Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 19 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Febrero de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:43 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 100 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 6 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAuL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta minutos del día martes cuatro de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva declaró la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio del Senado de la República.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del trece de diciembre de dos mil trece.

 

El Presidente del Senado de la República, dio la bienvenida al Senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente del Instituto Belisario Domínguez.- Intervinieron los Senadores: Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Layda Sansores San Román; Dolores Padierna Luna del PRD; y Martha Elena García Gómez del PAN.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Conforme a lo que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, se emitieron las excitativas a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.- Las excitativas están referidas a 124 proyectos y la relación de éstos se publicó en la Gaceta del Senado.

2) Se dio cuenta con el Informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.- Se publicó en la Gaceta del Senado.

3) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizaron 19 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.- Se publicaron en la Gaceta del Senado.

4) En cumplimiento al numeral 3 del artículo 177 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva autorizó 9 ampliaciones y/o rectificaciones de turno a proyectos que se encuentran en comisiones.- Se publicaron en la Gaceta del Senado.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Informe Anual de actividades del periodo 2012-2013 y su Programa Anual de Trabajo para 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Informe de su participación en los trabajos de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, los días 21 y 22 de noviembre de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, Acuerdo por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación, para develar, en el edificio principal del Senado de la República, una placa alusiva con el siguiente texto "A LA ESCUELA NAVAL Y AL PUEBLO VERACRUZANO, QUE EN 1914 SE CUBRIERON DE GLORIA DEFENDIENDO LA PATRIA".- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Inventario de asuntos presentados durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio.- Se remitió a las comisiones correspondientes.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma los artículos 5o, 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. Héctor Yunes Landa, el 18 de diciembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. David Monreal Avila, el 8 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 7o de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, el 15 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, el 15 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentado por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, el 22 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, el 22 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, Reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 22 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que declara el 12 de septiembre de cada año como Día Nacional del Campesino, presentado por la Sen. Mely Romero Celis, el 22 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, presentado por la Sen. Ivonne Liliana Alvarez García, el 29 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se reforman el primero y último párrafos del artículo 69 y el último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, presentado por los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Camacho Solís y Manuel Bartlett Díaz, el 29 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentado por el Sen. David Monreal Avila, el 29 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo del 18 de diciembre de 2013, por el que invita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar con el Senado de la República un convenio de colaboración, a fin de promover, capacitar y difundir los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; y exhorta al Senado y a la CNDH a involucrar a las organizaciones sociales, civiles, indígenas y campesinas en el proceso bilateral generado de dicho convenio de colaboración.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo del 8 de enero de 2014, que exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para que sea declarado el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".- Se remitió a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo del 22 de enero de 2014, por el que solicita información sobre el trámite legislativo de diversas iniciativas en materia de propaganda gubernamental.- Se remitió a las comisiones correspondientes.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo del 22 de enero de 2014, que exhorta al Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial a dar cumplimiento a los compromisos de austeridad, así como a implementar medidas y programas con el objeto de garantizar un gasto de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública, como lo establecen las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo del 29 de enero de 2014, que exhorta al Congreso de la Unión a realizar diversas acciones que tengan como fin elevar las condiciones de vida que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.- Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que solicita al Senado de la República dictaminar las iniciativas que reforman diversos artículos constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México.- Se remitió a las comisiones correspondientes.

 

Los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.- Intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román; Pablo Escudero Morales del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; Benjamín Robles Montoya del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; y Enrique Burgos García del PRI.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Retiro de la Reserva expresa formulada por el Gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, al depositar el instrumento de ratificación de la Convención citada.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue aprobado por 96 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Fue aprobado por 95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

(Proposiciones)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información del estado actual y medidas de prevención y tratamiento del brote epidémico de influenza humana que afecta a parte de la población del territorio nacional.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Fernando Mayans Canabal del PRD; Mónica Arriola Gordillo; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Silvia Guadalupe Garza Galván, PAN, quien presentó propuesta de adición; y María Elena Barrera Tapia del PVEM. La propuesta de la Senadora Garza fue aceptada. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a rendir un informe sobre la determinación por la que restringe el único acceso en la comunidad de “Akumal”, en el municipio de Tulum, Quintana Roo; y al órgano interno de control de la profepa para que investigue y, en su caso, sancione a los servidores públicos involucrados en los actos u omisiones realizados en dicha determinación.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron proposición con punto de acuerdo relativo a las medidas fitosanitarias a considerar para combatir la plaga de ácaro rojo de las palmas.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar cómo es que las recientes reformas estructurales impulsadas por la Presidencia de la República contrarrestarán el constante aumento inflacionario.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, Reglamentaria de la fracción viii del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, presentada el 29 de enero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta minutos y citó a la siguiente el jueves seis de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente de la Colegisladora, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Así también, la Cámara de Diputados remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Colegisladora remite también su calendario legislativo del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Cámara de Diputados remitió una comunicación por la que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-2996

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica que durante el Primer Receso del Segundo Año, se realizaron modificaciones en la integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

México, D.F. a 4 de febrero de 2014.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario



- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Asamblea se da por enterada.   Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió una comunicación por la que informa de la sustitución del Diputado Raúl Macías Sandoval, por el Diputado Raúl Santos Galván Villanueva, como Secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-2990

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica que durante el Primer Receso del Segundo Año, realizó modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional:

 

Diputados

 

Grupo Parlamentario

 

Movimiento

 

Cargo

 

Raúl Macías Sandoval

 

PRI

 

Baja

 

Secretario

 

Raúl Santos Galván Villanueva

 

PRI

 

Alta

 

Secretario

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese".

México, D.F. a 4 de febrero de 2014.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a los Senadores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.






En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION LVIII Y UNA FRACCION LIX AL ARTICULO 7, SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 58, SE DEROGA EL PARRAFO OCTAVO, ASI COMO LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTICULO 58 Y SE ADICIONA UNA FRACCION III Y UNA FRACCION IV AL ARTICULO 85 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En México existe una gran diversidad de especies forestales, las cuales hacen de nuestro país uno de los más ricos en materia de recursos naturales; sin embargo, éstas no son siempre del todo aprovechadas, pues hay algunas cuyo uso y aprovechamiento solo conocen los ejidatarios y las personas dedicadas a la actividad agropecuaria. Ejemplo de ellos son los acahuales.

Los acahuales comprenden la vegetación secundaria en diferentes grados de madurez, pues tienen una gran diversidad de especies vegetales que incluyen plantas para la producción de látex, plantas medicinales, ornamentales, especies forrajeras, así como fauna silvestre.

La mayoría de los acahuales se encuentran en las selvas tropicales, que son uno de los ecosistemas terrestres más amenazados.

En mi estado, Campeche, la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que dirige José Zúñiga, a quien le agradezco su colaboración para esta iniciativa, es una de ellas, no se escapa al factor de amenaza central; todas las prácticas agrícolas no van de la mano con la conservación sustentable.

En toda la entidad federativa se tumban para la siembra de maíz aproximadamente 70 mil hectáreas en la secuencia del sistema de producción tradicional de la milpa; roza, tumba y quema. Con esos cultivos y tecnología de producción, el suelo sufre daños importantes como la rápida pérdida de nutrientes y, por lo tanto, una baja producción de grano. Lo anterior trae como consecuencia el abandono de esas tierras, para dar paso a la vegetación secundaria que culminan en la formación de acahuales.

Tan solo en el estado de Campeche se poseen alrededor de 1.8 millones de hectáreas aptas para el uso de acahuales.

Según la FAO, para el periodo 2000-2010, a nivel mundial se perdieron al año aproximadamente 13 millones de hectáreas de selvas y otros ecosistemas arbolados, lo que equivale a 35 mil hectáreas por día, que es el .4 por ciento del total.

En tanto que se recuperaron poco más de 5 millones de hectáreas en forma de acahuales, zonas reforestadas y plantaciones forestales.

En esa falta de aprovechamiento de los recursos es que radica la importancia de promover el conocimiento y la implementación de los acahuales. Y es el uso de este recurso y la información acerca de ellos que permite la conservación y la valoración de los mismos.

Esto es preocupante debido al gran número de terrenos considerados como acahuales que hay al menos en dos estados de la República Mexicana. La falta de regulación de los mismos impacta de manera importante en dichos estados.

El término acahual está presente en algunas legislaciones relativas al medio ambiente, por ejemplo, en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En cuestiones económicas, un cambio en dicha legislación tendría un impacto económico inmediato en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos que fueron abandonados. Esto permitiría incentivar las inversiones en el campo en materia agropecuaria y forestal, así como la promoción de las plantaciones forestales maderables y no maderables con fines comerciales.

Actualmente existe la concepción de que estas áreas carecen de valor, son maleza o que no producen otros bienes en forma contínua.

El acahual, bien manejado, ofrece beneficios económicos a corto, mediano y largo plazo.

Afirmo en esta iniciativa que el manejo de acahuales no es deforestación. Diversos estudios realizados en Calakmul, municipio de Campeche, señalan que una hectárea de acahual, con una intervención de un manejo del 40 por ciento, se obtiene un volumen promedio de 59.167 metros cúbicos de rollo de leña o madera, mismo que puede ser aprovechado como leña para la elaboración de carbón vegetal, palizada para la industria de la construcción de palapas, muebles rústicos y cercos vivos, entre otros usos.

El acahual también ofrece otros subproductos como el forraje para el ganado y flora para la actividad apícola. También representa un área de oportunidad para generar carbono.

Sin embargo, al no estar regulado su uso en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, varias de estas áreas de oportunidad se desperdician o no son suficientemente aprovechadas de manera sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones I y VI al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes de cada una de ellas y III y IV al artículo 85 para quedar como sigue:

Artículo 7.  …

I. Acahual: La vegetación que surge de manera espontánea en terrenos preferentemente forestales que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario, y que actualmente se encuentran en periodo de descanso, cuya estructura y desarrollo dependen de la intervención humana.

VI. Bosque nativo: El que se desarrolla por acción de la naturaleza sin evidencia de participación humana reciente.

Artículo 85. …

III. Cuando se trate de plantaciones forestales en terrenos temporalmente forestales.

IV. Cuando se trate de terrenos conocidos como acahuales.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 58 para quedar como sigue:

Artículo 58. …

IV. Aprovechamiento de terrenos conocidos como acahuales.

Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones I, II, III y IV de este artículo, podrán ser realizadas por las autoridades competentes de las entidades federativas, en los términos de los mecanismos de coordinación previstos en la presente ley.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, 4, y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una Fracción LVIII y una fracción LIX al artículo 7, se adiciona una fracción V al artículo 58, se deroga el párrafo octavo, así como los incisos a y b del artículo 58 y se adiciona una fracción III y una fracción IV al artículo 85, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“En México existe una gran diversidad de especies forestales, las cuales hacen de nuestro país uno de los más ricos en materia de recurso naturales; sin embargo estas no siempre son del todo aprovechadas, pues hay algunas cuyo uso y aprovechamiento sólo conocen los ejidatarios y las personas dedicadas a la actividad agropecuaria. Ejemplo de ello son los acahuales.

Los acahuales comprenden la vegetación secundaria en diferentes grados de madurez, y son originados por la agricultura migratoria; según la lógica campesina, en el mediano o largo plazo volverá a convertirse en milpa, y así sucesivamente, en rotaciones. A esto se le conoce como un sistema rotacional. En algunos sitios el acahual es también llamado barbecho. Según datos de la SEMARNAT , en México existen 423 mil 543.25 Km2 de superficie de vegetación secundaria, o acahuales.

Actualmente existe una concepción errónea, aún entre algunos ganaderos de que las áreas de vegetación secundaria (acahuales) carecen de valor, son maleza, o que no producen otros bienes en forma continua; sin embargo, estas áreas tienen una gran diversidad de especies vegetales, que incluyen plantas para la producción de látex, plantas medicinales, ornamentales, especies forrajeras, etc., así como fauna silvestre. La vegetación de los acahuales en su gran mayoría está compuesta por árboles, arbustos, herbáceas y gramíneas durante todo el año.

Sin embargo, el acahual posee una gran abundancia y diversidad florística de la vegetación secundaria; consta de tres etapas generadas por actividades agrícolas, las cuales comprenden 5, 10 y 15 años.

La agricultura mesoamericana que utiliza la técnica de manejo de acahuales, se orienta a la diversificación y se caracteriza por crear selvas y bosques antropogénicos . Así, el acahual que se tumba y quema en un ciclo para hacer milpa, se dejará descansar por varios años hasta que vuelva a regenerarse y durante la regeneración estará capturando más carbono que cuando el bosque ya estaba maduro.

El manejo de acahuales implica un conocimiento profundo y especializado en la orientación del agua de la lluvia y las corrientes para evitar la erosión y garantizar el buen regadío, también en las temporadas y formas de hacer la roza, tumba y quema para incorporar la mayoría de los nutrientes al suelo, y controlar el fuego. El manejo de acahuales no es deforestación.

No hay un registro de acahuales en ningún Estado de la República, ya que por la definición actual, prácticamente todo terreno abandonado o en descanso de cualquier actividad agropecuaria es considerado como selva en recuperación, debido a la velocidad con la que crece la vegetación.

Los terrenos preferentemente forestales pueden no estar cubiertos por vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía, pueden ser incorporados al uso forestal siempre y cuando tengan una pendiente mayor al 15%, con una extensión superior a 25 metros de longitud.

El término acahual está presente en algunas legislaciones del medio ambiente. Por ejemplo, el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su Título Primero, De las disposiciones generales, señala:

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento, además de la terminología contenida en la ley general de desarrollo forestal sustentable, se entenderá por:

Acahual, vegetación secundaria nativa que surge de manera espontánea en terrenos preferentemente  forestales que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario en zonas tropicales y que:

a) en selvas altas o medianas, cuenta con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro  normal mayor a veinticinco centímetros, o bien, con un área basal menor a cuatro metros  cuadrados por hectárea, y

b) en selvas bajas, cuenta con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro normal mayor  a diez centímetros, o bien, con un área basal menor a dos metros cuadrados por hectárea;

Sin embargo, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que “tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos”, el concepto no se encuentra presente.

Esto es preocupante debido al gran número de terrenos considerados como acahuales que hay en al menos doce Estados de la República Mexicana. La falta de regulación de los mismos impacta de manera importante en dichos estados.

Y es que en donde se encuentran la mayoría de los acahuales, es en las selvas tropicales, que son uno de los ecosistemas terrestres más amenazados. La reserva de la biósfera de Calakmul en Campeche, es una de ellas, dado que no se escapa al factor de amenaza central: las prácticas agrícolas que no van de la mano con la conservación. El manejo de los acahuales es una parte fundamental que afecta a la cobertura vegetal, resultando en una creciente secundarizacion de las selvas de Calakmul.

En Campeche se tumban aproximadamente 70 mil hectáreas en la secuencia del sistema de producción tradicional de la milpa (roza, tumba y quema), para la siembra de maíz. Con estos cultivos y tecnología  de producción (que no son las más adecuadas), el suelo sufre daños importantes como la rápida pérdida de nutrientes y por lo tanto una baja producción de grano, que trae como consecuencia el  abandono de estas tierras, para dar paso a la vegetación secundaria (acahuales). El estado de Campeche, de acuerdo a sus recursos naturales, posee alrededor de 1.8 millones de hectáreas, aptas para el uso de acahuales.

En esa falta de aprovechamiento de los recursos es que radica la importancia de promover el conocimiento y la implementación de los acahuales. Y es el uso de este recurso y la información a cerca de ellos puede ayudar a la conservación y la valoración  de los mismos.

En cuestiones económicas, un cambio en dicha legislación tendría un impacto económico inmediato en cuanto:

1. La posibilidad de llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos que fueron abandonados.

2. La posibilidad de incentivar las inversiones en el campo en materia agropecuaria y forestal.

3. La promoción de las plantaciones forestales maderables y no maderables con fines comerciales, ya que en las condiciones actuales es imposible hacerlo (ej. palma de aceite, bambú, etc.).

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), a lo largo de nuestro territorio nacional existe una gran cantidad de predios, los cuales cuentan con este tipo de vegetación, la cual se puede utilizar para la elaboración de diferentes productos como los son:

- Leña.

- Construcción.

- Medicinales.

- Repelentes.

- Tóxicos naturales.

- Comestibles.

- Forraje (vegetales destinados a la alimentación del ganado)

- Ornamental.

- Tintóreos (extracción de colorantes naturales para el teñido).

Una de las características más representativas de los acahuales es que incluyen una amplia mezcla de especies, por lo general demandantes de luz y de rápido crecimiento, que permiten la formación temprana de un reservorio de carbono. Y es que las moléculas basadas en carbono son cruciales para la vida en la tierra, porque es el componente principal de los compuestos biológicos. El carbono es también un componente importante de muchos minerales.
Por otra parte, el acahual bien manejado, ofrece beneficios económicos a corto, mediano y plazo. Diversos estudios realizados en Calakmul, municipio de Campeche, señalan que en una hectárea de acahual, con una intervención de manejo del 40%, se obtiene un volumen promedio de 59.167m3 de rollo de leña o madera, mismo que puede ser aprovechado como leña para la elaboración de carbón vegetal, palizada para la industria de la construcción de palapas, muebles rústicos y cercos vivos, entre otros usos. Sin embargo, el acahual también ofrece otros subproductos como el forraje para el ganado y flora para la actividad apícola.

En el Estado de Campeche, al cual dignamente represento frente a esta soberanía, se encuentra la Reserva de la Biosfera de Calakmul (REBICA); esta se fundó en 1989 y tiene una superficie de 723 mil 185 hectáreas. Esta reserva representa el bosque tropical más grande de México, y en conjunto con las zonas protegidas del sureste de Chiapas, del Petén de Guatemala y de Belice, forman la segunda masa de bosque tropical más grande del mundo, después de la Amazonia (CONANP 2010). La REBICA cuenta con más que 1, 500 especies de plantas, lo que representa 80% de la flora de la península de Yucatán.

Como muestra de la importancia de los acahuales, basta señalar que tan sólo en la REBICA, con una adecuada intervención humana, se obtendría:

•        De los 59,167m3 de madera que son susceptibles de aprovechamiento, el 85% (50.29 m3) pueden ser aprovechados como leña para la elaboración de carbón vegetal, con lo que se obtendría un volumen de 10.06 toneladas de carbón vegetal.

•        El 9% (5.32 m3) es susceptible de aprovechamiento como palizada para la construcción de palapas, casas rusticas etc.

•        El 6% (3.55 m3) puede ser usado para el establecimiento de cercos vivos.

Además, en los acahuales se puede aprovechar el uso de las hojas de especies como el Ramón y el Jabín para forraje del ganado; o en el caso de las especies que son melíferas para la producción de miel orgánica.

Se puede producir, en promedio, un volumen de 10.06 toneladas de carbón vegetal, representando el 85% del total del volumen aprovechable dentro de una superficie de 1 hectárea, lo cual representa un valor económico de $30 mil 174 pesos para el productor.

Con estas cinco actividades productivas, el acahual tiene un potencial económico/productivo promedio de $50 mil 749 pesos por hectárea.

Podemos comprobar, entonces, que contrario a lo que se piensa, los acahuales tiene usos muy diversos, y representan un área de oportunidad para generar carbono, alimentar al ganado, etcétera. Sin embargo, al no estar regulado su uso en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, varias de estas áreas de oportunidad se desperdician o no son lo suficientemente explotadas.

En este contexto, en la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se proponen una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con el propósito de resolver la problemática planteada.

Así, se plantea se adicionen los conceptos de "acahual" y de "bosque nativo" al glosario de términos que se contiene en el artículo 7 de la ley en comento. Estos vocablos ya se encuentran definidos en la legislación vigente; el primero, en el Reglamento de la Ley que nos ocupa, y el segundo, en la propia ley pero en un artículo diverso al que se sugiere se incorpore, a efecto de evitar la dispersión de términos en todo el cuerpo de normas que se pretende reformar. Conforme a la técnica legislativa, en el sentido de que el glosario de términos se distribuya en estricto orden alfabético, se sugiere que los conceptos a adicionar se localicen en el lugar que les corresponde de conformidad con su letra inicial y, en consecuencia, se realice el corrimiento de los demás términos del artículo 7 para conservar el estricto orden alfabético y sean de fácil localización. En este sentido, se adicionaría el concepto de acahual como la fracción I, y las actuales fracciones I, II, III y IV se recorrerían como las fracciones II, III, IV y V; inmediatamente se incorporaría como fracción VI el concepto de bosque nativo, que ahora se ubica como el inciso a) del artículo 58 de la misma ley y, consecuentemente, las actuales fracciones V a LII, inclusive, se recorrerían como las fracciones VII a LIV.
De la misma forma, se adicionarían al artículo 85 las excepciones a la prohibición del establecimiento de plantaciones forestales comerciales cuando se trate de terrenos temporalmente forestales y a los conocidos como acahuales.

Finalmente, la reforma al artículo 58 implica un reacomodo en las fracciones que actualmente contiene y en la adición de una nueva fracción que se propone, modificando su estructura y contenido por esta circunstancia. Además, en virtud de la reforma propuesta al artículo 7, quedarían sin sentido su párrafo octavo y el inciso a); y respecto del inciso b), la propia ley ya previene en la fracción XXI del artículo 7 el mismo concepto, por lo cual con esta reforma se corregiría una probable contrariedad por la doble definición en el mismo cuerpo de normas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones I y VI al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes de cada una de ellas; y III y IV al artículo 85 para quedar como sigue:

ARTICULO 7. …

I. Acahual: La vegetación que surge de manera espontánea en terrenos preferentemente forestales, que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario, y que actualmente se encuentran en periodo de descanso, cuya estructura y desarrollo dependen de la intervención humana.

II. a V. ...

VI. Bosque nativo: El que se desarrolla por acción de la naturaleza, sin evidencia de participación humana reciente.

VII a LIV. ...

ARTICULO 85. ...

I a II. ...

III. Cuando se trate de plantaciones forestales en terrenos temporalmente forestales.

IV. Cuando se trate de terrenos conocidos como acahuales.

...

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 58 para quedar en como sigue:

ARTICULO 58. Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones:

I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;

II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y preferentemente forestales;

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficies mayores de 800 hectáreas, excepto aquéllas en terrenos forestales temporales;

IV. Aprovechamiento de terrenos conocidos como acahuales, y

V. Colecta y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos genéticos.
Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones I, II, III y IV de este artículo, podrán ser realizadas por las autoridades competentes de las entidades federativas, en los términos de los mecanismos de coordinación previstos en la presente Ley.

En tratándose de plantaciones forestales comerciales, se estará a lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87 y demás relativos de esta Ley, las cuales recibirán tratamientos de desregulación administrativa y fomento.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente decreto.

Dado en el Senado de la República, a 6 de febrero de 2014.

Atentamente

Sen. Raúl A. Pozos Lanz

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle al Senador Raúl Pozos Lanz si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, ¿acepta la adhesión? Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente la adhesión de los Senadores Aarón Irízar López, Ricardo Barroso Agramont, Silvia Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, David Monreal Avila, Martha Palafox Gutiérrez y Martha Elena García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de preparatoria de la Universidad Latina de México, de Celaya, Guanajuato, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks; igualmente saludamos a los alumnos del sexto grado de primaria de la escuela Bits American School del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, quienes realizan una visita al Senado de la República a invitación de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

¡Bienvenidos!






Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente, y si no tuviese usted inconveniente, quisiera aprovechar para tratar en este mismo momento una segunda iniciativa de reformas y adiciones para el fortalecimiento del sector social de la economía, las dos en el mismo momento, ajustándome al tiempo de un solo documento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Robles Montoya, adelante.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El sector social de la economía no fue contemplado en la recientemente aprobada reforma hacendaria. Esta grave omisión ahonda, aún más, la profunda crisis por la que atraviesa el sector.

Igualmente grave es el hecho de que los miles de defraudados por cajas de ahorros fraudulentas sigan siendo ignorados por el gobierno federal.

La reforma hacendaria publicada, como todos sabemos, el pasado 10 de enero del presente año, no sólo no robustece decididamente al sector social de nuestra economía, procurándole un andamiaje jurídico propio a sus necesidades y naturaleza, sino que insiste, más bien, en homologarlo con el sector privado de la economía, dándole un tratamiento injusto que atenta contra su carácter constitucional y que además, y esto es lo más grave, lo sitúa en un estado de franca inviabilidad.

Hoy, compañeras y compañeros Senadores, las cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran en grave riesgo de desaparecer, como resultado, precisamente, de una errada política del gobierno federal que se empeña en regularlas como si fuesen bancos.

Esta reforma al no contemplarlas decididamente, patentiza la falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza y necesidades de las cooperativas de ahorro y préstamo.

Es por ello que nosotros, en el PRD, señalamos estas graves omisiones desde un inicio, manifestando como nuestra irrenunciable convicción defender al sector social de la economía en los términos dispuestos por el artículo 25 de nuestra Constitución Política.

Y es a partir de esta preocupación y en el marco de las negociaciones de esa reforma hacendaria, que estuvimos discutiendo a finales del año pasado, que el gobierno federal y distintos grupos parlamentarios, aquí en el Senado de la República, asumimos el compromiso de coadyuvar en la modificación, ese fue el compromiso, del actual marco normativo para las cooperativas de ahorro y préstamo.

En este sentido, nosotros consideramos indispensable que en el periodo de sesiones que está iniciando, se concreten las modificaciones legales que le puedan garantizar a las cooperativas de ahorro y préstamo un andamiaje jurídico acorde a su naturaleza y propio a sus necesidades. Me refiero a una normatividad que más que inhibir este sector, lo fortalezca y lo regule, pero correctamente, protegiendo de manera particular a los ahorradores y reivindicando además a quienes fueron víctimas de fraude.
Es así que al tiempo de buscar que los plazos actuales para regularizar a las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo, nosotros proponemos que queden sin vigencia hasta en tanto no se aprueben las reformas para fortalecer al sector social de la economía; porque quiero recordarle a esta Soberanía, que está contemplada la fecha fatal del 31 de marzo del presente año, lo que pondría en grave riesgo el patrimonio de miles de familias en toda la República.

Estamos buscando con esta iniciativa los mecanismos de salida ordenada, para que las cajas que no alcanzaran a cumplir con los requerimientos para la regularización, nosotros estemos en condiciones de pelear también por reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de Apoyo a sus Ahorradores, con el objetivo de que puedan acogerse al contenido de este ordenamiento.

Esas sociedades, nosotros proponemos, que se contemplen las que fueron constituidas legalmente, hasta antes del 31 de diciembre del año 2012. Razón por la cual también, señor Presidente, he presentado el día de hoy una excitativa conminando de manera respetuosa a que la Comisión de Hacienda de esta Cámara, dictamine a la brevedad tan importantes reformas a la Ley de FIPAC.

Compañeras y compañeros Senadores, son once leyes las que se deben armonizar para realmente fortalecer al sector social de la economía. Además, por supuesto, de expedir una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que estamos poniendo hoy a su consideración.

De manera concisa, lo quiero subrayar, lo que buscamos es:

1. Que los plazos actuales para regularizar a las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo queden, sin vigencia hasta en tanto no se aprueben las reformas para fortalecer al sector social.

2. Cumplir con la obligación del Estado de apoyar al fortalecimiento del sector social de la economía, sector que está basado en la solidaridad y la ayuda mutua.

3. Contemplar un esquema de regulación que esté acorde al modelo de negocio de las cooperativas de ahorro y préstamo, uno que en lugar de ser restrictivo, incentive más bien su crecimiento para contribuir al financiamiento de los sectores que más lo requieren y que son los que naturalmente atienden este tipo de organizaciones.

Como otro punto adicional, buscamos tener un esquema de saneamiento y fortalecimiento para el sector cooperativo de ahorro y préstamo, a fin de que pueda cumplir con la regulación que se proponga y que permita, lo quiero subrayar, garantizar los ahorros y el patrimonio de sus socios.

También proponemos poner en concordancia un esquema tributario acorde al modelo de negocio no lucrativo, lo subrayo, no lucrativo de estas organizaciones.

Proponemos también, convertir al sector cooperativo de ahorro y préstamo como el brazo financiero del sector social y, por ello, en el dispersor natural de la banca de desarrollo.

         Con todo esto, compañeras y compañeros Senadores, hoy proponemos, en el grupo parlamentario del PRD, a través de un servidor, honrar el compromiso asumido con el gobierno federal y con otros grupos parlamentarios de este Senado, para subsanar las fallas contenidas en la reforma financiera, de manera particular con el sector social de la economía.

         Lo hago patentizando, como siempre lo hemos hecho, nuestro inquebrantable compromiso por dotar a estas cooperativas de ahorro y préstamo de un marco normativo, pero fiel a su naturaleza, a su carácter social, además de garantizar justicia, lo vuelvo a subrayar, además de garantizar justicia a los ahorradores defraudados.
Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

“El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los Artículos 26, 72 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

  1.  ANTECEDENTES HISTORICOS

 

Desde las etapas más remotas en la historia de la sociedad, la colaboración entre las personas se ha manifestado a partir del sentido común de las mismas, siendo este un factor predominante para la satisfacción de intereses tantos individuales como colectivos. Por ello podemos afirmar que es a partir de la cooperación entre los hombres que se comienza a gestar la historia de la humanidad.

El cooperativismo siempre ha estado presente en la historia de la civilización, se han encontrado vestigios de prácticas cooperativas las cuales tienen sus orígenes tres mil años a.C. en el antiguo Egipto. Aunque también se habla de cooperativismo entre los persas, fenicios, griegos y romanos.

En México los historiadores han hallado rastros de prácticas cooperativas desde antes de la época colonial, puesto que los antiguos pobladores del continente basaban su estructura económica, política y social en fundamentos similares a los del cooperativismo. Asimismo, durante la época colonial, se crearon los "Pósitos" que servían como almacenes colectivos en los que los indígenas depositaban el producto de sus cosechas, en prevención de malas temporadas.

En el marco internacional Robert Owen considerado por muchos autores como el padre del cooperativismo se dedicó a escribir y defender la visión del cooperativismo, publicando en 1813 el libro “Nueva Visión de Sociedad, Ensayo sobre la Formación del Carácter Humano”; y en 1815 el libro “Observaciones sobre el Efecto del Sistema Manufacturado”. En tales libros se expresan planteamientos que radicaban en la posibilidad de sustituir al sistema capitalista por otro sistema en el cual los obreros se unen a fin de crear una nueva realidad basada en la ideología cooperativa, con el objeto de que las empresas sociales sean más rentables que las industrias.

Bajo tales planteamientos, para 1832 en el Reino Unido existían ya alrededor de 500 cooperativas con 20,000 trabajadores, motivo por el cual Robert Owen centró su trabajo en defender los intereses de los trabajadores, vinculándose con el movimiento obrero a fin de crear la Gran Unión Consolidada de Oficios, la cual tendría por objeto concentrar a todo el movimiento obrero británico.

Tales acontecimientos sirvieron de precedente al cooperativismo moderno, el cual surgió el 24 de octubre de 1844 en Inglaterra cuando 28 trabajadores de una industria textil en la ciudad de Rochdale, aportando 28 peniques cada uno, formaron una empresa que se llamó Rochdale Equitable Pioneers Society, la cual baso su funcionamiento en los valores y principios cooperativos. Por lo tanto podemos hablar de dicha empresa como la primera empresa de carácter cooperativo, la cual siguiendo los ideales de Robert Owen, comenzó a gestar la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en la cooperación entre los hombres.
Estos primeros cooperativistas, conocidos como los Pioneros de Rochdale, crearon una serie de normas y principios que fueron presentados ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido siendo la semilla de los Principios Cooperativos que en la actualidad rigen a este movimiento. Tales principios residen en:

I. Adhesión voluntaria y abierta de los socios;

II. Control democrático de los miembros;

III. La participación económica de los miembros;

IV. Autonomía e independencia de la sociedad cooperativa;

V. Derecho a la educación, formación e información;

VI. Cooperación entre cooperativas, y

VII. Compromiso con la comunidad.

Es así que podemos hablar de la cooperativa como una empresa que organiza los factores de la producción para realizar una determinada actividad productiva ya sea de producción de bienes o de prestación de servicios, y que opera a partir de las aportaciones al capital social que hacen sus socios; pero este capital tiene ciertas características que lo hacen diferente al de otras empresas, porque en la cooperativa lo fundamental es la asociación entre personas y el capital social es solo un instrumento, un medio por el cual se vale un grupo de personas para satisfacer una necesidad: ya sea la producción de bienes o la prestación de servicios, la comercialización, el crédito o la distribución de artículos de consumo, lo cual significa que los recursos económicos son solo una herramienta para el logro de un objetivo y no el objetivo como tal.

Conocidos estos antecedentes históricos, resulta difícil encasillar al movimiento cooperativo en alguna corriente, política, económica, de producción, filosófica, etc., ya que como hemos señalado, el cooperativismo surge de manera natural entre los hombres con el fin de lograr una sociedad más justa mediante el trabajo colectivo y fraternal. Es por ello que el cooperativismo ha sido siempre una alternativa viable para aquellas personas que se han visto marginadas de los modelos clásicos de producción.

A partir de estos argumentos, es importante considerar que la bonanza en la producción debe verse reflejada en los estándares de bienestar del ser humano, puesto que la economía debe servir al hombre y no esté a la economía, ya que la mano de obra no es una mercancía.

Las Sociedades Cooperativas permiten pues, canalizar el esfuerzo del hombre que trabaja tanto para mejorar su nivel de vida, como el de su familia y el de su comunidad, generando una riqueza equitativa que contribuya al bienestar general y al bien hacer y el bien ser de las personas, permitiéndoles alcanzar niveles más decorosos de vida, siendo un eslabón en la consecución de la justicia social y la dignificación del ser humano.

En efecto, los objetivos del sistema cooperativo básicamente consisten en: contrastar la propuesta cooperativa de distribución de la riqueza con el actual régimen individualista; ser el medio en virtud del cual todos podamos llegar a ser económicamente más fuertes, socialmente más competentes y cívicamente más ilustrados; transformar moralmente a los hombres haciendo sus intereses coincidentes; eliminar la ganancia especulativa; proteger al individuo de acciones orientadas por un poder centralizado y preservar su libertad sin renunciar a su responsabilidad individual; cambiar el espíritu de las actividades económicas por la ayuda mutua, pero sin renunciar a la lícita participación que le corresponde a los socios por los excedentes, poniendo al alcance de todas las personas la posibilidad de entrar en la vida activa de la economía.
II. ANTECEDENTES LEGALES

A lo largo de la historia moderna en nuestro país se ha presentado una gran variedad de manifestaciones del cooperativismo, las cuales se han observado casi paralelamente al movimiento internacional, ejemplo de ello son los pueblos hospitales fundados por el obispo Vasco de Quiroga, en Michoacán en el siglo XVI los cuales debido a su forma de organización y funcionamiento perfectamente pueden ser considerados como vestigios del cooperativismo primitivo; en 1839 se funda en el estado de Veracruz la caja de ahorros “Orizaba” la cual también fungía como casa de empeño; en el año 1873, con 44 socios, se constituyó la “Cooperativa de Sastres de la Ciudad de México”, la cual funcionaba como una especie de banco, de montepío y como caja de ahorros, y en 1876 los obreros ferroviarios de la Estación Buenavista del Distrito Federal constituyeron la primera Sociedad Cooperativa de Consumo

A pesar de que el movimiento cooperativo funcionaba y se expandía rápidamente por el país, las Sociedades Cooperativas carecían de reconocimiento legal, y no fue sino hasta el año de 1889 cuando el Código de Comercio las reconoció como “unidades económicas, con características de organización y funcionamiento diferentes a las de la empresa privada”, dotando con ello a las Sociedades Cooperativas de una figura legal, aunque imprecisa y de carácter irregular.

A pesar de que en el Código de Comercio se había otorgado ya a las Sociedades Cooperativas cierto reconocimiento legal, en la etapa histórica denominada como el “Porfiriato” se neutralizó el espíritu y desarrollo del cooperativismo en nuestro país, lo cual se vio reflejado en un olvido hacia el sector y en un freno a su expansión.

Con el inicio del movimiento revolucionario en nuestro país, el cooperativismo obtuvo su anhelada oportunidad de avance y expansión, la cual alcanzó su cúspide al triunfar la revolución. Así pues, el movimiento cooperativo posrevolucionario creció rápidamente de 1911 a 1926, todo ello a pesar de la inexistencia de un marco jurídico para su regulación.

Para el año 1927, el Presidente Plutarco Elías Calles promulgó la primera Ley Cooperativa, aunque ha de mencionarse que dicha Ley era de carácter restrictivo, pues el Ejecutivo la promulgó en venganza por no haber contado con el apoyo de los cooperativistas en su campaña electoral. La promulgación de tal Ley y la orientación de la misma se gestó bajo las presiones que significaba el crecimiento del movimiento cooperativo, ya que dicho movimiento dio origen a un partido político denominado Partido Nacional Cooperativista, el cual para 1923 ya había ganado la gubernatura de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de la Ciudad de México y su líder, Jorge Prieto Laurents, se había fortalecido en resistencia al Ejecutivo.

Seis años después, en 1933, el Presidente Abelardo L. Rodríguez promulgó la Segunda Ley Cooperativa con la intención de mejorar el sentido social de la primera Ley, y con ello el Partido Nacional Cooperativista se vio aún más fortalecido, ya que la nueva Ley reflejó significativamente la simpatía del entonces Presidente por la doctrina cooperativa. No obstante lo anterior los caudillos militares no estaban dispuestos a ver su hegemonía disminuida, y combatieron al partido hasta hacerlo desaparecer.

Para el año 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo mexicano promulgó la tercera Ley de Cooperativas de nuestro país. Dicha Ley no podía mantenerse ajena al proceso interno posrevolucionario, ni refractario al influjo exterior, por ello el contenido de la Ley tenía previstos elementos que mostraban el afán clasista de sus redactores, los cuales veían en el cooperativismo una organización de trabajadores, por lo cual sentían que el desarrollo y fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas era uno de los caminos para llegar a la nueva sociedad. Aunado a ello el Estado mexicano veía la necesidad de participar en las cooperativas como un socio que salvaguardara la orientación de estos organismos, y que los mantuviera de alguna manera bajo la influencia o la tutela del mismo.

Posterior a la etapa histórica denominada como el “Cardenismo” nuestro país siguió presentando ritmos acelerados de crecimiento del movimiento cooperativo nacional, los cuales se pueden ver reflejados en un estudio realizado en 1978 por la Dirección General de Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual arrojo los siguientes datos: a nivel nacional durante el periodo de 1938 a 1976 se integraron un total de 6610 cooperativas, de las cuales 4298 eran de producción y 2312 de consumo, que en total tenían 518, 596 socios.

En ese mismo año surgieron una serie de políticas públicas destinadas al sector cooperativo, entre las cuales, por acuerdo presidencial, se creó la Comisión Intersecretarial de Fomento Cooperativo, que tendría por objeto apoyar un sostenido crecimiento del cooperativismo en México.

En los años posteriores a 1978, si bien el cooperativismo mexicano siguió creciendo, sus ritmos de crecimiento eran muy inferiores a los presentados años atrás, aunque no por ello dejaron de colaborar ambiciosa y significativamente al desarrollo nacional. Diez años después a la realización de aquel primer estudio sobre la presencia de las cooperativas en México, se realizó un segundo estudio por parte de la Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual muestra que en el año 1988 existían en México un total de 8017 cooperativas, con un total de 349,047 socios.

Ante tal panorama, el movimiento cooperativo nacional exigía una nueva legislación acorde a su problemática y a sus necesidades, por ello en el año de 1994 se publicó una nueva ley relativa al sector. Esta ley decretó la desaparición de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, delegando la responsabilidad de función y control estadístico del cooperativismo a la Secretaría de Desarrollo Social. Tal legislación en aquella época significó un gran avance para el cooperativismo nacional, puesto que, además de dotarse a las Sociedades Cooperativas de un reconocimiento legal más preciso, se dio reconocimiento a los diferentes tipos de Sociedades Cooperativas, se reguló su fomento, constitución, funcionamiento, organización y extinción.

A pesar de lo anterior, sí bien dicha legislación en su momento fue de gran importancia para el movimiento cooperativo nacional y obtuvo el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo como una de las más avanzadas en el mundo, hoy en día se ha visto rebasada en muchas de sus disposiciones, debido a que la temporalidad, necesidades y problemática del presente es distinta a la existente en aquella época. De lo anterior se desprende la necesidad de una nueva ley que contemple la realidad económica y social del país y, sea capaz de responder a las necesidades del cooperativismo mexicano, de dotar al sector de herramientas que sean verdaderamente útiles y aplicables para su crecimiento y consolidación, así como de eliminar los vicios que impiden su promoción y obstaculizan su desarrollo.

III. CONTEXTO ACTUAL Y JUSTIFICACION DE LA INICIATIVA

Para la propuesta, se ha considerado que hoy no es necesario pensar en una sociedad cooperativa como una organización que sólo puede estar integrada por trabajadores. Ciertamente todos los socios cooperativos están obligados a aportar trabajo y dinero para la constitución, operación y funcionamiento de sus organismos, pero candidatos a formar Sociedades Cooperativas son todos los ciudadanos, y no necesariamente sólo los obreros o campesinos, es decir, el cooperativismo de hoy abre la posibilidad de que cualquier persona abrace sus valores y principios y a partir de ello pueda desarrollar modelos alternativos de producción, ahorro y consumo.

