidas tomadas para su control;

g) Obtener autorización de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos para modificar las condiciones técnicas de los ductos, sistemas, instalaciones o equipos;

Artículo 15 bis. Las infracciones a esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias podrán ser sancionadas con multas de mil a un millón quinientas mil veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a juicio de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía o de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomando en cuenta la importancia de la falta, de acuerdo con lo siguiente:

(…)

Artículo 15 Ter.- Con base en los resultados del análisis de los documentos e información requeridos a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como a los permisionarios o como resultado de una visita de verificación, cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave para las personas o sus bienes, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las sanciones a que se refieren los artículos 13 y 15 Bis de esta Ley, podrán ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

(…)

Transitorio unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TERCERO: Se adiciona el artículo 32 bis, fracción III bis y III ter, se modifica el artículo 33 fracción VIII y se deroga su fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(…)

III bis.- Regular y, en su caso expedir Normas Oficiales Mexicanas, en materia de protección al medio ambiente y recursos naturales, la seguridad operativa e industrial de los trabajadores y de las instalaciones, que se relacionen con cualquiera de las actividades del sector hidrocarburos;

III ter.- Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar las licencias, permisos y autorizaciones en materia de protección al medio ambiente y recursos naturales, la seguridad industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades del sector hidrocarburos;

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(…)

VIII.- Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

XIX.- Se deroga.

Transitorio Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO CUARTO.-Se adiciona el artículo 2, fracción V, el artículo 4, fracción II bis y se deroga el artículo 3, incisos d y e, todos de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 2.-

(…)

V.- La protección al medio ambiente y de los recursos naturales, así como la seguridad operativa, industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades del sector hidrocarburos.

Artículo 3.-

(…)

d). Se deroga.

e). Se deroga.

Artículo 4º.-

II bis.- Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar las licencias, contratos y asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos;

Transitorio Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO QUINTO.- Se reforma la fracción segunda y se adiciona el último párrafo del artículo 28 y se adiciona el último párrafo del artículo 160, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 28.- (…)

II. Industria química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

(…)

Corresponderá en los términos de este artículo a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, la evaluación de impacto ambiental, a la seguridad operativa, industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades de la industria petrolera y de hidrocarburos.

Artículo 160.- …

Las atribuciones conferidas en este título en materia de protección al ambiente y recursos naturales, que tengan vinculación o relación alguna con actividades del sector hidrocarburos, serán facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Transitorio Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO QUINTO.- Se deroga adiciona el artículo 525 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 525.- Compete a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, en los términos de su Reglamento, la aplicación, regulación, supervisión, autorización y sanción de aquellas normas contenidas en esta ley, relativas a la seguridad industrial y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades del Sector Hidrocarburos.

Transitorio Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de noviembre de 2013.

Sen. Ninfa Salinas Sada".

También se creó otra institución encargada del cobro de regalías cuya revisión no es relevante para los propósitos de este documento.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ninfa Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, a nombre propio y de los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Lorena Cuéllar Cisneros, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año “día del urbanista mexicano”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DIA DEL URBANISTA MEXICANO”

(Presentada por la C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, a nombre propio y de los CC. Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Lorena Cuéllar Cisneros)

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señora Presidenta, con su venia:

Vengo a proponer a nombre de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Senador Francisco de Paula Búrquez y la Senadora Lorena Cuéllar, y pido a usted se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “día del urbanista mexicano”.

Honorable Asamblea, compañeros Senadores, un pueblo que privilegia el orden, la comunicación, la conectividad y la seguridad necesariamente podrá proveer una mayor calidad de vida y salud social a sus habitantes.

Estos pueblos no son producto de la casualidad sino de una planificación adecuada llevada a cabo por profesionales del urbanismo, con un profundo y claro compromiso social y con el medio ambiente.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad establece el compromiso de las ciudades a desarrollar una planificación garante del equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico y arquitectónico, cultural y artístico, así como a impedir la segregación y la exclusión territorial y darle prioridad a la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada.

Los urbanistas mexicanos tienen los conocimientos y habilidades para hacer esto una realidad, el derecho a la ciudad es tan importante y se une a los derechos humanos asociados al territorio, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, dependen en gran medida de que el primero sea posible y éste a su vez del trabajo propositito y activo de todos los urbanistas.

Su función social, por tanto, resulta elemental para el cabal cumplimiento de los derechos humanos, su trabajo impacta y se multiplica en la calidad de vida y sobre todo, en la felicidad de los habitantes, en este caso de los mexicanos.

Nuestros urbanistas señalan hoy un reto.

La existencia de una profunda crisis en el sistema de planeación urbana nacional, aclaran que más de tres décadas que tenemos nuestra Ley General de Asentamientos Humanos los tres órdenes de gobierno no han tenido éxito en la puesta en marcha de una planeación urbano-regional.

Insisten en que nuestro sistema de planeación es anacrónico y está superado hoy día por los retos de la realidad.

Sin embargo, tengo que resaltar compañeros Senadores, que nuestros urbanistas no sólo son críticos, sino que están propositivos y observan una actitud que permita que su participación activa pueda modificar estos retos.

De ellos va a depender en buena medida que las metas y los objetivos en materia de desarrollo urbano y de ordenación territorial que ha sido plasmado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y demás documentos rectores pueda realmente ser alcanzado y una realidad.

De aquí, compañeros Senadores, que a nuestro parecer resulta de elemental justicia reconocer a estos profesionistas que hacen de nuestros pueblos y nuestras ciudades mejores lugares para que vivan todas nuestras familias y sobre todo la de todos los mexicanos, que no exista duda ni desacuerdo de la relevancia que tienen los urbanistas mexicanos en la consolidación de nuestro territorio, elemento esencial en que todo pasa.

Al hacerlo sin duda, por supuesto, hacen patria y hacen un mejor México.

Por ello, y atendiendo a las más elementales de las consideraciones, pido a todos ustedes, a nombre propio, y como dije, de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que este Honorable Congreso de la Unión declare el día 8 de noviembre de cada año el “día del urbanista mexicano”.

Por su atención, muchas gracias.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica Araujo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia turna también la iniciativa de la Senadora Ninfa Salinas Sada, a la Comisión de Energía.

La Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, invitados por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante de esta Mesa Directiva.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!






En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contienen:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de primera lectura)








Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 139, 140, 141, 142, 143, 144 Y 145 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)








Y el proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO 128 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de adición de un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado “De los delitos cometidos contra la libertad de expresión”. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día.
PROYECTO DE ADICION DE UN TITULO VIGESIMO SEPTIMO AL CODIGO PENAL FEDERAL, DENOMINADO “DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION”

(Dictamen a discusión)



En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda desechado el proyecto que adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado “De los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión”. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.






Por acuerdo de los grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva, consultaremos a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de perspectiva de género.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos; en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Sonido en el escaño de la Senadora Ortiz González.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Esperaba yo que fuese el primero, la Comisión de Justicia, en virtud de que es la Comisión Ordinaria, solamente señalar que en el análisis que la Comisión de Estudios Legislativos hizo sobre el tema, encontró los aspectos de control de legalidad y de constitucionalidad, están satisfechos, y esa es la razón por la cual los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos aprobamos el dictamen, por lo tanto, vamos a favor el mismo.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ortiz González.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

Creo que es muy importante que mencionemos la relevancia de este dictamen de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Estudios Legislativos, va en un proceso que ha distinguido, desde el inicio de esta legislatura, de configurar el principio de los derechos civiles y políticos de las mujeres, en nuestro país.

Por lo tanto, que ahora se incluya este mecanismo diseñado en 1997 por el Consejo Económico y Social, ECOSOL, de Naciones Unidas, es sin duda trascendental. De tal forma que la perspectiva de género que ahora se incluye para la Judicatura también sea a partir de esta reforma que hoy estamos aprobando, también pueda servir de ejemplo para los procesos que tenemos que emprender de reforma en otras instancias, inclusive del resto del Poder Judicial.

Eso es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






En la misma situación que el dictamen anterior, consultaremos a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 del Código Civil Federal, en materia de Esponsales.

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 139, 140, 141, 142, 143, 144 Y 145 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza dispensar la segunda lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la dispensa de la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra, desde su escaño, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Le agradezco su consideración de permitirme expresarme desde este espacio.

Lo que están revolviendo las Comisiones de Justicia; y Estudios Legislativos, es un dictamen que viene de la Cámara de Diputados.

Es muy pertinente que lo haya aprobado en sus términos y que hoy nos lo presenten a consideración de esta plenaria.

Derogar estas figuras arcaicas del Código Civil Federal, era un pendiente que debimos haber resuelto hace mucho tiempo para ir en congruencia con tratados internacionales, con el derecho internacional de derechos humanos y, sobre todo, para proteger los derechos de las niñas y de las adolescentes que son obligadas a casarse, a veces, en condiciones muy poco claras.

¿Cuál es la pertinencia de este dictamen?

Desde 2 puntos de vista, brevemente los enuncio:

Además de ser figuras arcaicas, sin duda van a trascender a los códigos civiles de las entidades federativas, eso es muy importante.

El otro aspecto tiene que ver con un tema que vamos a dictaminar en los próximos días, en donde estamos incluyendo en las reformas a la Ley de Trata de Personas, evitar que las niñas, sobre todo en algunos pueblos rurales e indígenas, se casen a través, o las casen a través de una dádiva.

Por eso es pertinente la derogación de estos artículos, porque va en congruencia con lo que el Senado está discutiendo, de tal forma que es importante que la aprobemos en sus términos por esta Asamblea.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrara Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 del Código Civil Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes con los mejores promedios del Colegio “Jaime Torres Bodet” del municipio de Jilotepec, en el Estado de México, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)






De la misma forma que nuestros anteriores dictámenes, consultaremos a la Asamblea si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal, para armonizar sus disposiciones en materia de pena de muerte.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO 128 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros:

Estamos a favor, en el PRD, en que se derogue esta disposición del artículo 128 del Código Civil Federal, en razón de que es un anacronismo legal que todavía subsiste en nuestras leyes, y como bien lo dice la iniciativa, pues hay que hacerlo congruente y armonizarlo con la legislación federal vigente.

No es posible que si en México no tenemos vigente la pena de muerte, todavía se pida que se asiente en el acta de defunción, que la persona que fue ejecutada, las causas por las que falleció fue por la ejecución de la pena de muerte.

Creo que en el avance, incluso desde la comisión, que han propuesto de derechos humanos, que este punto sea derogado y armonizado con nuestras leyes vigentes, es oportuno hacer y resaltar esta circunstancia.

En México, los delitos con violencia han sido de los que más han crecido y se ha multiplicado el índice de ese tipo de delitos; y se ha pedido, desde diferentes trincheras, la pena de muerte. Creo que esto, de alguna manera, justifica que si en este Senado estamos pensando en actualizar nuestro código, porque no existe esto, estaría contrario al sentir de muchos mexicanos, que pudiera estar pensándose en aplicar penas de muerte.

Por eso, en la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, estamos considerando viable y pertinente llamarlos a votar a favor de esta propuesta, que consiste en derogar el artículo 128 del Código Civil Federal.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Aplausos)






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo en relación con la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACION COMO COMISIONADO DE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen de la designación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, ha sometido a la consideración de esta Cámara del H. Congreso de la Unión la ratificación de la persona antes señalada, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.

En consecuencia, estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numerales 1, 2, apartado a, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 239 numeral 3, 240 numeral 1, 241 numerales 1 y 2, 242, 255 numeral 2, y 257 numerales 1, fracción I, 2 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. METODOLOGIA DE TRABAJO

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al procedimiento de la propuesta de designación del ciudadano propuesto como Comisionado de Comisión Federal de Competencia Económica, a partir de la fecha en que fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo de “Descripción de la propuesta de nombramiento”, se hace una narración del contenido de la trayectoria laboral y académica de la propuesta designada.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de dicho nombramiento.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de junio del 2013, el Comité de Evaluación publicó la Convocatoria Pública para elegir a los aspirantes al cargo de Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A dicha Convocatoria acudieron 667 personas.
2. El Comité de Evaluación habiendo realizado un análisis exhaustivo de las trayectorias y los perfiles profesionales de los aspirantes, determinó que 119 personas habían reunido los requisitos previstos en la Convocatoria.

3. Con fecha 3 de agosto de 2013, el Comité de Evaluación aplicó un examen de conocimientos, resultado de ello que 41 obtuvieron calificaciones aprobatorias.

4. Con fecha 9 de agosto de 2013, el Comité de Evaluación remitió al titular del Poder Ejecutivo una lista de 35 candidatos que consideró idóneos para ser nombrados al cargo de Comisionados, para su posterior ratificación de parte del Senado de la República.

5. Con fecha de 19 de agosto del 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, envió a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión (mediante el oficio No. SEL/300/1020/13 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013), “...Las designaciones de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (7 por cada órgano)…”para la ratificación de los nombramientos en el periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República que tendrá lugar del 21 al 23 de agosto de 2013.

6. El 20 de agosto de 2013, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la propuesta de los nombramientos de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, se turnaran a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su dictaminación correspondiente.

7. El 21 de agosto de 2013, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos suscribieron el “Acuerdo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos por el que se establece el procedimiento para la jornada de entrevistas a los candidatos a integrar el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE)”.

8. En ese mismo día y en cumplimiento al Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, citaron a comparecer a la ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

9. Posteriormente, el día 22 de agosto, durante el Primer Periodo Extraordinario del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio el pleno del Senado de la República aprobó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en torno a las designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica”, en el cual se establece lo siguiente:

“….PRIMERO.-Durante las sesiones extraordinarias convocadas por la Comisión Permanente del 21 al 23 de agosto de 2013, el Senado de la República acuerda no emitir resolución sobre las designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

SEGUNDO.-El nombramiento de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, y el plazo a que se refiere la fracción III del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, contarán a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, en que el Senado se encuentre reunido…”
10. Con fecha 10 de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación a la ratificación de los siguientes ciudadanos:

1. Alejandra Palacios Prieto, como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2022.

Ratificada con 103 votos a favor.

2. Luis Alberto Ibarra Pardo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021.

Quien obtuvo 12 votos a favor.

3. Jesús Ignacio Navarro Zermeño, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2020.

Ratificado con 103 votos a favor.

4. Martín Moguel Gloria, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2019.

Ratificado con 104 votos a favor.

5. Benjamín Contreras Astiazarán, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2018.

Ratificado con 104 votos a favor.

6. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2017.

Ratificado con 103 votos a favor.

7. Francisco Javier Núñez Melgoza, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2016.

Ratificado con 103 votos a favor.

De acuerdo con el escrutinio de la votación, el ciudadano Luis Alberto Ibarra Pardo, no reunió la mayoría calificada para ser ratificado como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021, por lo que quedó pendiente la ratificación de este nombramiento, mismo que se hizo del conocimiento al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

En este mismo sentido, los seis comisionados ratificados rindieron su protesta de ley, y posteriormente, se procedió a la elección por cédula del presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, resultando electa la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, quien rindió su protesta de ley.
11. Con fecha 22 de octubre del 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, envió a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el oficio No. SEL/300/1566/13 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013), “...Las designaciones de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (7 por cada órgano)…”la propuesta del Ejecutivo Federal a fin de que se presente a discusión en el Senado de la República, la designación del C. Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo comprendido a partir de su ratificación y hasta el último día de febrero del año 2021.

12. El 23 de octubre de 2013, en sesión ordinaria del Senado de la República, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la propuesta del nombramiento del Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, se turnara a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su dictaminación correspondiente.

13. El 6 de noviembre de 2013, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos citaron a comparecer al C. Eduardo Martínez Chombo para ocupar el cargo de Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Dr. Eduardo Martínez Chombo

Es integrante de la Lista “B” de aspirantes a ocupar las vacantes de comisionados en la Comisión Federal de Competencia Económica que el Comité de Evaluación entregó al Ejecutivo Federal, de acuerdo con la relación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto pasado.

El C. Martínez Chombo es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Economía por el Colegio de México. Asimismo, cuenta con Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Rice, Estados Unidos de América.

En la propuesta se señala que, el aspirante a Comisionado se desempeñó como Director General de Proyectos y Resoluciones y Acuerdos B en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Dentro del Banco de México fungió como Investigador Económico Especialista y como Economista.

En el ámbito académico ha sido Profesor visitante en la Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional y Profesor por asignatura en el Colegio de México.

III. CONSIDERACIONES DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS

Primera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “El estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”.
Segunda.- Respecto a las ratificaciones a cargo de la Cámara de Senadores, el artículo 240, numeral 1 del Reglamento del Senado dispone lo siguiente:"1. Cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar el nombramiento de servidores públicos que realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones expresas que regulen el procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se está a lo dispuesto por el presente Reglamento. En todo caso, se garantizará el derecho de audiencia de los servidores públicos de que se trate, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 255 de este Reglamento." Es decir, tratándose de aprobar, ratificar u objetar nombramientos, aplica el procedimiento establecido en el Reglamento cuando no existan disposiciones expresas en la Constitución o en las leyes.

Pero en este caso particular, el procedimiento de nombramiento de los comisionados está reglado en la Constitución por lo cual el texto constitucional es la norma a observar en este caso. Así, conforme a los párrafos 25 a 30 del artículo 28 constitucional, tal procedimiento se sujetará a lo siguiente:

“Artículo 28. ...

...

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables”.
En adición a lo anterior, tiene vigencia también el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Reforma Constitucional publicado el 11 de junio de 2013 establece que por única vez, se observarán las siguientes disposiciones durante la primera designación, motivo del presente Dictamen:

SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros Comisionados nombrados en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará los periodos respectivos.

Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente:

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto;

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes;

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez días naturales para resolver sobre la propuesta, y

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución”.

De la lectura de las anteriores disposiciones constitucionales se advierte que todas las etapas del proceso de selección de los comisionados están a cargo del Comité de Evaluación, que a su vez, está integrado por órganos constitucionales autónomos. Fue la voluntad del Constituyente que dicho proceso de selección fuese normado en la Carta Magna y llevado a cabo por instancias técnicas y ajenas tanto al Poder Ejecutivo como el Legislativo para garantizar su independencia. Así quedó claramente expuesto en los dictámenes correspondientes en las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se aprobó la reforma constitucional del 11 de junio de 2013:

Cámara de Diputados1

“...

Con la intención de garantizar la autonomía constitucional de ambos órganos, la iniciativa establece un sistema de nombramientos novedoso en nuestro orden jurídico para este tipo de órganos, en el que no sólo intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como sucede tradicionalmente, sino que se propone la intervención de los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes integran un Comité de Evaluación, al que corresponderá emitir una convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de conocimientos en la materia, para cuya formulación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior.

...”
Cámara de Senadores2

“...

Además de lo anterior, se establece un sistema de designación en el que no sólo participan, bajo un esquema de respetuosa colaboración propio de nuestro sistema de frenos y contrapesos derivado del principio de división de poderes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, en este último caso, por conducto de la Cámara de Senadores, pues de manera previa al acto mismo de la designación, los aspirantes deberán participar en un concurso público, donde un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, analizarán si satisfacen los requisitos objetivos para ocupar el cargo de Comisionado, donde será invariable para los aspirantes someterse a un examen de conocimientos, para lo cual el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior siguiendo las mejores prácticas en la materia.

Como podrá advertirse, el esquema de designación de los Comisionados de ambos órganos autónomos que se propone en la Minuta en estudio y dictamen, se aleja del sistema tradicionalmente empleado para el nombramiento de otros órganos de la misma naturaleza jurídica, donde esencialmente se prevé la propuesta del Poder Ejecutivo, la cual debe ser ratificada o no objetada por una votación calificada del Senado de la República. En este sentido, el mecanismo de designación de los Comisionados involucra elementos novedosos en el sistema jurídico nacional que se justifican en la medida que se pretende lograr no sólo independencia, objetividad e imparcialidad, en el desempeño de las funciones del órgano regulador, sino además una alta especialización, conocimientos y experiencia en las materias que involucra la función que realizarán sus integrantes”.

...”

En adición, la misma Constitución establece que las etapas del proceso son inatacables. De ahí que el Senado no tiene facultades para pronunciarse sobre la idoneidad o la validez del proceso de selección. El Senado únicamente puede decidir a favor o en contra de las propuestas que le haya sometido el titular del Ejecutivo Federal pronunciándose respecto al cumplimiento del procedimiento constitucional, sin requerirse que éste deba motivar su ratificación en la idoneidad de las personas propuestas ni sobre si éstas cumplieron o no los requisitos constitucionales, ya que ello es facultad del Comité de Evaluación.

Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, estas Comisiones dictaminadoras resultan competente para dictaminar sobre la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Cuarta.- Del expediente que acompaña la propuesta de designación del Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, en lo que corresponde al nombramiento del ciudadano Eduardo Martínez Chombo, y con base en los Antecedentes ya expuestos al principio de este Dictamen, estas Comisiones Dictaminadoras han corroborado que se cumplió con el procedimiento constitucional descrito en la Segunda Consideración, advirtiéndose por el trabajo realizado por el Comité de Evaluación, que el descrito ciudadano cumple con los dispuestos legales que exige el artículo 28 párrafo vigésimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para pertenecer al órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, al haber sustentado frente a dicho Comité su capacidad y experiencia en las materias de la competencia de la Comisión.
Quinta.- Además de examinar el expediente al que se refiere el numeral inmediato anterior, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, realizaron una jornada de entrevistas valorativas al ciudadano descrito con el propósito de conocerlo personalmente a efecto de normar su criterio.

No se omite señalar que tal encuentro tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con el objeto de que el ciudadano nombrado expusiera ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estime pertinentes para conseguir la ratificación pretendida por éste, así como para contestar todas las preguntas e inquietudes de los legisladores.

Por lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos determinan someter al Pleno de la Cámara de Senadores la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 6 de septiembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores inscritos y a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 28 constitucional y el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de reformas a diversos artículos constitucionales, publicado el 11 de junio del año en curso, procederemos a la votación para resolver la ratificación del Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Informo a la Asamblea que como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, realizaremos una votación por cédula.

Se les entregará un sobre rotulado con su nombre y una cédula para que manifiesten su voto, misma que deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presídium.

Terminada la votación, se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado.

Se instruye al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación.

(Se procede a distribuir las cédulas de votación)

Mientras terminan de distribuirse los sobres, esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad La Salle, de Morelia, que han sido invitados a este recinto por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

En consecuencia, proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras y señores Senadores, a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se solicita a las señoras Senadoras y Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Pasan a depositar su voto)

Se va a realizar el escrutinio.

(Se realiza el escrutinio)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que se emitieron un total 85 votos, de los cuales 80 fueron a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, con lo que se reúne la mayoría de dos tercios para la ratificación de este cargo que exige el artículo 28 constitucional.

En consecuencia, se ratifica la designación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica a partir de esta fecha y hasta el último día de febrero del año 2021. Comuníquese.

Una vez cumplida la ratificación, procederemos a tomar la protesta.

A partir de lo anterior, se designa en comisión a los Senadores Angélica Araujo Lara, Héctor Larios Córdova, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blásquez Salinas y Mario Delgado Carrillo, para que inviten a pasar a este recinto al ciudadano Eduardo Martínez Chombo, a fin de que rinda protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se solicita a todos los presentes ponerse de pie para el acto de toma de protesta.

(Todos de pie)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Ciudadano Eduardo Martínez Chombo: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica a partir de esta fecha y hasta el último día de febrero del año 2021 que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Eduardo Martínez Chombo: ¡Sí, protesto!

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. ¡Muchas felicidades!

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañar al señor Comisionado cuando deseé retirarse del salón.

(La comisión cumple)

1 Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3731, del 19 de marzo de 2013 de la Cámara de Diputados.

2 Gaceta Parlamentaria número 126, de 18 de abril de 2013 de la Cámara de Senadores.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo sobre el principio del “Interés Superior de la Niñez".

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el principio del “interés superior de la niñez”.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de 14 de agosto de 2013 la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el principio del “interés superior de la niñez”.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

3.- Con fecha 3 de septiembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió de la Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el principio del “interés superior de la niñez”.

4.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proposición tiene como objetivo exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.

CONSIDERACIONES

1.- El Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como propósito salvaguardar los derechos de la niñez, sobresaliendo la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado mediante el cual México se compromete a respetar íntegramente y sobre cualquier otro, los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2…

3…
Este ordenamiento obliga al Estado Mexicano a establecer todas las medidas necesarias para que las autoridades garanticen que niñas, niños y adolescentes serán prioridad bajo cualquier circunstancia a la hora de desempeñar sus respectivas funciones.

Asimismo, desde el año 2000, esta obligación es reconocida en el derecho mexicano dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento de carácter general que regula los tres órdenes de gobierno, que dentro del Artículo 4 establece que el Principio del Interés Superior de la Infancia, es aquel dirigido a procurarle a la niñez lo necesario para lograr un crecimiento y desarrollo plenos que en ningún momento, ni circunstancia, podrá estar condicionado por los derechos de los adultos.

En ese tenor y en virtud de la importancia y relevancia que ha tenido proteger los derechos humanos de la niñez en el país, el 12 de octubre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dicho Decreto señala lo siguiente:

Artículo Unico. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

...

...

Artículo 73. ...

I. a XXIX-O...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXX...
Como se lee, esta reforma señala la actuación del Estado a favor de niñas, niños y adolescentes, mandatándose como punto rector que se deberá atender al principio del “interés superior de la niñez” sobre cualquier otro, el cual deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, debiendo los ascendientes, tutores y custodios la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

2.- El derecho a la pensión alimenticia se encuentra regulado a nivel internacional, constitucional y legal secundario.

En la perspectiva internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 25 y 11, respectivamente, reconocen el derecho a alimentos como un derecho fundamental.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Parte “… se comprometen a asegurar al niño o niña la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Por su parte, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° señala que es deber del Estado proteger a la familia a través de la ley “… ésta protegerá la organización y desarrollo de la familia…”.

Por lo que hace en materia legal secundaria, el Código Civil Federal regula las reglas para la obtención y reclamo de la obligación alimentaria de los artículos 301 a 323, en donde se establece el derecho de los menores de edad y la obligación de los mayores de edad, para que quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre los menores de edad, preserven el derecho de éstos a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley señalada determinará los apoyos a la protección de los menores de edad, a cargo de las instituciones públicas.

Con base en ello, nos percatamos que en nuestro sistema jurídico el deber de la pensión alimenticia nace del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio, y en determinados casos, del concubinato.

En cuanto al parentesco consanguíneo, la obligación de alimentos es una de las más importantes en la relación paterno-filial con cargo a los padres para dar alimentos a sus hijos y de éstos a aquellos. Esta obligación es recíproca; es decir, entre padres e hijos, los padres dan alimentos a los hijos y los hijos dan alimentos a los padres, cuando éstos los necesitan; el derecho por su parte, también es recíproco, pues pueden exigirse los alimentos con cargo al deudor alimenticio cuando se carezca de ellos.

3.- En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, podemos deducir que la pensión alimenticia es vista como una obligación de los padres hacia los hijos, que adecuándola al principio del interés superior de la niñez debe ser considerada, más que en una obligación de los padres, en el derecho mismo que poseen los hijos a que sean cubiertas sus necesidades básicas.

Ello, debido a que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben estar siempre en consonancia con el principio referido y, en el caso específico de la pensión alimenticia, no puede ni debe estar condicionada a un posible cumplimiento; pues su derecho es superior a cualquier obligación y, mucho más aún, a cualquier circunstancia que posibilite o no su otorgamiento.

Actualmente está obligación no siempre se cumple, más allá de las reformas que endurezcan la sanción e inclusive las penas para aquellos que no cumplan con su obligación, teniéndose registro de que en ocasiones los obligados a dar alimentos ilegalmente simulan no tener los ingresos suficientes o simplemente se niegan a brindarla.

Como prueba de lo anterior y de acuerdo a lo expuesto por la Senadora proponente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 67.3 por ciento de las madres solteras en México no reciben pensión alimenticia para sus hijos.
4.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coincide en que debe ser reconocido el principio del Interés Superior de la Niñez como principio rector por excelencia en el Estado Mexicano, para lo cual debemos trabajar fuertemente a favor de la protección de la niñez, llevando a cabo todo lo posible para garantizarle un desarrollo adecuado.

Desgraciadamente, como lo ha expuesto la Senadora proponente, en la procuración, impartición de justicia o demás procesos judiciales aún existen pendientes ante los cuales debemos estar atentos y sumar esfuerzos para resarcirlos.

Los Integrantes de la Dictaminadora señalan que niñas, niños y adolescentes constituyen el grupo más vulnerable de cualquier sociedad, por lo que toda reforma legislativa o política pública en general debe estar fundamentada en la búsqueda del bienestar del menor de edad, por lo que están de acuerdo con que la aplicación del Interés Superior de la Niñez, como lo señala la doctrina, abarca cuatro dimensiones:

• Las interpretaciones jurídicas deben reconocer el carácter integral de los derechos de niñas y niños.

• Las políticas públicas deben ir encaminadas a darle prioridad a los derechos de niñas y niños.

• Los derechos de los niños deben ir por encima de los intereses de los demás, sobre todo cuando haya conflicto entre ellos.

• El Estado y la sociedad deben procurar que la niña y el niño sean individuos independientes y autónomos.

Sin embargo, también reconocen que en la actualidad, a pesar de los esfuerzos para establecer el multicitado principio como base en el desarrollo y ejecución del Estado Mexicano, aún nos encontramos con diversos hechos que demuestran que los derechos de los adultos continúan estando por encima de los derechos de la niñez, como los señalados en el apartado anterior.

Ello, en virtud de que para que la aplicación de este principio sea una realidad es necesario promover un cambio de enfoque que traslade las obligaciones a derechos; es decir, que no sea una obligación para satisfacer un derecho, sino más bien se entienda que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser garantizados a través del cumplimiento de la obligación de varios actores, principalmente padres de familia o el Estado.

Ejemplo práctico de lo anterior, es que en la resolución judicial en materia de alimentos, el juez más que fijar la pensión a partir de las “posibilidades” del obligado, la dicté en función de las necesidades del hijo tomando en cuenta diversas circunstancias que permitan en mayor grado procurar que la niña, niño o adolescente no verá afectada su calidad de vida en caso de una separación o divorcio.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en el país aún se continúan presentando situaciones contrarias al principio del Interés Superior del Niño, particularmente en los procesos de pensión alimenticia, por lo que la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo, por las comisiones.

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias, Senadora Presidenta.

Solicito su autorización para fundamentar con esta intervención los dos dictámenes con punto de Acuerdo sometidos a consideración del Pleno por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Muchas gracias, señora Presidenta.

El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como propósito salvaguardar los derechos de la niñez, sobresaliendo de entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, desde el año 2000, esta obligación es reconocida en el derecho mexicano dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dentro del artículo 4o. establece el principio del interés superior de la infancia.

En ese tenor y en virtud de la importancia que ha significado proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el país, el 12 de octubre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen en el artículo 4o. que en todas las decisiones de actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez.

Por su parte, el derecho a la pensión alimenticia se encuentra regulado a nivel internacional, constitucional y ley secundaria.

En la perspectiva internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo reconoce como un derecho fundamental. Mientras que en México, el Código Civil Federal es el encargado de regular la obligación alimentaria.

Lamentablemente, en la actualidad esa obligación no siempre se cumple, de acuerdo a cifras del INEGI, las cuales señalan que el 67.3 por ciento de las madres solteras en México no reciben pensión para sus hijos.

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y los Senadores en general, coincidimos en que debe ser reconocido el principio del interés superior de la niñez como rector por excelencia en el Estado mexicano. Sin embargo, aún nos encontramos con diversos hechos que demuestran que los derechos de los adultos continúan estando por encima de los derechos de la niñez; motivo por el cual es necesario que sigamos pronunciándonos al respecto.

En cuanto al segundo dictamen, tenemos cifras que, de acuerdo con la UNICEF, que define como huérfano a la niña o al niño que ha perdido uno o ambos progenitores, hay 132 millones de menores en el mundo en esa condición, ubicando a nuestro país, a México, como el segundo lugar en América Latina con 1.6 millones de niños huérfanos, sólo después de Brasil que tiene 3.7 millones de niños.

Por su parte, y según el INEGI, en nuestro país hay un total de 19,174 menores de edad huérfanos internados en casas-hogar, cifra que de inmediato nos damos cuenta que está muy alejada a la arrojada por el organismo internacional en virtud de que en éste, nuestro país, no contamos con datos precisos del total de niñas, niños y adolescentes huérfanos como, por ejemplo, aquellos que además están en situación de calle.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la inseguridad económica de los menores de edad huérfanos puede agravarse llevando a diversas consecuencias, como el ser más vulnerable a la pobreza patrimonial y a la pobreza alimentaria.

En virtud de ello, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y todos los Senadores, concordamos en que las problemáticas que enfrentan las niñas, niños y adolescentes huérfanos son alarmantes y, sin duda, requieren de atención especial por la vulnerabilidad agravada por su condición de orfandad.

Por lo anteriormente expuesto, Senadoras y Senadores, entendiendo que el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es una prioridad para el Estado mexicano, solicitamos a todos ustedes su apoyo para aprobar estos dos dictámenes que tienen como finalidad exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal de los estados de la República y del Distrito Federal, a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos de las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el principio del interés superior de la niñez en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.

Y en cuanto al segundo dictamen, exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para que en la realización de sus próximos censos, implemente indicadores que permitan dar a conocer datos mucho más precisos y reales sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en nuestro país y que sirvan como base para el diseño de estrategias tendientes a promover la igualdad de oportunidades de todos ellos.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica Araujo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de Acuerdo sobre los niños huérfanos.

Solicito a la Secretaria dé lectura al dictamen.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a llevar un censo en relación a niñas, niños y adolescentes huérfanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 12 de septiembre de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a llevar un censo en relación a niñas, niños y adolescentes huérfanos.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Con fecha 16 de octubre de 2013, los integrantes de la comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proposición tiene como finalidad exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en la realización de sus próximos censos, implemente indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan como base para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades.

CONSIDERACIONES

1.- Concepto:

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se define como huérfano a la niña o niño que ha perdido uno o ambos progenitores.

Dicha definición, reitera UNICEF, no concuerda con el concepto de orfandad aceptado en muchos países industrializados, donde para ser considerado huérfano, el niño debe haber perdido tanto al padre como a la madre.
Sin embargo, UNICEF adoptó la definición más amplia del concepto de orfandad a mediados del decenio de 1990, cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la muerte de millones de padres y madres en todo el mundo y a privar a un número cada vez mayor de niños y niñas del cuidado y la atención de uno o ambos progenitores.

Esas diferencias en materia de terminología, pueden tener efectos concretos sobre las políticas y los programas orientados a la niñez. Por ejemplo, se puede interpretar que UNICEF indica que todas las niñas y niños huérfanos necesitan una familia nueva, además de albergue y atención; sin embargo, dicha interpretación es errónea y puede dar lugar a respuestas que se concentren en la prestación de atención y cuidado individual de niñas y niños en lugar de brindar apoyo a las familias y comunidades necesitadas que están a su cuidado.

2.- Estadísticas y Problemática:

De acuerdo con UNICEF hay en el mundo más de 132 millones de niñas y niños clasificados como huérfanos de los cuales sólo 13 millones habían perdido ambos progenitores. Asimismo, en su gran mayoría, huérfanas y huérfanos viven con uno de sus progenitores, sus abuelos u otros miembros de su familia. En el 95 por ciento de los casos, se trata de niños y niñas mayores de cinco años.

Igualmente UNICEF, señala que México ocupa el segundo lugar de América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones, sólo después de Brasil que tiene 3.7 millones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población 2010 hay en el país un total de 19 mil 174 menores de edad huérfanos internados en casas hogar; sin embargo, no se cuentan con datos reales del total de niñas, niños y adolescentes huérfanos, así como de como aquellos en situación de calle.

Datos de la organización “ALDEAS INFANTILES SOS”, señalan que en nuestro país hay más de un millón 800 mil niñas, niños y adolescentes sin madre, padre o ambos progenitores.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha denunciado que el gobierno federal no tiene los registros completos de los niños que se encuentran en albergues y casas hogar, tanto públicos como privados. Ejemplo de esta situación es el caso de Casitas del Sur, albergue de una Iglesia evangélica de donde desaparecieron niños en el año 2008 que aún no se han encontrado.

Finalmente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inseguridad económica de los menores de edad huérfanos puede agravarse llevando a diversas consecuencias, como el ser más vulnerables a la pobreza patrimonial y alimentaria.

Asimismo, señala que la educación de los menores de edad puede verse afectada, pues al existir ciertos cambios en su vida, la continuidad de sus estudios puede cambiar o incluso terminar, dejando la escuela.

En el tema de salud en general puede verse afectada, no sólo por las consecuencias de la pérdida, sino por la desatención que puede implicar en sus necesidades básicas, además de que niñas y niños huérfanos corren el riesgo de sufrir abusos, maltratos y trata.

3.- Acciones del Estado Mexicano

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) brinda apoyo a los menores de edad en situación de orfandad, entre otras, promoviendo la acción de adopción de parejas o familias que así lo requieran cumpliendo los requisitos necesarios
De acuerdo a UNICEF, le mejor estrategia de atención a niñas y niños huérfanos es a través la adopción, por lo cual se deben perfeccionar los procesos y fomentar su práctica, pues su institucionalización en albergues debe ser la última opción y debe priorizarse su reinserción a la sociedad dando preferencia a su vínculo familiar.

Se han hecho esfuerzos en materia de adopción en el Estado Mexicano, tratando de unificar criterios y modelos de actuación para los procesos respectivos entre las entidades federativas e inclusive, presentado propuestas de creación de Leyes generales en la materia para lograrlo, que aún no se han materializado.

En este tema, el SNDIF desde el año 2007, instauró una serie de lineamientos para agilizar los procesos de adopción en las 32 entidades federativas, invitándolas a modificar sus Códigos Civiles para agilizar el proceso.

4.- Conclusiones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señalan que los datos y problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes huérfanos son una alarmante de la situación que viven y que sin duda requiere de atención especial por la vulnerabilidad agravada por la condición misma de la orfandad.

Asimismo, los Senadores coinciden en que los menores de edad huérfanos se enfrentan, a diversas dificultades que se ven maximizadas por su condición y el futuro incierto que puede esperarles, debido a que deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o uno de ellos, sino con una latente desatención, en mucho casos, en la protección de sus derechos fundamentales.

Finalmente, esta Dictaminadora reconoce que para diseñar las políticas públicas y programas más adecuados y oportunos para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos, es necesario contar con un diagnóstico preciso que sirva como base en el diseño de los mecanismos idóneos, tanto legales como operativos, que permitan garantizar a la niñez en estado de orfandad, el ejercicio pleno de sus derechos.

Así, en virtud de lo expuesto a lo largo del presente Dictamen, se estima oportuno acompañar la propuesta que da origen a este documento para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que en la realización de sus próximos censos, diseñe los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México.

En virtud de lo planteado anteriormente, la dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en la realización de sus próximos censos, implemente indicadores que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan como base para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar para referirse a los dictámenes.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta.

Este país está cada vez más urgido de la creación y ejecución de políticas públicas, así como de la aplicación de los criterios jurídicos basados en nuestras normas, encaminadas a darle mayor y mejor protección a la familia y, sobre todo, a la niñez.

En un país como el nuestro, donde los menores están cada vez más expuestos a situaciones de pobreza; según los estudios de la UNICEF de los últimos cinco años, se hace necesario que las acciones gubernamentales estén más decididas a evitar los efectos negativos derivados de esas circunstancias de pobreza que se reflejan en sus condiciones de salud, alimentación, habitación, educación.

La tendencia continua del deterioro de la calidad de vida de nuestra niñez, incluido el descuido de los padres en su educación durante su crecimiento, está provocando una gran problemática de deterioro de los valores con los que deberían vivir nuestros niños y jóvenes. Lo que a la vez, trae como consecuencia situaciones de drogadicción, alteración de sus conductas que encaminan hacia formas de vida delictiva a temprana edad.

En el caso específico de los alimentos, entendiéndose éstos como el concepto jurídico plasmado en nuestras leyes y que se refiere a todo lo que una persona necesita para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación, nos damos cuenta que existe entre quienes deben proporcionarlos, una mayor falta de cumplimiento en su obligación.

Si a lo anterior le agregamos, a esta situación que padecen nuestros hijos, las de madres solteras, las madres separadas de su esposo o pareja, las mujeres divorciadas, que en muchos casos se quedan sin el apoyo económico de quienes por ley y por resoluciones judiciales están obligados a proporcionarlo.

La crisis económica ha causado estragos no sólo en los comportamientos eminentemente sociales, sino en los relacionados con las parejas que tienen que enfrentar un procedimiento judicial para la determinación, cálculo y hasta modificación de las pensiones alimenticias.

Asimismo, por una parte, se está produciendo en los juzgados un aumento notable de solicitudes por parte de los obligados alimentarios para que se reduzca la cantidad de dinero que por ese concepto tienen que dar, alegando, sustancialmente, situaciones de desempleo, reducción de salarios y demás, provocadas por la crisis económica y por otras situaciones. Tampoco se puede negar el aumento de reclamaciones judiciales por atrasos de las pensiones y solicitudes de ajustes de aumento de las mismas por la creciente carestía de vida.

Así, este dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de este Senado, que propone un punto de Acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas para que sea debidamente observado el principio del interés superior de la niñez, establecido en los tratados internacionales suscritos, por nuestro país, así como nuestra Constitución Federal, mediante específicas acciones de gobierno y en la esfera de nuestras respectivas competencias que tienen singular relevancia social y familiar además de que está en íntima relación con la que aquí se ha expuesto. Por todo ello y más, es que debe ser aprobado este dictamen, pues deben reforzarse no sólo en la aplicación de políticas públicas tendientes a constante cuidado, protección y desarrollo de la niñez, sino que las representaciones sociales ante las instancias jurisdiccionales, que en estos casos corresponde al Ministerio Público, tomen en cuenta, de manera más profunda, la problemática que enfrentan los menores a tener que vivir la separación de sus padres.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva sus intervenciones sobre este dictamen y el anterior, las cuales se integrarán al Diario de los Debates.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, que contienen puntos de Acuerdo desechando diversas proposiciones.

Pido a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes.

Por el que se desecha la proposición para que el año 2013 se declare como el año de “Francisco I. Madero”.

COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su análisis y dictamen, proposición con punto de Acuerdo, por el cual, el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que el año 2013 se declare como el año de “Francisco I. Madero” y se realicen diversos festejos en su honor.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con las siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 20 de septiembre de 2012, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante el H. Senado de la República, presentó el punto de Acuerdo en estudio.

2. En fecha 2 de octubre de 2012 la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación la presente proposición con punto de Acuerdo.

3. En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación de fecha 30 de septiembre de 2013, fue aprobado por mayoría de los integrantes el dictamen correspondiente.
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La proponente refiere que la historia de México no se puede comprender sin el reconocimiento de la lucha de grandes hombres que dieron su vida para lograr un país democrático y más justo para todos sus habitantes.

Específicamente se refiere a Francisco I. Madero, de quien su obra cobra relevancia, al confirmar el anhelo de democracia que subyace desde los tiempos de la lucha por la independencia en nuestro pueblo mexicano. Él supo interpretar ese ideal y encausarlo de tal forma que su destacada tarea en pro de la democracia nacional, está plenamente vigente.

Expresa que el ideal de democracia que encarnó Francisco I. Madero, lo transformó en un símbolo perenne y en un referente histórico obligado cuando se habla de defender los valores democráticos.

III. ESTUDIO, ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad por lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión coincide con la importancia y trascendencia de la labor de Francisco I. Madero.

Asimismo concordamos con el espíritu de su obra “La sucesión Presidencial en 1910”, en la cual afirma categóricamente que el mejor medio de consolidar el progreso de una nación, es darle libertad, ya que ésta es connatural al ser humano y que el aniquilamiento de la misma ha sido la causa de la ruina de los más grandes imperios.

Es importante referir en este tenor que desde su ideología liberal, nada podía ser más fecundo en bienes para una nación que el que sus integrantes ejercieran sin estorbo alguno la libertad de pensar, de manifestarse, de actuar a favor del interés público, y consecuentemente, que ninguna ley habría de ser más legítima y benéfica que la que consagrara y protegiera la necesaria libertad de los individuos. De ahí que su manifestación sea invariablemente la democracia y su negación sea el absolutismo, la dictadura. En tal virtud, Madero concede a la democracia que la supone una condición sine qua non para poder acceder a los niveles superiores de la sabiduría política; sólo en función de las prácticas democráticas.1

Los integrantes de ésta Comisión estimamos que si bien la proposición resulta loable en virtud de reconocer la importancia que representó la figura de Don Francisco I. Madero en el establecimiento de los pilares democráticos de nuestro país, no podemos dejar de observar que la misma ha quedado sin materia en atención a que en el Diario Oficial de la Federación del 15 de marzo del presente año, ha sido declarado por el Presidente Enrique Peña Nieto “2013 Año de la lealtad institucional y Centenario del Ejército Mexicano”, con objeto de celebrar los cien años de la creación del Ejército Mexicano, así como de promover la unidad nacional y una cultura de respeto pleno al orden jurídico mexicano y a sus instituciones.

Siendo el Ejército Mexicano una de las instituciones de mayor arraigo, representatividad y compromiso social, cuya actuación se rige y distingue por valores como la subordinación, la obediencia, la lealtad, el desinterés, la abnegación y el sacrificio, la declaración del presente año como”2013 Año de la lealtad institucional y Centenario del Ejército Mexicano”, es sin duda un merecido reconocimiento a la labor patriótica que día con día los soldados mexicanos realizan en aras de mantener un México en paz.
En tal virtud, estimamos que una vez que se ha declarado la conmemoración que corresponderá durante el presente año, no es posible establecer la que la Senadora Garza propone.

De conformidad con los párrafos que anteceden, esta Comisión no considera viable respecto del segundo resolutivo presentado por la proponente exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para que acuerde la creación de un grupo de trabajo que tenga la función de organizar las ceremonias cívicas y actos conmemorativos, al interior del Senado de la República relativos al centésimo aniversario luctuoso de Francisco I. Madero.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal para que el año 2013 se declarara como el año de Francisco I. Madero y se realizaran diversos festejos en su honor. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

COMISION DE GOBERNACION”.






Por el que se desecha la proposición que exhorta a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía.

COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, están a discusión.

En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición por la que se exhorta a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos electorales locales de los estados en dónde se realizarán elecciones este año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se eviten prácticas ilegales en los mismos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1) En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, del día 14 de marzo de 2013, el Senador David Monreal Avila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó el punto de Acuerdo en estudio.

2) En misma fecha, la Mesa Directiva turnó el punto de Acuerdo referido a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3) En reunión ordinaria de trabajo del día 30 de septiembre del año 2013 los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron por Mayoría el presente dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta pretendía exhortar al IFE y a los institutos electorales locales a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se evitarán prácticas ilegales en los mismos.

