Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 22 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Febrero de 2014

SUMARIO                                              


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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Intervienen los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones; Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, David Monreal Avila, Arely Gómez González, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Fidel Demédicis Hidalgo.

- Para su discusión en lo particular intervienen al respecto los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 139 y 148 Bis que no se admiten; y Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuesta de modificación al artículo 139 que no se admite. El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya presenta propuesta de modificación a los artículos 139 y 148 Bis que no se admiten. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

















 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 82 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del martes 11 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y tres minutos del día jueves seis de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes cien ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes cuatro de febrero de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 7o., y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el Calendario Legislativo del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, modificaciones en la integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la sustitución del Diputado Raúl Macías Sandoval por el Diputado Raúl Santos Galván Villanueva, como Secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.- Quedó de enterado. Se comunicará a los Senadores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

(Iniciativas)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción LVIII y una fracción LIX al artículo 7, se adiciona una fracción V al artículo 58, se deroga el párrafo octavo, así como los incisos a y b del artículo 58 y se adiciona una fracción III y una fracción IV al artículo 85, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos jurídicos, para el fortalecimiento del sector social de la economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 418 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82; se adiciona la fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafos al artículo 20, de la Ley General de Protección Civil.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; David Monreal Ávila del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Lucero Saldaña Pérez del PRI. Fue aprobado por 105 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.- Sin discusión, fue aprobado por 102 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Intervinieron los Senadores: Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Jesús Casillas Romero del PRI; y Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN. Fue aprobado por 107 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.- Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD. Fue aprobado 100 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; y Sofío Ramírez Hernández del PRD. Fue aprobado por 96 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al artículo Sexto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el Gobierno Mexicano, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 1931.- Intervinieron las Senadoras para referirse a éste y a los siguientes cuatro dictámenes: Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Dolores Padierna Luna del PRD. Fue aprobado por 96 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el Gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 7 de junio de 2000.- Fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el Gobierno de México en el depósito de su instrumento de ratificación en junio del año 2000.- Fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento de ratificación en marzo de 1981, formulada por el Gobierno de México.- Fue aprobado por 95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formulada por el Gobierno de México al depositar su instrumento de ratificación.- Fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Proposiciones)

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República la investigación y creación de una comisión especial sobre hechos referidos por diversos medios de comunicación.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de los Senadores Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a hacer una revisión exhaustiva de las posibles violaciones a las leyes en la materia, sobre la ambigüedad de la información que dan a los usuarios y la presentada ante las propias autoridades financieras.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y del Senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar diversas acciones en relación con los precios de la gasolina y el diesel.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicación)

Se recibió de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 30 días, a partir del 6 de febrero de 2014.- Fue aprobada en votación económica.

(Excitativas)

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 6, 8, 10, 11 y Octavo Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentado el 11 de octubre de 2012.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentado el 11 de abril de 2013.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente.

(Efeméride)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméridecon motivo del Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a respetar lo aprobado por la Cámara de Diputados en lo relativo al fondo metropolitano, con el propósito de que los recursos lleguen en su totalidad a los municipios de la zona metropolitana de Monterrey para que los ejerzan en tiempo y forma.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia, todos del Distrito Federal, a instrumentar las acciones y operativos que garanticen la seguridad de los estudiantes de ciudad Universitaria y transeúntes que recorren las calles aledañas para arribar al paradero del metro Universidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una inspección periódica en las escuelas públicas del país, a fin de evitar que se soliciten “cuotas escolares voluntarias”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a localizar con vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para llevar a cabo la investigación correspondiente.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la pesca ilegal en el área natural protegida, Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito a reparar el puente ubicado en las cercanías del poblado de Taracatío en el río de Tuzantla, Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita al Director General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Pleno del Senado a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agronitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con trece minutos y citó a la siguiente el martes once de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión.”

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó diez ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones, para la presentación de los dictámenes respectivos.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica dichas resoluciones.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, con la que remite su informe de actividades durante la visita realizada en Nueva Delhi, India, del 25 al 29 de enero de 2014.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones, por lo que hace a Senadores del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, en cuanto a los Senadores del grupo parlamentario del PRI.

Pasamos al siguiente asunto.
- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que Senador Isidro Pedraza Chávez, deja de pertenecer a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se le designa como Secretario de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Este Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión dicho asunto.

No habiendo ningún orador inscrito, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, en cuanto a Senadores del grupo parlamentario del PVEM.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SECAP/300/122/14
México, D.F., 6 de febrero de 2014

 

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio No. 4.3. 108/2014, el C.P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2013, (julio-diciembre), en cumplimiento al artículo 2o, fracción IX del "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica".

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicho informe a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibieron oficios con los que remite el informe de resultados de la visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Turquía, del 15 al 19 de diciembre de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

OFICIO NO. SELAP/300/130/14
MÉXICO, D.F., 10 DE FEBRERO DE 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0182/14, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de resultados de la Visita de Estado que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lie. Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Turquía del 15 al 19 de diciembre de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase dicho informe a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por los que se reforman los artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V; y 36 fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION III AL ARTICULO 74 BIS, LA FRACCION VI AL ARTICULO 74 TER Y LA FRACCION III AL ARTICULO 79 BIS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; Y REFORMA EL ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero reconocer, en principio, a mis compañeras Ivonne Alvarez y Angélica Araujo, por acompañarnos en este esfuerzo que consideramos fundamental porque se trata de proteger lo más valioso que un ser humano puede tener, y es, precisamente, la vida misma.

Los accidentes, en general, constituyen el cuarto lugar en muertes en nuestro país; y el 60 por ciento de estos, tienen que ver con accidentes de tránsito.

La primera causa de muerte de personas en edad productiva, de jóvenes entre los 14 y 29 años, son los accidentes y principalmente los accidentes viales. Y en la gran mayoría de estos accidentes, hay presencia de alcohol y droga.

En México, se registran 400 mil accidentes de tránsito al año, además de los accidentes menores que no son registrados; 40 mil personas mueren en este país cada año a causa de los accidentes; 90 mil resultan lesionados.

Con base al Consejo Técnico Nacional de Prevención de Accidentes, se tienen pérdidas del orden de los 150 mil millones de pesos al año a causa de los accidentes, que representan el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Cabe señalar, que el 6 por ciento de los accidentes ocurren en las carreteras del país.

Por eso es muy importante que con la responsabilidad que tenemos, nos ocupemos en establecer medidas para revertir este problema que se genera a nivel nacional.

Sin duda, lo que podemos hacer nosotros va encaminado a experiencias que en este país ya han resuelto este problema, me refiero, por ejemplo, al Programa Antialcohol que en la ciudad de México se ha implementado y que según reportan las autoridades del Distrito Federal, ha habido una disminución del 70 por ciento de las muertes desde que inicia este programa conocido coloquialmente como el “Torito”.

Estamos hablando solamente de que en 2003 se reportaron 671 muertes a causa de accidentes viales relacionados con el alcohol, y para 2012, la cifra apenas llegó a 97 muertes. Es decir, una reducción del orden del 20 por ciento, lo que quiere decir que este programa sí es efectivo.

En Jalisco, en el estado de mi representación, se acaba de aprobar hace apenas algunos meses por parte del congreso del estado, reformas para establecer un programa muy interesante llamado “Salvando Vidas”. El Secretario de Movilidad del gobierno del estado de Jalisco, reporta que los accidentes han disminuido en el orden del 40 por ciento, es decir, este programa es eficiente.

Por eso lo que estamos proponiendo hoy son modificaciones a los artículos 74 Bis, 74 Ter y 79 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de sancionar y establecer estos mecanismos que permitan que los conductores y usuarios de las carreteras federales no conduzcan en estado de ebriedad.

Esta reforma tiene que ver con lo que establece actualmente este reglamento, que es completamente anacrónico. Estamos hablando que este reglamento dice que será multado con 100 pesos a quien conduzca en estado de ebriedad, sin establecer estos parámetros que científicamente se tienen contemplados como peligrosos en la conducción de un vehículo automotor.

Por eso, lo que proponemos es que se sancione con multa de 200 días de salario mínimo a quien conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad de 50 a 80 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre; o de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o bajo el influjo de alcohol o drogas.

Con arresto administrativo inconmutable de 12 a 24 horas, cuando la cantidad sea de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

De 24 a 36 horas cuando sea mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro espirado.

Se cancelará definitivamente la licencia de conducir a la persona que reincida dentro de un periodo de dos años.

Y, obviamente, cero tolerancia a aquellos conductores del transporte público y conductores del transporte de carga, a efecto de que estas sanciones, insisto, motiven a la población a evitar conducir en estado de ebriedad.

Por eso yo hago esta iniciativa y no solamente la hago, sino solicito a mis compañeros Senadores nos podamos sumar a la misma. Estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de proteger la integridad de las personas y estamos hablando de evitar pérdidas millonarias a causa de los accidentes viales.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
LXII LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA Y ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción III al artículo 74 Bis, la fracción VI al artículo 74 Ter, y la fracción III al artículo 79 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Históricamente, la humanidad se ha agrupado y organizado en comunidades que le permitan mayores posibilidades de desarrollo y supervivencia, sin embargo, para que la sociedad pueda permanecer y sus integrantes puedan interactuar en armonía y tranquilidad, se hace necesario el respetar normas que a éstos les permitan coexistir entre sí.

De manera primaria, están las relaciones plurales regladas por la tradición y que forman el orden social. Estas normas originalmente carecen de coacción externa porque están basadas en un reconocimiento de su necesidad por todos y son protegidas por la represión social mediata.

Pero cuando el orden social no puede por sí solo controlar al individuo y asegurar la convivencia humana en comunidad, entonces ha de completarse y reforzarse por el orden jurídico, su obligación coercible a través de la fuerza del estado y la acción de persuasión para el cumplimiento de lo que debiera ser.

Esto es, el mantenimiento del orden social a través de una tutela de bienes jurídicos, en el que observamos que un precepto sin sanción se convierte en una carta de buenas intenciones, ya que el poder de coerción del estado es el que definitivamente diferenciará un ordenamiento jurídico de uno social o moral, que no implica restricción institucionalizada.

Así, los tratadistas consideran que la restricción del Estado puede volverse ineficaz si no se contienen apercibimientos que vinculen al individuo a respetar las normas, puesto que las sanciones se constituyen como elementos inhibitorios de las acciones dañosas a los bienes jurídicos tutelados.

En ese orden de ideas, es socialmente aprobado como norma primaria, que quienes han ingerido bebidas embriagantes o drogas no deban de conducir vehículos de motor, pues los efectos de esas sustancias, en general, modifican la percepción, conciencia, reflejos, conducta y la capacidad de respuesta de los individuos.

Al respecto, cabe destacar que los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte, pero la causa número uno de pérdida de años saludables, al tratarse de la principal en la que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante.

A su vez, la PRIMER causa de accidentes son los de TRANSITO, con un 60% de los casos, de los cuales, en aquellos de consecuencias fatales la gran mayoría, con otro lamentable 60%, existe presencia de alcohol.

En el mundo, anualmente mueren 1.3 millones de personas por accidentes de tránsito y más de 50 millones de personas resultan lesionadas. En México se registran 400 mil accidentes de tránsito al año además de los accidentes menores que no son registrados; 40 mil personas mueren en accidentes viales y 90 mil resultan lesionadas anualmente.

Así, lamentablemente la cifra puede alcanzar el que 25 mil personas mueran anualmente en nuestro país en accidentes viales en los que existe un común denominador: el alcohol. (En esta cifra se prevé el sub registro por causas no imputables a los estadistas por cuestiones de metodología en el registro)

Hechos tan lastimosos ponen en evidencia que es indispensable multiplicar esfuerzos que prevengan contra ese riesgo y afirmen la conciencia responsable de los conductores, de modo positivo para evitar que se reiteren episodios mortales por esas causas.

Recordemos que nos encontramos en el periodo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha denominado “Decenio de la Seguridad Vial”, en la que se exhorta a los Estados miembros, a los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas y líderes comunitarios a garantizar como un objetivo, que en este decenio se produzca mejoras auténticas en materia de prevención de accidentes viales y salvaguarda de vidas que año con año son cegadas por este motivo.

En ese marco, se destacan las prácticas que han demostrado su eficacia, en las que sobresalen aquellas de carácter inhibitorio. Esto porque la represión social por sí misma no ha logrado evitar esa conducta, como tampoco lo ha sido lo suficiente el poder coercitivo del estado en los términos en que a la fecha lo señala nuestra legislación.

Es necesario lograr el poder bastante de inhibición en los individuos que acostumbran beber o drogarse y conducir vehículos de motor, quienes con ese sólo evento, generan un riesgo mortal al resto de los integrantes de la sociedad y a sí mismos.

Una de las prácticas inhibitorias que por ejemplo, han demostrado resultados en el estado de mi representación, Jalisco, consistió en hacer más estrictas las sanciones a los conductores en las circunstancia citadas, aparejadas por campañas de conciencia y operativos al respecto. Esto comenzó en el año 2010, precisamente al inicio del citado Decenio por la Seguridad Vial, en cuyo primer año de aplicación se observaron resultados inmediatos, al grado, que la finalidad de la medida en ese entonces implementada le mereció el mote popular en la sociedad jalisciense como de “Ley Salvavidas”.

A la fecha, las cifras volvieron a incrementarse de modo tal, que ahora las sanciones económicas se han convertido en arrestos administrativos, claro que a la par de campañas como la de “Si tomas alcohol no manejes, que no te agarren en curva”, implementados por el gobierno de Jalisco con aceptables resultados pese a su poco tiempo de implementación. Se estima que los operativos denominados “Salvando Vidas”, encaminados a evitar que las personas en estado de ebriedad conduzcan algún vehículo, reducen en un 40% las defunciones relacionadas con el consumo de alcohol, según datos de la Secretaría de Movilidad de ese Estado.

De esta experiencia podemos hablar con mayores datos, con la que ocurre precisamente en esta ciudad capital, con el famoso y popularmente denominado “torito”, que no es otra cosa que el arresto administrativo inconmutable al que se expone una persona por conducir un vehículo automotor bajo los influjos del alcohol. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina registra una disminución de 70% en las muertes a causa de la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad. Aunque parece que la cifra es mejor, pues se informa que mientras que en 2003 se reportaban 671 fallecimientos por esta causa, en 2012 se reportaron 97. Esto es, el 15% de la cifra del 2003.

Aun así, tan solo en la pasada época navideña, al día 22 de diciembre de 2013 se habían remitido más de 2 mil personas por dar positivo a la prueba de alcoholimetría, esto es, un promedio de 90 personas diarias.

Por ello, es indispensable dar seguimiento y reforzar las prácticas que han demostrado resultados tangibles que permitan evitar al máximo la pérdida de vidas por el absurdo de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas. Algunos estados ya lo están haciendo, por ejemplo, Jalisco y Veracruz, sin embargo, la prevención de accidentes debe ir a todos los rincones del país, de manera que en cualquier camino sea estatal o federal deba inhibirse esta conducta, por ende, que en las rutas de jurisdicción federal también contribuyamos a evitar la conducción de vehículos por personas bajo influjos de alcohol o drogas, incorporando mecanismos que han demostrado eficacia, lamentablemente a base de la persuasión, más que de la convicción.

De esa forma, la propuesta sería incorporar los mecanismos referidos a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en este caso, el arresto, que actualmente no se prevé en dicha legislación, por ende, no se encuentra en el reglamento de tránsito federal.

Así, se proponen hipótesis de infracción en base a alcoholimetrías que son producto de estudios que sugieren las cantidades de alcohol en sangre o aire espirado bajo las cuales las personas constituyen un riesgo para la conducción de vehículos de motor.

Por citar, las instancias de salud y prevención de accidentes en nuestro país, encuentran su principal coincidencia en las cifras y efectos siguientes:

• Una concentración de alcohol en sangre de 20 a 30 miligramos por 100 mililitros de sangre; provoca desinhibición en el estado de ánimo, aunque sin efectos evidentes.

• Entre 50 y 60 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre; los efectos pueden producir sensación de relajación y calor, disminución de tiempo de reacción y disminución de coordinación fina. Nos encontramos ante un primer grado de ebriedad.

• Con una concentración de alcohol de entre 80 y 90 miligramos; la consecuencia deriva en alteración ligera del equilibrio, habla, visión y oído; sensación de euforia y pérdida de la coordinación motora fina.

• Entre 100 y 120 miligramos; los efectos ocasionan que la coordinación y el equilibrio se dificulten, que se altere el juicio crítico y la toma inadecuada de decisiones. Aquí, podemos ubicarnos en un segundo grado de ebriedad.

• De 140 a 150 miligramos; con efectos como la alteración del control físico y mental; habla y visión difícil.

• Cuando la concentración de alcohol llega a los 200 miligramos, causa la pérdida completa del control motor, se requiere ayuda para moverse y hay confusión mental.

• Continuar ingiriendo bebidas alcohólicas después de la concentración referida, puede ocasionar un grado de inconciencia, incluso, la muerte por depresión respiratoria.

Por lo que respecta a los efectos operativos, cabe destacar que no representarían mayor previsión por las instancias federales, puesto que actualmente el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, prevé alcoholimetrías en sangre y aire espirado.

Para facilidad de la medida legislativa propuesta, se prevé la suscripción de convenios con las autoridades locales. Además, respecto de la providencia del retiro del vehículo de la circulación, tampoco representa mayor prevención puesto que la figura ya existe en la legislación de mérito.

Finalmente, se propone una adecuación al artículo 171 del Código Penal Federal a efecto de evitar duplicidad de supuestos, pero sí conservar como tipo penal el manejar bajo influjos del alcohol o drogas, aunque para los casos más graves de intoxicación y en los que a su vez se haya incurrido en alguna otra infracción, atentos a que la hipótesis que nos ocupa y materia de arresto administrativo, se actualiza por la sola conducción en los referidos estados inconvenientes.

Propuesta legislativa que se realiza, no con ánimo inquisitivo, sino con toda la intención de prevenir accidentes y sus lamentables consecuencias.

Según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco (CEPAJ), los accidentes son prevenibles en un 90%, esto con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos; y un riesgo grave es conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, por ello, imprescindible que se evite al máximo posible.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA LA FRACCION III AL ARTICULO 74 BIS, LA FRACCION VI AL ARTICULO 74 TER, Y LA FRACCION III AL ARTICULO 79 BIS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, Y REFORMA EL ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción III al artículo 74 Bis, recorriendo la actual en su orden; la fracción VI al artículo 74 Ter, y la fracción III al artículo 79 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientos días de salario mínimo;

II. (….)

(….);

III.- Por conducir vehículos en caminos y puentes federales bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma:

a). Con multa equivalente de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas;

b). Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado;

c). Con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado;

d). Se cancelará definitivamente la licencia de conducir de la persona que, habiendo incurrido en una de las conductas sancionadas conforme a los dos incisos inmediatamente precedentes, incurra nuevamente en una de dichas conductas, dentro de un período de dos años contados a partir de la fecha en que haya incurrido en una de dichas conductas por primera vez; sin menoscabo de lo dispuesto en el reglamento respectivo conforme al artículo 36 de la presente Ley;

Los conductores de vehículos destinados al servicio público se le detecte una cantidad superior a 0.0 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.0 a 0.0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, además de la multa a que se refiere el inciso a), con arresto en términos del inicio c) que anteceden;

En estos casos, inmediatamente se practicará al conductor la prueba de alcoholemia o de aire espirado en alcoholímetro, en términos de lo dispuesto por el reglamento respectivo. Cuando éste se niegue a otorgar muestra de aire espirado se aplicará arresto administrativo inconmutable de doce a treinta y seis horas. La calificación de la sanción con arresto administrativo estará sujeta a las reglas establecidas en las disposiciones reglamentarias de la presente ley; y

IV.Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo.

(….)

(….)

(….)

Artículo 74 Ter. (….)

I. a la III. (….)

IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven; ___

V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes; y

VI. Cuando se imponga como sanción el arresto administrativo.

Artículo 79 Bis. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, se estará a lo siguiente:

I. Las infracciones y las sanciones que se impongan, se harán constar en las boletas correspondientes, ___

II. El pago de las sanciones impuestas, deberá realizarse por los infractores en las instituciones bancarias u oficinas designadas, o bien a través de cualquiera de los medios establecidos para tal efecto; y

III.- Para efectos del arresto administrativo, dicha sanción se cumplirá en términos del reglamento respectivo, para lo cual se podrá celebrar convenio con las autoridades locales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción II del artículo 171 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 171.- Se impondrán prisión de seis meses a dos años, multa hasta de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador:

I.- (…).

II.- Al que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 150 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o bajo el influjo de drogas enervantes, y cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá actualizar las normas reglamentarias en un plazo de 90 días al de la vigencia del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones a los 11 días del mes de febrero del 2014.

SUSCRIBEN

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica Del Rosario Araujo Lara”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Para que por su conducto poder preguntarle al Senador proponente si me permite sumarme a esta iniciativa, pese a que difiero del caso que expone de Jalisco, me parece que es importante la causa que hoy también está abanderando.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete, ¿para el mismo asunto?

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño)Sólo para integrarme.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente las Senadoras Lisbeth Hernández, Margarita Flores y Martha Palafox. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21, recorriéndose a V la actual fracción IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 21, RECORRIENDOSE A V LA ACTUAL FRACCION IV DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Solicito también sean suscritos a esta iniciativa las Senadoras Adriana Dávila, Luisa María Calderón y el Senador Fernando Torres Graciano, que me dieron la construcción del mismo.

El desarrollo social es una labor fundamental para el crecimiento de nuestro país. Es por ello que como legislador, me he preocupado junto con algunos de mis compañeros de bancada, por impulsar medidas que ayuden a los beneficios de los programas sociales, para que sean respetados sus derechos fundamentales, como lo es la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución, todo esto para que antes de ser dados de baja del Programa Oportunidades, puedan presentar los argumentos correspondientes que les permitan seguir recibiendo este beneficio. De hecho este fue un tema que presentamos y abarcamos y solucionamos el año pasado.

Y es por ello que el día de hoy, con mucho gusto, podemos apreciar que este derecho ya se encuentra en el numeral 3.6.4 de las reglas de operación de este programa y los beneficiarios han sido escuchados y en muchos casos, esto les ha permitido permanecer en el Programa Oportunidades.

Sin duda, este es un paso que teníamos que dar para perfeccionar este programa que mucho ha ayudado a familias mexicanas a salir adelante.

En este mismo sentido, hoy presento esta iniciativa junto con mis compañeros, que tiene el objetivo de implementar un programa que apoya a las familias que además de vivir bajo las condiciones adversas de pobreza, enfrentan la problemática de tener un familiar en casa que sufra algún tipo de discapacidad, lo cual implica aún más el bienestar no sólo de la persona discapacitada, sino también de toda su familia.

El Banco Mundial asegura que una de cada cinco personas que viven con menos de un dólar al día, sufre algún tipo de discapacidad; dato que realmente es lamentable, porque debemos considerar la imposibilidad productiva en que se encuentran muchas de estas personas y los gastos adicionales que su condición causa a su entorno familiar.

Según datos del INEGI, en México existen poco más de 5 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo que significa que aproximadamente el 5 por ciento de la población mexicana se encuentra actualmente en esta condición.

De estos 5 millones, el 39 por ciento sufre discapacidad porque padeció alguna enfermedad, 23 por ciento afectados por edad avanzada, 16 por ciento la adquirieron por herencia genética, ya sea durante el embarazo o al momento de nacer, 15 por ciento quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente y el 8 por ciento debido a diversas causas.

La Organización Mundial de la Salud asegura que existe un círculo vicioso que consiste en que las malas condiciones de vida, provocadas por precariedad laboral, son a menudo fuente de enfermedades que mal atendidas podrían conducir a algún tipo de discapacidad.

De hecho, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en el 2006, se pueden identificar cuatro tipos de discapacidad básica: la física, la intelectual, la psíquica y la sensorial.

Ahora bien, de todo esto, algo que realmente es grave es que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país no reciben ingresos, y casi el 20 por ciento gana menos de un salario mínimo, mientras que el 83 por ciento restante de las personas que tienen una discapacidad mental y de lenguaje, no recibe ni un solo peso.

Asimismo, el 63 por ciento de los mexicanos con discapacidad se encuentra entre los hogares más pobres del país, lo cual demuestra el alto nivel de vulnerabilidad y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir así los índices de pobreza en nuestro país.

Ahora bien, se han logrado avances en esta materia, hay que reconocerlo, de hecho el día de hoy contamos ya con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el mismo CONAPRED, con el COMADIS y, desde el 2011, con el Sistema Nacional de Información para Personas con Discapacidad. Sin embargo, nada de esto es suficiente, pues es necesario apoyar de manera directa a las familias de escasos recursos que viven todos los días las dificultades adicionales de tener un ser querido en estas condiciones.

Hasta ahora en nuestro país no sólo se ha implementado a nivel federal algún programa que contemple esta problemática y que apoye a las personas con discapacidad y a sus familiares, quienes en la gran mayoría de los casos son quienes requieren del apoyo, pues han llegado incluso a abandonar su vida laboral, profesional y social para atender de tiempo completo a su familiar que se encuentra con algún tipo de discapacidad.

Ofrecer un apoyo económico a estas familias de manera periódica contribuirá de manera importante a mejorar sus condiciones de vida, del mismo modo que se avanzaría en el nivel de cumplimiento de los derechos que garantizan nuestra Constitución y nuestro marco jurídico secundario.

De esto existe también evidencia internacional. Hay diversos países que han implementado programas similares como es el caso de España, Uruguay, Argentina y Colombia, que contemplan programas con el apoyo económico permanente a personas con discapacidad, así como ciertas asistencias en materia de salud y educación.

Lo que esta iniciativa propone, amigas y amigos, es que la Secretaría de Desarrollo Social otorgue mensualmente un apoyo económico a aquellas familias que tengan entre sus miembros a una persona con cualquier tipo de discapacidad y que se encuentren en condiciones de pobreza. Esto podría lograrse bajo el esquema que, hasta ahora vigente de elegibilidad y permanencia, establece el Programa Oportunidades, con lo cual se lograría brindar una mejora significativa en la vida de estas familias, que sumado a otras acciones complementarias, abonará a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de estas personas, disminuyendo y evitando su discriminación y exclusión social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de Decreto:

UNICO.- Se adiciona una fracción IV y se recorre la actual IV a V del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda adecuados a la mejora contínua de sus condiciones de vida sin discriminación por problemas de discapacidad.

Para estos efectos, también se realizarán las siguientes acciones a la fracción IV, como comentaba, la cual dependerá el otorgar un apoyo económico mensual a los familiares o personas que se encarguen de los cuidados o, en su caso, de la manutención de las personas que sufren con cualquier tipo de discapacidad.

Estamos solamente adicionando un par de artículos transitorios, en los cuales proponemos hacer un censo para los mismos efectos y poder fortalecer aún más toda la argumentación de este nuevo programa.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción IV al artIculo 21, recorriéndose a V la actual Fracción IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con base en la siguiente,

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo primero de nuestra Constitución garantiza a todos los mexicanos el goce pleno de los Derechos Humanos contenidos en la misma, y en ese sentido prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación que esté motivada por causas relacionadas con la salud y la discapacidad, entre otras. Del mismo modo, existen instrumentos legales internacionales aplicables a México que salvaguardan estos derechos a todos los mexicanos y en particular a aquellos que sufren algún tipo de discapacidad.

Entre esos instrumentos legales que han sido suscritos porMéxico y los cuales el Estado Mexicano está obligado a atender, se encuentran los siguientes: La Carta Universal de los Derechos Humanos; la Carta Interamericana de los Derechos Humanos; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Derivado de lo anterior, nuestro marco jurídico ha sido adecuado a estas expresiones jurídicas, buscando articular y especificar las condiciones legales bajo las cuales habrá de cumplirse este mandato.

Un ejemplo de ello es la publicación en mayo de 2011 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece los medios a través de los cuales el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de las personas que viven en esta condición, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Dicho ordenamiento, junto con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, sonreferentes jurídicos fundamentales en nuestro paíspara la defensa y protección de los derechos humanos de las personascon discapacidad, y también para el establecimiento de políticas y medidas que favorecen la inclusión social de estas personas, pues les conceden derechos, que les permiten recibir una atención especial en diversas materias como la salud, la asistencia social y el fomento al desarrollo de cualidades artísticas o laborales dentro de la sociedad.

Sin embargo, el factor principal de esta problemática, y que hasta ahora no ha sido contemplado por la legislación y las políticas sociales dirigidas a este grupo poblacional, son los gastos permanentes que se generan alrededor de una vida de estas características, que a todas luces se encarece debido a las necesidades que se generan adicionalmente a la alimentación y manutención de una persona con una problemática de esta índole, las cuales consisten en pagar terapias, trasporte (en algunos casos especializado), comprar medicamentos, adquirir aparatos ortopédicos o auditivos, etcétera; y a la limitación laboral y productiva de las personas que sufren esta problemática, lo cual provoca que sean sus familias quienes asuman este costo, mismo que en repetidas ocasiones no pueden cubrir por falta de recursos.

Lo anterior resulta preocupante si se considera que muchas de las personas que sufren limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales viven en condiciones de pobreza y que incluso, su incapacidad se debe a esa condición de pobreza porque no pudieron prevenir enfermedades por no tener acceso a los servicios de salud, o porque sus condiciones de vida y trabajo son riesgosas y/o insalubres.

Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud, realizada por la Organización Mundial de la Salud, asegura que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados, toda vez que ésta es más frecuente entre las personas que se ubican en el quintil más pobre de la población. Asimismo, la encuesta revela que las mujeres y los ancianos, también presentan una mayor prevalencia al igual que las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica.1

Acorde con lo anterior, el Banco Mundial asegura que una de cada cinco personas que viven con menos de un dólar al día, es decir aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea mínima de bienestar, sufre algún tipo de discapacidad, debido principalmente a dos causas.

La primera de ellas consiste en que las labores o condiciones de vida bajo las que viven estas personas se dan en muchos casos de manera insegura y sin ningún tipo de garantías, lo cual pone en riesgo su vida y en consecuencia su integridad. La segunda causa está relacionada a enfermedades que no son debidamente atendidas por carecer de acceso a la salud o en su caso, a los medicamentos necesarios para sanar enfermedades que de no ser atendidas provocan algún tipo de discapacidad. De tal suerte que puede observarse un círculo vicioso que consiste en que las malas condiciones de vida, provocadas por la precariedad laboral son a menudo fuente de enfermedades que, mal tratadas, conducen a una discapacidad.2

La Organización Mundial de la Salud, reconoce los siguientes tipos de discapacidad:

• La Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones.

• Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral.

• Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales.

• Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.

Según datos del último censo de Población y Vivienda elaborado por el INEGI, en nuestro país existen 5 millones 739 mil 270 personas con al algún tipo de discapacidad, lo que significa alrededor del 5% de la población total de México. De este número de personas, el 39% la tiene porque sufrió alguna enfermedad; 23% están afectados por edad avanzada; 16% la adquirieron por herencia genética, ya sea durante el embarazo o al momento de nacer; 15% quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente, y; el 8% a otras causas diferentes a las anteriores.3

En México, más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20% gana menos de un salario mínimo. La situaciónes más apremiante entre las personas de discapacidad mental y las de discapacidad del lenguaje, pues del primer grupo, el 83% no recibe ingresos y en el segundo, tampoco recibe ingresos el 76.4%. De tal suerte que el 63% de las personas con discapacidad se encuentra entre los hogares más pobres del país, lo que demuestra su vulnerabilidad y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los índices de pobreza.4

Hasta ahora en nuestro país no se ha implementado a nivel federal algún programa que contemple la problemática que aquí se ha descrito y en consecuencia se apoye a las personas con discapacidad y/o sus familias, quienes en la gran mayoría de los casos son quienes requieren del apoyo en tanto que llegan incluso a abandonar su vida laboral, profesional y social, para atender de tiempo completo a algún familiar que sufre discapacidad.

Sin duda, ofrecer a este sector poblacional un apoyo económico de manera periódica, en mucho contribuirá a la economía familiar de estas personas, así como a mejorar las condiciones de vida de estas, con lo cual se avanzaría en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, contemplado en el artículo primero de nuestra Constitución y en los marcos jurídicos que de esta disposición derivan, a fin de erradicar la discriminación y la marginación de nuestro país.

En diversos países del mundo existen este tipo de asistencias por parte delos gobiernos. En España, existe el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y los apoyos que ofrece consisten en diversas prestaciones como son económicas, atención médica residencial, teleasistencia, ayuda a domicilio en labores domésticas y de trasporte, entre otras. De igual modo ocurre en Uruguay, Argentina y Colombia que contemplan programas de apoyo económico permanente a las personas con discapacidades, así como ciertas asistencias en materia de salud y educación.

En México contamos con el marco jurídico que nos permite e incluso nos exige, atender de manera prioritaria a este sector poblacional, tenemos la infraestructura de un programa como oportunidades que distribuye apoyos de esta índole a familias que se encuentran en condiciones de pobreza. De tal manera que agregar a esa estructura que se encuentra actualmente en funcionamiento, un programa que apoye específicamente a las personas o familias de las que se hablado en esta exposición de motivos, es del todo viable y necesaria para apoyar a esos mexicanos que requieren que los apoyemos y los ayudemos a salir adelante.

Lo que propone esta iniciativa, es precisar que la SEDESOL otorgue mensualmente un apoyo económico a aquellas familias que tengan entre sus miembros a una persona con cualquier tipo de discapacidad y que se encuentren en condiciones de pobreza. Esto bajo el esquema hasta ahora vigente de elegibilidad y permanencia que establece el Programa Oportunidades, sin duda la implementación de esta medida brindará una ayuda significativa a estas familias lo cual, sumado a otras acciones complementarias abonarán a garantizar el respeto de los DerechosFundamentales de estas personas, evitando su discriminación y exclusión social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona una fracción IV y se recorre la actual IV a V del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad.

Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

  • a III…

IV.- Otorgar un apoyo económico mensual a los familiares o personas que se encarguen de los cuidados o en su caso, de la manutención de las personas que sufren de cualquier tipo de discapacidad;

V.- Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaria de Salud llevará a cabo un censo sobre el número de personas en nuestro país que sufren algún tipo de discapacidad, así como su ubicación y condición socioeconómica, mismo que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a un año después de la publicación del presente Decreto.

Tercero.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, delinearán los procedimientos necesarios para el funcionamiento presupuestal y técnico del presente Decreto”.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 11 días del mes de febrero de 2014.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Elena García Gómez.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Sí, pedirle al Senador Lavalle Maury si me permite adherirme a su inciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Jorge Luis Lavalle Maury, ¿acepta la inclusión de la compañera Senadora a su iniciativa?

Pido a la Secretaría tome nota de ello, igualmente los Senadores Carlos Mendoza Davis, Francisco Salvador López Brito y Fernando Herrera Avila. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Aguas Nacionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 41 BIS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El derecho al acceso al agua, como todos lo sabemos aquí, ha sido considerado desde el siglo pasado como un elemento fundamental para garantizar la subsistencia y mantener la salud física y mental de todo ser humano.

En este sentido, también hay que decirlo, los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bien conocido como Protocolo de San Salvador, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para él y su familia, así como el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental. Asimismo, se reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano y contar con servicios públicos básicos que le aseguren la posibilidad de gozar del más alto nivel de su desarrollo físico.

Con la reforma al artículo 4o. de nuestra Constitución, por virtud de la cual, como ustedes recordarán, se adicionaron los párrafos quinto y sexto del referido precepto, recorriéndose en orden los párrafos subsecuentes, se estableció que toda persona tiene el derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como también el acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente, aceptable y asequible.

Y es precisamente con relación al derecho al agua que se indicó, además, que en la ley se definirían las bases, apoyos y modalidades para el acceso y el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de los citados fines.

No obstante, hay que decirlo, no todas las personas tienen acceso al vital líquido, por ejemplo, y eso he venido a plantearles, hay lo que nosotros denominamos una discriminación, toda vez que en las comunidades indígenas los campesinos son objetos de ella, toda vez que son sus territorios los que constantemente son objeto de veda de los mantos acuíferos, es decir, se establecen zonas de veda en las que exista una administración de las obras que tendiesen a la extracción de agua del subsuelo y a la constante vigilancia para que no excedan la capacidad explotable de los acuíferos y así evitar y prevenir perjuicios y procurar la conservación de los acuíferos en condiciones de explotación racional.

Sin embargo, los campesinos han demostrado durante años su preocupación por el deterioro de los mantos acuíferos, porque son precisamente ellos quienes, de manera organizada, realizan acciones instrumentadas para no perder tan vital líquido.

Ejemplo de lo anterior representan las comunidades indígenas y campesinas de los valles centrales de Oaxaca, especialmente de aquellos que habitan la zona de Zimatlán y Ocotlán, quienes han asumido el compromiso, compañeras y compañeros, de seguir construyendo obras de recarga de agua a los mantos del subsuelo.

Con esta iniciativa que hoy presentamos, suponemos nosotros un trato de excepción a los campesinos que realicen obras y actividades que contribuyan en forma constante en la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las cuencas hidrológicas.

Y por cierto, vale la pena informar a este Pleno, que mis paisanos de Ocotlán y Zimatlán, han ganado un amparo para que la CONAGUA realice una consulta ciudadana a la comunidad afectada por un Decreto de veda que les ha impedido el uso del vital líquido a pesar del cuidado que han demostrado respecto de la recuperación de los mantos acuíferos. Para ellos también aplica, ahora por mandato judicial, esta iniciativa que ciudadanos y fuerzas de izquierda estamos promoviendo, me refiero, claro, a la idea de que me pregunten, es decir, la exigencia de que haya una consulta popular, el mejor ejemplo que hoy pongo a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, es lo que está sucediendo en esta parte de Oaxaca y de ahí nuestra iniciativa para adicionar un artículo a esta ley.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho al acceso al agua de manera suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico ha sido considerado desde el siglo pasado en diversos instrumentos internacionales como un elemento fundamental para todos los individuos al ser incuestionable su necesidad para garantizar la subsistencia y mantener la salud física y mental de todo ser humano.

En este sentido, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para él y para su familia, así como el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, que incluye desde luego, el derecho de toda persona al acceso al agua en condiciones tales que permitan hacer factible su consumo.

Por otra parte, los artículos 11 y 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”2, disponen que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos, así como a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico. En el mismo documento se reconoce que el acceso al agua es indispensable para garantizar el cumplimiento de dichas condiciones de vida.

Dichos tratados internacionales, suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República conlleva la observancia obligatoria para el Estado Mexicano de todos sus preceptos.

Aunado a lo anterior, la reforma constitucional en materia de derechos humanos,en particular las modificaciones realizadas al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta obligatorio interpretar las normas relativas a los derechos humanos otorgando una protección más amplia a las personas, teniendo las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad.

Asimismo, la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la que se adicionaron los párrafos quinto y sexto del referido precepto, recorriéndose en orden los párrafos subsecuentes, se estableció que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, por lo que se señaló de forma expresa que el Estado tendría la obligación de garantizar estos derechos.

Con relación al derecho al agua, se indicó además, que en la ley se definirían las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de los citados fines.

No obstante, no todas las personas tienen este acceso al vital líquido, las comunidades indígenas y los campesinos son objeto de esta discriminación, toda vez que son sus territorios los que constantemente son objeto de Veda de los mantos acuíferos, es decir, se establecen zonas de veda en las que exista una administración de las obras que tendieran a la extracción del agua del subsuelo, y a la constante vigilancia para que no sobreexcedan la capacidad explotable de los acuíferos y así evitar y prevenir perjuicios y procurar la conservación de los acuíferos en condiciones de explotación racional.

Sin embargo, los campesinos han demostrado durante años su preocupación por el deterioro de los mantos acuíferos, por que precisamente son ellos quienes de manera organizada realizanacciones instrumentadas para no perder tan vital líquido.

Ejemplo de lo anterior representan las comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, especialmente de aquellos que habitan la zona de Zimatlán – Ocotlán, quienes han asumido el compromiso de seguir construyendo obras de recarga de agua a los mantos del subsuelo.

Es por esta situación que proponemos la adición de un artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales en los siguientes términos:

Artículo 41 bis. Todo aquel que a partir de la publicación del decreto de veda de que se trate, realice o haya realizado obras hidráulicas para la recarga de los mantos acuíferos, quedará exento de la aplicación de dicho decreto, previa verificación de las obras que realice la Autoridad del Agua.”

Con esta propuesta suponemos un trato de excepción a los campesinos que realicen obras y actividades que contribuyan en forma constante en la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las cuencas hidrológicas.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

ARTICULO UNICO. Se adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. Todo aquel que a partir de la publicación del decreto de veda de que se trate, realice o haya realizado obras hidráulicas para la recarga de los mantos acuíferos, quedará exento de la aplicación de dicho decreto, previa verificación de las obras que realice la Autoridad del Agua.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce.

Atentamente,

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres:Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia del señor Elder Dallin Harris, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, quien fue rector de la Universidad Brigham Young y Juez del Tribunal Supremo de Utah, invitado por el Senador Javier Corral Jurado y otros compañeros Senadores.

Igualmente saludamos al ex senador Jeffrey Max Jones

Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

1 Aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, entrando en vigor en los Estados Unidos Mexicanos el 23 de junio de 1981.

2 Aprobado por el Senado de la República el 12 de diciembre de 1995, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1998, entrando en vigor en los Estados Unidos Mexicanos el 16 de noviembre de 1999.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la C. Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Suscribimos la presente iniciativa las Senadoras Ivonne Alvarez, Angélica Araujo, Diva Hadamira Gastélum, Arely Gómez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis.

La progresiva incorporación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo humano, ha sido el resultado de una lucha incontable.

A 60 años de reconocer la igualdad jurídica de las mujeres a votar y ser electas a ocupar cargos públicos de representación popular, ha permitido que México transite hacia un gobierno más democrático y equitativo.

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido un camino largo, en el que, no obstante los logros alcanzados, aún se puede observar su posición de desventaja en términos de salarios, acceso al empleo, seguridad social, mecanismos de protección laboral y oportunidades para ascender en todos los niveles, tanto en el ámbito público como en el privado.

Desde hace un poco más de tres décadas, los movimientos de mujeres a nivel internacional y nacional, han señalado de manera insistente la necesidad de que los Estados reconozcan que la violencia contra la mujer no es un problema de índole personal o privado, sino un problema social tal y como lo refiere la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo a la investigación, “El ascenso de las mujeres según ellas mismas”, elaborado por la firma FLACSO, revela que en América Latina, si bien en los últimos 10 años la participación de las mujeres en el mercado laboral pasó de un 32 a un 53 por ciento, es frecuente que las mujeres comiencen sus carreras con sueldos más bajos que sus compañeros varones y deben ser el doble de labores para recibir el mismo reconocimiento.

En la actualidad hay millones de mujeres trabajadoras y existe una tendencia al aumento de número de mujeres en puestos de decisión. Sin embargo, la mayoría de ellas no son conscientes de lo determinante que resultan las pautas culturales patriarcales para el ejercicio de sus profesiones, incluso han aprendido a convivir con ellas y adaptaron sus estilos de gestión para sobrevivir en la competencia.

Por otro lado, en México la situación del incremento no es diferente, ya que de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de participación femenina en el mercado laboral alcanza hoy en día cerca del 45 por ciento, y más de la cuarta parte de los hogares mexicanos cuenta con una mujer a la cabeza.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática, el 26.6 por ciento de las mujeres asalariadas, equivalente a 6.1 millones, han enfrentado alguna vez actos de discriminación laboral, tales como: la negativa al acceso a permanencia al trabajo asalariado por cuestiones relacionadas con la edad, el estado civil o la maternidad; reducción de salario; menor salario prestaciones u oportunidades para ascender, que aquellas que tuvieron los hombres en sus centros de trabajo, situación que se agrava en la mayoría de los casos con la solicitud de certificados médicos de no embarazo.

En ese sentido y cumpliendo a dichos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano ha ratificado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en el año de 1980, la cual prevé en su artículo 11 que los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la mujer condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos. Asimismo, dicha convención obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas adecuadas a fin de impedir la discriminación contra la mujer por cuestiones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

En esta democracia, el Estado debe garantizar la igualdad de todos los derechos de las personas, pues la discriminación niega a las mismas la oportunidad de mejorar sus vidas, cambiar sus perspectivas y aportar su contribución a sus comunidades y país.

De ahí que el objeto de la presente iniciativa es prever como constitutivas de violencia laboral contra la mujer, la negativa ilegal de respetar sus oportunidades de ascenso, así como el de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo, a fin de erradicar por completo la práctica de conductas de segregación laboral establecidos culturalmente en función de género y no de las capacidades de cada persona, la cual permitirá garantizar a la mujer el ejercicio efectivo de un sistema escalafónico.

Es por ello que la búsqueda de equidad y justicia para las mujeres es una labor que debe continuar y reforzarse, a fin de contar con los instrumentos jurídicos que permitan la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a la Soberanía reformar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 11.- Constituye violencia laboral: La negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia, sus oportunidades de ascenso o sus condiciones generales de trabajo; el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, al intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Elena García.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño)Pedirle a la Senadora Margarita Flores si me deja que me suscriba a lo que trata su tema.

Gracias.

- El C. Senador Aispuro Torres: Senadora, ¿acepta? Pido a la Secretaría tome nota de ello. Igualmente a los Senadores Enrique Burgos García, Hilda Flores Escalera, Armando Neyra Chávez, Eviel Pérez Magaña y Oscar Román Rosas González.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con su permiso, señor Presidente.

Desde el año pasado, comencé un esfuerzo aquí en el Senado en contra de la pornografía de niñas, niños y adolescentes. Eso me llevó a buscar el origen del avance desmedido que ha tenido este delito en los últimos años; y encontré que se debía mucho a que se aprovechan del gran desarrollo que ha tenido la tecnología, dándole un uso perverso. Pero de igual manera entendí que las tecnologías de la información y comunicación son una pieza fundamental para el crecimiento de los individuos y de las naciones en nuestros días, es un fenómeno que ya no tiene vuelta atrás y que más que adaptarnos, debemos usarlo en nuestro favor.

La iniciativa que presento el día de hoy tiene como objeto prevenir los riesgos de las tecnologías de la información y potenciar su buen uso como medio para elevar el nivel académico, personal, profesional y cívico de los educandos. Las tecnologías de la información han permeado en todos los sectores de la sociedad, llegando a crear diferencias marcadas en que los tienen y los que no los tienen, y a esto se llama brecha digital y tiene como una consecuencia importante el analfabetismo digital.

Un analfabeta digital es un individuo que desarrolla sus actividades personales, educativas y profesionales sin vincularse con las tecnologías o medios digitales, limitando sus acciones y recursos tradicionales, principalmente relacionándose con la lectura y la escritura.

El INEGI señala que el 20 por ciento de las familias mexicanas son analfabetas digitales, la encuesta indica que en muchos casos en los hogares no tienen una computadora, no porque no cuenten con los recursos para adquirirla, sino porque desconocen su funcionamiento y utilidad. Esta idea puede ser revertida si se implementa en los programas educativos una formación sobre la pertinencia del uso de las herramientas digitales, no estoy hablando de un plus en la educación, me refiero a que el acceso y el buen uso de la red es una primera necesidad para cualquier individuo que quiera insertarse en el mundo laboral de hoy y de mañana.

No hay profesión en nuestros días que sea ajena al uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero esta propuesta reconoce que las niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables a las herramientas digitales, ya que corren el riesgo de acceder a contenidos inapropiados y contactar con desconocidos a través del Internet y de las redes sociales. Es por eso que los docentes y padres de familia deben de seguir las pautas y vigilarlos para que orienten su buen uso.

A mí me interesa hacer hincapié en que los valores morales y éticos en cualquier esfera de nuestra vida son la pieza medular para el mejoramiento del individuo, sin ellos no podemos reconocer lo que es correcto y aplicarlo.

Lo correcto, en el caso del uso de las tecnologías de la información y comunicación, es que el sistema educativo infunda su conocimiento en los educandos para hacerles saber que su uso puede potenciar su desempeño académico, su vida familiar y su formación como profesional.

Deben de saber los alumnos que la alfabetización digital es imprescindible para lograr sus metas, todo esto se debe lograr orientándoles sobre los riesgos añadidos en la red, que conozcan y sepan diferenciar entre lo que les puede hacer daño a su vida y lo que les puede hacer un bien.

El avance es abrumador, pero a la vez imperceptible. En México ya somos 59.2 millones de usuarios del Internet, según el estudio 2013 de Hábitos y Percepciones de los Mexicanos sobre el Internet, presentado por el World Internet Project.

Hoy las redes sociales se han convertido en foros de discusión donde la gente opina y debate, es un mecanismo democratizador y de transparencia, pero también puede convertirse en un instrumento para el engaño y la vileza. Seamos honestos, en el mundo en que vivimos los niños hiperconectados poseen influencia en las tendencias de consumo, pasan desde 3 a 6 horas o más viendo las pantallas o en los instrumentos, el riesgo de que su falta de orientación los haga desperdiciar su tiempo cuando lo preferible sería que los padres de familia y el sistema educativo los formara para que estén en posibilidades de dar un uso óptimo a las herramientas que tienen hoy a su alcance.

La Estrategia Digital Nacional que presentó hace un par de meses el Ejecutivo Federal, contempla entre sus principios la educación de calidad y una inclusión de habilidades digitales.

Resolver el analfabetismo digital requiere de un cambio en los programas educativos de nuestro país y no se resuelve con la simple instalación de computadoras en las escuelas.

Es por eso que esta iniciativa tiene como objeto reforzar la formación de los jóvenes, a razón de la analfabetización, no sólo en el saber leer y escribir, ahora es necesario infundir el conocimiento y el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación para crear individuos que puedan tener un desarrollo integral y productivo en la edad madura.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

XVII. Infundir el conocimiento y el uso responsable de las tecnologías digitales, como medio para mejorar el desarrollo personal, familiar, profesional, cívico y el mejoramiento de la productividad de la nación.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, 4, y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha permeado en todos los sectores de la sociedad, generando diferencias marcadas entre países, estratos sociales y niveles educativos, creando un brecha digital entre quienes tienen acceso a la información y los que no.

La brecha digital, tiene como su principal manifestación el analfabetismo digital. Este concepto evidencia la existencia de una deficiencia en las políticas educativas. Esta problemática es distinta de aquella que se refería a la incapacidad de las personas para leer y escribir. Hoy la comunicación no solo fluye a través del lenguaje escrito, por lo que el concepto de alfabetización se ha modificado notablemente, aun cuando muchas personas pueden leer y escribir sin mayores dificultades, resulta que esas habilidades ya no son suficientes para acceder a la red y darle un buen uso.

El analfabeta digital es el individuo que desarrolla sus actividades personales, educativas y profesionales sin vincularse con tecnologías o medios digitales, limitando sus acciones a recursos tradicionales, principalmente relacionados con la lectura y escritura.

Se pueden identificar 3 grupos de personas en función de la relación que mantienen con las Tecnologías de la Información y Comunicación:

• Los nativos digitales: personas que nacieron a partir de 1995, y cuyas edades, en consecuencia, no rebasan en estos momentos los 20 años, por lo tanto han vivido toda su vida en contacto pleno con las TIC y tiene la experiencia para desenvolverse con facilidad en su uso.

• Los migrantes digitales: personas que nacieron a principios de la década de los 60, queno rebasan los 55 años de edad y que aunque han sido testigos del desarrollo de las TIC y de su impacto en la vida diaria y profesional. Su educación se desarrolló con métodos tradicionales. Emplean computadoras, tablets, laptops, netbooks, iPads, etcétera, pero no las utilizan con todo su potencial.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 20% de las familias mexicanas son analfabetas digitales, la encuesta indica que en muchos casos los hogares no poseen una computadora, no porque no tengan la capacidad de adquirirla, sino porque desconocen su funcionamiento y utilidad. En el mismo estudio se identificó que también hay familias que poseen una computadora pero sin acceso a Internet por considerar que no tienen necesidad.

Es importante señalar que una familia sin computadora en el hogar, con o sin acceso a la red, no la convierte de manera automática en analfabeta digital, dado que el acceso a la red puede producirse en dispositivos móviles, en el trabajo, en la escuela o en los llamados cibercafés. Lo que sí es cierto es que México tiene una ausencia de políticas públicas apropiadas en los terrenos de la educación, la ciencia y en materia de digitalización.

La formación digital no solo pretende prevenir el mal uso de la información que circula por la red, su intención es potenciar el desarrollo académico, familiar, cívico, profesional y personal de cada individuo. El Sistema Educativo tiene el compromiso de integrar en sus programas la formación sobre las herramientas que puedan mejorar las habilidades de los educandos, en el caso de las TIC es necesario ya que tienen el potencial de modificar las condiciones psicológicas y las formas de comunicación interpersonal, los medios para lograr objetivos de placer o displacer, incluso mediante la alteración de los rasgos que conforman la identidad del individuo.

Hoy en día los que circulan por la red pueden colocar sus fotografías y retocar sus perfiles al grado de crear una falsa personalidad, distorsionando la realidad con el potencial de incurrir en delitos graves como el hacerse pasar por otra persona y cometer delitos como la trata de personas. Es por eso que las redes sociales son un claro ejemplo del desdoble de identidad.

Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a las herramientas digitales, corren el riesgo añadido de acceder a contenidos inapropiados o contactar con desconocidos a través de Internet y las redes sociales. Es por eso que los docentes y padres de familia deben seguir pautas que orienten su buen uso, ya que poco a poco, son ellos los que deben ejercer ese autocontrol, tanto con el uso y el tiempo en internet, como en otras facetas de su vida.

También es importante infundir en los educandos valores morales y éticos en el uso de las herramientas digitales, orientándolos para que busquen en la red los mejores fines y aprovechen el tiempo que le dedican a internet.

Según la Oficina de Publicidad de Internet (Internet Advertising Bureau) los cibernautas mexicanos se conectan a la red fundamentalmente a través de teléfonos inteligentes (50%), tablets (19%), y televisión con acceso a internet (25%). Un reducido porcentaje corresponde al de las personas que se enlazan al mundo virtual desde una computadora de escritorio y navegamos en promedio, 4 horas y 18 minutos.

Ahora cada usuario se convierte en productor, transmisor y receptor de información. Esta posibilidad tecnológica permite una mayor libertad de la sociedad en la construcción comunicativa, tanto en el contexto de las libertades informativas como en el desarrollo de su propia identidad

Ya en línea, las personas muestran una inclinación por dar a conocer a extraños, información privada. Diversos estudios lo justifican a factores como el anonimato y la posibilidad de que el usuario se enfoque en sí mismo, situación que resulta complicado en el mundo real, donde los códigos de conducta y los usos y costumbres son muy difíciles de modificar.

En México hay 59.2 millones de internautas, según el Estudio 2013 de Hábitos y Percepciones de los Mexicanos sobre Internet, presentado por el World Internet Project, en conjunto con el Tecnológico de Monterrey, lo que significa que casi la mitad d los mexicanos está navegando en internet y les gusta pasar el tiempo en redes sociales, como Facebook (90%) y Twitter (60%) según datos de la Asociación Mexicana de Internet.

Mientras que en América Latina y el mundo el principal punto de acceso a internet sigue dándose a través de computadoras de escritorio o laptops, en México el fenómeno es contrario. De acuerdo con los datos de la empresa analista de mercado ComScore, en el país la mayor parte de la conectividad se realiza a través de móviles, de la conectividad total vía móviles de América Latina, un 13.9% se concentra en México.

Todas estas cifras contrastan con las inexistentes políticas para educar a nuestros jóvenes sobre el uso y responsabilidad alrededor de las herramientas digitales. Tampoco tenemos una cultura de emprendedor que impulse el desarrollo utilizando las TIC, es por eso que la educación temprana debe ser una prioridad para el Sistema Educativo.

Otro aspecto a destacar es que el uso de redes sociales y foros de discusión en internet como método para opinar y debatir sobre el gobierno y los asuntos políticos, ha crecido en México en los últimos años, según muestra el estudio del World Internet Project 2013, 45% de los mexicanos considera que por medio de internet las autoridades sabrán lo que la gente piensa sobre la vida pública y conforme aumenta la migración a las herramientas digitales, la influencia de las redes sociales en el ámbito político también crece.

Seamos honestos con el mundo que vivimos, los niños hiperconectados poseen influencia en las tendencias de consumo, es llamada la Generación We,conmenores nacidos a partir de 2000, que pasan desde tres hasta seis horas o más con sus gadgets y son capaces de consumir mucha información. Aunque debido a su falta de orientación desperdician su tiempo, cuando lo idóneo sería que el sistema educativo los formará para que le den un uso óptimo a las herramientas que tiene a su alcance.

Hay que tener en cuenta que el uso de Internet y las redes sociales por parte de los más jóvenes hace que se habitúen a moverse dentro de unos medios que utilizarán más adelante como herramienta profesional e incluso como plataforma cívica. Los adolescentes entre 14 y 17 años se sitúan entre los usuarios con más experiencia en las redes sociales y cuando se trata de participación cívica, de activismo o de opinar libremente, quieren que se les escuche. Por tanto, es bueno que desde pequeños aprendan a usar la red de forma correcta, no se trata de prohibir, sino de enseñarles a manejar toda esa tecnología de un modo responsable.

La Estrategia Digital Nacional (EDN) y la reforma de telecomunicaciones deberían ser los principales impulsores de la industria de tecnologías de información en 2014, las acciones deben tener resultados palpables ya que las expectativas y las necesidades al respecto son enormes. No podemos darnos el lujo de esperar si aspiramos a un país desarrollado.

La EDN contempla entre sus principios, una EDUCACIÓN DE CALIDAD y una INCLUSIÓN DE HABILIDADES DIGITALES. Tanto los educadores como los padres, deben aprender más sobre manejo y la administración de las herramientas digitales, incluyendo la privacidad, de manera que puedan guiar a los educandos y prevenir las distorsiones morales, cívicas y de convivencia.

Resolver el analfabetismo digital requiere de cambios sustanciales en el sistemaeducativo del país y no se resuelve con la simple instalación de computadoras con conexiones a Internet en las escuelas. La población mexicana ciertamente consume tecnologías de la información y comunicación, pero no siempre por necesidades profesionales o educativas, hacer que en las escuelas orienten eficazmente en torno a la herramientas digitales, detonara el crecimiento personal y de todos como nación.

Es por eso que esta iniciativa tiene como objeto reforzar la educación, a razón de que la alfabetización de los individuos ya no solo consta de saber leer y escribir. Ahora es necesario infundir el conocimiento y el uso responsable de las tecnologías digitales para crear individuos que puedan tener un desarrollo integral y productivo en la edad adulta.

Por lo anteriormente expuesto propongo lo siguiente:

ARTICULO UNICO. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

XVII. infundir el conocimiento y el uso responsable de las tecnologías digitales, como medio para mejorar el desarrollo personal, familiar, profesional y el mejoramiento de la productividad de la Nación.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

México D.F. a 11 de febrero de 2014.

Sen. Víctor Hermosillo y Celada”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Tello Cristerna.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño) Nada más para preguntarle al expositor si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, ¿acepta la inclusión de los Senadores Jesús Casillas Romero, Martha Elena García Gómez, Francisco Salvador López Brito, Francisco Domínguez Servién y Martha Palafox Gutíerrez? Pido a la Secretaría que tome nota de todos los que deseen adherirse a esta iniciativa.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 25 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hay un asunto que ha estado siendo ignorado por el Congreso de la Unión, y pareciera que al ignorar este asunto la intención es proteger a quienes empobrecen a las comunidades de este país, proteger a quienes depredan el medio ambiente y a quienes históricamente han saqueado los recursos naturales sin dejar un solo centavo en las comunidades de donde obtienen el recurso.

El tema que hoy ponemos a su consideración en esta reforma al artículo 25 constitucional, tiene que ver con la responsabilidad social.

En la Reforma Energética este Senado de la República aprobó que la exploración y la explotación son de interés social, es decir, puso por encima de nuestro patrimonio cultural, puso por encima de nuestro patrimonio ecológico, puso por encima de los intereses de los pueblos originarios, la exploración y la explotación petrolera con la intención de que las grandes transnacionales puedan arrasar todo lo que tiene nuestro país, con el único objetivo de obtener el petróleo.

La responsabilidad social de las empresas, ciudadanos Senadores, es un asunto que tenemos que reglamentar si no queremos que nuestro país sea un desierto o sea un país degradado absolutamente por la contaminación.

En la responsabilidad social de las empresas se consideran aspectos como el hecho de que las comunidades tienen que dar su opinión y su aprobación para que se instalen las obras y las empresas que pretenden generar desarrollo, como aquí se ha dicho hasta el cansancio.

Si no obtenemos la aprobación de las comunidades, porque estas se sienten agraviadas porque el patrimonio ecológico o el patrimonio cultural que ostentan no está siendo respetado, es necesario que la reglamentación sea estricta en este sentido; no podemos concebir un desarrollo a costa de esto que estamos señalando.

La responsabilidad social de las empresas también trastoca el hecho de que debe de ser una cuestión proporcional, el hecho de que las empresas obtienen beneficios pero también es necesario que las comunidades obtengan un beneficio respectivo, es decir, un desarrollo integral que se vea reflejado en salud, que se vea reflejado en educación, que se vea reflejado en empleos, que se vea reflejado, en suma, en una situación de mejora de las comunidades donde se van a desarrollar las empresas que pretenden instalarse en las comunidades de nuestro país.

El tema ecológico es un tema también fundamental, con este concepto de interés social, comunidades que son reserva de la biosfera sin duda que los capitalistas no van a tener ninguna consideración para depredar nuestro patrimonio ecológico.

Ya me imagino que se encontrara petróleo en las comunidades de Sian Ka’an, Quintana Roo, o que se encontrara petróleo en las reservas de la biosfera, como donde está sentado Río Lagartos, o donde se encuentra hoy los santuarios de las ballenas o de los lobos marinos; sería verdaderamente catastrófico para nuestro país que por encima de este patrimonio se preservara el interés de enriquecer a capitalistas.

También es necesario que en este tema del interés social de las empresas, se considere el asunto de que los empleos que se generen ahí donde se van asentar dichas empresas, parte de estos empleos sea para las comunidades donde van a desarrollarse.

Por tal motivo, estamos proponiendo que se reforme el párrafo tercero del artículo 25 de nuestra Constitución, para quedar como sigue:

Artículo 25. …

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social empresarial, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. En su desarrollo se garantizará la aprobación y el beneficio directo de las comunidades implicadas.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá la Ley General de Responsabilidad Social Empresarial.

Tercero. En tanto se aprueba la Ley Reglamentaria, entra en vigor y en lo que no se contradiga, las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales, en la competencia de atribuciones, garantizarán:

I. Que cualquier forma de actividad económica que contribuya al desarrollo de la nación, como las obras a desarrollarse, la instalación de instituciones o de las empresas del sector público, el sector social, el sector privado o alguna otra forma de organización, tengan la aprobación previa del núcleo de la población o comunidad implicada; la autoridad competente garantizará que la organización y decisión que tome la comunidad sea informada de los beneficios, perjuicios y el costo-beneficio que representa directamente para ellos y la nación, y sea decidida por mayoría calificada de los ciudadanos residentes, participantes en las consultas que se realicen con ese carácter.

II. Que el beneficio directo a la comunidad sea económicamente significativo y proporcional, obteniendo un porcentaje de recursos económicos para aplicación directa; además de atender prioritariamente que las fuentes de empleo directas sean para los pobladores, así como para que la adquisición de los insumos sea preferentemente de la comunidad, municipio, localidad o entidad federativa, contribuyendo a su desarrollo social, educativo, económico y/o de su infraestructura.

III. El cuidado, respeto, promoción del medio ambiente, involucrando y beneficiando directamente en los programas, obras y acciones a desarrollarse a los pobladores de las comunidades implicadas.

IV. Se concede acción popular a cualquier persona, nacional o extranjera, para demandar ante las instancias judiciales competentes las acciones necesarias a favor de las comunidades agraviadas por el incumplimiento de este Decreto o de su ley reglamentaria.

Compañeras y compañeros Senadores, hagamos una realidad la responsabilidad social de las empresas por el bien de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCION II DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8, FRACCION 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 25DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Federal desde el constituyente originario de 1917, sentó las bases sociales en los artículos 3, 27 y 123, que consagraron en ese entonces como garantías individuales los derechos a la educación, la propiedad nacional del territorio mexicano y el derecho del trabajo, generando para México el paradigma de un Estado Social y Democrático de Derecho.

A casi un siglo de distancia, la sociedad mexicana se ha transformado, aunque mantiene una terrible desigualdad social, económica, educativa, alimentaria, de salud, energética, de servicios, de calidad de vida, entre otros muchos problemas estructurales, afectando a la mayoría de la población, que hacen de nuestra nación un mosaico de diferencias, sin embargo, en lo constitucional desde el año 2011 se instaura un sistema de protección a los Derechos Humanos individuales y colectivos, avanzándose en la construcción aspiraciónal de un Estado Democrático, Social y de Derecho.

Desde la Revolución Industrial inglesa durante el siglo XVIII, al surgir las formas productoras propias del capitalismo emergente, gracias a las nuevas organizaciones, dirigidas por un poseedor del capital y trabajadores que requieren vender su fuerza de trabajo, para poder subsistir.

Estas organizaciones desempeñan el rol de la unidad básica de producción de los bienes y servicios, conceptualizada en lo general como organización si es que es ajena al fin del lucro económico,1 y empresa si lo persigue identificándolo como ganancias, utilidades, dividendos o excedente sobre lo que el empresario invirtió.

La empresa moderna debe asumirse de manera integral, que además de los complejos procesos productivos, administrativos y contables, debe atender una responsabilidad corporativa, para incorporar a los sistemas contables tradicionales indicadores objetivos sobre impactos ambientales y sociales, lo sustentable comprende aquí no sólo a la naturaleza sino también a las comunidades.

Contra el economicismo de las utilidades se opone la responsabilidad social corporativa, con el concepto de ecoeficiencia, “enfoque o paradigma con el cual es posible conciliar eficiencia, productividad, calidad en la producción, con la necesidad de contribuir a un medio ambiente más sano, limpio y estético”. Se discute ya sobre costos ambientales y sociales, presentes y futuros, derechos humanos universales, comunidad local, nacional y global, alinear en la estrategia las variables ambientales y sociales, indicadores sobre corrupción, daños al entorno, salud y calidad de vida de los seres humanos, con evaluación triple de resultados económicos, ambientales y sociales.

El fin de la empresa posmoderna debe ser la de crear riqueza persiguiendo valores económicos, sociales y ecológicos con elevada conciencia de su responsabilidad social corporativa. Por lo tanto es necesario comprender que la ética es un plus para la propia empresa, así como para consumidores, trabajadores, accionistas y directivos.

La administración es moral o no es administración, pues al ir en contra de los valores representa una agresión contra la sociedad y, consecuentemente, un atentado contra la responsabilidad social corporativa. Negando la naturaleza humana primera o natura rei de la empresa, así contra natura se convierte de actividad administrativa en infractora, de supuesta creadora de valor, en su contrario, que son los disvalores, no es pues sino engaño o violación a la sociedad y a la dignidad humana.

