Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 27 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 4

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Febrero de 2014

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos. Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores Adriana Dávila Fernández, por la Comisión Contra la Trata de Personas; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia; y Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos.

- Para la discusión en lo general intervienen los CC. Senadores Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI; Layda Sansores San Román; Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, quien presenta moción suspensiva, la cual se desecha; Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN; Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD; Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD; Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD; David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT; y Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD. Las CC. Senadoras Lucero Saldaña Pérez y Mely Romero Celis presentan una propuesta de modificación al artículo 10 y una para adicionar un artículo 28 Bis al proyecto de Decreto que se aprueban. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:40 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 79 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del miércoles 12 de febrero, correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día martes once de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves seis de febrero de dos mil catorce.

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 10 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, su informe de actividades durante la visita oficial realizada a Nueva Delhi, India, del 25 al 29 de enero de 2014.- Quedó de enterado.

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Fueron aprobados en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2013.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de resultados de la visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Turquía, del 15 al 19 de diciembre de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de resultados de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Reunión Anual 2014 del Foro Económico Mundial, la cual se llevó a cabo del 22 al 24 de enero del año en curso, en Davos, Suiza.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V, y 36, fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de los Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III al artículo 74 Bis, la fracción VI al artículo 74 Ter, y la fracción III al artículo 79 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reforma el artículo 171 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21, recorriéndose a V la actual fracción IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Con dispensa de segunda lectura, intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth, por las comisiones, para presentar el dictamen; y Benjamín Robles Montoya, quien presentó voto particular. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; David Monreal Ávila del PT; Arely Gómez González del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Roberto Gil Zuarth del PAN.

El Presidente de la Mesa Directiva informó de la reserva de los artículos 139 y 148 bis del Artículo Primero del proyecto de decreto, que se refiere al Código Penal Federal.

El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 83 votos en pro y 22 en contra.

Para presentar las reservas, hicieron uso de la palabra los Senadores: Angélica de la Peña Gómez y Fidel Demédicis Hidalgo para presentar sus propuestas al artículo 139 del Código Penal Federal. Asimismo, el Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya respecto al mismo artículo. Las propuestas no se admitieron a discusión. El artículo 139 fue aprobado por 75 votos en pro y 21 en contra, en los términos del dictamen.

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las propuestas de los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Benjamín Robles Montoya al artículo 148 bis del Código Penal Federal, las cuales no se admitieron a discusión. El artículo 148 bis fue aprobado en los términos del dictamen por 70 votos en pro y 20 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el decreto. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo en relación al nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sin discusión, fue aprobado por 102 votos en pro.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático.- Intervinieron los Senadores: Blanca Alcalá Ruiz, para presentar éste y los siguientes dos dictámenes; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado por 102 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.- Fue aprobado por 104 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo; y 34 bis, tercer párrafo; y se adicionan los artículos 5o. bis, 5o. ter y 5o. quáter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia.- Fue aprobado por 103 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Fue aprobado por 106 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82; se adiciona la fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafos al artículo 20, de la Ley General de Protección Civil.- Fue aprobado por 95 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.- Fue aprobado por 104 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3 y 23 de la Ley General de Protección Civil, para establecer el servicio vulcanológico nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar en consideración las recomendaciones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.- Se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, así como al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, a fin de que informen sobre la participación de un presunto narcotraficante en una reunión entre representantes del gobierno federal y líderes de grupos de autodefensa del estado de Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a localizar con vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para llevar a cabo la investigación correspondiente.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer los hechos en que resultó privado de su libertad el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, en el estado de Veracruz y para que proceda a la creación de una unidad de investigación especializada en delitos contra periodistas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a proseguir con el proceso del convenio suscrito con la tribu yaqui, referente al tema para el control del Acueducto Independencia.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a fomentar, promover y realizar acciones tendientes al rescate, rehabilitación, conservación y protección de esteros y manglares en el Puerto de Topolobampo y en la isla del Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa; así como la construcción de cuatro puentes que permitan el flujo y reflujo de corrientes marinas en los esteros “El Zacate”, “La Chata”, “La Herradura” y “El Panal”, que se encuentran sobre la rúa Topolobampo-El Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar un modelo de capacitación continua con el propósito de mejorar los estándares de desempeño relacionado con la práctica de la atención de la enfermería.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar que el monte Mojino, en el estado de Sinaloa, sea declarado como un área natural protegida.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a etiquetar recursos para la conclusión de la obra de 32 km. Mártir de Cuilapan–Zitlala, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guerrero a presentar un informe de los avances en la gestión de la creación del municipio de Santa Cruz del Rincón, en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

(Excitativas)

Se recibió solicitud de excitativa de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, en relación con el proyecto de decreto por el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

Se recibió solicitud de excitativa de los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Mario Delgado Carrillo y Raúl Morón Orozco, en relación con los siguientes proyectos de decreto:

1) El que expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se adiciona el artículo 149 Quater del Código Penal Federal, presentado el 11 de diciembre de 2012 y

2) El que crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar, presentado el 11 de diciembre de 2012.

La Presidencia emitió las excitativas a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, decretado el 10 de febrero de 1992.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas y citó a la siguiente el miércoles doce de febrero a las doce horas.

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, acordó incorporar en el Orden del Día el dictamen que presentan las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, que propone reformas a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El asunto está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y se inscribe para su primera lectura.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos.





 

En el aparto de iniciativas, tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que contiene el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 14 fracción IX, y 18 fracción XXV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 14 FRACCION XIX, Y 18 FRACCION XXV DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como ustedes saben, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.

En dicha ley podemos advertir que es en el marco de este sistema nacional, que el Ejecutivo Federal encauzará todas las acciones que se emprendan en materia de seguridad pública para cumplir con su mandato constitucional.

En ese contexto, vale la pena señalar que actualmente el país atraviesa un momento histórico muy crítico; yo diría uno de los más críticos en materia de seguridad pública, y es por eso, que dentro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos planteamos la tarea de analizar el presente ordenamiento jurídico, del cual se desprendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión por parte de esta Cámara, a fin de contar con los elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas implementadas en la materia.

Así, como resultado de la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se colige que no hay obligación de los integrantes de este sistema nacional a rendir informes o a proporcionar información a esta Soberanía, por lo que consideramos que los informes a los que se refieren los artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, en los que se establece la obligación del Ejecutivo Federal y de los secretarios del despacho de informar a las Cámaras acerca del estado que guarda su administración, no son suficientes para dar cuenta de la situación en la que se encuentra la Administración Pública Federal, precisamente en materia de seguridad pública.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la ley contempla, a través de los artículos 18, en sus fracciones XIII y XIV, 142 párrafo cuarto, y 143 numeral 1, la realización de informes dirigidos al secretario del ejecutivo del sistema y no al Poder Legislativo.

Es por estas razones, compañeras y compañeros, que la presente iniciativa propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda también a esta Soberanía, a través de su secretariado ejecutivo, un informe de actividades semestrales que contengan las acciones, políticas y estrategias implementadas en el marco del sistema nacional, así como de los resultados obtenidos en el periodo correspondiente.

Y es por eso, de manera muy sintética, señor Presidente, que presentamos esta iniciativa de modificación a la ley correspondiente.

Muchísimas gracias. Es cuanto.

Iniciativa

“El suscrito, BenjamIn Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 14, fracción XIX, y 18, fracción XXV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Enero de 2009, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer, la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la materia.

El Artículo 2 de éste ordenamiento en su parte conducente establece:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Derivado de lo anterior, podemos advertir que es en el marco de este Sistema Nacional que el Ejecutivo Federal encausará todas las acciones que se emprendan en materia de Seguridad Pública para cumplir con su mandato constitucional.

Actualmente el país atraviesa un momento histórico más críticos en materia de Seguridad Pública, es por eso que dentro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos planteamos la tarea de analizar el presente ordenamiento jurídico, del cual se desprendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión por parte de ésta Cámara, a fin de contar con los elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas implementadas en la materia.

Como resultado de la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se colige que no hay obligación de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública de rendir informes o proporcionar información a esta Soberanía, por lo que consideramos que los informes a los que se refieren los Artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, en los que se establece la obligación del Ejecutivo Federal y de los Secretarios del Despacho de informar a las Cámaras acerca del estado que guarda su administración ,no son suficientes para dar cuenta de la situación en la que se encuentra la administración pública federal en materia de Seguridad Pública.

Lo anterior lo sustentamos con base en el Artículo 4 de la Ley de referencia que señala que para el funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contará con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública y el Artículo 10 del mismo precepto legal en el que se determina la integración del Sistema quedando de la siguiente forma:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.
Es claro que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no funciona como una Secretaría de Estado, ni como la Procuraduría General, direcciones y administraciones de las entidades paraestatales, esto en clara alusión a lo dispuesto en los artículos 69 y 93 constitucionales, sino que su funcionamiento se da a partir de la conformación de instancias que determinan su actuación a través de Órganos Colegiados.

Asimismo el párrafo segundo del artículo 10 de la misma Ley acota lo siguiente:

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Con la anterior disposición podemos observar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo contempla esquemas de ejecución y coordinación con el Poder Judicial, de tal manera que se margina a ésta Soberanía.

Es pertinente señalar que la Ley en cita contempla, a través de los artículos 18 fracción XIII y XIV; 142 párrafo cuarto; y 143 numeral I, la realización de informes dirigidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema y no al Poder Legislativo.

Es por estas razones que la presente iniciativa propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda a ésta Soberanía, a través del Secretariado Ejecutivo, un informe de actividades semestral que contenga las acciones, políticas y estrategias implementadas en el marco del Sistema Nacional, así como los resultados obtenidos en el periodo correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Único. Se reforma la fracción XIX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 14, y se reforma la fracción XXV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 18, ambos preceptos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 14. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVIII. …

XIX. Supervisar la integración de un Informe semestral que el Secretario Ejecutivo elabore y remita a la Cámara de Senadores.

XX.…

Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del sistema

I. a XXIV. …

XXV. Elaborar y remitir semestralmente a la Cámara de Senadores un informe de las actividades del Consejo Nacional y de las instancias que lo conforman, por escrito que contenga las acciones, políticas estrategias implementadas y resultados.

XXVI.…

Transitorio

Unico. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene la palabra la Senadora Arely Gómez González, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral Jurado, Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Pablo Escudero Morales, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.

Después de la Senadora Arely Gómez; la presentará también el Senador Javier Corral, dividirán su tiempo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA CAMARA DE SENADORES

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González y Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los CC. Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Pablo Escudero Morales)

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente.

Ser congruentes, implica tener un compromiso real con lo que aprobamos como representantes populares y las reglas que nos autoimponemos como servidores públicos.

El viernes pasado, el Presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, con la que se sientan las bases de una nueva concepción del derecho de acceso a la información en nuestro país.

El compromiso implícito en el cambio constitucional que procesamos en esta Cámara de Senadores, fue la necesidad de una verdadera rendición de cuentas de todos los que formamos parte de los poderes de la unión y en todos los niveles de gobierno.

Hoy, esta reforma es ya una realidad, y el Senado de la República responde a la exigencia ciudadana de respetar el derecho humano a la información, con la presentación del proyecto de reglamento de transparencia que hoy tengo el honor, junto con el Senador Javier Corral, de poner a su consideración.

Este reglamento organiza y establece una estructura interna que nos permitiría responder a los cambios que implica la reforma constitucional, respetando la dinámica del Poder Legislativo, sin dejar de tomar en cuenta el principio de máxima publicidad que establece nuestro artículo 6o. constitucional.

Se contempla un capítulo en el que se señala la información que deberá publicarse periódicamente, se formaliza la obligación de los órganos de gobierno y de los grupos parlamentarios de reportar el uso de recursos y se establece con claridad la información que puede ser clasificada como reservada o confidencial.

Con este reglamento se modifican las atribuciones y estructuras internas del Senado, para fortalecer la actividad de la unidad de enlace y del Comité de Garantía Transparencia de Acceso y Transparencia a la Información, y se reconoce la existencia de datos personales que deben ser protegidos.

Desde el inicio de la presente legislatura, tengo el honor de presidir el comité encargado de garantizar el acceso y transparencia a la información del Senado.

Con mis compañeros de todas las fracciones parlamentarias, nos hemos dado a la tarea de impulsar las mejores prácticas y mecanismos para atender las exigencias ciudadanas. Es por esto que consideramos indispensable revisar la normatividad interna en la materia, para contar con procedimientos adecuados.

Este reglamento es resultado de un trabajo de varios meses de análisis y consulta, en el que participaron con excelentes propuestas y comentarios mis amigos, los Senadores Javier Corral, Laura Angélica Rojas, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Pablo Escudero. Por su apoyo y compromiso con esta iniciativa, muchas gracias.

También agradezco el apoyo y comentarios de los miembros de la Mesa Directiva, del interés personal del Senador Raúl Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva, por su compromiso con la transparencia y por el apoyo brindado, así como los comentarios que recibimos de las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y Servicios Administrativos, y de los representantes administrativos de los grupos parlamentarios.

Estamos convencidos de la importancia que tienen los órganos internos y los servidores públicos de la Cámara en el trabajo legislativo que realizamos como representantes populares.

Amigas y amigos, con este reglamento estamos sentando las bases de uno de los ejes para contar con un verdadero parlamento abierto, la transparencia y el acceso a la información. Los invito a conocer la iniciativa, para que en el menor tiempo posible podamos contar con este instrumento que siga poniendo al Senado de la República a la altura de las exigencias de la ciudadanía.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias a usted, Senadora Arely Gómez. Y gracias por sus palabras generosas a la Presidencia y a la Mesa Directiva.

Tiene el uso de la tribuna Senador Javier Corral, para presentar también la iniciativa.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos meses, a través de redes sociales y medios de comunicación, diversas instancias del Congreso mexicano, así como algunos de sus actores más relevantes, se han colocado bajo serios cuestionamientos y críticas en torno de su actuación, la manera en que ejercen sus facultades, cómo gestionan sus asuntos, se relacionan con otros poderes y actores privados, cómo se usan los recursos públicos económicos y materiales de los que disponemos los legisladores.

El Congreso está bajo una exigencia social de mayor transparencia y acceso a la información que posee, y es hora de responder y asentar en un documento que nos vincule a todos un claro compromiso con la transparencia en el ejercicio de nuestra función, particularmente en el rubro de los recursos públicos que se asignan a los grupos parlamentarios y a los Senadores en particular.
Este compromiso debe traducirse en la concreción del principio constitucional de máxima publicidad, sobre todo ahora que con la reciente reforma constitucional, el Congreso y sus grupos parlamentarios ya no podrán seguir gozando del dudoso honor de ser una de las excepciones al derecho de acceso a la información y estará bajo la competencia y jurisdicción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Quienes hemos luchado por someter este poder a ese escrutinio ciudadano, como una forma de contrapeso y contraloría social, buscamos, mediante la presente iniciativa de Reglamento de Transparencia del Senado, avanzar y concretar el anhelo de un parlamento abierto, donde toda la información que deba ser pública esté a disposición de todos en Internet y estar a disposición por cualquier medio material o instrumento de cualquier persona y el desglose de la totalidad de los recursos que reciben los grupos parlamentarios de parte de la hacienda pública y la forma pormenorizada como los gastan.

Debo señalar que la iniciativa parte del trabajo esencial de la Senadora Arely Gómez, quien ha puesto en este objetivo su compromiso con la transparencia y una apertura para ensanchar sus contenidos y darle un mayor alcance a la iniciativa, a partir de las propuestas que hemos realizado los que suscribimos junto con ella esta iniciativa, que se apuesta por una mayor transparencia.

Esta transparencia, compañeras y compañeros, tendrá consecuencias fundamentales: una de ellas, para restituir a plenitud nuestra fuerza moral y política, no sólo en el debate parlamentario, sino frente a la exigencia ciudadana de que todo aquel que tenga una responsabilidad pública rinda cuentas. A la gente le molesta que además de los altos salarios que recibimos los servidores públicos, no se transparenten los apoyos adicionales y otras prestaciones.

Abrir la información evita, también, los manejos discrecionales en la asignación de apoyos y recursos entre los Senadores de un mismo grupo parlamentario, que tanto daña a la unidad y buena marcha del trabajo legislativo.

En este sentido, la iniciativa que hoy proponemos consiste en establecer con claridad quiénes son los sujetos obligados de la Cámara de Senadores; y así se señalan que serán los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios, las áreas parlamentarias y administrativas, el centro de estudios, las comisiones y todas las unidades que contengan información relacionada con las actividades del Senado.

Se define con claridad la información que debe de ser reservada y la información confidencial, garantizando el acceso de aquella información que no se encuentre clasificada.

La información será clasificada por los servidores públicos que la tengan y será el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, el COGATI, quien ratifique o modifique la clasificación, cuyo periodo de reserva será hasta por doce años.

Dicho comité estará integrado por un Senador de cada grupo parlamentario, los cuales serán propuestos a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política para su aprobación por el Pleno de la Cámara.

Se establece un capítulo relativo a la protección de datos personales, garantizando los llamados derechos genéricos, de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.

Sobre los datos personales, la iniciativa prevé la existencia de datos sensibles; se establece un procedimiento ágil y expedito con la intención de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se prevé la operación de un sistema de información y plazos razonables para tramitar las solicitudes de acceso a la información que presenten los interesados.

Me siento muy entusiasmado y esperanzado de que un grupo plural haya podido suscribir y avalar este trabajo, y esperemos que muy pronto en este mismo Pleno estemos aprobando la iniciativa que ahora se presenta por nosotros y que habrá de conjugarse con otras que ya se han presentado y que habremos de dictaminar en los próximos días.

Muchas gracias a todas y a todos.

(Aplausos)

Iniciativa

“Arely Gómez González, Javier Corral Jurado, Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Pablo Escudero Hernández, Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México; todos integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A principios de este siglo el derecho de acceso a la información gubernamental estaba circunscrito, básicamente, a lo dispuesto en el artículo 6º constitucional y a otras disposiciones de carácter administrativo de carácter federal y local. Sin embargo, lo ambiguo de estas prescripciones implicó que los particulares carecieran de mecanismos jurídicos eficientes para acceder a la información de las autoridades de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno. Inclusive medios jurisdiccionales, como el juicio de amparo, representaba una vía poco idónea para obtener información en posesión de cualquier autoridad o, por lo menos, combatir dilaciones, omisiones o resultados no deseados sobre sus peticiones de acceso a documentos oficiales.

En el año 2003 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual estableció desde ese momento que la información del Estado mexicano es pública y que los particulares podían acceder a ella mediante procedimientos gratuitos, sencillos y expeditos, sin tener que expresar interés jurídico alguno o justificar su utilización, con las únicas limitantes de que dicho acceso no contraviniera el interés público o pudiera violar la privacidad de las personas.

Esta ley respondió a la creciente exigencia social de contar con mejores instrumentos para acceder a mayor y mejor información para obtener elementos para intervenir en las políticas públicas, combatir la corrupción y controlar al Estado, bajo la premisa de que la política de transparencia y el derecho a la información hacen visible la actividad de los servidores públicos, inhibiendo actos irregulares y conductas ilícitas.

Para cumplir el mandato de la ley, el 30 de abril de 2003, la Cámara de Senadores expidió el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, a través de la cual el Senado adecuó su estructura interna y su página web a la nueva legislación.

Posteriormente, las reformas a los artículos 6 y 16 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, 1 de junio de 2009 y 11 de junio de 2013, ampliaron notablemente los alcances del derecho a la información quedando establecido, en conjunto, que además de que el derecho a la información se garantizará por el Estado, se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Una vez iniciados los trabajos de la LXII Legislatura se constituyó el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información (COGATI) como el órgano garante, especializado e imparcial, responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la ley de la materia por parte de los órganos y entidades responsables del Senado.

El Comité, durante apenas un año de trabajo, ha logrado aportaciones importantes en materia de transparencia y acceso a la información, de entre las cuales podemos destacar la creación de los criterios de  clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, facultad conferida por el artículo 17, fracción II del Acuerdo Parlamentario enunciado con anterioridad, dejando en claro la urgencia de más y mejores políticas no sólo de transparencia sino también de acceso a la información, puesto que desde el año 2003 no se habían generado, lo cual provocaba serias confusiones al momento de clasificar la información que es solicitada al Senado de la República. En ese sentido, fue inminente actualizar las causales para clasificar información relacionada con las facultades, obligaciones y deberes con los que deben cumplir los documentos legislativos que auxilian y encauzan a un procedimiento legislativo eficaz.

Otro logro destacable en materia de acceso a la información, desde el impulso del COGATI, fue precisamente la inclusión del Sistema INFOMEX Senado para gestionar de manera ágil y rápida las solicitudes de información que ingresan por parte de la ciudadanía. Esta herramienta informática elaborada, sistematizada y entregada a la Cámara Alta por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a través de un acuerdo de colaboración, resultó un avance para el procedimiento de acceso a la información dentro del Senado de la República.

No obstante lo anterior, se considera necesario la actualización de la normatividad interna en la materia, debido a que el Acuerdo Parlamentario ya se encuentra superado por la realidad que se vive en el Senado y por los propios cambios constitucionales que se han generado, razón por la cual se hace inevitable construir un nuevo instrumento para regular el acceso a la información y la transparencia al interior del Senado.

Los Senadores que signamos la presente iniciativa vemos indispensable la creación de un marco normativo más amplio en materia de transparencia, que regule de manera adecuada la protección del acceso a la información y la protección de datos personales al interior del Senado de la República. La expansión del derecho de acceso a la información en el Poder Legislativo debe buscar la apertura total del Congreso al ciudadano y corresponde a todos los legisladores consolidar esa actualización normativa que exige el proceso de consolidación democrática. Un Parlamento abierto implica la más extraordinaria comunión entre Derecho y Política, su información alcanzará la dimensión de estos dos axiomas del Estado, por lo que la regulación de su acceso es impostergable.

La actualización de la normatividad encuadra con los esfuerzos del Senado para modernizar el acceso a la información. Estas acciones se inscriben en un proceso de modernización que toma en cuenta los avances tecnológicos y ahora es indispensable el uso de las tecnologías de la información.

Esta iniciativa fortalece los dos mecanismos para transparentar y otorgar el acceso de su información al público: El primero, lo constituye la página electrónica institucional, en la que cualquier persona podrá obtener de forma directa la información obligatoria que establece la Ley. Es menester señalar que la página electrónica difunde gran cantidad de contenidos sobre las materias legislativa, parlamentaria y administrativa y recibe en promedio cinco mil ciento sesenta visitas mensuales.

El segundo mecanismo lo constituye el trámite de solicitudes de información, mismas que son presentadas por los particulares a la Unidad de Enlace y respondidas con la información que poseen las áreas de la Cámara de Senadores. La gestión de más de cuarenta y tres solicitudes de información mensuales demuestra que la Cámara de Senadores ha sido uno de los sujetos obligados que mejor ha buscado cumplir la Ley. Esta propuesta de Reglamento de Transparencia aclara diversos aspectos contemplados en la Constitución y establecidas por la Ley de la materia.