El proponente señala que las elecciones del 7 de julio pasado se celebraron elecciones en 14 Estados de la República, y se eligieron presidentes municipales, diputados locales y sólo en Baja California se realizaron elecciones para elegir gobernador.

Lo que implicó que 570 nuevos Diputados y 1410 presidentes municipales fueran electos, una cantidad bastante significativa; por tal razón, estos comicios representaron una gran relevancia para la vida política del país.

El proponente indica que las instituciones públicas federales y locales deben ejecutar las funciones para las que fueron diseñadas, sin sesgos partidistas ni compromisos pre adquirido. Asimismo señala que los Institutos electorales locales deben ser un pilar importante para que efectivamente se desarrollen con absoluta transparencia y equidad las elecciones de este año.

Se expresa que en todos los comicios electorales se debe esperar de ellos la objetividad, imparcialidad y profesionalismo que la normativa les demanda, a fin de garantizar elecciones, en el que abuso de los recursos económicos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Los integrantes de ésta Comisión coincidimos con el proponente en el sentido de que tanto el IFE como los institutos electorales locales, deberán ejercer las funciones que les fueron encomendadas bajo los principios de transparencia y equidad a fin de evitar cualquier tipo de actos de corrupción, antes, durante y después de los procesos electorales tanto a nivel federal, como a nivel estatal.
Si bien es claro que el objeto de la proposición busca que los comicios electorales se realicen de una manera justa y transparente, en donde la voluntad de los ciudadanos sea realmente expresada en las urnas y esto a su vez se traduzca en la elección de los representantes populares por la vía democrática, es notable que la presente proposición ha quedado sin materia debido a que los pasados procesos locales del 7 de julio en 14 estados de la República, ya han sido concluidos.

Los Consejos Generales Electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, han realizado ya las declaraciones de validez de las elecciones del 7 de julio pasado, asimismo los Tribunales Electorales Estatales han atendido y resuelto todas las impugnaciones recibidas por los partidos políticos y coaliciones.

Es notorio que la participación ciudadana se ha expresado y han sido las mayorías quienes eligieron democráticamente a los diputados locales, síndicos y presidentes municipales que con sus propuestas lograron captar los intereses de los ciudadanos.

Los procesos electorales en la jornada del 7 de julio demuestran que la pluralidad política fortalece nuestra democracia, ésta jornada en especial resultó histórica, pues es la primera en la cual un candidato independiente logra ganar unas elecciones, tal es el caso del municipio General Enrique Estrada, en el estado de Zacatecas, donde Raúl Luna Tovar fue electo como alcalde.

Si bien es cierto que en las elecciones desarrolladas en los 14 estados se presentaron incidentes durante las jornadas electorales, éstas no representaron un perjuicio de tal magnitud que afectara de manera sustancial las decisiones colectivas.

Como se mencionó anteriormente, de las impugnaciones realizadas por los partidos políticos, todas han sido atendidas por los tribunales electorales locales, éstos organismos actuaron con total imparcialidad y apego a los principios de transparencia y equidad, velando en todo momento por que la voluntad ciudadana no se viera afectada en su esencia. En aquellos casos en los cuales se detectaron irregularidades, actos y omisiones que hayan representado prácticas ilegales en la jornada electoral, las autoridades electorales competentes han aplicado las sanciones correspondientes a fin de garantizar que los principios democráticos que rigen la vida política de nuestro país fueran respetados.

Compartimos la preocupación del proponente por la construcción de un México más justo mediante la celebración de elecciones democráticas, equitativas y transparentes, a su vez, hacemos hincapié en que no sólo las autoridades electorales son quienes deben velar por que los procesos electorales coadyuven a la realización de elecciones justas, sino también los partidos políticos, candidatos, y ciudadanos deben comprometerse, uniendo esfuerzos para que cada quien en el ámbito de sus atribuciones facilite los procesos y no entorpezca los mismos.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de acuerdo ha quedado sin materia, razón por la cual resulta improcedente realizar un exhorto a las autoridades electorales federal y estatales puesto que las elecciones del pasado 7 de que ya han tenido lugar, asimismo, los procesos electorales ya han sido culminados en tiempo y forma, lo anterior debido a que los Consejos electorales locales ya han declarada la validez de las elecciones y, en el caso de las impugnaciones presentadas por partidos o coaliciones, éstas ya fueron atendidas por los Tribunales estatales de la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno del Senado del a República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República, exhortaba al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos electorales locales de los estados en dónde se realizaron elecciones este año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se evitaran prácticas ilegales en los mismos. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

COMISION DE GOBERNACION”.

Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






 Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Gobernación, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al gobernador de Tlaxcala a erradicar todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos laboran.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE GOBERNACION

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Tlaxcala a erradicar todo tipo de agresión en contra de periodistas, los medios de comunicación y demás personas que en ellos laboran.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, del día 23 de abril de 2013, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de Acuerdo en estudio.

2. En misma fecha, Mesa Directiva turnó el punto de Acuerdo referido a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión ordinaria de trabajo de fecha 30 de septiembre de 2013 los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron por Mayoría el presente dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente señala que el pasado 7 abril del año en curso, fue detenido el Director del portal de noticias en internet denominado: e- consulta Tlaxcala, expresa que dicha detención realizada por la policía ministerial fue ejecutada por una orden de aprehensión dictada por un Juez Penal de esta entidad, la acción penal procedió por una denuncia presentada por el Oficial Mayor de Gobierno, que se suma a otras 3 denuncias realizadas por funcionarios de alto nivel del mismo estado.
Según la proponente expresa, la detención del director de este portal en línea, se debió a que en su desempeño periodístico, su labor es crítica e informativa respecto a los actos gubernamentales.

Por lo anterior considera que es notable la presión gubernamental que violenta y transgrede algunas de las garantías constitucionales como lo son la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En el mismo sentido la proponente considera que la criminalización de las actividades periodísticas y editoriales deben ser erradicadas pues representan un grave peligro para la consolidación de una verdadera democracia.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de ésta Comisión compartimos la preocupación de la proponente, somos conscientes de que la criminalización a la labor periodística representa una violación a las garantías constitucionales de libertad de prensa, y de expresión. Además hay que tomar en cuenta la importante función que los periodistas desempeñan siendo clave para el funcionamiento del estado democrático. Su labor informativa sirve a la sociedad para estar al tanto de la situación que se vive en un determinado momento, además de que es base para consolidar una opinión pública con respecto a los actos gubernamentales.

Consideramos que al ser la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión, temas imprescindibles en la agenda pública de los gobiernos democráticos, no pasa desapercibido que persisten violaciones a los derechos fundamentales de libertad de prensa y de pensamiento.

Asimismo la vulnerabilidad del trabajo periodístico y del derecho a la libertad de expresión tiene varias causas; van desde los delitos cometidos por los grupos del crimen organizado, hasta la violación flagrante de los derechos por parte de las autoridades federales y locales.

Es así que los integrantes de esta comisión consideramos que resulta apremiante atender de forma oportuna y eficaz los casos en que los periodistas se vean amenazados en su libertad de expresión, y consecuentemente en su integridad personal.

En éste tenor, estimamos que la libertad de expresión es una condición mínima en los países democráticos como el nuestro, durante los últimos años se ha avanzado notablemente en las medidas que garantizan la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que ejerzan el derecho a la libertad de expresión y el periodismo.

Ejemplo de lo anterior es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012.

Para coadyuvar con el cumplimiento de dicho objetivo, la Ley de referencia crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a efecto de que el Estado mexicano atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

En el mismo sentido, se señala que el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, define con claridad los principios y los procedimientos que deben dar sustento a la coordinación del Mecanismo con las autoridades federales y otras entidades.

Los integrantes de ésta Comisión condenamos cualquier hecho que se suscite en contra de las garantías de los periodistas y todas aquellas personas que laboren en los medios de la comunicación. Consideramos un retroceso en la vida democrática del país que se den situaciones de ésta naturaleza y hacemos propia la preocupación de la proponente expuesta en la proposición con punto de acuerdo en estudio.
Sin embargo no pasa desapercibido por los integrantes de ésta Comisión, que el día 11 de junio de éste año, se votó y se aprobó un dictamen promovido en el pleno de la Comisión Permanente por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa, para responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas, mismo que a la letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a que a través de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, se coadyuve en el propósito anterior.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, remita a esta soberanía un informe sobre el número de casos que actualmente se atiende, el estado que guardan, así como los mecanismos de seguridad que se aplican para lograr la protección de periodistas, en tanto no constituyan reserva de información.

Asimismo en sesión celebrada la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, en fecha 02 de julio de 2013 se votó y se aprobó un dictamen el cual se exhorta a las entidades federativas a dar cumplimiento con las obligaciones derivadas del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mismo que en sus punto de acuerdo, a la letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a las Entidades de la Federativas que aún no han suscrito un Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que den cumplimiento a la brevedad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas a que en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas dictadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a efecto de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de dichas personas.

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia informen, en su caso, a esta Soberanía acerca de las medidas y políticas públicas realizadas para dar cumplimiento a las solicitudes de colaboración e instrumentación de las medidas dictadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.”

En esta tesitura se estima que si bien resultan loables los objetivos de los puntos de acuerdo materia del presente dictamen, se considera que en términos generales el objetivo perseguido por los puntos de acuerdo materia del presente dictamen han quedado incluidos en los punto de acuerdo aprobados el 11 de junio y 02 de julio, respectivamente, toda vez que sus contenidos se encuentran inmersos en los puntos de acuerdo aprobados con antelación al partir de la misma preocupación que lo anima, por lo que esta Comisión considera que la mayoría de los casos planteados fueron atendidos en proceso legislativo diverso.

Durante el periodo de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, se dictaminó acorde al acuerdo aprobado el 12 de junio, exhortar al Gobierno Federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión.
A su vez, la Comisión Permanente en fecha 10 de julio 2013, aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a las Entidades Federativas que aún no han suscrito un Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que den cumplimiento a la brevedad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno del Senado del a República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO: Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhortaba al Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, para que en esa Entidad Federativa se erradicara todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás trabajadores de los mismos, implementando las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y garantizaran la libertad de prensa. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

COMISION DE GOBERNACION”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras Senadoras y Senadores:

Con relación a la propuesta de dictamen sin fecha, que presenta la Comisión de Gobernación de este Senado, mediante el cual desecha mi proposición con punto de Acuerdo que presenté el 23 de abril del año en curso, en sesión ordinaria ante esta Soberanía, para efectos de que este Senado exhortara al gobernador del estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, con la finalidad de que en esa entidad federativa se erradique todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, periodistas y demás trabajadores de los mismos, implementando las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y garantizar la libertad de prensa, procurando que los servidores públicos dependientes de él sean tolerantes con la crítica de los medios de información masivos y se desistieran de las denuncias respectivas.

Esto, lamentablemente es preocupante, estos hechos preocupantes, consistentes en la detención de Martín Ruiz, director del portal de noticias en Internet denominado “Consulta Tlaxcala”, la cual ocurrió en abril de este año en circunstancias de presión y persecución gubernamental en contra de ese periodista y que están muy lejanas de parecerse a una aplicación estricta de la ley, según precisé y argumenté en los antecedentes de mi proposición de punto de Acuerdo de referencia. Misma que ahora están desechando bajo el argumento de que lo que solicité por medio de mi proposición de punto de Acuerdo ya fue considerado e incluso en los exhortos realizados por la Comisión Permanente en el Senado, con fechas 11 de junio y 02 de julio, ambos de 2013, en donde se le pide al gobierno federal implemente las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión; y en donde, de manera generalizada, se exhorta a las entidades federativas a que den el debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de dichas personas.

Quiero expresar mi enérgica protesta, porque el esfuerzo del gobierno de este país, en todos sus órdenes, para combatir la transgresión de las garantías individuales, que en este caso corresponde a los periodistas, debe ser siempre individualizado, preciado y singularizado, para poder ser efectivo.

Las víctimas que padecen los actos arbitrarios, injustos y hasta ilícitos, por parte de las autoridades, violentando los derechos humanos fundamentales, tienen nombres y apellidos, tienen una historia individual, están inmersos en una singularidad de antecedentes y expedientes, tienen una familia específica, que al igual que la víctima, también padecen las consecuencias de dichos actos, y que por lo mismo, merecen ser atendidas de manera individual todos los días. Sólo hay que revisar los medios de comunicación para constatar que la represión y la persecución de los periodistas, por parte de las autoridades, es una práctica cotidiana.

No es con discursos ni con acciones generales como se combaten las garantías individuales, sino con acciones precisas e individualizadas, que hagan generar en nuestra población, la confianza de que no habrá impunidad en contra de quien se ha puesto al amparo del derecho y pretendan criminalizar una actividad que es necesaria e indispensable, para avanzar en el desarrollo de la sociedad democrática en la que queremos vivir.

Acciones generalizadas van y vienen, discursos van y vienen, y la vulneración contra la libertad de expresión y prensa va en aumento.

Las acciones generalizadas en esta materia están demostrando que han sido rebasadas por la realidad desde hace mucho tiempo, y es necesario ponerle, a las acciones, nombre y apellido, para que exista una esperanza de eficiencia y eficacia en esta ardua lucha para proteger las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales, establecidos en nuestra Constitución.

Mi proposición relacionada con los hechos que aquí he referido, es que debe ser revisada y aprobada por ser de evidente trascendencia jurídica y social.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta. Con su venia.

La Comisión de Gobernación está desechando un punto de Acuerdo que fue presentado aquí, en esta tribuna, para exhortar al gobernador de Tlaxcala a que cumpla, ni más ni menos, con la Constitución y con las leyes secundarias en materia de libertad de expresión y de protección a periodistas y medios de comunicación frente a señalamientos respecto de que no está haciendo lo propio. Hay una persecución contra periodistas y contra medios de comunicación en Tlaxcala, de tal forma, que estoy un poco sorprendida que en las consideraciones que hace la propia comisión, respecto de que somos conscientes de que la criminalización a la labor periodista representa una violación a las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión, que se considera que la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión son imprescindibles en la agenda pública de los gobiernos democráticos. También reconoce, que la vulnerabilidad del trabajo periodístico y del derecho a la libertad de expresión tiene varias causas, que van desde los delitos cometidos por los grupos del crimen organizado, hasta la violación flagrante de los derechos por parte de autoridades federales y locales.

Esgrime, también, que efectivamente preocupa a los integrantes de la comisión y condenan cualquier hecho que se suscite contra las garantías de los periodistas y todas aquellas personas que laboran en los medios de comunicación.

Yo me pregunto: ¿después de esgrimir y reconocer todos estos preceptos que denotan una preocupación, porque están desechando el punto de Acuerdo? No entiendo.

Miren, señoras y señores Senadores, en la pasada sesión del Examen Periódico Universal, uno de los tres temas que recibió mayores observaciones y recomendaciones por los estados, en el marco de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue precisamente la situación que padecen periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

Se recomendó al Estado mexicano que tome todas las medidas para garantizar la Ley de Protección de Personas y Defensores de Derechos Humanos; llama la atención de que haya políticas públicas que garanticen la prevención de este tipo de delitos y a perfeccionar los mecanismos de protección de periodistas, de medios de comunicación y de defensores de derechos humanos.

Hace pocos días, también, prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales se reunieron con el Secretario de Gobernación y expresaron su preocupación porque el mecanismo todavía tiene que perfeccionarse, tiene fallas; y de manera puntual esgrimen qué es lo que se tiene que hacer, y destaca, de manera muy trascendental, la preocupación respecto de que la inmensa mayoría de las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, están en el ámbito local.

Señoras y señores, el mecanismo de protección en esta materia, está instalado en la Secretaría de Gobernación, con la participación de otras dependencias y organizaciones de la sociedad civil, mismos que se preocupan cada vez que tiene una reunión de trabajo, porque es la discusión de casos que están inscritos en el ámbito local y no hay manera de que la policía federal pueda atender todos los casos, sobre todo los de alto riesgo, cuando la medición de alto riesgo denota que deben tener protección; obviamente los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, tienen desconfianza de las autoridades municipales y locales y, por lo tanto, tiene que entrar la Federación a proteger a estas personas que están en un franco riesgo de perder la vida, ni más ni menos.

No estamos hablado solamente de que se está violentando el derecho constitucional a la libertad de expresión, sino también, estamos hablando de vidas de personas que, por desgracia, son muchas en nuestro país y que hoy no tienen justicia.

Por eso me extraña, señoras y señores, que si esgrimen todas estas preocupaciones en el dictamen de la comisión, digan que se desecha el punto de Acuerdo porque aluden, ya se aprobaron puntos relacionados que de manera general piden a la Federación y a las entidades federativas a que tomen medidas.

Yo no creo que sea correcto que estemos actuando de esta manera y, por lo tanto, llamo a que regresemos este punto de Acuerdo a que sea debidamente revisado por las comisiones y se ponderen las observaciones de las organizaciones no gubernamentales y también las recomendaciones del EPO y actuemos en congruencia.

Gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Señores Senadores: los integrantes de esta comisión, hemos condenado cualquier hecho que se suscite en contra de las garantías de los periodistas y de todas aquellas personas que laboran en los medios de comunicación y, desde luego, consideramos, al igual que las Senadoras que me precedieron en el uso de la palabra, que esto es un retroceso para la vida democrática del país, y que en situaciones de esta naturaleza, hacemos propia la preocupación de la proponente, expuesta en la proposición con punto de Acuerdo que estuvo en estudio. Sin duda, la Senadora Lorena Cuéllar lo presentó y lo analizamos durante el periodo de la Comisión Permanente en el receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, aprobado este Acuerdo, con fecha de 12 de junio, en donde se exhortaba al gobierno federal para que a través de las dependencias competentes se implementaran las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión.

Posteriormente, el 10 de julio de 2013, se aprueba otro punto de Acuerdo por el cual se exhorta a todas las entidades federativas que aún no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas para que dieran cumplimiento con lo que está establecido en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Yo quiero dejar muy claro, porque se reconocen las particularidades de lo que han señalado las Senadoras, tanto la Senadora Lorena Cuéllar, como la Senadora Angélica de la Peña, a través de los resolutivos del exhorto.

El primero señala muy claro que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a las entidades federativas que aún no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a que den cumplimiento a la brevedad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El segundo dice: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas dictadas por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a efecto de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de dichas personas.

Y el tercer resolutivo dice: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, informe, en su caso, a esta Soberanía acerca de las medidas y políticas públicas realizadas para dar cumplimiento a las solicitudes de colaboración e instrumentación de las medidas dotadas por el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Por eso los integrantes de la Comisión de Gobernación dan por cuenta que este asunto ha sido visto y atendido desde la Comisión Permanente.

Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Lorena Cuéllar. ¿Con qué objeto?

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Para hechos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se le concede la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para hechos.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Yo quisiera comentarle a la Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación, con todo respeto, que el hacer un exhorto a la Federación, no quiere decir que con esto se trate un problema individualizado.

Este periodista fue privado de su libertad y fue golpeado; y son casos totalmente individualizados que se deben de tratar como tales.

El haber hecho un exhorto a la Federación, no esgrime el que de esa manera se tome este asunto de manera individual y que la vida de esta persona realmente la estemos protegiendo por parte de este Senado.

Yo creo que no estamos haciendo lo correcto, y yo comparto la idea de mi compañera, la Senadora Angélica de la Peña, que se regrese nuevamente a comisiones.

Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña. ¿Con qué objeto?

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para hechos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se le Concede la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para hechos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Justamente, señora Presidenta, la litis del punto de Acuerdo resuelto en la Comisión Permanente no se ha resuelto. Tlaxcala es uno de los 7 estados que no han aprobado el convenio de colaboración para conformar un mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Por lo tanto, no entiendo cuál es la razón de por qué se desecha este apunto de Acuerdo cuando está debidamente fundado.

Yo llamo, respetuosamente, a este Senado de la República a que actuemos en congruencia y, por lo tanto, me parece que tiene que regresarse a discusión a la comisión para que ponderemos todas estas argumentaciones que estamos esgrimiendo desde esta tribuna.

Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

No solamente en las 2 ocasiones en que se presentó este punto de Acuerdo, como lo señalé en las fechas, sino en otros que sumaban también de otros estados, nuestro exhorto precisamente es para convocar a aquellas entidades federativas que no se han sumado a los convenios y a los mecanismos en materia de derechos humanos a que lo hagan lo más pronto posible. Precisamente para eso es el exhorto, pero nosotros no somos autoridad competente para obligar a una entidad federativa.

El exhorto se hizo en tiempo y forma para que las entidades federativas se sumaran a los mecanismos y a los convenios de derechos humanos.

Pero también es muy importante señalar, que la manera individual de estos casos le corresponde a las autoridades en sus ámbitos de competencia.

Nosotros hacemos el exhorto, pero nosotros no podemos ejercer ninguna cohesión sobre otro poder que a nosotros no nos corresponde.

El exhorto está hecho, y los integrantes de la comisión consideraron que este asunto ya estaba resuelto, por eso se votó en negativo por quienes integramos la Comisión de Gobernación, de manera plural.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El asunto que estamos tratando es de altísima relevancia, como bien lo dice la ponente, la Senadora Lorena Cuéllar, para consolidar la democracia en este país.

No podemos aspirar a un régimen democrático si coartamos la libertad de expresión y la libertad de prensa; no podemos aspirar a un régimen democrático si sancionamos y acallamos, por cualquier método, la libertad de expresión y la libertad de prensa de los comunicadores, periodistas y todas aquellas personas que se dedican a tan noble labor en este país.

Acabamos de entregar la medalla "Belisario Domínguez", y este exhorto que la Comisión de Gobernación plantea en sentido negativo contradice los esfuerzos del Senado de la República para reivindicar estos derechos y garantías fundamentales.

El Senado de la República no debe proteger a posibles violadores de derechos humanos, ni de las garantías individuales.

El Senado de la República tiene la obligación de proteger los derechos humanos y ser garante de las libertades fundamentales, como la de expresión y de prensa.

Donde existan indicios de violaciones de derechos humanos, el Senado debe proteger y salvaguardar el derecho tutelado por la Constitución de la República y por las leyes de la materia.
El Senado de la República debe coadyuvar a erradicar cualquier tipo de agresión en contra de periodistas, comunicadores y todos aquellos que se dedican a esta labor de informar al pueblo de México.

Los argumentos de la Comisión de Gobernación dicen que se aprobaron exhortos en lo general. Coincidimos también con la Senadora Lorena Cuéllar, que plantea, con mucha claridad, que exhortos en lo general ante situaciones concretas no sirven absolutamente de nada.

Pareciera que se quiere tender una cortina de humo y se quiere dar protección a alguien que se está señalando en la violación de derechos humanos.

Están aduciendo también, los compañeros de la Comisión de Gobernación, que se cumpla, incluso plantea un exhorto, de que ya se está exhortando a las entidades federativas para que cumplan con el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Señalan que efectivamente Tlaxcala, es de los estados de la República que no han signado el mencionado convenio.

También dicen, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que la comisión comparte la preocupación de la ponente. También dice que resulta apremiante atender de forma oportuna y eficaz los casos de los periodistas que se vean amenazados en su libertad de expresión y, consecuentemente, en su integridad personal.

Con estos argumentos, la Comisión de Gobernación defiende; pero en los hechos, en los hechos está desechando este punto de Acuerdo del estado de Tlaxcala, donde existen indicios de violaciones de derechos humanos y de violaciones a la libertad de prensa y de expresión.

Respetuosamente, igual que la Senadora Lorena Cuéllar, igual que la Senadora Angélica de la Peña, exhortamos a la Comisión de Gobernación para que acepte que este punto de Acuerdo se regrese a la citada comisión para que sea analizado a profundidad y se corrija en su dictamen final.

Por lo tanto, mi voto será en contra.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para hechos, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta.

Voy a esgrimir algunas argumentaciones más.

Primero. Ustedes deben estar informados que las organizaciones no gubernamentales, que están muy preocupadas por como el gobierno mexicano no está resolviendo de manera eficiente, expedita, contundente, profunda y estructural, la violencia contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, han logrado financiamiento de la Unión Europea para crear un mecanismo paralelo al mecanismo que funciona a partir de la ley en la materia.
Segundo. El punto de Acuerdo que invocan desde la Comisión de Gobernación, que efectivamente yo presenté, es resultado de una petición de Gobernación. Porque yo formo parte del mecanismo. Lo traje aquí, lo esgrimí y lo fundamenté como una petición, derivado del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Tercero. La forma como están argumentando y al final como concluye el punto de Acuerdo. Bueno, perdón, lo voy a leer:

“Unico: Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, para que en esa entidad federativa se erradicara todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás trabajadores de los mismos, implementando las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y gozaran la libertad de prensa.

Archívese el presente asunto, téngase como total y definitivamente concluido”.

Bueno, ¿qué mensaje estamos mandando?

Está pésimamente redactado. Parece como que no nos importa. Además, inconsistentemente respecto a toda la argumentación.

Y finalmente, cuarto. Esta es una reflexión política.

Aquí, en el Senado de la República, no importa de qué partido sean los señores gobernadores, aquí debemos estar unidas y unidos, cuando ha lugar que este tipo de casos se sobrepongan a la cuestión política de quienes gobiernan en esos estados.

El señor gobernador de Tlaxcala, es uno de los siete gobernadores que ha hecho caso omiso al cabildeo, lobby, exigencias, solicitud diplomática, como ustedes quieran verlo, para que constituya su propio mecanismo, como lo estable la Ley para la Protección de Personas y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Señoras y señores: ¿qué mensaje estamos dando?

Yo creo que lo pertinente debía ser, como yo lo dije desde el principio, para no seguir discutiendo así, que regrese a comisiones y resolvamos, de manera correcta, independientemente de colores, el problema fundamental. Es decir, otorgar garantías, trabajar en favor de la libertad de expresión, sin regateos y haciendo todo lo que tenemos que hacer para que ese precepto constitucional, fundamental, efectivamente sea eficaz a partir de que las leyes secundarias se cumplen irrestrictamente; y si la ley dice, constitúyanse tales o cuales mecanismos, constituyámoslos. Entonces, me parece, que nadie puede ser excluido, independientemente del partido que sea.

Y termino insistiendo, de manera muy respetuosa, que este punto de Acuerdo regrese a comisiones para una debida reflexión.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se le concede la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para hechos

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sí hemos trabajado en el tema de protección de los derechos de los periodistas; y lo tiene muy claro la Senadora Angélica de la Peña, porque ha sido promovente de esa iniciativa.
Uno de los temas más importantes, es proteger el derecho al que tiene la sociedad; y es, precisamente, proteger a los trabajadores que realizan esta función diaria al servicio de la sociedad mexicana. Sin duda, no tenemos ningún problema en atender la petición de las Senadoras Angélica de la Peña y Lorena Cuéllar; y como Presidenta de la Comisión de Gobernación, solicito que se regrese de nuevo, para su estudio.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señora Presidenta, efectivamente, es un asunto que merece y que constituye un acierto. La propuesta de la Presidenta de la Comisión de Gobernación, merece esta denuncia una discusión más amplia.

Yo pedí la palabra, para hacer una rectificación de hechos, toda vez que no todos los miembros de la Comisión de Gobernación compartimos el sentido de este dictamen, como consta en el expediente que la Mesa Directiva tiene de las firmas que se recogen durante la sesión.

Lo importante, es lo que ahora se ha anunciado, que regrese a la comisión y que discutamos con mayor amplitud esta denuncia.

Lo que no se ha dicho o no se ha enfatizado, es que la detención del director del portal de Internet, que efectivamente se produce por la orden de un juez, tiene como base la denuncia que ante el Ministerio Público presenta el Oficial Mayor de Gobierno del estado. Y eso es lo que ha generado en este caso una mayor preocupación.

Por lo tanto, coincido con la Presidenta de que hay que regresar este tema a la comisión. Pero sí aclaro, que en este caso no hubo la unanimidad que se mencionó, entre los miembros de la Comisión de Gobernación.

Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Javier Corral.

A petición de los Senadores que han intervenido en la discusión de este dictamen y con la anuencia de la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación, esta Mesa Directiva autoriza que el dictamen se devuelva a la comisión.

Tenemos ahora la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.






Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la preservación del área natural protegida con categoría de Parque Marino Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano”.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Uno más, que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo acciones de inspección a la empresa “Cemento Moctezuma” en su planta Apazapan, en Veracruz.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las metas y acciones a implementar en el presente sexenio para detener el deterioro de los bosques y selvas del país.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo una nueva visita de inspección a la “Marina Turística Puerto Majahua”.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, están a discusión los dictámenes. Consulto si alguno se reserva para su discusión en tribuna.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya, entregó a la Mesa Directiva su intervención en relación a los dictámenes sobre los límites máximos permisibles de contaminantes y del deterioro de los bosques y selvas del país, los cuales se integrarán en el Diario de los Debates.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional con punto de Acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a analizar el diseño de estrategias que ayuden a impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de los estados de Coahuila y Durango que conforman la Comarca Lagunera.

Pido a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE DESARROLLO REGIONAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO REGIONAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Regional, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente, el punto de Acuerdo presentado los senadores del Estado de Coahuila, Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y que tiene por objetivo exhortar a los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los municipios que conforman la Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores puedan mejorar su calidad de vida.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190, 191, 192 y 277 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, y una vez realizado un análisis cuidadoso del contenido de la proposición en comento, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente

METODOLOGIA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición con punto de Acuerdo y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

En el capítulo correspondiente a “OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución.

En el “RESOLUTIVO” se deja constancia de la decisión tomada por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional.

I. ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 19 de septiembre de 2013, los senadores por el Estado de Coahuila, Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentaron la proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar a los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los municipios que conforman la Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores mejoren su calidad de vida.

Cabe destacar, que el carácter de urgente y obvia resolución de dicha propuesta no fue concedido por la Asamblea.

En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó que fuera turnado a la Comisión de Desarrollo Regional, dando inicio al análisis para su dictamen correspondiente.

II. OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO

Exhortar a los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los municipios de la Comarca Lagunera que les corresponden, a fin de que mejoren su calidad de vida.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los Senadores promoventes refieren que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como órdenes de gobierno el federal, el estatal y el municipal, y que cada uno de ellos representa esferas de gobierno con diversas atribuciones para realizar su tarea de gobierno.

Establecen además, que en los estados de Coahuila y Durango se vive una problemática de inseguridad y una situación económica que afecta gravemente a la población de la región conocida como Comarca Lagunera.

Los promoventes señalan en su exposición de motivos la importancia económica de la Comarca Lagunera y la posibilidad para que la zona metropolitana de esta región integre el Estado 33, libre y autónomo de nombre Estado de La Laguna, conformado por 20 municipios de Coahuila y Durango, donde habitan un millón 800 mil habitantes.

En la exposición de motivos de la proposición se establece quela Comarca Lagunera tiene una larga historia que data de hace siglos y que la caracteriza de manera particular como comunidad por su historia, identidad y desarrollo económico. Además se señala que existe una petición ciudadana con más de 250 mil firmas de los pobladores de esta región, con la que se busca lograr su independencia y establecer una nueva entidad federativa.

En este sentido, los senadores promoventes destacan a la región de la Comarca Lagunera como una de importancia nacional porque al paso de los años se ha convertido en un foco económico dinámico que genera riqueza para la nación, pero que sufre del abandono económico por parte de los gobiernos estatales de Coahuila y Durango, de ahí que su exhorto esté dirigido a solicitar a las autoridades locales su intervención para mejorar el nivel de vida de sus habitantes y resolver aspectos de empleo, seguridad y fomento a la inversión en beneficio de la región conocida como La Laguna o Comarca Lagunera, para que ésta zona metropolitana recupere el nivel de productividad y el bienestar del que gozaba hace tiempo.

En su exposición de motivos los senadores promoventes consideraron que los habitantes de La Laguna viven en condiciones de abandono por parte de los gobiernos estatales de Coahuila y Durango, ya que existe menor inversión y escasa atención a las necesidades de sus pobladores. En virtud de ello, los senadores argumentan que desde hace tiempo se ha generado un movimiento ciudadano que busca agruparse y motivar la posibilidad de crear una nueva entidad federativa conocida como el Estado de La Laguna (ELLA).

IV. CONSIDERACIONES

Independientemente de la forma de organización política de los Estados, estos pueden ser clasificados de acuerdo a su estructura interna, en relación al territorio, poder y población.

En función de la articulación que se produzca de las tres variables se distinguen dos grandes grupos. En primer lugar, el estado unitario donde el pueblo, territorio y poder, son uniformes y simples y la relación entre ellos es unívoca y directa. En segundo lugar, el estado complejo resultante de la carencia de homogeneidad entre los tres elementos mencionados, produce una diversificación en la estructura de su ordenamiento jurídico (Estado federal, confederal y regional).

Respecto a la Federación o República Federal, la palabra proviene del latín “foedus” que significa pacto. En un estado federal si bien hay un gobierno central, existe independencia o autonomía en las provincias, estados, regiones o cantones que la componen, además de que poseen sus propias autoridades, constituciones y leyes.

El federalismo es un sistema político en el cual las entidades autónomas e independientes, realizan un pacto para unirse bajo un orden común, cediendo parte de su soberanía a un poder central, dando forma a una comunidad superior: el Estado federal.

Por tanto, podemos concluir que el federalismo es un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de estados autónomos basado en la descentralización federal de las decisiones, en el que el gobierno es compartido y donde se respeta la cultura, tradiciones, lenguas e instituciones, como característica del Estado democrático.

En cuanto modelo de organización del poder político, el federalismo encuentra su asiento en determinados conceptos como son los casos de la soberanía, la democracia, el poder político, el Estado, el Estado de derecho, la pluralidad y la igualdad.

El federalismo como cualquier otra manera de organización del Estado en una nación, construye a su alrededor un cuadro de conceptos políticos que forman parte de su propia definición y, socialmente, tienden a traducirse en valores de la cultura.

Con el pacto federal se da certeza a la diversidad nacional y coherencia a la interacción de cada una de las jurisdicciones, en un entramado que permite la descentralización de la toma de decisiones y una democracia mejor consolidada. A partir de este pacto, es posible entonces establecer condiciones de igualdad entre las partes, lo que permite un arreglo político federativo.

Es de esta manera que podemos entender al federalismo como una forma de Estado que, a partir de la descentralización política, hace posible una organización política con base territorial y posibilita el arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución.

El sistema político mexicano tiene entre sus características fundamentales el federalismo como forma de organización de Estado. Su desarrollo histórico y principios políticos están vinculados con la libertad, la pluralidad, la integración democrática de las minorías, la igualdad jurídica y la autonomía regional.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40 establece el carácter federal de la organización política mexicana y, reconoce al federalismo, como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros a partir de la voluntad del pueblo para constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley fundamental. Lo anterior, en vinculación con los artículos 42 y 43 de la Carta Magna, los cuales se refieren respectivamente a la integración del territorio nacional y las entidades federativas que conforman a la República.

Un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros. En este sentido, el artículo 124 Constitucional señala que en el Estado mexicano los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma.

México es una entidad política que nació en el siglo XIX como Estado federal con el nombre oficial de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra forma de gobierno es la de una República representativa y democrática conformada por 31 estados y un Distrito Federal, caracterizados por ser libres y autónomos pero unidos a través del pacto federal.

El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en su artículo 4º señalaba: “La nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal”, luego hacía mención en el artículo subsiguiente sobre las partes integrantes de la Federación. Durante el siglo XIX el federalismo mexicano sufrió varias transiciones y crisis de identidad en las formas de gobierno por las constantes disputas entre liberales y conservadores. Pese a todo, desde el Constituyente de 1857 el federalismo se ha mantenido como uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano.

La conciencia jurídica nacional expresada en norma capacitadora del Constituyente Permanente para erigir nuevas partes integrantes de la República a partir de las ya existentes, aparece en la fracción VII del artículo 50 de la Constitución de 1824. Esta facultad se mantuvo en la carta fundamental de 1836, cuando en su artículo 44, fracción XVI facultaba al Congreso General para aumentar o disminuir por agregación o división los departamentos de la República.

Posteriormente, el sistema federativo fue destacado en el Proyecto de Reforma a la Constitución de 1857 en su artículo 72, fracción III, ya que facultaba al Congreso “para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes”.

La Constitución de 1917 transcribió prácticamente y de idéntica manera la facultad del Congreso ya comentada, y la formuló en el artículo 73 fracción III. Es así que nuestro tercer Constituyente reconoció también la conveniencia de otorgar al Congreso la facultad de erigir nuevos estados dentro del territorio nacional.

Como vemos, los constituyentes de 1824, de 1857 y de 1917, normaron la posibilidad de crear nuevas entidades federativas a partir de las ya existentes propiciando su desarrollo y coexistencia pacíficas.

La historia política de nuestra nación pone de manifiesto lo valioso de esta disposición jurídica, ya que hizo posible la creación pacífica y ordenada de los estados de Colima, Aguascalientes, Nayarit, Quintana Roo e Hidalgo, entre otros.
De lo anterior se desprende que el federalismo no se reduce a una noción meramente jurídica, sino que se basa en una asociación política vinculatoria dentro del Estado. El federalismo responde a tres necesidades básicas: una organización política y racional de espacios geográficos; la integración de unidades regionales en una entidad superior pero salvaguardando sus peculiaridades culturales, y la necesidad de un eje funcional y competencial que permita diferenciar los ámbitos posibles de actuación de cada esfera de gobierno.

Lo anterior, se materializa en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se establece que cada Estado adoptará en su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.

Si bien es cierto que el artículo 73 fracción III constitucional faculta al Congreso para admitir nuevos Estados, también lo es que establece una serie de requisitos políticos y procedimentales a través del Constituyente Permanente que deben cumplirse a cabalidad para que este precepto pueda ser aplicable.

A pesar de no formar parte del resolutivo del Punto de Acuerdo en estudio, pero sí del soporte en la argumentación de los promoventes, esta comisión dictaminadora considera que el planteamiento vertido por ellos no brinda los elementos suficientes de análisis que permita valorar la pertinencia de admitir un nuevo estado a la Unión Federal conformado por los 20 municipios que componen lo que se conoce como la Comarca Lagunera, ya que no se cumplen a plenitud los requisitos establecidos en el artículo 73 constitucional.

Con ello, esta comisión dictaminadora no desestima la importancia de La Región Lagunera ubicada entre los Estados de Coahuila y Durango, ya que por sus características climatológicas representa una región excelente para la producción de algodón que permitió un gran impulso de la actividad agroindustrial de la región.

El periodo comprendido entre 1960 y 1970 fue clave para el sector privado de La Comarca, no solo porque permitió diversificar otras actividades además de las que ya habían alcanzado éxito como la leche, la carne y el algodón, sino que en la parte agrícola abarcó la producción de otros cultivos como nogal, vid, frutales y legumbres. Asimismo, la actividad económica logró un destacado avance en el sector agroindustrial.

A pesar de ello, creemos que los elementos vertidos en la proposición materia de este análisis no son suficientes para valorar la posibilidad de crear una nueva entidad federativa, y que más bien, la identidad, pertenencia y desarrollo económico a los que se refieren los promoventes, son elementos típicos de una comunidad regional.

La conformación de una nueva entidad federativa no es cosa menor, ya que representa un asunto que interesa a toda la República y que puede generar graves problemas a su estabilidad, por lo que como garante del federalismo, el Senado no puede propiciar nada que pueda afectarla.

No obstante lo anterior, la Comisión de Desarrollo Regional valora lo que respecta al desarrollo económico y social de la Comarca Lagunera y, sobre todo, el exhorto a los gobiernos de los Estados de Durango y Coahuila para destinar los recursos necesarios para atender diversas problemáticas, entre las que destacan el fomento económico y la seguridad pública.

De ahí que se determine que la propuesta realizada por los senadores Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, pueda atenderse en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a través de las comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Seguridad Pública, ya que esta instancia representa un espacio de interlocución que los propios gobernadores han creado para atender temas que les son comunes dentro del pacto federal.

V. RESOLUTIVO

Se modifica el resolutivo del Punto de Acuerdo propuesto por los Senadores Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, y se aprueba uno nuevo para que sea la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través de las comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Seguridad Pública de este mismo organismo, las que atiendan la petición de los promoventes con el propósito de analizar y diseñar las estrategias adecuadas para impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de la Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores puedan mejorar su calidad de vida y resolver aspectos de empleo, seguridad y fomento a la inversión en aquella región.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para que a través de sus comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Seguridad Pública, se analice el diseño de estrategias que ayuden a impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de los Estados de Coahuila y Durango que conforman la Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores puedan mejorar su calidad de vida y resolver aspectos de empleo, seguridad y fomento a la inversión.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.

Suscriben este dictamen, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

Sen. René Juárez Cisneros, Presidente.- Sen. Francisco Salvador López Brito, Secretario.- Sen. Sofío Ramírez Hernández, Secretario.- Sen. Aarón Irízar López, Integrante”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de ocho dictámenes de la Comisión de Protección Civil, que contienen puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes de la Comisión de Protección Civil.






Que exhorta a los gobiernos estatales a aplicar campañas de información sobre el riesgo que implica la quema de artificios pirotécnicos.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios para prevenir los incendios forestales a nivel nacional.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a fiscalizar a la Coordinación Nacional de Protección Civil.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de protección civil.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que solicitaba emitir la declaratoria de emergencia para los municipios de la zona huasteca, media y altiplano de San Luis Potosí, afectados por el huracán “Ingrid”.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a subsanar los requisitos relativos a los montos necesarios para acceder al Fondo Nacional de Atención de Desastres Naturales, a diversos municipios de ese estado.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que exhorta a revisar la situación que guardan las zonas afectadas del estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días del mes de abril.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, están a discusión.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de Acuerdos. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes de la Comisión de Salud.

Que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar el contenido del libro “Obesidad en México: Recomendaciones para una Política de Estado”.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen dos proposiciones con punto de Acuerdo relativos a exhortar al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones en contra de la obesidad en nuestro país.

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de Abril de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incorporar las recomendaciones llamadas; “Recomendaciones para el logro de un política de estado efectiva para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad en México” en el libro: “Obesidad en México, recomendaciones para una Política de Estado”, que propone el grupo multidisciplinario sobre la obesidad de la Academia Nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.
2. Con fecha 29 de Abril de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó punto de Acuerdo que exhorta al director General del Instituto Nacional de Salud, a acordar y mantener reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

1. La Senadora proponente somete el punto de Acuerdo con la finalidad de prevenir que el Ejecutivo Federal tome en cuenta las Recomendaciones planteadas en el libro “Obesidad en México, Recomendaciones para una política de Estado”, el cual es un texto definitorio porque es producto de un esfuerzo social puntualizado en la comunidad médica, de un enorme concentrado de energías positivas y propositivas. Más de 400 páginas, la intervención de 41 expertos de 15 instituciones académicas y de salud de México y Estados Unidos: y 80 acciones de gobierno por instituir.

2.-La Senadora proponente exhorta al Director General del Instituto Nacional de Salud, a acordar y mantener reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 el problema de la obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2010 se estimó que alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. La OMS señala que cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además también se les atribuye como la causa de la diabetes en 44%, de cardiopatías isquémicas en 23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%.

Por lo anterior es preocupante que a la fecha las personas no estén conscientes que de prevenir el sobrepeso o la obesidad en su persona, se pueden librar de consecuencias que pueden ser mortales.

C. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%. De un grupo de 11,339,401 individuos encuestados, el 58.6% afirmó no haber realizado una actividad física a nivel competitivo en los últimos doce meses.

D. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su último informe “The State of Food and Agriculture 2013” basado en estadísticas del 2008, ubicó a México como el país con más obesidad en el mundo, con un porcentaje de 32.8% de adultos con este problema, arriba de Estados Unidos con un 31.8%.

El informe revela que por lo menos un 70% de los mexicanos adultos tienen sobrepeso, y el 32.8% padece obesidad.
E. Por otra parte el libro a que hace referencia la legisladora proponente, “Obesidad en México, Recomendaciones para una política de Estado”, fue elaborado por el Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina y editado por la UNAM. Dicho instrumento conlleva la epidemiología de la enfermedad al recuento de las políticas y programas para prevenirla; el análisis de los factores genéticos que intervienen en su etiología a las normas y regulaciones que existen para su control; los cambios registrados en la cultura alimentaria a las opciones quirúrgicas de su tratamiento; el abordaje de la obesidad infantil al análisis de los determinantes económicos, educacionales, comerciales, psicosociales y de actividad física, elementos que forman parte de la red de su causalidad; de los costos que genera la enfermedad a la revisión del papel que tienen la educación, los instrumentos fiscales o los sistemas de salud en su prevención o tratamiento.

Así mismo es importante observar que la salud es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos como cáncer de mama, próstata y colon, entre otras.

F. Es de enfatizarse que los efectos económicos de la obesidad según la Secretaría de Salud se basa en dos variantes negativas: el costo directo anual en atención médica para el sistema público de salud de 14 complicaciones derivadas de cuatro grupos de enfermedades de la obesidad; diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y osteoartritis que para el 2008 se estimó en 42 millones de pesos bajo el escenario base del 13% del gasto en salud de ese año. Y la extremidad financiera medida a través del costo por pérdida de productividad se estimó para ese año en 25 millones de pesos. por lo que se puede observar es muy costoso el tratamiento de esta enfermedad para nuestro sistema de salud.

Algo destacable de este libro es que propone políticas públicas eficaces que pueden contrarrestar la gran problemática que atañe a nuestro país actualmente en cuanto a la obesidad y sobrepeso.

G. Por otra parte, otro tema toral de este dictamen es el hecho de que el Instituto Nacional de Salud Pública puede ser parte medular en la solución de la problemática planteada en este instrumento legislativo.

El Instituto Nacional de Salud Pública, actualmente estudia con grupos académicos nacionales e internacionales de varias instituciones reconocidas mundialmente, medidas que pueden contribuir a los objetivos planteados para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, como lo es: la elaboración de guías alimentarias para distintos grupos poblaciones; propuestas de lineamientos para la publicidad de alimentos y bebidas a niños, políticas públicas en materia de nutrición, por ello se considera viable el hecho que dicho Instituto pueda tener contacto con el Congreso de la Unión con el fin de fortalecer una relación interinstitucional y de cooperación para que en el ramo legislativo se realice lo propio y en conjunto poder combatir de manera frontal el gran problema de salud pública, multicitado.

Es por lo anterior y en aras de que se disminuya la obesidad y sobrepeso en nuestro país que la comisión dictaminadora considera viable los puntos de acuerdo por ello con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para se revise el contenido del libro “Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado”, el cual propone el Grupo Multidisciplinario sobre la obesidad de la Academia nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, y derivado de ello, informe a esta Soberanía qué acciones llevan a cabo en las estrategias del Ejecutivo, e informar cuáles se pueden integrar que no estén dentro de la política de gobierno.

Segundo.-El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública, para que en coordinación con las comisiones pertinentes del Senado de la República, realicen acciones para poder controlar e inhibir las causales que propiciaron el incremento en prevalencia de dichos padecimientos.

COMISION DE SALUD”.






Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a restituir a la brevedad al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 Abril 2013, el Senador Sofío Ramírez Hernández Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Integrante de la LXII legislatura, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Dicha proposición hace mención que el número de muertes materno-infantil en México ha crecido y en especial en el estado de Guerrero es por ello que se deben intensificar las acciones para combatir este gran problema por ello pretende exhortar a la Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es la atención materno-infantil en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, es merecedor de especial atención ya que es una tema de gran relevancia social, toda vez que atañe a un sector vulnerable de la sociedad.

B. Sin lugar a dudas, la salud de las mujeres y niños, así como la de los recién nacidos, también denominada salud materno-infantil, son muy importantes por sus implicaciones en el bienestar familiar, económico y social; así mismo su protección y promoción son objetivo toral tanto de las de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de Salud (OMS) como de las instituciones de cada nación.

C. Cabe destacar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define en su artículo cuarto el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, resaltando que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Se debe señalar que nuestro país forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídico internacional que norma los derechos humanos de este segmento de la población, y es precisamente en su artículo 24 donde se reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud.”

Además, mediante la misma, México se ha obligado también a esforzarse “por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de los servicios sanitarios”, así como a “adoptar las medidas necesarias para reducir la mortalidad infantil”, y asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea necesaria”.

D. Por otra parte, se debe mencionar que el derecho de la mujer al nivel más elevado de salud física y mental fue reconocido por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, de la que México formó parte. En su Plataforma de Acción, se destacó que la necesidad de garantizar a las mujeres y las niñas el acceso universal a la atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad, incluida la salud materno-infantil, es una de las doce esferas de especial preocupación que requieren atención urgente de parte de los gobiernos y la comunidad internacional.

Por otro lado hay que enfatizar que lo problemas que enfrenta nuestro país en cuanto a la pobreza y la marginación son dos grandes tópicos que se deben tomar en cuenta y no menor la salud de manera particular el estado de Guerrero donde la salud de calidad es una condición y un derecho lejano.

La mortalidad materna en nuestro país es un indicativo alarmante para que se refuercen políticas públicas que puedan frenar esto, ya que diariamente mueren tres mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, es ejemplo de ello la tasa nacional de defunciones de 54 mujeres por 100 mil nacidos vivos, cifra alarmante.

E. La mortalidad materna de las comunidades indígenas, alcanza a colocarse dentro de las más elevadas en el mundo. El 30 por ciento de las mujeres fallecidas en sus hogares por alguna razón vinculada con la maternidad, son indígenas. De hecho, las entidades con los niveles más elevados de mortalidad son las que también tienen mayor presencia de comunidades indígenas. A detalle los datos son: en Oaxaca 56 por ciento de los decesos fueron de mujeres indígenas; en Guerrero, 47 por ciento y Chihuahua, 36 por ciento. En resumen, el promedio de mortalidad de las madres indígenas en México es de 151 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.

F. La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo, no hay infraestructura hospitalaria suficiente. Casi 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.

Sabemos que se han hecho acciones y esfuerzos por parte del gobierno del Estado de Guerrero, ejemplo de ello, es la creación de la Escuela de Parteras Profesionales donde además el gobierno estatal otorgó becas de alimentación, comida y hospedaje a mujeres estudiantes de comunidades marginadas para garantizar que puedan asistir a sus clases, el curso taller de Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres para la prevención de la Mortalidad Materna, la campaña permanente “Código Rojo” para atender embarazos de alto riesgo y la implementación de Teleconsultas y Telemedicina, acciones que han logrado disminuir un porcentaje del problema en relación al año 2012, pasando de 117 a 84 muertes de madres en este año, sin embargo, el problema sigue siendo significativo.

G. Para el caso en específico que nos incumbe el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en la ciudad de Tlapa, institución que se inauguró el 18 de octubre de 2005, hace ya casi ocho años, para dar atención a 19 municipios de la región de La Montaña del estado principalmente, cuya población de influencia actual es alrededor de 311,335 habitantes, de los cuales más de 280,000 son de pueblos originarios. El Hospital hoy atiende a un total de 110 mil familias afiliadas al seguro popular. La mayoría de los Municipios son considerados de alta marginación, y donde los indicadores de morbilidad y mortalidad materno-infantil son los más elevados de la Entidad, hasta 248 madres mueren por cada 100 mil habitantes.

En ese contexto el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense es el único hospital especializado de segundo nivel de atención de la región. Sin embargo, actualmente por razones de presupuesto, no se cuenta con la plantilla completa, hacen falta 16 especialistas, 4 médicos generales y 14 enfermeras, así como 4 químicos, 3 técnicos radiólogos, 3 trabajadoras sociales y dos auxiliares administrativas, lo que dificulta la atención y calidad del servicio.

Es urgente la ampliación o construcción de dos nuevos quirófanos, sala de expulsión pues solo se cuenta con uno, claramente insuficiente.

Asimismo, resulta impostergable la construcción de una unidad de terapia intensiva para las madres, necesidad crucial para la atención de las mujeres con embarazo de alto riesgo, trasladarlas a otros hospitales implica riesgo de muerte en el trayecto.

Además de la construcción de un albergue para familiares de pacientes que han tenido que viajar desde sus comunidades, donde puedan descansar, asearse y esperar a sus familiares en condiciones dignas, disminuyendo así los costos que implica el mismo traslado y los costos remanentes al de su propia atención y la de sus familiares.

H. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.

COMISION DE SALUD”.






Y uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a contar con políticas públicas en materia de salud mental en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las Entidades Federativas, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental, en los hospitales de los tres niveles en el país.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de Marzo de 2013, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las Entidades Federativas, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental, en los hospitales de los tres niveles en el país.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente hace referencia que la salud mental ha estado oculta tras el estigma y discriminación durante largo tiempo. La magnitud, el sufrimiento y la carga en términos de discapacidad y costos para los individuos, las familias y las sociedades son abrumadores. En los últimos años, el mundo se ha tornado más consciente del potencial que existe para hacer los progresos necesarios en cuanto a esta problemática.

Así mismo hace mención que en México hace falta redoblar esfuerzos para tener políticas públicas en salud mental es por ello que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las Entidades Federativas, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental, en los hospitales de los tres niveles en el país. Así mismo se pretende exhortar a los congresos de las entidades federativas para que promuevan reformas a la legislación, de igual forma en materia de salud mental.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Salud: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y la salud mental: “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”

Así mismo el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, define a las “enfermedades mentales como desórdenes químicos en el cerebro, las cuales pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, religión o situación económica”. Es decir, la mayoría de los pacientes se ven afectados en: su actividad física, conducta, emociones, pensamiento, percepción, relaciones interpersonales, sexualidad, trabajo y ocio. Estos trastornos están producidos por una combinación poco conocida de determinantes biológicos, psicológicos y sociales. Por lo que la tarea de los gobiernos consiste en proporcionar servicios relacionados con la promoción del bienestar, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales.

C. Aunado a ello, señalan que no hay una edad determinada en la cual se inicie cualquier tipo de enfermedad mental, la que puede manifestarse en cualquier periodo evolutivo de la persona.

D. Es de mencionarse que en términos epidemiológicos, la salud mental participa en la carga global de las enfermedades con alrededor de 12%, lo que afecta hasta el 28%3 de años vividos con discapacidad, y constituye una de tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, lo que trae como consecuencia el suicidio. Es decir, para un rendimiento óptimo del ser humano, se requiere de tanto la salud física como de la mental.

E. Los grandes hospitales psiquiátricos, deben ser el modelo a seguir para la atención de la salud mental en la población; sin embargo, muchos están imposibilitados en la integración de la salud mental como un componente importante en la atención de la salud en general. Más aún, en este marco de accesibilidad insuficiente a los servicios, se observan casos obvios de violación de los derechos humanos de las personas con trastorno mental.

F. Se requiere redoblar esfuerzos y acciones así como un compromiso de todos los profesionales de la salud, para lograr un verdadero cambio que se encuentre acorde al prototipo ideal de la atención, continua y comunitaria dentro de la red de servicios de salud; de tal forma que promueva la reinserción social, de acuerdo con las necesidades de los pacientes y sus familiares.

G. Tomando como referencia el Informe de Evaluación del Sistema de Salud Mental en México publicado en el año 2011, con la colaboración de la Secretaría de Salud, así como de las Secretarías de Salud de los 31 estados y el Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Secretaría de Marina, publicado en el mismo año, se observan resultados importantes a considerar:

• La Secretaría de Salud de México elaboró el Programa de Acción Específico de Atención en Salud Mental 2007-2012 con el propósito de disminuir las brechas de atención, y combatir el estigma y la discriminación. También se buscaba cambiar el paradigma hacia la atención en salud mental comunitaria, e integrar la salud mental a la red de servicios de salud en general y actualizar la legislación en materia de salud mental, así como la protección de los derechos humanos de los pacientes y la protección social de los trastornos mentales prioritarios. Si bien es cierto que no existe una ley nacional específica para la salud mental, en la Ley General de Salud se incluye un capítulo dedicado a este rubro.

• Del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es orientado a la salud mental; de este monto, se destina el 80%4 a la operación de los hospitales psiquiátricos. Dada estas condiciones, las acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas y de muy bajo impacto.

• El eje de la atención a la salud mental es el tercer nivel, ejemplo de ello es que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 8 establecimientos residenciales y 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales de un total de 641 hospitales generales el 3% en la República.

• Se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100,000 habitantes, en contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47, la mayoría adultos.

• México es uno de los países que atiende el 50% de los pacientes en servicios hospitalarios especializados independientemente de la gravedad del trastorno, lo que aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

Como podemos observar falta por fortalecer dichas acciones y esfuerzos para lograr una cobertura mejor y de calidad en el tema de incumbencia como lo es la salud mental.

H. Aunado a lo anterior cabe mencionar que la salud mental tiene cierta regulación en nuestra regulación en el Capítulo VII denominado Salud Mental del Título Tercero de la Prestación de los Servicios de Salud, de la Ley General de Salud.

El cual contiene Objetivos como la coordinación de autoridades competentes para prevenir y promover la salud mental, la realización de campañas con el objetivo de difundir entre la población los diversos trastornos, pero además el establecimiento de los derechos de las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, por mencionar algunas, son disposiciones que se establecen de los Artículos 72 a 77 de la Ley General de Salud Vigente y que como su Capítulo lo indica, son materia de Salud Mental, lo que debe responder a todos los tipos de trastornos mentales, desde la neurosis, ansiedad, depresión, esquizofrenia, ludopatía, por mencionar algunos.

I. No obstante lo anterior estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo loable del punto de Acuerdo sin embargo puntualiza el siguiente argumento:

De acuerdo a las políticas internacionales sugeridas por la OMS en materia de salud mental, es deseable la integración de la atención en salud mental comunitaria a la red de servicios de salud general, la incorporación de servicios o módulos de salud mental o psiquiátricos en las unidades de atención ambulatoria, hospitales generales y hospitales de alta especialidad, para incrementar la cobertura y reducir la brecha de atención a personas con trastornos mentales y del comportamiento y proporcionar a la población mexicana una atención en salud mental comunitaria, multidisciplinaria, integral y continua. Así mismo, se propicie u obligue la disposición de recursos sociales como vivienda, trabajo, educación, así como fortalecer el debido proceso judicial, que contribuyan en gran medida en el éxito terapéutico y la reinserción social.

La propuesta del punto de Acuerdo es congruente con los estándares de la OMS sin embargo en aras de mejorar de forma tal que pueda generar mayor impacto y beneficio es que esta comisión propone la siguiente redacción:

Propuesta con Punto de Acuerdo

Propuesta Comisión de Salud.

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental en los hospitales de los tres niveles del país. Asimismo, fortalezcan los programas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para dotar de los recursos suficientes para la prevención, detección, atención y tratamiento con el fin de prevenir, detectar, tratar y rehabilitar el problema de salud mental.

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de disminuir la brecha de atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud. Así mismo Fortalezcan los programas de salud mental, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para dotar de los recursos suficientes para la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los trastornos mentales y del comportamiento.

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta a los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de disminuir la brecha de atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental en los establecimientos de la Red del Sistema Nacional de Salud. Así mismo fortalezcan los programas de salud mental, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para dotar de los recursos suficientes para la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los trastornos mentales y del comportamiento.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, están a discusión.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención sobre el dictamen en torno a la obesidad, la cual se integrará al Diario de los Debates.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de la Medalla Belisario Domínguez, con punto de Acuerdo para llevar a cabo diversas acciones en torno al centenario del fallecimiento del Senador Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones sobre las denuncias de desapariciones de personas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;
Y DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Fomento Económico, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a informar el estado que guarda la economía nacional.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

"COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Fomento Económico fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional, sometida a la consideración del Pleno de este Senado, en su sesión ordinaria de fecha 3 de septiembre de 2013, por el Senador Héctor Larios Córdova, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de Acuerdo descrita, y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de Acuerdo.

II. En el apartado “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se exponen los objetivos y un resumen de su contenido, motivos y alcances.

III. En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisiones de Fomento Económico exponen los razonamientos y argumentos con base en los que se sustenta el sentido del presente dictamen.
ANTECEDENTES

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 5 de junio de 2013, el Pleno conoció la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional.

La Mesa Directiva turnó el 3 de septiembre de 2013, oficio DGPL-1P2A.-33, a la Comisión de Fomento Económico para su estudio y dictamen la referida proposición con punto de Acuerdo, presentado por el Senador Héctor Larios Córdova del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La Comisión de Fomento Económico recibió el referido documento el 11 de septiembre de 2013.

Segundo. En sesión ordinaria, celebrada el día 30 de octubre de 2013, los Senadores integrantes de la Comisión de Fomento Económico procedieron al estudio de la citada proposición con punto de Acuerdo, efectuando diversos razonamientos sobre su contenido, por lo que derivado de ellos se emite el siguiente dictamen, tomando en cuenta el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La propuesta del Senador Héctor Larios Córdova del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Economía (SE) a informar el estado que guarda la economía nacional.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION DICTAMINADORA

Primera.- En todos los senadores integrantes de la Comisión de Fomento Económico existe un consenso generalizado sobre la importancia que tiene la rendición de cuentas y la sana y respetuosa retroalimentación entre los Poderes de la Unión de las acciones, programas y políticas públicas que impactan el desarrollo económico del país.

El intercambio de ideas, propuestas e iniciativas, robustece la relación respetuosa de los Poderes del Estado Mexicano, y permite la generación de acuerdos en un clima de civilidad.

Así, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, comparecieron los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, en el Pleno de este Senado el 26 de septiembre pasado, y de Economía, Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, ante las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Fomento Económico el 30 de septiembre, también del año en curso. Ambos expresaron clara y detalladamente, en el ámbito de su competencia, el estado que guarda la economía nacional.

De acuerdo con ello, los integrantes de la Comisión de Fomento Económico con fundamento en los artículo 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de desecharse la proposición con Punto de Acuerdo del Senador Héctor Larios Córdova del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en tanto que en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno todos las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República hemos podido establecer un diálogo con los representantes del Ejecutivo Federal, pero sobre todo, cuestionar el estado que guarda la administración pública en los ramos antes descritos. Por lo tanto, con base en los anteriores argumentos sometemos a la revisión de esta Honorable Asamblea el siguiente.

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional.

Dado en el Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013".

Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Este punto de Acuerdo, Senadoras y Senadores, es muy importante analizarlo, porque está hablando de las cifras económicas de crecimiento para el cierre de 2013 y los pronósticos para el 2014.

Acabamos, apenas la semana pasada, de tener un debate al respecto, y todos los pronósticos recién aprobados ya carecen de fundamento dada la nueva estimación que hace el Banco de México para el crecimiento de nuestra economía, tanto al cierre de este año, como para el año que entra.

Lo que estima el Banco de México, es que la economía en el 2013 oscilará entre 0.9 y 1.4 por ciento, que es más bajo, incluso, de lo que ha estimado el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, estimó que el 2013 iba a cerrar con 1.2 por ciento y que tendríamos una tasa de crecimiento en 2014 estimada en 4 por ciento.

Todas estas estimaciones son menores a las contenidas en los criterios de política económica aprobados en la reforma hacendaria y, en otras palabras, quiere decir que se cae la economía; y si se cae la economía, caen los ingresos que apenas se planearon; y si caen los ingresos, prácticamente ninguna de las expectativas planteadas en ese punto pueden ser realizables.

Además, el Tercer Informe de Gobierno de las finanzas públicas que manda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Senado de la República, dice que la situación internacional es de una profunda desaceleración económica y que de ahí se deriva, también, la desaceleración económica de México. Y yo diría que la desaceleración económica internacional no puede ser la causa, por lo menos no en su totalidad, del resentimiento en la economía mexicana, porque a nivel interno la economía ha tenido un comportamiento muy errático.

El mercado interno se comportó peor que el mercado externo, las ventas al menudeo cayeron, la población económicamente activa creció, pero el salario de los trabajadores formales disminuyó, todos son datos del Tercer Informe de Gobierno.

El déficit en la balanza comercial también se hizo más grande y no se ha hecho nada al interior de nuestra política para integrar las cadenas productivas y evitar que esta balanza siga impactando nuestras finanzas públicas.

Tampoco se ha hecho nada para aprovechar que el comercio exterior se pueda convertir en un motor de crecimiento. Al contrario, la única manera de que el comercio exterior pueda convertirse en motor de crecimiento, es de que las exportaciones aporten crecimiento económico; y para que esto pueda ocurrir se requiere que el componente nacional de nuestras exportaciones pueda ser mayoritario, y ahorita es prácticamente simbólico.

Todos los indicadores económicos están en un panorama preocupante, la inversión bruta fija cayó, la actividad industrial cayó, el sector de la construcción disminuyó, el mercado interno no se va a reactivar sin la generación de empleos y si no se modifica el esquema salarial que tenemos en México.

Concluyo diciendo dos asuntos.

El gobierno federal acostumbra revisar sus estimaciones y aceptar las que el Fondo Monetario Internacional pone como probabilidades y apenas se hizo este anuncio el 9 de octubre. Ahorita, el gobierno mexicano está corrigiendo todas las estimaciones, dejó pasar la reforma hacendaria sin hacer la corrección correspondiente y hoy en día podemos tener un escenario completamente de incertidumbre.

El comportamiento de las finanzas públicas, nos dice el Tercer Informe trimestral, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, tuvo un subejercicio acumulado de enero a agosto que se ubicó en 106 mil 555 millones de pesos; es decir, un subejercicio de 4.1 por ciento de lo programado para ese lapso.

Además, hubo un rezago en el gasto programable de 3.9 por ciento, y en los subejercicios principales, los ubica la propia Secretaría de Hacienda, en todos los ramos que concentran inversión pública. El Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, tuvo un subejercicio del 27 por ciento; el Ramo 16, Medio Ambiente, tuvo un subejercicio de 21.5 por ciento; el Ramo 23 de 13.0 por ciento, que son provisiones salariales y económicas; el Ramo de la Agricultura tuvo un rezago de 10.4 por ciento en su gasto; son bastantes las cifras que destaca este informe de las finanzas públicas.

Pero yo cierro mi intervención diciendo que todos los datos de cierre para 2013, muestran una situación de una economía en crisis, muestran un estancamiento de la actividad económica y una perspectiva de empeoramiento en el inmediato plazo; y el Congreso de la Unión algo tiene que decir, no dejar pasar los puntos de Acuerdo como si se estuviera hablando de algo secundario.

Es cuanto, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas A. C., invitados por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Solicito a la Secretaría informe los puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a la Cámara de Diputados que solicitan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.






PROPUESTAS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de Acuerdo que exhorta asignar una partida presupuestal extraordinaria de 10 millones 34 mil 626 pesos para la ampliación y equipamiento del centro de salud en el municipio de Cumpas, Sonora.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL EXTRAORDINARIA DE 10 MILLONES 34 MIL 626 PESOS PARA LA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA

"Francisco BUrquez Valenzuela, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 10, 034,626.00 (diez millones treinta y cuatro seiscientos veintiséis pesos) para la ampliación y equipamiento del centro de salud en el Municipio de Cumpas, Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Municipio de Cumpas, Sonora se ubica al este de la entidad, colinda al norte con Nacozari de García, al este con Villa Hidalgo y Huásabas; al sur con Moctezuma; al suroeste con Aconchi, al oeste con Huépac y Banámichi, al noroeste con Arizpe.

Esta población se fundó en 1643 y al paso de los años, este territorio aún conserva las ruinas del Antiguo Real de San Juan Bautista de Sonora.

Datos del último censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 1,322, 868 son mujeres y 1,339,612 son hombres de esa población más de 6,500 habitantes pertenecen al Municipio de Cumpas, Sonora.

Sin duda alguna es una prioridad el impulsar acciones que permitan cubrir de mejor manera las necesidades de salud de los habitantes, por lo que resulta necesario concretar la ampliación y equipamiento del Centro de Salud del Municipio de Cumpas, de manera tal que solicito un recurso extraordinario que permita asegurar su ampliación y equipamiento médico que garantice el cuidado integral de la salud de los habitantes de dicho municipio y de sus alrededores.

La aprobación de este punto de acuerdo permitirá al Municipio de Cumpas tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos, ya que es de vital importancia contar con un centro de salud que permita satisfacer las necesidades que se presentan diariamente, lo anterior permitirá evitar el traslado a los municipios vecinos en los que algunos casos lamentablemente los ciudadanos llegan sin vida.

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 10, 034,626.00 (diez millones treinta y cuatro seiscientos veintiséis pesos) para la ampliación y equipamiento del centro de salud en el Municipio de Cumpas, Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".






Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de Acuerdo que exhorta a asignar una partida de 2 millones 12 mil 500 pesos para contribuir al fortalecimiento de la actividad agrícola del municipio de Arizpe, Sonora.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL EXTRAORDINARIA DE 2 MILLONES 12 MIL 500 PESOS PARA LA CANALIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 11,500 METROS CUADRADOS DE CANAL, Y ASI SE PERMITA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA

"Francisco BUrquez Valenzuela, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 2,012,500 (dos millones doce mil quinientos pesos)para la canalización con concreto hidráulico de 11,500 metros cuadrados de canal, y así se permita contribuir al fortalecimiento de la actividad agrícola del Municipio de Arizpe, Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sonora es un Estado donde la actividad agrícola es sumamente importante para el desarrollo económico de la entidad, y esta, tiene un gran peso a nivel nacional por su aportación significativa al producto interno bruto (PIB) del país. Los lugares más destacados del estado en la actividad agrícola son: El Valle del Yaqui, del Mayo, valle de Guaymas, la costa de Hermosillo, costa de Caborca y el valle de San Luis Río Colorado. Estas regiones se destacan debido a que cuentan con una infraestructura hidráulica amplia que les permite cosechar grandes volúmenes de productos agrícolas.

Los productos que mayor importancia han tenido en tales regiones han sido principalmente: trigo, papa, sandía, algodón, maíz, melón, sorgo, garbanzo, vid, alfalfa y naranja.

Sin embargo hay municipios que aún no cuentan con la infraestructura adecuada para el correcto manejo del agua y por tanto no es posible aprovechar al máximo el preciado recursos en sus parcelas, por lo que son necesarias las obras de revestimiento de canales con concreto hidráulico y evitar con ello problemas que se reflejan en pérdidas de agua por filtración, malezas, derrumbes entre otras problemáticas.

Es por ello que acudo mediante esta solicitud para apoyar a los sectores productivos, especialmente del área rural, por lo que solicito la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el procesos de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2014 se asigne un recursos que permita la canalización con concreto hidráulico de 11,500 metros cuadrados de canal.

Lo anterior permitirá que el ayuntamiento de Arizpe, Sonora pueda apoyar al pequeño productor en las tareas de optimización de sus recursos, principalmente con el mejor aprovechamiento del agua para sus parcelas.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de Asamblea la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 2,012,500 (dos millones doce mil quinientos pesos) para la canalización con concreto hidráulico de 11,500 metros cuadrados de canal, y así se permita contribuir al fortalecimiento de la actividad agrícola del Municipio de Arizpe, Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela".






Del Senador Jesús Casillas Romero, con punto de Acuerdo que exhorta a contemplar una asignación de recursos por la cantidad de 6.5 millones de pesos para el proyecto e iniciativa denominado MEXFEST.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, SE CONTEMPLE UNA ASIGNACION DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE 6.5 MILLONES DE PESOS PARA EL PROYECTO E INICIATIVA DENOMINADO MEXFEST

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, se contemple en el mismo, una asignación de recursos por la cantidad de 6.5 millones de pesos para el proyecto e iniciativa denominado MEXFEST, en pro de mostrar lo mejor de la cultura contemporánea mexicana al mundo y obtener la inversión relativa en la materia para los mexicanos dedicados a la materia del cine contemporáneo, arquitectura, exposiciones, música y gastronomía mexicana; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

MEXFEST” es una iniciativa que desde el 2012, genera un escenario para mostrar lo mejor de la cultura contemporánea mexicana en un marco que fortalezca los lazos culturales, diplomáticos y comerciales entre México y otros países de importancia estratégica.

Tan así, que “London MEXFEST” 2013, fue un excelente programa de cine mexicano contemporáneo, arquitectura, exposiciones, música y gastronomía, con exponentes mexicanos y británicos de todas las disciplinas creativas que participaron en charlas y eventos con el fin de poner de relieve la creciente colaboración cultural bilateral entre ambos países: México e Inglaterra.

Ello, en virtud de que la misión de MEXFEST constituye una experiencia que reúne a cineastas, actores, músicos, fotógrafos, diseñadores, arquitectos, chefs y periodistas para dar a conocer su trabajo e intercambiar ideas con la intención de impulsar la cooperación multilateral en proyectos específicos.

Pretende exhibir una diversidad de propuestas que promuevan una imagen positiva de México y ofrecer un espacio para mostrar producciones que representen a una variedad de géneros y tendencias artísticas y promover el diálogo en torno a temas que atañen a la actualidad.

London MEXFEST 2013, fue uno de los detonadores de un cambio a la percepción mexicana debido a la estrategia de comunicación y visibilidad en medios, tanto en México como el Reino Unido, que van desde la cultura de masas hasta nichos de mercado específicos. Se contó con la participación de instituciones como PROMÉXICO, que fungió como anfitrión del panel “Oportunidades de Inversión en Industrias Creativas”, donde 12 productoras cinematográficas británicas mostraron interés en producir en México.

Otro caso de éxito está representado en la colaboración con el Consejo de Promoción Turística de México, que en el marco de “London MEXFEST 2013”, organizó un evento dirigido al sector turístico: Industria Hotelera, de aviación, agencias de viajes y medios especializados, alrededor de la presentación de un documental sobre la gastronomía en México.
El alcance mediático en México fue de 98 artículos de cobertura, 6 notas en radio y televisión, 26 artículos en medios impresos 66 notas “en línea”, 3 comunicados de prensa, con un valor publicitario, según se informa, de $5’970,479.00. Además de los negocios proyectados, con el enfoque de producción de cine e incentivos fiscales.

Para el desarrollo de MEXFEST 2013, se contó con el apoyo, tan sólo de procedencia gubernamental de $ 3’385,000 pesos, según se informa por los propios iniciadores.

Para los proyectos futuros, MEXFEST, tiene contemplados eventos como LONDON MEXFEST 2014, NEW YORK MEXFEST 2014, PARIS MEXFEST Y SHANGAI MEXFEST TOKIO MEXFEST.

• LONDON MEXFEST 2014, con fecha tentativa para 28-31 de mayo 2014

• NEW YORK MEXFEST 2014, con fecha tentativa para octubre de 2014.

• PARIS MEXFEST, con fecha tentativa para 2015

• SHANGAI MEXFEST TOKIO MEXFEST, con fecha tentativa para 2017.

Para tales eventos se requiere un aproximado de 21’278,000 pesos, de los cuales, se tiene prospectado para hacer posible su realización, por parte de México, un monto de 6.5 millones de pesos.

Los apoyos económicos otorgados para el ejercicio fiscal 2013, fueron realizados a través de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo de Promoción Turística de México y del Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, PROMEXICO.

De tal suerte, que para continuar con los proyectos futuros de MEXFEST, en pro de mostrar lo mejor de la cultura contemporánea mexicana y obtener la inversión relativa en la materia, es indispensable asegurar la participación de México en el proyecto, por lo que, ahora que en la colegisladora es discutido el proyecto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, muy oportuno seria prever recursos para el citado proyecto.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, se contemple en el mismo, una asignación de recursos por la cantidad de 6.5 millones de pesos para el proyecto denominado de MEXFEST, en pro de mostrar lo mejor de la cultura contemporánea mexicana al mundo y obtener la inversión relativa en la materia para los mexicanos dedicados a la materia del cine contemporáneo, arquitectura, exposiciones, música y gastronomía mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos a diversos proyectos productivos y de infraestructura para municipios del estado de Veracruz.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS A DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL 2014

"El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos a diversos proyectos de infraestructura para municipios del estado de Veracruz, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA

Entre las preocupaciones de los municipios de Poza Rica de Hidalgo, Cazones de Herrera, Coatzintla, Tihuatlán y Papantla de Olarte, se encuentran el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en la región, en especial tratándose de los asuntos que los relacionan como integrantes de una importante zona metropolitana.

El municipio de Poza Rica de Hidalgo es el principal núcleo urbano de la zona noriente de la entidad, concentrando 193,311 habitantes en una extensión de 630 km² y debido al comportamiento poblacional, el crecimiento urbano ha impacto en una zona conurbada hacia los límites de otros municipios, considerando una población aproximada de 520,000 habitantes en la zona metropolitana cuya extensión es de 3,070 km².1

De acuerdo con el documento Índice de Marginación Urbana 2010 elaborado por el Consejo Nacional de Población, en la zona metropolitana de Poza Rica 15.4% de la población reporta muy alto grado de marginación, 35.5% alto grado de marginación, 30.9% grado medio de marginación, 11.3% bajo, 6.6% bajo y 0.2% ninguna. Es decir, que más del 50% de la población que vive en la zona metropolitana de Poza Rica carece de las necesidades elementales que impulsen su desarrollo humano, como lo son educación, salud y la vivienda.

Una de las vías para impulsar el desarrollo de las regiones metropolitanas es la inversión en infraestructura, por ello se pretende conseguir recursos para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la carretera boulevard Poza Rica -entronque autopista totomoxtle- Tuxpan 3.6 km, con cuatro carriles y reconstrucción del acceso al aeropuerto Tajín en dos carriles (tramo Tihuatlán), municipio Tihuatlán, Veracruz.

La necesidad de emprender dicha obra pública resulta de la problemática actual de la carretera en el tramo comprendido entre la población de Totola, municipio de Tihuatlán y el aeropuerto de Tajín. La carretera dispone de dos carriles por el que circula el transporte de Tampico al Distrito Federal y viceversa, lo que origina dificultades para los usuarios del aeropuerto hacia la ciudad de Poza Rica; en las horas de máximo tránsito vehicular la velocidad promedio es de 4 km/hr.

El congestionamiento vial afecta gravemente la imagen de los municipios de Tihuatlán y Poza Rica, principalmente en lo que respecta al turismo de la región y en la calidad de vida de la sociedad en general, pues los traslados se prolongan en demasía en un tramo carretero apenas de 4 km, aproximadamente.

En el aspecto de la seguridad, son múltiples los accidentes entre vehículos automotores y daños por atropellamiento a los peatones, dada la urgencia de transitar lo más rápido posible en este tramo.

Es importante señalar que la zona metropolitana de Poza Rica es potencialmente un polo de desarrollo, específicamente impulsora de la creación y crecimiento de pequeñas y medianas empresas, por lo que de emprender el mejoramiento de este tramo carretero beneficiará a los municipios conurbados.

Para ello, en la ejecución de la obra se realizará un levantamiento topográfico para la ubicación de puntos de referencias y colocación de niveles fijos para el desplante de guarniciones, posteriormente se llevará a cabo el corte de material para alcanzar el nivel de calle y todo el producto del corte se efectuará mediante acarreos con volteo, mismo que incluye carga con retroexcavadora, la excavación de la guarnición se hará de forma manual.

Posteriormente el cimbrado y colado de guarniciones, para la elaboración del pavimento se compactara el material de relleno y la colocación de la malla y se hace el colado y vaciado de concreto elaborado en la obra. Finalmente el proyecto prevé pintar las guarniciones con pintura de color amarillo tránsito y la limpieza general para la entrega de la obra.

El monto de los recursos que ocuparía dicha obra pública ascienden a $96,104,147.10 pesos y se busca la participación de la Federación en un 100%.

II. MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ

El municipio de Mixtla de Altamirano se encuentra ubicado geográficamente en la zona centro del Estado de Veracruz, en el conjunto de montañas de la Sierra de Zongolica.2

Cuenta con una población total de 10,387 personas, de las cuales 10,353 corresponden a la población en hogares indígenas, es decir, el 98.69% de la población es indígena.3

El náhuatl es la lengua indígena que predomina en la región, la misma que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene una antigüedad aproximada de 45 a 47 siglos y se constituye como la lengua indígena con mayor número de hablantes a nivel nacional.

Sin embargo, las circunstancias de marginación son constantes para las comunidades y pueblos indígenas por lo que el rezago social y bajo o nulo desarrollo humano han posicionado a Mixtla de Altamirano en el lugar número 4 de las regiones con rezago social4.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, en el documento Medición de pobreza en los municipios de México 2010 ubica de igual manera a Mixtla de Altamirano en el cuarto sitio entre los municipios con mayor porcentaje de la población es situación de pobreza, con un 97.0%.

Es evidente la necesidad de impulsar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven el Mixtla de Altamirano, Veracruz. Por ello, se tienen elaborados 44 proyectos productivos enmarcados en las bases de los programas: Para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Coinversión Social, Opciones Productivas y Empleo Temporal, todos ellos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

Las propuestas de proyectos productivos nacen del Plan de Desarrollo Municipal con la finalidad de fortalecer la economía familiar y la generación de empleo en las familias más necesitadas del municipio.

Asimismo, se tiene proyectadas diversas propuestas de obra pública, las mismas que se señalan a continuación:

• Construcción de línea de conducción por bombeo y distribución de agua potable en la comunidad de Axoxohuilco.

• Construcción de tanque de regularización en la comunidad de Ocotempa.

• Construcción de línea de conducción por bombeo y distribución por gravedad de agua potable, en la comunidad de Xochitla.

• Construcción de línea de conducción, distribución y tanque de regularización de agua potable, en la comunidad de Mangostitla.

• Construcción de línea de conducción de agua potable por gravedad en la comunidad de Tecolotla.

• Ampliación de la red de agua potable en la comunidad de Tlaxcantla.

• Construcción de línea por conducción por gravedad en la comunidad de Mixtlantlakpak.

• Ampliación de Electrificación para las siguientes localidades:

-Barrio primero
-Barrio tercero
-Barrio cuarto
-Capultitla centro, Cruztitla, Pitzacoalco.
-Xala
-Tenexcalco

Finalmente en el rubro de infraestructura educativa se plantean los siguientes proyectos:

• Rehabilitación de escuela primaria Margarita Maza de Juárez
Clave: 30EPR3779Q
Comunidad: Barrio segundo

• Rehabilitación de escuela primaria general Heriberto Jara Corona
Clave: 30EPR318SG
Comunidad: Tecolotla

• Rehabilitación de escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos
Clave: 30EPR3184H
Comunidad: Mixtla centro

• Rehabilitación de escuela primaria Gabriel Sandoval
Clave: 30EPR2842V
Comunidad: Matlatecoya

• Rehabilitación de escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón
Clave: 30EPR1463E
Comunidad: Zacatilica
• Rehabilitación de escuela primaria Leona Vicario
Clave: 30EPR1462F
Comunidad: Xochitla

• Rehabilitación de escuela primaria Patria
Clave: 30EPR1461G
Comunidad: Tlaxcantla

• Rehabilitación de escuela primaria Tlayehyekolkan
Clave: 30DPB1260J
Comunidad: Teapa Ocotempa

• Rehabilitación de esc. primaria indígena
Clave: 30DPB1174N
Comunidad: Tepecuitlapa

• Rehabilitación de telesecundaria Luis Donaldo Colosio
Clave: 30DTV1990X
Comunidad: Barrio primero

• Rehabilitación de telesecundaria David Alfaro Siqueiros
Clave: 30DTV1791Y
Comunidad: Barrio cuarto

• Rehabilitación de telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz
Clave: 30DTV1926W
Comunidad: Tenexcalco

• Rehabilitación de telesecundaria Carlos Arturo Carrillo Gastaldi
Clave: 30DTV19301
Comunidad: Zacatilica

• Rehabilitación de telesecundaria
Clave: 30DTV1990X
Comunidad: Ayahualulco

• Rehabilitación de esc. primaria Guadalupe Victoria
Clave: 30DPB0963C
Comunidad: Axoxohuilco

• Rehabilitación de telesecundaria José Vasconcelos
Clave: 30DTV1711W
Comunidad: Axoxohuilco

• Rehabilitación de esc. primaria Benito Juárez García
Clave: 30DPB0708B
Comunidad: Atzala

• Rehabilitación de esc. primaria
Clave: 30DPB0632C
Comunidad: Tlachicuapa

• Rehabilitación de esc. primaria
Clave: 30DPB06161
Comunidad: Capultitla
• Rehabilitación de esc. primaria Justo Sierra
Clave: 30DPB0797L
Comunidad: Cuautlajapa

• Rehabilitación de esc. primaria Francisco Marques
Clave: 30DPB0792Q
Comunidad: Zacaloma

• Rehabilitación de esc. primaria Fernando Montes de Oca
Clave: 30DPB0770E
Comunidad: Barrio primero

• Rehabilitación de esc. primaria Rafael Hernández Ochoa
Clave: 30DPB0945D
Comunidad: Barrio cuarto

• Rehabilitación de esc. primaria Xicoténcatl
Clave: 30DPB0860X
Comunidad: Mixtlantlakpak

• Rehabilitación de esc. primaria 30 de Noviembre
Clave: 30DPB0946C
Comunidad: Barrio cuarto

III. ATLAHUILCO

En el caso de Atlahuilco, se ha trabajado en un proyecto de infraestructura del camino: Atlahuilco-Vista Hermosa, del km 0+000 al 11+580, de la región de Zongolica, en el estado de Veracruz.

La Dirección General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes "Veracruz", el 18 de enero de 2012 comunicó derivado de la revisión de acuerdo con las Normas de Servicios Técnicos 2.01.01 para un camino tipo D sobre terreno montañoso, diseñado para transitar con una velocidad de 30 km/h, se observó lo siguiente:

"El Proyecto ha sido elaborado en forma adecuada, por lo que se sugiere realizar la obra de la forma que en él se establece."

El mismo se entero a la Delegada de la CDI en Veracruz.

Respecto a la evaluación de impacto ambiental para la realización de los proyectos, la delegación de la SEMARNAT en Veracruz, determinó que seis proyectos no requieren autorización en materia de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT; pero si señalan el cumplimiento de las disposiciones en materia de cambio de uso de suelo y vías de comunicación, para tres proyectos.

Finalmente, se precisa que hasta la fecha el proyecto no se ha desarrollado.

Derivado de ello, el Ayuntamiento de Atlahuilco solicitó a la Directora General de la CDI, que tenga a bien intervenir de manera directa para poder darle seguimiento o en su caso se ejecute lo más pronto posible, la obra de asfaltado del tramo Atlahuilco-vista hermosa que a la fecha no se ha visto avance alguno.

Cabe mencionar que esta obra ya cuenta con un proyecto, del cual se proporciono una copia del mismo por parte de la administración actual , mediante oficio con fecha del 14 de octubre de 2013 y se entera de que esta carretera es una vía de conexión con el municipio de Soledad-Atzompa y el Municipio de Tequila.
IV. LAS MINAS

El municipio Las Minas se encuentra ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz, en las coordenadas 19° 42' longitud norte y 97° 09' longitud oeste, a un altura de 1,360 metros sobre el nivel del mar.5

De acuerdo con datos del INEGI, para 2010 el municipio de Las Minas reportaba una población total de 2,897 habitantes.

En junio de 2013, el Huracán Barry afectó a varias regiones del estado de Veracruz, incluyendo al municipio de Las Minas.

Por ello, fue indispensable emprender la realización de proyectos de infraestructura que apoyen y generen el crecimiento de la región. La propuesta es la pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal al municipio de Las Minas y tiene considerado un monto de $70,541,095.46 pesos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que del examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, consideren la asignación de recursos a la construcción de pavimento de concreto en la carretera Boulevard Poza Rica-Tuxpan, en beneficio de la población que habita y transita en la zona de metropolitana de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisiones de Desarrollo Social, y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que del examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asignen recursos a los proyectos productivos, de infraestructura u obra pública e infraestructura educativa, mismos que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Asuntos Indígenas, y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que del examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, consideren dar seguimiento a los proyectos de infraestructura impulsados por el municipio de Atlahuilco, Veracruz.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que del examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asigne recurso al proyecto de pavimentación de concreto hidráulico al acceso principal del municipio Las Minas, Veracruz.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez".

1 Información proporcionada por el H. Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. Para su consulta:
http://pacmun.org.mx/wp-content/uploads/2012/02/POZA-RICA.pdf

2 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México.

3 Sistema de Información Municipal, Secretaría de Finanzas y Planeación. Gobierno del Estado de Veracruz.

4 Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Programa Microrregiones, en Revista Contralínea.

5 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta a reducir presupuesto innecesario para 2014.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A REDUCIR PRESUPUESTO INNECESARIO PARA 2014, CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA QUE OBLIGA AL GOBIERNO FEDERAL A GENERAR AHORROS DENTRO DEL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO

El suscrito, MARIO DELGADO CARRILLO, Senador a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, junto a las reformas del denominado paquete económico, son decisiones financieras y jurídicas fundamentales. Entre estas modificaciones destaca la que en días pasados aprobó el Congreso de la Unión a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH).

Ya son más de 7 años de la vigencia de esa ley. En ella se establece que el cumplimiento de los principios de responsabilidad hacendaria son mandatos ineludibles para el gobierno federal.

La racionalidad y disciplina en el gasto, la consecución de las expectativas ingresos y el alcance de las metas y objetivos a los que se destina el presupuesto, son criterios que forman parte del análisis, discusión y aprobación del paquete económico.

La reforma a la citada LFPyRH contiene una nueva regla del balance fiscal y medidas específicas de disciplina y austeridad en gasto. En esta reforma, entre otros elementos, se contemplan medidas puntuales para reducir el gasto en servicios personales y gasto de operación. Entre estas destacan:

• El Ejecutivo Federal deberá emitir un programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la administración del Ejecutivo Federal. Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales. Dicho programa se actualizará en abril del 2014 a partir de los programas vigentes y se informará trimestralmente de sus resultados y cumplimiento de metas.

• Sólo podrán adquirirse los vehículos que resulten indispensables para destinarse en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que presten directamente servicios públicos a la población, los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. En 2014 y 2015 no se adquirirán vehículos, salvo los indispensables para servicios públicos.

• Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable.

• Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable.
• Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa justificación costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables.

• Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos.

• Tratándose de viajes oficiales sólo se podrán realizar aquellos necesarios y plenamente justificados.

• No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias ni gastos de representación para servidor público, salvo autorización previa del titular de la SHCP.

• Para el ejercicio fiscal 2014 se reducirá en 5 por ciento el gasto corriente.

• Para el ejercicio fiscal 2014 se van a reducir sueldos de mandos medios y superiores en 5 por ciento.

• El poder legislativo, judicial o los órganos autónomos deberán optimizar sus presupuestos a fin de contribuir a esas medidas, en respeto pleno a su autonomía presupuestal.

Por otra parte, el 31 de octubre, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.1

El pleno de la Cámara de Diputados, en un primer momento, aprobó la Ley de Ingresos de la Federación con tres ajustes: la cotización del precio del petróleo de exportación, la paridad cambiaria peso/dólar y el “deslizamiento” mensual de las gasolinas.

Con esos tres cambios a las variables económicas para 2014 se prevén ingresos adicionales por 45 mil millones de pesos, mientras que los 12 mil 728 restantes se deberán equilibrar con ajuste al proyecto de presupuesto y con recortes al gasto público de la administración federal.

A

Proyecto de Ley de Ingresos Ejecutivo Federal

4,479,954,2

Proyecto de Presupuesto de Egresos

4,479,954,2

B

Ley de Ingresos aprobada por diputados 18 de octubre

4,470,249,8

 

 

 

Diferencia (A-B)

-9,704,4

 

 

C

Ley de Ingresos aprobada por Senado 31 de octubre

4,467,225,8

 

 

 

Diferencia (B-C)

-3,024

 

 

D

Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión

4,467,225,8

 

 

 

Diferencia (D-C)

-12,728,4

 

4,467,225,8

De esta forma, el Presupuesto de Ingresos del Gobierno Federal será de 4 billones 467,225.8 millones de pesos, cifra que equivaldría a alrededor de 25% del Producto Interno Bruto (PIB), y 12,728.4 millones de pesos menos que lo originalmente propuesto por el Ejecutivo.

Concepto

Monto

Recaudación Inicial

$240,000.00

Recaudación con Modificaciones a la Reforma

$181,276.00

Variación

-$58,724.00

Cambios en variables petroleras y macroeconómicas

-$45,995.60

Variación final

-$12,728.40

Adicionalmente, el gobierno, a través de la instrumentación del programa de austeridad, está obligado a la reducción del 5% en remuneraciones de mandos superiores y 5% en el gasto de operación en sectores no prioritarios.

De acuerdo con las exposiciones de motivos y documentos legislativos de dictaminación, para 2014 se prevén escenarios:

a) de déficit a razón de 1.5 del PIB y

b) de generación de ahorros presupuestarios-que de acuerdo con la ley son remanentes del presupuesto una vez cumplidas las metas- o bien economías-que son remanentes por el ejercicio del presupuesto modificado no devengado-.

Estos escenarios, sumados a lo que se dispone en el artículo 42 de LFPyRH, que señala que cuando se discuta el Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados podrá proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo, nos llevan a plantear y exigir que se cumpla con el mandato de responsabilidad hacendaria y el principio de que las finanzas públicas contribuyan al crecimiento económico, puesto que ambos forman parte de los ejes rectores de dicho Plan.

Por esta razón, tomando en cuenta que la Cámara de Diputados tiene facultades para aprobar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para financiar los programas prioritarios de la Nación Mexicana, que los mexicanos y las empresas se ajustarán el cinturón, seguirán contribuyendo con impuestos al gasto público, y que el gobierno debe tomar medidas específicas para reducir el déficit público, reactivar la economía e invertir el dinero público en lo más importante, se solicita que el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación contemple una reducción importante en el gasto superfluo o innecesario, considerando los siguientes criterios:

a) Presupuestarlos ahorros o economías que se deben obtener por el programa de austeridad a que se refiere el artículo 61 y séptimo transitorio del Decreto de reforma a la LFPyRH.

b) Reducir el gasto en las partidas y montos de programas no prioritarios, cuyos recursos son de índole administrativa o de apoyo, gasto corriente u operativo, tales como servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable, sin afectar la calidad y oportunidad del servicio de gobierno.

c) Conservar los programas, recursos públicos y metas de los programas prioritarios, es decir, de aquellos que tienen como destino específico la atención directa de la población.

