Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 24 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Octubre de 2013

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA

(Dictamen de segunda lectura)

- Se dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda. Las comisiones presentaron propuestas de modificación que se incorporaron al dictamen. Para presentar el dictamen a nombre de las comisiones intervienen los CC. Senadores Luis Armando Melgar Bravo y Héctor Larios Córdova.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los CC. Senadores Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Angel Benjamín Robles Montoya, Omar Fayad Meneses y Maki Esther Ortiz Domínguez.

Para su discusión en lo particular, intervienen los CC. Senadores Héctor Larios Córdova, quien presenta propuesta de modificación a los artículos 37-A, 165, 183-A y 184-B y una propuesta de adición de un artículo transitorio que no se admiten; Francisco Domínguez Servién, quien presenta propuesta de adición de un artículo transitorio que no se admite; Fernando Yunes Márquez, quien presenta propuesta de adición de un artículo transitorio que no se admite. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de segunda lectura)

- Se dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. Las comisiones presentaron propuestas de modificación que se incorporaron al dictamen. Para presentar el dictamen a nombre de las comisiones interviene el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los CC. Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, María de los Dolores Padierna Luna, Luis Fernando Salazar Fernández y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.

Para su discusión en lo general interviene al respecto el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

Para su discusión en lo particular intervienen al respecto los CC. Senadores María del Pilar Ortega Martínez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 27 que no se admite y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 28 y 156 Bis que no se admiten; Martín Orozco Sandoval, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Herrera Avila, quienes presentan propuestas de modificación al artículo 32-A que no se admiten; Daniel Gabriel Avila Ruiz, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 32-A y 143 que no se admiten; Mónica Tzasna Arriola Gordillo, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 32-A y 121 que no se admiten; Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuesta de modificación al artículo 32-A que no se admite; Fernando Enrique Mayans Canabal, quien presenta propuesta de modificación al artículo 40-A que no se admite; Jorge Luis Lavalle Maury, quien presenta propuesta de modificación al artículo 53-B que no se admite; Luz María Beristain Navarrete, quien presenta propuesta de modificación al artículo 143 que no se admite y Silvia Garza Galván, quien presenta propuesta de modificación al artículo 146 que no se admite. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.














 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:43 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores, por favor.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 24 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal,a las doce horas con treinta y cinco minutosdel día miércoles veintitrés de octubre de dosmil trece, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veintidós de octubre de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, a favor de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León, Thelma Semíramis Calva García y Gabriela María Chaín Castro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de candidatos para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos: Rafael Gómez Medina, Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta del Ejecutivo Federal con la designacióndel ciudadano Eduardo Martínez Chombo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo comprendido a partir de su ratificación y hasta el último día de febrero del año 2021.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Norma Alicia Galindo Matías como Senadora de la República.

(Iniciativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto porel que se reforma el artículo 19, fracción IV dela Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los Senadores Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros y Fernando Enrique Mayans Canabal, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Apartado B del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.- Se dispensó la segunda lectura del dictamen. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención sobre este asunto, el Presidente ordenó su inserción en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 85 votos en pro. El Senador Roberto Gil Zuarth presentó una fe de erratas al proyecto de decreto por parte de las comisiones, la Asamblea la admitió a discusión. Para referirse a ella, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Camacho Solís del PRD y Arely Gómez González del PRI. Fue aprobada por 81 votos en pro. El proyecto de decreto se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.- Quedó de primera lectura.

(Iniciativas)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o.y 5o. y se adicionan los artículos 345 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a los gobiernos estatales y municipales a enviar a comisiones del Senadoun informe de los programas específicos, apoyos institucionales y políticas públicas destinados al apoyo de migrantes.- Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a proponer y desarrollar alternativas distintas de tratamiento a los menores migrantes al momento de su detención, así como canalización ante las autoridades correspondientes.

3) Que exhorta al Secretario de Gobernacióna informar sobre las investigaciones internas del Centro de Evaluación y Control de Confianzadel Instituto Nacional de Migración.- El Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención sobre este asunto, que se integrará al Diario de los Debates.

4) Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a considerar la situaciónque denuncian representantes de migrantes centroamericanos contra las oficinas de regularización migratoria de ese Instituto en Chiapas, sobre el maltrato de que son víctimas.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.- El Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención sobre este asunto, que se integrará al Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a efectuar un análisis exhaustivo que permita definir las variables que caracterizan a los municipios para que se generen las políticas pertinentes y se diseñe el basamento jurídico idóneo para la construcción de una reforma municipalista que atienda a los principios de subsidiariedad y federalismo cooperativo para el ejercicio oportuno de los programas destinados al orden de gobierno municipal y sus comunidades.- Intervinieron los Senadores: Raúl Morón Orozco del PRD; Mely Romero Celis del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Octavio Pedroza Gaitán del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una revisión interna exhaustiva de los procedimientos y normas para la aplicación de las medidas, providencias y técnicas utilizadas en su labor de procuración de justicia.

2) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe detallado sobre la presunta detención y puesta a disposición del Ministerio Público Federal del Diputado Manuel Aguilar Acuña, integrante del congreso del estado de San Luis Potosí, respetando la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

3) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe en el que indique si se ha iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones del Señor José Carlos Hinojosa, ex contador de la organización delictiva “Cártel del Golfo”, quien testificó ante la Corte del Distrito Oeste del estado de Texas que entregó, en el año 2004, 12 millones de dólares al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

4) Que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a analizar las acusaciones vertidas en contra de los ciudadanos Julián Ricalde Magañay Jaime Hernández Zaragoza, presidente y ex presidente interino, respectivamente, del municipio de Benito Juárez, en esa entidad federativa, por hechos presuntamente constitutivos de delitos del fuero común.

5) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la denuncia que habría sido presentada por el ciudadano David Jorge Aguilar Meraz ante la delegación de ese órgano ministerial en el estado de Tamaulipas, el pasado 25 de junio de 2013.

6) Que exhorta al gobernador del estado de Baja California a dar curso legal y resolver la denuncia presentada ante el Ministerio Público del estado por parte del Diputado Rubén Alanís Quintero, relativa a la presunta conversación que éste habría sostenido con un joven presuntamente menor de edad.

7) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe que contenga los resultados que se han tenido en la persecucióndel delito de difusión de pornografía infantil, así como los factores que considera han contribuido al crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en México.- La Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención sobre este asunto, el cual se integrará al Diario de los Debates.

8) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo un estudio de la operacióny de los resultados obtenidos por el programade protección a testigos colaboradores “testigos protegidos”), desde su creación hasta la actualidad.- La Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención sobre este asunto, el cual se integrará al Diario de los Debates.

9) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo un análisis sobre la forma en que se ha atendido y se atienden las denuncias sobre desaparición de personas que son de su ámbito de competencia.

10) Que exhorta a la Procuraduría General dela República a remitir un informe integrado con información pública que no vulnere el proceso de investigación sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada a partir de la denuncia presentada ante ese órgano ministerial, el pasado 17de abril de 2013, por el Diputado Humberto Alonso Morelli, en contra de 57 servidores públicos federales y estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos en materia electoral.

11) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los congresos de las entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio.

Los once dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntode acuerdo por el que se desecha la proposiciónque exhortaba al Presidente Enrique Peña Nieto ya los integrantes de su gabinete a completar contotal transparencia la publicitación de su situación patrimonial.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, como Centro Regional de Alta Especialidad.- Intervinieron los senadores: Octavio Pedroza Gaitán del PAN y Teófilo Torres Corzo del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida especial para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, incluir dentro de las ampliaciones al ramo de salud recursos presupuestarios para la construcción y equipamiento del hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Campeche.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Protección Civil del Senado el segundo de ellos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos a diversos proyectos de infraestructura para diversos municipios de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Puebla.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el procedimiento de adjudicación que se realizó para la contratación de servicios relativos a la restauración y rehabilitación del monumento ecuestre a Carlos IV.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas,del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de acuerdo por el que se solicita alConsejo de la Judicatura practicar una revisión a diversos expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores Ma. del Rocío PinedaGochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, junto con los productores de limón del país y la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, instalen una mesa de trabajo con objeto de revisar el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado el 15 de mayo de 2013.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y citó a la siguiente el jueves veinticuatro de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite su informe de actividades, correspondientes al primer año de ejercicio de la actual Legislatura.



Y una del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con la que remite el informe de su participación en la tercera reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y La Cuenca de El Caribe, que se llevó a cabo el 22 de octubre del año en curso en San José, Costa Rica.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y de los Senadores Gerardo Sánchez García y José Ascensión Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 80 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y de los CC. Senadores Gerardo Sánchez García y José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Vengo a presentar la siguiente iniciativa conjunto con mis compañeros Gerardo Sánchez García y José Ascensión Orihuela Bárcenas, que contiene proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria.

El objetivo es modificar el artículo 80 de la Ley Agraria adicionando mayores formalidades para la enajenación parcelaria, a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a las partes y respeto al debido proceso.

Se busca la salvaguarda a la propiedad ejidal y de las medidas protectoras a favor de clases sociales determinadas, con el fin de consolidar formas de producción social-cooperativista por medio del resguardo de la propiedad, posesión y explotación comunitaria de la tierra por sectores específicos, y se reconocen, como tareas fundamentales de México, al encontrarse contenidos dentro del artículo 27 de la Constitución.

Es a partir de la reforma a este artículo, en el 2008, que se permite a los ejidatarios y/o comuneros enajenar sus derechos parcelarios siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que marca el artículo 80 de la Ley Agraria. Se agregó la condicionante de que el contrato que se celebre entre las partes debe ratificarse en cuanto a las firmas ante un fedatario público, que deben intervenir dos testigos de la voluntad de las partes, dar aviso por escrito al comisariado ejidal y posteriormente solicitar al Registro Agrario Nacional la inscripción.

Sin embargo, para otorgar mayor certeza jurídica a las partes contratantes, deberá el fedatario público y conforme a la naturaleza del acto jurídico que realiza, cerciorarse que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General.

Aunado a que la notificación de referencia se haga por escrito al cónyuge, concubina o concubinario, en primer lugar, y a falta de él o de ella en segundo lugar, a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto o de preferencia, el cual deberán ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional o ante Fedatario Público.

Para la legislación agraria la propiedad ejidal, los derechos sobre la parcela asignada, se comparan analógicamente, según lo refiere el maestro Crescencio Uribe García, a la participación alícuota de una persona respecto de un derecho de copropiedad de bien inmueble indiviso. Esto es, reconoce a la propiedad ejidal como una forma de copropiedad comunitaria de cosa pro indivisa a favor de un grupo determinado y específico de personas, con libertades y obligaciones concretos respecto de la cosa común y la propia parte asignada, emanados tanto de la ley, cuanto de la reglamentación interna de que se doten como copropietarios, con los objetivos de garantizar la existencia de la forma social de la copropiedad y proteger los derechos y exclusividades de los titulares frente a terceros.

Históricamente las limitaciones impuestas para enajenar la parcelaria ejidal se justifica en que la propiedad ejidal es un instrumento estatuido por el Estado, con una serie de leyes y disposiciones, a través del cual el orden post revolucionario buscaba ejecutar y legitimar, en el orden jurídico positivo, uno de los tantos actos restitutivos de carácter patrimonial y laboral, a favor de grupos sociales específicos que fueran parte toral en el estallamiento y victoria de aquella lucha armada. La propiedad ejidal pretendía consumar y garantizar la restitución de tierras a favor, y de manera exclusiva, a las denominadas clases campesinas, y a las comunidades indígenas de la nación pretendiendo, a través de las formas de explotación cooperativa de la tierra y diversas restricciones que de manera defensiva se impusieran a la propiedad para garantizar la exclusividad respecto de terceros, que de la tierra deberían detentar las clases campesinas y los indígenas, para consumar una de las tareas fundamentales para el Estado post revolucionario, significándose en lo que aún hoy se reconoce como reivindicaciones sociales a favor de las clases desprotegidas.