Podemos confirmar en que la naturaleza primera que nos explica el ser organizacional es la producción de bienes y servicios persiguiendo valores económicos, sociales y ecológicos para construir un mundo más equilibrado, sustentable y justo.2

El tema no es ajeno a la cultura empresarial mexicana donde se generó el distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable) respaldado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la conjunción de esfuerzos de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) que agrupa a 19 importantes organizaciones;3y ha otorgado 778 distintivos entre empresas extranjeras, mexicanas e instituciones del sector público que han obtenido y conservado el distintivo ESR®:por 13 años ubica 10 marcas famosas con distinción; con 12 años 6 distinciones donde se menciona el parque Xel-Ha; con 11 años son 7 distinciones; con 10 años son 15 distinciones donde se encuentra el Parque Xcaret; con 9 años son 24 distinciones; con 8 años son 28 distinciones; con 7 años son 30 distinciones; con 6 años son 54distinciones; con 5 años son 85 distinciones; con 4 años 89 distinciones, con 3 años 114distinciones; con 2 años 160distinciones y con 1 año 153distinciones; atendiendo a que se demuestra la incorporación de manera gradual de empresas e instituciones públicas y sobresale la conservación del status del distintivo a los que ya lo han alcanzado.4

La organización civil es fundamental para el desarrollo de todo Estado, particularmente los estados de carácter democrático, donde sin duda se prefiere una gobernanza creciente, participativa y políticamente activa, sin embargo en este tema en particular, consideramos necesaria la generación de un paradigma constitucional específico, que contribuirá a generar mejores condiciones sociales-comunitarias, ambientales y económicas en torno a las empresas e instituciones públicas.

Es así que se reconocen estos esfuerzos que aunque altamente significativos son aislados a partir de recursos limitados, por lo que no podríamos entender la competitividad definida en el primer párrafo del artículo 25Constitucional Federal,5 si no es generando la responsabilidad social empresarial, con lo cual el Estado perfila a las empresas a proseguir metas públicas, disminuyendo las externalidades negativas que corren a cargo del estado y la sociedad civil; y para las empresas genera beneficios financieros (sin ser el único objetivo) y reduce la “vulnerabilidad social de la empresa”, cuestión que se refiere a la relación de éstas con las comunidades tanto locales, regionales, nacionales y mundiales en las que están conectadas con las llamadas licencias sociales.

Es este sentido la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, consagrado en el artículo 25 Constitucional Federal, atiende a que al establecerse en el párrafo tercero esta necesaria responsabilidad socialempresarial, aplicable al sector público, social y privado, y otras formas que contribuyen al desarrollo nacional, implica la presencia del Estado bajo la competencia de las autoridades federales, estatales ,del Distrito Federal y municipales, para procurar el beneficio social desde la base, desde la comunidad en cada región.

La reforma plantea que el artículo 25 Constitucional Federal no solo contemple la responsabilidad social, sino la responsabilidad social empresarial, que implica la responsabilidad social corporativa, que atiende por el Estado en sus tres niveles de Gobierno y del Distrito Federal, la relación donde se atiende la actividad económica en el desarrollo de la Nación, con el cuidado al medio ambiente, el desarrollo comunitario entendido como el espacio físico geográfico donde está asentada una población determinada y en donde una obra, la instalación de una institución o la actividad productiva a desarrollarse le va a afectar positiva o negativamente en las condiciones que tiene antes del desarrollo de esa actividad.

Un elemento primordial, implica que cada comunidad debe de conocer cualquier actividad económica, la instalación de una institución pública, o desarrollo de una obra en su territorio y que impactará su vida cotidiana, por lo tanto es imperante el derecho a estar debidamente informado y ejercer su derecho para autorizar mediante su propia organización como formas de participación ciudadana su aprobación o rechazo.

Una experiencia particular fue la consulta ciudadana que se realizó en el municipio de Tepoztlán Morelos, el día 7 de noviembre del 2012, a partir de un consejo compuesto por representantes de los diversos sectores y organizaciones del municipio, quienes se constituyeron como sociedad civil organizada en un consejo ciudadano, quienes ante el descredito de las autoridades municipales, estatales y federales, realizaron una convocatoria para consultar popularmente sobre la construcción de la ampliación del tramo de la Autopista la Pera-Oacalco, que forma parte de la red carretera de comunicación hacia el oriente del Estado de Morelos, fungieron como representantes de casilla los ciudadanos que se inscribieron para el efecto, y fueron seleccionados por el citado consejo, llevaron a cabo la consulta el día señalado en los horarios determinados, y computaron el resultado y lo dieron a conocer públicamente, y que cumplido el cometido despareció el citado consejo, lo que permitió conocer clara y objetivamente la decisión de la ciudadanía de Tepoztlán Morelos, sobre la citada construcción.

Surge así el Derecho Humano Colectivo a la rectoría de la comunidad a decidir sobre su propio destino, a atender los beneficios o perjuicios que les implica el desarrollo de una obra o actividad económica, derecho que debe ser garantizado por las autoridades de los cuatro órdenes de gobierno citados.

Atendiendo las recomendaciones del Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC) y la fundación Bertelsmann, para crear un entorno favorable a la generación del modelo normativo que implique la responsabilidad social empresarial (RSE), la presente iniciativa y la Ley reglamentaria a expedirse, permitirá entender el contexto nacional de la RSE, definir la RSE, definir la razón fundamental para las políticas públicas de la RSE, colocar la RSE dentro de las instituciones gubernamentales, seleccionar políticas de la RSE y controlar los resultados.

La Comisión Europea por citar un caso, en octubre del año 2011, publicó la “Estrategia Renovada de la UE para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas”, invitando a sus estados miembros a elaborar y en su caso actualizar sus estrategias nacionales sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, distinguiéndose avances en países con estrategia propia como Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Holanda y Hungria, atendiendo que otros países de la Unión Europea sin un plan nacional aplican políticas de Responsabilidad Social de las Empresas, con la ventaja de que quien tiene un plan o estrategia nacional hace que la Responsabilidad Social Empresarial sea más explícita.6

En Latinoamérica la Responsabilidad Social Empresarial es significativa, países como Nicaragua cuentan con la “Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial”7, autodefinida como “Empresa, sociedad y medio ambiente, hacia el Desarrollo Socioeconómico de Nicaragua”. En su enfoque implica siete ejes de desarrollo: a) Pública interno, b) Comunidades c) Políticas públicas d) Gobernabilidad e) Proveedores f) Medio ambiente y g) Mercadeo. Su fortaleza ha permitido alianzas internacionales y locales; fundada en el 2005 reúne más de 70 miembros entre ellos una gran variedad de empresas, líderes empresariales, personas y fundaciones empresariales, en una común dirección de pensamiento y cultura empresarial que forma parte de una tendencia global cuyo objetivo es promover la RSE como una nueva forma de hacer negocios, donde la empresa gestiona sus operaciones en forma sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, los colaboradores, la comunidad, los proveedores, los clientes, considerando el medio ambiente y a las generaciones futuras.

La iniciativa que presentamos contempla que el Congreso de la Unión formulará la Ley General de Responsabilidad Social Empresarial, atendiendo como objeto reglamentar un modelo a insertarse en el sistema jurídico mexicano, que implique la licencia social y el beneficio proporcional y directo que deben tener las comunidades donde han de desarrollarse obras, instalarse instituciones o generarse actividades económicas sobresalientes que tienen necesariamente un impacto en esas comunidades, garantizando el empleo directo a sus pobladores de manera preferente, y de manera prioritaria la compra de insumos provenientes de la comunidad, el municipio o la entidad federativa para detonar el desarrollo económico regional, así como las definiciones, las competencias de las autoridades federales, estatales, del Distrito federal y de los municipios, particularmente creando un modelo específico de participación ciudadana a partir de la organización comunitaria que permita dar certeza democrática en la decisión para aprobación o negación de las obras, instalación de instituciones preponderantes o actividades económicas a desarrollarse en su territorio, entre otros elementos normativos necesarios que lo regulen.

Compañeros Senadores y Senadoras, la iniciativa que presentamos contribuye a avanzar en la fortaleza de los Derechos Humanos Colectivos de las comunidades y sus ciudadanos, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 25. …

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social empresarial, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. En su desarrollo se garantizará la aprobación y el beneficio directo de las comunidades implicadas.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá la Ley General de Responsabilidad Social Empresarial.

Tercero. En tanto se aprueba la Ley reglamentaria, entra en vigor y en lo que no se contradiga, las autoridades Federales, Locales, del Distrito Federal y Municipales, en la competencia de sus atribuciones, garantizarán:

I).- Que cualquier forma de actividad económica que contribuya al desarrollo de la Nación, como las obras a desarrollarse, la instalación de instituciones o de las empresas del sector público, el sector social, el sector privado, o alguna otra forma de organización, tengan la aprobación previa del núcleo de población o comunidad implicada; la autoridad competente garantizará que la organización y decisión que tome la comunidad sea informada de los beneficios, perjuicios y el costo beneficio que representa directamente para ellos y la nación, y sea decidida por mayoría calificada de los ciudadanos residentes participantes en las consultas que se realicen con ese carácter.

II).- Que el beneficio directo a la comunidad sea económicamente significativo y proporcional, obteniendo un porcentaje de recursos económicos para aplicación directa; además de atender prioritariamente que las fuentes de empleo directas sean para sus pobladores, así como para que la adquisición de los insumos sea preferentemente de la comunidad, municipio, localidad o entidad federativa, contribuyendo a su desarrollo social, educativo, económico y/o de su infraestructura.

III).- El cuidado, respeto, promoción del medio ambiente, involucrando y beneficiando directamente en los programas, obras y acciones a desarrollarse a los pobladores de las comunidades implicadas.

Cuarto. Se concede acción popular a cualquier persona nacional o extranjera para demandar ante las instancias judiciales competentes las acciones necesarias a favor de las comunidades agraviadas por el incumplimiento de este Decreto o de su ley reglamentaria.

Senado de la República a los 11 días de febrero del 2014.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.

Recibimos en esta Mesa Directiva la iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 99 y 100 constitucionales, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

1 Dávila L. de Guevara, Carlos (2001). Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico. McGraw-Hill. Bogotá, p. 21

2 González Ibarra, Juan de Dios (2005) La responsabilidad social de la empresa como práctica axiología administrativa. México. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

3 http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf

4 http://www.cemefi.org/esr/images/stories/distintivoesr2013.pdf

5“La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”

6 http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_219_031212_es.pdf

7 http://www.unirse.org/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 99 Y 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 99 Y 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Consejo de la Judicatura Federal (en adelante, CJF) es el órgano del Poder Judicial de la Federación (en adelante, PJF) encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de dicho Poder. Este órgano permite el debido funcionamiento de Juzgados de Distrito, Tribunales y Plenos de Circuito y asegura la autonomía, la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de las y los integrantes del PJF a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Originariamente la creación de un Consejo de esta naturaleza obedeció a la necesidad de separar las actividades administrativas de aquellas de carácter jurisdiccional, es decir, dejar en un órgano de autogobierno la facultad de realizar todas aquellas funciones de administración, capacitación, supervisión y sanción de quienes integran el PJF y que éstos puedan dedicarse de manera exclusiva a la labor de impartir la justicia.

Un aspecto que resulta preocupante ha sido la constante subordinación del CJF al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ello de alguna manera puede entenderse por la estructura rígida y vertical del propio PJF o por como se ha concebido la organización judicial, o quizá por el enraizamiento existente en la cultura jurídica que indebidamente ve en las y los ministros de la SCJN atributos de sapiencia, probidad e integridad que les permite influir no sólo al interior del PJF sino también en escuelas de derecho, colegios de abogacía y demás espacios donde se desenvuelven las y los operadores del sistema jurídico.

Actualmente dicho órgano se integra de la manera siguiente:

• Quien preside la SCJN (quien también preside CJF);

• Tres personas consejeras designadas por el Pleno de la SCJN, por mayoría de cuando menos ocho votos, seleccionadas deentre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito;

• Dos personas consejeras designadas por el Senado de la República; y,

• Una persona consejera designada por el Presidente de la República.

Esta integración plantea por lo menos algunas interrogantes desde el punto de vista de la doctrina constitucional, particularmente en la persona quien preside dicho Consejo sea al mismo tiempo quien presida uno de los Poderes de la Unión.

Esta doble representación implica que las atribuciones de cada uno de los cargos en determinados momentos se contrapongan y crucen entre sí.

Por mencionar un caso podemos señalar las decisiones del CJF que se refieren a la designación, adscripción y remoción de las y los magistrados y jueces pueden ser revisadas por la SCJN, Es evidente que quien preside la SCJN interviene en los recursos de revisión sobre un acto en el que participó previamente como Presidente e integrante del CJF.

Lo mismo sucede cuando se tramita un recurso de reclamación en juicio de amparo en revisión, ya que quien preside la SCJN es quien dicta el acuerdo materia de la reclamación y al mismo tiempo interviene en su resolución.

Otro aspecto que consideramos irregular en la integración del Consejo de la Judicatura tiene que ver con la incorporación del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual forma parte de la Comisión del CJF que vigila, administra y supervisa a dicho Tribunal.

De ahí que el CJF al ser un órgano administrativo del PJF, con funciones distintas a las de la SCJN y a las del TEPJF, resulta inconsistente que quien presida dicho órgano administrativo lo sea también de uno de los poderes de la Unión.

El hecho de que el pleno de la SCJN actualmente designe a las tres personas consejeras provenientes del Poder Judicial convierte al CJF en un órgano meramente auxiliar y subordinado a la SCJN, y no en un órgano de relevancia constitucional independiente e imparcial, que tiene entre sus múltiples funciones nada menos que la designación de la totalidad de las y los jueces; así como magistradas ymagistrados, pero también las funciones de gobierno y administración de dicho poder.

Cabe señalar que en un Estado social y democrático de derecho la independencia judicial resulta fundamental para las funciones de las y los jueces. Como lo señala Piero Calamandrei: “Por ello el Estado siente como esencial el problema de la selección de los jueces; porque sabe que les confiere un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón…”

Por tanto, el objeto de la reforma que proponemos es que quien presida la SCJN, no forme parte y por ende no presida el CJF con la finalidad de que entre éstos dos órganos se establezcan relaciones en forma de coordinación y no de subordinación o dependencia y se modifique la tendencia de otorgarle a la más alta estructura del Poder Judicial la designación de los integrantes del CJF.

Proponemos que sea el Senado de la República quien designe a las y los integrantes del CJF de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, quienes aunado a las personas consejeras que designa el Senado y el Presidente de la República puedan elegir, de entre ellas, a la persona que presidirá el CJF.

Asimismo proponemos que en el caso de quien preside el TEPJF deje de formar parte de la comisión del Consejo de la Judicatura Federal que administra dicho órgano jurisdiccional. Ello permitirá que el Tribunal Electoral sea administrado en los mismos términos que el resto del Poder Judicial.

Algunos autores señalan que:

“Con un Consejo de la Judicatura aséptico tenemos la certeza de que, sin consignas, realizará su labor de supervisión, control, y sanción de los juzgadores que se aparten de los estándares, normas y costumbres que deben observarse en la organización judicial para hacer prevalecer el Estado de derecho; pero también, el Consejo, con la autonomía restaurada, nombraría a los jueces con base a procedimientos objetivos y transparentes, integrando, como producto de esa delicada labor, una clase especial de servidores profesionales que preserven el sistema de derecho, recatando la confianza comunitaria en las instituciones”1.

Al respecto se ha pronunciado Gabriela Knaul, Relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de losMagistrados y Abogados, la cual en el Informe sobre su visita a México (del 1 al 15 de octubre de 2010) manifestó:

“Una preocupación expresada por varios interlocutores respecto al CJF concierne a que la Presidencia de la SCJN y del CJF recae en la misma persona, lo cual podría afectar la independencia del Consejo frente a la Corte. Sería oportuno que la presidencia del Consejo recayera en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la Suprema Corte, dedicada a tiempo completo a tan importante encomienda”2.

La Relatora en sus conclusiones recomienda que la presidencia del CJF deba recaer en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la SCJN, para que pueda dedicarse de tiempo completo a sus funciones.

Otra preocupación de la Relatora Especiales que debe de garantizarse al interior del Consejo de la Judicatura una representación igualitaria entre hombres y mujeres en el que se establezca el principio de Igualdad Sustantiva como base para la formación, actualización y desarrollo de la carrera judicial, con la finalidad de que la participación igualitaria entre hombres y mujeres se fortalezca al seno del PJF.

Por igualdad sustantiva, en una conceptualización sencilla, debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, que den por resultado el reconocimiento igualitario en el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres.

Ello permitiría incorporar los lineamientos derivados de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL realizada del 13 al 17 de julio de 2010 en Brasilia, Brasil (consenso de Brasilia) que recomienda ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas del poder público.

Finalmente, proponemos establecer en el texto constitucional lo relativo a la suspensión y destitución de las y los magistrados y jueces cuando en el ejercicio de sus funciones aparecieren involucrados en la comisión de un delito, incurran en violaciones al debido proceso o violaciones a los derechos humanos, sean omisos en el ejercicio de sus funciones o incurran en dilaciones procesales; ello permitirá establecer en el texto fundamental la garantía de que habrá juezas y jueces independientes e imparciales que emitirán sus resoluciones conforme a derecho.

La responsabilidad judicial es aquella en que incurren las ylos jueces de las diversas jerarquías cuando comenten faltas graves o delitos en el ejercicio de sus funciones, y que además de las sanciones respectivas, no deben estar exentos de la reparación del daño y los perjuicios causados a las y los ciudadanos que intervienen en cualquier controversia judicial.

Al respecto los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, establecen que:

“La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 99 Y 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se reforman el décimo párrafo del artículo 99 y los párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 99.

I a IX. …

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por una o un Magistrado Electoral de la Sala Superior y una o uno de Sala Regional designados por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Artículo 100.

El Consejo se integrará por siete personas consejeras designadas por el Pleno del Senado de la República de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito; quienes elegirán, de entre ellas, a la persona que presidirá el Consejo en los términos que señala la Ley respectiva.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación remoción de las y los magistrados y jueces, así como de su suspensión o destitución cuando en el ejercicio de sus funciones aparecieren involucrados en la comisión de un delito, incurran en violaciones al debido proceso o violaciones a los derechos humanos, sean omisos en el ejercicio de sus funciones o incurran en dilaciones procesales, así como en los demás asuntos que la Ley determine.

(Se elimina “Salvo el presidente del Consejo”) Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de las y los funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de igualdad sustantiva, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, salvo quienes fueron designados por el Senado de la República y por el Presidente de la República, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Senado de la República deberá designar entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito a quienes se integraran al Consejo de la Judicatura Federal, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”.

Sen. Angélica de La Peña Gómez”.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional.

1 López Pescador, José de la Luz. La democracia de los tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal. Editorial Porrúa. México 2011, p XI.

2 Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados sobre su misión a México. 18 de abril de 2011.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de Acuerdo en relación al nombramiento de un Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 2 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos, Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

De igual forma, se comunicó el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone nombrarlos nuevamente, por un periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255 numeral 5 y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a finde someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Así, como se comunicó del vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone nombrarlos nuevamente, por un periodo de diez años.

2. Con fecha 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 16 de junio de 2011, se recibió escrito suscrito por la C. María de los Ángeles Fromow Rangel, mediante el cual informa al C. Felipe Calderón Hinojosa, que por circunstancias surgidas con posterioridad a la propuesta de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declina su postulación a la misma.

4. Con fecha 22 de junio de 2011, se recibió Oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el que remite propuesta de nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin efectos el nombramiento de la Lic. María de los Ángeles Fromow Rangel.

5. Con fecha 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó los nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años. Asimismo, se aprobaron los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Sila Meza y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años.

6. Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la propuesta de nombramiento de los ciudadanos: Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, José Gustavo Ruiz Campos y Juan Manuel Terán y Contreras, por un nuevo periodo de diez años, se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 6 de agosto de 2012, el Ciudadano Horacio Cervantes Vargas, presentó demanda de amparo, señalando como actos reclamados a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, la ratificación tácita de su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; derivado de lo anterior se expidió el oficio DGPL-23A.-4999 con fecha de trece de marzo de dos mil doce, emitido por la Cámara de Senadores en el que se negó a tomar su protesta como Magistrado de dicho Tribunal.

Dicho amparo, se presentó bajo los argumentos de que el Senado de la República al ser omiso en aprobar o no, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal a favor del quejoso para ocupar nuevamente el cargo como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se argumenta que opera la ratificación tácita a su favor, por lo cual se solicitaba a esta Cámara de Senadores le tome su protesta como Magistrado de dicho Tribunal.

8. Con fecha 28 de enero de 2013 el secretario de acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia resolviendo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos de que el Senado de la República le tome la protesta del cargo por haber operado en su favor la ratificación tácita.

Inconformes con esta sentencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República interpuso el recurso de revisión, ya que el Juez de Distrito emitió dicha sentencia sin fundamento legal, ya que dentro de la normatividad que rige el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no considera la figura de la ratificación, sino de nombramientos por tiempo determinado, por lo cual el Juez se extralimita y concede el amparo sin fundamentar y motivar en la Ley aplicable a la organización y funcionamiento de los Tribunales.

9. El 8 de octubre de 2013, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal notificó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos una ejecutoria en la que se estableció que “la Comisión o Comisiones competentes del Senado de la República o, en su caso de la Comisión Permanente, emitan el dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento del quejoso C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo”.

10. Para dar pleno cumplimiento a la ejecutoria del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se citó al C. Horacio Cervantes Vargas a comparecer el 13 de noviembre de 2013 ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin que expusiera sus merecimientos e idoneidad para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; respetando plenamente la garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 Constitucional.

11. Al término de la citada comparecencia se le notificó al C. Horacio Cervantes Vargas que contaría con un plazo para aportar pruebas y alegatos en su favor, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de documentación el ­22 de noviembre de 2013.

12. En reunión ordinaria, los CC. Legisladores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la propuesta de nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo Federal el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once Magistrados de Sala Regional entre ellos del C. Horacio Cervantes Vargas, quien recibió una evaluación favorable para ser nombrado nuevamente como Magistrados de Sala Regional por un periodo de diez años.

En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de esta Soberanía, el nombramiento del Magistrado Horacio Cervantes Vargas, por un nuevo periodo de diez años. Asimismo, se manifiesta que con la documentación que se acompañó, el magistrado antes señalado continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñar el cargo de Magistrado.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255 numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realizaron un análisis del expediente personal del interesado para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se aprecia que el ciudadano Horacio Cervantes Vargas, es mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

TERCERA. En relación a la sentencia de Amparo en Revisión 106/2013, dictada por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del 12 de septiembre de 2013, notificado a esta Soberanía, el día 8 de octubre del 2013 y con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la Republica, las Comisiones Unidas citaron al C. Horacio Cervantes Vargas para el día miércoles 13 de noviembre de 2013, a las 11:00 en las Salas 1 y 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones, a efecto de comparecer respecto a su nombramiento como Magistrado de Sala Regional tomando en cuenta los criterios de desempeño como servidor público, su capacidad y honorabilidad.

CUARTA. Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el ciudadano, expusiera personalmente ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que considere pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional descrita, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimara conveniente. En consecuencia, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas, en pleno respeto de la garantía de audiencia del compareciente, escucharon su interés jurídico respecto de su posible permanencia en el cargo y sus razones para ello, recabando así los elementos objetivos necesarios para determinar la procedencia, o no, de la ratificación propuesta por el Ejecutivo.

QUINTA. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en pleno, con base en la documentación examinada y el desempeño del candidato en la comparecencia desahogada en esta etapa del proceso, deliberaron sobre la candidatura del C. Horacio Cervantes Vargaspara ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Ahora bien, la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al Senado de la República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos en un cargo determinado es ejercida sobre la base de un análisis subjetivo que puede desagregarse, para este caso en particular, en tres elementos primordiales: primero, el desempeño profesional del candidato en cuestión, segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto y, tercero, su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de Representación Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es decir, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y, por el otro, con los requerimientos subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse como un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato.

En ese orden de ideas, si bien el C. Horacio Cervantes Vargas ha satisfecho los requerimientos legales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los mismos han quedado debidamente acreditados, tal como se expresa en la consideración segunda del presente dictamen, dichos requisitos constituyen un elemento necesario, pero no suficiente, para la procedencia del nombramiento.

Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas, después de un riguroso proceso de escrutinio - que incluyó la propia comparecencia del candidato, el pasado 13 de noviembre de 2013 – se allegaron de todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para tomar una determinación. Producto de tal proceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han colegido que las competencias y orientación profesionales del C. Horacio Cervantes Vargas no resultan compatibles con el perfil que esta Representación pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tanto, resulta inconcuso resolver que el candidato no satisface los requisitos establecidos por el Senado de la República para ser nombrado, por un nuevo periodo de diez años, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEXTA. En función de la necesidad de facilitar el trabajo de la Cámara de Senadores, no solamente en el caso particular, sino en el de todas aquellas cuestiones relacionadas con las materias propias de su competencia, estas Comisiones Unidasproponen al Pleno del Senado rechazar el nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al C. Horacio Cervantes Vargas, para los efectos legales correspondientes.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

Esta Presidencia le da la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Secundaria General “México 2010” de Temixco, Morelos, invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE PATRIMONIO SUBACUATICO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES DE CULTURA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H.ASAMBLEA

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático, aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2013.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 20 de septiembre de 2011, el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. La propuesta del entonces diputado Armando Jesús Báez Pinal fue aprobada con adiciones por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislaturade la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2013.

4. El 20 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático con 435 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

5. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Cultura de este órgano legislativo el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la Legislatura LXI por el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal en relación con el patrimonio cultural subacuático, misma que fue objeto de ajustes en su planteamiento original respecto del artículo 28 ter y de la adición de un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos.

La reflexión de los integrantes de las comisiones que concurrieron al dictamen tomaron como base la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por México el 5 de junio de 2006 y en vigor desde el 2 de enero de 2009. En ella se establecen bases generales para garantizar la protección de todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años (artículo 1 de la Convención). Dichos vestigios pueden ser sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Los diputados que suscriben el dictamen tomaron en cuenta el contenido de la Convención en el sentido de que “Nada de lo dispuesto en esta Convención menos cabarálos derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar(COMEVAR). La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas”. Esta fue la principal motivación para modificar la propuesta original, en virtud de que, en opinión de los legisladores, al homologar el patrimonio subacuático con la figura jurídica de monumentos a que se refiere la fracción XXV del artículo 73 constitucional, implicaba la violación del derecho consuetudinario sobre derechos del mar y lo establecido en la COMEVAR, bajo los cuales, los buques a flote o hundidos se consideran propiedad de la nación originaria o de aquella cuyo pabellón porten o hayan portado.

En este sentido es que se considera que la armonización jurídica del patrimonio cultural subacuático al que hace referencia la convención en la materia con la legislación nacional, no podría entrar en colisión con las normas de derecho internacional respecto de la soberanía y derechos de otro Estado, precisamente por características que, a decir de los diputados que suscriben el dictamen, tienen los monumentos arqueológicos, esto es, inalienables e imprescriptibles. De ahí la adopción en el proyecto de decreto de la definición que la propia Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático establece para este tipo de bienes.

Adicionalmente los legisladores consideraron oportuno añadir dos nuevos párrafos con la finalidad de que la protección del patrimonio cultural subacuático fuera eficaz: un dispositivo que tiene el propósito de que cualquier persona que encuentre bienes de esta naturaleza deberá informarlo a la autoridad más cercana, quien emitirá una constancia y notificará al Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por otra parte, un mecanismo para sancionar a quien realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales asociadas a los bienes identificados como patrimonio cultural subacuático.

La propuesta normativa aprobada por los diputados contiene las modificaciones siguientes respecto del texto vigente de la Ley Federal del Derecho de Autor:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Texto original

Proyecto de decreto

Sin referencia

ARTÍCULO 28 TER. Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

ARTICULO 29.- Los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del Instituto competente. El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine lo que corresponda.

ARTICULO 29. ...

Quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda.

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

ARTÍCULO 47. ...

Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático a que se refiere el artículo 28 Ter sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

 

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Con ese mismo espíritu, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República han participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente identifica bajo la figura de monumentos o zona de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos ohistóricos. Es así como el 5 de junio de 2006 México se suma a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2001, misma que fue ratificada por el Senado de la República el 4 de abril de 2006 y entró en vigor el 2 de enero de 2009. En este instrumento se establecen las bases generales para la preservación de los bienes de interés cultural que, por diferentes razones, han permanecido sumergidos bajo los océanos, mares, lagos o cualquier formación de aguas interiores, y que constituyen expresiones de la historia y la cultura de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Debe reconocerse que nuestro país es una de las naciones cuyo patrimonio subacuático es de los más abundantes y, por ello, la región ribereña despierta una gran ambición entre los arqueólogos dedicados a este tipo de investigación y que trabajan para agencias internacionales que comercian con estos bienes.

CUARTA.- De manera particular, los naufragios y los cargamentos asociados a los mismos, representan un cúmulo de tesoros históricos de valor incalculable, que han sido sujetos de múltiples amenazas por las cuantiosas ganancias que generan en el mercado ilícito bienes culturales. De ahí que un conjunto relevante de naciones haya ratificado la Convención sobre protección del patrimonio cultural subacuático, uno de cuyos propósitos es preservar para beneficio de la humanidad y preferentemente in situ los bienes de esta naturaleza. Es de señalarse que la convención establece una definición para el patrimonio cultural subactuático amplia, conforme al conjunto de fenómenos que se presentan en diferentes partes de mundo. El texto es el siguiente:

“Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años…”.

QUINTA.- Esta definición se aplica a los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico. La convención privilegia la cooperación internacional entre los estados parte pero, sobre todo, mantiene un respeto absoluto al derecho consuetudinario y al derecho internacional establecido por la comunidad de naciones a efecto de favorecer la transportación marítima, el comercio internacional y demás intercambios internacionales. En ese contexto conviene citar dos artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establecen las bases jurídicas internacionales respecto del tratamiento de los objetos arqueológicos o históricos hallados en los fondos marinos u oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de una jurisdicción nacional:

Artículo 149

Objetos arqueológicos e históricos

Todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en la Zona serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y arqueológico.

Artículo 303

Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar

1. Los Estados tienen la obligación de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar y cooperarán a tal efecto.

2. A fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33(referido a la zona contigua, hasta 24 millas marinas), podrá presumir que la remoción de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará a los derechos de los propietarios identificables, a las normas sobre salvamento u otras normas del derecho marítimo o a las leyes y prácticas en materia de intercambios culturales.

4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y demás normas de derecho internacional relativos a la protección de los objetos de carácter arqueológico e histórico.

SEXTA.- Dada la naturaleza tan diversa de las disposiciones normativas aplicable a cada uno de los países de la comunidad de naciones, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece enunciados que hacen referencia a objetos de carácter arqueológico e histórico, más que a una definición conceptual estructurada, tal como lo hace la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, ambas suscritas por nuestro país y aplicables para efecto de los bienes en análisis. Esta estrategia normativa contribuye, bajo un criterio inclusivo, considerar el mayor número de bienes arqueológicos e históricos posibles que eventualmente pueden ser objeto de atención o disputa entre los estados ribereños y de pabellón.

SÉPTIMA.- Un precepto esencial para entender el contenido de la Convención sobre la protección del patrimonio cultural arqueológico es el artículo 3, que establece que “Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas”. Desde esta perspectiva, el instrumento internacional del patrimonio subacuático privilegia la preservación, la cooperación internacional de los estados parte y el conocimiento al servicio de la humanidad y deja de lado, por ejemplo, la determinación de la propiedad y jurisdicción aplicable en caso de controversias.

OCTAVA.- Asimismo, el espíritu de esta convención se opone a la explotación comercial, propone la conservación in situ y procura un acceso responsable y no perjudicial para el público. De especial mención resulta el numeral 11 del artículo 2, que señala expresamente que ningún acto o actividad realizado en virtud de la Convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional respecto del patrimonio localizado.

NOVENA.- La Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático no propone la armonización de las normas jurídicas aplicables en cada país con sus preceptos. Tampoco pretende convertirse en un instrumento para la resolución de conflictos, sino es un medio que sienta las bases de cooperación sobre un lenguaje común entre las naciones que se suscriben a la misma, de modo que puedan cooperar sobre objetivos compartidos que privilegian la preservación de ese tipo patrimonio en beneficio de la humanidad.

DÉCIMA.- El proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados establece como estrategia normativa para la protección de esta clase de bienes, reproducir la definición de la convención respecto del patrimonio cultural subacuático. De hecho, establece en la ley la denominación como tal, lo cual tiene como consecuencia jurídica que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de atender a los bienes inmuebles y muebles que adquieren esta categoría por declaratoria o ministerio de ley, ahora incluya la protección de una categoría de bienes que se denomina patrimonio cultural subacuático. No cabe duda que se trata de un propósito normativo con fines ampliamente justificados, en virtud de que actualmente no se cuenta con normas específicas aplicables a la preservación de esta clase de bienes, circunstancia que deriva regularmente en la interpretación de diferentes instrumentos legales, como son la propia ley de Monumentos y Zonas, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley Federal del Mar, entre otras disposiciones.

DÉCIMA PRIMERA.- Sin embargo, debe insistirse que la fracción XXV del artículo 73 constitucional faculta al Congreso para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Desde esa perspectiva no resulta viable jurídicamente adicionar un nuevo concepto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, en virtud que el espectro de protección es suficientemente amplio. Asimismo, cabe señalar que las referencias a diferentes tipos de objetos, como son estructuras, edificios, objetos y restos humanos y los demás bienes asociados a ellos, no corresponden en definición a las categorías constitucionales del legado cultural protegido por nuestro país de no asociarse a su adjetivación como arqueológicos, artísticos o históricos.

DÉCIMA SEGUNDA.- Asimismo, declarar que un bien específico es patrimonio cultural subacuático no lo inscribe en el universo de acciones de preservación o investigación que el Estado mexicano ha previsto para los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Es decir, se trata de una definición nominativa acorde con la convención pero que no le confiere ninguna condición jurídica que justifique la actuación de la autoridad para su preservación. Es decir, el enunciado no tiene más consecuencia que una designación nominativa que no la hace objeto jurídico regulable.

DÉCIMA TERCERA.- Cabe señalar que la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional se promulgó en el año de 1966 (DOF, 13 de enero de 1966) y de manera posterior se promulgó la Ley Federal del Patrimonio Cultural (DOF, 16 de septiembre de 1970) como la herramienta normativa para garantizar la preservación del patrimonio. Sin embargo, dicho ordenamiento jurídico no se apegó a los contenidos constitucionales y fue abrogado por la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Histórico (DOF, 6 de mayo de 1972). Debe tenerse presente que los preceptos de la ley actual tienen su origen en los textos de las leyes de 1934 y 1970. De hecho, la legislación vigente guarda una estrecha relación con la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de 1970, instrumento jurídico cuya vigencia fue abrogada a menos de dos años de su entrada en vigor debido a preceptos inconstitucionales que fueron objetados por miembros de la sociedad, organizaciones sociales y algunas instituciones públicas.