Según algunos de los más acuciosos especialistas en la numeralia histórica del cooperativismo, entre 1896 y 1910 los afiliados cooperativistas pasaron de ser unos cuantos miles a más de 16 millones en el mundo (según afiliados a la Alianza Cooperativa Internacional), pero de esa fecha a 1995 los cooperativistas se multiplicaron por cincuenta, hasta sobrepasar los 800 millones. Una tasa de crecimiento que muy pocos fenómenos sociales han registrado en la historia durante un periodo tan significativo. (En 1930 sumaban 125 millones y en 1972 el censo alcanzó la cifra de 340 millones de afiliados). Hoy en día, los miembros de cooperativas en todo el planeta superan los 800 millones.
Aunado a lo anterior y al gran desarrollo y expansión internacional del movimiento cooperativo, sobran los ejemplos exitosos de que es posible aspirar a la viabilidad económica y a la responsabilidad social.

Por ejemplo en Europa existen unas 300,000 cooperativas que emplean a cerca de 5 millones de personas. Están presentes en todos los Estados e influyen en la vida cotidiana de más de 140 millones de ciudadanos, que son socios de cooperativas.

En el continente americano también tenemos ejemplos exitosos del cooperativismo, en Argentina por ejemplo existen más de 18,000 cooperativas que reúnen a una cifra superior a los 9 millones de miembros; en Canadá una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa. Solo el movimiento “Desjardins” en Quebec reúne a más de 5 millones de socios; en Colombia y Costa Rica un 10% de la población es miembro de cooperativas y en los Estados Unidos un 25% de su población es miembro de una cooperativa.

Además tenemos otros ejemplos exitosos del cooperativismo en el mundo, entre los cuales destacan la India en donde los miembros de cooperativas superan los 240 millones de personas; Japón donde una de cada 3 familias es cooperativista; Kenia donde una de cada 5 personas es socia de una cooperativa y Singapur donde los cooperativistas suman 1’400,000 socios, lo cual representa una tercera parte de su población.

Ante ello, podemos percatarnos de que a lo largo de quince lustros el cooperativismo pasó de ser un intento marginal o secundario de desarrollo en el mundo, a convertirse en uno de los movimientos más sustentables y de constante crecimiento, hasta conseguir estar presente en todos los regímenes económicos, bajo todo tipo de gobiernos y con el carácter gremial que en muchos lugares tuvo originalmente; el cooperativismo fue trasminando y ocupando espacios, hasta que hoy en día lo mismo representa conglomerados industriales que combinados agrícolas, centros financieros empresas de salud o de seguros.

En razón de lo anterior, en el año 2007 se adicionó la fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la facultad del legislativo para expedir leyes en materia de Sociedades Cooperativas. Con ello se inicia la reorientación jurídica del derecho social y cooperativo en México. Cosa que coincide, y de alguna manera también se explica, con el fracaso de la política neoliberal que ya ha cumplido tres lustros, sin haber reducido el desempleo ni la pobreza, y sin haber conseguido que la marcha económica genere desarrollo social, es decir, en el que se registren mejores índices de vida y convivencia.

Dicha adición prevé que el Congreso de la Unión tiene facultad:

“Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas…”

En este sentido, y con el propósito de establecer con claridad la diferencia existente entre la cooperativa y la empresa mercantil, lo primero que se debe hacer es tomar en cuenta la naturaleza de la cooperativa respecto de otros sujetos de derecho y a continuación distinguir la finalidad que las cooperativas persiguen.

Aunado a lo anterior, al revisar la exposición de motivos que sustentó, en su momento, dicha adición Constitucional, esta se fundamentó la necesidad de diferenciar a las sociedades cooperativas respecto de las sociedades mercantiles; dicha exposición de motivos a la letra prevé que:

“se concluye que las cooperativas, aunque se organizan y operan en forma de empresa para actuar con eficiencia en el mundo de los negocios, no son de naturaleza mercantil; sino que tienen su propia naturaleza social, autónoma y doctrinaria, que amerita ser reconocida jurídicamente.”
De lo anterior se desprende, que la presente iniciativa busque separar a las Sociedades Cooperativas de la legislación mercantil, preservando el carácter eminentemente social de estas sociedades. Por ello, tomando como base la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en materia cooperativa se busca lograr la armonización de la Ley con la Constitución Política, puesto que la legislación en materia de Sociedades Cooperativas no es una Ley especial sino una Ley general, ya que en la Constitución existe facultad expresa para legislar respecto de dicha materia.

Con base en los argumentos anteriores consideramos de suma importancia expedir una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual sea capaz de garantizar el desarrollo del cooperativismo.

Sobre el carácter social de las Sociedades Cooperativas

Entre las inquietudes de los miembros de cooperativas, se encuentra lo relativo a la definición sobre el lucro en las actividades de las Sociedades Cooperativas, temática controversial debidamente fundada, puesto que la discusión sobre el carácter sin fines en lucro de las cooperativas ha representado una gran problemática para el sector, la cual se ha quedado en ese terreno, como un debate, que no soluciona nada, ni presenta argumentos para su solución.

Ante tal panorama la presente iniciativa pretende dar solución a tal controversia, puesto que en el texto de la Ley se prevé que las Sociedades Cooperativas no tienen fines de lucro, y se establece lo reflejado en la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Febrero de 2007; Pág. 510”:

“…la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas de producción es diversa a la de las sociedades mercantiles eminentemente capitalistas, pues las primeras son de carácter social, esto es, se rigen por los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios; mientras que las segundas no tienen estas características sociales. De ahí que las aludidas cooperativas deben recibir un trato diferente para efectos del impuesto sobre la renta, pues sería contrario a su objeto equipararlas con otras sociedades, pues si bien tienen como fin la comercialización de bienes y servicios para obtener la mayor ganancia posible, ello es mediante una actividad económica social -no necesariamente mercantil-, lo cual debe entenderse como un medio y no como un fin…”

Desde tal perspectiva, la naturaleza de la actividad cooperativa es distinta a la actividad que se desarrolla en otro tipo de empresas. Por tanto, la actividad entre la cooperativa, sus asociados y sus clientes no puede recibir el mismo tratamiento desde el punto de vista jurídico que el que reciben las empresas de carácter mercantil.

Con ello la presente iniciativa pretende dejar atrás la discusión sobre el carácter sin fines de lucro del cooperativismo, toda vez que hoy sabemos que toda empresa debe ser rentable, y que las cooperativas son empresas sociales, en las cuales el lucro se presenta como un medio y no como el fin de las mismas.

Sobre la naturaleza social y no mercantil de las Sociedades Cooperativas

Otro de los temas que consideramos necesario y adecuado, es derogar las disposiciones que vinculan a las Sociedades Cooperativas con las normas y formas de operación mercantil.

Las Sociedades Cooperativas no pueden ser consideradas sociedades de carácter mercantil, al revisar la Ley vigente podemos percatarnos de la incertidumbre e inexactitud del trato que se les ha dado. Aunado a ello al derivar de la Ley General de Sociedades Mercantiles una legislación especial para las Sociedades Cooperativas se acentúa aún más la confusión sobre la temática.
Ahora bien, al revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos más específicamente el artículo 25 Constitucional podemos obtener las bases que nos permitan esclarecer un poco la confusión sobre el carácter que tienen las Sociedades Cooperativas, puesto que dicho artículo consagra que la economía de México se sustenta en la actividad de tres tipos de empresas claramente diferenciadas y delimitadas, adscritas a los sectores público, privado y social, respectivamente. Cada una de ellas con una lógica de funcionamiento interno especial y una finalidad económica claramente diferenciada, por lo que al revisar dicho artículo podremos observar que su párrafo tercero prevé que:

“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”

Al segundo sector mencionado pertenecen las Sociedades Cooperativas, según se encuentra previsto en el mismo artículo en su séptimo párrafo.

“La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”

Por lo cual podemos sustentar que sí Constitucionalmente se hace la aclaración del sector al cual pertenecen dichas sociedades no es posible disentir en una ley general lo que alude a su naturaleza.

A partir de lo anterior se consideró que a fin de otorgar seguridad jurídica al marco cooperativo era necesario definir con toda precisión en la Ley lo relativo a los actos cooperativos para que a partir de ello pudiese contrastarse la diferencia entre las Sociedades Mercantiles, las Sociedades Civiles, las Sociedades Cooperativas y la naturaleza de sus respectivos actos.

En conclusión, si bien las Sociedades Cooperativas tienen un fin primordialmente económico como lo tienen los demás tipos de sociedades conforme se establece en la legislación civil, dicho fin se encuentra orientado al bienestar de sus socios y no únicamente al aumento de sus ganancias. Por tanto si conforme la legislación vigente se les reconoce una naturaleza jurídica de “sociedad” es importante señalar en la Ley que las Sociedades Cooperativas tienen ciertas particularidades que las hacen distintas a las del tipo mercantil, por ello el proyecto de nueva Ley tiene como uno de sus objetivos terminar con la incertidumbre que ha perseguido a las Sociedades Cooperativas respecto su naturaleza, concluyéndose a partir de los argumentos anteriores que las Sociedades Cooperativas no son Sociedades Mercantiles ni Civiles, sino Sociedades Cooperativas, con naturaleza distinta a la de las anteriores figuras asociativas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.

ARTICULO UNICO. SE EXPIDE LA SIGUIENTE:

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

Título I

Capítulo Unico
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las Sociedades Cooperativas y sus Organismos de integración en que libremente se agrupen, así como los derechos de los Socios.

Establecer las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de organización social autónoma cuyos recursos son de propiedad social y se integra por personas físicas y/o morales de las consideradas integrantes del sector social, que se unen voluntariamente aportando sus recursos para realizar actividades económicas y satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, basada en los valores y principios cooperativos reconocidos por la presente Ley; con el objeto de procurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de sus socios.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.- Sector Social de la Economía, al integrado por ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

II.- Organismos cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que integren las sociedades cooperativas;

III.- Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos. El Sistema Cooperativo es parte integrante del sector social de la economía del país.

IV.- Socio, al integrante de una sociedad cooperativa, mediante el pago de un certificado de aportación, quien a su vez es dueño o propietario de la misma.

Artículo 4.- El Sistema Cooperativo Nacional podrá estar representado por el Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 5.- Se consideran actos cooperativos los relativos a la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas, así como todos aquellos actos realizados entre:

I. Las sociedades cooperativas y sus socios;

II. Las sociedades cooperativas entre sí;

III. Las sociedades cooperativas y sus Organismos Cooperativos, y

IV. Los Organismos Cooperativos entre sí.

También se consideran actos cooperativos aquellos que por iniciativa de las sociedades cooperativas o sus Organismos Cooperativos, se realicen con particulares o entes públicos, en cumplimiento de su objeto social, quedando sometidos dichos actos cooperativos al derecho cooperativo.
Artículo 6.- Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios:

I.- Adhesión voluntaria y abierta

II.- Gestión democrática con los socios

III.- Participación económica de los socios

IV.- Autonomía e independencia

V.- Educación, capacitación e información

VI.- Cooperación entre cooperativas

VII.- Compromiso con la comunidad

VIII.- Promoción de la cultura ecológica;

Artículo 7.- El importe total de las aportaciones que los socios de nacionalidad extranjera efectúen al capital de las sociedades cooperativas, no podrá rebasar el porcentaje máximo que establece la Ley de Inversión Extranjera.

Los extranjeros no podrán desempeñar puestos de dirección o administración en las sociedades cooperativas, además de que deberán cumplir con lo preceptuado por la fracción I del artículo 27 Constitucional.

Artículo 8.- Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica lícita.

Artículo 9.- Las sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.

Cualquier socio, persona física o moral afectada, los organismos de integración, autoridades administrativas, fiscales o el Ministerio Público, podrán demandar ante la autoridad jurisdiccional competente la nulidad del acto simulado, probada la acción, ordenará su inmediata liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de la sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio.

Artículo 10.- Las sociedades cooperativas se regirán por las disposiciones de esta ley, sus leyes especiales, normas reglamentarias, su contrato social, por el derecho cooperativo y supletoriamente se aplicará el derecho civil federal.

Para los efectos de la presente ley se entenderá por derecho cooperativo, al conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina, y prácticas basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan.

Artículo 11.- Salvo lo dispuesto por las leyes que rigen materias específicas, para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto federales como del fuero común.

Salvo pacto en contrario, el actor podrá elegir el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, a excepción de que una de las partes sea una autoridad federal, en cuyo caso únicamente serán competentes los tribunales federales.
Artículo 12.- Las cooperativas podrán prestar servicios propios de su objeto social a no socios ya sea personas físicas o morales de índole público o privado, los que no podrán otorgarse en condiciones más favorables que a los socios. Excepto las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo las cuales única y exclusivamente podrán prestar sus servicios a sus socios de conformidad con la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Las cooperativas podrán asociarse con cualquier persona de distinto carácter jurídico, a condición de que las actividades que realicen de forma conjunta no sean contrarias al objeto social de la cooperativa y no la pongan en riesgo.

Artículo 13.- La relación jurídica de las cooperativas con sus socios no está sujeta a las legislaciones laborales ni de seguridad social, diversas a las establecidas en la presente ley.

Título II
Constitución, registro y clases de cooperativas

Capítulo I
De la constitución y registro

Artículo 14.- La constitución de las sociedades cooperativas o contrato social deberá realizarse en asamblea general que celebren los interesados, y en la que se levantara un acta que contendrá:

I. Datos generales de los fundadores;

II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez el consejo de administración y de vigilancia, así como las comisiones que para tal efecto establezcan las bases constitutivas, y

III. Las bases constitutivas.

Los socios fundadores deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Artículo 15.- En la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente:

I.- Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones;

II.- Serán de capital variable e ilimitado;

III.- Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres;

IV.- Tendrán duración indefinida, y

V. Se integrarán con un mínimo de cinco Socios, con excepción a las de Ahorro y Préstamo, las cuales deberán de constituirse con un mínimo de 25 socios.

VI.-Podrán tener un número ilimitado y variable de socios;

VII.- Deberán de tener Independencia religiosa, racial y política partidaria;

VIII.- Establecer la prohibición para la repartición de las reservas sociales.
Artículo 16.- A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica distinta a la de sus socios, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la consecución de su objeto social.

Para que surta efectos contra terceros, el acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en el Registro Público que corresponda a su domicilio social.

Salvo los casos previstos en la presente ley, no podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el Registro Público.

Las sociedades no inscritas en el Registro Público que se hayan exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica, sin embargo se les considerará como irregulares.

Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo, y, en su defecto, por las disposiciones generales y especiales de esta ley, según la clase de sociedad cooperativa de que se trate.

Aquellas sociedades que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados.

Artículo 17.- Si el acta constitutiva de la sociedad no se hubiere otorgado ante las autoridades establecidas en el segundo párrafo del artículo 15 de la presente ley, pero contuviere los requisitos que señala el citado artículo, cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria la formalización del contrato social correspondiente.

En caso de que el acta constitutiva no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público, cualquier socio podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro del contrato social, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Artículo 18.- Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán:

I.- Denominación y domicilio social;

II.- Objeto social;

III.- Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar el régimen adoptado;

IV.- Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor original de los certificados de aportación y su forma de pago, así como la valuación de los bienes y derechos en caso de que se aporten;

V.- Requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios;

VI.- Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación;

VII.- Areas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de la de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta Ley;
VIII.- Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse;

IX.- Forma en que deberán caucionar su manejo las personas que tenga fondos y bienes a su cargo;

X.- El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de los miembros;

XI.- Derechos y obligaciones de los socios, sanciones, sus procedimientos de aplicación, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el particular;

XII.- Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades, y

XIII.- Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa siempre que no se opongan a lo establecido en esta ley.

Las cláusulas de las bases constitutivas contrarias a lo dispuesto por esta ley, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes.

Artículo 19.- La denominación social deberá incluir el vocablo “cooperativa”, debiendo además indicar el tipo de cooperativa de que se trate.

Queda prohibido el uso de la denominación “cooperativa” a sociedades no constituidas conforme a la presente ley.

Artículo 20.- Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios.

La responsabilidad será limitada, cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada, cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. 

Artículo 21.- El régimen de responsabilidad de los socios que se adopte, surtirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público, de lo contrario se procederá de conformidad a lo estipulado por los artículos 16 y 17 de la presente ley.

Artículo 22.- Las oficinas encargadas del Registro Público, deberán expedir y remitir en forma gratuita, a la Secretaría de Economía, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, quien deberá llevar un registro y constituir el padrón de éstas, a fin de integrar y mantener actualizada la información estadística nacional, dicha secretaria será la responsable de llevar a cabo el fomento y desarrollo del sector cooperativo como parte integrante del sector social.

En cuanto a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo además de lo anterior deberá sujetarse a lo establecido por la ley especial que las regula.

Artículo 23.- El ejercicio social de las sociedades cooperativas coincidirá con el año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año.

En los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación.
Capítulo II
De las distintas clases de sociedades cooperativas

Artículo 24.- Clases de sociedades cooperativas:

I.- De consumidores de bienes y/o servicios,

II.- De productores de bienes y/o servicios, y

III.- De ahorro y préstamo.

Dichas sociedades podrán tener en su constitución participación estatal, en las cuales el Estado podrá dar en concesión o administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas, en los términos que señalen las leyes respectivas, cuya conformación se hará mediante la asociación con  autoridades federales, estatales, municipales o los órganos político-administrativos del Distrito Federal, para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles local, regional o nacional.

Artículo 25.- Son sociedades cooperativas de consumidores, aquéllas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.

Artículo 26.- Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas cooperativas no requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica.

Artículo 27.- Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumidores que reporten los balances anuales, se distribuirán en razón de las adquisiciones que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal.

Artículo 28.- En caso de que los compradores de que habla el artículo 27 de esta Ley, ingresaran como socios a las sociedades cooperativas de consumo, los excedentes generados por sus compras, se aplicarán a cubrir y pagar su certificado de aportación. Si los compradores no asociados, no retirasen en el plazo de un año los excedentes a que tienen derecho ni hubieren presentado solicitud de ingreso a las cooperativas, los montos correspondientes se aplicarán a los fondos de reserva o de educación cooperativa, según lo determinen las bases constitutivas de dichas sociedades.

Artículo 29.- Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.

Artículo 30.- Son sociedades cooperativas de productores, aquéllas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta Ley.

Artículo 31.- Los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar.
Artículo 32.- En las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad tecnológica lo amerite, deberá haber una Comisión Técnica, integrada por el personal técnico que designe el Consejo de Administración y por un delegado de cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la Comisión Técnica se definirán en las bases constitutivas.

Artículo 33.- Las Sociedades Cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de dinero proveniente de sus socios y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre ellos mismos.

Artículo 34.- Las bases constitutivas de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además de lo dispuesto en el Artículo 18 de esta Ley, deberán establecer lo siguiente:

I. El procedimiento para la elección de consejeros y designación de funcionarios de primer nivel;

II. Los requisitos que deberán cumplir las personas que sean electas como consejeros y los designados como funcionarios quienes deberá acreditar haber cursado mínimo educación media superior (preparatoria o equivalente);

III. Las obligaciones de los consejeros, así como lo relativo a las obligaciones del gerente o director general.

Artículo 35.- Los términos caja, caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, caja solidaria, caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de ahorro y préstamo u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, que permita suponer la realización de actividades de ahorro y préstamo, sólo podrán ser usadas en la denominación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o en sus organismos cooperativos, ya sea como palabras simples o como parte de palabras compuestas.

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.

En caso contrario se procederá en términos de lo establecido para las sociedades irregulares.

Artículo 36.- Unicamente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo podrán realizar operaciones que impliquen captación y colocación de recursos en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por lo que queda prohibido a las Sociedades Cooperativas de Producción y de Consumidores constituir secciones de ahorro y préstamo.

Título III
De la estructura de las cooperativas

Capítulo I
Del funcionamiento y administración

Artículo 37.- La dirección, administración y vigilancia interna de las Sociedades Cooperativas, en general, estará a cargo de los órganos siguientes:

I.- La Asamblea General;

II.- El Consejo de Administración;

III.- El Consejo de Vigilancia;
IV.- Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además de los citados órganos, en las fracciones anteriores, deberán contar, cuando menos con un:

a) Comité de Crédito o su equivalente;

b) Un director o gerente general, y

c) Un auditor interno

Artículo 38.- La Asamblea General es la autoridad suprema de la cooperativa y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas. 

Artículo 39.- La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente Ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá de:

I.- Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios;

II.- Modificación de las bases constitutivas;

III.- Aprobación de planes y presupuestos;

IV.- Aumento o disminución del valor del certificado de aportación;

V.- Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia;

VI.-Informes de los consejos;

VII.- Aplicación de sanciones disciplinarias a socios;

VIII.- Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios;

IX.- Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan;

X.- Escisión, Fusión, Disolución y Liquidación de la sociedad;

Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este artículo, deberán tomarse por mayoría de votos en la Asamblea General. En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos en que se requiera una mayoría calificada.

En el caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Asamblea General además conocerá y resolverá en los mismos términos señalados en el párrafo anterior, aquellos asuntos establecidos en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Los puntos descritos en las fracciones I, VII, y IX podrán delegarse al Consejo de Administración en las bases constitutivas de la sociedad o mediante acuerdo expreso que así establezca la Asamblea General, con la obligación de informar a ésta en la siguiente asamblea ordinaria. 

Artículo 40.- La asamblea ordinaria se reunirán en el domicilio social, por lo menos una vez al año dentro de los primeros cuatro meses del ejercicio social, y conocerá de los asuntos señalados en las fracciones I, III, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 39 de la presente ley,

Las asambleas extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo que así se requiera para tratar los asuntos señalados en las fracciones IV y X del artículo 39 de la presente ley.

Artículo 41.- Las asambleas generales serán ordinarias o extraordinarias, y para su celebración deberán ser convocadas en los términos de la fracción X del artículo 18 de esta Ley, con por lo menos 7 días naturales de anticipación. La convocatoria deberá ser exhibida en un lugar visible del domicilio social de la sociedad cooperativa, misma que deberá contener la respectiva orden del día; también será difundida a través del órgano local más adecuado, dando preferencia al periódico, cuando exista en el lugar del domicilio social de la cooperativa. De tener filiales en lugares distintos, se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, cuando así lo determine la Asamblea General.

Si no asistiera el suficiente número de socios en la primera convocatoria, se convocará por segunda vez con por lo menos 5 días naturales de anticipación en los mismos términos y podrá celebrarse en este caso, con el número de socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a esta Ley y a las bases constitutivas de la sociedad cooperativa.

Para el caso de cooperativas con más de 500 socios podrá citarse en segunda ocasión para el mismo día, siempre y cuando esta condición se expusiera en la convocatoria y serán validos los acuerdos que se tomen siempre y cuando asistan o estén representados por lo menos el 5% del total de los socios y así se demuestre en registro.

La asamblea se llevará a cabo en primera convocatoria cuando se encuentren presentes o representados al menos la mitad mas uno de los socios registrados.

Si no asistiese el suficiente número de socios en la primera convocatoria por segunda ocasión, la cual deberá desarrollarse dentro de los siguientes 7 días naturales

La Asamblea General Extraordinaria para su validez deberá tener quórum representado por al menos 2/3 partes de los socios convocados.

Artículo 42.- Las bases constitutivas pueden autorizar el voto por carta poder otorgada ante dos testigos, debiendo recaer en todo caso la representación, en un coasociado, sin que éste pueda representar a más de dos socios.

Artículo 43.- Cuando los miembros pasen de quinientos o residan en localidades distintas, a aquélla en que deba celebrarse la asamblea, ésta podrá efectuarse con delegados socios, elegidos por cada una de las áreas de trabajo o la seccional de que se trate. Los delegados deberán designarse por cada asamblea seccional, quienes llevarán mandato expreso por escrito sobre los distintos asuntos que contenga la convocatoria y teniendo tantos votos como socios representen, pudiendo obrar dicha representación mediante acta celebrada por cada asamblea seccional.

El Reglamento Interior fijará el procedimiento para la representación proporcional de los socios por cada una de las asambleas seccionales.

El sistema para la elección de delegados que al efecto se establezca en su reglamento interior, deberá garantizar la representación de todos los socios de manera proporcional con base a las zonas o regiones en que se agrupen las asambleas seccionales.

Las Asambleas seccionales son parte de la Asamblea General, por lo que éstas deberán observar las mismas formalidades para su desahogo.

Cuando se requiera elevar a documento público el acta de asamblea, bastará con protocolizar la de la Asamblea General, las correspondientes a las seccionales se deberán resguardar en los libros correspondientes de la sociedad.
Capítulo II
Del Consejo de Administración

Artículo 44.- El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, al gerente o director general con la facultad de representación que se les asigne, así como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especiales.

Artículo 45.- El Administrador o el consejo de administración podrá dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo.

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.

El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad y su domicilio y duración, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserciones indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello. 

Artículo 46.- El consejo de administración podrá nombrar un delegado para la ejecución de actos concretos.

Artículo 47.- La terminación de las funciones de Administrador o Consejo de Administración o de los Gerentes, no extingue las delegaciones ni los poderes otorgados durante su ejercicio.

Artículo 48.- El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hará la Asamblea General conforme al sistema establecido en esta Ley y en sus bases constitutivas. Sus faltas temporales o definitivas serán sancionadas de acuerdo a las bases constitutivas de la sociedad, pudiendo durar en sus cargos, si la Asamblea General lo aprueba hasta cinco años y ser reelectos cuando por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea General lo apruebe.

Tratándose de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los consejeros podrán fungir por un periodo de hasta cinco años, según se establezca en sus bases constitutivas, con posibilidad de una sola reelección, cuando lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea General.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Administración, en las bases constitutivas de la Cooperativa se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros.

Concluida su gestión el consejero saliente, tendrá prohibido asumir un cargo dentro del consejo de vigilancia de la cooperativa y viceversa.
Artículo 49.- El Consejo de Administración estará integrado por lo menos, por un presidente, un secretario y un vocal. Las bases constitutivas deberán establecer el número de suplentes y el momento y los supuestos en que entran en funciones.

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios, bastará con que se designe un administrador general único.

Los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza durante el período de su gestión.

Artículo 50.-Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el Consejo de Administración será el órgano responsable de la administración general y de los negocios de la Cooperativa, estará integrado por no menos de cinco ni más de quince personas, quienes serán nombrados o removidos, en su caso, por la Asamblea General.

Artículo 51.- Los consejeros deberán reunir los requisitos siguientes:

Ser socios de la cooperativa;

No estar inhabilitado para ejercer el comercio;

No tener litigio pendiente con la Cooperativa;

No haber celebrado con la Cooperativa, directa o indirectamente, contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro de naturaleza análoga, o participar en empresas con las que la Cooperativa celebre cualquiera de los actos antes señalados;

Tener experiencia y conocimientos mínimos en materia administrativa y en el sector de que se trate de acuerdo a los requisitos que establezcan sus bases constitutivas;

Además de las anteriores, las cooperativas de ahorro y préstamo deberán observar lo siguiente:

I. Contar por lo menos con educación media superior y las establecidas en su contrato social;

II. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente, funcionario o empleado en la Cooperativa de que se trate, así como en otras Cooperativas de ahorro y préstamo distintas a los  Organismos de Integración;

III. No desempeñar un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista;

IV. No estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el sistema financiero mexicano;

V. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con el director o gerente general, o con alguno de los miembros del Consejo de Administración o de vigilancia de la Cooperativa, y

VI. No estar sentenciado por delitos intencionales patrimoniales;

Los demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Cooperativa determinen.

La Asamblea General deberá conocer el perfil de los candidatos a desempeñarse como consejeros, y se someterá a su consideración la documentación e información que al efecto determine la misma Asamblea en las bases constitutivas para evaluarlo, debiendo tomar en consideración su historial crediticio.

Artículo 52.- Son facultades y obligaciones indelegables del Consejo de Administración las siguientes:

I. Establecer las políticas generales de administración de la Cooperativa;

II. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Cooperativa;

III. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine;

IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades;

V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a las bases constitutivas de la Cooperativa y por su monto o importancia, necesiten de tal autorización;

VI. Aprobar y hacer del conocimiento de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio;

VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión cuando menos una vez al año;

VIII. Atender las observaciones que sean señaladas por el Consejo de Vigilancia;

IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción;

X. Aprobar los planes estratégicos de la Cooperativa, así como los planes y presupuestos anuales, debiendo someterlos a consideración de la Asamblea general, y

XI. Las demás que la presente ley o su contrato social establezcan;

Tratándose de las cooperativas de ahorro y préstamo, además de las anteriores, las siguientes:

I. Determinar las políticas para el otorgamiento de préstamos;

II. Para los efectos de la fracción IX, el Consejo de Administración deberá conocer el perfil del candidato a director o gerente general y se someterá a su consideración la documentación e información, que al efecto determinen y permita evaluar la capacidad técnica, historial crediticio y la experiencia de los candidatos;

III. Las demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Cooperativa determinen.

Artículo 53.- Los acuerdos sobre la administración de la sociedad, se deberán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración, quienes deben decidir de manera colegiada.

Capítulo III
Del consejo de Vigilancia

Artículo 54.- El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de miembros no mayor de cinco con igual número de suplentes, que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocales, designados en la misma forma que los designados para el Consejo de Administración y con la misma duración.

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios, bastará con designar un comisionado de vigilancia.

Artículo 55.- Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el Consejo de Vigilancia será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Cooperativa, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable, estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete, que serán nombradas y en su caso removidas por la Asamblea General, quienes deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para los miembros del consejo de administración.

Debiendo tener los suplentes que establezcan las bases constitutivas.

Los miembros del Consejo de Vigilancia fungirán por un periodo de hasta cinco años, según se establezca en sus bases constitutivas, con posibilidad de una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea General.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de la Cooperativa se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros.

Artículo 56.- El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deberá ejercitarse ante el presidente del Consejo de Administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la resolución de que se trate. Si fuera necesario, en los términos de esta Ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los 30 días siguientes, a una Asamblea General extraordinaria para que se avoque  a resolver el conflicto.

Artículo 57.- El Consejo de Vigilancia de las Sociedades Cooperativas tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administración;

II. Solicitar al Consejo de Administración, al director o gerente general y a los comités de la Cooperativa, la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones;

III. Solicitar al auditor externo la información sobre el desarrollo y resultados de la auditoria;

IV. Convocar a asamblea ordinaria y/o extraordinaria a falta de convocatoria expedida por el Consejo de Administración, en los términos que se establece la presente ley;

V. En su caso, emitir opinión para efectos de la remoción del director o gerente general;

VI. Vigilar que los actos y decisiones de todos los órganos de la Cooperativa se realicen con apego a las bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable;

VII. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión;

VIII. Informar a la asamblea sobre las irregularidades detectadas en la operación de los órganos de gobierno de la Cooperativa;

IX. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan;

X. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del Consejo de Administración, y

XI. Abstenerse de realizar actividades propias del Consejo de Administración y del Director o Gerente General;
XII. Las demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Cooperativa determinen.

Capítulo IV
Del Director o Gerente General

Artículo 58.- Es la persona designada por el Consejo de Administración que estará encargada de la operación de la cooperativa.

Los gerentes tendrán las facultades que expresamente establezcan las bases constitutivas o las que el Consejo de Administración les designe, no necesitaran de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los actos que ejecuten y gozarán dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, las más amplias facultades de representación y ejecución.

Artículo 59.- El director o gerente general deberá reunir los requisitos que para tal efecto establezcan las bases constitutivas de la sociedad.

En el caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además de lo anterior deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Contar con conocimientos básicos en materia financiera y administrativa, que la propia Sociedad Cooperativa establezca en sus bases constitutivas;

II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala la presente ley;

III. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con alguno de los miembros del Consejo de Administración o de Vigilancia de la Cooperativa, y

IV. Los demás que esta Ley establezca.

Artículo 60.- El director o gerente general de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo además de las facultades y obligaciones que establezca la presente ley, tendrá las siguientes:

I. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración y de los comités de la Cooperativa;

II. Representar a la Cooperativa en los actos que determinen las bases constitutivas de la Cooperativa, o el Consejo de Administración;

III. Aplicar las políticas establecidas por el Consejo de Administración o por los demás comités de la Cooperativa, actuando en todo momento con apego a las bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable;

IV. Presentar a la Asamblea General de Socios un informe anual sobre su gestión;

V. Presentar al Consejo de Administración en ocasión de sus juntas ordinarias, los informes sobre la situación financiera y administrativa que guarda la Sociedad;

VI. Preparar y proponer para su aprobación al Consejo de Administración, los planes y el presupuesto de cada ejercicio;

VII. Presentar mensualmente al Consejo de Administración, en ocasión de sus juntas ordinarias, los estados financieros para su aprobación;
VIII. Aplicar los reglamentos y manuales operativos, y proponer al Consejo de Administración los ajustes y modificaciones necesarios a los mismos;

IX. Vigilar la correcta elaboración y actualización de los libros y registros contables y sociales de la Cooperativa, y

X. Otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito

XI. Las demás que esta Ley, la asamblea, las bases constitutivas o el Consejo de Administración de la Cooperativa determinen.

Capítulo V
De los socios

Artículo 61.- Esta Ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa, determinarán obligaciones, derechos, aportaciones, sanciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos.

Artículo 62.- Las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal asalariado, únicamente en los casos siguientes:

I.- Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios lo exijan;

II.- Para la ejecución de obras determinadas;

III.- Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos por el objeto social de la sociedad cooperativa;

IV.- Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses en un año, y

V.- Por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado.

Cuando la sociedad requiera por necesidades de expansión admitir a más socios, el Consejo de Administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria para tal efecto, teniendo preferencia para ello, sus trabajadores, a quienes se les valorará por su antigüedad, desempeño, capacidad y en su caso por su especialización.

Ante una inconformidad en la selección, el afectado podrá acudir ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la propia sociedad cooperativa si es que la hay, la que deberá resolverle por escrito en un término no mayor de 20 días naturales, independientemente de poder ejercer la acción legal que corresponda.

Las cooperativas de ahorro y préstamo, podrán tener personal asalariado para el cumplimiento de sus operaciones.

Artículo 63.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en sus bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar el retiro de sus aportaciones y ahorros en la Sociedad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente, mediante pago o compensación.

Para el caso de exclusión operará el mismo principio que el párrafo anterior.

Igualmente se establecerá que, en el caso de que varios de los Socios soliciten al mismo tiempo el retiro de sus aportaciones y ahorros, la Cooperativa podrá fijar plazos para la entrega de los montos solicitados, de acuerdo a la disponibilidad de capital de trabajo y al índice de capitalización que deba mantener la Sociedad.

Artículo 64.- Serán causas de exclusión de un socio:

I.- La falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada, e

II.- Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, de las bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de la Asamblea General o los acuerdos del Consejo de Administración o de sus gerentes o comisionados.

III.- Tener litigio pendiente en contra de la institución.

Al socio que se le vaya a sujetar a un proceso de exclusión, se le notificará por escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta determinación, concediéndole el término de 20 días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el Consejo de Administración o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje si existiere, de conformidad con las disposiciones de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa.

La Asamblea podrá excluir de manera directa a cualquier socio por las causales que distingan sus bases constitutivas sin necesidad de que obre la notificación que precede el párrafo anterior.

Cuando un socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir a los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley.

Título III
Del Régimen Económico

Capítulo I
Capital Social

Artículo 65.- El capital de las sociedades cooperativas se integrará de la siguiente manera:

Por el valor que representan los certificados de aportación suscritos y pagados por los socios, ya sean obligatorios o voluntarios, y;

Con la parte de excedentes o remantes que la Asamblea General destine para tal efecto, los cuales una vez capitalizados no podrán ser repartidos entre los socios.

Las donaciones, subsidios, herencias y legados recibidos a favor de la cooperativa por personas físicas y morales, públicas o privadas.

Artículo 66.- Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes derechos o trabajo; estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor.

La valorización de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará en las bases constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el Consejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea General en su momento.

Artículo 67.- Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado de aportación obligatorio.

Artículo 68.- Será facultad del Consejo de Administración determinar la emisión y el valor de los certificados de aportación voluntarios, los cuales se emitirán diferenciándolos de los obligatorios, bajo las condiciones que el citado consejo establezca, en cuanto a rendimientos, forma y tiempo de devolución. 

Artículo 69.- El certificado de aportación deberán contener, mínimo los siguientes requisitos:

I.- El nombre y domicilio del socio;

II.- La denominación y domicilio de la sociedad;

III.- El valor nominal de la aportación;

IV.- Tipo de certificado (obligatorio o voluntario);

V.- Número de control y registro que deberá llevar la sociedad cooperativa;

VI.- La firma autógrafa del presidente y secretario del Consejo de Administración, o del Administrador General Unico en su caso.

Las de cooperativas de Ahorro y Préstamo además de lo anterior del director o gerente general.

Dicho requisito podrá llevarse a cabo a través de firma impresa o facsímil siempre y cuando sean registradas las firmas de los consejeros respectivos, mediante cualquiera de los siguientes trámites:

Mediante procedimiento ante juez de primera instancia, en vía de jurisdicción voluntaria, de la cual se ordenará su inscripción en el registro público de la propiedad y comercio, o;

A través de ratificación de firmas que se lleve ante notario público, para su inscripción el registro público de la propiedad y comercio.

Artículo 70.- El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación, en favor del beneficiario que designe para el caso de su muerte. Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa, determinarán la forma y los requisitos para que también se le puedan conferir derechos cooperativos al beneficiario.

Artículo 71.- Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de certificados de aportación o a prorrata si todos son poseedores de un número igual de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerde la Asamblea General.

Capítulo II
De los fondos y reservas

Artículo 72.- Las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes fondos sociales:

I.- De Reserva;

II.- De Previsión Social, y

III.- De Educación Cooperativa de constitución obligatoria.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de lo anterior, deberán sujetarse a lo dispuesto en su legislación especial.

Artículo 73.- El Fondo de Reserva podrá constituirse con el 10 al 20% de los remanentes que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social.

Artículo 74.- El Fondo de Reserva será delimitado en las bases constitutivas. Este fondo podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo. Su constitución se llevará a cabo con los remanentes que establezca la Asamblea.

Artículo 75.- En las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el fondo de reserva podrá constituirse por lo menos con el diez por ciento de los excedentes, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a, por lo menos, el diez por ciento de los activos totales de la Sociedad. Este fondo podrá ser afectado, previa decisión de la Asamblea General, cuando lo requiera la Sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo de ser reintegrado en ejercicios subsecuentes, con cargo a los excedentes. Se entenderá por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo menor de un año.

Artículo 76.- El Fondo de Previsión Social se constituirá con la aportación anual del porcentaje, que sobre los remanentes, sea determinado por la Asamblea General. Este porcentaje podrá aumentarse según los riesgos probables y la capacidad económica de la sociedad cooperativa.

El Fondo de Previsión Social no podrá ser limitado; deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. Al inicio de cada ejercicio, la Asamblea General fijará las prioridades para la aplicación de este Fondo de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa a propuesta del consejo de administración.

Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social, serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar obligatoriamente a sus trabajadores, y optativamente a los socios que aporten su trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento.

Artículo 77.- El Fondo de Educación Cooperativa será constituido con el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no será inferior al 10% de los remanentes del ejercicio.

A propuesta del Consejo de Administración, la Asamblea General definirá los programas y estrategias a realizar.

Artículo 78.- Los excedentes de cada ejercicio social son la diferencia entre los ingresos y gastos correspondientes a los servicios prestados por la cooperativa, los cuales se consignarán en el estado de resultados y en el balance general que presentará el Consejo de Administración a la Asamblea General. Igual procedimiento se observará si se reportan pérdidas.

Artículo 79.- Cada año las sociedades cooperativas podrán revaluar sus activos, en los términos legales correspondientes.

Título IV
Fusión, Escisión, Transformación, Disolución y Liquidación

Capítulo I
De la fusión

Artículo 80.- La fusión deberá ser decidida por cada sociedad cooperativa, en asamblea general extraordinaria y por acuerdo de al menos las ¾ partes de los socios que conformen el quórum.

Para los efectos de la formalización de la fusión, se deberá seguir el mismo trámite que esta Ley establece para su constitución.

Artículo 81.- Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el Periódico Oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse.

Cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberá publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.

Artículo 82.- La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior.

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, se dará por terminada la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.

La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas.

Capítulo II
De la escisión

Artículo 83.- Se da la escisión cuando una sociedad cooperativa denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.

La escisión se regirá por lo siguiente:

I.- Sólo podrá acordarse por resolución de la asamblea de socios u, por la mayoría de ¾ partes;

II.- Las partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas;

III.- Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas, igual a la de que sea titular en la escindente;

IV.- La resolución que apruebe la escisión deberá contener:

a) La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos;

b) La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida, y en su caso a la escindente, con detalle suficiente para permitir la identificación de éstas;

c) Los estados financieros de la sociedad escindente, que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente dictaminados por auditor externo.

Corresponderá a los administradores de la escindente, informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión surta plenos efectos legales;

d) La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso, la o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años contado a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción V, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas; si la escindente no hubiere dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la obligación; y

e) Los proyectos de bases constitutivas de las sociedades escindidas.