De ahí que se determinan las medidas protectoras de la propiedad parcelaria agraria, por lo que existen dos maneras de detentar la propiedad parcelaria, por parte de los ejidatarios. Una, inicialmente protectiva, que establece limitantes a los derechos de propiedad de la unidad parcelaria reconocida y dotada a favor ejidatario de entre la tierra del ejido, limitando en un primer momento la posible enajenación de la parcela a tercero que no sea ejidatario o avecindado del ejido. Se asigna por Asamblea al ejidatario su parcela específica y se le reconocen los derechos a usar y disfrutar tanto de la parcela cuanto de las tierras de uso común de la unidad ejidal, y otra forma de propiedad plena surge una vez que es autorizado por los integrantes de la unidad ejidal, es decir, la Asamblea, el dominio pleno del ejidatario respecto de su parcela y agotadas determinadas formalidades de notificación, de derecho al tanto, al resto de los ejidatarios de la unidad y otras personas determinadas en el artículo 80 de la Ley Agraria.

Para dar mayor seguridad jurídica de las partes contratantes y sustentando las normas del derecho común, lo que se propone es que las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo, conllevan a una nulidad relativa, ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no repongan la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas, en un plazo no mayor de 3 meses, debe considerarse válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de esta disposición la fecha de celebración del acto jurídico.

Lo deviene, porque en la práctica se genera una diversidad de problemáticas relativas a la propiedad ejidal parcelaria, relacionada a la enajenación que el ejidatario pudiera realizar a terceros no integrantes de la unidad ejidal ni reconocidos como avecindados en el núcleo ejidal.

Aún y cuando pareciera persistir cierta tendencia a considerar nula toda enajenación que se realizara a terceros que no tuvieran reconocido el carácter de avecindado, o ejidatario, por la propia Asamblea Ejidal, existen interpretaciones que incluso afirman que la notificación del derecho al tanto o, preferencia de comprar, a favor de los ejidatarios y demás personas con dicho derecho no deben considerarse nulas.

Sin embargo, parece consistente el criterio de que solamente adquirido por el ejidatario el dominio pleno de su parcela, y resuelta como aprobada la plenitud propietaria del ejidatario enajenante por la Asamblea, debe considerarse como válida.

Surgen, sin embargo, otras particularidades que debe reunir la enajenación a terceros de derechos parcelarios sobre los que el ejidatario detente el dominio pleno, y al caso serían: 1) que al momento de la enajenación hayan tenido ya reconocido el ejidatario el derecho y dominio pleno sobre la parcela específica que enajena. 2) Que no enajene una parcialidad, o sea, de manera indivisa, sin acuerdo de la propia Asamblea, la unidad parcelaria. 3) Que tanto lo primero, como en su caso, lo segundo, conste en certificado expedido por el Registro Agrario Nacional reconocido a favor del ejidatario enajenante. 4) que no sea enajenado por menor de edad. 5) Que se respete el derecho al tanto a favor de las personas que previenen la norma, en los términos y con las formalidades que las leyes exigen para ello. Al caso, existen ya criterios de la corte que resultan aplicables, mismos que menciono en el cuerpo de la presente iniciativa.

Por todo lo anteriormente mencionado, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público, quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho al tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General.

b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar, y a falta de él o de ella, en segundo lugar a los hijos del enajenante quienes en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del términos de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante el fedatario público.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa

"De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Gerardo Sánchez García y José Ascención Orihuela Bárcenas integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164 numeral 1 y 2, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 80 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de lo siguiente:

OBJETIVO

Modificar el artículo 80 de la Ley Agraria adicionando mayores formalidades para la enajenación parcelaria, a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a las partes y respeto al debido proceso.

JUSTIFICACION

Se busca la salvaguarda a la propiedad ejidal y de las medidas protectoras a favor de clases sociales determinadas, con el fin de consolidar formas de producción social-cooperativista por medio del resguardo de la propiedad, posesión y explotación comunitaria de la tierra por sectores específicos, y se reconocen, como tareas fundamentales de México, al encontrarse contenidos dentro de la Constitución Política vigente en el país. Al caso, el artículo 27 de la Carta Magna dispone:

“Artículo 27.-…

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria…”

Es a partir de la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se permite a los ejidatarios y/o comuneros enajenar sus derechos parcelarios siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que marca el artículo 80 de la Ley Agraria, destacando que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2008, se agregó la condicionante de que el contrato que se celebre entre las partes debe ratificarse en cuanto a las firmas ante un fedatario público, que deben intervenir dos testigos de la voluntad de las partes, dar aviso por escrito al comisariado ejidal y posteriormente solicitar al Registro Agrario Nacional la inscripción.

Sin embargo para otorgar mayor certeza jurídica a las partes contratantes deberá el fedatario público y conforme a la naturaleza del acto jurídico que realiza, cerciorarse que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General.

Aunado a que la notificación de referencia se haga por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar, y a falta de él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto o de preferencia, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante fedatario público.

Para la legislación agraria la propiedad ejidal, los derechos sobre la parcela asignada, se comparan analógicamente, según lo refiere el maestro Crescencio Uribe García, a la participación alícuota de una persona respecto de un derecho de copropiedad de bien inmueble indiviso. Esto es, reconoce a la propiedad ejidal como una forma de copropiedad comunitaria de cosa pro indivisa a favor un grupo determinado y especifico de personas, con libertades y obligaciones concretos respecto de la cosa común y la propia parte asignada, emanados tanto de la ley, cuanto de la reglamentación interna de que se doten como copropietarios, con los objetivos de garantizar la existencia de la forma social de la copropiedad y proteger los derechos y exclusividad de sus titulares frente a terceros.

Históricamente las limitaciones impuestas para enajenar la parcelaria ejidal se justifica en que la propiedad ejidal es “un instrumento estatatuido por el Estado, con una serie de leyes y disposiciones, a través del cual el orden posrevolucionario buscaba ejecutar y legitimar, en el orden jurídico positivo, uno de los tantos actos restitutivos de carácter patrimonial y laboral, en favor de grupos sociales específicos que fueran parte toral en el estallamiento y victoria de aquella lucha armada –por cuestiones de carácter ideológico, procedentes del espíritu social revolucionario, plasmado en la Constitución Vigente”-, esto es, la propiedad ejidal pretendía consumar y garantizar la restitución de tierras a favor, y de manera exclusiva, a las denominadas “clases campesinas”, y a las comunidades indígenas de la Nación, pretendiendo, a través de las formas de explotación cooperativa de la tierra y diversas restricciones que de manera defensiva se impusieron a la “propiedad” para garantizar la “exclusividad” respecto de terceros, que de la tierra debían detentar las clase campesina y los indígenas, para consumar una de las tareas fundamentales para el Estado posrevolucionario, significándose en lo que aún hoy se reconoce como “reivindicaciones sociales a favor de clases desprotegidas”.