DÉCIMA CUARTA.- Tal abrogación no significó una ruptura radical con el régimen de protección establecido por el Estado Mexicano, pues se mantuvo el sentido básico de las disposiciones generales de la ley de 1970 y se reprodujo la preeminencia federal en el esquema de protección. El espíritu de la ley fue conservado, pero con un enfoque dirigido hacia las figuras constitucionales, por lo cual, la ley de 1972 aún vigente, representó la ocasión legislativa de enmendar los errores de inconstitucionalidad del texto de 1970. Por ello, su ámbito de protección, correspondiendo con las facultades del Congreso de la Unión en la materia, se circunscribió únicamente a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de lado los demás bienes de interés cultural considerados en la ley federal previa.

DÉCIMA QUINTA.- Esto no quiere decir que los bienes a los que el proyecto de dictamen define como patrimonio cultural subacuático no sean relevantes para el Estado y deba abstenerse de su preservación. Todo lo contrario, la adhesión de nuestro país a la convención ya establece bases para su protección en términos de la cooperación internacional y la aplicación de este instrumento internacional se lleva a cabo conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en la legislación en materia de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Asimismo, como se ha hecho referencia, actualmente la legislación nacional aplicable se encuentra dispersa y requiere de interpretación para su aplicación, en particular, sobre la autoridad responsable de la preservación, respecto de la emisión de permisos para realizar trabajos de exploración, investigación o rescate y, en casos de litigios, para establecer quién representa al Estado mexicano, entre otros temas. No obstante, este hallazgo del proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados revela la necesidad de contar, al menos, con alguna forma de equiparación del patrimonio subacuático con las figuras establecidas en la constitución, sin que necesariamente adquieran todas sus características, en una interpretación similar al patrimonio paleontológico, cuya naturaleza es equiparada con los monumentos arqueológicos, lo que los hace inalienables, imprescriptibles y propiedad de la Nación cuando cumplan con la condición del interés nacional.

DÉCIMA SEXTA.- La legislación internacional aplicable a los bienes sumergidos establece, en primer término, la necesidad de su protección y salvaguarda, pero al mismo tiempo reconoce en principio la propiedad de Estado de cierto tipo de embarcaciones dependiendo de su pabellón y, asimismo, el que las exploraciones dependan de la zona marítima en la que se localicen. Esta circunstancia no permite una actuación eficaz cuando existe el riesgo de movilidad de los bienes conforme lo establece la legislación internacional por obstrucción de vías marítimas o, bien, en casos de saqueo o destrucción por negligencia. Desde esta perspectiva es necesario crear los medios de actuación de la autoridad para que, conforme la legislación internacional aplicable al Derecho de Mar y la propia Convención sobre protección del patrimonio cultural subacuático, se garantice la preservación y salvaguarda de estos bienes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Desde esta perspectiva, las comisiones que concurren al dictamen son de la opinión de modificar el proyecto de decreto con fundamento en el inciso e) del artículo 72 constitucional en ejercicio de la facultad de cámara revisora y se propone, a partir de considerar los cuidadosos comentarios hechos por la colegisladora, establecer términos de equiparación específicamente para aquellos asuntos que es posible armonizar con la legislación internacional sobre el Derecho del Mar y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

DÉCIMA OCTAVA.- Para hacer efectiva la actuación y reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia como autoridad en la materia se propone, en primer término, hacer extensivas y aplicables al patrimonio cultural sumergido, las disposiciones sobre monumentos arqueológicos e históricos, pero únicamente en cuanto a las labores de preservación e investigación, toda vez que los aspectos relativos a la propiedad de los bienes arqueológicos e históricos sumergidos está determinada por el derecho internacional sobre el mar, con independencia de si se encuentra en zonas de mar patrimonial o zonas de mar libre.

DÉCIMA NOVENA.- De la misma forma, para no incurrir en una denominación que no corresponda a las características señaladas en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, se propone hacer una referencia directa a los bienes a los cuales se pretende incorporar al régimen de preservación e investigación que cumplen con la condición del interés nacional conforme a su contexto arqueológico o histórico. Esto es, se les enuncia conforme a su naturaleza: rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente buques; naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos, localizados en la zona marítima de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus cargamentos y demás contenidos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, junto con su contexto y entorno natural.

VIGÉSIMA.- De la misma forma, se propone facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia como el organismo que emita las autorizaciones para la realización de trabajos de exploración o investigación, conforme alos términos que establece la propia Ley Federal para monumentos arqueológicos. Esta circunstancia permitirá establecer un control de parte de la autoridad, a fin de que los bienes arqueológicos o históricos sumergidos, sean objeto de trabajos, preferentemente, de instituciones de educación e investigación.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras comparten la propuesta de los diputados de incorporar como patrimonio cultural subacuático, los elementos incluidos en la definición de la Convención, sin embargo, se hace la con referencia a la figura de monumentos a efecto de facultar al INAH como la instancia con competencia para proteger, preservar e investigar estos bienes. Es decir, se hace la equiparación de los bienes a la figura de monumentos arqueológicos e históricos porque la ley establece que el INAH sólo es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

“PROYECTO DEDECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 28 TER a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue

Artículo 28 Ter. Las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Las autorizaciones para realizar investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer párrafo, se sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta ley.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.”

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 22 de octubre de 2013.

ComisiOn de Cultura

ComisiOn de Estudios Legislativos, Primera”.

A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos del artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a distraer unos minutos de su atención, para poner a consideración de este Pleno tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos; tres dictámenes que quiero señalar aspectos de forma y aspectos de fondo.

Lo que tiene relación con la forma en virtud de la facultad que estas comisiones hemos hecho y que someto a su consideración como Colegisladora en su carácter de comisión revisora. Y por otro lado, de fondo, por los detalles que queremos preciar.

Los tres dictámenes corresponden a modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y precisamente se refieren a la legislación que nos permite proteger los bienes muebles e inmuebles de carácter cultural que los mexicanos hemos inscrito por decisión en un régimen de especial conservación.

Cada dictamen aborda un tema diferente. Y quienes integramos las comisiones unidas decidimos mantener los proyectos de manera separada, tal como inicialmente fueron presentados por los Diputados de la LXI Legislatura.

El primer dictamen se refiere a lo que internacionalmente se conoce como “Patrimonio Cultural Subacuático”, se trata de un tipo de bienes culturales muy específicos; y la propuesta es que todos los bienes culturales que se encuentren en aguas nacionales, como resultado de naufragios, inundaciones o cualquier otra circunstancia, siempre que cumplan con las características, y de ser interés de la nación, se sujete a un procedimiento para evitar el saqueo, sobre todo en aguas profundas.

Seguramente quienes representan estados que están en la costa de nuestro país, como es el caso de Nayarit, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Baja California, de Sinaloa, conocerán historias de muchos de los buques que en algún momento fueron hundidos y que hoy conocemos en las zonas marítimas mexicanas, y que estos naufragios contenían cargamento de todo tipo de bienes, incluso, su estructura y armamento atraían la afición comercial de empresas dedicadas al comercio de este tipo de bienes.

Pues bien, el criterio que pretendemos para los bienes culturales subacuáticos, es homologarlos a los bienes históricos, tal como en su momento se hizo con los restos y vestigios fósiles, y de este modo quedar bajo un régimen de protección del Estado en función del interés público.

El segundo dictamen, señoras y señores legisladores, referencia al tema de los delitos en contra de los bienes culturales.

El proyecto de Decreto, en su análisis hace referencia a las conductas delictivas originadas por el saqueo, destrucción, alteración, comercialización y tráfico ilícito de que son objetos los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos en la necesidad de hacer más severas las sanciones, en virtud de que cuando se promulgó la legislación vigente en el año de 1972, era otra la situación económica, en relación con la proporción de las multas aplicables, además de que en aquella época la incidencia era mucho menor.

Hoy día, el saqueo y el tráfico de bienes culturales se ha incrementado de manera sustancial, especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además de que se han presentado fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas.

Un hecho lamentable que motivó la revisión de este catálogo de delitos fue lo ocurrido, precisamente, a la agresión de las Cabezas Olmecas, en el Parque Museo de La Venta, por integrantes de una secta religiosa, que aduciendo su libertad de expresión, rociaron con sustancias químicas a aquellos monumentos de la nación.

Nos parece que el pago de la multa correspondiente y la fianza fijada por la autoridad judicial, de acuerdo con la norma actual, es insuficiente por el daño que esta representa.

Por ello, bajo la percepción de bajo riesgo que implica este tipo de ilícitos, tendríamos que reformarlo.

Finalmente, quisiera señalar lo relativo al derecho de audiencia; una inquietud, incluso señalada por mi compañera, la Senadora Gabriela Cuevas, en otro momento, en su papel de legisladora de la Cámara de Diputados, y que hoy estamos haciendo algunas precisiones con el propósito de que efectivamente se proponga un procedimiento que permita a los gobernados ejercer el derecho de audiencia, de conformidad con el artículo 14 constitucional.

La inclusión de este derecho se realiza no solo para garantizar una adecuada defensa de los ciudadanos ante los actos de la autoridad, sino también por el respeto de sus bienes.

También con la finalidad de que las decisiones de la autoridad, en relación con los bienes que eventualmente se adscriban al régimen de protección de la ley, no queden sin efecto mediante juicios de garantías por el solo hecho de que la ley sea omisa en su procedimiento.

Podría abundar, señor Presidente, en las razones que llevaron a estas comisiones a dictaminar.

En consecuencia, quiero dejarle los argumentos a los que llegamos en la conclusión, mismos que obran en el cuerpo de cada uno de los tres dictámenes y que, en este caso, haré solamente esta presentación, pidiendo a mis compañeras y compañeros su voto afirmativo para cada uno de los dictámenes que procederá la Mesa Directiva a poner a consideración de los legisladores.

Me retiro, haciendo un reconocimiento a los colaboradores de las comisiones, quienes de manera acuciosa se dieron a la tarea de revisar cada uno de los elementos de los dictámenes que hoy sometemos a su consideración, y que sin duda, enriquecen la legislación mexicana en favor de la conservación y del patrimonio de nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

Gracias a todos, porque estoy segura que tendremos su votación afirmativa.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente.

En primer lugar, quiero felicitar sinceramente, a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, por atender un tema tan importante para la preservación de la cultura y de nuestros bienes prehispánicos.

Esta ley, sin duda es importante porque inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional, antes del establecimiento de la hispánica.

Los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación, o bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante, cuya protección es de interés nacional.

La protección del patrimonio cultural que se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica, como desde el punto de vista jurídico.

La preservación del patrimonio cultural, como un asunto de interés social y nacional, deposita en el orden federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que en representación del interés público sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

Los bienes arqueológicos por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles. Y en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular.

Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales.

La ley sienta las bases de una política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se consideran, son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

En materia de monumentos subacuáticos, se actualiza la Ley de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de la UNESCO, ratificada por México el 5 de junio de 2006, y en vigor desde el 2 de enero de 2009. En ella se establecen bases generales para garantizar la protección de todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico, arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma periódica o contínua, por lo menos durante 100 años.

De la misma manera, se respetan las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas, sobre el derecho del mar, CONVEMAR.

En materia de sanciones, el proyecto atiende la actualización a 42 años de vigencia de la ley, que por diferentes intereses y motivos no había podido actualizarse hasta este momento en el que yo estoy convencido, de que todos lo vamos a votar de manera unánime.

Los bienes que integran el patrimonio cultural de México, constituyen una herencia colectiva y el capital social no renovable del país que los hace merecedores de su protección y conservación, contribuyendo a persuadir a la sociedad y a la autoridad respecto de su cuidado, además de desincentivar conductas que promueven su comercialización ilícita, tráfico ilegal, coleccionismo irregular e, incluso, su destrucción.

En materia de audiencia, desde la promulgación de la ley de 1972, las inconsistencias en el andamiaje legal con la falta del derecho de audiencia de los afectados en materia de monumentos, enfrentada por la autoridad en materia de preservación de los monumentos de interés nacional, el INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBA, sus actos combatidos en tribunales, en especial, los procedimientos de declaratoria para adscribir al régimen de protección de bienes muebles e inmuebles que se consideran cumplen con las condiciones y características para protegerlos bajo la figura de monumentos.

Sin duda que es un avance en materia de derechos humanos. Por eso, compañeros Senadores, les pedimos que esta ley, todos la votemos por unanimidad, para garantizar la protección de nuestro patrimonio cultural e histórico.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. No habiendo más oradores sobre este dictamen, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Senadora Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE SANCIONES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE CULTURA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, aprobado por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 20 de septiembre de 2011, la entonces diputada Kenia López Rabadán, Diputada de la LXI Legislatura del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del capítulo VI. “De las sanciones” de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. La propuesta de la entonces diputada Kenia López Rabadán fue aprobada con adiciones por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislaturade la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2013.

4. El 29 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones con 439 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

5. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de este órgano legislativo el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la Legislatura LXI por la entonces Diputada Kenia López Rabadán en relación con el capítulo de sanciones aplicable a los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, misma que fue objeto de ajustes en su planteamiento original respecto de los artículos 47, 49, 52, 53 y 53 quater, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. La propuesta en general actualizaba y acrecentaba tanto las sanciones pecuniarias como las penas corporales de los delitos que se cometieran en contra de los bienes muebles e inmuebles con calidad de monumentos.

Los integrantes de la colegisladora participan de la idea de que los bienes que integran el patrimonio cultural de México, constituyen una herencia colectiva y el “capital social no renovable” del país que los hace merecedores de su protección y conservación. Y aunque es evidente que las disposiciones normativas no son la única vía para garantizar su preservación, sí contribuyen a persuadir a la sociedad y a la autoridad respecto de su cuidado, además de desincentivar conductas que promueven su comercialización ilícita, tráfico ilegal, coleccionismo irregular e, incluso, su destrucción.

Asimismo, señalan los integrantes de la Comisión de Cultura y de Cinematografía que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es un instrumento normativo que data del año de 1972 y cuya última reforma se llevó a cabo en el año de 1986, por lo cual encuentran viable e indispensable revisar las cuantificaciones previstas en los delitos, tanto en sanciones como en penas corporales, por el hecho de que responden a una realidad completamente diferente, pues han transcurrido casi 42 años desde la promulgación de la ley.

Asimismo, los diputados expresan su conformidad con la inclusión un tipo penal específicos para la protección de los bienes culturales subacuáticos, en correspondencia con la convención sobre la materia de la cual nuestro país forma parte y, asimismo, respecto de la internación irregular al territorio nacional de bienes culturales sujetos a protección por las leyes de sus países de origen, en congruencia con los tratados para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Con ese mismo espíritu, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República han participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente identifica bajo la figura de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos ohistóricos, que sean de interés nacional. Desde esa perspectiva, el universo de bienes muebles e inmuebles protegidos por la legislación mexicana, deben cumplir la condición de haber sido declarado monumento por ministerio de ley o, bien, a través de un procedimiento de declaratoria que los adscribe a esta cualidad. Su condición de arqueológico, artístico o histórico lo establecen diversas hipótesis técnicas contenidas en la legislación, dependiendo el tiempo de su edificación o elaboración.

CUARTA.- El proyecto de decreto en análisis hace referencia a las conductas delictivas originadas por el saqueo, destrucción, alteración, comercialización y tráfico ilícito de que son objeto los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden en la necesidad de hacer más severas las sanciones en virtud de que, cuando se promulgó la legislación vigente, en el año de 1972, era otra la situación económica en relación con la proporción de las multas aplicables, además de que la incidencia delictiva era menor. Hoy día el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además de que se han presentado fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas. Un hecho lamentable que motivo la revisión del catálogo de delitos contemplado en la ley, fue la agresión a cabezas olmecas en el Parque Museo La Venta por integrantes de una secta religiosa que, aduciendo su libertad de expresión, rociaron con sustancias químicas un monumento. El pago de la multa correspondiente y la fianza fijada por la autoridad judicial, de acuerdo con la norma en vigencia, provoca que prácticamente no hayan delincuentes cumpliendo condenas en penales nacionales por los delitos contemplados en la ley, circunstancia que ha propiciado la reincidencia y la percepción del bajo riesgo que implica optar por este tipo de ilícitos. La sentencia firme del juez de la causa penal relacionada con las cabezas olmecas del Parque Museo La Venta, dañadas deliberadamente, fue de un año, por lo que los sentenciados por el delito cumplieron su condena en libertad.

QUINTA.- Por esta razón, los integrantes de las comisiones dictaminadoras participan de la propuesta de revisar el catálogo de delitos propuesto por la Cámara de Diputados en el presente Proyecto de decreto, y comparten el interés por ajustar las sanciones económicas y las penas corporales para ponderar con una visión diferente las conductas más lesivas en contra de los bienes culturales. Lo anterior con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan, sustraen y comercializan ilícitamente, en México o en el extranjero, bienes arqueológicos, históricos o artísticos de propiedad pública o privada y cuyas consecuencias derivan en una pérdida de valores culturales propios de la identidad de comunidades, pueblos y, en general, de la Nación mexicana.

SEXTA.- Atendiendo a la relevancia del bien jurídico tutelado, los integrantes de la Cámara de Diputados incrementan tanto la sanción pecuniaria como la sanción corporal mínima en cada uno de los delitos considerados en la ley. No obstante que la colegisladora no señala en el cuerpo del dictamen los elementos de ponderación respecto al monto y temporalidad de la acción coactiva del Estado, los integrantes de la comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera consideran que éstas deben equiparase a otros delitos contenidos en el Código Penal Federal, concretamente para tres tipos de conductas ilícitas, entre ellas, los delitos que atentan contra el consumo y riqueza nacionales, el daño en propiedad ajena y el robo. Cada uno de ellos son tomados en cuenta en los elementos que pueden ser equiparables en el sentido del daño que causan a la sociedad.

SÉPTIMA.- Quienes participan del dictamen, tienen claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad en el artículo 14 la prohibición expresa de establecer por simple analogía penas que no estén debidamente decretadas por una ley, por lo que la referencia a los delitos señalados es únicamente con la finalidad de tener un parámetro analítico para establecer la sanción de las conductas en que se incurre cuando se atenta en contra de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional. Por ejemplo, los actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional (artículo 253 del Código Penal Federal), se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa. Entre las conductas sancionadas se encuentra el aprovechamiento ilícito de los hidrocarburos y demás derivados del petróleo, así como del robo de energía eléctrica.

OCTAVA.- Asimismo, el daño en propiedad ajena presenta diversas hipótesis. Cuando se realiza a través de actos como explosiones, inundaciones o incendios en bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, se castiga con una pena corporal de cinco a diez años (fracción IV del artículo 397 del Código Penal Federal) y, en los casos de delitos culposos, se establece una multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste. En el caso de la sustracción de bienes muebles declarados monumento, se considera una conducta análoga al que comercializa de manera habitual objetos robados a que se refiere el artículo 368 ter del Código Penal Federal, que establece que, si el valor intrínseco es superior a quinientas veces el salario, se sancionará con una pena de prisión de seis a trece años y de cien a mil días multa.

NOVENA.- Debe enfatizarse que las sanciones pecuniarias no pretenden establecer un monto específico respecto del valor en numerario del bien de que se trate, ya sea que se haya dañado o fuese sustraído, en virtud de que, en el caso concreto de los monumentos arqueológicos, por su naturaleza jurídica de inalienables, imprescriptibles y propiedad de la Nación, no están sujetos al comercio. De modo que es imposible establecer una referencia del valor económico de los mismos. En el caso de los monumentos históricos, cuando se trata de bienes propiedad de la Nación, tampoco están sujetos al comercio y, como su condición jurídica no puede alterarse, no se puede establecer un valor económico. Sin embargo, si existen monumentos históricos de propiedad particular sujetos al comercio y traslado de dominio. Esto último también vale para los monumentos artísticos, cuyo carácter más contemporáneo los hace objeto de un mercado de bienes más activo. Sin embargo, lo que aquí se señala es que la sanción aplica como castigo a la conducta ilícita en que se incurra, más que a establecer el valor del bien cultural de que se trate o a la reparación de su daño.

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

DÉCIMA.- Sin duda resulta de la mayor pertinencia la actualización del catálogo de delitos contenido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dado que la fijación de las sanciones fueron diseñadas en un contexto totalmente diferente en nuestro país, por lo que, con la finalidad de desincentivar conductas ilícitas que ponen en riesgo el legado histórico y cultural, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República se suman a la propuesta hecha por los legisladores de la Cámara de Diputados, no obstante, en ejercicio de las atribuciones de cámara revisora que les confiere el inciso e) del artículo 72 Constitucional, proponen algunas modificaciones.

DÉCIMA PRIMERA.- En primer término se propone que las sanciones pecuniarias se calculen con base en la expresión salarios días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, a fin de que el pago por daños al Estado se fije con base en la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de que sea consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Lo anterior, debido al perfil de las personas que participan de los delitos asociados a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que incluyen delincuentes comunes hasta bandas que operan de forma coordinada o, bien, exploradores especializados que directamente concurren a los sitios arqueológicos e históricos, hasta personas que fomentan el coleccionismo y cuyos ingresos son muy elevados por estar al final de la cadena delictiva. El texto del artículo de Código Penal es el siguiente:

Artículo 29.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

Para los efectos de este Código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta. Para el permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación.

DÉCIMA SEGUNDA.- En relación con el artículo 49, se considera que por una imprevisión legislativa se homologó la condición jurídica de los monumentos arqueológicos a la de los monumentos históricos y artísticos para los efectos de este precepto, cuando en realidad se trata de naturalezas jurídicas comunes pero que presentan diferencias. Los monumentos arqueológicos son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y todos los que están identificados y los que se localicen están o estarán bajo la jurisdicción Federal. En cambio, tanto los monumentos históricos como los artísticos admiten la propiedad particular y, por lo tanto, son susceptibles del comercio o la exhibición y, aunque están sujetos a las modalidades que impone la legislación, no podría equiparase la comercialización ilícita de un bien arqueológico con la omisión de notificar un acto de traslado de dominio de un monumento histórico o artístico, pues en el primer caso se trata de un delito y en el segundo de una sanción administrativa.

DÉCIMA TERCERA.- Lo mismo puede señalarse respecto del artículo 50, pues la hipótesis contenida en este precepto se refiere específicamente a los bienes muebles arqueológicos e históricos que se localizan en el contexto de los bienes inmuebles declarados monumentos, hipótesis que no aplica a los monumentos artísticos. En el caso particular de los bienes posteriores a la instalación de la hispánica, la fracción I del artículo 36 a que se hace referencia, define los bienes muebles que por ministerio de ley son monumentos históricos.

DÉCIMA OCTAVA.- En relación con el artículo 53 bis adicionado, para castigar aquellos delitos relacionados con bienes culturales internados al territorio nacional sin autorización o de manera irregular, los integrantes de la Comisión opinan que no tiene por qué adoptarse la nomenclatura de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos aplicable en nuestro país, toda vez que cada nación establece su propia metodología de protección de bienes y, aunque tengan una denominación similar, las implicaciones jurídicas pueden ser muy diferentes. Por tal razón, se sugiere tomar, en este caso, la referencia a los tratados internacionales para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, vigente desde enero de 1973. En tal sentido se propone la siguiente redacción:

Artículo 53 bis.- Al que participe en la internación, saque del país o transferencia la propiedad de bienes culturales infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

En este caso en particular, las sanciones pecuniarias se establecen con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en virtud de que podría tratarse de personas que no tengan residencia o autorización para trabajar en el territorio nacional.

DÉCIMA NOVENA.- Finalmente, a efecto de armonizar las disposiciones sobre fijación de multas respecto del Código Penal Federal, se propone modificar el artículo 54 con la finalidad de hacer el reenvío correspondiente. En tal virtud se propone reformar el segundo párrafo para quedar como sigue:

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

VIGÉSIMA.- Para efectos de una mejor comprensión de las modificaciones que tanto el proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013, como el proyecto de decreto que se somete en el presente dictamen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Texto vigente

Proyecto de decreto cámara de diputados

Propuesta de modificación

ARTÍCULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTÍCULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil días multa.

Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTÍCULO 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico, histórico o artístico mueble, que comercie con él, o que lo trasporte, exhiba o reproduzca, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, histórico o artístico mueble, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTÍCULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con apego a la Ley, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de Salario Mínimo General vigente para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTÍCULO 52.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Artículo 52. Al que por cualquier medio, dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doce años, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparación del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

ARTÍCULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

ARTÍCULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

 

Artículo 53 Bis. Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien de que se trate será incautado y se pondrá a disposición del país de origen.

Artículo 53 bis.- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transferencia la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en materia federal.

Párrafo reformado DOF 23-12-1974

Los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los efectos de esta Ley.

La graduación de las sanciones a que esta Ley se refiere se hará tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

 

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

ARTÍCULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del Reglamento de esta Ley.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO 55.-Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS EN MATERIA DE SANCIONES

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil días multa.

Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTICULO 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTICULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

ARTICULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 53 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticose Históricos para quedar como sigue:

Artículo 53 bis.- .- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.”

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 22 de octubre de 2013

ComisiOn de Cultura

ComisiOn de Estudios Legislativos, Primera”.

La primera lectura a este dictamen se le dio el pasado 13 de diciembre de 2013, por lo que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5o., 22, 34 y 34 Bis; y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quater de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derechos de audiencia.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5o., SEGUNDO PARRAFO, 22, SEGUNDO PARRAFO, 34, SEGUNDO PARRAFO Y 34 BIS, TERCER PARRAFO, Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 5o. BIS, 5o. TER Y 5o. QUATER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES DE CULTURA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto que reforma los artículos 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y adiciona un artículo 5° bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2013.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 24 de febrero de 2011, la entonces diputada Gabriela Cuevas Barrón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 24 y 34 bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. El 27 de septiembre de 2011, la diputada Ana Luz Lobato Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre y representación de diversos Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios, en su carácter de Diputada integrante de la LXI Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ordenó el turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía.

5. El 20 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto que reforma los artículo 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y adiciona un artículo 5° bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con 442 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado el expediente a la Cámara de Senadores para efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

6. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratoria para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y estudio del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza deriva de dos iniciativas presentadas en el año de 2011 y retoman un tema que durante muchos años se ha discutido: el derecho de audiencia en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Desde la promulgación de la ley en el año de 1972 son diferentes circunstancias las que ha enfrentado la autoridad en materia de preservación de los monumentos de interés nacional, ya que los actos de autoridad tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, como del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, han sido combatidos en tribunales, en especial los procedimientos de declaratoria para adscribir al régimen de protección bienes muebles e inmuebles que se consideran cumplen con las condiciones y características para protegerlos bajo la figura de monumento.

En ese sentido, los integrantes de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados reconocen las inconsistencias en el andamiaje legal en materia de monumentos y que las iniciativas de las entonces diputadas Gabriela Cuevas y Ana Luz Lobato Ramírez representan una reflexión crítica para dotar el marco jurídico de los elementos de derecho indispensables para hacerlo congruente con los derechos humanos y fundamentales de la sociedad mexicana.

En opinión de la colegisladora, resultauna omisión el que por décadas no se le haya conferido a la ley de un procedimiento para hacer valer el derecho de audiencia de las personas que eventualmente se ven afectadas por las resoluciones de la autoridad, de modo que no puedan exponer lo que a su derecho convenga. En este sentido, los Diputados que suscriben el dictamen citan las resoluciones que en tesis aisladas ha emitido el Poder Judicial respecto de esta omisión, que implicaron brindar la justicia de amparo a los particulares que solicitaron la protección de la justicia en contra de los actos de autoridad ordenados por el INAH. La conclusión es que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es violatoria de la garantía constitucionalde audiencia “consagrado en el artículo 14 Constitucional”, (ahora derecho humano).

El proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados establece las siguientes modificaciones: se especifica en el artículo 5° que para la expedición o revocación de la Declaratoria habrá de mediar el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis; se desarrolla un procedimiento de derecho de audiencia relativo a los actos de autoridad con motivo de las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos en el artículo 5° bis; se adiciona una frase final al artículo 22 para establecer el plazo en que habrá de realizarse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; se reforma el segundo párrafo del artículo 34 para establecer que es necesaria la opinión de la Comisión de Monumentos y Zonas de Monumentos Artísticos en la emisión de una declaratoria; y se reforma el tercer párrafo del numeral 34 Bis para que, posterior a la emisión de la declaratoria provisional, se lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis propuesto en este dictamen, y no se violente la garantía de audiencia de los gobernados.

El texto del proyecto de decreto es el siguiente:

Artículo 5o. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en el artículo 5 Bis de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5o Bis. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al siguiente procedimiento, y se expedirá previa audiencia que se conceda a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos, de conformidad con lo siguiente:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte; tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los siguientes requisitos:

a. El nombre, denominación o razón social de quien o quienes la promuevan, y en su caso, de su representante legal.

b. Domicilio para recibir notificaciones.

c. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.

d. Información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria.

e. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés legítimo, en caso de que los hubiere.

f. Hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

II. Dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente emitirá un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Declaratoria, en caso de que se hayan cumplido los requisitos señalados en la presente fracción; en caso contrario se prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación del mismo. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

Tratándose de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, previo a la emisión del Acuerdo, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes enviará la solicitud a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. En caso de que la Comisión emita opinión favorable respecto de la expedición de la Declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá a emitir el Acuerdo. En caso contrario el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente.

El procedimiento de oficio iniciará con el Acuerdo a que se refiere esta fracción, en el caso de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, deberá contar con la opinión favorable de la Comisión.

III. El Acuerdo se notificará personalmente al promovente y a quienes pudieran tener interés legítimo.

IV. Tratándose de Declaratorias de zonas de monumentos o cuando se desconozca la identidad o domicilio de quien tenga interés legítimo en un bien que se pretende declarar como monumento, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del Acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación nacional y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

V. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del Acuerdo o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

VI. Transcurrido el plazo referido en la fracción previa, el Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

VII. Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Secretario de Educación Pública, éste tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente en un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VIII. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular de Instituto competente, o el Instituto que conozca del procedimiento, podrán dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Artículo 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o Bis de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Tomados en cuenta los razonamientos y comentarios hechos al proyecto de decreto por parte de los Diputados, quienes integran las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacer las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico para mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Además de la protección, la conservación y la recuperación del patrimonio cultural, actividades declaradas de utilidad pública en el artículo 1° de la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1970, la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que abrogó a aquella, declara de utilidad pública, además, a la investigación y a la restauración de los monumentos y zonas de monumentos, reconocimiento que sitúa a estas actividades como elementos de primer orden en los propósitos de la ley. Desde esta perspectiva, la protección, conservación y recuperación no pueden ser disociadas de las labores de la investigación y restauración.

CUARTA.- Una característica relevante de la Ley promulgada en 1972, fue la introducción del concepto de zona de monumentos, para designar el área específica en la que se localizan diferentes edificaciones, asociadas entre sí, de una misma categoría, ya sean arqueológicas, históricas o artísticas. Esta figura jurídica, sustentada con la Reforma Constitucional a la fracción XXV del Artículo 73 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1966, involucró al titular del Ejecutivo en el procedimiento de las declaratorias de zonas de monumentos como la única autoridad facultada para emitirlas. Además, las zonas de monumentos quedan sujetas a la jurisdicción Federal en lo que se refiere a la salvaguarda de los inmuebles que las integran.

QUINTA.- Cabe destacar que al promulgar la Ley de 1972 se enmendaron imprecisiones y preceptos inconstitucionales del texto de la Ley del Patrimonio Cultural promulgada en 1970, tan sólo dos años antes, tales como la posibilidad de comercializar bienes arqueológicos o, bien, aplicar la figura de utilidad pública a bienes de propiedad particular por el sólo hecho de incrementar los acervos públicos, aspectos que fueron impugnados por organizaciones sociales, académicos e, incluso, instituciones públicas. Asimismo, su ámbito de protección se enmarcó únicamente en las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de lado los demás bienes calificados como de interés cultural de acuerdo a ley federal previa. Sin duda, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como ha sido señalado, representó un esfuerzo genuino por alcanzar un instrumento jurídico que garantizara la protección y conservación efectiva del patrimonio cultural, con apego a los principios constitucionales y a las garantías individuales, sin embargo, con el paso de los años, se hace necesario hacer una reflexión sobre diversos aspectos que han estado presentes en la discusión sobre los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación, en particular, sobre el derecho de audiencia, materia del presente dictamen.

SEXTA.- El Proyecto de decreto, señala uno de los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de la Ley y que se refiere a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (segundo párrafo del artículo 23), sin embargo, los propietarios o poseedores de bienes muebles o inmuebles quedan impedidos de exponer lo que a su derecho convenga ante la autoridad en la materia, respecto de los demás actos con motivo de la emisión de los distintos tipos y modalidades de declaratorias de monumentos que involucren bienes de su propiedad, cuyos efectos implican en todos los casos la imposición de modalidades de uso, aprovechamiento y traslado de dominio, a efecto de garantizar su conservación. Esta omisión de la ley ha propiciado la promoción de distintos juicios de garantías en el seno del Poder Judicial de la Nación, órgano que en dos ocasiones ha fallado sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la ley, precisamente por carecer de un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, dejando sin efectos actuaciones de la autoridad tomadas al amparo de la ley. Bajo esos argumentos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elda J. Cantón Campos Viuda de Cásares y otros, en sesión celebrada el veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, al fallar el amparo en revisión 3153/78 emitió la siguiente tesis aislada:

“MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, LEY FEDERAL SOBRE. ES VIOLATORIA DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Es inconstitucional la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, porque no prevé un procedimiento para que los afectados impugnen la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que emitan las autoridades administrativas; pues como dice la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo está obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las leyes un procedimiento para que los afectados puedan impugnar los actos de aplicación. No obsta a lo anterior el hecho de que, en los artículos 23 y 24, la Ley en cita prevea un recurso de oposición contra la inscripción de la declaratoria en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues la oposición de referencia opera contra la inscripción en el registro, pero no contra la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que es la que causa perjuicio, por la serie de obligaciones que impone. Por tanto, si independientemente de la inscripción en el registro, la sola declaratoria impone obligaciones a los afectados (artículos 6o, 7o, 10, 11 y 12, entre otros, de la Ley reclamada) y si la ley no contempla procedimiento o recurso alguno para que los propios afectados impugnen dicho acto de aplicación, ese ordenamiento es violatorio del artículo 14 constitucional.”