Por todo lo anterior, someto a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados a que en la discusión del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2014, en adición al ajuste de ingreso y gasto, considere una reducción importante del gasto superfluo o innecesario que se contiene en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en un monto mínimo equivalente a los recursos que se generarían por la meta de ahorros del programa de disciplina y austeridad del Gobierno Federal, a que obliga la reciente reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin perjuicio de cumplir con otras disposiciones de disciplina y austeridad previstas en esa Ley. Dichos recursos deberán preverse en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014 en un apartado especial y destinarse a proyectos productivos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

1 Los ajustes aprobados por diputados y senadores a la reforma hacendaria del Gobierno implican una merma de ingresos para el fisco de $58,724 millones de pesos. La propuesta de reforma hacendaria que presentó el gobierno federal el 8 de septiembre pasado, estimaba recaudar adicionalmente 240,000 millones de pesos, aunque con los cambios aprobados por ambas Cámaras, la previsión disminuye a $181,276 millones de pesos. Fuentes: Fuentes:http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/10/31/congreso-quita-58724-mdp-al-gobierno
y http://www.animalpolitico.com/2013/10/diputados-aprueban-ley-de-ingresos-2014/#ixzz2jprMwW7q






Y del Senador Sofío Ramírez Hernández, un punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos en el Presupuesto de Egresos 2014 para la construcción de la autopista Acapulco-Zihuatanejo en el estado de Guerrero.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, EN EL ESTADO DE GUERRERO

El suscrito, Senador de la República, SofIo RamIrez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un factor importante que mide el grado de desarrollo de los países en el mundo es sin duda la infraestructura de transporte con la que cuentan; por ejemplo, una buena red troncal carretera, de puertos y aeropuertos son indispensables para elevar la productividad, el desarrollo económico y la calidad de vida.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 68 de 144, por debajo de países como Barbados (22), Panamá (37), Chile (45), Uruguay (49) y Trinidad y Tobago (55) en el Índice de Competitividad de Infraestructura 2012-2013.1

México cuenta con una red carretera y de caminos de 374 mil kilómetros a lo largo y ancho del país, de las cuales 49 mil kilómetros son federales, 8,400 km de cuota y 40,600 km de carreteras libres.2En este rubro nuestro país ocupa el lugar 50 de 144 países según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial.

Queda claro que contar con una infraestructura de transporte y comunicaciones sólida, detona el desarrollo económico y social de un país, facilita el acceso a los servicios básicos y reduce costos y tiempos de transporte.

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el estado de Guerrero cuenta con 12,038.1 kilómetros de carreteras de las cuales 1,906.3 son carreteras federales, 1,303.1 son alimentadoras y 8,828.7 caminos rurales.3

La diversa geografía del estado de Guerrero hace que muchas comunidades y municipios se encuentren interconectados ya sea por caminos rurales o carreteras, siendo estos, los que muchas veces enlazan a distintas regiones.

Sin duda, una de las actividades económicas más importantes en el estado es el turismo. La región de Costa Grande tiene como principal destino turístico al municipio de José Azueta, en el que se encuentran tanto la ciudad de Zihuatanejo, como el desarrollo turístico de Ixtapa; ambos conforman el segundo destino turístico en importancia, de Guerrero.

Sin embargo, para poder llegar a dicho destino se deben recorrer aproximadamente 374 kilómetros tomando como punto de partida la ciudad de Acapulco, lo que se traduce en un viaje de aproximadamente 4 horas.
Tomando en cuenta la importancia de la ciudad de Zihuatanejo en el terreno turístico es necesario contar con una ruta que permita reducir los tiempos y los costos de transporte y que a la vez detone el desarrollo económico de la región y enlacen de manera rápida y segura a los dos principales puertos turísticos.

Es por eso que la construcción de la autopista Acapulco-Zihuatanejo debe verse como un proyecto de alto impacto que además de beneficiar a miles de guerrerenses también beneficiará a millones de turistas mexicanos y extranjeros que tienen como destino turístico la ciudad de Zihuatanejo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que asigne una partida especial en el Presupuesto de Egresos para el año 2014, para la construcción de la autopista Acapulco- Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Infraestructura de transportes 2013-2018. Secretaría de Comunicaciones y Transportes

2 Ibid.

3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-carreteras/programa-de-trabajo/guerrero/

Son todos los puntos de Acuerdo, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que se han mencionado, a la Cámara de Diputados.

Solicito a la Secretaría informe los puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a comisiones del Senado.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a comisiones.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter a la aprobación de la Cámara de Senadores el retiro de la Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SOMETER A LA APROBACION DE LA CAMARA DE SENADORES EL RETIRO DE LA DECLARACION INTERPRETATIVA DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

"La suscrita, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, EN EJERCICIO SUS ATRIBUCIONES SOMETA A LA APROBACION DE ESTE ORGANO LEGISLATIVO EL RETIRO DE LA DECLARACION INTERPRETATIVA DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 21 de octubre del año en curso el titular del Ejecutivo Federal, remitió a este Senado de la República el retiro de reservas formuladas por México a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos entre ellos a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, fue adoptada en la Ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como respuesta de la comunidad internacional a ésta problemática que se daba en diversos países de América Latina.

El 10 de diciembre de 2001 el Senado de la República aprobó dicho instrumento internacional estableciendo tanto una reserva como una Declaración Interpretativa a dicha Convención.

La Declaración Interpretativa establece:

DECLARACION INTERPRETATIVA

“Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención”.

Tal Declaración es en sí misma una reserva ya que en los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, una reserva es “una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar a aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.

Sin embargo e independientemente de su denominación, dicha disposición es contraria al objeto y a los fines de la propia Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ya que la misma dispone que éste delito es de los considerados como continuados o permanentes mientras no se establezca el destino y el paradero de la víctima.

Adicionalmente podemos señalar que dicha declaración interpretativa se opone a los criterios e interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde el año de 1998 ha determinado que una persona debe ser considerada como desaparecida en los términos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aun cuando su detención haya sido cometida con anterioridad a la entrada en vigor de la dicha Convención, ya que se trata de una conducta permanente e incluso cuando la persona haya sido muerta pero se desconozca su paradero.

Como es de observarse, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sustenta su competencia para conocer de desapariciones iniciadas antes de la entrada en vigor del propio Estado parte.

En el caso Radilla Pacheco versus México, la Declaración Interpretativa fue utilizada por las autoridades del Estado mexicano como un mecanismo para argumentar su incapacidad para aplicar la Convención por razones temporales obstaculizando y frustrando el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
En 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el delito de Desaparición Forzada es un delito de naturaleza permanente y continua por lo que de acuerdo a la interpretación de dicho órgano, la declaración interpretativa se vuelve innecesaria ya que el mismo no responde a los estándares internacionales de los derechos humanos, por el contrario se vuelve un mensaje negativo para la comunidad internacional y latinoamericana en materia de la protección de los derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en ejercicio sus atribuciones someta a la aprobación de éste órgano legislativo el retiro de la Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".






Del Senador René Juárez Cisneros. con punto de Acuerdo que solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología impulsar la actualización y armonización de las leyes locales con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA IMPULSAR LA ACTUALIZACION Y ARMONIZACION DE LAS LEYES LOCALES CON LA LEY FEDERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, A FIN DE ACRECENTAR LA TRANSFERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAIS

El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

Exposición de Motivos

En el caso de México cada una de sus entidades federativas presenta grandes y variados problemas y limitaciones, que hablan de un rezago en el bienestar social y económico.

Una parte de la generación de riqueza y crecimiento de una sociedad se explica a partir de las capacidades de generar investigación, crear conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nuevas tecnologías que impulsen la productividad de los factores productivos.

Para ello, es importante contar con los recursos físicos, humanos y de infraestructura para desarrollar el conocimiento en las entidades de la República Mexicana. De ahí la necesidad de lograr transferencias en ciencia, tecnología e innovación, a fin de apoyar a los gobiernos estatales para que puedan instrumentar estrategias en el corto, mediano y largo plazos, orientadas a abatir dicho rezago mediante la aplicación del conocimiento.

Al respecto, cabe destacar que la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en junio de 2002 planteó modificaciones importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco de esta Ley ha logrado constituir Fondos Sectoriales y Mixtos (FOMIX) con las diferentes instancias del Gobierno Federal y con las entidades federativas, los cuales, bajo un esquema de aportaciones concurrentes, buscan atender problemas, necesidades y oportunidades, que impacten el desarrollo de los sectores para incentivar la competitividad y la creación de empleos.

Sin embrago, la aplicación de estos fondos no ha tenido la capacidad de fomentar una visión regional que permita una orientación territorial. Se ha supuesto, implícita o explícitamente, que un buen resultado del desarrollo científico y tecnológico nacional habría de transmitirse de manera automática y equitativa a todo el país.

Por su parte, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico forma parte del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en todo el país.

Asimismo, tiene como responsabilidad llevar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la expresión de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene tres funciones sustantivas:

1.- Fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, pero también atiende al Poder Legislativo.

2.- Ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su objetivo es propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación, los legisladores, las autoridades federales, estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de colaboración.

3.- Realizar foros, talleres y otro tipo de reuniones de trabajo para la promoción de la actividad científica y tecnológica en todo el país.

En este sentido, consideramos fundamental hacer un llamado desde el Senado de la República, para que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico pueda contribuir con las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión, y las correspondientes en los congresos estatales, con la finalidad de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), las secretarías de Economía y Educación Pública, así como cada uno de los consejos estatales de Ciencia y Tecnología, puedan lograr la actualización y armonización de las leyes locales, a fin de darles mayor coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación a nivel federal y acrecentarla transferencia de ciencia y tecnología en las diferentes regiones del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta al Foro Consultivo Científico y Tecnológico a que contribuya con las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión y las correspondientes en los congresos estatales, con la finalidad de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), las secretarías de Economía y Educación Pública, así como cada uno de los consejos estatales de ciencia y tecnología, puedan lograr la actualización y armonización de las leyes locales, a fin de darles mayor coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación a nivel federal y, acrecentar con ello, la transferencia de ciencia y tecnología en las diferentes regiones del país.
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para que en la construcción de Fondos Sectoriales y Mixtos (FOMIX) con las diferentes instancias del gobierno federal y con las entidades federativas, se tenga una visión regional que permita fomentar objetivos comunes y ayude a resolver problemas, necesidades y oportunidades que impacten el desarrollo de las distintas regiones en el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.






De las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a implementar una estrategia de política pública para crear una “Red Nacional de Bancos de Leche M aterna”, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE POLITICA PUBLICA PARA CREAR UNA “RED NACIONAL DE BANCOS DE LECHE MATERNA” Y A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EN NUESTRO PAIS

"Las que suscriben, Senadoras Ivonne Liliana Alvarez GarcIa, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis integrante del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La lactancia materna, es sin duda, el primer acercamiento nutrimental que puede ser la diferencia entre presentar una infancia saludable y una infancia con múltiples problemas de salud. La leche materna es una de las fuentes innatas de salud propias de las mujeres que dan a luz, según la Organización Mundial de la Salud, “si se empieza a amamantar a cada niño en la primera hora tras su nacimiento, dándole solo leche materna durante los primeros seis meses de vida y siguiendo dándole el pecho hasta los dos años, cada año se salvarían unas 220 mil vidas infantiles”.

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva.

La OMS señala entre los beneficios de la leche materna los siguientes:

• La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía.

• La lactancia materna también es beneficiosa para las madres. La lactancia materna exclusiva funciona como un método natural (aunque no totalmente seguro) de control de la natalidad (98% de protección durante los primeros seis meses de vida). Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el futuro, ayuda a las mujeres a recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo y reduce las tasas de obesidad.
• La lactancia materna propicia una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes de tipo 2 y obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia.

Sin duda alguna, una serie de ventajas que es necesario e imperioso aprovechar con objeto de mejorar la salud de la sociedad mexicana.

Según información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México de un total de cuatro mil 97 infantes, la tercera parte fueron alimentados con leche materna en la primera hora de vida, de estos, sólo el 14.4% continuaron exclusivamente con este alimento durante sus primeros seis meses.

La misma encuesta señala que el porcentaje de menores que fueron alimentados con leche materna en los primeros seis meses de edad se redujo de 39.9% en 2006 a 18.5% en 2012, en las zonas rurales y de 17.3% a 12.7%, en las urbanas; es decir, se registró una disminución de 18 y 4.6 puntos porcentuales en seis años.

Esta reducción obliga a implementar medidas de política pública que coadyuven a incrementar este porcentaje, desafortunadamente las causas que han originado una disminución en los índices de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida del recién nacido, son diversos, uno de los principales es la falta de conocimiento sobre las bondades de la lactancia materna, sin embargo, existe otra serie de factores exógenos a la voluntad de la madre, como puede ser la producción de leche insuficiente para alimentar al recién nacido lo que ocasiona hambre y llanto constante, otro, es el de falta de tiempo debido a cuestiones laborales.

Actualmente viene tomando forma en los países desarrollados la conformación de bancos de leche materna, que no es otra cosa que lugares en donde se recolecta, analiza y conserva la leche sobrante de madres en lactancia con objeto de brindar los beneficios de este alimento único a los recién nacidos que más lo necesitan (particularmente prematuros, nacidos con bajo peso o con infecciones o deficiencias inmunológicas), y que por alguna causa no pueden ser amamantados por sus madres. Estos bancos de leche humana sirven como centros de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Actualmente, existen diez bancos en México, en seis entidades: Distrito Federal, Estado de México, Zacatecas, Tabasco, Veracruz y Jalisco.

Uno de los más importantes es el banco del Hospital General de la Ciudad de México puesto en marcha el 29 de agosto del 2012. Este banco trabaja con todos los protocolos de la Red Iberoamericana de los Bancos de Leche tanto para seleccionar a la donante como al receptor del alimento y, particularmente, con el tratamiento al que se debe someter la leche.

La leche obtenida a través de donación y consentimiento informado por parte de las madres, toda vez que se trata de una secreción corporal, se somete a un riguroso proceso de seguridad, el cual incluye pruebas de laboratorio, pasteurización y un proceso de control bacteriológico.

Una vez pasteurizada, la leche materna se coloca en recipientes de diferentes tamaños y es congelada hasta su distribución.

Estos bancos de leche humana sirven como centros de promoción, protección y apoyo a la práctica de la lactancia materna.

Médicos especialistas señalan la necesidad de implementar la promoción de la lactancia materna con el objetivo de disminuir en una cifra importante el número de enfermedades que se pudieran presentar en el futuro de las nuevas generaciones.
La implementación de una política pública que fomente la lactancia materna, ya sea de la misma madre o mediante la conservada en bancos de leche materna serían de gran ayuda para contrarrestar enfermedades y por lo tanto, a mediano plazo a disminuir costos generados por estos padecimientos.

El crear una red nacional de bancos de leche materna sumado a una intensa campaña de comunicación que informe a la sociedad sobre los beneficios de la lactancia materna, coadyuvarían a formar una nueva forma de pensar en este tema y a concebir a la lactancia materna como obligatoria para el crecimiento sano de las nuevas generaciones.

Existe una iniciativa, pendiente de dictaminar, para impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo del sector público y privado, el cual ya es tiempo de analizar, en estas instalaciones del Senado de la República, ya existe un lactario en beneficio de las madres trabajadoras de esta institución, sin embargo, la creación de una red nacional de bancos de leche materna sería de gran ayuda para el fomento de este hábito de buena salud.

Es en base a estas consideraciones, que someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: el Senado de la República, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que en función a sus atribuciones implemente una estrategia de política pública para crear una “Red Nacional de Bancos de Leche Materna” y a llevar a cabo una campaña nacional de información sobre la importancia de la lactancia materna en nuestro país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis".






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y Salud del Senado de la República, en relación a los casos de negligencia médica y discriminación en la atención de emergencias médicas tratándose de personas indígenas, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y SALUD DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN RELACION A LOS CASOS DE NEGLIGENCIA MEDICA Y DISCRIMINACION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, TRATANDOSE DE PERSONAS INDIGENAS

"La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y SALUD DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN RELACION A LOS CASOS DE NEGLIGENCIA MEDICA Y DISCRIMINACION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, TRATANDOSE DE PERSONAS INDIGENAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. EL DERECHO A LA SALUD EN EL MARCO JURIDICO

Nuestra constitución establece un marco jurídico de protección y garantía del derecho a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación, que bajo una lectura de protección de derechos humanos, obliga a todas las autoridades del Sistema Nacional de Salud a brindar la atención médica a cualquier persona, especialmente tratándose de emergencias médicas. En este sentido observamos las siguientes disposiciones constitucionales:

• Artículo 4º constitucional.

“Toda persona tiene derecho a la protección de salud”.

• Artículo 2º constitucional.

B. […] Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional […]”.

Artículo 1º constitucional.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […].

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico […]”.

A nivel internacional, los tratados de derechos humanos que protegen el derecho a la salud, como derecho humano, son los siguientes:

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador, 1988), en el artículo 10.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12.

Además, la Ley General de Salud en el artículo 55 establece la obligatoriedad de la atención de las emergencias médicas, tanto en el ámbito público como privado, considerado que “las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones”.

De igual forma, en el artículo 469 de la Ley General de Salud se sanciona “al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida”. Imponiendo una sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

Finalmente, en el año 2009 se promovió el Convenio Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, firmado el 28 de mayo, en el que se establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud, sin importar su afiliación. De acuerdo con este Convenio como emergencia obstétrica del embarazo, parto o puerperio se considera lo siguiente:

“Estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal y/o al producto de la concepción que requiere de atención médica y quirúrgica inmediata por personal médico calificado, adscrito a hospitales con capacidad médica resolutiva suficiente para atender la patología de que se trate”1,

En este sentido, en nuestro marco jurídico el derecho a la salud, como derecho humano, se encuentra garantizado en condiciones de igualdad y no discriminación. Además, tratándose de comunidades o pueblos indígenas existe la obligatoriedad de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional.

Tratándose de la atención médica de urgencia, existe la obligatoriedad por parte de instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Salud, de brindar los servicios de emergencia cuando se encuentre en peligro en forma inmediata la vida y/o las funciones vitales de una persona.

El marco jurídico NO se establece NI se justifica ningún criterio para negar o dilatar la atención, por lo que, los criterios basados en “la falta de capacidad de pago”, “de afiliación a un determinado sistema de protección social de salud” no pueden ser argumentados para no brindar el servicio y, por el contrario, deben de ser sancionadas dichas conductas.

II. NEGLIGENCIA MEDICA Y DISCRIMINACION

Los recientes hechos denunciados en materia de negligencia médica y discriminación ante los casos de falta de atención en situaciones de emergencia médica ¾documentados por los medios de comunicación y difundidos por las redes sociales¾ ponen al descubierto que en nuestro país las mujeres y los hombres que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena o los sectores más pobres de la población siguen sin tener garantizados sus derechos humanos, y en particular, demuestran que el derecho a la salud no se garantiza en condiciones de igualdad y no discriminación.

Muestra de lo anterior, es la siguiente relación ejemplificativa de los casos acontecidos recientemente que dan muestra que la falta de atención en situaciones de emergencia médica cruza con aspectos de discriminación.

• El 18 de julio, la señora Cristina López Durán, indígena mazateca, tuvo a su quinto hijo en la madrugada apoyada por su esposo en pleno césped, al pie de unas escaleras del Centro de Salud de Jalapa Díaz, Oaxaca, apoyada por su esposo. Una enfermera apareció una hora y media después de nacer el niño en la intemperie. 

• El 7 de septiembre, la señora María del Carmen Oseguera León tuvo a su hija en el piso de la recepción del Hospital de la Mujer de Tehuacán, Puebla. Pese a presentar labores de parto se le negó la atención médica por parte del recepcionista de este nosocomio, quien le puntualizó que sería valorada hasta que le tocara el turno de su ficha.
• El 2 de octubre, se tuvo noticias de la falta de atención a la señora Irma López Aurelio, indígena mazateca; quien tuvo a su tercer hijo también en el patio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca. El personal médico a cargo le negó la atención a pesar de que se encontraba en trabajo de parto. No recibió la atención médica oportuna; sin embargo, sí le cobraron los servicios porque después fue ingresada a la clínica para la atención postparto.

• El 21 de octubre, el señor José Sánchez Carrasco, de 38 años de edad, originario de Casas Grandes, Chihuahua, falleció el afuera del Hospital General de Guaymas, Sonora. Al parecer llevaba cinco días en espera de recibir atención médica. No pudo ser atendido, debido a que no contaba con servicios médicos ni con recursos económicos, y presuntamente falleció debido a un cuadro agudo de desnutrición.

En todos los casos señalados, sobre negligencia médica y discriminación en la atención de emergencia, el común denominador es que las personas son pobres y pertenecientes a una comunidad o pueblo indígena. Hoy en día, a lo largo y ancho del país, los pueblos y comunidades indígenas siguen estando al margen de la sociedad: son las personas más pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más temprana, hay más probabilidades de que se suiciden y, en términos generales, tienen una peor salud que el resto de la población.

De acuerdo en datos de INEGI, en el año 2010, en en México hay 107 municipios cuyo monto de población hablante de lengua indígena superaba a los 15 mil habitantes. En estos municipios residían 3 millones 093 mil 138 hablantes que constituían el 44.7% del total de la población de 3 años y más que habla lengua indígena. De estos municipios, 22 se encuentran en el estado de Chiapas; 14 en Guerrero; 12 en Oaxaca; ocho en Veracruz; siete en Hidalgo, México, Puebla y Yucatán; seis en San Luis Potosí; cinco en Quintana Roo; dos en Campeche, Michoacán y Tabasco, y uno en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Nayarit y Querétaro. Simultáneamente estos son también los municipios con mayores niveles de pobreza del país.

La Secretaría de Salud, como dependencia especializada en la materia de salud, debe de generar acciones específicas tendientes a eliminar todos los obstáculos que presentan las personas indígenas en el goce y ejercicio del derecho a la salud. Los casos aquí denunciados demuestran que se necesitan generar estrategias y acciones de política pública que procuren mejorar las oportunidades para grupos segregados en la sociedad por su condición de desventaja.

El primer paso, es garantizar la atención universal en los casos de emergencia médica, sancionando a las autoridades que nieguen, dilaten u obstaculicen en servicio y pongan en riesgo la vida de las personas o su integridad personal. De igual forma, se debe sancionar a todas las personas que resulten responsables.

Es por ello, que se considera de suma importancia que la titular de la Secretaría de Salud acuda una cita al Senado de la República, a fin de comparecer ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Salud para dar respuesta a cuáles son las acciones que se están emprendiendo para evitar que casos como los denunciados se vuelvan a repetir.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a comparecer a la Titular de la Secretaría de Salud, ante las Comisiones de Derechos Humanos y Salud del Senado de la República, en relación a los casos de negligencia médica y discriminación en la atención de emergencias médicas, tratándose de personas indígenas.

Dado en el Senado de la República, a 29 de octubre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".

1 Convenio Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas. Disponible en Internet: http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/ceo_conv.pdf






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo relativo a la seguridad social de las y los jornaleros agrícolas, que se turna a la Comisión de Seguridad Social.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRICOLAS

"La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 96 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION RELATIVO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRICOLAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una persona de 38 años identificada como José Sánchez Carrasco murió el pasado lunes 21 de octubre en las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, tras permanecer cinco días en agonía y no ser atendido por falta de dinero.

Esta persona jornalero agrícola llegó al nosocomio lesionado de la espalda y con un cuadro de deshidratación severa, cuando el personal de dicho hospital se percató que no tenía derecho a la seguridad social ni dinero para pagar los servicios lo retiraron del lugar, tal y como lo ha reconocido el propio director del Hospital General de Guaymas, Alfredo Cervantes Alcaraz.

Debido a su malestar, Sánchez Carrasco decidió quedarse en los patios del hospital, donde día tras día su salud se iba deteriorando, hasta que la mañana del lunes falleció cerca de la entrada del lugar.

Dicha situación pone de manifiesto la situación de explotación, abuso y condiciones deplorables a la que son sometidos las y los jornaleros agrícolas en México, donde carecen de los derechos más elementales.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el año 2009, en México cerca de dos millones cuarenta mil cuatrocientas catorce personas, de manera temporal o permanente, realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República Mexicana; tres de cada cinco de las y los jornaleros agrícolas que migran, son provenientes de municipios de muy alta o alta marginación, los cuales se encuentran principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y una menor proporción se ubica en los estados de Chihuahua, Durango, Puebla, san Luis Potosí y Nayarit. Las entidades expulsoras de migrantes son sobre todo, municipios y localidades con población indígena, que también ocupan los primeros lugares nacionales en marginalidad, consecuencia de la ancestral miseria que enfrentan.

Desafortunadamente la migración de sus lugares de origen hacía los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia de poblaciones enteras.

La información oficial señala que el 90.9% de las y los jornaleros agrícolas, realizan sus trabajos sin un contrato formal que acredite la relación laboral; el 73.3% gana un jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8% recibe su pago a destajo; el 76.5% le pagan semanalmente y el 18.4% recibe su pago de manera diaria.

Con relación a las condiciones de trabajo la situación es más drástica, ya que el 60.9% trabaja seis días a la semana y el 13.9%, es decir uno de cada siete, trabaja todo los días y existen además, jornaleras y jornaleros que tiene que negociar por su cuenta las condiciones de trabajo tales como salario, jornada laboral, vivienda, equipo de trabajo o la asistencia social.
Muchas de las Empresas Agrícolas establecidas en el país reclutan a estos trabajadores a través de intermediarios o personas subcontratadas quienes se responsabilizan de realizar todas las gestiones para contratar la mano de obra.

Este tipo de acuerdo de ninguna manera representa un beneficio para las y los jornaleros agrícolas ya que los acuerdos sobre las condiciones en que realizaran el viaje a los campos agrícolas , los lugares donde van a vivir, los servicios que se brindarán por parte de la empresa, el pago de salarios, tiempo extra, albergue para los hijos e hijas, retiro, pago de pasajes, se hacen de manera verbal, situación que los ponen en desventaja para el reclamo de sus derechos laborales, los cuales en la mayoría de las veces no se cumplen.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe detallado sobre la operación de las empresas agrícolas establecidas en nuestro país particularmente en lo relativo a la contratación de jornaleras y jornaleros agrícolas sus prestaciones sociales y condiciones dignas para el desarrollo de sus actividades e informe cuántos de ellos cuentan con seguridad social.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, para que envíe un operativo de inspección laboral y verifique las condiciones de seguridad e higiene en el que desempeñan sus actividades las y los jornaleros agrícolas, particularmente las relativas a la seguridad social, pago de salarios, la falta de contratos por escrito, servicios en los campos agrícolas, condiciones de trabajo y riesgo en la trasportación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de octubre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".






De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo con relación a los actos de espionaje perpetrados por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LOS ACTOS DE ESPIONAJE PERPETRADOS POR PARTE DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Por desgracia, las acciones unilaterales perpetradas por Estados Unidos contra funcionarios de nuestro país no son materia desconocida. Nuevamente, los periódicos nacionales e internacionales hacen referencia a una práctica injerencista que se ha generalizado en la forma en la que Estados Unidos maneja sus relaciones diplomáticas, el espionaje como medio de control al margen del derecho internacional. El espionaje estadounidense hacia personajes de la vida política mexicana demuestra que a pesar del discurso de hermandad y cooperación que se maneja, y que se ha manejado por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos, la realidad es sumamente contraria a la retórica oficial, puesto que la relación que se guarda con el vecino del norte sigue siendo bajo la premisas de subordinación por parte del Ejecutivo mexicano.

En esta ocasión, el semanario alemán Der Spiegel, reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) hackeó cuentas de correo de la Presidencia de México por años, mediante una operación secreta llamada Flat Liquid (líquido plano), y obtuvo información interna sobre toma de decisiones del sistema político mexicano, a través de su división especializada en espionaje denominada Operaciones de acceso personalizado (Tailored Access Operations, TAO), según lo demuestran los documentos filtrados por el ex analista de la agencia Edward Snowden.1

El gobierno de Estados Unidos espió en mayo de 2010 el correo electrónico del entonces presidente Felipe Calderón, utilizando el mismo sistema de intercepción de comunicaciones que su gobierno autorizó que se instalara en México tres años antes. Cabe señalar que, a raíz de la entrada en vigor de la nefasta Iniciativa Mérida, el gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado estadounidense instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones bajo el supuesto de cooperación en contra del crimen organizado, mismo que se realizó al margen de toda ley mexicana, con lo que no solo se demostró la sumisión de la administración calderonista, sino que además se violentó la soberanía nacional. Dicho sistema de intercepción de comunicaciones sigue en operación, aún a pesar de los constantes señalamientos de espionaje perpetrado por el gobierno de Estados Unidos, como quedó asentado en la nota publicada por el periódico Excélsior del pasado 10 de julio, donde se señala que el contrato para el programa de espionaje denominado por el Departamento de Estados Unidos como Mexico Technical Surveillance System (SINLEC12Q0006), había sufrido actualizaciones en abril de 2012 y a inicios de 2013, mismo que supuestamente se ha convertido en parte clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo entre México y Estados Unidos.

TAO produjo un informe clasificado en la NSA como “ultrasecreto”, que reportaba la tarea de espionaje como “misión cumplida” y afirmaba que la infiltración al servidor interno de la Presidencia mexicana, utilizado además por todo el gabinete, resultó ser “una fuente lucrativa”, ya que permitió seguir todo tipo de información diplomática, económica y de liderazgo del gobierno del sexenio pasado.2 Asimismo, en los documentos citados por Der Spiegel, la NSA da a conocer de otra operación autorizada para realizar espionaje en México llamada Whitetamale en 2009, que permitió a la agencia obtener acceso a los correos electrónicos de varios funcionarios de alto rango de la Secretaría de Seguridad Pública federal,3 la cual en ese entonces se encontraba a cargo del polémico Genaro García Luna, quien también ha sido señalado por actos de espionaje a través del mismo sistema.

La periodista Laura Poitras, autora del reportaje en el semanario alemán, señala que “el tono que usa la agencia para calificar sus operaciones en México, de un ‘éxito tremendo”, ilustra el grado de agresividad con el que el gobierno de Estados Unidos monitorea a su vecino del sur’’,4 y como no usar un tono agresivo si el gobierno mexicano ha sido del todo omiso ante tales actos y ha acatado cualquier decisión implementada desde la Casa Blanca, sin que a la fecha se haya mostrado una postura clara de condena a los diversos caso de espionaje. Asimismo, el artículo sostiene que ‘‘ahora, sin embargo, se espera que las nuevas revelaciones de espionaje sistemático de la NSA en toda la red de computadoras de la Presidencia mexicana detone una controversia mayor’’.5
Por otro lado, los documentos internos de la agencia demuestran que tanto México como Brasil, país que también ha sido blanco de los actos de espionaje norteamericano, ocupan los primeros lugares de una lista de objetivos de alta prioridad fechada en abril de 2013. La lista, clasificada como “secreta”, fue aprobada por la Casa Blanca. La NSA califica los niveles de prioridad de sus objetivos estratégicos con una escala del uno al cinco. En el caso de México, los temas de narcotráfico están clasificados como nivel de prioridad 1; en otras áreas, como liderazgos, estabilidad económica, capacidades militares, derechos humanos y relaciones comerciales internacionales, con el nivel de 3, y 4 en tareas de contraespionaje. En el caso de Brasil, se agrega el objetivo de sus programas nucleares como de muy alto nivel. Filtraciones anteriores habían revelado que Petrobras, la poderosa paraestatal petrolera del país sudamericano, también era objeto de espionaje, lo que llevó a la presidenta Rousseff a denunciar las actividades de la NSA como de espionaje económico.

Cabe señalar que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México indicaron, con un tono que se aleja del supuesto de relación de cordialidad y hermandad, que “es nuestra política, y los hemos dejado claro, que Estados Unidos recaba datos de inteligencia de la misma naturaleza que es recabada por todas las naciones. Valoramos nuestra cooperación con todos los países sobre asuntos de interés mutuo (…) En términos más amplios, Estados Unidos valora su relación con México”.6

A raíz de los señalamientos de la revista alemana, la Cancillería mexicana emitió, de nueva cuenta, un escueto comunicado de prensa donde se condena de manera tácita los actos de espionaje y se reitera que “el Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, se comprometió en su más reciente encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación exhaustiva que conduzca al deslinde de responsabilidades”,7 mismo que no se ha producido y que denota que la Secretaría de Relaciones Exteriores es reticente a reaccionar de forma contundente en defensa de la soberanía nacional y condenar la injerencia en asuntos internos del país, lo cual, como se ha señalado en diversas ocasiones por esta Soberanía, contrasta con la postura clara, coherente y en suma firme que mostró la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien a raíz del espionaje sufrido, canceló una visita de Estado a Estados Unidos, además de que pronunció un duro discurso en la Asamblea General de la ONU, denunciando el espionaje como una violación al derecho internacional.

Lamentable es la postura del Ejecutivo Federal y de la Cancillería, quienes no han respondido a la altura de la situación tan sensible que se ha presentado, lo cual denota que no importa lo que Estados Unidos haga en contra de nuestro país, que no importa que se viole el derecho mexicano y el derecho internacional, que no importa que se espíe a altos funcionarios del Gobierno, ya que a pesar de dichos actos, el gobierno de México seguirá creyendo que la relación se maneja en un clima de cooperación y respeto mutuo que la parte norteamericana no da, ni dará.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente:

PUNTO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente los actos de espionaje perpetrados por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fije una postura clara, coherente y contundente que condene las constantes violaciones al Derecho Mexicano y al Derecho Internacional en lo relacionado a los actos de espionaje perpetrados por parte del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. Asimismo, emita un plan de acción encaminado a dar respuesta a situaciones que contravengan la soberanía nacional por acciones injerencistas de cualquier Estado extranjero.
SEGUNDO. El Senado de la República en su carácter de Cámara revisora de la política exterior mexicana, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a crear un grupo de trabajo integrado por funcionarios de la Cancillería y Senadoras y Senadores para que se cite a comparecer en la Cancillería mexicana al Embajador de Estados Unidos de América en México, Anthony Wayne, con el fin de que dé cuentas acerca del espionaje a altos funcionarios mexicanos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías competentes realicen un informe detallado acerca de las implicaciones negativas que ha traído consigo la Iniciativa Mérida y remitan el mismo a ésta Soberanía para su estudio y análisis.

CUARTO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través la Procuraduría General de la República, realice una investigación exhaustiva acerca de los actos de espionaje perpetrados contra funcionarios mexicanos bajo el amparo de la Iniciativa Mérida, y, si es el caso, finque las responsabilidades necesarias a los responsables de dichos actos.

Dado en la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 La Jornada, EU también ‘‘espió’’ a Calderón: Der Spiegel, Consultado el 21 de Octubre de 2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/10/21/politica/003n1pol

2 Ídem.

3 Excelsior, Calderón dio aval a espías... y lo espiaron; EU intervino su correo electrónico, Consultado el 21 de Octubre de 2013, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/21/924495

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6 El Universal, “Espió EU correo de Calderón, revelan”, Consultado el 21 de Octubre de 2013, http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/espio-eu-correo-de-calderon-revelan-959629.html

7 Secretaría de Relaciones  Exteriores, Posición del Gobierno de México sobre informes adicionales de presuntas actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Consultado el 21 de Octubre de 2013, http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3270-392






De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Norma Alicia Galindo Matías, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Jesús Casillas Romero y Francisco Salvador López Brito, con punto de Acuerdo para promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña, que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO PARA PROMOVER LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE TALLA PEQUEÑA

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, MARGARITA FLORES SANCHEZ, NORMA ALICIA GALINDO MATIAS, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JESUS CASILLAS ROMERO y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo, con moción de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Asociación GENTE PEQUEÑA A.C., señala que actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo, que presentan problemas y necesidades diferentes adherentes a su condición.

Según estimados, en nuestro país podrían vivir alrededor de 11,000 personas de talla pequeña, quienes se enfrentan cotidianamente a las barreras que les impone su entorno que les impide su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones, con la sociedad.

Como se lee, dentro de las problemáticas a las cuales se enfrentan las personas de talla pequeña tenemos que hasta el día de hoy no se cuenta con un padrón que nos permita conocer con exactitud cuántos son, dónde están y en qué condiciones se encuentran, lo que hace más difícil conocer la realidad de este sector vulnerable.

2. Desde tiempos antiguos la figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades.
En la actualidad, existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, por lo que viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición, en donde un mundo hecho a la medida de personas de estatura promedio marca una barrera que impide a las personas con talla baja el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud, entre otras.

Aunado a esto, ven impedidos su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria como el acceso libre a los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las puertas, estantes, mostradores, andenes, escalones, subidas a los automóviles, transporte urbano, baños públicos, ventanillas en los bancos, cinturones de seguridad, y muchos objetos más, que han sido fabricados pensando en hombres y mujeres de talla promedio.

3. Estas situaciones han motivado a muchas personas alrededor del mundo a luchar para mejorar la calidad de vida de la gente de talla baja creando una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda, promover la investigación de la enfermedad o sencillamente proporcionar un espacio de encuentro para la gente pequeña.

En ese sentido, las personas de talla pequeña han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover el 25 de octubre de cada año como el “Día Mundial de las Personas de Talla Baja”.

Dicha iniciativa surgió en México, eligiéndose esta fecha en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más relevante a nivel internacional en el rubro.

A esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población para que estas personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público, distinguiéndose por un listón verde, en alusión a su significado de vida.

Esta celebración tiene como objetivo, crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo.

4.- En México existen esfuerzos en el ámbito legislativo. El pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para incluir la “talla pequeña” como una de las causas comunes de discriminación.

Asimismo, el pasado 24 de julio se presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2, fracción XXI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con la finalidad de contemplar la talla pequeña como una discapacidad con el fin de abrir las posibilidades y opciones para la integración social de las personas de talla baja.

Sin embargo, como se lee en el desarrollo del presente, la segregación y discriminación continúa siendo una constante que viven las personas de talla pequeña.

Es necesario comprender la dimensión que alcanza la necesidad de incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México, pero también impulsar todas aquellas medidas que promuevan el acceso real a una igualdad de oportunidades teniendo como base la concientización y sensibilización de los retos que enfrentan para desarrollarse en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se propone exhortar al Ejecutivo Federal para que se pronuncie ante el seno de la Organización de las Naciones Unidas, a favor de la promulgación de la Conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja el 25 de octubre de cada año como un espacio de reflexión en el que todos tengamos la oportunidad de acercarnos, conocer su realidad y, sobre todo, trabajar por su inclusión.
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a su consideración con moción de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Norma Alicia Galindo Matías.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Miguel Romo Medina, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a proporcionar un informe sobre la implementación e impacto de las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el embarazo entre los adolescentes, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD A PROPORCIONAR UN INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACION E IMPACTO DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR DICHA SECRETARIA PARA PREVENIR EL EMBARAZO ENTRE LOS ADOLESCENTES

“El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud proporcione un informe sobre la implementación e impacto de las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el embarazo entre los adolescentesal tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La ley General de Salud menciona en su artículo 67 que es facultad de la Secretaría de Salud brindar información y orientación a los adolescentes y jóvenes para disminuir el riesgo reproductivo que conllevan los embarazos antes de los 20 años, sin embargo la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 indica un hecho que reclama cada vez más la atención de las instituciones gubernamentales y legislativas: el incremento significativo de los embarazos en adolescentes.

De acuerdo con este instrumento de la Secretaría de Salud, en el 2005 la tasa de embarazos en era de 30 por cada 1000 mujeres, incrementándose en el 2011 a 37 por cada 1000 mujeres[1]. Un dato sobresaliente respecto al embarazo en este grupo poblacional es que el 51.9% de las jóvenes de 12 a 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales reconoció haber estado embarazada al menos en una ocasión[2]. Por su parte, el INEGI estima que el número de hijos de madres adolescentes en nuestro país es de 300,000 por año. Este organismo también señala que en el año 2000 el 7.5% de las adolescentes en México tenía al menos un hijo, aumentando esta cifra a 8% en el 2010.

Estas cifras dan certeza de un problema que afecta a los adolescentes del país en su desarrollo laboral, educativo y social, además de que los embarazos en menores conllevan serios riesgos a la salud. Según el informe de la UNICEF: “Estado Mundial de la Infancia 2007”, las menores de 15 años tienen 5 veces más probabilidades de morir en el embarazo que las mayores de 20 años.
Sumado a lo anterior, no solo se pone en riesgo la vida de la madre ya que existe un 60% de posibilidades de que los bebes nacidos de madres menores a los 18 años mueran durante el primer año de vida.

Además de lo ya mencionado los embarazos en adolescentes representan un impedimento para que los jóvenes concluyan sus estudios y por lo tanto obstaculicen su desarrollo profesional; adicionalmente, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de convertirse en madres solteras al enfrentarse al abandono e irresponsabilidad de los padres.

En suma, los embarazos en adolescentes son un tema que pone en riesgo el futuro de millones de jóvenes que se ven forzados a posponer y en ocasiones desechar por completo proyectos personales, siendo la consecuencia el desaprovechamiento de las habilidades y conocimientos que estos jóvenes pudieran ofrecer a nuestro país. Hoy más que nunca, compañeros Senadores, los jóvenes representan un sector que merece la atención y la intervención de la más alta Tribuna del País, así como de las demás instituciones del Estado Mexicano para garantizar su pleno desarrollo como individuos productivos y por ende, el futuro y la transformación de México.

Ya que esfacultad de esta Honorable Asamblea y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las disposiciones señaladas someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud proporcione un informe sobre la implementación e impacto de las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el embarazo entre los adolescentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 29 de octubre de 2013.

Sen. Miguel Romo Medina”.






De la Senadora Marcela Guerra Castillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a realizar obras de rehabilitación y mantenimiento en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS A REALIZAR OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL TRAMO MONTERREY-NUEVO LAREDO, DE LA CARRETERA FEDERAL 85 POR EL MAL ESTADO QUE PRESENTA ACTUALMENTE

"La suscrita, Senadora Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a que realicen a la brevedad obras de rehabilitación y mantenimiento en el tramo Monterrey- Nuevo Laredo de la Carretera Federal 85 por el mal estado que presenta actualmente, al tener de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En 1925, durante el Gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles, se construyó la Carretera Nacional de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, misma que fue la primera carretera construida en nuestro país para unir la ciudad de México con la frontera con Estados Unidos de América.
La Carretera Federal 85 conocida como “Carretera Nacional” conecta la ciudad de México con el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que hace frontera con la Ciudad de Laredo, Texas de los Estados Unidos de América y es la ruta original de la “Carretera Panamericana” que va dese la capital hasta la frontera a través de la mayor parte de Tamaulipas y Nuevo León

La Carretera Federal 85 mejor conocida como “Carretera Nacional” va a través de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Ciudad Valles, San Luis Potosí y Pachuca, Hidalgo y termina en la intersección de la autopista 95 en el área de San Pedro de la Ciudad de México.

Desde la administración pasada, han sido muchos los reclamos de los Neoleoneses y Neolaredenses por el pésimo estado de las carreteras fronterizas, por la falta alumbrado público y señalamientos que aumentan exponencialmente el peligro mortal al conducir en las noches por dichas vías carreteras.

Es común escuchar noticias y comentarios de conductores de la carretera 85, especialmente en su tramo Monterrey-Nuevo Laredo, sobre los accidentes que en ella suceden casi a diario, por encontrarse en pésimo estado, por carecer en varios tramos de delineado de raya, reflejante y por los baches que hay en el pavimento, pero sin duda, lo que hace más peligros el trayecto, es la falta de alumbrado en la tarde noche.

Cientos de conductores se quejan al transitar por esta vía, porque no se tiene una buena iluminación, por lo que es común caer en baches y evitar a los automovilistas que se integran a la carretera provenientes de las colonias cercanas, situación que genera percances automovilísticos.

El mal estado en que se encuentra el pavimento del tramo Monterrey-Nuevo Laredo provoca afectación a las unidades del transporte público que circulan en esa vía de comunicación por el desgaste que sufren estos vehículos.

Más de 15 mil vehículos de carga transitan cada día por la carretera Nacional, más otros 12 mil camiones dedicados solo al cruce fronterizo de mercancías en ambos sentidos, pero desgraciadamente por el mal estado en que se encuentra la carretera, suceden al menos tres accidentes por semana y la situación es mucho pero en el tramo del kilómetro 26 al 40 aproximadamente.

Cabe resaltar que esa frontera, es la más activa del país en materia de transporte de carga, pero a pesar de ello, las carreteras y caminos se encuentran en mal estado situación que causa perjuicio económico a los transportistas.

Si bien es cierto que el mal estado de la Carretera Nacional es un riesgo para la circulación de los residentes fronterizos, es un hecho que los que más corren peligro son los transportistas, debido a la magnitud y al peso de los camiones que conducen y ante la carencia de alumbrado público, el mal estado del pavimento y la falta de señalamientos, por lo que tienen que hacer un sinfín de maniobras para evitar generar algún accidente durante el día a sabiendas que la situación empeorará al caer la noche.

Derivado de esta problemática es que la suscrita propone ante esta Soberanía, solicitar a las autoridades correspondientes, la rehabilitación de la “Carretera 85” también conocida como “Carretera Nacional” para corregir el mal estado que presenta actualmente y para que la misma pueda ofrecer a sus miles de usuarios, mejores condiciones de seguridad y comodidad, situación que permitirá a los transportistas prestar su servicio de manera más eficiente y generara más competitividad para nuestro país.
Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Director General del organismo denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a que realicen a la brevedad las obras de rehabilitación y mantenimiento que resulten necesarias en la Carretera Federal 85 conocida como Carretera Nacional “México-Nuevo Laredo”, especialmente en el tramo comprendido entre Monterrey y Nuevo Laredo, ya que el mal estado en que actualmente se encuentra, representa un peligro para los automovilistas y conductores del transporte público que transitan diariamente por el mismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo".






Del Senador David Monreal Avila, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación informar acerca de las acciones que emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013 para México, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION INFORMAR ACERCA DE LAS ACCIONES QUE EMPRENDERA A FIN DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE EL CONSEJO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EMITIO COMO RESULTADO DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL 2013 PARA MEXICO

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde 1948 México firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos comprometiéndose a respetar e incorporar en su legislación el respeto de estos derechos a los Derechos Humanos, con dicha suscripción el país se ha obligado a trabajar en esta materia, a través de políticas públicas que defiendan la dignidad de las personas y garantice que la actuación de las autoridades en sus tres niveles de Gobierno, siempre sea respetando los derechos mínimos de todo ser humano.

Una de las frases célebres de Martin Luther King es aquella que advierte que “hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”, por esta razón, lograr que los 192 países miembros de la ONU, se hayan adherido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un gran progreso para todos, y representa un avance único en la historia de la humanidad.