V.- La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario e inscribirse en el Registro Público de propiedad y de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el periódico oficial del estado del municipio del domicilio social de la cooperativa y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la escindente, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y ambas publicaciones;

VI.- Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el veinte por ciento del capital social o acreedor que tenga interés jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada, se dicte resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad con la suspensión;

VII.- Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V, sin que se haya presentado oposición, la escisión surtirá plenos efectos; para la constitución de las nuevas sociedades, bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público la propiedad y de Comercio;

VIII.- Los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose en lo conducente lo previsto en el artículo 206 de esta ley;

IX.- Cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escindente, una vez que surta efectos la escisión se deberá solicitar del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social;

X.- No se aplicará a las sociedades escindidas lo previsto en el artículo 141 de esta ley.

Capítulo III
Transformación

Artículo 84.- Las sociedades cooperativas podrán transformarse en algún otro tipo de cooperativa, pero tendrán prohibido transformarse en otra figura societaria distinta a la de cooperativa.

Para el caso de buscar transformarse como cooperativa que requiera especialización y formalidades, deberá observar toda la normativa que para tal efecto establezca la legislación aplicable.

Capítulo IV
De la disolución y liquidación

Artículo 85.- Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

I.- Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios;

II.- Por la disminución de socios a menos de lo establecido en esta Ley, conforme a su tipo;

III.- Porque llegue a consumarse su objeto;

IV.- Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones, y

V.- Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 86.- En el caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente.

Artículo 87.- Los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley, conocerán de la liquidación de las sociedades cooperativas.

La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas del contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad.

Artículo 88.- La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad o serán nombrados en la asamblea de disolución y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo.

Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades:

I.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución;

II.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;

III.- Vender los bienes de la sociedad;

IV.- Liquidar a cada socio su haber social;

V.- Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad.

El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio;

VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez concluida la liquidación.

Artículo 89.- En un plazo no mayor de treinta días después de que los liquidadores hayan tomado posesión de su cargo, presentarán a los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, un proyecto para la liquidación de la sociedad cooperativa.

Artículo 90.- Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, resolverán dentro de los diez días hábiles siguientes sobre la aprobación del proyecto.

Artículo 91.- Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y los liquidadores, vigilarán que los Fondos de Reserva y de Previsión Social y en general el activo de la sociedad cooperativa disuelta tengan su aplicación conforme a esta Ley.

Para el caso de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en una liquidación el capital propio de la sociedad estará prohibido distribuirse entre los socios supérstites y será distribuido en organismos de asistencia social, reconocidos por la autoridad.

Artículo 92. En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las Sociedades Cooperativas, los órganos jurisdiccionales que señala el Artículo 9 aplicarán la Ley de Concursos Mercantiles.

Título III

Capítulo I
De los organismos cooperativos

Sección I
De los Organismos Cooperativos de las
Sociedades Cooperativas de Producción y de Consumo

Artículo 93.- Las Sociedades Cooperativas de producción y de consumo se podrán agrupar libremente en Federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal.

Las disposiciones establecidas por esta Ley para las Sociedades Cooperativas, serán aplicables a los organismos cooperativos, salvo lo señalado en los artículos: 15 fracción V; 28; 30; 31; 39 fracciones IX y X; 41 párrafo segundo; 49 párrafo segundo; 54 párrafo segundo; 70; 72; 73; 74, 75; 76; 77 y 85 fracción II.

Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama de la actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica.

Artículo 94.- Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o federaciones de por lo menos diez entidades federativas.

Artículo 95.- El Consejo Superior del Cooperativismo es el órgano integrador del Movimiento Cooperativo Nacional; se constituirá con las confederaciones nacionales y con las instituciones u organismos de asistencia técnica al cooperativismo.

Artículo 96.- Independientemente de las asambleas generales de las confederaciones nacionales cooperativas, podrá convocar a Congresos Nacionales Cooperativos, el Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 97.- Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las federaciones y de las uniones; éstas a su vez, las de las confederaciones nacionales. Las funciones del Consejo Superior del Cooperativismo, serán definidas por sus integrantes, de acuerdo con esta Ley.

En sus bases constitutivas, que cumplirán con los aspectos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, se podrán incluir las siguientes funciones:

I.- Coordinar y defender los intereses de sus afiliados;

II.- Servir de conciliadores y árbitros cuando surjan conflictos entre sus agremiados. Sus resoluciones tendrán carácter definitivo, cuando las partes hayan convenido por escrito de común acuerdo en someterse a esa instancia;

III.- Promover y realizar los planes económicos sociales;

IV.- Promover acciones de apoyo ante las instituciones gubernamentales;

V.- Apoyar la celebración de cursos de educación cooperativa en todos los niveles;

VI.- Procurar la solidaridad entre sus miembros, y

VII.- Contratar trabajadores y/o integrar personal comisionado de los organismos integrantes, en los términos en que se acuerde.

Sección II
De los Organismos Cooperativos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 98.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se agruparán en los organismos cooperativos de integración y representación siguientes:

I. En Federaciones, y

II. En una Confederación Nacional.

Artículo 99.- Las Federaciones se constituirán con la agrupación voluntaria de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, fungiendo como los organismos cooperativos de integración y representación, de segundo grado.

Las Federaciones se integrarán con un mínimo de cinco y un máximo de cincuenta Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Artículo 100.- La Confederación se constituirá con la agrupación de todas las Federaciones de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, fungiendo como el organismo cooperativo nacional de integración y representación, de tercer grado, del sector cooperativo financiero.

La Confederación agrupará a todas las Federaciones y será órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y sus organismos cooperativos.

Artículo 101.- Las Federaciones y la Confederación, como organismos cooperativos de integración y representación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, serán instituciones, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adoptarán jurídicamente la naturaleza Cooperativa, sin fines lucrativos.

En cuanto a su constitución, organización y funcionamiento, les aplicará las disposiciones de la presente Ley en lo general, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 74 de esta Ley.

Artículo 102.- Las actividades de las Federaciones y la Confederación serán las propias de su objeto social y tendrán prohibido lo siguiente:

I. Realizar actividades políticas partidistas;

II. Invertir en el capital de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y

III. Afiliar a personas físicas o realizar operaciones de manera directa o indirecta con el público.
Artículo 103.- Las Federaciones y la Confederación, además de lo dispuesto en el Artículo 97 de la presente Ley, podrán realizar las siguientes funciones:

I. Fungir como representantes legales de sus organizaciones afiliadas, ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras;

II. Proporcionar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación;

III. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus organizaciones afiliadas, así como de sus dirigentes y empleados;

IV. Promover la homologación de manuales, procedimientos, reglamentos y políticas, así como sistemas contables e informáticos, entre sus organizaciones afiliadas, y

V. Llevar un registro de sus organizaciones afiliadas y publicarlo periódicamente por los medios que consideren más conveniente.

Artículo 104.- Las Federaciones y la Confederación, en su reglamento interior, al menos deberán definir lo siguiente:

I. Procedimiento general para la admisión, suspensión y exclusión de sus organizaciones afiliadas;

II. Los derechos y obligaciones de las organizaciones afiliadas;

III. Procedimiento general para determinar las cuotas que le deberán aportar las organizaciones afiliadas;

IV. Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre las organizaciones afiliadas;

V. El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de la información, y

VI. Los procedimientos aplicables para el caso de que las organizaciones afiliadas incumplan sus obligaciones.

Artículo 105.- La Confederación Nacional y las Federaciones de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, contarán al menos, con los siguientes órganos e instancias de dirección, administración y vigilancia:

I. Una Asamblea General;

II. Un Consejo Directivo;

III. Un Director General o Gerente General, y

IV. Un Consejo de Vigilancia.

Artículo 106.- La Asamblea General será el órgano supremo de la Federación y deberá integrarse con al menos un representante de cada una de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo afiliadas, con derecho a voz y voto, el cual será electo democráticamente entre sus Socios por un periodo de tres años, con posibilidad de una sola reelección.

La Federación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada Cooperativa afiliada el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socios y/o activos totales de cada Cooperativa y del total de la Federación. En ningún caso una Cooperativa podrá tener más de veinte por ciento del total de votos en la Asamblea de la Federación.

Para ser representante de la Sociedad Cooperativa ante la Asamblea General de la Federación será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como Socio de la Cooperativa y, preferentemente, ser dirigente o funcionario de primer nivel de la misma,

A las asambleas de las Federaciones deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación.

Artículo 107.- La Asamblea general será el órgano supremo de la Confederación y deberá integrarse con al menos un representante, con derecho a voz y voto, de cada una de las Federaciones afiliadas.

La Confederación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socios y/o activos totales de cada Federación y del total de la Confederación. En ningún caso una Federación podrá tener más del veinte por ciento del total de votos en la asamblea de la Confederación.

Para ser representante de la Federación ante la Asamblea General de la Confederación será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como Socio de una Cooperativa afiliada a la Federación y, preferentemente, ser dirigente o funcionario de primer nivel de la propia Federación o de alguna de sus Cooperativas afiliadas.

Artículo 108.- El Consejo Directivo de las Federaciones y la Confederación, según corresponda, será el órgano de gobierno responsable de la administración general y de los negocios, y de que se cumpla el objeto social del respectivo organismo cooperativo.

El Consejo Directivo de las Federaciones y de la Confederación estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince, quienes serán nombrados y en su caso, removidos por la Asamblea General del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, señala el Artículo 51 de esta Ley.

Los consejeros de las Federaciones y de la Confederación fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la respectiva Asamblea General. Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo Directivo, en las bases constitutivas de las Federaciones y de la Confederación, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros.

Para ser consejero de las Federaciones y de la Confederación será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como Socio de una Cooperativa.

El Consejo Directivo de las Federaciones y de la Confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo señalado en el Artículo 52 de la presente Ley.

Dichos consejos tendrán la representación de sus respectivos organismos cooperativos, así como, las facultades que determinen sus bases constitutivas, entre las cuales deberán considerarse al menos las siguientes:

I. Designar un director o gerente general;
II. Establecer las facultades de representación, y

III. Designar a uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especializadas que constituyan los propios Organismos.

Así mismo, el Consejo Directivo de las Federaciones y la Confederación podrán establecer, los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberán ajustarse sus órganos de dirección, administración y vigilancia a que se refieren los Artículos contenidos en este Sección.

Artículo 109.- El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación, según corresponda, será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno del organismo cooperativo, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación estará integrado por no menos de tres personas ni más de cinco, quienes serán nombrados y en su caso, removidos por la Asamblea General del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, señala el Artículo 51 de esta Ley.

Los miembros del Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la respectiva Asamblea General; para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de las Federaciones y la Confederación, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros.

Para ser miembro del Consejo de Vigilancia será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como Socio de una Cooperativa.

El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo señalado en el Artículo 57 de la presente Ley.

Artículo 110.- El director o gerente general de las Federaciones y de la Confederación, será nombrado por el respectivo Consejo Directivo del organismo cooperativo, debiendo someterlo a ratificación de su propia Asamblea General.

Las Federaciones y la Confederación, deberán establecer en sus bases constitutivas, los requisitos, facultades y obligaciones del director o gerente general, debiendo aplicar al menos lo señalado para los gerentes o directores generales de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, según lo establecido en los Artículos 59 y 60 de la presente Ley.

Artículo 111.- Para el sostenimiento y operación de las Federaciones y la Confederación, el respectivo Consejo Directivo determinará las cuotas que deban pagar cada una de las organizaciones afiliadas, tomando como base los procedimientos aprobados por la Asamblea en el respectivo reglamento interior de cada organismo cooperativo.

Título VI

Capítulo Unico
Del apoyo a las sociedades cooperativas

Artículo 112.- Los órganos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán, la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país.

Los órganos antes mencionados reconocerán como interlocutores y facilitarán las relaciones y supervisión en su caso para con los Organismos Cooperativos que reconoce esta Ley.

Artículo 113.- Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan.

Artículo 114.- En los programas económicos o financieros de los gobiernos, federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del consejo superior del cooperativismo.

Artículo 115.- Los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo.

Artículo 116.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

TRANSITORIOS DEL DECRETO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedará abrogada la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, así como todas sus modificaciones.

TERCERO. Las sociedades cooperativas que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en proceso de disolución o liquidación, continuarán dicho proceso de acuerdo a las disposiciones que se abrogan hasta su total terminación.

CUARTO. La Comisión de Hacienda y Crédito Público; y la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados contarán con un plazo de trescientos sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto; para realizarán las consultas y estudios necesarios a fin de lograr la actualización de la legislación y regulación en materia fiscal de las sociedades cooperativas, de acuerdo a la naturaleza social que ampara la Ley General de Sociedades Cooperativas que se expide.

SUSCRIBE

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

“El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los Artículos 26, 72 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“El Sector Social de la Economía no fue contemplado en la recientemente aprobada Reforma Hacendaria. Esta grave omisión ahonda aún más la profunda crisis por la que atraviesa el sector.

Igualmente grave es el hecho de que los miles de defraudados por Cajas de Ahorro fraudulentas sigan siendo ignorados por el Gobierno Federal.

La Reforma Hacendaria, publicada el 10 de enero del presente año, no sólo no robustece decididamente al Sector Social de nuestra Economía, procurándole un andamiaje jurídico propio a sus necesidades y naturaleza, sino que insiste más bien en homologarlo con el Sector Privado de la Economía; dándole un tratamiento injusto que atenta contra su carácter constitucional y que además, y esto es lo más grave, lo sitúa en un estado de franca inviabilidad.

Hoy las Cooperativas de Ahorro y Préstamo se encuentran en claro riesgo de desaparecer, cómo resultado de una herrada política del Gobierno Federal, mismo que se empeña en regularlas como si fueran bancos. Esta Reforma, al no contemplarlas debidamente, patentiza la falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza y necesidades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Nosotros, en el PRD, señalamos estas graves omisiones desde un inicio, manifestando como nuestra la irrenunciable convicción de defender al Sector Social de la Economía, en los términos dispuestos por el artículo 25 de nuestra Constitución Política.

A partir de esta preocupación, y en el marco de las negociaciones de la Reforma Hacendaria, el Gobierno Federal y los distintos Grupos Parlamentarios del Senado de la República asumieron el compromiso de coadyuvar en la modificación del actual marco normativo para las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

En este sentido, consideramos indispensable que en el periodo de sesiones que está por iniciar se concreten las modificaciones legales que le puedan garantizar a las Cooperativas de Ahorro y Préstamos un andamiaje jurídico acorde a su naturaleza y propio a sus necesidades; una normatividad que, más que inhibir a este sector, lo fortalezca y lo regule correctamente, protegiendo a los ahorradores y reivindicando además a quienes fueron víctimas de fraude.

Es decir, una acción de justicia social reivindicativa que mira a resolver el pasado, y, también, el impulso a la promoción de esta fuente de ahorro que por sus vínculos populares demanda vigorizarse en un marco de mayor protección.

El presente decreto contempla once leyes que se deben armonizar para realmente fortalecer al Sector Social de la Economía. Once leyes que deben ser modificadas con el objetivo de:

a. Que los plazos actuales para regularizar a las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo queden sin vigencia hasta en tanto no se aprueben las reformas para fortalecer al Sector Social

b. Cumplir con la obligación del Estado de apoyar al fortalecimiento del sector social de la economía. Sector que está basado en la solidaridad y la ayuda mutua.

c. Contemplar un esquema de regulación que esté acorde al modelo de negocio de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo; uno que en lugar de ser restrictivo incentive más bien su crecimiento para contribuir al financiamiento de los sectores que más lo requieren, y que son los que naturalmente atienden éstas organizaciones.

d. Tener un esquema de saneamiento y fortalecimiento para el sector cooperativo de ahorro y préstamo a fin de que pueda cumplir con la regulación que se proponga y que permita garantizar los ahorros y el patrimonio de sus socios.

e. Poner en concordancia un esquema tributario acorde al modelo de negocio no lucrativo de estas organizaciones.

f. Convertir al sector cooperativo de ahorro y préstamo en el brazo financiero del sector social y por ello en el dispersor natural de la banca de desarrollo.

De esta manera, y apoyando esta propuesta de modificaciones legales elaborada por la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX), un servidor, así como todo el Grupo Parlamentario del PRD, honra el compromiso asumido con el Gobierno Federal, y con los otros Grupos Parlamentarios, para subsanar las fallas y omisiones contenidas en la Reforma Financiera con respecto al Sector Social de la Economía. Nuestro inquebrantable compromiso con dotar a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo de un marco normativo fiel a su naturaleza, a su carácter social, además de garantizar justicia a los ahorradores defraudados.

La CONCAMEX integra a través de las federaciones a las cooperativas de ahorro y préstamo: organizaciones de carácter social que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, y que están dedicadas a ofrecer servicios financieros sin fines de lucro, de acuerdo a las definiciones contenidas en la Ley Para Regular Las Actividades De Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP).

Actualmente en la CONCAMEX, se encuentran afiliadas 20 federaciones que integran a 241 cooperativas, con 4.5 millones de socios (73% del sector), 72 mil millones de pesos en activos (80% del sector), y una cartera de 47 mil millones de pesos, que apoya el desarrollo económico de sus socios, quienes a través de sus micro y pequeñas empresas tienen un alto impacto en las economías de su región.

La propuesta de reformas a las leyes financieras que propone la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, pretende que el eje rector sea el reconocimiento pleno de la participación del sector social en el Sistema Financiero en México, a través de su figura más destacada que son las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Es de suma importancia que el marco jurídico mexicano contemple leyes particulares y especificas que doten de pleno derecho y participación de las cooperativas de ahorro y préstamo en la economía nacional.

El antecedente histórico del marco jurídico de las cooperativas en México data del código de comercio de 1889 que incluía a estas sociedades cooperativas entre las sociedades mercantiles, la cual contenía muchas imprecisiones, por ello fueron validas hasta 1927 en que fueron sustituidas por una ley especial cooperativa.

Posteriormente comprendido el Poder Ejecutivo Federal que el Congreso de la Unión no estaba autorizado para legislar plenamente en toda clase de cooperativas, solicito de este facultades extraordinarias que le fueron otorgadas el 6 de enero de 1933, con objeto de poder expedir la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que había sido encomendada a una comisión de técnicos. La citada ley, que se publico en el diario oficial de la federación el 12 de mayo del año 1933.

El 1935 como muestra de la importancia del movimiento cooperativo, en la Ciudad de México, surgió la Liga Nacional de Sociedades Cooperativas con más de 800 delegados, cuya principal función fue la defensa de los intereses generales del movimiento. El resultado desemboco en la promulgación de la tercera Ley General de Sociedades Cooperativas el 15 de febrero de 1938 que tuvo vigencia hasta la década de los noventa.

El 12 de octubre de 1951, surgió la primera caja popular del México moderno, a la cual se le dio el nombre de León XIII, a partir de esta surgieron muchas más por todo el país.

A pesar de su naturaleza cooperativista, las cajas populares no podían obtener jurídicamente la personalidad de cooperativa de ahorro y préstamo, ya que esta figura no existía en la antigua Ley de Sociedades Cooperativas promulgada desde 1938.

Debido al éxito y crecimiento de las cajas populares en México, se hizo necesario contar con una personalidad jurídica, que permitiera dar certeza sobre el manejo de las mismas para sus socios, y la figura de Asociación Civil fue la que adoptaron en su mayoría para este fin, siguiendo con los principios cooperativos.

A la par del desarrollo de las cajas populares en México, el legislador constitucional, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 03 de febrero de 1983, la que acorde a su exposición de motivos señaló: que dicha modificación tuvo por objeto el establecer los principios constitucionales del desarrollo económico nacional que corresponden al régimen de propiedad y las formas de relación del Estado y la sociedad que ella determina, así como con nuevos mecanismos de participación social que lleven a fortalecer el régimen democrático, un desarrollo equilibrado y formas más modernas de organización económica, dejando perfectamente plasmada en el artículo 25 Constitucional la necesidad de clasificar al sector económico de nuestro país en 3 grandes rubros:

a) El sector Público.- Siendo éste el encargado de la administración de las cuestiones públicas de nuestro país cuyas funciones corresponden a legislar, ejecutar y aplicar las leyes correspondientes dentro de los tres niveles de gobierno.

b) El sector Privado.- El cual no es otra cosa que la participación en la economía nacional de las personas físicas y morales cuyo principal objetivo es la búsqueda de un beneficio económico y lucrativo para sus fines primordiales.

c) El sector social.- El cual surge como consecuencia de una necesidad fundamental de proteger los derechos de quienes menos tienen, de aquellas clases sociales más débiles, como así lo determinó el legislador en el citado artículo 25 constitucional estableciendo en forma expresa que serían parte de dicha clasificación las organizaciones de trabajadores, las cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Esto, con el fin de preservar de ellos sus garantías sociales, tal como lo refiere el tratadista Ignacio Burgoa quien señala que:

“… el objeto de la garantía social consiste en que ésta es una medida jurídica de preservación de la clase trabajadora en general y de los trabajadores en particular (bajo el concepto económico de tales), los derechos que de relación jurídica respectiva se derivan y se originan a favor de los mencionados sujetos activos”.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa señala:

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución…

… Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

… Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios...”

Como se aprecia de lo anterior transcripción, el legislador determinó en dicho numeral que el sector social de la economía estaría integrado por: los ejidos, organizaciones de trabajadores, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, cooperativas y en general a todas las formas de organización social para la producción y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, es decir, en dicho cuerpo normativo se estableció que la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas (entre otras) sería de tipo social, diferenciándola de los sectores públicos y privado del cual se desprende la materia mercantil, por tal razón podemos comenzar a esbozar el señalamiento de que las cooperativas son de naturaleza social y no mercantil como lo advierte la corriente filosófica analizada en el capítulo respectivo.

No obstante a la reforma del artículo 25 constitucional, en la cual ya se definía la naturaleza social de las cooperativas, el 27 de Diciembre de 1991 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP’S), en el cual se obligaba a las Cajas Populares a convertirse en sociedades anónimas, obtener una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar, y además eran consideradas por este decretó como intermediarios financieros. Este fue el primer intento por regular a las cajas populares o cooperativas como intermediarios financieros, lo cual atentaba contra su carácter eminentemente social.

A raíz de la expedición del decreto de 1991, el sector de cajas populares se inconformo por todo el país, manifestando su rechazo a la regulación de tipo financiera que se pretendió imponer, y a la cual solo se acogieron un número reducido de cajas por su libre decisión.

El 3 de agosto de 1994 fue emitida la Ley General de Sociedades Cooperativas, que sustituía a la vigente desde 1938. Fue recibida con entusiasmo por las cajas populares, pues por fin fue reconocida su existencia jurídica como cooperativas y en ella se respeto su naturaleza social. Se les reconoció como cooperativas de consumo y se les permitió hacer actividades de ahorro y préstamo. En los siguientes años, se transformaron muchísimas cajas populares que estaban constituidas como Asociaciones Civiles, para ser reconocidas como Cooperativas.

No fue, sino hasta el 4 de Junio de 2001, que se modificó la Ley General de Sociedades Cooperativas, donde se reconoció plenamente una clase especifica de cooperativas, denominada Cooperativas de Ahorro y Préstamo, como se conocen actualmente. Al mismo tiempo surgió una nueva ley para regular a las cooperativas de ahorro y préstamo denominada Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual de nueva cuenta tenía como objetivo regularlas como intermediarios financieros, atentando de nueva cuenta con la naturaleza social y no lucrativa de las cooperativas, por lo cual fue derogada posteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, así como por la necesidad de seguir profundizando y redefiniendo el derecho cooperativo y el reconocimiento de la participación del sector social en el Sistema Financiero en México, es que se somete a su consideración las siguientes propuestas que pretenden enriquecer la reforma financiera planteada por el Gobierno Federal en el marco del pacto por México.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, LA LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA, LA LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL, EL CODIGO DE COMERCIO, LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORESY LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2 fracción IV; 3, 4, 5, 7, 8, 11 fracción II, III, IV, V, V Bis, VI, VII, VII, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, 12, 13,15, 22 fracción I, IV, XXV, 32, 33, 34, 35 fracción III, IV, TITULO CUARTO, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA INFORMACION A USUARIOS O SOCIOS ; 47, 49 fracción I, II y III, 50 primer párrafo y fracción I, II, III y V párrafo tercero, 51, 52 primero y tercer párrafo; 53, 54, 55, 56 primero y segundo párrafo, 59 ¿Bis 1 primero, segundo y tercer párrafo, 60 primer párrafo, 61 primer párrafo, 63 primer párrafo, fracción IV y VI párrafo segundo y tercero, 65, primero y segundo párrafo, 67 párrafo primero y segundo, 68 fracciones II y III, primero y segundo párrafo, V, VI, VII, segundo, cuarto, quinto párrafo; VIII, X primero y tercer párrafo, 68 primer párrafo, 68 Bis 1 fracción III, 69 primer párrafo, 84 primer párrafo, TITULO SEXTO DE LA DEFENSA DE LOS USUARIOS O SOCIOS . CAPITULO UNICO DE LA ORIENTACION JURIDICA Y DEFENSA LEGAL DE LOS USUARIOS O SOCIOS, 85 primer párrafo, 86, 87, 88, 89 primer párrafo, 90 fracciones I, II, III, IV y VII, 92, 92 Bis 1, 94 fracciones I, II y III primer párrafo, IV, IV Bis, V, VI, primer párrafo, VII, VIII, XI, XII, XIII primero, segundo y tercer párrafo, 96, 97 segundo párrafo fracción VI segundo párrafo. Se ADICIONAN los artículos 2º. Fracción I Bis, IV Bis, IV Bis 1, 49 Bis y 50 párrafo cuarto de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 2º.-…

I.-…

I Bis.- Socio: en singular o plural, a las personas físicas que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;

II.-…              

III.-…            

         IV.- Entidad: en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, PENSIONISSSTE, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios.

IV.- Bis. Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, a las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y a las Entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público;

IV.- Bis 1. Entidad del sector Social: a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que operan únicamente con Socios y sin fines de lucro.

V.- a IX.-…   

Artículo 3º.- Esta Ley es de orden público, interés social, de aplicación estricta y de observancia en toda la República, de conformidad con los términos y condiciones que la misma establece. Los derechos que otorga la presente Ley son irrenunciables.

Artículo 4º.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios o Socios, estará a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios o Socios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal, y sus Delegaciones Estatales que se consideran una extensión de dicho domicilio.

La protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional, tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios o Socios y las Entidades, otorgando a los primeros, elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.

Artículo 5º. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios o Socios frente a las Entidades, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Entidades, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios o Socios en la prestación de los servicios financieros ofrecidos por las mismas a éstos.

Tratándose de Entidades del Sector Social, la Comisión será competente en los términos de este artículo, cuando se trate de conflictos relacionados con la prestación de los servicios que ofrezcan a sus Socios, en caso de reclamación sobre derechos societarios que éstos tienen hacia sus organizaciones, se apegarán a lo dispuesto por las legislaciones correspondientes.

La Comisión Nacional procurará el establecimiento de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes.

Las Instituciones Financieras por conducto de sus organismos de representación o por sí solas colaborarán con la Comisión Nacional en la elaboración de los programas educativos a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 6º.- …

Artículo. 7º.- Son de aplicación supletoria a la presente Ley, según el tipo de Entidad de que se trate, los ordenamientos que a continuación se indican:

I. La Ley de Instituciones de Crédito;

II. La Ley de Ahorro y Crédito Popular;

III. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;

IV. La Ley del Banco de México;

V. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros;

VI. La Ley Federal de Protección al Consumidor;

VII. El Código de Comercio;

VIII. El Código Civil Federal, y

IX. Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

X. Los usos y prácticas bancarias, mercantiles y cooperativos.

Artículo 8º.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las autoridades competentes y las Entidades establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás registros que corresponda llevar a otras autoridades.

Asimismo, La Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios o Socios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

Los usuarios o Socios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios o Socios, a través de los medios que establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada por las Instituciones Financieras.

Las Entidades del Sector Social, para efectos de la utilización de la información relativa a la base de datos de sus Socios con fines mercadotécnicos o publicitarios, se estarán a lo dispuesto por su estatutos y reglamentos internos que para tal efecto emitan.

Las Entidades, independientemente de lo preceptuado en el presente artículo, se apegarán a lo dispuesto por lo que señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Artículo 11.-…

I. Atender y resolver las consultas que le presenten los Usuarios o Socios, sobre asuntos de su competencia;

II.     Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los Usuarios o Socios, sobre los asuntos que sean competencia de la Comisión Nacional;

III.   Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario o Socio y en los términos previstos en esta Ley, así como entre una Entidad y varios Usuarios o Socios, exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos Usuarios o Socios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley, así como emitir dictámenes de conformidad con la misma.

IV.    ….

IV Bis.             …

V.  De conformidad con lo señalado por el artículo 86 de esta Ley, procurar, proteger y representar individualmente los intereses de los Usuarios o Socios, en las controversias entre éstos y las Entidades mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, con motivo de operaciones o servicios que los primeros hayan contratado por montos inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión.

V Bis.- Ejercitar la acción colectiva o asumir la representación de la colectividad de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren los derechos e intereses de una colectividad de Usuarios o Socios.

VI. Promover y proteger los derechos del Usuario o Socio, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre Entidades y Usuarios o Socios;

VII. Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera para lograr una relación equitativa entre las Entidades y los Usuarios o Socios, así como un sano desarrollo del sistema financiero mexicano;

VIII. …

IX.    Emitir recomendaciones a las Entidades que permita dar cumplimiento del objeto de esta Ley y de la Comisión Nacional, así como para el sano desarrollo del sistema financiero mexicano;

X. …

XI.    Concertar y celebrar convenios con las Entidades, así como con las autoridades federales y locales con objeto de dar cumplimiento a esta Ley. Los convenios con las autoridades federales podrán incluir, entre otros aspectos, el intercambio de información sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, Unidades Especializadas de atención a Usuarios o Socios, productos y servicios financieros;

XII.  Elaborar estudios de derecho comparado relacionados con las materias de su competencia, y publicarlos para apoyar a los Usuarios o Socios y a las Entidades.

XIII.-…

XIV. Proporcionar información a los Usuarios o Socios relacionada con los servicios y productos que ofrecen las Entidades, y elaborar programas de difusión con los diversos beneficios que se otorguen a los Usuarios o Socios;

XV.  Analizar y, en su caso, autorizar, la información dirigida a los Usuarios o Socios sobre los servicios y productos financieros que ofrezcan las Entidades, cuidando en todo momento que la publicidad que éstas utilicen sea dirigida en forma clara, para evitar que la misma pueda dar origen a error o inexactitud;

XVI. Informar al público sobre la situación de los servicios que prestan las Entidades y sus niveles de atención, así como de aquellas Entidades que presentan los niveles más altos de reclamaciones por parte de los Usuarios o Socios. Esta información podrá incluir la clasificación de Entidades en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus productos y servicios;

XVII. Orientar y asesorar a las Entidades sobre las necesidades de los Usuarios o Socios;

XVIII. Revisar y, en su caso, proponer modificaciones a los contratos de adhesión utilizados por Entidades para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios, en caso de que incumplan con las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión Nacional;

XIX. Revisar y, en su caso, proponer a las Entidades, modificaciones a los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios o Socios sobre el estado que guardan las operaciones o servicios contratados;

XX. Solicitar la información y los reportes de crédito necesarios para la substanciación de los procedimientos de conciliación y de arbitraje a que se refiere esta Ley. Para todos los efectos legales, la sola presentación de la reclamación por parte del Usuario o Socios, faculta a la Comisión Nacional para exigir la información relativa.

XXI.- a XXVI.-…        

Asimismo, denunciar ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas y asistir al Usuario o Socios que pretenda coadyuvar con el Ministerio Público, cuando a juicio de la Comisión Nacional sea víctima u ofendido por algún delito derivado de la contratación de productos o servicios financieros, cometido por las Entidades, sus consejeros, directivos, funcionarios, empleados o representantes.

XXVII. Publicar en la página electrónica de la Comisión Nacional la información relativa a las comisiones que cobra cada Entidades, mismas que éstas previamente presentaron ante la Comisión y vigilar la evolución de las comisiones o cargos máximos y mínimos causados por las operaciones y servicios que presten las Entidades para darlos a conocer al público en general.

XXVIII.-…   

XXIX.-…       

XXX. Requerir a las Entidades que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios o Socios, así como publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional;

XXXI. Promover nuevos o mejores sistemas y procedimientos que faciliten a los Usuarios o Socios el acceso a los productos o servicios que presten las Entidades en mejores condiciones de mercado;

XXXII. Informar a los Usuarios o Socios sobre las acciones u omisiones de las Entidades que afecten sus derechos relacionados a la prestación de los servicios financieros, así como la forma en que las Entidades retribuirán o compensarán a los Usuarios o Socios;

XXXIII. Supervisar a las Entidades en relación a las normas de protección al Usuario o Socios de servicios financieros cuando tal atribución le esté conferida en las leyes relativas al sistema financiero;

XXXIV. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación a que se sujetarán las Entidades, cuando tal atribución le esté conferida en las leyes del sistema financiero, debiendo atender a la naturaleza jurídica de la Entidad a regular.

La Comisión al emitir las disposiciones de carácter general para la regulación las Entidades, se apegará a los usos y costumbres de los organismos de acuerdo a su naturaleza.

En lo relativo a las Entidades del Sector Social, la Comisión deberá tomar en consideración la opinión del organismo de consulta y colaboración del gobierno para la implementación de políticas públicas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, denominada Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, como organismo de consulta quien contará con un plazo de 20 días hábiles para realizar las observaciones conducentes, contados a partir de la notificación para la solicitud de su opinión.

XXXV. Expedir disposiciones de carácter general en las que se establezca la información que deberán proporcionarle periódicamente las Entidades en el ámbito de sus atribuciones, cuando así lo prevean las leyes relativas al sistema financiero;

XXXVI. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia de protección al Usuario o Socio, en el ámbito de su competencia;

XXXVII. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el sistema financiero, que las Entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los Usuarios o Socios;

XXXVIII. Imponer sanciones administrativas en el ámbito de su competencia por infracciones a las leyes que regulan las actividades de las Entidades, sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas;

XXXIX.-…

XL.   Elaborar y publicar estadísticas relativas a las Entidades y mercados financieros, en el ámbito de su competencia;

XLI.- y XLII.-…          

Artículo 12.- …

Artículo 13.- La Comisión Nacional deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozca con motivo de su objeto, relacionada con los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones llevadas a cabo por las Entidades. Solamente en el caso de que dicha información o documentos sean solicitados por la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte, la Comisión Nacional estará legalmente facultada para proporcionarlos.

Artículo 15.- La Comisión Nacional y sus servidores públicos, según sea el caso, estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que se causen en caso de revelación del secreto bancario, cooperativo, fiduciario o bursátil, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 22.- Corresponde a la Junta:

I.-     Determinar y aprobar las bases y criterios conforme a los cuales, la Comisión Nacional considere que deba brindar defensoría legal gratuita a los Usuarios o Socios;

II.- y III.-…  

IV.- a XXIV.-…           

XXV. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, Entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional, así como a las disposiciones que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el Presidente, así como en otros servidores públicos de la Comisión Nacional, considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las multas. A propuesta del Presidente de la Comisión Nacional, las multas administrativas podrán ser condonadas parcial o totalmente por la Junta de Gobierno.

Artículo 32.- Como auxiliar de la Comisión Nacional, funcionarán un Consejo Consultivo Nacional para la Protección de los Intereses de los Usuarios o Socios, así como los demás Consejos Consultivos Regionales, Estatales o Locales que, en su caso, considere necesario la Junta.

Artículo 33.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por el Presidente quien lo presidirá, así como por dos representantes de la Secretaría, un representante por cada una de las Comisiones Nacionales, tres representantes de las Instituciones Financieras y tres más de los Usuarios o Socios.

Los Consejos Consultivos Regionales estarán integrados por los Delegados Regionales o, en su caso, Estatales de la Comisión Nacional, así como por los demás miembros que acuerde el Consejo Consultivo Nacional y por los representantes de los Usuarios o Socios y de las Entidades que sean necesarios para el desempeño de las funciones específicas.

Artículo 34.- El Consejo Consultivo Nacional sesionará por lo menos dos veces al año; los Consejos Consultivos Regionales, Estatales o Locales que en su caso instale la Junta, sesionarán por lo menos una vez al año. El Presidente o el Delegado, según corresponda, podrán invitar a las sesiones de trabajo de los Consejos Consultivos, a las asociaciones de Entidades y a las organizaciones de Usuarios o Socios, directamente vinculadas con el tema de la sesión.

Artículo 35.-...

I.- y II.-…

III. Opinar sobre el establecimiento de criterios para orientar la protección y defensa de los derechos de los Usuarios o Socios;

IV. Opinar ante la Comisión Nacional en cuestiones relacionadas con las políticas de protección y defensa a los Usuarios o Socios, así como sobre las campañas publicitarias que la Comisión Nacional emprenda, con el fin de fomentar una cultura financiera entre la población;

V.- a VII.-…

TITULO CUARTO
DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA INFORMACION A LOS USUARIOS O SOCIOS

CAPITULO I
DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 47.- Las autoridades financieras que tengan a su cargo otorgar las autorizaciones para el funcionamiento y operación de las Entidades, deberán dar aviso a la Comisión Nacional del otorgamiento de tales autorizaciones para el registro de éstas, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. También deberán informar a la Comisión Nacional de la revocación de dichas autorizaciones, así como de la fusión, escisión, transformación o liquidación de las Entidades, para lo cual contarán con un plazo igual al anteriormente señalado.
Independientemente de lo anterior, las autoridades competentes, la Secretaría, las Comisiones Nacionales y las Entidades, deberán proporcionar a la Comisión Nacional, la información adicional que ésta les solicite y que sea necesaria para establecer y mantener actualizado el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

Artículo 49.-…

I. Copia de la escritura constitutiva de la Entidad y sus reformas o modificaciones;

II. Copia del documento que acredite a los administradores o a los representantes legales de la Entidad, y

III. Copia de la autorización expedida por la autoridad competente, para operar como Entidad, de los documentos en los que conste el cambio de denominación o de domicilio social, su fusión, escisión o transformación o la revocación o liquidación de la misma, así como de cualquier acto que, a juicio de la Comisión Nacional, pudiera afectar de manera sustancial la operación o funcionamiento de la Entidad.

Artículo 49 bis.- Respecto del registro que deberán llevar a cabo las Entidades del Sector Social del que habla el artículo 46 de la presente Ley, las cooperativas de nivel básico, la Comisión las deberá registrar de acuerdo al listado que emita para tales efectos el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

Artículo 50.- La cancelación del registro como Entidad únicamente procederá con la revocación, que emita la autoridad competente, de la autorización para operar como Entidad.

Artículo 50 Bis.- Cada Entidad deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios o Socios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

I. El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Entidad al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;

II. Contará con personal en cada entidad federativa en que la Entidad tenga sucursales u oficinas;

III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las Entidades;

IV. Deberá responder por escrito al Usuario o Socio dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones, y

V.-…

...

Las Entidades deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los Usuarios o Socios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Entidad de que se trate o ante la Comisión Nacional.

En el caso de las Entidades del Sector Social con nivel de operación I y II para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, bastará con que cuenten con una persona responsable para la atención y seguimiento de las consultas y reclamaciones de los Socios.

Artículo 51.- Con objeto de crear y fomentar entre los Usuarios o Socios una cultura adecuada del uso de las operaciones y servicios financieros, la Comisión Nacional se encargará de difundir entre los mismos la información relativa a los distintos servicios que ofrecen las Entidades, así como de los programas que se otorguen en beneficio de los Usuarios o Socios.

Artículo 52.- A efecto de cumplir con el objetivo señalado en el artículo anterior, la Comisión Nacional podrá solicitar a las Entidades, la información referente a las características generales de los distintos productos, tasas de interés y, en general, sobre los servicios que se ofrecen a los Usuarios o Socios.

La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, determinará la forma y términos en que se hará del conocimiento de los Usuarios o Socios los resultados de las solicitudes que sean formuladas con motivo de lo establecido por este artículo. En la emisión de dichas reglas respetará la modalidad de operación de las Entidades.

Artículo 53.- Las Entidades deberán proporcionar la información que les solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto en los términos y plazos que ésta señale, en caso contrario, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley.

Artículo 54.- La Comisión Nacional informará al Público, sobre los índices de reclamaciones que se presenten ante ella, en contra de cada una de las Entidades. La información será global, sin identificar a los Usuarios o Socios involucrados.

Artículo 55.- De igual forma, la Comisión Nacional podrá proporcionar información a las Entidades relacionada con las reclamaciones por parte de los Usuarios o Socios, acerca de los servicios que aquéllos les ofrecen, así como de las necesidades de nuevos productos que pudieran solicitar dichos Usuarios o Socios.

Artículo 56.- Como una medida de protección al Usuario o Socios, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá a las Entidades, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.

Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por la Entidad, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios o Socios

Artículo 56 Bis.- Los contratos de adhesión que utilicen las Entidades para la celebración de operaciones con Usuarios o Socios, en adición a los requisitos a los que están sujetos conforme a ésta y, en su caso, otras leyes, no deberán contener cláusulas abusivas.

Las disposiciones referidas en el párrafo anterior podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones de los contratos de adhesión, excepto tasas de interés, comisiones, o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por una Entidad por la operación de que se trate. Dichas disposiciones no podrán oponerse a las demás disposiciones o reglas que emitan otras autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.