(Tesis: P. XXIX/2000; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI; Marzo de 2000; página: 96)

Asimismo, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito emitió la siguiente tesis aislada:

MONUMENTO HISTORICO. EL DECRETO A TRAVES DEL CUAL SE DECLARA COMO TAL DETERMINADO BIEN INMUEBLE, SIN QUE PREVIAMENTE SE HAYAN OBSERVADO LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, NI SE ESTABLEZCA RECURSO O PROCEDIMIENTO ALGUNO PARA IMPUGNAR DICHA DECLARATORIA, INFRINGE LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

El artículo 14 constitucional consagra la garantía de audiencia, consistente en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones y, en general, de sus derechos. Así, el decreto a través del cual se declara monumento histórico determinado inmueble, sin que previamente se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento alguno para que el afectado pueda impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia. Además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no prevé un procedimiento para que el afectado impugne esa declaratoria, pues los artículos 23 y 24 de la ley en cita contemplan un recurso de oposición contra la inscripción en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, pero no contra la declaratoria de un bien inmueble como monumento histórico.

(Tesis: IX.2o.18 A; Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Mayo de 2004; página 1794).

SÉPTIMA.- Sumado a lo anterior, debe tenerse presente la jurisprudencia número 45/95 emitida por el Tribunal Supremo en la cual se establece la obligación de garantizar el cumplimiento de las formalidades del procedimiento a los gobernados cuando los actos de autoridad afecten vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos (publicada en el tomo II del Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 1995, Novena Época, foja 59):

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Asimismo, de acuerdo a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el establecimiento del procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de los ciudadanos constituye una obligación no sólo para las autoridades administrativas sino también, a decir de la corte, para el Poder Legislativo:

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.- La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectados por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos”. (Tesis de jurisprudencia ochenta, publicada en la página noventa y cuatro, Tomo I, Pleno, Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco).

“AUDIENCIA, GARANTIA DE, MATERIA ADMINISTRATIVA.- Si algún valor tiene la garantía del artículo 14 constitucional, debe ser, no solamente obligando a las autoridades administrativas a que se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un procedimiento adecuado en que se oiga a las partes. Claro que esto no quiere decir que el procedimiento que establezca la ley, tratándose de procedimientos de autoridad administrativa, sea exactamente igual al procedimiento judicial, pero sí debe estimarse que en un procedimiento administrativo puede caber la posibilidad de que se oiga al interesado y que se le dé oportunidad de defenderse”.

(Tesis publicada en la página cuatrocientos noventa y cuatro, Tomo CII, Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación).

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.- La autoridad legislativa respeta la garantía de audiencia al establecer en la ley respectiva un recurso, mediante el cual los particulares afectados puedan impugnar los actos de las autoridades aplicadoras”.

(Tesis publicada en la página veintitrés, Volumen 157-162, Primera Parte, Pleno, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación).

“ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTIA DEL.- La garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, no sólo es obligatorio para las autoridades judiciales y administrativas sino que rige también para el Poder Legislativo, el cual está obligado a decretar leyes en las que respete la citada garantía a favor de los particulares, para que estos puedan hacer valer sus derechos”.

(Tesis publicada en la página novecientos sesenta y cuatro, Tomo CVII, Segunda Sala, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación).

OCTAVA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras son de la opinión de que en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se debe incluir, tal como lo proponen los diputados, un procedimiento que permita a los gobernados ejercer el derecho de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional; no sólo para garantizar una adecuada defensa ante los actos de la autoridad y el respeto por sus bienes, sino también con la finalidad de que las decisiones de la autoridad en relación con los bienes que eventualmente se adscriban al régimen de protección que la ley propone, no queden sin efecto mediante juicios de garantías por el sólo hecho de que la ley es omisa en cuanto al procedimiento. Es previsible que la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, vean limitada su actuación en cuanto a la integración de los expedientes y la emisión de declaratorias de monumentos y zonas de monumentos por el sólo hecho de la probable oposición de los particulares, quienes podrán promover exitosamente juicios de amparo por la inexistencia de un procedimiento.

NOVENA.- Este hecho es relevante, en virtud de que la autoridad no cuenta con un medio legal para desahogar las impugnaciones que, a través del juicio de amparo, pueden solicitar los particulares cuyas posesiones sean objeto de una declaratoria de adscripción al universo protegido de bienes culturales bajo la figura de monumento. Tal circunstancia pone en entredicho muchas de las decisiones tanto del INAH como del INBA, en virtud de que, por la naturaleza de la resolución del amparo, el acto de autoridad debe extinguirse y las cosas deben volver a su estado original. Esta situación coloca en estado de indefensión a aquellos bienes históricos y artísticos que, teniendo las características para ser protegidos bajo la figura de monumento, no cuentan con tal declaratoria.

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

DÉCIMA.- Sin duda la reflexión normativa hecha en la Cámara de Diputados representa la oportunidad de dotar de mejores medios legales que respalden la actuación de la autoridad responsable de la conservación, preservación e investigación, en particular, en los procedimientos bajo los que pueden vulnerarse o conculcarse derechos fundamentales de los ciudadanos cuando no se cuenta con un medio de defensa apropiado. El procedimiento de adscripción de un bien cultural mueble o inmueble a un régimen de protección bajo la figura de monumento, implica la imposición de modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, incluso,a la propiedad particular, precisamente porque el propósito que se persigue es garantizar la conservación de los bienes y, al mismo tiempo, facilitar su acceso para fines de investigación.

DÉCIMA SEGUNDA.- Cabe destacar que las declaratorias de monumento o zona de monumentos constituye un acto de autoridad que debe desarrollarse bajo un procedimiento que atienda cada uno de los momentos específicos de la declaratoria y el desahogo apropiado del derecho de audiencia. Por una parte, debe atenderse a las personas o entidades facultadas para dar inicio al procedimiento, a las autoridades involucradas, las notificaciones, el desahogo de los medios de defensa y los periodos respectivos para la emisión de resoluciones. Por la otra, con respecto a los ciudadanos, debe atenderse la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegary el dictado de una resolución que dirima los asuntos debatidos.

DÉCIMA TERCERA.- Con base en estas consideraciones, los integrantes delas comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera coinciden en el mismo sentido de reordenar los tres primeros apartados del procedimiento establecido por la colegisladora en el artículo 5° bis original del proyecto de decreto, a fin de afinar los términos del procedimiento y quede firme los requisitos de las solicitudes que se originen a petición de parte; para afinar una referencia a la fracción II que debe dirigirse a la primera y precisar que, cuando se rechaza una solicitud a petición de parte, no es necesario emitir un acuerdo, además de ajustar los conceptos de interés jurídico e interés legítimo señalados en el procedimiento de la Cámara de Diputados.

DÉCIMA CUARTA.- Cabe destacar que la emisión de declaratorias no es el único acto de autoridad que llevan a cabo el INAH y el INBA en materia de preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en virtud de que también se otorgan permisos y autorizaciones, así como notificaciones y resoluciones respecto de otros actos de autoridad, como la suspensión de obras, demoliciones o labores de salvamentos, que atienden situaciones de riesgo de bienes culturales. Desde esta perspectiva, las comisiones que concurren al dictamen son de la opinión que el presente proyecto de decreto representa la oportunidad de incluir la referencia a que cualquier acto de autoridad de los institutos pueda ser recurrido a través de los medios jurídicos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo con el siguiente texto:

Artículo 5° quater.- En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, se otorgará garantía de audiencia conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 5º, SEGUNDO PARRAFO; 22, SEGUNDO PARRAFO; 34, SEGUNDO PARRAFO Y 34 BIS, TERCER PARRAFO, Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 5° BIS, 5° TER Y 5° QUATER, TODOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5° bis, 5° ter y 5° quater, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

Artículo 5°. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en los artículos 5 bis y 5° ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5° bis.- En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos:

a) El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, de su representante legal;

b) Domicilio para recibir notificaciones;

c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones

d) La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria

e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y

f) Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

Artículo 5° ter.- La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior únicamente podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 Bis de esta ley.

Para lo no previsto en la presente ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5° quater.-En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o ter de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 22 de octubre de 2013

ComisiOn de Cultura

ComisiOn de Estudios Legislativos, Primera”.

Le recuerdo a la Asamblea que a este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5o., segundo párrafo, 22, segundo párrafo, 34, segundo párrafo y 34 Bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quater de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derechos de audiencia. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de derechos de las personas indígenas.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de derechos de las personas indígenas.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION II DEL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador David Monreal Avila)

“POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION II DEL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

Gracias Presidente.

La trata de personas es uno de los delitos que en mayor medida atentan contra los derechos humanos, pues vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, principalmente, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.

México tiene una posición geográfica particular, ya que es considerado un país de tránsito de víctimas de trata de personas, y al mismo tiempo, es un país de origen fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que son trasladadas a otros territorios para ser sujetos de la trata con fines de explotación sexual y laboral.

Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres, niños, personas indígenas, y los migrantes indocumentados o documentados.

Asimismo, según un grupo contra la trata de personas en México, más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata cada año, especialmente en zonas fronterizas y turísticas.

La mayoría de las víctimas tratadas en México son extranjeras, provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador; ellas son utilizadas para el tráfico y explotación sexual en Estados Unidos y, en un grado inferior, en países como Canadá y Europa occidental.

De acuerdo con el “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.

Este mismo estudio revela que México carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para describir con precisiónlas dimensiones y alcances del delito de la trata de personas en México.

Debido a las cifras alarmantes es una obligación del Estado Mexicano otorgar a las víctimas de trata de personas, los elementos suficientes y que por derecho les corresponden para garantizar su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

Es sumamente necesario hacer valer sus derechos y proporcionarles información sobre ellos en un idioma o lengua que comprendan, pues como bien sabemos, la trata de personas afecta a todos los sectores de la población nacional e internacional y por ende, la aplicación de derechos debe ser igual para todos.

El combate a la trata de personas requiere absoluta participación de los tres órdenes de gobierno, con el fin de evitar y disminuir las condiciones de vulnerabilidad que hasta el día de hoy le han permitido a este acto ilícito posicionarse como el segundo más redituable para la delincuencia organizada.

Por lo anterior, la información que se proporcione a las víctimas debe ser facilitada en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística que comprendan, de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad, ya sea por su condición de miembros de pueblos o comunidades indígenas, así como víctimas extranjeras introducidas legal o ilegalmente al país.

Por ello, me pronuncio a favor del presente dictamen, lo mínimo que se puede hacer por una víctima de trata es informarle sobre sus derechos en su idioma o lengua que comprenda, para lograr una verdadera protección de las víctimas así como una atención integral.

Es cuanto.

Por su atención, muchas gracias

Sen. David Monreal Avila”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

No habiendo oradores registrados ni artículos reservados, Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto que nos ocupa.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 106 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que sobre el dictamen que acabamos de aprobar, se recibió oportunamente el aviso para la intervención del Senador David Monreal Avila, sin embargo, debido a una omisión del área técnica, no fue mencionado el texto de la exposición del Senador. Se recibió en Mesa Directiva y se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 20 y 82 de la Ley General de Protección Civil, en materia de fenómenos astronómicos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2, FRACCION XVI, Y EL ARTICULO 82; SE ADICIONA LA FRACCION XXVII, RECORRIENDO EL ORDEN DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTICULO 2, Y SE AÑADE UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 20 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos en función de lo que señala el artículo 58 de nuestro Reglamento y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto..



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82; se adiciona la fracción XXVII, recorriendose el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, en materia de recursos federales para la atención de desastres.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTICULO 63 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 constitucional, en materia de terrorismo.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. Señoras y señores Senadores:

El día de ayer las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre de 2013, por la cual se realizan un conjunto de modificaciones a disposiciones en materia penal y procedimental penal para atender dos recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Se trata del cumplimiento de obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el ámbito del concierto de las naciones para prevenir y combatir dos flagelos relevantes en el concierto internacional; por una parte el terrorismo y por otra, el financiamiento a ese tipo de actividades.

Son dos recomendaciones que esta misma semana deben quedar acreditadas en la reunión que se celebra anualmente del mecanismo del GAFI. El próximo jueves el Estado mexicano comparece ante ese sistema para dar cuenta cabal de los avances y, sobre todo, de la atención a las recomendaciones que han sido emitidas, y en razón del carácter vinculante del tratado internacional son y representan obligaciones para el Estado mexicano.

El pasado 31 de mayo de 2013, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que trata, fundamentalmente, de fortalecer la descripción del tipo penal en materia de terrorismo y ajustar y fortalecer los tipos penales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La minuta que llegó de la Cámara de Diputados y que hoy se somete a consideración de este Pleno, tiene el siguiente contenido:

Se modifica el delito de terrorismo tipificado en el artículo 139 del Código Penal Federal en los aspectos siguientes:

Se incrementa la punibilidad mínima para pasar de 6 a 15 años, así como la correspondiente multa, por una multa mínima de 400 y un máximo de 2 mil días multa.

Se adicionan otros medios para la consumación del delito que no se encuentran previstos en el texto vigente, tales como material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación.

Se busca con esta minuta sancionar la extensión del daño que puede presentarse en bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

Se consideran el tipo, además de los actos en contra de la actividad física, también los que afectan al estado emocional o los que puedan comprometer la vida misma de las personas.

Como finalidad de la conducta de terrorismo, además de la autoridad, se contempla a los particulares como destinatarios de la presión del acto para tomar una determinación.

Un segundo aspecto de esta minuta es la sanción penal a la tentativa de terrorismo, es decir, a la persona que acuerde o prepare un acto terrorista. Bajo ese tenor, la minuta considera incrementar la punibilidad hasta en una mitad cuando el delito sea cometido en contra de un bien de acceso público, la economía nacional o cuando la ejecución del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

Se adiciona un nuevo tipo penal denominado “financiamiento al terrorismo”, para el cual se propone crear un artículo específico que lo describe.

Asimismo, se adiciona una disposición a efecto de sancionar de manera específica al encubrimiento de delito y al financiamiento al terrorismo, que incluye a los operadores del sistema financiero.

Respecto al delito de terrorismo internacional en el marco de sus compromisos que ha contraído el Estado mexicano, se agregan como medios comisivos la utilización de materiales que en el concierto internacional han sido señalados como los especialmente relevantes para este tipo de conductas, tales como materiales nucleares, minerales radiactivos y fuentes de radiación que pueden emplearse por cualquier persona; asimismo, se adiciona la presión como mecanismos para provocar que la autoridad tome una determinación.

En concordancia con el tipo básico de terrorismo previsto en los tratados internacionales, se amplió el espectro legal al disponer que no solo serán objetos de actos terroristas los bienes, sino también las personas o los servicios, así como las acciones concretas de una persona para presionar a otra, y también se protege fundamentalmente el estatuto del funcionariado internacional.

Se crea un tipo penal específico que sanciona a quien cometa el delito de homicidio o algún acto en contra de la libertad de una persona internacionalmente protegida y que se realice en territorio mexicano.

Cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias particulares o medios de transporte de la persona internacionalmente protegido, que tenga como resultado un atentado en su vida y en su libertad, deben ser sancionados severamente, tal y como lo han ordenado las instancias internacionales por los tratados que ha suscrito el Estado mexicano y que ha ratificado el Senado de la República.

Se contempla en el artículo 148 Quáter del Código Penal Federal, la pena de seis a doce años de prisión que se impondrá a quienes amenacen con realizar un delito de los contemplados en las fracciones I a III del artículo 148.

En el artículo 170 del Código Penal Federal se prevén los ataques a instalaciones o plataformas y se incluyen los medios de amenaza o engaños para apoderarse o ejercer control sobre una plataforma fija, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicio a la aviación civil, régimen legal que hoy no está previsto en nuestro ordenamiento.

Se adiciona una disposición para sancionar de manera diferenciada el robo de material radioactivo, nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación, con una pena agravada en razón de que este tipo de robo hoy no tiene una caracterización especial en nuestro sistema.

Se modifica el Código Penal Federal para fortalecer el marco normativo que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita y se adiciona una fracción para incluir supuestos de manejos de recursos de procedencia ilícita.

Se adiciona un segundo párrafo para otorgar como requisito de procedibilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la denuncia de parte.

Asimismo, se adiciona la conducta del testaferrato como un tipo penal autónomo, una disposición no prevista actualmente en nuestro ordenamiento.

Se incluye en el catálogo de delitos graves las conductas de financiamiento al terrorismo, encubrimiento del mismo, robo de material, así como la conducta del testaferrato.

Se modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el apartado correspondiente al financiamiento a actividades ilícitas se crea un tipo específico de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, para darle el carácter de delincuencia organizada y utilizar los recursos que provee el Estado mexicano a este tipo de comportamientos.

Respecto al Código Fiscal de la Federación, se modifica para prever la existencia de una excepción sobre reserva de información fiscal, promovida por contribuyentes o terceros cuando tengan relación con un indicio sobre terrorismo o financiamiento a esas actividades.

Se reforma también la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de disponer que para la preparación de la acción de extinción de dominio, también el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere de los informes de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que México forme parte.

En el ámbito de la Ley Federal de Extinción de Dominio, también se reforma para efecto de disponer, al igual que en la reforma al artículo 6 de dicha ley, que la información en la que sustente la acción de extinción de dominio se recae por el Ministerio Público a través de informes de autoridades competentes o de organismos internacionales que estén previstos en tratados de los que México sea parte.

Finalmente, se adiciona el artículo 12 para que el Ministerio Público se le faculte para solicitar a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciba reportes, informes o resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y encuentre vínculos e indicios de delitos en materia de terrorismo o de sus fuentes de financiamiento.

En el supuesto de que México no acredite el cumplimiento de estas recomendaciones, la consecuencia sería que formaría parte de una lista gris de países señalados en términos de una baja eficacia en el combate al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, esto implicaría que México sería señalado como una instancia no confiable en su sistema financiero, y podría reportar perjuicios inmediatos a las fuentes de financiamientos y actividades económicas de nuestro país.

Esa es la razón por la cual el día de hoy las comisiones unidas hemos enviado a este Pleno la aprobación de la minuta recibida por la Cámara de Diputados el mes de diciembre del año pasado.

Hay un compromiso internacional que debe acreditarse; hay un compromiso internacional que México debe responder y acreditar y, sobre todo, hay una obligación de este Senado de la República de fortalecer los mecanismos y el andamiaje institucional para combatir el financiamiento ilegal al terrorismo y el lavado de dinero.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Se le concede el uso de la tribuna al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Después de haber escuchado con mucha atención las palabras del presidente de la Comisión de Justicia, quiero exponerles a ustedes, compañeras y compañeros, que nosotros decidimos presentar un voto en particular sobre este dictamen, porque nos parece que la tipificación del terrorismo es un tema tan relevante que no debe, de ninguna forma, ser legislado de la manera como se pretende.

Pero también quiero decir que nuestra objeción no responde solamente a temas de forma, nuestra objeción se refiere también al fondo de los delitos que estamos discutiendo. El dictamen, compañeras y compañeros, que se somete a discusión plantea, como aquí se ha externado, la necesidad de reformar el tipo penal de terrorismo bajo la premisa de que dicha adecuación responde a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el marco de las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales con la participación del Fondo Monetario Internacional, en el informe de evaluación mutua, realizado en México en el año 2008.

Sin embargo, es de llamar la atención, compañeras y compañeros, que dicho documento emite recomendaciones que se relacionan al cumplimiento e implementación parcial por parte de nuestro país de instrumentos internacionales en materia de terrorismo, tales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, pero curiosamente, a lo largo del texto no existe recomendación alguna de modificar el tipo penal de terrorismo, sino únicamente de perfeccionar el marco jurídico en materia de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.

Y comento esto, compañeras y compañeros, porque es necesario puntualizar con toda precisión, que tal consideración no constituye, de ninguna manera, un reconocimiento de la adecuada configuración de los tipos penales vigentes de terrorismo y terrorismo internacional, por el contrario, desde hace años el PRD ha llamado la atención sobre la necesidad de modificar integralmente la regulación de ambos delitos y de cumplir cabalmente con los compromisos asumidos en el ámbito internacional, pero sustentado siempre en el paradigma constitucional de respeto pleno a los derechos humanos, que nos obliga a su promoción a su protección, y que debe ser siempre nuestro referente a la hora de legislar sobre ésta y cualquier otra materia.

En este sentido, compañeras y compañeros Senadores, me parece oportuno reiterar que la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales, y para su pleno ejercicio, también debemos garantizar el derecho a la protesta.

El proyecto de reforma que se somete a la consideración de esta Asamblea incumple, lo subrayo, subrepticiamente en garantizar el ejercicio del pleno derecho a la protesta al preservar como fin último del terrorismo, así lo plantea, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación.

Desde nuestra perspectiva, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, resulta indispensable, y creo que la historia reciente de nuestro país así lo demuestra, establecer con mucha claridad una distinción entre terrorismo y protesta social, pues es evidente que un grupo social que realiza manifestaciones y movilizaciones en defensa o reclamo de sus demandas, lo hace precisamente con el fin de lograr una determinación por parte de la autoridad, y bajo ninguna circunstancia nosotros debemos de considerar estos medios de presión como actos terroristas, ni aún cuando en ejercicio de este derecho se susciten disturbios, confrontaciones o en general, cualquier otro acto que pueda generar sensación de temor en la sociedad.

Nosotros planteamos que son igualmente preocupantes, señor Presidente, otros aspectos que están contenidos en la reforma, y que no habré de abordar en este momento, sino en las reservas que he decidido presentar para la discusión en lo particular, pero que están ya claramente señaladas en el texto del voto particular que presenté oportunamente en la reunión de las comisiones unidas.

Pero lo que no quiero, señor Presidente, es dejar de subrayar en esta tribuna, la absoluta falta de disposición para construir una propuesta de consenso, y en cambio llevar a cabo la vieja y cuestionable práctica de legislar al vapor.

Y yo digo que, inclusive, podríamos entender, aunque no necesariamente avalar, que haya cierta urgencia de sacar adelante esta reforma para ir a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, a colgarse la medalla de haber atendido las recomendaciones.

Pero con todo convencimiento se los digo, compañeras y compañeros Senadores, para nosotros es muy cuestionable que se pretenda dar impulso a esta reforma con tan solo una semana de anticipación a dicha reunión, cuando las recomendaciones datan del año 2008, y esta administración federal, la que hoy encabeza Enrique Peña Nieto, tiene ya más de un año en funciones.

Y es más cuestionable, que el Ejecutivo Federal pretenda venir a imponer su visión bajo el conveniente pretexto de que ya tenemos el tiempo encima y con ello presionar a este Senado de la República para legislar al vapor.

Por eso, para el grupo parlamentario del PRD, lo insisto, el tema de la tipificación del terrorismo no es un tema de tantos, ¡no!, se trata de un tema de gran relevancia, y por ello nosotros no podemos consentir la manera en que este proyecto ha llegado a la consideración del Pleno.

Y respetuosamente conmino a mis compañeras y compañeros Senadores, a que en lugar de aprobar este dictamen, construyamos una propuesta de consenso y a que terminemos de una buena vez con esta práctica de legislar al vapor que en nada abona a fortalecer la credibilidad y confiabilidad del Congreso ante los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.Senadoras y Senadores:

En 1989, año que coincide con la caída del Muro de Berlín, y el fin de la disputa por el control armamentista en el mundo, el G7, la cúpula de las potencias económicas crearon al GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, organismo dedicado a palomear aquellas naciones que a su criterio promuevan el lavado de dinero y que financien el terrorismo.

Para nadie es un secreto que desde el fin de la guerra fría la potencia norteamericana creó nuevos enemigos geopolíticos para continuar alimentando su carrera armamentista, el espionaje y la ingerencia en los países.

En 2001, tras los atentados de las torres gemelas, Estados Unidos globalizó su guerra contra el terrorismo, porque consideró que el nuevo enemigo para su hegemonía ya no era una potencia militar, sino decenas de grupos radicales.

Con ese argumento ordenó las dos invasiones más cruentas de la última década: la de Afganistán y la de Irak.

Creó también otro enemigo, las drogas, y con ello vino el incremento de la violencia derivada de una pésima y mal diseñada guerra contra las drogas, que es otro de los enemigos globales de la derecha norteamericana que ha repercutido en México de la manera más violenta y sangrienta de que se tenga memoria en la etapa reciente.

El GAFI comenzó a promover legislaciones nacionales para homologar la penalización de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En todos estos años, el GAFI nunca ubicó a México como un país que estuviera en su llamada lista roja. La lista roja es de los países más peligrosos.

Todavía en febrero de 2013, en esa lista roja ubicaron a Irán y a Corea del Norte encabezando esta lista.

En la lista negra, es decir, los países que están en alerta, de acuerdo al GAFI, se señalan a 13 países: a Ecuador, por andar defendiendo su petróleo; a Etiopía, a Indonesia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen, porque a criterio del GAFI, estos países presentaban deficiencias, o no se habían comprometido con el GAFI a solucionar esas deficiencias.

México tampoco ha estado en la lista gris, que en la lista gris se ubica a los países bajo vigilancia del GAFI, como si fueran el Dios del mundo.

No se están reclamando cambios urgentes en materia en prevención al terrorismo.

¿Cuál es la prisa de votar este dictamen a matacaballo, violando las normas del Senado?

¿Por qué México tiene que estar obedeciendo los dictados de las potencias?

¿Qué prisa tienen por entregar cuentas al GAFI, si México no está en ninguna lista de países terroristas?

En junio de 2013, el Ejecutivo Federal presentó una serie de reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras, en materia de terrorismo.

El 3 de diciembre, la Cámara de Diputados discutió y aprobó estas modificaciones con el voto en contra del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, porque esta legislación encubre graves riesgos para nuestro país.

Debemos señalar que las leyes internacionales marcan como destinatarias las áreas de aeronáutica civil, de energía nuclear, de minerales radiactivos, de rehenes, que podrían poner en riesgo la seguridad nacional.

En la legislación internacional nada se dice de particulares, porque el bien jurídico tutelado es el Estado, no los particulares.

La urgencia del gobierno federal y de la ultraderecha proyanquista, que han apostado por una restauración autoritaria en el país, presiona, ahora al Senado de la República, para aprobar esta minuta que implica serios riesgos, porque tiende a criminalizar la protesta social.

Es muy grave que se haya borrado el último párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, que disponía una excluyente al terrorismo. No se considerará como acto terrorista las manifestaciones de grupos sociales, en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Este párrafo se borró, y así se dejó claro y evidente que el derecho constitucional a la libre manifestación y hasta la libertad de expresión, pueden perseguirse bajo el pretexto de combatir el terrorismo.

México nunca ha sido un país terrorista, nunca hemos tenido problemas de terrorismo. Nuestras leyes no tienen por qué considerar un delito, algo que no existe en nuestra realidad.

Estados Unidos sí tiene problemas de terrorismo, porque es un Estado imperialista que invade países, que se mete en la vida interna de otras naciones; pero México no.

Nuestro problema principal, como sistema político, es la captura del crimen organizado, de algunas instituciones del Estado, de policías, de gobernantes, de alcaldes, etcétera. La falta de democracia y de libertades políticas son los problemas de México, lo que ha acrecentado el autoritarismo, el presidencialismo, el control contra toda expresión de disidencia o descontento.

Las reformas a los artículos 139 y 170 del Código Penal Federal, no sirven para combatir al crimen organizado, porque son subjetivas, porque sobrepasan los tratados internacionales que menciona el GAFI en esta materia.

En el artículo 139 se pretende incluir como tipo delictivo, aquellos actos que realicen en contra de bienes o servicios públicos o privados, o bien, contra la integridad física emocional o la vida de las personas.

Estos elementos son muy subjetivos porque además pretenden incluir actos como la alarma, el terror o el temor. Ya hemos visto como en algunas entidades del país como Tamaulipas o Veracruz, se han perseguido y detenido a ciudadanos usuarios de redes sociales, como el twitter, simplemente por difundir información, que a juicio del gobierno de esa entidad, consideró como promotor del terror.

En realidad, se ha utilizado para perseguir e intimidar a ciudadanos, a informadores que no comparten la visión de los gobernantes en turno.

En varias entidades del país estamos viviendo una clara restauración autoritaria que ve en la crítica, en la movilización, en la protesta, una amenaza al control del gobierno. No ve una constatación del fracaso de sus políticas o la ausencia de éstas, no ve en ellas un derecho constitucional, no ve pruebas de la diversidad o la pluralidad en un país democrático.

También pretenden incluir en este dictamen, bajo el concepto de promoción al terrorismo, cuando se atente contra la seguridad nacional o se presione a la autoridad o a un particular u obligar a éste, al particular, a que tome una determinación.

Tal y como está en esta redacción, hasta los grupos de autodefensa en Michoacán o los jóvenes del movimiento “Yo Soy 132”, que se manifestaron frente a Televisa, pueden ser considerados como promotores del terrorismo. Cuando se habla de presionar a un particular, no se aclara si es persona física o moral. Más autoritaria es la reforma a la propuesta del artículo 170 de este Código Penal Federal, que incluye la siguiente conducta: Al que mediante violencia, amenazas o engaños se apodere o ejerza control sobre plataformas fijas, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil.

Esto no está incluido en ninguna convención internacional. Es un agregado que tiende a criminalizar cualquier protesta en torno a las plataformas petroleras, ahora que van ser privadas, o a las instalaciones aeroportuarias.

Bajo este criterio, el movimiento de los pilotos y sobrecargos de Mexicana de Aviación, podrían ser acusados de terroristas.

Ya no digamos el caso de los maestros de la CNTE, que se manifestaron afuera del aeropuerto de la ciudad de México, o los trabajadores de PEMEX o de la CFE cuando pretendan defender su fuente de trabajo, o los manifestantes de las tiendas Sorianas después del Monexgate.

Medidas de este tipo se inscriben dentro de la creciente restauración autoritaria que vivimos en los últimos años. La doble alternancia y el retorno del PRI al poder, con la clara alianza del PAN, no alienta a una solución democrática, a salidas políticas, a los conflictos sociales, van por la vía penal.

Nosotros en el PRD creemos en la democracia, y ante retrocesos o regresiones como éstas, votaremos en contra.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Es verdaderamente preocupante este dictamen que estamos discutiendo, porque pareciera que muchas de las modificaciones que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, encaminan a un Estado autoritario, a un Estado faccioso, encaminan a criminalizar la lucha social, a criminalizar los movimientos sociales. Y un Estado autoritario se caracteriza, primeramente, porque el uso de la fuerza es la primera solución que el gobierno encuentra frente a los conflictos sociales; segundo, porque no existe un diálogo.

Las diferencias y necesidades de la población son ignoradas por el régimen autoritario, y la única opinión válida, es aquella que aplaude las virtudes del régimen.

Además, dentro del autoritarismo, no hay ley ni organismo que proteja los derechos de los ciudadanos; impera la ley del dictador.

Tristemente para México, a partir del 1° de diciembre de 2012, se entró nuevamente a una etapa encaminada a este autoritarismo, y para muestra de ello, recordemos los conflictos desatados aquel día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, donde hubo una brutal represión a las manifestaciones de protesta en su contra.

También recordemos el autoritarismo del gobierno federal, frente al conflicto magisterial. La ausencia del diálogo y la imposición de la fuerza policiaca caracterizaron estas manifestaciones.

Tampoco podemos olvidar el autoritarismo a que fue sometido el Congreso de la Unión, en la simulación de discusión de la Reforma Energética, donde este recinto estuvo amurallado por la policía federal, separando a los legisladores de la voz del pueblo.

Ahora, un nuevo ingrediente para la conformación del Estado mexicano autoritario, es el tema de la tipificación del terrorismo que discutimos el día de hoy.

No es un contenido cualquiera, debido a que el terrorismo es un tema que ha confrontado a naciones, fracturando relaciones bilaterales. El dictamen pretende ampliar el margen de las acciones terroristas en ámbito, incluso, de la vida privada, al señalar que incluso cometerá este delito aquella persona que atente contra la integridad física o emocional de las personas, dejando a la interpretación de la autoridad si dichos actos van en contra de la seguridad nacional o con el fin de presionar a una autoridad.

En este sentido, una definición así de terrorismo, vulnera la libertad de expresión y los derechos humanos de las personas que se manifiestan para ser escuchados por el gobierno y da un margen amplio de interpretación al Ministerio Público para buscar juzgar por este delito a todo aquel que se manifieste en las calles.

Resulta extraña la urgencia que se tiene por cambiar el tipo penal del terrorismo sin abrir el debate a la opinión pública y escuchar la voz de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para que emitan la opinión de expertos en la materia.

En cambio, bajo el engaño de buscar preservar la seguridad nacional, el presente dictamen en el fondo busca criminalizar la protesta, la inconformidad, el descontento social y a todo aquel que se oponga a la voluntad presidencial.

Y es que la iniciativa desde que salió de Los Pinos, tuvo un mensaje claro, que es la represión por parte del Estado hacia la protesta social, fundamentada bajo la figura de terrorismo, propiciando un clima de intimidación, miedo, persecución y represión, y con ello una paralización social.

Qué diferencia existirá entre la conducta terrorista, delincuencia organizada, crimen organizado, delitos del narcotráfico, lavado de dinero, portación de armas de fuego, lesiones o daños en propiedad ajena, si el presente dictamen mezcla y confunde los términos atribuyendo conductas típicas de un delito dentro de otro.

De aprobarse el dictamen en los términos que está siendo planteado, sería un grave retroceso para la democracia mexicana, lejos de avanzar en la protección de los derechos y respeto a las libertades, se busca retroceder restringiendo la libertad de expresión y buscando que haya pasividad social a través del miedo y el uso de la fuerza pública.