La iniciativa está pensada para el desarrollo de los últimos ajustes constitucionales hechos en materia de transparencia. Con ello, el Senado de la República contribuye con el ejemplo a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información; garantizar la protección de datos personales; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos; mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos gubernamentales, y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y plena vigencia del Estado de Derecho.

El Senado de la República debe avanzar y evolucionar sus procedimientos y comprometerse con la transparencia, para ello se buscó hacer responsables a todas las unidades administrativas y a los grupos parlamentarios, generándose con ello solidez y confianza a quienes deseen conocer o tener acceso a los archivos públicos legislativos.

Para ello las entidades responsables, a través de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Senado, señalarán con claridad los supuestos normativos por medio de los cuales podrá clasificarse, de manera excepcional, diversa información en posesión del Senado de la República.

Otra novedad es que se introduce la prueba de daño que consiste en que la clasificación de la información deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que con  su acceso, cabría la posibilidad de atentar contra los intereses públicos tutelados en el artículo 6º constitucional y en la Ley, tales como la seguridad nacional y pública; la estabilidad financiera o económica del país; la vida, la seguridad o la salud de las personas; las actividades de verificación del cumplimiento de leyes; los expedientes judiciales o administrativos; los secretos identificados en las leyes de manera expresa, así como otros procesos deliberativos de los legisladores.

Finalmente, la propuesta conlleva a la aplicación del Habeas Data como procedimiento a favor del ciudadano, ya que se mencionan específicamente las acciones que se deberá seguir para ejercer el derecho de acceso a la información. Someter el presente proyecto a estudio y discusión en el Pleno y votarlo a favor, representa un avance en el marco jurídico de este Senado respecto a sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Debe señalarse que esta disposición no es definitiva. Seguramente, con el paso del tiempo, deberá ser adecuada a las reformas constitucionales y legales que se expidan como producto de las mayores exigencias de información pública que permitan a los gobernados apreciar cómo, cuando, por qué y con qué, están desempeñando sus tareas las autoridades gubernamentales, sobre todo si apreciamos al Derecho a la información como una prerrogativa dinámica y cambiante a favor de los particulares.

Por las razones antes expuestas, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CAMARA DE SENADORES.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el numeral 3 del artículo 53; los numerales 1 a 4 del artículo 295, y el numeral 1 del artículo 296 del Reglamento del Senado de la República, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 53.

1.…

2.…

3. Cuando en una sesión secreta se estima que un asunto amerita estricta reserva, el Presidente lo consulta al Pleno. De ser afirmativa la respuesta, los presentes están obligados a guardar la reserva. En su caso, se le dará el tratamiento de información reservada o confidencial establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República.

Artículo 295.

1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el Senado garantiza el acceso de toda persona a la información de que dispone, en los términos de la Constitución, la ley de la materia, este Reglamento, y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República.

2. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado es el órgano garante especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa, de gestión y decisión, responsable de resolver los recursos de revisión, coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la ley de la materia por parte de los órganos y unidades administrativas del Senado, así como de ejecutar los lineamientos y acuerdos en materia de transparencia dentro del Senado de la República.

3. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información se integrará por un Senador de cada Grupo Parlamentario, los cuales serán propuestos a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política, para su ratificación por el Pleno.

Artículo 296.

1. Está a disposición del público, a través de medios electrónicos remotos o locales, la información del Senado que ordena la ley de la materia, así como la considerada como socialmente útil y relevante por el Comité en los términos del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República.

2. a 4. …

ARTICULO SEGUNDO.- Se expide Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Este ordenamiento es de orden público y tiene por objeto regular las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en la Cámara de Senadores, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes aplicables y el Reglamento del Senado de la República.

Durante las sesiones que la Comisión Permanente efectúe en la Cámara de Senadores se observará, en lo que corresponda a la transparencia y el acceso a la información, las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por las Entidades Responsables o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades así como los expedientes y documentos legislativos, parlamentarios y administrativos que contienen información inherente al funcionamiento del Senado y/o de sus Entidades Responsables, con independencia de su forma de presentación;

II. Clasificación: El acto por el cual se fundamenta y motiva la selección de información para ser reservada o confidencial según las causales normativas aplicables;

III. COGATI: El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información;

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable con independencia de que dicha información se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

VI. DGAHyML: La Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa;

VII. Documentos: Cualquier registro que contenga información relativa al ejercicio de las facultades o actividades del Senado, sus Entidades Responsables y sus servidores públicos, tales como actas, comunicaciones, iniciativas, minutas, proposiciones, dictámenes, memoriales, reportes, estudios, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, entre otras; sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

VIII. Entidades Responsables: Areas del Senado obligadas a proporcionar información así como resguardar información de carácter confidencial y proteger datos personales, en términos del presente reglamento, son las siguientes:

a. Organos de Gobierno;

b. Grupos Parlamentarios;

c. Comisiones y Comités:

d. Institutos de Investigaciones y Centros de Estudios Legislativos del Senado.

e. Secretarías Generales.

f. Contraloría Interna;

g. Coordinación de Comunicación Social;

h. Direcciones Generales, e

i. Unidades que poseen, generan, catalogan y clasifican la información del Senado, de conformidad con las facultades que les correspondan.

IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

X. Información: Los datos, elementos y contenidos de los documentos que, por cualquier título, las Entidades Responsables posean, resguarden, generen, obtengan, adquieran, recopilen, transformen, administren, clasifiquen, conserven, difundan o proporcionen;

XI. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XII. Página electrónica: El sitio electrónico institucional del Senado

XIII. SGSA: Secretaría General de Servicios Administrativos;

XIV. SGSP: Secretaría General de Servicios Parlamentarios;

XV. Servidores públicos: Los servidores públicos al servicio del Senado, que están mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución;

XVI. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que están en posesión de cualquier Entidad Responsable del Senado, sea en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio, necesario para el desarrollo de sus facultades;

XVII. Unidad de Enlace: La Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información; y

XVIII. Versión Pública: Documento al que se le ha eliminado la información clasificada como reservada o confidencial.

Artículo 3. Este Reglamento es de observancia general para los Senadores, los servidores públicos y prestadores de servicios del Senado, así como para todas sus Entidades Responsables.

Artículo 4. En la interpretación de este Reglamento se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión del Senado, en términos de lo previsto en el artículo 6º de la Constitución.

Artículo 5. En lo no previsto por este Reglamento se aplicará supletoriamente Reglamento del Senado de la República y la Ley.

CAPITULO II
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Sección I.
Transparencia Legislativa

Artículo 6. Con excepción de la información reservada o confidencial, el Senado garantiza el acceso de toda persona a la información de que dispone, en los términos de la Constitución, la Ley y este Reglamento.

Asimismo deberá poner a disposición del público y actualizar en su página electrónica la información establecida en el artículo 7 de la Ley.

Artículo 7. Las Entidades Responsables, conforme la naturaleza de sus atribuciones, publicarán a través de la Unidad de Enlace las siguientes obligaciones de transparencia legislativa:

I. La estructura orgánica autorizada del Senado;

II. Las facultades y responsabilidades de cada área del Senado, de conformidad con la Ley Orgánica, el Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República y el Manual de Organización;

III. El directorio de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, con los siguientes elementos:

a) El nombre completo de la persona;

b) Cargo;

c) El nivel del puesto en la estructura orgánica, y

d) La ubicación de la oficina, número telefónico y dirección de correo electrónico del Senado.

IV. Orden del día de las sesiones del Pleno;

V. Gaceta del Senado;

VI. Diario de Debates;

VII. Disponibilidad de versiones estenográficas;

VIII. Presentación de iniciativas de Ley, proyectos de decreto, dictámenes y puntos de acuerdo presentados para su discusión y dictamen;

IX. Registro de asistencias de los Senadores y Senadoras a las Sesiones del Pleno, así como de las reuniones de trabajo de Comisiones o Comités;

X. El registro del sentido del voto de cada legislador en votaciones nominales;

XI. Información sobre el personal del Servicio Civil de Carrera del Senado, las plazas que lo conforman, sus categorías, adscripción, situación jurídica y procesos de convocatoria.

XII. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes. Dicho apartado contendrá:

a) Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando, que incluya el tabulador de sueldos y prestaciones, así como los anexos publicados en el Diario Oficial de la Federación;

b) Los sueldos y prestaciones para el personal de confianza, que incluya el tabulador de sueldos, compensaciones y prestaciones;

c) Los sueldos y prestaciones para el personal de base, que incluya el tabulador de sueldos, compensaciones y prestaciones;

d) Las condiciones generales de trabajo del personal operativo sindicalizado, y

e) El número de servidores públicos y prestadores de servicios profesionales.

XIII. La información sobre los estudios o investigaciones de naturaleza jurídica, económica, política y social que realice o encargue una vez que hayan sido concluidos o entregados;

XIV. Las ratificaciones del personal del Servicio Exterior Mexicano que efectúe la Cámara;

XV. El domicilio de la Unidad de Enlace;

XVI. Metas y Objetivos de todas las áreas del Senado, de conformidad con sus programas operativos;

XVII. Los servicios que ofrece el Senado;

XVIII. Trámites, requisitos y formatos que brinda el Senado;

XIX. Asignación presupuestal y el detalle de su ejercicio debidamente desglosado por capítulo o partida s;

XX. Los resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal;

XXI. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable. Esta información deberá abarcar los siguientes aspectos:

a) Obra pública;

b) Bienes adquiridos y arrendados;

c) Servicios contratados;

d) Investigaciones o estudios, señalando el tema específico;

e) El monto de la contratación;

f) El nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quienes se haya celebrado;

g) Los convenios modificatorios a los contratos, en su caso, precisando los elementos que se refieren las fracciones anteriores, y

h) Los plazos de su cumplimiento o terminación.

XXII. Marco normativo aplicable al Senado;

XXIII. Mecanismos de participación ciudadana;

XXIV. Informes de los viajes oficiales que los legisladores realizan con recursos del Senado;

XXV. Donativos; y

XXVI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante.

Artículo 8. Conforme lo establece el artículo 7, fracción XVII de la Ley, las Comisiones y los Comités contarán con portales en la página electrónica donde publicarán y actualizarán con apoyo de la SGSP, como mínimo, la siguiente información:

I. Su integración;

II. Su domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales;

III. La agenda de sus actividades;

IV. Las actas de sus sesiones;

V. Los asuntos que tengan turnados, así como el estado en que estos se encuentren;

VI. Los informes de sus actividades,

VII. Las versiones estenográficas de sus reuniones, cuando no tengan el carácter de privadas; y

VIII. Las asistencias de sus integrantes y el sentido de las votaciones de los mismos.

Para efecto de la publicación en la página electrónica, los Secretarios Técnicos de las Comisiones y los responsables de los Comités, deberán remitir a la SGSA la información a que hace referencia el presente artículo, lo anterior en un plazo mínimo de tres días hábiles anteriores a los plazos que establece el artículo 10 de la Ley.

Artículo 9. La Cámara de Senadores deberá incorporar un vínculo para acceder al portal electrónico del Canal de Televisión del Congreso.

Artículo 10. El Instituto Belisario Domínguez publicará y actualizará a través de la Unidad de Enlace, como mínimo, la siguiente información:

I. Su normatividad interna;

II. La relación de obras o estudios que edite o participe en su elaboración;

III. El personal que labora dentro del instituto y las funciones que realizan dentro de él; y

IV. Cualquier otra información que estime de interés público.

Artículo 11. El Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, publicará y actualizará a través de la Unidad de Enlace, como mínimo, la siguiente información:

I. Su normatividad interna;

II. La relación de obras o estudios que edite o participe en su elaboración;

III. El personal que labora dentro del instituto y las funciones que realizan dentro de él;

IV. Los informes de resultados de los viajes nacionales e internacionales de trabajo legislativo;

V. Las organizaciones internacionales en donde el Senado tiene participación, así como el órgano o los senadores que la representen;

VI. Los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas ratificados por el Senado, así como la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaración interpretativa sobre los mismos, una vez aprobados por el Pleno.

VII. Las ratificaciones del personal del Servicio Exterior Mexicano una vez desahogadas aprobadas por el Pleno del Senado;

VIII. Las actividades protocolarias efectuadas en la Cámara; y

IX. Cualquier otra información que estime de interés público.

Artículo 12. La Coordinación de Comunicación Social publicará y actualizará, a través de la Unidad de Enlace, como mínimo, la siguiente información:

I. Su normatividad interna

II. Los boletines de prensa que emita;

II. La memoria fotográfica;

III. Las videograbaciones que realice en ejercicio de sus facultades;

IV. Los contratos, convenios y otros que se suscriban para el ejercicio de sus actividades y funciones; y

V. Informe trimestral del ejercicio presupuestal sin restricción.

Artículo 13. El Centro de Capacitación y Formación Permanente publicará y actualizará a través de la Unidad de Enlace, como mínimo, la siguiente información:

I. Su normatividad interna;

II. Las convocatorias de concursos para ocupar puestos del servicio civil de carrera del Senado, así como el procedimiento para aquellas que estén abiertas;

III. Los calendarios de capacitación y evaluación a que se sujetará el personal del servicio civil de carrera;

IV. Los resultados obtenidos de la evaluación que realice al personal en el Servicio Civil de Carrera; y

V. La información del presupuesto que ejerce.

Artículo 14. La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los Grupos Parlamentarios deberán publicar y actualizar en sus sitios electrónicos, como mínimo, la siguiente información:

I. El directorio de sus integrantes;

II. La estructura desagregada de los órganos de gobierno;

III. Informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros que el Senado otorgue a los Grupos Parlamentarios;

IV. Listado del personal y contraprestación económica;

V. Remuneración mensual por puesto;

VI. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto del contrato y vigencia del mismo;

VII. Monto de contrataciones de servicios personales; y

VIII. Cualquier otra información que consideren útil o relevante.

Sección II:
Publicación y actualización de la información en la página electrónica

Artículo 15. Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 7 y 8 del presente Reglamento, la Unidad de Enlace operará un portal electrónico denominado “Portal de Obligaciones de Transparencia del Senado de la República”, dicha operación se llevará a cabo con la finalidad de que cada Entidad Responsable, de conformidad con sus atribuciones, facultades y obligaciones dispuestas por la normatividad aplicable, publique y actualice la información que corresponda.

La Unidad de Enlace llevará a cabo un informe de actualización de este Portal y lo hará del conocimiento del COGATI, órgano que emitirá las recomendaciones pertinentes.

Las Entidades Responsables deberán cumplir con las recomendaciones emitidas por el COGATI y en caso de incumplimiento estará facultado para solicitar a la Contraloría Interna el inicio de procedimientos de responsabilidad de servidores públicos o la interposición de sanciones, según corresponda.

Las Entidades Responsables podrán publicar en ejercicio de sus atribuciones, toda aquella información que consideren de interés público.

Las Entidades Responsables deberán actualizar la información señalada en el artículo 7, al menos cada tres meses, salvo otros plazos dispuestos por este Reglamento u otras disposiciones.

Esta información deberá permanecer en la página electrónica durante el periodo de su vigencia y las Entidades Responsables establecerán mecanismos para conservar y resguardar la correspondiente a periodos anteriores.

Artículo 16. La información a que se refiere el artículo 7 de este Reglamento que publique el Senado en su página electrónica cumplirá con las siguientes características:

I. La página electrónica contendrá un vínculo denominado “Obligaciones de Transparencia del Senado de la República”;

II. La información obligatoria que se difunda en la página electrónica deberá estar actualizada en los términos y plazos de este Reglamento y ser confiable, completa, oportuna y verificable;

III. Esta información y los documentos publicados deberán especificar el nombre de la Entidad Responsable que la genera, la fecha de elaboración y los plazos de actualización;

IV. El lenguaje utilizado será claro, accesible y que facilite su comprensión por los usuarios; y

V. La modalidad con la que se publique esta información, deberá favorecer el formato abierto.

El COGATI aprobará los Lineamientos necesarios para asegurar que la información cumpla con lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 17. La publicación y actualización de la información en la página electrónica a que se refiere el artículo 7 de este Reglamento, se sujetará a los Lineamientos que emita el COGATI, los cuales deberán señalar como mínimo:

I. La Entidad Responsable que genere o posea la información a publicarse o actualizarse, deberá preparar su digitalización y automatización;

II. Cuando se trate de información que se publicará por primera vez, cada Entidad Responsable deberá someter su aprobación al COGATI;

III. El COGATI verificará que la información a difundirse por primera vez cumpla con la normatividad aplicable y, en su caso, hará las recomendaciones correspondientes;

IV. Una vez aprobada la publicación de la información, la Entidad Responsable remitirá a la Unidad de  Enlace y ésta a la SGSA para su integración en la página electrónica;

V. En caso de que únicamente se trate de actualizar la información ya publicada, previa autorización de su titular, la Entidad Responsable la remitirá a la Unidad de Enlace y ésta a la SGSA, para su integración en la página electrónica; y

VI. El COGATI realizará una evaluación semestral en los meses de diciembre y junio a efecto de señalar omisiones o falta de actualización por parte de las Entidades Responsables, mismas que deberán subsanar sus faltas en un término de veinte días hábiles, enviando un informe al respecto al COGATI.

CAPÍTULO III
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
Sección I
De la información reservada

Artículo 18. La información del Senado es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por causas de interés público y conforme lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 19. Además de los supuestos señalados en los artículos 13 y 14 de la Ley, la información tendrá el carácter de reservada cuando su difusión:

I. Menoscabe la conducción de negociaciones de carácter parlamentario; o

II. Comprometa el sentido de una negociación legislativa.

Artículo 20. También se considerará como información reservada:

I. La entregada con carácter confidencial por otros estados, gobiernos, parlamentos u organismos;

II. La entregada con carácter confidencial por organismos internacionales o parlamentos de otros países;

III. Las averiguaciones previas, de que sea parte el Senado, alguno de los senadores o empleados de la misma;

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos internos del Senado seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva;

VI. La que contenga opiniones que forman parte del proceso deliberativo de los Senadores y servidores públicos del Senado, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva,

VII. La que contenga recomendaciones o puntos de vista que formen parte de proceso deliberativo de los Senadores o servidores públicos del Senado, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.

VIII. La contenida en expedientes relacionados con juicios políticos;

IX. Versiones estenográficas y actas de las sesiones efectuadas por el Pleno del Senado, Comisiones o Comités, en sesión secreta;

X. La contenida en expedientes o asuntos turnados a la Cámara con el carácter de reservado, antes de ser conocidos por el Pleno;

XI. Opiniones, notas, o comentarios específicos con carácter de reservado, sobre documentos legislativos antes de ser conocidos por el Pleno, a excepción de los elaborados y no reservados por el Instituto Belisario Domínguez y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques;

XII. Solicitudes de investigación, opiniones o estudios requeridos con carácter confidencial por un legislador, Comisiones o Comités, Grupos Parlamentarios, Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, formulada de manera expresa; y

XIII. Los expedientes relacionados con las comisiones constituidas conforme al tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

La información clasificada como reservada en los artículos 19 y 20 de este Reglamento, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 21. Cuando a juicio de una Entidad Responsable sea necesario ampliar el plazo de reserva de la información, deberá solicitarlo fundando y motivando que subsisten los motivos que dieron origen a su clasificación al COGATI, por lo menos con cuarenta días naturales de anticipación al vencimiento del periodo de reserva.

Excepcionalmente el COGATI, podrá confirmar mediante resolución por mayoría de votos de sus integrantes, la ampliación del plazo hasta por un periodo igual al de la reserva.

Artículo 22. La información clasificada deberá ser desclasificada cuando:

I. Haya transcurrido el periodo de reserva;

II. Desaparezcan los motivos que dieron origen a la clasificación;

III. Así se determine por el COGATI, mediante la resolución respectiva;

IV. El COGATI así lo resuelva al sustanciar un recurso de revisión o reconsideración, o

V. Se ordene por mandato judicial.

Sección II
De la información confidencial

Artículo 23. Como información confidencial en posesión del Senado, se considerará la señalada en el artículo 18 de la Ley, así como en los siguientes casos:

I. La entregada con tal carácter por los particulares, con excepción de la que se entregue en ejercicio de la actividad de cabildeo de conformidad con el artículo 298 del Reglamento del Senado;

II. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:

a) Domicilio particular;

b) Número telefónico privado;

c) Patrimonio;

d) Fotografía;

e) Huella digital;

f) Cuenta de correo electrónico no institucional;

g) Número de seguridad social;

h ) Dependientes económicos; y

i) Otras análogas que afecten su intimidad.

III. Los datos personales sensibles de una persona física identificada o identificable relativos a:

a) Origen étnico o racial;

b) Características físicas;

c) Características morales;

d) Características emocionales;

e) Vida afectiva;

f) Vida familiar;

g) Ideología;

h) Opinión política;

i) Creencia o convicción religiosa;

j) Creencia o convicción filosófica;

k) Estado de salud;

l) Preferencia sexual, y

m) Otras análogas que afecten su derecho a preservar la vida privada.

No se considerará información confidencial la que por disposición legal se encuentre en registros públicos o fuentes de datos de acceso público, en cuyo caso se le hará saber a todo solicitante el lugar y la forma en que puede consultar esta información.

Tendrá carácter de confidencial la información contenida en los expedientes de las personas cuyos nombramientos se remitan para los efectos de su ratificación o las que se reciban con motivo de su participación en los procesos de elección o nombramiento que corresponde realizar al Senado.

Artículo 24. Las Entidades Responsables que en el ejercicio de sus funciones recaben información confidencial, la mantendrán con ese carácter salvo que sus titulares expresamente señalen los documentos o secciones que puedan hacerse públicos, de conformidad con la legislación aplicable.

Sección III
De la clasificación de la Información

Artículo 25. La clasificación de información como reservada o confidencial será responsabilidad de los titulares de las Entidades Responsable y deberá estar fundada y motivada.

La motivación deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que, con el acceso a la información, existe una alta probabilidad de atentar contra los intereses tutelados en el artículo 6º de la Constitución y en los Capítulos III y IV de la Ley.

Al clasificar la información con fundamento en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley o del artículo 19 y 20 del presente Reglamento, no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto.

Al clasificar la información con fundamento en las fracciones contenidas en los artículos 14 y 18 de la Ley, o del artículo 23 del presente Reglamento, bastará con que la misma, encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos artículos y su motivación.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Artículo 26. Las Entidades Responsables llevarán a cabo la clasificación de la información como reservada o confidencial, en el momento en que:

I. Se genere, obtenga, adquiera, recopile o transforme la información, o

II. Se tramite una solicitud de información, en el caso de que los documentos requeridos no se hubieran clasificado previamente.

En el supuesto previsto en la fracción II del presente artículo, el plazo de reserva deberá contabilizarse a partir de la fecha en que se generó el documento o expediente y deberá ser resguardada por un periodo de dos años adicionales al periodo determinado por la Entidad Responsable, sin exceder del plazo máximo de doce años, de conformidad con los lineamientos en materia de archivo y conservación que se  emitan  para ello.

La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento y podrá abarcar todo el documento o porciones del mismo.

Artículo 27. El COGATI elaborará los Lineamientos para la custodia, clasificación y desclasificación de la información reservada y confidencial, conforme lo establece el presente Capítulo.

