Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 24 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 1



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Febrero de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:32 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 91 ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del 4 de febrero de 2014, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo de año de ejercicio de la LXII Legislatura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Compañeros Senadores, les solicito ponerse pie para la declaratoria que hará el señor Presidente.

(Todos de pie)






DECLARATORIA

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, 4 de febrero del año 2014, la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, abre el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Favor de tomar asiento.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Presidente de la Cámara de Diputados; a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las Legislaturas de los estados, de la apertura del segundo periodo de sesiones de ordinarias del segundo año de ejercicio del Senado de la República.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL
VIERNES TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veintitrés horas con cuatro minutos del día viernes trece de diciembre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, y en cumplimiento al citatorio publicado en este mismo día, se declaró abierta la sesión nocturna.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se recibió de la Mesa Directiva, un Acuerdo por el que se establecen lineamientos para dar trámite a las peticiones de consulta popular presentadas por ciudadanos.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta del Senado.

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintitrés horas con diez minutos.

Fin de la sesión.

El acta de sesión del 13 de diciembre pasado se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión del 13 de diciembre de 2013. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Les pediría a las Senadoras y Senadores, si me pudieran poner un minuto de atención.

Para la Presidencia del Senado de la República no es un tema menor, el darle la bienvenida al Senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del grupo parlamentario del PRD y Presidente del Instituto Belisario Domínguez.

(Todos de pie aplauden)

Sonido en el escaño del Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero agradecer a la Mesa Directiva y a todas y todos los integrantes de este Senado de la República por sus muestras de cariño, por su solidaridad en el padecimiento del que fui objeto.

Lo he dicho con absoluta franqueza y de manera profusa, en las entrevistas que me han hecho.

Sufrí las consecuencias de un descuido propio, el descuido contra mi salud, pero me siento muy honrado, muy lleno de emoción estar esta mañana aquí con ustedes y decirles, que el Senado de la República no es solamente una institución política legislativa que discute, que debate, que se diferencia entre las diferentes posiciones ideológicas que se tienen acá, sino hemos creado también una institución humana, la que es capaz de conmoverse con el dolor que cualquiera de nosotros puede tener o con el dolor de la gente. Hemos creado una institución humana; y de verdad, cuando está uno al borde la muerte, es cuando más lo comprende uno.

Quiero en nombre del grupo parlamentario del PRD, pedirles a todos que hagamos un pensamiento muy concentrado, lo elevemos muy arriba y pidamos por la salud de la Senadora Maki Ortiz, que pronto se recupere, alcance la plenitud de salud y porque todos estemos bien, las familias de ustedes y el cariño mío para todos.

No sé si es un término político, pero: los quiero mucho.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Para el mismo tema, me pidió el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hace unos días hicimos la primera sesión de la Junta de Coordinación Política con una doble intención, pero fundamentalmente, la intención de darle la bienvenida a uno de los compañeros que, sin duda alguna, tiene un liderazgo muy importante en su grupo parlamentario, que es un tribuno excepcional y que además, es una persona que sostiene con argumentación y con razones cada uno de los puntos de vista que defiende en la Junta de Coordinación Política y, por supuesto, en el Pleno.

Nada nos dio más gusto que saber, Miguel, como te decimos, pero con cariño, que estás de regreso en el Senado, que estás de regreso en la arena política, que estás de regreso con nosotros, no solo por ser nuestro compañero, sino por brindarnos tu amistad que nos has prodigado todos estos meses que llevamos juntos.

Bienvenido al Senado de la República, la verdad, es importante reconocerte el liderazgo que se te reconoce en el Senado, en la Junta de Coordinación Política, en las discusiones que hemos tenido y con las diferencias que nos caracteriza de tener una diferente ideología, pero que al final del día podemos interponer nuestro punto de vista con respeto y con razón.

Bienvenido nuevamente, vamos y tenemos un periodo muy interesante; te perdiste los últimos 15 días, pero no me queda ninguna duda que los vas a recuperar con creces.

Quiero agradecerte también las palabras para nuestra compañera Maki Ortiz, que lamentablemente también tuvo un problema muy serio de salud y que sigue con el mismo.

Pero también decirte, que está también de regreso nuestra compañera Martha Elena, que en esta difícil batalla contra el cáncer, parece ser que, como decimos en el pueblo, ya la libró. Parece que después de tantas quimioterapias, finalmente, está logrando salir adelante.

(Aplausos)

Y bueno, yo quisiera también hacer un reconocimiento a la Senadora Martha Elena, que todos estos meses, desde que llegó al Senado, ha estado en pie de lucha contra esta grave enfermedad.

Al igual que tú, son unos luchadores incansables por lograr mantenerse dentro del Senado; mantenerse dentro de la lucha política y democrática.

Y por último decirte, bienvenido amigo. Vamos a trabajar juntos no solamente este periodo, vamos a trabajar juntos los próximos cinco años.

¡Bienvenido, Miguel!

(Aplausos)

Para terminar, señor Presidente, aceptando la corrección que me hace el Senador Emilio Gamboa, que ya nada más son cuatro años y medio. Y espero que ya no me lo recuerde.

Darle la bienvenida a mi paisana, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

(Aplausos)

Increíblemente, cuando nos avisaron de su accidente, que fue un accidente muy terrible, y la verdad, decíamos, cómo fue que la libró, pero no sólo decir eso hace tres meses, sino ahora verla de pie caminando aquí en el Senado, y ya trabajando allá, en el estado de Colima, pues la verdad, Itzel, eres una gran luchadora, eres una gran mujer y, por supuesto, estoy muy orgulloso que seas de mi estado, y estoy muy orgulloso de llamarme tu amigo, y que tú eres mi amiga durante todos estos años que hemos compartido juntos en la política local, y ahora en la política nacional.

¡Bienvenida Itzel, con mucho cariño!

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

No quiero dejar de expresar nuestro sentimiento y las reacciones al Senador, compañero y amigo, Barbosa que dentro de sus virtudes tiene una muy importante, que es poblano.

Le comenté hace unos días, cuando nos vimos recién regresado al Senado, que me parecía que su actitud, las declaraciones que hizo en televisión nacional y en muchas entrevistas que se le hicieron al reconocer su error, la culpa de no haberse cuidado, no haberse atendido a tiempo, es un mensaje que puede salvar muchas vidas; creo que ha hecho una gran labor. Te felicitamos, te estimamos mucho y te deseamos fuerte y vigoroso aquí en este Senado.

Muchas gracias por estar con nosotros.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para sumarme a este reconocimiento de valentía y de fortaleza; hay momentos en la vida de todos que nos tambalea y que pueden ser grandes oportunidades para encontrar otras fortalezas, que de no vivir ese tipo de circunstancias, no descubriríamos como seres humanos; por ello, qué orgullo tener un Senador que es congruente, pero además, que es muy sensible, y que ahora de acuerdo a las respuestas que he escuchado de sus entrevistas, sabemos que tendremos un guerrero, un guerrero que no parará para hacer consciente a la población de, esta terrible enfermedad que devasta a muchos y sobre todo, que termina también con las esperanzas de otros muchos.

Por eso, qué bueno que hoy esté aquí, que hoy nos dé ejemplo, no tan sólo como político y legislador que siempre le ha caracterizado su fortaleza, sino como ser humano.

A nombre de todos mis compañeros y del Partido Verde Ecologista de México, sea usted bienvenido para ser ejemplo de todos.

Y a nuestras guerreras las Senadoras Itzel y Maki, porque no es la primera vez que se enfrentan a una situación como ésta; y por supuesto a la Senadora Martha Elena nuestro cariño y nuestras oraciones.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Empezaría dándole la bienvenida a cada una de mis compañeras y compañeros Senadores de la República de esta Legislatura.

Nada me da más gusto que esté el día de hoy aquí un amigo personal, un hombre que tiene visión, que sabe perfectamente su rol en el Senado de la República y que vivió momentos muy complicados. Yo respeto mucho la actitud valiente con que el Senador Barbosa Huerta ha salido a los medios a decir con honestidad: “me descuidé”.

Pero aquí también quiero hacerle un reconocimiento a su familia; su familia estuvo presente junto a Miguel en los momentos más difíciles, quizá, de la vida de él; no se le separó su esposa ni sus hijos, ahí estuvieron presentes, y estoy convencido que tu actitud de vida es un ejemplo para todos, Miguel; estoy convencido que tu posición en el Senado de la República es fundamental para poder seguir transitando en los grandes acuerdos para que México salga de la posición que actualmente tenemos.

Yo quiero, como grupo parlamentario, como coordinador, decirte que estoy en la mejor disposición, como te lo dije el primer día que estrechamos la mano, hace muchos años, pero tú ya como coordinador y yo como coordinador.

En este grupo encontrarás recepción a tu problemática, encontrarás, sin duda alguna, comprensión a los temas a los que no estemos de acuerdo; y siempre he hecho mi mejor esfuerzo, y lo saben los cinco grupos parlamentarios que integran el Senado, para llegar y sumar los grandes acuerdos que México requiere.

Regresas con este ejemplo de vida a este cuerpo colegiado. Muchas palabras te pueden decir, pero el Senado de la República te ovacionó de pie dándote la bienvenida, y a mi me llena de orgullo y satisfacción.

Quiero también decirle a mi compañera, a la Senadora Itzel, que vivió momentos muy complicados en su salud, y que como tu Itzel fue una gran guerrera, sacó adelante ese espíritu de lucha, se reencontró con ella misma y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Itzel, sabes lo que te queremos en el Senado de la República.

Martha Elena, yo te felicito, eres también una gran guerrera, seguro estoy de lo que pensabas cuando veías que en el Senado estábamos debatiendo, y tú con ganas de estar con tus compañeras y compañeros Senadores debatiendo también los grandes temas nacionales.

Hoy me dieron la noticia, en la mañana, que estabas de regreso, y eres, como siempre, muy bienvenida y tienes nuestro apoyo y nuestra solidaridad.

A Maki, que seguro nos está viendo, que está viendo a su grupo parlamentario, que está viendo a los demás grupos parlamentarios, desde aquí le decimos que la necesitamos; que no la necesita la Comisión de Salud donde ella es Presidenta, la necesita el Senado de la Republica, y que desde aquí le decimos, que en todo lo que podamos hacer por ella, cuenta con 127 Senadoras y Senadores de la República.

Y, también, Angélica de la Peña tuvo un problema de salud fuerte, y ella, como es una gran guerrera también, y aquí lo demuestra en el Senado de la República, está perfecta y está aquí acompañándonos hoy.

Yo terminaría diciendo, señor Presidente, que viene un periodo ordinario complejo, difícil, pero estoy convencido que en el Senado de la República soplan vientos de renovación, soplan vientos de cambio, soplan vientos de acuerdos y yo, como coordinador del grupo parlamentario del PRI, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta Legislatura.

Bienvenido, Miguel, y a trabajar juntos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para agradecer, y para agregar mi saludo afectuoso al Senador Barbosa Huerta, y decirte Senador, que admiro profundamente a los hombres que ante la adversidad nunca pierden el sentido del humor y la sonrisa.

Ese eres tú, te abrazo, como igualmente lo hago para mis compañeras Itzel, para Marthita, para Angélica, Maki, que es una mujer profundamente solidaria para todos quienes padecen un problema de salud, y gracias, nos han dado un ejemplo invaluable.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solo para agradecer a todos los grupos parlamentarios las muestras de solidaridad y de estima hacia nuestro coordinador parlamentario, eso demuestra que independientemente de nuestras posiciones políticas e ideológicas, se antepone la calidad humana de todas y de todos, lo cual valoramos enormemente.

Aprovecho también para, a nombre del grupo parlamentario del PRD, decirle a Miguel que en su ausencia todos los grupos parlamentarios le dieron su lugar, se le hizo siempre mención a la necesidad que teníamos todos de que estuviera aquí, estas palabras son sinceras de todos ellos hacia ti, Miguel, aun no estando tú, ellos mostraron siempre esta solidaridad y cariño para contigo. Y también decirte, a nombre del PRD, que estamos muy contentos de que estés aquí, de que nos acompañes, nos haces muchísima falta, es un orgullo tenerte como compañero.

Y a veces uno dice cuando uno ve perdido ese bien es cuando más se le valora, y es eso lo que sentimos nosotros y entonces te valoramos, te necesitamos, pero regresas con mucha integridad y de verdad, rodeado de nuestro cariño y nuestro apoyo incondicional.

Decirles también eso a nuestras compañeras Itzel, Angélica, Martha y Maki, que son mujeres extraordinarias a las cuales hemos aprendido a estimar, qué bueno que están aquí. Y enhorabuena, es un buen comienzo de un periodo ordinario bastante complicado, pero iniciamos muy bien.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Yo creo que el Senado de la República, en la expresión tan humana de sus coordinadores y de miembros destacados de sus bancadas, poder iniciar un periodo que México necesita en una agenda en donde los temas son de la mayor relevancia para transformar la vida de los mexicanos, el que empecemos con el sentimiento humano, de cordialidad, de buenos deseos, de bienvenida a los que estuvieron enfermos, de respeto a la gente que se imponen a la adversidad y crecen, de respeto a las personas que se equivocan y lo reconocen, de un profundo respeto de que recobraron su salud, sean todas, seas tú, Miguel, bienvenido, iniciemos nuestros trabajos y que siga creciendo el Senado de la República.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Elena Gracía Gómez.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Pues sí, agradecerles a todas y a todos ese cariño que me han demostrado. Es cierto, ayer cumplí un año que descubrí mi enfermedad, y hoy estoy aquí ya sin luchar, porque quiero decirles que gracias a sus mensajes, gracias a sus palabras, gracias a su comprensión, gracias a Dios, por supuesto, y a mis doctores, estoy nuevamente trabajando con todos ustedes. Vamos a seguir adelante.

Hoy me siento mejor que nunca, hoy veo la vida con más simpatía, hoy veo la vida con más ganas y decirles que aquí en el Senado tienen a una guerrera, a parte de mi enfermedad voy a estar luchando porque las leyes, porque todo en el Senado sea para bien de todos los ciudadanos.

Muchas gracias a todos, y un beso.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora García Gómez.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron en la reunión.

La Mesa Directiva acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen, las excitativas estarán referidas a 124 proyectos y la relación de éstos aparecerá en la Gaceta del Senado.

De la misma forma, se dio cuenta con el informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas, el cual también se publicará en la Gaceta del Senado y contiene seis movimientos.

Así también la Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 19 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

De la misma manera, se les comunica que, en cumplimiento al numeral 3 del artículo 177 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva autorizó 9 ampliaciones y/o rectificaciones de turno a proyectos que se encuentran en comisiones, estos asuntos se publicarán en la Gaceta del Senado.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica los turnos y las resoluciones que ha leído la Secretaría.

Pasemos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su informe anual de actividades del periodo 2012-2013 y su Programa Anual de Trabajo para 2014.








Y una de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en los trabajos de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, los días 21 y 22 de noviembre de 2013.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el calendario de sesiones del periodo que estamos iniciando.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Dicho Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria para su conocimiento. La Asamblea se da por enterada y se comunicará a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo para develar, en el edificio principal del Senado de la República, una placa alusiva con el siguiente texto “A LA ESCUELA NAVAL Y AL PUEBLO VERACRUZANO, QUE EN 1914 SE CUBRIERON DE GLORIA DEFENDIENDO A LA PATRIA”.



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueaba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION PERMANENTE

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Comisión Permanente remitió la relación y los expedientes de los asuntos turnados a las comisiones de esta Cámara.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: El turno de los asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria y se harán las comunicaciones a las comisiones para su conocimiento.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Permanente el Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la ciudad de México.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO.: D.G.P.L62-II-8-2892
Exp: 113

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores.”

México, D.F. a 8 de enero de 2014.

Dip. Raymundo King de la Rosa
Secretario

 

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/1828/13
México, D.F., a 19 de diciembre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio No. 3.2026/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República presenta ante ese Órgano Legislativo, el Tratado de Extradicción entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

Lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 78 de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito adjuntar al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Tratado acompañada de un Memorándum de Antecedentes, a efecto de que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión tenga a bien considerarlo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO”

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado; en tal virtud, me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

El 23 de julio de 2013 el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana.

Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia, el cual está compuesto por el Tratado sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, firmado en la Ciudad de México, en agosto de 1997, y por el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en Santo Domingo, en agosto de 2012, el Tratado de Extradición suscrito por ambos Estados, busca hacer más eficiente el combate a la delincuencia organizada, así como disminuir la impunidad del crimen organizado transnacional.

En ese sentido, el Tratado compromete a las partes a entregarse recíprocamente en extradición a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte Requirente hayan iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia que implique pena privativa de la libertad.

De igual forma, determina las causas por las cuales los Estados Parte podrán denegar una extradición, dentro de las que destacan la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, así como cuando la persona que se pretenda extraditar haya sido juzgada y sancionada por el mismo delito en el Estado Requirente o en un tercer Estado.

El instrumento regula la entrega de objetos de valor o documentos relacionados con el delito que dio origen a la extradición, con la finalidad de que los mismos sean utilizados como pruebas durante el proceso de investigación.

Establece el principio de especialidad, el cual dispone que la persona extraditada conforme al Tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por uno distinto de aquél por el cual se concedió la extradición.

También estipula que la Parte Requerida podrá, después de haber concedido la extradición y a petición de la Parte Requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada, con el fin de que pueda ser procesada en la Parte Requirente durante la ejecución de la sentencia en la Parte Requerida.

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Tratado en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Tratado).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y  distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a trece de diciembre de dos mil trece

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PEÑA NIETO”



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese dicho asunto a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Permanente, el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L62-II-8-2893 
Exp: 113

CC. Secretarios de la 
Cámara de Senadores 
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil el 12 de octubre de 2012.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores”.

México, D.F. a 8 de enero de 2014.
Dip. Raymundo King de la Rosa
Secretario

“SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS
Oficio No. SEL/300/1827/13
México, D.F., a 19 de diciembre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio No. 3.2026/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República presenta ante ese Órgano Legislativo, el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012.

Lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito adjuntar al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañada de un Memorándum de Antecedentes, a efecto de que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión tenga a bien considerarlo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario
LIC. FELIPE SOLIS ACERO”

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado; en tal virtud, me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

El 12 de octubre de 2012, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, abierto a firma el 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, el cual tiene por objeto hacer del Instituto Global para el Crecimiento Verde ("GGGI" por sus siglas en inglés) un organismo internacional.

El GGGI es un Instituto de Investigaciones con sede en Seúl, República de Corea, fundado el 16 de junio de 2010 bajo la premisa de que el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental no son únicamente objetivos compatibles, sino que su integración es esencial para el futuro de la humanidad. El GGGI tiene oficinas regionales en Copenhague, Dinamarca, y en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo del GGGI es integrar, promover y difundir iniciativas de vanguardia basadas en el modelo de crecimiento sustentable, el cual busca la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión social, así como la sustentabilidad ambiental. Para lograr dicho objetivo, el GGGI promueve la inversión y la innovación para crea sectores productivos que abran nuevas modalidades de negocios.

Al ser transformado el GGGI en un organismo internacional, México podrá participar en las actividades que desarrolla el Instituto, así como en la labor que lleva a cabo a nivel internacional para promover la adopción de un modelo de crecimiento económico y de desarrollo sostenible.

Asimismo, nuestro país tendrá la posibilidad de recibir del GGGI apoyo para al desarrollo de estudios, diseño y ejecución de estrategias, planes, políticas y proyectos de crecimiento verde que brinden herramientas a los tres niveles de gobierno y al sector privado y social para la mejora en el desempeño ambiental.

De igual forma, esta acción fortalecerá el papel de México como actor global en la promoción del desarrollo sostenible y el crecimiento verde como modelo de crecimiento económico compatible con el desarrollo social y la protección al medio ambiente, lo que dará la posibilidad de posicionar a nuestro país como promotor de las distintas iniciativas internacionales con objetivos afines. La participación de México en este nuevo organismo internacional permitirá al país ser beneficiarios de proyectos específicos de crecimiento verde.

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Acuerdo).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a trece de diciembre de dos mil trece

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENRIQUE PEÑA NIETO”.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Permanente, la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.

 

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L62-II-8-2894
Exp: 113

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Remítase a la Cámara de Senadores."

México, D.F. a 8 de enero de 2014.
Dip. Raymundo King de la Rosa
Secretario”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS
Oficio No. SEL/300/1826/13
México, D.F., a 19 de diciembre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio No. 3.2026/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República presenta ante ese Órgano Legislativo, la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.

Lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito adjuntar al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicha Enmienda acompañada de un Memorándum de Antecedentes, a efecto de que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión tenga a bien considerarlo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario
LIC. FELIPE SOLIS ACERO

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LACÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales; en tal virtud me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

El 8 de diciembre de 2012, se adoptó en Doha, Qatar, la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto.

El Protocolo de Kyoto fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Este Protocolo refuerza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), al ofrecer una serie de medidas correctivas frente a los efectos negativos del cambio climático.

El principal objetivo del Protocolo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. La principal característica del Protocolo es ser un instrumento jurídicamente vinculante, relativo a la obligación mundial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El Protocolo de Kyoto se negoció bajo el principio "responsabilidad compartida, pero diferenciada", por ello los países se dividieron en dos secciones: los primeros se comprometieron a disminuir suporcentaje de emisiones so pena de ser sancionados (listados en el Anexo B del Protocolo); los segundos, México incluido, se comprometían a realizar esfuerzos domésticos para contrarrestar la problemática, sin sanción alguna en caso de incumplimiento.

Los países que figuran en el Anexo B del Protocolo (la mayoría de los países son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- y países con economías en transición) acordaron reducir sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero (listados en el Anexo A del Protocolo) a un nivel inferior al 5% de los emitidos en 1990, esto durante el primer período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012.

A fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos de los países y promover el desarrollo sustentable, el Protocolo de Kyoto instauró tres mecanismos de mercado, entre ellos, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), que permite el intercambio de emisiones entre países desarrollados y en vías de desarrollo. México se ha beneficiado del MDL y desde agosto de 2013, es el 4o país en número de proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva de dicho mecanismo.

La Conferencia de Doha resolvió cuestiones de suma importancia que permitirán el inicio de un segundo periodo de compromisos, mismo que comenzará en 2013 y concluirá en 2017 o 2020, dependiendo de las obligaciones contraídas por cada Estado. En ese sentido, los gobiernos que adquirieron compromisos para esta segunda etapa (incluidos en el Anexo I de la Enmienda de Doha), acordaron reducir sus emisiones globales al menos en un 18% por debajo de los niveles de 1990.