De ahí que se determinan las medidas protectoras de la propiedad parcelaria agraria, son dos maneras de detentar la “propiedad” parcelaria, por parte de los ejidatarios. Una, inicialmente protectiva, que establece limitantes a los derechos de propiedad de la unidad parcelaria reconocida y dotada a favor ejidatario de entre la tierra del ejido, limitando en un primer momento la posible enajenación de la parcela a tercero que no sea ejidatario o avecindado del ejido, y otra forma de propiedad plena que, mediante resoluciones derivadas de votación en Asamblea de ejidatarios y otra serie de procedimientos instituidos por la ley para garantizar a los integrantes del ejido su derecho “social” de conservar “entre ellos mismos” la parcela del ejidatario enajenante; que una vez agotados liberan al ejidatario de las limitantes iníciales a la propiedad de su parcela, dotándole de “dominio pleno” respecto de la unidad parcelaria que previamente le fue dotada, reconocida, y protegida por la sociedad y el orden jurídico a través del régimen legal ejidal.

La primera de estas formas de propiedad surge en un primer momento, cuando se asigna por Asamblea al ejidatario su parcela específica y se le reconocen los derechos a usar y disfrutar tanto de la parcela, cuanto de las tierras de uso común de la unidad ejidal. La segunda forma de propiedad surge una vez que es autorizado por los integrantes de la unidad ejidal –representados en Asamblea- el dominio pleno del ejidatario respecto de su parcela, y agotadas determinadas formalidades de notificación de derecho al tanto al resto de los ejidatarios de la unidad y otras personas determinadas por la Ley Agraria.

En este ordenamiento se dispone:

“Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo”.

Para mayor seguridad jurídica de las partes contratantes y sustentando las normas del derecho común, las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo, conllevan a una nulidad relativa, ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas, en un plazo no mayor de tres meses, debe considerarse válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de la presente disposición la fecha de celebración del acto jurídico.

Lo deviene, porque en la práctica se genera una diversidad de problemáticas relativas a la propiedad ejidal parcelaria, relacionada a la enajenación que el ejidatario pudiera realizar a terceros no integrantes de la unidad ejidal, ni reconocidos como avecindados en el núcleo ejidal.

Aún y cuando pareciera persistir cierta tendencia a considerar nula toda enajenación que se realizara a terceros que no tuvieran reconocido el carácter de avecindado, o ejidatarios, por la propia Asamblea Ejidal, existen interpretaciones que incluso afirman que la notificación del derecho al tanto –preferencia de comprar- a favor de los ejidatarios y demás personas con dicho derecho no deben considerarse nulas.

Sin embargo, parece consistente el criterio de que solamente adquirido por el ejidatario el dominio pleno de su parcela, y resuelta como aprobada la plenitud propietaria del ejidatario enajenante por la Asamblea, debe considerarse como válida.

Surgen, sin embargo, otras particularidades que debe reunir la enajenación a tercero de derechos parcelarios sobre los que el ejidatario detente el dominio pleno, y al caso serían: 1) Que al momento de la enajenación haya tenido ya reconocido el ejidatario el derecho y dominio pleno sobre la parcela específica que enajena. 2) Que no enajene una parcialidad, o sea, de manera indivisa, sin acuerdo de la propia Asamblea, la unidad parcelaria. 3) Que tanto lo primero, como en su caso, lo segundo, conste en certificado expedido por el Registro Agrario Nacional, reconocido en favor del ejidatario enajenante. 4) Que no sea enajenado por menor de edad. 5) Que se respete el derecho al tanto a favor de las personas que previene la norma, en los términos y con las formalidades que las leyes exigen para ello. Al caso, los siguientes criterios de la corte resultan aplicables:

“Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Febrero de 2004 Página: 130 Tesis: 2a./J. 5/2004 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO.

Las reformas constitucional y legal efectuadas en materia agraria en 1992, atribuyeron a los ejidatarios facultades para otorgar el uso de sus tierras; transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; obtener de la asamblea ejidal el dominio sobre sus parcelas y el respeto de su derecho de preferencia en caso de que éstas se enajenen. Sin embargo, no pueden disponer libremente de tales facultades, sino hasta que la asamblea les otorgue el dominio pleno, de conformidad con la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 81 de la Ley Agraria, por lo que en tanto ello no ocurra, la prerrogativa que le concede el artículo 80 de la indicada ley, para enajenar sus derechos sobre las tierras parceladas que posee, exclusivamente puede ejercerla entre los ejidatarios o avecindados del núcleo de población. De lo anterior se concluye que si un ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno sobre las parcelas que posee, la cesión de derechos que realice a un tercero que no pertenece al ejido como ejidatario ni como avecindado, aún cuando sea a título gratuito, indudablemente causa un perjuicio al núcleo de población, pues con independencia de que omite respetar los derechos de preferencia y exclusividad de transmisión de derechos parcelarios entre sus miembros, ese acto constituye una enajenación de tierras ejidales respecto de las cuales el ejido continúa siendo el propietario, en términos del artículo 9o. de la ley citada y, por ende, este último por conducto de su representante, el comisariado ejidal, previo acuerdo de la asamblea, está legitimado para demandar la nulidad de tal contrato, no como representante de sus miembros, cuyo derecho del tanto no se haya respetado (a pesar de existir disposición expresa que así lo obliga), sino en su carácter de propietario, que resulta afectado con la enajenación de los derechos sobre esas tierras ejidales, realizada en contravención al referido artículo 80, toda vez que la limitante expresa contenida en ese precepto legal, de que los adquirentes deben tener el carácter de ejidatarios o avecindados, evidentemente atiende al interés de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido, además de que el legislador, con la prerrogativa otorgada a los ejidatarios para que pudieran enajenar sus derechos parcelarios no pretendió que personas extrañas al ejido pudieran incorporarse a él, sin la previa autorización de la asamblea de ejidatarios.