En los casos de comisiones y otros conceptos que impliquen contraprestación recibida por una Institución Financiera por la operación de que se trate, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional emitirá opinión sobre éstas, misma que se publicará a través del Buró de Entidades Financieras.

Las Entidades a petición de un Usuario o Socio deberán modificar los contratos de adhesión que hubiera celebrado con éste, a fin de eliminar las cláusulas que en términos de este artículo la Comisión Nacional haya ordenado suprimir.

Artículo 57.- La revisión que, en su caso, se haga de los contratos de adhesión, tendrá por objeto determinar que se ajusten a los ordenamientos correspondientes y a las disposiciones emitidas conforme a ellos, así como verificar que dichos documentos no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a los Usuarios o Socios conocer claramente el alcance de las obligaciones de los contratantes.

Artículo 58.- De igual forma, la Comisión Nacional podrá ordenar a las Entidades que le informen sobre las características de las operaciones que formalicen con contratos de adhesión, a efecto de que éste pueda informar a los Usuarios o Socios sobre dichas características.

Artículo 59.- Asimismo, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá modificaciones a los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios o Socios sobre el estado que guardan las operaciones relacionadas con el servicio que éste haya contratado con las Entidades, en términos de lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 59-Bis.- Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 57, 58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de contratos de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios o Socios sobre el estado que guarda la operación o servicio que éste haya contratado con las Entidades, así como la publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los elementos de que disponga.

Cuando derivado de las reclamaciones presentadas por los Usuarios o Socios de servicios financieros, la Comisión Nacional detecte deficiencia de alguna operación o servicio financiero, lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional supervisora correspondiente.

Artículo 59 Bis 1.- La Comisión Nacional podrá realizar todas las acciones necesarias para tratar de resolver las controversias que se le plantean, antes de iniciar con los Procedimientos previstos en el Título Quinto de esta Ley, para lo cual gestionará ante las Entidades los asuntos de los Usuarios o Socios, usando para ello cualquier medio de comunicación y proponiendo soluciones concretas a fin de lograr un arreglo pronto entre las partes.

De haberse logrado un arreglo entre el Usuario o Socio y la Entidades, la Comisión Nacional deberá asentar en un acuerdo los compromisos adquiridos, y dejando constancia en el mismo que la Entidad acreditó el cumplimiento a lo acordado.

Artículo 60.- La Comisión Nacional está facultada para actuar como conciliador entre las Entidades y los Usuarios o Socios, con el objeto de proteger los intereses de estos últimos.

Artículo 61.- La Comisión Nacional no conocerá de las reclamaciones por variaciones de las tasas de interés pactadas entre el Usuario o Socio y la Entidad, cuando tales variaciones sean consecuencia directa de condiciones generales observadas en los mercados.

Artículo 63.-…

I.- a III.-…    

IV.    Nombre de la Entidad contra la que se formula la reclamación. La Comisión Nacional podrá solicitar a la Secretaría y a las Comisiones Nacionales los datos necesarios para proceder a la identificación de la Entidad, cuando la información proporcionada por el Usuario o Socios sea insuficiente, y

V.-…

La Comisión Nacional estará facultada para suplir la deficiencia de las reclamaciones en beneficio del Usuario o Socio.

Las reclamaciones podrán ser presentadas de manera conjunta por los Usuarios o Socios que presenten problemas comunes con una o varias Entidades, debiendo elegir al efecto uno o varios representantes formales comunes.

Artículo 64.- …

Artículo 65.- Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen, o en su caso, a partir de la negativa de la Entidad a satisfacer las pretensiones del Usuario o Socio, o, en caso de que se trate de reclamaciones por servicios no solicitados, a partir de que tuvo conocimiento del mismo.

La reclamación podrá presentarse por escrito o por cualquier otro medio, a elección del Usuario o Socio, en el domicilio de la Comisión Nacional o en cualquiera de las Delegaciones o en la Unidad Especializada o su equivalente a que se refiere el artículo 50 Bis de esta Ley, de la Entidades que corresponda.

Artículo 67.- La Comisión Nacional correrá traslado a la Entidad acerca de la reclamación presentada en su contra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el Usuario o Socio hubiera aportado, y señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.

La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar a la Entidad información, documentación y todos los elementos de convicción que considere pertinentes, siempre y cuando estén directamente relacionados con la reclamación.

Artículo 68.-…

I.- …

I Bis.-…         

II. La Entidad deberá, por conducto de un representante, rendir un informe por escrito que se presentará con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia de conciliación a que se refiere la fracción anterior;

III. En el informe señalado en la fracción anterior, la Entidad, deberá responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, en caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos los efectos legales a que haya lugar;

La Entidad deberá acompañar al informe, la documentación, información y todos los elementos que considere pertinentes para sustentarlo, no obstante, la Comisión Nacional podrá en todo momento, requerir a la Entidad la entrega de cualquier información, documentación o medios electromagnéticos que requiera con motivo de la reclamación y del informe;

IV.-…             

V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore la procedencia de las pretensiones del Usuario o Socio con base en los elementos con que cuente o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de la emisión del dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis.

VI.    La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del Usuario o Socios, en la audiencia de conciliación correspondiente o dentro de los diez días hábiles anteriores a la celebración de la misma, podrá requerir información adicional a la Entidad, y en su caso, diferirá la audiencia requiriendo a la Entidad para que en la nueva fecha presente el informe adicional;

VII.-….          

En el supuesto de que la Entidad no asista a la junta de conciliación, se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una sanción pecuniaria.

La solicitud se hará del conocimiento de la Entidad para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles.

Si la Entidad no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá el dictamen con los elementos que posea.

VIII. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la resolución de la reclamación, el mismo se hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante. En todo momento, la Comisión Nacional deberá explicar al Usuario o Socio los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar explicación el Usuario o Socio decide aceptar el acuerdo, éste se firmará por ambas partes y por la Comisión Nacional, fijándose un término para acreditar su cumplimiento. El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución;

IX.-…

X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Comisión Nacional levantará el acta respectiva. En el caso de que la Entidad no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constancia de la negativa.

         …

         …

         …

El registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda, será obligatoria para el caso de que la Comisión Nacional emita el dictamen a que hace referencia el artículo 68 Bis de la presente Ley. Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende, a juicio de la Comisión Nacional, la improcedencia de las pretensiones del Usuario o Socio, ésta se abstendrá de ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda.

XI.-…             

Artículo 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del Usuario o Socio, un acuerdo de trámite que contenga el dictamen, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea válida, cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante la que la Entidad podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

Artículo 68 Bis 1.-…

I.- y II.-…      

III.   Nombre y domicilio de la Entidad y del Usuario o Socio;

IV.- a VI.-…

Artículo 69.- En el caso de que el Usuario o Socio no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha fijada para su celebración justificación de su inasistencia, se le tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Comisión Nacional por los mismos hechos, debiendo levantarse acta en donde se haga constar la inasistencia del Usuario o Socio.

Artículo 70.- En caso de que la Entidad incumpla con cualquiera de las obligaciones derivadas del convenio de conciliación, la Comisión Nacional ordenará a la Entidad correspondiente que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación, o en su caso, como reserva en términos de lo establecido en el artículo 68 fracción X.

Artículo 72.- Las Entidades podrán cancelar el pasivo o reserva, cuando haya sido decretada la caducidad de la instancia, la preclusión haya sido procedente, la excepción superveniente de prescripción proceda o exista sentencia que haya causado ejecutoria en la que se absuelva a la Institución. También podrá cancelarla cuando haya efectuado pago con la conformidad del Usuario o Socio.

Artículo 77.- Quien funja como árbitro, después de analizar y valorar las pruebas y alegatos aportados por las partes, emitirá un laudo que resolverá la controversia planteada por el Usuario o Socio.

Artículo 84.- Para verificar el cumplimiento de los laudos, la Comisión Nacional requerirá al director general o al funcionario que realice las actividades de éste, para que compruebe dentro de las setenta y dos horas siguientes, haber pagado o restituido el servicio financiero demandado, en los términos del artículo 81, las prestaciones a que hubiere sido condenada la Entidad; en caso de omitir tal comprobación, la Comisión Nacional impondrá a la propia Entidad una multa que podrá ser hasta por el importe de lo condenado o bien la establecida en el artículo 94, fracción VII y requerirá nuevamente a dicho funcionario para que compruebe el cumplimiento puntual dentro de los quince días hábiles siguientes. Si no lo hiciere, se procederá en términos del artículo 81 y, en su caso, resultarán aplicables las disposiciones relativas a desacato de una orden judicial.

ARTICULO 84 Bis.- …

A través del Sistema Arbitral en Materia Financiera, las Entidades podrán otorgar al público usuario o Socio la facilidad de solucionar mediante arbitraje controversias futuras sobre operaciones y servicios previamente determinados. Dichas determinaciones serán hechas del conocimiento público, a través de los medios que esta Ley prevé, las cuales constituirán ofertas públicas.

ARTICULO 84 Ter.- Las ofertas públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera que emitan las Entidades para la solución de controversias futuras originadas por operaciones o servicios contratados con los Usuarios o Socios, se inscribirán en el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral, que tendrá a su cargo la Comisión Nacional.

Las solicitudes de registro que efectúen las Entidades deberán contener:

I.       …

II.     …

         …

III.   …

La Comisión Nacional entregará la constancia y distintivo del registro a la Entidad, cuyas características y modalidades para su empleo se establecerán en los lineamientos que expida.

La lista de las Entidades inscritas se divulgará en el portal de internet de la Comisión Nacional y, por otros medios de comunicación.

Artículo 84 Quáter.- …

a)      …

b) Cuando se trate de Entidades que sean declaradas en concurso mercantil, en liquidación administrativa, o haya sido revocada su autorización.

Artículo 84 Quinquies.- …

Como excepción a lo señalado en el párrafo anterior, y a petición de la Entidad, el Comité Arbitral Especializado únicamente se integrará por árbitros independientes, que serán elegidos del registro de árbitros que para tal efecto lleve la Comisión Nacional, de conformidad con los lineamientos que expida la propia Comisión Nacional, a través de su Junta de Gobierno.

Los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior establecerán las reglas de funcionamiento del Comité Arbitral Especializado integrado por árbitros independientes, incluidas la conformación del padrón de los mismos, los requisitos de independencia así como la forma en que las Entidades integrarán el fondo que se constituiría para el pago de los costos que genere dicho Comité.

TITULO SEXTO
DE LA DEFENSA DE LOS USUARIOS O SOCIOS.

CAPITULO UNICO
DE LA ORIENTACION JURIDICA Y DEFENSA LEGAL DE LOS USUARIOS O SOCIOS.

Artículo 85.- La Comisión Nacional podrá, atendiendo a las bases y criterios que apruebe la Junta, brindar defensoría legal gratuita a los Usuarios o Socios.

Artículo 86.- Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Nacional contará con un cuerpo de Defensores que prestarán los servicios de orientación jurídica y defensoría legal, únicamente a solicitud del Usuario o Socio.

Artículo 87.- Los Usuarios o Socios que deseen obtener los servicios de orientación jurídica y defensoría legal, están obligados a comprobar ante la Comisión Nacional que no cuentan con los recursos suficientes para contratar un defensor especializado en la materia que atienda sus intereses.

Artículo 88.- En caso de estimarlo necesario, la Comisión Nacional podrá mandar practicar los estudios socioeconómicos que comprueben que efectivamente, el Usuario o Socio no dispone de los recursos necesarios para contratar un defensor particular. En el supuesto de que, derivado de los estudios, el Usuario no sea sujeto de la orientación jurídica y defensoría legal, la Comisión Nacional podrá orientar y asesorar, por única vez, al Usuario o Socio para la defensa de sus intereses. Contra esta resolución no se podrá interponer recurso alguno.

Artículo 89.- Para el efecto de que la Comisión Nacional esté en posibilidad de entablar la asistencia jurídica y defensa legal del Usuario o Socio, es obligación de este último presentar todos los documentos e información que el Defensor designado por la Comisión Nacional le señale. En caso de que alguna información no pueda ser proporcionada, el Usuario o Socio estará obligado a justificar su falta.

Artículo 90.-…

I. Desempeñar y prestar los servicios de orientación jurídica y defensoría legal, con la mayor atingencia y profesionalismo en beneficio de los Usuarios o Socios;

II. Hacer uso de todos los medios a su alcance, de acuerdo con la legislación vigente, para lograr una exitosa defensa de los Usuarios o Socios;

III. Interponer todos los medios de defensa que la legislación vigente le permita en aras de la defensa de los Usuarios o Socios;

IV. Ofrecer todas las pruebas que el Usuario le haya proporcionado, así como aquéllas que el propio Defensor se allegue, a fin de velar por los intereses de los Usuarios o Socios;

V.-y VI.-…

VII.  En general, llevar a cabo todas aquellas acciones que coadyuven a la mejor orientación jurídica y defensa legal de los Usuarios o Socios.

Artículo 92.- Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad de Usuarios o Socios, la Comisión Nacional, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho Código.

Artículo 92 Bis.-…

La supervisión de las Entidades tendrá por objeto procurar la protección de los intereses de los Usuarios o Socios.

La inspección se efectuará a petición de la Comisión Nacional por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de visitas en las instalaciones de las Entidades, para comprobar el cumplimiento de normas cuya supervisión se encuentre expresamente conferida a la Comisión Nacional.

La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas de cumplimiento forzoso para las Entidades, tendientes a eliminar irregularidades.

Artículo 92 Bis 1. Las Entidades sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional respecto del cumplimiento de esta Ley, así como de otras Leyes en las que expresamente se le confiera tal supervisión, estarán obligadas a proporcionarle la información que la misma estime necesaria, en el ámbito de su competencia, en la forma y términos que les señale, así como a permitir el acceso de la Comisión Nacional a sus oficinas, locales y demás instalaciones, cuando proceda.

Artículo 92 Bis 3.- Las Entidades por conducto de su director general o equivalente y con la opinión de la persona o área que ejerza las funciones de vigilancia de la propia Entidad, podrán someter a la autorización de la Comisión Nacional un programa de autocorrección cuando la Institución Financiera de que se trate, en la realización de sus actividades, o la persona o área que ejerza las funciones de vigilancia como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley.

I.       …

         …

II.     …

III.   …

Artículo 92 Bis 4.- Los programas de autocorrección a que se refiere el artículo 92 Bis 3 de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional. Adicionalmente, deberán ser firmados por la persona o área que ejerza las funciones de vigilancia de la propia Entidad, y ser presentados al consejo de administración u órgano equivalente en la sesión inmediata posterior a la solicitud de autorización presentada a la Comisión Nacional. Igualmente, deberá contener las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se hayan considerado contravenidas; las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento cometido, así como señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la Entidad para corregir la irregularidad o incumplimiento que motivó el programa.

En caso de que la Entidad requiera de un plazo para subsanar la irregularidad o incumplimiento cometido, el programa de autocorrección deberá incluir un calendario detallado de actividades a realizar para ese efecto.

Si la Comisión Nacional no ordena a la Entidad modificaciones o correcciones al programa de autocorrección dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, el programa se tendrá por autorizado en todos sus términos.

Cuando la Comisión Nacional ordene a la Entidad modificaciones o correcciones con el propósito de que el programa se apegue a lo establecido en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, la Entidad contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva para subsanar tales deficiencias. Dicho plazo podrá prorrogarse por única ocasión hasta por cinco días hábiles adicionales, previa autorización de la Comisión Nacional.

De no subsanarse las deficiencias a las que se refiere el párrafo anterior, el programa de autocorrección se tendrá por no presentado y, en consecuencia, las irregularidades o incumplimientos cometidos no podrán ser objeto de otro programa de autocorrección.

Artículo 92 Bis 5.- Durante la vigencia de los programas de autocorrección que hubiere autorizado la Comisión Nacional en términos de los artículos 92 Bis 3 y 92 Bis 4 anteriores, esta se abstendrá de imponer a las Entidades las sanciones previstas en esta Ley, por las irregularidades o incumplimientos cuya corrección contemplen dichos programas. Asimismo, durante tal periodo se interrumpirá el plazo de caducidad para imponer las sanciones, reanudándose hasta que se determine que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección.

La persona o área encargada de ejercer las funciones de vigilancia en las Entidades estará obligada a dar seguimiento a la instrumentación del programa de autocorrección autorizado, e informar de su avance tanto al consejo de administración y al director general como a la Comisión Nacional, en la forma y términos que establezca en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 92 Bis 4 de esta Ley. Lo anterior, con independencia de la facultad de la Comisión Nacional para supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento del programa de autocorrección.

Artículo 94.-…

I. Multa de 200 a 1000 días de salario, a Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, conforme al artículo 47 de esta Ley, y con multa de 50 a 100 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

II. Multa de 200 a 1000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 92 Bis 1 de esta Ley, y con multa de 50 a 100 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

III.   Multa de 500 a 2000 días de salario a la Institución Financiera, de 100 a 200 días a las Entidades del Sector Social con nivel de operación I y II y de 200 a 400 a las Entidades del Sector Social con nivel de operación III y IV, que no presente:

a).- a c).-….

IV. Multa hasta por el importe de lo reclamado por el Usuario o Socio, a la Institución Financiera que no comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, siempre que dicho importe sea menor a diez mil unidades de inversión; y para el caso de que el importe reclamado por el Usuario o Socio sea igual o superior al monto antes señalado, la sanción máxima será de diez mil unidades de inversión, a las Entidades del Sector Social la multa será en proporción de un 20% del monto de lo reclamado siempre que dicho importe sea menor a diez mil unidades de inversión; y para el caso de que el importe reclamado por el Usuario o Socio sea igual o superior al monto antes señalado, la sanción máxima será de dos mil unidades de inversión.

IV Bis. Multa de 300 a 1500 días de salario, a la Institución Financiera que no comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 de esta Ley cuando la reclamación presentada por el Usuario o Socio no refiera importe alguno, de 75 a 150 días a las Entidades del Sector Social con nivel de operación I y II y de 100 a 250 a las Entidades del Sector Social con nivel de operación III y IV

V. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 68 de esta Ley; de 100 a 200 días a las Entidades del Sector Social con nivel de operación I y II y de 200 a 400 a las Entidades del Sector Social con nivel de operación III y IV

VI.    Multa de 250 a 3000 días de salario, a la Institución Financiera, y con multa de 50 a 100 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 100 a 250 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

a).- y b.-…     

VII. Multa de 100 a 1000 días de salario, a la Institución Financiera, y con multa de 25 a 50 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 50 a 100 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV que no cumpla el laudo arbitral en el plazo establecido en el artículo 81 de esta Ley

VIII. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo previsto en el artículo 50 Bis de esta Ley con multa de 100 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV; y

IX.- y X.-…

XI. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que cobre cualquier comisión que no se haya reportado a la Comisión Nacional para su inserción en la Base de Datos de las Comisiones que cobren las Instituciones Financieras previstas en esta Ley. Para los efectos de la presente fracción, multa de 100 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

XII.  Multa de 250 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera o Entidad que envíe directamente o por interpósita persona cualesquiera publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las mismas Instituciones Financieras o Entidad a aquellos Usuarios o Socios que expresamente hayan solicitado que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo hayan pedido no ser molestados en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerles bienes, productos o servicios financieros o que estén inscritos en el Registro Público de Usuarios o Socios que no Deseen que su Información sea Utilizada para Fines Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en esta Ley. Para los efectos de la presente fracción, multa de 50 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 100 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

XIII. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que celebre cualquier convenio por el que se prohíba o de cualquier manera se restrinja a los Usuarios o Socios celebrar operaciones o contratar con otra Institución Financiera. Para los efectos de la presente fracción, multa de 100 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

XIV. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera, y multa de 100 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV que no atienda:

1. La orden de suspensión de la información dirigida a los Usuarios o Socios sobre los servicios y productos financieros que ofrezca, y

2. Las disposiciones de carácter general que la Comisión Nacional emita en términos de las fracciones XV, XVIII y XIX del artículo 11 de la Ley.

XV. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera, y multa de 100 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV que:

1. No modifique los contratos de adhesión utilizados para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios, en términos de la normatividad que resulte aplicable.

2. No modifique los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guardan las operaciones o servicios contratados, y

3. No modifique los contratos de adhesión que hubiera celebrado con sus Usuarios, a fin de eliminar cláusulas abusivas, a solicitud de éstos.

XVI. …

XVII. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera, y multa de 100 a 200 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IVque realice actividades que se aparten de las sanas prácticas y usos relativos al ofrecimiento y comercialización de las operaciones y servicios financieros de conformidad con las disposiciones de carácter general que la Comisión Nacional emita en términos de la fracción XLII del artículo 11 de la Ley.

Las Entidades que sean objeto de publicidad serán acreedoras a la misma sanción.

En caso de reincidencia, de conformidad con lo señalado por el artículo siguiente, la Comisión Nacional podrá sancionar a las Entidades con multa de hasta el doble de la originalmente impuesta.

Artículo 96.- Para poder imponer la multa que corresponda, la Comisión Nacional deberá oír previamente a la Entidad presuntamente infractora, dentro del plazo que fije la propia Comisión Nacional y que no podrá ser inferior a veinte días hábiles y tener en cuenta las condiciones económicas de la misma, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 97.- Las multas deberán ser pagadas por la Entidad sancionada, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Cuando como resultado de la interposición de algún medio de defensa la multa resulte confirmada total o parcialmente, su importe se actualizará en términos del Código Fiscal de la Federación y deberá ser cubierta dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que la autoridad competente le notifique al infractor la resolución definitiva. En caso de que las multas no sean cubiertas oportunamente por los infractores, se harán efectivas a través de la Secretaría.

Artículo 99.-…

El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto respectivo y deberá presentarse en cualquiera de las Delegaciones, las cuales deberán remitir de forma inmediata a la Junta, cuando el acto haya sido emitido por dicha Junta o por el Presidente, o ante este último cuando se trate de actos realizados por otros servidores públicos.

I.- a VI.-…    

Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo, la Comisión Nacional lo prevendrá, por escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión prevenida dentro de los quince días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, la Comisión Nacional lo tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El registro al que se refiere el artículo 46, deberá considerar como parte del sector formal a todas las cooperativas que se encuentren en tránsito de autorización en los términos establecidos por la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

TERCERO.- La Comisión contará con un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir la Disposiciones de Carácter General a que se refiere la presente Ley.

CUARTO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su aplicación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción X, 3 fracción VIII, IX, XI, 4 Bis, primer párrafo, fracciones I, III primero y segundo párrafo, inciso a), 7 segundo párrafo, 9 primero párrafo, 10, 10 Bis 1 primer párrafo, 10 Bis 2, 11 primer párrafo, fracción I, 11 Bis incisos a) y b), VIII, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo, noveno y décimo, 12 primer párrafo, fracción VII párrafo segundo, 13 párrafo primero, 15 Bis, 15 Bis, 17, fracción I, III párrafos primero y segundo, 18 Bis, 18 Bis 4 párrafos primero y segundo, 20, 22 fracción II incisos a), b), 23 fracción I, párrafos primero y tercero, fracción II primero y segundo párrafo, fracción III, IV y V segundo párrafo, 29, 31, 32 fracción III, párrafo segundo y tercero, 37 segundo párrafo, 38, párrafo segundo, 41 primer párrafo, 50 y 51. SE ADICIONAN 2 fracción IX, y se recorre el subsecuente, 3 fracciones I Bis, I Bis 1, III Bis, X Bis, 11 Bis 1 segundo párrafo, 13 párrafo tercero, 13 segundo párrafo, CAPITULO IV BIS, DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOCIAL. DE LA TRANSPARENCIA EN SUS OPERACIONES, artículo 18 Bis 1, 18 Bis 2, 18 Bis 3, 41 Bis, 42 Bis y 43 Bis. SE DEROGAN 11 Bis 1 fracción VIII primer párrafo, 13 fracción VII primer párrafo y 43 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es del orden federal y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de aplicación estricta. Tiene por objeto regular las Comisiones y Cuotas de Intercambio así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos préstamos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades , con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público.

Artículo 2….

I.- a VIII….

IX. Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

X. Los usos y prácticas bancarias, mercantiles y cooperativas.

Artículo 3. …

I….

I. Bis: Comisión: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

Bis 1: Procuraduría: Procuraduría Federal del Consumidor;

II….

III….

III. Bis: Socio: en singular o plural, a las personas físicas que celebra cualquier operación pasiva, activa o de servicios y que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;

IV.- a VII…

VIII. Entidades: a las Entidades Financieras, Entidades del Sector Social y Entidades Comerciales

IX. Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, a las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y a las Entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público;

X…

X Bis. Entidad del sector Social: a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la que en lo sucesivo se le denominará como LRASCAP.

XI. GAT: a la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses nominales capitalizables que generen las operaciones pasivas a plazo, retirables en días preestablecidos y de ahorro, que celebren las instituciones de crédito, las Entidades de ahorro y crédito popular con sus Clientes y las Entidades del sector social con sus Socios , menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura;

XII….

XIII….

Artículo 4 Bis. El Banco de México deberá incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita en materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación o de prestación de servicios de ahorro y préstamo, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.

I. Las Entidades únicamente podrán cobrar Comisiones que se vinculen con un servicio prestado al Cliente o socio, o bien por una operación realizada por él;

II….

III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que inhiban la movilidad o migración de los Clientes o Socios de una Entidad a otra.

Asimismo, las Entidades tienen prohibido cobrar Comisiones a Clientes, Usuarios o Socios por los siguientes conceptos:

a) Por la recepción de pagos de Clientes, Usuarios o Socios de créditos otorgados por otras Entidades;

b). y c) ….

Artículo 7….

Las Entidades , a través de los medios que pacten con sus Clientes o Socios , deberán darles a conocer los incrementos al importe de las Comisiones, así como las nuevas Comisiones que pretendan cobrar, por lo menos, con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista para que éstas surtan efectos. Sin perjuicio de lo anterior, los Clientes en los términos que establezcan los contratos, tendrán derecho a dar por terminada la prestación de los servicios que les otorguen las Entidades en caso de no estar de acuerdo con los nuevos montos, sin que la Entidad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que el Cliente solicite dar por terminado el servicio.

Artículo 9. Las tasas de interés ordinarias y moratorias que aparezcan en los documentos que instrumenten los créditos, préstamos y financiamientos que otorguen las Entidades Financieras, así como las que se mencionen en los estados de cuenta, deberán expresarse en términos anuales, así como resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable. Las Entidades del sector social podrán expresar sus tasas de interés en forma mensual.

….

Artículo 10. En los créditos, préstamos o financiamientos que las Entidades otorguen, el pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos, sin perjuicio de ajustarse a la legislación mercantil aplicable. El Banco de México mediante disposiciones de carácter general determinará los montos y tipos de los créditos, préstamos y financiamientos a los que les será aplicable este artículo, de los cuales las Entidades estarán obligadas a informar a sus Clientes o Socios al momento de pactar los términos del crédito.

Artículo 10 Bis 1. En los créditos al consumo otorgados por Entidades, la terminación del contrato podrá hacerse en cualquier momento por parte del Cliente o socio acreditado, en cuyo caso la relación jurídica derivada de los recursos previamente dispuestos, solo continuará en vigor para efectos del pago del principal con los intereses y accesorios que correspondan al crédito otorgado, procediendo a la cancelación del Medio de Disposición, en su caso.

Artículo 10 Bis 2. Las Entidades podrán contactar a sus Clientes o Socios, que expresamente así lo hayan autorizado, únicamente en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica para ofrecer algún servicio financiero, en el horario acordado. Las Entidades en todo caso deberán verificar el registro de usuarios a que se refiere el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 11. Los Contratos de Adhesión que utilicen las Entidades para documentar operaciones masivas deberán cumplir con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las disposiciones señalaran los tipos específicos de Contratos de Adhesión a los que les serán aplicables las mismas y lo que debe entenderse por operaciones masivas en términos de este artículo.

I. Los sanos usos y prácticas bancarias, comerciales y cooperativas, según corresponda, relacionadas con la operación o servicio;

II… 

II Bis….         

Los elementos esenciales de la operación que permitan al Cliente o Socio comparar los servicios del mismo tipo ofrecido por diversas Entidades;

Las advertencias en materia de tasas y Comisiones que representen penalidades para el Cliente o Socio y los supuestos en los que serían aplicables;

 …

 …

III.- a VII…  

VIII.- Se deroga.

Adicionalmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señalará los tipos de Contratos de Adhesión que documenten las operaciones o servicios que celebren las Entidades que requieran autorización previa de la citada Comisión.

Las Entidades deberán remitir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, los modelos de Contratos de Adhesión, a efecto de que ésta integre un Registro de Contratos de Adhesión para consulta del público en general.

Asimismo, las referidas Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus competencias, podrán ordenar que se modifiquen los modelos de Contratos de Adhesión a fin de adecuarlos a las leyes y otras disposiciones aplicables y, en su caso, suspender su uso respecto de nuevas operaciones hasta en tanto sean modificados.

Debiendo señalar en forma clara y precisa y debidamente fundado y motivado en qué consisten las modificaciones y la forma en que deberán llevarse a cabo las mismas. Hechas las observaciones, la comisión no podrá respecto del mismo supuesto variar las mismas en forma posterior ni señalar observaciones diversas a las previamente establecidas.

Las Entidades podrán solicitar a la Comisión, previo a la entrada en vigor de sus productos que pretendan colocar con sus Clientes o Socios, la validación de los contratos de adhesión para su implementación, para tal efecto, la autoridad contará con un término de veinte días hábiles bancarios para hacer las observaciones al contrato sometido a su validación, lo cual deberá notificar por escrito o por cualquier medio fehaciente a la Entidad. Transcurrido el plazo señalado sin que exista notificación de observaciones, el contrato se entenderá que reúnen los requisitos de la presente Ley y de la Disposición Unica de la Comisión.

Las Entidades del Sector Social deberán ajustarse a lo preceptuado por el capítulo correspondiente para este tipo de organizaciones.

Artículo 11 Bis 1. Los Clientes contarán con un período de gracia de diez días hábiles posteriores a la firma de un contrato de adhesión que documenten operaciones masivas establecidas por las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, con excepción de los créditos con garantía hipotecaria, para cancelarlo, en cuyo caso, las Entidades no podrán cobrar Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad alguna para el Cliente. Lo anterior, siempre y cuando el Cliente no haya utilizado u operado los productos o servicios financieros contratados.

Las Entidades del sector social se regirán en lo conducente por lo establecido en la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Artículo 12. Las Entidades se ajustarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en las que establezca la forma y términos que deberá cumplir la publicidad relativa a las características de sus operaciones activas, pasivas y de servicios, mismas que deberán ajustarse al tipo de entidad de que se trate en base a su naturaleza, usos y costumbres.

I.- a VII…     

La Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las Entidades cuando a su juicio ésta implique inexactitud, o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios, o bien, no se ajuste a lo previsto en este artículo, así como en las disposiciones de carácter general que con base en este precepto se emitan. En este supuesto se deberá garantizar el derecho de audiencia de la de Entidad, conforme al procedimiento administrativo sancionador contenido en el capítulo V sección I de la presente Ley.

Artículo 13. Las Entidades deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes oSocios en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para Cliente.

Los Clientes o Socios podrán pactar con las Entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas partes.

Las Entidades del sector social podrán establecer en sus reglamentos o manuales de operación la forma y medios a través de los cuales los Socios podrán tener acceso u obtener sus estados de cuenta, en el que invariablemente se deberá garantizar al socio dicho derecho, en todo caso los estados de cuenta estarán a su disposición, previo el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto establezca la misma.

Los mencionados estados de cuenta, así como los comprobantes de operación, deberán cumplir con los requisitos que para Entidades Financieras y del sector social establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada una de ellas; y para Entidades Comerciales, los que establezca la Procuraduría Federal del Consumidor, igualmente mediante disposiciones de carácter general.

....

I.- a IV…       

V.  Tratándose de Entidades Financieras y del sector social con nivel de operaciones III y IV deberán contener los datos de localización y contacto con la unidad especializada que en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros deben mantener, para efectos de aclaraciones o reclamaciones vinculadas con el servicio o producto de que se trate, así como los plazos para presentarlas. Tratándose de Entidades Comerciales del sector social con niveles de operación I y II, deberán contener, al menos, los números telefónicos de servicios al consumidor para los efectos antes señalados;

VI.-…             

VII.- Se deroga.

Para los efectos a que se refieren los párrafos anteriores la Comisión y la Procuraduría deberá señalarle a la entidad en forma clara y precisa las modificaciones y la forma en que deberá llevarlas a cabo, a efecto de evitar dejar en estado de indefensión a la misma.

Artículo 13 Bis.- La Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se trate de faltas graves y reiteradas, podrán ordenar la suspensión de la celebración de nuevas operaciones y servicios similares, hasta en tanto los estados de cuenta sean modificados, de conformidad con lo establecido en el artículo de esta Ley.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuando se trate de faltas graves y reiteradas, podrá solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la suspensión de la celebración de nuevas operaciones y servicios similares, hasta en tanto los estados de cuenta sean modificados, de conformidad con lo establecido en el artículo de esta Ley.

Artículo 15 Bis. Tratándose de operaciones pasivas que realicen las instituciones de crédito, las Entidades de ahorro y crédito popular y las Entidades del sector social a las que les sea aplicable la GAT de acuerdo con las disposiciones a las que se refiere el artículo 8 de esta Ley, la publicidad, los Contratos de Adhesión o los títulos en los cuales se documente el préstamo deberán contener dicha GAT, cuando así lo establezcan las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 11 y 12 de esta Ley.

Artículo.- 17.-…

I. Los actos que se realicen para no permitir la celebración de operaciones a Clientes oSocios de determinadas Entidades;

II….

III. Los actos que se realicen para no permitir a sus Clientes o Socios utilizar la infraestructura de otras Entidades, o desalentar su uso.

Las Entidades podrán exceptuar a sus cuentahabientes, acreditados o Socios del pago de Comisiones o establecer menores Comisiones cuando éstos utilicen la infraestructura de aquéllas. Lo anterior, no se considerará práctica discriminatoria.

Cada Entidad tendrá prohibido cobrar más de una Comisión a sus Clientes o Socios respecto del mismo hecho generador, así como aplicar Comisiones en condiciones significativamente más desfavorables para los Clientes o Socios que las prevalecientes en el mercado.

Capítulo IV Bis.
De las Entidades del Sector Social.
De la transparencia en sus operaciones.

Artículo. 18 Bis 1.- Las Entidades del Sector Social para los efectos de transparentar las operaciones realizadas con sus Socios deberán de poner a disposición de los Socios en su oficina matriz o en el lugar que esta designe la siguiente información:

a). Estatutos vigentes debidamente aprobados por la asamblea general de Socios.

b). Reglamentos de obligaciones y beneficios de los Socios debidamente aprobados por el Consejo de Administración.

c). Informes trimestrales de los resultados de la operación.

A efecto de cumplir con lo anterior bastará que la Entidad mantenga actualizada dicha información a través de su página electrónica establecida en la red mundial de “internet”.

Artículo. 18 Bis 2. Las Entidades del Sector Social, deberán documentar sus operaciones pasivas de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.

Artículo. 18 Bis 3. Las Entidades del Sector Social deberán documentar sus operaciones activas de la siguiente manera:

a). En todos aquellos supuestos en los que la cooperativa otorgue préstamos mediante los cuales únicamente cobre el capital, interés ordinario y moratorio, podrán documentarlos en títulos de crédito (valor) con los siguientes requisitos:

1. Los establecidos por la ley correspondiente para considerarlos como título de crédito;

2. Expresión clara de los intereses que cause expresados en forma mensual;

3. La forma de terminación anticipada.

4. La forma de pago y;

5. Los supuestos de vencimiento anticipado.

b) En todos aquellos préstamos en los que la cooperativa establezca cargas u obligaciones adicionales a los establecidos en el inciso anterior deberá documentarlos mediante contratos de adhesión, los cuales deberán de contener los siguientes requisitos:

I.       Los sanos usos y prácticas cooperativas, relacionadas con la operación o servicio;

II.     La utilización de formatos que faciliten la lectura y comprensión del contenido obligacional de los contratos;

III.   La utilización de una carátula para los contratos de adhesión que se definan en las disposiciones citadas para que faciliten su lectura, comprensión, y comparación, deberán contener entre otros aspectos, lo siguiente:

a)      Las advertencias en materia de tasas y comisiones que representen penalidades para el Socio y los supuestos en los que serían aplicables;

b)      Campos claros que permitan distinguir términos y condiciones tales como las Comisiones y Tasas de Interés, el CAT y el monto total a pagar en el caso de, y

c)      La condicionante del mandato claro sobre la compensación del crédito en caso de mora sobre la garantía liquida establecida en su caso.

IV.    Las bases para dejar claramente establecidas las características, términos y condiciones del servicio;

V.     Los conceptos de cobro y sus montos;

VI.    El espacio donde deba firmar el aval, fiador u obligado solidario.

La Comisión al emitir las disposiciones de carácter general para la regulación de los contratos de adhesión que deberán utilizar las Entidades del Sector Social, se apegará a los usos y costumbres de éstos organismos, tomando en consideración la opinión del organismo de consulta y colaboración del gobierno para la implementación de políticas públicas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, denominada Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, como organismo de consulta quien contará con un plazo de 20 días hábiles para realizar las observaciones conducentes, contados a partir de la notificación para la solicitud de su opinión..

c). Para los efectos de este artículo no se entenderán como gastos adicionales los de ejecución y cobranza, sin embargo para los efectos de transparencia estos deberán contenerse en los reglamentos correspondientes de las Entidades del Sector Social.

Artículo 18 Bis. Tratándose de créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y créditos personales de liquidez sin garantía real masivamente celebrados, las Entidades Financieras documentarán por escrito las referidas operaciones en los formularios que contengan las solicitudes que utilicen para contratar con sus Clientes, en los términos siguientes:

I.- a III…

Artículo 18 Bis 4. Las disposiciones de carácter general en materia de estados de cuenta que se emitan en términos del artículo de la presente Ley, para el caso de Créditos revolventes otorgados por Entidades deberán prever la manera de informar al Cliente la fecha límite y condiciones de pago, así como la mención de que en caso de que dicha fecha límite corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse el día hábil siguiente.

Asimismo, en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo de esta Ley se deberá incorporar para el caso de estados de cuenta de Créditos revolventes plazo que necesitaría el Cliente para finiquitar un adeudo si sólo cubriera el pago mínimo del saldo correspondiente a la fecha de emisión del mismo.

Artículo 20. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estará facultada para supervisar y vigilar el cumplimiento de la presente Ley por parte de las Entidades Financieras y del sector social, así como para conocer de cualquier controversia relacionada con la aplicación de la presente Ley entre los Clientes y las Entidades Financieras y entre los Socios y las Entidades del sector social en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 22.-…

I.- a II...

a) Las instituciones de crédito, Entidades financieras intermediarios financieros de que se trate, deberán proporcionar al Banco de México la información que requiera para dar a conocer las disposiciones, actos administrativos y notificaciones mencionadas. Las disposiciones, actos administrativos y notificaciones que el Banco de México envíe o comunique con base en la información que le proporcionen las instituciones de crédito, Entidades e intermediarios financieros, obligan y surten sus efectos en los términos que éstas señalen.

b) Cuando las disposiciones, actos administrativos y notificaciones del Banco de México se envíen a las instituciones de crédito, Entidades Financieras e intermediarios financieros, a través de medios electrónicos distintos del fax, que permitan adjuntar el mensaje de datos y firmarlo electrónicamente, las firmas respectivas deberán corresponder a los funcionarios competentes para emitirlas en términos del Reglamento Interior del Banco de México, y haber sido generadas con base en los datos de creación de firma electrónica conforme a los procedimientos y sistemas de la Infraestructura Extendida de Seguridad que administra el propio Banco de México.

Artículo 23. En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras y del sector social celebren por medio de Contratos de Adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionarle a sus Clientes o Socios la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios.

...

I.       Cuando el Cliente o socio no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

Tratándose de cantidades a cargo del Cliente o socio dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, el Clientes ocio tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo;

II.     Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al Cliente o socio el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente o socio. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente o socio deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizado en términos de esta disposición;

III.   Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente o socio en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas;

IV.    En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o socio no le entregare el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley por un monto equivalente al reclamado por el Cliente o socio en términos de este artículo, y

V.-…              

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes o Socios de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que el Cliente o socio presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 29.- En la notificación a que se refiere el artículo inmediato anterior, las Autoridades deberán otorgar el derecho de audiencia al presunto infractor, a fin de que en un plazo de veinticinco cinco días hábiles bancarios, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca pruebas por escrito.

Artículo 31.- Concluido el desahogo de pruebas, se otorgará al presunto infractor un plazo de diez días hábiles bancarios, contado a partir del día hábil bancario siguiente al de la notificación correspondiente, para que formule alegatos por escrito. Al vencer el citado plazo se tendrá por cerrada la instrucción.

Artículo 32.-…. En la imposición de sanciones administrativas, las Autoridades deberán tomar en cuenta:

I.- a III…

Se considerará como agravante la reincidencia. Será reincidente el que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro del año siguiente a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente. En ese supuesto las autoridades podrán imponer multa equivalente hasta por el doble de la prevista en esta Ley.