Dado lo bajo de porcentaje de reducción de emisiones acordado, se convino que cada Estado con un compromiso cuantificado de limitación o reducción de las emisiones presentaría información antes del 30 de abril de 2014 sobre la forma en que va a incrementar su compromiso. La información presentada por los Estados será considerada en una mesa redonda ministerial de alto nivel que se celebrará durante el periodo de sesiones de junio de 2014, y después se elaborará un informe sobre dicha mesa redonda que será remitido a la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y a la 10a Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto.

Para abordar el periodo que comprende de la adopción de la Enmienda de Doha a su entrada vigor, se decidió que los Estados podían aplicar de manera provisional la Enmienda en comento. También se decidió que si una de las Partes no aplica provisionalmente la Enmienda, cumplirá sus compromisos y demás responsabilidades relacionadas con el segundo periodo de compromiso de un modo que sea compatible con su legislación nacional.

México ha tenido un papel muy activo en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, pues ha realizado esfuerzos continuos para cumplir sus compromisos ante la CMNUCC a pesar de no se estar obligado a reducir sus emisiones de GEI (no se encuentra en ninguna de las listas).

La aceptación de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, que materializa un segundo periodo de compromisos es, para México, un elemento importante en la construcción de un régimen climático ambicioso, efectivo y funcional.

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto la Enmienda en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su aceptación (se anexa copia certificada de la Enmienda de Doha).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2013.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENRIQUE PEÑA NIETO”.








Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o., 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el Senador Héctor Yunes Landa, el 18 de diciembre de 2013.








Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, presentada por el Senador David Monreal Avila, el 8 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, el 15 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, el 15 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, el 22 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, el 22 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, el 22 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto que declara el 12 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Campesino, presentada por la Senadora Mely Romero Celis, el pasado 22 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, presentada por la Senadora María Marcela Torres Peimbert, el 29 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, presentada por la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, el 29 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se reforman el primero y el último párrafo del artículo 69; y el último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, presentada por los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Camacho Solís y Manuel Bartlett Díaz, el 29 de enero de 2014.








Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentada por el Senador David Monreal Avila, el 29 de enero de 2014.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia les informa que complementará los turnos a las iniciativas enunciadas, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y se remitirán a las comisiones del Senado correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Permanente, el Acuerdo aprobado el 18 de diciembre de 2013, por el que invita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar con el Senado de la República un convenio de colaboración, a fin de promover, capacitar y difundir los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; y exhorta al Senado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a involucrar a las organizaciones sociales, civiles, indígenas y campesinas en el proceso bilateral generado de dicho convenio de colaboración.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L62-II-8-2894

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace una atenta invitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar con el Senado de la República un convenio de colaboración, con la finalidad de promover, capacitar y difundir los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a involucrar a las Organizaciones Sociales, Civiles, Indígenas y Campesinas en el proceso bilateral generado de dicho convenio de colaboración”.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores”.

México, D.F. a 18 de diciembre de 2013

Sen. Lisbeth Hernández Lecona
Vicepresidenta”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase dicho Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Comisión Permanente remitió el Acuerdo aprobado el 8 de enero de 2014, que exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para que sea declarado el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L62-II-8-2887

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprobó los Puntos de Acuerdo que a continuación se transcriben:

“Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para que a la brevedad sea declarado el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a incluir en el decreto respectivo la creación de una comisión organizadora de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último día de 2014”.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores”.

México, D.F. a 8 de enero de 2014.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona
Vicepresidenta”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase este Acuerdo a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Comisión Permanente remitió el Acuerdo aprobado el 22 de enero de 2014, por el que solicita información sobre el trámite legislativo de diversas iniciativas en materia de propaganda gubernamental.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-2-1071
EXP. No 255 (Permanente)

Sen. Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe:

Unico.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1 y 3; y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente lo siguiente: a) Que las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos informen a la brevedad posible la situación que guarda el trámite legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, presentada por los Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de septiembre de 2012. b) La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de noviembre de 2012, turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, c) La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 constitucional, en materia de Propaganda Gubernamental, presentada por diversos senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 24 de julio de 2013, y se turnó a las comisiones unidas de Justicia, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera”.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F. a 22 de enero de 2014.

Sen. Fernando Herrera Avila
Vicepresidente”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase dicho Acuerdo a las comisiones encargadas de las iniciativas que en él se mencionan.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Comisión Permanente remite otro Acuerdo del 22 de enero de 2014 que exhorta al Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a dar cumplimiento a los compromisos de austeridad, así como a implementar medidas y programas con el objeto de garantizar un gasto de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública, como lo establecen las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-6-1183
EXP. No 228

Secretarios de la Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las dependencias del Gobierno Federal correspondientes, a que en el ámbito de sus atribuciones desarrollen acciones encaminadas a evitar la especulación en el alza de los precios de los productos y servicios, especialmente durante el primer trimestre del año 2014 y con el fin de combatir la llamada “cuesta de enero”.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para revisar el incremento del salario mínimo de manera proporcional a la inflación observada a partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2014.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que refuerce sus acciones contra la publicidad errónea y engañosa, cuando ésta busque disfrazar o exagerar cualidades de cualquier producto o servicio.

Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo y Poder Judicial, dar cumplimiento a los compromisos de austeridad, así como de la implementación de medidas y programas con el objeto de garantizar un gasto de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública, que establece las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F. a 22 de enero de 2014.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona
Vicepresidenta”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Comisión Permanente remite el Acuerdo aprobado el 29 de enero de 2014, que exhorta al Congreso de la Unión a realizar diversas acciones que tengan como fin elevar las condiciones de vida que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-3-1319.
EXP. No 380

Sen. Raúl Cervantes Andrade,
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, para que en el marco del 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se adhieran a la iniciativa 10 por la infancia (UNICEF) para promover y materializar por todos los medios posibles todos los derechos contenidos en dicha convención.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus competencias, garanticen la materialización de los derechos de la niñez plasmados en la propia convención.

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta al Congreso de la Unión, para que de manera conjunta realicen diversas acciones que tengan como fin elevar las condiciones de vida que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F. a 29 de enero de 2014.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona
Vicepresidenta”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Por último, la Comisión Permanente remitió el Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que solicita al Senado de la República dictaminar las iniciativas que reforman diversos artículos constitucionales en materia de reforma política de la ciudad de México.

“MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L62-II-0- 305

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el Acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que se solicita al Senado de la República dictamine las iniciativas que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la ciudad de México y que fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, con objeto de que dicho dictamen se presente y vote en el Pleno de esa Cámara Legislativa durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de la LXII Legislatura, que inicia en febrero próximo.

La Presidencia dictó el  siguiente trámite: “Remítase a  la Cámara de Senadores”.

México, D.F. a 29 de enero de 2014.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña
Secretaria”

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase dicho Acuerdo a las comisiones encargadas del dictamen de las iniciativas que en él se mencionan.






INTERVENCIONES

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Este 5 de febrero debemos ir más allá del ritual conmemorativo de la Constitución de 1917, porque ni la honramos como está, ni la hacemos nueva como necesita México.

Debemos reconocer que esta Constitución, que impactó al mundo en 1917 al insertar las garantías sociales y que fue innovador, está agotada, que dejó de ser un pacto de convivencia, que perdió prestigio y que, como decía un especialista, cumplió su ciclo histórico.

México tiene un récord mundial; nuestra Constitución ha sufrido 552 modificaciones y ya nos están esperando 37 leyes secundarias para que las aprobemos de un trancazo, como si el Congreso fuera una fábrica de hacer chorizos.

Cambios y más cambios y sólo para qué, pues para cumplir con los tiempos políticos de un sexenio y atender los caprichos e intereses de Peña Nieto, un hombre sin visión histórica, porque esta Constitución, así parchada, no corresponde a las realidades de un país que vive en condiciones de crisis y la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la delincuencia, los monopolios; el desbarajuste del sistema educativo, nos pintan como un país en decadencia.

Debemos aceptar que estos cambios que se hicieron a la Constitución terminaron por ser no un trabajo de legisladores, sino de gesticuladores; terminaron por ser estos cambios, que muchas veces se hicieron en forma frenética, simples mascaradas; y al avalar estos remiendos nos hundimos más en el desprestigio que tenemos como legisladores ante la opinión pública.

Y para revertir el desprestigio, para rescatar la credibilidad en el Poder Legislativo, tendríamos y no veo otra manera, que convocar a un Congreso Constituyente, con una agenda transformadora para que México cuente con una Constitución que corresponda a su nueva realidad.

Todos los estudiosos serios de este país, Muñoz, Ledo, entre los primeros, coinciden en la necesidad de una nueva Constitución, una Constitución que nos dé identidad nacional con auténtica fuerza republicana, con espíritu federalista y que corresponda a los planteamientos de la sociedad y no a los intereses del poder constituido, una Constitución que proyecte la esencia y el corazón de un México nuevo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señora Presidenta.

Celebramos hoy la promulgación de la Constitución de Querétaro de 1917, esa Constitución fue histórica, no solamente en relación con México, desde luego, sino fue histórica porque a nivel mundial estableció por primera vez, en el mundo entero, los derechos sociales, y fue ese resultado de una revolución que costó a nuestro país más de un millón de muertos; una revolución en la que participaron los campesinos con su contingente de sangre, los obreros mexicanos, la clase media, buscando democracia y se dio ese extraordinario y luminoso episodio en la ciudad de Querétaro.

Se creó así, a partir de un gran movimiento y de la vinculación de las ideologías más avanzadas de ese tiempo en las que México aportó, creó y sirvió de ejemplo mundial, el pacto que unificó a los mexicanos y que nos permitió avanzar enormemente después de haber estado en una situación de servidumbre, servidumbre en el campo, servidumbre en las fábricas, servidumbre en las mujeres, sin derechos; y fuimos avanzando para estructurar un país, defendiendo su cultura y sus valores propios, generando un sentimiento de unidad que se llamó: nacionalismo. Esa gran Constitución que seguramente hoy algunos compañeros van a celebrar, está siendo destruida por las definiciones del Presidente Peña Nieto y sus asociados en el Pacto en contra de México.

Podemos oír todos los días esa cantinela de spots, pagados como enorme negocio para las televisoras y la radiodifusión, de que este país está avanzando, de que se va trasformar y que ha habido 16 reformas constitucionales, nada menos, y en realidad lo que han hecho es destruir ese pacto, cambiar el sentido, vaciar de contenido a la Constitución de la República en decisiones apresuradas, con dictámenes que ni siquiera conocieron, que pondrían realmente a sufrir y avergonzar a las grandes figuras que crearon la Constitución e imaginaron un México que está siendo destruido.

Y se está haciendo además, en una alianza absurda entre el PRI y el PAN con algunos apoyos del PRD en diversas de esas reformas, y están creando otra reforma sin discusión, sin debate, sin contar de ninguna manera con el consenso nacional, es una transformación y un pensamiento de una gran Constitución a través de cenáculos, de intereses económicos, con imposiciones extranjeras, como la reforma energética, para servir a los intereses de los Estados Unidos; eso es lo que están haciendo en contra del pueblo de México, a escondidas de la nación, protegidos por una dictadura mediática indigna, haciendo propaganda de lo que no es, eso es lo que están haciendo, que equivale, y lo vamos a ir demostrando a un rompimiento de la nación, a un golpe de Estado, a través del cual, este grupo que se llama Pacto por México, personajes sin ninguna representación, haciéndole toda clase de honores a Peña Nieto, han impuesto aquí en este Congreso lo que se les ha dado la gana, y repito, sin discusión, sin debate, sin dictámenes, sin conocer nada de lo que se está haciendo, eso es lo que está ocurriendo en este país.

El Congreso ha sido secuestrado, el Congreso está a las órdenes del Presidente Peña Nieto, y este Congreso está destruyendo el pacto que une a la nación; una nación rota, una nación con más de la mitad de su población en pobreza, una nación que en el último año se ha empobrecido más; una nación que está perdiendo sus valores, una nación dominada por intereses culturales extranjeros, eso es lo que se está haciendo.

Por eso hoy, cuando hablamos de la Constitución de 1917, podríamos decir mentiras, vamos a hablar de que todo marcha bien, repitamos esos slogans pagados, los spots en la televisión y en la radio, 16 reformas constitucionales, pero yo les diría hoy que iniciamos este periodo, vamos a ver cuáles son las consecuencias ya no retóricas, ya no en este sentido ideológico nacionalista al que me refiero, que se ha perdido al entregarnos a intereses extranjeros.

Vamos a platicar y lo vamos a presentar en las próximas sesiones, qué paso con la reforma laboral, esa reforma que en la demagogia de los medios de comunicación nos iba a traer empleo, nos iba a traer toda una serie de beneficios para los trabajadores, no ha resultado más que menos empleo, no ha resultado más que un empleo de la menor calidad, no ha significado en lo más absoluto, nada en beneficio de los trabajadores, ha sido un reforma que traicionó al artículo 123 que estableció esa Constitución que hoy conmemoramos.

¿Qué pasó, señoras Senadoras y Senadores?, ustedes que la aprobaron en su mayoría, somos mayoría dicen, ¿qué pasó con la reforma educativa? Esa gran mentira de reforma educativa para atentar y atacar los intereses de los trabajadores agremiados, ¿qué pasó con esa reforma educativa? No han podido llevarla acabo; no pueden ni podrán, porque las reformas educativas se hacen con los maestros, no contra los maestros. Una reforma neoliberal impulsada por Televisa, esa es la reforma educativa y vamos a analizar con todo cuidado después de haber hecho esas reformas, ustedes, aquí lo que produjeron, no hay más que retroceso en la educación, no se avanza nada.

Hoy el Secretario de educación se sorprende al decirnos que la Prueba Enlace fue una porquería, lo dice él que fue traicionada y se convirtió en un negocio y en un robo.

¿Qué ha pasado en un año y pico de este gobierno transformador dominando este Congreso y haciéndolo simplemente un eco de sus intereses?

No hay reforma educativa en ningún sentido, la reforma de telecomunicaciones o la gran cosa de Peña Nieto producto de Televisa iba a poner en orden a todos, iba a acabar con los monopolios, todavía no llega, todavía no sabemos qué negocios están haciendo.

En la televisión, por lo pronto, ya la abrieron el 49 por ciento a la inversión extranjera y todavía Peña Nieto tiene eventos culturales en donde dice que vamos a defender los valores culturales, van a ver ahora que vendan y que entren las transnacionales extranjeras a la televisión mexicana ya de lleno, vamos a ver si defienden los valores culturales, y así podemos analizar cada una de esas 16 reformas constitucionales centralistas, además, aprobadas por los Senadores representantes de los estados, que tenían que venir aquí a defender sus entidades y han votado una y otra reforma centralista en materia de educación, en las materias que sean; al fin, les es más fácil reformar la Constitución de manera irresponsable, les es más fácil que hacer las leyes secundarias.

Es una vergüenza lo que hemos vivido en este año, no está de acuerdo el pueblo de México y se nos va a demostrar.

México se sigue empobreciendo, están acabando con una nación poderosa, pero tendrán los resultados pronto.

Sigamos entonces festejando las 16 reformas que no han servido más que para hacer más daño y romper lo que fue realmente un pacto nacional con un millón de muertos, que ha sido traicionado aquí, en este Senado de la República.

 Muchas gracias por su atención.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con el permiso de la señora Presidenta de esta Cámara de Senadores. Compañeras y compañeros Senadores:

Que me pregunten, compañeras y compañeros, si ha convertido en una frase simbólica para quienes consideran que el poder público se ejerce con altas dosis de discrecionalidad, distante del interés colectivo y fuera del alcance, inclusive a espaldas de la mayoría de los mexicanos, que me pregunten.

Por lo tanto, es hoy no sólo una exigencia de consulta popular en torno a la reforma energética, sino que se traduce a la vez como un grito que exige democracia donde se dice que hay democracia, que exige diálogo donde se dice que hay diálogo, que exige representación donde se dice que hay representación.

Es decir, que me pregunten, si es una exigencia para que la realidad responda por fin a lo que decimos en las palabras, en los discursos, en leyes, en intenciones.

Que me pregunten, para que demos de una vez por todas las simulaciones, la llamada democracia de spots, el régimen de apariencias y arribemos de una vez por todas a un ejercicio del poder público coherente que piense, hable y actúe de manera profundamente íntegra y comprometida con México.

Y hago esta reflexión inicial, señora Presidenta, porque hoy comenzamos un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, que hemos de construir, estoy seguro, de manera intensa y productiva, pero también lo hago, porque mañana 5 de febrero inauguramos un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una Constitución cuyo espíritu tendría que animar el inicio y el fin en este periodo de sesiones y en lo general en nuestra labor legislativa y política.

Me refiero, por supuesto, a una Carta Magna, que también reclama coherencia, sobre todo para hacer corresponder la realidad con aquello que decimos, en este caso, hacer correspondientes los altos derechos contenidos en ella con la vida en los hechos de las mujeres y hombres de México.  En suma, compañeras y compañeros, que la Constitución y leyes marchen en la misma dirección que las ideas, necesidades y deseos de la gente y no por el contrario, en caminos paralelos o, peor aún, contrapuestos.

Asimismo, el aniversario de nuestra Carta Magna en este 2014 tiene visos de luto y bandera a media asta, entre otras razones, por que con la reforma energética y otras disposiciones impuestas hace apenas algunas semanas o meses por el partido en el gobierno federal, la Carta Magna sufrió tremendas vejaciones y con ella se calló en el error de distanciar al pueblo de la Constitución, a las ideas y verdaderas necesidades de la gente del contenido de nuestra ley suprema.

Lo afirmo así, compañeras y compañeros, porque estoy convencido que la gran aportación de la Constitución de 1917 para el país y para el mundo fue su profundo sentido social, su alto contenido a favor de los colectivos más vulnerables, de los más débiles, de los que atravesaban por la pobreza más longeva y palpable.

Nuestra Constitución lo que privilegió antes de cualquier otra consideración, fue construir una democracia basada en el bienestar social y en la dignidad de las personas, pero sobre todo, de sus comunidades.

Ya don Alberto Trueba Urbina refería que a partir de la Constitución de 1917, estos instrumentos además de señalar las normas que organicen a un Estado y que aseguren los derechos individuales, deben ser estatutos protectores y redentores de los económicamente débiles en función de realizar, precisamente, el interés colectivo y suprimir el régimen de explotación del hombre por el hombre.

Así refería el derecho constitucional y se convierte, por lo tanto, en un instrumento jurídico para transformar la vida humana; y yo coincido indudablemente con este enfoque de Alberto Trueba Urbina, priísta, por cierto, aunque de otra generación, un enfoque que por lo demás reprueba el viraje ideológico y de sentido que a últimas fechas se ha privilegiado por parte del partido en el gobierno, proclive a otros intereses que no son precisamente los de aquellos constitucionalistas mexicanos ni de los pobres y desprotegidos, sino de todo lo contrario.

Así pregunto, ¿qué conmemoramos mañana? ¿La Constitución de 1917 o la Constitución que se ha venido modificando en detrimento de las mayorías?

¿Dónde está el sentido social de la Carta Magna? La misma que abrió para el mundo una forma distinta de garantizar los derechos sociales y colectivos.

Este 5 de febrero, compañeras y compañeros, pregunto, ¿es aún fecha de celebración y orgullo para México o debido a los certeros golpes que ha sufrido, ninguna conmemoración es válida, ningún alarde patriótico?

Yo me resisto. Yo creo que nuestra ley suprema aún contiene un buen número de conquistas, principios y derechos a favor de las personas y las comunidades; y también creo que nosotros debemos convertirlos en los defensores de los derechos que aún persisten.

En este sentido, vamos a continuar en el PRD nuestra defensa de la Constitución, porque con ello asumimos el compromiso de defender a los más débiles, a los más desprotegidos.

Y por otro lado, vamos a insistir, a proponer y trabajar de forma coherente, consistente y sin descanso, para devolverle a la Carta Magna ese sentido social que la hizo referencia para las naciones, y orientadora para las mujeres y los hombres de nuestro país.

Porque yo lo creo, lo digo con toda firmeza, este carácter social de la Constitución no puede modificarse ni con imposiciones en las Cámaras, ni con mayoriteos artificiales, sino que está en la hechura, en el ADN de los mexicanos, en la buena madera de los mexicanos.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, mañana celebramos la Constitución, pero la nuestra, la que propende por una vida mejor para todos; la que debe proteger lo que es nuestro, el patrimonio nacional, los recursos del país; la que garantiza en temas fundamentales que las personas deben ser consultadas, lo mismo que fue útil para consolidar la paz y atisbar los derechos sociales.

Por una Constitución a la altura de nuestro siglo y de nuestra realidad, por un periodo legislativo donde se construyan consensos afines a las necesidades de México, hemos de trabajar apasionada, coherente y patrióticamente en los meses por venir. Así lo haremos las Senadoras y los Senadores del PRD en esta Cámara Alta.

Gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

  - La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN.

 - El C. Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Por segundo año consecutivo estoy en esta tribuna para hablar con motivo de la promulgación de la Constitución de 1917.

 Iniciamos nuestro segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio legal, con el 97 aniversario de la Constitución que promulgó Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917, aunque entraría en vigor hasta mayo de ese mismo año.

Esta fecha, sobre todo tan ligada a la celebración del Centenario de la Constitución, nos obliga a varias reflexiones, nos plantea análisis necesarios sobre nuestro andamiaje constitucional, no sólo sobre este tema que aquí han introducido varios de los que me han precedido en el uso de la tribuna, lo que tiene que ver con la vigencia del modelo rector de la Constitución de 1917, la permanencia de los principios fundamentales que le dieron origen en términos de división de poderes, de federalismo, de relación entre gobiernos, sino también de los retos que el reformismo constitucional mexicano tiene frente a sí para plasmar en la legislación secundaria las grandes figuras que se han incorporado, algunas, sin duda, en beneficio de la nación y del desarrollo social.

Recordar los hechos que produjeron la Constitución de 1917, recupera el momento dramático en el que nuestra democracia fue truncada por los hechos conocidos como la Decena Trágica.

Acaba de publicar Adolfo Gilly, este magnífico, esplendido historiador, un libro extraordinario sobre la Decena Trágica.