Contradicción de tesis 113/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Tercero y Segundo, todos del Décimo Séptimo Circuito. 16 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. Tesis de jurisprudencia 5/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil cuatro.

Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Junio de 1998 Página: 639 Tesis: XIX. 1o. 11 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

DERECHOS PARCELARIOS VENTA DE. A PERSONAS AJENAS AL NUCLEO EJIDAL.

La facultad que el artículo 84 de la nueva Ley Agraria otorga a los ejidatarios para vender sus derechos parcelarios a personas ajenas al núcleo de población, respecto de aquellas parcelas sobre las que ya se tiene el dominio pleno, no es irrestricta ni arbitraria sino que deben cumplirse los requisitos que dicho dispositivo señala así como los diversos consignados en el artículo 80 del mismo ordenamiento legal; de tal manera que el contrato que contenga aquella operación, debe consignar la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos; y demostrar que se notificó oportunamente lo pactado al Registro Agrario Nacional, para que éste expida los nuevos certificados y a su vez el Comisariado Ejidal haga la inscripción en el libro correspondiente. Además, cuando existe cónyuge o hijos del enajenante o cedente, también se les notificará y en defecto de ellos se hará saber a las personas que hubieren trabajado la parcela por más de un año, así como también a los ejidatarios, los avecindados y al núcleo de población ejidal, en ese orden, quienes gozarán del derecho del tanto que deberán ejercer en un término de treinta días naturales, contados a partir de la notificación, so pena de caducidad. En caso de que esta notificación no se hubiere hecho, el precepto en comento claramente establece que la venta podrá ser anulada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo directo 113/98. Lorena Montantes González, albacea a bienes de Mateo Montantes Gutiérrez y María de Jesús González Gómez. 29 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales.

Por ejecutoria del 28 de marzo de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 216/2006-SS, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Por ejecutoria del 25 de mayo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 176/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva”.

Para concebir las diferencias se hace un cuadro comparativo del estado actual y la propuesta:

ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidadpor escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público; quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General;

b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar, y a falta de él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante Fedatario Público

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo

d) Las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo estará afectadas de nulidad relativa, ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas, en unplazo no mayor de tres meses, se tendrá por válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de la presente disposición la fecha de celebración del acto jurídico.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 80 DE LA LEY AGRARIA para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

“Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público; quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General;

b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar, y a falta de él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante Fedatario Público

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo

d) Las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo estará afectadas de nulidad relativa, ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas, en unplazo no mayor de tres meses, se tendrá por válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de la presente disposición la fecha de celebración del acto jurídico”.

ARTICULO TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de octubre de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas".

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Martínez Espinoza.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Senadora Verónica Martínez, le pregunta el Senador Aispuro Torres si acepta que se adhiera a su propuesta. Aceptado, Senador Aispuro Torres.

Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A EFECTO DE CREAR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LAS FISCALIAS GENERALES  DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, COMO ORGANISMOS AUTONOMOS

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del C. Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores.

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, modernizar la capacidad de investigación y combate del delito debe ser una tarea prioritaria en la agenda gubernamental, al ser actualmente la delincuencia la peor amenaza a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en nuestro país.

Sin duda, los tiempos actuales de ejercicio de libertades y respeto a los derechos humanos propios de un Estado democrático de derecho, hacen necesario que las instituciones públicas tengan capacidad de respuesta para los legítimos reclamos sociales consistente en lograr mejores condiciones de seguridad.

En ese sentido, un reclamo prioritario es contar con instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes, honestas, que velen en todo momento por la exigencia histórica de procurar un real acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, sobre la parte de su actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo político.

De acuerdo a una encuesta, en recientes fechas, realizada por el Grupo Reforma respecto de la confianza ciudadana hacia las instituciones del país al mes de abril de 2013, de una lista de 18 instituciones, la Procuraduría General de la República se encuentra en el lugar número 13, sólo un punto arriba de la policía, dos de las Cámaras del Congreso de la Unión y finalmente 4 de los partidos políticos, quienes se ubican en el último lugar.

Sin duda la búsqueda de la autonomía de las instancias de procuración de los delitos ha sido un tema presente por muchos años en la agenda ciudadana, académica e incluso legislativa de nuestro país, al grado de existir diversas propuestas legislativas de varias fuerzas políticas que se pronuncian por lograr una verdadera autonomía del Ministerio Público, mismas que constituyen referentes válidos para el proceso de análisis y discusión de este tema fundamental inscrito en el proceso de reforma política que se desarrolla en estos momentos en el Congreso de la Unión y que además han servido de referentes importantes en el proceso de confección de la presente iniciativa.

En el ámbito académico el tema de la autonomía del órgano de procuración de justicia no ha sido la excepción, por el contrario, habrá que reconocer que históricamente este importante sector de la sociedad ha sido el que ha pugnado por esta propuesta a través de diversos estudios, investigaciones y aportaciones que establecen la conveniencia, las bondades y las ventajas que traería consigo la autonomía del Ministerio Público para el sistema de justicia.

Pero sin duda alguna, la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio derivado de la reforma de junio de 2008, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, constituyen hitos en la historia constitucional de nuestro país que apuntalan la necesidad de transitar hacia la autonomía de la institución del Ministerio Público, toda vez que dentro de un sistema penal democrático de derecho, de corte acusatorio, lo ideal es que todo órgano de acusación goce de autonomía necesaria para poder realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de todo tipo de influencia, dependencia o presión que pueda en determinado momento pervertir el ejercicio de esta importante función.

Es así que dentro de las propuestas de reforma integral de nuestro sistema de justicia penal, la autonomía de los órganos de procuración de justicia constituye un aspecto fundamental, a partir de las nuevas funciones que le asigna el propio sistema de justicia, en donde el fiscal se erige como un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad y autonomía técnica y lealtad que le impone el modelo acusatorio.

Cabe señalar que la autonomía de los órganos encargados de la investigación de los delitos dentro del sistema acusatorio, ha sido una constante en diversos países que han adoptado a dicho modelo como su sistema de justicia penal, particularmente en Latinoamérica.