Artículo 37.-…

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta Ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar el monto máximo de la sanción más alta de la infracción cometida.

Artículo 38.-…

En caso de que el infractor pague las multas impuestas por las Autoridades dentro de los quince días referidos en el párrafo inmediato anterior, se aplicará una reducción en un veinte por ciento de su monto.

Artículo 41. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sancionará con multa de doscientos a dos mil días de salario, a las Entidades que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya conducta no competa sancionar a otra de las Autoridades y que no correspondan a las conductas infractoras de los artículos 42 y 43, así como cuando infrinjan las disposiciones de carácter general que la propia Comisión expida en términos de esta Ley.

41. Bis. Las multas a que se refiere el artículo inmediato anterior, tratándose de Entidades del sector social, se aplicaran de la siguiente manera:

a).- Con multa de cincuenta a cien días de salario a las Entidades con nivel de operación I y II.

b).- Con multa de cien a doscientos días de salario a las Entidades con nivel de operación III y IV.

42. Bis. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sancionará a las Entidades del Sector Social con multa

a).- De cincuenta a cien días de salario a las Entidades con nivel de operación I y II.

b).- De cien a doscientos días de salario a las Entidades con nivel de operación III y IV.

Cuando:

I.       No cuenten en sus sucursales, establecimientos y en su página electrónica en la red mundial "Internet", con la información actualizada a que se refiere el primer párrafo del artículo 7 de esta Ley, en los términos expresados en el referido precepto.

II.     No expresen en términos anuales o mensuales las tasas de interés ordinarias y moratorias, conforme al artículo 9 de la presente Ley.

III.   En su caso, cuando empleen modelos de Contratos de Adhesión que incumplan lo previsto en el artículo 18 bis 3 de esta Ley o en las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que regulen Contratos de Adhesión, o utilicen con los Socios cualquier Contrato de Adhesión que no haya sido remitido a dicha Comisión Nacional en términos de lo previsto en el mismo artículo 11 de la presente Ley.

IV.- Omitan poner a disposición de los Socios en su oficina matriz o en el lugar que esta designe la información a que se refiere el artículo 18 bis 1 de la presente Ley.
V.- En su caso, emplee formatos de títulos de crédito sin reunir los requisitos que se establecen en el artículo 18 bis 2 de la presente Ley.

VI.    Difundan publicidad que incumpla lo previsto en el artículo 12 de esta Ley o las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que regulen la publicidad relativa a las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios.

VII. Expidan estados de cuenta o comprobantes de operaciones, que no cumplan con lo previsto en el artículo de la presente Ley o no se ajusten a los requisitos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a través de disposiciones de carácter general.

VIIII. Se abstengan de enviar a la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros los modelos de Contratos de Adhesión, en contravención al artículo 18 bis 3 del presente Ordenamiento;

Artículo 43 Bis. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tratándose de Entidades del Sector Social, aplicaran multas de la siguiente manera:

a).- Con multa de cien a trescientos días de salario a las Entidades con nivel de operación I y II.

b).- Con multa de doscientos a cuatrocientos días de salario a las Entidades con nivel de operación III y IV. Cuando:

I.       No modifiquen los Contratos de Adhesión conforme a lo ordenado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos del artículo 18 bis 3 de esta Ley.

II      Cobren Comisiones distintas a las pactadas en los Contratos de Adhesión, con excepción de los gastos de ejecución y cobranza.

III.   No suspendan la publicidad conforme al artículo 12 de esta Ley.

IV.    No modifiquen los estados de cuenta en los términos que señale la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuando éstos no se ajusten a lo previsto en el artículo 13 o en las disposiciones de carácter general que del propio precepto emanen.

V.     No incorporen el CAT en la publicidad o en los Contratos de Adhesión o se abstengan de resaltarlo en los documentos respectivos de manera clara, notoria e indubitable.

VI.    Realicen prácticas discriminatorias, en términos del artículo 17 de la presente Ley.

VII. Otorguen crédito, préstamo o financiamiento en contravención a lo dispuesto por el artículo 10 Bis, de la presente Ley.

VIII. No den respuesta oportuna a la solicitud del socio o no le entreguen el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia a que se refiere el artículo 23, fracción IV de la presente Ley.

En los casos a que se refiere la fracción II de este artículo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros podrá, en adición a la imposición de la multa que corresponda, solicitar a las autoridades competentes en materia de radio, televisión y otros medios de prensa, ordene la suspensión de la difusión de la publicidad.

Artículo 43 Bis I. Se deroga

(…) Se deroga.

Artículo 50.- En contra de las sanciones que impongan las Autoridades, los interesados o afectados por los actos y resoluciones podrán interponer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 51. Las multas que imponga la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a las instituciones de crédito, se harán efectivas cargando su importe en la cuenta que lleve el Banco de México a dichas instituciones. Corresponderá al Servicio de Administración Tributaria hacer efectivas, conforme al Código Fiscal de la Federación, las multas impuestas a las Entidades Financieras y del sector social.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- La Comisión contará con un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las Disposiciones Generales aplicables en tanto se aplicaran las actuales.

TERCERO.- Se deroga todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

ARTICULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 14, fracción I, tercer párrafo; 19, fracción I, inciso a) tercer párrafo, 22, primer y segundo párrafo; y 31, primer párrafo, fracción XI y antepenúltimo párrafo y se ADICIONAN los artículos 68, con un tercer párrafo, y un Capítulo I Bis “De los programas de autocorrección” al Título Séptimo que comprenderá de los artículos 108 Bis a 108 Bis 3 y el articulo décimo sexto transitorio y se DEROGA el artículo 18, último párrafo y el artículo 30 bis de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 14.- ….

I. ….

….

Tal requisito, no será exigible tratándose de operaciones celebradas en el marco de programas tendientes a fomentar el ahorro de menores y los saldos respectivos no rebasen del equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS por depositante.

Artículo 18.- ….

….

….

I. ….

….

II. ….

….

III. ….

….

IV. ….
….

Se deroga.

Artículo 19.- ….

I. ….

a) ….

….

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario tratándose de operaciones celebradas en el marco de programas tendientes a fomentar el ahorro de menores y los saldos respectivos no rebasen del equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS por depositante.

Artículo 22.- La Secretaría elaborará los programas sectoriales y construirá los fondos de garantía que establece la Ley General de Sociedades Cooperativas para el desarrollo de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de las Federaciones, en el marco de la regulación aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley.

Al efecto, la Secretaría en el ámbito de su competencia, deberá de común acuerdo con la Confederación, constituir dichos fondos de garantía de origen federal, para facilitar el acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran los riesgos y promoverá la participación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para facilitar a estas el acceso a los referidos programas sectoriales.

Artículo 30 Bis.- Se deroga

Artículo 31.- La Comisión emitirá, mediante disposiciones de carácter general, lineamientos mínimos relativos a aspectos eminentemente técnicos u operativos tendientes a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, y que a su vez faciliten el otorgamiento de crédito, en las materias siguientes:

I a X. …

XI. Aquellos otros que juzgue convenientes para facilitar el otorgamiento de crédito, proveer la liquidez, solvencia y estabilidad financiera, así como la adecuada operación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV.

….

En la emisión de las disposiciones a que se refieren las fracciones III, IV y VIII, tratándose de operaciones que realicen las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en Zonas Rurales o en los distintos sectores económicos del país, la Comisión deberá considerar las restricciones y limitaciones que pudieran existir en dichas zonas o sectores , así como mecanismos de control que compensen dicha situación, de tal manera que se facilite el otorgamiento del crédito. Para cumplir con lo anterior, la Comisión deberá evaluar periódicamente las modificaciones a dichas disposiciones.

….

….
Artículo 68.- ….

….

Con el fin de que no se afecten los intereses de los socios en cuanto a la disponibilidad de sus ahorros, en los casos de emplazamientos a huelga, antes de la suspensión de las labores, y en términos de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en ejercicio de sus facultades, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, cuidará que para el fin mencionado, durante la huelga permanezca abierto el número indispensable de oficinas y continúen laborando los trabajadores, que atendiendo a sus funciones, sean estrictamente necesarios para garantizar dicha situación.

Capítulo I Bis
De los programas de autocorrección

Artículo 108 Bis.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, por conducto de su director o gerente general y con la opinión del Consejo de Administración, podrán someter a la aprobación de la Comisión un programa de autocorrección cuando la sociedad de que se trate, en la realización de sus actividades, o el Consejo de Vigilancia como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

No podrán ser materia de un programa de autocorrección en los términos del presente artículo:

I. Las irregularidades o incumplimientos que sean detectados por la Comisión en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, antes de la presentación por parte de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV del programa de autocorrección respectivo.

Se entenderá que la irregularidad fue detectada previamente por la Comisión, en el caso de las facultades de vigilancia, cuando se haya notificado a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV la irregularidad; en el caso de las facultades de inspección, cuando haya sido detectada en el transcurso de la visita de inspección, o bien, corregida con posterioridad a que haya mediado requerimiento en el transcurso de la visita;

II. Cuando la contravención a la norma de que se trate, corresponda a alguno de los delitos contemplados en esta Ley, o

III. Cuando se trate de alguna de las infracciones consideradas como graves en términos de esta Ley.

Artículo 108 Bis 1.- Los programas de autocorrección a que se refiere el artículo 108 Bis de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Adicionalmente, deberán ser firmados por el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV y ser presentados al pleno del Consejo de Administración en la sesión inmediata posterior a la solicitud de autorización presentada a la Comisión. Igualmente, deberá contener las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se hayan considerado contravenidas; las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento cometido, así como señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la sociedad para corregir la irregularidad o incumplimiento que motivó el programa.

En caso de que la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV requiera de un plazo para subsanar la irregularidad o incumplimiento cometido, el programa de autocorrección deberá incluir un calendario detallado de actividades a realizar para ese efecto.

Si la Comisión no ordena a la sociedad de que se trate modificaciones o correcciones al programa de autocorrección dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, el programa se tendrá por aprobado en todos sus términos.

Cuando la Comisión ordene a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV modificaciones o correcciones con el propósito de que el programa se apegue a lo establecido en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, la sociedad correspondiente contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva para subsanar dichas deficiencias.

De no subsanarse las deficiencias a las que se refiere el párrafo anterior, el programa de autocorrección se tendrá por no presentado y, en consecuencia, las irregularidades o incumplimientos cometidos no podrán ser objeto de otro programa de autocorrección.

Artículo 108 Bis 2.- Durante la vigencia de los programas de autocorrección que hubiere aprobado la Comisión en términos de los artículos 108 Bis y 108 Bis 1 anteriores, esta se abstendrá de imponer a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV las sanciones previstas en esta Ley, por las irregularidades o incumplimientos cuya corrección contemplen dichos programas. Asimismo, durante tal periodo se interrumpirá el plazo de caducidad para imponer las sanciones, reanudándose hasta que se determine que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección.

El Consejo de Administración estará obligado a dar seguimiento a la instrumentación del programa de autocorrección aprobado e informar de su avance tanto al Consejo de Vigilancia y al director o gerente general como a la Comisión en la forma y términos que esta establezca en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 108 Bis 1 de esta Ley. Lo anterior, con independencia de la facultad de la Comisión para supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento del programa de autocorrección.

Si como resultado de los informes del Consejo de Administración o de las labores de inspección y vigilancia de la Comisión, esta determina que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección en el plazo previsto, impondrá la sanción correspondiente aumentando el monto de esta hasta en un 40 por ciento; siendo actualizable dicho monto en términos de disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 108 Bis 3.- Las personas físicas y demás personas morales sujetas a la supervisión de la Comisión podrán someter a la aprobación de la propia Comisión un programa de autocorrección cuando en la realización de sus actividades detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, sujetándose a lo previsto por los artículos 108 Bis a 108 Bis 2 de esta Ley, según resulte aplicable.

TRANSITORIOS
PRIMERO A DECIMO QUINTO

DECIMO SEXTO.- La Comisión, emitirá disposiciones de carácter general con temporalidad transitoria para coadyuvar con el proceso de consolidación, liquidación y disolución a que se refiere la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en virtud del cumplimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo tercero transitorio de esta Ley y que permitan apoyar a las sociedades inmersas en dichos procesos de consolidación, de manera que tales disposiciones faciliten el fortalecimiento del índice de capitalización de las sociedades, mediante el diferimiento gradual de partidas que integran el capital neto o la ponderación para la determinación de los activos en riesgo, con el fin de aprovechar al máximo los recursos de dicho fideicomiso y consolidar el sector cooperativo de ahorro y préstamo en su conjunto.

TRANSITORIOS DEL DECRETO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las infracciones o delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las citadas infracciones o delitos.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos que se estipulan mediante el presente Decreto.

ARTICULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 30, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

“Artículo 30.- …

Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que resulten excesivas.

…”

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor, se derogan todas las disposiciones emitidas con anterioridad que sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO QUINTO.- Se ADICIONA el artículos 5, con una fracción I Bis 2, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:

Artículo 5.- …

I.       …

I Bis.-              …

I Bis 2.- Efectuar descuentos y otorgar garantías a las instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor, se derogan todas las disposiciones emitidas con anterioridad que sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción IV; 3, primer párrafo y 7, fracción I, III, VII y IX de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

I. a III. …

IV. Sector: Al conformado por las personas morales a que se refieren la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular..

Artículo 3.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.

ARTICULO 7.              ….

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de los integrantes del sector, y que le permitan cumplir con su objeto, en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región;

II.     ….

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los integrantes del sector;

IV. a VI          ….

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del sector;

VIII.                ….

IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, entre otros, de los integrantes del sector.

X.     ….

XI.    ….

….
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor, se derogan todas las disposiciones emitidas con anterioridad que sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO SEPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 2, primer y segundo párrafos; 4, fracción V; 7, fracciones II, III y XVII; 9, fracción III, segundo párrafo y 10, primer y segundo párrafos; se ADICIONAN el artículos 4, con la fracción V Bis de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- La Financiera tendrá como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores, Intermediarios Financieros Rurales y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural. Además, operará con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las instituciones mencionadas.

La Financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los Productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales o constituirse como cooperativas de ahorro y préstamo.

….

Artículo 4o.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IV; …..

V. Intermediarios Financieros Rurales, a las sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito a que se refiere la Ley de la materia, y a los demás intermediarios financieros que determine la legislación vigente, así como aquellos que acuerde el Consejo y coadyuven al cumplimiento del objeto de la Financiera;

V. Bis. Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a las Sociedades a que se refiere la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, quienes forman parte del sistema financiero, como integrantes del Sector Social de la economía.

VI. a VIII       ….

Artículo 7o.-  ….

I.       ….

II. Otorgar préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros Rurales y cooperativas de ahorro y préstamo para que éstos, a su vez, concedan financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades vinculadas al medio rural e indígena;

III. Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes, a las instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica;

IV. a XVI       ….

XVII. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los Productores que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales o cooperativas de ahorro y préstamo;

XVIII. a XXIV.             ….

Artículo 9o.-  ….

I. a II.                             ….

III.   ….

Los préstamos o créditos mencionados en esta fracción únicamente podrán otorgarse para complementar el financiamiento o apoyo a los Productores que sean concedidos por el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipales, por algún intermediario financiero o por alguna cooperativa de ahorro y préstamo.

….

Artículo 10.- Los préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros Rurales y a las cooperativas de ahorro y préstamo se otorgarán conforme a los montos globales y lineamientos que apruebe el Consejo.

Los lineamientos citados deberán incluir, entre otros aspectos, los relativos al procedimiento de calificación y concentración de riesgos con los Intermediarios Financieros Rurales y cooperativas de ahorro y préstamo sobre las operaciones que la Financiera celebre con ellos, tomando en cuenta las características propias del sector rural.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor, se derogan todas las disposiciones emitidas con anterioridad que sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO OCTAVO.- Se REFORMAN los artículos 1068, primer párrafo, fracción IV, 1069 primero, segundo y tercer párrafo, 1070 tercer Párrafo, 1070 Bis, 1075, primero y último párrafo, 1076, inciso b), 1117 segundo y séptimo párrafo, 1132 fracción XI, 1154, 1181, 1391 fracción VIII, 1392, 1393, 1394 primero y tercer párrafo, 1401 párrafo tercero, 1407, 1410 primer párrafo, 1411 primero párrafo. Se ADICIONAN los artículos 1052, 1053, 1055 Bis 1, 1057, 1063, 1063 Bis, 1068 fracción VII, 1068 Bis, 1068 Bis 1, 1070 inciso a), b) y c), 1070 Bis segundo párrafo, 1085 segundo párrafo, 1093 segundo párrafo, 1117 segundo párrafo, 1118 segundo párrafo, 1126 segundo párrafo, 1151 fracción IX, 1178 Bis, 1180 Bis, 1180 Bis 1, 1392 incisos a), b) y c) y párrafo segundo, 1394 quinto, sexto y séptimo, 1395 fracción I Bis, 1401 párrafo quinto a) y b) e incisos a) y b), 1411 segundo párrafo, 1411 segundo párrafo y 1412 segundo párrafo. Se DERGOGAN los artículos 640, 1043 fracción IV, 1055 Bis, 1068, 1069 cuarto párrafo, 1075 segundo párrafo, 1117 cuarto, quinto, sexto y octavo párrafo del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 640.- Derogado.

Artículo 1043.- En un año se prescribirán:

I.- a III.-…

IV.- Derogado.

V.- a VIII.-…

Artículo 1052.- Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en contrato privado otorgado ante dos testigos, escritura pública, póliza ante corredor o ante el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Artículo 1053.- Para su validez, el contrato privado otorgado ante dos testigos, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como:

I.- a VI.-…

Artículo 1055 Bis. Derogado.

Artículo 1055 Bis 1.- Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a esta Ley, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.

Artículo 1057.- El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte, no admitirá recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este Código.

Artículo 1063 bis.- Los tribunales contarán con un sistema electrónico de consulta de expedientes y acuerdos, mediante el cual deberán realizarse las notificaciones.

Artículo 1063 bis 1.- La Judicatura Federal, los Consejos de las Judicaturas de los Estados, de no existir éstos el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad según sea el caso, deberán llevar un sistema de registro electrónico de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados, registros que deberán hacer del conocimiento de los jueces correspondientes.

Los profesionistas que hubiesen registrado su cédula en el registro a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser reconocidos como abogados patronos en términos de lo dispuesto por el presente artículo, en la totalidad de los juzgados de la materia.

Artículo 1068.- Derogado.

Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que las prevengan. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento.

….

I.- a V.-…

VII.- A través de medios electrónicos.

1068 bis.- Las notificaciones serán personales en los siguientes casos:

I.- La relativa al emplazamiento,

II.- La citación a audiencias,

III.- La sentencia, siempre y cuando se dicte fuera del término establecido para su emisión,

IV.- Cuando se deje de actuar por más de 5 meses.

1068 bis 1.- En caso de que las partes manifiesten en cualquier etapa del procedimiento, su voluntad a que las notificación se les realicen en términos de la fracción VII del artículo 1068, bastará para su validez, su publicación en el sistema electrónico a que se refiere el citado numeral, excepto las notificaciones personales, las cuales se deberán realizar de acuerdo a lo que establece el presente capitulo.

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias o bien, manifestar su voluntad para que las mismas se lleven a cabo a través de los sistemas electrónicos a que hace referencia la presente Ley. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.

….

Las partes podrán nombrar, a una o varias personas con capacidad legal, como abogados patronos quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, formular y absolver posiciones, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, excepto cuando previamente hubiese registrado su cédula profesional en el Registro a que se refiere el presente artículo, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al Tribunal.

(…) Derogado.

...


Artículo 1070.-…

Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Salvo petición de parte, el juez no podrá enviar a más de tres autoridades las cuales serán de preferencia las siguientes:

a) Servicios de Administración Tributaria,

b) Instituto Federal Electoral, y

c) RPP de la entidad, salvo que el actor solicite adicionalmente enviarlo a un número mayor de autoridades.

No obstante lo anterior, bastará el informe de una sola autoridado institución en que el que determine la localización o inexistencia de la o las personas que se pretende su localización, para que proceda la notificación por edictos.

Artículo 1070 Bis.-

Artículo 1070-Bis. Las instituciones y autoridades estarán obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 1070 de este Código, en un plazo no mayor a quince días naturales y, en caso de no hacerlo, la autoridad judicial a petición de parte ordenará la notificación por edictos y dictará las medidas de apremio correspondientes a la persona o funcionario responsables de contestar los informes, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran por su incumplimiento, derivadas de la legislación aplicable a los servidores públicos.

Hecha la primera publicación quedarán sin efecto los informes extemporáneos recibidos por el juez, continuándose el procedimiento bajo las reglas de las notificaciones por edictos.

Artículo 1075.- Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. La totalidad de las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente de aquel que se hubiera realizado.

(…) Derogado

Cuando se trate de la primera notificación, y esta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del Tribunal, aumentara un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien.

Artículo 1076.-…

a).-…

b).- Que no hubiere emplazamiento, promoción o actuación, de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.

I.- a VIII.-…

Artículo 1085.-…

Cuando habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente dejándose a salvo los derechos, y exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la cuantía líquida reclamada sin considerar accesorios no determinados, considerando la etapa procesal en que se decreta la sanción.

Artículo 1093.-…

No podrá existir sumisión expresa tratándose de contratos de adhesión, para tal efecto se aplicarán las disposiciones generales del presente capítulo.

Artículo 1117.-…

La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el Juez pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio debiendo acompañar a la misma las pruebas que considere pertinentes. El juez al admitirla, dará vista a la parte actora para que dentro del término de tres día de contestación a la excepción planteada y ofrezca los medios probatorios correspondientes, siendo admisibles solo las pruebas documentales.

A petición de parte, el juez citará dentro del término de 10 días hábiles a una audiencia en la cual se desahogaran los medios de convicción y se formularán alegatos y se citará a sentencia interlocutoria. El juzgador dentro de los 15 días hábiles siguientes, resolverá sobre la misma, resolución que no admitirá recurso, sobre el fondo de la controversia siendo procedente únicamente el de responsabilidad.

(…) Derogado.

(…) Derogado.

(…) Derogado.

(…) Derogado.

En caso de declararse procedente la declinatoria, siempre tendrán validez las actuaciones practicadas así como las etapas concluidas, ante el juez declarado incompetente, ordenando al tribunal del conocimiento que remita los autos originales al juzgador que se tenga declarado como competente para que este continúe y concluya el juicio.

(…) Derogado.

Artículo 1118.-… El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni tampoco emplearlos sucesivamente.

En caso de interponerse simultáneamente ambas excepciones, se tendrán por desechadas las mismas y se continuará con el trámite ante el juez ante quien se interpuso la demanda respectiva.

(…) Derogado.

Artículo 1126.-…

En la excepción de falta de personalidad serán admisibles únicamente las pruebas documentales y su resolución no admitirá recurso alguno. Revocación, apelación o amparo 3 días, 6 días o 15 días.

(…) Derogado.

Artículo 1132.-…

I.- a X.-...

XI. Derogado.

XI. Siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes del fallo, salvo en los casos en que haya actuado en funciones de mediación o conciliación de conformidad con los artículos 1390 Bis 32 y 1390 Bis 35 de este Código;

XII.-…

Artículo 1151.-…:

I.- a VIII.-…

IX. Pidiendo la exhibición de los documentos que obren en poder del deudor, siempre y cuando sean base de la acción o deban ser ofrecidos como pruebas en el juicio que vaya a promoverse.

Artículo 1154.- La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II, III y IX del artículo 1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de cinco días, y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata.

Artículo 1178 Bis.- El juez deberá decretar de plano el secuestro de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:

I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor.

II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión.

III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas.

IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles.

V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este código o bien porque promovida la demanda, sea absuelto el reo.

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

El Juez, al decretar el secuestro de bienes, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia.

Artículo 1180 bis.- El secuestro provisional de bienes decretado como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho.

Artículo 1180 bis 1.- Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio.

Artículo 1181.- Derogado.

Artículo 1391.-…

I.- a VIII.-…

VIII. Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios de Organismos de mediación de reconocimiento oficial y como consecuencia sus laudos o definitivas que se emitan; y

IX.-…

Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto de exequendum, con efectos de mandamiento en sus tres etapas:

1. Requerimiento de pago,

2. Embargo de bienes,

3.  Emplazamiento

En el orden descrito el deudor será requerido de pago, y si no lo hace se le embargarán bienes suficientes para cubrir la deuda, intereses, gastos y costas; dichos bienes quedarán en depósito de la persona que designe para ello el actor. Los bienes embargados constituyen la garantía de pago, por tanto el actor en cualquier momento o etapa del juicio podrá solicitar la remoción del depositario o el cambio del depósito sin mayor requisito que la petición realizada ante el juez de la causa.

Artículo 1393.- No encontrándose el deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos.

Artículo 1394.- La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, el actor señalará bienes suficientes para garantizar los conceptos señalados en el artículo 1392. A continuación se emplazará al demandado.

La diligencia de exequendum no se suspenderá por ningún motivo atendiéndose a cada una de sus etapas, dentro de las cuales únicamente la del embargo, se podrá reservar el derecho a su ejecución y podrá llevarlo a cabo en cualquier momento del juicio; como consecuencia, se continuara hasta su conclusión, dejando al deudor a salvo sus derechos, para que los haga valer como le convenga durante el juicio.

Artículo 1395.- …

I. Bis.- Dinero en efectivo, alhajas o joyas;

I.- a V.-…

Artículo 1401.-…

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez de oficio o a petición de parte admitirá o rechazará las que no reúnan los requisitos a que refiere el presente capitulo y procederá a decretar un término probatorio único el cual no podrá exceder de 30 días hábiles para el desahogo de pruebas, al decretarlo el juez señalará fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación y de pruebas, las cuales deberán ser preparadas de ser necesario a petición de parte previo a la fecha señalada, las pruebas documentales se desahogarán por su propia naturaleza.

La audiencia de prueba a que se refiere el presente artículo constará de dos etapas.

a) De conciliación o mediación y

b) De desahogo de Pruebas

a).- La etapa conciliatoria o mediación se desarrollará en la siguiente forma:

1.- Las partes comparecerán personalmente, por sus apoderados con facultades para comprometer a sus representados o por sus endosatarios y podrán ser asistidas por sus abogados patronos.

2.- El juez o secretario del juzgado intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio, pudiendo proponerles soluciones al conflicto.

3.- Si existieran acuerdos parciales se deberán considerar como tales al momento de dictarse la sentencia definitiva.

4.- Si las partes llegaren a un acuerdo, se levantará la constancia relativa a los acuerdos tomados, misma que será elevada a la categoría de sentencia definitiva.

5.- La resolución que valide el convenio sólo admitirá recurso de aclaración de sentencia.

6.- De no llegar a arreglo alguno, se continuará con la siguiente etapa de la audiencia.

En el supuesto de que alguna de las partes no comparezca en forma personal o debidamente asistida con persona facultada para obligarla, se hará acreedor a una multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la cual podrá ser ejecutada por las Secretarías de Finanzas de los Estados y se continuará con la siguiente etapa de la audiencia.

b).- Del desahogo de Pruebas

1.- Abierta la audiencia se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentre debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente después las del o los demandadados.

2.- Iniciada una audiencia no podrá suspenderse hasta en tanto no se concluya con la totalidad del desahogo de pruebas señaladas para tal fecha, salvo caso fortuito.

3.- En el supuesto que alguna de las partes requiera un plazo mayor para el desahogo de una probanza, deberá solicitarlo y justificarlo fehacientemente desde el ofrecimiento de las mismas, y garantizar los daños y perjuicios que se ocasionen a su contraparte por el no desahogo o que se obre de mala fe con el fin de entorpecer el procedimiento. Dicha garantía deberá fijarse entre 50 y 100 salarios mínimos, para el Distrito Federal atendiendo a las circunstancias particulares de los montos reclamados.

En el caso de las testimoniales que se deban desahogar fuera de la jurisdicción del juicio en que se actúa, deberá además de la garantía referida, deberá acompañar el interrogatorio correspondiente para con copia para traslado, para el caso, su contraparte podrá formular las repreguntas que considere pertinentes.

De no celebrarse el desahogo de la probanza solicitada, el juez ordenará la entrega de la garantía a la parte contraria a quien la solicitó.

La etapa de desahogo de pruebas no podrá exceder de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil en que concluyó el término para la presentación de la vista, so pena de no tenerse por desahogadas las pruebas conducentes y se sancionara al juzgado con multa de 100 a 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal

Artículo 1402.- Si se tratare de cartas de porte, se atenderá a lo que dispone el art. 583.

Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho por un corredor o perito y un tercero en caso de discordia, nombrados aquellos por las partes y éste por el juez.

Cuando la suerte principal reclamada no exceda del equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, bastará con una estimación de valor hecha por el actor. Si el deudor no estuviese de acuerdo con ella, tendrá derecho a solicitar a su costa el avalúo por perito adscrito al juzgado.

Artículo 1411.- Presentado el avalúo o estimación de valor y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, rematándose enseguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

Tratándose de asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 3500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, bastará con la publicación que se realice en los estrados de los juzgados durante el plazo que establece el presente artículo.

Artículo 1412.-…No habiéndose presentado postor a los bienes, el acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos por el precio que para subastarlos se les haya fijado en la última almoneda.

Tratándose de asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 3500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para la adjudicación del bien, no se requerirá postura legal del acreedor.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO NOVENO.- Se REFORMA el artículo 341 en sus párrafos primero y segundo. Se ADICIONA, el artículo 336 Bis y 341 en sus párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 336 Bis.- En los casos en los que las partes hubieren pactado la transferencia de propiedad del efectivo, cuando exista un incumplimiento de las obligaciones garantizadas, el acreedor prendario no tendrá obligación de devolver el efectivo, el cual conservará como compensación del pago de las obligaciones garantizadas hasta por la cantidad que importe las obligaciones garantizadas, sin necesidad de que exista un procedimiento de ejecución o resolución judicial.

El efecto de dicha compensación será extinguir las obligaciones garantizadas, hasta la cantidad otorgada en prenda. Si la deuda y la obligación garantizada no fueren de igual cantidad, hecha la compensación conforme al párrafo anterior, queda expedita la acción por el resto de la deuda.

En caso de que las partes realicen la compensación de conformidad con el párrafo anterior, se entenderá que la compensación se llevó a cabo por el consentimiento de las partes como una forma de pago de las obligaciones del deudor y no en ejecución de la prenda.

La aplicación de la compensación se llevará a cabo a voluntad del acreedor en el momento en que la obligación activa contratada se tenga por vencida. Para tal efecto el acreedor a su elección podrá, hasta por el monto de lo garantizado, aplicar las cantidades respectivas para cubrir el adeudo bajo el siguiente orden:

a) Intereses moratorios

b) Intereses naturales

c) Capital

Artículo 341.- El acreedor podrá pedir al Juez que autorice la venta de los bienes o títulos dados en prenda, una vez que haya vencido la obligación garantizada.

El juez correrá traslado de inmediato al deudor de dicha petición, notificándole que contará con un plazo de quince días, contados a partir de la petición del acreedor, para oponer las defensas y excepciones que le asistan a efecto de demostrar la improcedencia de la misma, en cuyo caso, el juez resolverá de plano sin que se admita recurso alguno, en un plazo no mayor a diez días.

Si el deudor no hace valer este derecho, el juez autorizará la venta, tomando como base el valor comercial del bien demostrado mediante una estimación de valor que se acompañe a la solicitud.

En caso de notoria urgencia, y bajo la responsabilidad del acreedor que determine el juez, éste podrá autorizar la venta aun antes de hacer la notificación al deudor.

El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en la venta, deberán extender un certificado de ella al acreedor.

El producto de la venta podrá aplicarse vía compensación del préstamo en los términos a los que se refiere el artículo 336 bis. Del presente ordenamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO DECIMO. SE REFORMAN los artículos 2º, fracciones III, IX, X y XI; 3º, primer párrafo; 6º, fracción IV; 7º, fracción I; 8º, fracciones I, II segundo párrafo III primer párrafo, V párrafos tercero, quinto y sexto; 8º. BIS fracción II incisos a, b, c, e y g, subincisos i, iii, iv y v, fracción III, incisos a, b, c, d y f, fracción IV, se recorre al número VI y reforman el párrafo primero, segundo y cuarto; artículo 11 Base Primera párrafo segundo; SE ADICIONAN una fracción XII al artículo 2º, una fracción V al artículo 8º BIS; y se derogan, la fracción segunda del artículo 5º, el párrafo primero, segundo y tercero del artículo;10, primero, segundo y tercer párrafo; 11, segundo párrafo base quinta, todos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de

Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. …

II. ...

III. Federación: a los organismos de integración a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.

IV a VIII. …

IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder ajustarse a los requisitos establecidos en la misma, deban proceder a su disolución y liquidación o que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil;

X. Trabajos de Auditoría Contable: a los trabajos de análisis y evaluación de los estados financieros de una sociedad cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo en los términos de esta Ley, los cuales deberán ser pagados con recursos de este fideicomiso. Estos trabajos deberán realizarse con apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y con base en normas de auditoría generalmente aceptadas, y

XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, con excepción de las señaladas en el artículo 7o. fracción I, por consultores con experiencia en finanzas populares o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en materia de mejora, saneamiento y estabilización de Sociedades, los cuales serán contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal.

XII. Trabajos de Liquidación y Disolución: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley que les fue imposible acceder a los trabajos de consolidación, por consultores con experiencia en finanzas populares o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en materia de liquidación, disolución y pago a ahorradores de Sociedades, los cuales serán contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal.

ARTICULO 3o.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de la Función Pública; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Banco de México, y un representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Por cada representante propietario del Comité habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

. …

. …

ARTICULO 5o.-. …

I. …

II. Se deroga

III a V. …

ARTICULO 6o.- El fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría.

. …

. …

I a III. …

IV. Instruir que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la implementación del esquema de apoyo que se determine en el Trabajo de Consolidación, el cual establecerá cuando es viable la recuperación financiera de las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, y cuando no, así como el esquema que se implementará, y el monto necesario para su saneamiento;

V a XVIII. …

ARTICULO 7º.-. …

I.- Sociedades de Tipo "I": a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que dentro de su objeto se encuentre el ahorro y préstamo o cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado o constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas.

II. …

ARTICULO 8º. …

I. Haberse constituido legalmente antes del 13 de agosto de 2009, acreditar que cumplen con los supuestos a que se refiere el artículo 7o de la Ley y contar con evaluación por parte del Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a más tardar el 31 de agosto de 2013.

II. …

En caso de que se determine la procedencia del esquema de disolución y liquidación, dicho Trabajo establecerá cuáles son los activos de la Sociedad en cuestión. La Sociedad de que se trate utilizará sus activos líquidos para disminuir sus pasivos con los Ahorradores, previo a la participación del Fideicomiso en el proceso de apoyo. Adicionalmente deberán realizar los actos corporativos para estos efectos, en los plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a sus Ahorradores, además de cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la presente Ley

III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación que se le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de alguno de los apoyos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 8o. BIS siguiente; en dicho convenio las Sociedades Objeto de esta Ley se obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que el Trabajo de Consolidación respectivo haya determinado que es más conveniente para que se mantengan en operación.

IV. …

V. …

. …

Las disponibilidades e inversiones en valores a que se refiere el párrafo anterior, serán clasificadas de acuerdo con los criterios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo.

. …

En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción I del artículo 8o. BIS, las Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los órganos competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna cooperativa de ahorro y préstamo, o bien, del esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos a ésta, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley, así como aceptar someterse a lo que la cooperativa de ahorro y préstamo fusionante o cesionaria determine, con relación a la integración de sus Organos de Gobierno.

Para poder recibir los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción III del artículo 8o. BIS, las Sociedades Objeto de esta Ley deberán exhibir copia certificada del o los acuerdos de los órganos competentes en el que se haya acordado su transformación en cooperativas de ahorro y préstamo.

VI. …

ARTICULO 8o BIS.-. …

I.       Fusión con una cooperativa de ahorro y préstamo, o bien algún otro esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos provenientes de alguna Sociedad Objeto de esta Ley, a una cooperativa de ahorro y préstamo. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente:

a)      Sólo podrán participar en este esquema, las cooperativas de ahorro y préstamo que no hayan sido objeto de apoyo a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en las fracciones II y III siguientes;

b)      El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera crediticia de la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la vencida, así como calificar la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de acuerdo con las Reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las cooperativas de ahorro y préstamo en esta materia;

c)      El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de la cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso y la totalidad de la cartera será administrada por la cooperativa de ahorro y préstamo, llevándose a cabo los actos jurídicos necesarios;

d)      …

e)      En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá entre ésta y las cooperativas de ahorro y préstamo, un esquema de incentivos a efecto de lograr la mayor recuperación posible de la cartera que dicha entidad tenga bajo su administración y que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del Fideicomiso;

f)      …

g)      Las Sociedades Objeto de esta Ley, deberá llevar a cabo los actos corporativos y administrativos necesarios, para efectuar la amortización de pérdidas y aportaciones necesarias, de acuerdo a lo siguiente:

i)       Aplicar las partidas positivas del capital contable de las Sociedades Objeto de esta Ley, a la absorción de las pérdidas que tenga la misma derivadas del provisionamiento de la cartera de conformidad con las reglas aplicables;

ii)      …

iii)     Derivado de lo anterior, las partes sociales de las Sociedades Objeto de esta Ley serán tomadas a su valor contable para efectos del canje a que se refiere el numeral iv) siguiente;

iv)     En ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su participación social, los socios efectuarán las aportaciones correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, dentro del plazo que se convenga con la cooperativa de ahorro y préstamo, y

v)      Las Sociedades Objeto de esta Ley que haya cedido sus activos y pasivos, deberá entrar en estado de disolución.

II.     …

a)      Con base en el presente esquema y en virtud de lo determinado por el Trabajo de Consolidación correspondiente, el Fideicomiso otorgará un crédito a las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, o bien, adquirirá instrumentos de capitalización emitidos por ésta, cuando la normatividad que les sea aplicable así lo permita. Los términos y condiciones del crédito, así como las características de los instrumentos de capitalización, serán determinados por el Comité;

b)      Las Sociedades Objeto de esta Ley deberán depositar los recursos que obtenga conforme al esquema a que se refiere esta fracción, en un fondo de disponibilidad restringida administrado por una institución de banca de desarrollo;

c)      El monto del crédito que en su caso otorgue el Fideicomiso, no podrá ser mayor al 50% del total de los depósitos de los Ahorradores de las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, y en ningún caso será mayor en una o sucesivas operaciones, al 20% de la subcuenta del Fideicomiso destinada al saneamiento de sociedades;

d)      En el caso de emisión de instrumentos de capitalización, éstos no podrán representar más del 100%del capital contable que requieren las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, para cumplir con el requerimiento de capitalización correspondiente, ni más del 100% del total de los depósitos de los Ahorradores; en ningún caso será mayor en una o sucesivas operaciones, al 20% de la subcuenta del Fideicomiso destinada al saneamiento de sociedades;

e)      …

f)      Los recursos que se depositen en la institución de banca de desarrollo de que trate, con motivo del presente esquema, servirán de garantía para el propio Fideicomiso, con motivo del crédito otorgado o bien, la adquisición de los instrumentos emitidos por las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate.

III.   Cualquier otro esquema diverso de los anteriores, señalando las reglas y condiciones correspondientes, que sea propuesto en los Trabajos de Consolidación como alternativa para el saneamiento de las Sociedades Objeto de esta Ley de que trate.

         Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, tendrán la obligación de presentar informes trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a que se refiere la fracción III del artículo 8o. anterior a la Fiduciaria. Tratándose de los esquemas señalados en las fracciones I y II de este artículo, deberán presentarse al Comité de Supervisión. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán proporcionar cualquier otra información que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el Comité.

         …

Los esquemas previstos en las fracciones I a III de este artículo, únicamente aplicarán cuando el apoyo que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el caso de pago a Ahorradores.

ARTICULO 10.- Se deroga

Se deroga
Se deroga

ARTICULO 11. …

BASES GENERALES

PRIMERA.-. …

El monto básico de pago será de 10 mil pesos, el cual se ajustará con el resultado de aplicar la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en moneda nacional, a plazo de 182 días, que publique Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, esto se aplicará para cualquier Sociedad Objeto de esta Ley que se encuentre en estado de insolvencia comprobada o no sea financieramente viable de conformidad con los Trabajos de Auditoría Contable y de Consolidación, según sea el caso.
TRANSITORIOS

PRIMERO. Hasta en tanto se realicen los trabajos de auditoría contable, consolidación, de liquidación y disolución, así como la salida que los mismos determinen a la Sociedad de que se trate, la autoridad reguladora suspenderá los procedimientos a que se refiere la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, siempre y cuando las Sociedades en cuestión informen a dicha autoridad reguladora.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y artículos transitorios de anteriores reformas de esta ley, que se opongan al presente decreto.

ARTICULO ONCEAVO. Se DEROGA la fracción VI del artículo 1o, y el Capítulo VII con su artículo 212; de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

 “Artículo 1o…

I a V…

VI.-  Se deroga.

CAPITULOVII
De la Sociedad Cooperativa

(Derogado)

Artículo212.- Se deroga.”

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese el proyecto que tiene que ver con la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo Appel.