Adolfo Gilly ha retratado ese momento de ruptura en un libro que recoge la historia de los principales personajes. Vuelve a salir erguido Felipe Angeles, en esa historia de asistir a la democracia a través de la figura del Presidente Madero.

El libro tiene un título sugerente, diría yo, provocador: “Cada quién morirá por su lado”.

Lo que cuenta Adolfo Gilly en ese libro, es ese recuento de traiciones, de lealtades, de debilidades, de dobleces y de nerviosismos que provocan el asesinato del Presidente Madero y del Presidente de la República también.

Tras el asesinato de Madero, vencido Villa en el norte, aislado Zapata en el sur, Carranza convoca a un nuevo Congreso para reformar en realidad la Constitución de 1857.

Hay que decir, que en realidad el Constituyente en Querétaro fue convocado para reformar la Constitución de 1857. Pero nació, de alguna manera, una nueva Constitución a través del Plan de Guadalupe convocado por Carranza, y tras las deliberaciones que se dan en el congreso federal reunido en Querétaro, se produce una nueva Constitución.

Carranza limitaba a ciertas reformas formales y de organización y funcionamiento de los poderes, por lo que no reflejaba cabalmente lo que estaba, como aspiraciones económicas, sociales y culturales o políticas del movimiento revolucionario.

Sin embargo, es en los debates del Constituyente de Querétaro donde se va decantando lo que se conoce como una nueva Constitución en nuestro país, aunque oficialmente lleva como título La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857.

Debo decir que nuestra Constitución, en esos debates, enfrentó en esa época una lucha.

Cuando los constituyentes reunidos en Querétaro formulaban la Carta Magna, Manuel Gómez Morín, era estudiante de la facultad de derecho.

Precisamente, don Manuel Gómez Morín, describe el momento político como un torbellino de pasión entre dos grupos, uno intelectual y otro militar.

Sin embargo, dice Manuel Gómez Morín, que desde entonces los estudiantes advirtieron, en la Constitución nueva, los restos de una Constitución liberal, acumulados con preceptos de un socialismo no digerido todavía.

Con todo, el Constituyente Permanente a lo largo de 97 años que tiene de vida nuestra Constitución, ha integrado múltiples reformas y profundas modificaciones. Ahí radica el debate sobre la vigencia o no de la Constitución.

Esa dinámica de cambio permanente es el reflejo de un documento fundamental que ha sabido recoger las inquietudes de cada época, de cada momento y de cada reformador. Sin embargo, ese mismo reformismo nos obliga a ser consecuentes y consistentes con concretar en la legislación secundaria los grandes principios constitucionales.

Permítanme darles algunos datos, que por conseguirlos ahora, como se dice, “A vuelo de pájaro”, pueden diferir en uno o dos elementos, pero esencialmente se ajustan a la estadística parlamentaria.

La Constitución de 1917 se ha modificado bajo Decretos constitucionales 216 veces, que han producido 562 reformas, esto es: enmiendas, adiciones, adecuaciones y supresiones. Estamos hablando, de una de las constituciones más reformadas en el mundo como documento fundamental, como carta esencial.

Habría que sumarle, por supuesto, las últimas dos que se han promulgado, la del 27 de diciembre de 2013, la reforma energética, y la que se acaba de promulgar el pasado viernes con motivo de la promulgación de la reforma político-electoral.

Si se toman en consideración los 97 años, hasta la fecha se han publicado en promedio 5.8 reformas por año. Sin embargo, los cambios constitucionales no responden a un cambio lineal y constante.

Mientras que entre 1917 y 1973 se promulgaron 2.6 reformas por año, de 1974 a 2013, se reformó 10.3 veces por año.

Las 562 reformas, como enmiendas o cambios, implican que cada uno de los artículos de la Constitución, nuestra Constitución tiene 136 artículos, han sido reformados en promedio 4 veces.

La realidad, es que 39 artículos de los 136, 28.7 por ciento concentran casi 72 por ciento de las reformas.

Resulta relevante que el artículo 73, referente a las facultades del Congreso de la Unión, es el más reformado, con un total de 69 modificaciones.

Además, 40 de ellas se llevaron a cabo después de 1997, lo que revela también la época de los cambios más importantes al sistema de pesos y contrapesos del sistema político mexicano, que ha tenido lugar desde ese año, en el que ningún partido político ha tenido mayoría absoluta de los asientos en la Cámara de Diputados.

Tan es así, incluso respondiendo a una pluralidad que llegó para quedarse, que hemos incorporado frente a esa pérdida de la mayoría absoluta, que prevaleció casi 80 años, la figura del gobierno de coalición en la reforma político-electoral que se acaba de promulgar.

No podríamos, en este recuento, desconocer que en este tránsito de reformismo constitucional, nuestras anteriores legislaturas, sobre todo la de la Cámara de Diputados, de la que varios de nosotros formamos parte, reincorporó a la Constitución figuras muy importantes, como ya se dijo aquí, Consulta Popular Directa dentro de los derechos de los ciudadanos.

Pero esta legislatura ha reinsertado a la Constitución una figura fundamental en el fortalecimiento del Poder Legislativo, porque no todo ha sido evitarle, cambiarle, modificarle o quitarle, también ha sido restituirle a la Constitución figuras esenciales.

Llamo destacadamente la figura de la reelección consecutiva de los legisladores, que funcionó en nuestro país hasta 1934.

Al tomar en cuenta estos datos. Por supuesto que quiero plantear dos ideas.

Una de ellas, es cierto, una reforma, una Constitución que tiene tantas reformas a lo largo de 100 años. Que tiene casi 560 cambios, obliga a una reflexión sobre la conveniencia de una reforma integral o incluso, como se ha dicho, de una nueva Constitución. Pero más que eso, nos obliga a todos nosotros, como legisladores, a concretar en las leyes secundarias los principios constitucionales que hemos plasmado.

Decía uno de los pensadores del PAN, Manuel González Hinojosa: “De nada valen los cambios a la ley, si no hay voluntad y libertad democrática para cumplirlas”.

Aquí se han ponderado las reformas en materia de telecomunicaciones, de competencia económica, de transparencia, de energía, político-electoral, de anticorrupción, en favor de la competencia económica.

Por supuesto que siendo reformadores como en ninguna época de la Constitución, a esta Legislatura, como lo hicimos el año pasado, estamos obligados a honrar el espíritu de nuestras reformas en las leyes secundarias por venir.

No se vale el esfuerzo de disminuirlas, de diluirlas o tratar de darle la vuelta, de burlar sus contenidos, pues seríamos militantes de una hipocresía constitucional, teniendo a la mano las posibilidades de concretar en la legislación secundaria, los principios de los que nos enorgullecemos.

Ese será el reto de la celebración inmediata de la Constitución de 1917 y esa debe ser la tarea de este Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Con su venia, señora Presidente; Honorable Senado:

Como cada año, desde aquel ya remoto 5 de febrero de 1917, los mexicanos conmemoramos con veneración y espíritu reflexivo la promulgación de nuestra Constitución. Sin duda, es ésta la conmemoración más relevante de nuestro calendario cívico.

No recordamos en esta fecha a un héroe o una hazaña individual, sino un acontecimiento de creación colectiva, el más significado de la vida de una nación, que es el otorgarse a sí misma una Constitución.

Al darse su ordenamiento esencial, una nación se reconoce, define su deber y afirma su condición soberana.

En ello, en el darse un reconocimiento a su propia realidad, el haber recogido las causas más sensibles, en su momento, es en donde descansa la originalidad de la Carta de Querétaro.

No solo por haber plasmado la cuestión social, especialmente la de los obreros y campesinos, sino más aún, por la irreductible fidelidad con la que refleja el verdadero sentir de la nación; voluntad definida para vivir entre nosotros y convivir con los demás.

Hace 97 años, nuestros constituyentes aprobaron la Carta de Querétaro, ley fundamental que por igual daba alojamiento a los viejos derechos y que consagraba otros nuevos; que con impecable apertura y sensibilidad histórica ponían acentos de justicia social en y desde tierra mexicana.

Asumieron la definición demo-liberal decimonónica y replantearon la cuestión social. Democracia, libertad y justicia, eran los pilares de la nueva Constitución que fortalecía a nuestra nación, que después de la lucha armada, respiraba los aires de certidumbre del estado de derecho.

Compromiso en ese entonces y desde ahora, que incumbe a la colectividad, al gobierno y a la sociedad. Estado de derecho no se entendería de otra forma, a la manera kelseniana, pues un estado carente de derecho es solo un fenómeno de fuerza y el derecho sin el estado es solo una idealidad normativa, carente de efectividad. Es el compromiso existencial del estado mismo y también la expresión que se opone a la anarquía y al autoritarismo.

Ninguna Constitución como la de Querétaro, recoge tan puntualmente la realidad mexicana; ninguna delinea mejor las aspiraciones populares; el constitucionalismo social, cimiento del Estado mexicano moderno, no surge de un programa, sus frutos históricos devienen de contradicciones y de alianzas, de afirmaciones y de negaciones, a veces imprevisibles.

La Constitución y el estado social de derecho que de ella surge es respuesta y propuesta, proyecto nacido de un consenso, de un acuerdo político, a caso el más importante de nuestra historia.

A lo largo de estos 97 años, hemos sabido preservar y transformar. En cada transformación, la Constitución de 1917 se actualiza y cobra una nueva vitalidad dentro de nuestras decisiones fundamentales, dentro de nuestros más caros principios vive la transformación social.

Es cierto que nuestra Constitución no surge solo como una rectificación política, sino como una reivindicación social; pero en todo caso, guarda congruencia con los cambios sociales, sin rupturas ni desprendimientos; permanente conciencia crítica proclama la igualdad del ciudadano ante la ley y, al mismo tiempo, reconoce las diferencias que fundan los derechos sociales.

Los escenarios, ciertamente han cambiado. El pasado siglo XX afirmó nuestra pluralidad democrática, étnica y lingüística y dejó las cicatrices profundas de las dos guerras mundiales.

El tránsito del siglo XX y lo que va del XXI, van de la mano con el inevitable fenómeno de la globalización, por solo citar un ejemplo. Pero no es la globalización ni la interdependencia mundial lo que hoy presiona a la soberanía de los estados-nación lo que en el fondo declara los riesgos del estado contemporáneo, es la insuficiencia o la limitación para vivir en democracia y en libertad, la insuficiencia para responder a las legítimas aspiraciones de sus habitantes.

También es cierto que el Estado se reforma; el federalismo ha tenido avances en función de la eficacia social, la democracia se fortalece con órganos de conducción electoral independientes y ciudadanizados; el Poder Legislativo plural por excelencia juega hoy en día un papel definitorio.

Por esas y otras razones, en mi opinión, creo que México no requiere una nueva Constitución. Lo que requerimos es vivir a plenitud en la que tenemos, conocerla, difundirla, no sólo para saber cuántos artículos tiene, sino para imbuirnos de sus principios, de sus acuerdos sustantivos, de sus horizontes.

Nuestra Constitución hace viable a la nación, porque previó su propia reformabilidad, por esa vía es perfectible en su ordenación y en su depuración ténico-jurídica. El maestro Fix Zamudio y muchos otros lo han venido proponiendo ya desde hace tiempo.

Cuando alguien dice que la Constitución ha envejecido, suelo recordar las palabras de don Jesús Romero Flores, el último de esa estirpe de hombres sencillos y de sentido común que no se envanecieron con su obra, pero estaban seguros de ella, de su sinceridad y de su fuerza; lo cito:

“...Estamos ayunos de muchas cosas; más, ante el presente mundo confuso, en nuestra Constitución encontramos una síntesis ideológica que nos permite pasar indemnes a quienes, a nombre de la justicia, pretenden ahogar la libertad y ante quienes, a nombre de la libertad intentan perpetuar la injusticia Sí, llegamos tarde al siglo XX, pero por llegar transformando para mejor construir, por haber determinado popularmente objetivos, normas y métodos, para poder edificar mejor, por haber obtenido síntesis de ideas nos acercamos antes al siglo XXI...”. Termino la cita.

Compañeros:

No arrojemos por la borda la fuerza y vigencia de esas voces; no ignoremos el vigor de una auténtica dialéctica popular, ello nos conmina a apartarlos de lo que nos separa para encontrar la reconciliación como única fuente viva de esperanza.

Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, Senador Burgos García.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy presento una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV Bis y IV Ter al artículo 4o.; adiciona una fracción II Bis, II Ter, y VII, así como se reforma la fracción V del artículo 78, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La acuacultura rural se define como un sistema de producción de organismos acuáticos utilizados para el autoconsumo o comercialización parcial de la cosecha, generalmente realizada de forma familiar y por pequeños grupos de la comunidad rural.

La acuacultura rural hoy más que nunca tiene un sustento en una lucha que el Presidente Enrique Peña Nieto ha iniciado de manera interesante, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Naciones Unidas ha mencionado que aproximadamente 1,000 millones de personas siguen padeciendo hambre; y nosotros consideramos que la acuacultura rural puede ser una fuente importante de alimentación; la FAO, así lo ha mencionado y lo ha demostrado; y ha hecho una invitación importante para que la acuacultura rural sea también una fuente de riqueza y una fuente de consumo y de producción de alimentos.

La acuacultura rural se puede dar en la familia, los estanques, en como los conocemos; pueden ser también una fuente para traer recursos frescos a la familia, además de la alimentación. Esta parte, también de la acuacultura, nosotros consideramos que debe de ser incluida en la cadena alimenticia que tienen las y los mexicanos.

Debemos de fomentar la innovación, la generación de tecnología en esta acuacultura, además de la capacitación y el cómo se puede compartir experiencias exitosas que tiene la acuacultura rural.

Por eso, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer los programas de la acuacultura rural, su capacitación y fomentar la transferencia y uso de tecnología a los acuicultores de pequeña escala de las zonas rurales.

Y he presentado por escrito todas las consideraciones del por qué ésta puede ser una fuente importante para la alimentación y también puede ser parte fundamental en el sostenimiento económico, sobre todo en las comunidades rurales.

Por eso estamos proponiendo una adición a la fracción IV Bis y IV Ter, del artículo 4o. de la Ley General de Pesca, que dice como sigue:

“IV Bis. Acuacultura Industrial: Sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico, y gran inversión de capital de origen público o privado.

IV Ter. Acuacultura Rural: Sistemas de producción para el cultivo de organismos acuáticos, para el autoconsumo o comercialización parcial, generalmente realizada de forma familiar o por pequeños grupos rurales, en sistemas extensivos o semi-extensivos”.

De igual manera, se adicionan las fracciones II Bis, II Ter y VII así como la reforma a la fracción V del artículo 78 para quedar como sigue:

II Bis. Fortalecer el programa de acuacultura rural, que atiende la demanda alimentaria de las comunidades de escasos recursos, se mejore el ingreso de las mismas y se incentive el arraigo en la localidad.

II Ter. Fortalecer los programas de capacitación de la acuacultura rural, para los productores de localidades rurales.

V. Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas, para asegurar su producción óptima y su disponibilidad.

VII. Fomentar la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos.

Esta puede ser una gran fuente de riqueza para las familias y también puede contribuir a esta lucha para terminar con la pobreza alimentaria de México.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presiente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente, señor Presidente, para pedirle a la Senadora Gastélum Bajo, si me permite suscribir la iniciativa que acaba de presentar.

- El C. Presiente Aispuro Torres: Senadora Gastélum Bajo, ¿acepta que se sume el Senador?

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, igual para felicitar a nuestra compañera y amiga, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por esta importante iniciativa, y respetuosamente pedirle si me permite sumarme a esta iniciativa.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito. Igualmente los Senadores Oscar Román y Rabindranath Salazar, con gusto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 135 de nuestra Constitución.

Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO  135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS    MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 135 de nuestra Constitución Política, a fin de ampliar el régimen de libertades y derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos mexicanos, estableciendo en nuestra Constitución una nueva figura jurídica propia de la democracia directa, esta figura es la del referéndum constitucional.

A lo largo de los años, la nación mexicana ha dado como producto de un proceso histórico, difícil y complejo, caracterizado por la lucha de un pueblo empeñado, a pesar de los obstáculos y contradicciones, a forjar su presente y su futuro, una Constitución que consagró garantías y derechos de carácter social.

El pueblo mexicano ha recorrido a lo largo de su historia tres grandes movimientos: La Independencia, la Reforma y la Revolución; e innumerables luchas que han plasmado la identidad política, económica e institucional de nuestro país.

Cada letra, principio e institución que se ha escrito en nuestra Constitución ha sido resultado, parafraseando a Winston Churchill, de la sangre, sudor y lágrimas de los mexicanos. Así como de la sabiduría, la creatividad y la energía de sus diversos constituyentes, entre los que destacan ilustres personas de nuestra historia.

Los principios fundamentales que constituyen nuestra Carta Magna de 1917, son la expresión de la decisión de millones de mexicanos que lucharon y murieron por ellos: la forma republicana y representativa de nuestra nación, el federalismo, la división de poderes, el municipio libre, la soberanía nacional y popular y, en particular, la incorporación del derecho inalienable del pueblo para decidir sobre su forma de gobierno y las garantías individuales y sociales dentro de un Estado laico.

Bajo ese sustento histórico y social, la Constitución mexicana es el resultado del pacto social que sostiene su legitimidad en el pueblo, y los principios que de ella emanan, no pueden estar sujetos a modificaciones coyunturales o acuerdos o intereses económicos de un grupo político o de la clase dominante.

El concepto de decisiones fundamentales de un orden jurídico, como lo plantea Carl Schmitt, asevera que estas decisiones son la estructura, la base y el contenido principal de la organización política y sobre ella descansan las demás normas del orden jurídico. Por ello, no pueden ser reformadas por el Congreso o por el Parlamento; sino únicamente por la voluntad directa del pueblo.

Jorge Carpizo, en su texto, “La Constitución de 1917”, señala, “Entendemos por decisiones fundamentales los principios rectores del orden jurídico que son los que marcan y señalan el ser del orden jurídico. Son la esencia misma de ese derecho, si alguno de ellos falta ese derecho se quiebra, para convertirse en otro”. Concluyo la cita.

Por lo tanto, estas decisiones no pueden ser reformadas por el poder revisor sino únicamente por el pueblo: Una decisión fundamental es de tal suerte importante que, únicamente debería ser modificada por un referéndum efectuado por el pueblo o por un nuevo Constituyente elegido para ello.

Sin duda, el despojo de la reciente contrarreforma energética terminó por romper las bases del pacto social que emergió de un movimiento revolucionario que dio origen a la construcción del Estado mexicano, minando al mismo tiempo la rectoría del Estado, al dar prioridad al interés privado por encima del interés público.

Como lo señala Arnoldo Córdova: “La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos”.

Nunca como antes en esta legislatura se ha acudido a reformar tanto a la Constitución. Lo que pone en el centro del debate nacional el procedimiento para la reforma de la Constitución y para evaluar el impacto social de las mismas, por lo que se hace insoslayable la participación social en la definición de las reformas de nuestro pacto constituyente y de nuestro pacto social.

Por ello, es urgente replantear el quehacer parlamentario en las decisiones fundamentales del Estado, que debe obligatoriamente tener la legitimidad del pueblo a través de los mecanismos de democracia participativa como el referéndum constitucional.

El pueblo con su voto es quien debe aprobar o reprobar un proyecto de reformas a la Constitución.

Por ello, propongo lo siguiente:

Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Tratándose de reformas constitucionales que modifiquen las bases del pacto social de la nación mexicana deberán someterse a referéndum o convocar a un nuevo Constituyente para su aprobación.

Quiero señalar, que a 97 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, son tantas las modificaciones que ha sufrido nuestro máximo ordenamiento legal, que ha llegado la hora, ahí sí difiero de nuestro compañero Enrique Burgos, de elaborar una nueva Constitución, convocar a un nuevo Constituyente y recuperar el espíritu de un Estado con responsabilidad social, con rectoría sobre la economía y las garantías sociales que brindan los derechos a los trabajadores, a los campesinos mexicanos en una relación entre desiguales, que con los patrones y el capital se ha roto con las reformas constitucionales del año pasado.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que modifique y reforme los artículos 65 y 66 de la Constitución, ante el reclamo social del trabajo que se está realizando en el Poder Legislativo.

Ha dejado mucho que desear para los propios analistas, políticos, para los sectores productivos, para la sociedad, y me parece que parte de este problema que padecemos y del que somos juzgados obedece a la premura, a la celeridad, a lo que se traduce en modificaciones al vapor lo que se realiza en estas últimas legislaturas.

Sólo de 1988 al 2012, suman 11 mil 996 iniciativas en la Cámara de Diputados, y sólo 2 mil 426 aprobadas.

Sin duda, muchas de las que se dejaron de aprobar y muchas de las que se aprobaron, obedecían a una circunstancia, a una realidad en nuestro país.

La existencia de nuestro sistema bicamaral realza la actividad de una democracia representativa. Por ende, el Congreso de la Unión debe de ser neutral e imparcial; es decir, debe de renunciar al mandato imperativo de otros poderes fácticos, se deben proteger los intereses tanto de la mayoría como de la minoría, fomentar los principios representativos, contar con un pluralismo político y tomar decisiones firmes en beneficio de los ciudadanos.

Sin embargo, el desempeño del trabajo legislativo del sistema bicamaral mexicano se ha caracterizado en los últimos años por aprobar reformas de forma apresurada, en muchos casos saltándose todos los procedimientos legislativos previamente establecidos en los diferentes ordenamientos, y es innegable que existe un gran desaseo parlamentario.

La Constitución Política fue modificada a través de reformas que no fueron lo suficientemente analizadas y discutidas. Y para ello sólo basta ver las recientes reformas aprobadas en materia energética, en política electoral, laboral, educativa; y en muchos casos los legisladores votaron dictámenes que desconocían, que no fueron leídos y mucho menos analizados.

Lo anterior es preocupante, ya que simple y sencillamente, el Congreso de la Unión ha dejado de ser un contrapeso del Ejecutivo Federal, que de no corregir este funcionamiento se regresaría a los poderes metaconstitucionales que, en su tiempo, ostentaba el Presidente de la República.

Es imprescindible mencionar que el Congreso de la Unión se organiza por medio de sesiones ordinarias, mismas que están establecidas en los artículos 65 y 66 de nuestra Constitución.