Sin duda, todos los modelos planteados por el derecho comparado arrojan una serie de características que brindan autonomía a las fiscalías o procuradurías en el ejercicio de sus funciones, mismas que incluso han sido señaladas en diversos estudios especializados en la materia entre los cuales se encuentran la inmediatez constitucional, la esencialidad, la paridad de rango, la autonomía orgánica, técnica y funcional, apoliticidad, transparencia, permanencia así como un funcionamiento apegado al estado de derecho.

En tal contexto, en términos generales la presente iniciativa plantea una serie de reformas y adiciones que, junto con el Senador Javier Corral presentamos hoy ante esta Soberanía donde pretendemos cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de crear la Fiscalía General de la República, así como las Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, como organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, ubicadas fuera de los tres poderes tradicionales tanto de la federación, como en las entidades federativas respectivamente.

Esta iniciativa viene a complementar la propuesta de reforma política que ha presentado el Partido Acción Nacional, donde uno de los aspectos es justamente la independencia de autonomía de la Procuraduría General de la República, y en esta reforma además adicionamos algunos otros elementos que son importantes para que tenga sentido esta reforma que ya ha planteado y que de manera histórica ha presentado nuestro partido.

Entre las principales propuestas planteadas en esta iniciativa destacan:

- Modificar el término Ministerio Público, por fiscal, en función de la nueva concepción que debe asumir esta institución de cara al sistema de justicia penal acusatorio.

Este nuevo esquema implica que el fiscal ejerza la conducción y mando de la policía en ejercicio de la fusión de investigación y ésta se constituya en una verdadera fuente de investigación con sentido jurídico, teniendo como guía los requerimientos típicos del caso.

- Se prevé la intervención del Fiscal General de la República, respecto de la facultad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para la restricción o suspensión de derechos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública.

- Se elimina la mención del Procurador General de la República para ser citado por el Congreso como parte de las dependencias del Ejecutivo Federal en el marco de Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.
- Se prevé facultar al Senado de la República para designar, por el voto de las dos terceras partes, al Fiscal General de la República así como ratificar a los fiscales adjuntos de la Fiscalía General de la República.

- Se elimina la facultad de la Comisión Permanente de participar en su caso, en el proceso de designación del titular de la Fiscalía General de la República.

- Se regula la organización de la Fiscalía General de la República, misma que tendrá las siguientes características:

- Será un organismo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

- En el ejercicio de su función se regirá su actuación bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad y eficiencia.

- Estará presidida por un Fiscal General designado por el Senado de la República.

- Durante su encargo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación de la Fiscalía.

Para ser Fiscal de la República se establecen en esta propuesta los requisitos.

- También se prevé que corresponda a la Fiscalía General de la República la persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal así como los del orden común en los casos previstos por la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.

- Entre otras atribuciones se prevé que el Fiscal General de la República intervenga personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución.

- Que el Fiscal General de la República nombrará, con ratificación del Senado, a los Fiscales Adjuntos de la institución, incluido el responsable de la atención de los delitos electorales.

Que el Fiscal General de la Federación presente anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades, al efecto de esto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Y se adiciona un apartado C del artículo 102, el cual contempla la figura de la Consejería Jurídica de la Federación, misma que estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal, para tal efecto, que establezca esta ley.

En suma, esta propuesta que hoy presentamos ante el Pleno de este Senado es un replanteamiento integral de las instancias de procuración de justicia en el país retomando propuestas referentes, planteados al efecto en los últimos años, y ajustándolos a las nuevas necesidades y requerimientos que impone la nueva realidad que atraviesa nuestro país en la consolidación de un Estado democrático de derecho sobre la base de un nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, que estamos preocupados por lograr mejores condiciones en nuestro Sistema de Justicia Penal, y las exigencias y necesidades de la ciudadanía en este sentido presentamos ante este Senado la presente iniciativa que solicitamos se integre íntegra al Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, en el contexto actual, desde mi punto de vista, de una profunda desaceleración económica, resulta de suma urgencia, y creo que aquí nadie debe negarlo, contar con mecanismos que permitan reactivar la economía mexicana a la brevedad posible, para ello se requiere aplicar al marco jurídico que regula el destino de la inversión que deben aplicar las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, buscando consolidar a estas sociedades de inversión como verdaderos inversionistas institucionales con capacidad para favorecer el desarrollo y bienestar a nivel local, estatal y nacional. Es de imperiosa necesidad que las llamadas SIEFORES canalicen mayores recursos, mayores inversiones a proyectos productivos en el sector privado, contribuyendo así a la profundización de los mercados financieros. En particular, se requiere ampliar las alternativas a través de los Certificados de Capital de Desarrollo, así como del impulso al mercado de Ofertas Públicas Iniciales y las mercancías.

Encontramos aquí, compañeras y compañeros, un primer momento para una reflexión, que deseo compartirles, el hecho de que el 17.7% del total de carteras de inversión de las SIEFORES se encuentra invertido en instrumentos internacionales, lo que rompe con los objetivos primarios de fomentar la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de la infraestructura estratégica del país y, por supuesto, el desarrollo regional.

En ese sentido, si revisamos las cifras que las SIEFORES han invertido en el sector privado en México, tenemos que al cierre del primer semestre del año 2013 las inversiones totales ascendieron a 640.7 mil millones de pesos, de los cuales se han destinado 340.5 mil millones de pesos a proyectos productivos públicos y privados a través del mercado de deuda privada de largo plazo, esto es el 2.2% del Producto Interno Bruto Nacional; también quiero comentarles que se han destinado 82.9 mil millones de pesos a proyectos productivos nacionales a través de instrumentos estructurados, esto es del orden del 0.5% del PIB, de los cuales 65 mil millones de pesos corresponden a los llamados Certificados de Capital de Desarrollo. Asimismo, destaca el financiamiento a paraestatales también del orden del 0.5% del PIB, al sector vivienda del orden del 0.4% del PIB y al sector carretero del orden del 0.3% del PIB. De lo anterior podemos concluir que si tomáramos el 17% de toda la inversión de las SIEFORES que se encuentra en instrumentos gubernamentales y lo aplicásemos al país, podríamos tener un extra de inversión nacional del orden del 2 por ciento del Producto Interno Bruto, esto evidentemente tendría consecuencias importantes y muy positivas para nuestra economía.