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Robles Montoya, si me permitiera adherirme a esta preocupación, en el Decreto por la revisión de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Robles Montoya, ¿acepta la adhesión del Senador Ernesto Ruffo Appel? Con todo gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello.

La segunda iniciativa, relacionada con los ordenamientos jurídicos para el fortalecimiento del sector social de la economía, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 418 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente. También les ruego, por favor, que se sume el Senador José María Martínez.

Durante la época de 1990, Latinoamérica experimentó un avance en derecho penal ambiental. En el caso particular de México, en la revisión general de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la LGEEPA, en 1996.

En dicho precepto, fueron incorporados los delitos que también estaban previstos en la Ley Forestal y la Ley Federal de Caza, quedando tipificados varios tipos de delitos en contra del ambiente; la última modificación realizada a este Título Vigésimo Quinto fue el 6 de febrero de 2002, y desde entonces lleva el nombre de Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental.

Esta inclusión al Código Penal Federal representa un avance en la sistematización de la legislación ambiental.

Entonces, a la Procuraduría General de la República, a través de las facultades que le han sido conferidas por la Constitución Política, le corresponde, junto con el Ministerio Público Federal, conocer e investigar, sobre los delitos ambientales en las entidades federativas a través de subprocuradurías y mediante diversas unidades administrativas especializadas. Sin embargo, varios códigos penales estatales establecen tipos penales que pudiesen dar lugar a conflictos de competencia dentro de la materia; y para reforzar la lucha en contra de los ilícitos ambientales, la Procuraduría General de la República creó en 1997 la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales como una unidad especializada y competente para conocer sobre las conductas previstas en el Título Vigésimo Quinto.

Dentro del ámbito federal, el artículo 182 de la LGEEPA, establece que en aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenga conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos conforme a la legislación aplicable, formulará, ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente.

Además, este mismo artículo establece que la Secretaría está obligada a proporcionar dentro de las materias de su competencia los dictámenes técnicos o periciales que le solicite el Ministerio Público Federal, con motivo de las denuncias presentadas en la comisión de estos delitos ambientales.

Asimismo, otro aspecto a considerar, es que los productores de daños ambientales y, por lo tanto, sujetos de responsabilidad jurídica, no solamente son los particulares, sino que la propia administración pública puede ser tan responsable como cualquier ciudadano, tanto desde su papel de control y vigilancia, ya sea por una omisión durante un acto de inspección que dé lugar a una situación de riesgos o a una franca contingencia.

Sin embargo, este no es el único problema al que se debe enfrentar el impartidor de justicia ambiental, sino que existe multiplicidad de factores derivados de las características específicas de daño ambiental que es necesario ponderar, al momento de intentar establecer algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa sobre algún sujeto.

Como tal, el daño ambiental no se define en la LGEEPA, sino que se utiliza el término “desequilibrio ecológico” conceptualizado como la alteración de las relaciones de interdependencia de los elementos naturales que conforman al ambiente que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

Es difícil y en muchas ocasiones imposible separar al daño ambiental de las implicaciones que este tiene sobre la calidad de vida de la gente, tal como se manifiesta en la siguiente definición.

“Daño Ambiental: Es toda lesión o menoscabo al derecho o interés que tienen los seres humanos, como vecinos o colectividad, a que no se altere de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida”.

Por lo antes expuesto, es indispensable no sólo aplicar la irresponsabilidad jurídica al que ejerce la acción ilícita contra el ambiente o los recursos naturales, sino también al que lo ordene o lo autorice, perjudicando de manera directa los ecosistemas, el ambiente o los recursos naturales.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de Decreto:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 418 del Código Penal Federal.

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días de multa, a quien ilícitamente realice, autorice u ordene:

1. El que desmonte o destruya la vegetación forestal.

2. El que corte, arranque, derribe, tale o dañe algún o algunos árboles.

3. El que cambie el uso de suelo en terreno forestal.

Dichas actividades están permitidas dentro de los poligonales previstas en los planes o programas de desarrollo urbano.

Transitorio

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

Iniciativa

“SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 418 DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante la década de1990, Latinoamérica experimentó un avance en materia de Derecho Penal Ambiental. En el caso particular de México, en la revisión a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1996, se reformaron y trasladaron algunos hechos u omisiones motivo de sanción, hacia el Código Penal Federal en el título XXV, creado específicamente para establecer los tipos penales en materia ambiental.

En dicho precepto, fueron incorporados los delitos previstos también en la Ley Forestal y en la Ley Federal de Caza, quedando tipificados varios tipos delictivos en contra del ambiente; la última modificación realizada a este título XXV fue la del 6 de febrero de 2002, y desde entonces lleva el nombre de Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental.

Esta inclusión al Código Penal Federal, representa un avance en la sistematización de la legislación ambiental ya que se concentran y reenfocan en este título todos los tipos penales considerados en las leyes ambientales existentes.

Entonces, a la Procuraduría General de la República, a través de las facultades que le han sido conferidas por la Constitución Política de México, le corresponde junto con el Ministerio Público Federal, conocer e investigar sobre delitos ambientales en las entidades federativas, a través de sus subprocuradurías y mediante diversas unidades administrativas especializadas. Sin embargo, varios códigos penales estatales establecen tipos penales que pudiesen dar lugar a conflictos de competencia dentro de la materia, y para reforzar la lucha en contra de los ilícitos ambientales, la Procuraduría General de la República, creó en 1997 la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales como una unidad especializada y competente para conocer sobre las conductas previstas en el título Vigésimo Quinto.

Dentro del ámbito federal, el artículo 182 de la LGEEPA, establece que en aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a la legislación aplicable, formulará, ante el Ministerio Público Federal, la denuncia correspondiente; además, en este mismo artículo se establece que la Secretaría estará obligada a proporcionar dentro de las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le solicite el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales.

Asimismo, otro aspecto a considerar, es que los productores de los daños ambientales, y por lo tanto sujetos de responsabilidad jurídica, no son solamente los particulares, sino que la propia administración pública puede ser tan responsable como cualquier ciudadano, tanto desde su papel de control y vigilancia, ya sea por una omisión durante un acto de inspección que dé lugar a una situación de riesgo, o a una franca contingencia.

De igual forma, la Administración Pública al asumir actuaciones de planificación, declaración y clasificación, prohibición, autorización, sanción y medidas de fomento, puede generar inconformidad en distintos sectores sociales, los cuales tienen la prerrogativa de interponer en contra de la administración, los recursos jurídicos  de revisión, nulidad o amparo que a su derecho convengan.

Sin embargo, este no es el único problema al que se debe enfrentar el impartidor de justicia ambiental, sino que existe multiplicidad de factores derivados de las características específicas del daño ambiental que es necesario ponderar, al momento de intentar establecer algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa sobre algún sujeto. Como ya hemos visto, factores como la naturaleza difusa o especialidad indeterminada de un daño ambiental, vuelven a la determinación del nexo causal, la cual es condición sine qua non para establecer responsabilidad, una tarea extremadamente difícil para la autoridad. Otro de los problemas de fondo que existe para el establecimiento de un sistema coherente de responsabilidad por daño al ambiente, es el período que se tiene para exigir esta responsabilidad, que en el caso de México, es de cinco años a partir de la producción del ilícito. Una vez transcurrido este lapso, la acción jurídica, y por lo tanto la reparación del daño por parte del infractor, queda sin efecto.
Lo anterior, es una gran debilidad en nuestro sistema jurídico, ya que muchas veces el daño ambiental puede comenzar a sentirse mucho tiempo después de que se realizó el ilícito. En algunos países como España, se ha intentado corregir esta anomalía mediante la figura que establece que aunque la responsabilidad del infractor de pagar alguna sanción pueda verse extinta por el transcurso del tiempo, la responsabilidad de restaurar el ambiente no prescribe, con lo cual se le brinda a la autoridad la oportunidad de ejercer sus funciones con una mayor amplitud.

Como tal, el daño ambiental no se define en la LGEEPA, sino que se utiliza el término "desequilibrio ecológico" conceptualizado como: "La alteración de las relaciones de interdependencia de los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos".

La Ley Ambiental del Distrito Federal incorpora el concepto de daño ambiental definiéndolo de la siguiente forma: "Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes".

Esta segunda definición, se enfoca más hacia el "ambiente" como sujeto, encauzando la acción jurídica hacia la reparación del daño, en lugar de encaminarse a tipificar una acción lícita o ilícita que pueda provocar sobre el ambiente o sus componentes. Sin embargo, es difícil, y en muchas ocasiones imposible, separar al daño ambiental de las implicaciones que este tiene sobre la calidad de vida de la gente, tal como se manifiesta en la siguiente definición:

 "Daño ambiental es toda lesión o menoscabo al derecho o interés que tienen los seres humanos, como vecinos o colectividad, a que no se alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida".

Dentro del sistema jurídico mexicano, la responsabilidad por daños al ambiente tiene su fundamento en el artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual expresa que sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados de conformidad con la legislación civil aplicable. El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente.

Este artículo, además de enmarcar genéricamente las acciones que constituyen el ilícito o daño ambiental, establece un término de cinco años para demandar la responsabilidad, lapso que en muchas ocasiones resulta un impedimento para la aplicación de la justicia ambiental, ya que aquí se presenta la disyuntiva de que los efectos al medio producidos por el ilícito pueden presentarse muchos años después, como es el caso de los asbestos o los bifenilos policlorados, por citar solamente un par de ejemplos.

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable no solo aplicarle responsabilidad jurídica al que ejercite la acción ilícita contra el ambiente o los recursos naturales, sino también al que lo ordene o lo autorice, perjudicando de manera directa los ecosistemas, el ambiente o los recursos naturales.

En ocasiones quien autoriza actos que dañan al ambiente o provocan un desequilibrio, son autoridades de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal o Municipal), y en otras son autoridades sociales, como lo puede ser una representación de un ejido o comunidad.

No obstante lo anterior, resulta muy importante establecer claramente un tipo penal que, si bien es cierto ya existe contiene una redacción confusa, que puede manejarse a favor o en contra de quienes vulneran la Ley.

Se agrava más la aplicación de la Ley Penal, cuando vemos que el enunciado del artículo 418 habla de "... impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas..." y no se especifica nada sobre las zonas urbanas, entendiendo que lamentablemente en muchas ocasiones, un predio de reserva ecológica, puede ser invadido, incluso hasta llegar a perder distancia con los núcleos urbanos legalmente establecidos y que en muy poco tiempo, estas invasiones en áreas forestales, acondicionan o son dotados de servicios urbanos como agua, luz, pavimentación etc.,

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 418 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, a quien ilícitamente realice, autorice u ordene:

I.- El que desmonte o destruya la vegetación forestal;

II.- El que corte, arranque, derribe, tale o dañe algún o algunos árboles;

III.- El que cambie el uso de suelo en terreno forestal.

Dichas actividades, estarán permitidas dentro de las poligonales previstas en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones, a 6 de febrero de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes:






De las Comisiones Unidas de Justicia; Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION II DEL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 20 y 82 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2, FRACCION XVI, Y EL ARTICULO 82; SE ADICIONA LA FRACCION XXVII, RECORRIENDO EL ORDEN DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTICULO 2, Y SE AÑADE UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 20 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTICULO 63 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Dictamen de primera lectura)








Debido a que estos proyectos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de ampliar los instrumentos de prevención y erradicación de todas las formas de discriminación.

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de segunda lectura)



 

Les recuerdo que su primera lectura se dio el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

Informo antes a la Asamblea que el día de hoy tenemos registrados 15 dictámenes para votación nominal, y ya hemos recibido un abundante número de Senadores que se han inscrito para su discusión, por lo que solicito apegarse al tiempo reglamentario para poder desahogar todos los asuntos que están inscritos en el Orden del Día, y a las Senadoras y Senadores que estemos también atentos para las votaciones respectivas.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

El dictamen que se encuentra a consideración el día de hoy constituye una reforma sustantiva e integral a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y representa una de las acciones legislativas más importantes de los últimos años en materia de lucha contra la discriminación en nuestro país. De igual manera representa, y quiero destacarlo, el fruto de un intenso trabajo y de un esfuerzo colectivo de las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y tomando en consideración, también, distintas recomendaciones de organismos internacionales de Naciones Unidas.

Dicho lo anterior, quiero aprovechar la oportunidad para señalar brevemente cuáles son los cambios sustantivos y los avances más importantes que dan sustento al dictamen que habremos de votar en unos minutos:

1. Se amplía la definición de discriminación con la finalidad de regular la discriminación directa e indirecta, así como la formal y sustantiva.

2. Se especifican las condiciones que motivan la discriminación, a fin de que nuestra legislación responda a la realidad de México y prevea la esencia protectora contenida en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

3. Se amplía el ámbito protector de la ley, así como el ámbito de acción del CONAPRED.

4. Se incorporan nuevas definiciones, como la de igualdad de oportunidades, ajustes razonables y diseño universal.

5. Se da mayor certeza a los trabajos de interpretación de la propia ley.

6. Se incluyen disposiciones para impactar de manera determinante en las políticas públicas del Estado mexicano y garantizar el respeto de derecho a la igualdad.

7. Se consolida la prohibición a discriminar.

8. Se fortalece el Sistema Nacional de Combate y Prevención de la Discriminación.

9. Se precisan los supuestos de trato diferenciado que antes no se consideraban discriminatorios, mismos que se agrupan en acciones afirmativas y distinciones basadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos.

10. Se amplía el catálogo de conductas que constituyen un acto de discriminación para incorporar nuevas situaciones que la realidad actual está generando.

11. Se fortalece la actuación del CONAPRED, que es la instancia rectora en el combate a la discriminación y de las responsabilidades de la Administración Pública Federal en la materia. De esta manera, este organismo operará con mayor eficiencia y eficacia en el seguimiento tanto de políticas públicas, como de reformas legislativas que garanticen la igualdad y que combatan la no discriminación.

12. Se precisa que el rango de aplicación de la ley es para los poderes públicos federales.

13. Se determina la naturaleza y el alcance de las siguientes medidas que voy a enunciar:

a) De nivelación; que son aquellas que se orientan a eliminar las barreras de todo tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades para toda la población.

b) De inclusión; que generan las circunstancias para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos con igualdad real de oportunidades.

c) Afirmativas; como aquellas medidas específicas y de carácter temporal que se realizan a favor de personas o grupos en situación de discriminación, con la finalidad de corregir condiciones patentes de desigualdad en el goce y ejercicio de derechos y libertades.

14. Se reforma el nombre del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se sustituye por el de Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, otorgándole el mismo carácter de especial, a fin de que sea el mecanismo de articulación de los trabajos que desarrollen las instancias públicas federales en la materia.

15. Se incremente el número de integrantes de la junta de gobierno del CONAPRED, que dicho sea de paso, ha sido uno de los órganos ejemplares de funcionamiento en nuestro país; así también, se amplía el que puedan también tener más invitados permanentes a fin de que por una parte se incorpore a este órgano deliberativo la participación de representantes de las nuevas instituciones que se han creado en años posteriores para combatir la discriminación, y por otra parte se abra mayor participación también a organismos de la sociedad civil.

16. Se redefine el perfil del titular del CONAPRED a partir de la modificación de los requisitos para ocupar ese cargo.

17. Se extiende el periodo por el que se desempañará el cargo de presidente o presidenta del CONAPRED para pasar de tres a cuatro años, y de esta manera se dota de mayor estabilidad a la administración del consejo.

18. Se reforman el Capítulo V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con el objeto de unificar el procedimiento de queja y reclamación en uno solo, de esta manera, tengo que mencionar, haciendo especial énfasis, se logrará que en los procedimientos tengan el mayor carácter obligatorio para servidores públicos y particulares.
A la fecha, la ley vigente solo tiene carácter vinculante para las autoridades, ya que respecto a los actos que son cometidos por particulares, el CONAPRED carece de facultades para sancionarlos.

Finalmente, se establece un capítulo de medidas de reparación, adicionales a las medidas administrativas ya contempladas en la ley vigente, con el objeto de inhibir conductas o prácticas discriminatorias a fin de restituir los daños causados por dichas conductas. Estas medidas son: restitución del derecho violentado por el acto discriminatorio, compensación por el daño ocasionado por la conducta discriminatoria, amonestación pública, disculpa pública o privada, garantía de no repetición del acto o conducta discriminatoria.

Para las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras, es muy importante que finalmente hayamos logrado la concreción de esta gran reforma a esta ley; de tal manera que sí tengo que mencionarlo, es un buen ejemplo, es una buena práctica del trabajo en conferencia que finalmente logra que tanto las comisiones de la Cámara de Diputados, como del Senado, ahora estemos presentando este Decreto, que con su voto vamos a lograr pase a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, después de cuatro años de estarse trabajando estas reformas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Abrimos la discusión en lo general de este dictamen, para lo cual, se le concede el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, se le concede el uso de la misma, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso de la Presidencia.

México es un país plenamente pluricultural, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas; sin embargo, la discriminación es una práctica diaria, que se caracteriza en dar un trato peyorativo a determinada persona o grupo de personas; esto es un terrible malestar que nos debería avergonzar como sociedad. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI siga persistiendo tan aberrante práctica.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación identificó a 11 grupos en situación de discriminación, siendo estos adultos mayores, afrodescendientes, fieles religiosos, etnias, migrantes, refugiados, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas con VIH, jóvenes y personas con preferencias distintas a la heterosexual; y los grupos sociales que más son azotados por la desleal práctica de la discriminación son los indígenas, los que se encuentran en situación de pobreza y los homosexuales.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derecho, la desigualdad para acceder a ellos y la falta de oportunidades para alcanzar el pleno desarrollo, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia, e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Lo anterior sucede en nuestro país a pesar de que el artículo 1o. de la Constitución Federal señala tajantemente que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ante este panorama, se han logrado dar varios pasos importantes desde el ámbito legislativo e institucional, encaminados a incorporar a la legislación nacional la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos a fin de erradicar la discriminación y consolidar el derecho a la igualdad.

Desafortunadamente, y a pesar de contar con un marco legal, podríamos decir, robusto, de la prohibición y violación del derecho a la igualdad y la no discriminación, contamos con una sociedad en la que aún permea conductas plenamente discriminatorias. Ante este panorama el dictamen que estamos por votar atiende la patología de la discriminación que se da en México, en el que se precisa en el artículo 1o., fracción III, el concepto de discriminación, y se incluyen ejemplos de conductas discriminatorias.

Además el proyecto realiza una modificación de importancia en cuanto a los procedimientos que se sigue para sustanciar las quejas presentadas por las personas que consideran afectadas por los actos de discriminación, desde la queja, hasta la resolución final, así como las medidas de reparación.

El gran aporte de las reformas es que no únicamente son responsables o van a poder ser responsables de cometer estos actos y ser sujetos a estos procedimientos las autoridades, sino también los particulares.

Debe quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir un derecho.

Por tal razón, no basta con fomentar leyes que prohíban la discriminación, sino también debe de existir una cultura de inclusión y respeto hacia los derechos humanos, pues si bien es cierto que las modificaciones legales que hoy aprobaremos son importantes y no serán suficientes; las modificaciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por sí misma, no van a solucionar en nada la problemática de la no igualdad y discriminación, sin la participación de las autoridades y el conjunto de la sociedad. Por ello resulta imprescindible que en los distintos programas gubernamentales se incluyen propuestas específicas de combate a la discriminación.

Bienvenidas, pues, estas reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y esperemos que con ella encontremos un instrumento de pluralidad, de inclusión, de equidad y de igualdad en beneficio de la sociedad mexicana.

Felicito a los integrantes de la comisión, a las Cámaras, ha sido una iniciativa que por mucho tiempo estuvo guardada, pero hoy celebro que estemos discutiendo este dictamen y esperemos su votación.

Estamos a favor del dictamen en discusión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que al someter a consideración del Pleno la aprobación de esta ley tan importante en materia de discriminación, el Senado de la República hace patente su responsabilidad histórica de erradicar la xenofobia y los actos de discriminación que, a pesar de los actos institucionales, persisten en México.

Es muy importante que el pueblo de México observe que a través de estas prácticas, el Senado mexicano está tratando de actualizarse con respecto a las manifestaciones que ha hecho y los mandatos con la Organización de las Naciones Unidas en materia de discriminación.

Por eso los quiero felicitar con mucha emoción y de manera muy sincera a los compañeros que integran la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, por la ley sobre discriminación que hoy están proponiendo al Pleno del Senado.

Es sabido por todos, que a pesar de los avances legislativos y de las acciones concretas para apuntalar las políticas públicas de combate a la discriminación, esta reprobable práctica aún se encuentra arraigada en nuestro país.

Tal es la situación, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, en marzo de 2012, en su 80 periodo de sesiones, expresó su seria preocupación ante el hecho de que a pesar de que el Estado parte de una institucionalidad muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad estructural.

Por eso es muy importante lo que en este momento vamos a votar y lo que en este momento se está discutiendo.

La adecuación del artículo 1o. con todas las adiciones que se le incorporan a esta Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sin duda que vendrán a fortalecer la reglamentación del artículo 1o. constitucional y la prevención y la erradicación de todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Sin duda que será una realidad concreta que estaremos viviendo en nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores:

El Senado mexicano tiene que impulsar la cultura contra la discriminación; porque esta práctica de discriminar al mexicano que está en condición de pobreza, al mexicano que está en condición de alguna incapacidad física o mental, de discriminar al mexicano de los pueblos originarios, al mexicano que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, es una práctica común en México, por eso los 128 Senadores mexicanos tenemos que impulsar esta cultura en contra de la discriminación, pero sobre todo ser celosos vigilantes de la aplicación estricta de la ley que vamos a aprobar para que nuestro pueblo alcance la felicidad que se merece.

Ningún sentido tiene aprobar leyes que no se aplican de manera estricta.

Los convoco a que votemos de manera unánime a favor de esta ley, porque México merece que la discriminación se erradique de manera definitiva de nuestro país.

Por su atención, gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, es a favor de un dictamen que quedó pendiente el año pasado y por razones de tiempo de nuestra agenda, no lo pudimos aprobar.

Es a favor de ir construyendo la inclusión, el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a estos derechos humanos, que tiene que ver con construir igualdad de oportunidades y de construir discriminaciones e injusticias.

La reforma que hoy aprobaríamos corresponde a una minuta de la Cámara de Diputados y prácticamente culminaría el proceso para que esto esté en vigor.

La importancia de que hoy estemos haciendo esta reforma, es para seguir avanzando en un marco legal que dé instrumentos a quienes juzgan y también a quienes son víctimas.

Pero si ya vimos todos los segmentos de la sociedad y cuando se juntan varios, pues no queremos que pasen esos casos en donde, disculpe usted por estar en cárcel, por no tener derecho a un traductor y a poder defenderse por haber sido como en el último caso, la mujer indígena en Guerrero que tras ser apedreada, tras no poder tener a su bebé es acusada y encarcelada.

Cuando vemos elementos que se conjuntan factores de discriminación de estos grupos más vulnerables, necesitamos construir una cultura de ese respeto a la diferencia en pensamiento, en preferencia y también en ideologías, a la diferencia sexual, a la diferencia que tiene que ver por tener una piel de otro color; nuestro país ha abolido la esclavitud, sin embargo, necesitamos reconocer que todavía está impregnada una serie de prejuicios y estereotipos. Decir no a la discriminación conlleva una responsabilidad, construir la inclusión y la igualdad a favor del dictamen y mi grupo parlamentario del PRI está consciente de este alto sentido de defender a los derechos humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.

No habiendo más oradores, y en virtud de que no hay artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto..



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 105 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 127 y adiciona el artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de tráfico y posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 127 Y ADICIONA LA FRACCION XXIV AL ARTICULO 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



La primera lectura a este dictamen se le dio el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto..

Esta Presidencia saluda la presencia de los alumnos de la Universidad Europea, Campus Cuernavaca, Morelos, invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y se adiciona la fracción XXIV del artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de movilidad sustentable.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



Le recuerdo a la Asamblea que a este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente
        
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general se ha inscrito la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, a quien se le concede el uso de la palabra.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, Senadoras y Senadores:

El día de hoy discutimos un dictamen muy importante, ya que contiene un esfuerzo para fomentar el uso de medios de transportes sustentables a través de cambios a la Ley General de Cambio Climático, en donde se busca invertir en el transporte público para mejorar su calidad y accesibilidad, así como fomentar la movilidad sustentable.

El dictamen propone, principalmente, invertir y promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.

Invertir y promover la inversión en sistemas de transporte público, en programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte y el consumo energético, por lo que el dictamen engloba una serie de cambios legislativos que darían respuesta a las necesidades de la población.

Es oportuno para mí manifestarles, que en mi estado, Quintana Roo, es necesaria la implementación de medios de transporte sustentables, la creación de infraestructura y reglamentos de tránsito que brinden las necesidades suficientes al ciudadano.

Cabe destacar, que desde esta tribuna he presentado propuestas para fomentar el uso de la bicicleta y diversos medios de movilidad sustentable, ya que los quintanarroenses lo demandan.

Se han presentado diversas situaciones en Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, en donde en lugar de fomentar el uso de medios de transporte sustentable se inhiben, exigiendo placas a las bicicletas, decomisándolas y multando a quien no cumpla con dicho emplacamiento, además de otras medidas, que lejos de fomentar estos medios de transporte, causan que no se utilicen, por lo que esta propuesta resulta muy pertinente para que las autoridades competentes cumplan las normativas aplicables. En este caso, las que se plantean en este dictamen.

Esta propuesta, además de brindar beneficios para la mitigación del cambio climático, también se traduce en beneficios para la salud y el turismo.

Es conveniente para el turismo fomentar el uso de estos medios de transporte, como se hace en otras latitudes.

En conclusión, las modificaciones del dictamen a que me refiero, causarán un beneficio directo a los ciudadanos de mi estado, del país, al turismo y a las acciones de la mitigación de cambio climático.

Pero también, el grupo parlamentario del PRD quisiera hacer un cuestionamiento:

¿Qué se hizo con los recursos que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó para apoyar la agenda de cambio climático de este país con tres préstamos con un total de mil millones de dólares?

El 8 de diciembre de 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un contrato de préstamo para programas de apoyo a la agenda de cambio climático de México.

Hubo tres operaciones, una de ellas por 400 mil dólares, que fue el tercer préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó para México. Este préstamo o financiamiento, tuvo por objeto lograr el impulso de la agenda de mitigación y adaptación.

¿Qué se hizo con estos recursos?

¿Cuáles son las políticas públicas concretas con los que se aplicaron estos recursos?

Porque consideramos, que aunque tenemos una muy buena Ley General de Cambio Climático, definitivamente hace falta fondos, como estos que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a México en apoyo a esta agenda del cambio climático durante la pasada administración.

Quisiéramos saber: ¿de qué forma se han empleado estos recursos para estas políticas públicas tan necesarias en nuestro país? Porque no vemos de qué forma y dónde fueron aplicados estos recursos.

Y sin embargo, damos la bienvenida a este dictamen, porque consideramos que es urgente empezar a mitigar el cambio climático para no llegar a esos excesos de temperatura, que harán que el calentamiento global desborden nuestros mares y ocasione otras nuevas tragedias.

Bienvenido el dictamen, pero hacemos un exhorto para que la pasada administración dé a conocer de qué forma el dinero que el Banco Interamericano de Desarrollo les otorgó, fue ocupado para estas acciones de políticas públicas.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda, para los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el dictamen que hoy se presenta a discusión y votación, reviste la mayor de las relevancias.

No solamente estaremos sumándonos y votando a favor, sino queremos felicitar, primero, al autor de la iniciativa y, desde luego, a los integrantes de la Comisión de Cambio Climático y a las comisiones dictaminadoras.

Sin duda, el dictamen que hoy propone modificaciones a la Ley General de Cambio Climático, es un paso más a este propósito de no solamente los legisladores, sino funcionarios públicos, organismos de la sociedad civil, que vemos el tema de movilidad, como un derecho fundamental de las personas.

El poder trabajar para mejorar el transporte público, para buscar alternativas para los ciudadanos en la forma de trasladarnos, en la forma en que vamos de un lugar a otro, es fundamental.

Seguir apostándole al transporte público automotor, como se ha venido haciendo en los últimos años, no es la mejor de las estrategias. Ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, sería cuestión nada más de revisar los fenómenos que se dieron el año pasado en nuestro país, con los huracanes “Ingrid” y “Manuel”; los problemas que se han generado en el norte del país y en el norte del continente, concretamente en Estados Unidos, que no tiene que ver con otra cosa más que este abuso que estamos haciendo y la forma que estamos contaminando nuestro planeta.

El buscar alternativas de transporte, un transporte multimodal que le permita al ciudadano poder utilizar banquetas adecuadas para poder caminar, tener infraestructura para el uso de la movilidad no motorizada, el uso de las bicicletas con infraestructura adecuada para que el ciclista pueda utilizar las calles de manera segura, y también, obviamente, el apostarle al transporte masivo, el que podamos tener un transporte eficiente, cómodo, seguro y preferentemente económico, será uno de los grandes retos que tenemos, y hoy con la aprobación de este dictamen estamos dando un paso importante.

Si bien es cierto, este dictamen va orientado a mitigar los efectos del cambio climático por los gases de efecto invernadero, sin duda el poder establecer políticas públicas para mejorar la movilidad de los ciudadanos es un tema fundamental.

Por eso, los integrantes del grupo parlamentario, las Senadoras y los Senadores del PRI, no solamente vamos a votar a favor, sino nos congratulamos que en este Senado se tomen acciones a favor de este tema fundamental. Estaremos trabajando no solamente desde cada una de las comisiones, sino en los organismos que coadyuvan y que están trabajando muy de lleno, como es Globe México, en la que varios legisladores formamos parte.

Quiero aprovechar la ocasión para informarles a todos ustedes que precisamente en este año, nuestro país será la sede de la Cumbre Mundial de Globe Internacional en la que se estarán revisando los avances en materia legislativa en más de 90 países alrededor del mundo, que estamos trabajando para mitigar los efectos del cambio climático.

El próximo mes de junio el Distrito Federal, será la sede y estaremos recibiendo a más de 500 legisladores de todo el mundo que estamos preocupados, y como el día de hoy, ocupados en acciones legislativas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

Reiteramos nuestro compromiso con el medio ambiente, reiteramos nuestro compromiso con la movilidad, en especial con la movilidad no motorizada, y obviamente, nuestro voto será a favor del dictamen.

Muchas gracias, buenas tardes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente.

Primero que nada, quiero felicitar a mi compañero de bancada, el Senador Octavio Pedroza Gaitán, por esta excelente iniciativa, y que si bien en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales logramos hacer un dictamen modificado, por cierto, muy adecuado, en donde establecemos la obligatoriedad de la ley de invertir y fomentar el uso de otros combustibles y de crear nuevos medios de transporte público que favorezcan la movilidad.

Creo que esto es lo mejor para México y que estamos trabajando a favor de México, necesitamos hacer acciones que redunden precisamente en esa baja de emisiones de los gases de efecto invernadero y que no solamente sea de papel.

Tenemos que conjuntar en algunas comisiones, cruzar, precisamente, los puntos de opinión que favorezcan al ambiente, que favorezcan a la reducción de gases de efecto invernadero, pero sobre todo, que las políticas públicas en realidad, y hablo en especial de cambio climático, sean transversales y que peguen; y revisar en cada una de las secretarías cómo se han destinado los montos que están etiquetados precisamente en esta materia de cambio climático.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. No habiendo más oradores registrados ni artículos reservados para su discusión en lo particular, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 107 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de programas de conservación para la protección de especies.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio lectura el pasado 13 de diciembre. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta sólo de un artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para la discusión, se ha inscrito oportunamente el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para lo cual, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente.

Efectivamente mi intervención es para hablar a favor de este dictamen que reforma el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, y de la misma manera, del otro dictamen que se votó hace algunos minutos de la misma ley en el artículo 122. Porque creo que hay que poner este tema como uno de más alta prioridad para el Senado de la República, el tema del riesgo que corren muchas especies, particularmente de la fauna de nuestro país, de extinguirse.

Tradicionalmente se ha creído que cuando se existe una especie, simplemente deja de existir y el mundo continúa su marcha; sin embargo, cada vez hay más evidencia de la interrelación que tiene cada especie con las demás especies de su ecosistema, que conforman una compleja red de biodiversidad que se ve afectada por la pérdida de una especie como si fueran fichas de dominó.

Creo que esto nos preocupará hasta que la especie más cercana a extinguirse sea la más cercana a la especie humana.

Por eso es que cada extinción provoca una preocupación más en términos de su impacto biológico y en términos de las extinciones que puede generar de otras especies.

Ahora, el tema de fondo para nosotros los legisladores es preguntarnos, ¿por qué se extinguen las especies?, ¿por qué México tiene cerca de 500 especies de fauna en peligro de extinción?

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 39 por ciento de las extinciones se debe a la introducción de especies diferentes en un mismo hábitat; 36 por ciento se debe a la destrucción del propio hábitat; y 23 por ciento a la exterminación predeterminada, es decir, a la cacería y al negocio tan terrible del tráfico de especies.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, esta actividad, el comercio fraudulento de animales y plantas protegidas, es el tercer negocio internacional más rentable del mundo, solamente seguido por el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Es un negocio de alrededor de 160 mil millones de euros anuales.

Además, la propia Organización de las Naciones Unidas señaló, en el 2007, que todos los días se extinguen 150 especies, lo que ya es considerada la mayor ola de pérdida biológica desde que desaparecieron los dinosaurios, en términos biológicos.

El tema es altísimamente sensible para nuestra sociedad. Seguramente ustedes pudieron apreciar hace algunos días en las redes sociales, una polémica terrible que se generó a partir de que una actriz, la actriz conocida como Lucero, publicara unas fotografías de ella practicando el deporte de la cacería o esta práctica llamada cacería. O aún más, seguramente muchos de ustedes supieron que hace unos días el señor Gog Murguía sufrió un ataque por parte de una tigresa de bengala, que una persona muy conocida por muchos de ustedes, Jorge Hank Rhon, tenía en su propiedad.

Es un tema sensible y por eso es que creo que era importante llamar su atención el día de hoy.

Por eso, la iniciativa que da origen al dictamen que hoy estamos discutiendo, tiene que ver con eso, con aumentar la conciencia y la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad en nuestro país.

En nuestro país muchas veces nos llenamos la boca de orgullo diciendo que tenemos el 10 por ciento de todas las especies actualmente conocidas del planeta.

Ante el mundo, México ocupa el segundo lugar en riqueza en especie de reptiles, el tercero en mamíferos, el cuarto en anfibios.

Simplemente, en los estados del sur-sureste se encuentran 70 por ciento de la biodiversidad del país; Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero son estados con mayor biodiversidad y riqueza de especies animales y vegetales de toda nuestra nación.

Sin embargo, en mi estado, Chiapas, hay cerca de 30 especies en peligro grave de extinción; el venado cabrito, el tlacuache acuático, la tortuga golfina, el ocelote, el jaguar, el cocodrilo de pantano, el murciélago pescador, el tigrillo, el mono araña y, por supuesto, el mítico quetzal.

El quetzal que hasta 1796 se creía que era un ave fantástica. El quetzal cuyas plumas en la época prehispánica tenían más valor que el oro. El quetzal cuya muerte tenía la pena de muerte para quien la cometía. Hoy está en extinción; y está en extinción porque justamente en el reducto, en el hábitat del quetzal, que es el bosque de niebla de la Sierra Madre de Chiapas, hay intereses de las mineras.

Yo les pregunto, compañeros: ¿qué es más importante para los mexicanos, seguir privilegiando una actividad como la minería o poder decir que fuimos una legislatura que protegió el patrimonio de los mexicanos que también es el patrimonio en términos de biodiversidad y del quetzal?

Por eso estamos a favor de esta modificación del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, porque estoy seguro que ustedes como yo, tienen la aspiración de que sus hijos y de que sus nietos conozcan especies como el quetzal o como cualquiera de las otras 500 especies mexicanas que hoy están en peligro de extinción.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto. En virtud de que no hay más oradores registrados háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Informo a esta Asamblea que los Senadores del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, invitan a los integrantes de este Pleno para que asistan a la exposición de artesanías del estado de Guerrero, que se encuentra en el patio central de este recinto.

Así es que, se les recuerda a todas las Senadoras y Senadores que está esta bonita exposición en el patio central de nuestro recinto legislativo.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 100 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de manejo especial de residuos.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto..

recinto legislativo.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que a petición de la Comisión de Cultura y del grupo parlamentario del PRD, los tres dictámenes de reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se retiran de su discusión y votación de la agenda del día de hoy.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el derecho a la igualdad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN TERCER Y CUARTO PARRAFOS AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Esta es una iniciativa que estamos dictaminando, que fue presentada por el Senador del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Escudero; es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y que también hemos consultado con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de tal forma que esta reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga viabilidad. Refiere a la adición de los párrafos tercero y cuarto del artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de definir el procedimiento que habrá de seguirse en el supuesto de que concluya el periodo para el que fue designado la o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esta personalidad no haya sido ratificada o ratificado, o no se haya designado a la o al nuevo titular.

De presentarse tal supuesto, se establece que provisionalmente y por un periodo que no exceda de 90 días, asumirá las funciones que correspondan a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al primer visitador, y en ausencia de éste, se hará cargo el siguiente, de acuerdo al número que corresponda en orden progresivo, hasta en tanto se elija y se designe al nuevo ombudsman de dicho organismo. En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación de quien tiene que presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado la personalidad saliente, titular de este organismo autónomo.

Conviene recordar que el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, y cito textual: el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, igualmente con votación calificada. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones en los términos establecidos en el Título Cuarto de esta Constitución.

En este contexto, las Senadoras y los Senadores integrantes de las comisiones que dictaminamos, coincidimos plenamente con la Colegisladora en la necesidad de adicionar el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con dos párrafos a efecto de regular un procedimiento que permita garantizar el ejercicio de las facultades y responsabilidades del organismo de protección federal, en caso de que por alguna circunstancia el Senado de la República no realice la designación o ratificación del titular en tiempo y forma y concluya el periodo para el que fue designada, la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De presentarse tal supuesto, estimamos conveniente que de manera provisional, y por un espacio que no exceda de 90 días, pueda ser el primer visitador, y así sucesivamente, quien pueda estar ocupando este encargo; obviamente que es una situación que no estaba contemplada en la ley, que esperemos que no acontezca; creo que el Senado de la República hasta ahora ha tenido una experiencia muy eficaz en el proceso de elección o ratificación del ombudsman, de tal manera que era importante tenerlo en la ley como una previsión, que es característica de toda las leyes que tienen que ver con designación o elección de funcionarias o funcionarios.

Ahora bien, es importante destacar que esta iniciativa que adiciona el artículo 10, como he repetido, fue presentada el año antepasado por Pablo Escudero, fungiendo como Diputado federal, de tal manera, que nos llega la minuta al Senado de la República, y en la Comisión de Derechos Humanos tuvimos que hacer algunas adiciones, ahora con el compañero a que he eludido, ya en su carácter de Senador, e integrante de la comisión que dictamina.
Entonces creo que es importante, y con eso termino, señoras y señores, que nuevamente este trabajó, también refleja una buena práctica de trabajo en conferencia entre la Cámara de Diputados, de manera particular, la Comisión de Derechos Humanos, y esta comisión del Senado de la República, que da como resultado que finalmente tenemos este dictamen que hoy presentamos a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

A continuación iniciamos la discusión en lo general, y para ello se ha inscrito el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen en estudio reviste particular importancia al resolver dos cuestiones muy importantes que permitirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dar certeza jurídica, asegurar la continuidad y, sobre todo, dar un mecanismo de mayor protección a este organismo público, que desde 1992 es el responsable de la atención de las quejas contra los actos u omisiones violatorias de los derechos cometidos en contra de cualquier ciudadano.

En primer término, se establece un mecanismo que evitará que la institución garante de los derechos humanos quedase acéfala, que una vez que se ha agotado el procedimiento y que este Senado no haya designado a quien será el nuevo titular en o su caso ratificado, que no exista la incertidumbre de lo que deba de dar continuidad a los trabajos de este organismo tan importante.

Por lo anterior, es necesario señalar que en tal virtud, al disponer que el primer visitador pueda asumir la conducción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera excepcional y transitoria, se evita un posible tiempo, impasse en la labor de uno de los órganos fundamentales del Estado moderno.

Es imprescindible, compañeros Senadores, que la labor de dicho organismo no se vulnere ante la posible falta de un presidente, por el contrario, se necesita de una dirección contínua en vías de garantizar a la nación que la protección de los derechos fundamentales del ciudadano es permanente e independiente a los procesos de renovación institucional.

Actualmente persiste una laguna jurídica en el procedimiento para la designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que podría provocar la incertidumbre respecto a sus funciones.

El artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece el procedimiento y las particularidades en el nombramiento de su presidente; sin embargo, es importante señalarlo, no determina el supuesto de que no hubiera concluido el proceso de selección del nuevo titular al alcanzarse el plazo de la conclusión del presidente saliente.

Bajo la norma que en este momento está a nuestra consideración, el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, gozarían de un periodo adicional de reflexión y acuerdos de aproximadamente 90 días, para que en caso de alguna circunstancia extraordinaria no les hubiese permitido designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ahora bien, aunque el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala al primer visitador general como el funcionario responsable de sustituir interinamente al presidente, establece un procedimiento agravado que impide su implicación inmediata.