No obstante, el bajo rendimiento y atraso legislativo que tiene el Congreso de la Unión, radica en que a mayor presentación de iniciativas legislativas, la tasa de desahogo disminuye. Así se demuestra desde la LIV, Legislatura en aquel tiempo se presentaron 315 iniciativas y se desahogaron 108; mientras que en la LXI Legislatura se presentaron 3 mil 509 reformas de ley, pero únicamente se atendieron 430.

La actual coyuntura del Congreso de la Unión se encuentra enfrascada en diversas posiciones ideológicas, las cuales elevan el debate y el nivel democrático de México. Sin embargo, la pluralidad de ideas también incrementa de sobre manera la imposibilidad de llegar a acuerdos, más aún cuando se cuenta con tan poco tiempo para legislar temas de trascendencia nacional.

En este orden de ideas, las distintas discusiones y la gran cantidad de iniciativas presentadas, han provocado la constancia del rezago legislativo, motivo por el cual el Congreso de la Unión se ha hecho acreedor a distintos reclamos que exigen una mayor productividad en aras de responder a las necesidades sociales del país.

La experiencia internacional aporta los argumentos necesarios para ampliar estos periodos. Por ejemplo, en Argentina, tanto la Cámara de Diputados, como en el Senado, deben de reunirse en sesiones ordinarias todos los años desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre, lo que implica que las sesiones ordinarias tendrán una duración de 9 meses contínuos; lo mismo ocurre en Perú, donde las actividades legislativas se llevan a cabo en 9 meses; y en el caso de Brasil y Colombia, el periodo de sesiones tiene una duración de 8 meses; mientras que en el de Paraguay, el trabajo legislativo se desarrolla en 7 meses. Lo anterior se traduce en que varios países de América Latina desarrollan su quehacer parlamentario en no menos de 6 meses, cuestión contraria lo que sucede en México.

En el caso mexicano, la propuesta para ampliar los periodos ha sido una constante. Es necesario establecer una mayor duración para los trabajos legislativos con el objeto de desahogar el mayor número de iniciativas, puntos de Acuerdo o minutas presentadas en cada Cámara que integra el Poder Legislativo. Asimismo, tener un control político sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Por tal razón, se pone a consideración de la Asamblea la presente iniciativa con el efecto de atacar el periodo ordinario de sesiones, iniciaría al 1° de agosto y terminaría el 15 de diciembre; mientras que el segundo periodo sería del 1° de febrero al 30 de junio.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las diferentes funciones que el Congreso de la Unión tiene asignadas se encuentran consagradas en los artículos 73 a 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y giran en torno a ser depositario de la representación de la ciudadanía.

La existencia de nuestro sistema bicameral (Cámara de Senadores y Diputados), realza la actividad de una democracia representativa; en este orden de ideas es necesario que el Congreso de la Unión sea neutral e imparcial, es decir, debe renunciar al mandato imperativo de otras poderes fácticos, además de proteger los intereses tanto de la mayoría como de la minoría, entendiendo esto como uno de los principios democráticos, lo que implica que deben tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, fomentar los principios representativos, contar con un pluralismo político y tomar decisiones firmes en beneficio del Estado.

Por tal razón, es indispensable que el Congreso de la Unión fomente la discusión sería de todos los temas públicos y no sólo de unos cuantos; sin embargo, el desempeño del trabajo legislativo del sistema bicameral mexicano se ha caracterizado por aprobar reformas por la vía rápida, en muchos casos saltándose todos los procedimientos legislativos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los reglamentos internos de ambas cámaras.

Es innegable que existe mucho desaseo parlamentario, que en muchos casos consiste en llenar la Constitución Política Federal de reformas que no fueron lo suficientemente analizadas y discutidas, para muestra están las recientes reformas aprobadas en materia de energía, política, educación, telecomunicaciones y autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que en muchos casos, los legisladores votaron dictámenes que desconocían, que no fueron leídos ni analizados.

Lo anterior es preocupante, ya que simple y sencillamente el Congreso de la Unión ha dejado de ser un contrapeso del Ejecutivo Federal, que de no corregir este funcionamiento se regresaría a los poderes metaconstitucionales que en su tiempo ostentaba el Presidente de la República.

Por tal razón, el Poder Legislativo Nacional requiere de un proceso amplio, pues en él se discuten diversos proyectos, visiones de país y formas de pensar, dichos procesos son estudiados, discutidos y aprobados en las comisiones que integran el sistema bicameral.

Para dicho trabajo el sistema legislativo federal se organiza por medio de sesiones ordinarias, mismas que están establecidas en los artículos 65 y 66 de la Constitución Política Federal, iniciando el primer periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre y concluyendo el15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo; mientras que el segundo periodo abarca del 1 de febrero al 30 de abril.

No obstante, estos períodos parecen insuficientes para desahogar el trabajo legislativo; esto no es un tema nuevo, sino por el contrario, radica desde ya hace varios lustros atrás, anteriormente se celebraba un sólo periodo ordinario de sesiones estipulado en la Constitución Política Federal de 1824, en el que se acordaba que duraría del 1 de enero al 15 de abril y las sesiones ordinarias del Congreso serían diarias.

No fue sino hasta la reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política Federal de 1986 cuando se estableció por segunda ocasión, dos periodos ordinarios de sesiones, mientras que con la reforma de 1993 se planteó la duración de 5 y medio meses, así los periodos de sesiones serian del 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 15 de marzo al 30 de abril.

Finalmente, la última reforma en esta materia fue aprobada en el año 2004, en ella se aumentó a 6 y medio meses el tiempo en el que podía estar reunido el Congreso de la Unión, la cual sigue permaneciendo vigente.

El bajo rendimiento y atraso legislativo que tiene el Congreso de la Unión, radica a que a mayor presentación de iniciativas legislativas, la tasa de desahogo disminuye, así se demuestra desde la LegislaturaLIV (1988-1991); en aquel tiempo se presentaron 315 iniciativas y se desahogaron 108; mientras que en la Legislatura LXI (2009-2012) se presentaron 3,509 reformas de ley, pero únicamente se atendieron 430.

Iniciativas presentadas y tasa de aprobación en la
Cámara de Diputados (1988-2012)

Legislatura

Iniciativas
presentadas

Iniciativas
aprobadas

Aprobadas/
Presentadas

LIV (1988-1991)

315

108

34.3%

LV (1991-1994)

316

195

61.7%

LVI (1994-1997)

266

119

44.7%

LVII (1997-2000)

641

152

23.7%

LVIII (2000-2003)

1,205

313

26%

LIX (2003-2006)

2,891

563

19.5%

LX (2006-2009)

2,853

546

19.1%

LXI (2009-2012)

3,509

430

12.2%

Total

11,996

2,426

20.5%

Durante la LXI Legislatura se presentaron 3,509 iniciativas en la Cámara de Diputados, quedando pendientes para dictaminarse y votarse en el futuro el 41%. Por su parte, el Senado de la República, casi el 60% de las 1,584 iniciativas presentadas quedó pendiente.

En esa misma Legislatura  se recibieron 369 minutas en la Cámara de Diputados, de las cuales 174 quedaron pendientes (47%).  En el Senado siguen pendientes 207 minutas de un universo de 448 presentadas (46%).

Aunando a lo anterior, la actual coyuntura del Congreso de la Unión se encuentra enfrascada en diversas posiciones ideológicas, las cuales elevan el nivel democrático de México; sin embargo, la pluralidad de ideas incrementa de sobremanera la imposibilidad de llegar acuerdos, más aún cuando se cuenta con poco tiempo para legislar temas de trascendencia nacional.

En este orden de ideas, las distintas discusiones y la gran cantidad de iniciativas presentadas han provocado la constancia del rezago legislativo, motivo por el cual el Congreso de la Unión se ha hecho acreedor a distintos reclamos que exigen una mayor productividad en aras de responder a las necesidades sociales del país.

La experiencia internacional da cuenta de que es necesario e inaplazable establecer una mayor duración en los trabajos ordinarios del sistema bicameral mexicano, así pues en el derecho comparado sobresalen los siguientes ejemplos:

Argentina: Únicamente hay un periodo ordinario de sesiones para el sistema bicameral argentino. “Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”; así lo establece el Artículo 63 de la Constitución de la Nación Argentina.

Brasil: Existen dos periodos de sesiones, el primero abarca del  15 de febrero al 30 de junio, mientras que el segundo es del  1 de agosto al 15 de diciembre.

Colombia: El Artículo 138 de la Constitución Política de Colombia, establece que el “Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre.  El segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.

Paraguay: Ambas Cámaras del congreso se reunirán anualmente en sesiones ordinarias, desde el primero de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente con un período de receso desde el 21 de diciembre al 1 de marzo.

Perú: El período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Dicho periodo habrá dos períodos ordinarios de sesiones o legislaturas; el primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre; el segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

La experiencia internacional aporta los argumentos necesarios para ampliar los periodos ordinarios de sesiones. Por ejemplo, el caso de Argentina, cuya Constitución señala la obligatoriedad para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado deban reunirse en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo y hasta el 30 de noviembre, lo que implica que las sesiones ordinarias tendrán una duración de 9 meses continuos; lo mismo ocurre en Perú, donde las actividades legislativas se llevan a cabo en 9 meses.

En el caso brasileiro y colombiano el periodo de sesiones tiene una duración de ocho meses; mientras que en Paraguay el trabajo legislativo se desarrollará en 7 meses. Lo anterior, se traduce en que varios países de América Latina desarrollan su quehacer parlamentario en no menos de seis meses, cuestión que sucede en México.

En el caso mexicano la propuesta para ampliar los periodos ha sido una constante; es necesario establecer una mayor duración para los trabajos legislativoscon el objetivo de desahogar el mayor número de iniciativas, puntos de acuerdos o minutas presentadas en cada Cámara que integran el Poder Legislativo;asimismo, tener un control político sobre los actos del Poder Ejecutivo.

En este orden de ideas se pone a consideración de la Asamblea la presente iniciativa, con el objeto de alargar los periodos ordinarios de sesiones, el primero iniciaría el 1 de agosto y terminaría el 15 de diciembre, mientras que el segundo periodo sería del 1 de febrero al 30 de junio. 

Con dicha disposición se dotaría de más tiempo al Poder Legislativo para realizar un trabajo minucioso del quehacer parlamentario, al mismo tiempo se estaría en posibilidad de desahogar el mayor número de asuntos turnados a las cámaras y responder a la ciudadanía con reformas de mayor calidad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNICO. Se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1°de agosto;  y a partir del 1° de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1° de agosto de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1° de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.

 

 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30de junio del mismo año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de febrero de 2014”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, [Consultado 18-12-2013], disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1671/35.pdf

La primera ocasión en que se estipuló fue en la Constitución Política Federal de 1836, en su tercera Ley artículo 14, estableció que el primer periodo ordinario de sesiones sería del 1 de enero al 31 de marzo y, el segundo, del 1 de julio hasta que se hubiesen agotado todos los asuntos relativos al Presupuesto de Egresos y a la Cuenta Pública. Con las reformas de 1843, 1857 y 1874 el Congreso General tuvo importantes modificaciones en cuanto a los tiempos de duración de los periodos ordinarios. En la primera se estableció un tiempo de 6 meses, mientras que para las últimas dos, fueron de 5 a 4 meses, respectivamente. En la reforma de 1917 y 1977, la Constitución Política en su texto original no contempló dos periodos ordinarios de sesiones, sino que estableció sólo uno, en el cual la duración del periodo ordinario de sesiones seguía siendo de 4 meses. Véase Gamboa Montejano, Claudia “Estudio de Derecho Comparado y de las propuestas de reforma a los artículos 65 y 66 Constitucionales de las legislaturas LIX y LX”, [en línea], México, Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados, [Consultado 18-12-2013], disponible en http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-09%20-07.pdf

La Constitución del pueblo mexicano, Cámara de Diputados LIX Legislatura-Miguel Ángel Porrúa editores, tercera edición, pp. 148-151.

Ugalde, Luis Carlos “Reporte Legislativo Número Tres, LXI Legislatura (2009-2012)”, [en línea], Integralia, México, [Consultado 17-12-2013], disponible en http://www.reportelegislativo.com.mx/tres.pdf

Ibídem.

Ibídem.

Artículo 63, Constitución de la Nación Argentina, [en línea], [Consultado 17-12-2013], disponible en http://www.senado.gov.ar/Constitucion/disposiciones

Artículo 57, Constitución de la República Federativa de Brasil [en línea], [Consultado 17-12-2013], disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1875

Constitución Política de Colombia, [en línea], [Consultado 17-12-2013], disponible en http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf

Artículo 184  de la Constitución de la República del Paraguay, [en línea], [Consultado 17-12-2013], disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm

Artículos 48 y 49 del Reglamento del Congreso de la República del Perú, [en línea], [Consultado 17-12-2013], disponible en http://www.congreso.gob.pe/documentos/REGLAMENTO_CONGRESO_15-8-12.pdf

 - El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Informo a la Asamblea que los grupos parlamentarios y las comisiones dictaminadoras solicitaron dar el trámite de segunda lectura a los siguientes dictámenes de instrumentos internacionales.

 El que propone la aprobación del retiro de la reserva expresa formulada por el gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994.

Y el que propone la aprobación del retiro de la reserva formulada por el gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ambos dictámenes tuvieron su primera lectura en la sesión del pasado 13 de diciembre y están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite legislativo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes ya referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.






Daremos trámite al primero de los dictámenes.

Consulte la Secretaría la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa formulada por el gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL ARTICULO IX DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BELEM, BRASIL, EL 9 DE JUNIO DE 1994, AL DEPOSITAR EL INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE LA CONVENCION CITADA

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece muy relevante que hoy iniciemos en esta sesión plenaria de este nuevo periodo de sesiones, con la aprobación de dos dictámenes que tienen que ver con el retiro de reservas que el gobierno mexicano ha mantenido a dos importantes tratados internacionales.

Uno tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos y que va, además, en congruencia con la reforma al artículo 33 constitucional inscrito en la histórica reforma del 11 de junio de 2011, y que me parece importantísimo que se retire esta reserva al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, va también en congruencia con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió hace algunos meses y que derivó en reconocer plenamente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quiero, de manera muy particular, en un solo evento, en una sola intervención, referirme al segundo dictamen que estamos poniendo a consideración de ustedes, que es la reserva que estaba inscrita en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta reserva que fue interpuesta al artículo IX de la convención de referencia, establece que los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas, sólo podrán ser juzgados por jurisdicciones de derecho común competentes con exclusión de toda jurisdicción, en particular la militar; los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de funciones militares, no se admitirán privilegios, inmunidades, ni despensas especiales en tales procesos sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Por su parte, el contenido de la reserva que desaparecerá, conviene mencionarlo, es el siguiente: “El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al artículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Al respecto, señoras y señores Senadores, conviene recordar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco contra México, consideró que la reserva formulada por el Estado mexicano era inválida, toda vez que no era compatible con el objeto y fin de la Convención, de tal manera que los dos dictámenes que hoy ponemos a consideración están ligados y de ahí la pertinencia que se han agendado estos dos en esta sesión.

Por eso estoy solicitándoles de la manera más respetuosa que pudiésemos respaldar el dictamen de las comisiones unidas que finalmente estamos retirando estas reservas para que el Ejecutivo Federal actúe en consecuencia.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy votaremos dos dictámenes muy importantes, dictámenes que se refieren a retiros de reservas a diversos instrumentos internacionales que fueron turnados por el Ejecutivo Federal a este Senado de la República.

Estos dictámenes se trabajaron en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, y si bien creo que la explicación de la Senadora Angélica de la Peña fue bastante clara, quiero ahondar en la importancia que tiene para nuestro país el retiro de estas reservas.

Los instrumentos en materia de derechos humanos han permitido grandes acuerdos a favor de la humanidad y a favor, también, de tener un mundo donde podamos tener más respeto a estos derechos.

En el caso de México, se habían presentado varias reservas que si bien el día de hoy podemos votar porque se retiren estas reservas, también abren la puerta y nos comprometen a avanzar en mayores legislaciones a favor de los derechos humanos y de su pleno respeto.

En gran parte, estos retiros de reservas lo que pretenden es que los extranjeros, es que en materias distintas, como es también en este caso la desaparición forzada de personas, puedan contarse con mayores garantías respecto del procedimiento y mayor claridad.

Pero esto también nos obligará a hacer las modificaciones necesarias en nuestra legislación, de manera que se conviertan no solo en un tema de derecho internacional, sino en un derecho claramente aplicable y con procedimientos transparentes en nuestro país.

Me parece que debemos de asumir no solo la obligación en este tema de votarlo a favor, así como los dictámenes que estarán presentando también el jueves, sino también asumir el compromiso de darle puntual seguimiento y avanzar en la legislación a la que México se compromete al retirar estas reservas.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Martes 4 de febrero de 2014.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO AL ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BELÉM, BRASIL, EL 9 DE JUNIO DE 1994, AL DEPOSITAR EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CITADA



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 96 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se aprueba el retiro de la reserva expresa formulada por el gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, al depositar el instrumento de la aplicación de la convención citada. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.






Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL ARTICULO 62 DE LA DECLARACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE LOS CASOS DERIVADOS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“Martes 4 de febrero de 2014.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO AL ARTÍCULO 62 DE LA DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE LOS CASOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de  votación, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se aprueba el retiro de la reserva expresa formulada por el gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.






En el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información del estado actual y medidas de prevención y tratamiento del brote epidémico de influenza humana que afecta a parte de la población del territorio nacional.

PROPUESTAS

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Comparezco ante esta Asamblea, a nombre propio y de mis compañeros, los Senadores Mónica Arriola Gordillo y Octavio Pedroza Gaitán, quienes están convaleciendo en este momento del problema que está afectando a miles de mexicanos, que es el problema de la influenza humana,.

El que suscribe, Senador de la República Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario de Acción Nacional e integrante de la Comisión de Salud, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento Interior del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición de punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, información del estado actual y medidas de prevención y tratamiento del brote epidémico de influenza humana que afecta a parte de la población del territorio nacional, así como un exhorto ante el riesgo de incrementarse, de reforzar e intensificar todas las medidas correspondientes bajo las siguientes consideraciones:

Quiero, en primer lugar, ser respetuoso, porque me estoy informando que el pasado día 29 de enero, en la última reunión de la sesión permanente, se presentó un punto de Acuerdo que lleva algunas de las características que voy a presentar, algunos de los objetivos; sin embargo, la situación que está viviendo la población de gran parte del territorio mexicano, realmente creo que es importante considerarla para insistir en este tema.

Primero, desde luego, abordo las características físico-químicas del virus en comento, que es el virus de la influenza, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, de la cual existen tres virus, tres cepas, que son la A, B y C, con la particularidad de afectar al humano. Son partículas virales que miden aproximadamente 80-120 nanomilímetros de diámetro, de forma esférica o pleomórfica. Existen estos 3 virus, estas 3 variedades. El tipo A se subclasifica según sus proteínas de superficie, la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N), de la cual dependen su capacidad para provocar formas graves del padecimiento.

El tipo A se puede presentar hasta en 144 combinaciones, siendo desde el H1N1 hasta el H16N9, ya que se han detectado 16 hemaglutininas (H) y 9 neuraminidasa (N).

 Los virus de la influenza A pueden afectar al hombre y algunos animales, en los que también pueden producir la enfermedad respiratoria como la gripe de los cerdos y de los caballos, la influenza aviar, entre otras.

La causa de la nueva cepa de virus AH1N1 es una combinación genética de una cepa de virus de influenza humana, una cepa de influenza aviaria y dos cepas separadas de influenza porcina, este virus se trasmite con facilidad entre seres humanos y lo hace a través de saliva, por vía aérea, por el contacto estrecho entre mucosas o mediante la trasmisión mano-boca debido a manos contaminadas.

Es importante recordar el suceso de lo que nos pasó en México en el año 2009.

En México, en el año 2009, en el mes de marzo se registró el primer caso de virus AH1N1, detectándose en el municipio de Perote, estado de Veracruz, en un niño de 4 años, quien afortunadamente sobrevivió a la enfermedad al mes de abril de 2009 ya había mil 609 casos confirmados y la cifra de muertos se contabilizó a 152. Recalco esto, porque en periodos similares, el número de lamentables fallecimientos en estos momentos es superior al que teníamos en el año 2009.

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la epidemia en México y Estados Unidos, el 25 de abril, y finalmente se declaró una pandemia mundial el 11 de junio.

El estado de emergencia sanitaria duró un año, hasta el 23 de junio del 2010 en Estados Unidos y el 29 de junio en México.

En México, la mayoría de los afectados en 2009 fueron jóvenes, a diferencia de la influenza estacional que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables.

Para febrero del 2010 se reportaban, en aquella epidemia, en México, mil 32 muertos y 72 mil 223 casos confirmados de influenza AH1N1. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de fallecidos pudo haber ascendido a 18 mil alrededor del mundo.

Vamos a referirnos a lo que está sucediendo en estos momentos en México.

Al corte del 1o. de enero al 1o. de febrero del 2014, y según cifras de la Secretaría de Salud Federal, se han confirmado 2 mil 994 casos de influenza, de los cuales 2 mil 543 fueron por AH1N1, 144 por AH3N2, 47 por B, 259 debidos a otros tipos, y se han registrado en el país 314 lamentables defunciones por influenza, 290 por AH1N1, 1 por AN3N2, 1 por B y 22 por otros tipos.

La distribución de casos y defunciones confirmados por fecha del inicio, va aumentado semana tras semana, y los estados donde más repercusión e incidencia están teniendo, son los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México y Aguascalientes, los que encabezan la lista.

En mi estado, Sinaloa, no se encuentra en etapa de alerta, sino de prevención, confirmándose 13 casos y una defunción.

Es preocupante que la tendencia de casos de influenza ha ido creciendo. Sólo en 2014 la cifra de muertos es alarmante, y quiero darles las cifras al día de ayer.

El día de ayer, la Secretaría de Salud, en 3 mil 28 casos, al 3 de febrero, con 316 fallecimientos, es decir, que en solo 3 días de este mes de febrero ya van 34 casos más detectados con 21 lamentables fallecimientos.

Nuestras preocupaciones y nuestras dudas son la dificultad para proveerse de los medicamentos, esto nos lo han comentado quienes han padecido o están convaleciendo de este problema, lo caro del tratamiento cuando tienen que recurrir a la venta de medicamentos al público de más de mil pesos la caja de antivirales, y que hay una serie de pacientes diagnosticados como neumonías atípicas que no sabemos exactamente si corresponden a casos de influenza.