Lo que planteo es que de esta manera lo que buscamos con esta iniciativa es incentivar la inversión del país a través, como se planteaba en un principio por parte de la Mesa Directiva, de hacer una modificación al artículo 48 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, asegurando que el régimen de inversión tienda a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo, acorde al sistema de pensiones. Además de proveer que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y del desarrollo regional.

Es por esa razón que nosotros vamos a estar atentos, señor Presidente, para que en la comisión respectiva puedan aprobar esta iniciativa que presento.

Muchas gracias.

Iniciativa

"El suscrito, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracciOn XI del ArtIculo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala que el régimen de inversión que apliquen las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el artículo en cuestión señala que el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. Para tal efecto, se proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional.

Finalmente, dicho artículo señala que las sociedades de inversión deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión que mediante reglas de carácter general establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de Vigilancia, debiendo ser favorable esta última.

Con este marco de fondo, que nos establece cómo y en qué deben aplicarse los recursos para el retiro de los trabajadores, nos encontramos que los Criterios Generales de Política Económica 2014 señalan que al cierre de julio de 2013, los activos administrados por las AFOREs alcanzaron 12.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y las plusvalías acumuladas en los últimos 12 meses ascienden a 28.6 mil millones de pesos (mmp) y representan en términos absolutos el 1.5% de los activos netos de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFOREs).

De igual forma, los Criterios Generales señalan que al cierre de julio de 2013 las carteras de inversión de las SIEFOREs Básicas tienen el 50.5% del total de las inversiones en valores gubernamentales, el 18.1% de inversiones en instrumentos de deuda privada nacional, el 17.7% se encuentra invertido en instrumentos internacionales, el 9.6% en instrumentos de renta variable nacional y 4.1% en instrumentos estructurados.

Encontramos aquí un primer momento para la reflexión, el hecho de que el 17.7% del total de las carteras de inversión de las SIEFOREs se encuentre invertido en instrumentos internacionales, rompe con los objetivos primarios de fomentar la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional.

El “por qué” se permite esto se fundamenta en el numeral XI del Artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cual señala que las sociedades de inversión no podrán adquirir valores extranjeros en el régimen de inversión distintos a los autorizados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y que estos valores no deberán exceder el 20% del activo total de la sociedad de inversión.

En este sentido, si revisamos las cifras que las SIEFORES han invertido en el sector privado en México tenemos que al cierre del primer semestre de 2013 las inversiones totales ascendieron a 640.7 mil millones de pesos (mmp), de los cuales se han destinado 340.5 mmp a proyectos productivos públicos y privados a través del mercado de deuda privada de largo plazo (2.2% del PIB); también se han destinado 82.9 mmp a proyectos productivos nacionales a través de instrumentos estructurados (0.5% del PIB), de los que 65.0 mmp corresponden a Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs). Asimismo, destaca el financiamiento a paraestatales (0.5% del PIB), al sector vivienda (0.4% del PIB) y al sector carretero (0.3% del PIB). De lo anterior podemos concluir que si tomáramos el 17% de toda la inversión de la SIEFORES que se encuentra en instrumentos gubernamentales y lo aplicáramos en el país, podríamos tener un extra de inversión nacional del orden de un 2% del Producto Interno Bruto, esto tendría consecuencias muy importantes y positivas para nuestra economía.

De acuerdo con información del Banco de México, durante la primera mitad de 2013, se acentuó la desaceleración que la economía mexicana empezó a presentar desde la segunda mitad del año anterior. Esta pérdida de dinamismo obedeció a una serie de choques adversos, tanto internos como externos, entre los que destacan:

• El menor dinamismo del gasto público que suele observarse durante el cambio de administración, lo que contribuyó a un menor ritmo de expansión de la demanda interna.

• La inversión fija bruta registró un desempeño débil, el cual reflejó, en buena medida, un comportamiento adverso en el gasto en inversión en maquinaria y equipo importado y un estancamiento del sector de la construcción, esto último, a su vez, obedeció a la pérdida de dinamismo de la construcción pública y a la tendencia negativa que presentó la construcción de vivienda.

• Las exportaciones manufactureras continuaron mostrando una notoria desaceleración. Reflejado en el comportamiento desfavorable de las exportaciones no automotrices, así como de las automotrices dirigidas a países distintos a Estados Unidos.

• El gasto interno también registró una pérdida de dinamismo. En particular, el consumo privado mostró un debilitamiento en su ritmo de expansión. Los indicadores de las ventas al menudeo y mayoreo en establecimientos comerciales exhibieron una trayectoria negativa en el semestre.

• En congruencia con lo anterior, algunos determinantes del consumo mostraron una evolución desfavorable en los primeros dos trimestres del año en curso, como es el caso de las remesas familiares y el ingreso real promedio de los trabajadores asegurados en elIMSS.

Por lo anteriormente expuesto, es de suma urgencia disponer de mecanismos que permitan reactivar la economía mexicana a la brevedad posible, es por ello que se requieren aplicar cambios al marco jurídico que regula el destino de la inversión que deben aplicar las SIEFOREs, de esta manera podríamos consolidar a las SIEFOREs como verdaderos inversionistas institucionales con capacidad para favorecer el desarrollo y bienestar a nivel local, estatal y nacional. Es de imperiosa necesidad que las SIEFOREs canalicen mayores inversiones a proyectos productivos en el sector privado, contribuyendo así a la profundización de los mercados financieros. En particular, se requiere ampliar las alternativas a través de las CKDs, las FIBRAs, así como del impulso al mercado de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) y las mercancías.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

Unico.- Se reforma la fracción XI del Artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

“Artículo 48.- Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente:

……

XI. Adquirir valores extranjeros distintos a los autorizados por la Comisión en el régimen de inversión. Estos valores no deberán exceder el 5% del activo total de la sociedad de inversión, y”

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Sociedades de Inversión tendrán un máximo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la presente modificación para regularizar su situación y no exceder el 5% del activo total de la Sociedad adquirido en valores extranjeros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya".

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya, qué amable.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 47 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el C. Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Emilio González Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

La basura generada en nuestro país representa una de las problemáticas ambientales y de salud pública más graves cuando se arroja a los ríos, calles y lotes baldíos.