Sin embargo, el respeto a los Derechos Humanos, salvaguardar la dignidad de las personas y poner el interés general por encima de los beneficios personales, no se logra por decreto. Es necesario que haya voluntad de parte de los Estados para que sus sistemas jurídicos y políticos se ajusten al marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Organización de las Naciones Unidas, a fin de evaluar el respeto a los Derechos Humanos y vigilar que los Estados atienden las recomendaciones que este organismo hace. Desde el año 2008 se implementó un mecanismo internacional de evaluación en esta materia denominado Examen Periódico Universal1 (EPU)       que consiste en examinar las prácticas en Derechos Humanos de todos los Estados del mundo una vez cada cuatro años y medio, con la finalidad de hacer las recomendaciones, con el objeto de que el Estado evaluado pueda emprender las acciones necesarias para mejorar la situación en materia de Derechos Humanos en su interior.

Erradicar las prácticas que atentan contra dignidad humana, la violencia, esclavitud, y crear mecanismos para respeto de los Derechos Humanos, no se logrará por decreto, y el mejor ejemplo ocurre en México, pues a pesar de que firmó el acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, la situación en esta materia no muestra los avances que el país necesita, y que la ciudadanía reclama.

Es vergonzoso que en el esplendor del siglo XXI existan casos de discriminación hacia personas homosexuales, represión de Gobiernos para impedir la libertad de expresión, falta de mecanismos para que personas con capacidades diferentes accedan a trabajos bien remunerados y con la posibilidad de construir un futuro digno.

En el año 2009 se llevó a cabo el primer Examen Periódico Universal (EPU) por parte los miembros del Consejo General de las Naciones Unidas, de acuerdo al informe del grupo de trabajo A/HRC/11/27, como resultado del examen 2009, en total el Estado mexicano recibió 92 recomendaciones2, de las cuales fueron aceptadas 83 de ellas, 3 fueron rechazadas y 6 no tenían una posición clara.

Dentro de las recomendaciones que se hicieron al Estado mexicano destacan por su importancia:

Velar por la aplicación concreta de las normas internacionales de derechos humanos a todos los niveles (Canadá, Suiza), mediante la adopción de políticas, leyes y otras medidas a nivel federal y estatal y la celebración de consultas periódicas con los principales interesados, en particular los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados (Canadá).

Hacer todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo las desigualdades de ingresos entre las diferentes clases sociales y regiones geográficas (Cuba).

Hacer frente a la discriminación y la violencia contra la mujer en los sectores público y privado mediante la educación y una legislación específica, y elaborar programas de acción afirmativa para elevar el nivel de vida de la mujer y garantizar su presencia en los puestos ejecutivos (Pakistán).

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y prohibir la práctica de la tortura y los malos tratos (Japón, Uzbekistán), en particular por las fuerzas de seguridad de las prisiones, como han señalado varios relatores especiales (Francia). . Mejorar las condiciones de vida en las prisiones (Francia) y seguir arbitrando medidas para mejorar la situación en las prisiones y la formación del personal penitenciario (Portugal).

Garantizar que se respeten los derechos de los detenidos (Nueva Zelandia).

Investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas militares y de seguridad, y adoptar las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de México (Canadá).

Reconocer públicamente el importante papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales en la protección de los derechos humanos en México (Reino Unido).
Fortalecer los derechos de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación; hacer que los gobiernos, a nivel tanto estatal como municipal cumplan su responsabilidad de proteger la libertad de los medios de comunicación (Alemania).

De estas recomendaciones el Gobierno mexicano se comprometió a llevar a cabo las acciones correspondientes para atender dichas observaciones de los Estados, y buscar que en exista un verdadero respeto a los Derechos Humanos.

Sin embargo el compromiso del Gobierno parece que ha sido insuficiente, de acuerdo al análisis que la ONG Brigadas Internacionales de Paz (PBI) hizo sobre el informe de México 2009 para el Examen Periódico Universal del ese año, el Briefing sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos3, señalan el Estado mexicano recibió 8 recomendaciones referentes a mejorar las situaciones de riesgo que enfrentan los y las defensoras de Derechos Humanos, las cuales fueron aceptadas por parte del gobierno.

Por ejemplo, se menciona que Noruega, Bélgica, Alemania y Azerbaiyán recomendaron que México investigara, procesara y castigara de forma efectiva a las personas responsables de las amenazas, ataques y otros crímenes y violaciones contra los y las defensoras. Noruega además recomendó que las denuncias por amenaza, hostigamiento e intimidación contra defensores y defensoras debieran recibir una repuesta temprana y tomar medidas adecuadas para su seguridad.

De esta recomendación el informe destaca que el estado de cumplimiento es casi nulo, pues según un informe publicado en 2010 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH México), del 91 al 98% de los crímenes en contra de personas defensoras permanecen en la impunidad4.

Por otra parte, en el Informe conjunto de la Asociación para la Defensa del Ambiente, asociación internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental5, señala que a pesar de que México aceptó las recomendaciones en 2009, el Estado mexicano no ha cumplido efectivamente dichas recomendaciones, pues a su juicio no se ha cumplido con las recomendaciones 77, 6, 49, 23, 58, 59 y 60.

Derivado de lo anterior, se puede decir que las acciones que el Estado mexicano ha llevado a cabo son insuficientes para garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos. Si a esto se agrega las informaciones periodísticas que día con día dan prueba de las violaciones de estos derechos, se podría concluir que el reto es de grandes dimensiones.

El pasado 23 de octubre, el Estado mexicano nuevamente fue evaluado a través de Examen Periódico Universal. Los miembros del Consejo General de las Naciones Unidas, emitieron 180 recomendaciones por violaciones de los Derechos Humanos en México.

De las recomendaciones hechas este año destacan:6

Fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos con más recursos económicos y con mayor calidad en el personal.

Suiza: sugirió investigar todas las acusaciones de desapariciones forzadas, castigar a los responsables y compensar a las víctimas.

Francia: solicitó a México realizar un registro de desaparecidos.

Bélgica y Alemania: sugirieron abolir la figura del arraigo.
Holanda: consideró que la legislación de algunos estados de la República que protegen la vida desde la concepción, influye en la dificultad de las mujeres para abortar en caso de violación o enfermedad.

Tomar medidas urgentes en cuanto al tema del feminicidio, desigualdad, violencia de género y discriminación de la mujer, especialmente de las indígenas.

Queda claro que la situación de Derechos Humanos en México debe preocupar a los tres órdenes de gobierno. No se puede pasar por alto, y mucho menos buscar solucionar esta problemática sólo a través del discurso. El Gobierno Federal debe mostrar voluntad para poner un alto a las violaciones de los Derechos Humanos, el Congreso de la Unión debe legislar en favor la ciudadanía y la protección de sus derechos y el Poder Judicial, juzgar garantizando los derechos de los procesados.

El pasado 25 de Octubre la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado7 señalando el compromiso del Estado mexicano para revisar y analizar las 188 recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal 2013.

Derivado de lo anterior, se debe exhortar a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta Soberanía acerca de las acciones que implementará a fin de cumplir con estas recomendaciones, en el marco de las atribuciones que la ley le confiere, a fin de que esta soberanía y la sociedad en general tengan claridad en los compromisos que el Gobierno Federal asumirá en materia de Derechos Humanos.

Además, es necesario que la Secretaría de Gobernación exhorte a sus homologas en los estados, para que adopten medidas en sus jurisdicciones para que en conjunto se adopten las medidas necesarias y combatir las violaciones a los Derechos Humanos, sobre todo en lo que toca al respeto de los derechos a periodistas y el abuso de autoridad por parte de elementos de las policías Federal y Estatales.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación:

a) Informar a esta Soberanía acerca de las acciones que emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013 para México.

b) Para que en coordinación con sus homologas estatales emprendan acciones a fin de atender las recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013 para México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013".


1 http://www.upr-info.org/-es-.html
http://epumexico.files.wordpress.com/2013/07/briefing-epu_esp-1.pdf

2 http://www.upr-info.org/-Mexico-.html

3 Informe PeaceBrigades internacional. Proyecto México Examen Periodico Universal 2013, Briefing sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos. Abril 2013. México. PDF

4 Ídem

5 Informe conjunto  AIDA Y CEMDA EPU México, marzo de 2013, PDF.

6http://www.vertigopolitico.com/articulo/24116/Cmo-le-fue-a-Mxico-en-el-examen-de-Derechos-Humanos-2013#sthash.LV4sRGLE.dpuf

7 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/mexico-examen-derechos-humanos-960909.html






De la Senadora Dolores Padierna, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por los supuestos actos cometidos en agravio de la indígena mazateca Irma López Aurelio, que se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES POR LOS SUPUESTOS ACTOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE LA INDIGENA MAZATECA IRMA LOPEZ AURELIO

"La suscrita, Dolores Padierna Luna, Senadora de la República en la LXII Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículos 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República presenta ante esta Soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION A LA DISCRIMINACION SUFRIDA POR IRMA LOPEZ AURELIO, INDIGENA MAZATECA, EN EL ESTADO DE OAXACA EL PASADO MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A través de las redes sociales y de los medios de comunicación hemos conocido del drama que tuvo que padecer la indígena mazateca Irma López Aurelio y su pequeño hijo recién nacido, en el municipio indígena de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.

El pasado miércoles 2 de octubre, Irma López se presentó con dolores de parto al centro de salud de dicho municipio en donde le fue negado el servicio. Por esto, tuvo que dar a luz sin asistencia en el jardín del lugar, y todavía después, se le cobró el servicio posparto. El colmo de la indiferencia y el trato discriminatorio. Las declaraciones y reacciones de los funcionarios de salud del gobierno de Oaxaca no dejan de ser preocupantes. Así el personal del centro de salud ha dicho que por no hablar español, Irma López no entendió una serie de indicaciones o también, que, como había sido atendida por parteras durante su embarazo, no tenían claro qué estaba pasando. Como fuera, decidieron que no entendían y le negaron a la mujer la ayuda que necesitaba.

En diversas entrevistas de radio, la afectada ha declarado que, de acuerdo con la versión del personal del centro de salud, su expediente ha sido “quemado” y ha recibido, también, amenazas con sacarla del Programa Oportunidades. 1

Y por si fuera poco, Irma López no ha tenido la asistencia jurídica necesaria para continuar con su denuncia. Hasta ahora sólo ha quedado en denuncia verbal, por la falta de atención por parte de las autoridades del Estado.

El caso de Irma López Aurelio no es único en el país. Más allá de discursos y buenas intenciones, con todo y convenios internacionales y el reconocimiento en la Constitución de la condición pluricultural de la nación y de los derechos humanos, las condiciones de explotación, racismo y machismo aún aquejan a la población indígena y, en especial, a las mujeres. 16 millones de compatriotas se ubican en las 62 etnias hoy reconocidas en el país. Sus derechos son salvaguardados y reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, del cual el Estado mexicano es firmante, además del propio texto de nuestra Constitución, pero no bastan para hacer valer y respetar sus derechos.

El Convenio 169 de la OIT dice a la letra:

Artículo 24:

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25:

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.”

Lo anterior se refuerza y complementa con las disposiciones de los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución:

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.”

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), por su lado, sostiene la necesidad de reafirmar el derecho a la salud de las mujeres al que deben acceder en las diferentes etapas de su vida.2 Se entiende claramente que para las mujeres es vital que quienes atiendan las instancias de salud, seguridad pública y justicia, Mujeres en estados y municipios, sean profesionales y altamente competentes en la aplicación de la perspectiva de género y del respeto a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por la presunta violación a los derechos humanos de la indígena mazateca. Asimismo, ha reiterado que el derecho a la protección de la salud es un derecho elemental para las personas pertenecientes a un grupo indígena y particularmente para las mujeres en estado de gravidez.3

Es importante mencionar que diversas organizaciones humanitarias, entre ellas Promoción para el Desarrollo y Juventud, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), exhortaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a que realice una investigación objetiva y profunda para esclarecer los hechos, y para fincar las responsabilidades correspondientes en todos los niveles, incluyendo los institucionales.4
Así, como este caso está el de otra indígena llamada Cristina López, quién dio a luz a su quinto hijo, en las puertas de la clínica en Jalapa de Díaz en pleno pasto a pie de unas escaleras, el pasado 18 de julio de este año. Cristina hasta ahora, después de ver lo sucedido con Irma, pudo sacar a la luz su caso de negligencia médica.5

Es terrible e indignante la situación que viven y sufren los pueblos indígenas en nuestro país que está hoy a los ojos de todas y todos, y esta condición es doblemente grave tratándose de las mujeres. Por eso no podemos ser indiferentes, no podemos y no debemos callarnos ante cualquier situación de discriminación, de violencia, de malos tratos, de injusticia en contra de las mujeres, en contra de los pueblos originarios de nuestra patria, y de cualquier mexicano o mexicana que padezca el autoritarismo, la displicencia y el cinismo de los servidores públicos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado una investigación de oficio sobre el caso de Irma López Aurelio. Sin lugar a dudas, se debe ir a fondo; el gobierno del estado de Oaxaca debe hacer lo propio y deslindar responsabilidades. Este Senado debe hacer lo que le corresponde en el ámbito de nuestras atribuciones. Actuar con dignidad, con ética, con solidaridad humana, con visión de género, con espíritu de justicia es el deber de todo representante popular.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República condena energéticamente el proceder del personal médico del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca y del Secretario de Salud, Germán Tenorios Vasconcelos en contra de la indígena mazateca Irma López quién dio a luz el pasado 2 de octubre del presente año en el patio de éste nosocomio.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca a realizar las investigaciones necesarias para en su caso fincar responsabilidades administrativas y penales por los hechos ocurridos y comentados en este punto.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, a realizar acciones concretas que garanticen la no discriminación de su población indígena, especialmente en materia de salud.

CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, a que proporcione asistencia jurídica y psicológica a Irma López Aurelio por los acontecimientos sucedidos el pasado jueves 2 de octubre.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que llegue al fondo de las investigaciones que se abrieron al respecto.

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informe a esta Soberanía que acciones ha tomado con respecto a este caso y los avances que se han obtenido.

SEPTIMO .- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que incorpore a todos y cada uno de sus Centros de Salud a personal capacitado para fungir como intérprete dependiendo de la zona geográfica o etnias que se registren en cada Estado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 Grupo Radio fórmula. “Piden a mujer indígena no hablar más sobre supuesta negligencia. Con López Dóriga. 7 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 9 de octubre de 2013.http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=360391

2 Instituto Nacional de las Mujeres. http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/417-el-acceso-a-la-salud-derecho-fundamental-de-las-mujeres

3 Proceso.com “Irma, la indígena mazateca que parió en el patio de un hospital” 4 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 9 de octubre de 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=354510

4 Proceso.com  “Queman expediente de indígena que parió en el patio de un hospital” 8 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 9 de octubre de 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=354828

5 El Universal. “Salud a medias” 10 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 14 de octubre de 2013. http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2013/10/66878.html






De la Senadora Marcela Guerra Castillo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende su más amplio reconocimiento a la labor de los militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México que recientemente realizaron acciones de ayuda a la población de los estados afectados por el paso del huracán “Ingrid”, y la tormenta tropical “Manuel” en el mes de septiembre del presente año, que se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE SU MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LAS Y LOS MILITARES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS Y DE LA ARMADA DE MEXICO QUE RECIENTEMENTE REALIZARON ACCIONES DE AYUDA A LA POBLACION DE LOS ESTADOS AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACAN "INGRID" Y LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

"La suscrita, Senadora Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende su más amplio reconocimiento a la labor de las y los militares del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, y de la Armada de México, que recientemente realizaron acciones de ayuda a la población de los Estados afectados por el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en el mes de septiembre del presente año, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda todos recordamos los lamentables hechos ocurridos el 15 de septiembre de este año, cuando en diversos estados del país, entre los que se encuentran Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, así como Colima, Jalisco y Michoacán, sufrieron diversas afectaciones a causa de la entrada simultánea al territorio nacional de dos fenómenos meteorológicos, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.

Desde hace más de cinco décadas, en nuestro país no se habían registrado fenómenos de la naturaleza de esa magnitud que impactará en un mismo día a nuestro país, uno por el Golfo de México y el otro por el Océano Pacífico.

El resultado de estos fenómenos, fueron varias muertes en los estados afectados, tan solo en Guerrero hubo más de dos mil damnificados, 21 mil viviendas sin energía eléctrica y severas inundaciones y Acapulco quedó incomunicado, mientras que la Autopista del Sol fue cerrada a la circulación en ambos sentidos desde Cuernavaca y el aeropuerto suspendió sus operaciones.

En los municipios afectados, cientos de personas fueron trasladadas a refugios y se tuvieron que realizar diversas acciones de salvamento, ya que hubo lugares en donde el agua alcanzó más de un metro de altura.

De igual manera, se registraron deslaves y desgajamiento de cerros que dañaron carreteras, infraestructura urbana, casas, vehículos, cableado de fibra óptica y algunas presas se desbordaron, de acuerdo a reportes de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), en Guerrero se dañaron 120 mil hectáreas del grano; cinco mil en Tamaulipas; dos mil en Veracruz y se carecen de datos precisos en relación a Sinaloa, además, se perdieron más de 1,700 hectáreas sembradas de maíz y cebada y las lluvias provocadas por Ingrid y Manuel causaron daños a la infraestructura carretera y caminos vecinales así como puentes y vados en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo, Michoacán y Veracruz.

En la parte cercana al Golfo de México, la mayor afectación se dio en el estado de Veracruz donde 53 municipios del norte de la entidad fueron catalogados en situación de emergencia, mientras que en Hidalgo, 30 pueblos quedaron incomunicados por deslaves; en Guerrero se registraron más de 2 mil damnificados por las lluvias torrenciales, severas inundaciones y unas 21 mil viviendas quedaron sin energía eléctrica, y en Oaxaca se calcula que a consecuencia de los daños que provocaron las lluvias, hay 6 mil damnificados.
Las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, así como Policía Federal, Cruz Roja, Protección Civil y gobiernos de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco implementaron medidas para ayudar a la población.

Pero sin duda, hay que destacar la labor de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que desplegaron a más de 12 mil efectivos de las fuerzas armadas para aplicar el Plan DNIII-E y el Plan Marina, instalaron de manera conjunta albergues y refugios en los estados más afectados que atendieron a más de 14 mil personas en situación de riesgo

En las entidades con mayores daños, las Fuerzas Armadas realizaron labores de ayuda a los damnificados, traslado de víctimas, reparación y limpieza de calles y carreteras, repartición de despensas, traslado y entrega de víveres, vigilancia de zonas siniestradas, acciones de búsqueda y rescate de personas, y brindaron atención médica prehospitalaria.

Tan solo la Secretaría de Marina y la Fuerza Aérea, con el puente aéreo que implementaron trasladaron a más de 10,096 personas de Acapulco a México, mantuvo la vigilancia de las zonas afectadas para salvaguardar el patrimonio de los damnificados y sacaron del puerto a miles de turistas y damnificados que se encontraban varados y sin opciones para regresar a sus lugares de origen, por la inundación del aeropuerto y el bloqueo de la autopista del Sol y la carretera federal a la Ciudad de México, por los deslaves y la caída de puentes.

Desde el año de 1966, cuando Pánuco, Veracruz, fue impactado por el huracán Inés, se implementó por primera vez en nuestro país el Plan DNIII-E y a partir de ese momento, dicho plan se ha implementado en diversas ocasiones, ejemplo de ello, fue el sismo del 19 de septiembre de 1985 y por fenómenos meteorológicos que han azotado diversas partes del país, ante estos acontecimientos de la naturaleza, ha quedado más que demostrada, la efectividad por parte de las Fuerzas Armadas en el manejo de contingencias.

A más de cinco décadas de que se viene implementando el Plan DNIII-E y más recientemente con el Plan Marina, hasta este momento, el apoyo que recibe la población por parte de las fuerzas armadas en casos de desastre es total, sin que exista un protagonismo por parte de soldados y marinos que no alardean de los resultados obtenidos.

Tanto el Plan DNIII-E y el Plan Marina se consideran planes de defensa y están contemplados dentro de las labores de seguridad nacional y estos planes se suman a las labores que desarrollan la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina cotidianamente, como el combate a la delincuencia organizada, la protección de mares y litorales, acciones de salud pública, de alfabetización, y en suma de desarrollo social.

Los elementos que integran las Fuerzas Armadas Mexicanas, son quienes se encargan de realizar todas las labores de limpieza y desinfección cuando los estragos de alguna emergencia han pasado y apoyan la reconstrucción de viviendas, de caminos y puentes para resarcir de alguna manera a la población afectada.

Por ello, para la suscrita resulta importante destacar la labor que desarrollan todos los elementos que integran las fuerzas armadas que atienden a la población en casos de contingencias por destres naturales, ya que la capacitación y entrenamiento que reciben, es de vital importancia para la efectiva respuesta de ayuda que brindan a la población, como lo han demostrado hasta ahora por su destacada labor para atender a la población afectada por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que causaron daños en al menos 26 estados de la República y en el marco de los 100 años de existencia del ejército mexicano, resulta importante agradecer y destacar su labor.

Desde que la suscrita realice mi campaña para ocupar el cargo legislativo que actualmente ejerzo, siempre reconocí la incesante labor que realizan los integrantes de las fuerzas militares en apoyo y en defensa de la población.
Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, felicita y extiende el más amplio reconocimiento a la labor heroica, así como al compromiso y entrega de las y los militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Armada de México, que recientemente realizaron acciones de ayuda a la población, entre las que se encuentran: búsqueda y salvamento, traslado de personas, entrega de víveres, atención médica, limpieza y remoción de escombro, y de vigilancia de zonas, en los Estados que resultaron afectados por el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en el mes de septiembre del presente año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo".






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Nuevo León a desistirse de seguir con el procedimiento de canje de placas, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEON A DESISTIRSE DE SEGUIR CON EL PROCEDIMIENTO DE CANJE DE PLACAS O, EN SU CASO, SE ABSTENGA DE COBRAR POR ESE CONCEPTO A LA CIUDADANIA Y QUE SEA EL MISMO GOBIERNO QUIEN ABSORBA EL COSTO DE REALIZAR EL CANJE DE PLACAS

RaUl Gracia GuzmAn, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado del Estado de Nuevo León el C. Rodrigo Medina de la Cruz, para que desista de seguir con el procedimiento de canje de placas o en su caso, se abstenga de cobrar por ése concepto a la ciudadanía y que sea el mismo Gobierno quien absorba el costo de realizar el canje de placas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, la población de Nuevo León ha sido fuertemente castigada por parte del Gobierno el Estado que encabeza el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, por una parte, el impuesto sobre las nominas, y la negativa de este mismo a eliminar el cobro de la tenencia vehicular ya que si bien recordamos este impuesto ya está al libre albedrio de cada Estado.

En materia de transparencia y rendición de cuentas la calidad en el gasto público ha sido sujeto de críticas por la población Neolonesa como, las fuertes erogaciones en materia de imagen ya que tan solo La Auditoría Superior del Estado cuestiona en su informe el gasto utilizado en imagen en plataformas como radio y televisión, concepto en el que el gobierno estatal erogó 1,173 millones 301 mil pesos, 43% más de los 204 millones 629 mil pesos que se tenían previstos y en 2012, año de elecciones, el Gobierno de Nuevo León cuadruplicó el gasto en despensas y apoyos sociales con un proveedor ascendiendo este gasto a 562 millones de pesos el cuádruple de lo destinado a este rubro aun en los años del 2010 en el que el Estado fue azotado por el Huracán Alex y en el 2011 con una sequía extrema.

No sin pasar por alto el fuerte escándalo que sufrió el Instituto de Control Vehicular el año pasado al reportarse como robadas más de 325 mil juegos de placas sin que al día de hoy se hayan fincado responsabilidades para encontrar a los responsables.
Es en estas condiciones que en un mero animo recaudatorio, y no el correspondiente a la esencia del remplacamiento, que lo es el control y seguridad vehicular, solo podemos como representantes de Nuevo León rechazar esta media impositiva.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. La posición que socialmente se nos ha dado, como legisladores, es garantizar el bien común, pero al hacerlo, debemos mantener la empatía con el ser humano, nuestro igual, que acude a nosotros para ser escuchado, en su denuncia para exigir ayuda.

III. Atendiendo a lo expuesto, considero seriamente, que se debe hacer un fuerte llamado al Gobierno del Estado de Nuevo León a desistirse de este programa en beneficio de los Neoloneses.

Por todo lo anteriormente expuesto, Somoto al Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León el C. Rodrigo Medina de la Cruz, para que desista de seguir con el procedimiento de canje de placas o en su caso, se abstenga de cobrar por ése concepto a la ciudadanía y que sea el mismo Gobierno quien absorba el costo de realizar el canje de placas.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.






Del Senador Adán Augusto López Hernández, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar recursos para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que refuercen las medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR RECURSOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE EN EL ESTADO DE TABASCO Y A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA QUE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA MISMA ENFERMEDAD

"El que suscribe, Senador AdAn Augusto LOpez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular del Ejecutivo federal a destinar recursos para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que refuercen las medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el presente año sería uno de los más difíciles por el aumento de la incidencia de personas contagiadas por el virus del dengue en países con climas tropicales y subtropicales. Lo cual se ha confirmado ya que esa enfermedad ha ido en constante aumento en las últimas décadas en todo el mundo, y lamentablemente se prevé que en los próximos años el porcentaje de personas infectadas aumente drásticamente debido a lo cual se ha considerado un problema importante de salud pública por la misma organización.

Como es sabido, el dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos la cual causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal conocido como dengue grave o hemorrágico. Lo mismo afecta a bebés, niños pequeños y adultos principalmente en centros de población urbanos y semiurbanos. El vector principal del virus se denomina Aedesaegypti, para el cual no existe vacuna ni tratamiento específico, ante este panorama, el único método para su control y prevención es combatir la producción de vectores que se dan en recipientes artificiales.

En nuestro país de acuerdo con el reporte semanal denominado “Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue” correspondiente a la Semana epidemiológica número 36-12 de septiembre de 2013-elaborado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hoy en día hay un total de 27,783 casos confirmados de dengue en el País.

Del referido documento se desprende que al comparar el comportamiento de los casos ocurridos a la misma fecha de corte de 2012, se observa lo siguiente: Incrementos del 46 por ciento de los casos probables e incremento de 43 por ciento en los casos confirmados.

El 72 por ciento de los casos estimados de dengue en el País, se concentran en los siguientes estados: Tabasco, 4245; Tamaulipas, 3503; Veracruz, 3147; Morelos, 1985; Chiapas,1838; Guerrero, 1612; Quintana Roo, 1474,Colima, 1253;Nuevo León, 1255 y Oaxaca, 1222. Asimismo, estas entidades suman el 63 por ciento de todos los casos confirmados.

De los más de 27 mil casos registrados en todo el País, tan sólo en el estado de Tabasco se tiene una incidencia de 4,245 casos -aproximadamente el 15 por ciento del total nacional- de los cuales 3,350 corresponden afiebre por dengue y 895 casos a fiebre hemorrágica por dengue. Con un promedio semanal de infectados de 187 personas, ocupando con ello el primer lugar nacional. Lo anterior se ve agravado por factor de temporada de lluvias e inundaciones en la entidad –se tiene casi el 30 por ciento de la precipitación pluvial del país en un año.

Ante las altas cifras de contagios, se puede hablar de que el presente año es el peor del último lustro en la entidad por lo cual se teme que con los aumentos registrados en las últimas cinco semanas, la enfermedad se convierta en una epidemia por los brotes y el efecto multiplicador que ello implica, situación que puede mitigarse con el reforzamiento de las acciones de control de las causas y efectos de la enfermedad por parte de las autoridades, así como extremar todas las medidas de protección a la población para evitar una catástrofe sanitaria.

Diversas medidas se han implementado por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, las cuales han realizado actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control del dengue, no obstante, las cifras de la enfermedad van en aumento lo cual nos hace estimar que las acciones y los recursos han sido insuficientes para mitigar los contagios explosivos entre la población.

De igual manera, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica EE-01-2013 por dengue en Tabasco lo cual trajo consigo la liberación de recursos por el orden de 16 millones de pesos para fondear los programas destinados al combate de la enfermedad, lo cual es una acción paliativa de la emergencia sanitaria a efecto de revertir el avance de la misma, sin embargo, como es sabido por todos en este tipo de circunstancias, los recursos son insuficientes para hacer frente a los rebrotes en la transmisión del virus entre la población.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de este Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Titular del poder Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos al Estado de Tabasco para fondear los programas de prevención y control del dengue que azota a la entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, así como a los ayuntamientos de los diecisiete municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a reforzar e intensificar las actividades de tratamiento, prevención y control del dengue en el Estado de Tabasco con el propósito de reducir los riesgos de transmisión de la enfermedad en esta temporada de lluvias e inundaciones, así como evitar las graves consecuencias de una epidemia.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Adán Augusto López Hernández".






De la Senadora Adriana Dávila Fernández, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales de nuestro país, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A COORDINARSE PARA DISEÑAR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA EFICAZ QUE PERMITA IDENTIFICAR, DESARTICULAR Y SANCIONAR REDES DEDICADAS A LA TRATA DE PERSONAS QUE OPERAN EN LAS TERMINALES INTERNACIONALES

"La que suscribe, Adriana DAvila FernAndez, Senadora de la República perteneciente a la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la h. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país, mismas que operan en terminales internacionales, lo anterior en base a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

La trata de personas es un crimen susceptible de ser cometido en la modalidad de crimen organizado.

Con el paso del tiempo, y a pesar de la vigencia de la Ley General Contra la Trata de Personas, las redes criminales dedicadas a la trata de personas han perfeccionado sus tácticas y sus métodos de operación.

Desafortunadamente, los últimos reportes indican que el aeropuerto de la Ciudad de México es foco y base de operaciones de las bandas dedicadas a la trata de personas.

Precisamente, el día de ayer se publicó una investigación basada en testimonios de víctimas que permitieron que saliera a luz pública la existencia de redes criminales integradas por agentes migratorios, empleados de aerolíneas y policías federales en la citada estación aeroportuaria.

Las víctimas son reclutadas en el extranjero mediante la promesa de obtener trabajos que les permitirán salir adelante con su vida; sin embargo, al llegar a la Ciudad de México, y después de ser vigiladas durante todo el trayecto, son trasladadas a centros de explotación sexual.

Cabe mencionar que en su llegada a México, sus datos personales, su identidad les es arrebatada toda vez que sus documentos migratorios desaparecen.

Las cadenas de corrupción en estos actos, son evidentes. El personal que labora dentro de las dos terminales aéreas se encuentra infiltrado por el crimen organizado.

Qué hacen los empleados de las aerolíneas, de la policía federal y del Instituto Nacional de Migración ante estos hechos tan lamentables.

Como es posible apreciar es poco lo que estas instituciones hacen por proteger a las víctimas de la trata de personas, porque es evidente que todo sucede ante sus ojos y nada hacen. Por el contrario, toda la operación es sistemática y cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo ejecuta.
Desde que la víctima es reclutada y transporta a México y luego llevada al lugar en donde será explotada, participa uno de los funcionarios ya mencionados.

Seguramente, estas conductas lamentables no solo suceden en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Por eso es necesario voltear la mirada a todas las terminales internacionales que hay en nuestro país, recordemos que el crimen organizado opera de forma globalizada.

Para el Senado de la República los derechos humanos deben ser una prioridad, más cuando estos se encuentran violentados por aquellos sujetos que deberían proteger la vida y seguridad de los seres humanos.

En tal virtud, es oportuno el Senado de la República exhorte a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país

Conforme establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Administración Pública Federal corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de sus respectivas áreas la formulación y dirección de la política migratoria, así como la vigilancia de las fronteras y los puntos de entrada a nuestro país por mar tierra y aire, además de la prevención de delitos del orden federal.

De esa forma el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece que incumbe al Instituto Nacional de Migración, analizar y proponer programas y acciones para la protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes; coordinar la operación de grupos de protección a éstos; regular lo relativo a aquellas personas extranjeras que quieren permanecer en México de forma temporal o definitiva; y en el mismo sentido vincular a aquellos mexicanos que contratan extranjeros por cuestión laboral o que desean establecer algún parentesco con personas extranjeras.

Por su parte corresponde al Comisionado Nacional de Seguridad adscrito a la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, la vigilancia e inspección en la entrada y salida de personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros;

Finalmente, conforme establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, compete al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, encontrándose dentro estos aquellos que se perpetran en instalaciones o lugares de índole federal como es el caso de terminales aéreas.

Derivado de lo anterior es que se considera adecuado hacer un llamado a tales autoridades, pues son las competentes para realizar el diseño de una estrategia que permita desarticular las bandas transnacionales dedicadas a los delitos en materia de trata de personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.

Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013.

Sen. Adriana Dávila Fernández".

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos antes señalados.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina.

¡Bienvenidos!

Igualmente saludamos a alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Loyola de América, de Cuernavaca, Morelos, invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

¡Bienvenidos!

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que tendremos las proposiciones con punto de Acuerdo, las cuales se harán desde sus escaños con un máximo de tres minutos, donde solamente se hará referencia a la lectura de los resolutivos del punto de Acuerdo.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a promover y difundir la cultura de la cremación funeraria.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Tengo agendado antes otro punto de Acuerdo que está en primer término y yo lo quisiera comentar. Es el que tiene que ver, precisamente, con un exhorto a los gobiernos estatales, al Consejo Nacional de Población y al gobierno del Distrito Federal.

Miren ustedes, yo no acostumbro a presentar iniciativas en razón de notas periodísticas o que sean el tema del día, pero hoy sí quiero hacer referencia a una nota, para dar a conocer un testimonio, un caso muy particular que puede llamar la atención de lo que está ocurriendo en nuestro país.

En el estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, una niña de apenas 12 años de edad acaba de dar a luz en razón de la falta de conocimiento, cultura y de información.

Hoy vemos con preocupación que hay estadísticas de que la vida sexual en la actualidad, inicia apenas a los 9 años de edad, hay cifras que establece el hospital civil "Juan I. Menchaca", de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, confirmados por la Secretaría de Salud, en los que se establece que el 30 por ciento de los embarazos, es decir, tres de cada diez, son de adolescentes y en muchos casos apenas niñas.

Por eso es importante que se retomen aquellas campañas de planificación familiar. No se trata que el Consejo Nacional de Población establezca, de o quiera intervenir en la vida familiar para determinar cuántos hijos quiere tener una familia. Pero hay que recordar que en el pasado, estas campañas que motivaban a las familias pequeñas que vivían mejor, a la atención que se puede dar a los hijos y que en los últimos años este tipo de campañas han estado prácticamente ausentes, los problemas de embarazos en los menores de edad, los psicológicos, los psíquicos, los de salud son muchos.

Por eso este punto de Acuerdo, que solicito lo apoyen compañeras y compañeros Senadores, es con la finalidad de exhortar al Consejo Nacional de Población, a los gobiernos de los estados de la República y al gobierno del Distrito Federal para que emprendan estas campañas en las que se dé la información necesaria para que quien quiera embarazarse lo haga con el pleno conocimiento.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y A LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DEL PAIS A RETOMAR DE MANERA INTENSIFICADA LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR, PRINCIPALMENTE DIRIGIDOS A PREVENIR EMBARAZOS IMPREVISTOS EN ADOLESCENTES

"El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a Consejo Nacional de Población (CONAPO) y a los gobiernos del Distrito Federal y de los Estados del país, a efecto de que retomen de manera intensificada los programas de planificación familiar, principalmente dirigidos a prevenir embarazos imprevistos en adolescentes; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin lugar a dudas, es extraordinario tanto el DON de dar vida, como ser el producto del amor de unos padres que esperan a un nuevo huésped de este mundo.

La maternidad garantiza la conservación de la humanidad y es la causa inmediata de nuestra existencia. Como tal, la maternidad debe ser motivo de especial responsabilidad y conciencia, al tratarse de un vínculo permanente de sangre o relación que entraña sentimientos, derechos y obligaciones. Por ello, la decisión de tener un hijo es un asunto muy serio.

El ideal que sugiere la responsabilidad que implica la maternidad, es que una decisión de esta naturaleza deba ser tomada y asumida por la pareja. Concebir un hijo debiera ser una responsabilidad tanto del padre como de la madre y el criarlo, una experiencia compartida. Esto es, un hijo o hija debiera ser deseado, ser concebido cuando la pareja lo decida y hacer efectivo del derecho de los hijos a nacer y desarrollarse en el seno de una familia, conforme las consideraciones que llevaron a los compromisos asumidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificados por nuestro país el 21 de Septiembre de 1989.

No obstante, eso no siempre sucede así. La maternidad inesperada o embarazo no planeado es un suceso que trae consigo sentimientos de miedo y confusión; máxime si se trata de un embarazo imprevisto en la edad de la adolescencia, con graves consecuencias.

Se trata de un compromiso que llega de la noche a la mañana, que está muy lejos de ser una noticia esperada, adquirida con responsabilidad, para la sana reproducción de la especie, así como para la alegría de una familia.

Es común que lo que las madres adolescentes pueden ofrecer a una criatura son condiciones precarias de salud, una madre con altibajos emocionales, muy probablemente, la ausencia de la figura paterna, amén de un futuro incierto y carente de oportunidades para su desarrollo integral. Las repercusiones van desde la forzosa deserción escolar, hasta complicaciones de salud que pueden llevar a la muerte.

Tener un embarazo antes de los 16 años de edad puede provocar diversos problemas de salud en madre e hijo, entre los cuales se encuentran los nacimientos prematuros y de bajo peso, mientras que para la joven los riesgos son contraer infecciones urinarias y vaginales, deficiencias nutricionales e hipertensión arterial. Datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que cada año mueren en el mundo 125 mil adolescentes por alguna complicación del embarazo.

Además, a largo plazo se ha observado que las madres jóvenes tienden a conformar familias numerosas, aun sin contar con los medios necesarios para brindar a sus hijos un hogar con las comodidades mínimas necesarias, lo que las lleva a caer en un círculo vicioso de pobreza y subdesarrollo, con mayor deserción escolar, desempleo o empleos mal remunerados.

El embarazo no deseado en un adolescente es un problema social cada vez más frecuente a nivel mundial. Tan sólo en México, cada año, cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes, lo que equivale al 27.6 por ciento del total, según cifras dadas en Jalisco por el Centro de Atención a Adolescentes Embarazadas del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”. En dicha entidad, conforme a esta estadística, 3 de cada 10 embarazos corresponden a adolescentes; confirmado así por la Secretaría de Salud Estatal.

En todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados, el 21% de ellos se da en adolescentes.
De esas estadísticas forma parte una joven de nombre GLORIA, que recién cumplió los 12 años de edad ya va a ser Mamá. Esto reza un encabezado de uno de los diarios de mayor circulación en el país de la semana pasada. Nota periodística que cada vez es de mayor frecuencia, pues habremos de recordar el caso de una joven de 13 años de edad que fue madre y además, fue motivo de una proposición con punto de acuerdo por parte de esta soberanía.

Las causas principales de este tipo de embarazos no deseados van desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, la curiosidad y el uso inadecuado de la anticoncepción.

Lo cierto es, que además de las medidas conducentes a casos particulares, se hace necesario acentuar las medidas preventivas a base de conocimiento y planificación familiar, a efecto de que exista entre la población la información clara y amplia sobre la maternidad y paternidad responsable, en cuya inercia, los padres de familia hablen con sus hijos abiertamente de sexo y en general, que de manera informada y libre los mexicanos puedan decidir sobre los hijos que desean y pueden criar.

Por ello, resultan de vital importancia los programas nacionales de población, en los que se considera que el bienestar de la nación y de las familias, depende en buena medida, de regular el crecimiento de la población y de armonizar su distribución territorial con nuestro potencial de desarrollo.

Al respecto, resulta de peculiar importancia el Consejo Nacional de Población (CONAPO), como una instancia gubernamental mexicana que tiene por objeto el diseño, operación y evaluación de las iniciativas y políticas públicas destinadas a regular el crecimiento de la población, los movimientos demográficos así como la distribución de los habitantes de México en el territorio. El propósito es favorecer las condiciones de igualdad de los mexicanos y la planificación de la dinámica demográfica en el país.

Ello sin menoscabo de que esa obligación no sólo es de índole federal, al tratarse de un problema de salud pública que concierne a todas las instancias de gobierno.

Cabe decir, que en antaño eran comunes las publicaciones inherentes, empero, a la fecha es cada vez más esporádico o nulo escuchar o saber de publicaciones sobre la planificación de la familia, como imprescindibles asuntos de salud pública, para que las personas puedan ejercer de manera responsable sus derechos reproductivos.

Es necesario que el estado Mexicano se avoque de manera oportuna e integral a la difusión esencial sobre la salud reproductiva, especialmente entre adolescentes, ante sus lacerantes consecuencias; de tal manera que se difunda por igual y sin distinción alguna entre los mexicanos.

Recordemos anuncios como… “La familia pequeña vive mejor”, que fue en un entonces la frase que se escuchaba como el eslogan ampliamente posicionado en la población mexicana, para promover la planificación familiar. Otro slogan fue “pocos hijos para darles mucho”.

A la postre, existen posiciones que pueden considerar el contenido de los referidos anuncios como inconstitucionales, ante la libertad que nos concede el artículo 4 de la Carta Magna, a saber…

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

No obstante, como el mismo dispositivo Constitucional refiere, la libertad de decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, va de la mano con la de la de la responsabilidad y la información.
De esta forma, es un asunto indispensable el que el Estado mexicano retome de manera intensiva los programas de planificación familiar, desde una perspectiva de la información, en la que no necesariamente se conmine a la población sobre tener o no tener cierto número de hijos, pero sí, para que la población pueda tomar decisiones de manera informada.

Esto implica que las y los adolescentes puedan estar debidamente informados de las consecuencias de la procreación, sus riesgos a temprana edad, la prevención de embarazos no previstos, las responsabilidades que un hijo merece y que la población pueda ejercer su libre derecho en las condiciones que la Constitución manda, esto es, de manera responsable e informada. Para ello, como ya se dijo, es necesario retomar de manera impetuosa los programas de información y planificación familiar.

Por ello, la propuesta en concreto consistiría en exhortar respetuosamente al Consejo Nacional de Población y a las entidades del país, precisamente a que se retomen de manera intensiva dichos programas de información y planificación familiar.

En mérito de lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Exhórtese respetuosamente al Consejo Nacional de Población (CONAPO) y a los gobiernos locales y del Distrito Federal y las Estados del país, a efecto de que retomen de manera intensificada los programas de planificación familiar, principalmente dirigidos a prevenir embarazos imprevistos en adolescentes, a efecto de que la población pueda verdaderamente decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos que deseé y pueda criar, de una manera libre e informada. Asimismo, a efecto de informar a las adolescentes que pudiesen encontrarse en alguna situación de violencia sexual, sobre la forma de proceder y ante qué autoridades puedan recurrir en busca de auxilio.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero".






PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL DISTRITO FEDERAL A PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA CREMACION FUNERARIA

“Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO y RICARDO BARROSO AGRAMONT, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos locales y del Distrito Federal, a efecto de que a su vez, promuevan en sus circunscripciones territoriales y conminen a sus municipios o delegaciones integrantes, a que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan y difundan la cultura de la cremación funeraria; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La muerte parece un hecho paradigmático de lo que puede llamarse un “hecho social”, pues sabemos que ésta tiene lugar en un contexto de esa naturaleza, de ahí que el significado de muerte se define socialmente, y el entorno de los rituales funerarios del duelo y el luto reflejan la influencia del contexto social en donde ocurren.
Históricamente, es de hacer reseña a Roma y Grecia, en el cual el entierro de los muertos era un deber sagrado. Negar sepultura a un cadáver era condenar al alma a errar sin descanso y, en consecuencia, crear peligro real para los vivos, pues estas “almas en pena” eran maléficas, por lo que los romanos y griegos de la antigüedad practicaban simultáneamente los dos grandes ritos funerarios, la cremación y la inhumación.

A través de los tiempos y distintos contextos de la historia, y hasta nuestros días, los ritos funerarios han sido materia de opiniones encontradas, en las que se advierten consideraciones en pro o en contra de ambos rituales funerarios, la inhumación y la cremación, generalmente de índole religioso, al grado de que llegó a considerarse como pagano el ritual funerario de la incineración o cremación del cuerpo, pese a que su existencia data desde la época antigua, en la que ya se ha destacado el ritual funerario romano.

En la actualidad, ambas acepciones del ritual funerario son aceptados social y religiosamente, incluso, específicamente en el año de 1963 la iglesia católica se manifestó a favor de ambos rituales funerarios, esto es, la inhumación y la incineración, siempre y cuando esta última no sea realizada con fines de sectarismo u odio a la religión católica. De esta manera, se superaron los mitos y tabúes sociales y religiosos que en algún tiempo hubiesen existido acerca de la incineración.

Por otra parte, en la realidad de nuestro tiempo, no solo puede observarse el tema desde el punto de vista social y religioso, pues influyen también aspectos económicos, familiares, jurídicos, demográficos, de espacio, culturales, y más perspectivas que tienen consecuencias en nuestra actualidad.

Como ejemplo, el multiplicado incremento de la población, en la que se hacen necesarios más espacios adecuados para el asentamiento humano y la satisfacción de necesidades propias de una población, también hace necesario el incremento del espacio para los integrantes de ésta que pasan a mejor vida. Realidad que no podemos negar y que se hace latente simplemente en la saturación y falta de espacios que impera en los cementerios, traduciéndose a un problema social que se debe atender.

Esta situación, es factor para hacernos abordar el asunto, y al hacerlo buscar causas, consecuencias y soluciones, por lo que, de esa manera habremos de llegar a una deducción, en la que la población opta preferentemente por un funeral con inhumación de cuerpo, siendo esta la opción que más exigencias de espacio o terreno implica, curiosamente a pesar de que es la opción menos ventajosa desde el punto de vista práctico, económico, de salud, higiene y jurídico.

Cuando una persona muere, se inicia una descomposición natural que dura de 6 a 8 años reduciéndose finalmente a cenizas, mientras que por medio de la cremación se obtiene el mismo resultado en tan solo tres horas. De este modo, la cremación de cadáveres presenta una interesante alternativa a la inhumación, con indudables ventajas, tales como eliminar problemas de espacio en los cementerios, evita focos de olor desagradable, es más barato, las cenizas pueden trasladarse dentro o fuera del país, pueden ser esparcidas en el mar, en el campo, guardadas en una pequeña urna en su hogar, en un templo o incluso en el mismo cementerio; de ahí que se adviertan sus ventajas sobre los tópicos mencionados en el párrafo que antecede.

Fomentar la cultura de la incineración, no sólo fomentará el menor requerimiento de espacio y recursos inherentes, sino también, notas periodísticas como la siguiente:

SATURACION DEL PANTEON OBLIGA A DEUDOS A ENTERRAR FUERA DEL LUGAR

Esto, con motivo de que en Valle de Chalco, México; se encuentra saturado desde hace varios años ya no hay espacio para que sean depositados los restos de las personas que pierden la vida.