Entonces, bajo los argumentos anteriores, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente propuesta de punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución:

Primero.- El Senado de la República hace una respetuosa solicitud al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se informe ampliamente a esta Soberanía del estado que presenta el brote epidémico de influenza AH1NI y las otras variedades virales que afectan a parte de la población de nuestro país, desde finales de 2013 a la fecha.

Segundo.- El Senado de la República hace una respetuosa solicitud al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se nos informe ampliamente de las medidas de prevención y tratamiento que se han implementado.

Tercero.- El Senado de la República hace una respetuosa solicitud al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se refuercen y se intensifiquen todas las medidas necesarias de prevención y tratamiento ante el riesgo de que se incremente este brote epidémico de influenza en territorio nacional, y en especial a la población más vulnerable.

Les pido su apoyo para sacar adelante este punto de Acuerdo de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL Y MEDIDAS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL BROTE EPIDEMICO DE INFLUENZA HUMANA QUE AFECTA A PARTE DE LA POBLACION DEL TERRITORIO NACIONAL



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito. Como ha sido solicitado oportunamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente.

Un gusto dirigirme a todas y a todos en el inicio de este periodo ordinario de sesiones. Estimados compañeros y compañeras Senadoras:

Quiero hablar a nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto respaldando el tema y el punto de Acuerdo que ha sido expuesto por nuestro compañero el Senador López Brito, en virtud de que la salud y el bienestar de los mexicanos son dos temas prioritarios para las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI.

En nuestra labor legislativa y en nuestro trabajo cotidiano, en cada uno de nuestros estados, buscamos siempre la atención a las preocupaciones más apremiantes de la población y de manera prioritaria, a aquellas que requieren de una respuesta pronta y de aclaraciones claras y efectivas.

En las últimas semanas, hemos permanecido alertas ante el incremento gradual de los casos que se han presentado a lo largo del territorio nacional. Y si bien es claro que se han tomado medidas al respecto y se han llevado múltiples acciones en el tema, es importante insistir en el fortalecimiento de los esfuerzos realizados para buscar que los brotes de influenza sean controlados del todo.

Sabemos que como consecuencia de la temporada invernal, las infecciones respiratorias aumentan, y el importante incremento que se ha dado en la materia durante las últimas semanas, requiere de nuestro interés y participación.

Si bien hemos avanzado en la prevención y atención de los tres virus estacionales que circulan en nuestro país, el AH1N1, el AH3N2 y la influenza B, aún existen carencias de información en algunas regiones y un número considerable de personas no ha tenido la posibilidad de atenderse a tiempo, sufriendo los embates de una enfermedad de la cual hoy tenemos información plena y capacidad para combatirla y prevenirla de manera exitosa.

Como señala la Secretaría de Salud, en la temporada de frío 2013-2014, al 31 de enero se habían aplicado 21.5 millones de vacunas, 85 por ciento de las disponibles para la prevención de influenza estacional. Además, es importante recalcar que hoy se cuenta con abasto suficiente y garantizado del antiviral necesario para enfrentar la influenza, con una reserva de 1.3 millones de tratamientos.

De acuerdo a la información que presenta la Secretaría de Salud, en las últimas dos semanas se ha logrado contener exitosamente el número de casos y defunciones confirmadas, al punto de observar que en el periodo que va del 31 de enero al 3 de febrero del presente año, solamente se confirmó un caso y no se registró ninguna defunción.

Consideramos que debemos reconocer los avances, pero no podemos dejar de subrayar la necesidad de fortalecer las medidas que se llevan a cabo para combatir la influenza. Recordemos que durante esta temporada se confirmaron 3 mil 28 casos, de los cuales se derivaron 316 defunciones, de acuerdo a cifras y datos oficiales.

Nuestra labor es impulsar las medidas que permitan a nuestro sistema de salud lograr que los casos confirmados se reduzcan al máximo y eliminar por completo la posibilidad de fallecimiento como consecuencia de estos.

Para cumplir con este objetivo, se requiere que el grueso de nuestra población adquiera la información necesaria y aprenda a acudir al médico ante los síntomas que la enfermedad presenta.

Que la promoción y el acceso a la vacunación se extienda a todos los rincones del país. Que las instituciones de salud sean eficientes ante la demanda y la prontitud que requiere la atención de enfermedades como la influenza. Que las entidades federativas puedan coordinarse para tomar medidas que permitan evitar la propagación del virus. Que todos actuemos con responsabilidad y prudencia ante un problema sensible que debe atenderse con acciones firmes y eficientes.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI creemos que no es posible escatimar esfuerzos y medidas para combatir un asunto de interés nacional que pone en riesgo a nuestras familias.

Por tal motivo, hemos creído pertinente invitar a la realización de medidas congruentes con la vigilancia, prevención, diagnóstico, manejo y difusión en la materia.

Tenemos la seguridad de que la unidad, la coordinación y la participación conjunta son elementos centrales para la obtención de mejores resultados en una política pública que se ha puesto en marcha con responsabilidad y que debe llegar a cada lugar de nuestro país.

Mientras exista el riesgo de fallecimiento de un solo mexicano enfermo de influenza, las acciones y las medidas tomadas pueden ser perfectibles.

El día de hoy, bajo esa lógica, apoyamos una propuesta que abonará a dirigir de manera eficiente los esfuerzos que ya se están llevando a cabo, y contribuirá a mejorar la salud y la seguridad de todos los mexicanos, principalmente de aquellos que por tener más carencias se encuentran en estado de vulnerabilidad.

En el grupo parlamentario del PRI, nos pronunciamos por la protección plena de la salud de los mexicanos y por el desarrollo de acciones preventivas, de control y de respuesta en contra de la influenza.

Con responsabilidad asumimos el compromiso de sumar para erradicar de manera gradual una amenaza que ha tenido graves consecuencias en el pasado reciente y que debe ser combatida de manera frontal y constante.

Tenemos la certeza de que con acciones coordinadas y eficientes, habremos de lograrlo en beneficio de cada uno de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo asunto.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

Con el saludo a todas mis compañeras y compañeros en este inicio de periodo, deseándoles a todos y cada uno muchos éxitos en su labor legislativa y en sus comunidades y ciudades.

¿Qué pasa con esta enfermedad de la influenza, específicamente con el H1N1?, bueno, pues que no hay información adecuada, que no hay una alerta como tal de la Secretaría de Salud, por lo que se requiere que la propia Secretaría intensifique esta campaña de prevención a través de la alerta.

¿Cuáles son las problemáticas a que el pueblo de México se enfrenta?, y que si bien no queremos caer en los extremos alarmistas donde se cundió el pánico y el terror en el 2008 con el problema terrible de la influenza. Pero tampoco queremos irnos al otro extremo, el no hacer nada, el tener nada más un portal de Internet con información.

El verdadero problema de la influenza es la pobreza, son las personas que viven en promiscuidad, en hacinamiento, en la falta de ingerir frutas, vitaminas, ese es el verdadero problema; pero no se va a resolver mientras no podamos hacer mejorar la pobreza, no podemos, que la gente coma fruta cuando cuesta mucho dinero; que compren sus vitaminas, porque son caras. Entonces, tenemos que actuar y ver la manera de que esta gente pueda tener una mejor dieta.

Segundo. Promover la cultura a través de mensajes de radio y televisión, y no nada más como está hoy en el portal de Internet, en donde dice: “...señora, si usted tiene alta fiebre, si usted tiene tos, si usted tiene gripe, pues use un cubrebocas, no escupa en la calle, no hable cerca de su familia, de sus hijos...”. Eso es lo que tenemos que hacer, o también que no salgan, se cuiden cambios bruscos de temperatura y que se alimenten, aunque a veces, vuelvo a insistir, ahí está el fondo del asunto, pues no tiene para comprar frutas y verduras, comen lo que se puede y cuando se puede.

Entonces, esto de la pobreza y el hacinamiento de millones de mexicanos es lo que nos está atacando gravemente al problema de AH1N1.

Tenemos 316 casos de muerte aceptados, cosa que no debería de suceder, esto es una vergüenza para el sistema de salud mexicano, 316 muertos por AH1N1 cuando tenemos un antiviral, tenemos la vacuna, pero lo que no tenemos es la comida; y entonces, por más vacuna que exista, pues no va a actuar el cuerpo para defenderlo contra el virus si está desnutrido. Entonces hay que combatir la desnutrición para que la vacuna funcione y los antivirales también.

Tenemos 3 mil 028 casos detectados al día de hoy y no hemos visto en los medios masivos de comunicación información clara, precisa y certera sobre la influenza del AH1N1.

Por eso, el grupo de Senadores del Partido de la Revolución Democrática queremos que se haga la alerta sanitaria; no hay esa alerta el día de hoy. Y repito, no queremos irnos al extremo de 2008 del terror, del pánico, del miedo a una población que no salía ni a la esquina, todo un teatro se montó en el 2008.

Pero tampoco la irresponsabilidad de que no pasa nada y que estamos muy bien, y que este pueblo desnutrido puede aguantar todos los embates de estos virus, que realmente sucede lo mismo que la tuberculosis, por más que se gaste en vacunas y vacunas, son enfermedades de la pobreza que afectan también en la parte intelectual de los niños. Un niño que no come, no aprende en la escuela y no crece.

Por lo tanto, hacemos este exhorto para que todos ustedes apoyen este punto de Acuerdo de nuestro distinguido compañero, y que la Secretaría de Salud haga una alerta como tal. Estamos en espera de que se pueda resolver a la brevedad este tipo de informaciones.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Compañeras y compañeros Senadores:

Me sumo también a la felicitación de este 2014. Y quiero hablar de un tema que para mí es muy importante, porque en carne propia lo padecí, y es el tema de la influenza AH1N1.

En tan sólo cinco semanas de este nuevo año, se han registrado más muertes por el virus de la influenza AH1N1, que la que se tuvieron por la misma enfermedad de los años de 2012 y el 2013.

Se han elaborado reportes epidemiológicos que México ha concedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde establece que la actividad de la influenza permanece alta y va en incremento, aunque dicha escalada no amerita una alerta epidemiológica porque los umbrales para ello no han llegado al límite.

Sin tomar una actitud alarmista que saque de proporción el problema que vivimos actualmente en comparación con el año 2009, y que la pandemia de influenza que sufrió nuestra nación, es necesario efectuar las medidas que eviten y prevengan la llegada de una justificación para hacerlo.

Es importante contemplar este aumento violento y los cortos periodos de tiempo en los que estos fallecimientos se han registrado, ya que hasta el 9 de enero del presente año no se había registrado un solo deceso. Sin embargo, para el día 16 del mismo mes, subió a 32 defunciones, y para el día 23, ya sumaban 135 decesos, que equivalen a 4 veces más fallecimientos en una sola semana.

Por tanto, es impostergable la implementación de una campaña similar a la que se realizó en el año 2009, que formule de nueva cuenta una cultura de precaución a través de la ejecución de las disposiciones recomendadas por las autoridades en materia de salud, que promuevan los hábitos y prácticas adecuadas en la precaución de contagio a través de una campaña agradable, que capte la atención de los receptores en donde se enuncie no sólo las medidas antes mencionadas, también además los síntomas que hagan sospechar el padecimiento de influenza.

Impulsaremos la atención y detección temprana del virus, salvando la vida de miles de mexicanas y mexicanos, pero sobre todo su lenta, pero eficaz propagación.

Si la administración pública, a través de las autoridades en materia de salud, proporcionan especial vigilancia a los grupos con vulnerabilidad de contagio de entre los cuales se encuentra el personal de salud, mujeres embarazadas, menores de dos años, adultos mayores de 65 y las comunidades marginadas de escasos recursos, estas comunidades deben tener prioridad en la transmisión de la información relativa a este padecimiento que le permita acudir a un tratamiento oportuno y en la accesibilidad de suministro de medicamentos.

En medidas de prevención y tratamiento, contemplar una campaña de vacunación progresiva acorde a las fluctuaciones estacionales de peligrosidad del virus en donde se prioricen agentes médicos y personal de salud que tengan contacto con la población.

Un adecuado abasto de medicamentos antivirales y vacunas por parte del Estado, previendo el incremento de contagios como ha mencionado la Secretaría de Salud, a efectos de que las instancias correspondientes como la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos establezca con los laboratorios farmacéuticos costos accesibles que permitan el adecuado suministro.

En el mismo sentido y debido a la capacidad de transformación del virus, no está demás realizar un reforzamiento de la capacitación al personal de salud, de manera que cuente con la preparación adecuada para vigilar y atender los casos de manera pronta y efectiva.

Compañeras y compañeros Senadores, de nada valdría la vida si durante ella no gozamos de una salud óptima que nos permita disfrutar de la familia, de la cultura, el espíritu o del tiempo que tenemos para alcanzar nuestro potencial. Hasta para leer un discurso, queridos compañeros Senadores, me cuesta trabajo respirar, esto lo comento en caso propio.

Si nosotros como representantes populares, mantenemos una particular atención y cuidado sobre la situación que vive nuestro país en materia de salud y la cual nos obliga a tomar las soluciones especiales para salvaguardar la integridad de nuestros representados garantizándoles de un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución, para que todas y todos puedan vivir su existencia con plenitud.

Si bien lo comenté anteriormente, no requerimos de la adopción de una actitud alarmista solicito amablemente su voto a favor del presente punto de Acuerdo para que mediante una actitud preventiva nos permita anticipar consecuencias de mayor calado, a través de la realización de acciones que atiendan a reducir la probabilidad de aparición de éstas, fortaleciendo los factores protectores y minimizándolos del riesgo, mejorando las capacidades o herramientas tanto personales, como del contexto y gestionando los riesgos que podríamos enfrentar adecuando nuestras capacidades de resolución, por un México saludable y con plenitud.

Por su tiempo y su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para el mismo asunto.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Yo solamente quiero sumar algunos comentarios para apoyar este punto de Acuerdo de la Comisión de Salud, en relación a las medidas de prevención y tratamiento del brote epidémico de influenza humana que afecta a parte de la población del territorio nacional.

Efectivamente, en el pasado reciente todavía no se repone nuestro país de esa cortina de humo inexplicable que crearon, en donde a todos nos pusieron un tapaboca y no era tal la magnitud que existía. Pero finalmente fue una cortina de humo con algún propósito que nunca nos pudimos explicar.

El Partido del Trabajo apoya este punto de Acuerdo. Son varios los factores que dan con este tipo de pandemias que se extienden a lo largo y ancho de nuestra población. Tenemos la educación, la cultura de la prevención, la pobreza, el desempleo y la falta de responsabilidad, eficacia y oficio de quienes tienen a su cargo el tema de la salud.

Es importante y por ello proponíamos en algún punto de Acuerdo, que la Secretaría de Salud debe realizar una auditoría al interior de esta Secretaría para saber con cuántos recursos materiales y humanos cuenta para poder diseñar un proyecto de salud para nuestro país.

Efectivamente, este es un tema de salud nacional, de seguridad nacional, diríamos, ya que todos partimos del eje de la educación y también de la salud.

Pero cuidado con las actitudes alarmistas que nos llevaron en el pasado reciente a la quiebra de la industria hotelera y restaurantera, porque los medios informaron de más, se creció una cortina de humo, repito, y todos nos veían desde el exterior como roñosos, como un lugar a donde no podían venir a utilizar nuestra industria hotelera y restaurantera, y muchas otras cosas que nos afectaron.

Por eso, creo que es importante que actuemos todos con mucha responsabilidad y que sumemos y abonemos hacia una nueva cultura de la prevención de la salud.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

También ya tenía ganas de ver a los compañeros Senadores.

La Senadora Martha Palafox habla de que se creó una cortina de humo en el 2009. Señores, en el 2009 no sabíamos el nombre todavía del virus, y a pesar de esa crisis, el gobierno federal entró y entró con vigor, con las medidas que se necesitaban, y desgraciadamente perdimos a muchos mexicanos y también muchos millones de pesos, porque fue una crisis económica que hoy creo que es el motivo del cual el gobierno federal está tapando esta situación. Esa sí es una cortina de humo señores.

Los mexicanos no tenemos por qué estar padeciendo esta crisis de la influenza, ¿cómo es posible que en el año 2009 que teníamos la crisis en su apogeo, ante circunstancias de que no conocíamos al virus, ni la manera de cómo tratarlo, ni había vacunas, al primer mes las muertes bajaron a 152 pérdidas de vidas de mexicanos, y hoy tenemos 316 muertes? y se habla aquí de que no está pasando nada, esto no puede ser.

Lo que más me preocupa, es que el virus puede mutar en un virus más agresivo, como el de la gripe española, si no se vigila continuamente y se le subestima y no se crea un plan de prevención, como el que estoy viendo. Debemos utilizar los tiempos oficiales del gobierno y estar evitando esos confetis que se echan de las reformas, y más confeti y alabanzas en los tiempos oficiales del gobierno.

Tomémoslos, precisamente, para hacer una campaña consciente y responsable para difundir cómo se debe combatir la influenza. Eso es responsabilidad y por eso acudo a ustedes, señoras y señores Senadores, a que este punto sea soportado pero con responsabilidad y poner las palabras que deben de ir escritas correctamente.

Pido a los funcionarios que en este tema se hable con estricto apego a la verdad, porque está de por medio la salud y el bien jurídico tutelado, es decir, la vida de los mexicanos. Y nuevamente pongo como ejemplo a mi estado, donde los decesos se han clasificado como una causa de neumonía atípica, y eso es una presunción clínica de muerte por influenza.

Es urgente reforzar las medidas cautelares y preventivas, faltan millones de mexicanos en las edades más vulnerables por vacunar. El gobierno federal debe de asumir con responsabilidad este brote y dejar a un lado la opacidad y la falta de transparencia ante esta crisis.

Así que solicito a ustedes agregar a ese punto, que los tiempos oficiales del gobierno sean para informar, prevenir y hacer difusión correcta de esta crisis de influenza por AH1N1.

Muchas gracias, compañeros.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Garza Galván.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Me parece que el tema que estamos discutiendo el día de hoy requiere de la responsabilidad de todos nosotros, sobre todo cuando somos voceros y representantes de cada uno de nuestros estados. Coincido en que tenemos que tener una información precisa de las acciones que se están realizando por parte del Ejecutivo Federal, toda vez que lo que he escuchado el día de hoy dista mucho de lo que está sucediendo realmente en todo lo largo y ancho del país. Necesitamos tener información precisa para poder también así informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos con los que tengamos contacto.

Quiero comentar de inicio, que existe un sistema de vigilancia epidemiológica; este sistema de vigilancia epidemiológica que no es de hoy, sino que existe y, por supuesto, es el que nos permite dar seguimiento a todos y cada uno de los casos que se van presentando e inclusive a diferenciar si se trata de un tipo o no de influenza estacional o de AH1N1.

También quiero decir que con toda responsabilidad, esto puede comprobar qué tipo de influenza se tiene en los casos que se han presentado, y no es a capricho de ningún medio de información y mucho menos puede ser manipulado, esto es demostrado a través de exámenes de laboratorio. Pero también quiero decirles que las medidas de prevención son en las que tienen y tendremos que estar enfocando toda nuestra actitud positiva para que la gente, para que las familias mexicanas prevengan la enfermedad.

Esta cultura de prevención que hoy está enfatizando la Secretaría de Salud, una campaña permanente que se ha estado difundiendo a través de los medios masivos de comunicación, la detección temprana de casos informando cuál es la sintomatología específica, sobre todo, para que la gente, las familias, puedan detectar cuáles son los signos de alarma y qué tienen que hacer para acudir a su centro de salud más cercano e, inclusive, no automedicarse.

Algo importante es el diagnóstico temprano, que también disminuirá en número de casos de fallecimiento que se presenten por ésta o por otras causas.

También quiero comentar que afortunadamente nuestro país tiene experiencia en manejo de los casos y no es que se esté tapando la información, sino que afortunadamente ya se cuenta con el personal capacitado para dar una respuesta inmediata.

Por último, me parece también que con toda responsabilidad, la Secretaría de Salud ha estado informando a través de los medios masivos de cuál es el comportamiento de la enfermedad e, inclusive, por estado de la República, porque el comportamiento no ha sido el mismo en todos y cada uno de los estados de nuestro país.

Por ello, nos pronunciamos a favor de este punto de Acuerdo para tener una información homogénea, pero sobre todo, para que manejemos con responsabilidad a través del Senado de la República, lo que está ocasionando este brote. Efectivamente es un brote epidemiológico que nada tiene que ver con una pandemia ni tampoco en este momento con otro tipo de comportamiento epidemiológico que no pueda ser controlado.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Senadora Silvia Garza Galván e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta con la modificación que se admitió a su discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada, con la modificación que le dimos lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a rendir un informe sobre la determinación por la que restringe el único acceso en la comunidad de Akumal, en el municipio de Tulum, Quintana Roo.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras Senadoras y Senadores:

 El día de hoy presento un punto de Acuerdo relacionado con los accesos públicos a las playas.

Cabe señalar que anteriormente en esta tribuna ya he denunciado estos hechos, en donde en el estado de Quintana Roo, con el paso del tiempo, los accesos a las playas se han ido reduciendo, principalmente por la construcción de hoteles a la orilla de la playa, los cuales impiden el libre tránsito a los ciudadanos.

Actualmente se ha restringido el único acceso que quedaba en la comunidad de Akumal, ubicado en el municipio de Tulum, Quintana Roo, debido a una determinación de la PROFEPA, bajo la presunta resolución de que la autoridad determina que la presencia de los ciudadanos en la playa daña la zona de dunas.

La información que ha dado a conocer la PROFEPA ha sido insuficiente, los únicos que han informado respecto a este acto de autoridad son los medios de comunicación; y es por eso que es necesario que la PROFEPA esclarezca su resolución.

Debemos conocer detalladamente cuáles fueron los estudios de impacto ambiental que se realizaron para llegar a la determinación de cerrar el único acceso que quedaba a la playa para la población, los trabajadores y los turistas; y a unos cuantos metros de este acceso donde hay construcciones de hoteles, ahí no se dañan las dunas.

Anteriormente, en esta comunidad había cerca de siete accesos; sin embargo, hoy día no queda ningún acceso, estamos frente a una problemática que se presenta en todo el estado de Quintana Roo, e inclusive en otros estados también se está presentando este tipo de problema.