Artículo 28. Los miembros del COGATI en reunión plenaria tendrán total acceso a la información clasificada que se relacione con los recursos de revisión y reconsideración que esté sustanciando, siempre que ello sea estrictamente necesario.

Podrán solicitar a cualquier servidor público del Senado que aporte elementos que permitan valorar la clasificación de la información como reservada o confidencial, o su desclasificación.

Artículo 29. Los expedientes y documentos clasificados como reservados o confidenciales deberán llevar una carátula que indique:

I. Su carácter de reservado o confidencial;

II. La fecha de la clasificación y de la desclasificación;

III. El fundamento legal y motivación;

IV. El plazo de reserva, y

V. Nombre y rúbrica del titular de la Entidad Responsable que clasificó la información.

Artículo 30. Cuando un expediente contenga documentos clasificados como reservados o confidenciales, se deberán entregar aquellos que no estén clasificados, fundamentando y motivando la decisión de la clasificación.

Tratándose de un documento que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá entregar una versión pública en el que se omitan estas últimas.

Artículo 31. Las Entidades Responsables deberán elaborar semestralmente un índice de información clasificada como reservada y confidencial, en la que deberán incluir la información que de origen sea clasificada como reservada.

La Unidad de Enlace será la responsable de recabar de las Entidades Responsables el índice de información clasificada como reservada y confidencial para integrarlo y someterlo a aprobación del COGATI.

A efecto de mantener dicho índice actualizado, la Unidad de Enlace requerirá oportunamente a las Entidades Responsables para que actualicen los expedientes que contengan información reservada o confidencial cada seis meses.

Artículo 32. El índice de expedientes clasificados no será considerado como reservado y contendrá como mínimo, los siguientes elementos:

I. Los rubros temáticos;

II. La Entidad Responsable que generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva la información;

III. La fecha de la clasificación;

IV. El fundamento legal;

V. El plazo de reserva, y

VI. Las partes de los expedientes o documentos que se clasifican, en su caso.

VII. La rúbrica del Titular de la Entidad Responsable.

CAPITULO IV
ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sección I
Entidades Responsables

Artículo 33. Las Entidades Responsables señaladas en el artículo 2, fracción VIII, del presente Reglamento, conforme lo establece la Ley y los Lineamientos que apruebe el COGATI, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Administrar y preservar los documentos y expedientes en archivos organizados y sistematizados;

II. Clasificar, desclasificar, resguardar, sistematizar y conservar la información reservada;

III. Clasificar, resguardar, sistematizar, proteger y conservar la información confidencial, así como los datos personales que posean;

IV. Publicar y actualizar en la página electrónica la información que les corresponda, con el apoyo de la unidad de informática respectiva;

V. Tramitar, a través de la Unidad de Enlace, las solicitudes de información;

VI. Coadyuvar con la Unidad de Enlace para localizar los documentos en los que conste la información que se solicite;

VII. Entregar semestralmente a la Unidad de Enlace detalle de la información que deba incorporarse al índice de información clasificada como reservada o confidencial, en el formato que se señale previamente. 

VIII. Proporcionar la información que requiera el COGATI, en los términos establecidos en el artículo 28 de este Reglamento;

IX. Proponer mejoras a los mecanismos y procedimientos internos en materia de transparencia, acceso a la información, administración de datos personales y organización de archivos;

X. Promover y difundir entre los servidores públicos y prestadores de servicios la cultura de la transparencia y la normatividad en materia de derecho a la información;

XI. Nombrar a un enlace en materia de transparencia, ante la Unidad de Enlace;

XII. Dichos enlaces serán los responsables de requerir a las áreas que cuentan con la información y tramitar las respuestas a las solicitudes a través del sistema INFOMEX Senado, así como cualquier otra actividad relacionada en materia de transparencia y acceso a la información;

XIII. Participar, a través de sus enlaces en materia de transparencia, en la capacitación que organice el COGATI; y

XIV. Las demás que les confieran este Reglamento o la normatividad aplicable.

Artículo 34.El cumplimento de las obligaciones de las Entidades Responsables recaerá en sus enlaces en materia de transparencia, que serán preferentemente:

I. Para los Órganos de Gobierno, Comisiones y Comités: sus Secretarios Técnicos,

II. Para los Grupos Parlamentarios, sus Coordinadores Administrativos y a falta de éstos, los Secretarios Técnicos; y

III. Para las demás Entidades Responsables, el servidor público designado para tal efecto, que deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área.

Sección II
De la Unidad de Enlace

Artículo 35. La Mesa Directiva del Senado integrará una Unidad de Enlace, que tendrá las funciones siguientes:

I. Establecer el vínculo entre la ciudadanía y el Senado en los asuntos relacionados con la transparencia y el acceso a la información;

II. Recibir, turnar a las entidades responsables competentes y tramitar las solicitudes de información y las relacionadas con datos personales, así como darles seguimiento hasta la notificación de sus respuestas, registrando su origen, temática, resultados y costos;
III. Administrar el portal de transparencia y acceso a la información del Senado, así como el Sistema Electrónico de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, Acceso y Corrección de Datos Personales, denominado INFOMEX Senado;

IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información y las relacionadas con datos personales, así como orientarlos sobre la institución oficial que pudiera desahogar su petición, en caso de que el Senado no sea la instancia competente;

V. Recibir los recursos de revisión y reconsideración, registrar los, asignarles número de expediente y tramitarlos de conformidad con la normatividad aplicable;

VI. Custodiar y administrar sus expedientes;

VII. Elaborar un informe mensual sobre las acciones en materia de transparencia y acceso a la información que contenga:

a) Número de visitas a la página electrónica y del portal de obligaciones de transparencia legislativa;

b) Número, temática, trámite y origen de las solicitudes de información y datos personales recibidas y respondidas en el periodo;

c) Datos estadísticos disponibles referentes al perfil de los solicitantes;

d) Número, materia y resultados de los recursos de revisión y reconsideración tramitados por el COGATI; y

e) Otros asuntos relevantes en materia de transparencia y acceso a la información.

VIII. Integrar semestralmente el índice de información clasificada como reservada o confidencial de las Entidades Responsables, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de este Reglamento;

IX. Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que consta la información o los datos solicitados;

X. Prevenir a las Entidades Responsables en caso de que el estado que guarda la información de su responsabilidad, se encuentre desactualizado en la página electrónica;
XI. Orientar a los servidores públicos del Senado en los procedimientos de clasificación de la información, administración de los datos personales y la organización de archivos;

XII. Efectuar las notificaciones a los particulares relacionadas con el trámite de las solicitudes de información y de datos personales, así como respecto a los recursos de revisión y reconsideración;

XIII. Proponer al COGATI mejoras a los Lineamientos, mecanismos y formatos relacionados con la transparencia y el acceso a la información en la Cámara;

XIV. Promover y difundir entre los servidores públicos y prestadores de servicios del Senado la cultura de la transparencia y la normatividad en materia de derecho a la información;

XV. Auxiliar al COGATI en el diseño e implementación de un programa anual de capacitación en materia de transparencia;

XVI. Proporcionar la información que solicite el COGATI para el desempeño de sus funciones;

XVII. Elaborar, actualizar y someter a la aprobación del COGATI las siguientes normas:

a) Manual de organización;

b) Procedimiento para el trámite de solicitudes de información que incluya las cuotas por reproducción y envío, cuando sea necesario.

c) Procedimiento para publicar información en el portal de obligaciones de transparencia.

XVIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la Cámara y los particulares.

Artículo 36. La Unidad de Enlace contará con personal capacitado y un espacio físico adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones.

En dicho espacio, se dispondrá de equipos informáticos para que los particulares puedan consultar e imprimir la información que se encuentre publicada en la página electrónica, así como para presentar las solicitudes a que se refiere la Ley y este Reglamento.

Asimismo, su personal orientará al público en todo lo relativo a los mecanismos de transparencia y acceso a la información del Senado.

Sección III
Del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información.

Artículo 37.El Senado cuenta con un órgano garante especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa, de gestión y decisión que tiene las siguientes atribuciones:

I. Conocer y resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por los solicitantes;

II. Interpretar el presente Reglamento para su exacta observancia;

III. Tener acceso a la información relacionada con los recursos de revisión y reconsideración que estuviesen bajo su conocimiento, inclusive si fuese clasificada como reservada o confidencial;

IV. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna las presuntas infracciones a la Ley, al presente Reglamento y a las disposiciones en la materia;
V. Diseñar la política institucional del Senado en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones;

VI. Emitir recomendaciones para optimizar el acceso de los particulares al derecho de acceso a la información en posesión del Senado de la República;

VII. Expedir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos, procedimientos y criterios para su funcionamiento y organización interna en materia de transparencia;

VIII. Las demás que establece la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 38. El COGATI coordinará y supervisará las acciones y políticas del Senado en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y coordinación de archivos. Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar y adoptar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y la normatividad aplicable en la materia;

II. Aprobar la normatividad sobre la publicación de información en la página electrónica; atención de solicitudes de información y sus costos; tratamiento de datos personales; administración y conservación de archivos, sustanciación de los recursos de revisión y reconsideración, y en general, todos aquellos que contribuyan a mejorar la transparencia y el acceso a la información y los datos personales en la Cámara;

III. Aprobar semestralmente el índice de información clasificada como reservada o confidencial del Senado con la información que recabe de las Entidades Responsables, que elabore la Unidad de Enlace con los datos y propuestas de las Unidades;

IV. Citar a servidores públicos del Senado para recabar su opinión respecto de los asuntos de su competencia;

V. Recibir de la Unidad de Enlace los informes mensuales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;

VI. Elaborar un informe anual de las acciones en la materia realizadas por el Senado para su remisión al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos;

VII. Proponer a la Mesa Directiva la celebración o renovación de los convenios de colaboración relacionadas con la materia de transparencia, acceso a la información y datos personales;

VIII. Promover, entre los servidores públicos la cultura de la transparencia y el parlamento abierto;

IX. Realizar un Plan Anual de capacitación en materia de transparencia; y

X. Las demás que establece la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 39. El COGATI se integrará por un Senador de cada Grupo Parlamentario, los cuales serán propuestos a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política, para su ratificación por el Pleno. Para el desarrollo de sus funciones se regirá por lo dispuesto en el Capítulo Noveno del Título Sexto del Reglamento del Senado de la República.

Artículo 40. El COGATI será presidido por un Senador propuesto a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política, para su ratificación en el Pleno. Durará en su encargo un periodo de tres años pudiendo ser designado para un segundo periodo.
Artículo 41. El COGATI adoptará sus resoluciones con plena independencia y por mayoría de votos, sesionará cuando lo convoque su Presidente y a las mismas podrán asistir los servidores públicos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Las resoluciones, actas, acuerdos y normas que expida o apruebe el COGATI serán públicos, y se darán a conocer en la página electrónica del Senado.

Artículo 42. La Mesa Directiva proporcionará al COGATI, conforme las disponibilidades presupuestales, los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones

Artículo 43. El COGATI contará con un secretario técnico nombrado por el Presidente en turno, y aprobado por sus integrantes, con las siguientes funciones:

I. Asistir a los integrantes del COGATI durante las sesiones;

II. Elaborar las convocatorias a las sesiones y los órdenes del día;

III. Preparar la documentación necesaria para las sesiones;

IV. Elaborar las propuestas de redacción de los acuerdos;

V. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos;

VI. Levantar las actas de las sesiones;

VII. Instrumentar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos;

VIII. Recopilar, administrar y resguardar la información que genere el COGATI;

IX. Desahogar las consultas técnicas que le planteen los integrantes del COGATI o de cualquier Entidad Responsable, y

X. Realizar las demás tareas que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones del COGATI.

Artículo 44. El COGATI rendirá anualmente un informe público al Pleno del Senado sobre los recursos que hubiese sustanciado y las actividades desempeñadas en el ámbito de su competencia.

CAPITULO V
ACCESO A LA INFORMACION DEL SENADO

Artículo 45. Toda persona, por sí o por medio de un representante, podrá presentar una solicitud de información mediante escrito libre en la Unidad de Enlace, correo electrónico o a través del Sistema INFOMEX Senado, la cual deberá contener cuando menos:

I. El nombre del solicitante y, opcionalmente, su perfil para propósitos estadísticos;

II. Domicilio o dirección de correo electrónico para recibir notificaciones;

III. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;

IV. Cualquier dato que facilite su búsqueda y localización, y

V. La modalidad y formato en la que requiere la información.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

En caso de que se solicite certificar la documentación relacionada con las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Unidad de Enlace consultará la autorización del Presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Si el trámite se realiza a través de un representante legal, se requerirá acreditar su personalidad bastando para tal efecto carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad de ratificación previa de firmas ni formalidad alguna. La identidad del representante se comprobará con identificación oficial.

Artículo 46. Los particulares que presenten solicitudes de acceso a la información deberán señalar el mecanismo por el cual desean les sea notificada la resolución que corresponda conforme al artículo 44 de la Ley y 53 de este Reglamento. Dicha notificación podrá ser:

I. Personalmente o a través de un representante, en el domicilio de la Unidad de Enlace;

II. Por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre que en este último caso el particular, al presentar su solicitud, haya cubierto o cubra el pago del servicio respectivo, y

III. Por medios electrónicos o a través del sistema Infomex Senado, en cuyo caso dicho particular deberá indicar que acepta los mismos como medio para recibir la notificación.

Cuando el particular presente su solicitud a través del Infomex Senado se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En caso de que el particular no precise la forma en que se le debe notificar la resolución, o no cubra el pago del servicio de mensajería que se menciona en la fracción II de este artículo, la notificación se realizará por estrados.

Este artículo será aplicable en el caso de notificaciones de ampliación del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley.

Artículo 47. La Unidad de Enlace auxiliará a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso, especialmente cuando el particular ignore los requisitos que deba contener su solicitud, no sepa leer ni escribir, solamente hable una lengua indígena o se trate de personas con capacidades diferentes.

Para el caso de que el solicitante hable una lengua indígena, la Unidad de Enlace deberá requerir el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Artículo 48. Si los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar la información o son imprecisos o erróneos, la Unidad de Enlace le prevendrá, por una vez y dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que indique mayores elementos o corrija los datos, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo dentro de tres días hábiles siguientes, se desechará la solicitud.

Esta prevención interrumpirá el plazo establecido en el artículo 53 de este Reglamento, iniciando su cómputo inmediatamente cuando sean subsanadas las prevenciones.

Artículo 49. Cuando la información solicitada no sea competencia del Senado, la Unidad de Enlace, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que se presentó la solicitud, deberá orientar debidamente al particular a través del medio en que se recibió la solicitud, sobre el sujeto obligado o la instancia competente.

Artículo 50. La Unidad de Enlace deberá llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; el cual deberá de mantenerse actualizado permanentemente.

La Unidad de Enlace deberá catalogar por materia y turnar, si es el caso, las solicitudes a las Unidades para su debido trámite, en un término que no deberá exceder de dos días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.

La Unidad de Enlace será responsable de actualizar sus procesos con el objetivo de mejorar el acceso a la información.

Artículo 51. Recibida y registrada la solicitud, la Unidad de Enlace podrá responderla en el caso de que la información esté disponible en cualquier medio, en la página electrónica del Senado o corresponda a una materia o tema de conocimiento general, señalándose la dirección electrónica en donde se encuentre la información que requirió.

En su defecto, deberá turnarla a la o las Entidades Responsables que pudieran tener la información dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud, pudiéndose derivar los siguientes supuestos:

I. Información localizada: En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la Entidad Responsable informará a la Unidad de Enlace y precisará en su caso, los costos de reproducción y envío.

II. Una vez la Unidad de Enlace notifique al ciudadano y en caso de ser aplicable éste cubra el pago de los costos de reproducción y/o envío, hecho del conocimiento de la Entidad Responsable, esta última turnará la información a la Unidad de Enlace para su entrega al interesado;

III. Información localizada y clasificada: En el caso de que la Entidad Responsable determine que la información solicitada contiene documentos reservados o confidenciales o partes o secciones reservadas, remitirá a la Unidad de Enlace una respuesta debidamente fundada y motivada para su notificación al solicitante;

IV. Inexistencia de la información: En caso de que la Entidad Responsable determine que la información no se encuentra en sus archivos, elaborará una respuesta fundada y motivada, comunicándola a la Unidad de Enlace para que ésta forme un expediente que deberá remitir a la Secretaría Técnica del COGATI. Confirmando la inexistencia del documento deberá emitir un acta de confirmación de inexistencia, la cual deberá notificarse al solicitante a través de la Unidad de Enlace.

En todo caso, la Unidad de Enlace deberá tomar las medidas pertinentes para indagar si la información requerida se encuentra en posesión de otra Entidad Responsable, en función de su respectivo ámbito de competencia.

Con la respuesta fundada y motivada, la Unidad de Enlace deberá enviar a la Secretaría Técnica del COGATI, un expediente integrado a efecto de que, dentro del plazo para brindar respuesta, la Presidencia del COGATI elabore formalmente la Declaración de Inexistencia. En caso de que la inexistencia de la información sea a causa del incumplimiento de una obligación expresa de la Entidad Responsable de contar con la misma, la Presidencia del COGATI asentará esta situación sometiendo a votación del Pleno del Comité las medidas a tomar para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión del Senado, de conformidad con la normatividad aplicable y sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo IX del presente Reglamento.

En el caso de que las Entidades Responsables determinen que la información solicitada no se encuentra en sus archivos, deberá enviar a la Unidad de Enlace dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace, un informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la posible ubicación de la información solicitada.

Artículo 52. Las Entidades Responsables sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando el Senado ponga a disposición del solicitante, para su consulta, los documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, mediante la expedición de copias, impresiones, digitalizaciones o cualquier otro medio, incluido el electrónico.

El acceso a la información pública se dará solamente en la forma en que lo permita el documento que obre en los archivos de las Entidades Responsables.

En el caso que la información pública solicitada por la persona ya esté disponible en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos o históricos, en formatos electrónicos disponibles en medios electrónicos o en cualquier otro, se le notificará la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 53. La respuesta a una solicitud de información deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de aquella. Excepcionalmente, este plazo podrá prorrogarse hasta por un periodo igual, cuando existan razones que lo motiven y éstas se notifiquen al solicitante.

Previo a la reproducir la información para su entrega, se precisará, si es estrictamente necesario, el costo y la modalidad en que será entregada y/o enviada la información, atendiendo en lo posible a la solicitud del interesado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 54. En caso de ser necesario el pago por la reproducción de la información o el envío de la misma, la Unidad de Enlace deberá entregar o enviar la información dentro de los diez días hábiles siguientes en que verifique que el solicitante haya cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

Artículo 55. En caso de que la entrega de la información se deba realizar de manera física en el lugar designado por la Unidad de Enlace, una vez notificada al solicitante la disponibilidad de la información y transcurrido el plazo de veinte días naturales sin que el particular acuda por la misma, ésta podrá desecharse y se tendrá el asunto como totalmente concluido.

Artículo 56. Excepcionalmente, a solicitud de las Entidades Responsables o de la Unidad de Enlace, la Presidencia del COGATI podrá determinar que los plazos establecidos en los artículos 53 y 54 sean mayores, cuando la cantidad de información o la complejidad de su localización, acopio, reproducción o envío así lo amerite, o bien, cuando la elaboración de versiones públicas suponga un trabajo que pueda obstaculizar sustancialmente la operación de la Entidad Responsable correspondiente. Esta situación deberá notificarse al solicitante.

La Unidad de Enlace procurará ofrecer formas alternativas de atención a su solicitud o bien la forma y el tiempo en que paulatinamente pueda darse respuesta a la misma.

Artículo 57. Cuando la entrega de la información solicitada deba obtenerse a través de un trámite específicamente establecido en otra ley o reglamento, la Unidad de Enlace orientará al solicitante sobre el procedimiento correspondiente citando, en todos los casos, el fundamento que corresponda.

Artículo 58. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal actualiza la afirmativa ficta, en cuyo caso la Entidad Responsable proporcionará a la Unidad de Enlace la información solicitada en un periodo de tiempo no mayor a los diez días hábiles a partir de la determinación de la afirmativa ficta por resolución del COGATI, sin ningún costo para el solicitante por la reproducción o envío de la información.
Artículo 59. La Unidad de Enlace no estará obligada a dar trámite a las siguientes peticiones:

I. Aquellas que contengan frases ofensivas;

II. En caso de que soliciten información substancialmente idéntica a la que ya se haya entregado anteriormente al mismo solicitante;

III. Mensajes que no impliquen una solicitud informativa y que expresen alguna posición política a favor o en contra de la Cámara, Senadores, Organos Legislativos, grupos parlamentarios o de cualquier otro servidor público de la misma, y

IV. Consultas que impliquen la interpretación de preceptos legales u orientación a casos particulares, por parte de los sujetos señalados en la fracción anterior.

Artículo 60. La Unidad de Enlace, como vínculo entre el solicitante y la Cámara, será responsable de efectuar las notificaciones a que se refiere este Reglamento.

Las notificaciones que realice la Unidad de Enlace se realizarán preferentemente mediante el sistema INFOMEX Senado, salvo que el solicitante precise otro medio y cubra los importes que su envío pudiera generar.

Artículo 61. Los costos de las modalidades para obtener acceso a la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales y reproducción de la información, y

II. El costo de envío.

Las cuotas aplicables serán determinadas de conformidad con la normatividad presupuestaria del Senado y deberán estar señaladas en los Lineamientos aprobados por el COGATI y se harán del conocimiento del público en la página electrónica.

CAPITULO VI
DATOS PERSONALES
Sección I
Protección de Datos Personales

Artículo 62. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley, las Entidades Responsables que posean sistemas de datos personales deberán apegarse a la normatividad para su protección, custodia, organización, resguardo y sistematización, aprobada por el COGATI.

Artículo 63. Las Entidades Responsables, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, deben garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida conservación del ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 64 de este Reglamento y velar por el manejo confidencial de los datos personales.

Las Entidades Responsables no podrán divulgar o tramitar los datos incluidos en los sistemas de Datos Personales, salvo por disposición legal, orden judicial o cuando medie el consentimiento expreso de los titulares por escrito o por un medio de autentificación similar, incluyendo los electrónicos.

Queda prohibida la transferencia de los datos personales a particulares. Sólo pueden usarse para los fines para los que fueron recolectados, pero pueden ser procesados para fines históricos o estadísticos.

Artículo 64. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados, sus representantes o beneficiarios legales podrán solicitar a la Cámara, respecto de los datos personales que les conciernen, el ejercicio de los derechos genéricos a:

I. Acceder a ellos y consultarlos;

II. Rectificarlos;

III. Cancelarlos, u

IV. Oponerse a su almacenamiento, procesamiento y transmisión.

Artículo 65. La obligación de informar al titular del procesamiento de sus datos personales, no procederá cuando:

I. Se divulguen por la Cámara para el cumplimiento de sus obligaciones legales;

II. Medie una orden de autoridad competente;

III. Requieran un procesamiento necesario para la prevención, diagnóstico o tratamiento médico, la gestión o prestación de asistencia sanitaria. En este caso, la persona que haga el procesamiento está obligada a mantener en reserva los datos en términos de un secreto profesional;

IV. Figuren en fuentes de libre acceso y su procesamiento no implique quebranto de derechos y libertades fundamentales del interesado, o

V. No se pueda localizar al titular de la información o ello exija esfuerzos desproporcionados, lo cual deberá acreditarse con elementos objetivos.