“La saturación del cementerio ha provocado que los deudos sepulten a sus seres queridos en cualquier sitio, incluida la vía pública. La barda perimetral del camposanto ha sido rebasada por las tumbas que se encuentran ya en las calles del municipio 122 del Estado de México. Fuera del área del panteón prácticamente hay otro cementerio. Los muertos están más cerca de los vivos”.
Otra constante noticiosa es…

“EN POCO TIEMPO SE ACABARAN LOS ESPACIOS EN LOS 105 PANTEONES DE LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN ESTADISTICAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA DE SERVICIOS LEGALES. LA TENDENCIA ES REALIZAR MAS CREMACIONES: De las 2 millones 100 mil fosas existentes en los cementerios del DF, sólo 3.9 por ciento está disponible”

De este modo, se concluye que la falta de difusión, conocimiento y cultura funeraria en la que se contemple la opción a la cremación prevalece en nuestra gente; por ende, resulta necesario promover la cultura de incineración ante sus ventajas, tanto para el doliente, como para la autoridad municipal, quien tiene a su cargo la obligación de los servicios de cementerios, cada vez más saturados y carentes de espacios.

Esto, además de como ya se dijo sus ventajas en lo práctico, económico, de salud, higiene y jurídico.

Encuestas de casas funerarias afirman que en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, la cremación tiene una demanda de 60%. En la ciudad de México, el crecimiento es de 80%, mientras que la demanda disminuye conforme se acerca a las rancherías, donde, la cremación, apenas es de 5%.

El auge de la cremación en México, se asegura que se debe a factores económicos, de sobrepoblación en los panteones, cambio en la mentalidad de la sociedad y de tiempo de traslado para visitar a los difuntos.

Lo cierto es que en general, la falta de espacios en los cementerios municipales es cada vez más evidente. Son temas comunes que presentan los cementerios en el interior del país. Por eso, la propuesta respetuosa de que en México se difunda la cremación funeraria.

Seguramente será un tema propicio a la fecha, como lo es el festejo al día de muertos. Más independientemente de ello, las ventajas que ofrece la incineración merecen especial atención por parte de los gobiernos locales, en lo particular, por los municipales, por ende, que sea propicio el exhorto para promover y difundir la cultura de la cremación entre sus habitantes.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos locales y del Distrito Federal, a efecto de que a su vez, promuevan en sus circunscripciones territoriales y conminen a sus municipios o delegaciones integrantes, a que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan y difundan la cultura de la cremación funeraria, ante sus evidentes ventajas prácticas, económicas, de salud, higiene y jurídicas, con total respeto a la libre voluntad de los dolientes a optar por inhumación o incineración.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen.Ricardo Barroso Agramont”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas. Esta se turna a la Comisión de Salud y la propuesta referente a difundir la cultura de la cremación funeraria se turna a la Comisión de Salud.

Sonido en el escaño de la Senadora Rocío Pineda.
- La C. Senadora Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Dada la importancia del tema que acaba de presentar mi compañero, el Senador Jesús Casillas, quiero pedirle su autorización para sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: La Senadora Lisbeth Hernández, el Senador Miguel Romo, la Senadora Angélica Araujo, el Senador Daniel Amador, la Senadora Blanca Alcalá y la Senadora Angélica de la Peña, para el mismo asunto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Gracias.






Informo a la Asamblea que la Senadora Marcela Torres Peimbert, presentó un punto de Acuerdo que exhorta a incrementar los recursos contenidos en el Ramo 12 vinculados con la infancia, el cual se turna directamente a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN LA REVISION, DISCUSION Y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS CONTENIDOS EN EL RAMO 12 VINCULADOS CON LA INFANCIA

Marcela Torres Peimbert, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 1 del artículo 8, así como por el numeral 1 del artículo 276 y el artículo 108, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la revisión, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se incrementen los recursos contenidos en el Ramo 12 vinculados con la Infancia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quiero llamar la atención de esta honorable Tribuna para reflexionar la situación de la Infancia en nuestro país. Sin duda cuando nos preguntamos entre políticos, sociedad civil, padres de familia ¿los niños ocupan un papel importante? desde luego la respuesta es que sí es un sector de la población prioritario.

Durante esta etapa se encuentran factores decisivos de la sociedad que se integrará en el futuro, no solamente ocurren cuestiones trascendentales para la personalidad de los individuos sino es una etapa en donde puede tener cabida la prevención de diversos problemas sociales como la delincuencia, el maltrato, entre otros.

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento.

En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de son fundamentales.

En México, la población entre 0 y 5 años de edad es de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones son niños y 5.7 son niñas. El 61.2% de ellos se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4% en condiciones de pobreza alimentaria. La desigualdad de sus ingresos y oportunidades varían con la geografía del país. Así, se tiene que en un estado del sureste como Yucatán el 61.5% de los niños menores de 5 años está en pobreza patrimonial, mientras que en uno del norte como Sonora, el mismo rubro es de 46.5%.
El desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas y para formar la identidad y la autoestima de los individuos.

La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia.

De acuerdo a datos de UNICEF México hasta 2009 había un total de 13 millones de niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad, de los cuales 6.6 millones son niños y 6.4 millones son niñas. Más de la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza patrimonial (62.2%) y uno de cada cuatro (28%) no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios.

Es tal la realidad de la infancia en nuestro país que Programas Federales vinculados a la Infancia así como Instituciones como las Procuradurías de la Defensa del Menor y la familia cobran relevancia por el tipo de acciones que realizan.

Dentro del Ramo 12 Salud del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 encontramos lo siguiente:

PROGRAMA FEDERAL

GASTO TOTAL

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

131 millones, 580 mil 192 pesos

Programa de Atención a Familias y población vulnerable

91 millones, 965 mil, 765 pesos

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

315 millones, 145 mil, 082 pesos

Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia

57 millones, 601 mil, 837 pesos

Es de particular atención el gasto programado para el Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia el cual cuenta con tan solo 57 millones, 601 mil, 837 pesos; revisando el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 es de resaltar que al Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto le interesa más el gasto que tendrá la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, contenida en el Ramo 02 a la cual le asignan un total de 116 millones, 975 mil, 752 pesos. Poco menos de 60 millones para atender a los niños de todo el país que acuden a las Procuradurías de la Defensa del Menor y casi equivalente a lo que el Presidente gastará en su Coordinación de Asesores a la cual le asignó un total de 55 millones, 721 mil, 019 pesos.

Las Procuradurías para la Defensa del Menor y la Familia, son los órganos especializados de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, encargados de prestar en forma gratuita, orientación, protección, defensa y asesoría jurídica a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las Procuradurías coordinan acciones con instituciones de asistencia social pública y privada, conformando una red que permite ofrecer servicios con calidad y calidez a quien lo necesita. Actualmente, se constituye con más de 800 unidades ubicadas en los tres órdenes de gobierno y ofrecen atención y asistencia en caso de adopciones, maltrato infantil, violencia familiar, búsqueda de menores, divorcios, pensiones alimenticias y regularización del estado civil.

Las Procuradurías son un medio idóneo al alcance de las personas de escasos recursos para acceder a la justicia en condiciones dignas y para llevar a cabo una defensa adecuada de sus intereses, en materia de Derecho Familiar. Quienes menos tienen se encuentran desprotegidos ya sea por la lejanía de los juzgados, por la dificultad para llegar a ellos y por falta de recursos.
Las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia prestan de una manera organizada, permanente y gratuita asesoría jurídica a los grupos más vulnerables para que éstos tengan acceso a la justicia.

Dentro del Ramo 02 Presidencia de la República el Proyecto de Egresos de la Federación contiene, entre otras denominaciones:

DENOMINACION

GASTO TOTAL

Secretaría Particular del Presidente

226 millones, 052 mil, 920 pesos

Coordinación de Comunicación Social

116 millones, 975 mil, 752 pesos

Coordinación de Asesores del Presidente

55 millones, 721 mil, 019 pesos.

Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental

82 millones, 613 mil, 730 pesos

No es posible que en los rubros mencionados de Presidencia de la República se programe mayor presupuesto que el que se asigna a Programas relevantes como los ya mencionados así como al Programa de Fortalecimiento de las Procuradurías del Menor y la Familia, es una responsabilidad irrenunciable que los compañeros diputados deben resolver en uso de las facultades exclusivas con las que cuentan por ello con base en las anteriores consideraciones propongo:

Punto de Acuerdo

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 incrementen los recursos contenidos en el Ramo 12 vinculados con la Infancia en particular los Programas: Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia; Programa de Atención a Familias y población vulnerable; Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. María Marcela Torres Peimbert”.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable en las Costas.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy, presento el siguiente punto de Acuerdo y acudo ante el Pleno de esta Soberanía para solicitar a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado, la creación de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable de Costas.

México es un país costero y estamos ante la oportunidad de formar una comisión especial que fundamente la estrategia que nos permita apreciarlo por sus litorales, buscando fortalecer y enriquecer el proyecto normativo de las costas mexicanas.

El 56 por ciento del territorio nacional tiene acceso al mar, tenemos en la federación 17 estados costeros, en los que habitamos más de 47 millones de personas, asentados en los 156 municipios con frente litoral.
Esta comisión tiene prospectado desarrollar herramientas legislativas para el aprovechamiento sustentable, la protección del ambiente, la prevención de desastres, la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales y la garantía de los derechos de los habitantes inversionistas y visitantes de las zonas costeras.

Finalmente, quiero invitar a todos mis compañeros y compañeras Senadoras a que apoyen esta propuesta que busca brindarles la atención indispensable a nuestras costas.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE COSTAS

“Senadora LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 119, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 85 que la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 71 y 78 que la Cámara podrá nombrar las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

Que los desastres naturales se han convertido en un problema con graves repercusiones en el país, debido a la inadecuada forma de trabajar en los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como irregularidades en el otorgamiento de los permisos para una adecuada planificación de las edificaciones, casos de corrupción, innumerables ordenamientos, incremento desmedido en el desarrollo urbano, deterioro ambiental, erosión de las costas, todo esto ha traído aparejados pérdida de vidas humanas, destrucción durante los últimos años; así como afectación en el sector turístico y de comercio a nivel nacional e internacional.

JUSTIFICACION

Es necesario contar con una ley general para el desarrollo sustentable de las costas mexicanas, porque en nuestro país la zona económica exclusiva es de aproximadamente: 2’715,012 km2, con un mar territorial: 231,813 km2, también tenemos Litorales 11,122 km, de ellos 7,828 en el Pacifico y 3,294 en el Golfo de México y Mar Caribe, todos ellos se encuentran distribuidos en 17 estados de la República mexicana, que son 1)Baja California, 2) Baja California Sur, 3) Sonora, 4) Sinaloa, 5) Nayarit, 6) Jalisco, 7) Colima, 8) Michoacán, 9) Guerrero, 10) Oaxaca,11)Chiapas, 12) Quintana Roo, 13) Yucatán, 14) Campeche, 15) Tabasco, 16) Veracruz y 17) Tamaulipas, en su conjunto equivalen al 56% del territorio nacional, en donde tenemos ecosistemas importantes como los sistemas estuarinos por su aporte de nutrientes, humedales, manglares que sustentan la pesca y la biodiversidad, y dunas costeras; así como un territorio insular con más de 900 islas e islotes.

Actualmente, nuestro país cuenta con 102 Puertos; tanto en el Pacífico como en el Golfo de México y Mar Caribe. De ellos, 15 son terminales, de acuerdo a la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT).1
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la zona costera es el espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el medio terrestre y la atmósfera. Comprende 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 con influencia costera alta y media. Es un bien de dominio de la nación.

El litoral mexicano su potencial económico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en grave riesgo debido a la falta de seguridad jurídica y de la regulación que lo garantice.

El pasado 16 de septiembre varios estados de la República sufrieron graves afectaciones originadas por el Ciclón Tropical “Manuel” tan sólo en el estado de Guerrero, el más afectado, mediante el Fondo de Atención de Emergencias se emitieron dos Declaratorias de Emergencia para dar atención inmediata a 73 municipios de la entidad, resultando afectadas 314,436 personas y un total de 78,609 familias, posteriormente, se incrementaron a 81 municipios de la entidad.

Tan sólo la cuantificación preliminar de daños en infraestructura asciende a 22,362 millones de pesos y para realizar acciones inmediatas de limpieza, restablecimiento de comunicaciones y remoción de escombros, entre otras, se autorizaron 1,704 millones de pesos. Dando un total de 24,066 millones de pesos para atender la emergencia con los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN).2

Esto es un lamentable ejemplo de lo ocurrido en diversos estados de la República, uno de los desastres naturales más graves en los últimos años que han generado pérdidas de vidas humanas, materiales, trabajo, turísticas y económicas de varios miles de millones de pesos que se traducen en pobreza, enfermedades, devastación de los recursos naturales y de desarrollo nacional.

Los niveles de deterioro ambiental y del tejido social es evidente y alarmante, esto se debe en gran parte a que no existe una visión de México como país costero que fortalezca las facultades federales al integrar la de los gobiernos estatales y de los municipios costeros en nuevos esquemas de gestión ambiental ya que la zona costera es dinámica, por lo que, para su regulación se requiere atender a los procesos que en ella se desarrollan, e involucrar a todos los que en ella viven y conviven por contar con funciones, tener inversiones y atender a intereses de manera que se dé el adecuado desarrollo de convivencia, explotación y protección en el medio ambiente, prevención y cuidado de la salud.

La Comisión Nacional de Población (CONAPO), informó que la población de los estados costeros en el año 2005 fue de 47´344,698 habitantes, mientras que para el año 2030 se espera que aumenten a 55 millones según se estima, (CONAPO, 2006).3

Ante esta situación y para reconstruir el orden en las zonas costeras, se requiere una Ley General que responda al reto de reconocer y aprovechar el potencial costero de México, a partir de la coordinación entre la Federación, los Estados y los municipios costeros bajo un esquema de gestión sustentable y con una Autoridad Costera que lo lleve a cabo, garantizando el derecho a un medio ambiente adecuado; prevenir los riesgos del cambio climático que son devastadores y lograr el desarrollo sustentable a nivel nacional.

Se requiere de una Ley que establezca las bases de coordinación para el manejo integral y sustentable de la zona costera reconocer que México es un país costero, porque más de la mitad de sus estados tienen salidas al mar y los municipios costeros son el eje para la aplicación efectiva de la norma. Que tenga como objetivos entre otros: La garantía de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna de todos: habitantes, visitantes, inversionistas, en las zonas costeras, el aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas; la defensa de sus recursos naturales; la protección del ambiente y de los ecosistemas costeros; la prevención y atención de desastres y de riesgos y la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales.
Los objetivos principales que desarrollaría esta Comisión Especial de Costas son:

PRIMERO. Que la comisión especial que se propone en este punto de acuerdo, es para la creación de una Ley General para el Desarrollo Sustentable de las Costas mexicanas.

SEGUNDO. De la creación de la Comisión Especial que se propone en este punto de acuerdo, sería llevar los temas bajo criterios de una agenda consensuada por los miembros integrantes de la Comisión.

TERCERO. Propiciar el acercamiento con las diversas comisiones ordinarias que realicen ordenamientos relacionadas con las Costas, todo esto para evitar se den criterios que impiden llevar políticas homogéneas sobre el asunto. Esta Comisión Especial beneficiaría como punto principal a nuestro país ya las comisiones dictaminadoras con los resultados de los trabajos y opiniones de los expertos en la materia, para dar una opinión sobre su viabilidad y que se ajusten a una visión consensuada del tema.

CUARTO. Recopilación de los ordenamientos relativos a la materia y su clasificación y análisis de las leyes aplicables a la misma.

QUINTO. Detección de necesidades de los diversos organismos involucrados a nivel Federal, Estatal y Municipal.

SEXTO. Consultas públicas con las diversas organizaciones civiles, públicas y privadas.

SEPTIMO. Estudio y redacción de la creación de normativa general.

FINALIDAD: La creación de una Ley General de Desarrollo Sustentable de Costas.

FUNDAMENTO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda la creación de esta Comisión Especial de Costas que se propone a esta Soberanía, en base a los siguientes artículos:

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El Artículo 4º constitucional, en su párrafo cuarto, hace mención a los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Esta es una obligación para los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal, trabajar en colaboración, para detener el grave deterioro que han sufrido las costas a nivel nacional, hacer valer el debido cumplimiento de las normas para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, tal como lo establece este artículo.
Para dar mayor certeza jurídica encontramos en el Artículo 17º en su párrafo tercero:

“El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas”.

“Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”.

Esto significa que en materia ambiental, los ciudadanos ya tienen una herramienta procesal para defender sus derechos colectivos cuando sufran alguna afectación en su salud, propiedad a causa de un daño ambiental, podrán demandar conjuntamente al responsable del perjuicio.

Por último en el Artículo 27, en el párrafo tercero, menciona:

“…el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

Con la finalidad de evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el artículo 82 Y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores conforme al artículo 114, numeral I y 119 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación de la creación de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable de Costas.

SEGUNDO. Esta comisión tendrá por objeto organizar, analizar, discutir el marco normativo y dirigir los trabajos de consulta con expertos, académicos y representantes de organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social; así como apoyar a las comisiones de dictamen respectivas con la finalidad de perfeccionar la legislación existente.

TERCERO.- Podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

CUARTO. La Comisión Especial de Costas estará integrada por los Senadores de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.

QUINTO. La Comisión Especial estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2018.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 5 de noviembre de 2013.

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. [En línea] www.sct.gob.mx

2 Secretaría de Gobernación. [En línea] www.segob.gob.mx

3 Comisión Nacional de Población (CONAPO) En línea [www.conapo.gob.mx] Referencia (CONAPO, 2006).

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luz María Beristain. Túrnese este punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

En este momento hacen su arribo a este salón de sesiones los alumnos de la escuela de derecho de la Universidad Loyola de América, de Cuernavaca, Morelos, invitados por nuestro compañero, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a quienes saludamos.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)






Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su punto de Acuerdo que solicita un informe respecto al daño ambiental ocasionado a la presa "José López Portillo" o presa "El Comedero".

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Incluye 3 puntos de Acuerdo, señor Presidente, pero voy a hablar a nombre de 300 pescadores del municipio de Cosalá, Sinaloa, que se han dedicado a la actividad de la pesca durante años; y que en 2011, después de hacer una inversión de cerca de un millón de pesos para la siembra de peces albinos, para sus actividades, la producción esperada por 300 pescadores era de tres toneladas, con un importe de 60 millones de pesos, sin embargo, en dos años consecutivos se reportó la caída de la pesca y finalmente encontraron la razón de esta baja productividad, porque empezaron a aparecer peces muertos que llegaban de una afluente de un río, del río San Lorenzo, y desembocaban en la presa "José López Portillo" o "El Comedero". Esto originó algunos estudios; los estudios revelaron la contaminación de los peces por los residuos arrojados a las riberas de los ríos por las mineras, la empresa minera "Unidad El Herrero", del Grupo Minero Bacis, ubicada en el municipio de Otaes, Durango.

En razón de ello, quiero solicitar, obviándome, todo lo demás, al fin que lo van a publicar completo, el punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, remitan a esta Soberanía un informe respecto al daño ambiental ocasionado a la presa “José López Portillo”, a causa del vertimiento de mercurio y otros metales pesados como zinc, cobre y cadmio, detallando su evaluación si dichas sustancias se encuentran en los tejidos de la especie de Tilapia, así como en los sedimentos de los ríos San Lorenzo, Los Remedios y la presa “El Comedero”.

Segundo resolutivo; exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a que se haga una inspección y verifique la calidad del agua y sigue el demás contenido del punto, dándole celeridad en este sentido.

El tercero; que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Delegación de la PROFEPA, en el estado de Durango, a que remita a la Soberanía el dictamen donde ordena la clausura de actividades de la mina “Unidad del Herrero”, perteneciente al Grupo Bacis, ubicada en el municipio de Otaez, Durango.

Asimismo, pedirle a la PROFEPA que se constituya como coadyuvante del Ministerio Público a efecto de que se solicite la reparación del daño y a la Comisión Ambiental, que está ahí.

El quinto. Se implemente un programa emergente de apoyo al sector pesquero de Cosalá, Sinaloa, afectado por la contaminación de este tipo.

Y ahí mismo, está inscrito otro punto de Acuerdo de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros, del Ingenio del Mante, que es una cooperativa que tiene 3 mil 100 socios, que fueron afectados en el 91, con la expropiación o la declaración de quiebra de su ingenio azucarero, en un procedimiento de fast track, tipo Senado de la República. En 24 horas se declararon en quiebra los compañeros, se violaron sus garantías, sus derechos, se inventó a un personaje con poder legal de la cooperativa para declarar la quiebra y allanase a la quiebra.
Un juez, de manera indebida conoció de este procedimiento, cuando estaba impedido por razón judicial en el territorio, porque esto es en Tamaulipas, y se conoció en el Distrito Federal. En síntesis, se violaron los derechos de los compañeros cooperativistas de este ingenio azucarero.

Ellos, el 27 de septiembre de 2011 declaran, frente a todo lo que han sufrido, que son válidos sus argumentos y se declara nula la acción intentada para la compraventa del ingenio azucarero. Entonces, en el 2013, el SAE, El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y los ahora nuevos propietarios del ingenio presentan un recurso de 2013; les dicen a ellos que quedó sin efecto todo lo que ganaron.

Sin embargo, ellos tienen metido un juicio de amparo ahorita, una revisión en el Tribunal Colegiado en Materia del Primer Circuito, y estamos pidiendo concretamente, lo voy a leer aquí, un exhorto al Senado de la República, con estricto apego al principio de poderes, donde exhorta al Poder Judicial de la Federación, en específico al Ministro Juan N. Silva Mesa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se privilegien los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y resuelva, conforme a derecho, este recurso que han interpuesto los compañeros desde 1991, donde están reclamando que se les regrese el ingenio y se les paguen los daños, a los que tienen derecho.

Y ahí mismo, señor Presidente, muy rápido leo un último punto de Acuerdo que tiene que ver con que les hagamos un llamado a la Cámara de Diputados y al Secretario de Hacienda, al Director General de PEMEX, para que incluya en el Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, el seguimiento de la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo, y se le asignen los recursos pertinentes.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE UN INFORME RESPECTO AL DAÑO AMBIENTAL OCASIONADO A LA PRESA "JOSE LOPEZ PORTILLO" O PRESA "EL COMEDERO", A CAUSA DEL VERTIMIENTO DE MERCURIO Y OTROS METALES PESADOS

"El Suscrito, Isidro Pedraza ChAvez, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: Proposición con punto de Acuerdo con relación a la afectaciones del sector pesquero de Cosalá, Sinaloa, generadas por la contaminación de la Presa Presidente José López Portillo, conocida como Presa del Comedero, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

En el mes de abril del año en curso se presentó en el municipio de Cosalá, Sinaloa, una grave contaminación por metales pesados en la Presa Presidente José López Portillo mejor conocida como Presa del Comedero, afectando el equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente de la región, así como la economía de las familias sinaloenses que perciben sus ingresos de las actividades que se realizan en torno a la Presa del Comedero.

La Presa del Comedero se realizó con el propósito de generar energía eléctrica y el desarrollo de actividades primarias aprovechando el cauce del Río San Lorenzo mismo que nace en el estado de Durango como río de los Remedios, atraviesa el municipio de Cosalá y se interna en el municipio de Culiacán para desembocar en el Océano Pacífico1.
Su cuenca de captación pluvial tiene una superficie de 8 mil 919 kilómetros cuadrados hasta la estación de Santa Cruz de Alayá, registrando un escurrimiento medio anual de 1 mil 572 millones de metros cúbicos.2

La Presa del Comedero ocupa el lugar cuarto respecto a su tamaño a nivel estatal, contando con una capacidad de almacenamiento de 3,400 millones de m³ de agua, capacidad instalada de 110 MW de potencia y una área de riego de 14,000 ha3; entre las especies que se pueden encontrar en la Presa del Comedero destacan la Tilapia, Lobina, Bagre, Carpa y otras de escama de agua dulce.

Las actividades que se desarrollan en la Presa del Comedero, tales como la pesca tradicional, pesca deportiva, actividades turísticas, entre otras, han propiciado la organización de los pescadores para mejorar sus condiciones de trabajo y bienestar económico, consolidando una serie de cooperativas y otros tipos de organizaciones. Por ello, desde el mes de febrero de 2011 al mes de octubre de 2012 se implementó un programa de siembra de alvines vivos de Tilapia no hormonada en la Presa José López Portillo, El Comedero, con recursos propios de 300 pescadores y socios activos de las sociedades cooperativas que trabajaron en la repoblación de 12 millones de alvines con una inversión de $980,000.00 pesos. La inversión señalada se destinó a la compra de alimento balanceado no hormonado, el pago de especialistas y técnicos de campo, el pago de servicios públicos así como los gastos administrativos efectuados durante ese período.

La producción esperada por los 300 pescadores en los últimos dos años y medio es de 3,000 toneladas de producto de Tilapia en presentación fresca y sin vísceras que es la modalidad de ventas por parte de las sociedad cooperativas en comento, las cuales representan un total de $60´000,000.00 pesos.

No obstante las proyecciones planeadas por los pescadores, se reportó una caída en la pesca de Tilapia, arrojando pérdidas millonarias e incertidumbre para seguir las actividades cotidianas de pesca. En vista del riesgo que representaba esta situación para su sustento familiar, así como para el crecimiento y fortalecimiento de las cooperativas, se solicitó la realización de un estudio técnico que arrojará parámetros de lo sucedido en los dos años de baja producción.

En dicho estudio participaron el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP) por medio de la CONAPESCA y funcionarios de pesca de la SAGARPA principalmente de la subdelegación de pesca de Culiacán. En febrero de 2013 se arrojaron los primeros resultados y se recomendó la implementación de un programa de siembra de pacas de maíz (5 mil placas) introducidas e instaladas por los productores de la región, que ayudaría a la descomposición de la materia y el crecimiento natural de organismos sirviendo como alimento y alternativa para el incremento de la producción de las especies acuáticas existentes en el embalse.

Sumado a lo anteriormente expuesto, en abril de 2013 se presentó un evento de mortalidad de peces en las desembocaduras del Río San Lorenzo en la Presa José López Portillo o del Comedero, que nace en el estado de Durango y trae afluentes de agua de las partes altas del río. Los peces muertos mostraban una apariencia extraña no común en las especies acuáticas como la Tilapia y fueron conservados para su estudio y análisis por parte de las autoridades, instituciones o centros de investigación.

Se presume que la contaminación de la Presa del Comedero es ocasionada por los escurrimientos de las minas que operan en la parte alta del río, específicamente se nombra a la Mina Unidad El Herrero del grupo minero Basis, ubicada en el municipio de Otaez, Durango.

De manera formal se solicitó al Laboratorio de Geoquímica y Contaminación Costera de la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, un estudio sobre los peces muertos en la Presa del Comedero quedando a cargo de la investigación el Dr. Federico Páez Osuna. Los estudios mostraron contaminación de los especímenes acuáticos por mercurio y otros metales pesados como el zinc, cadmio y cobre.4
Los niveles en el músculo de los peces se registraron entre 0.17 y 0.52 mg/kg con base a peso seco y con una concentración media de 0.32+0.12 mg/kg. Para el hígado los niveles variaron entre 0.46 y 19.79 mg/kg, con una media de 3.81+4.70 mg/kg. Mientras que para las vísceras con todo y su contenido fluctuaron entre 0.26 y 1.12 mg/kg con una media de 0.45+0.21 mg/kg.

Considerando que el consumo humano de los peces se concentra en el músculo, se tiene que los niveles entre 0.17 y 0.52 mg/kg, es decir, una contaminación moderada por mercurio. Sin embargo debe considerarse que si se consumen productos contaminados por mercurio la misma es acumulable y perjudicial para la salud.

Respecto a los niveles de zinc en el músculo de los peces se generó un nivel entre 9.8 y 19.2 mg/kg, con una concentración media de 14.7+3.9 mg/kg. Los niveles de cadmio en el músculo estuvieron entre <0.08 y 0.80 mg/kg con una concentración media de 0.29+0.22 mg/kg. Finalmente para el cobre las concentraciones variaron entre <0.2 y 6.64 mg/kg y un promedio de 1.50+1.63 mg/kg.

En el mes de mayo del año en curso y a petición del equipo de investigación antes señalado, se llevó a cabo el estudio correspondiente del agua y los sedimentos (lodo principalmente) de la desembocadura del Río San Lorenzo en la Presa del Comedero; en el caso del agua, resultó la presencia de mercurio rebasando el nivel máximo considerado seguro para el cultivo de organismos que es de 0.10 µg/L. Lo preocupante de esta situación es que se utiliza el agua contaminada para riego del campo, de maíz y hortalizas que se destinan para el consumo humano.

Para los sedimentos, la muestra arrojó que hay una aparente contribución de mercurio desde la zona minera o de alguna otra fuente localizada sobre el Río de los Remedios, donde se viene transfiriendo material enriquecido y poco a poco se diluye conforme viaja por la Presa.

De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, la exposición al mercurio aún sea en pequeñas cantidades resulta ser altamente tóxica para el sistema nervioso central, periférico, inmunitario, así como para el aparato digestivo, la piel, pulmones, riñones y ojos. Ante la ingesta de mercurio se pueden presentar trastornos neurológicos y del comportamiento con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de la memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras.5

En el caso de cadmio, la misma OMS señala que puede producir lesiones renales tras largos períodos de exposición, además de que es uno de los elementos que figura en la lista de los 107 productos cancerígenos para el ser humano, según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

En ese tenor y una vez que los pescadores afectados tuvieron conocimiento de dichas conclusiones, acudieron ante las autoridades correspondientes para encontrar una solución a la problemática. El C. Francisco Ramos García, subdelegado de pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Sinaloa, señaló la pertinencia de parar las actividades de pesca y comercialización de los productos provenientes de la Presa del Comedero en virtud del riesgo sanitario que representa el consumo de productos contaminados6.

El paro de actividades origina un impacto económico de 3,000 toneladas de producto no recolectado y una derrama de 60 millones de pesos. El universo de afectados se aproxima a 1,304 personas, tomando en cuenta que cada familia de los pescadores, tiene en promedio cuatro miembros.

Por ello, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con sede en Culiacán de Rosales, en el estado de Sinaloa, solicitando la reparación total de los daños y/o pérdidas económicas arrojadas por la escasa o nula producción de especies acuáticas existentes en aguas continentales de la Presa del Comedero, así como la reparación total por daños e indemnización económica por el peligro de contaminación por metales pesados en las especies acuáticas que son destinadas para el consumo humano.

La Delegación de la PROFEPA en Sinaloa resolvió su incompetencia para conocer del asunto, por lo que canalizó y acumuló las denuncias a la Delegación de la PROFEPA en Durango. Las mismas están en trámite, sin embargo debe resaltarse la poca disponibilidad que han tenido las autoridades para conocer y brindar una solución a los pescadores y demás población afectada por la contaminación de la Presa del Comedero.

Finalmente es importante destacar la urgencia que traviesan los pescadores por la contaminación de la Presa del Comedero, pues el desempleo y la falta de ingresos familiares se complican en el contexto de descomposición social del estado de Sinaloa por la violencia y la presencia de grupos criminales.

Las autoridades correspondientes, en este caso la SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, PGR y SAGARPA, deben redoblar esfuerzos y coordinarse efectivamente para sancionar debidamente a quien resulte responsable por la contaminación de la Presa del Comedero, se garantice la reparación del daño y se encuentre opciones de apoyo a los pescadores, tales como desarrollos acuícolas.

No olvidemos que la pesca en Sinaloa se considera una actividad económica estratégica en virtud de que aporta el 4% del Producto Interno Bruto Estatal y emplea a cerca de 43,453 personas de manera directa7.

Por su producción pesquera en el año de 2010, ocupó el segundo lugar a nivel nacional con 276,388 toneladas de peso vivo que significa el 17.06% del total nacional. Respecto a su producción acuícola y participación nacional en dicho ámbito, el Estado de Sinaloa reportó en 2010 una producción de 50,198 toneladas de peso vivo con un valor de 3,568,867 pesos.

Los recientes fenómenos naturales han ocasionado daños materiales y pérdidas en la producción pesquera, agudizando la precaria situación del sector que compite en condiciones de desigualdad frente a las grandes importaciones y carece de apoyos gubernamentales que minimicen los efectos adversos de dichas prácticas.

La intervención y apoyo gubernamental resulta crucial en estos momentos, ya que a pesar de contar con la recién creada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental la misma presenta algunos preceptos que hacen inoperante la exigencia de la reparación del daño y compensación ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, remita a esta Soberanía un informe respecto al daño ambiental ocasionado a la Presa José López Portillo o Presa Comedero a causa del vertimiento de mercurio y otros metales pesados (zinc, cobre y cadmio), detallando en su evaluación si dichas sustancias se encuentran en los tejidos de la especie Tilapia Oreochromis niloticus, así como en los sedimentos de los Ríos San Lorenzo, Los Remedios y la Presa del Comedero.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que realice una inspección y verificación de la calidad del agua de los Ríos San Lorenzo, Los Remedios y la Presa del Comedero, incluyendo una evaluación para determinar la presencia de mercurio y otros metales pesados (zinc, cobre y cadmio), remitiendo a esta Soberanía los resultados obtenidos.
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango, a que remitan a esta Soberanía el dictamen que ordenó la clausura de actividades de la mina Unidad El Herrero perteneciente al Grupo Basis, ubicada en el municipio de Otaez, Durango.

CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que se constituya como coadyuvante del Ministerio Público a efecto de solicitar la reparación y compensación de daños por la contaminación ambiental de la Presa del Comedero a causa del vertimiento de metales pesados, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

QUINTO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a que implemente un Programa Emergente de apoyo al sector pesquero de Cosalá, Sinaloa, afectado por la contaminación de la Presa del Comedero que contemple como prioridad la inversión para desarrollos de acuacultura sustentables de Tilapia, Lobina, Bagre, Carpa y otras especies de escama de agua dulce.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez".

1 Cosalá, Estado de Sinaloa en Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México.

2 Fuente: http://infraestructura.ingenet.com.mx/wp-content/uploads/2009/07/presa_el_comedero1.pdf

3 Idem.

4 Se anexan fotocopias del estudio realizado por el Dr. Federico Páez Osuna, investigador titular "C" del Laboratorio de Geoquímica y Contaminación Costera de la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, para su conocimiento.

5 El mercurio y la salud, nota descriptiva No. 361, Organización Mundial de la Salud, OMS, abril de 2012.

6 "Pescadores de la Presa del Comedero están a la deriva", periódico El Debate Culiacán, 2 de agosto de 2013.

7 Nuevo impulso a la pesca y acuacultura, Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, gobierno del Estado de Sinaloa, pág. 201.






PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A ABSTENERSE DE INFLUIR EN LA RESOLUCION DEL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE EJIDATARIOS Y OBREROS DEL INGENIO DEL MANTE, S.C.L.

"El Suscrito, Isidro Pedraza ChAvez, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se abstenga de influir en la resolución del amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L., al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año de 1991, Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (Hoy en liquidación), inició un procedimiento de quiebra en contra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L., que en un lapso menor a veinticuatro horas llevó a cabo desde la presentación de la solicitud de quiebra, admisión, y allanamiento a la solicitud de quiebra.

En dicho procedimiento la solicitante de la quiebra, Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (Hoy en liquidación), no contaba con las cantidades liquidas para iniciar el procedimiento de quiebra.

La Cooperativa no fue emplazada formalmente al procedimiento de quiebra, compareció un apoderado en su representación a allanarse al mismo.

El apoderado se presentó acreditando su personalidad con un poder para pleitos, cobranzas y actos de administración, es decir, no contaba con facultades de dominio, y el escrito por el que se supone se allanó a dicho procedimiento ostenta una firma que no corresponde a dicho apoderado -esto se probó en juicio con las pruebas periciales correspondientes-.

Asimismo, del procedimiento de quiebra conoció un juez incompetente por razón de territorio, pues el domicilio social de la Cooperativa se encuentra en el estado de Tamaulipas y el juicio de quiebra se llevó ante un juez del Distrito Federal.
De lo anterior se concluye que la Cooperativa no tuvo representación alguna en el procedimiento de quiebra de la que fue objeto, pues el allanamiento fue el único acto en que aparentemente intervino por lo que se dejó de observar el principio de debido proceso legal en contra de la Cooperativa en virtud de que no se cumplió el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico procesal que son necesarios para poder afectar legalmente a la Cooperativa y sus socios cooperativistas Ejidatarios y Obreros en sus derechos como gobernados.

Es preciso señalar que en septiembre de 2011 el Juez que conoce del asunto dictó sentencia definitiva en la que declaro procedente la acción de nulidad absoluta de la compraventa judicial del Ingenio propiedad de la Cooperativa, así como condena a los demandados al pago de diversas cantidades por concepto de frutos naturales e industriales que la Cooperativa dejó de percibir durante las zafras que van de 1990 a 2010, más intereses.

Las codemandadas impugnaron dicha sentencia mediante recurso de apelación que se envío a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justica del D.F.

Durante el procedimiento las demandadas objetaron el poder con que acreditó su personalidad como apoderado de La Cooperativa, el Sr. Joel de la Rosa González en donde el juez la tuvo por legalmente reconocida; las demandadas apelaron esa resolución y la sala revocó dicha determinación y estableció que el apoderado no contaba con facultades.

La Cooperativa en amparo indirecto substanciado ante el Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal obtuvo a su vez la revocación de la sentencia de apelación para que se tuviera por reconocida la personalidad del apoderado que promovió la demanda, al considerar el Juez de Distrito que las facultades del apoderado son suficientes para iniciar el juicio que había planteado.

Las demandadas recurrieron la sentencia de amparo y al resolver la revisión interpuesta el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión confirmó el amparo concedido a la Cooperativa.

En la segunda instancia, en el mes de abril de 2012 la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó sentencia en la que resolvió dejar sin efectos la sentencia dictada por el juez de primera instancia, decretando la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y ordenando emplazar a juicio al Síndico de la quiebra, al Inventor de la quiebra y al Ministerio Público como parte del procedimiento de quiebra. Es decir, no entró al estudio de fondo del estudio.

La Cooperativa recurrió la sentencia de la Sala vía amparo indirecto, mismo que se radico en el Juzgado de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, habiendo sido resuelto en Enero de 2013 CONCEDIENDO EL AMPARO a La Cooperativa y para efecto de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, dejara insubsistente la resolución en que resolvió la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y dictara una nueva en su lugar en la que se resolvería el fondo del asunto a la luz de la nulidad absoluta ejercitada por La Cooperativa en el juicio de origen.

Esta sentencia fue recurrida por una de las codemandadas mediante el recurso de revisión mismo que fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quien determino una vez más CONCEDER EL AMPARO a La Cooperativa, pero modificando los efectos de la concesión del amparo, concediendo para efecto de que la Sala entrara a resolver el fondo del asunto pera ésta vez conforme a la acción de nulidad de juicio concluido que también hizo valer La Cooperativa en su demanda inicial.

La resolución del Tribunal colegiado en Materia Civil del Primer Circuito modificó el criterio existente hasta entonces en relación a que la acción ejercitada por La Cooperativa en el juicio de origen es la de nulidad absoluta o inexistencia de la compraventa judicial de los bienes La Cooperativa dentro del procedimiento de quiebra del que fue objeto, criterio sostenido en la sentencia de primera instancia, en una resolución del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver un recurso de revisión y en la sentencia de amparo dictada por el Juez de distrito Civil del Distrito Federal.
A finales del mes de Agosto de 2013 y en cumplimiento a la sentencia de amparo obtenido por La Cooperativa la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó sentencia en lo que revoca la sentencia anteriormente dictada por el Juez que conoció del juicio, estableciendo que en cumplimiento a la sentencia de amparo concedido a La Cooperativa entra al estudio del fondo del asunto y en estricto cumplimiento de los lineamientos contenido de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determina que la acción de nulidad de juicio concluido ejercitada por La Cooperativa se encuentra prescrita, pues a decir de la Sala La Cooperativa tuvo conocimiento del juicio de quiebra desde 1991 en virtud de que compareció al mismo lo que según la Sala se desprende de las actuaciones del juicio de quiebra exhibidas en copia certificada por las codemandadas, y absuelve a las demandas de todas y cada una de las prestaciones.

Esto no es así, pues como se dijo anteriormente La Cooperativa no fue emplazada a procedimientos que quiebra y su apoderado que compareció al mismo, no contaba con poder suficiente para representar a La Cooperativa, además de que el apoderado que compareció al mismo no contaba con poder suficiente para representar a La Cooperativa, además de que el escrito por el que se supone se allano el procedimiento de quiebra no lo calza la firma de dicho apoderado, pues esa firma es falsa. Además de lo anterior, la acción de nulidad de juicio concluido no está prescrita pues la Cooperativa, al no haber sido legalmente emplazada al juicio, no conoció de los vicios existentes dentro del procedimiento que dieron origen a la demanda sino hasta el mes de enero de 2011, en que los Abogado estudiaron a fondo todo el juicio de quiebra.

La Cooperativa recurrió a la sentencia de la Sala mediante amparo directo, mismo que en esta semana fue admitido por el TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO, ya la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de 15 días para que las demás partes también hagan valer sus derechos, es importante señalar que la misma está en trámite.

Sin embargo, coincidentemente posterior a la intervención del Lic. Juan Pablo Silva García(litigante conocido, hijo del Presidente de la SCJN) el anterior criterio fue cambiado y se estableció por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito D.F., que la acción ejercitada que debía estudiarse era la de nulidad de juicio concluido, la cual sugirió debía considerarse prescrita.

No obstante la estrategia instrumentada, la Cooperativa acredita que de todos modos ejerció en tiempo y forma la supuesta acción de nulidad de juicio concluido, impuesta para su estudio en la sesgada interpretación de esta controversia.

Los afectados exigen por tanto, que se ponga un freno a esta perniciosa cultura de la ilegalidad que hoy afecta a los cooperativistas, pero que afecta a todos. Por lo que se exige se falle conforme a derecho y en consecuencia se otorgue el amparo y protección de la justicia federal a favor de la Cooperativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, con estricto respeto al principio de división de poderes, exhorta al Poder Judicial de la Federación, en específico al Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se privilegien los principios de interdependencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, y se abstenga de realizar probables conductas constitutivas de delito como el de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, para determinar sobre la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito encargado de resolver sobre el amparo directo No. 623/2013 promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez".






PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ENERGIA Y AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX, A QUE INCLUYAN EN EL PLAN DE NEGOCIOS DE PEMEX Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 2014-2018, EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA REFINERIA EN TULA, HIDALGO



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Túrnese el primero de los puntos de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el segundo a la Comisión de Justicia; y el tercero a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Energía.

Solicito a la Secretaría informe sobre los puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a comisiones del Senado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a comisiones.






Cuatro de la Senadora Ana Gabriela Guevara. Uno con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS A PROTECCION INTERNACIONAL

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA QUEEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTEAL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIPN, GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y DISTRITO FEDERAL, SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS A PROTECCION INTERNACIONAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-El día 30 de septiembre se presentó en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional. Este instrumento, como explica la propia Corte, es una herramienta práctica en la que se plasman los ordenamientos jurídicos que regulan el tema de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México, así como ejemplos de sentencias de otros países que han resultado emblemáticas por su contenido en favor de los derechos humanos. La creación de una normativa especializada en el tema migratorio, con la publicación de las leyes de Migración y sobre Refugiados y Protección Complementaria, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, son acciones tendientes al reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México. El presente Protocolo pretende eliminar la invisibilidad de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, informando sobre sus derechos y exponiendo las reglas de actuación y buenas prácticas que pueden ser útiles a cualquier persona que imparte justicia para resolver los asuntos jurisdiccionales. La aplicación del Protocolo coadyuvará a que en México se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria; a que se genere una discusión especializada sobre los temas migratorios, y a transformar el paradigma de la criminalización de la migración. El presente Protocolo está dirigido a todas aquellas personas cuya labor diaria es la impartición de justicia, tanto en sede local como en sede federal, y que, por lo tanto, decidirán sobre casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional. No obstante, se reconoce también la utilidad que puede tener para las organizaciones de la sociedad civil y otras personas defensoras, así como para las instancias académicas interesadas en el acceso a la justicia de esta población.

2.- La aparición de un instrumento como el Protocolo de Actuación abre una posibilidad inédita en México para que los derechos humanos materialicen y expandan su cimentación, cataliza sus propiedades y añade un capítulo de progresividad que impulsará la obediencia irrestricta a este mandato constitucional. Es necesario, ante ello, que esta institución se sume al imperativo cultural de exhortar a las instituciones, autoridades y funcionarios que estén en contacto con las personas migrantes, para realizar las determinaciones de este protocolo de Actuación; es de conocimiento público que las muchas de las autoridades que imparten justicia en el caso de los migrantes, no cumplen ni acreditan una conducta obediente de los derechos humanos al llevar a cabo acciones en torno a los migrantes

Este documento detalla a las autoridades qué se debe hacer en caso de que un migrante sea detenido, a quién avisar, que derechos lo protegen y, en el caso, que existe, de que algún funcionario desconozca las leyes internacionales a las que se puede acoger un migrante, pueda consultar y saber dado que contiene un glosario y terminología para hacer válidos los derechos humanos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNICO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, MUNICIPALES Y EL DISTRITO FEDERAL A ASUMIR, DIFUNDIR, PROMOVER, INSTRUIR Y CAPACITAR, A LA ESTRUCTURA DE FUNCIONARIOS QUE TENGAN ALGUN CONTACTO, DENTRO DE SUS FUNCIONES, CON PERSONAS MIGRANTES, EL PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS A PROTECCION INTERNACIONAL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EMITIO.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 07 de noviembre de 2013".






Otro, con punto de Acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a presentar un programa de ahorro en el Ejercicio Presupuestal, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A PRESENTAR UN PROGRAMA DE AHORRO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, PARA QUE EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTE A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A PRESENTAR URGENTEMENTE UN PROGRAMA DE AHORRO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los procesos del gobierno ejecutivo visibles suponen que se hacen grandes esfuerzos por lograr una estructura presupuestal sólida que tenga la fortaleza y la consistencia necesaria para afrontar las responsabilidades suscritas. La recaudación fiscal siempre presenta escenarios conflictivos sobre todo cuando se comprende que los gastos del Estado, del Gobierno, no presentan diseños de alta complejidad en los que intervenga un respeto irrestricto al origen de esos recursos; es decir, que intervenga el factor ético. La conflictividad abierta en diversos frentes por aumentar las cargas impositivas es normal en cualquier sistema democrático; sin embargo esa conflictividad, en un país en donde la desigualdad social es una catástrofe diseñada, mantenida y estructuralmente construida, la conflictividad aumenta. La injusticia social, estructural y crónica que ha dispuesto de esos recursos para construir una arquitectura de desigualdad social que reparte minuciosamente la riqueza para hasta crear uno de los sistemas económicos más injustos que beneficia arteramente, en el sentido que le da la Real Academia de la Lengua a esta palabra, a muy pocas familias, y tiene en una situación de precariedad a millones de mexicanos, es una realidad lograda precisamente por cómo se dispone en forma de egresos, esos mismos ingresos.