Es necesario garantizar el acceso a las playas para dar cumplimiento a los derechos humanos de los ciudadanos, ya que al no existir acceso a playas, sus derechos humanos son vulnerados.

Es claro que por mandato constitucional, en el cumplimiento de los derechos humanos, se debe garantizar el libre tránsito de las y los ciudadanos y los derechos de los menores, los cuales para tener un pleno desarrollo y brindarles igualdad de oportunidades, es fundamental que tengan acceso a las playas.

Son diversos cuerpos normativos nacionales e internacionales los que se ven en riesgo de violentarse a consecuencia de la resolución de la PROFEPA.

La resolución de la PROFEPA daña severamente a la sociedad en general, los derechos humanos al ser independientes y estar correlacionados se causa un menoscabo terrible. Esta situación debe ser estudiada con suma importancia y profundidad; por lo que nos obliga a conocer en su totalidad la determinación de la autoridad que nos atañe, ya que se está volviendo una práctica común en Quintana Roo y en muchos puntos de la República, que es cerrar los accesos públicos a la playa; y en el caso de que se dañe la zona de dunas, actuar en consecuencia e implementar estrategias para preservarlas y así como crear mecanismos para no cerrar los acceso a la playa tan abruptamente, lo cual sólo ocasiona un menoscabo a los ciudadanos.

Como legisladora por el estado de Quintana Roo, mi obligación es velar por los derechos de los quintanarroenses, razón por la cual no puedo dejar pasar desapercibidas las demandas de la ciudadanía en mi estado.

Akumal es una población de apoyo que tiene gente muy valiosa trabajando, radicando ahí, pero que no tienen los recursos para trasladarse a otros destinos más lejanos donde pudiera haber uno que otro acceso digno a la playa. Es el único derecho que los trabajadores podrían tener de manera sagrada; pero incluso ese derecho se los estamos quitando.

Es por eso que me pronuncio por el esclarecimiento de este conflicto y me uno a las protestas que hay en toda la geografía quintanarroense al respecto de este problema, presentando el siguiente punto de Acuerdo:

 Primero.- El Honorable Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que nos rinda un informe detallado al Senado de la República sobre la determinación por la que se restringe el único acceso en la comunidad de Akumal, en el municipio de Tulum, Quintana Roo.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al órgano interno de control de la PROFEPA para que investigue y en su caso sancione a los servidores públicos involucrados en los actos u omisiones realizadas en la determinación por la que se restringe el único acceso en la comunidad de Akumal, en el municipio de Tulum, Quintana Roo y se envíe el informe correspondiente al Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO AL SENADO DE LA REPÚBLICASOBRE LA DETERMINACIÓN POR LA QUE RESTRINGE EL ÚNICO ACCESO EN LA COMUNIDAD DE “AKUMAL”, EN EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROFEPA PARA QUE INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS ACTOS U OMISIONES REALIZADOS EN DICHA DETEMINACION Y ENVIE EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA.

“La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con  punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“En la comunidad de “Akumal” ubicada en el municipio de Tulum, Quintana Roo, existían diversos accesos a las playas, sin embargo con el paso del tiempo se han ido reduciendo, principalmente por la construcción de hoteles en la orilla de la playa los cuales impiden el libre tránsito a los ciudadanos de esta comunidad y de los ciudadanos en general que no son huéspedes de estos hoteles.

Actualmente, la comunidad de “Akumal” y a la sociedad en general se les ha restringido el único acceso que les quedaba en dicha localidad, debido a una determinación de la PROFEPA, bajo la presunta resolución en la que la autoridad antes mencionada determina que “la presencia de los ciudadanos en la playa daña la zona de dunas”.

La información que ha dado a conocer la PROFEPA ha sido nula o casi nula, los únicos que han informado respecto a este acto de autoridad son los medios de comunicación; es necesario que la PROFEPA esclarezca su resolución, así como revisar dicho documento ya que como bien es conocido en materia administrativa los actos de la autoridad se presumen legales; sin embargo, hay que investigar dicha determinación, ya que los ciudadanos se preguntan ¿Por qué se les está restringiendo el acceso a las playas? y ¿Por qué bajo el argumento de que si se daña la zona de dunas no se restringe también la presencia de las personas en la parte de la playa que está a unos metros del acceso de donde se prohibió el acceso? es decir, en la playa que se encuentra a lado de los hoteles.

Es necesario conocer detalladamente cuales fueron los estudios de impacto ambiental que realizaron para llegar a dicha determinación de cerrar “el único acceso a la playa para la  población y turistas” y a unos cuantos metros de éste acceso, donde hay construcciones y hoteles no se dañan las dunas.

Es claro el artículo 1° de nuestra Carta Magna.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Cabe señalar que en la comunidad de “Akumal” podemos encontrar pueblos indígenas, debemos recordar la importancia de nuestras raíces como mexicanos el artículo 2° de nuestra Constitucional Federal nos expresa que:

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Es importante expresar las siguientes fracciones del Artículo 2° Constitucional:

“…

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I a III…

“IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

…”

De conformidad por la fracción IV del artículo 2° Constitucional es necesario garantizar el acceso a las playas para dar cumplimiento para un sano desarrollo físico y cultural, ya que al violentarse el acceso a playas sus derechos humanos son vulnerados.

Es necesario recordar también que define el:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Es claro que, por mandato constitucional, el cumplimiento de los derechos humanos, se debe garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, las prerrogativas de los pueblos originarios y de todos los mexicanos e inclusive los derechos de los menores, los cuales para tener un pleno desarrollo y brindarles igualdad de oportunidades es fundamental que tengan acceso a las playas.

El derecho a la recreación y esparcimiento; así en el artículo 123, apartado B, se establece el derecho tanto del hombre como de la mujer, como un derecho laboral, de gozar de días de descanso; el artículo 4º establece el derecho a la recreación y esparcimiento, a prácticas del tiempo libre vinculadas al disfrute, al goce y placer públicos, y el artículo 2º, apartado B, hace referencia a la obligación de la Federación, los Estados y los Municipios de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación.

También el derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, tales como:

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la que en su artículo 24 establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 3º y 7º, señala la obligación de los Estados Parte de asegurar, tanto a hombres y mujeres el goce todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en él, como el descanso, el disfrute del tiempo libre.

c) De igual forma, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (diciembre 1979), en su artículo 13 precisó, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho, en condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer, a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

d) Así también, la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) establece en el artículo 31, el reconocimiento y promoción de los Estados Partes, del derecho del niño y de la niña al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

e) Por su parte, las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, hizo énfasis en la necesidad de propiciar entre las y los jóvenes, la realización de actividades lícitas y socialmente útiles, para que su actuar se oriente hacia la sociedad, para con ello tengan un enfoque de la vida con criterio humanista, y así evitar actitudes criminógenas, por lo que las directrices orientan la actuación de la sociedad, la familia y del Estado, con un enfoque de políticas públicas que tiendan a generar espacios recreativos de especial interés de los y las jóvenes.

f) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30 también hace alusión a la obligación que tienen los Estados Partes, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, para lo cual deberán adoptar medidas pertinentes, tales como asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.

g) En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 15, se establece que toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Como se ha mencionado la resolución de la PROFEPA daña severamente a la sociedad en general, y además los derechos humanos al ser interdependientes y estar correlacionados se causa un menoscabo terrible, el cual debe ser estudiado con suma importancia y profundidad, por lo que nos obliga a conocer en su totalidad la determinación de la autoridad que nos atañe, ya que se está volviendo una práctica común cerrar los accesos a las playas a la población y turismo.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que rinda un informe detallado al Senado de la República sobre la determinación por la que restringe el único acceso en la comunidad de “Akumal”, en el Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Segundo.-Se exhorta respetuosamente al Órgano Interno de Control de la PROFEPA para que investigue y en su caso sancione a los servidores públicos involucrados en los actos u omisiones realizados en la determinación por la que se restringe el único acceso en la comunidad de “Akumal”, en el municipio de Tulum, Quintana Rooy se envié el informe correspondiente al Senado de la República.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 4de febrero de 2014.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”






Se recibió de los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo relativo a las medidas fitosanitarias a considerar para combatir la plaga de ácaro rojo de las palmas, misma que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS A CONSIDERAR PARA COMBATIR LA PLAGA DE ACARO ROJO DE LAS PALMAS








Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a informar como es que las recientes reformas estructurales, impulsadas por la Presidencia de la República contrarrestarán el constante aumento inflacionario.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores:

A tan solo unos días de haber iniciado el año, las consecuencias de las reformas impuestas por la actual administración salen a flote y evidencian la falta de análisis y conciencia social que se tuvo tanto a corto como a largo plazo, para imponer dichos cambios.

Ahora los mexicanos no solamente habremos de enfrentar la cuesta de enero, sino que habremos de enfrentar las consecuencias de estas reformas estructurales.

Tan solo 15 días del mes de enero habían pasado durante el presente año, cuando menos, y ya habían aumentado los precios al consumidor en un 0.68 por ciento, siendo esto consecuencia, sobre todo, del efecto de los cambios fiscales aprobados.

La inflación se hacía presente, desde diciembre de 2013, en lugar de disminuir se ha ido incrementando y ejerciendo una presión económica en los consumidores, principalmente en la adquisición de productos básicos, afectando su poder adquisitivo.

De acuerdo con los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los productos que más se encarecieron durante todo 2013 fueron alimentos como el jitomate, el chícharo, el chile poblano, la cebolla, incluso hubo importantes alzas en los trámites vehiculares, el servicio de telefonía móvil y la tarifa de transporte colectivo, como el Metro.

Aunado a lo anterior, como era de esperarse, resultan engañosas y contradictorias las bases de aplicación que la reforma fiscal representó durante su promoción y que ahora ejecuta; de manera capciosa se ha vendido por todos los medios posibles la idea de que el objetivo más importante de dicha reforma es contribuir a una mejor y más sana alimentación de los mexicanos.

Cuando, por ejemplo, el refresco envasado, siendo un producto que destaca por pertenecer a la línea de productos chatarra y por su alto contenido calórico, subió de un precio en un 11.40 por ciento, y por otro lado, la cebolla, siendo un producto básico de la dieta mexicana, subió el 17.69 por ciento, generando a los alimentos y bebidas chatarra un 6.29 por ciento menos de la inflación sobre frutas y verduras; entonces, en dónde está el apoyo y el incentivo a la salud de los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, la inflación es un problema que aqueja de manera nacional a las familias mexicanas; los salarios no aumentan en la misma proporción y los precios siguen subiendo y ocasionando alto nivel inflacionario en diversas ciudades y estados a los cuales representamos, tal es el caso de Coahuila, Baja California, Tijuana, Mexicali, y al sur en Chetumal, Quintana Roo, Tapachula, Chiapas, y en el área metropolitana en Morelia, en Michoacán, estados donde ha presentado la mayor inflación derivado de estas reformas pasadas.

No es casualidad que México, siendo un país que en su mayoría cuenta con una población de escasos recursos, se haya ubicado como la tercera economía con más alta inflación entre los 34 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y aún cuando las familias mexicanas destinan un 34 por ciento de su gasto en alimentos y bebidas, según la más reciente encuesta de ingreso y gasto de los hogares mexicanos, el precio en los productos que forman parte de la canasta básica ha subido constantemente y ya no ha vuelto a bajar.

Asimismo, las consecuencias en el incremento de los precios, o bien, la inflación, provoca que México tenga un menor crecimiento y, peor aún, un estancamiento que pone en riesgo la economía nacional y que está por sobrepasar el rango máximo de tolerancia del Banco de México, siendo éste del 3 por ciento, con un rango de tolerancia de más menos un punto porcentual.

Encima, el pasado miércoles 29 de enero, el dólar incrementó su precio al venderse en bancos de la capital mexicana en un máximo de 13.65 pesos y comprarse en un mínimo de 12.55 pesos, lo que encarece aún más el poder adquisitivo de los mexicanos, generando movimientos de alta volatilidad que seguramente traerán consigo pérdidas considerables y que prácticamente llevarían a un escenario de recesión con consecuencias muy graves para el país.

Evidentemente la presión no cesa y los escenarios no son los esperados y el problema está en que tampoco se ve una solución clara; es claro que los resultados que se han obtenido en cuanto a las altas tasas de inflación en México, están totalmente relacionados con el manejo irresponsable que actualmente se tiene en la hacienda pública; es evidente que el objetivo en el aumento fiscal no es precisamente en beneficio para todos y que los métodos hasta hoy llevados acabo en las finanzas nacionales no han ido de acuerdo a las necesidades lógicas ni a la realidad económica del país.

Por lo anterior, la conducción de la política monetaria requiere de instrumentación responsable de la política fiscal que intensifique la prevención del déficit económico y que a su vez se conduzca con política inclusiva, que impulse el desarrollo social, político y económico del país, es por ello que estamos exhortando para que a la brevedad se informe a esta Soberanía cómo es que las recientes reformas estructurales, impulsadas por la Presidencia de la República, contrarrestarán los constantes aumentos inflacionarios.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INFORME A ESTA SOBERANÍA CÓMO ES QUE LAS RECIENTES REFORMAS ESTRUCTURALES IMPULSADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CONTRARRESTARÁN EL CONSTANTE AUMENTO INFLACIONARIO

Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“A tan sólo unos días de haber iniciado el año, las funestas consecuencias de las reformas impuestas por la actual administración salen a flote, evidenciando la falta de análisis y consciencia social que se tuvo, tanto a corto como a largo plazo, para imponer dichos cambios resolutivos, pues los efectos que han ido surgiendo afectan a todos los sectores del país, perjudicándolos a una velocidad, aún más rápida de la que supondrían.

A tan sólo 15 días del mes de enero del presente año, los precios al consumidor aumentaron en un 0.68 %, siendo esto consecuencia, sobre todo, del efecto de los cambios fiscales aprobados, y aunque la inflación se hacía presente desde diciembre de 2013, se ha ido incrementando y ejerciendo una presión económica en los consumidores, principalmente en la adquisición de productos básicos, lo que afecta su poder adquisitivo.

De acuerdo con datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los productos que más se encarecieron durante todo 2013 fueron alimentos como el jitomate, el chícharo, el chile poblano y la cebolla y; asimismo, hubo importantes alzas en los trámites vehiculares, el servicio de telefonía móvil y la tarifa del transporte colectivo Metro.1

Aunado a lo anterior, como era de esperarse, resultan engañosas y contradictorias las bases de aplicación que la reforma fiscal presentó durante su promoción y ahora lleva a cabo, pues de manera capciosa se ha vendido por todos los medios posibles la idea de que el objetivo más importante de dicha reforma es contribuir a una mejor y más sana alimentación de los mexicanos cuando, por ejemplo el refresco envasado, siendo un producto que destaca por pertenecer a la línea de productos chatarra y por su alto contenido calórico, subió de precio en un 11.40 %, y por otro lado, la cebolla, producto básico de la dieta mexicana, subió 17.69 %, lo que le genera a los alimentos y bebidas chatarra un 6.29 % de ventaja sobre la inflación en frutas y verduras, entonces ¿dónde está el apoyo y el incentivo a la salud de los mexicanos?

La inflación es un problema que aqueja de manera nacional a las familias mexicanas, los salarios no aumentan en la misma proporción y los precios siguen subiendo y ocasionando alto nivel inflacionario en diversos estados de la República; tal es el caso de Coahuila con 2.34 %, en Baja California, Tijuana con 2.12 %, Mexicali con 1.66 %; en el sur, Chetumal, Quintana Roo con 2.16 %, Tapachula, Chiapas con 1.62 %, en el área metropolitana la inflación fue de 0.32 % y en Morelia, Michoacán, la inflación ascendió a 0.19 %.

Aún cuando México es un país en proceso de desarrollo que cuenta con población en su mayoría de escasos recursos, se ubicó como la tercera economía con más alta inflación, entre los 34 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es claro que los efectos negativos en la volatilidad de los precios está afectando directamente el salario real de los mexicanos, y puesto que un aumento en el salario queda nulificado con el incremento de los precios que componen el Índice de la Canasta Básica, los más afectados serán los que ganan un salario mínimo, pues son quienes destinan la mayor parte de su ingreso a los alimentos de la familia y con ello, el impacto que la inflación genera en sus bolsillos desecha cualquier aumento en el salario que pudieran haber recibido.

Además, el precio en los productos que forman parte de la Canasta Básica han subido constantemente, y ya no han vuelto a bajar, aún cuando, en promedio, las familias mexicanas destinan un 34 % de su gasto a alimentos y bebidas consumidas, según la más reciente Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).2

Las consecuencias en el incremento de los precios o bien, la inflación, provoca que México tenga un menor crecimiento, y peor aún, un estancamiento que pone en riesgo a la economía nacional y que está por sobrepasar el rango máximo de tolerancia del Banco de México, siendo éste del 3 %, con un rango de tolerancia de +/- un punto porcentual.

Así pues, no basta con que el Banco de México advierta sobre la inflación derivada de los impuestos aprobados en la reforma fiscal, tal como lo hizo durante la propuesta de la misma, pues en lo poco que va del año, los analistas han ido disminuyendo su expectativa de crecimiento para el 2014, así como sucedió el año pasado, cuando el encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, Doctor Luis Videgaray Caso, modificó, cuantas veces le fue necesario, su propia expectativa económica para el país.

Asimismo, existen ya muchos factores que afectan de una u otra manera el crecimiento económico; la debilidad del mercado interno que predomina en la nación, las dificultades económicas que hoy se están viviendo y el riesgo de depreciación del peso mexicano que debilita la relación internacional del país.

Encima, el pasado miércoles 29 de enero, el dólar incrementó su precio al venderse en bancos de la capital mexicana en un máximo de 13.65 pesos y comprarse en un mínimo de 12.55 pesos, lo que encarece aún más el poder adquisitivo de los mexicanos, generando movimientos de alta volatilidad que seguramente traerán consigo pérdidas considerables, lo que prácticamente llevaría a un escenario de recesión con consecuencias muy graves para el país.

Evidentemente la presión no cesa y los escenarios no son los esperados, el problema está en que tampoco se ve una solución clara.

Es presumible afirmar que los resultados que se han obtenido en cuanto a las altas tasas de inflación en México están totalmente relacionados con el manejo irresponsable que actualmente se tiene de la Hacienda Pública, es evidente que el objetivo en el aumento fiscal no es precisamente en beneficio para todos, y que los métodos hasta hoy llevados a cabo en las finanzas nacionales no han ido de acuerdo a las necesidades lógicas ni a la realidad económica del país.

La conducción de la política monetaria requiere de instrumentación responsable de la política fiscal que intensifique la prevención del déficit económico y, que a su vez, se conduzca como política inclusiva que impulse al desarrollo social, político y económico del país, pues según sugieren los datos, de no aplicarse una solución consciente, dicho déficit seguirá haciéndose presente en los siguientes años.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

a) Informe a esta Soberanía cómo es que las recientes reformas estructurales impulsadas por la Presidencia de la República contrarrestarán el constante aumento inflacionario.

b) Informe sobre las acciones que se están implementando o se implementarán a fin de evitar una nueva alza en los precios y con ello disminuir las altas tasas de inflación que se han ido presentando desde el año pasado.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, genere las condiciones necesarias para el control, vigilancia y revisión de la correcta aplicación de la política fiscal en el país.

Dado en el Senado de la República, a 4 de febrero de 2014”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Compañeros Senadores, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnaran a comisiones y las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, responde a un mandato legal establecido en el Artículo Segundo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2012, mediante el cual se determinó establecer desde la Constitución el derecho de las y los ciudadanos para participar en las Consultas Populares y por tanto, el Congreso de la Unión debe de emitir la legislación correspondiente.

Dicha reforma en el artículo Segundo Transitorio mandata al Congreso de la Unión a expedir La Ley Federal de Consulta Popular a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, es decir, desde 10 de agosto de 2013 el Congreso de la Unión se encuentra en falta para expedir dicha Ley.

Sin embargo, es de destacarlos trabajos que en el tema se realizaron en la mesa uno del Pacto por México donde legisladoras y legisladores de las principales fuerzas políticas y representantes del Gobierno Federal permitieron concretar un proyecto de Ley de Consulta Popular, donde la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, elaboró un proyecto base, el cual y aún con las diferencias de todas las fuerzas políticas fue la base de las reformas que la Cámara de Diputados aprobó el 10 de diciembre de 2013.

Lamentablemente en el Senado de la República dicho dictamen no ha podido ser aprobado dada la prioridad y premura con la que contó la reforma energética, es decir, el derecho de las y los ciudadanos de opinar en los temas de trascendencia nacional ha tenido que esperar en aras de la celeridad de dicha reforma. De ahí la importancia de que dicho dictamen regrese a las comisiones correspondientes para su revaloración y poder de eliminar los candados que limitan el derecho de las y los ciudadanos para solicitar y participar en las consultas populares.

La reforma constitucional que establece el derecho de la ciudadanía para participar en las consultas populares sobre temas de interés nacional, hace posible por primera vez en la historia de nuestro país la posibilidad de construir una ciudadanía participativa que influya directamente en los asuntos de la Nación, la facultad para someter a consulta las decisiones administrativas del gobierno federal y los actos legislativos, mediante ciertos requisitos que garantizan el ejercicio democrático y plural de los derechos políticos y sociales de las y los mexicanos.

Así lo señala el Dictamen1 que aprobará dicha reforma constitucional al establecer lo siguiente:
En América Latina, por ejemplo, todas las constituciones, salvo las de México y de República Dominicana, contemplan algún mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión política.

Estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política de los ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión pública de temas de relevancia nacional que ameritan un pronunciamiento explícito de los ciudadanos que corre paralelo al debate y a las decisiones que se adoptan por los órganos representativos del Estado, en primer lugar, las instancias parlamentarias o legislativas.

Es particularmente necesario asumir que estos mecanismos no son, ni deben ser, sustitutivos de las instancias de representación política en los procesos de decisión colectiva. Las fórmulas o métodos de la democracia “semidirecta”, adecuadamente reguladas, son instancias complementarias y subsidiarias de la democracia representativa. En efecto, su uso excesivo y una regulación inadecuada pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como “democracia plebiscitaria”, que, en realidad, sólo en apariencia es una democracia, pues ahí se anidan graves pulsiones autoritarias. Los totalitarismos del siglo XX nos recuerdan con claridad que los sistemas autocráticos siempre utilizan evocaciones directas “al pueblo” como una manera de legitimación.