Asimismo, se debe señalar que dicha disposición no se refiere al caso concreto de suplencia por conclusión del encargo que abordara este dictamen. Por ello, resulta indispensable precisar que no podemos dejar al arbitrio de interpretaciones la designación de una figura tan importante para dar garantía de los derechos fundamentales.
Compañeros de este Pleno, a consideración del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el presente proyecto resuelve de manera adecuada un riesgo latente, pues si bien es necesario establecer un mecanismo de interinato sin menoscabo a la responsabilidad del Congreso, que contaría con un plazo fatal de 90 días para concretar la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En virtud de lo anterior, a nombre del grupo parlamentario del PRD, congratulo a las comisiones dictaminadoras e invito a las Senadoras y Senadores presentes a votar a favor de esta importante propuesta y que estaremos muy atentos a la fecha del 15 de noviembre que concluye el periodo constitucional de responsabilidad del actual Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y haciendo un exhorto anticipado a las comisiones responsables de llevar el procedimiento que con todo criterio y objetividad sea analizada la responsabilidad y el desempeño del actual titular de esta comisión, en virtud de que tenemos elementos de prueba suficientes y necesarios para hacer, en el tiempo y en el momento que corresponda, las consideraciones respecto a su ratificación.

Mientras tanto, anticipo, en mi responsabilidad como Senador por el estado de Guerrero, de que vamos a estar aquí señalando las múltiples irregularidades que se han cometido en estos últimos cuatro años que lleva al frente de su responsabilidad y que no vamos a permitir que desde adentro de las instituciones responsables de vigilar y de cuidar los derechos fundamentales de los mexicanos, se pretenda violentar a la autonomía de un estado como es Guerrero, donde se está trabajando con la unidad y la solidaridad del gobierno de la República, del gobierno del estado, de los gobiernos municipales y, lo más importante, con la unidad de los guerrerenses.

Muchas gracias y buenas tardes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 96 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al artículo sexto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el gobierno mexicano, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 1931.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA AL ARTICULO SEXTO DE LA CONVENCION SOBRE CONDICIONES DE LOS EXTRANJEROS, FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO, AL PROCEDER EL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EL 28 DE MARZO DE 1931

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar este y los siguientes cuatro dictámenes sobre instrumentos internacionales.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Los cinco dictámenes, que comienzan con el que estábamos discutiendo en este momento, son dictámenes procesados en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos.

Sometemos hoy a su consideración quitar estas reservas a partir de una propuesta que el Ejecutivo Federal manda al Senado de la República, las cuales forman parte de un amplio paquete de compromisos políticos y decisiones legislativas en materia de derechos humanos. Y se suman, además, a las reservas que ya aprobamos en la sesión anterior, referente a desapariciones forzadas y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ejercicio de una nuestras facultades exclusivas en materia de política exterior, autorizaremos al titular del Poder Ejecutivo Federal el retiro de 5 reservas más a estos tratados internacionales que tienen que ver con el régimen jurídico de las personas extranjeras, las y los apátridas, las y los refugiados, y las y los trabajadores migratorios y sus familias.

De igual manera, autorizaremos el retiro de reservas importantes a tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como El Pacto de San José.

La razón que sustenta la decisión del Poder Ejecutivo para solicitar al Senado la autorización para poder proceder al retiro de estas reservas, es que estas han dejado de ser necesarias, dada la modificación del artículo 33 constitucional en el gran paquete de reformas en materia de derechos humanos que sufrió nuestra Constitución en junio de 2011.

Para algunas personas, en las que me incluyo, la verdadera reforma, y lo digo con mucho respeto, hubiera sido derogar el artículo 33 de la Constitución y desaparecer de nuestro marco jurídico la facultad del Presidente de la República de decidir sobre la expulsión de una persona extranjera. No obstante, dicha facultad se mantiene, ha sufrido una reforma y, además, debo destacar que la particularidad es que ahora debe respetarse el derecho a la previa audiencia de la persona extranjera a la que se pretende expulsar.

Desde mi punto de vista, señoras y señores, tan importante es el retiro de estas reservas, como relevante es en el próximo dictamen que tenemos que resolver, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, para reglamentar el artículo 33 constitucional. Es un pendiente que hay que destacar.

También conviene recordar que en ese mismo paquete se encuentra, y en la misma circunstancia, la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Por lo que corresponde al impacto en las reservas cuyo retiro hoy estamos a punto de autorizar, cabe señalar, de manera general algunas de estas características.

En el caso del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, las personas extranjeras que se hallen legalmente en el territorio nacional sólo podrán ser expulsadas en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley y a menos que razones de seguridad nacional se opongan a ello. De tal manera, que se permitirá al extranjero exponer las razones que los asistan en contra de la posible expulsión.

Así también someter, en su caso, a revisión ante la autoridad competente, o bien, ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente y hacerse referir con tal fin ante ellas.

En el caso de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el Estado mexicano no podrá expulsar a apátrida alguno que se encuentre legalmente en territorio nacional a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.

En el caso de la Convención sobre las Condiciones de los Extranjeros, el Estado mexicano podrá, sólo por motivo de orden o de seguridad pública, expulsar a personas extrajeras domiciliadas, residentes o simplemente de paso por nuestro territorio, quedando obligado a recibir a los nacionales, es decir, a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que han sido expulsados del extranjero y tengan todas las condiciones para dirigirse a nuestro territorio. De esa magnitud es el retiro de esta reserva.

En el caso de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Estado mexicano no podrá expulsar a persona refugiada que se encuentre legalmente en el territorio nacional a no ser por razones de seguridad o de orden público.

La expulsión de una persona refugiada únicamente se podrá efectuar en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes, y sin perjuicio de la observancia del principio de no devolución, a no ser que se opongan a ellos razones imperiosas de seguridad nacional, y en todo caso se permitirá a la persona refugiada presentar las pruebas exculpatorias.

Finalmente, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el Estado mexicano deberá respetar el derecho de cualquier persona migrante para exponer las razones que le asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión de la autoridad competente, salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva.

Esta reserva, por cierto, es importante mencionar, estaba ligada al artículo 125 que ya no existe, de la Ley General de Población.

Por lo anterior, quienes formamos parte de estas comisiones dictaminadoras, estimamos que el retiro de estas reservas a diversos ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos representa, sin lugar a dudas, un acto de congruencia elemental y un primer paso a un todavía largo camino hacia la homologación y la armonización de nuestra legislación y, por supuesto, del cumplimiento irrestricto de los compromisos vinculantes que adquirimos al signar, al aprobar los tratados internacionales.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar éste y los siguientes cuatro instrumentos de carácter internacional que estamos discutiendo en este momento.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
El día de hoy, el Senado de la República da un paso histórico en la defensa de los derechos humanos.

¿Por qué digo esto? Porque al aprobar el retiro de reservas que nos remitió el Ejecutivo Federal, estaremos modificando la postura tradicional que el Estado mexicano había adoptado durante décadas frente al régimen internacional de los derechos humanos.

Por mucho tiempo nuestro país presentó reservas a diversos tratados internacionales porque prefería anteponer la protección de la Soberanía y la supremacía de la Constitución a la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad.

Afortunadamente, esta posición nacionalista comenzó a modificarse en la década de los 90’s y culminó con la reforma constitucional del año 2011, con la que se logró la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos.

Uno de los cambios más importantes y paradigmáticos de esta reforma, lo encontramos en el artículo 33. Como ustedes saben, esta disposición otorgaba al Ejecutivo Federal la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia se juzgara inconveniente.

Precisamente por esta facultad del Ejecutivo Federal, nuestro país formuló, en su momento, reservas a diversos instrumentos internacionales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Las reservas que formularon estos instrumentos se hicieron con la finalidad de que la expulsión de los extranjeros se pudiera hacer en los términos en los que estaba redactada la Constitución, es decir, de manera arbitraria y sin juicio previo. Sin embargo, esto ya no es así; con la redacción actual del artículo 33, el Ejecutivo está obligado a respetar el derecho de audiencia previa de los extranjeros y a seguir el procedimiento administrativo que señala la ley reglamentaria.

Cabe decir que a este retiro de reservas se suma el que aprobamos el pasado martes, en relación con el fuero militar, que dicho sea de paso, era necesario y consecuente con la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco.

En esta sentencia, la Corte dispuso que la competencia del fuero castrense, sobre hechos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar, es contraria a la disposición contenida en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Es importante destacar, que el retiro de estas serie de reservas, además de estar en sintonía con la reforma constitucional hecha en 2011, y con las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido bien recibida por el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, ACNU, y por el jefe de misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes en su oportunidad nos hicieron saber, en este mismo recinto, que esta decisión nos permitirá avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que han hecho diversos organismos internacionales a nuestro país, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes.

Estimadas compañeras y compañeros, el retiro de estas reservas, además de estar en sintonía con los principios constitucionales de pro-persona y pro-progresividad, constituye un reconocimiento esencial de las personas extranjeras al debido proceso y, también, a la protección procesal y efectiva de las personas en los casos de desaparición forzada.

Esta acción del Estado mexicano debe ser leída en el contexto que vive nuestro país; como un país de tránsito y receptor de flujos migratorios, en donde existen muchas personas que buscan, además de mejores condiciones de vida, el que se le reconozca la condición de refugiados.

Es por ello que el retiro de las reservas que se somete a consideración de este Pleno, es consecuente con la nueva dinámica internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los migrantes y refugiados, en tanto que se dignifica y se reconocen plenos derechos del debido proceso a los extranjeros.

Ciertamente hace falta mucho para que en nuestro país todas las personas gocen plenamente de los derechos de los que somos titulares. Sin embargo, estas medidas son pasos esenciales e indispensables para que ello ocurra.

El paso siguiente consistirá en la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional y de las reformas en materia de justicia militar, que ya se están discutiendo en este Congreso.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los cinco dictámenes a que hemos hecho mención, sobre los instrumentos internacionales.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En efecto, México ha sido históricamente un país hospitalario. Dan fe de ello los miles de refugiados de la república española, muchos de los cuales vinieron a enriquecer la academia y las artes mexicanas.

Lo mismo ocurrió años más tarde con el exilio de nuestros hermanos latinoamericanos, cuyos países sufrieron la negra noche de las dictaduras militares o de las guerras civiles.

Más recientemente, este país ha sido solidario con nuestros hermanos, víctimas de desastres naturales, como el caso de Haití.

No podemos decir lo mismo, lamentablemente, sobre el trato que se brinda en el territorio nacional a los migrantes en tránsito, la mayoría centroamericanos, que en su paso por aquí, son víctimas de los más terribles abusos.

Estamos a pocos años de que nuestra Carta Magna llegue al centenario de su vigencia. A partir de la reforma del artículo 1o., en 2011, el texto constitucional comenzó una transición de la noción de garantías individuales, a la de los derechos humanos.

Este cambio entraña el reto de diseñar el andamiaje institucional y las políticas públicas pertinentes, a fin de que todas las personas tengan plenamente garantizados los derechos contenidos en la Constitución misma y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que son más de 1,600, de los cuales, alrededor de 200 tienen como materia esencial la protección de uno o varios derechos humanos.

Nuestras disposiciones legales se encuentran desfasadas respecto de los derechos de los extranjeros que residen aquí o que se encuentran de paso en nuestro país.

Es por ello que debemos de congratularnos con el retiro de las reservas que México mantenía a diversos tratados en materia de protección de los derechos a los extranjeros.

Hasta antes de su reforma, el artículo 33 constitucional otorgaba amplia discrecionalidad al gobierno, para determinar la situación de un ciudadano de otro país y establecía, francamente, con la posibilidad de incurrir en abusos.

El retiro de estas reservas a los tratados internacionales deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Se recordará, que mediante esta reforma se modificó la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México. De aquí que no sea congruente, que se mantengan dichas reservas; al retirarlas, además, se armoniza el contenido constitucional con lo establecido en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos.

Con la reforma de 2011, se tomó como base la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 33 dejó de otorgar una facultad arbitraria al Ejecutivo Federal para otorgar garantías a todos los extranjeros que por diversas razones se encuentren en territorio nacional.

Dicho de otro modo, la redacción original daba al Ejecutivo Federal la facultad de expulsar a los extranjeros con toda discrecionalidad.

Ahora, en cambio, se establece el derecho de previa audiencia y la obligación gubernamental de seguir y de apegarse a los procedimientos de la ley.

Cabe señalar, que con la reforma de derechos humanos, se otorgaron los derechos y garantías contenidas en la Constitución a los extranjeros, por lo cual resulta de suma importancia el retiro de las reservas citadas.

Las reservas retiradas de los tratados internacionales en materia de protección de derechos a los extranjeros, ya las han mencionado mis compañeras, pero quisiera comentar, que tanto los tratados y convenciones, por ellas señalados, como en el artículo 33 de nuestra Constitución, establecen que el Ejecutivo Federal puede expulsar a los extranjeros, y que ahora tendrá que hacerlo bajo determinadas limitantes establecidas en la ley, salvo en los casos que la presencia de los mismos atente flagrantemente a la seguridad nacional, cosa que, por cierto, no se ha revisado.

De este modo, se contribuye a generar un clima de legalidad y se acotan decisiones discrecionales del Ejecutivo Federal. Asimismo, al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en materia de expulsión de extranjeros, se establece que las decisiones emitidas por la corte sean de carácter vinculatorio y deben ser cumplidas por el Estado mexicano en los casos revisados.

Por otro lado, el retiro de la reserva formulada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es acorde con la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco, en su resolución contra los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que el fuero de guerra o militar no puede aplicarse a hechos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o bienes jurídicos propios del ámbito castrense, puesto que contraviene diversas disposiciones de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, así como de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El retiro de esta reserva también es congruente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Radilla Pacheco, en el expediente que ya conocimos donde se estableció que las sentencias condenatorias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos, concretamente en los casos relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de elementos militares.

Sin embargo, para que todos estos ordenamientos no queden en buenas intenciones y puedan traducirse en preceptos jurídicos, operativos y eficaces, es indispensable que se le ponga fecha lo antes posible a elaborar la ley reglamentaria que haga vigente estos acuerdos, ya que en el artículo Quinto Transitorio del Decreto constitucional a diferencia de todos los decretos constitucionales que ha emitido el Ejecutivo Federal, se señaló que en tanto no se expida la ley reglamentaria de este artículo se seguirá aplicando el artículo vigente en el texto.

Es muy importante, entonces, trabajar en la ley reglamentaria para que no quede este retiro de reservas en letra muerta.

Es cuanto, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación del proyecto de Decreto que hoy nos ocupa..

Esta Presidencia saluda a maestros y alumnos del Colegio Internacional de San Salvador, que nos visitan de la República de El Salvador, invitados por el Senador Javier Corral Jurado.

Asimismo, destacamos la presencia del Ministro Consejero de la Embajada de la República de El Salvador en México, el arquitecto Rolando Reyes. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República de México.

(Aplausos)

 



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 96 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el retiro de la reserva al artículo sexto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el gobierno mexicano, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 1931. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 constitucional, formulada por el gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 7 de junio del año 2000.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTICULO 32 DE LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS, POR LO QUE SE REFIERE A LA APLICACION DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL ARTICULO 32 DE LA CONVENCION, AL PROCEDER EL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EL 7 DE JUNIO DE 2000

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. En virtud de que dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto..



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 7 de junio del año 2000. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México en el depósito de su instrumento de ratificación en junio del año 2000.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTICULO 31 DE LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, QUE SE REFIERE A LA APLICACION DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO EN EL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EN JUNIO DEL AÑO 2000

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. En consecuencia, debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 91 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México en el depósito de su instrumento de ratificación en junio del año 2000. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento de ratificación en marzo de 1981, formulada por el gobierno de México.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA AL ARTICULO 13 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, AL PROCEDER AL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EN MARZO DE 1981, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto..



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el retiro de la reserva al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento de ratificación en marzo de 1981, formulada por el gobierno de México. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formulada por el gobierno de México al depositar su instrumento de ratificación.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA RESPECTO DEL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 22 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL DEPOSITAR SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 13 de diciembre de 2013. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 94 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el retiro de la reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formulada por el gobierno de México al depositar su instrumento de ratificación. Remítase al Ejecutivo Federal.






En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República la investigación y creación de una comisión especial sobre hechos referidos por diversos medios de comunicación.

PROPUESTAS

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos:

Esta tarde vengo a presentar una proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República la creación de una comisión especial y la presentación de una solicitud de investigación ante la PGR.

El 5 de febrero, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el entonces coordinador y vocero de las autodefensas en el municipio de Tepalcatepec, doctor José Manuel Mireles, hizo una serie de imputaciones muy graves sobre mi persona, ligándome a un grupo delictivo. Esta serie de imputaciones me llevan a traer esta proposición.

Los señalamientos en contra de mi persona, respecto a los hechos, son totalmente falsos, son una genuina amenaza en contra de mi persona y de mi familia. Me parece extremadamente grave e irresponsable lanzar una calumnia y no tener el valor quien porta una metralleta en la mano, de negarse a debatir con una mujer sus aseveraciones, en que puedo dañarlo yo o lastimarlo, que no tengo una arma en la mano. Sólo defiendo mi nombre, mi integridad, mi honor, mi vida partidaria al lado de las mejores causas sociales, y así mismo la integridad de mi familia.

Siendo como lo es el Senado de la República, un poder fundamental, no debe dejar que se instale una especie de velo, de duda o de sospecha respecto de sus miembros; no podemos permitir que se instale la duda de que alguno de los miembros de este Pleno, de esta Asamblea, pertenece o tiene nexos con el crimen organizado. Por ello, el día de hoy vengo a plantear dos proposiciones para que se aclaren los señalamientos en contra de mi persona.

El primero, que sea el Senado la instancia que formalmente presente una solicitud a la Procuraduría General de la República para que se me investigue. Nada debo y nada temo. Considero de suma trascendencia esta investigación, la infiltración de grupos criminales en el Senado o en el Congreso Federal sería un lastre sobre las instituciones fundamentales del Estado mexicano.

A la par, estoy solicitando la integración de una comisión especial investigadora del Senado, que ejerza estas facultades que tiene para investigar los señalamientos que se han hecho en contra de mi persona, ello en razón de que esta Asamblea está obligada a velar por la honorabilidad de quienes la integramos, que sea esta comisión quien acompañe los procesos de investigación y el procedimiento de los funcionarios públicos federales, estatales y municipales que se han encontrado responsables de dar apoyo, cobertura y protección a los grupos criminales en Michoacán.
Omite mencionar también el doctor Mireles, que cuando fui candidata a Diputada local en el 2011, fui abiertamente saboteada, agredida y amenazada por el grupo criminal del cual hoy me coloca en sus filas, lo sabe perfectamente. Lástima que hoy lo olvide quizá de manera intencional.

Considero que debe investigarse también las rutas de lavado de dinero de los grupos delincuenciales en el país, en los estados, y particularmente en Michoacán, para establecer el punto de encuentro que sin duda explicará el desarrollo de los grupos criminales como los conocemos hasta el día de hoy.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República, por conducto de su Mesa Directiva, presente ante la Procuraduría General de la República una petición formal para que se investigue a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, la de la voz, sobre las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada.

Segundo. El Senado de la República integre una comisión plural investigadora de los señalamientos que diversos actores han hecho sobre mi persona, en el sentido de estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada.

Además de este punto de Acuerdo, compañeras y compañeros Senadores, quiero anunciar la separación de mi cargo como Senadora de la República, ya que he redactado un documento dirigido a la Mesa Directiva, donde solicito una licencia temporal por un periodo de 30 días, esto para poder trasladarme en unos momentos más a la Procuraduría General de la República, ponerme a disposición de esta instancia para que se investigue y no se diga que me amparo bajo el fuero constitucional.

No necesito el fuero constitucional porque no tengo ninguna relación con ningún grupo del crimen organizado, respecto de las fotografías y de los últimos acontecimientos ustedes, señoras y señores Senadores, conocen perfectamente de lo que estamos expuestos en nuestras carreras políticas.

Por mi honor, por la seguridad de mi familia y por el respeto al partido político en el que me formé, al lado de hombres y mujeres de valor y de carácter, he tomado esta decisión personalísima.

Emplazo también a la Procuraduría General de la República a que desahogue las investigaciones en este lapso de 30 días. Quiero decir también que, como alguien de este mismo Senado me dijo en algún momento, la confianza no se gana, la confianza se pierde, y partiendo del principio de confianza yo confío en las instituciones.

Me trasladaré a la PGR sin el fuero constitucional, y les digo con la frente en alto, que no tengo nada de que avergonzarme, ni en este ni en otros momentos, ni de mi vida personal ni de mi carrera política.

Les agradezco muchísimo.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SOLICITA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA INVESTIGACION Y CREA UNA COMISION ESPECIAL SOBRE HECHOS REFERIDOS POR DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 5 de Febrero, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el Dr. Juan Manuel Mireles, dirigente de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, hizo una serie de imputaciones muy graves sobre mi persona, ligándome al grupo de políticos que protegen las actividades del crimen organizado en mi entidad natal. Sin embargo en lo que a mí respecta su señalamiento es completamente falso.

Los señalamientos contra mi persona, hechos en el contexto de los enfrentamientos que se desarrollan en Michoacán, son una genuina amenaza de muerte en mi contra y de mi familia. Me parece extremadamente grave e irresponsable lanzar la calumnia y no tener el valor, quien porta una metralleta en la mano, de negarse a debatir con una mujer que niega sus aseveraciones temerarias. ¿En qué puedo dañarlo, en que puedo lastimarlo? Sólo defiendo mi nombre, mi integridad, mi honor, mi vida partidaria al lado de las mejores causas sociales.

Habla y con razón el Dr. Mireles de una guerra abierta en la tierra calentana, no ignora, aunque lo niega, del apoyo soterrado de otros carteles a algunos grupos y ciudadanos ligados a las autodefensas.

Recientemente la Procuraduría General de la República ha dado a conocer la existencia de pruebas, testimonios, que vinculan a grupos de autodefensa con otros carteles delincuenciales. Hechos negados por todos los grupos de autodefensa. Conozco la región, se de la genuina indignación social ante la impunidad total de los grupos criminales.

En octubre del año pasado me fue solicitada una reunión con Senadores y Senadoras por representantes de un grupo de ciudadanos de Apatzingán que previamente habían sido recibidos en CNDH y por miembros de la Cámara de Diputados. Tal solicitud fue promovida por personajes públicos. Nada hay de cuestionable en esta reunión, nadie hasta el día de hoy ha presentado una denuncia penal contra estas personas, ni siquiera quién públicamente los ha señalado como personeros de los Templarios. Si se tienen las pruebas y no se denuncia se cae en omisión, en complicidad también compañeros senadores, compañeras senadoras. 

Siendo como lo es el Senado un poder fundamental de la república no debe dejar se instale una especie de velo de sospecha de estar infiltrado por la delincuencia organizada. Eso es sin duda un tema relevante, de efectos perniciosos, corrosivos, que dañaría aún más el prestigio de esta institución republicana.

Por ello el día de hoy vengo a plantear dos proposiciones para que se aclaren los señalamientos en contra de mi persona.

Primero que sea el Senado la instancia que formalmente presente una solicitud ante la Procuraduría General de la República para que se me investigue. Nada debo nada temo

Considero de suma trascendencia esta investigación, la infiltración de grupos criminales en el Senado o en el Congreso Federal sería un lastre sobre instituciones fundamentales del estado mexicano.

A la par estoy solicitando la integración de una comisión especial investigadora del senado que ejerciendo facultades que tiene el senado investigue los señalamientos que se han hecho en contra de mi persona, ello en razón de que esta asamblea está obligada a velar por la honorabilidad de todas y todos quienes la integramos. Que acompañe los procesos de investigación y procesamiento de los funcionarios públicos federales, estatales y municipales que sean encontrados responsables de dar apoyo, cobertura, protección a grupos criminales en Michoacán.

Omite mencionar el Dr. Mireles que cuando fui candidata a diputada local en 2011, fui abiertamente saboteada por el grupo criminal al cual ahora me coloca en sus filas. Lo sabe perfectamente, lástima que hoy lo olvide quizá intencionalmente.

Considero que deben investigarse las rutas de lavado de dinero de los grupos delincuenciales en el país y en los estados, particularmente en Michoacán para establecer este punto de encuentro que sin duda explica el desarrollo de los grupos criminales como los conocemos el día de hoy.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía,

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República que se investiguen los hechos de que han dado cuenta diversos medios de comunicación que atribuyen a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza vínculos con presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Segundo.- El Senado de la República integra una comisión plural investigadora de los señalamientos que diversos actores han realizado sobre la persona de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, en los que le atribuyen vínculos con presuntos integrantes de la delincuencia organizada”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza. Se turna a la Comisión de Justicia; y la solicitud de licencia que anunció la Senadora Mendoza, se procesará en el momento oportuno.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a hacer una revisión exhaustiva de las posibles violaciones a las leyes en la materia.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

El asunto que hoy presento ante esta tribuna, a nombre propio y de mis demás compañeros legisladores que suscribimos el presente exhorto, es un tema de mayor relevancia, dado que tiene que ver con las buenas prácticas entre los prestadores y los usuarios de los servicios financieros.

Hoy en día, a nivel mundial el crecimiento y el desarrollo de una economía no se podría explicar sin el papel que juegan los sistemas financieros en la mayoría de los países, y es que cuando estos sistemas proporcionan información fiable y accesible, se reducen considerablemente los costos y tiempos de transacción que a su vez canalizan la asignación de recursos y tienen un impacto directo en la productividad económica.

En México, de acuerdo a un estudio publicado por BBVA Research, en noviembre pasado, el 97 por ciento de la población adulta tiene acceso al sistema financiero, de los cuales sólo el 56 por ciento usa algún tipo de producto-financiero; las barreras que impiden una mayor inclusión financiera, identificadas en la encuesta nacional de inclusión financiera, dan indicios de la preferencia de la población mexicana por mecanismos informales de ahorro y crédito.

Lo anterior se explica por el bajo grado de penetración crediticia respecto al Producto Interno Bruto.

En América Latina, el promedio de la penetración es del 50 por ciento, mientras que nuestro país es de los más bajos en la región con un 20 por ciento y un sector informal que representa el 30 por ciento del PIB.

Por citar un ejemplo, en Chile la informalidad es del 20 por ciento y tiene una penetración de crédito del 65 por ciento del PIB.

Aunado a ello, otro de los factores que inciden de manera negativa en la inclusión financiera son las prácticas desleales que en algunas ocasiones realizan la banca privada con perjuicio de los usuarios, lo cual genera una autoexclusión.

A finales del año pasado, la CONDUSEF presentó un informe sobre la evaluación de las reclamaciones imputables a un posible fraude, el cual refiere que en el primer semestre de 2013 las reclamaciones ascendieron a 2.2 millones, de los cuales el 33 por ciento fueron operativas y el 67 por ciento con posibilidad de ser fraudulentas, realizadas con tarjeta de crédito principalmente. Esta última cifra tuvo incremento del 10 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, esta institución presentó en días pasados un informe sobre los resultados de la supervisión de producto de tarjeta de crédito en donde analizaron contratos, estados de cuenta y carátulas de 15 expedientes elegidos aleatoriamente por cada institución financiera, con el fin de verificar que se cumpla con la normatividad en lo que refiere al producto tarjeta de crédito.

Es importante precisar que de acuerdo a este informe, el principal producto reclamado ante los bancos fue la tarjeta de crédito con 2.7 millones de reclamaciones, de un total de 4.2 millones en 2012.

En este sentido, si se considera que 2 de cada 3 reclamaciones que recibe la banca corresponden a este producto y que las instituciones evaluadas concentran el 95 por ciento de los reclamos, principalmente de cargos, comisiones e intereses no reconocidos, podemos inferir que la información que se utiliza al contratar un servicio bancario es ambigua.

Lo anterior se detecta en las observaciones detectadas por dicho informe, por citar algunas, tenemos que el contrato entregado al usuario es diferente al inscrito en el registro de contratos de adhesión, lo que ocasiona que el usuario no conozca cuáles son las condiciones reales bajo las cuales está obligado,  estados de cuenta con información incorrecta de tasas y el costo anual total. Y en general, los usuarios de los servicios financieros se ven afectados al recibir documentos que no cumplen con la normatividad ni reflejan la realidad de lo contratado, lo cual es violatorio del marco jurídico vigente y atentan contra las sanas prácticas financieras.

En el marco de la publicación de la reforma financiera, los Senadores que suscribimos el presente documento hacemos un llamado a las instituciones y organismos financieros a contribuir con las políticas públicas emprendidas por la administración en turno, cuya finalidad es favorecer el acceso universal a los servicios financieros y convertir el sistema financiero mexicano en un motor que, a través del crédito y de las buenas prácticas, potencialicen el crecimiento económico de México.

En este tenor, exhortamos a la CONDUSEF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que realicen una investigación exhaustiva sobre las posibles violaciones a las leyes en la materia sobre la ambigüedad de la información que presentan a los usuarios y la presentada ante las propias autoridades financieras.

Asimismo, hacemos una invitación a la Asociación de Bancos de México para que tengan a bien la disposición de atender a este respetuoso llamado y coadyuven al fomento de las sanas prácticas de los servicios financieros.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Propuesta

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LACOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, PARA QUE HAGAN UNA REVISION EXHAUSTIVA DE LAS POSIBLES VIOLACIONES A LAS LEYES EN LA MATERIA, SOBRE LA AMBIGÜEDAD DE LA INFORMACION QUE DAN A LOS USUARIOS Y LA PRESENTADA ANTE LAS PROPIAS AUTORIDADES FINANCIERAS

“Las que suscriben, senadores Maria del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Oscar Román Rosas González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel mundial, el crecimiento y desarrollo de una economía no se podría explicar, sin el papel que juegan los sistemas financieros en la mayoría de los países. Cuando estos sistemas, proporcionan información fiable y accesible, se reducen considerablemente los costos y tiempos de transacción, que a su vez, canalizan la asignación de recursos y tienen un impacto directo en la productividad económica.

Diversos estudios demuestran que existe una relación positiva entre el crecimiento económico y la profundización financiera. Sin embargo, para que este supuesto se cumpla, es necesario que el acceso a los servicios financieros, se desarrolle en un ambiente de amplia competencia, con un marco regulatorio eficaz y en general, una mayor inclusión, accesibilidad y diversificación de los servicios.

En México de acuerdo a un estudio publicado por BBVA Research “Situación Banca México Noviembre 2013”,el 97% de la población adulta tiene acceso al sistema financiero, de las cuales sólo el 56% usa algún producto financiero. Las barreras que impiden una mayor inclusión financiera, identificadas en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, dan indicios de la preferencia de la población mexicana por mecanismos informales de ahorro y crédito.

Lo anterior se explica por el bajo grado de penetración crediticia respecto al Producto Interno Bruto (PIB).  En América Latina el promedio de penetración es del 50%, mientras que en nuestro país, es de los más bajos en la región con un 20% y un sector informal que representa el 30% del PIB. Por citar un ejemplo, en Chile la informalidad es del 20% y tiene una penetración del crédito de 65% del PIB.

Aunado a ello, otro de los factores que inciden de manera negativa en la inclusión financiera, son las prácticas desleales, que en lagunas ocasiones realiza la banca privada en perjuicio de los usuarios, lo cual genera una autoexclusión.

A finales del año pasado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó un informe sobre la “Evolución de las reclamaciones imputables a un posible fraude”  el cual refiere que en el primer semestre del 2013 las reclamaciones ascendieron a 2.2 millones, de las cuales el 33% fueron operativas y el 67% con posibilidad de ser fraudulentas, realizadas con tarjetas de crédito principalmente. Esta última cifra tuvo incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe mencionar que los bancos han tomado medidas oportunas ante esta situación y en la mayoría de los casos, han resuelto en beneficio de los usuarios.

Por otro lado, esta misma institución presentó en días pasados un informe sobre los “Resultados de la Supervisión del producto de Tarjeta de Crédito” en donde analizaron contratos, estados de cuenta y carátulas de 15 expedientes elegidos aleatoriamente por cada institución financiera, con el fin de verificar que se cumpla con la normatividad en lo referente al producto Tarjeta de Crédito. Es importante precisar, que de acuerdo a este informe el principal producto reclamado ante los bancos fue la Tarjeta de Crédito, con 2.7 millones de reclamaciones, de un total de 4.2 millones en el 2012.

En este sentido, si se considera que 2 de cada 3 reclamaciones que recibe la banca corresponde a este producto y que las instituciones evaluadas, concentran el 95% de los reclamos principalmente derivado de cargos, comisiones e intereses no reconocidos, se infiere que la información que se utiliza al contratar un servicio o en el estado de cuenta es ambigua. 

Lo anterior se sustenta en las observaciones detectadas por dicho informe, dentro de las cuales destacan:

• Entregan al usuario un contrato no vigente, es decir, diferente al inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA), lo que ocasiona que el usuario no conozca cuáles son las condiciones reales bajo las cuales se está obligando, al incluir por ejemplo: Comisiones no claras o ilegales, pues no se indica el concepto, monto y periodicidad; Metodología de cálculo de tasas de interés no claras, ocasionando que el usuario no pueda saber si los intereses cobrados son correctos; Cláusulas ilegales o abusivas que ya se habían modificado.

• Carátulas (portadas) no personalizadas, si la finalidad de la carátula es que el cliente conozca de forma clara un resumen de las condiciones específicas que a él le aplican en la contratación del producto, entregarle información general ocasiona que el Usuario no cuente con los  elementos suficientes para conocer los costos y las condiciones bajo las cuales se le otorga el crédito, por ejemplo: Conocer el Costo Anual Total (CAT); El monto de la línea de crédito otorgada por la institución; La Tasa de interés que pagará por el crédito; las comisiones que la institución le cobrará por la contratación del producto; La fecha de corte o de pago en caso de créditos.

• Incongruencia entre la información; todos los documentos deberían contener la misma información, pero al no ser así, se puede crear confusión en el usuario, por ejemplo: las fechas de corte y de pago señaladas en la carátula son diferentes a las informadas en el estado de cuenta, por lo que el Usuario no cuenta con elementos para hacer un buen uso del producto y cumplir con su obligación de pago.

De esta información se desprende que los principales incumplimientos fueron:

INSTITUCION

CONTRATO NO VIGENTE
(INSCRITO EN EL RECA)

CARATULA NO
PERSONALIZADA

ESTADO DE
CUENTA CON
INFORMACION
INCORRECTA DE
TASAS Y CAT

FALTA DE
CONGRUENCIA
DE LA CARATULA
CON OTROS
DOCUMENTOS

ESTADO DE
CUENTA CARECE
DE ELEMENTOS
NORMATIVOS

BBVA Bancomer

X

X

X

X

X

HSBC

 

X

 

 

X

Scotiabank

X

 

X

 

 

Santander Consumo

X

 

 

 

 

Banorte - IXE
Tarjetas (Banorte)

 

X

 

 

 

Tarjetas Banamex

 

X

 

X

X

Inbursa

X

X

X

 

 

Banorte - IXE
Tarjetas (IXE)

X

X

 

 

X

Fuente: CONDUSEF

En general, de acuerdo a este informe, los usuarios de los servicios financieros se ven afectados al recibir documentos que no cumplen con la normatividad, ni reflejan la realidad de lo contratado, lo cual es violatorio del marco jurídico vigente y atentan contra las sanas prácticas financieras.

De acuerdo al artículo 4, fracción IX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión tiene por objeto supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, asimismo, tiene la tarea de procurar que las entidades financieras cumplan con lo pactado con los usuarios. Por su parte, el artículo 20 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, otorga a la CONDUSEF la facultad de regular y supervisar las relaciones entre los usuarios y los prestadores de servicios financieros. En tal virtud, la CNBV y la CONDUSEF cuentan con las facultades necesarias para emprender las medidas y acciones para evitar estas malas prácticas.

En el marco de la publicación de la Reforma Financiera, los Senadores que suscribimos el presente documento hacemos un llamado a estos organismos a contribuir con las políticas públicas emprendidas por la administración en turno, cuya finalidad es favorecer el acceso universal a los servicios financieros y convertir al Sistema Financiero Mexicano en un motor, que a través del crédito y de las buenas prácticas, potencialicen el crecimiento económico de México. Asimismo, hacemos una invitación a la Asociación de Bancos de México para que tenga a bien la disposición de atender a este respetuoso llamado y coadyuve al fomento de las sanas prácticas de los servicios financieros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que hagan una revisión exhaustiva sobre las posibles violaciones a las leyes en la materia, sobre la ambigüedad de la información que presentan a los usuarios y la presentada ante las propias autoridades financieras.

Segundo.- El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la Asociación de Bancos de México al fomento de las buenas prácticas entre los prestadores y los usuarios de los servicios financieros.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 6 de febrero de 2014.

ATENTAMENTE

Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Angélica Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Alvarez García.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.”
- El C. Presidente Cervantes Andrade:

Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Tiene el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente.

Hace aproximadamente dos meses presenté una iniciativa en el mismo sentido, considero importante en este momento que me concede la palabra para hechos precisar que es importante que esta organización tenga armas para poder darle a los ciudadanos mexicanos el trato que se merecen.

Los plazos que tiene esta institución y que concede a los bancos son plazos verdaderamente grandes y prácticamente se burlan de la misma.

En caso de desobediencia o de falta, las multas que imponen también son muy bajas y es una institución que en vez de prestarle servicio a los mexicanos que tienen muchos problemas con los bancos en muchos sentidos, no funciona.

Yo considero, compañeras y compañeros Senadores, que es importante dotar lo que no se ha hecho todavía, y como lo acaba de decir mi compañera Senadora, a esta institución, de las suficientes armas a efecto de que los usuarios de la banca, que somos todos nosotros y son millones de mexicanos, tengan la posibilidad de que exista una institución que haga justicia y que, sobre todo, imponga orden en las altas comisiones que tienen muchos bancos y que en las situaciones que a veces se presentan el usuario no tiene forma de defenderse.

Debo decir con toda claridad, Senadoras y Senadores, que en el caso, por ejemplo, de los intereses moratorios tratándose de tarjeta de crédito, pudieran ser inscritos, y lo digo con claridad, dentro del inciso del fraude de usura a que se refiere el Código Penal.

No podemos permitir que los bancos estén cobrando altas tasas de intereses como lo que está sucediendo, pero que sobre todo haya comisiones por todo y tengan problemas por todo y exista una institución a la cual acuden los mexicanos para efecto de que sean escuchados y a efecto de poder tener la posibilidad de que los bancos moderen su actuar y esta institución no tenga los elementos suficientes para poder hacer justicia.

Me sumo, por supuesto, a lo planteado por mi compañera Senadora y expongo a ustedes esto que es necesario para este país.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Torres Corzo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar, a nombre propio y del Senador Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar diversas acciones en relación con los precios de la gasolina y el diesel.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente, con su permiso, y sabiendo que es el último tema que se aborda en esta sesión, lo haré de la manera más breve.

El punto de Acuerdo tiene que ver con un tema que es de enorme sensibilidad para los mexicanos, que es el precio de los combustibles, particularmente de la gasolina y del diesel.

Desde los años 90’s cuando este país logró controlar las inflaciones enormes, se estableció para no tener brincos en los precios el poner un desliz que se sostuvo desde los años 90’s, primero con una sola excepción en el 2008 que el Ejecutivo Federal determinó suspender por un año el incremento de la gasolina para no afectar la situación de los mexicanos que enfrentamos la crisis mundial derivada de las quiebras bancarias que iniciaron en Estados Unidos y en otros países de Europa.

Cuando entró esta administración, no solamente se sostuvo el desliz, sino que se incrementó, y durante todo el año pasado se aumentaron 2 centavos mensuales por litro, de tal manera que llegamos, en el penúltimo mes del año, a superar el precio del combustible en Estados Unidos.

Y entonces, en términos reales, dado que el combustible, la gasolina que consumimos en México, y buena parte de los demás combustibles se importan de Estados Unidos, dejó de existir lo que se denomina subsidio.

Sin embargo, técnicamente se sigue manejando que existe un subsidio; es más, se habla que el año pasado hubo un subsidio real de 220 mil millones.

Pero no hay forma que alguien pueda demostrar que hay un solo peso de transferencia para este subsidio, porque el subsidio no es otra cosa más que un asunto técnico de la diferencia de uno de los cuatro impuestos que tiene la gasolina.

La gasolina tiene un impuesto, el IETU, por la enajenación de combustibles, y la manera de calcular este impuesto resulta negativo y a eso se le ha denominado subsidio, pero esta es una falsedad.

Nosotros compramos la gasolina de Estados Unidos. Si en Estados Unidos es más barata que en México, entonces quiere decir que no hay subsidio.

Prácticamente los 10 años anteriores el precio de la gasolina en México era más bajo que en Estados Unidos, y ya lleva 3 meses más alto en México que en Estados Unidos, y el pronóstico seguramente, contrario a lo que se establece en el Presupuesto de Egresos, va a ser que durante todo este año no exista tal subsidio, sino por el contrario, un ingreso adicional por parte del Estado.

De tal manera, que aún con estos cuatro impuestos, con un impuesto que empezó este año, que es el Impuesto de Combustibles Fósiles, que es de 10.36 centavos por litro, aún con este impuesto, con el IVA, con el Impuesto de Enajenación y con el Impuesto Estatal, el precio de la gasolina en México, aún sin estos impuestos, sería más caro que en nuestro vecino del norte.

este motivo, la propuesta concreta consiste, en virtud de que el término de subsidio está puesto, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece una meta de eliminar el subsidio.