Tenemos, entonces que los procesos de los presupuestos de egresos conllevan una responsabilidad definida que han generado esa injusticia social; entonces ante la propuesta de agudizar el recaudo la injusticia adquiere tienes más acusados de dolo, precisamente porque es visible que gran parte de los recursos se dilapida en gastos onerosos, accesorios, de lujo, de ostentación, de fasto, opulencia, suntuosidad y exceso. Y es visible porque la psicología de la ostentación obliga a mostrar la aparatosidad del dispendio como si fuera una necesidad o un rasgo de poder.

La irritación social, eminentemente, crece ante esta costumbre inmoral de derrochar recursos ajenos que son propiedad de la Nación y genera una actitud negativa ante las responsabilidades fiscales. Es penoso reconocer que falta una cultura de respeto a los recursos públicos y una conceptualización que retire de su ejercicio la noción de propiedad y de absoluta disposición. México tiene una historia negra con los tópicos discrecionales del gasto, las partidas secretas, los instrumentos financieros inexpugnables, el grado cero de transparencia en ciertos asuntos considerados reservados y sobre todo en uno de los rasgos de la política mexicana, su corrupción. Su inmensa corrupción.

2.- Estamos en los tiempos previos para definir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año 2014. Estamos en una época en donde las redes sociales van continuamente desplazando a las tradicionales formas de comunicación e información, la ciudadanía cada vez más se entera de la inaceptable conducta de olvidar ciertos aspectos de los gastos del Estado y del Gobierno; por ejemplo que el presupuesto de Egresos anual puede adoptar conceptos de ahorro ante gastos innecesarios, de contracción ante el dispendio y el lujo, de someter a una dieta sana la obesidad del gobierno, de, incluso, asumir criterios de austeridad o simplemente de reorganizar la ingeniería de los aparatos del Estado, incorporando las tecnologías de información para ahorro de trámites, de elaboración documental, del tráfico de la comunicación, del diseño mismo de la arquitectura del gobierno, de archivo y procesos en la toma de decisiones; se trata de inaugurar una responsabilidad social ante los recursos públicos y eliminar el desperdicio y el dispendio, dos males letales, sobre todo en estos tiempos en donde parece que no se encuentra dónde determinar la extracción fiscal. Simple, si el gobierno adopta una actitud respetuosa ante los recursos públicos, necesitará menos, muchos menos recursos del erario y se puede presentar un proyecto de Ley de Ingresos acorde con la situación social arriba descrita.
3.- Esta propuesta consiste en que el ejecutivo presente un plan para rediseñar el gasto del Estado una vez que se han extraído los gastos innecesarios, los gastos suntuarios, los salarios exorbitantes y prácticas obsoletas que implican enormes gastos al erario público y además comunique el monto ahorrado para que se redefina la estructura fiscal propuesta.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNICO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A PRESENTAR URGENTEMENTE UN PROGRAMA DE AHORRO GUBERNAMENTAL QUE ELIMINE LOS GASTOS SUNTUARIOS, LOS SALARIOS EXORBITANTES, LAS PRACTICAS OBSOLETAS Y CARAS QUE IMPLICAN GASTOS MILLONARIOS Y EXTRACCIONES IMPORTANTES DEL ERARIO PÚBLICO. TODO ELLO IMPACTARA EN LA DEMANDA DE LEY DE INGRESOS Y EN UNA REDEFINICION DE LAS CARGAS FISCALES.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2013".






Otro, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a llevar a cabo medidas conducentes para que se deje de utilizar el grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos de América, que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A LLEVAR A CABO MEDIDAS CONDUCENTES PARA QUE SE DEJE DE UTILIZAR EL GRILLETE ELECTRONICO EN MIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO,PARA QUEEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES A LLEVAR A CABO MEDIDAS CONDUCENTES PARA QUE SE DEJE DE UTILIZAR EL GRILLETE ELECTRONICO EN MIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Las estigmatizaciones físicas impuestas por alguna política estatal, cualquiera que sea la situación, a las personas como puede ser cualquier distintivo que a golpe de vista avise que una persona tiene cierto origen, naturaleza, adhesión ideológica, religiosa o social, en medio de condiciones propicias para la discriminación, forjadas por una cultura de la segregación o de una malentendida política de seguridad, atenta contra cualquier principio humanitario. Estigmatizar a las personas como medida de control social, provoca daños profundos a las personas señaladas y a toda aquella que tenga relación con ella, sobre todo en el entorno social. Ese recurso, el crear una medida de señalar o marcar a una persona, ya ha sido usado en ciertos y negros periodos de la civilización. La historia mundial ha manifestado que medidas así llevaron a holocaustos humanos y crisis humanitarias.

2.- Esta propuesta pretende llamar la atención sobre una medida adoptada por Estados Unidos con migrantes que se encuentran en una situación difícil y que no tienen una intención ni historia de delitos. Se trata de la imposición de grilletes electrónicos. Esta es una historia que se extrae de un medio de comunicación “Huffpost Voces”:

Maribel Arellano dice que todavía sueña que trae el grillete electrónico en su tobillo y aún llora cuando recuerda que lo llevó por 8 meses hasta octubre pasado que le fue removido. Sus siete hijos tampoco olvidan el aparato que provocó tanta vergüenza y humillación a su madre."Más que una molestia física, portar el brazalete es una tortura emocional, me hizo sentirme una delincuente, desesperada hasta el punto de querer mejor morirme varias veces", dijo la mexicana de 39 años originaria del estado de Guerrero, que ha vivido más de 20 años en Estados Unidos.

Rinawati Fnu, una indocumentada de Indonesia, también fue liberada del dispositivo después de un año de portarlo. Ella, su esposo y sus dos hijos soportaron un sufrimiento extremo, a tal punto que el aparato provocó una severa depresión a la joven madre.
Arellano y Fnu, junto con otro grupo de inmigrantes residentes en esta ciudad, forman parte de la demanda federal que a su nombre presentó el Centro Isenberg para la Igualdad en Migración (ICIE, por sus siglas del inglés) para exigir que se ordene la eliminación y se prohíba la colocación de grilletes electrónicos a indocumentados que cumplan con ciertos criterios.

Se argumenta que el uso de grilletes electrónicos es "un castigo cruel e inusual que viola derechos humanos, civiles y constitucionales".

En un documento que forma parte de una demanda, el ICIE pide que se ordene remover el artefacto electrónico a quienes ya lo traen y frenar la colocación del mismo a indocumentados que cumplan con criterios como haber sido liberados por ICE, el Servicio de Inmigración y control de aduanas (ICE) en Dallas, bajo palabra, que hayan residido en el país por más de 5 años consecutivos, que no sean un riesgo de fuga, que carezcan de récord criminal ni amenacen la seguridad nacional, que tengan lazos verificables con Estados Unidos y familia que sean ciudadanos o residentes permanentes de este país. Esas características corresponden al perfil de inmigrante que el ICIE define como "Americano que no es ciudadano", el cual otorgan al indocumentado que ha vivido y se ha integrado a la cultura y economía de Estados Unidos durante años y ha tenido hijos en este país. El abogado de ICIE, Arturo Rodríguez III consideró que "no se puede permitir que ICE siga perjudicando a familias, destruyendo sus vidas y burlarse del proceso", por eso aseguró que la demanda es la forma de intervenir y exponer el abuso de discreción de los agentes migratorios en esta ciudad.

El ICE detiene y mantiene en centros de detención a 34,000 inmigrantes al mismo tiempo en el país. De la población migrante adscrita al programa alternativo a la detención, la mayoría de detenidos no representa una amenaza pública y sólo el 11% ha cometido crímenes, según datos de la dependencia federal.

3.- El grillete es como una tobillera de caucho negro duro de unos cuatro centímetros de ancho y lleva una batería que sobresale y debe ser enchufada a la electricidad toda la noche para que se mantenga cargada 12 horas al día. Está sellado como con una especie de cerradura y sólo puede ser abierto por las autoridades. Por lo general el dispositivo está flojo para no apretar la pierna, haciendo que la batería, de alrededor de medio kilo, se mueva de un lugar a otro al momento de caminar. En el país hay unos 5 mil inmigrantes que llevan grilletes en sus tobillos, unos 400 más que en 2012, de acuerdo con estadísticas de la Policía de Inmigración de enero a mayo de 2013.El grillete electrónico es una de varias alternativas a la cárcel autorizadas por el Congreso en 2002 para supervisar de cerca a personas que están en proceso de deportación y asegurarse de que se presentan a las audiencias previstas en las cortes; para aumentar el cumplimiento de órdenes de repatriación; y para reducir la cantidad de fugitivos, según la Policía de Inmigración.

4.- Tengo la certeza de que ninguna Senadora o Senador de este país, está de acuerdo a que connacionales, por su condición de migrante pueda sufrir una acción de esta naturaleza. Sabemos causas y procesos, responsabilidades y omisiones que propician prácticamente la expulsión de millones de mexicanos de su país. Tengo la confianza de que esta soberanía se una para que las instituciones de gobierno federal pertinentes conminen, exhorten o llamen al Congreso de Estados Unidos a crear las condiciones necesarias para que esta medida del grillete electrónico pueda retirarse como recurso de monitoreo de las personas migrantes que puedan caer en esta infame experiencia de estigmatización. Por los derechos humanos de las personas y por una civilización de acciones humanitarias.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNICO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A HACER USO DE SUS RECURSOS, DE SUS FACULTADES, MEDIDAS E INSTRUMENTOS LEGALES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA HACER UN EXHORTO QUE PUEDA CREAR LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA QUE SE DEJE DE UTILIZAR EL GRILLETE ELECTRONICO EN MIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, YA QUE ES UN OBJETO QUE PROPICIA EXCLUSION SOCIAL, SEGREGACION, DISCRIMINACION Y ATENTA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 07 de noviembre de 2013".






Y uno más con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Salud Pública y al DIF del estado de Sonora y a la Secretaría de Salud del gobierno federal a enfatizar esfuerzos para atender las urgencias de salud que se presenten en dicho estado, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA Y AL DIF DEL ESTADO DE SONORA; Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A ENFATIZAR ESFUERZOS PARA ATENDER LAS URGENCIAS DE SALUD QUE SE PRESENTEN EN DICHO ESTADO

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA, BERNARDO CAMPILLO; AL DIF ESTATAL DE SONORA Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A ENFATIZAR ESFUERZOS A FIN DE ATENDER A LAS URGENCIAS DE SALUD QUE SE PRESENTEN EN EL ESTADO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El día miércoles 23 del presente, el Estado mexicano dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos que llevó a cabo durante los últimos cuatro años. El sentido de ello es evitar que estas acciones se sigan dando. México no presenta un buen aspecto en el respeto a los derechos humanos, de hecho se ha recrudecido su desobediencia. Las muestras describen defectos estructurales. Por ejemplo nos hemos enterado de varios casos de desatención médica: mujeres pariendo en jardines, personas muriendo a las puertas de hospitales. Hay mucho que reformar en temas estructurales, pero los temas estructurales son los de salud, justicia social y los temas con que se procura todo ello son los temas que ahora se toman como prioritarios.

2.- Hoy venimos con un caso que dice mucho de nuestro sistema de salud, transcribo una nota periodística del semanario Proceso “Un hombre de 38 años, originario de Casas Grandes, Chihuahua, falleció la mañana del lunes en los patios del Hospital General de Guaymas, Sonora, donde tenía cinco días en espera de atención médica, que le negaron por carecer de servicios médicos y de dinero en efectivo. José Sánchez Carrasco llegó al puerto en días pasados, sin embargo, debido a que se deshidrató tras deambular bajo los rayos del sol, sufrió un cuadro agudo de desnutrición y, aunque se presentó a solicitar atención al Hospital General, se le negó y murió en el sitio.

Debe señalarse que Sánchez Carrasco fue atendido en días pasados, sin embargo, al conocer que no contaba con algún programa de seguridad social y que no tenía dinero, se le pidió que se retirara, pues no le podían dar la atención adecuada porque eso costaba, por lo que el indigente decidió quedarse en los patios para que no empeorara su situación.

Luego de cinco días de permanecer literalmente tirado en el suelo en los patios del Hospital General, el infortunado indigente murió sin que algún médico le brindara la mínima atención. El director general del nosocomio, Alfredo Cervantes Alcaraz, en entrevista para diario El Vigía, dijo que el hoy occiso no se miraba enfermo y que él esperaba verlo ese lunes por fuera –del hospital–, como los demás días.“Él llegó al hospital pero no contaba con dinero y no se le pudo atender y él mismo decidió quedarse debajo de un árbol, donde durmió varios días, y un médico salió a checarlo en el trayecto de su estancia en las afueras del hospital, pero nunca fue hospitalizado”, admitió el funcionario.

Esto puede manipularse y señalarse como caso aislado pero las propias declaraciones del médico indican las fallas estructurales del sistema de atención médica: el hombre enfermo “no contaba con algún programa de seguridad social y que no tenía dinero”; así que no era susceptible de ser atendido por carecer de esos dos características. Otros medios de comunicación denuncian que la persona fallecida era un jornalero que estaba subsistiendo del apoyo de otros pacientes del hospital que ya habían, incluso, avisado al DIF municipal de Guaymas para que fueran a atender al hombre enfermo, pero el lunes murió.

3.- Es necesaria una investigación que no sólo señale a las personas que en conocimiento de recursos de servicios de salud no hayan hecho algo más que negar un servicio; el supuesto aviso al DIF municipal de Guaymas; no sólo eso sino una información que describa a un sistema de salud que ha propiciado una muerte que podría haberse evitado con una atención inmediata. Asimismo solicitaremos que el pleno avale que la comisión estatal tome cartas en el asunto.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA, BERNARDO CAMPILLO; AL DIF ESTATAL DE SONORA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A ENFATIZAR ESFUERZOS A FIN DE ATENDER A LAS URGENCIAS DE SALUD QUE SE PRESENTEN EN EL ESTADO, YA SEA ATENDIENDO O CANALIZANDO A LAS PERSONAS A UNA INSTITUCION QUE RESPONDA POR ELLO.

DOS.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA CONSIDERE EL ASUNTO ARRIBA MENCIONADO PARA DETERMINAR LA FLAGRANTE VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA EL HOY OCCISO, JOSE SANCHEZ CARRASCO Y EMITIR SU POSICION AL RESPECTO.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de octubre de 2013".






Del Senador Pablo Escudero Morales, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al doctor Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, por el premio internacional que recibió como “Banquero Central del Año 2013”, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-tecnología, de acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales, que se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A DISEÑAR UN PROGRAMA ESPECIFICO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA NANO-CIENCIA Y LA NANO-TECNOLOGIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LOS INTERESES NACIONALES

"El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nano ciencia y la nanotecnología, de acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales, y garantizando la seguridad de los productos diseñados y estructurados a partir de las mismas., al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías es una tendencia que impera en la actualidad, para el posicionamiento de nuevas potencias en el rubro de ciencia y tecnología. En los últimos años, los fenómenos y procesos en escala “nano”, ha despertado gran interés en el contexto mundial, por los grandes beneficios que promete en diversos sectores para el desarrollo de un país.

De acuerdo con el estudio “Diagnóstico y Prospectiva Nanotecnológica en México, de la Secretaría de Economía, la nanociencia es el estudio del fenómeno y la manipulación de la materia a escala nanométrica (0.1 a 100 nm), mientras que la nanotecnología se trata del diseño, caracterización, producción y ampliación de estructuras, dispositivos y sistemas a través del tamaño y la forma a nanoescala. Un nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una millonésima parte de un metro. En esta escala, las propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales, objetos o sistemas, son diferentes a las propiedades de los mismos en tamaño microscópico.

Ambos campos se desarrollan a gran velocidad en el ámbito internacional, sin embargo, aún se encuentran en una etapa embrionaria, en la que la inversión y la investigación están enfocadas aun a la comprensión de los fenómenos a nanoescala.

De acuerdo con el estudio antes citado, Estados Unidos, Japón y Alemania están a la cabeza en el dominio de esta tecnología, aportando 52% de la inversión total mundial; de ésta, 51% corresponde a los gobiernos, 43% a las empresas y 6% a capital de riesgo. En lo referente a patentes, se ha registrado un incremento de 300 en 1996, a 10 mil 105 en 2006, de las cuales 67% corresponden a Estados Unidos y 8% a Alemania.

En Latinoamérica, las naciones que cuentan con avances son Brasil, que cuenta con el Programa Nacional de Nanotecnología; Argentina, con la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN); y México que en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En éste último, se planteó a la nanotecnología como una tecnología estratégica y con un potencial de desarrollo importante, sobre todo en el sector energético mediante las capacidades de investigación y de infraestructura del Instituto Mexicano del Petróleo, reafirmándose este posicionamiento en el PECYT 2008-2012, que claramente expresa entre sus estrategias una mayor inversión en infraestructura, investigación e innovación en ciencia y tecnología.

Es necesario impulsar la innovación tecnológica en materia de nanociencia para que México pueda competir en el contexto internacional y evitar la dependencia de tecnología extranjera. Para esto, es necesario orientar la política de ciencia y tecnología con base en una economía de conocimiento, ya que aun cuando México cuenta con varios proyectos de investigación en nanomateriales bajo convenios bilaterales con los Estados Unidos y con la Unión Europea, no existe un programa nacional de nanotecnología; además, carecemos de un consejo administrativo que marque los objetivos y dirección que la nanotecnología debe seguir considerando el contexto nacional, una agenda de investigación vinculada a las necesidades internas y la regulación debida.

Entre los avances del país encontramos para el año 2008, la existencia de 56 instituciones realizando actividades de investigación en nanotecnología y nanociencia, más de 159 laboratorios y alrededor de 340 líneas de investigación; y aproximadamente 449 investigadores, de los cuales 29% se encuentran adscritos a centros de investigación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 18% están en la Universidad Nacional Autónoma de México, 15% en el Instituto Mexicano del Petróleo, 8% en el Instituto Politécnico Nacional y 30% en otras 20 instituciones1.

Asimismo, la Red Temática de Nanociencias y Nanotecnología (Nanored), cuenta con 270 miembros en diferentes líneas de investigación, provenientes de 42 instituciones entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México con 70 miembros, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados con 49 miembros y el Instituto Politécnico Nacional con 28 miembros.

Estas cifras representan un esfuerzo importante en cuanto al desarrollo e investigación de la nanociencia y nanotecnología en nuestro país, sin embargo, se ha registrado desde 1998 una tendencia hacia la disminución del presupuesto en este rubro. Aún cuando la Ley de Ciencia y Tecnología señala que no se otorgará menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2008 el presupuesto federal destinado solamente alcanzó como porcentaje del PIB, 0.37% y en 2011 de 0.5%.

El limitado financiamiento de ciencia y tecnología en México repercute negativamente en otros indicadores como el que mide el porcentaje del Producto Interno Bruto gastado en investigación y desarrollo experimental (IDE), en el que México sólo otorga 0.50%. Este porcentaje no sólo es menor que el de naciones desarrolladas como Alemania con 2.53%; Estados Unidos con 2.62%; Corea del Sur con 3.23%; o Japón con 3.39%; sino también en comparación con una economía de similar tamaño como Brasil, cuyo porcentaje destinado es de 1.02%2.

Cabe mencionar también, que gran parte de los productos nanoestructurados que se encuentran en el mercado, no están regulados por alguna instancia que certifique su uso y garantice que no exista ningún riesgo para la salud o el medio ambiente; además, no hay ninguna norma para su etiquetado. Entre estos productos encontramos cepillos de dientes, edredones antibacteriales, lavadoras, cosméticos y bloqueadores solares creados con nanopartículas diversas. Asimismo, existen materiales de construcción, nano-catalizadores en la industria petrolera y química, y otros materiales nanoestructurados utilizados en la industria automotriz.

Entre los avances de investigación cabe mencionar el desarrollo de nanomateriales, biolubricantes y nanorecubrimientos para la industria metalúrgica y el área de los hidrocarburos; la creación de un biosensor para diagnosticar y tratar el dengue; y otro proyecto que busca crear biolubricantes con grasa animal y vegetal que permitirá sustituir al petróleo, además de ser amigable con el medio ambiente3.

Si bien el descubrimiento y desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología abre grandes expectativas para la humanidad, esto implica numerosas incertidumbres e ignorancia sobre los riesgos y los beneficios futuros, por lo que resulta necesario reflexionare investigar sobre las implicaciones económicas, sociales, éticas, ambientales y de salud, de modo que se logre el desarrollo confiable, ya que así como trae consigo amplios beneficios, también representa posibles riesgos para el medio ambiente y para la población, puesto que estarían expuestos a nanoestructuras diseñadas por el ser humano, cuyas características, en su gran mayoría, son todavía desconocidas.
Resulta evidente que la inclusión de esta tecnología en la investigación nacional requiere de políticas públicas específicas como: la institución de un programa; incremento y fomento a la inversión pública y privada; desarrollo de infraestructura competitiva a nivel mundial; promoción de educación interdisciplinaria; respeto a principios éticos y consideración social; que ya han sido en impuestas en otros países desarrollados, de modo que México tenga oportunidad de crecimiento en este rubro, pueda competir a nivel internacional, y ofrecer una mejor calidad de vida para los mexicanos.

Con base en lo expuesto anteriormente, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico: El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, de acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales, y garantizando la seguridad de los productos diseñados y estructurados a partir de las mismas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 03 de octubre de 2013.

Atentamente".

1 Datos de la Secretaría de Economía encontrados en el artículo: La Nanotecnología en México: un desarrollo incierto Economía, Sociedad y Territorio. Revista Redalyc.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11112509006

2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2010.

3 Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana






Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender acciones para erradicar el acceso a contenido pornográfico en centros escolares, que se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER ACCIONES PARA ERRADICAR EL ACCESO A CONTENIDO PORNOGRAFICO EN CENTROS ESCOLARES

“El suscrito, Senador VICTOR Hermosillo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción ii, y 276 del reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un hecho innegable es que Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación evolucionan más rápido que los mecanismos para evitar su potencial mal uso. Las instituciones de procuración de justicia, están más adaptadas para hacer frente a los problemas del mundo real que a las necesidades y conflictos que ya enfrentan nuestros menores en la red.

Durante 2012, el número de internautas en México alcanzó los 45.1 millones, de los cuales el 71% ya se conecta a la red mediante teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas, según cifras de la Asociación Mexicana de Internet. Al día de hoy se prevé que para finales de 2013 los usuarios superen los 50 millones, con un aumento considerable en la conexión móvil.

De acuerdo con el estudio “Hábitos de los usuarios de Internet en México 2013”, los dispositivos de mayor uso para acceder a Internet aún sigue siendo la PC con 77% y la laptop con 74%.

El tiempo promedio diario de conexión entre los usuarios mexicanos es de cinco horas y 10 minutos, cantidad equivalente a un incremento de 61 minutos más contra lo observado en el 2012.
Según cifras de la Alianza por la Seguridad en internet, los hábitos en internet de alumnos de 4º de primaria a 3º de secundaria en nuestro país, son los siguientes:

12.3% usan Internet 5 horas o más al día.
18% han sido molestados en Internet.
44.2% se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en Internet.
12% aceptó que habla de sexo por internet con gente que no conoce.

La edad media de exposición a la primera imagen pornográfica son los 11 años, es decir en edad escolar, cada segundo 3 millones 75 mil 64 usuarios están pasando por un sitio pornográfico y 28 mil 258 son expuestos a imágenes pornográficas.

La Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 25% de la población sufre un problema relacionado con el abuso de las nuevas tecnologías. Las adicciones a éstas son un problema grave que puede repercutir de manera negativa al descuidar sus obligaciones o relaciones sociales.

Patrick F. Fagan, director del Family Research Council, ha analizado los efectos sociales y psicológicos de la pornografía en su estudio “The Effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family and Community”. En éste explica cómo los adolescentes que ven pornografía se desorientan durante la fase de desarrollo en la que están aprendiendo a afrontar su sexualidad, justo cuando son más vulnerables, donde existe incertidumbre sobre sus creencias sexuales y sus valores morales.

Contrario al argumento de que la pornografía es un placer inofensivo, Fagan hace referencia a evidencias clínicas que muestran que esta distorsiona de modo significativo las actitudes y percepciones sobre la naturaleza de la sexualidad. Si son consumidores habituales de pornografía, las niñas, niños y adolescentes generarán una tolerancia, ya que requieren de un consumo en ascenso para generar los mismos niveles de placer, que antes requerían una menor cantidad de estímulo.

Una orientación sexual adecuada ayuda a los adolescentes mientras maduran a generar patrones saludables. Desgraciadamente el fácil acceso a material pornográfico en los centros escolares, puede producir un patrón mal adaptativo en el contexto educativo y familiar.

La variedad de sitios, programas y mecanismos para enganchar a los menores al consumo de pornografía, aparecen todos los días y no se les da el debido seguimiento en el sistema educativo, ocasionando con esta omisión un conflicto en el desarrollo sexual de las niñas, niños y adolescentes.

Entre las razones más frecuentes del inicio de los menores en el consumo de pornografía se encuentra el deseo de experimentación, la búsqueda de identidad, la presión de los amigos, los mitos y una educación sexual deficitaria en las escuelas y en él hogar. Así la pornografía los “educa” con una visión distorsionada y carente de valores, origen en ocasiones de los conflictos de sexo, de pareja y familia.

Jill. C. Manning, en su libro “¿Cuál es el gran negocio de la pornografía? Una guía para la generación de Internet”, habla sobre los daños que la pornografía produce.

• Puede obstaculizar la capacidad de una persona para tomar decisiones claras, cuando se ha tornado en un proceso adictivo.

• Puede distorsionar poderosamente la visión de una persona sobre cuerpos, relaciones y sexualidad.

• Lleva a la gente a cosificar a los demás, viéndolos como juguetes sexuales que existen sólo para su propia satisfacción.
• Debido a su influencia distorsionadora mina las oportunidades de los jóvenes de tener seguridad en sí mismos, ser felices y crear relaciones duraderas en el futuro.

• Afecta, por tanto, su capacidad de ver la vida de forma verdadera, provechosa y sana.

• Disminuye la sensibilidad hacia las mujeres, mostrando más agresiones, rudeza y falta de respeto.

• Aumenta el riesgo de tener dificultades en las relaciones íntimas.

• Aumenta el riesgo de abusar sexualmente de los demás.

• Aumenta el riesgo de recibir información incorrecta sobre la sexualidad humana.

Se calcula que solo el 15% de los adultos en el mundo conocen los hábitos que tienen sus hijos en Internet y en las redes sociales.

En México el 78% de la población entre 11 y 18 años usa el internet con frecuencia y 9 de cada 10 han presenciado pornografía en la red.

El riesgo de una mala educación sexual a temprana edad, implica el desarrollo de comportamientos nocivos en la edad adulta. Cuando hablamos de Pornografía de Niñas, Niños y Adolescentes, nos encontramos con que en muchos casos los que se dedican a esta actividad tienen una visión distorsionada de la sexualidad.

Las estrategias de prevención requieren de la participación de los niños, es necesaria la preparación de los docentes para que junto con sus alumnos encuentren los mecanismos para dar un mejor uso de las TIC. El grupo de población de entre 12 a 34 años, es el que más utiliza internet, con una participación del 64.5 por ciento.

Es de tal dimensión el problema, que alrededor del 20% de toda la pornografía en Internet contiene imágenes de niños, de manera que hay una alta probabilidad de que nuestros hijos estén expuestos a este material sin desearlo.

Para el año 2012, 26% de los hogares contaba con una conexión a Internet, de los que accedían a este servicio 22 489 854 usuarios (INEGI, 2012). Por lo tanto, para la mayoría de los alumnos, la escuela podría ser el único lugar don- de disponen de este servicio, sin el cual no podrán desarrollar nuevas competencias en el uso de las TIC.

Según la Asociación Mexicana de Internet de los 45 millones de usuarios solo el 15% corresponde a los estratos altos y el 41% está en el estrato C que es el más vulnerable. Lo que significa que no debemos caer en la idea errónea de que es un problema de un sector reducido y con poca capacidad económica de la población, la orientación es necesaria ya que la tecnología supera las barreras de las clases sociales.

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el nivel primaria, 6 de cada 10 escuelas generales que tenían computadoras lograron acceder a Internet y casi 9 de cada 10 secundarias generales contaban con conexión. El mismo estudio revela que 9 de cada 10 escuelas primarias privadas tenía acceso a al menos una computadora con conectividad, en tanto que en las públicas sólo 5 de cada 10, en secundaria.

El mismo desarrollo de la tecnología también nos da herramientas para la erradicación de este problema, ya que existen navegadores exclusivos para menores de edad y son gratuitos, disponibles en la red para ser descargados.

Una educación sexual adecuada y abierta en las escuelas y la generación de mecanismos para impedir la visualización de sitios con contenido pornográfico son tareas elementales que el Estado debe implementar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en virtud de sus facultades instruya a la Secretaría de Educación Pública a que genere programas para erradicar el acceso a sitios de internet con contenido pornográfico en los centros escolares.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en virtud de sus facultades instruya a la Secretaría de Educación Pública a que genere programas, para que docentes, alumnos y padres de familia aprendan sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Víctor Hermosillo y Celada”.






De los Senadores Adriana Dávila Fernández y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar acciones para evitar que el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, continúen disponiendo de los recursos públicos destinados para sus jubilados y sus beneficiarios, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A REALIZAR ACCIONES PARA EVITAR QUE EL FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, EN CONJUNTO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA, CONTINUEN DISPONIENDO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS PARA SUS JUBILADOS Y SUS BENEFICIARIOS

"Los suscritos, Senadores Adriana DAvila FernAndez y MartIn Orozco Sandoval, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que en el ámbito de su competencia, realicen acciones para evitar que el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6 en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, continúen disponiendo de los recursos públicos destinados para sus jubilados y sus beneficiarios, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El pasado 23 abril, el Senador Martín Orozco y la de la voz, presentamos ante el Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que investiguen e informen a esta soberanía sobre el concepto de pago de seguro que se descuenta a los trabajadores jubilados del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en extinción, así como el destino de tales recursos, toda vez que existen motivos fundados, conforme a las consideraciones expuestas para presumir un uso indebido de recursos en contra de los trabajadores.

2.- Como aludí en su momento, en 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extinguió el organismo público denominado Ferrocarriles Nacionales de México, conservando su personalidad únicamente para efectos de proceso de liquidación del mismo.
Asimismo, el liquidador de organismo público ejecutaría la regularización y la desincorporación de los activos remanentes, inclusive de las casas habitación que habían estado en posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores para que, en su caso, se concretara la donación correspondiente a favor de pensionados, jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones sin fines de lucro.

3.- Mencionamos también que el mismo decreto preveía que los derechos de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, seguirían siendo respetados, y consecuentemente el Gobierno Federal sería responsable de garantizar complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

Para ese propósito se crea el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, a través del cual se realiza el pago a los trabajadores jubilados y pensionados, y al cual año con año se brinda el financiamiento para cubrir sus obligaciones a través una partida que se aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación, baste decir durante los últimos dos años se han aprobado las siguientes cantidades en ese rubro perteneciente al ramo 19, sobre Aportaciones de Seguridad Social:

Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México

2012

2013

2014
(Solicitado en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2014)

Monto aprobado

2,777,302,000

2,683,570,500

2,823,600,000

4.- En ese mismo orden de ideas, en 2001, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el oficio proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del cual se revocó la autorización otorgada a “Previsión Obrera, Sociedad Mutualista de Seguros sobre la Vida” otorgada desde hace casi 70 años, liquidándose de una forma extraña y fraudulenta dicha mutualista, que era la empresa que cubría el seguro de vida de los trabajadores jubilados, dando paso a la creación del fideicomiso STFRM-JUB, al cual se van las deducciones que se hacen mes con mes a los jubilados de la extinta Ferrocarriles Nacionales.

Dicho descuento es realizado por el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, organismo que es dirigido por un consejo de administración, el cual es quien paga las pensiones a los jubilados del órgano extinto y realiza el descuento correspondiente para ser incorporado a aludido fideicomiso STFRM-JUB.

5.- De esa forma, se crean dos fideicomisos, el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-61 que es que opera todo el ámbito de pensiones de los jubilados, y el FIDEICOMISO STFRM-JUB quien opera todo lo relativo al supuesto Seguro de Vida.

6.- Cada uno de los rubros, tanto el fideicomiso que maneja las pensiones de los trabajadores, como el que tiene el seguro de vida mantienen una historia truculenta y llena de opacidad, pues ambos realizan actividades irregulares o contrarias a los intereses de los ex trabajadores de ferrocarriles nacionales, ahora ya jubilados.

Por un lado el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6 al momento de realizar el pago a los trabajadores, realiza la deducción en su pensión jubilatoria de 40 pesos mensuales en promedio por concepto de seguro de vida, esto a pesar de que existe disposición legal que establece que solo podrán llevar a cabo las actividades en materias de seguros las instituciones autorizadas conforme a la ley.
De esa forma, por motivo de deducciones en materia de seguro el FIDEICOMISO STFRM-JUB se allega de cerca de 1 millón trescientos sesenta mil pesos mensuales aproximadamente, esto si hablamos que son cerca de 34mil jubilados a los que se les hace el descuento.

Lo anterior, a pesar de que a los trabajadores de jubilados no se les ha hecho saber siquiera oficio alguno de autorización por parte del citado fideicomiso para poder funcionar como mutualista, igualmente, es preciso mencionar que al momento de que fallece el asegurado, no se les está cubriendo el pago respectivo a los beneficiarios de los jubilados, dejando en un abandono total a las viudas de ellos, ante lo cual, es imposible acudir a instancias como CONDUSEF2, pues tal instancia se declara incompetente por tratarse de una figura ajena al aspecto financiero.

Entonces la única opción que les queda es demandar a través de las vía jurisdiccional el cumplimiento de tales prestaciones, sin embargo como es de todos conocido, esto acarrea una serie de gastos a los cuales las beneficiarias no están dispuestas a solventar en razón de su ya de por sí precaria situación.

7.- Por otro lado, es cuestionable la operación que tiene el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, pues a pesar de que año con año recibe recursos para poder hacer los pagos correspondientes de las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, dicho órgano no le rinde cuentas a nadie sobre lo manejos que realiza, además que dicho fideicomiso hace un descuento entre de entre el 1 % y el 3 % a los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México por supuesta “cuota sindical”, trasladando el monto total de esa deducción al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.

Esto a pesar de que nunca ha existido de parte de los jubilados la manifestación de seguir perteneciendo al dicho órgano sindical, más cuando ellos ya no están en activo dentro del servicio, desconociendo los jubilados la naturaleza del supuesto descuento sindical, esto a pesar que la misma Ley Federal del Trabajo expresa que a nadie se le puede obligar a permanecer en un sindicato conforme lo establece a la Ley Federal del Trabajo, partiendo entonces que los jubilados se les obliga a ser miembros del Sindicato Ferrocarrilero, pues de no serlo se eliminan o quedan fuera del seguro de vida.

En conclusión, se les agravia por doble a los jubilados, por un lado se les obliga a entregar parte de su pensión para un seguro inservible o que no les cubre lo que promete, además de que se les obliga a seguir perteneciendo a un sindicato que tampoco los representa ni los ayuda y solo les resta dinero a su pensión.

A mayor abundamiento de lo anterior, debemos recordar que el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, es contundente al establecer el respeto a los derechos de los jubilados y la garantía de que se les cubrirían las pensiones a las cuales ellos tienen derecho, entonces, surge la interrogante a título de qué se hace el supuesto descuento sindical por el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, pues aun cuando se establezca dicha obligación en el instrumento que crea el fideicomiso, éste es ilegal desde el instante en que les impone a los trabajadores la obligación de un descuento que se hace sin existir obligación alguna, y reitero que ésta no existe porque ellos ya no tienen incluso necesidad de ser representados o de aportar un pago por ello, más cuando en un decreto se establece el respeto a sus derechos y el reconocimiento de los mismos.

8.- Es derivado de tales consideraciones que es procedente que esta Soberanía realice un atento exhorto en principio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que realice una investigación sobre las facultades que ostenta el FIDEICOMISO STFRM-JUB para otorgar un supuesto seguro funcionando como sociedad mutualista sin tener certeza de autorización alguna, o los criterios para funcionar como tal, además de las irregularidades de dicho ofrecimiento, la ausencia de pagos ante los reclamos una vez que existe necesidad por el fallecimiento del jubilados.

Asimismo, en razón de que no existe una rendición de cuentas de forma trasparente por parte del FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, y toda vez que año con año recibe recursos públicos (pues está en quiebra a pesar que tenía suficientes fondos para solventar sus obligaciones) es pertinente que la entidad de fiscalización Superior de la Federación, realice la auditoría conforme a sus facultades constitucionales, pues existen graves irregularidades en el manejo de tales fideicomisos, los cuales incluso han detonado en sendas denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República, siendo el caso de una de ellas la Averiguación Previa AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12.

Esto en razón que dicho órgano auditor tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero, por tanto es pertinente que el fiscalizador realice una revisión del gasto que se hace en el aludido fideicomiso por tratarse aún de recursos públicos.

Las anteriores argumentaciones dejan en claro la existencia de manejos irregulares por parte de los fideicomisos por lo que es pertinente hacer un llamado a tales instancias federales, con el objeto de que realicen una investigación, pues actualmente los jubilados de Ferrocarriles Nacionales son atropellados en sus derechos al imponerles deducciones sin que exista una obligación legal al respecto, o tratándose del seguro ni siquiera reciben la prestación debida.

Es lamentable que a pesar de estos malos manejos que realiza el sindicato en complicidad quienes tienen a su cargo el manejo del FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, el Secretario de Comunicaciones y Transportes se preste a los juegos de ambos y que se tenga contemplada su asistencia el día de hoy al festejo del día del ferrocarrilero que se realiza en la Ciudad de Jalapa Veracruz, organizado precisamente por aquellos que se benefician de los jubilados del gremio, es decir el propio sindicato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice la investigación correspondiente referente a FIDEICOMISO STFRM-JUB, como sociedad mutualista de seguros y su respectiva autorización, así como los motivos por los cuales dicho fideicomiso deja de pagar el seguro a las viudas de los jubilados de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de México.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República con el objeto de que realice las averiguaciones correspondientes en el expediente AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12, emanada de una denuncia interpuesta por un grupo de jubilados de la Ferrocarriles Nacionales de México en extinción, en contra de quien resulte responsable por el descuento que realiza el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, bajo el concepto de cuota sindical sin tener autorización expresa para ello.

TERCERO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que solicite un informe sobre el gasto y administración de los recursos que se entregan al FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6 para el pago de las pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, toda vez que éste hace entregas de deducciones indebidas al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, manejándose con plena opacidad tales operaciones y sin que exista la voluntad de los jubilados de tales descuentos, siendo procedente en su caso fincar las responsabilidades procedentes en caso de entrega de recursos injustificados a tal sindicato.

Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Martín Orozco Sandoval".

1 Que opera con un Consejo de administración nombrado por SCT y hacienda






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a implementar las políticas y acciones de gobierno necesarias, con el objeto de cumplir adecuadamente con el Objetivo del Milenio en México y erradicar la pobreza, que se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ERRADICACION DE LA POBREZA, A IMPLEMENTAR LAS POLITICAS Y ACCIONES DE GOBIERNO NECESARIAS, CON EL OBJETO DE CUMPLIR ADECUADAMENTE CON EL OBJETIVO DEL MILENIO EN MEXICO Y ERRADICAR LA POBREZA

"El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo para que el Senado de la República tenga a bien, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las políticas y acciones de gobierno necesarias, con el objeto de cumplir adecuadamente con el objetivo del milenio en México y erradicar la pobreza.

Lo anterior, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 17 de octubre de 1987, más de cien mil personas se congregaron en Trocadero, París, donde en 1948 se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos. Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social cada año se reúnen para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Mediante la resolución 47/196, la Asamblea General de la ONU declaró el 17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El 17 de octubre representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza, una ocasión para que reflexionemos acerca de las políticas públicas de gobierno que se han implementado y de las cuales, en México, sólo han generado más pobreza y una inequidad en la repartición de la riqueza.

El objetivo 1 del Milenio, del cual nuestro país es Estado parte, es el de “erradicar la pobreza extrema y el hambre” el cual consiste en reducir a la mitad, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes, reducir a la mitad, el porcentaje de personas que padecen hambre.

El tema de la conmemoración en 2013 es: «Trabajar juntos por un mundo sin discriminación: aprovechar la experiencia y los conocimientos de las personas que viven en la pobreza extrema».

La intención este año es manifestar la discriminación que las personas enfrentan a diario a causa de la pobreza, su marginación en las esferas política, económica y social de sus sociedades, y su falta de voz y representación en la conceptualización, la implementación y la evaluación de las políticas y los programas que les afectan directa o indirectamente.

En México, millones de personas se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo cual implica que sufren carencias de ingreso, accesos a los servicios de salud, vivienda, servicios públicos y cuentan con alto grado de rezago educativo.

Según el CONEVAL en 2010, existían 52.8 millones de personas en pobreza y en 2012 aumento 53.3 millones de personas.

Como legisladores debemos plantear ¿Qué hacer en un Estado en donde el grado de desigualdad y carencia de oportunidades es abismal? ¿Cómo vencer las barreras de oportunidades y rezago social?

Para reducir los niveles de pobreza se debe garantizar mediante políticas de gobierno eficaces, la seguridad alimentaria a las personas en situación de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional, así mismo se debe fortalecer la atención a adultos de 70 años y más, en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, sin descuidar de antemano la promoción y apoyo a proyectos productivos sustentables en municipios de alta marginación e incidencia de pobreza y la mejora de las condiciones de vivienda en los hogares con pobreza multidimensional extrema.

Respecto al rezago educativo, México debe procurar el abastecimiento de uniformes y útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas, para apoyar el gasto de las familias y asegurar la gratuidad de la educación, se debe impulsar el otorgamiento de becas a alumnos de secundaria en situación de pobreza que vivan en localidades marginadas, así como dignificar la infraestructura educativa y fortalecer la infraestructura en escuelas públicas.

No se abatirá la pobreza si el Estado Mexicano no promueve la medicina preventiva, la modernización de la infraestructura del sector salud en Municipios y localidades marginadas, la ampliación de la cobertura en servicios de Salud, el combate a las enfermedades infecciosas, la atención de las enfermedades degenerativas y el otorgamiento de apoyos alimentarios en especie, con contenidos nutricionales.

Así mismo, es importante coordinar inversiones integrales en materia de infraestructura de agua potable, electrificación y pavimentación de pisos.

Según el Decreto, la Cruzada contra el Hambre “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.”

La Cruzada contra el Hambre atiende 400 municipios seleccionados “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación.”

Sin embargo, como lo he manifestado en otras ocasiones: toda política pública seria debe regirse por los principios de justicia y universalidad.

Basta un pequeño ejercicio estadístico entre los datos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, contrastándolos con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para reflexionar que de la lista de 400 municipios en el país no se realizan políticas de gobierno afirmativas en las regiones más pobres del país, como lo es la zona sur-sureste.

Para erradicar la pobreza en México se necesita un enfoque serio, que asigne recursos presupuestales a prioridades sociales, olvidando el gasto social imprudentemente asignado, con obras suntuosas de infraestructura cuando existen viviendas sin los servicios elementales u hospitales urbanos, cuando en el campo no se dispone de atención médica básica.

El modelo que necesita el Sur en materia de desarrollo social tiene que estar caracterizado por una alta eficiencia social. No es suficiente gastar más en salud, es indispensable gastar en salud para los más pobres. No basta con asignar más recursos a educación, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de calidad mediante la cual se fortalezcan valores sociales, culturales y de respeto a la naturaleza, lo cual dicho sea de paso, ya se encuentran presentes en las comunidades indígenas.

Es desgastante realizar recuentos de los errores de anteriores programas sociales, lo que es urgente es accionar programas focalizados contra la pobreza e incluir como actores principales a las mexicanas y mexicanos que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidades para que se transformen en sujetos activos de su desarrollo económico y social.

Por lo tanto,

UNICO: Se solicita sea aprobada la presente proposición con punto de acuerdo para que el Senado de la República tenga a bien, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las políticas y acciones de gobierno con el objeto de cumplir adecuadamente con el objetivo del milenio en México y erradicar la pobreza.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya".

Bibliografía:
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (www.coneval.gob.mx)
Página Oficial de la ONU para conmemorar el día internacional de la erradicación de la pobreza en el mundo (http://www.un.org/es/events/povertyday/)






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, a replantear la propuesta de reforma energética presentada y para que el Congreso de la Unión analice y fortalezca los principios constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional, que se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN EL MARCO DEL XLIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PRESIDENTE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, A REPLANTEAR LA PROPUESTA DE REFORMA ENERGETICA PRESENTADA Y PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION ANALICE Y FORTALEZCA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA COMO PATRIMONIO EXCLUSIVAMENTE NACIONAL

"El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo para que el Senado de la República, en el marco XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a replantear la propuesta de Reforma Energética presentada, y para que el Congreso de la Unión, analice y fortalezca los principios constitucionales de la Industria Energética, como patrimonio exclusivamente nacional.

Lo anterior, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El General Lázaro Cárdenas del Río, ha sido el Presidente más respetado y querido en este siglo en todas partes de México, pero particularmente en la sierra mixteca de Oaxaca, en donde incansablemente trabajó al frente de la Comisión del Río Balsas.

En Oaxaca, solicitó que los médicos se trasladaran hasta esa zona, para improvisar una sala de recuperación en una modesta casa del poblado donde se encontraba enfermo. El general mejoró y continuó sus trabajos en aquella zona empobrecida y alejada, tal como lo había venido haciendo en los últimos años.

Por eso, cuando se habla del General, las personas se refieren a él como el “Tata” Cárdenas, con respeto y cariño; añorando esos viejos tiempos en que el General se paseaba por los bosques de sabinos en la Mixteca Oaxaqueña.

Los medios de comunicación relataron la noche del 19 de octubre de 1970: “El General Lázaro Cárdenas ha fallecido”.

La noticia de la muerte del Presidente Lázaro Cárdenas conmovió a México y en poco tiempo mucha gente, dentro y fuera del país lamentó tan grande pérdida.

Imposible detener la veneración pública del último héroe de la revolución, a sus funerales asistieron cerca de 60, 000 personas e inmediatamente se decidió que sus restos fueran ubicados en el Monumento a la Revolución. Por esta razón, se publicó el decreto presidencial, que a la letra dice: “el C. General de División Lázaro Cárdenas fue un mexicano preclaro, estadista patriota y revolucionario distinguido, que dedicó su vida al servicio de las mejores causas de la Revolución Mexicana y especialmente a la reivindicación de los campesinos del país”.