En este sentido, de acuerdo a la reforma propuesta, cualquier manifestación pública que por algún motivo caiga en enfrentamientos, que en muchas ocasiones son provocadas por los mismos cuerpos de seguridad pública, será motivo suficiente para considerarlos actos de terrorismo y quedará a la libre interpretación de un Ministerio Público y esta decisión de criminalizar así la protesta social.

Debemos legislar para que no se vulneren los derechos humanos y la libertad de expresión. La reforma en comento pretende crear un terrorismo de Estado y ahora el Congreso de la Unión es una fábrica de delitos y tipos penales a modo del Presidente, que sólo frenará el activismo social. Por lo tanto, el sentido de mi voto será en contra del dictamen, pues la sociedad mexicana reclama un verdadero estado de derecho.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente.

En el 2008 el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, GAFI, por su acrónimo en francés, evalúo junto con el Fondo Monetario Internacional, a México respecto de la implementación de las 40, más 9 recomendaciones en materia de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Como resultado de dicha evaluación, el referido organismo intergubernamental emitió una serie de observaciones las cuales están contenidas en el reporte de evaluación mutua.

Como consecuencia de la evaluación del GAFI, se estableció que México entraría a un seguimiento periódico, por lo que debía de informar de manera anual los avances en la implementación de las 40, más 9 recomendaciones a partir de 2010, debiendo cumplir con las recomendaciones fundamentales “hord” y claves “key” en un periodo de cinco años, mismo que venció en octubre.

El Secretariado Ejecutivo del GAFI, en calidad de evaluador, elaboró un dictamen sobre el tercer informe de seguimiento del país, informe presentado en octubre de 2012, mediante el cual reconoce que México ha logrado avances importantes en cuanto a las recomendaciones del organismo e incluye un estudio específico detallado sobre los avances en torno a aquellas recomendaciones fundamentales y clave que México tuvo calificadas como no cumplidas o parcialmente cumplidas en 2008.

Derivado de lo anterior, México tuvo la necesidad de realizar reformas en los siguientes temas: terrorismo, financiamiento del terrorismo, personas internacionalmente protegidas y lavado de dinero.

Ahora bien, así se reformaron en esta minuta, se presenta al Pleno del Senado de la República la reforma a disposiciones de las siguientes leyes:

Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal en Contra de la Delincuencia Organizada, Código Fiscal de la Federación y Ley Federal de Extinción de Dominio.

En cuanto al financiamiento del terrorismo, se adiciona un nuevo tipo penal denominado, repito, financiamiento al terrorismo, para lo cual se propone crear un artículo 139 Quáter y sumarlo al ordenamiento; y también se adiciona un artículo 139 Quinquin, a efecto de sancionar de manera específica el encubrimiento del delito de financiamiento al terrorismo.

Respecto del terrorismo internacional, contemplado en el artículo 148 Bis del Código Penal Federal, se agregan como medios comisivos la utilización de material y combustible nuclear, mineral radioactivo y fuentes de radiación que puedan emplearse contra personas o servicios. Asimismo, se adiciona la presión como un mecanismo para provocar que la autoridad tome una determinación.

Y en concordancia con la modificación del tipo básico, se amplió el espectro legal al disponer que no sólo serán objetos de actos terroristas los bienes, sino también las personas o los servicios y las acciones de presionar a una autoridad de un Estado extranjero para tomar una determinación.

Estas son las propuestas de adicionamiento en cuanto penal financiamiento al terrorismo.

Ahora también se crea un tipo penal específico que sanciona a quien cometa el delito de homicidio o algún acto de libertad a una persona internacionalmente protegida y a quien realice en territorio mexicano cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias particulares o medios de transporte de la persona internacionalmente protegida.

Ahora bien, aquí para este tipo penal donde se define al concepto de persona internacionalmente protegida, se contempla en el artículo 148 Quater del Código Penal Federal, que la pena será de 6 a 12 años de prisión y que se impondrá a quienes amenacen con realizar un delito de los contemplados en las fracciones I a III del artículo 148 bis.

También se modifica la fracción I del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, para fortalecer el marco normativo que sancione las operaciones con recursos de procedencia ilícita pretende adicionar una fracción II para incluir supuestos manejos de recursos de procedencia ilícita y se adiciona un segundo párrafo para otorgarle como requisito de procedibilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la denuncia para proceder penalmente.

Ahora bien, en cuanto al tema de terrorismo, en el artículo 139 del Código Penal Federal, se establece el tipo penal de terrorismo donde el motivo de esta reforma es incrementar la pena mínima de 6 a 15 años a una pena de 15 a 40 años, toda vez que se estima apropiado tener una sanción alta para que se cumpla con la finalidad preventiva y sancionadora.

Además, es importante que la pena mínima coincida con la sanción establecida para el tipo penal de terrorismo internacional; no existen razones para justificar su diferenciación.

En este mismo artículo se incluyen las referencias a material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación al tratarse de una norma de aplicación estricta, y tomando en cuenta el dinamismo con el que progresan las nuevas tecnologías, sería inadecuado no incluir los nuevos mecanismos que pudieran ser utilizados para alcanzar un tipo penal completo.

Asimismo, en el artículo 139 se cambia la referencia de cosas a bienes, en razón de que las cosas implican entidades corpóreas, mientras que los bienes engloban los derechos y obligaciones patrimoniales respecto a esas entidades corpóreas.

Adicionalmente, el artículo 139 incluye la protección de bienes privados, toda vez que en la regulación anterior sólo se consideraban los bienes de carácter público, además especifica que el tipo penal abarca la integridad física, emocional o la vida de las personas; en consecuencia, el tipo abarca lesiones físicas que no necesariamente causan la muerte, así como las lesiones emocionales que no conlleven daño físico alguno, pero aún así acarrean graves.

De la misma manera se agrega la tipificación de los acuerdos y los actos preparatorios del acto terrorista a través de la figura de la tentativa, no se sancionan los actos preparatorios sino sólo los actos ejecutorios. Por ello, se requiere la tipificación expresa de dichas conductas.

Asimismo, es fundamental establecer las agravantes del delito cuando la conducta revista particulares consecuencias dañinas en caso de un ataque en contra de un bien de acceso público, se agrava la conducta toda vez que se vulnera una gran cantidad de personas y se deteriora la confianza de la población para utilizar bienes de esa índole.

En caso de que se genere un perjuicio a la economía nacional, se considera agravado el acto en virtud de que las consecuencias trascienden a niveles colaterales para toda la población.

En caso de uso de rehenes, se considera un factor agravante en razón de que las víctimas de este método terrorista padecen graves efectos perniciosos; además con ello se da relevancia a lo establecido en la Convención Internacional Contra la toma de Rehenes.

Por todo lo anterior, se estima necesario reformar y adicionar diversos tipos penales del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de consolidar un marco legal que propicie la defensa y seguridad interna del Estado mexicano. Es por ello que la propuesta de reformas que nos ocupan se prevé establecer la penalidad y tipos básicos del delito de terrorismo, la pena de prisión que habrá de imponerse a los autores y copartícipes y reconocer los medios que pueden ser utilizados para consumar el delito, así como la naturaleza del material con que se comete.

El paquete de reformas no sólo atenderá las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, GAFI, sino además modernizará a los tipos penales de los ordenamientos jurídicos antes mencionados.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez González.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a fundamentar mi voto en contra del proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de terrorismo en nuestra legislación, a partir de las siguientes consideraciones:

Primero. En los últimos años en nuestro país ha habido un cambio profundo en la concepción sobre la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.

Durante los años de la Guerra Fría, la seguridad nacional se entendió como la seguridad del Estado. Este Estado egocéntrico que se caracterizó fundamentalmente por atender a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios en todo el Continente Americano.

Basta recordar cómo en los años 60’s el Estado mexicano entendió al movimiento estudiantil de 1968, como el resultado de una conjura internacional.

Años después el concepto de seguridad nacional se modificó respecto a la lucha y el combate a la delincuencia organizada, a las actividades del narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas y a la enorme riqueza que constituyeron los grupos delictivos en materia de actividades ilícitas.

Y finalmente, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, la seguridad nacional se ha venido entendiendo, ya en nuestro país, como parte de la lucha contra el terrorismo.

Hay que reconocer que tras los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, los Estados Unidos promovieron un conjunto de reformas jurídicas en los ordenamientos internacionales que dieron lugar a figuras como la Ley Patriota, que bajo la influencia de autores como Jacobs o el concepto de derecho penal del enemigo, donde se parte del principio de la presunción de culpabilidad sin que medie juicio del acusado, ha dado lugar a una nueva doctrina de seguridad, así como a la concepción de que las sociedades en nuestro mundo están sometidas a riesgo y ello ha influido negativamente en los marcos normativos de América Latina y hoy, en nuestro país.

De aprobarse hoy este dictamen en sus términos, se promoverá la estrategia de dominación geopolítica y de contención de los Estados Unidos, el mayor Estado terrorista del mundo, y esto generará un ambiente crítico, que por medio de legislaciones de emergencia penal como las que estamos discutiendo, han encubierto nuevas formas de autoritarismo que alteran las reglas ordinarias penales y las garantías constitucionales que permiten la violación de los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos.

Bajo esta concepción, el objeto de amenaza de seguridad nacional se desplaza hacia conductas delictivas que pueden estar asociadas al descontento social y no necesariamente a una concepción de terrorismo.

Por otro lado, los intentos a nivel internacional para legislar en materia de financiamiento al terrorismo provienen principalmente de dos influencias:

Primero, de la acción del gobierno de los Estados Unidos, que impuso en 2011 el proyecto de Ley Penal de Delitos de Terrorismo y Financiación en Arabia Saudita, y posteriormente del equipo especial sobre la ejecución de la lucha contra el terrorismo, integrado por el Fondo Monetario Internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, el Banco Mundial, así como la Interpol, el Grupo Egmont y GAFI, como aquí se ha señalado, entre otros asuntos.

Si bien debemos reconocer que la legislación en materia de terrorismo tiene graves ausencias todavía en nuestra legislación, también se debe reconocer que el terrorismo no es un problema de primer orden en nuestro país, sino que han existido actos menores y aislados por organizaciones guerrilleras y grupos de narcotráfico que no forman parte central de la lucha contra el terrorismo.

Por eso consideramos que toda legislación en esta materia debe de reunir por lo menos tres requisitos para garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos humanos.

En primer lugar, la adecuada tipificación de los delitos sobre terrorismo, lo que exige la concurrencia de al menos tres modalidades del tipo penal, la primera respecto de atemorizar a la población; la segunda, respecto a los actos cometidos contra bienes o servicios; y la tercera, sobre los medios típicos utilizados, explosivos, armamentos, materiales inflamables, entre otros.

Estos tres elementos objetivos deben concurrir para que se configure el delito de terrorismo, además de que debe sustentarse la intencionalidad de la gente que quiere cometer el hecho delictivo y también los casos de tentativa.

Por eso una de las grandes ausencias que tiene este proyecto de dictamen, es la definición de terrorismo y la definición precisa de lo que es una organización terrorista.

El terrorismo se define como el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos.

El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de estado, por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales, se distingue, también, de los actos de guerra y de los crímenes de guerra que se producen en ausencia de conflictos bélicos.

La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posible carga emocional y ello dificulta consensuar una definición concreta.

Por ello es común el uso de la palabra por parte de los gobiernos para acusar a los opositores, como también es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso; tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o la ilegitimidad de los motivos propios o los antagonismos.

Y este problema no queda resuelto en el dictamen que estamos discutiendo, y como lo han señalado aquí mis compañeros del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, los términos en que viene establecido el Decreto, vulneran profundamente los derechos sociales y las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, al establecer de manera muy difusa, profusa y confusa en el artículo 139 a quiénes se le establecerán las penas y sanciones en materia de terrorismo.

En la fracción I del artículo 139 se señala que podrán ser objeto de acusación de actos terroristas a quien utilizando cualquier medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

Es la primera vez que en una legislación de seguridad nacional y terrorismo, el interés privado se equipara al interés público fuera de las responsabilidades del Estado.

Y también se podrá considerar terrorista a quien presione a la autoridad o a algún particular para que éste tome una determinación.

Eso va a tener graves implicaciones, como es el caso de la fracción III del último párrafo del artículo 139, donde se considerará también como acto terrorista la comisión del delito en donde se detenga en calidad de reo a una persona.

Toda toma de palacio municipal, toda protesta ante oficina pública en este país al igual que lo fue el delito de disolución social en los años 50’s y 60’s, va a ser considerado como un terrorista y no como un luchador social.

La modificación al artículo 139 del Código Penal Federal, establece como un acto terrorista cuando se presiona a un particular a abrogarle una determinación, lo que resulta complejo al considerar como bien tutelado a aquellos que están en esfera jurídica de particulares, lo que puede generar un error en su aplicación en perjuicio de las organizaciones sociales, pues se criminaliza la protesta social.

Pongo un ejemplo para concluir, es el caso de la lucha sindical, ya que cualquier organización sindical que realice una huelga, un paro o cualquier acción de protesta, esas acciones podrán catalogarse como violentas, que afectan a bienes o servicios privados, que pueden decirse que generan alarma, temor o terror, elementos que son subjetivos, o también se pueden considerar un acto para presionar a un particular y obligarlo a que tome una determinación.

Esta reforma tal y como está planteada, puede ser utilizada para satisfacer intereses de particulares en perjuicio de la sociedad, y más aún, de organizaciones sociales cuyo único objetivo es luchar por sus derechos, por lo que este tipo penal no debe ser aprobado hasta en tanto no quede bien definido, a fin de que no se lleguen a generar dudas y discrecionalidad los vacíos legales que permitan que se confundan la lucha social con un acto delictivo como el terrorismo.

Son muchos los elementos que podemos adicionar a esta discusión que contravienen incluso ordenamientos territoriales como la propia Convención Interamericana contra el Terrorismo, donde el centro de la preocupación de esta convención, si bien es garantizar la seguridad nacional, es atender en lo fundamental la seguridad humana, los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos en el mundo.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Si escuchan un cierto nerviosismo en mi voz, es porque al leer los artículos de esta ley, sinceramente ya me empezó a dar miedo, porque más de un dedo Flamígero se alzará contra mí acusándome de terrorista por las actividades que he hecho toda mi vida, que son de luchar por el bien de la sociedad.

Solamente les leo el último párrafo del artículo 139, que dice: es terrorista quien presiona a la autoridad o a un particular u obliga a éste para que tome una determinación.

Diría el subcomandante Marcos, podrán criticar las formas, pero nunca las causas.

Quiero leer los dos primeros párrafos de la Declaración de la Selva Lacandona, porque ahí vamos a encontrar el origen, la causas de por qué muchas mexicanas y mexicanos que están desesperados van a buscar la salida de la protesta social, que no del terrorismo, para obligar al gobierno a que atienda sus necesidades más sentidas.

Dice textualmente: Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos ¡basta!

Al pueblo de México:

Hermanos mexicanos:

Somos producto de 500 años de lucha: primero contra la esclavitud, en la Guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgente, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se reveló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, que en su tiempo también fueron considerados terroristas, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y de enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

Pero nosotros hoy decimos ¡Basta!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vende patrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que aprobaron el FOBAPROA, son los mismos que aprobaron la Reforma Energética para que las transnacionales se apropien de nuestros recursos energéticos, son los mismos que aprobaron la Reforma Educativa para agravar la crisis del sector educativo, son los mismos que hoy pretenden criminalizar la protesta, producto de las terribles desigualdades que vive México, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.

Compañeros Senadores, los llamamos a la reflexión, porque el paso que se pretende dar el día de hoy puede llevar a México a una situación de convulsión social.

No es criminalizando la protesta como se van a resolver los problemas de México, no es llenando las cárceles de presos políticos, es eliminando las causas que generan la pobreza y sus secuelas.

Desde esta alta tribuna de la nación, convocamos a Peña Nieto y a su gobierno a que atienda con carácter de urgente las causas que generan que más de la mitad de la población esté en el fondo del sufrimiento humano como resultado de las condiciones inhumanas en que viven. De no hacerlo, lo hacemos responsable de que la gobernabilidad en México se pierda, de que las cárceles de México se llenen de presos políticos al aplicar a rajatabla esta absurda ley que hoy pretende aprobarse por los mismos que históricamente han traicionado a México.

Compañeros Senadores, no criminalicen la protesta, no hagamos del Senado una instancia para legalizar los mandatos de Estados Unidos y sus aliados.

Por todas estas consideraciones, mi voto será en contra, y los convoco a que reflexionemos el voto que se va a dar el día de hoy en contra de la paz de México.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea; Senadoras y Senadores:

Con todo respeto a la discusión que se ha dado en este Senado; a los compañeros de partidos:

Quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho en esta tribuna y responder puntualmente a las observaciones y reflexiones que se han hecho, para dejar claro que los efectos que se auguran o las intenciones que se sugieren, bajo ninguna circunstancia se provocan por esta minuta.

Antonio Meléndez, Antonio Javier Alvarez, Leobardo López, de Puebla; Juan Ortega, de Morelos; Martín Morales, de Tlaxcala; Fernando Jiménez, de Oaxaca; Germán Castillo, Edomex; y Arturo Alvarez, del Distrito Federal, murieron el 11 de septiembre en las Torres Gemelas.

Decir que el terrorismo es una circunstancia única y exclusiva de los Estados Unidos, e incluso sugerir que hasta bien merecido se lo tienen, no solamente implica deshonrar la memoria de estos mexicanos que nada hicieron y nada tuvieron que ver y que estuvieron presentes en esos actos terroristas.

Porque hoy el terrorismo es un fenómeno global, que exige respuestas globales, no es una circunstancia de un Estado-Nación, es la circunstancia de una humanidad como consecuencia de los dramas que vive esa humanidad y que requiere una respuesta de la humanidad en su conjunto. No es una cuestión únicamente de los Estados Unidos, es también interés del Estado mexicano por los compromisos internacionales que tiene suscritos, y es también por la lamentable posibilidad de que un mexicano pueda morir en un acto terrorista.

Se decía en las reflexiones de intervenciones precedentes, que no hubo voluntad o disposición al diálogo por parte de las comisiones unidas, al menos hubo tres reuniones en las que se discutió ampliamente el contenido del dictamen desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las implicaciones que tiene formar parte del sistema del GAFI.

Analizamos escenarios, analizamos la posibilidad de correcciones a los textos y tiempos para poderlos procesar en el Congreso de la Unión, dimos respuestas puntuales desde el punto de vista técnico a cada una de esas observaciones y se llegó a la conclusión, lo mismo que en la Cámara de Diputados, que hay buenas razones para suponer y concluir que no se somete, bajo ninguna circunstancia, riesgo a la población mexicana con esta disposición que hoy podemos aprobar.

Y voy a responder puntualmente a las observaciones que se han hecho en relación con la posibilidad de la criminalización de la protesta social. Yo no he visto al Senador Fidel Demédicis con una arma química en sus manos defendiendo una causa social, y estoy cierto de que sus causas las defiende por la vía pacífica y por la vía de las instituciones.

No es por esa vía lo que este dictamen plantea. No, Senador Demédicis Hidalgo, no se criminaliza la protesta social en razón de que el tipo penal, como bien lo dijo el Senador Encinas Rodríguez, exige la concurrencia de cuatro elementos; sin la presencia de uno de estos cuatro elementos, simplemente no se actualiza el tipo penal de terrorismo.

¿Cuáles son esos cuatro elementos? El primero, el medio comisivo, armas químicas, nucleares, fuentes radioactivas, fuego, explosivos, armas de fuego, son medios específicos. Y aquí hay una de las razones por las cuales se modifica el tipo penal de terrorismo para hacerlo consistente con la incorporación de dos tipos penales en lavado de dinero y en financiamiento al terrorismo.

Resulta que nuestra legislación no consideraba como medio comisivo de un acto terrorista las armas químicas. Eso significa que una persona podía comprar ilegalmente armas químicas y ponerlas en manos de una organización con intención de provocar un acto terrorista y eso no era un delito de terrorismo en nuestro sistema.

Tuvimos que ajustar el tipo penal de terrorismo para hacer consistente justamente los dos tipos adicionales y atender las dos recomendaciones que ha hecho el sistema del GAFI. La…

Perdón, señor Presidente, creo que hay una…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, preguntarle al orador si aceptaría una pregunta.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senadora. Sí, señor Presidente.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Le pregunto, Senador Roberto Gil, por qué entonces borraron el último párrafo del artículo 139, que claramente decía, que no sería terrorismo la manifestación social.

Y decirle también, ojalá lo pueda explicar, usted está hablando de una realidad, de un país terrorista, estas leyes son para un país terrorista; México no está catalogado como un país terrorista, usted está hablando de una realidad distinta de otro país, la de Estados Unidos, allá esa ley sí cabría, y yo la defendería, allá, pero aquí en nuestro Código Penal no tenemos porque meter cosas que no están en la realidad de México.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Por favor, Senador Roberto Gil.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Dolores Padierna, por su pregunta.

En efecto, afortunadamente México no es un país terrorista, pero es un país con compromisos en materia de prevención y combate al terrorismo.

Por tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por este Senado de la República, este no es un tipo penal para sancionar actos terroristas al interior de nuestra nación, es para mantener una política global de prevención y de combate al terrorismo, son nuestros compromisos internacionales los que nos tienen discutiendo este tema, porque estamos obligados a ello.

Dice usted, que la condición necesaria para poder aprobar este tipo de normas y asumir los compromisos internacionales, es que se trate de un país terrorista; Alemania, Suiza, Italia, los países occidentales que son miembros del GAFI, han asumido justamente este tipo de descripciones normativas en sus legislaciones nacionales, hasta donde entiendo, Alemania no es un país terrorista.

En consecuencia, no es en razón de tener una circunstancia al interior del país, lo que nos obliga a modificar las leyes, es el concierto internacional, y el reconocimiento al terrorismo es un fenómeno global que requiere el esfuerzo de todas las naciones, del cual no nos podemos abstraer por una sencilla razón, y esa razón es que detrás de los actos terroristas hay vidas humanas de inocentes.

Voy a responder por que despareció ese párrafo, y es fundamental. Lo razona claramente la minuta enviada por la Cámara de Diputados; en la exposición de motivos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados se razona por qué se eliminó ese párrafo, y justamente se eliminó para evitar cualquier posibilidad de interpretación que condujera a la criminalización de la protesta social.

Si me permite la Presidencia, quiero dar lectura a los dos párrafos en los que la minuta resuelve y razona esta circunstancia:

Dice la minuta: Por lo que se refiere a la propuesta para adicionar un último párrafo al artículo 139 del Código Penal Federal, esta dictaminadora no comparte la misma en razón de que estima que la libertad de expresión y sus diversas manifestaciones no deben relacionarse con el terrorismo bajo ninguna de sus vertientes, pues esta forma de expresión constituye un ejercicio de los derechos humanos previsto en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte.

La Codictaminadora resolvió definir en la ley que ciertas manifestaciones sociales no pueden ser considerado como actos terroristas, induce a la posibilidad de generar justamente tipificaciones de actos terroristas cuando se trata de movimientos sociales.

Esto lo resolvió la Codictaminadora y no se ha hecho cargo justamente de esas razones.

Pero continúo, si me permite, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Le quieren hacer dos preguntas más, no sé si acepta en este momento o al final de su exposición.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: De una vez, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, y gracias al Senador que está haciendo uso de la palabra.

Yo nada más para que en demérito de lo expuesto, usted ha dicho que se requieren cuatro elementos para que se pueda considerar el delito como terrorismo, pero en la lucha social yo tengo el antecedente de que los diversos gobiernos estatales y federales nos engloban todo el Código Penal para castigar a dirigentes sindicales, para castigar a luchadores sociales, y entonces hemos visto que le ponen sedición, si a la hora que el Ministerio Público te pone sedición ahí ya es un acto de traición a la patria, es un acto grave que lesiona la integridad del país.

Yo nada más preguntaría, ¿qué confianza pudiéramos tener en la aplicación de la justicia con un Código, con esas actualizaciones y que se vaya a estar enderezando esas acciones contra luchadores sociales y las protestas en el país.

Gracias, Senador Roberto Gil, por su atención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escalo del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor abogado, hemos sido muy generosos con usted al preguntarle y con ello permitir que se explaye en su presentación, buena, por cierto.

Pero primero el PRD nunca ha estado a favor de actos terroristas ni de promoción del terrorismo, somos promotores de la paz y condenamos cualquier forma de terrorismo en cualquier parte del mundo, desde las Torres Gemelas, hasta ver arrasados dos pueblos, el pueblo de Afganistán y el pueblo de Irak, y yo creo que nadie puede estar a favor de esas acciones, ni de uno ni de otro lado.

La realidad de nuestro México, afortunadamente es otra, me refiero estrictamente a lo dicho por usted, señor abogado, y deliberadamente se lo digo porque sabe que le reconozco todas esas capacidades jurídicas que tiene.

Dijo, el tipo de terrorismo solamente puede adecuarse a una conducta, que es la tipicidad, la adecuación de la conducta al tipo, cuando se utilizan como medios comisivos, refiriéndose al Senador Fidel Demédicis, armas químicas, nucleares, para decirle usted nunca ha hecho protesta social con esos medios comisivos, pero faltó algo, Senador, se refiere a sus medios comisivos, utilizando una conclusión disyuntiva y en que ya bien ahora, dice: o por cualquier otro medio violento.

O sea, esos medios comisivos o por cualquier otro medio violento, y la calificación de la violencia en materia legal es de dos tipos, la violencia física y la violencia moral, entonces decimos que el medio comisivo, puede ser esos que mencionó, Senador, o cualquier otro medio violento, y en esos medios violentos puede calificarse una protesta social, una marcha, una toma de una oficina, o cualquier otra condición.

Dice: o por cualquier otro medio violento, que intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

No quiero que me conteste Senador, solamente hice la observación de que los medios comisivos que mencionó, no son los únicos para una tipicidad, de quien comete una conducta en relación a quien pueda ser sancionado por este delito, sino que hay otros medios violentos que de manera intencional provoquen afectación de bienes públicos o privados.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Por favor Senador Roberto Gil, proceda.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Sabe usted, Senador Barbosa Huerta, que también le reconozco sus capacidades jurídicas y su capacidad de argumentación. Solo difiero de una interpretación, y justamente quizá la duda versa porque no he terminado de explicar, a mi juicio, cuáles son los cuatro elementos objetivos que están descritos perfectamente bien en el tipo, únicamente hablé de los medios comisivos, y solo aclarar que la frase de medios, de cualquier medio violento, está en la legislación vigente, es texto vigente, no es una incorporación de la minuta, la minuta incorpora simplemente armas químicas, nucleares y fuentes radioactivas.

El medio violento es la redacción actual del tipo.

En segundo lugar, por supuesto que no, jamás sugerí que haya una intención de promover o de avalar, tolerar; lo que sí dije, es que el hecho de que México no tenga una realidad latente de terrorismo, no nos abstrae del compromiso jurídico en el ámbito internacional, ni tampoco del deber ético de hacer todo lo que está en nuestras manos, desde las instituciones, para prevenir ese tipo de flagelos de la humanidad.

Y respondiendo al Senador que me decía hace un momento que cuál es la certeza de que este delito no va a ser utilizado de manera indebida para perseguir a adversarios políticos, yo le contestaría que la reforma sí precisa los ámbitos de aplicación del tipo, y de alguna manera conjura ese riesgo.

Le propongo que revisemos, por ejemplo, mejor el tipo penal de sabotaje o el tipo penal de esa edición, que esos son tipos extremadamente abiertos que pudieran ser utilizados más fácilmente para criminalizar la protesta social.

El segundo elemento objetivo del tipo penal es la intención violenta, intención explícita de ejercer un medio violento.

Pero también tiene un tercer elemento que es justamente el resultado. No es que pueda generar temor, alarma o terror, es un delito de resultado. Debe generarse terror, temor o alarma como consecuencia de la realización de la conducta en una determinada población o de manera generalizada. Eso lo dice también el tipo.

Pero no concluye ahí su descripción, establece con claridad la finalidad; ciertamente dice la finalidad del tipo, que es presionar a una autoridad, o bien, provocar que se asuma una determinada resolución, una determina conducta.

Tiene usted razón en esa preocupación. Sin embargo, la propia finalidad no actualiza el tipo, tiene que concurrir el medio comisivo, la intención violenta, el resultado y evidentemente la finalidad.

El delito de terrorismo persigue justamente aquella conducta que utiliza un medio violento y la alarma generalizada en la sociedad para provocar un resultado.

Si no hay medio violento y no hay alarma generalizada, simplemente no hay delito de terrorismo, por más que se presione a una autoridad. Y sobre esto hay jurisprudencia internacional bastante profusa.

Se dice que los delitos de terrorismo siempre tienen que estar asociados al funcionamiento del Estado.

Las nuevas realidades han provocado y han superado este paradigma, y explico por qué.

Los aviones que fueron impactados en las Torres Gemelas, eran aviones privados, las propias Torres Gemelas eran bienes privados. Pero son actos terroristas, porque las nuevas realidades no solamente implican a instalaciones del Estado o agentes del Estado, sino también a inocentes civiles que no forman parte de las estructuras del Estado; y esta discusión se ha dado durante los últimos 10 años en el concierto internacional para reconocer, esa realidad.

Ya explicaba yo por qué desapareció ese párrafo. No desapareció para poder provocar que el delito de terrorismo se utilice para criminalizar la protesta social, se desapareció justamente para no dar motivo a que aquello que no esté comprendido en la excepción de manifestaciones sociales y pueda ser encuadrado en el tipo penal de terrorismo.

Tenemos compromisos internacionales que cumplir.

Evidentemente, a cualquier Congreso de la Unión le hubiese gustado tener más tiempo para discutir cualquier política legislativa.

Tenemos un compromiso internacional que no debe acreditar el Presidente de la República, ni el partido que lo ha postulado a la Presidencia de la República.

Somos parte del Estado mexicano, y como parte del Estado mexicano somos corresponsables del cumplimiento de esas obligaciones.

Esa es la razón por la que estamos aquí. No para que un Ejecutivo se cuelgue la medalla, sino para mandar un mensaje a la humanidad y al mundo de que el Senado de la República está haciendo lo que le corresponde.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senado Gil Zuarth.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para alusiones personales.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

De manera muy puntual, respecto a la intervención del Senador Roberto Gil.

Yo creo que no debemos de distraer el debate del asunto de fondo que nuestro grupo parlamentario ha traído a esta tribuna respecto a las implicaciones de un conjunto de reformas, que a partir de la justificación de combate al terrorismo, vulneran los derechos humanos y las garantías de los mexicanos.

Por supuesto, y lo dijo muy bien nuestro coordinador, el Senador Miguel Barbosa, todos coincidimos en la urgente necesidad de prevenir, perseguir, combatir y sancionar todo acto de terrorismo que atente contra la sociedad y contra la integración de nuestra República.

Pero también tenemos que decirlo con toda claridad: estamos contra toda forma de terrorismo, incluido el terrorismo de Estado.

Y muchos de los elementos que se introducen en esta reforma, no solamente van más allá de los compromisos suscritos por el gobierno mexicano en las convenciones internacionales, sino que establecen un conjunto de disposiciones, que desde mi punto de vista, reestablecen lo que fue el artículo 145 Bis del Código Penal, el delito de disolución social, que fue el instrumento fundamental para perseguir a la disidencia en nuestro país.

Hay que recordar cómo Demetrio Vallejo y Valentín Campa fueron detenidos por delito de disolución social, motín y otros delitos, al igual que muchos dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

Entonces, el debate no está en si estamos o no en contra de combatir a fondo al terrorismo, lo estamos y queremos combatirlo en todos sus aspectos.

Por eso el problema fundamental reside en 2 aspectos:

No hay una definición puntual del concepto de terrorismo; y la tipificación de los delitos que se establece genera una profunda ambigüedad que va a facilitar la discrecionalidad del juez encargado de impartir las sanciones, porque lamentablemente, aquí difiero con usted, no queda preciso, no es clara en la redacción la necesaria concurrencia en la tipificación del delito en cuanto a las modalidades de temor a la población, actos contra bienes y servicios, y el uso de armas, explosivos, junto con la tentativa o la intención de cometer el delito, porque no se establece la necesaria concurrencia de estos 4 elementos para tipificar el delito, y por el contrario, el artículo 139, en su fracción I, genera esa ambigüedad; porque en lugar de establecer la necesaria correlación entre estos aspectos, simplemente señala que serán considerados actos terroristas o delitos terroristas cometidos por personas, quienes utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, etcétera, etcétera, o por incendio, o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realicen en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, para presionar a particulares o autoridades, para tomar una determinación.

Yo creo que el texto que estamos discutiendo debería apegarse puntualmente a la Convención Interamericana contra el Terrorismo, donde el punto de partida es el definir con precisión qué es un acto terrorista y cómo no deben de vulnerarse los derechos y las garantías de los ciudadanos.

Terminemos en serio con el terrorismo, pero no regresemos al terrorismo de Estado que va a querer criminalizar y perseguir a la disidencia política y a la disidencia social.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Primero quiero decirle al Presidente de la Comisión de Justicia, que no conozco un juez que fundamente sus determinaciones en la exposición de motivos.

Todos los jueces que yo conozco se apegan estrictamente al texto de los artículos de cualquier ley que estén utilizando para juzgar a un presunto.

Segundo mientras en juez determina si sujeta o no a proceso el Código Penal Federal, este será aplicado tal cual.

Usted sostiene que no es para sancionar internamente. Entonces, si no es para sancionar internamente, pues vamos eliminando lo que aquí se plantea del citado código.

Por supuesto, el término, “por cualquier otro medio violento”, estamos hablando del cuerpo del delito, y es tan ambiguo, “por cualquier otro medio violento”, como señalaba mi coordinador, la violencia física o la violencia verbal, puede inducir al juez, al aplicar su criterio, de que efectivamente se ha incurrido en terrorismo.

La última parte, que ya señalé en mi primera exposición, presionar a la autoridad o a un particular y obligar a que éste tome una determinación.