Artículo 66. La transmisión de los datos personales a otro órgano gubernamental estará sujeta a la autorización de su titular y no se requerirá su consentimiento cuando:

I. Esté previsto en alguna disposición legal;

II. Se trate de datos obtenidos de fuentes de datos personales de acceso público;

III. La transmisión se realice al Ministerio Público o a autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus atribuciones legales;

IV. Se trate de datos obtenidos por los sujetos obligados en el ámbito de su competencia y sean utilizados para el mismo objeto, o

V. Tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Artículo 67. La SGSA elaborará y someterá a la aprobación del COGATI los lineamientos de seguridad para la protección, custodia, organización, resguardo y sistematización de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normatividad a que hace referencia el artículo 68 del presente Reglamento.

Este documento de seguridad deberá ser actualizado de manera anual.

Artículo 68. El COGATI aprobará los lineamientos en materia de protección de datos personales misma que contendrán como mínimo las medidas establecidas en el artículo 64 de este Reglamento, plazos y procedimientos, así como la publicidad que deba darse de los mismos.

Artículo 69. La entrega de los datos personales será gratuita, debiéndose cubrir únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables.

Sección II
Derechos de Acceso a Datos Personales

Artículo 70. Los titulares de los datos personales podrán solicitar por escrito o mediante formatos previamente establecidos, el acceso a datos personales ante la Unidad de Enlace, la consulta de sus datos y, derivado de ello pueden ejercer los derechos establecidos en el artículo 64 de este Reglamento, lo anterior conforme se establezca en la normatividad en materia de protección de datos personales que emitirá el COGATI.

Artículo 71. La respuesta de las Entidades Responsables ante una solicitud de consulta de datos personales determinará:

I. El acceso a los datos personales;

II. La corrección a los datos personales;

III. La improcedencia de la solicitud; o

IV. La inexistencia de datos personales.

En el supuesto de que se considere improcedente la solicitud o los datos no fuesen localizados, la Entidad Responsable emitirá un oficio fundado y motivado al respecto, notificándolo al solicitante, a través de la Unidad de Enlace.

Artículo 72. Cuando se localizan los datos personales se debe notificar al titular a efecto de que conozca el procedimiento para el acceso o corrección.

Si se notifica la localización de datos personales y transcurren treinta días hábiles sin que el titular los recoja, estos se archivarán y se tendrá por concluido definitivamente el procedimiento.

Artículo 73. Los datos personales se entregarán preferentemente en la Unidad de Enlace al titular o a su representante legal, previa acreditación de su personalidad mediante identificación oficial.

No obstante, la Unidad de Enlace podrá informar al solicitante la posibilidad de consultar sus datos personales en el sitio físico donde se encuentren o a través de sistemas informáticos.

Artículo 74. Cuando así lo solicite un particular o su representante legal, la Entidad Responsable que posea los datos personales deberá proceder a efectuar su rectificación hasta que hayan quedado fehacientemente acreditados y comprobados los datos personales correctos, así como la identidad del solicitante o de su representante legal.

En todo caso y en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, la Unidad expedirá la constancia de corrección de datos o una negativa fundada y motivada.

Artículo 75. El peticionario al que se niegue el ejercicio de alguno de los derechos establecidos en el artículo 64 de este Reglamento o se le notifique la inexistencia de los datos personales, podrá interponer un recurso de revisión ante el COGATI. Si la resolución del COGATI no le fuera satisfactoria, podrá interponer recurso de reconsideración, en un plazo de un año a partir de la emisión de la resolución, presentando las consideraciones que estime pertinentes el particular a efecto de que el órgano garante reconsidere su resolución.

También procederán dichos recursos en el caso de falta de respuesta a las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 76. La solicitud de oposición se ejercerá sólo por el titular de los datos cuando tuviera noticia del levantamiento de sus datos personales, de la obtención de los mismos por parte del Senado, de que se pretenda transferirlos a un tercero o de que se pretenda procesarlos.

Artículo 77. La solicitud de cancelación de datos personales sólo la podrá presentar el titular cuando cese cualquier relación laboral, contractual, civil, administrativa, mercantil o cualquiera otra, con la Cámara, o bien, cuando estos datos se hubiesen transferido de o a un tercero en cumplimiento de una ley.

Los datos personales cancelados deberán conservarse a disposición del Senado durante dos años a partir de la solicitud, únicamente para efectos de establecer las posibles aclaraciones y responsabilidades surgidas del procesamiento de los datos.

Cumplido dicho plazo, las Unidades deberán suprimir o destruir los datos cancelados, total y definitivamente.

Artículo 78. Los datos personales deben ser suprimidos total y definitivamente de los sistemas correspondientes cuando:

I. Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, o

II. Sean cancelados y transcurra el plazo para aclaraciones y responsabilidades surgidas del procesamiento de datos.

Para dicha supresión se requiere la autorización del COGATI, en términos de los Lineamientos aplicables.

CAPITULO VII
ORGANIZACION DE ARCHIVOS

Artículo 79. La Cámara deberá preservar los documentos que genere o adquiera, y que se encuentren almacenados mediante expedientes en archivos organizados y actualizados, de conformidad con las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y los Lineamientos que se expidan en la materia.

Artículo 80. El sistema de archivos del Senado se dividirá en tres etapas:

I. Archivo de trámite, es el que se integra por los documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de cada Unidad;

II. Archivo de concentración, es el que se integra por los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las Entidades Responsables y que esperan que se determine su destino final. Los archivos de concentración de los expedientes legislativos, estarán a cargo de la SGSP. Los archivos de concentración de naturaleza distinta a la legislativa, quedarán a cargo de la SGSA, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y

III. Archivo histórico, el que se integra por los documentos con valor histórico y permanente que constituyen la memoria documental institucional. La administración de este archivo quedará a cargo de la SGSP a través de la DGAHyML.

Los Lineamientos correspondientes a dicho sistema de archivos serán propuestos, para los casos de las fracciones I y II, por la SGSA, y para la fracción III por la DGAHyML, siendo aprobados por el COGATI.

Artículo 81. Los Lineamientos en materia de organización, administración y conservación de los archivos de trámite, concentración e histórico, que elaboren la SGSA y la DGAHyML, según corresponda, incluirán al menos:

I. Los criterios de catalogación, clasificación, organización y conservación de archivos;

II. El cuadro general de clasificación archivística;

III. El catálogo de disposición documental;

IV. La guía simple de archivos;

V. Los inventarios documentales por expediente general, de transferencias y de bajas;

VI. Criterios respecto de la administración y resguardo de documentos electrónicos, y

VII. Bajas documentales y de trámite.

Estos Lineamientos deberán tomar en consideración las normas archivísticas internacionalmente reconocidas, lo establecido en la Ley Federal de Archivo, así como la normatividad administrativa y fiscal aplicable.

Artículo 82. El cuadro general de clasificación archivística deberá contener al menos los tres niveles de descripción siguientes:

I. Fondo;

II. Sección, y

III. Serie documental.

Lo anterior, sin perjuicio de que existan niveles intermedios según se requiera. La conformación del cuadro general de clasificación será con base en las funciones o atribuciones de las Entidades Responsables, conforme el Manual General de Organización del Senado de la República y adoptando, en lo posible, la nomenclatura de los centros de costos de Senado.

Artículo 83. Las series documentales que formen el catálogo de disposición documental deberán señalar los valores administrativos y legales de cada serie, así como su clasificación como reservada o confidencial. Deberán especificarse de conformidad con las funciones que posee cada Entidad Responsable.

En el manejo de los documentos, las Entidades Responsables deberán observar los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y conservación.

Artículo 84. La guía simple de la organización de los archivos del Senado tendrá por objeto facilitar la obtención y acceso a la información pública.

Dicha guía se actualizará anualmente y contendrá la descripción de las series documentales vinculadas a las Entidades Responsables, datos del responsable del archivo y demás medidas necesarias para la custodia y conservación de los archivos.

Artículo 85. Para la mejor administración de los archivos en posesión del Senado, la siguiente información se encontrará disponible en la página electrónica:

I. El cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos;

II. La clasificación de la información como reservada o confidencial, a nivel de serie documental, y

III. Los inventarios de bajas documentales.

Dicha información deberá actualizarse anualmente.

Artículo 86. Los criterios respecto de la administración y resguardo de documentos electrónicos deberán asegurar la disponibilidad, integridad y autenticidad de dicha documentación.

Artículo 87. Tratándose de información reservada, no podrá determinarse su destino final, es decir, su baja documental o su conservación por contar con valores históricos o permanentes, hasta su desclasificación.

Una vez desclasificada la información, se observará lo siguiente para determinar el destino final de los documentos:

I. Los documentos con valor histórico o permanente se incorporarán al Archivo Histórico, y

II. La documentación que no corresponda a la fracción anterior se dará de baja de conformidad con lo establecido en los lineamientos respectivos, hasta que transcurra un plazo igual a aquél en que estuvo reservada, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

CAPITULO VIII
RECURSOS DE REVISION Y RECONSIDERACION

Artículo 88. El recurso de revisión procederá ante la negativa de acceso a la información, por cualquiera de las siguientes causas:

I. La declaración de inexistencia de información o de datos personales;

II. La clasificación de información como reservada o confidencial;

III. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en un formato incomprensible;

IV. La inconformidad con el tiempo de entrega de la información;

V. Cuando la información entregada sea incompleta o no corresponda a la solicitada;

VI. La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales; o

VII. La declaración de incompetencia de la Entidad Responsable que no estuviera claramente fundada y motivada.

Artículo 89. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo de los veinte días hábiles, se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que se deberá dar acceso a la información en un periodo de tiempo no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción y entrega del material informativo, salvo que el COGATI determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales.

Artículo 90. El recurso deberá interponerse ante la Unidad de Enlace dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta que recaiga a la solicitud de información o la relacionada con datos personales.

El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

I. Nombre completo del recurrente o de su representante legal,

II. El domicilio y el medio para oír y recibir notificaciones;

III. El acto que se solicita revisar, y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento;

IV. Las razones de la inconformidad;

V. Los elementos de prueba relacionando tiempo, lugar y circunstancias que estime necesario presentar, y

VI. Los demás elementos o alegatos que el recurrente considere someter a juicio del COGATI.

Artículo 91. Presentado el recurso, la Unidad de Enlace integrará un expediente y realizará un informe, señalando si el recurso fue presentado dentro del término establecido para ello a efecto de turnarlo al COGATI, a más tardar el día siguiente de su la recepción.

Artículo 92. La Presidencia del COGATI revisará el recurso de revisión dentro de los 5 días hábiles siguientes al de su notificación, a efecto de:

I. Admitirlo, cuando cumpla con los requisitos establecidos;

II. Prevenir al recurrente, por una sola vez, cuando incumpla con los requisitos establecidos. Esta prevención advertirá, por escrito al promovente, a través del mismo medio en que se recibió el recurso, que se omitió alguno de los elementos o datos necesarios para su sustanciación, con la finalidad de que lo corrija o complete, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, apercibido de que, en caso de no hacerlo, su recurso se tendrá por no presentado, y

III. Tenerlo por no presentado cuando se haya interpuesto extemporáneamente.

Artículo 93. Admitido el recurso, la Entidad Responsable que emitió la respuesta impugnada remitirá al COGATI, a más tardar en cinco días hábiles, un informe justificado en el que motive y fundamente, las causas que dieron origen a su respuesta.

Artículo 94. La Secretaría Técnica elaborará y someterá a aprobación de la Presidencia del COGATI, el proyecto de resolución dentro de los veinte días hábiles siguientes, dentro de los periodos ordinarios de sesiones del Senado. Una vez aprobado el proyecto de resolución será enviado a los integrantes del COGATI, quienes resolverán dentro de los veinte días hábiles siguientes, dentro de los periodos ordinarios de sesiones del Senado.

Artículo 95. El COGATI tendrá la facultad de conocer la información que haya sido clasificada por la Entidad Responsable.

De igual forma, cuando se estime pertinente, se podrá ordenar audiencias con el recurrente, terceros interesados o los titulares de las Entidades Responsables, según sea el caso, para allegarse de más y mejores elementos para emitir su resolución.

Artículo 96. Durante la sustanciación de los recursos de revisión el COGATI deberá realizar una valoración objetiva, cuantitativa y cualitativa de los intereses en conflicto que permita razonablemente asegurar que los beneficios sociales de desclasificar la información serán mayores a la eventual afectación de intereses particulares.

Artículo 97. En las resoluciones del COGATI se podrá:

I. Desechar el Recurso de Revisión;

II. Sobreseer el Recurso de Revisión;

III. Confirmar la respuesta de la Entidad Responsable;

IV. Modificar parcialmente la respuesta de la Entidad Responsable;

V. Revocar la respuesta de la Entidad Responsable.

Artículo 98. El recurso de revisión se desechará cuando:

I. Se haya interpuesto extemporáneamente;

II. Si incluye manifestaciones ofensivas;

III. Si es notoriamente improcedente;

IV. El COGATI haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto de manera definitiva.

Artículo 99. El recurso de revisión se sobreseerá cuando:

I. El recurrente se desista, o

II. La Entidad Responsable modifique o revoque su respuesta, de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia.

Artículo 100. Las resoluciones del COGATI serán definitivas para todas las Entidades Responsables, sin embargo, los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 101. Todas las resoluciones serán por escrito, y deberán ser publicadas en la página del COGATI. Serán notificadas por la Unidad de Enlace en un plazo máximo de cinco días hábiles después de haberse suscrito por los integrantes del COGATI.

En caso de envío por correo certificado, la Unidad de Enlace deberá enviar la respuesta en el mismo plazo.

Artículo 102. Transcurridos doce meses de la resolución emitida por el COGATI, el peticionario podrá promover el recurso de reconsideración de la misma.

Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud, se presentará y substanciará conforme a las reglas y plazos previstos en este Reglamento para sustanciar el recurso de revisión.

Las resoluciones al recurso de reconsideración serán públicas y definitivas.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 103. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y, cuando proceda, de los prestadores de servicios del Senado, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables, las siguientes:

I. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o confidencial;

II. Clasificar dolosamente la información que no cumpla con las características señaladas en la normatividad aplicable;

III. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, o bien, en la difusión de la información a que está obligada la Cámara;

IV. Declarar dolosamente la inexistencia de información o de datos personales, cuando esta se encuentre total o parcialmente en los archivos;

V. Entregar injustificadamente información clasificada como reservada o confidencial;

VI. Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales dentro de los plazos previstos;

VII. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo la custodia o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo, comisión, prestación de servicios o contratación de obras;

VIII. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso a información o a datos personales;

IX. Prolongar injustificadamente los plazos para el trámite de las solicitudes y los recursos previstos en el presente Reglamento;

X. Tratar los sistemas de datos personales en contravención a los principios establecidos por la normatividad aplicable;

XI. Mantener sistemas de datos personales en espacios físicos, programas o equipos electrónicos sin las debidas condiciones de seguridad;

XII. Transmitir datos personales fuera de los casos permitidos, particularmente cuando se haya obtenido un lucro indebido;

XIII. No remitir al COGATI los documentos e información que deban recibir o sea requerida por dichas instancias;

XIV. No acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por el COGATI, la Contraloría Interna o el Poder Judicial de la Federación.

XV. No elaborar el índice de información clasificada como reservada y confidencial.

XVI. Publicar información clasificada como reservada o confidencial.

Artículo 104. Las responsabilidades por las conductas referidas serán conocidas y sancionadas por la Contraloría Interna del Senado de la República, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La reincidencia en alguna de las conductas señaladas será considerada como responsabilidad grave, para efectos de su sanción administrativa.

Las responsabilidades administrativas generadas por incumplimiento de la Ley y este Reglamento son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2003.

TERCERO.- Publíquese este Reglamento en la Gaceta del Senado, en los medios electrónicos de consulta pública del Senado y désele amplia difusión entre los servidores públicos y prestadores de servicios del Senado. La Unidad de Enlace en colaboración con el COGATI, establecerán un programa de capacitación a los servidores públicos de las Entidades Responsables para hacer frente a las obligaciones derivadas de la entrada en vigor del presente Reglamento.

CUARTO.- La publicación de la información en la página electrónica a que se refieren los artículos 6 y 7 deberá completarse en los seis meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento.

QUINTO.- Las solicitudes, así como los recursos de revisión y reconsideración se tramitarán con la normatividad vigente en la fecha de su recepción

SEXTO.- La normatividad señalada en este Reglamento debe emitirse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento.

SÉPTIMO.- El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información mantendrá su actual integración de conformidad con el Acuerdo aprobado por el Pleno para su integración.

OCTAVO.- La normatividad señalada en el artículo sexto transitorio deberán publicarse, adicionalmente en la Gaceta del Senado, en los medios electrónicos de consulta pública del Senado y difundirse ampliamente entre los servidores públicos y prestadores de servicios del Senado.

A los 10 días del mes de febrero del año 2014.

Sen. Arely Gómez González.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Pablo Escudero Morales”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Con el objeto de pedirle a los promoventes, si me permiten adherirme a esta iniciativa.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Gabriel Avila. ¿Para el mismo efecto?

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, Raúl Cervantes, Presidente del Senado, Senador por el Distrito Federal, de manera respetuosa le solicitaría a la Senadora Arely Gómez y por supuesto al Senador Javier Corral, el adherirme a este proyecto de Decreto de Reglamento del Senado de la República, sobre todo en el afán de la transparencia y la rendición de cuentas de este instituto político.

Gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gabriel Avila.

Sonido en el escaño, del Senador Búrquez Valenzuela.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirles la adhesión y suscribirla también; y felicitarlos por este esfuerzo que bien nos va a hacer a todo el Senado.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles, me imagino que todos para el mismo efecto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente, para el mismo efecto, pero los Senadores del PRD queremos expresar, a través de un servidor, el beneplácito por la iniciativa que ha hecho nuestra compañera Arely Gómez y que suscriben también los Senadores de distintos grupos parlamentarios, estamos con la transparencia, y por eso pedimos a la Senadora Arely Gómez que nos permita suscribir con ella esta importante iniciativa.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si me permiten, y no es ironía, a mí me encantaría que esto lo suscribieran los 128 Senadores.

Ha sido un trabajo impecable de la Senadora Arely Gómez y del Senador Javier Corral, apoyado por esta Mesa Directiva, por la Junta de Coordinación Política y por todos los coordinadores; el que desee, lo invitamos que lo haga saber a la Secretaría y que informe; y para no violar el proceso legislativo, no lo votamos ahorita.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 17 y 18 de la Ley de Instituto Nacional de las Mujeres.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN CUATRO FRACCIONES AL ARTICULO 17 Y TRES FRACCIONES AL ARTICULO 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Presentada por la C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa busca que se adicionen diversas fracciones a los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de poder hacer una modificación a la forma como actualmente se integra la terna de candidatas a presidir el instituto.

Este tema se conforma por decisión del Ejecutivo Federal con curriculums y perfiles que la Presidencia de la República aporta. Cabe destacar, que en cada ocasión en que se ha tenido que nombrar o ratificar a la titular del instituto, se ha abierto polémica al respecto, y en algunas ocasiones el nombramiento ha sido parte de un proceso de difícil consenso.

De tal manera que es para su servidora de vital importancia poder colaborar con esta aportación para que la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres mejore su proceso de integración de la terna y, en consecuencia, la elección o nombramiento de su presidenta, al tiempo que el Ejecutivo Federal tenga la oportunidad de elegir con un proceso inclusivo, abierto y transparente.

Esta reforma busca también romper con el actual ciclo de integración de la terna, así como el círculo vicioso que en muchas ocasiones se presenta en la administración pública, el cual se basa en la colocación de personal en torno a un poderoso patrón que reparte cargos como método de ingreso y quien jerárquicamente funge en nuestro país como Presidente, gobernador, incluso alcaldes; además de aquellos Secretarios de Estado, quienes posteriormente valorarán quiénes habrán de integrar su personal, haciendo de estas viejas prácticas problemas burocráticos para la administración pública.

De tal manera que es muy importante y trascendental que logremos propiciar el fortalecimiento de una administración pública más profesional, para dar paso a nombramientos de titulares de espacios en la administración donde su elección sea por las capacidades y el desempeño de su carrera profesional, y no donde el funcionario público sea designado por ser parte de un equipo político.

Por lo tanto, éste fácil, aunque complicado sistema de selección, resulta fundamental modificarlo y dar paso a la búsqueda de la excelencia en los espacios donde las decisiones que se tomen deben estar respaldadas con experiencia, conocimientos, sensibilidad y, sobre todo, principios y lealtad con el servicio público.

Es entonces que hoy, Senadoras y Senadores, me permito presentar una iniciativa que busca aportar a la administración pública un sistema que tiene la intención de hacer más eficiente y legítimo los procesos de integración de equipos de trabajo, y dar marcha atrás a lo que ha prevalecido en nuestro país; un modelo de administración pública que desafortunadamente se ha caracterizado, en la mayoría de los casos, por la integración de una burocracia de tipo clientelar.

Por tal motivo, presento esta iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y que pretende brindar un mejor mecanismo para el nombramiento de la presidenta del instituto.

Para lograr lo anterior, es fundamental que los artículos 17 y 18 de dicha ley sean modificados para dar paso a una nueva etapa para el Instituto Nacional de las Mujeres, y sentar un precedente donde se privilegie la capacidad profesional, los principios y valores de la persona como ejes rectores del servicio público y dejar atrás compadrazgos, integrantes de equipos o defensores de intereses personales.

México demanda funcionarias y funcionarios de la mejor calidad profesional y humana, para garantizarnos a las mexicanas y mexicanos igualdad en todos los sentidos.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

“Las que suscribe, Rosa Adriana DIaz Lizama, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 en su fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta  H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro fracciones al artIculo 17, I, II,III, y IV y tres fracciones al artIculo 18 , I, II, y III de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de garantizar un mejor proceso de selecciOn para la titular de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Instituto Nacional de las Mujeres tiene como tarea primordial promover la equidad entre los géneros, erradicar la discriminación hacia las mujeres e impulsar una nueva cultura de respeto e igualdad de oportunidades.

Para cumplirla, necesariamente debemos hacer visibles y medibles las condiciones y situaciones cotidianas en las que viven mexicanas y mexicanos, para después transformarla.

Así, la perspectiva de género, que parte del reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres como punto de partida para lograr la equidad y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, se presenta como una herramienta de profundo impacto para el cambio social y para nuestras instituciones.