Cabe señalar que el recurso a estos mecanismos de consulta a los ciudadanos no son ajenos al ordenamiento jurídico mexicano. Existen varias entidades federativas en donde el marco normativo local introduce instrumentos a través de los cuales los ciudadanos pueden expresar su sentir en torno a temas de importancia para sus respectivas sociedades. En esa circunstancia se encuentran los Estados de Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz.

Estas comisiones unidas reconocen, por un lado, la importancia de contar con un mecanismo a nivel federal que permita al conjunto de ciudadanos de la República expresarse en torno al sentido que deben tener las decisiones relativas a los asuntos de gran importancia nacional, pero también asumimos que la introducción, sin controles adecuados, de mecanismos de la llamada democracia “semidirecta”, puede lograr el efecto contrario al de la consolidación y fortalecimiento del régimen democrático y propiciar su erosión y eventual vaciamiento.

Hay una plena convicción de que, con una adecuada regulación, la introducción de mecanismos que supongan el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de decisión colectiva puede aumentar y fortalecer la participación política de éstos y con ello contribuir a construir una ciudadanía más fuerte, consciente y atenta a los problemas que la aquejan y corresponsable de la soluciones colectivas que se adopten para enfrentarlos.

La figura de la consulta popular, aunada a la de la iniciativa ciudadana, puede ser un mecanismo que permita fortalecer el proceso de decisión democrática en la medida en la que se abre otro canal para que propuestas legislativas, en este caso realizadas directamente por grupos de ciudadanos, sean conocidas y tomadas en consideración por las Cámaras del Congreso de la Unión.

A juicio de estas comisiones dictaminadoras, se considera que, ponderando las experiencias comparadas, resulta pertinente incorporar a través de la figura de la consulta popular la posibilidad de que exista ese pronunciamiento directo de los ciudadanos en relación con asuntos de gran trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme determine la ley, para el Congreso de la Unión en caso de reunirse determinados requisitos de participación, deba ser asumida por el Poder Legislativo en el procesamiento de la decisión que corresponda.

La consulta popular, como mecanismo de participación e intervención de los ciudadanos en la toma de las decisiones relacionadas con temas relevantes, constituye además una vía para poder resolver, a través de la consulta a la base política de la sociedad, eventuales diferendos relativos a temas de suma importancia que se presenten en los órganos representativos o entre éstos.

Atendiendo a esa finalidad estas comisiones unidas consideran que este mecanismo debe poder ser inducido mediante solicitud que puedan realizar tanto el titular del Poder Ejecutivo, como una parte de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, e incluso un grupo de ciudadanos, equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores utilizada en la elección federal previa.

Por otra parte, al tratarse de un mecanismo cuyos resultados, de alcanzarse un índice de participación en la consulta, resultarán vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, resulta pertinente que, con independencia de quién haya solicitado la realización de una consulta popular, exista una aprobación respecto de la realización de la misma por parte de la mayoría de los integrantes de cada una de las cámaras en las que se deposita la función legislativa federal, respecto a las consultas convocadas por el Presidente de la República o el porcentaje establecido para los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, requisito que no será aplicable para las consultas convocadas por los ciudadanos. Este requisito, lejos de constituir un impedimento o un obstáculo innecesario, representa una garantía para que las consultas populares no se conviertan en un instrumento sustitutivo de la instancia democrático-representativa por excelencia, sino que implique un acompañamiento de los órganos que tendrán la responsabilidad y la obligación de procesar normativamente la voluntad ciudadana expresada en la consulta. En ese sentido, el requisito de contar con esa mayoría para convocar a la consulta expresa el compromiso del Congreso –y en ese sentido es la mejor garantía- de acatar en sus términos la voluntad ciudadana manifestada en ella.

Es sabido que la formulación de la pregunta que debe ser sometida a la consulta de los ciudadanos, constituye un aspecto especialmente delicado, pues su redacción puede, eventualmente, condicionar el sentido de la respuesta. Por su propia naturaleza, las consultas populares, como todos los demás mecanismos de democracia directa en los que se recaba la opinión de los ciudadanos, suponen respuestas simplificadas que en la mayoría de los casos suele reducirse a una alternativa entre dos posibles respuestas. Esporádicamente pueden preverse alternativas más complejas. Ello implica que el modo de plantear la pregunta resulta determinante para el adecuado desarrollo de este ejercicio democrático. En ese sentido, el presente dictamen plantea que previo a la convocatoria que realice el Congreso de Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Consecuentemente, la ley que regule esta modalidad de participación ciudadana deberá contener los procedimientos y mecanismos que deberán seguirse para que todo el proceso de organización y desarrollo de la consulta se rija por los principios de objetividad, imparcialidad y certeza. Por ello, se dispone que las consultas populares serán responsabilidad, en términos de su organización y realización del Instituto Federal Electoral, en forma integral. El propio Instituto deberá certificar, en su caso, la veracidad de la promoción ciudadana al respecto.

La experiencia comparada enseña que todos los mecanismos de consulta popular o de otros mecanismos de democracia “semidirecta” (referéndum o plebiscito), cuando tienen un carácter vinculante para los poderes públicos, están sujetos a la existencia de un quórum de participación ciudadana. En ese mismo sentido, este dictamen plantea establecer un umbral de participación para que el resultado de la consulta popular sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, consistente en que un porcentaje de al menos al cuarenta por ciento del total de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores que corresponda haya acudido y participado con su voto en la consulta.

En relación con los temas sobre los que pueden versar las consultas populares, se considera pertinente establecer ciertas materias en las cuales no procede este tipo de ejercicios y que se asume están reservadas, en cuanto a la capacidad de decisión, exclusivamente a la competencia de las Cámaras del Congreso de la Unión, conjuntamente o de manera exclusiva de alguna de ellas de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas materias, en las que no procede la realización de consultas populares son: la electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.
Por lo que hace a los tiempos para realizar el ejercicio mediante el cual los ciudadanos darán respuesta a la o las preguntas planteadas a través de las consultas populares, se propone que la realización de las consultas populares coincida con la fecha de realización de la jornada electoral federal, es decir, el primer domingo de julio de cada tres años. Ello no implica que a lo largo del periodo que media entre dos elecciones no pueda proponerse la realización de una consulta popular y determinarse su procedencia por parte del Congreso, sino que el ejercicio específico de someter a la consideración ciudadana la o las preguntas en las que la consulta se articule coincidirá con la jornada electoral federal. En virtud de lo anterior, en caso de que no haya sido solicitada y aprobada la realización de una sola consulta, sino de varias en el periodo que media entre dos elecciones federales, las preguntas correspondientes a todas ellas serán sometidas a la consideración de los ciudadanos de manera simultánea y concurrente con la fecha de realización de las elecciones respectivas.

Lo anterior obedece esencialmente a dos razones fundamentales: en primer lugar a simplificar desde un punto de vista logístico y de racionalidad de esfuerzo y gasto, la realización de las consultas populares, pues en vez de instalar específicamente centros de votación en los cuales los ciudadanos puedan emitir su opinión respecto de las preguntas sometidas a su consideración, se aprovecharía la logística que en cada elección federal despliega el Instituto Federal Electoral para instalar en todo el país las Mesas Directivas de casilla, órganos en los cuales, además del procesamiento y escrutinio de los votos emitidos en las elecciones que correspondan, serán responsables de recibir y procesar las respuestas de los ciudadanos sobre los temas sometidos a su consulta.

Por otra parte, la concurrencia de las consultas populares con los procesos electorales federales tiene también la finalidad de inyectar en la discusión electoral un contenido programático en el debate público que tendrá que ver con los temas sobre los cuales versarán dichas consultas. Una de las características que han distinguido las recientes contiendas electorales es el escaso debate programático e ideológico, centrando la atención en los candidatos y en los lemas de sus campañas, más que en las plataformas electorales que los partidos tienen la obligación de presentar y registrar ante las autoridades electorales. La coincidencia de las consultas populares con las elecciones puede ser, en ese sentido, una oportunidad para reivindicar la importancia de la confrontación pacífica de ideas y de contenidos programáticos en el marco de las precampañas y campañas electorales.

Finalmente, lo anterior implica que la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la o las consultas populares que se realicen cada tres años, esté a cargo del Instituto Federal Electoral, para lo cual la ley establecerá puntualmente los actos y los procedimientos que dicho Instituto deberá desplegar para la adecuada realización de las consultas, así como de la verificación del requisito del número de ciudadanos que deben respaldar la solicitud de realización de una consulta cuando sea el caso.

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que la ampliación y efectividad de los mecanismos de la democracia directa, ha sido siempre una lucha de los partidos políticos de izquierda y en especial del Partido de la Revolución Democrática, con el acompañamiento de grupos organizados de la sociedad civil y de ciudadanas y ciudadanos sin partido pero con gran interés en la construcción de un México libre, democrático y en condiciones de igualdad, con capacidad de opinar e incidir en las acciones de gobierno y legislativas que impactan en el modelo de desarrollo nacional con el objetivo de diseñar e implementar mejores condiciones de vida y crecimiento.

Al respecto conviene recordar el año de 1993 cuando los habitantes de la Ciudad de México junto con organizaciones de la Sociedad Civil organizaron una consulta pública para la reforma política del Distrito Federal. Dicha consulta pudo realizarse –aún sin un marco legal que la regulase- y permitió a los habitantes de la Ciudad poder votar por sus representantes y en 1997 elegir al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por tanto no podemos omitir las aportaciones que en el tema han hecho organismos de la sociedad como el Colectivo Reforma Política, Ya, como una de las organizaciones que han insistido en una Ley que empodere a las y los ciudadanos e incidan en las decisiones políticas y puedan proponer alternativas a los problemas que enfrentamos como sociedad.

Es por ello que con esta Iniciativa con la se expide la Ley Federal de Consulta Popular, damos un paso más en el fortalecimiento de una democracia ciudadana que debe concebir a las personas no solo como “electores”, sino como personas sujetas de derechos y con la plena capacidad para participar y decidir en los temas que se consideren como de trascendencia nacional, además de mejorar nuestro sistema político en los siguientes aspectos2:

  •  Este tipo de mecanismos permiten discutir cualquier tipo de problema político más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas. Permiten flexibilizar la rigidez de la disciplina partidaria. En muchas ocasiones ofrecen salidas eficientes a impasses legislativos. Constituyen instrumentos políticamente neutros, que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran conferir una dimensión extraordinaria a cambios políticos fundamentales.

 

  •  Favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía. Obligan a los representantes a responder a las demandas sociales siempre, no solamente en los momentos electorales. Los dirigentes se ven en la necesidad de tomar en consideración el pulso de la opinión pública antes de tomar decisiones.
  •  Estimulan la participación ciudadana e incrementan el sentimiento de eficacia dela ciudadanía. Contribuyen a la educación y a la socialización políticas, y son medios de expresión de la voluntad popular.

 

  •  En el discurso populista aparecen como armas eficaces de lucha contra los grandes intereses que tienden a monopolizar el acceso a los centros de toma de decisiones.
  •  Su aplicación conlleva a una apertura de los métodos de decisión pública, lo que se traduce, en caso de aprobación, en una mayor legitimidad de las leyes.

 

  •  Muchas veces obligan a tomar decisiones necesarias en situaciones donde los legisladores no quieren asumir el riesgo de inclinarse a favor de una opción determinada.
  •  Finalmente, en un contexto generalizado de desvanecimiento de ofertas programáticas claras por parte de los partidos políticos, los referéndums y otros instrumentos de la democracia directa ayudan a definir con más precisión el contenido de las políticas públicas.

 

Por otra parte, la Consulta Popular se relaciona estrechamente con el concepto de soberanía. Recordemos que la Constitución establece en su Artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

Es así como el poder soberano sólo puede pertenecer legítimamente al pueblo, y solo éste puede elaborar, modificar y establecer las leyes que organizan y regulan tanto el funcionamiento del Estado como el de la sociedad civil. Cuando se dice entonces que el pueblo es soberano se quiere decir que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad general. Por lo anterior, nuestra democracia debe regirse bajo el gobierno que se sustenta en el principio de la soberanía popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo.

Al respecto John Stuart Mill en su obra El Gobierno Representativo nos recuerda que el único Gobierno que satisface por completo todas las exigencias del estado social, es aquel en el cual tiene participación el pueblo entero; y que toda participación, aun en la más humilde, es útil; por tanto, debe procurarse que la participación en todo sea tan grande como lo permita la propia comunidad; finalmente no puede exigirse menos que la admisión de todos a una parte de la soberanía.

Con el instrumento de la Consulta Popular, se hace posible la participación directa la ciudadanía mexicana en las decisiones administrativas del gobierno federal y en los actos del Poder legislativo. En caso de que la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes involucradas, es decir, que estarán obligados a respetar y acatar la decisión resuelta a través de la consulta.

La presente iniciativa de ley tiene el propósito de concretar jurídicamente la reglamentación federal de uno de los derechos fundamentales más importantes para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En efecto, la consulta popular reconocida y protegida por el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales que hacían falta para avanzar hacia una democracia directa, participativa y deliberativa en la que se garantice a las y los mexicanos la salvaguarda de su soberanía, incluso por encima de aquellas autoridades que han sido beneficiadas, directa o indirectamente, con la confianza del voto popular para ejercer la representación política del pueblo, con el único límite establecido en el propio marco constitucional.

La presente iniciativa reglamenta la Fracción VIII, del Artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante disposiciones generales que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular, distribuidas en cinco capítulos, sesenta y seis artículos, y cinco artículos transitorios, con el objetivo de establecer procedimientos para la convocatoria, organización y resultados de la consulta popular, así como de promover la participación ciudadana.

La aplicación de las normas de esta Ley corresponde a la Cámara de Senadores, a la de Diputados al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia.

En el caso del INE, éste será el encargado de la organización y desarrollo de la consulta popular.

Se establece que la consulta popular es el mecanismo de participación por el cual las y los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido por la ciudadanía, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, así como de las decisiones de carácter legislativo y administrativos del Ejecutivo Federal.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara.

Asimismo tal y como lo dispone la propia Constitución, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos; los principios de una República representativa, democrática, laica y federal; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Para tal Efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá, previo a la convocatoria que realice una de las cámaras del Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Tal y como lo establece el Numeral Segundo, de la Fracción VIII, del Artículo 35 de nuestra Constitución, el resultado de la Consulta Popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
La consulta o consultas populares a que convoque ya sea el Senado de la República o la Cámara de Diputados, se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal, prácticamente respecto a cualquier tema que se defina como de trascendencia nacional, con excepción de aquellos que se refieran a la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.

En correspondencia al ordenamiento constitucional, los peticionarios facultados para solicitar la realización de Consultas Populares son el Presidente de la República, el equivalente al treinta y tres por ciento de las y los integrantes de cualquiera de las Cámaras de Diputados o de Senadores o las y los y ciudadanos en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores distribuidos en las cinco circunscripciones. Las Consultas Populares podrán solicitarse en cualquier momento y hasta el 15 de octubre del año previo a aquel en que se realice la jornada electoral federal.

El Presidente de la República sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular; la Cámara de Diputados o la de Senadores según el caso podrán solicitar hasta tres consultas; y las y los ciudadanos, podrán solicitar el número de consultas que cumplan con el requisito del porcentaje de la lista nominal de electores y que hayan sido declaradas constitucionales por la SCJN.

Toda petición de Consulta Popular deberá presentarse por escrito y cumplir con los siguientes elementos: Nombre y firma del solicitante o solicitantes; el propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional. La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y deberá estar relacionada con el tema de la consulta.

En el caso de que la petición verse sobre la propuesta de modificar el orden jurídico federal, deberán especificar en forma precisa y detallada, los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios que serán objeto de la consulta popular. Cuando la petición verse sobre un acto u omisión de las autoridades, se describirá de manera detallada e indicar a la autoridad competente.

En el proyecto de decreto que se presenta, se establece que la solicitud que provenga de las y los ciudadanos deberá complementarse con nombre completo y domicilio del representante para recibir notificaciones y de las personas autorizadas para recibir notificaciones, así como un Anexo que contenga nombres completos, firma y número de folio de la credencial de elector de cada uno de las y los peticionarios.

En lo que se refiere a la Convocatoria para organizar y realizar las Consultas Populares, se determina que una vez recibida la petición de consulta popular proveniente del Presidente de la República, se deberá aprobar por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso de aprobarse la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad.

En este sentido, el papel que se le otorga a la SCJN es para resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular, para lo cual revisará que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

A su vez, cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el treinta y tres por ciento de las y los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

En caso de aprobarse la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la SCJN junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad.

Cuando la petición provenga de la ciudadanía, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República o de la Cámara de Diputados la publicarán en la Gaceta Parlamentaria, darán cuenta de la misma y solicitará al INE que en un plazo de treinta días naturales, verifique que ha sido suscrita, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

En el caso de que el INE determine que se cumple con el porcentaje requerido, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, publicarán el informe en la Gaceta Parlamentaria y enviarán la petición a la SCJN, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales.

En tal caso, la SCJN deberá también resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y notificará a la Cámara de Diputados su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes en que la emita.

Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, La Cámara de Diputados o el Senado de la República por conducto de sus Mesas Directivas, emitirán la Convocatoria, la notificarán al INE para los efectos de organización, realización y resultados de la consulta.

Con el objetivo de garantizar la imparcialidad y objetividad del contenido del tema objeto de la consulta popular, se determina que las resoluciones de la Suprema Corte serán definitivas e inatacables.

Una vez aprobado el proceso inicial para solicitar la realización de consultas populares, así como de su respectiva calificación por parte de la SCJN, se establece que el INE, como máximo órgano de organización y procesamiento de elecciones federales, será la institución fundamental para verificar el porcentaje de apoyo de la ciudadanía en al menos dos por ciento de la lista nominal de electores.

Finalizado el cómputo correspondiente, el Secretario Ejecutivo del INE presentará un informe detallado y desagregado a la Cámara solicitante del Congreso sobre el resultado de la revisión de que las y los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, mismo que deberá contener: el número total de ciudadanas y ciudadanos firmantes; el número de ciudadanas y ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje; el número de las y los ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje, así como las y los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal.

Para lo anterior, el INE elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares.

Asimismo, se especifica que el INE es la institución encargada de todo el proceso de organización, realización, recepción de votos y conteo de los resultados de la consulta.

En la jornada de consulta popular las y los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por el "SÍ" cuando estén a favor o por el "NO" cuando estén en contra.

Un aspecto importante a destacar de la iniciativa, es que en el Artículo 61 de la Ley Federal, se contempla el recuento de votos en el caso de existir una diferencia en el resultado de la consulta popular de un punto porcentual o menos, entre el “SI y el “NO” de los votos emitidos.

En el caso de que lo soliciten las y los ciudadanos a través del representante legal que hayan registrado, el INE procederá al recuento en aquellas casillas donde el resultado sea de un uno por ciento o menos.

Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados a fin de que dentro de las 48 horas siguientes el Secretario Ejecutivo del INE, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la consulta popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte los resultados de la consulta popular.

Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE realizará la declaración de validez del proceso de consulta popular, levantando el acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta ley.

Cuando el informe del INE indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la SCJN, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.

Las autoridades responsables que incumplan con el resultado vinculatorio de la Consulta, podrán ser removidas de su cargo en los términos que establece la Constitución, así como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Finalmente, con el objetivo de generar certeza y legalidad a los posibles resultados de la Consulta Popular, se establece la posibilidad para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del INE sobre el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular.

Asimismo, se considera en los artículos transitorios la obligación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para la realización de las Consultas Populares, en el periodo de las jornadas electorales que correspondan, así como el mandato para que cada una de sus Cámaras realicen las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos y hacer efectivo el derecho ciudadano a la Consulta Popular. Asimismo se establece la salvaguarda del derecho adquirido de las y los ciudadanos que con base en el propio artículo 35 de la Constitución, han solicitado a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión la realización de Consulta Popular.

Por lo anterior expuesto y fundado, la suscrita, Senadora Angélica de la Peña integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Federal de Consulta Popular, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social; y de observancia en el orden federal.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la Convocatoria, organización y resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.

Artículo 3. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia.

La organización y desarrollo de la consulta popular será del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual la ciudadanía ejerce su derecho, a través del voto emitido por las y los ciudadanos, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Artículo 5. Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo, así como los actos de la administración pública federal, siempre que sean de trascendencia nacional, en los términos siguientes:

a) Las leyes aprobadas antes de su promulgación, a petición de una tercera parte de las y los integrantes de las Cámaras o a solicitud de ciudadanas y ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos de esta ley;

b) Las leyes vigentes a petición de una tercera parte de las y los integrantes de una de las Cámaras y aprobación del H. Congreso de la Unión, o a solicitud de las y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;

c) Los proyectos o decisiones de la administración pública federal, a petición del Presidente de la República o a solicitud de las y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por las y los ciudadanos.

El resultado de la misma es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 6. Se entiende que el tema de las consultas populares es de trascendencia nacional, cuando los actos de carácter legislativo o los actos de la administración pública federal, impacten en la mayoría de la población o se ponga en riesgo la soberanía nacional.

Artículo 7. Votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional.

Artículo 8. La consulta o consultas populares a que convoque el Senado de la República o la Cámara de Diputados, se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.

Artículo 9. Para efectos de esta Ley se entenderá:

I. Aviso de intención: Formato mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad a la Cámara de Diputados de presentar una petición de consulta popular;

II. Código: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Consulta: Consulta Popular;

VI. Convocatoria: Convocatoria de consulta popular expedida por el Congreso de la Unión;

VII. Instituto: Instituto Nacional Electoral;

VIII. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

IX. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 10. Son requisitos para participar en la consulta popular:

I.       Ser ciudadano mexicano conforme al artículo 34 de la Constitución;

II.      Estar inscrito en el Padrón Electoral;

III. Tener credencial para votar con fotografía vigente, y

IV.    No estar suspendido en sus derechos político-electorales.

Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;

III. La materia electoral;

IV. Las leyes de ingresos y egresos del Estado;

V. La seguridad nacional, y

VI.     La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

CAPÍTULO II

DE LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS

Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Las y los ciudadanos, en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

 Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las cámaras del Congreso según corresponda, en cualquier momento y hasta el 15 de octubre del año previo a aquel en que se realice la jornada electoral federal.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL AVISO DE INTENCIÓN

Articulo 14. Los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta próxima inmediata, deberán dar aviso al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o la de Senadores y que en todo caso, deberá contener el tema de trascendencia nacional y la propuesta de pregunta o preguntas.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda, en un plazo no mayor a diez días hábiles, emitirá una constancia que acredite la presentación del aviso, que se acompañará del formato correspondiente para la obtención de firmas, el cual deberá contener:

I.       El tema de trascendencia nacional planteado;

II.     La propuesta de pregunta o preguntas;

III.   La fecha de expedición;

IV.    El número de folio de cada hoja y,

V.     Los datos que se requieran de los ciudadanos que otorguen su firma.

La constancia de aviso y el formato de obtención de firmas, únicamente tendrá vigencia para la consulta popular que se realice en la jornada de consulta inmediata siguiente.