Cualquier medio violento, he escuchado sus participaciones, en las manifestaciones de los profesores que están inconformes en el tema de la reforma educativa; he escuchado sus participaciones y el enojo por las actitudes de los maestros de Guerrero, por ejemplo, que tomaron algunas casetas de cobro.

Sin duda que un juez no va a dudar ni un minuto, en que esas actitudes son terroristas.

Conocemos y más si reciben una indicación, de quien verdaderamente manda en este país centralista, pues muchos, muchos que no piensan igual que el que gobierna, irán a parar a la cárcel.

Yo si quiero pedirles, compañeros Senadores de manera muy comedida, que tengamos voluntad para que las reformas generen armonía y que no tensen a la sociedad.

Yo voy a reservar el artículo 139 y voy a plantear ahí, que se eliminen algunos textos de este artículo. Y ahí, compañero presidente de la Comisión de Justicia, se verá la voluntad del Senado mexicano para que no se ponga en riesgo algo tan importante, como es la gobernabilidad de este país por mala interpretación de jueces.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo, reservaron los artículos 139 y 148 Bis del Artículo Primero del proyecto de Decreto, que se refiere al Código Penal Federal.

No habiendo más reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor y 22 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar su reserva al artículo 139 del Código Penal Federal, contenido en el proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Voy a, si usted me lo permite, presentar las dos reservas en un solo evento.

Creo que este es un debate muy importante porque no podemos dejar de obviar, como lo establece la iniciativa original, que dio origen a esta reforma, al señalar que es importante definir de manera expresa, es el término que se utiliza respecto de tener una exclusión de lo que es el tipo penal que hoy se está ampliando en el Código Penal Federal.

Es verdad que no hay una sola definición de lo que es terrorismo en el ámbito internacional, pero también es importante señalar que hay jurisprudencia nacional que establece cuáles son las características del tipo penal; y yo solamente quiero destacar el elemento subjetivo que tiene que ver con dolo.

Los argumentos esgrimidos por mis compañeros que me antecedieron en la palabra, de mi grupo parlamentario, no tienen desperdicio al señalar de que efectivamente puede haber una tergiversación, una interpretación que puede ir dirigida sin lugar a dudas contra las libertades civiles y contra las libertades políticas por las que estamos pugnando.

Estas dos reservas que proponemos a los artículos 139 y al 148 Bis, que fueron eliminadas por la Colegisladora, aun cuando se argumente que tiene sentido la exclusión por parte de la Comisión de Justicia del Senado de la República, siguiendo la línea de la minuta de la Cámara de Diputados, tenemos que insistir que es necesario hacer un énfasis de la importancia de salvaguardar aquellos supuestos en donde manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de sus derechos humanos, sociales o cualquier otra garantía constitucional, se les aplique indebidamente el tipo penal de terrorismo o de terrorismo internacional.

Quiero mencionar lo que expresa el informe sobre terrorismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice: “El Estado puede recurrir al uso de la fuerza sólo contra individuos que amenazan la seguridad de todos, y por tanto, el Estado no puede utilizar la fuerza contra civiles que no representan esa amenaza”.

Por tanto, en la elaboración de los tipos penales, es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que no tengan lugar a dudas, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal.

Por lo tanto, proponemos que estas disposiciones que hoy enmarca a este delito, se apliquen a aquellas personas dedicadas a este tipo de criminalidad y de ninguna manera puedan ser utilizadas para otro tipo de conductas y, sobre todo, puedan ser utilizadas para criminalizar los movimientos sociales, los movimientos de inconformidad o los movimientos de protesta social.

Es necesario, por lo tanto, que quede expresamente inscrito que no hay que permitir el abuso, el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o de aquellas personas que se oponen o que critican al gobierno.

Vale la pena, señoras y señores, que ahora que estamos discutiendo en lo particular este proyecto de Decreto que toma irrestrictamente la minuta de la Cámara de Diputados, que expresemos de manera puntual, como lo ha dicho además el coordinador de mi grupo parlamentario, que no es la intención del legislador incluir dentro de los delitos vinculados al terrorismo a los derechos inalienables de aquellas personas que en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que esta es una expresión del Estado social y democrático del derecho que postula nuestra propia Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por lo tanto, propongo de manera concreta que en el artículo 139 se incluya un último párrafo donde diga, que estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a personas o a las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o al ejercicio de cualquier otro derecho constitucional.

En el caso del artículo 148 Bis, igualmente en la fracción IV, un segundo párrafo que enuncie expresamente: estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a personas o a las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o al ejercicio de cualquier otro derecho constitucional.

No creo que esté demás puntualizar de manera expresa, como fue el sentido de la iniciativa que fue enviada a la Cámara de Diputados, que queden inscritas de manera puntual estas excepciones que por supuesto van a mandar un mensaje clarísimo para que no vaya, en este caso el juzgador, a cometer el error de sancionar, de criminalizar los movimientos sociales y las protestas y entonces hay una tergiversación del sentido del legislador que nos puede llevar, entonces, a estar viniendo a esta tribuna a tener que corregir frente a hechos que desde hoy podemos prevenir.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña. La propuesta de modificación de la Senadora de la Peña se pondrá a consideración del Pleno en su oportunidad.

Tiene el uso de la tribuna, para presentar sus reservas sobre el mismo artículo 139 del Código Penal Federal, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es pertinente hacer una aclaración, sobre todo porque algunas personas se han dedicado a desacreditar mi partido y más cuando hacemos una defensa a ultranza de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y de la posibilidad de que las mexicanas y los mexicanos continúen teniendo la garantía de que serán respetados en los mismos.

Decirles que el Partido de la Revolución Democrática es un partido pacifista que participa en la vida política de México para transformar al país por la vía pacífica y por los medios democráticos e institucionales que la Constitución de la República y las leyes que de ella emanan nos permiten.

Compañeros Senadores, es importante que este Senado de la República reflexione con mucha responsabilidad lo que se pretende aprobar. Hemos planteado que los justiciables se pueden ver en problemas si dejamos la redacción del artículo 139 tal y como se encuentra, sobre todo porque la ley tiene problemas de interpretación cuando no se precisa con mucha puntualidad el espíritu del legislador en la misma, y se deja abierto el criterio para que el juez lo determine.

El hecho de plantear que además de los instrumentos que pueden generar daño físico existen otros medios violentos; está planteando lo que no queremos que suceda, que las marchas, que los mítines, que las concentraciones, que las huelgas sean considerados como medios violentos. Esto sin duda que pondría en riesgo, insistimos, la gobernabilidad del país.

La parte final del artículo donde se insiste en que si una actividad como las que he mencionado, tiene como fin presionar a la autoridad o a un particular y obligarlo para que tome una determinación, puede ser considerado como acto terrorista, compañeros, sinceramente díganme, ¿qué vamos a hacer con los millones de hambrientos que tiene este país que están en la desesperanza, que están en el fondo del sufrimiento humano y que no encuentran otra salida, producto de su desesperación, que presionar al gobierno para que atienda sus necesidades más elementales?

¿Qué vamos a hacer con los trabajadores que son arrojados a la calle de manera impune por leyes como las que aquí se han aprobado de la Reforma Energética, y que se dijo aquí hasta el cansancio, quienes aprobaron esas leyes que no iba a suceder?

La educativa, con lujo de vanidad, el Secretario de Educación Pública anuncia que ya fueron dados de baja 500 maestros a partir de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente. Yo les pregunto, ¿qué salidas les estamos dejando a todos estos compatriotas, si no es la salida de la protesta social para reivindicar sus derechos, y para reivindicarse como mexicanas y mexicanos que están viendo violentados sus derechos fundamentales?

La propuesta que hacemos, dice textualmente: “...A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones o explosivos o armas de fuego, por incendio e inundación; intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional...”.

Es decir, eliminemos estos conceptos ambiguos que lo único que traerían sería una inconformidad en el pueblo mexicano, que más temprano que tarde estaríamos lamentando.

Por su atención, muchas gracias. Ojalá y voten esta propuesta a favor.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador Demédicis Hidalgo, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta de modificación del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Artículo 139.

“...A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral, radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo de sector de ella para atentar contra la seguridad nacional”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Agregar el párrafo que dice así: “...Estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a personas o a las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o al ejercicio de cualquier otro derecho constitucional...”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, tengo la duda, que la reserva que hizo el Senador Benjamín Robles la presentó, y aún cuando no estuvo presente para pasar a tribuna, habiendo hecho la reserva, tiene que desahogarse el procedimiento; lo hago con el ánimo de colaborar.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sin duda, lo que pasa es que le avisaron a Servicios Parlamentarios que era la misma reserva que la Senadora Angélica de la Peña, pero si quiere, también agotamos el trámite, pero nos dijeron que era idéntica.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 139, del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya.

Artículo 139, dice: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años, y de cuatrocientos a 1,200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella…

Las penas previstas en este artículo aumentarán en una mitad, cuando en la comisión del delito se retenga en calidad de rehén a una o más personas.

Bajo ninguna circunstancia se considerarán terrorismo las manifestaciones que realicen personas o grupos sociales en defensa o exigencia de sus demandas o en ejercicio de sus derechos de asociación, de expresión de manifestación o cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, ni aún cuando en su realización se suscite cualquier clase de disturbio o confrontación sin perjuicio de las penas que en su caso correspondan por otros delitos.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 139 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presiente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos a favor y 21 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 139 del Código Penal Federal, contenido en el proyecto de Decreto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña, de la reserva al artículo 148 Bis del Código Penal, y a la reserva del artículo 148 Bis presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, e inmediatamente después de leer cada una de las propuestas consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

- El C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Artículo 148 Bis de la Senadora de la Peña, agregar un párrafo que dice:

“Estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a personas o a las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya.

Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de 400 a 1,200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral, radioactivo, fuente de radiación instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacionales, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella…

II. Al que incurre en la conducta prevista en el párrafo anterior, en territorio extranjero, si su preparación o los actos tendientes a su comisión fueron efectuados en territorio mexicano.

Bajo ninguna circunstancias se considerarán terrorismo internacional las manifestaciones que realicen personas o grupos sociales en defensa o exigencia de sus demandas o en ejercicio de sus derechos de asociación, de expresión, de manifestación o cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, ni aún cuando en su realización se suscite cualquier clase de disturbio o confrontación, sin perjuicio de las penas que en su caso correspondan por otros delitos.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 148 Bis en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor y 20 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 148 Bis del Código Penal Federal, contenido en el proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 constitucional. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores, les informo que por motivo de la licencia que esta Soberanía autorizó a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, la Presidencia, en cumplimiento del párrafo primero del artículo 14 del Reglamento del Senado, acuerda convocar a la Senadora suplente, Olivia Corral Arriaga, para que acuda la próxima sesión a rendir su protesta y se incorpore a sus actividades legislativas.

A petición expresa de los proponentes, se dará turno directo a los siguientes asuntos:

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar en consideración las recomendaciones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se turnan a las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.





 

PROPUESTAS

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL INFORME DEL COMITE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA RESPONSABILIDAD DE LA SANTA SEDE POR NO ADOPTAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA PONER FIN A LOS ABUSOS SEXUALES DE NIÑAS Y NIÑOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DEL CLERO.

"La suscrita Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL INFORME DEL COMITE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Y LA RESPONSABILIDAD DE LA SANTA SEDE POR NO ADOPTAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA PONER FIN A LOS ABUSOS SEXUALES DE NIÑAS Y NIÑOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DEL CLERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 5 de Febrero el Comité de la Organización de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño emitió una de las resoluciones más importante que se hayan dado al seno de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de un precedente histórico incalculable que no existe en la historia otro con tal significado y trascendencia para hacer justicia a niñas y niños víctimas de abusos cometidos por clérigos durante tantos años, los cuales se dieron con total impunidad.

El Comité señaló la responsabilidad que tiene el Vaticano por no adoptar medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales de más de 10 mil niñas y niños en el mundo cometidos por miembros del clero. La presidenta de ese Comité, Kristen Sandberg, afirmó que la Santa Sede impuso un código de silencio a niñas y niños para no informar a las autoridades policiales y judiciales de tales hechos; asimismo señaló que al ratificar la Convención sobre los Derechos dela Niñez, la Santa Sede debe ponerla en práctica en el territorio de la Ciudad del Vaticano y hacer que la cumplan todas las personas e instituciones subordinadas a ella en el mundo.

Dicho Comité hizo diferentes recomendaciones, de las cuales destacan:

• La obligación de las personas subordinadas en las órdenes religiosas católicas de aplicar la Convención sobre los Derechos dela Niñez no sólo en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también a través de individuos e instituciones bajo su autoridad.

• Establecer la verdad de lo que sucedió en el pasado, tomar las medidas necesarias para evitar que estos delitos se repitan y asegurar que los principios de justicia sean plenamente respetados y, sobre todo, atender a las víctimas ya todas las personas afectadas por los atroces crímenes.

• El retiro inmediato de todos los clérigos que abusan sexualmente de las y los niños, ya sean casos conocidos o sospechosos, y remitir el asunto a las autoridades competentes para la aplicación de la ley con fines de investigación y enjuiciamiento.

• Desarrollar programas y políticas de prevención del abuso sexual de personas menores de edad, para la recuperación y la reintegración social de las y los niños víctimas. Además, recomendó al Vaticano que se compense a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por individuos e instituciones bajo su jurisdicción.

• Tomar medidas para garantizar la aplicación efectiva de la legislación que reconoce el derecho de toda niña y niño a ser oído en los procedimientos judiciales pertinentes.

La reacción de la Santa Sede ante las recomendaciones del Comité para retirar de sus responsabilidades a todos los sacerdotes culpables o sospechosos de abuso sexual contra personas menores de edad y llevarlos ante la justicia, fue que explicará "en próximos días o semanas" las acciones emprendidas contra el abuso de persona menores de edad, y agregó que en este tema "se está trabajando mucho" y que toma nota de todas las recomendaciones formuladas por el Comité pero lamenta que el Comité ha tratado de interferir en las enseñanzas de la Iglesia en otros campos, ya que en dicho informe se lee: "El Comité insta al Vaticano a que reconsidere su posición sobre el aborto, lo que plantea evidentes para la vida y la salud de los riesgos de las niñas embarazadas, y reparar El Canon 1398, relativa al aborto con miras a determinar las circunstancias en las que el acceso al aborto se puede permitir".

Otras de las objeciones que el Vaticano hace a las recomendaciones del Comité son las relativas a las declaraciones anteriores de la Santa Sede sobre la homosexualidad que contribuyen a la estigmatización y la violencia contra las personas adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y las niñas y niños criados por parejas del mismo sexo.

Sin embargo, la Santa Sede no se ha pronunciado por las responsabilidades de sus clérigos ante la justicia y la defensa y protección de los derechos de la niñez en el mundo que protege no sólo la Convención de los Derechos de la Niñez, sino también la propia doctrina católica.

Muestra de ello lo podemos encontrar en nuestro país, donde el abuso sexual hacia niñas y niños por parte de los integrantes del clero ha sido recurrente y con total impunidad. Durante décadas éstos abusos han sido denunciados, sin embargo, en muchas ocasiones la alta jerarquía de la iglesia católica ha sido señalada de encubrir los casos de abuso sexual e incluso presionar a víctimas, familiares y a las propias autoridades para evitar responsabilidades penales.

Por tanto, a raíz delas recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niñez, la jerarquía de la Iglesia Católica tiene la oportunidad de resarcir el daño histórico en este tema y poner a disposiciones de las autoridades competentes a aquellos de sus integrantes que han sido señalados por estos delitos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones tome en consideración las recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niño y contribuya a generar el acceso a la justicia de niñas y niños que han sufrido abusos por parte de clérigos en nuestro país y evitar la impunidad.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, valore la posibilidad de llamar a consultas al titular de la representación diplomática del Estado mexicano ante la Santa Sede, Embajador Mariano Palacio Alcocer, en tanto el Vaticano no dé cumplimiento a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de la Niñez de la Organización de las Naciones Unidas, a efecto de llevar ante la justicia a aquellos sacerdotes pederastas que han cometido o encubierto abusos contra miles de niñas y niños alrededor del mundo.

TERCERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, hace un respetuoso exhorto a los gobiernos de lasentidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias, las denuncias presentadas por abuso de personas menores de 18 años de edad por parte de ministros de culto religiosos se concluyan, se procese y se sanciones a los responsables conforme a derecho.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, así como al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, a fin de que informen sobre la participación de un presunto narcotraficante en una reunión entre representantes del gobierno federal y líderes de los grupos de autodefensa del estado de Michoacán, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL C. SECRETARIO DE GOBERNACION, ASI COMO AL COMISIONADO PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOACAN, A FIN DE INFORMAR SOBRE LA PARTICIPACION DE UN PRESUNTO NARCOTRAFICANTE EN UNA REUNION ENTRE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL Y LIDERES DE GRUPOS DE AUTODEFENSA DEL ESTADO DE MICHOACAN

"El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 95 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como todos sabemos, la situación que prevalece en el Estado de Michoacán ha resultado de atención nacional. La necesidad de los ciudadanos de defenderse ante el vacío de autoridad dejado por los elementos de seguridad pública federal como local ha orillado a procurar la creación de cuerpos de autodefensa ante el acecho y la ola de criminalidad e inseguridad generada por el cártel conocido como los Caballeros Templarios, organización criminal derivada de La Familia, que se ha adueñado de prácticamente de toda la entidad, no solamente dominando actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión o la piratería, sino también interviniendo en la imposición o renuncia de candidatos a cargos de elección popular, imponiendo funcionarios públicos municipales y sometiendo a los cuerpos policiacos de la entidad.

Es menester decirlo, el fracaso de los gobiernos federales, estatales y municipales en Michoacán es innegable; la violencia, la criminalidad y la ingobernabilidad son sin duda resultado del descuido, el abandono, la indolencia y la ineficacia de quienes estuvieron y están obligados a garantizar la seguridad de todos los michoacanos.

Tuvo que transcurrir un año para que la actual administración federal -concentrada de lleno en la entrega del petróleo a manos extranjeras- se percatara del foco de ingobernabilidad que es el estado de Michoacán y decidiera actuar.

Sin embargo, gran sorpresa polémica se generaron cuando tras el accidente aéreo sufrido por el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, el Secretario de Gobernación declaró públicamente que el gobierno federal le proporcionaba protección ya que las autodefensas han venido lastimando al cártel de Los Templarios, cuando en un principio afirmaba que se encontraban al margen de la ley, que nada justificaba su existencia y los emplazaba a deponer las armas.

Muchas cosas se han dicho en el ámbito público sobre los grupos de autodefensas; algunas corrientes de opinión consideran que son la legítima reacción de una población cansada de ser víctima de la delincuencia y de la ineficacia de todos los órdenes de gobierno para brindarles la elemental seguridad a que tienen derecho.

Otras corrientes, por su parte cuestionan su origen, financiamiento y conformación y advierten sobre los riesgos que implica la existencia de estos grupos y sobre la evasión de la responsabilidad del Estado para brindar seguridad a la población a través de las instituciones democráticas.

Pero como si el clima de violencia e ingobernabilidad de Michoacán no fueran ya suficientes, en las últimas semanas el desconcierto se ha extendido con la difusión de diversas declaraciones de líderes tanto de las autodefensas como de la organización criminal conocida como los Caballeros Templarios, en las que han intercambiado un sinnúmero de acusaciones y señalamientos.

Una de ellas es la vertida por Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", señalado como el principal líder de los Caballeros Templarios, en la que acusó a los grupos de autodefensa de ser financiados y responder a los intereses de cárteles del narcotráfico rivales, tales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Tales afirmaciones cobraron nuevamente relevancia el pasado sábado 8 de febrero, a partir de la información publicada por el diario Reforma, en la que da a conocer que en la reunión sostenida por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes con líderes de las autodefensas, donde participó Juan José Farías Álvarez, conocido con el alias de "El Abuelo", quien fue detenido en 2009 al ser señalado como lugarteniente del cártel de los Valencia, antecedente del actual cártel de Jalisco Nueva Generación, además de estar vinculado con Zhenli Ye Gon.

Tras la publicación de dicha información –que incluyó la publicación de una fotografía en la que Farías aparece justo a un costado del Comisionado Castillo-, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que reconoció la participación de Farías en la reunión que sostuvo el Comisionado con líderes de autodefensas el pasado miércoles 5 de febrero en Tepalcatepec, precisando que en dicho encuentro no se trataron cuestiones estratégicas de seguridad, ni se compartió información sobre el despliegue de las fuerzas federales.

Llaman la atención algunos aspectos sobre el comunicado de la Secretaría de Gobernación. En primer lugar la celeridad del Gobierno Federal para emitir un boletín de prensa en respuesta a la información y la imagen publicadas por Reforma.

En segundo lugar la aclaración tan categórica y tajante de que no se trataron cuestiones estratégicas de seguridad, ni se compartió información sobre el despliegue de las fuerzas federales.

En tercer lugar la ausencia de una explicación igualmente categórica acerca de la presencia de una persona señalada y detenida como narcotraficante en los grupos de autodefensa, así como de las razones de su liberación o su situación jurídica actual.

Lo cierto es que la explicación dada por la Secretaría de Gobernación, lejos de aclarar los hechos, ha terminado por sembrar más dudas y sospechas.

Por tal razón resulta urgente e indispensable una explicación clara y precisa por parte del Gobierno Federal sobre la participación de Farías en la reunión, sobre su situación legal y sobre las acusaciones en su contra, así como sobre las razones por las que una persona señalada y en su momento detenida como narcotraficante, aparece ahora como dirigente de grupos de autodefensa participando en reuniones con representantes del propio Gobierno Federal.

Es claro que no se trata de un asunto menor y menos ante la situación tan delicada que atraviesa el estado de Michoacán.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República cita al C. Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, y al C. Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Lic. Alfredo Castillo Cervantes, a que comparezcan ante el Pleno de esta Soberanía para dar una explicación pormenorizada sobre la presencia de Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", respecto de su participación en la reunión del pasado 5 de febrero, su situación jurídica, así como la postura del Gobierno Federal ante tales hechos.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al C. Procurador General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, que dentro de un plazo de 10 días informe por escrito a esta Soberanía sobre la situación jurídica del C. Juan José Farías Álvarez, aclarando si existe actualmente alguna investigación en curso que lo involucre, así como las razones de su liberación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de febrero de 2014.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".





 

EXCITATIVAS

A petición de diversos Senadores de los grupos parlamentarios, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen que corresponde al proyecto de Decreto por el que se declara al 2014 como el “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.







 

Asimismo, a petición de los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Mario Delgado Carrillo y Raúl Morón Orozco, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten los dictámenes correspondientes sobre los siguientes proyectos de Decreto:

Que expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman los artículos 75 de la Ley General de Educación, 32 de la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, presentado el 11 de diciembre de 2012. Y el que crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar, presentado el 11 de diciembre de 2012.

“Quienes suscriben, Senadoras y Senador, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción III y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En sesión del 11 de diciembre de 2012, presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se adiciona el artículo 149 Quater del Código Penal Federal.

En esa misma fecha, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del acoso escolar.

Ambas iniciativas, coincidentes en el objetivo, suscritas por diversos Senadoras y Senadores de diversas fuerzas políticas, se turnaron a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

Las iniciativas, con independencia de su nominación diferente, son coincidentes en el propósito de alcanzar acciones legislativas plenas, amplias e integrales para contar a nivel nacional con un marco jurídico general que prevenga, atienda y erradique el problema creciente de violencia en el entorno escolar, dentro del cual se encuentra el acoso escolar conocido como “bullying”.

El “bullying” se trata de un fenómeno social, reiterado, intencional, multifactorial, ligado a patrones de violencia, cuya atención en una primera etapa depende de avanzar en un marco legal que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno, haga partícipes a las madres y padres de familia y a la comunidad educativa en general en su resolución y provea instrumentos, información y mecanismos interinstitucionales para planear programas de prevención, dotar de procedimientos especializados para saber qué hacer y a dónde acudir cuando se presenta el problema y, en su caso, canalizar a los responsables las autoridades competentes.

En fechas recientes nos hemos enterado por diversos medios de comunicación de casos de violencia contra niñas y niños que son preocupantes no sólo por la violación de sus derechos fundamentales, sino, por la constante victimización a la que se somete a la niñez y la juventud mexicana, a las madres y padres de familia y tutores y a la sociedad en general.

Roberto, un estudiante de secundaria en Guanajuato fue golpeado por siete alumnos, por lo que resultó con daños en el hígado, riñón, intestino y bazo. El niño de 12 años de edad lo ocultó a sus padres hasta que se puso mal y lo llevaron al hospital, además de presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

El 18 de octubre, Sergio, de 14 años, se privó de la vida en su casa. Dejó un dibujo en el que atribuyó al bullying su depresión que lo llevó al suicidio.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco investiga el caso de violencia que ocurrió dentro de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en la colonia El Retiro de Guadalajara, donde un niño de nueve años le cortó el prepucio a otro de seis.

Un probable caso de ‘bullying’ o intento de feminicidio fue el ocurrido con una joven de 17 años de Acámbaro, quien fue brutalmente golpeada con una piedra en la cabeza, por dos de sus ex compañeros de preparatoria.

Reportan 500 casos de bullying en todo el estado y se concentra en municipios con la mayor densidad poblacional, como Ecatepec, Nezahualcóyotlm y Toluca.1

A la fecha, el plazo legal para dictaminar las iniciativas se ha cumplido y a casi un año de que se presentaron, de forma respetuosa, considerando que en nuestra obligación legislativa está tomar las medidas para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia, propongo excitativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República con la finalidad de que determine en breve el sentido de las iniciativas referidas.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una convivencia de paz, de armonía, de normal desarrollo y pleno disfrute de sus capacidades, no pueden esperar más.

Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para que comuniquen a la brevedad al Pleno del Senado de la República el sentido de las diversas iniciativas y minutas que tienen por objeto alcanzar un marco legal nacional para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia en el entorno escolar, en especial del acoso escolar, conocido como “bullying.”

Suscriben

Sen. Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Raúl Morón Orozco”.

1 Referencias y mayor información en los siguientes sitios electrónicos: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/-34bullying-34-en-el-pais-esta-fuera-de-control-964419.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/sonora-sancion-bullying-escuela-963214.html
http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2013-11-07/investigan-caso-de-bullying-en-primaria-de-jalisco-donde-le-cortaron-el-prepucio-a-un-nino#ixzz2kTyjaA8Y
http://www.milenio.com/region/Locales_0_188381673.html
http://www.milenio.com/region/reportado-casos-bullying-linea-emergencia_0_188981116.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/golpean-brutalmente-con-una-piedra-a-joven-fue-victima-de-bullying-
13840397





 

Hago de su conocimiento que la iniciativa y proposiciones inscritos en la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 2, 3 Y 23 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PARA ESTABLECER EL SERVICIO VULCANOLOGICO NACIONAL

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)







 

PROPUESTAS

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a localizar con vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para llevar a cabo la investigación correspondiente. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A LOCALIZAR CON VIDA AL PERIODISTA GREGORIO JIMENEZ DE LA CRUZ, Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A QUE EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCION PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE.

“El que suscribe, Senador de la República, Fernando Yunes Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Veracruz es considerado ya el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Ya son muchos los casos de violencia a las personas que ejercen responsablemente esta labor. Esta no es una opinión propia, es un estado de emergencia reconocido por diversas organizaciones civiles que velan por los derechos humanos de los periodistas.

Así lo han denunciado organizaciones dedicadas a la protección de derechos humanos como Amnistía Internacional y Artículo 19. Esta ONG en su estudio “Doble Asesinato, la prensa entre la violencia y la impunidad” documenta las agresiones y omisiones en contra de la libertad de expresión y del periodismo que suceden en Veracruz.

El informe señala, entre otras cosas, que “Si bien se le considera como parte de la región sureste, Veracruz completa un preocupante escenario de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados o privados de la libertad [...]”

Además, señala que “Cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados a lo largo de 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días), para elevar a nueve la cifra de comunicadores ultimados sólo en el periodo de Javier Duarte al frente de la administración estatal”.

El informe de Artículo 19 presentado el día 13 de marzo de este año no deja lugar a dudas: “Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo no sólo en México sino en toda América Latina”. Lamentablemente, las agresiones contra periodistas no sólo persistieron sino que se multiplicaron.

Ante el riesgo de perder la vida, periodistas han tomado la decisión de emigrar temporal o definitivamente a otras entidades o incluso a otros países. El informe de Artículo 19 sostiene que en Veracruz tan sólo en los dos últimos años, se han podido documentar la salida de 23 comunicadores en situación de apremio, debido a la ausencia de garantías de seguridad para hacer su trabajo.

Dicho estudio sostiene que el gobierno del estado de Veracruz ejerce presiones a los medios de comunicación a través del uso discrecional de recursos públicos mediante la contratación de publicidad oficial. Bajo la lógica de premio o castigo, incide no sólo en las líneas editoriales de los medios, sino en el despido de periodistas que al mantener un estilo crítico a las acciones del gobierno, le resultan incómodos.
El día 4 de febrero del presente año, el periodista de el periódico local “NOTISUR”, Gregorio Jiménez de la Cruz, fue privado de su libertad de su propio domicilio por un comando armado, mientras preparaba a sus hijos a la escuela.

Este es un caso más de inseguridad en el Estado, que atenta contra los derechos fundamentales de cualquier persona, pero que cobra mayor importancia por ser un comunicador, lo que sin duda, provoca indignación en los veracruzanos. Este hecho trascendental, está siendo investigado por las autoridades locales, sin embargo, éstas no cuentan con la preparación ni el compromiso adecuados para poder atender una emergencia de tal magnitud.

Es fundamental, que la PGR ejerza de inmediato la facultad de atracción que establece el párrafo 5 del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que sea ésta quien inicie lo más pronto posible con la averiguación previa, y tome las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida del periodista que se encuentra secuestrado.

El citado artículo, establece que:

“Artículo 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.

En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro.

En estos supuestos no procede la declinatoria.

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federaciónpodrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

I. Cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

II. Cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley;

III. Cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

IV. Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate;

V. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VI. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o

VIII. Cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.

En los supuestos previstos en las fracciones IV y V o cuando la víctima u ofendido lo solicite, el Ministerio Público de la Federación inmediatamente requerirá a la autoridad local una copia de la investigación respectiva, y una vez recibida deberá determinar si procede o no el ejercicio de la facultad de atracción dentro de las 48 horas siguientes.

Contra la resolución que niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima o el ofendido podrá interponer, ante el Procurador General de la República, recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le hubiere notificado. El Procurador General de la República, o el servidor público en quien delegue la facultad, deberá resolver el recurso en un término que no excederá de 48 horas hábiles. El recurso de reconsideración tendrá por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución relativa al ejercicio de la facultad de atracción. Se tramitará de manera expedita. El silencio del Procurador General de la República, o del servidor público al que se le hubiere delegado esa facultad, constituirá el efecto de confirmar la resolución del Ministerio Público de la Federación“.

Como se puede observar, la situación de riesgo es latente para el periodista, así como para su familia, por lo que es urgente que se ejerza esta facultad, y se inicie de inmediato con las investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Veracruz, a localizar con vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, que fue secuestrado en su domicilio por un grupo armado.

SEGUNDO. Se hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, a que en términos de lo que establece el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, ejerza de inmediato la facultad de atracción del caso referido, e implemente las medidas cautelares necesarias, para garantizar la vida del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Dado en el Salón de Sesiones, a los 05 días del mes de febrero del 2014

ATENTAMENTE

Fernando Yunes Márquez
SENADOR DE LA REPÚBLICA”.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer los hechos en que resultó privado de su libertad el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, en el estado de Veracruz y para que proceda a la creación de una unidad de investigación especializada en delitos contra periodistas. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA DE LA REPUBLICA A ATRAER LOS HECHOS EN RESULTO PRUVADO DE SU LIBERTAD EL PERIODISTA GREGORIO JIMENEZ DE LA CRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y PARA QUE PROCEDA A LA CREACION DE UNA UNIDAD DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA PERIODISTAS.

“EL SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXII LEGISLATURA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 8 NUMERAL 1 FRACCION II, 108, 109 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETE A CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON MOCION DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCION, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE ATRAIGA LOS HECHOS EN QUE RESULTO PRIVADO DE SU LIBERTAD EL PERIODISTA GREGORIO JIMENEZ DE LA CRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y PARA QUE PROCEDA A LA CREACION DE UNA UNIDAD DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA PERIODISTAS Y, ASIMISMO, AL SR. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA QUE RECIBA A LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION, A LOS CUALES EXPLIQUE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES DE LOS HOMICIDIOS EN AGRAVIO DE PERIODISTAS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES,

CONSIDERACIONES

Impunidad en las Agresiones contra Periodistas.

El pasado 27 de enero fue encontrado sin vida el columnista Miguel Ángel Guzmán Garduño del diario local Vórtice, en Chilpancingo, Guerrero. Asimismo, en los últimos días fue sustraído de su domicilio el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, de los periódicos Notisury Liberal del Sur. En ambos casos, no se ha hecho una sola detención. Las procuradurías de justicia de los Estados de Guerrero y Veracruz no reportan avance alguno en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y proceder a su captura para efectos de llevarlos a la justicia.