Esta herramienta, cuando es utilizada por el Estado, resulta en cambios en las leyes, políticas, estructuras y procedimientos gubernamentales, asumiendo con ellos una nueva forma de interpretar exigencias y demandas ante problemas sociales y estructurales

Por tal razón, el Estado debe tratar con esta herramienta con mayor profesionalización y sobre todo como un modelo a seguir que desde el ámbito federal sea ejemplo para las entidades federativas y los municipios. 

Cabe destacar que en nuestro país se han dado importantes avances en materia de política de igualdad, vale la pena recordar, dos avances que marcan un antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de género como política de Estado para mejorar la condición de las mexicanas. En primer lugar, la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el 2 de agosto de 2006, en la que se establece como objetivo regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que han orientado a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Esta ley señala la obligatoriedad de transversalizar los programas y políticas que aseguren una planeación presupuestal tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres; fomentar la participación y representación política equilibrada; promover el acceso a los derechos sociales e igualdad en la vida civil, así como eliminar estereotipos en función del sexo.

En segundo lugar, la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año de 2007, cuya importancia radica en establecer los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en los diferentes órdenes de gobierno para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las atribuciones que emanaron de ambos ordenamientos jurídicos fueron incorporadas en su momento al PROIGUALDAD 2009-2012, en una plataforma para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas alineadas en su tiempo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y con los compromisos internacionales suscritos por México.

En ese tenor, los cambios, adecuaciones y avances que deben seguir presentándose en materia de igualdad no deben detenerse, por lo cual es importante mencionar que para esta administración federal se ha dado seguimiento  de manera especial a la perspectiva de género, colocando  el tema de la equidad de género y la igualdad, como un asunto de agenda nacional, ya que se ha insertado en los planes y documentos nacionales  como una cuestión cuya atención necesariamente transformará las prioridades, la planeación, las estrategias, los objetivos y las metas de cada una de las instituciones, así como sus interrelaciones internas y externas. Lo anterior se ha plasmado al incluir la materia en el plan nacional de desarrollo de este sexenio,  así como en el documento rector Pro Igualdad 2012-2018, sin embargo; El gobierno mexicano debe no solo plasmarlo en documentos y discursos,  también demostrarlo en las acciones de política pública, de  manera que se consiga la inserción de la perspectiva de género en acciones, y reformasen las leyes, normas, políticas y presupuestos.

En este contexto, es necesario que a fin de lograr la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles e instancias de gobierno del país, se continúe promoviendo e impulsando la creación de instancias y, en donde ya existen, promover su fortalecimiento. En ese sentido el Instituto Nacional delas Mujeres debe también buscar su avance y profesionalización de cada una de sus áreas y acciones, a fin de atender en su mandato la congruencia del discurso y las acciones.

Por tal razón en esta iniciativa que propongo, se busca  dar mayor profesionalización al Instituto Nacional de las Mujeres, esta reforma pretende brindar de un mejor mecanismo para el nombramiento de la presidencia del Instituto, permitiéndonos abrir la posibilidad de que mujeres talentosas, con experiencia y capacidad de organización, puedan ser consideradas por la junta de gobierno  para integrar la terna de donde el ejecutivo pueda elegir a la titular dela presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.

Entendemos que en los procesos anteriores de elección o ratificación de la presidenta del INMUJERES, se han dado de diferentes formas, y con sus propias características, como todo proceso de elección o competencia se ha prestado lamentablemente a interpretaciones no sanas para la vida institucional del propio instituto, sin embargo han sido batallas que se han dado siempre con la sensación de que se puede lograr mayor inclusión, mayor participación y una mejor colaboración de más mujeres que han sido actoras importantes de los movimientos de mujeres en el país, por tal razón considero fundamental que hoy en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, se abra la posibilidad de consolidar una decisión tan importante que ha sido solo expresada de manera informal y hoy podemos lograr darle al instituto la posibilidad de tener una presidenta de mayor competencia e influencia en su ámbito de acción administrativa y de reconocimiento profesional.

Esta reforma a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres pretende adherir a los artículos 17 y 18 nuevas fracciones que nos permitan modificar la integración de la terna, a manera de presentar un ejercicio dinámico, incluyente y serio con el único objetivo de que el titular del ejecutivo pueda nombrar a una mujer que cumpla un perfil profesional competente para el cargo, cabe mencionar que las mujeres que han sido titulares de la presidencia del Instituto, así como la actual presidenta han sido nombradas en respuesta a la circunstancia que en cada momento el instituto vivió,   la Lic. Patricia Espinoza Torres, la Lic. Roció García Gaytán y hoy la Lic. Lorena Cruz Sánchez quien tiene la enorme responsabilidad de dar paso a la profesionalización e impulso del instituto, así como su inclusión de este como parte esencial del gabinete; a las tres nuestro reconocimiento.

Por tal motivo es fundamental que los artículos 17 y 18 se han modificados para dar paso a una nueva etapa para el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente los artículos se expresan en la ley actual como sigue:

Artículo 17.- El Presidente de la República nombrará a la Presidencia, de una terna integrada por consenso; y de no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Artículo 18.- La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años; en todo caso, el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del Presidente de la República que otorgó el nombramiento.

Por lo anterior es de mi interés presentar esta adhesión a los mismos de la siguiente manera:

Decreto

PRIMERO.- Se adicionan cuatro párrafos al artículo 17 y al artículo 18 de la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 17.- El Presidente de la República nombrará a la Presidencia, de una terna integrada por consenso; y de no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para la integración de la terna que se presente a la Junta de gobierno se propone:

I. Abrir una convocatoria pública para que las mujeres interesadas en participar en el proceso de integración de la terna para ser nombrada presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, puedan participar, esta convocatoria de difundirá a través de los principales medios de comunicación impresos nacionales, y en la página oficial electrónica del Instituto Nacional de las Mujeres.

II. A partir de la  publicación de la convocatoria las mujeres que estén interesadas en participar y cumplan con los requisitos que la convocatoria emita y los que el artículo 15 de esta ley menciona,  podrán hacerlo en los tiempos que se marquen en la misma convocatoria.

III. Una vez que se cierre el periodo de recepción de propuestas para la integración de la terna, los y las integrantes de la junta de gobierno tendrán un plazo de una semana en días hábiles para revisar los documentos y poder integrar una terna que sea enviada al ejecutivo para su consideración y nombramiento de la nueva titular del instituto.

IV. En el caso de que el ejecutivo desee hacer una ratificación deberá manifestarlo por escrito a la junta de gobierno para que el proceso se habrá nuevamente y se considere el proceso de ratificación.

Artículo 18.- La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años; en todo caso, el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del Presidente de la República que otorgó el nombramiento.

I. En el caso de que el Presidente de la Republica envié a la junta de gobierno por escrito la solicitud de ratificación para la presidenta del instituto en turno, se abrirá un proceso de revisión del periodo de los tres años de su ejercicio como presidenta.

II. Se pedirá a los miembros de la junta de gobierno se realice una evaluación de los logros que el instituto haya presentado anualmente a la Presidencia de la Republica, para poder considerar la ratificación.

III. En caso de que la junta de gobierno considere que la ratificación no procede deberá abrirse una convocatoria pública de carácter nacional como se indica en el artículo 17 inciso I y dar inicio al procedimiento de integración de una terna, donde puede participar nuevamente la actual titular del instituto. Y se seguirá el proceso que se indica en el artículo 17 de la presente ley.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Díaz Lizama. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

En otro apartado de la Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con la opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.





 

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Respecto a este dictamen, compañeras y compañeros Senadores, la Mesa Directiva acordó solicitar al Pleno la dispensa de la segunda lectura, para poner el asunto a discusión y votación durante esta misma sesión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión Contra la Trata de Personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso. Senadoras y Senadores:

Nuestra Ley Suprema reconoce el derecho irrenunciable a la libertad, prohíbe la esclavitud y cualquier actividad que atente contra la dignidad humana. Sin embargo, muchas personas han perdido la capacidad para decidir aspectos de su vida, están imposibilitadas para disfrutar de sus derechos fundamentales, no gozan de su libertad porque están sometidos a lo que hoy se conoce como la moderna esclavitud, que es la trata de personas.

Es uno de los crímenes más redituables para la delincuencia a nivel nacional y también en el mundo, sólo por debajo del narcotráfico; es un atentado cruel y directo contra la dignidad humana, porque inhibe el libre desarrollo de la personalidad de las mexicanas y mexicanos, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, discapacitados, indígenas, migrantes, todos ellos en situación de vulnerabilidad.

Ante la gravedad del problema, a finales del mes de septiembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores de esta Legislatura aprobó la Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas, misma que fue instalada el 9 de octubre del mismo año.

Las Senadoras integrantes nos propusimos analizar a fondo este flagelo social, para contar con elementos sólidos en el ámbito de nuestra competencia para prevenir el delito, fortalecer el carácter punitivo de la ley y atender la demanda más sensible para las víctimas afectadas y ofendidos, que es combatir la impunidad.

Establecimos como parte del programa de trabajo la indispensable revisión de la ley vigente; se creó un equipo técnico conformado por las y los asesores profesionales de las Senadoras integrantes de esta comisión, y se invitó a expertos en la materia, autoridades del gobierno federal, así como a organizaciones civiles nacionales e internacionales, quienes plantearon la necesidad de modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el fin de perfeccionar y hacer más eficaz la aplicación de la norma.

El eje rector en todo este proceso, de principio a fin, fue el perfeccionamiento del marco jurídico actual, así como privilegiar acciones y propuestas normativas que garanticen la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, principios que procuramos salvaguardar en todo momento.

La Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República revisó este marco jurídico para identificar y proponer correcciones en su contenido, deficiencias en su redacción y, en particular, para armonizar lo que la ley establece con los instrumentos nacionales e internacionales sobre la materia, así como con otros ordenamientos jurídicos relacionados con el tema.

Cumplimos así con lo mandatado en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, para tener la posibilidad de definir los tipos penales contra la trata de personas.

Este ejercicio legislativo partió de una ley que en su momento fue útil, porque hizo visible la necesidad de un instrumento jurídico para atacar el problema. Sin embargo, a la luz de su análisis y estudio, eran necesarias e impostergables modificaciones en su estructura.

Se consideraron las recomendaciones de la ONU, reflejadas en la ley modelo contra la trata de personas, así como tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros; los cuales contemplan disposiciones encaminadas a prevenir y combatir la trata de personas en todos los países afectados. Con lo que es posible establecer criterios mínimos que deben ser retomados por cada gobierno.

Para las propuestas de modificación a la ley, se realizaron intensas reuniones de trabajo e incluso se instaló una Conferencia Nacional de Legisladores Locales, con la participación de 24 entidades federativas para coordinar esfuerzos entre la Federación y los estados en el ámbito legislativo.

También se sostuvieron encuentros con autoridades encargadas de la procuración de justicia, de la atención a víctimas y de los representantes de los poderes judiciales, además de especialistas, organizaciones civiles, académicos, víctimas y afectados de este delito.

Se requiere seguridad jurídica para que lo justificable pueda aplicarse e implementarse de forma clara y concreta. La ley reglamentaria debe defender los derechos humanos que la Constitución consagra y procurar la administración de justicia.

Fue así que después de doce meses de trabajo, en el mes de octubre del año pasado, a nombre de las integrantes de la comisión, la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Lucero Saldaña, la Senadora Luisa María Calderón y la Senadora Margarita Flores, y con el respaldo de más de la mitad de Senadoras y Senadores de este Poder Legislativo, pusimos a consideración de este Pleno la iniciativa que reforma varias disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Durante los cuatro meses posteriores, las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; y de Justicia, trabajamos de manera coordinada para elaborar y enriquecer el dictamen.

Cabe destacar la participación de especialistas, expertos, académicos y autoridades federales que operan la ley, lo cual permitió presentar un trabajo sólido, profesional y especialmente cuidado.

Si lo que se busca es prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, entonces es necesario tener claridad en los preceptos legales para que los victimarios sean castigados y se haga justicia a las víctimas.

Este no es un análisis hecho al vapor, ni mucho menos a la carrera; este es un dictamen responsable, producto de 493 días de trabajo comprometido y de 16 mes es de actividades diversas con las víctimas y los afectados, pero especialmente refleja el trabajo de muchas organizaciones que tienen más de 30 años trabajando en el tema.

Busca establecer, este dictamen, las pautas específicas para prevenir y enfrentar la trata de personas en México y así evitar duplicidad de conceptos en las leyes generales, puesto que existen consideraciones que ya están establecidas de forma amplia y generosa en otros ordenamientos, por estar específicamente diseñadas para tales efectos como lo es la Ley General de Víctimas.

Las reformas propuestas están vinculadas a las observaciones, inquietudes y demandas de las víctimas, afectados y ofendidos. Los cambios reflejarán mejoras palpables en la impartición de justicia y en el combate a la impunidad.

En lo que respecta al delito de trata de personas, el libre desarrollo de la personalidad emanado de la dignidad humana, debe ser el bien jurídico tutelado por el Estado mexicano, el cual ya está reconocido por instrumentos internacionales y nacionales como en la Convención de Derechos del Niño o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, se debe garantizar el personalísimo derecho a elegir en forma libre y autónoma el proyecto de vida que cada quien decida.

Por ejemplo, si se quiere contraer matrimonio y tener hijos, determinar la apariencia personal, la actividad laboral, la opción sexual, en tanto que son aspectos que sólo puede decidir con absoluta libertad cada persona.

Hoy en día muchas de ellas han perdido la libertad y la capacidad de tomar decisiones y disponer de sí mismas, porque son sometidas a diversas formas de explotación. De ahí que el espíritu del dictamen busque salvaguardar la libertad de cada persona, su libre desarrollo, el respeto a la dignidad, la impartición de justicia y el combate a la impunidad.

Senadoras y Senadores:

Decía don Manuel Gómez Morín: “El deber es saber en qué estriban los males que reclaman acción, y concretar en programas realizables el indenterminado común de mejoramiento”.

Para atender a cabalidad a todas y cada una de las víctimas, familiares, afectados y ofendidos, es necesario darles certeza y seguridad de que tendrán justicia, que se librarán todos los obstáculos para inhibir la impunidad.

Las buenas prácticas de las autoridades son fundamentales; fortalecer el andamiaje jurídico es prioritario para atender los tratados internacionales y procurar justicia; el ejercicio de políticas públicas eficientes debe tener sustento legal; la correcta aplicación de normas generales permitirá restablecer el Estado de derecho.

En este proceso legislativo no hubo espacio para la mezquindad por parte del Senado de la República, todo aquel que tuvo deseos de involucrarse para abonar en la modificación de la estructura jurídica fue escuchado en un ambiente de respeto, tolerancia, pluralidad, transparencia y de manera pública.

Desde esta tribuna reconozco y agradezco a las presidentas y al presidente de las comisiones que participaron y a los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, la sensibilidad y el sentido de responsabilidad, porque analizaron, procesaron, discutieron y votaron afirmativamente el dictamen presentado por la Comisión Contra la Trata de Personas en el pasado mes de octubre.

Tengo plena certeza y confianza en la suma de esfuerzos legislativos, porque fructificará en acciones concretas para prevenir, combatir, sancionar y erradicar este terrible delito.

Nuestro deber es proporcionar seguridad legal a las víctimas con ordenamientos claros y específicos que impidan la aplicación a modo de la ley. El reto es abatir la impunidad y con las reformas propuestas me parece se avanza en la dirección correcta.

No debemos olvidar que la responsabilidad de los legisladores es, entre otras, revisar y perfeccionar los instrumentos jurídicos para disminuir los riesgos de impunidad por todo aquello que no contempla la ley de forma explícita y que está sujeto a interpretación.

Por eso es que el dictamen incluye conceptos específicos que protegen a las víctimas de manera integral física, psicológica y legalmente.

Si se cuenta con el voto aprobatorio de este Pleno, es indudable que la tarea de cada una de las instancias involucradas cumplirá con las disposiciones correspondientes.

Cierto, no hay ley perfecta, toda norma es perfectible, sujeta a la actualización según las circunstancias del momento. Pero quiero darles a todos ustedes la certeza que este es un dictamen responsable.

Sé que en los últimos meses ha habido un debate intenso al respecto y puedo decirles de frente, mirándolos a los ojos, que las y los Senadores que participamos en este dictamen en la discusión, somos compañeros responsables, que trabajos sin mezquindad y que más allá de cualquiera de los comentarios que puedan generarse, el equipo técnico que trabajó también para perfeccionar este marco jurídico, merece todo nuestro respeto.

Quiero finalmente agradecer a las Senadoras y Senadores, como ya lo hice; pero también a algunas personas que nos apoyaron y que fueron sumamente generosas con su tiempo y su conocimiento: a Miguel Ontiveros, Sara Irene Herrerías, Yuriria Alvarez, Olga Noriega, Rubén Quintino, Mario Luis Fuentes, Germán García, Yocelin Alamos, Carlos Eduardo Castro, Horacio Benjamín Pérez Ortega, Nelly Montealegre, Galileo de López Juárez, Eva Trinidad Almeida Alarcón, María Teresa Garmendia, Bertha Cecilia Villafaña, Eréndira Berenice Frías, Ricardo Germán, Yessenia Mercedes, Guillermo Alcántara y si se me pasa alguno, les suplico que me comprenda, hay muchos nombres de quienes participaron.

Agradezco de todos ustedes su colaboración, y especialmente a los equipos de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; Contra Trata de Personas; y de Derechos Humanos; es un honor trabajar con gente profesional.

Muchas gracias y está a su disposición este dictamen.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes.

En primer lugar quiero agradecer, de manera muy afectuosa, a quienes presiden las Comisiones Contra la Trata de Personas, la Senadora Adriana Dávila, al Senador Roberto Gil, de la Comisión de Justicia, y a la Senadora Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos; y también a cada una y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, quienes en un trabajo muy importante y con una participación relevante, también de otras Senadoras y otros Senadores de otras comisiones, han estado aportando sus propuestas y sus inquietudes, para que estas reformas que hoy ponemos a consideración de ustedes, que reforma la ley en materia de trata de personas, puedan ser avaladas y sigan su curso legislativo por el bien de las víctimas y por la justicia que perseguimos contra los delincuentes de estos graves delitos.

Me uno también a las felicitaciones de todas las personalidades, algunas están aquí presentes, que desde sus instituciones, desde sus espacios académicos, desde su expertiz, han estado acompañando, como tiene que ser, el dictamen y la discusión que partió con una iniciativa y que hoy se concreta en estas reformas; y yo quiero señalar algunas de las incursiones importantes que distinguen a la misma.

Para imputar el delito a un delincuente el Ministerio Público tenía que acreditar el daño a seis bienes jurídicos, hoy logramos el perfeccionamiento de los tipos penales e incorporamos nuevas conductas delictivas. Vamos, en nuestro trabajo, acorde con lo que establece el artículo 19 de la Constitución.

La ley vigente impone el mismo rango de sanción si los delitos se cometen en contra de una persona o en contra de varias, cuestión que corregimos. Ahora con las reformas se protege a cada víctima individualmente y se castiga con las reglas del concurso, es decir, la acumulación de penas si el delito se comete en contra de varios sujetos pasivos.

También se aplicarán las reglas del concurso, si el delincuente comete diversos delitos contenidos en otras leyes, como es el caso de homicidio, secuestro, lesiones, etc.

Se determinan de manera muy puntual cuales son medios comisivos y cuales son las agravantes. Medios comisivos: la amenaza, uso de la fuerza, coacción, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, pago o beneficio a un tercero o consentimiento del tercero.

En las agravantes: que el activo sea servidor público, que haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, que se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, que sea miembro de un refugio, albergue o casa de transición o forme parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas de delito.

El delito se agrava en mayor medida si la víctima es menor de 12 años y si el delincuente ejerce funciones de dirección o de financiamiento o si la víctima muere o se suicida por las secuelas del delito.

Sin duda, los mecanismos para la protección de las víctimas son mejores; se establece un lenguaje incluyente que permite visibilizar en especial situación de riesgo, es decir, la primera infancia, las niñas, los niños, las y los adolescentes, mujeres u otras condiciones de situación de vulnerabilidad, como es el caso de personas que trabajan como jornaleros agrícolas o migrantes.

Cumple con los compromisos que hemos asumido como Estado mexicano a través de aprobar diversos instrumentos internacionales que nos obligan a que estos temas tengan especial atención en la armonización legislativa. Se exige una interpretación con base en este enfoque de lo que establecen los tratados internacionales, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hay nuevos parámetros, señoras y señores, en las políticas de prevención de los delitos en materia de trata de personas, siempre, y destacamos de manera puntual, que la prevención es la forma idónea para la disminución de la comisión de cualquier delito; es por ello que las reformas recogen los parámetros y directrices internacionales para la prevención de los delitos en materia de trata de personas.

Una de las aportaciones más novedosas en materia de prevención, consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos; las políticas públicas atenderán, por lo tanto, los factores que aumentan la vulnerabilidad de personas, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas.

Se apuesta por la apertura de espacios de ciudadanía como estrategia primordial para la prevención, estableciendo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen estrategias para trabajar la problemática a nivel comunitario.

Definimos un catálogo especializado de los derechos de las víctimas; la reforma parte del reconocimiento de que el fenómeno delictivo de la trata de personas requiere de un estudio particularizado en cada tipo de trata, dada la gravedad que se genera en las víctimas al recibir un daño en el libre desarrollo de la personalidad.

Dentro del amplio catálogo de los derechos de las víctimas, además de los que se establecen en la Constitución, también referimos los que definen la Ley General de Víctimas, y se reconocen los derechos especializados como son: derecho a la protección, derecho a la intimidad, derecho a la asistencia social, a la salud, educación, empleo, reunificación familiar, restitución de derechos, acceso a la justicia, reintegración social, reparación integral y compensación.

En este sentido, armonizamos los conceptos de víctima con los que establece la Ley General de Víctimas, que ustedes recordarán, aquí mismo en el Senado, dimos un gran debate y la aprobamos; y recogemos estos nuevos conceptos para distinguir víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales y, por supuesto, la calidad de víctimas que se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley.

La reforma considera como un pilar los derechos de las víctimas de estos delitos, el derecho a la intimidad, quiero hacer especial énfasis en eso, consistente en proteger la vida privada, la identidad, la nacionalidad, la filiación, el parentesco, los datos personales o cualquier otra información que la identifique, la revictimise o la exponga a un riesgo.

Con esta reforma, el derecho a la salud para las víctimas de trata de personas debe garantizarse a través de servicios gratuitos y de calidad, por lo que hace, distingo dentro de los derechos solamente uno, el derecho a la educación, tiene que estar regido bajo los criterios de acceso y permanencia al sistema educativo de las víctimas, de manera particular, de las que son menores de edad.

En este sentido, quiero remarcar que con la excepción de las personas menores de 18 años de edad, siempre que la reunificación pueda considerarse o pueda existir motivos fundados para creer que la reunificación familiar les perjudicará o pondrá en peligro sus derechos, en virtud de lo que establece el interés superior de la niñez, entonces, por supuesto, se evitará esta reunificación.

Hay nuevas obligaciones para las autoridades en materia de atención y asistencia a las víctimas a través de bases de coordinación en los tres órdenes de gobierno.