Y, ¿qué quiere decir eliminar el subsidio? Subir los precios del combustible.

Me parece que es importante terminar con esta ilusión de que a los mexicanos nos subsidian el precio de los combustibles. También es importante, porque confunde en términos internacionales.

La OCDE ha recomendado a México eliminar los subsidios en las gasolinas. Insisto, no hay absolutamente un solo peso en este país, en los últimos meses, y en lo que resta de este año, que se define a subsidiar al combustible, esto es totalmente una falacia técnica de la manera que se calcula el IETU.

De tal manera, que el punto de Acuerdo tiene tres resolutivos, y lo someto a consideración de urgente resolución.

Primero.- Solicitar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aclare y difunda, en su página de Internet, exactamente este concepto de subsidio, si existe o no existe; y si existe, ¿en dónde está saliendo ese dinero? Porque en los informes trimestrales que se emiten, el rubro tiene exactamente cero pesos, cero centavos, y ustedes pueden checarlo en Internet, en el informe del cuarto trimestre del ejercicio del año pasado.

Y esto es clarísimo, insisto, porque el precio, hoy no puede hablarse de un subsidio de que nos cuesta más cara a nosotros la gasolina que lo que la vendemos a los mexicanos, porque la verdad nos cuesta más barata de lo que la vendemos a los mexicanos.

Segundo.- Exhortar a la Secretaría de Hacienda a que informe también, de manera detallada, ¿por qué en la política económica aparece un incremento mensual específico, y del primer mes, además del nuevo impuesto, aumentó 2 centavos más el precio de los combustibles?

Que nos explique, por qué razón, en el proyecto de presupuesto manda una cantidad, y en la práctica está incrementado 2 centavos.
Tercero.- Que nos informe de manera respetuosa, una política de los precios de los combustibles, que nos haga competitivos.

El combustible es un insumo de productividad de este país. En la manera en que los combustibles sean más caros en este país que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, en esa medida perderemos competitividad. De tal forma, que se proponen estos tres resolutivos.

Y le pido a la Presidencia que le dé trámite de urgente resolución a este resolutivo.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN RELACION CON LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL DIESEL



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Larios Córdova. Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Senadoras y Senadores, como lo anunció la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, contamos en la Mesa Directiva con su solicitud de licencia, a la cual solicito a la Secretaría dé lectura.

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la comunicación.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

“UNICO.- Se concede licencia a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para separarse de sus funciones por 30 días a partir del 6 de febrero de 2014”.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para separarse de sus funciones por 30 días a partir del 6 de febrero de 2014.

En otro apartado del Orden del Día, y a solicitud del Senador Benjamín Robles Montoya, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen que corresponde al proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 6, 8, 10, 11 y Octavo Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentado el 11 de octubre de 2012.

Asimismo, se emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que presenten el dictamen correspondiente al proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentado el 11 de abril de 2013.






EXCITATIVA

“El que suscribe, senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 216 del Reglamento del Senado, dirijo a su distinguida investidura la siguiente:

EXCITATIVA

Que respetuosamente se formule atenta EXCITATIVA a la Comisión Permanente de Hacienda y Crédito Público a fin de qué emita el correspondiente dictamen a las siguientes iniciativas presentadas, que a continuación se detallan:

a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 6, 8, 10, 11 y Octavo Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por los senadores Benjamín Robles Montoya y Miguel Barbosa Huerta, con fecha 11 de octubre de 2012; y,

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por un amplio grupo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI y el PRD con fecha 11 de abril de 2013.

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente admitir e integrar la presente EXCITATIVA en el correspondiente Orden del Día que celebre la Comisión Permanente. 

Sin más por el momento, agradezco su atenta disposición, quedo de usted.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






Compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

PROPUESTAS

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a respetar lo aprobado por la Cámara de Diputados en lo relativo al fondo metropolitano, con el propósito de que los recursos lleguen en su totalidad a los municipios de la zona metropolitana de Monterrey para que los ejerzan en tiempo y forma. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON A RESPETAR LO APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO AL FONDO METROPOLITANO, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS RECURSOS LLEGUEN EN SU TOTALIDAD A LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY PARA QUE LOS EJERZAN EN TIEMPO Y FORMA.

“SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de acuerdo en la que se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León a respetar lo aprobado por la H. Cámara de diputados en lo relativo de fondo metropolitano, con el propósito de que los recursos lleguen en su totalidad a los municipios de la zona metropolitana de Monterrey para que los municipios en cuestión ejerzan los recursos asignados en tiempo y forma.

ANTECEDENTES

  1.  El día 14-catorce de noviembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2014, que contempla un incremento del 15 por ciento en el Fondo Metropolitano destinado para los Municipios del Estado de Nuevo León.

 

  1.  En este año, fueron asignados a Nuevo León 876.6- ochocientos setenta y seis punto seis millones de pesos del Fondo Metropolitano, y a pesar de las exigencias de la mayoría de los alcaldes de la zona metropolitana, el Estado decidió hacer propios y exclusivamente por su cuenta la mayoría de los recursos. Esta situación se ha vuelto costumbre, pues en el 2013 también el Gobierno de Estado ejerció la mayoría de los recursos asignados por la H. Cámara de diputados, despojando así a los municipios metropolitanos de dichos recursos.1
  2. Es de recordar que el Gobierno de Estado de Nuevo León lamentablemente es de los más endeudados del país y que adicionalmente para el presupuesto 2014 el Gobierno de Estado incremento su gasto en imagen y comunicación un 23.9 por ciento en el gasto de publicidad, rubro en el que cada año ha incurrido en sobregiro y que no es prioridad para los neoloneses.
  1.  Las Zonas Metropolitanas donde se asignen recursos del Fondo Metropolitano podrán aplicar parte de los recursos a la realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo, así como a planes de movilidad no motorizada, el cual será valorado por los Consejos Metropolitanos de acuerdo a los términos que establezcan dichos Consejos, a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y en las demás disposiciones aplicables. 2

 

  1.  El fondo metropolitano que le fue asignado al estado de Nuevo León en el  2013 y el 2014 es el siguiente: 

2013

2014

Se asigno un presupuesto de 750 millones de pesos, de los cuales el 33 por ciento se destina al Estado y el 67 por ciento a los municipios.

Se otorgo un aumento de más de 100 millones para quedar en: 876 millones de pesos, hasta este momento no se ha definido con claridad cuáles serán los porcentajes que se asignaran a los municipios y que porcentaje se quedara el Estado.

  1.  De la cantidad mencionada en el párrafo segundo, 260 millones de pesos fueron destinados a la Línea 3, 230 millones de pesos a Ecovía, 120 millones al Par Vial de Morones Prieto y Constitución, y 150 millones al complejo vial de la Avenida Sendero.

 

  1.  A lo que dicha actuación por parte del Estado causa agravio a los municipios en el hecho de que estos recursos los municipios ya los tenían previamente contemplados para la realización de obras  viales.
  1.  Cabe mencionar que dicho fondo tiene como objetivo primordial el asignar recursos exclusivamente a programas, obras y proyectos basados en un plan de orden metropolitano, acordado por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la respectiva zona metropolitana, y remitir trimestralmente el informe del destino y aplicación de los recursos, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados alcanzados y el impacto urbano, económico y social a la Secretaría, así como a la Cámara de Diputados.

 

  1.  Es de gran preocupación que el Gobierno del estado encabezado por el C. Rodrigo Medina de la Cruz tome decisiones unilaterales que causan un menoscabo en los recursos asignados para los municipios metropolitanos con el fin de llevar a cabo obras que le competen en gran parte al estado con el apoyo de los municipios y no de una manera inversa como se  ha estado ocurriendo.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El tema de la impartición y administración de recursos otorgados por parte de la federación a los municipios metropolitanos de Nuevo León es de gran importancia ya que a través de los años dichos municipios se han visto extremadamente castigados por diversas circunstancias ajenas a ellos mismos.

III. Ante las acciones anteriormente expuestas es de gran observancia y preocupación que el Estado en un acto arbitrario decida ejercerlos a su libre disposición, pasando por alto las necesidades de los municipios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León a respetar lo aprobado por la H. Cámara de Diputados en lo relativo de fondo metropolitano, con el propósito de que los recursos lleguen en su totalidad a los municipios de la zona metropolitana de Monterrey para que los municipios en cuestión ejerzan los recursos asignados en tiempo y forma.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.

1 .- En Periódico EL NORTE Pelean Fondo Metropolitano, 15 de noviembre del 2013.

2 .- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2014) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 201TITULO CUARTO DE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS CAPITULO II De los criterios específicos para la operación de los programas. Artículo 39.






Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia, todos del Distrito Federal, a instrumentar las acciones y operativos que garanticen la seguridad de los estudiantes de Ciudad Universitaria y transeúntes que recorren las calles aledañas para arribar al paradero del metro Universidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DEL DISTRITO FEDERAL, A INSTRUMENTAR LAS ACCIONES Y OPERATIVOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE CIUDAD UNIVERSITARIA Y TRANSEUNTES QUE RECORREN LAS CALLES ALEDAÑAS PARA ARRIBAR AL PARADERO DEL METRO UNIVERSIDAD

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Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una inspección periódica en las escuelas públicas del país, a fin de evitar que se soliciten cuotas escolares voluntarias. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA QUE REALICE UNA INSPECCION PERIODICA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL PAIS, A FIN DE EVITAR QUE SE SOLICITEN “CUOTAS ESCOLARES VOLUNTARIAS”

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sistema legal en México está encabezado por la ley fundamental, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que está por encima de cualquier otra ley, con base en el artículo 133, se plasma la supremacía constitucional que debe prevalecer para tener un debido orden y jerarquía, teniendo así plena certeza jurídica de los principios que deben ser respetados sin importar que otras leyes o reglamentos los contradigan. 

En relación con lo anterior, el artículo 3° constitucional en su fracción IV, señala que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”; lo cual es indispensable, no solamente porque así lo dicta la Carta Magna, sino porque el desarrollo de una sociedad a nivel económico, cultural y tecnológico, depende en gran medida de que todos sus miembros, sin excepción, reciban una educación completa y de alto nivel que les permita contar con las herramientas suficientes para tener una vida digna. 

Por lo antes mencionado, resulta inaudito el hecho de que padres con hijos en escuelas públicas de nivel básico, hayan desembolsado 6 mil 665 millones de pesos en cuotas escolares durante el ciclo escolar 2012-2013,1 bajo la justificación de que son necesarias para reparaciones a las instalaciones, reforzar el equipo de los laboratorios o cualquier material necesario de los alumnos, a pesar de que esos gastos corresponden enteramente al Estado, quien es responsable de asignar los recursos necesarios para que las aulas cuenten con lo necesario para que los alumnos puedan desempeñarse correctamente y recibir una educación de calidad.

De acuerdo con el análisis presentado en un informe periódico de circulación nacional, un alumno de preescolar paga en promedio, una cuota de 362 pesos al año, en tanto que el de primaria desembolsa 246 pesos y el de secundaria 349 pesos,2 no se debe tomar en cuenta el monto de la cantidad para reconocer que va contra la ley y la obligación del Estado, el pedir o aceptar cuotas por parte de los padres de familia, pues viola absolutamente el derecho que tienen sus hijos de obtener una educación gratuita. Con esto se demuestra que el Estado no es capaz de cubrir las necesidades de la población, ya sea por falta de recursos o de mal usos de los mismos, lo cual significaría una grave falta de ética y responsabilidad para con la juventud del país, que requiere de todo el apoyo e impulso necesario para no caer en vicios o dejar sus estudios por cubrir otras necesidades económicas. 

Estas cantidades parecen a primera vista insignificantes, pero se convierten en montos considerables cuando se suman las aportaciones de los más de 20 millones de estudiantes que están matriculados en las escuelas públicas de nivel básico.3

En nivel preescolar, los ingresos por cuotas ascendieron a mil 259 millones de pesos en el ciclo escolar 2012-2013; en el mismo periodo, los padres con hijos en primaria aportaron 3 mil 144 millones de pesos.

Las secundarias generales, técnicas y telesecundarias recibieron en su conjunto 2 mil 262 millones de pesos por el mismo concepto.

Aunado a lo anterior, también se debe tomar en cuenta que el país atraviesa por una situación económica difícil; el salario mínimo es de $67.29 al día, por lo que para la mayoría de las familias es un gran sacrificio y esfuerzo enviar a sus hijos a las aulas, debido a que ello implica gastos de alimentación, vestimenta y transporte, por lo que cobrando o aceptando las cuotas, se origina que sea aún más difícil sustentar los gastos para que los niños y adolescentes alcancen el máximo grado de estudios.

Una consecuencia grave que se puede desencadenar el cobro de cuotas es la deserción por parte de niños y jóvenes; esto es, no acudir a las aulas puede significar el incursionar en vicios tales como el consumo de drogas o alcohol, o bien, el iniciarse en el mundo de la delincuencia debido al futuro incierto que representa el no tener una buena preparación para poder enfrentar adecuadamente los obstáculos que se presentan en la vida cotidiana.

Actualmente estos problemas están latentes en la sociedad cada vez a mayor escala, por lo que es indispensable otorgar el mayor apoyo para fomentar el desarrollo escolar y que la juventud se pueda ocupar en cosas productivas y útiles que incrementen sus capacidades convirtiéndolos en personas de bien. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es el uso que se le da a las cuotas, cuya suma anual representa una cantidad exorbitante, la cual no se tiene certeza que se utilice íntegramente para cubrir las necesidades de las aulas y de los alumnos.

Asimismo, en todo país es indispensable que los hechos que acontecen en la vida cotidiana de las personas, vayan acorde con el texto de sus leyes, sobre todo si se trata de la fundamental, pues es inservible que se cuente con legislación de calidad y no se aplique ni se respete por parte de las propias instituciones y autoridades, quienes deben ser las primeras en aplicar lo estipulado en ellas. 

Por el contrario, la Reforma Educativa tuvo como único objetivo satanizar a los docentes, minimizando sus condiciones generales de trabajo, sin observar, los altos costos de las cuotas escolares que se condiciona y a la vez exhiben los abusos de los directores así como de los consejos escolares.

Es importante resaltar, que en la Reforma Educativa no quedo prohibida la cuota obligatoria en escuelas públicas, quedo estipulado que serán voluntarias y no pueden condicionar a los padres y estudiantes respecto a la prestación de un servicio educativo su entrega para el ingreso, la permanencia, los exámenes o la retención de documentos; aunque en la realidad ocurra lo contrario.

Mientras tanto, de acuerdo con el estudio realizado por la casa encuestadora Parametría, casi la totalidad de los mexicanos (93%) asegura que en las escuelas públicas (de nivel preescolar, primaria y secundaria) piden cuotas y las han pagado.

En la más reciente encuesta nacional en vivienda hecha por dicha encuestadora, se informa que cuatro de cada cinco mexicanos (76%) creen que las cuotas escolares que solicitan las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, solo 20 % sabe que las mismas son voluntarias.

Lo anterior muestra la simulación e incongruencia de la reforma educativa, puesto que la supuesta legitimación de las “cuotas escolares voluntarias” disimula una real privatización educativa, atentando contra la gratuidad de la educación.

Se debe hacer énfasis y reflexionar acerca de que la educación se trata de un derecho humano, y como tal, debe ser garantizado y salvaguardado, para lo cual se deben crear e implementar todas las estrategias necesarias, así como otorgar un presupuesto que se encuentre acorde con las necesidades que tiene un ámbito tan importante como es el educativo.

También es imprescindible difundir entre los padres de familia el hecho de que la ley fundamental dicta que la educación debe ser totalmente gratuita, y en caso de que hagan falta recursos en los planteles escolares a los que acuden sus hijos, deben realizar la petición a las autoridades correspondientes para que se subsane cualquier deficiencia sin que ellos contribuyan con ingresos propios.

Por lo anterior, y con el objeto de contar con servicios educativos de calidad, sin que repercuta directamente en la economía de las familias, es necesario que las instituciones educativas vigilen, controlen y sancionen a las instituciones públicas del país que condicionen la educación con pagos “voluntarios”. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que:

a) Realice una inspección periódica en las escuelas públicas del país, a fin de evitar que se soliciten “cuotas escolares voluntarias”.

b) Imponer sanciones a los directores, consejos escolares e instituciones educativas que cobren o acepten cuotas de los padres de familia.

c) Se garantice la calidad en la estructura y materiales de las aulas necesarios para una educación de calidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de febrero de 2014”.

1 Hernández Saúl. Gastan padres en cuotas 6 mil 600 MDP [en línea]. El Universal. México. 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/gastan-padres-en-cuotas-6-mil-600-mdp-44070.html. Consulta realizada el 15 de enero de 2014.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Ibídem.  

Ibídem.

Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nuevos salarios mínimos 2014. Disponible en: http://www.conasami.gob.mx/nvos_sal_2014.html. Consulta realizada el 15 de enero de 2014.

Ley General de Educación. Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Redacción Animal Político. A 92% les han cobrado cuotas escolares y han pagado [en línea]. México. 2013. Animal Político. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2013/08/a-92-de-los-mexicanos-le-han-cobrado-cuotas-escolares-y-han-pagado/#axzz2sOps2biV. Consulta 4 de febrero de 2014.

Ibídem.






Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a localizar con vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para llevar a cabo la investigación correspondiente. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A LOCALIZAR CON VIDA AL PERIODISTA GREGORIO JIMENEZ DE LA CRUZ, Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A QUE EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCION PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE

“El que suscribe, Senador de la República, Fernando Yunes Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Veracruz es considerado ya el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Ya son muchos los casos de violencia a las personas que ejercen responsablemente esta labor. Esta no es una opinión propia, es un estado de emergencia reconocido por diversas organizaciones civiles que velan por los derechos humanos de los periodistas.

Así lo han denunciado organizaciones dedicadas a la protección de derechos humanos como Amnistía Internacional y Artículo 19. Esta ONG en su estudio “Doble Asesinato, la prensa entre la violencia y la impunidad” documenta las agresiones y omisiones en contra de la libertad de expresión y del periodismo que suceden en Veracruz.

El informe señala, entre otras cosas, que “Si bien se le considera como parte de la región sureste, Veracruz completa un preocupante escenario de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados o privados de la libertad [...]”

Además, señala que “Cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados a lo largo de 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días), para elevar a nueve la cifra de comunicadores ultimados sólo en el periodo de Javier Duarte al frente de la administración estatal”.

El informe de Artículo 19 presentado el día 13 de marzo de este año no deja lugar a dudas: “Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo no sólo en México sino en toda América Latina”. Lamentablemente, las agresiones contra periodistas no sólo persistieron sino que se multiplicaron.

Ante el riesgo de perder la vida, periodistas han tomado la decisión de emigrar temporal o definitivamente a otras entidades o incluso a otros países. El informe de Artículo 19 sostiene que en Veracruz tan sólo en los dos últimos años, se han podido documentar la salida de 23 comunicadores en situación de apremio, debido a la ausencia de garantías de seguridad para hacer su trabajo.

Dicho estudio sostiene que el gobierno del estado de Veracruz ejerce presiones a los medios de comunicación a través del uso discrecional de recursos públicos mediante la contratación de publicidad oficial. Bajo la lógica de premio o castigo, incide no sólo en las líneas editoriales de los medios, sino en el despido de periodistas que al mantener un estilo crítico a las acciones del gobierno, le resultan incómodos.

El día 4 de febrero del presente año, el periodista de el periódico local “NOTISUR”, Gregorio Jiménez de la Cruz, fue privado de su libertad de su propio domicilio por un comando armado, mientras preparaba a sus hijos a la escuela.

Este es un caso más de inseguridad en el Estado, que atenta contra los derechos fundamentales de cualquier persona, pero que cobra mayor importancia por ser un comunicador, lo que sin duda, provoca indignación en los veracruzanos. Este hecho trascendental, está siendo investigado por las autoridades locales, sin embargo, éstas no cuentan con la preparación ni el compromiso adecuados para poder atender una emergencia de tal magnitud.

Es fundamental, que la PGR ejerza de inmediato la facultad de atracción que establece el párrafo 5 del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que sea ésta quien inicie lo más pronto posible con la averiguación previa, y tome las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida del periodista que se encuentra secuestrado.

El citado artículo, establece que:

“Artículo 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.

En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro.

En estos supuestos no procede la declinatoria.

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

II. Cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

III. Cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley;

IV. Cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

V. Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate;

VI.  Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VIII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o

IX. Cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.

En los supuestos previstos en las fracciones IV y V o cuando la víctima u ofendido lo solicite, el Ministerio Público de la Federación inmediatamente requerirá a la autoridad local una copia de la investigación respectiva, y una vez recibida deberá determinar si procede o no el ejercicio de la facultad de atracción dentro de las 48 horas siguientes.

Contra la resolución que niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima o el ofendido podrá interponer, ante el Procurador General de la República, recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le hubiere notificado. El Procurador General de la República, o el servidor público en quien delegue la facultad, deberá resolver el recurso en un término que no excederá de 48 horas hábiles. El recurso de reconsideración tendrá por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución relativa al ejercicio de la facultad de atracción. Se tramitará de manera expedita. El silencio del Procurador General de la República, o del servidor público al que se le hubiere delegado esa facultad, constituirá el efecto de confirmar la resolución del Ministerio Público de la Federación.“

Como se puede observar, la situación de riesgo es latente para el periodista, así como para su familia, por lo que es urgente que se ejerza esta facultad, y se inicie de inmediato con las investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Veracruz, a localizar con vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, que fue secuestrado en su domicilio por un grupo armado.

SEGUNDO. Se hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, a que en términos de lo que establece el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, ejerza de inmediato la facultad de atracción del caso referido, e implemente las medidas cautelares necesarias, para garantizar la vida del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Dado en el salón de sesiones, a 6 de febrero de 2014

Atentamente

Fernando Yunes Márquez
Senador de la República”.






Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo relativo a la pesca ilegal en el área natural protegida, Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PESCA ILEGAL EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA, RESERVA DE LA BIOSFERA ARCHIPIELAGO DE REVILAGIGEDO

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PESCA ILEGAL EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA, RESERVA DE LA BIOSFERA ARCHIPIELAGO DE REVILLAGIGEDO, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La “Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo”, decretada como Area Natural Protegida desde 1994, se localiza en el Océano Pacífico entre los 720 y 970 km al oeste de Manzanillo y a 386 km al sur de cabo San Lucas, en Baja California, con una extensión de 636,685 ha1 y se integra por las siguientes cuatro áreas:

* Isla Socorro o Santo Tomás con una superficie total de 225,701 ha;

* Isla Clarión o Santa Rosa con una superficie total de 161,346 ha;

* Isla San Benedicto con una superficie total de 137,002 ha;

* Islote Roca Partida con una superficie total de 112,636 ha.

Cuenta con numerosas especies endémicas, así como ecosistemas con una elevada riqueza biológica y en buen estado de conservación. Tiene relevancia científica como laboratorio natural por sus características insulares y procesos geológicos, ofreciendo grandes expectativas para el estudio de procesos de colonización, dispersión y adaptación de especies. La Reserva es una zona requerida por un número creciente de investigadores; además el territorio marino es visitado por turistas, quienes principalmente realizan buceo y recorridos ecoturísticos.

Diversas asociaciones civiles han manifestado al Partido Verde Ecologista de México, que se han podido observar barcos de buceo que ingresan a la Reserva, así como sobrevuelos de helicópteros que facilitan a las embarcaciones la pesca ilegal e impune de especies endémicas como tiburones y mantarrayas en la Zona Núcleo, a pesar de estar prohibido de conformidad con la Regla Administrativa No. 54 del Programa de Conservación y Manejo del Archipiélago de Revillagigedo2, como se muestra a continuación:

Regla 54. En las zonas núcleo de la reserva queda prohibido:

* La apertura de nuevos senderos, caminos, líneas de conducción, uso de vehículos motorizados, con excepción de los necesarios para actividades de manejo del área por parte de la SEMARNAT y SEMAR.

* Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres.

* El desarrollo de actividades extractivas y de explotación de recursos naturales renovables y no renovables.

*Recolección de cualquier tipo de organismos vivos o muertos, materiales u objetos en cualquier parte de los arrecifes, la colecta de peces de ornato y la introducción de especies.

* Obras públicas y privadas.

* Cualquier acción que atente contra la integridad de las comunidades terrestres y marinas.

* Verter aguas residuales provenientes de las embarcaciones.

* La modificación de bocanas, canales y cuerpos de agua.

* Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hídricos.

Entre las graves violaciones que presumiblemente ocurren en la Zona Núcleo del Area Natural Protegida, conforme lo manifestaron las asociaciones civiles mencionadas, preocupan principalmente las siguientes:

* Embarcación avistada en la zona durante varias semanas pescando y poniendo en peligro la vida de los buzos nacionales y extranjeros al pasar encima de ellos, para llegar a la zona núcleo, con líneas y anzuelos en el agua, sin que autoridad alguna le haya puesto un alto a sus actividades depredatorias.

* Embarcación atunera pescando ilegal e indiscriminadamente en la Zona Núcleo de la Reserva, poniendo en riesgo la diversidad biológica de Revillagigedo.

Con relación a esta cuestión, el 20 de noviembre del 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) publicó en su sitio web, que esa Institución, en coordinación de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), realizaría el Operativo de Vigilancia en el Area Natural Protegida Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo3.

Dicho operativo atendería lo relacionado con la pesca ilegal deportiva y comercial, los impactos ambientales causados, daños a la flora silvestre y actividades de educación ambiental, ecoturismo e investigación, entre otras.

Al respecto, la PROFEPA, señala que entre la problemática existente en la citada Area Natural Protegida, figura la pesca comercial de tiburón y otras especies; el uso de artes de pesca no autorizadas y/o prohibidas; actividades de ecoturismo no autorizadas ni controladas, como la pesca deportiva; el impacto de fauna silvestre y doméstica introducida; destrucción y perturbación de la vegetación nativa; erosión del suelo; reducción de poblaciones animales y captura de ejemplares de vida silvestre en zonas no autorizadas.

No obstante al anuncio de PROFEPA sobre el operativo citado, los resultados del mismo no se hicieron públicos o no se conocen.

Es imperativo señalar que resultan alarmantes las continuas incursiones de pesca deportiva y comercial en la Zona Núcleo del Archipiélago de Revillagigedo, debido a que se generan cambios significativos en la reducción de las poblaciones de las especies marinas que alberga y que están desapareciendo por dichas actividades no vigiladas eficiente y permanentemente por las autoridades competentes.

En virtud de lo anterior, resulta fundamental conocer cuáles han sido los resultados de los operativos de vigilancia de la PROFEPA, en la “Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo”.

Asimismo, en caso de observar o detectar cualquier acto ilícito en la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) debe presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Por último, es importante que los Organos Internos de Control tanto de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de la Secretaria de Marina (SEMAR), verifiquen el cumplimiento de la Normatividad aplicable en el otorgamiento de permisos y autorizaciones en la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, así como de las acciones de inspección y vigilancia dentro de la zona, verificando, de ser el caso, que se haya dado vista ante el Ministerio Publico de las infracciones detectadas por la autoridad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, proponemos al pleno de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que publique en su página de Internet los resultados de los operativos de inspección realizados a la “Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo”, indicando si existen violaciones a la normatividad por embarcaciones tanto en la extracción de recursos pesqueros como afectación en el ecosistema marino y que informe a esta soberanía si se han presentado denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales en esta zona.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a que en caso de que observe o detecte la extracción ilegal de recursos pesqueros en el área natural protegida “Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo”, presente las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que a través de sus Organos Internos de Control se verifique el cumplimiento de la Normatividad aplicable en el otorgamiento de permisos y autorizaciones dentro de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo.

Dado en el Senado de la República, a 6 de febrero de 2014.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

1 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/reservas_biosfera.php, página consultada 21 de enero del 2014.

2http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/resumen%20publicado%20de%20revilla.pdf, página consultada el 5 de enero del 2014

3 Profepa. 2013, Inspecciona Profepa las islas de Revillagidedo en Coordinación con SEMAR, CONANP y CONAPESCA, http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5592/1/mx.wap/inspecciona_profepa_las_islas_revillagigedo_en_coordinacion
_con_semar_conanp_y_conapesca.html






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a reparar el puente ubicado en las cercanías del poblado de Taracatío en el río de Tuzantla, Michoacán. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A REPARAR EL PUENTE UBICADO EN LAS CERCANIAS DEL POBLADO DE TARACATIO EN EL RIO DE TUZANTLA, MICHOACAN

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA DOBLE POSIBLIDAD DE LIBERAR RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA REPARACION DEL PUENTE UBICADO EN LAS CERCANIAS DEL POBLADO DE TARACATIO EN EL RIO DE TUZANTLA, MICHOACAN QUE COLAPSO, DESPLOMANDOSE E INCOMUNICANDO, POR ESA VIA, A LAS POBLACIONES  ALLI UBICADAS, ENTRE ELLAS TARACATIO, CUIRINDALES, CUAJILOTE, CARRETILLAS, EL OLIVO Y LA LAJA, JOYA DE VIGAS, LA CARBONERA, EL PANTANO Y EL DURAZNO, ENTRE OTRAS Y RESTITUIR LA MOVILIDAD QUE ESE PUENTE PERMITIA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primero:- A nuestra representación ha llegado una petición plausible de ser atendida por el propio Senado para que, si es de su consideración, se resuelva con prontitud ser una forma de comunicación de familias que se encuentran en problemas por este suceso.

La solicitud viene elaborada con claridad y elocuencia, la transcribo: “El Olivo, Tuzantla, Michoacán, a 15 de enero del 2014.El motivo de esta carta es hacer de su conocimiento una situación que se vive en las localidades que se mencionan a continuación y solicitar la intervención del Senado de la República.

En el mes de octubre del año 2013, el puente ubicado en las cercanías del poblado de Taracatío en el río de Tuzantla, Michoacán; colapsó, desplomándose e incomunicando por esa vía a las poblaciones  allí ubicadas, entre ellas Taracatio, Cuirindales, Cuajilote, Carretillas, El Olivo y La laja, Joya de Vigas, La Carbonera, El Pantano y El Durazno, entre otras.

La población de esta zona supera los 12,000 habitantes y el tránsito de mercancías, productos agropecuarios y forestales tiene importancia para su sobrevivencia, por lo precario de sus recursos y lo limitado de sus reservas comestibles. A esto agregamos que: Con mucho esfuerzo se está desarrollando una obra importante para crear empleos en la tenencia de El Olivo y ésta ya resintió la falta del puente. Como esta obra tiene que ver con el asunto de migrantes y la construcción  de arraigo para los locales, con empleos de calidad; buscamos el respaldo senatorial para:

1.- Que a la brevedad posible se inicie la construcción de ese puente, para ganarle al próximo periodo de lluvias y con los requerimientos de calidad indispensables.

2.- Que toda la mano de obra necesaria para dicha labor sea cubierta contratando a trabajadores de la localidad.

Seguros de lo efectivo de su intervención le anticipamos nuestro agradecimiento. 

Atte: Párroco de la comunidad y tenencia del olivo, Cooperativa de producción agropecuaria y forestal y habitantes de las zonas mencionadas.
Segundo: Como se observa la petición supone la prontitud para ganarle al tiempo de lluvias que agravaría la incomunicación de los poblados mencionados. La misma situación que tiene el Estado de Michoacán sirve como agravante de la necesaria movilidad humana para allegarse los requerimientos de subsistencia. Por ello conminamos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que, de aceptar la urgencia y pertinencia de esta petición pueda erigir esta solicitud, en un exhorto con punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicación y Transporte en coadyuvancia con la Secretaría de Hacienda puedan subsanar este accidente.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA DOBLE POSIBLIDAD DE LIBERAR RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA REPARACION DEL PUENTE UBICADO EN LAS CERCANIAS DEL POBLADO DE TARACATIO EN EL RIO DE TUZANTLA, MICHOACAN QUE COLAPSO, DESPLOMANDOSE E INCOMUNICANDO, POR ESA VIA, A LAS POBLACIONES  ALLI UBICADAS, ENTRE ELLAS TARACATIO, CUIRINDALES, CUAJILOTE, CARRETILLAS, EL OLIVO Y LA LAJA, JOYA DE VIGAS, LA CARBONERA, EL PANTANO Y EL DURAZNO, ENTRE OTRAS Y RESTITUIR LA MOVILIDAD QUE ESE PUENTE PERMITIA”.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita al director general de Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Pleno del Senado a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto. Se turna la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS A COMPARECER ANTE EL PLENO DEL SENADO A EFECTO DE QUE EXPLIQUE LA ADQUISICION DE LA EMPRESA AGRONITROGENADOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE PEMEX, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE DEFINIO EL PRECIO, LA MANERA EN QUE SE REALIZARA EL PAGO Y EL ESTUDIO DE PLANEACION Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“El pasado 16 de enero de 2014 se difundió la operación que realizó PMI, filial de Petróleos Mexicanos, para adquirir de Altos Hornos de México y Minera del Norte, los activos de la empresa Agronitrogenados, S.A. de C.V., por un monto de 275 millones de dólares y una inversión de 200 millones de dólares para la rehabilitación de la planta que lleva 14 años sin operar1.Con esta operación, PEMEX busca reactivar a partir de 2015 la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea para abastecer la demanda de fertilizantes en el país.2

La adquisición se efectuó en el marco del Compromiso 59 del Pacto por México que contemplaba convertir a PEMEX en motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. El mismo fue desarrollado en el objetivo 6 del documento “Principales elemento del plan de negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios, 2014-2018” que dice a la letra:

Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria.

La estrategia para impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria se encuentra enfocada en tres cadenas y cuatro productos, además de un nuevo polo de desarrollo en el noroeste del país en el largo plazo.

Estrategia para fertilizantes

La Reforma Energética requiere a PEMEX ofrecer un suministro estable de fertilizantes a la industria nacional y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa en la producción agropecuaria, con contratos de largo plazo y precios fijos.

La manufactura de fertilizantes representa a nivel mundial el 81 por ciento del consumo de amoniaco y el 75 por ciento del consumo del azufre, por lo que estos productos se encuentran estrechamente ligados al crecimiento de la industria agrícola.

Dada la volatilidad y el nivel de precio que tuvo el gas natural en los últimos años (2007-2009), la participación de PEMEX Petroquímica en el mercado del amoniaco y por tanto el de los fertilizantes, fue decayendo paulatinamente llegando a representar tan sólo el 51 por ciento del total del mercado.

De igual forma, en este documento se señala que la perspectiva del mercado de petroquímicos en donde PEMEX participa pueden agruparse de acuerdo con la cadena petroquímica de la cual se derivan y son metano, etano, propano y aromáticos. En este sentido, la capacidad mundial de amoniaco se estima en 229 millones de toneladas al año y actualmente opera alrededor del 78 por ciento, se tienen planeados incrementos de capacidad que sumarán 30 millones de toneladas al año hacia el 20203.

Asimismo, PEMEX señala que “con el fin de apoyar el desarrollo del sector agropecuario en México, Pemex Petroquímica (PPQ) reiniciará actividades de plantas que estuvieron fuera de operación por condiciones adversas del mercado. En el periodo prospectivo 2014-2028 se espera que la demanda nacional de amoniaco presente una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3 por ciento, al pasar de 1,283 a 1,714 miles de toneladas anuales de 2014 a 2028”. Si bien es cierto que dentro del plan de negocios de PEMEX se espera apuntalar la producción de amoniaco, resulta en suma alarmante que se espere elevar la producción del mismo erogando una cantidad exorbitante por un complejo que, según relata ex jefe de la Unidad Jurídica de PEMEX Petroquímica, Rogelio Martínez, lleva 14 años sin operar y es, en su mayoría “fierro viejo”4, además de que, desde hace 14 años, los trabajadores, que pertenecen ala sección 83 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Cacoquímica, Similares y Conexos, se encuentran en huelga5.

Por otra parte, resulta en suma extraño que, el pasado 12 de diciembre, día en el cual fue aprobada la Reforma Energética, los 136 trabajadores en huelga fueron convocados para cubrir el monto respectivo de los salarios caídos que se les adeudaba. Es menester señalar que desde 1999, Agro Nitrogenados cerró operaciones, siendo en el año 2008 cuando la misma empresa se declaró en concurso mercantil, y el pasado 15 de enero, PEMEX anunció la compra de la empresa a la cual demandó en el año 2000 por un adeudo de 155 millones de pesos.6
Finalmente, no debe pasarse por alto el supuesto tráfico de influencias que parece haber ocurrido en esta operación, en donde se han beneficiado a personas relacionadas con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, como es el caso del ex senador y ex director general de PEMEX, Rogelio Montemayor Seguy, a quien se le adjudicó la empresa en 1992, para después asociarse con AHMSA, de las familias Ancira Autrey, también amigos de Salinas.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo

PRIMERO. El Senado de la República cita al Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para que comparezca ante el Pleno de esta Soberanía a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agronitrogenados en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio y la manera en que se realizará el pago.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación  a realizar una investigación detallada de la adquisición de Agronitrogenados por parte de PEMEX y, en caso de encontrar alguna irregularidad, inicie los procesos correspondientes para fincar las responsabilidades, administrativas y penales, a que haya lugar.

Dado en la Cámara de Senadores, a 6 de febrero de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Herrera, Rolando, Un mal negocios, Periódico El Reforma, 30 de enero de 2014, Nacional, p. 6

2“Confirma Minosa traspaso de Agro Nitrogenados a Pemex” en El Universal, 16 de enero de 2014, http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/confirma-minosa-traspaso-de-agro-nitrogenados-a-pemex-980103.html, consultado el 30 de enero de 2014.

3 Principales elemento del plan de negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios, 2014-2018, documento oficial de PEMEX, http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/pn_14-18_131031.pdf

4 Herrera, Rolando, op. cit.

5 Idem.

6 Herrera, Rolando, Malgasta PEMEX en planta chatarra, Periódico el Reforma, jueves 30 de enero de 2014, portada.






La efeméride inscrita en nuestro Orden del Día se integrará en el Diario de los Debates.

EFEMERIDE

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

“Pronunciamiento con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.-

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía un pronunciamiento, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término cáncer es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo; también se habla de tumores malignos o neoplasias. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos.1

La OMS ha revelado que 8.2 millones de las muertes ocurridas en el mundo durante  2012  se atribuyen al cáncer, así mismo que cerca del 70% de los casos de las muertes por cáncer se producen en países en vías de desarrollo; información que coincide con la provista por la InternationalAgency for Research on Cancer (Reporte 2012) que asegura que más de la mitad de los nuevos casos (56.8%) y muertes por cáncer (64.9%) en 2012 se produjeron en las regiones menos desarrolladas del mundo. Se estima que para el 2030 habrá 15.5 millones de casos en el mundo.

En México, el cáncer se encuentra dentro de las primeras causas de mortalidad, y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer cada año se suman alrededor de 148 mil nuevos casos, de los cuales 78 mil 700, es decir el 53%, fallecen por dicha patología, y desafortunadamente el 60% de los casos de cáncer en nuestro país se detectan en etapas avanzadas, aumentando con ello la posibilidad de muerte e incrementando exponencialmente la carga económica para el sistema de salud y la saturación de los servicios.

Sin duda, el cáncer puede afectar a cualquiera sin distinción de edad, género, raza ni condición económica. Sin embargo en éste, como en muchos otros temas, no hay que perder de vista la situación de los grupos vulnerables, pues de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en la población infantil de 5 a 14 años de edad el cáncer es la segunda causa de mortalidad.  La incidencia de esta enfermedad se ubica en 122 casos nuevos por cada millón de habitantes menores de 15 años, siendo las leucemias los tipos de cáncer más frecuente en la población menor de 20 años, éstas representan 30% de todos los casos.

Ante el reto que implica el cáncer para todas las naciones, su población y sistemas de salud, cada 4 de febrero conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer. En esta fecha la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer a promover medios para aliviar la carga mundial de esta enfermedad, así como aumentar la conciencia colectiva y desarrollar estrategias para hacer frente a los grandes desafíos que esta representa.

Esta conmemoración nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la prevención del cáncer, así como la necesidad de incrementar la calidad de vida de quienes lo padecen. La OMS ha señalado que el 30% de los cánceres se pueden prevenir con un modo de vida sano, es decir, evitando los factores de riesgo como son el tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, inactividad física, dieta inadecuada, exposición a determinados factores ambientales y la prevención de  algunas infecciones.

Estimados compañeros y compañeras legisladoras, debemos considerar esta conmemoración mundial como un recordatorio de nuestro gran compromiso por trabajar en favor del ejercicio de los derechos humanos de la población, entre ellos el derecho a la salud. Si bien es cierto, que desde el inicio de la presente Legislatura hemos sido constantes promoventes de instrumentos para prevenir y tratar esta enfermedad; también lo es que no podemos cesar en nuestro esfuerzo.

Nos corresponde impulsar acciones para la prevención del cáncer; para que los servicios de salud que se presten a quienes lo padecen sean suficientes y adecuados, y para que se incremente la calidad de vida de los mismos de forma que la dignidad humana prevalezca en todos los casos. Hagámoslo como un compromiso con los mexicanos, con nuestras familias y con nosotros mismos

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 http://www.who.int/cancer/es/






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el martes 11 de febrero a las 11:00 horas.

Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 15:13 horas)

Directorio

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