El artículo 27 de la Constitución General de la República establece que la seguridad pública es una función a cargo de las instituciones de procuración y administración de justicia así como de los cuerpos de policía de los tres órdenes de gobierno, pero en los hechos no se observan resultados en la aplicación de la ley en contra de los agresores de periodistas. Las reformas sucesivas en torno a las leyes penales y de enjuiciamiento criminal no han cumplido su cometido de poner tras las rejas a los delincuentes, en consecuencia, la disuasión es nula. El trabajo parlamentario de las últimas Legislaturas en esta materia ha sido copioso y profundo. Ahora el esfuerzo de carácter extraordinario ha de realizarse en el ámbito del cumplimiento de las leyes penales. El Ministerio Público, a través de sus Agentes, debe observar la máxima diligencia en el desempeño de sus funciones para mantener la legalidad. En especial, ha de concentrarse en el ejercicio de todas y cada uno de las atribuciones con que cuenta para la investigación de los hechos constitutivos de delito. Dicho funcionario se encuentra habilitado para realizar intervenciones a las comunicaciones privadas, solicitar órdenes de cateo y pedir se someta a arraigo a los delincuentes. También está en aptitud legal de planear, instrumentar y concretar infiltraciones en la delincuencia gracias a la autorización que le otorga la ley para hacer uso de agentes encubiertos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe producto de sus investigaciones y recopilación de datos en torno a las agresiones a periodistas. El Ombudsman reporta 85 homicidios a periodistas de 2000 a 2013 con Veracruz, donde fue secuestrado Gregorio Jiménez de La Cruz, como el Estado en el que más asesinatos se llevan a cabo con un total de 12. En el mismo período se tienen registradas 20 desapariciones de comunicadores y 40 ataques a medios de comunicación. De las 145 averiguaciones previas penales iniciadas en el país por agresiones a periodistas, la CNDH reporta un nivel de impunidad del 89% donde no se cuenta con dato alguno sobre los autores de los ilícitos. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México considera que el 98% de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas están impunes. Las Naciones Unidas destacan en su análisis que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión sólo ha obtenido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos en agravio de periodistas.

Las organizaciones de periodistas como el Comité de Protección de Periodistas, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras, coinciden en que la impunidad es el común denominador de las agresiones a los periodistas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado que la principal causa de que persistan  las agresiones contra periodistas es la impunidad. Y atrae la atención en torno al incremento en la cantidad de agravios "sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos en su contra, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras". En el Informe Anual del Comité para la Protección de Periodistas, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, México figura en primer lugar con 12 periodistas reportados como desaparecidos.

La impunidad es producto de la debilidad de las instituciones de procuración de justicia. Hace falta personal experimentado y ampliamente capacitado; uso de tecnologías para recopilar y analizar los datos que arroje la investigación, vehículos adecuados y equipo de telecomunicaciones, supervisión estricta de las líneas de investigación para lograr avances. La única institución que cuenta con recursos para lograr los anteriores objetivos es la Procuraduría General de la República.  Por ello, el proponente solicita su intervención.

La gravedad de la situación que prevalece en Veracruz caracterizada por los ataques constantes a periodistas hace evidente la necesidad de que el Sr. Gobernador de dicha entidad informe al Senado, por conducto de la Comisión instituida precisamente para verificar los avances en estos casos, sobre las investigaciones de los casos concretos y las medidas que haya tomado para abatir la impunidad en los delitos contra la libertad de prensa en la persona de los comunicadores.

Los ataques a periodistas son un  agravio a la sociedad entera, pues sin duda el móvil es acallar la denuncia, la crítica o la simple comunicación de datos. El reportero Gregorio Jiménez de la Cruz compartía con los lectores sus investigaciones sobre secuestros. Con su desaparición no sólo sufre su familia y él queda en alto riesgo. También los habitantes del Estado de Veracruz resultan afectados ya que se pierden los datos y el acercamiento a la verdad en torno al secuestro en la entidad. El periodismo de investigación, como el que venía desarrollando Gregorio Jiménez de la Cruz, obliga a las autoridades a redoblar sus propias pesquisas para no quedarse atrás.

Con la finalidad de dar con el paradero del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, traerlo de regreso sano y salvo y para abatir la impunidad que impera en torno a las agresiones a periodistas, me permito proponer a la Cámara de Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta, con toda atención, a la Procuraduría General de la República para que atraiga los hechos en que resultó privado de su libertad el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en el Estado de Veracruz y para que proceda a la creación de una unidad de investigación especializada en delitos contra periodistas.

SEGUNDO. Se solicita, con el mayor de los respetos, al Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz se sirva recibir a los integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación así como a las y los senadores que deseen asistir para que explique los avances en las investigaciones sobre los homicidios sin esclarecer y demás agresiones a periodistas, sin demérito de la secrecía de las averiguaciones correspondientes. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

México, Distrito Federal a 11 de Febrero de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a proseguir con el proceso del convenio suscrito con la tribu yaqui, referente al tema para el control del Acueducto Independencia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A PROSEGUIR CON EL PROCESO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA TRIBU YAQUI, REFERENTE AL TEMA PARA EL CONTROL DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; A FIN DE CONCLUIR EL CIRCUITO CONCILIACION ABIERTO POR LA PROPIA DEPENDENCIA DE GOBIERNO FEDERAL.

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276,108 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A PROSEGUIR CON EL PROCESO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA TRIBU YAQUI, REFERENTE AL TEMA PARA EL CONTROL DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; A FIN DE CONCLUIR EL CIRCUITO DE CONCILIACION ABIERTO POR LA PROPIA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 21 de enero del presente, la Secretaría de Gobernación informó que  llegó a un acuerdo con la comunidad Yaqui, para que sea levantado el bloqueo que mantienen desde hace más de seis meses en la carretera federal 15, en la población de Vícam, al sur de Guaymas, Sonora. El Gobierno Federal se comprometió a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se hará cargo del manejo del sistema de presas de la región, en vez de que lo hagan las autoridades estatales de Sonora y Sinaloa.

2. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró que: "Suscribimos un convenio en el que liberan la carretera, es un acuerdo muy importante, se ha firmado ya, son muchos los puntos que se han ahí acordado, y que por supuesto he dicho que por parte del Gobierno de la República daremos seguimiento y no sólo eso, haremos que se cumplan cada uno de ellos. Para el abastecimiento del agua a Hermosillo y a todos los pueblos de la comunidad yaqui queda a resguardo de la Conagua y esto permitiría darle certidumbre a unos y otros", señaló Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. La concertación, entonces fue comunicada a las comunidades yaquis, a fin de que sea fuera liberada la carretera federal 15. "El eje central del acuerdo es que la administración de la obra de toma, la obra de cabeza del acueducto pasa a manos de la Conagua, para nosotros es muy importante esto, porque pacifica prácticamente el camino del proceso legal que está siguiendo la tribu yaqui, que ustedes saben que para la construcción del acueducto no se tomó en cuenta a la tribu Yaqui. Sí, mañana (se levantan los bloqueos) se tendría que informar a las bases allá para darles a conocer esta situación", explicó Tomás Rojo Valencia, dirigente de comunidad Yaqui.

El documento que firmaron el gobierno de Sonora y las autoridades tradicionales yaquis con el gobierno federal para destrabar el conflicto Independencia consta de siete cláusulas. En la cuarta especifica que la Comisión Estatal del Agua entregará el Acueducto Independencia a la Comisión Nacional del Agua para que ésta lo opere y establece que hasta que se cumplan estos puntos se levantaría el bloqueo.

En la reunión, a la que asistieron los gobernadores de Sonora y Sinaloa, y los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, se acordó la instalación de mesas de trabajo para ir destrabando el conflicto, independientemente del curso que sigan las demandas judiciales interpuestas por la comunidad Yaqui.

3. Los diarios informaron que el 31 de enero, miembros de la tribu yaqui decidieron bloquear indefinidamente durante ocho horas diarias la carretera federal México 15 como protesta porque los gobiernos federal, estatal y municipal no respetaron el convenio para el control del Acueducto Independencia; adelantaron que este viernes sostendrán una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación. A partir de este jueves los cierres son de las 8:00 a las 12:00 y de las 14:00 a las 18:00 horas, es decir, ocho horas al día, Hasta el miércoles, el bloqueo era de cuatro horas, en dos lapsos. Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam, cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui, reiteró: “Queremos que se respeten los acuerdos de buena fe y la palabra empeñada en el convenio”. Uno de los puntos violados, dijo, se refiere a que se iban a analizar otras opciones para el abastecimiento de agua a Sonora y no lo han hecho. “Se mantiene la extracción de agua de la presa El Novillo a través del Acueducto Independencia. “Ahora las tropas yaquis se están reagrupando y no se descarta el cierre total de la carretera si siguen aprovechándose de la buena fe de la tribu yaqui, ya que no está dispuesta a tolerar más violaciones”, advirtió. Ante el rumor que surgió el miércoles de que podrían ser desalojados de la carretera de un momento a otro, Luna enfatizó que no se van a dejar intimidar por amenazas del gobierno, ya que ésta es una lucha ancestral por el agua y están preparados para continuar. Reiteró que el pueblo yaqui sigue abierto al diálogo, no obstante la falta de respeto a un convenio con instituciones federales y del estado de Sonora.

El sábado 8 del presente mes se informa en medios que “El bloqueo que realiza desde hace nueve meses la tribu yaqui de la carretera México-Nogales continuará, porque el gobierno federal incumplió la letra y el espíritu del convenio firmado en la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto, según informó Tomás Rojo, vocero de los indígenas. Por su parte, integrantes de la Misión de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui (MOCTY) que realizan dependencias federales, emitió un extrañamiento al gobierno por omisiones e irregularidades detectadas en el desarrollo de la misma. En rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro –que participa en la MOCTY con más de un centenar de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Aldabi Olvera, Citlali Hernández y Alicia Rubio señalaron que los convenios suscritos en Gobernación no sustituyen los procesos de consulta derivados de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no ha avanzado porque la Secretaría del Medio Ambiente no ha cumplido con la entrega de toda la información solicitada por la tribu yaqui para que el proceso continúe.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION.

UNICO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A PROSEGUIR CON EL PROCESO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA TRIBU YAQUI, REFERENTE AL TEMA PARA EL CONTROL DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; A FIN DE CONCLUIR EL CIRCUITO DE CONCILIACION ABIERTO POR LA PROPIA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a fomentar, promover y realizar acciones tendientes al rescate, rehabilitación, conservación y protección de esteros y manglares en el Puerto de Topolobampo y en la isla del Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa; así como la construcción de cuatro puentes que permitan el flujo y reflujo de corrientes marinas en los esteros “El Zacate”, “La Chata”, “La Herradura” y “El Panal”, que se encuentran sobre la rúa Topolobampo-El Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FOMENTAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL RESCATE, REHABILITACION, CONSERVACION Y PROTECCION DE ESTEROS Y MANGLARES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO Y EN LA ISLA DEL BAVIRI O MAVIRI, EN AHOME, SINALOA; ASI COMO LA CONSTRUCION DE CUATRO PUENTES QUE PERMITEN EL FLUJO Y REFLUJO DE CORRIENTES MARINAS EN LOS ESTEROS, “EL ZACATE”, “LA CHATA”, “LA HERRACURA” Y “EL PANAL”, QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA RUA TOPOLOBAMPO-EL BAVIRI O MAVIRI, EN AHOME, SINALOA.

“El suscrito, SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que fomenten, promuevan y realicen acciones tendientes al rescate, rehabilitación, conservación y protección de esteros y manglares en el Puerto de Topolobampo y en la isla del Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa; así como la construcción de cuatro puentes que permitan el flujo y reflujo de corrientes marinas en los esteros “El Zacate”, “La Chata”, “La Herradura” y “El Panal”, que se encuentran sobre la rúa Topolobampo-El Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las lagunas y estuarios son componentes relevantes de la planicie costera y se ven afectados por los procesos naturales, sociales y económicos que se presentan en ellos. Las actividades humanas que se desarrollan en la zona costera, como la agricultura, la ganadería, el turismo, el desarrollo y construcción de infraestructura, entre otras, generan serios conflictos con el ambiente, creando impactos negativos, que la mayor de las veces, alcanzan carácter de irreversibles, cuando no son considerados los principios de sustentabilidad desde la planeación para su construcción o autorización.

Como parte integral de los estuarios encontramos a los mangles, ambos considerados científicamente como zonas de transición (ecotónos) entre la zona terrestre y la zona marina. En México, los manglares están representados por  cuatro especies de árboles de mangle, el rojo (Rhizophora mangle),  el blanco (Lagunculariaracemosa), el negro (Avicenniagerminans) y el mangle botoncillo (Conacrpuserectus), y se distribuyen desde la Baja California Sur hasta Chiapas.

Por mucho tiempo la actividad humana no consideró pertinente su preservación y protección, desconociendo u omitiendo su importancia y valor ambiental. Hoy se sabe que son el hábitat de una gran diversidad de especies, desde aves migratorias y endémicas, peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, reptiles y mamíferos. Basta señalar que el 70% de las especies capturadas comercialmente, en algún momento de su desarrollado habitaron las zonas estuarinas y de manglar.

Además, es necesario considerar los servicios ambientales que proveen, ya que son zonas de refugio y alimentación de un sinfín de especies. También son áreas de crianza y crecimiento, poseen una productividad primaria muy elevada, misma que exportan a la zona marina mediante nutrimentos indispensables para otras especies. Dentro de los servicios ambientales que suministran las zonas estuarinas y de manglar encontramos, la protección que brindan a la línea de costa, evitando la erosión de la misma, además de servir como barrera física contra vientos y olaje.

Los manglares son un paliativo contra posibles cambios climáticos no sólo por ser fijadores de  dióxido de carbono (CO2), sino además porque el manglar inmoviliza grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica. También mediante este mecanismo, los manglares atrapan contaminantes tales como compuestos orgánicos tóxicos persistentes y metales pesados. Cuando el ambiente en el manglar tiene ausencia de oxígeno, estos tienen la capacidad de purificar las aguas transportadas por los afluentes y disminuyen el impacto del cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido nitroso, que es un gas asociado al efecto invernadero, y que se produce por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica que se acumula en las zonas de manglar a óxido nítrico o a nitrógeno molecular, respectivamente.

Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kg de especies marítimas de importancia comercial. Los manglares desempeñan un papel importante como fuente de recursos insustituibles para muchas poblaciones campesinas en los trópicos.

Finalmente, hay que señalar que el crecimiento poblacional, la expansión de las manchas urbanas, la preponderancia del consumismo y el advenimiento de nuevas tecnologías extractivas de mayor eficiencia, han diezmado los recursos del manglar en muchas regiones, hasta condiciones irreversibles de deterioro y agotamiento. Se calcula que de los 150,000 km2 de mangle que existen en el planeta, en la zona tropical y subtropical, una cuarta parte de esta superficie ha sido devastada en los últimos años, con la consecuente reducción de los servicios ambientales de protección y de productividad integral del ecosistema, y la variación de la flora y fauna de la zona, como sucede en las bahías y esteros vecinos al puerto de Topolobampo, Sinaloa.

Anteriormente, los manglares eran considerados como ecosistemas malsanos por ser criaderos de mosquitos, focos de malaria, además de ser terrenos improductivos. No ha sido sino hasta ahora que se ha logrado establecer y aceptar el papel natural de los manglares, reconociéndose que su tala y relleno para usos urbanos, turísticos, acuícolas e industriales, pueden causar una reducción real de la capacidad productiva de la costa tropical y subtropical, dada la estrecha relación entre numerosas especies marinas y los manglares.

En el puerto de Topolobampo, Sinaloa, se ha causado una disminución de la zona de manglar por causas antrópicas como las actividades de construcción de infraestructura, que incluye: dragado de marinas, puertos y canales, obras hidráulicas, construcción de muelles y caminos (entre estos el del acceso al Baviri o Maviri), la actividad de reclamación de aguas y suelos que integran la urbanización del turismo, construcción de granjas acuícolas, agricultura y ganadería, extracción de agua potable o para riego, usos de agua para enfriamiento y descargas de agua caliente, depósitos de desechos líquidos y sólidos. Todo lo anterior se ha desarrollado sin considerar los elementos fundamentales de la sustentabilidad, por lo que se ha cargado al ambiente, los costos de construcción y desarrollado de la zona, poniendo en grave riesgo la viabilidad de las actividades económicas y sociales de la región.

El puerto de Topolobampose encuentra dentro de la Región Terrestre Prioritaria (RTP)-22 Marismas Topolobampo-Caimanero, región con superficie de 4203 km2. Es una región prioritaria en función de la presencia de ecosistemas con alta productividad acuática; y su problemática ambiental radica en la desecación de pantanos y marismas, interrumpiendo sus servicios ambientales con los consecuentes resultados negativos. Parte de su importancia radica en formar parte, desde el dos de febrero del 2009, bajo el número de sitio 2025, de la lista de humedales Ramsar (por la ciudad Iraní donde fue firmada la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, también llamada “Convención sobre Humedales” o “Convención de Ramsar”) que define y caracteriza los humedales de importancia internacional, induciendo a su uso racional, que a la literalidad se establece como: "el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible".

A principios de los años 60 del siglo pasado, se construyó la carretera Topolobampo-Baviri o Maviri; esta rúa une la carretera Mochis-Topolobampo con la isla El Baviri o Maviri. Sin duda, una gran obra de infraestructura de 7.6 km, que en su construcción no hubo cuidado de realizar los estudios respectivos de impacto ambiental y se destruyeron cerca de 300 hectáreas de manglares, afectándose por completo el funcionamiento natural del ecosistema. Dicha afectación es producto del tendido de la rúa y la omisión en la construcción de puentes, que permitieran el flujo y reflujo de las corrientes marinas que alimentan los esteros “El Zacate”, “La Chata”, “La Herradura” y “El Panal”.

Actualmente, los sistemas estuarinos de la región están sufriendo una decadencia alarmante que ha alterado el equilibrio ecológico de cada uno de los ecosistemas, por lo que es necesaria la construcción de los puentes sobre la carretera Topolobampo-Baviri o Maviri, a la altura de los esteros “El Zacate”, “La Chata”, “La Herradura” y “El Panal”, que permitirán resolver el problema de estratificación y de recirculación de agua a los sistemas estuarinos; además, se logrará la repoblación vegetal total de manglares propios de la zona estuarina y de la vegetación halófita, que forma parte de dicho ecosistema. También se recuperara la población de la fauna marina y se regenerarán cerca de 300 hectáreas de manglares.

No obstante a que existen diferentes leyes para la protección, cuidado y conservación de los manglares, en muchas regiones como la antes mencionada, aún persiste la remoción, relleno, trasplante y poda de grandes extensiones, que afecta la integridad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia, en detrimento de los recursos naturales.

Encausar obras que garanticen la sustentabilidad (social, económica y ambiental), es tarea prioritaria en la salvaguarda de la biodiversidad de esta importante región, en particular, y del país en general.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que fomenten, promuevan y realicen acciones tendientes al rescate, rehabilitación, conservación y protección de esteros y manglares en el Puerto de Topolobampo y la isla del Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que realicen las previsiones legales, administrativas y presupuestarias, tendientes a la construcción de cuatro puentes que permitan el flujo y reflujo de corrientes marinas en los esteros “El Zacate”, “La Chata”, La Herradura” y “El Panal”, que se encuentran sobre la rúa Topolobampo-Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa.

TERCERO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con las instituciones correspondientes, realice un estudio integral del impacto  ambiental en los esteros y manglares en el Puerto de Topolobampo y en la isla del Baviri o Maviri, en Ahome, Sinaloa.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar un modelo de capacitación continua con el propósito de mejorar los estándares de desempeño relacionado con la práctica de la atención de la enfermería. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A IMPLEMENTAR UN MODELO DE CAPACITACION CONTINUA CON EL PROPOSITO DE MEJORAR. LOS ESTANDARES DE DESEMPEÑO RELACIONADO CON LA PRACTICA DE LA ATENCION DE LA ENFERMERIA.

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Sistema Nacional de Salud para que implemente un modelo de capacitación continua con el propósito de mejorar los estándares de desempeño relacionado con la práctica de la atención de la enfermería.

CONSIDERACIONES

Los profesionales de enfermería, así como los técnicos y auxiliares en esta rama, son fundamentales para las instituciones del Sistema de Salud, ya que son los que tienen bajo su cuidado inmediato La salud de pacientes hospitalizados, contribuyendo en colaboración con el personal médico a satisfacer las necesidades de atención y bienestar de personas enfermas.

Mi reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros  que se distinguen por su profesionalismo, que están certificados en procesos de calidad y atención en el servicio, y que con mucha sensibilidad cuidan y dan ánimo para una pronta recuperación a sus pacientes.

Sin embargo, existe personal de enfermería que requiere de una mayor capacitación que amplíe sus conocimientos y habilidades, para que se vea reflejada en una mejora de sus prácticas diarias.

En um estudio de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), publicado ayer em lós medios de comunicación, se da cuenta que de 100 expedientes de queja contra enfermeras, en 99 casos existieron elementos de mala práctica y em el 20 por ciento de éstos se comprobó daño por esta situación.

Se menciona a las infecciones no socomiales, úlceras por presión, cuerpo extraño encavidad, quemaduras y caídas, entre otros, entre lós principales eventos adversos ocasionados por fallas em la atención.

En el 65 por ciento de los casos se identificaron errores em la administración de medicamentos, el 71 % no cumplió con lós tratamientos que el médico prescribió, 27 % incumplió com la identificación del paciente y 56% no registro su estatura y peso.

Las malas prácticas en enfermería que se han detectado no deberían ser consentidas por el Sistema Nacional de Salud,  por lo que debe implementarse a la brevedad y en su caso mejorar los sistemas de acreditación sobre estándares de desempeño relacionado con la práctica de la atención de la enfermería.

De la misma manera, deben supervisar el ejercicio del personal del área de enfermería, para garantizar un el derecho a la salud, consagrado en el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, las instituciones de enseñanza media superior y superior, así como las propias del sector salud,  encargadas de preparar a profesionales, técnicos y auxiliares en esta disciplina deben poner atención en el estudio realizado por la Conamed, que utilizó como base el expediente clínico de quejosos, a efecto de mejorar el desempeño de sus egresados para que durante su servicio tengan presente el respeto a la vida, dignidad y derechos de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Salud, para que implemente un modelo de capacitación continua con el propósito de mejorar los estándares de desempeño relacionado con la práctica de la atención de la enfermería.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que revise Planes y Programas de Estudio de Instituciones de Educación Media Superior y Superior que tengan la carrera de enfermería, a efecto de fortalecerlos y egresen a profesionales, técnicos y auxiliares más capacitados para atender con calidad a la población afectada en su salud.

ATENTAMENTE

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar que el monte Mojino, en el estado de Sinaloa, sea declarado como un área natural protegida. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A IMPULSAR QUE EL MONTE MOJINO, EN EL ESTADO DE SINALOA, SEA DECLARADO COMO UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.







 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a etiquetar recursos para la conclusión de la obra de 32 km. Mártir de Cuilapan–Zitlala, en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ETIQUETAR RECURSOS PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA DE 32 KM. MARTIR DE CUILAPAN – ZITLALA EN EL ESTADO DE GUERRERO.

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 17 de julio de 2013 el presidente Peña Nieto relanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de Mártir de Cuilapan en el estado de Guerrero, considerado con un alto grado de marginación en el país.

Este municipio se encuentra ubicado en la región centro del estado de Guerrero, a 35 km. de la capital, con una población de 17,702 habitantes de los cuales 9,533 se encuentran en pobreza extrema (55.84%)1.

Asimismo, cuenta con 19 localidades, siendo la más importante la cabecera municipal, Apango que concentra el 24.55% de la población, es decir 4,345 habitantes. Del total de población, 8,057 personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, es decir, el 49%.

La población que se encuentra en condiciones de pobreza en Mártir de Cuilapan es de 14,802 personas (86%), de las cuales 9,533 están en situación de pobreza extrema2, es decir, más de la mitad de sus habitantes.

En este sentido y en el marco de la Cruzada contra el Hambre implementada por el gobierno federal, se anunció la pavimentación de un camino de 32 kilómetros que comunica al municipio de Mártir de Cuilapan con el municipio de Zitlala, considerado con un muy alto grado de marginación.

Sin embargo, los trabajos de la primera etapa de la obra están suspendidos desde septiembre del año pasado, y no se asignaron recursos federales para completarla en este año; según lo dicho por la delegación estatal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)3.

Esta obra beneficiaría a 10 comunidades donde hay una población de más de 25 mil indignes nahuas, la cual ayudaría al desarrollo regional de estos municipios y facilitaría el acceso a los servicios básicos de los que carecen la mayoría de las localidades, de ahí que la conclusión de la obra debe ser un hecho que se reflejará en mejores niveles de vida para la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se contemple en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2014 de antedicha dependencia, recursos suficientes para la conclusión del camino de 32 kilómetros Mártir de Cuilapan-Zitlala en el estado de Guerrero.

Cámara de Senadores, a los treintaiún días del mes de enero de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.


1 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010

2 Ibíd.

3 Periódico REFORMA. Dejan en Guerrero camino a medias. 17 de Enero de 2014.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al congreso del estado de Guerrero a presentar un informe de los avances en la gestión de la creación del municipio de Santa Cruz del Rincón, en dicho estado. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA QUE EN PLENO EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CONSIDERE Y FACILITE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL RINCON EN EL ESTADO DE GUERRERO.

“El suscrito Senador de la República, SofIo RamIrez HernAndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El municipio de Malinaltepec es uno de los 81 municipios del estado de Guerrero, pertenece a la región Montaña y cuenta con una población de 29,599 habitantes.

Anteriormente Malinaltepec, se llamaba Noyosotaini, que en mixteco significa “tierra de la flor de corazón”, y en 1564 se le aplica el nombre actual que del mexicano significa “pueblo de Candeleros” o “cerro de los Candeleros”1.

Malinaltepecesta considerado por el CONEVAL como un municipio con un muy alto grado de marginación, en donde el 55% de sus habitantes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, es decir, 14,809 personas; además predomina la población que habla alguna lengua indígena, generalmente mixteco y tlapaneco, con más del 79%2.

El municipio enclavado en la región de la Montaña del estado de Guerrero esta conformado por 104 comunidades, las cuales en su mayoría se encuentran muy alejadas de la cabecera municipal.

Son muchos los factores que impiden el desarrollo de pueblos y comunidades en el estado, entre estos destacan la marginación y el olvido que por décadas han sufrido, la falta de oportunidades y un aspecto geográfico como la accidentada topografía del estado, que hace intransitables los caminos y las carreteras para llegar de un punto a otro, sobre todo en la región de la Montaña.

Lo anterior sucede con la comunidad de Santa Cruz del Rincón, en donde desde aproximadamente el año de 1964 ha habido esfuerzos por parte de la población y de otras 19 comunidades cercanas para llevar a cabo la creación del municipio del mismo nombre, empezando formalmente la gestión ante las autoridades el 20 de noviembre de 2004, es decir hace diez años.

Una de las causas que impulsan la creación de dicho municipio es buscar beneficios para la población, puesto que no todas las comunidades cuentan con servicios básicos como luz, agua y drenaje.

Santa Cruz del Rincón es un pueblo me´phaa que se localiza a más de dos horas de la cabecera municipal si se viaja por carretera. Está ubicado en el límite que hay entre la región de la Montaña y la Costa Chica guerrerense.

El esfuerzo de la población de Santa Cruz del Rincón y de las comunidades adheridas al proyecto se ha visto reflejado en la incansable gestión que han hecho ante el gobierno del estado y el congreso local; encontrando un alto grado de voluntad política y sentido de la responsabilidad por parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ha manifestado su respaldo a la creación de dicho municipio.

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es facultad del Congreso Local aprobar la creación de nuevos municipios dentro de los ya existentes3.
En este sentido, desde la secretaría general de gobierno y del propio comité gestor se ha enviado al Congreso del estado de Guerrero el expediente técnico para su revisión y análisis.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal y del comité que impulsa la creación del municipio de Santa Cruz del Rincón, no ha habido una respuesta clara por parte del poder legislativo local.

Es importante para el progreso del país que sus pueblos y comunidades cuenten con oportunidades de desarrollo que potencialicen sus recursos naturales, humanos y su identidad que tanto se ha perdido.

No debemos dejar de voltear hacia los pueblos que con su lucha y trabajo han dado a México un lugar en la historia del mundo, pues olvidarlos es afrentarse del origen de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

UNICO. Se exhorta al Congreso del estado de Guerrero para que en pleno ejercicio de sus facultades, considere y facilite la creación del municipio de Santa Cruz del Rincón en el estado de Guerrero.

Cámara de Senadores, a los cinco días del mes de febrero de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.


1 Enciclopedia Guerrerense. Guerrero Cultural Siglo XXI, A.C.

2 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010

3 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero





 

Las efemérides inscritas en nuestra Orden del Día en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Día de la Fuerza Aérea Mexicana
10 DE FEBRERO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES  
LXII LEGISLATURA

El 5 de febrero de 1915, el Presidente Venustiano Carranza convencido de la importancia de la aviación creó por decreto constitucional el arma de Aviación Militar; así la Secretaría de Guerra y Marina fue designada para construir un local apropiado para establecer en él los talleres, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas consolidó el área de rodaje y levantó el primer hangar, fue así como nació el Aeródromo Nacional de Balbuena.

Durante el período armado de la Revolución, la incipiente aviación militar acudió en apoyo de los ejércitos de tierra, los aparatos aéreos eran desarmados, embarcados por ferrocarril y puestos en situación de vuelo al lado de las vías, mientras los soldados acondicionaban el terreno para hacer posible su operación. De ese modo, los campos de aviación se fueron multiplicando por todo el país. 

Finalmente, el 10 de febrero de 1944 la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, designándose Fuerza Aérea Mexicana, denominación respaldada por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado.

Sin embargo no fue hasta el 10 de febrero de 1992, cuando por decreto presidencial se establece oficialmente el 10 de febrero de cada año como el día de la Fuerza Aérea Mexicana.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es una de las dos fuerzas armadas componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, su objetivo es defender la integridad, independencia y soberanía de México, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere tanto al equipo aéreo como al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, las Unidades Aéreas y demás dependencias. Al mando supremo de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra el Presidente de la República.

La FAM tiene la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos desde 1914, desde que fue reorganizada en 1920, el gobierno electo ya no ha sido destituido por la fuerza, pues la FAM contribuyó a sofocar múltiples rebeliones de origen territorial, militar y religioso. La Fuerza Aérea Mexicana también sirvió con distinción durante la Segunda Guerra Mundial en Filipinas y Formosa.

Cabe resaltar, que a través de equipo táctico, el personal de Infantería ha participado en las zonas que son afectadas por desastres naturales, inclusive han participado en el combate contra la delincuencia organizada, utilizando naves de última tecnología.

Esta Institución armada es un gran símbolo de nuestro país y no sólo es reconocida por los mexicanos, sino también, más allá de nuestra nación.

ATENTAMENTE

Lunes 10 de Febrero de 2014
H. CAMARA DE SENADORES
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO”.





 

Del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, decretado el 10 de febrero de 1992.

“DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA
DECRETADO EL 10 DE FEBRERO DE 1992.
 
Con su permiso Senador Presidente
Compañeras y compañeros legisladores

En la Sexagésima Segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el “Día de la Fuerza Aérea Mexicana”, instituido por decreto presidencial el 10 de febrero de 1992.

Es menester precisar que su origen se remonta a principios del siglo XX, por ello hoy festejamos 99 años de valor y servicio a la patria de esta magna institución.

En el marco de esta celebración es oportuno hacer una remembranza de los principales antecedentes de la Fuerza Aérea Mexicana, asimismo, es conveniente señalar cuál es su misión y objetivo.

La importancia de la Fuerza Aérea estriba en que además de ser garantes de la integridad nacional, también cumple con una función social y humanista. La Fuerza Aérea siempre está puntual ante la presencia de emergencias y catástrofes naturales.

El origen del día de la Fuerza Aérea Mexicana recae, sobre todo, en dos acontecimientos cruciales, uno dio la pauta para su surgimiento y el otro, lo fortaleció jurídicamente.

El primer antecedente aconteció gracias a que aún con las limitaciones inherentes a su época el Presidente, General Venustiano Carranza fue capaz de apreciar la necesidad de que la defensa de la nación se trasladara al espacio aéreo. Por ello, el 5 de febrero de 1915 emitió decreto por el cual se creó el arma de Aviación Nacional.

A partir de ese momento inicio una historia de éxito que se ha construido con base a esfuerzo, vocación, determinación, compromiso, lealtad y alto patriotismo de quienes le dan vida a esta magna institución.

El segundo antecedente ocurrió el 10 de febrero de 1944, año en que la aviación militar fue elevada a rango constitucional de Fuerza Armada, siendo nombrada Fuerza Aérea Mexicana.

Desde su origen hasta la fecha, ha tenido la gran virtud de renovarse a la par de los avances científicos y tecnológicos, pero conservando en todo momento los ideales que le dieron vida, mismos que hasta hoy los distinguen: “Honor, valor y lealtad.” 

La incorporación de los avances tecnológicos queda de manifiesto en las 346 aeronaves, 233 aviones y 113 helicópteros con los que disponen para el cumplimiento de sus deberes los miembros de esta loable institución respetada por todas y todos los mexicanos. 

Sin duda, este y los demás equipamientos con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana, son determinantes para el desarrollo de las actividades de las mujeres y hombres que la conforman, actividades que van encaminadas a cumplir los siguientes objetivos:

• Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

• Garantizar la seguridad interior.

• Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

• Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

• En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Estamos convencidos que como ha sido a través del tiempo, cada que sean requeridos, harán frente cualquier peligro generado por la actividad del hombre o la naturaleza que amenace la seguridad, tranquilidad y paz social de este país.

Asimismo, estamos seguros de que con base a dedicación, capacidad, eficacia y eficiencia, como hasta ahora, seguirán cumpliendo su función como garante de la seguridad nacional, elementos que se traduce en mayor confianza, credibilidad y legitimidad entre las y los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores:

Desde la máxima tribuna, celebramos a esta institución, pero sobre todo, reconocemos y homenajeamos a quienes le dan vida, a las mexicanas y mexicanos que con notable profesionalismo diariamente ponen en alto a la Fuerza Aérea Mexicana.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos a todos sus miembros, a los Generales, Jefes, Oficiales, así como a los alrededor de los 23 mil 400 mujeres y hombres que dan vida a esta noble institución.

Hoy, hacemos el exhorto a quienes integran a la Fuerza Aérea Mexicana a que continúen en la misma dirección en la salvaguarda de la defensa de la seguridad y tranquilidad las y los mexicanos, pues sin duda, su participación es crucial para México.

Es cuanto senador Presidente

Por su atención, muchas gracias

Sen. Miguel Romo Medina”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita para mañana miércoles 12 de febrero a las 12:00 horas.

Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 16:00 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx





 

 

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