Hay, por supuesto, una operatividad realmente funcional para garantizar la encomienda que tiene la comisión intersecretarial y, por supuesto, para que cumpla con el programa contra la trata de personas.

Hay novedosos mecanismos de coordinación en esta reforma que ponemos a su consideración para las 32 entidades federativas.

En este caso, se obliga a que creen refugios, albergues y casas de transición en lugar de solamente apoyar o cuidar y verificar la creación de los que se constituyen en el ámbito privado.

Se propone que estos refugios, estos albergues o casas de transición sean creados también por la Federación a nivel regional. En fin, hay obligaciones para todas las dependencias. La pertinencia de los artículos que estamos derogando, están plenamente identificados en la exposición de motivos.

Y finalmente, quiero mencionar que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro congresos locales que hicieron reformas a su Código Penal en materia de trata de personas tuvieron que entender, y esa es nuestra especial preocupación, en la que queremos pedirles a cada uno de ustedes para que en sus entidades federativas podamos influir a que los congresos de nuestros estados entiendan que estas reformas van a garantizar que haya un nuevo estado de derecho que persigue delincuentes, los sancione debidamente cuando se evidencia su culpabilidad, pero también para que impulsemos las políticas de prevención, de atención y de estos delitos y, por supuesto, la atención especializada a las víctimas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente.

Honorable Asamblea. Señoras y señores Senadores.

La trata de personas es el fenómeno criminal del siglo XXI y el mayor reto de la humanidad.

Varios organismos internacionales coinciden en que la trata de personas es uno de los ilícitos que más ganancias deja a la delincuencia organizada transnacional, poco después del tráfico de drogas y de armas.

A pesar de la gravedad de la conducta y sus efectos, no existen explicaciones contundentes sobre el fenómeno y tampoco estadísticas consolidadas.

Esto ha provocado cierto desconocimiento sobre los mecanismos utilizados por los tratantes y, en buena medida, también sobre las medidas de política pública más eficaces para prevenirlos y sancionarlos.

No hay un perfil de víctima y tampoco uno de tratante, pues la trata presenta muy variadas modalidades. Si bien la trata con fines de explotación sexual es la más conocida, también existen otros casos como la que tiene fines de explotación laboral, para extracción de órganos, para uso de las víctimas en conflictos armados, entre otros.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas del año 2012, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el periodo 2007 a 2010, las víctimas menores de edad alcanzaron el 27 por ciento del total en todo el mundo, pero en México este porcentaje se elevó hasta casi el 40 por ciento, lo que rebela que las mujeres siguen siendo el grupo de mayor vulnerabilidad; en esta materia se ha incrementado considerablemente el uso de niños para estos fines.

El mismo informe nos revela también otro dato importante; en México, las mujeres han aumentado su participación en la comisión del delito, lo que se constata con las estadísticas sobre los agentes activos sujetos a proceso penal en las que el 43 por ciento en ese periodo fueron mujeres.

La trata es un fenómeno complejo, mutante, difícil de describir y sobre el que aún tenemos mucho qué realizar como sociedad y como Estado.

Sin duda alguna, la prevención es el arma más importante con la que contamos, pero también debemos tener un andamiaje jurídico que nos permita combatir frontalmente este fenómeno delictivo.

Por ello, gracias al decidido impulso y el arduo trabajo de las Senadoras Presidentas de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; y de Derechos Humanos, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña Gómez, desde hace más de un año se inició un proceso de análisis de la legislación actual en la materia y de su eficacia en la aplicación jurisdiccional, en la que han participado destacadamente muchas organizaciones de la sociedad civil.

El proceso llevó a este Senado de la República a escuchar el quinto representante de organizaciones defensores de derechos humanos, ministerios públicos, académicos, jueces y otros especialistas que compartieron su experiencia y conocimiento del tema desde distintos ámbitos y experiencias.

Con ello se elaboró una iniciativa de ley que de nuevo fue analizada por un grupo técnico conformado por asesores con amplia experiencia en la materia, por representantes de la Procuraduría General de la República, así como la Secretaría de Gobernación, quienes aportaron su conocimiento práctico y coadyuvaron al perfeccionamiento de la iniciativa.

Además, los trabajos se condujeron siguiendo las disposiciones establecidas en instrumentos internacionales de los que México es parte; se buscó construir una reforma apegada a la ley modelo contra trata de personas que ha emitido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Después de varios meses de trabajo, este proceso nos condujo hasta la presentación de este dictamen al Pleno de la Cámara de los Senadores, con el que se busca mejorar la estructura de la ley, la formulación de los tipos penales y el andamiaje institucional para los fines de prevención, investigación, sanción y atención a las víctimas.

Muchas son las virtudes de esta propuesta, y me concentraré en los aspectos más relevantes a nombre de la Comisión de Justicia.

En primer lugar, la parte sustantiva que establece los tipos penales ha sido revisada y corregida, con lo que buscamos subsanar las deficiencias técnicas que han ocasionado que en nuestro país existan muchas consignaciones ante el juez penal, pero muy pocas sentencias condenatorias.

Los tipos penales se han reformulado para establecer mecanismos que permitan al Ministerio Público ejercer de manera adecuada la acción penal, destacando que se introduce un catálogo de medios comisivos que dará claridad y contundencia a las investigaciones.

También se reformulan o derogan aquellos tipos penales que no constituyen un delito de trata de personas con fines de explotación y se adecuan para evitar castigos a las víctimas de este fenómeno, así como para asegurar las penas a los que se beneficien con esta modalidad de explotación humana.

Una preocupación constante por parte de todos los involucrados en este proceso ha sido no permitir que ningún procesado o sentenciado por estos delitos sea liberado por una cuestión técnica-jurídica y por ello se revisó cuidadosamente el traslado de los tipos penales así como su punibilidad para que los asuntos en trámite, en investigación o ya incoados continúen su sustanciación hasta la plena sentencia.

En segundo lugar, el proyecto recoge las recomendaciones y los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los específicos en materia de trata de personas.

Esta reforma legal busca mejorar el andamiaje jurídico para el combate de la trata, pero también asegura que el respeto a los derechos humanos, en especial a los de las víctimas, sea una permanente obligación a cargo de la autoridad y no una carga procesal para la persona ofendida.

En ese sentido, se introducen principios como la debida diligencia estricta, la necesidad de un periodo de espera o reflexión para la víctima, la inadmisibilidad de la conducta anterior, se refuerzan los principios de no revictimización y las medidas encaminadas a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas o las personas migrantes.

En cuanto a los derechos de las víctimas, el proyecto recoge y refleja la preocupación que todos los sectores consultados señalaron en el proceso, en cuanto a la dispersión de las instituciones y programas para la atención compensatoria y restaurativa de los derechos de las víctimas.

Si bien es cierto que existe ya una respuesta institucional del Estado mexicano a las víctimas de todos los delitos a través de la Ley General de Víctimas, se reconoce que en materia de trata de personas existen particularidades que deben ser expresamente consideradas en el texto legal.

Por ello, el proyecto presenta una doble normativa para proteger los derechos de las víctimas de estos delitos, remitiendo la Ley General de Víctimas a las cuestiones generales, pero manteniendo derechos específicos en este ordenamiento que en conjunto permitirá una actuación más eficaz de las instituciones estatales, así como mejores formas de ejercicio de esas prerrogativas.

Con este núcleo de derechos específicos, el proyecto asegura que la atención a las víctimas de este tipo de delitos sea siempre específica y en atención a sus particularidades, pero que también tenga acceso a los beneficios y protecciones que ya están consagradas para todas las víctimas en los ordenamientos vigentes.

En cuarto lugar, el proyecto plantea una reformulación de la estructura institucional, con el objetivo de otorgar una mayor atención a las víctimas y, a su vez, conformar también un sistema coordinado de combate a este fenómeno.

Por ello se abre la participación en la comisión intersecretarial a diversos actores que permitirán una atención integral a la problemática, pero también se establece la obligación de las entidades federativas para que este esquema sea replicado a nivel subnacional.

Por otro lado, se establece claramente en la ley la obligación del Estado de establecer refugios, albergues y casas de transición que atiendan a las víctimas, y que deben constituirse como espacios temporales y gratuitos que brinden alojamiento seguro y digno, atendiendo al nivel de riesgo y a las necesidades del proceso de recuperación y rehabilitación en los que se les proporcionan los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos: alimentación, vestido, calzado, así como servicios gratuitos con personal especializado en atención integral y multidisciplinaria que tengan como mínimo servicios médicos, jurídicos, social, psicológico, programas reeducativos de capacitación para el trabajo, así como otras medidas dignas y viables para la restitución de los derechos de su autonomía y la posibilidad de reconstituir su proyecto de vida en plena libertad.

En síntesis, las reformas planteadas fueron elaboradas de manera seria, profesional, escuchando a la sociedad, aprovechando el profundo conocimiento de todos los ámbitos que tienen injerencia en esta problemática. No es una propuesta formulada al vapor, no es una reforma a la ligera.

El proyecto de Decreto que se presenta es, sin duda, un instrumento de alta calidad técnica que atiende las necesidades del fenómeno y que corregirá los puntos débiles de la ley vigente con la consecuente mejora a los instrumentos jurídicos e institucionales que son indispensables para dar solución definitiva a este drama humano.

Es tiempo de que la trata de personas deje de ser un lugar común en los discursos para convertirse en acciones jurídicas y políticas que aseguren a las víctimas sus derechos y que eviten la impunidad.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, de la Comisión de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Con su permiso, señora Presidenta. Y agradeciéndoles a todas las compañeras y compañeros Senadores su atención.

Venimos a dar un breve informe de las tareas que la Comisión de Estudios Legislativos, en conjunto con las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; y de Justicia, lleváron a cabo para hacer un análisis pormenorizado de lo que es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Derivado de las reuniones del grupo de trabajo por representantes de la academia, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema y autoridades en materia de procuración y administración de justicia de las entidades federativas emanaron estas acciones legislativas, que de manera destacada se integraron en el dictamen que hoy se somete a la consideración de todas y todos ustedes.

Se modificó, por este grupo de trabajo, el título de la ley para quedar como Ley General en Materia de Trata de Personas.

Se determinó definir el objeto de tutela de ley como el de libre desarrollo de la personalidad y sus circunstancias agravantes, ya que de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad engloba los bienes a tutelar por el tipo penal relativo al delito de trata, en razón de que en la ley vigente se establecían diversos bienes jurídicos.

Se actualizaron las definiciones de los términos establecidos en la Ley General en Materia de Trata de Personas, es decir, las modificaciones se plantean con el objeto de actualizar el marco jurídico relativo a las definiciones, en particular, en la referencia a los códigos procesales, dada la expedición de un código de procedimientos penales único.

En relación con el tipo penal de trata, la reforma se centró modularmente en una revisión integral respecto de la conceptualización del delito de trata en la ley vigente.

En cuanto a los tipos penales contenidos en la ley, la reforma propone reestructurar los derechos y ampliar al rango de punibilidad de los mismos, esto, desde luego, para evitar á la impunidad y con ello sustracción a la acción de la justicia de quienes cometen actos lesivos en materia de libertad de libre desarrollo de personalidad de las personas.

Una de las dificultades que presentó constantemente en su aplicación la ley vigente, es la redacción de los tipos penales; por lo que se consideró la redefinición y una nueva redacción de estos tipos penales para que con ello se pudieran dar los instrumentos jurídicos necesarios para evitar la impunidad en la comisión de este delito.

Se permite en esa reforma el concurso de delitos, y con eso se evita impunidad así como la doble sanción por una misma conducta.

Se adecuó la redacción a los protocolos e instrumentos internacionales; y se ubicó en los artículos en que deben de encontrarse.

Se evita, con esta reforma, la aplicación del principio de la ley más favorable; y esto es muy importante destacarlo, ya que a quienes se encuentran actualmente sujetos a proceso, sentenciados conforme a la ley vigente, toda vez que el aumento en la penalidad implique que les beneficie el anterior texto, eso evitará que puedan salir libres por este principio.

Se sanciona con mayor rigor las conductas cometidas al amparo de los medios comitivos y contempla esta reforma nuevas hipótesis de agravación de la pena.

Con la reforma se logra una atención a las víctimas del delito de trata de acuerdo con la ley especial en materia de víctimas, a fin de otorgar mayores beneficios que las que tiene actualmente la ley de trata; se evitan duplicidades y se da la posibilidad de consolidar una verdadera política de protección y asistencia a las víctimas, lo que resulta indispensable para avanzar en la sistematización de ambas legislaciones.

Así se mantiene y fortalecen, hay que destacarlo, los esquemas de prevención, sanción y aspectos esenciales relativos a la trata de personas.

Se mejoran los tipos penales, se corrigen sus errores y contradicciones, y se logra, en este redimensionamiento de la nueva ley de trata, el principio que debe de buscar toda ley de orden penal, que es el de evitar la impunidad y otorgarle mejores instrumentos jurídicos, tanto a quienes están en el esquema de procuración de justicia, como a quienes están juzgando para que no sea nunca jamás, sobre todo en este delito que es tan lesivo para la sociedad, la impunidad uno de los aspectos que la sociedad tenga que lamentar.

Algo que me parece que es importante destacar y que establece la nueva ley general, es la distribución, como toda ley general lo debe de tener, de atribuciones y competencias entre los distintos órdenes de gobierno.

La trasversalidad de la ley logra que se dé una verdadera coordinación entre las autoridades del orden federal, del orden estatal y del orden municipal, para que en conjunto, y de manera estrecha, busquen atender uno de los fenómenos más grades del siglo XXI, que derivan en la lesión a la vida de miles y miles de personas que a lo largo y ancho del país sufren de la comisión de este delito, a veces sin siquiera estar concientes de que están siendo sujetos a la comisión de un delito por parte de sus captores.

Señoras y señores Senadores:

A mí me parece que el esfuerzo que hicieron quienes integran y presiden las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, como es el caso de la Senadora Adriana Dávila; de Derechos Humanos, como es el caso de la Senadora Angélica de la Peña Gómez; de la Comisión de Justicia, presidida por el Senador Roberto Gil; y de manera destacada la gran aportación, el esfuerzo y la constante tarea que llevaron a cabo compañeras, como Lucero Saldaña, que de manera muy enfática estuvo trabajando constantemente a lo largo de la revisión, el análisis y la adecuación de la ley, a esta reforma que le estamos proponiendo.

Mucho habla del compromiso de las señoras y los señores Senadores, por llevar a cabo una modificación en ese espíritu constante de los legisladores por adecuar y modernizar las leyes a la realidad; habla de ese gran compromiso que se tienen, por parte de quienes señale, con la sociedad y con lo mejor que debe tener la sociedad, que es la búsqueda constante del imperio del derecho, de la actuación de la justicia, buscando siempre que no exista impunidad, que los delitos más lesivos para la humanidad, como es el caso de la trata de personas, tengan la sanción correspondiente; pero sobre todo, que los instrumentos jurídicos vean siempre esa perfectibilidad que debe de tener la norma, sean siempre el motivo que rige la actuación de las y los servidores públicos, en este caso, de quienes estamos en esta Cámara Alta.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortiz González.

Entramos a la discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor.

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: Con su permiso, señor Presidente, muchas gracias.

Efectivamente, este es un modelo de trabajo conjunto, un modelo plural, un modelo donde no solamente el Poder Legislativo, servidores públicos, academia y organizaciones de la sociedad civil, en distintos foros, espacios y mesas de trabajo, pudimos tener hoy un dictamen conjunto, para este fenómeno que es la trata de personas.

Ya no más trata de blancas, porque involucran niñas, niños, jóvenes. En fin por mucho tiempo no fue considerado este tema como un problema estructural, se pensaban casos aislados.

Hoy tenemos que reconocer a quienes hicieron la primera ley, a quienes pudieron tener beneficios de esa ley.

Sin embargo, estuvimos revisando artículo por artículo, para que, en este delito que se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años, podamos hoy decir que estamos, como Senado de la República, dando un gran paso.

Las leyes, como fenómeno esencial social, responden a una realidad siempre cambiante, y por ello, portan en su naturaleza la esencia del dinamismo y la perfectibilidad.

El dictamen que se somete hoy a su consideración recoge y refuerza las recomendaciones y compromisos contraídos por nuestro gobierno mexicano, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano.

Ningún país está inmune a la explotación humana. Esta explotación persistente que genera ganancias ilegales.

El compromiso internacional, retomado por nuestro país el pasado 9 de noviembre en la Asamblea General de la ONU, exhorta a los Estados miembros a seguir esforzándose en la tipificación de los delitos relacionados contra la trata, en todas las formas.

Emite la resolución denominada Medidas para Mejorar la Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas, la cual afirma la importancia de prestar asistencia humanitaria, jurídica y financiera a las víctimas de trata, incluso, por organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, reiteramos la enérgica condena contra la trata de personas, especialmente mujeres, niñas, niños y que toda omisión de sus derechos constituye una grave violación de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales.

Destacamos la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas, de asistirlas y resarcirlas en la comunidad, y contar con procedimientos adecuados y eficaces para su identificación.

Las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos en el reciente examen periódico de Naciones Unidas, exhortan a redoblar esfuerzos en la materia y nos instan a que revisemos la legislación.

Con eso estamos dando cumplimiento a muchas de las recomendaciones que por años nuestro país ha tenido en la materia.

Se acuerda en el Consenso de Santo Domingo, en octubre del año pasado, promover el conocimiento y el análisis de los riesgos que existen para todos estos grupos, mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas rurales, mujeres con discapacidad, con relación a la explotación sexual y las nuevas maneras a través de Internet, en los medios tecnológicos.

Nos instan a tipificar estos delitos para definir las sanciones apropiadas. Y como sabemos que no basta elevar penas, necesitamos hacer una reingeniería, como se hizo en este caso.

Este trabajo de análisis, que desde hace muchos meses se llevó a cabo como un trabajo conjunto en las comisiones dictaminadoras con áreas gubernamentales, que hoy se encuentran aquí presentes, con sociedad civil y academia, responden con profunda sensibilidad a la realidad de las víctimas; esa realidad que si la viviéramos podríamos decir: ésa no es vida. La trata ha torcido sus vidas.

Los vacíos legales que pudieran generar incertidumbre, vulnerabilidad o procesos burocráticos, hoy se establece un articulado específico, tanto de principios como de derechos de las víctimas. No se busca la reducción de sus derechos. Se construyó una protección integral.

Asimismo, deseamos que este nuevo ordenamiento pueda proteger el desarrollo libre de nuestra personalidad, y que no haya vacíos en la aplicación de la misma.

El reto legislativo en todo momento es la prevención. A las víctimas, hoy les decimos que ese trabajo legislativo está fundamentado en sus derechos, en una vida digna.

A quienes luchan con este problema, reconocemos y agradecemos su trabajo y compromiso, reiterando que será un buen instrumento.

A la sociedad en general, con este dictamen, reiteramos nuestro compromiso con esta causa.

Si esta ley va dirigida a delincuentes, a quienes hasta hoy han amasado fortunas explotando la dignidad y el cuerpo de mujeres, niñas y niños, con la aplicación de este ley, el Estado tendrá que ir por ustedes, donde estén, en las calles, en cualquier medio. La indiferencia también es una forma de complicidad, y hoy, las y los priístas y todo el Senado de la República, daremos herramientas precisas para dejar claro, que con esta ley de trata, no se trata con la ilegalidad.

México no puede ingresar de lleno al siglo XXI, con flagelos de la edad media, con esta forma de esclavitud humana, que no es vida; la vida de las víctimas no es una mercancía.

Termino, pidiéndoles todo su respaldo.

Y quiero citar, esta frase de Mahatma Gandhi: “sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre”.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señorPresidente. Compañeras y compañeros:

Efectivamente, la trata es una forma contemporánea de esclavitud, es un flagelo que se extiende como epidemia en nuestro país y en el mundo. Las víctimas son hojas de la pobreza, de la orfandad, de la desigualdad social.

Aplaudo porque México nuevamente está en el podium del delito; segundo lugar en el mundo en incidencia en la trata de personas sólo después de Tailandia. La organización Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, estima que 500 mil personas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, son víctimas de la trata, aunque como dice el Senador Gil Zuarth, las cifras son siempre imprecisas, y el 50 por ciento eso sí se sabe que son menores.

Cada día se reportan 20 niñas, niños o adolescentes desaparecidos y sólo se recuperan 300 al año gracias a la Alerta AMBER. Yo sugiero que, hay Senadores aquí que se dedican a twittear mucho tiempo, ojalá que le dediquen algún espacio para reportar cuando desaparece uno de estos niños, como Miguel Angel Sánchez, en Querétaro, que fue arrebatado de los brazos de su madre.

Voy a dar mi voto a favor, porque considero que hay avances, como son el agravante de las penas en casos donde las víctimas sean menores de 18 años o mayores de 60 y aún más, se agravan cuando son menores de 12 años, porque se incluyó también el delito del embarazo forzado o con propósito de quitarles sus hijas o hijos a las madres.

Pero no saquen las maracas porque no es para hacer fiesta, y menos en el Senado, por que incluye retrocesos y quedan serios pendientes. Yo entiendo que son muchas las presiones porque después de la droga es el gran negocio, se estiman ganancias de 2 billones de dólares. Hay retrocesos en esta ley en lo que se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de participación y diálogo entre los distintos órganos de gobierno, con los organismos y la defensa de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil organizada.

Claro que incomodan las Lydias Cacho, que son acosadas y amenazadas, las Teresas Ulloa que han dedicado su vida a proteger a las víctimas de trata, porque exigen y evidencian a la autoridad. Hoy ya no van a ser parte de la comisión intersecretarial, solamente por invitación, cuando a ellos se les dé la gana podrán asistir.

Falta generar un banco de datos biológicos, genéticos y una página única para la búsqueda de todas las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas o ausentes. Y eso sería en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También es lamentable que se derogue el Fondo de Asistencia a Víctimas y sólo se van a destinar 10 millones de pesos en el presupuesto para la aplicación del programa nacional para el 2014. Mucha preocupación por el tema de la trata, pero amor que no se refleja en el presupuesto no es amor; 10 millones de pesos los gasta un alto funcionario en una sacada de cartera para pagar fiestas y jets privados.

Siguen siendo un pendiente los programas humanitarios para la reunificación familiar, incluidos permisos, residencias, salud, vivienda, trabajo, educación gratuita y los que tengan atención prioritaria. Queda imprecisa la sanción efectiva al consumidor, que es el último eslabón de la cadena de trata y que termina por ser el verdadero motor de la explotación sexual y comercial de mujeres, de niñas y adolescentes, porque bien sabemos que sin demanda no hay oferta.

Sólo tras prolongada asistencia psicológica, algunas mujeres víctimas superan el trauma, unas 200 mujeres. Aquí a la vuelta, en Súllivan, esquina con Insurgentes, de acuerdo a un reportaje de Pérez Salazar de la BBC, ahí están siendo explotadas a la vista de todos, de ahí escapó una de ellas, y hoy es una gran activista. Son escasos sucesos de éxito.