Las constancias de aviso serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara que corresponda.

Artículo 15. El formato para la obtención de firmas lo determinará la Cámara correspondiente, previa consulta al Instituto, cuidando que cumpla con los requisitos que señala esta Ley.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda dará cuenta de los avisos de intención que no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de consulta popular dentro del plazo establecido por el artículo 13 de esta ley.

SECCIÓN TERCERA
DE LA PRESENTACIÓN

Artículo 16. Las Consultas Populares por cada uno de los peticionarios a los que se refiere el Artículo 35, Fracción VIII, Numeral Primero de la Constitución, se realizarán de la siguiente manera:

I. El Presidente de la República sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular.

II. Tratándose de las peticiones de Consulta Popular formuladas por las Cámaras del Congreso, serán objeto de la Convocatoria aquellas que sean aprobadas por la mayoría del Congreso, sin que puedan ser más de tres por cada Cámara, siempre y cuando los temas no sean contrapuestos.

III. En el caso de las Consultas Populares a petición de las y los ciudadanos, y que hayan sido declaradas constitucionales por la Suprema Corte, la Convocatoria se expedirá respecto de aquellas que cumplan con los requisitos establecidos para ello.

Artículo 17. La solicitud de petición de consulta popular que provenga del Presidente de la República, podrá ser presentada en forma indistinta en cualquiera de las Cámaras del Congreso.

Artículo 18. Tratándose de peticiones formuladas por legisladores federales, se considerará como de origen, la Cámara a la que pertenezcan los promoventes.

Artículo 19. El Presidente de la República y las y los legisladores federales, podrán retirar su solicitud de consulta popular hasta antes de que se publique la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Retirada la petición, podrán presentar una nueva petición de consulta, siempre que se realice dentro del plazo establecido en el artículo 13 de esta Ley.

Artículo 20. La solicitud que provenga de las y los ciudadanos se presentará en forma indistinta en cualquiera de la Presidencia de las Cámaras del H. Congreso de la Unión

SECCIÓN CUARTA
DE LOS REQUISITOS

Artículo 21. Toda petición de consulta popular deberá estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos, con los siguientes elementos:

I.        Nombre y firma del solicitante o solicitantes;

II.      El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional;

III.     La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y deberá estar relacionada con el tema de la consulta.

IV.     En el caso de que la petición verse sobre la propuesta de modificar el orden jurídico federal, deberán especificar en forma precisa y detallada, los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios que serán objeto de la consulta popular, y

V.      Cuando la petición verse sobre un acto u omisión de las autoridades, describirlo de manera detallada e indicar a la autoridad competente.

Artículo 22. En caso de que la solicitud provenga de los legisladores federales, además de lo establecido en el artículo anterior, deberá acompañarse del anexo que contenga nombres completos y firmas de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, sin que puedan presentarse peticiones suscritas por legisladores de ambas cámaras.

Asimismo, deberá designarse como representante a uno de los legisladores promoventes para recibir notificaciones.

Artículo 23. La solicitud que provenga de las y los ciudadanos deberá complementarse con:

I.       Nombre completo y domicilio del representante común y de las personas autorizadas para recibir notificaciones; y

II.      Anexo que contenga nombres completos de cada uno de las y los peticionarios, firma y número de folio de la credencial de elector que se encuentra al reverso de la misma.

Artículo 24. Toda la documentación, así como los anexos, deberán estar plenamente identificados y fechados, señalando en la parte superior de cada hoja la referencia al tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta popular.

Artículo 25. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no señale el nombre del representante, sea ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara de Diputados prevendrá a las y los peticionarios para que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación.

SECCIÓN QUINTA
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA

Artículo 26. Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

II. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

III. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular,

b) Notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes en que la emita.

V. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara revisora, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

VI. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 27. Cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

II. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

III. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de esta Ley;

V. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara revisora, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

VI. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la cámara correspondiente expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 28. Cuando la petición provenga de la ciudadanía se seguirá el siguiente procedimiento:

I.       Recibida la petición por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o el Senado de la República en su caso, la publicarán en la Gaceta Parlamentaria, darán cuenta de la misma y solicitarán al Instituto que en un plazo de treinta días naturales, verifique que ha sido suscrita, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;

II. En el caso de que el Instituto determine que se cumple el requisito establecido en la fracción I, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y enviará la petición a la Suprema Corte, junto con la propuesta de pregunta o preguntas de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

III. Recibida la solicitud del Presidente de la Cámara solicitante para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular, para lo cual revisará que la o las preguntas deriven directamente de la materia de la consulta;

b) Notificar a la Cámara correspondiente su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes en que la emita.

IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la o las preguntas contenidas en la resolución, no podrán ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso;

V. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y

VI. Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, el Congreso por conducto de sus Mesas Directivas, emitirá la Convocatoria, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, notificará a los promoventes de la resolución y les proporcionará los formatos necesarios para que busquen el apoyo ciudadano estipulado en esta ley.

Artículo 29. Las resoluciones de la Suprema Corte serán definitivas e inatacables.

Artículo 30. La Convocatoria de consulta popular deberá contener:

I.       . Fundamentos legales aplicables;

II. Fecha de la jomada electoral federal en que habrá de realizarse la consulta popular;

III. Breve descripción de la materia sobre el tema de trascendencia nacional que se somete a consulta;

IV. En su caso, especificar en forma precisa y detallada, los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios, que serán objeto de la consulta popular;

V. En su caso, especificar en forma precisa y detallada el acto u omisión de la autoridad competente;

VI. La pregunta o preguntas a consultar, y

VII. Lugar y fecha de la emisión de la Convocatoria.

Artículo 31. La Convocatoria que expida el Senado de la República o la Cámara de Diputados deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR

SECCIÓN PRIMERA
DE LA VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO

Artículo 32. Al Instituto le corresponde verificar el porcentaje establecido en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución.

Para tal efecto, el Instituto contará con un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción del expediente que le remita el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, para constatar que las y los ciudadanos aparezcan en la lista nominal de electores.

Artículo 33. El Instituto dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la consulta popular aparezcan en las listas nominales de electores; y que la suma corresponda en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de la lista nominal de electores.
Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando:

  •  Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;

 

II. No se acompañe el número de folio que se encuentra al reverso de la credencial de elector de cada uno de las y los peticionarios;

  • Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma iniciativa; en este caso sólo se contabilizará una de las firmas, y

 

  • Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en el Código.

Artículo 34. Finalizado el cómputo correspondiente, el Instituto presentará un informe detallado y desagregado a la Cámara solicitante del Congreso dentro del plazo señalado en el artículo 33 de esta Ley, el resultado de la revisión de que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores del Instituto, el cual deberá contener:

I. El número total de ciudadanos firmantes;

II. El número de ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje, y

III. El número de ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje; y

IV. Las y los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en el Código.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 35. El Instituto Nacional Electoral es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción de la participación, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 36. Una vez que el Senado de la República o la Cámara de Diputados notifiquen la Convocatoria al Instituto, éste lo hará del conocimiento del Consejo General en la siguiente sesión que celebre.

Artículo 37. Al Consejo General del Instituto le corresponde:

  •  Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;

 

  •  Aprobar los formatos y demás documentación necesaria para realizar la consulta popular, y

III.     Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares.

Artículo 38. A la Junta General Ejecutiva del Instituto le corresponde:

I. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de consultas populares, y

II.      Las demás que le encomiende la normatividad aplicable, o le instruya el Consejo General o su Presidente.
Artículo 39. El Instituto, elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIFUSIÓN DE LA CONSULTA

Artículo 40. Durante el periodo de campañas federales, el Instituto dispondrá del tiempo que le corresponde en radio y televisión para difundir la materia de la consulta popular.

Para la difusión de las opciones en la consulta popular, la autoridad electoral organizará debates que serán difundidos mensualmente en los 48 minutos diarios bajo su administración en radio y televisión.

Artículo 41. El Presidente de la República, las y los diputados o las y los senadores que hayan promovido la consulta popular no podrán comprar o adquirir tiempos en radio y televisión para promover la materia de la consulta popular.

Artículo 42. Las y los ciudadanos promotores de la consulta popular tendrán derecho a acceder a los tiempos que en radio y televisión correspondan al Instituto para difundir la materia de la consulta popular. Los ciudadanos no podrán adquirir o comprar tiempos en radio y televisión para ese fin.

Los partidos políticos y candidaturas independientes podrán destinar tiempo para la difusión de la materia de consulta popular, en todo caso, el tiempo que se destine a las distintas opciones en su conjunto no podrá ser mayor a un minuto por día.

Artículo 43. El Instituto promoverá ante los medios masivos de comunicación la realización de mesas de análisis y debates sobre los asuntos que serán sometidos a consulta. En esos debates deberán regir los principios de equidad y pluralismo político social.

SECCIÓN CUARTA
DE LOS ACTOS PREVIOS A LA JORNADA DE CONSULTA POPULAR

Artículo 44. Para la emisión del voto en los procesos de consulta popular el Instituto imprimirá las papeletas conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos:

I. Breve descripción del tema de trascendencia nacional;

II. La o las preguntas contenidas en la Convocatoria aprobada por el Congreso;

III. Cuadros para el "SÍ" y para el "NO", colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto;

IV. Entidad, distrito, municipio o delegación, y

V. Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto.

Habrá una sola papeleta, independientemente del número de convocatorias que hayan sido aprobadas por el Congreso.

Las papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo número será progresivo, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral, municipio o delegación y la consulta popular.

Artículo 45. Las papeletas deberán obrar en los Consejos Distritales a más tardar quince días antes de la jornada de consulta. Para su control se tomarán las medidas siguientes:
I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, hora y lugar preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

II. El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas, asentando en ella los datos relativos al número de papeletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

III. A continuación, los miembros presentes de la Junta Distrital acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva, y

IV. Al día siguiente al en que se realice el conteo de las boletas electorales, el Presidente del Consejo Distrital, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las papeletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución.

Artículo 46. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada de consulta y contra el recibo detallado correspondiente:

I. Las papeletas de la consulta popular, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

II. La urna para recibir la votación de la consulta popular;

III. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, y

IV. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla.

A las o los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de papeletas que reciban no será superior a mil quinientas.

La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la participación de los integrantes de las Juntas Distritales que decidan asistir.

Artículo 47. El Instituto, podrá designar adicionalmente a uno o más ciudadanos para que se integren a las mesas directivas de casilla, con la finalidad de que funjan como escrutadores de la consulta popular.

SECCIÓN QUINTA
DE LA JORNADA DE CONSULTA POPULAR

Artículo 48. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por la legislación aplicable para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé la presente sección.

Artículo 49. Para todos los efectos legales, las mesas directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras de la consulta popular.
Artículo 50. En la jornada de consulta popular las y los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por el "SÍ" cuando estén a favor o por el "NO" cuando estén en contra.

Artículo 51. La urna en que las y los electores deposite la papeleta, deberán consistir de material transparente, plegable o armable, las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color de la papeleta que corresponda; la denominación "consulta popular".

Artículo 52. Las y los escrutadores de las mesas directivas de casilla contarán la cantidad de papeletas depositadas en la urna, y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignarán el hecho. Asimismo, contarán el número de votos emitidos en la consulta popular y lo asentarán en el registro correspondiente.

Artículo 53. En caso de ausencia de la persona escrutadora designada para el escrutinio y cómputo de la consulta popular, las funciones las realizarán cualquiera de las o los escrutadores presentes designados para la elección federal.

La falta de las y los ciudadanos designados como escrutadores por el Instituto para realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en la casilla, no será causa de nulidad de la votación de las elecciones constitucionales ni la de la consulta.

Artículo 54. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales en los términos de la legislación aplicable, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas:

I. La o el secretario de la mesa directiva de casilla contará las papeletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado, anotando en el exterior del mismo el número de papeletas que se contienen en él;

II. Las personas escrutadoras contarán en dos ocasiones el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

III. La o el presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las papeletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. La o las personas escrutadoras contarán las papeletas extraídas de la urna;

V. Las personas escrutadoras, bajo la supervisión del presidente, clasificarán las papeletas para determinar el número de votos que hubieren sido:

a) Emitidos a favor del "SÍ";

b) Emitidos a favor del "NO", y

c) Nulos.

VI. La o el secretario anotará en hojas dispuestas para el efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, trascribirá en el acta de escrutinio y cómputo de la consulta.

Artículo 55. Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes reglas:

  •  Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano en un solo cuadro que determine claramente el sentido del voto como "SÍ" o "NO", y
  •  Se contará como un voto nulo la sección de la papeleta que el ciudadano marque de forma diferente a lo señalado en el inciso anterior o cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta.

 

Artículo 56. Agotado el escrutinio y cómputo de la consulta se levantará el acta correspondiente, la cual deberán firmar todos los funcionarios y funcionarias de casilla. Se procederá a integrar el expediente de la consulta popular con la siguiente información:

I Un ejemplar del acta de la jornada de consulta;

II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo de la consulta, y

III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos de la consulta.

Artículo 57. Al término de la jornada electoral, las y los presidentes de las mesas directivas de casilla fijarán en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de la consulta popular.

La mesa directiva, bajo su responsabilidad, hará llegar dentro de la caja paquete electoral de las elecciones, el expediente de la consulta popular al Consejo Distrital correspondiente.

Artículo 58. El Instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los relativos a la consulta popular en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable.

SECCIÓN SEXTA
DE LOS RESULTADOS

Artículo 59. Los consejos distritales realizarán el cómputo de la consulta popular el segundo miércoles siguiente a la jornada electoral, que consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.

Artículo 60. Los expedientes del cómputo distrital de la consulta popular constarán de:

I. Las actas de escrutinio y cómputo de la consulta popular;

II. Acta original del cómputo distrital;

III. Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la consulta, y

IV. Informe del presidente o presidenta del consejo distrital sobre el desarrollo del proceso de consulta popular.

Artículo 61. Cuando exista una diferencia en el resultado de la consulta popular de un punto porcentual o menos, entre el “SI y el “NO” de los votos emitidos, y las y los representantes para recibir notificaciones registrados por los ciudadanos, soliciten el recuento, el Instituto deberá realizarlo en aquellas casillas donde el resultado sea de un uno por ciento o menos.

En el caso de que lo soliciten las y los ciudadanos a través del representante legal que hayan registrado, el Instituto procederá al recuento.

Artículo 62. Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados a fin de que dentro de las 48 horas siguientes el Secretario Ejecutivo del Instituto, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la consulta popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

Artículo 63. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte los resultados de la consulta popular.
Artículo 64. Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo que establezca la legislación correspondiente, levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta ley.

CAPÍTULO IV
DE LA VINCULATORIEDAD Y SEGUIMIENTO

Artículo 65. Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio e inmediato para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes.

Cuando se trate de normas no promulgadas las mismas se tendrán por no aprobadas.

Si se tratase de normas vigentes las mismas quedarán derogadas. En ambos casos el Congreso deberá abstenerse de legislar sobre la materia de la consulta al término de las siguientes dos legislaturas.

En caso de proyectos de la administración pública federal, los mismos deberán de ser cancelados, tratándose de actos de la administración pública federal los mismos deberán quedar completamente suspendidos y cancelados en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la emisión del resultado de la consulta.

Las autoridades responsables que incumplan con el resultado vinculatorio de la Consulta, deberán ser removidas de su cargo en los términos de la Constitución y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CAPÍTULO V
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 66. Será apelable mediante el recurso correspondiente el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto sobre el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dispondrá el Presupuesto y los recursos necesarios para la realización de las Consultas Populares que hayan cumplido con los requisitos establecidos en esta ley, en el periodo de las jornadas electorales que correspondan.

TERCERO. El periodo de recepción de la consulta popular a que se refiere la Ley, en el artículo 13, por única ocasión iniciará a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto.

QUINTO. Las solicitudes de petición de consulta popular ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión que provenga de las y los ciudadanos iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final, por tanto, los requisitos relativos al aviso de intención y al formato para la obtención de firmas a los que se refiere esta Ley, no serán aplicables por única ocasión”.

Sen. Angélica de La Peña Gómez”.

1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana, sobre la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Número 3372-III, jueves 20 de octubre de 2011.

2 Prud'homme, Jean-Francois. "Consulta popular y democracia directa." (1997). Instituto Federal Electoral.






PROPUESTA

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL TITULAR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RESUELVA EL CASO DE LA MARINA IXTAPA PARA QUE ESTA PUEDA RETOMAR SU FUNCIONAMIENTO

“Del Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con punto de acuerdo por el que se le solicita al Titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento.

La Marina Ixtapa es un centro portuario de suma importancia para el municipio de Zihuatanejo ya que atrae al turismo, cuenta con más de 600 posiciones y se pueden ingresar embarcaciones hasta de 125 pies. Cuenta con hoteles, condominios y restaurantes que fomentan la atracción turística. Sus funciones náuticas, al estar en una zona estratégica, fomentan el desarrollo de la entidad.

Actualmente la Marina no se encuentra funcionando por las siguientes consideraciones: En términos del acuerdo de intención del 18 de julio de 1989, que antecede al contrato de fideicomiso traslativo de dominio y de garantía celebrado entre FONATUR y Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., de fecha 16 de agosto de 1990 se pactó que Fonatur renunciaría a la concesión que ya le había otorgado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción, explotación y operación de la marina turística a favor de Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., transmitiendo también la facultad de aprovechar las obras de infraestructura marítima realizadas por FONATUR al amparo de| dicha concesión.

Conforme a lo anterior, FONATUR renunció ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respecto de sus derechos a la concesión de la cual era titular, de tal forma que se pudiera otorgar nueva concesión, por parte de la SCT, a Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., mediante título de fecha 3 de febrero de 1992, para construir, operar y explotar una marina denominada “Marina Ixtapa” con una capacidad de 500 embarcaciones afectando 192,972.6406 m² de zona federal marítima en Ixtapa, con vigencia de 20 años.

Por su parte, Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., cedió los derechos y obligaciones derivados de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., previa autorización de la SCT, mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2004, modificando al mismo tiempo el número de posiciones de atraque.

Ante la solicitud de renovación y con fecha 23 de noviembre de 2011, la SCT resolvió no otorgar la prórroga de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., por lo que ésta impugnó dicha resolución mediante juicio contencioso administrativo, el cual se encuentra actualmente radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente No. 1055/2012-17-07-6.

El objeto de la concesión va en función del uso, aprovechamiento y explotación de una zona federal marítima de 192,972.6406 m2 de área de agua exclusiva para la operación y explotación de la Marina Ixtapa, de uso público, con una capacidad de 621 embarcaciones.

Por lo anterior expuesto resulta fundamental que se emita el resultado del juicio y así, la Marina pueda continuar con su debido funcionamiento, retome sus funciones náuticas y con ello continuar fomentando el turismo en la zona lo cual genera recursos y empleo impulsando el desarrollo en la entidad”.






EFEMERIDES

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en torno al Día Mundial contra el Cáncer.








Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

“Conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

Con la venia del Presidente de la Mesa Directiva
Compañeras y Compañeros Legisladores:

El 5 de febrero se conmemora el 97 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, sucedido en el año de 1917.

Documento reconocido, venerado y respetado por mexicanas y mexicanos; pues en dichas páginas, se plasmó el fin del sufrimiento y la luz de los anhelos del pueblo mexicano.

Nuestros antecesores tuvieron que soportar años de sangre, sacrificio, injusticias, discriminación, despojos y desigualdades para arribar a lograr la construcción de un modelo de Estado justo, después de una revolución originada por una crisis política, económica y social.

Hoy las nuevas generaciones hemos de honrar a Don Venustiano Carranza, a personajes como Ignacio López Rayón, quien elaboró en 1811 una Constitución Política; a Don José María Morelos y Pavón quien a través de “Los Sentimientos de la Nación” inspiró preceptos claros rumbo a la edificación de un estado justo; así como a personalidades como Francisco J. Mújica -entre otros-.   

Gracias a nuestros próceres, México signó una Constitución Política erigida sobre la fortaleza del pueblo mexicano. En ella, se establecieron los derechos sociales, las garantías individuales, el sistema de elecciones directas, la No reelección, se reconoció el municipio libre, se otorgó soberanía a los Estados, se instauró un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra, se garantizó la libertad de culto y la educación laica y gratuita; así como la jornada de ocho horas laborables, la libertad de asociación de los trabajadores y la libertad de expresión.

Uno de los artículos más importantes de ese magno documento fue el artículo 27 Constitucional; mismo que hoy en día ha sido deformado junto con los artículos 25 y 28 dada la última reforma constitucional en materia energética.

A 97 años de la promulgación de nuestra carta magna, mucho debemos explicar a nuestros hijos -cuentas debemos rendirles- ya que las nuevas generaciones no conocerán del espíritu original que dicho artículo refería acerca de la soberanía y la propiedad de la tierra, mismo espíritu que causó disgusto a compañías mineras y petroleras extranjeras y que hizo posible la edificación de una gran nación.

Tenemos el deber de reflexionar -desde todas las esferas de la sociedad mexicana-, tenemos el deber de participar y exigir cívicamente que jamás se borre la historia de este país, este pueblo jamás debe olvidar su origen, para así defender con orgullo los logros obtenidos como nación.

Por lo tanto, conmemoremos hoy el 97 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impulsando el respeto a la misma y defendiendo los principios de soberanía, derechos y justicia social.

Impulsemos pues, una consulta ciudadana, ya que nuestra Carta Magna debe ser respaldada por la ciudadanía en su conjunto, así como fue desde su origen: el deseo del pueblo de México.

Es cuanto”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en torno al Día Mundial de los Humedales.








CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 6 de febrero a las 11:00 horas.

Que tengan buena tarde.

(Se levantó la sesión a las 14:40 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

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México, Distrito Federal

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