Era imposible detener el reconocimiento de la Patria hacia su Presidente Cárdenas; en los funerales se sustituyó la solemnidad por manifestaciones de júbilo, vivas y porras en honor de su “Tata”.
El Presidente, que el 18 de marzo de 1938, desde Palacio Nacional, pronunció un discurso en el cual anunció la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en favor del pueblo de México, siendo uno de los eventos más relevantes de la vida económica, política y social del país.

Recordemos que la base de esa decisión fue el reclamo a estas compañías trasnacionales al desacato de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó pagar a sus trabajadores ciertas compensaciones tras una disputa relacionada con la negociación de su contrato colectivo de trabajo.

Cárdenas del Río argumentó, entre otras cosas, que estas empresas habían gozado por mucho tiempo de privilegios para operar, como franquicias aduanales y exenciones fiscales, pero que habían contribuido muy poco a la sociedad mexicana.

Por lo tanto, en la actualidad, todas y todos los habitantes de México, debemos analizar con responsabilidad las palabras que exclamó el Presidente Cárdenas y que motivaron su decisión.

Lo anterior, para que en la presente coyuntura, se analice y reflexione la propuesta de Reforma Energética enviada por el titular del Poder Ejecutivo, replanteándonos las circunstancias de esa época y las actuales, para que nunca vuelvan a suceder abusos y atropellos en cuanto a la propiedad de la riqueza natural de nuestro país y el uso y disfrute que nos pertenece a las y los mexicanos.

Los fuertes argumentos del Presidente Cárdenas para tomar la decisión de expropiar el Petróleo de México, son elementos que no debemos permitir que revivan en el México actual al aprobar la propuesta planteada de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución General, pues de aprobarse, el Poder Público y popular se verá asediado por los intereses particulares de las empresas trasnacionales, ya que tendrán suficiente poder adquisitivo para corromper e intentar dirigir la vida política nacional para sus propios beneficios.

No podemos permitir, como en ese entonces argumentó el Presidente Cárdenas, que “… la misma soberanía de la nación, que quede expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretendan eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país”. 

Es imposible permitir que de nueva cuenta, las empresas extranjeras violenten la vida laboral de los obreros y la comprensión de las necesidades sociales a costa de intereses externos. 

En ese entonces Cárdenas se dirigió así: “Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México”. 

A esto se pretende retroceder con la propuesta que presenta el Ejecutivo Federal?

Continuó diciendo: Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz? 

Hoy contamos con empresas españolas en el Istmo de Tehuantepec, que generan energía eólica y que aun beneficiándose en alto grado de nuestros bienes naturales, no aportan la suficiente obra social que debieran retribuir al entorno de desarrollo industrial.

El Ejecutivo Federal, argumenta que la industria petrolera necesita de cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.
Que solos no podemos salir adelante. Que es necesaria la inversión extranjera.

Esta afirmación es exagerada.

¿Para que intentan reformar los artículos 27 y 28 Constitucional? ¿Para qué de nueva cuenta las compañías petroleras gocen de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionará, tengan a los mexicanos bajo su yugo laboral y económico?

Compañeras y compañeros legisladores,

Reflexionemos y dignifiquemos el acto del Presidente Cárdenas del Río. Hagamos juntos –como en ese entonces-, el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nación ha entrado durante este período de Gobierno para afrontar los compromisos económicos que nuestra industria energética requiere. Si juntas y juntos logramos modernizar la industria energética “el subsuelo mismo de la Patria, nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el desarrollo de México”.

Por último, y continúo con las palabras del Presidente Cárdenas: “Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos”

Desde el Grupo Parlamentario del PRD hoy, como lo hizo el Presidente Cárdenas en 1938, demandamos de la nación entera el apoyo moral y material para detener la modificación a los artículos 27 y 28 Constitucional.

Es cierto que la nación será la más afectada si no renovamos y modernizamos nuestra industria energética, pero al mismo tiempo seamos honestos y detengamos la corrupción que ha saqueado la industria energética durante décadas.

Por lo anterior, no compartimos la pretensión de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para salvar la “solventación” presupuestal o la modernización de Pemex a través de la autorización de contratos de servicio y riesgo que impliquen su privatización.

El artículo 27 constitucional representa el eje fundamental en el que se cimienta la soberanía nacional. En él, el Constituyente de 1917 reflejó un proyecto de Nación y sentó las bases para su consecución.

El párrafo cuarto de este artículo señala con precisión que corresponde a la Nación el dominio directo de varios recursos, entre ellos desde luego el petróleo.

La reforma constitucional que hoy plantea el Ejecutivo Federal enarbolando falazmente la bandera del General Lázaro Cárdenas, es no solamente privatizadora sino que además constituye la puerta de entrada a empresas extranjeras que, capitalistas por excelencia, pretenden venir a hacer negocio con el único fin de llenarse los bolsillos, sin importarles el desarrollo de nuestro país y mucho menos el bienestar del pueblo mexicano.

Por ese motivo se prohibieron las concesiones a particulares para la explotación del petróleo, quedando reservada esta actividad directamente a la Nación. El propósito fue precisamente excluir a los intereses privados de las explotaciones del petróleo, en favor de los mexicanos.
La verdad es que el artículo 27, en su párrafo cuarto, es concluyente y no se presta a dudas o interpretaciones tendenciosas. Dice que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, etcétera. En su párrafo quinto determina que son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional, etcétera. Y el sexto prescribe que en los casos a que se refieren los anteriores “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.”

Por lo tanto,

UNICO: Se solicita sea aprobada la presente proposición con punto de acuerdo para que el Senado de la República, en el marco XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a replantear la propuesta de Reforma Energética presentada, y para que el Congreso de la Unión, analice y fortalezca los principios constitucionales de la Industria Energética, como patrimonio exclusivamente nacional.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya".






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a emitir una posición diplomática sobre la actividad de espionaje que ha realizado en agravio a la soberanía e instituciones de México y al respeto de las relaciones internacionales, violando principios básicos del derecho internacional, en el marco del día internacional del 68 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO Y AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA A EMITIR UNA POSICION DIPLOMATICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE ESPIONAJE QUE HA REALIZADO EN AGRAVIO A LA SOBERANIA E INSTITUCIONES DE MEXICO Y AL RESPETO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, VIOLANDO PRINCIPIOS BASICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL 68 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

"El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo para que el Senado de la República, en el marco del Día Internacional del 68 Aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se exhorte respetuosamente al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, emita una posición diplomática sobre la actividad de espionaje que ha realizado en agravio a la soberanía e instituciones de México y al respeto de las relaciones internacionales, violando principios básicos del derecho internacional.

Lo anterior, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el día de hoy, la comunidad internacional conmemora el 68 aniversario de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial.
En ese entonces, el objeto principal para constituir dicho organismo internacional, fue asumir el compromiso a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.

Los países firmantes deseaban así:

Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,

Promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Para lograr lo anterior, la finalidad concreta de la ONU es: Practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos y unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Lo anterior, según el Capítulo I de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en donde claramente se establece que los propósitos de las Naciones Unidas son:

 

“Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

Así como fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

Recordemos entonces, que la ONU está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros y que éstos, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos.

Por lo tanto, según la filosofía de la ONU, en toda controversia, susceptible de poner en peligro la seguridad internacional, las partes tratarán solucionar mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación u otros medios pacíficos de su elección.

Los logros de la ONU en cuanto al Fortalecimiento de la Ley Internacional han sido cuantiosos y exitosos, pues gracias a los esfuerzos de Naciones Unidas se han firmado más de 300 tratados internacionales sobre temas tan dispares como convenciones sobre derechos humanos o acuerdos para regular el uso del espacio exterior o el lecho marino.

Y se han desarrollado y fortalecido los fundamentos del Derecho internacional ya que en la Carta de las Naciones Unidas, se establece el objetivo de «crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional». Definiéndose así, las responsabilidades legales de los Estados respecto a su forma de proceder con otros países y al trato que brindan a las personas dentro de las fronteras estatales.

Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, basado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, se establece que existe igualdad soberana de los Estados, para hacer efectivo el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, así como al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones.
También nos establece que “Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:

Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; negociar con el gobierno del Estado receptor; enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

Dados los acontecimientos que se han suscitado debido a acciones de espionaje por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la Soberanía a las Instituciones de México y en virtud de que ambos países somos integrantes de este máximo órgano de paz, que establece y mantiene la filosofía del respeto y la actuación diplomática ante toda inconformidad, confiamos en la rectitud de nuestro país vecino para explicarle al Gobierno de México por los canales diplomáticos correspondientes, sobre las quejas del gobierno de México sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EU (NSA, por sus siglas en inglés).

Este Senado de la República considera la máxima de Don Benito Juárez y reafirma que es importante se establezca un respeto legítimo de respeto a la soberanía y a la seguridad nacional.

Como todos ya sabemos, en el caso de México, el semanario alemán Der Spiegel reveló que desde 2010 la NSA estaba espiando al entonces presidente Felipe Calderón y a los integrantes de su gabinete. El espionaje estadunidense abarcó también la etapa de Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial y ya como presidente.

Así mismo, ha sido noticia internacional que la NSA ha escuchado secretamente al gobierno mexicano “por años”. Tan delicado es el tema, que México no desea vulnerar las relaciones con Estados Unidos; sin embargo, se solicita a dicho gobierno una explicación veraz en cuanto a esta violación al derecho internacional y tratados internacionales, ya que toda misión que Estados Unidos establezca en México debe ser en el marco de respeto y bajo medio lícitos.

Por lo tanto,

UNICO: El Senado de la República, en el marco del Día Internacional del 68 Aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, exhorta respetuosamente al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de que emita una posición diplomática sobre la actividad de espionaje que ha realizado en agravio a la soberanía e instituciones de México y al respeto de las relaciones internacionales, violando principios básicos del derecho internacional.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 29 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos descritos.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y efemérides inscritas en nuestro Orden del Día, se integran al Diario de los Debates.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII AL ARTICULO 41; Y UN INCISO Ñ) A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER EL REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

"La suscrita, SenADORA Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente, por conducto de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En un sistema democrático representativo, los ciudadanos deben elegir a otros ciudadanos que representen en las instituciones del Estado sus intereses, y dependiendo de cada cargo, será la amplitud de ciudadanos que serán representados, es decir, en algunos casos el servidor público electo para representar lo hará para un conjunto de ciudadanos en un municipio, una entidad federativa o al país.

Asociada al reconocimiento de los derechos fundamentales, podría también afirmarse que democracia representativa es el sistema político autónomo que evita las relaciones directas entre el Estado y los actores sociales propia de sistemas comunistas y corporativistas que alentaron “la representación directa” de los trabajadores o de otras organizaciones.1

La concepción de la representación contenida en el mandato representativo, a diferencia del imperativo, implica que los gobernantes no pueden ser obligados a seguir instrucciones de los electores.2 Por ello, los compromisos, promesas o propuestas que un candidato hace a los ciudadanos que votarán para que funja como su representante en los órganos instituidos de poder, así como el corte ideológico y el proyecto general del partido político que lo postula, deben ser la base para generar un criterio y una preferencia del electorado por quien más convenga a sus intereses.

Un factor esencial en este sistema democrático es la credibilidad del candidato y la percepción que genera en cuanto al cumplimiento de sus promesas, una vez que ejerce el cargo para el cual fue electo.

En México, tenemos un sistema débil de rendición de cuentas, en el Poder Legislativo no existe una obligación de los legisladores para rendir informes, en el Poder Ejecutivo no existen lineamientos que obliguen a los mandatarios a informar su actividad bajo parámetros específicos de veracidad, por lo que los electores suelen ser poco o mal informados por sus representantes sobre sus gestiones.

El panorama sobre el cumplimiento de promesas de campaña suele ser deficiente, pues no hay información suficiente que permita saber de su cumplimiento.
Así, los malos gobernantes que no cumplen con sus promesas de campaña, suelen ser impunes y, dado el desconocimiento de su gestión, suelen ser postulados para otros cargos de elección popular sin costo político.

Otra consecuencia generada por esta falta de credibilidad, es el absentismo electoral, que se debe principalmente a que los políticos en sus campañas hacen muchas promesas y al momento de resultar electos no las llevan a cabo, situación que desanima a la ciudadanía a emitir su sufragio en cualquier proceso electoral.3

Lo que se pretende es evitar que los candidatos a puestos de elección popular hagan promesas falsas a los ciudadanos para conseguir su voto y ganar la elección.

Para ello, se debe generar un procedimiento de registro de compromisos y facultar al Instituto Federal Electoral (IFE) para darles seguimiento, con la obligación de los servidores públicos electos para informarle al Instituto de los avances correspondientes.

Los compromisos que se registren deben enfocarse a la competencia formal y no material del cargo al cual se aspira, deben dar certeza jurídica tanto al gobernado como al potencial gobernante sobre la posibilidad de su cumplimiento, con una temporalidad específica en que se podrá realizar, pues debe entenderse que los tiempos se deberán ajustar a la necesidades y estrategias del cargo correspondiente.

Por supuesto, es imposible establecer el requisito de que los compromisos sean calificados por su eficiencia o conclusión total, cuando de ellos dependen factores externos que no están bajo el control del servidor. Es decir, si un candidato a legislador se compromete a una reforma específica, no puede garantizar que ésta se apruebe, pues depende de diversos actores más, como son su propia Cámara, la Cámara revisora, las observaciones hechas por el Ejecutivo, etc. Su compromiso sólo se puede medir en la presentación de la iniciativa que propone dicha reforma.

Es imperante recobrar la credibilidad de los políticos y mejorar la percepción ciudadana de la política y de las instituciones y en tanto no exista una inercia que haga que los legisladores, gobernadores o incluso el presidente de la República cumplan cabalmente con sus propuestas, debemos generar mecanismos legales que los obliguen y, en su caso, faciliten las consecuencias por su incumplimiento.

Se propone facultar al IFE para conocer y manejar la información que los partidos políticos y sus candidatos registrados para cargos de elección popular, así como los candidatos independientes, presenten sobre sus compromisos electorales, los cuales deberán ser viables, puntuales, medibles, y por ley, ser facultad formal del cargo al que aspiran. Las propuestas que no cumplan estos requisitos, no deberán contabilizarse en dicho registro.

El registro deberá ser publicitado por la autoridad electoral correspondiente, a efecto de que la ciudadanía conozca las propuestas que los candidatos realmente pueden cumplir durante su gestión, sin demagogia.

Por supuesto, el procedimiento y elementos específicos de la presente propuesta deben regularse en la legislación secundaria, por lo que el objetivo de establecerlo en la Constitución se acota a lo siguiente:

• Facultar al IFE para crear un registro de las propuestas, compromisos o promesas de los candidatos a cargos de elección popular, las cuales deberán ser viables y de competencia del cargo para el que se postulan. Los responsables de realizar el registro serán los partidos políticos, los cuales deberán revisar se cumpla con los requisitos necesarios, a efecto de que sea más sencillo para el IFE requerir ante deficiencias las características de los compromisos registrados.
• Estipular la obligación de los servidores públicos electos, de emitir informes anuales con la precisión de cuáles de sus promesas o compromisos planteados durante su campaña electoral fueron cumplimentados. A diferencia de otro tipo de informes, éstos se enfocaran exclusivamente a sus propuestas de campaña y no a las demás acciones que realice durante su gestión.

• El IFE dará cuenta a la ciudadanía, a la Secretaría de la Función Pública o a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, del informe final sobre el seguimiento de compromisos de campaña cumplidos por los servidores públicos.

Consideramos que en la legislación secundaria, debe establecerse como mínimo lo siguiente:

• Desarrollar los mecanismos por los cuales el IFE deberá realizar el registro, así como los tiempos y formas para ello.

• Incorporar un organismo de participación ciudadana que vigile el cumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas de los servidores públicos electos.

• Obligación del IFE y del organismo electoral de dar parte a la autoridad penal, en caso de encontrar anomalías en el incumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas, que pudieran presumir la comisión de un delito.

• Vincular el incumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas de campaña, para que el servidor público sea sancionado.

• Informar a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente, la relación de compromisos asumidos y cumplidos por el candidato electo como Presidente de la República.

• Informar a la Mesa Directiva de cada una de la Cámaras del Congreso de la Unión sobre el cumplimiento de compromisos asumidos y cumplidos por los legisladores que integraron la Legislatura correspondiente.

Finalmente, proponemos que este registro de compromisos de campaña se aplique también en el ámbito local, por lo que se reforma el artículo 116 para que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garanticen que los partidos políticos locales presenten ante la autoridad electoral, un registro de los compromisos que asuman sus candidatos a cargos de elección popular, (gobernador, diputados locales y Ayuntamientos) en los mismos términos de la fracción VII del artículo 41 de esta Constitución.

No se omite señalar que esta propuesta sería más eficaz, con una serie de medidas que fortalezcan la rendición de cuentas ante los ciudadanos y las consecuencias ante los funcionarios que no cumplan con la responsabilidad que les fue encomendada, como puede ser la obligación de todos los servidores públicos para rendir informes de gestión anuales; fortalecer los mecanismos para rendición de cuentas de los servidores públicos electos por voto popular; reelección inmediata legislativa y de los Ayuntamientos, y las propias Candidaturas independientes.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII AL ARTICULO 41; Y UN INCISO Ñ) A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER EL REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

I a VI. …
VII. Los partidos políticos deberán registrar ante el Instituto los compromisos que sus candidatos a cargos de elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que éstos sean lícitos, sucintos y propios de las facultades al cargo que aspiran. Los candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos.

El Instituto deberá publicar los compromisos registrados de todos los candidatos a cargos de elección popular.

Los candidatos que resulten electos deberán rendir informes anuales al Instituto, en relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de éstos y, en su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido concretarse.

El Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, para informar a la ciudadanía de su cumplimiento, durante la gestión del servidor.

El Instituto dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos.

Artículo 116.

I a III.- …

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a n).- …

ñ) Los partidos políticos presenten ante la autoridad electoral, un registro de los compromisos que asuman sus candidatos a cargos de elección popular, en los términos de la fracción VII del artículo 41 de esta Constitución. Los candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos. La autoridad electoral deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la autoridad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Congreso de la Unión deberá reformar en un plazo no mayor a noventa días naturales la legislación correspondiente, para hacer efectivo el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá reformar en un plazo no mayor a noventa días naturales la legislación correspondiente, para hacer efectivo el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 05 de noviembre de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández".

1 Murray Santiago, La Democracia Representativa en el Sistema Interamericano, UNAM, México 1999

2 Chacón Rojas Oswaldo, Cumplimiento de compromisos electorales y democracia a la luz de la Constitución de Chiapas. Temas Selectos de Democracia, Poder Judicial de la Federación. México 2008

3 Soria Magaña Guillermo, director de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco.
http://www.radionet1490.com.mx/nota.php?recordID=14264






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR UN REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

"La suscrita, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 05 de noviembre de 2013, presenté una iniciativa de Reforma Constitucional, con el siguiente proyecto de Decreto:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

I a VI. …

VII. Los partidos políticos deberán registrar ante el Instituto los compromisos que sus candidatos a cargos de elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que éstos sean lícitos, sucintos y propios de las facultades al cargo que aspiran. Los candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos.

El Instituto deberá publicar los compromisos registrados de todos los candidatos a cargos de elección popular.

Los candidatos que resulten electos deberán rendir informes anuales al Instituto, en relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de éstos y, en su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido concretarse.

El Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, para informar a la ciudadanía de su cumplimiento, durante la gestión del servidor.

El Instituto dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos.

Artículo 116.

I a III.- …

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a n).- …
ñ) Los partidos políticos presenten ante la autoridad electoral, un registro de los compromisos que asuman sus candidatos a cargos de elección popular, en los términos de la fracción VII del artículo 41 de esta Constitución. Los candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos. La autoridad electoral deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la autoridad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos.

En seguimiento a dicha propuesta, planteo ante esta Soberanía, la presente iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de regular el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento.

El objetivo fundamental es que no se engañe a los ciudadanos, con promesas falsas, incumplibles o que sean ignoradas por los candidatos que resulte electos. Sin embargo, también se trata de un importante ejercicio de rendición de cuentas.

Uno de los rubros que se pretenden establecer, es que los compromisos que asuman los candidatos y sean registrados, deben ser compromisos que puedan cumplirse, es decir, que estén en la esfera competencial del cargo al que se aspira, que se prometa lo que realmente puede hacer con dicha investidura, Vgr. un legislador puede prometer presentar iniciativas de ley o impulsar ciertos temas legislativos, sin embargo, no depende enteramente de éste su aprobación, pues se trata de un órgano colegiado, que además requiere de la participación del Poder Ejecutivo para su entrada en vigor.

Para ello, sugerimos que sean los Partidos Políticos quienes lleven el control de los compromisos que sus candidatos asuman, mediante un registro que deberán remitir al inicio de la campaña electoral al Instituto Federal Electoral (IFE) y que deberán actualizar permanentemente hasta la conclusión de la campaña, vigilando siempre que cumplan con los requisitos de claridad, idoneidad y competencia.

En el caso de los candidatos independientes, deberán ser éstos mismos quienes presenten sus compromisos ante el IFE.

El momento que se propone para la presentación del registro es entre la conclusión de la precampaña y el inicio de la campaña, cuando ya exista la certeza de quien haya ganado la candidatura y previo a que inicie su labor de convencimiento a los ciudadanos para que voten por él. Dicho registro deberá quedar permanentemente abierto para que los candidatos, por conducto de su Partido, sigan informando los compromisos contraídos durante la campaña y hasta su conclusión.

De forma complementaria y a efecto de vigilancia, se establece que cualquier ciudadano podrá informar al Instituto sobre los compromisos que los candidatos expresen y que no estén debidamente registrados, aportando en todo caso, los medios de prueba donde se aprecie claramente el compromiso adquirido.

Si bien se trata de un ejercicio que busca gozar de total objetividad, ante la posibilidad de que el compromiso deba ser evaluado para determinar si se dio o no el cumplimiento, o si existió una causa justificada para su incumplimiento, se propone la creación de un organismo de participación ciudadana que coadyuve con el IFE para vigilar el cumplimiento de los compromisos o promesas, así como dar su opinión en los casos que ameriten una apreciación ante la posible ambigüedad en la valoración de su cumplimiento.

Los servidores públicos que hayan sido electos deberán informar anualmente al IFE sobre el cumplimiento de los compromisos registrados, y el Instituto, a su vez, deberá emitir informes anuales, para conocimiento de la ciudadanía. Al finiquitar la gestión del funcionario deberá remitir un informe final al IFE y de la misma forma el IFE deberá darlo a conocer a la ciudadanía y remitirlo igualmente a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Asimismo, se establece la obligación del IFE, de la Secretaría de la Función Pública o la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos correspondiente y de la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras, de dar parte a la autoridad penal, en caso de encontrar anomalías en el incumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas que pudieran implicar la comisión de un delito.

De concretarse esta reforma, no sólo mejoraremos la calidad de las propuestas que los candidatos a cargos de elección popular realicen, también promoveremos una educación cívica, para que la ciudadanía sepa qué hace cada uno de los servidores públicos por los que votamos, entendiendo qué pueden prometernos los candidatos a ocuparlos y qué no.

Igualmente, alentamos la rendición de cuentas, la transparencia y generamos consecuencias políticas a aquellos servidores públicos que no cumplen lo que prometen.

Todo esto permitirá generar confianza en los ciudadanos al saber quién cumple y quién no cumple, las promesas vertidas con fines electorales; tener mejores herramientas para evaluar a nuestros gobernantes y representantes; conducir a un voto mejor pensado, fundamentado y, por tanto, responsable

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR UN REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 42 numeral 2 inciso f), y 118 inciso z). Se adiciona: Un inciso, quedando como inciso u), recorriendo el inciso vigente para quedar como inciso v) al numeral 1 del artículo 38; un Capítulo Séptimo del Título Segundo, integrado por los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater; un numeral 4 al artículo 118, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 38

1. …

a) a s) …

t) Cumplir con las obligaciones que este Código les establece en materia de transparencia y acceso a su información;

u) Llevar un registro de los compromisos de campaña que realicen los candidatos a cargos de elección popular que postule, el cual presentarán ante el Instituto en los términos dispuestos en el Capítulo Séptimo del Título Segundo de este Código, y

v) Las demás que establezca este Código.

2. …

Artículo 42.

1....
2. …

a) a e) …

f) Las plataformas electorales, programas de gobierno y compromisos de campaña que registren ante el Instituto;

g) a o) …

Capítulo Séptimo
Del registro y seguimiento de los compromisos de campaña

Artículo 47 Bis.

1. Los partidos políticos deberán llevar un registro de los compromisos que sus candidatos a cargos de elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que éstos sean lícitos, sucintos y propios de las facultades al cargo que aspiran.

2. Los compromisos de campaña son toda promesa de realizar actos inherentes a la función del cargo al que se aspira y que no pueden versar sobre actos que sean formalmente o materialmente imposibles.

3. El candidato a cargo de elección popular podrá registrar sus compromisos ante el Partido Político que los postula, desde que recibe la constancia que lo acredita como candidato y hasta la conclusión de la campaña.

Los compromisos deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser descritos de forma clara y sucinta;

II. Estar numerados;

III. Ser competencia del cargo por el que se aspira;

IV. Tener la fecha y lugar donde se expresaron públicamente, y

V. Ser lícitos.

4. Los Partidos Políticos deberán vigilar que los compromisos presentados por sus candidatos cumplan con los requisitos señalados en el numeral 3 de este artículo.

Artículo 47 Ter.

1. El registro de los compromisos hechos por los candidatos a cargos de elección popular, deberán ser presentados por los partidos políticos ante el Instituto. Los candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos.

2. Los Partidos Políticos deberán presentar el registro de compromisos de sus candidatos al menos un día natural antes de la fecha del inicio de la campaña, los cuales deberán actualizar periódicamente, hasta dos días naturales contados a partir de la conclusión de la campaña.

3. Cualquier ciudadano podrá informar al Instituto sobre los compromisos que los candidatos expresen y que no estén debidamente registrados, en su caso, deberán aportar los medios de prueba donde se aprecie claramente el compromiso adquirido por los candidatos, los cuales deberán cumplir con los requisitos señalados en el numeral 3 del artículo 47 Bis de este Código.
Artículo 47 Quater.

1. Los candidatos que resulten electos deberá rendir informes anuales al Instituto, en relación al cumplimiento de sus compromisos electorales, acompañando los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de éstos.

2. El Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos registrados para informar a la ciudadanía de su cumplimiento. Para ello deberá emitir informes anuales de los compromisos cumplidos.

3. Al término de la gestión del servidor público que haya resultado electo, deberá remitir un informe final al Instituto.

4. El Instituto contará con un órgano ciudadano, el cual tendrá la facultad de apoyar y opinar sobre los informes de compromisos presentados por los servidores públicos, que hayan sido electos popularmente, a efecto de vigilar la información vertida con los hechos.

5. El Instituto deberá publicar un informe final y remitirlo a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

6. El Instituto, la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente,la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, deberán dar parte a la autoridad penal, en caso de encontrar anomalías en el incumplimiento de los compromisos que pudieran implicar la comisión de un delito.

7. El Instituto, expedirá las formas y requerimientos para el cumplimiento del presente artículo.

3...

Artículo 118

1. …

a) a y) …

z) Registrarlos compromisos de campaña presentados por los (candidatos independientes y los Partidos Políticos que haya hecho los candidatos a cargos de elección popular

2. …

3. …

4. El Consejo General deberá dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 05 de noviembre de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VI BIS AL TITULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)

"La que suscribe, María Elena Barrera Tapia, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VI BIS AL TITULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de nuestras obligaciones como legisladores está el velar por el respeto y protección a los derechos humanos; es por ello que en aras de esta obligación considero de suma importancia para la estabilidad de nuestro estado, estar a la vanguardia en materia de salud, pues los avances tecnológicos y científicos se renuevan día con día, y constituyen un factor clave para estabilidad social.

En materia de salud, estos adelantos han hecho la diferencia entre la vida y la muerte y nos han brindado una mejor calidad de vida, es por ello; que atendiendo al grave problema de obesidad, obesidad movida y desnutrición que hay en nuestro país, es imperativo legislar en esta materia.

El Estado tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la salud que tienen sus gobernados, con el fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.

Este derecho se encuentra consagrado en el párrafo tercero del artículo 4 de nuestra constitución, así como en diversos instrumentos internacionales que ha suscrito México; como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

La salud de las personas tiene una injerencia directa en la economía del país, pues además de los costos que supone para las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, las enfermedades inciden directamente en la productividad.

El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema a nivel mundial, que ha ocasionado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considere como un problema de salud pública, pues cada año mueren 2.8 millones de personas a consecuencia de la misma. Sin embargo si observamos con detenimiento, existe una relación directa entre la desnutrición y la obesidad entre los sectores más pobres de la población, puesto que existen aspectos socioeconómicos que condicionan el acceso a una alimentación saludable.

Se puede observar que la población con menores ingresos no comen lo que quieren, ni lo que saben que deben de comer; sino lo que pueden comer, las restricciones al acceso a los alimentos determinan dos fenómenos simultáneos que son las caras de una misma moneda, obesidad y desnutrición, estos problema de salud son agravados por el alza de los precios en los alimentos y productos básicos muy por encima de los promedios de la inflación que reporta el Gobierno Federal, que impiden gozar de una sana alimentación.
Ante esta situación la población más pobre modifica sus patrones de consumo o hábitos alimenticios siendo así; se constituyen en el largo plazo por medio de la selección de alimentos que reportan más ventajas económicas seleccionando alimentos ricos en carbohidratos, grasas y azucares que impiden gozar de una nutrición adecuada pero que satisfagan su apetito.

La consecuencia directa de estos fenómenos es el aumento vertiginoso de los índices de obesidad y desnutrición, incluso en los países en desarrollo; las tasas de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario seguirán prevaleciendo, por lo que este fenómeno será uno de los principales desafíos para la salud pública, donde personas de todas las edades y condiciones se enfrentaran a este tipo de malnutrición.

De acuerdo con datos del ENSANUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos de 20 años o más fue de 71.3% que representa a 48.6 millones de personas. La obesidad fue mayor en el sexo femenino (37.5%) que en el masculino (26.9%), mientras que el sexo masculino presentó una prevalencia de sobrepeso de 42.6% y el femenino de 35.5%. Por tanto, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es solamente 3.6 puntos porcentuales mayor en las mujeres (73%) que en los hombres (69.4%).

En hombres y mujeres, el valor máximo de sobrepeso se presenta de los 30 a los 39 años, mientras que en hombres se observa de los 60 a los 69 años. En el caso de la obesidad, la prevalencia más alta en mujeres se registra de los 50 a los 59 años, y en hombres de los 40 a 49 años.

En nivel nacional, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la región norte fue del 35.9% y 37.2%; el centro presentó 39.5% de sobrepeso y 30.3% de obesidad; la Ciudad de México tuvo 39.9% de sobrepeso y 33.9% de obesidad y la zona sur de México presentó 39.6% de sobrepeso y 31.6% de obesidad. Las prevalencias nacionales de sobrepeso y obesidad por tipo de localidad fueron del 38.8% y del 34% en áreas urbanas, y del 39.1% y del 26.5% en zonas rurales, respectivamente.

Durante el periodo de 1988 – 2006, la prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años aumento 41.2% y la obesidad 270.5%. No obstante, la tendencia de sobrepeso disminuyo 5.1% entre el año 2006 y 2012, y la de obesidad aumentó solamente 2.9%.

La OMS estima que para el año 2015 habrá aproximadamente 1, 500 millones de adultos con sobrepeso y más de 300 millones con obesidad, por lo que es impostergable desarrollar estrategias que contrarresten la tendencia.

Aunado a los grandes avances tecnológicos para proporcionar comodidad y diversión que influyen en el aumento considerable del sedentarismo, y que hoy en día utilizar el coche para trasladarnos a nuestro destino, cambiar los canales del televisor con el control remoto, pasar horas sentados frente a la computadora, es algo común en nuestras vidas.

La obesidad, incluyendo la mórbida, es una enfermedad crónica que se caracteriza por el almacenamiento excesivo de tejido adiposo en el organismo, causada por el desequilibrio entre el consumo de alimentos y la realización de actividad física, que se convierte en un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades.

En México, la prevalencia de obesidad mórbida o grupo III fue del 3% del total de personas que presentan obesidad. La prevalencia de obesidad severa en mujeres incrementó 64%, observándose actualmente una prevalencia de 4.1%. En tanto, en los hombres esta prevalencia de obesidad grado III se duplicó, pero se mantiene por debajo del 2%.

La atención de este tipo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso, costaron a México en 2012, más de 80 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gobierno Federal, de seguir así para el 2017 la cifra se elevaría a 150 mil millones de pesos.
Los costos se han incrementado 19 por ciento en los últimos 4 años, en tanto el costo indirecto en la economía nacional, por las muertes prematuras y su impacto en la pérdida de productividad.

Lo cierto es; que esta enfermedad no distingue raza, edad, sexo, nivel socioeconómico, país, y las personas obesas son sujetos de discriminación familiar y/o social por la obsesión que se tiene respecto a los patrones de belleza y esbeltez, aunado a una discriminación laboral por ser considerados más propensos a contraer enfermedades.

Si bien es cierto que llevar una alimentación adecuada y realizar una actividad física contribuye a dar una solución para combatir la obesidad, también lo constituye la cirugía bariátrica, específicamente tratándose de la obesidad morbida, en la población adulta que ya presenta este problema y que no obstante una vez agotando todos los medios posibles para bajar su peso han fracasado, y que de no hacer una intervención oportuna para reducir su peso y talla corren el riesgo de presentar un cuadro de complicaciones derivadas de su problema de obesidad que reduce drásticamente su esperanza y calidad de vida.

Por lo que la cirugía representa una acción de prevención y de control de la diabetes a largo plazo, según la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

La cirugía bariátrica no actúa por sí sola, para perder peso se requiere de un proceso interdisciplinario en el que intervienen médicos, nutriólogos, sicólogos, trabajadores sociales.

Uno de los tipos más utilizados en estas intervenciones quirúrgicas es el bypass gástrico, por medio del cual se llega a reducir el peso en un promedio de 70% gracias a que engrapa la parte superior del estómago, conectándola al intestino delgado para restringir la cantidad de alimentos y su absorción.

En España y los Estados Unidos se ha reconocido como única solución médica a esta enfermedad crónica es la cirugía bariátrica, de la cual se calcula que anualmente se realizan entre 2 mil y 5 mil operaciones.

Por su parte el Hospital Universitario Madrid Montepríncipe, puso en marcha una Unidad de Tratamiento Multidisciplinar de la Obesidad Severa en la comunidad de Madrid, a fin de ofrecer un tratamiento adecuado a los pacientes.

La lucha contra esta problemática en la población adulta ya sea en mujeres y hombres es de carácter imperativo, por lo que es indispensable realizar acciones que contribuyan a las personas que padecen esta enfermedad a recuperar su salud y disminuir la tendencia actual.

El Sistema Nacional de Salud tiene dentro de sus objetivos proporcionar los servicios de salud para mejorar la calidad de vida de la población atendiendo los problemas sanitarios prioritarios, así como a colaborar con la modificación de patrones culturales relacionados con la salud. Dentro de los servicios básicos que se protegen se encuentra la prevención y control de enfermedades no transmisibles más frecuentes, como lo es la obesidad.

La iniciativa que hoy se presenta tiene como objetivo incorporar un título que contemple la protección social en relación a esta enfermedad crónica, garantizar la gratuidad del tratamiento e incorporar el bypass gástrico dentro del catálogo de servicios de salud de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, con el fin de preservar la salud de la población.

El Estado tiene una deuda pendiente con la sociedad en relación a los servicios de salud, responsabilidad que se comparte tanto a nivel federal como estatal, la cual el sano desarrollo físico y mental de las personas.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo VI Bis al artículo Tercero de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo VI Bis
Obesidad

Artículo 71 bis 1.- Se considera de interés prioritario la prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes que padecen de obesidad mórbida.

Artículo 71 bis 2.- La obesidad mórbida es la enfermedad metabólica crónica, que se caracteriza por el incremento en el porcentaje adiposo corporal, que afecta la salud física y emocional de la persona.

Artículo 71 bis 3.- Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Protección Social de Salud, tendrán la obligación de cubrir los costos de los tratamientos y cirugías bariátricas para la atención de la obesidad mórbida.

Se proporcionarán los medicamentos y materiales necesarios para cumplir con la obligación mencionada en el párrafo anterior al Catálogo de Servicios de Salud de las dependencias públicas que integran parte del Sistema Nacional de Salud, así como al Sistema de Protección Social de Salud.

Artículo 71 bis 4.- Los sistemas hospitalario y de salud pública deberán implementar Unidades Multidisciplinarias especializadas en el Tratamiento de Obesidad y Obesidad Mórbida, integrada por cirujanos, endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, que cuenten con la capacitación y herramientas necesarias para proporcionar un tratamiento adecuado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los sistemas hospitalario y de salud pública deberán de crear y equipar con los recursos humanos y materiales suficientes las Unidades Interdisciplinarias de Tratamiento de Obesidad Mórbida dentro de los 6 meses siguientes a que entre en vigor el presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Sen. María Elena Barrera Tapia".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION MEDICA

(Presentada por el C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

"JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION MEDICA al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la protección de la salud se encuentra previsto en el tercer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

La Ley General de Salud, en su artículo 2o, prevé como finalidades del derecho a la protección de la salud las siguientes: el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el reconocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

El artículo 27 del mismo ordenamiento, prevé como servicios básicos los siguientes: la educación para la salud; la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la prevención y el control de las enfermedades bucodentales, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la protección de la salud, la promoción del mejoramiento de la nutrición y la asistencia social a los grupos más vulnerables.

En el Plan Nacional de Desarrollo, en su estrategia 2.3.4., establece que se garantizará el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. En sus líneas de acción se encuentra: Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. Así como garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros y por ultimo implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas. Por último, desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

Por otra parte, las correspondientes leyes de salud locales, en su conjunto normativo, le dan sentido práctico y operativo al derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyas directrices esenciales desarrolla la Ley General de Salud.

En el ámbito internacional existen normas respecto de la protección de la salud, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 señala que:

1. Los estados partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuraran las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad

La Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud.

Los numerales 10.1 y 10.2, incisos a), d), e) y f) del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, reconocen el derecho a toda persona a la salud y que los Estados Partes se comprometen a reconocer a la salud como un bien público; además, en su Preámbulo asienta que:“…La estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que se encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana por lo cual exige una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en su artículo 8.1, señala que: “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos”, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica en su artículo XI que: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

De igual forma existen otros instrumentos internacionales que establecen el derecho a la protección de la salud tal es el caso del inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.

Finalmente, la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, de ahí que todo ser humano tenga derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.

Es preciso reconocer que la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, y que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud.

De ahí que sea posible afirmar que el derecho a la salud no sólo debe entenderse como un derecho a estar sano, ya que éste entraña dos dimensiones: en la primera de ellas podemos ubicar un cúmulo de libertades, como el control de la salud, y la libertad sexual y genésica; en segundo lugar encontramos el derecho a exigir un sistema capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud, es aquí donde podemos ubicar un ámbito claro de responsabilidades a cargo de los órganos del Estado.

El derecho a la protección de la salud sólo se puede alcanzar por medio del cumplimiento puntual de las obligaciones básicas del Estado mexicano, orientadas al respeto que se le exige de abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a la salud; al deber que tienen las instituciones públicas de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en la protección de la salud, y el deber jurídico de las autoridades vinculadas con los servicios públicos de protección de la salud de adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a este derecho.

El Estado, a través del sistema de salud, también tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad en la prestación de ese servicio, facilitando el acceso a toda la población que lo requiera, especialmente a quienes están en condiciones socioeconómicas menos favorables; para tales efectos, el Estado está obligado a garantizar la eficacia en la prestación del servicio de salud, otorgando todas las facilidades materiales e institucionales previstas en el orden jurídico interno e internacional, a fin de poner en práctica políticas públicas sanitarias y sociales orientadas a proporcionar información de salud en general, así como para prevenir enfermedades y desnutrición, y brindar óptima atención médica a toda la sociedad en general, en especial a los grupos vulnerables y desprotegidos.

En México, la igualdad en la prestación de ese servicio de salud, así como del acceso a toda la población que lo requiera, especialmente a quienes están en condiciones socioeconómicas menos favorables, dista de ser una realidad.

Irma López Aurelio, indígena mazateca, refleja los males que mantienen a México anclado en la falta de servicios básicos y el subdesarrollo. Una mujer, que por ser pobre y no hablar de manera fluida el español, no consiguió darse a entender o cuando menos, llamar la atención de los servidores públicos por lo que se vio orillada a dar a luz en el jardín de la clínica a la que había acudido. Ello, nos debe hacer reflexionar, la importancia de convertir en una realidad, el derecho a la salud.
Es injusto mencionar que esta situación sucede en todas las clínicas con las mismas necesidades, es decir, sin instalaciones adecuadas, falta de material médico o de plantilla de médicos, en el mejor de los casos se privilegia el sentido común y la atención de urgencia para quienes más lo necesitan. Sin embargo, esta situación parece ser solo el inicio de una lista interminable de falta de atención médica por parte de los funcionarios públicos, así como del desgaste actual del sistema nacional de salud, y de la deshumanización del servicio médico.

El derecho a la protección de la salud es un derecho humano, exigible y esencial para el desarrollo armónico de cualquier sociedad democrática, el cual demanda necesariamente la planeación de políticas públicas y programas nacionales que coadyuven en la creación de infraestructura material y en la formación de recursos humanos suficientes para brindar un servicio de salud de alta calidad y eficiencia en todo el país.

El caso de José Sánchez Carrasco, jornalero de Casas Grandes, Chihuahua, quien murió luego de que se le negará la atención médica en el Hospital General de Guaymas, Sonora; agonizó durante cinco días y murió sin ser atendido en la puerta del Hospital. Esta situación provocó que fuera destituido el director del Hospital, Alfredo Cervantes Alcaraz, quien reconoció que le había negado la atención médica a José porque éste no tenía dinero y seguridad social. Este caso es doloroso e impactante que retrata perfectamente la apatía humana de la presencia de un ser humano con la necesidad inminente de atención médica y la falta de sentido común de apoyar a quienes más lo necesitan.

La lista sigue; unos días después en el mismo estado de Sonora, Audelia Moreno, esposa de un minero retirado de Cananea, fue sacada prácticamente del quirófano cuando estaba en la etapa pre operatoria; ella fue al Centro de Salud en Cananea y de ahí la trasladaron de urgencia al Hospital General de Hermosillo, Sonora, donde no le dijeron que no la podían atender porque Francisco Edmundo Munguía Varela, subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud en Sonora, no autorizaba la operación porque los mineros retirados tenían agotado el Presupuesto denunció Jesús Ortega Acosta, presidente de la Asociación de Mineros Retirados, quien además expresó su molestia de no tener la atención con doña Audelia de regresarla a Cananea en ambulancia, sino que tuvo que regresar en camión a su casa.

Más allá de cómo se defina la "cobertura universal", que el gobierno federal ha vinculado con el resultado de las otras reformas que impulsa, es evidente que también existen graves problemas de insensibilidad y mala administración en los sistemas de salud. Es un problema de derechos humanos, de la manera en que se desestima la idea del respeto a la persona humana, especialmente cuando está enferma o necesitada.

Ese desdén rompe con el discurso de los distintos partidos políticos acerca de la manera en que construyen sus políticas y acciones. Refleja que quienes administran hospitales y sistemas hospitalarios padecen un problema de madurez e incapacidad para ser flexibles cuando es necesario. Un sistema de salud que prefiere la muerte de personas antes que incumplir normas y reglamentos, que anteponen los intereses del sector público al de los derechos de las personas, muestra que también urge formación humana y una reforma estructural que permita recobrar conciencia de la importancia que es atender con calidad y calidez a los pacientes que buscan atención médica. Es inaceptable que abatir costos sea más importante que atender enfermos, especialmente los más pobres y marginados.

Los casos de Irma, José y Audelia, nos demuestran la enorme insensibilidad de quienes administran los Hospitales en zonas con marginación y pobreza. Que hacen ver del derecho a la salud, derecho constitucional un asunto de caridad y beneficencia. Compañeros senadores, la salud no es un servicio que se deba prestar a servicio de parte, es un derecho humano, consagrado en nuestra constitución y el estado debe actuar en consecuencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables.

Para los efectos de la presente Ley, se entienden como grupos vulnerables: los adultos mayores, los niños y las niñas desde su concepción, las personas con discapacidad, las personas de escasos recursos y, en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a toda persona que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez".






EFEMERIDES

De los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, en conmemoración del “Día Mundial del Urbanismo”.








Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional, en conmemoración del “Día Mundial del Urbanismo”.

“DIA MUNDIAL DEL URBANISMO
8 DE NOVIEMBRE

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de cuatro continentes cada 8 de noviembre.

La organización internacional que lo ideó fue fundada en 1949 por Carlos María della Paolera, primer catedrático de urbanismo en la Argentina, ex director de Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y graduado del Institutd 'Urbanisme de Paris, con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana.

El término “urbanismo” procede de la palabra latina urbs (‘ciudad’), se define como “conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades de la vida urbana” que atiende correlativamente a la orden estético y al respeto a los valores históricos y arqueológicos.

Este día reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación de comunidades sostenibles, además de presentar una excelente oportunidad para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que hace tomar conciencia a los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios.

El Día Mundial del Urbanismo debe servir para recordarnos a todos el protagonismo de las ciudades y lograr que, para los 364 días restantes del año, empeñemos el compromiso de conseguir espacios urbanos más humanos, cómodos y habitables.

En materia de educación las grandes ciudades necesitan de amplias autopistas y sistemas de transporte para tener una población más grande y productiva, ya que tanto los cerebros como las ciudades, a medida que crecen, han de estar interconectados de manera compacta para funcionar correctamente. Por ende se busca ayudar en el mejoramiento de la educación, la tecnología, la infraestructura centros de producción que maximicen los beneficios del país.

El urbanismo se encarga de planificar diseños que mejoren la calidad de vida de las personas. Para ello, se requiere la colaboración de todos los habitantes; porque sin la participación de todos no es posible mantener la ciudad limpia, ordenada, saludable y bien cuidada. Entre los programas urbanísticos destacan objetivos como aumentar el número de parques y zonas recreativas, descongestionar las zonas superpobladas, mejorar la red de transporte público, disponer barrios según criterios estéticos y funcionales, disminuir la contaminación del aire y del agua, facilitar el acceso a los centros de educación y sanidad, entre otras.

El futuro de nuestras ciudades depende de la responsabilidad de nosotros como políticos, también de los urbanistas y de los ciudadanos, debemos apostar con decisión por un urbanismo solidario y humanista que atienda con eficacia las demandas de calidad, de desarrollo y de superación de los desequilibrios.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito
Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional”.






De la C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del natalicio de don Felipe Carrillo Puerto.

“EEFEMERIDES EN CONMEMORACION DEL NATALICIO DE DON FELIPE CARRILLO PUERTO








CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 12 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:00 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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