Otra trató de huir cuando la trasladaban hacia un table dance, el taxista que la llevaba fue asesinado, ella alcanza a recoger a sus dos niñas e irse a un hotel, a los pocos minutos llegó el padrote, a ella la golpeó brutalmente y a las niñas se las llevaron. Pasaron cinco meses para que las niñas les fueran devueltas después de pagar doscientos mil pesos. La niña de cinco años había sido violada por varios hombres, ella es una de las que liberaron en el Cadillac, hoy vive escondida, su nena no habla, no permite que la toquen después de un año y medio, solamente llora. Y de nada sirve exprimir los ojos porque están rotas, llevan el alma degollada.

Les voy a presentar, porque es motivo de compromiso y para que hagamos una reflexión, esta fotografía de una niña a la cual le fueron extraídos todos los órganos; se encontró en la carretera a Chiapas y nos la hicieron llegar como una evidencia de lo que el gobierno niega.

Por eso creo que México se ha convertido en el paraíso para instalar estos infiernos de la trata, y no es por las blancas arenas de Cancún, sino por las negras conciencias de altos funcionarios coludidos con organizaciones criminales, de otra manera no podría florecer este crimen. Y por eso es que la ley y las acciones parecen tibias ante la crudeza y la magnitud del problema de trata. Y que el gobierno dadivosamente concede 10 millones de pesos. Que se los guarde, que los reparta entre los funcionarios corruptos, a esos que protegen o que consumen, y que los den de propina en sus orgías caras.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Quisiera iniciar felicitando a los Presidentes de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos, y a los representantes de las organizaciones, a los académicos, a las procuradurías estatales, a los representantes de los poderes judiciales, y a todos aquellos personajes brillantes que han participado para la elaboración de este dictamen.

Presento a ustedes una moción suspensiva, no en el propósito de descalificar lo que aquí se ha escuchado o porque estemos en contra de este dictamen en contra de la trata de personas. Mal haría yo, que soy tlaxcalteca, donde es la meca de la trata de personas y en donde hace unos cuantos meses la procuradora del estado dejó en libertad a un tratante de blancas, siendo mujer.

Mi participación aquí, obedece a la atención de algunas organizaciones que han llegado a todos nosotros, aquí tenemos un paquete, que seguramente todos recibimos de una asociación civil de mujeres que estuvieron en situación de trata, de la Universidad del ITAM, de la Universidad de Michigan y del Instituto Nexos.

En atención a ellos, es que vengo a proponer esta moción de la discusión del dictamen de reforma a la ley, en el ánimo de que se devuelva a comisiones para escucharlas e integrar también las propuestas de ellos.

Es en representación de ellos que vengo a decirles la opinión en contra de este dictamen, no es en contra, sino que se analice bien, toda vez que la derogación de los artículos 19 y 20 que establecían la pena para las personas que induzcan a realizar servicios sexuales se deroga, sin establecer ningún criterio que lo sustente.

De igual forma se estima inconveniente la derogación de los artículos 44, 45 y del 60 a 82, aun cuando se manifieste que los derechos contemplados en estos artículos ya se regulan en la Ley General de Víctimas; lo cual solamente es parcial, ya que se regulan ciertos aspectos dejando fuera los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos en materia de trata de personas, así como los derechos de los testigos durante el proceso penal que actualmente se consagran en los capítulos primero y tercero.

La reforma, de acuerdo a estas instituciones y asociaciones, omite la regulación de los derechos de las víctimas extranjeras en México, así como de las víctimas mexicanas en el extranjero; se elimina a los sujetos activos del delito que sean integrantes de la delincuencia organizada y otros aspectos importantes. Por lo que solicitamos atentamente sea regresado el dictamen a comisiones y se dé la oportunidad de escuchar los argumentos y razones de las instituciones y de las personas interesadas que no hayan sido convocadas y que tengan el interés de participar y enriquecer el dictamen y lo haría completamente apegado a la norma jurídica.

Senadora Adriana Dávila, mis respetos; y más allá de partidos políticos, primero está la seguridad y el tema de la trata de personas que también, tú como tlaxcalteca, creo que lo sentimos, lo vivimos de maneras diferentes, pero no se trata de ir a favor de una organización ni sabemos si atrás hay negocios, hay beneficios o hay celos políticos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Palafox Gutíerrez. Para dar trámite a la solicitud de moción suspensiva presentada por la Senadora, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado, consulto a la Asamblea si existe quien apoye la moción; necesitamos por lo menos cuatro Senadores más para apoyar la moción. Si lo hubiera, voy a consultar si hay un impugnador; y si no lo hubiera, pasaríamos a la votación.

Tome nota la Secretaría de quiénes fueron los Senadores que apoyan, para darle cumplimiento y satisfacer los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado.

Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. No habiendo ninguno; solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Se desecha la moción suspensiva. Continuamos con la discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, yo quiero hacer una invitación a la Senadora Layda Sansores, para que hagamos las gestiones necesarias para poder obtener más recursos para el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas, pero al final del día, esto no es parte de lo que vamos a aprobar el día de hoy; eso le tocará discutirlo en su momento a la Cámara de Diputados, y creo que deberá ser una gestión que hagamos todos los Senadores.

Segundo, quiero felicitar también a los presidentes de las comisiones por este trabajo de más de un año, a la Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, la Senadora Adriana Dávila; a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Senadora Angélica de la Peña; y por supuesto, al Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil.

Con este dictamen, en este Senado, dejamos claro que no somos ajenos a una realidad que le duele a México, no somos insensibles ante un delito que ocurre a metros de distancia de este edificio. En La Merced, la trata de personas es un asunto tan cotidiano como la venta de cualquier producto, ahí es más claro que en ningún otro lado que las víctimas de explotación sexual cada vez son más jóvenes.

Se han encontrado casos de niñas de 13 años de edad, a quienes se les han conseguido credenciales de elector para que puedan entrar a los hoteles como adultas.

Las estadísticas oficiales mencionan que hay entre 16 mil y 20,000 mil menores de edad víctimas de trata en nuestro país. Pero la crítica recurrente es que la cifra negra es mucho mayor; estadísticas de la ONU calculan que por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.

Desde la perspectiva como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con la que he pretendido contribuir en la elaboración de este dictamen, he señalado que México ocupa el deshonroso tercer lugar en la región por la comisión de este delito y que deja a los criminales ganancias económicas similares a las que obtienen por la venta de drogas y superiores a las del tráfico de armas.

Nuestro país está catalogado como fuente, tránsito y destino para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos más vulnerables son mujeres, niños, personas indígenas y los migrantes indocumentados; estos últimos, particularmente vulnerables por ignorancia o por la extrema necesidad que los obliga a abandonar sus lugares de origen.

Gracias a las visitas que hemos realizado a las estaciones migratorias a distintos puntos de la frontera sur y al intercambio con legisladores de Centro y Sudamérica, hemos identificado nuestra preocupación común por este tema, ya que la mayoría de las víctimas son extranjeras especialmente para la explotación sexual comercial provenientes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Nos preocupa aún más que el 81 por ciento de los casos de trata en migrantes, se da en contra de mujeres entre los 13 y 25 años, que terminan padeciendo un calvario por la violencia, por las amenazas y por estar privadas de su libertad en lugar de disfrutar los mejores años de su vida.

No podemos perder de vista que la trata de personas y la migración son dos fenómenos que han ido de la mano y que no pueden ni deben atenderse de manera aislada.

Ese es uno de los puntos que celebro haya tomado en cuenta este dictamen, que se hayan valorado y asumido las recomendaciones formuladas al Estado mexicano durante el diálogo interactivo celebrado el 23 de octubre de 2013 con motivo de la segunda evaluación de México ante el mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para implementar medidas de protección a inmigrantes y emigrantes.

También que se incorporaran procesos tan sensibles y humanos como el periodo de reflexión, para que las víctimas tengan la posibilidad de empezar a recuperarse de sus experiencias y decidir con conocimiento de causa, si habrían de ayudar y colaborar en los procesos penales.

Para las numerosas víctimas en condición de inmigrantes ilegales, el periodo de reflexión es una garantía de que van a recibir asistencia y apoyo apropiados, alojamiento seguro, orientación psicológica, servicios sociales y médicos y asesoramiento jurídico.

Aplaudo que tras un año de trabajo intenso, podamos como Senado de la República aportar nuestro granito de arena para combatir un mal que tan sólo el año pasado se convirtió en un factor de altísimo riesgo para los 400 mil migrantes que cruzaron nuestro país.

El reto que tenemos enfrente es enorme, una vez mejoradas las reglas hay que lograr que se aplique la ley, que se genere conciencia, que se profesionalice a los encargados de la seguridad y de la procuración de justicia, y que la población tenga confianza y denuncie; porque en 2012, a pesar del tamaño del problema, sólo se registraron 554 denuncias.

Ante un delito que se nutre del silencio y el miedo, la mejor y principal arma para combatirlo es la denuncia.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Estimadas Senadoras y Senadores:

Mi reconocimiento a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, por el esfuerzo realizado en la formulación del dictamen. Y expongo algunos aspectos y preocupaciones en torno al mismo.

Se reconoce que la ley, como todas, es perfectible, pero implica un importante avance en la lucha contra la trata.

Considero, sobre todo el Protocolo de Palermo, un instrumento internacional que no es esencialmente de derechos humanos, por lo que aún falta el ejercicio de incorporar los derechos y obligaciones contenidos en los tratados y convenciones en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México.

El hecho de que no se dé la suficiente importancia a la trata interna para diversos fines de explotación y esclavitud, que es cien veces mayor que la trata internacional, es un gran reto que nos queda aún en el combate de la trata de personas y la protección de las personas víctimas de la misma.

Hoy hay diversos derechos de las víctimas que se reducen en cuanto a su obligatoriedad y se dejan al criterio de las autoridades, cosa que es preocupante, como el derecho a no tener que comparecer en la misma sala que él o los sujetos activos del delito, o el uso de medios electrónicos o la cámara de gessell.

Se reitera que hay derechos que ya están previstos en otros ordenamientos como la Ley General de Víctimas, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que no tienen una sola disposición específica para las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, para las que estamos colocando en el estado de indefensión o incluso siendo regresivos en su defensa.

Es de observarse que no se haya modificado la sanción a la demanda, ya que la condición de que el consumidor sepa o no la condición de trata de la víctima que, a no ser que se trate de mujeres orientales que no hablen el español o de Europa del este, será sumamente difícil, si no imposible de probar.

Hubiera sido mucho mejor bajar la sanción, como en el caso del modelo nórdico, a una sanción simbólica, pero que pudiera ser realmente efectiva sin importar que el consumidor sepa o no de la condición de trata de la víctima.

Reitero que el dictamen contiene avances, avances muy significativos, pero debemos entender que nuestro trabajo a favor de las víctimas de trata de personas no ha terminado.

Queda en la práctica el trabajo impostergable de lograr que la ley no sea letra muerta. De impedir que la impunidad dentro de nuestros sistemas de procuración y de administración de justicia, sigan teniendo una presencia latente y evidente.

Las reformas que se realizan a las leyes deben ir acompañadas de la eficacia de su aplicación, porque de otra manera, seguiremos en el atraso por alcanzar un estado de derecho cierto, auténtico, que tenga efectos y beneficios en nuestra sociedad.

La constante negación por parte de las autoridades de la real gravedad de la situación en México de la comisión de los delitos que contiene la ley que nos ocupa, no sólo no ayuda a combatir su erradicación, sino que genera un gran daño en las situaciones diarias de vida de nuestra población, que ve el aumento de la inseguridad y que padece el crecimiento de crimen organizado.

Por ello es muy importante que en estas reformas se impulse la coordinación y concurrencia con las entidades federativas para el combate a la trata, así como de manera intersecretarial.

Sin embargo, harían falta aquí algunas precisiones, como el artículo 94 del dictamen que señala a los integrantes de la comisión intersecretarial del gobierno federal e integra a 16 titulares de dependencias y establece que a las reuniones podrán asistir un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel inmediato inferior o equivalente.

Sería deseable que cuando menos el titular de la Secretaría de Gobernación, así como el procurador de la República, no enviasen a su suplente a esta comisión tan importante, en tanto no se articule la aplicación de la ley de manera institucional en todo el país. Hasta hubiese sido muy importante incluir un Artículo Transitorio Décimo Cuarto en este sentido.

Y de la misma forma para el caso de las entidades federativas, cuyo problema de trata de personas sea conocido como grave de conformidad a las estadísticas y la determinación que la propia comisión intersecretarial realice, propongo que la propia comisión instale un grupo especial de acompañamiento respetuoso en ámbito de la concurrencia y coordinación que señala la ley, para que los poderes de los estados realicen las modificaciones que implica la presente ley.

Con este compromiso que tenemos todos de seguir avanzando, doy mi voto a favor del dictamen referido.

Quiero concluir mi intervención, haciendo referencia de que es un tema muy grave en mi estado, en Tlaxcala, y me obliga a dar mi voto de confianza a las Senadoras Adriana Dávila, y Angélica de la Peña, que han puesto su mayor esfuerzo, así como a los especialistas, a las organizaciones y a todas las dependencias que han atendido este tema tan importante en este país. Yo sé que estamos iniciando un tema sumamente delicado y que seguramente los resultados en el momento de su aplicación podrán ser visibles.

Así que, doy mi voto a favor y pongo a consideración estos temas que acabo de mencionar.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La relevancia del dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea, sin duda que la encontramos allá afuera, en la realidad de nuestro país, que según diversas organizaciones, ocupa los primeros lugares en pornografía infantil y turismo sexual.

Está en las ganancias millonarias que ubican a la trata de personas como el segundo delito más redituable para la delincuencia organizada en México.

Está en la información de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, que ubica a nuestro país como fuente, tránsito y destino para la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado, con alta incidencia en las diversas formas de violencia de género.

Está, también, en los cerca de 12 millones de personas que son víctimas de trata, y en los datos que nos ubican como el segundo país que mayor número de víctimas de trata provee a los Estados Unidos.

Pero está también, compañeras y compañeros Senadores, en la falta de atención, en la indolencia de años y años por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobiernos para atender, para evitar la expansión y crecimiento de este fenómeno en nuestro país.

Es cierto, como aquí se ha dicho, que se trata de un problema global, pero también es cierto que nada o, al menos, muy poco por parte del Estado para evitar la expansión de este lastimoso fenómeno.

Sin duda, los esfuerzos principales para combatir la trata de personas han provenido precisamente de la sociedad civil, y por eso creo que el poder público está en deuda con esos esfuerzos, y con las mujeres, por supuesto, con los niños, con los migrantes indocumentados e indígenas que a diario son sometidos a esta forma de esclavitud.

Esta reforma es una respuesta, sin duda, a esta deuda histórica, pero es claro, como ustedes seguramente estarán de acuerdo, que ninguna ley, ninguna reforma será suficiente para combatir la trata sino es efectivamente aplicada por quienes están obligados a ello, quienes tienen a su cargo el combate eficaz de la trata de personas.

La impunidad en estos delitos es sumamente elevada y por ello será nuestra responsabilidad, como Senadoras y Senadores, velar permanentemente para que esta ley sea aplicada y para que las autoridades de procuración e impartición de justicia cumplan con su responsabilidad en este tema.

Hoy más que nunca es urgente una política integral de Estado para combatir la trata de personas en todas sus formas; una política que involucre a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes y, desde luego, a la sociedad civil.

Una política que no se enfoque exclusivamente en la persecución sino también en la prevención, de lo contrario, compañeras y compañeros Senadores, seguiremos con estrategias y esfuerzos aislados, caminando muy lentamente ante un delito que está en permanente expansión y frente a organizaciones criminales que operan con la tranquilidad de saberse impunes.

La gravedad de este problema nos exige, no solamente actuar, sino hacerlo bien; por eso, como aquí se ha expresado por parte de mis compañeras de la bancada del PRD en este Senado, este grupo parlamentario habrá de votar a favor de este importante dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

He solicitado hacer el uso de la palabra para pronunciarme a favor de la iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Lo hago por distintas razones. La primera porque me parece que las leyes deben de seguir el ritmo de la sociedad, de sus necesidades, de sus apremios, de sus demandas, y la legislación, en ese sentido, siempre debe de ser dinámica, debe permanentemente de estar en revisión y perfeccionamiento, para luego de emitirse volver a iniciar el círculo virtuoso de la revisión y la corrección.

Este es el caso como el de muchas de nuestras leyes que deben de someterse a prueba para abrevar de la experiencia y dar por resultado mejores leyes, aun más justas, más eficaces y verdaderamente operativas; y me parece que en estas reformas aplica este caso.

En segundo lugar, quiero expresar que el problema de la trata de personas es muy sensible y preocupante en todo el país; pero en el caso particular de Chiapas, tiene un significado muy particular y terrible. Este flagelo silencioso que ya se ha mencionado en múltiples ocasiones en esta tribuna, es considerada la esclavitud de nuestra época y es a la vez uno de los negocios más lucrativos en el mundo de la ilegalidad, incluso algunas veces es considerado más lucrativo que el tráfico de armas y a la par que el tráfico de drogas.

Hay un terrible testimonio de un tratante que expresaba que el día de hoy vale y rinde más una niña de 40 kilogramos, que el peso de esta pequeña en mercancía, en cocaína o en alguna droga. Así de crudo, así de lastimoso y así de cruel es este asunto que estamos debatiendo y encontrando coincidencias el día de hoy.

El tema de la trata, además, es de la mayor preocupación en Chiapas por nuestra condición de frontera sur. Como ustedes lo saben, la frontera sur de Chiapas tiene una característica, es totalmente porosa, hay nueve pasos legales y cerca de 300 pasos ilegales donde cruzar de un lado a otro de Guatemala hacia Chiapas y se hace sin ninguna dificultad. Esta condición ya ha sido catalogada por la RAND Corporation, como una de las variables que predicen la ingobernabilidad.

Por tanto, nuestra frontera sur, tan proclive al tránsito de mercancías y de personas de manera ilegal, ha generado que a lo largo de los años, Chiapas ya no sea nada más un lugar de tránsito de personas que son obligadas a prostituirse o que son víctimas de trata de personas, es además mi estado, y lo digo con mucha tristeza, un estado en donde hay un enorme negocio alrededor de estos giros que abusan de las personas y que atentan contra sus derechos humanos.

Chiapas también es un estado destino de trata de migrantes centroamericanos, y para ellas hay un estado de indefensión, de falta de recursos, de falta de oportunidades, que las convierte en víctimas ideales para este tipo de delincuentes.

Muchos de ustedes han escuchado o han visto los testimonios, películas como “La vida precoz y breve de Sabina Rivas”, que se desarrolla justo ahí, en esa frontera con Tecún Umán, y que retrata, por un lado las ilusiones y anhelos de quienes quieren construir una vida mejor, y por el otro la realidad lacerante de abusos, corrupción y vejaciones a quienes quedan varados esperando una oportunidad.

Y déjenme darles un dato más, por lo que hoy estoy a favor de este dictamen y que tiene que ver con mi estado. El Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y de México, calcula que 70 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres indígenas; un ingrediente adicional a su estado de vulnerabilidad.

Por eso los chiapanecos estamos muy conscientes y vivimos en toda su magnitud el desafío; y las diferencias políticas, en ese sentido, deben de ponerse a un lado y reconocer si ha habido acciones de la autoridad que han dado resultados.

En ese sentido, hoy quiero recalcar que Chiapas es la primera entidad de la República que integró un Comité Interinstitucional para el combate de la trata de personas que está conformado por instituciones de justicia del sector económico, de desarrollo social y también cuenta con la participación ciudadana para garantizar la atención integral de las víctimas.

Como resultado de estas acciones que se han emprendido de este comité interinstitucional, desde el 2009 a la fecha en Chiapas se han logrado 36 sentencias condenatorias que han sido dictadas a 47 tratantes que enfrentan penas que van de los 9 a los 39 años de prisión, y ya se han consignado a 304 personas por este delito.

Hoy se cuentan con 237 autos de formal prisión en los procedimientos penales ante los órganos jurisdiccionales y se ha logrado el rescate de 457 víctimas, entre ellas, 411 mujeres y 190 menores de edad.

Hace unas semanas apenas, por unanimidad, también, el congreso local hizo una serie de adecuaciones a nuestro marco normativo con el fin de prohibir las actividades de espectáculos que fomenten la trata de personas.

Todo eso yo lo celebro, lo reconozco y creo que nos llama a ser todavía más puntuales, más firmes y más oportunos frente a las autoridades del Estado y las acciones que lleven a cabo.

Compañeras y compañeros, el día de hoy, mientras discutimos esto, en mi estado hay una celebración a la cual yo me sumo por la inauguración del Aeropuerto Internacional en la ciudad de Palenque.

Es un aeropuerto que va a abrir nuevas oportunidades para uno de los estados más pobres del país y, sin duda, el más abandonado por las instituciones del gobierno federal.

Nos abre a sueños, a esperanzas, pero esa es una realidad de Chiapas.

La otra realidad es esta, la trata de personas, la negación de los derechos humanos más elementales, la de la negación de un crimen que muchas veces es invisible para los ojos de quienes nos dedicamos a la política.

Nunca debemos minimizar ni ocular sin antes enfrentar con toda la fuerza de las todas instituciones y con una legislación moderna, operativa y que garantice la protección de las personas y el castigo a quienes abusan de ella como una guía moral de nuestra responsabilidad legislativa.

Y simplemente para finalizar y apelando a la tolerancia de la Mesa Directiva, quisiera como Senador, pero también como alguien que ha dedicado parte de su actividad profesional al periodismo, sumarme al duelo por el asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez.

Desde esta tribuna, mi solidaridad a los periodistas mexicanos que hoy tienen miedo, a quienes se sienten amenazados y, por supuesto, mi pésame a la familia de Gregorio, y hago propia la exigencia para una investigación pronta y sobre todo transparente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero felicitar a los miembros de esta comisión ante la realidad del país, la descomposición social y todo lo que estamos viviendo, este tema, este trabajo era ineludible, impostergable, y por eso los quiero saludar y felicitarlos.

La trata de personas es uno de los delitos que en mayor medida atenta contra los derechos humanos, pues vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y principalmente fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.

México tiene una posición geográfica particular, es considerado un país de tránsito de víctima de trata de personas y al mismo tiempo es un país de origen fundamentalmente de niñas, niños y mujeres que son trasladadas a otros territorios para ser sujetos de trata con fines de explotación sexual y laboral.

Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen mujeres, niños, personas indígenas y a los migrantes indocumentados o documentados.

Asimismo, según un grupo contra la trata de personas en México, más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual y laboral cada año, especialmente en zonas fronterizas y turísticas.

La mayoría de las víctimas de este delito en México son extranjeras provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Ellas son utilizadas para el tráfico y explotación sexual en Estados Unidos y en un grado inferior en países como Canadá y Europa Occidental.

De acuerdo con el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.

Este mismo estudio revela que México carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para describir con precisión las dimensiones y alcances del delito de trata de personas en México, debido a las cifras alarmantes de esta obligación del Estado a otorgar a las víctimas de trata de personas, los elementos suficientes y que por derecho les corresponden para garantizar su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad. De no ser así, estaríamos solapando tan inhumana práctica, ya que no podemos guardar silencio ante el dolor que acarrea la explotación de las personas.

Hoy, me parece que esta discusión cada día pudiera, en el debate social, en el trabajo legislativo podría continuar esta norma, que el día de hoy votaremos, seguramente la mayoría a favor, y puede ser perfectible para la discusión de aquellas instituciones, organizaciones que puedan seguirle aportando a este delito que tanto lastima a nuestra sociedad, la trata de personas.

Es cuanto, señor Presidente, y nuestro voto será a favor del dictamen.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Pedí el uso de la palabra porque he estado escuchando a mis compañeros oradores y me da la impresión de que todo se enfoca en el delito de trata de personas y, obviamente, vengo a decirles que mi voto será a favor, porque sí hay avances, pero me preocupa mucho que nos olvidamos de las causas.

¿Qué es lo que está originando que cada día exista más trata de personas?

Eso es lo que yo quiero exponerles hoy, la sensibilidad de que tenemos que actuar en las causas, en el fondo del asunto y no nada más en que ya se originó el delito y viene el castigo.

Yo creo que tenemos que trabajar en función de prevenir este tipo de cosas, no haciendo más castigo, más látigo, más leyes, no, las leyes a veces son letra muerta, compañeros.

Aquí el fondo del asunto son los niveles gravísimos de pobreza que está viviendo nuestro país, la falta de oportunidades, de empleo, de educación, la falta de cultura, eso es lo que está propiciando que exista cada día más trata de personas. Cuando la gente no tiene qué comer, no tiene en qué distraerse y hay necesidades para llevar el alimento a su casa, y no queda otra que vender su cuerpo; y no nada más son mujeres, son hombres, son niños. Ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga, y estar atentos y pendientes.

¿Qué pasó con las reformas que hicimos hace un año y medio de la Ley Federal del Trabajo?

¿Por qué no nos ponemos a analizar?

¿Qué resultados tenemos?

¿Ha sido positivo o ha sido negativo? Y actuar, en consecuencia, en esos términos.

Si no combatimos la pobreza, tendremos cada día más, mañana, pasado, el otro mes, el otro año, mayores cifras de “ninis”, niños que ni estudian ni trabajan, y entonces, tienen necesidades personales y por eso se venden.

Además de que hay gente con problemas también psicológicos, que ahí tendría que actuar la Secretaría de Salud. Los niños de la calle o los niños en la calle, que son términos diferentes.

Pero si estamos en una bola de cristal los legisladores y no tenemos esa sensibilidad a flor de piel de ver estos problemas, van a seguir pasando, porque ya sabemos que el poder corrompe, y que el poder se encierra en cuatro paredes, y no escucha, y no atienden a la crítica muchas veces.

Aquí mismo lo estamos viendo. Está uno hablándole a la pared, a la televisora, pero aquí los legisladores están en el cuchi cuchi. Nadie presta atención, ni nadie entiende nada, todo el mundo está en su rollo, como dicen los chavos, y no prestamos atención, por eso se legisla al vapor y sobre las rodillas.

Entonces, yo les invito a que prestemos atención a las causas y no nada más al delito, al fondo del asunto, y tenemos todo en nuestras manos para poderlo hacer.

Hay que buscar que exista empleo en este país, la lucha de la pobreza, mejorar la educación y la cultura de nuestro país, que es un país grandísimo, enorme, con 2 litorales, tierra de primera; tenemos petróleo, gas, hay que aprovechar todo eso compañeros.

Por su atención, muchas gracias, y ojalá y vuelva yo a tocar la puerta de sus conciencias para que podamos ir trabajando estos temas de fondo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Informo a la Asamblea que las Senadoras Lucero Saldaña Pérez y Mely Romero Celis, entregaron en la Mesa Directiva una propuesta de modificación al artículo 10 y una para adicionar un artículo 28 Bis al proyecto de Decreto.

Les informo también que no tenemos anuncios de reserva de artículos para discusión en lo particular.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas entregadas por la Senadoras Lucero Saldaña y Mely Romero e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a las propuestas.

“Artículo 10. …

IX. El matrimonio forzado o el embarazo forzado, en los términos de los artículos 28 y 28 Bis de la presente ley, así como la hipótesis de explotación prevista en el artículo 29”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

Doy lectura a la siguiente propuesta:

Artículo 28 Bis.- Será sancionado con prisión de 4 a 10 años y de 200 a 200 mil días multa, quien explote a una mujer con el fin de gestar una niña o niño para que, después de nacido, sea separado de su madre o se entregue a un tercero y la comisión de dicha conducta la realice mediante:

a) La amenaza;

b) El uso de la fuerza u otra forma de coacción;

c) El engaño;

d) La seducción;

e) El abuso de poder;

f) El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

g) El ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra, o

h) El consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.

En caso de que se registre a la niña o niño, el órgano jurisdiccional del conocimiento decretará la nulidad del registro y ordenará se realice una nueva inscripción.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta leída. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, pasamos a la votación, en lo general y en lo particular en un solo acto. Una vez aprobadas las propuestas, se integran al proyecto de Decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular con las modificaciones que ya fueron aceptadas.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al sistema en el registro electrónico, se emitieron 103 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informe a la asamblea que acaba de llegar un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

Informe a la asamblea que acaba de llegar un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo.





 

Hago de su conocimiento que las proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones y, las que le correspondan, a la Mesa Directiva.

PROPUESTAS

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se convoca a las organizaciones agrarias y campesinas a realizar un diálogo e intercambio de propuestas a fin de lograr un diagnóstico que permita la reforma estructural del campo mexicano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS Y CAMPESINAS A REALIZAR UN DIALOGO E INTERCAMBIO DE PROPUESTAS A FIN DE LOGRAR UN DIAGNOSTICO QUE PERMITA LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL CAMPO MEXICANO.

“La suscrita Senadora LUISA MARIA DE GUADALUPE CALDERON HINOJOSA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; somete a consideración de esta  soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE CONVOCA A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS Y CAMPESINAS A REALIZAR UN DIALOGO E INTERCAMBIO DE PROPUESTAS A FIN DE LOGRAR UN DIAGNOSTICO QUE PERMITA LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL CAMPO MEXICANO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 28 de enero se llevó a cabo en el marco del 25 aniversario, la Asamblea Nacional del  Congreso Agrario Nacional, en el mismo acto  se realizó el cambio de directiva, quedando al frente de la Coordinación General, el Ing. José Duran Vera, como secretaria técnica, la Cp. Guadalupe Martínez Cruz y el Lic. Luis Gómez Garay como secretario de actas. 

En su discurso ante la Asamblea, el Coordinador General se pronunció por defender la propiedad social de la tierra, sus recursos naturales y la permanencia de la economía campesina.

Las organizaciones que integran el Congreso Agrario Nacional son:

Alianza Campesina del Norte (ALCANO), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con campesinos y colonos (CONSUC), Central Campesina Cardenista (CCC), Unión General de Obreros y Campesinos de México “Jacinto López” (UGOCM), Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), Confederación Agrarista Mexicana (CAM), Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Unión Campesina Democrática (UCD), Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

El Congreso Agrario Nacional se constituyó en enero de 1989, con la unión de las principales organizaciones campesinas, citada en el párrafo anterior, fomentando la unidad de todas las corrientes progresistas que velan por el bienestar del sector campesino en todas las áreas.

Sin embargo a 25 años de distancia, las peticiones de los campesinos siguen siendo las mismas: tenencia de la tierra, falta de créditos, seguros agrícolas, bajos precios, ampliación de áreas de riego, detener la explotación de bosques, asesoramiento técnico, aumento de producción hasta llegar a la autosuficiencia alimentaria.

Máxime cuando se ha etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año 2014, en el anexo 10 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, la cantidad de 338,669.9 millones de pesos que de manera transversal será erogado en los distintos programas.

Es prioritario reactivar la planta productiva nacional, garantizar el precio de los granos, evitar los intermediarios y para ello, es indispensable que los campesinos sean partícipes en la construcción de una nueva política agroalimentaria.

Ante ello, esta Honorable Cámara de Senadores, tiene el deber de escuchar de viva voz las peticiones y requerimientos del sector agrario y campesino, mismos que serán analizados y discutidos para realizar las modificaciones legislativas pertinentes, que deriven en una articulación de políticas públicas y legislativas encaminadas a un verdadero rescate del campo mexicano.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

unico.- El Senado de la República hace una cordial invitación a las organizaciones agrarias y campesinas a realizar un diálogo e intercambio de propuestas a fin de lograr un diagnóstico que permita la Reforma Estructural del Campo Mexicano.

Senado de la Republica, a los seis días del mes de febrero del año dos mil catorce

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a incentivar el fortalecimiento de programas de participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer todos los programas que ayuden a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE EDUCACION PUBLICA Y A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A INCENTIVAR EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRE EN LA PRACTICA DE ALGUN DEPORTE O EJERCICIO FISICO PARA FORTALECER TODOS LOS PROGRAMAS QUE AYUDEN A CONTRARESTAR LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO EN NUESTRO PAIS.

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que en uso de sus atribuciones y facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios, incentive el fortalecimiento de programas de participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer todos los programas que ayuden a  contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en nuestro país.

CONSIDERACIONES

México es uno de los países con mayor índice de sobrepeso y obesidad en el mundo, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 71,3% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso y obesidad, al igual que la tercera parte de niños y adolescentes.

Después de Estados Unidos, México ocupa el segundo lugar con este problema entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), es decir la obesidad en estos menores es "siete veces más alto" al que causa la desnutrición en los primeros años de vida.

El problema de muchos mexicanos es la mala calidad de su nutrición ya que empezaron a cambiar paulatinamente la dieta y  comenzaron  a incorporar alimentos con alto contenido de azúcares y calorías, además con el tiempo que se promovió un estilo de vida más sedentario, con menos actividad física ya que en  México 52% de las personas no realiza ninguna actividad física al menos una vez por semana , mezclando así una predisposición genética en los mexicanos para metabolizar de manera distinta las grasas y azúcares a dado como resultado: la epidemia de sobrepeso y obesidad que ahora se vive.

El país enfrenta la paradoja de que tiene desnutrición infantil en algunas zonas rurales, y al mismo tiempo hay un índice elevado de sobrepeso entre niños que superan este problema ,por ende de cada 10 mexicanos 7 tienen problemas de obesidad, es decir 37.2 tiene sobrepeso y ocupamos el segundo a nivel mundial después de Estados Unidos Asimismo la  Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. El aumento de este mal en muchos países ha influido considerablemente en la prevalencia de 4 tipos de enfermedades: cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes

Uno de cada diez adultos sufre de diabetes, el 90% es diabetes tipo 2, dando como resultado que Trece de cada 100 muertes en el país son provocadas por esta enfermedad ocupando el tercer lugar en el mundo por muertes relacionadas con la obesidad.

Para tratar esta enfermedad el costo total asciende a 80 mil millones de pesos, el cual aumentará a 150 mil millones en 2017 si no se toman las precauciones necesarias para combatirlo.

En noviembre 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) realiza el levantamiento del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico. Este proyecto tiene la finalidad de generar información estadística, en áreas urbanas, sobre la participación de hombres y mujeres de 18 años y más de edad en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su tiempo libre, así como otras características de interés sobre estas actividades, para la formulación de políticas públicas encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos.

En dicho levantamiento, se encontró que la población mexicana de 18 años y más en áreas urbanas es inactiva físicamente en un 56.2 por ciento, de la cual el 42 por ciento son hombres y 58 por ciento mujeres. Del 43.8 por ciento de activos físicamente, los hombres representan el 54.4 por ciento y las mujeres el 45.6 por ciento ya que (66.4%), de los ciudadanos acuden a instalaciones o lugares públicos para ejercitarse mientras que la tercera parte de la población activa físicamente (31.2%) acude a instalaciones de uso restringido (instalaciones privadas, de estudio, trabajo o domicilios particulares).

En todos los grupos de edad la proporción de activos físicamente es superior en los hombres, registrándose las mayores diferencias por sexo en el grupo de 18 a 24 años, en donde los hombres superan a las mujeres con más de 20 puntos porcentuales, también se observan diferencias considerables en el grupo de 25 a 34 años y en el de 35 a 44 años, con más de 16 puntos.

En los últimos años como una tendencia general en los países desarrollados y en vías de desarrollo, se han alterado los hábitos sociales y físicos con la prevalencia de la inactividad física e impacto en la salud de la población, surgiendo las denominadas enfermedades generadas por la falta de movimiento (hipocinéticas), tales como: hipertensión, enfermedades coronarias, obesidad y trastornos musculo-esqueléticos.

Por tal motivo que con la finalidad de prevenir enfermedades vinculadas a inactividad física y procurar la adquisición de hábitos que favorezcan un estilo de vida idóneo en la población, las autoridades en materia de salud pública consideran la promoción de la actividad físico-deportiva como uno de los objetivos prioritarios. Para el mejoramiento de  la calidad de vida de la población y disminuir la  obesidad tan grave que existe en México promoviendo diferentes programas de prevención donde exista actividades físico-deportiva , alimentación saludable y visitar al médico así mismo facilitar en zonas rurales acceso al agua potable  , escuelas y espacios públicos.

Para la mejora de  calidad de vida, disminuyendo  el riesgo de enfermedades crónicas, coronarias y de muerte súbita, así como beneficios para el bienestar mental y disminución del estrés laboral.

Como Legisladores dijo, “nos hemos enfocado en regular las leyes para evitar comida chatarra, bebidas endulzantes, entre otras acciones que permitan disminuir la obesidad, y que son muy importantes para acabar con este problema; sin embargo, hemos dejado de lado impulsar la actividad física, la cual es primordial en nuestra salud”.

Es por ello, que ante esta alta Tribuna, me permito someter el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),para que en uso de sus atribuciones y facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios incentive el fortalecimiento de programas con la participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer todos los programas que ayuden a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en nuestro país.

Atentamente

México, Distrito Federal a 11 de Febrero de 2014”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información acerca del manejo y administración que se dará al préstamo que recientemente el país ha recibido por parte del Banco Mundial. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANIA ACERCA DEL MANEJO Y ADMINISTRACION QUE SE DARA AL PRESTAMO QUE RECIENTEMENTE EL PAIS HA RECIBIDO POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Existen instituciones internacionales como el Banco Mundial, el cual otorga a diversos países en vías de desarrollo, concesiones de créditos a escala mundial, con el objetivo de reducir la pobreza, beneficiar con asistencia técnica, asesoramiento en materia de políticas y otorgamiento de préstamos para proyectos específicos que contribuyan a incentivar el desarrollo de las naciones.

Los préstamos del Banco Mundial son para proyectos específicos de desarrollo, así como, brindar ayudas en la planificación de la ejecución de un proyecto, dicho organismo evalúa si el país realmente requiere el apoyo, y más aún, si el proyecto a financiar ayudará a la economía nacional y beneficiará a la población con mayores carencias.

En el caso de México, la educación representa un gran desafío, ya que no se han establecido objetivos claramente definidos y que posteriormente se cumplan o, por lo menos, pretendan ser cumplidos por los responsables de este sector, por lo que el Gobierno de México ha solicitado al Banco Mundial un préstamo tras otro, con el pretexto de lograr una mejora en la educación del país.

Los préstamos han sido de cantidades considerablemente suficientes, sin embargo, los avances en el sector educativo no han sido claros, es más no ha existido avance alguno, pese al endeudamiento público que ello genera a los mexicanos.

Además, la pseudo-política educativa que durante sexenios se ha ido aplicando, no ha dado los resultados esperados, se trata de una simple demagogia que presume de ser la más acorde, la más favorable o la mejor diseñada; empero, se ha ido dejando de lado lo que es realmente necesario: realizar un análisis y reorganización que permita lograr la transición a una educación de la calidad y así garantizar el derecho fundamental a la educación consagrado en el artículo 3° de la Constitución Federal.

Pareciera entonces que los organismos internacionales están más interesados que el propio gobierno, en que el nivel educativo de la población mexicana mejore y es por eso, que a finales del año pasado, el Banco Mundial aprobó un préstamo de desarrollo de políticas por cerca de 301 millones de dólares con el fin de apoyar al Estado para mejorar la eficiencia y calidad de la educación básica.

Incluso, el mismo organismo internacional, anteriormente realizó a México dos préstamos para el desarrollo de políticas, los cuales fueron de 700 millones de dólares en 2010 y de 300.75 millones de dólares en 2012, bajo la justificación de que dichos préstamos se enfocarían en incentivar los avances y acciones en el sector educativo.1

Uno de los objetivos a realizar con estos préstamos era el fortalecimiento del “Programa Escuelas de Calidad”. Según lo establecido por la Secretaria de Educación Pública, en las Reglas de Operación [ROPEC], “el Programa Escuelas de Calidad (PEC) es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica.busca fortalecer la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilizar a los diferentes actores sociales y educativos, promoviendo la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas…para apoyar las acciones que la comunidad educativa decida, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje.”2

La cuestión está en que dichos objetivos del PEC no se han cumplido, y los préstamos que el Banco Mundial ha estado otorgando al país a petición de anteriores y actual Administración Federal no han reflejado mejora o avance en el sector educativo mexicano, el cual, urgentemente requiere de una verdadera alineación y administración efectiva de los recursos destinados y de todo el sistema, pues de nada sirven las reformas si no existe un compromiso de dar seguimiento de las programas.

Y aunque uno de los préstamos fue otorgado al Gobierno Federal desde el 2010 para incentivar el apoyo a la educación básica, no han demostrado el mínimo interés por el PEC, el cual fue implementado desde el sexenio anterior, pues ni siquiera se ha despertado el interés de informar a la población acerca de las medidas implementadas para su seguimiento, ni mucho menos los resultados que con los préstamos por parte del Banco Mundial se han logrado.

Por lo anterior, es claro que el discurso frecuentemente pronunciando por gobernantes y representantes del país sobre la importancia de la educación, no ha pasado de ser sólo palabras huecas, pues la insuficiente cobertura y calidad que este nivel educativo tiene hasta el día de hoy, no ha constituido un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los desafíos que presenta la economía globalizada en un marco de equidad.

Es importante señalar que, además de los préstamos otorgados por el Banco Mundial, el país destina cada año una suma considerable de recursos en educación, no obstante el nivel educativo de M sigue sin reflejar un avance significativo.

Tan solo para el Programa de Escuelas de Calidad, para el ciclo escolar 2011-2012, el monto fue de $2, 008, 893,626.003.

Para el 2013, la Secretaría de Educación Pública tuvo un presupuesto de 250 mil millones de pesos, lo que representa el 1.6% del PIB y de 503 mil millones de pesos para el año 2012.  Al sector educativo del país se le destina un 20% del Presupuesto de Egresos de la Federación, y a la SEP se le destina un 59% del gasto total en educación.4

A pesar de los montos que se otorgan a la educación, por tercera vez el Banco Mundial ha prestado dinero a México con el fin de beneficiar al sector educativo del país, y la actual administración no ha informado, el destino específico que tuvieron y tendrán dichos préstamos.

Ahora bien, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México destina el 83.1% de su presupuesto para educación a los sueldos del profesorado y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto. El 78.1% del gasto en educación media superior se destina a la remuneración de los maestros y, en cambio, los porcentajes medios de la OCDE asignados a la remuneración de los maestros son de 62.0%.5

Es decir, México invierte suficientes recursos en el sector educativo, pero la mayoría de ellos no se administran adecuadamente, ignorando el desarrollo del país, es vital que se observe no sólo cuánto se gasta en educación, sino también cómo y en qué se gasta en ello.

Hay una deficiente comunicación entre los agentes escolares; las prácticas pedagógicas suelen ser rutinarias, formales y rígidas; hay escasa participación social en las tareas de planeación, aplicación y seguimiento de las actividades escolares; los excesivos requerimientos administrativos limitan a los directivos para ejercer un verdadero liderazgo académico; con lo que se puede concluir que el uso de los recursos disponibles es ineficiente y aumenta la necesidad en infraestructura y equipamiento.

La presente administración presume sin sentido una reforma educativa, manifiesta la importancia de despertar en los niños y jóvenes el interés por la ciencia, el desarrollo de las capacidades para aprender a construir su propio conocimiento; sin embargo, al mismo tiempo ignora las condiciones de infraestructura en las escuelas, los bajísimos niveles de preparación de los maestros de nivel medio superior.  El problema no solo se queda en las aulas, para que los jóvenes mexicanos logren obtener un empleo digno con posibilidades de desarrollo laboral, es cada vez más necesario cubrir el requisito de contar con una educación de nivel básico, medio y superior de calidad.

Aun así, el Ejecutivo Federal da por hecho que el pago con intereses que el organismo internacional en su momento exigirá al país, será retribuido sin problema alguno, pero no se ha informado a la población el destino de dichos recursos, no hay manera de asegurar, como tampoco se hizo en años anteriores, para qué será utilizado el préstamo.

Las políticas sobre la educación necesitan de un seguimiento que trascienda los sexenios y que defina a dónde queremos dirigir la educación en México, en tal caso, una verdadera reforma educativa debe ser capaz de corregir las fallas que sexenio tras sexenio se han ido incrementando, perjudicando a toda la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la medida de sus atribuciones, informe a esta Soberanía acerca del manejo y administración que se dará al préstamo que recientemente el país ha recibido por parte del Banco Mundial.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que rinda a esta Soberanía un informe detallado acerca del destino específico que se ha dado a los préstamos otorgados por el Banco Mundial al Gobierno de México, así como los resultados que en materia educativo éste ha dado.

TERCERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que rinda a esta Soberanía un informe detallado acerca de la asignación de recursos hacia las escuelas inscritas en el Programa Escuelas de Calidad, así como la supervisión y evaluación que se le da ha dicho programa”.


1 Redacción El Economista. BM otorga recursos para educación [en línea]. México. 2013. El Economista. [citado el 11/02/2014]. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/12/17/bm-aprueba-prestamo-301-mdd-mexico

2 Secretaría de Educación Pública, SEP, Programa Escuelas de Calidad, PEC, [en línea], México, 2014, [citado 13/12/2012], disponible en: http://basica.sep.gob.mx/pec/

3Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, Portal de Obligaciones y Transparencia, Secretaría de Educación Pública, Sector Presupuestal: Educación Pública 
SIGLAS: SEP, XI. PROGRAMAS DE SUBSIDIO, [en línea], México, 2013,[citado 13/12/2012], disponible en: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/consultarProgramaSubsidio.do?method=edit&idSubsidios=
10000051&_idDependencia=11

4 Cordero, A., Cuánto gastamos en educación, [en línea], México, Transparencia Mexicana,2013, [13/12/2013], disponible en:  http://www.tm.org.mx/cuanto-gastamos-en-educacion/

5 OCDE, PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2013, [en línea], México, NOTA PAÍS, 2013, [citado 13/12/2013], formato pdf, disponible en: http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20(ESP).pdf





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 13 de febrero a las 11:00 horas.

Que tengan buena tarde.

(Se levantó la sesión a las 15:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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