Pero ese daño es mayor cuando esa basura tiene residuos peligrosos, ya que tienen características tóxicas, reactivas y explosivas, ocasionando efectos nocivos en la salud, flora y fauna.

En ese sentido, al tener una inadecuada exposición final de la basura peligrosa se provoca daños al ambiente agotando recursos naturales, ejerciendo mayor presión sobre la naturaleza, formando gases de efecto invernadero, por mencionar sólo algunos.

Respecto a los daños en la salud de las personas que manipulan este tipo de residuos, se reflejan en enfermedades graves como el cáncer, además de intoxicaciones o quemaduras.

En nuestro país se generan al año 5 millones de toneladas de residuos peligrosos que tienen que ser dispuestas adecuadamente.

Cabe señalar que en algunas regiones del país este problema es mayor por la actividad industrial y comercial.

Es por ello que las personas que generan residuos peligrosos tienen la responsabilidad de manipularlos de manera segura y ambientalmente viable, al igual que realizar una correcta disposición final.

La preocupación del Partido Verde al presentar esta iniciativa, es que de la totalidad de los generadores de residuos peligrosos, divididos entre grandes, pequeños y micro generadores, el 37 por ciento corresponde a los pequeños, los cuales no tienen una clara obligación y responsabilidad para su eficaz manejo y disposición final en la Ley Ambiental actual.

Es decir, por esta imprecisión en la ley, la manipulación de los residuos peligrosos por el pequeño sector es inadecuado y riesgos, así como dañino al ambiente y a la salud de quienes lo manejan, lo cual trae como consecuencia pocos medios de control que permitan su evaluación y vigilancia.

El Partido Verde, con esta iniciativa busca que las pequeñas empresas tengan el pleno conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades frente al control de estos residuos peligrosos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador González Martínez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que pasaremos a la discusión de diversos dictámenes. Les solicito estar atentos al desarrollo de nuestra sesión, en virtud de que se realizarán votaciones nominales que se requerirán.

A los alumnos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y del Estado de Tlaxcala de los semestres segundo y quinto, sean ustedes bienvenidos, fueron invitados por la Senadora Martha Palafox.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3 de la Ley General de Salud, en materia de genoma humano.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 103 BIS 1 Y 103 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Genoma Humano.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de enero de 2012, el Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 103 Bis 1 Y 103 Bis 3 de la Ley General de Salud, en materia de genoma humano.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Colegisladora, turnó la mencionadainiciativa a la Comisión de Salud, de la H. Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 13 de marzo de 2012, se presentó el Dictamen en el Pleno la Cámara de Diputados. Aprobándose con 332 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

3. Con fecha 15 de marzo de 2012, se recibió oficio de la Cámara de Diputados que remite la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Genoma Humano.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y Estudios Legislativos, Primera.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente minuta, busca en el caso de la reforma al Artículo 103 Bis 1, dar una mejor redacción a la disposición en materia de genoma humano y por lo que respecta a la reforma del Artículo 103 Bis 3, pretende hacer explícito el estudio del genoma humano.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, se reconoce plenamente, que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones, abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda la humanidad, pero se destaca al mismo tiempo, que también se deben respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la persona, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las características genéticas, es a partir de ello, que se proclamaron diversos principios.

Dicha declaración define el genoma humano como "La base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad."

En el mismo sentido, señala que una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional.

Otro principio importante, en materia de regulación del genoma humano, establecido en la presente declaración, establece que ninguna investigación relativa al genoma humano, ni ninguna de sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad de los individuos, o bien, grupo de individuos.

Pero además, señala que toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos, principio que debe ser fundamental en toda sociedad, regulando la prohibición de todo monopolio que pretenda beneficiarse de los avances científicos que a partir de su estudio se obtengan.

C.La legislación mexicana no contaba con un marco jurídico seguro que garantizarálos principios de desarrollo individual y dignidad en el estudio del genoma humano, en armonía con la Declaración Universal del Genoma Humano en comento, es por ello según lo señala la Colegisladora, en la reforma donde se estableció que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejora en la salud delos individuos y de toda la humanidad y se destaca que deben respetarse primordialmentela dignidad, la libertad y los derechos del ser humano, y prohibir enérgicamente toda forma de discriminación fundada en las características genéticas, se detectaron dos errores en la redacción de la reforma, en los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3. Dichos errores corresponden más a errores gramaticales que no representaban un cambio de fondo en la sustancia de la reforma, pero que es necesaria su corrección para evitar futuras malas interpretaciones.

D. Los cambios propuestos en la minuta, consisten en:

1. Para el artículo 103 Bis 1, dejar claro que tanto el genoma humano como el conocimiento derivado de éste son patrimonio de la humanidad. La redacción actual de la Ley General de Salud dice: "El genoma humano y el conocimiento sobre éste es patrimonio de la humanidad". Al cambiar la conjugación del verbo de singular a plural, se deja sin duda que tanto el genoma humano, como lo establece la Declaración en comento, como el conocimiento derivado de éste, son patrimonio de la humanidad.

2. Para el artículo 103 Bis 3 se establece que todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable. Hoy en día la Ley General de Salud dispone que: "Todo estudio en este campo deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable". Si en algún momento se cambiara el orden de los artículos, la denominación del título 5o. Bis, u algún otro ordenamiento de la ley, podría quedar la situación de que "el campo" al que hace referencia el artículo 103 Bis 3 no sea necesariamente el del genoma humano. La nueva redacción evitaría ese problema al establecer lo siguiente: "Todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable."

E. Algunos de los principales beneficios derivados de la investigación del genoma humano, son el diagnóstico y prevención de enfermedades, con lo cual se obtiene información del pronóstico y evolución de una enfermedad, detectar la presencia de enfermedades en pacientes asintomáticos y con variados grados de certeza, para predecir el riesgo de enfermedades futuras en personas sanas y en sus descendencias; además el estudio de susceptibilidad en las enfermedades; y la intervención sobre la enfermedad, donde el procedimiento implica reemplazar, manipular o suplementar los genes no funcionales con genes funcionales, de lo cual se deriva la investigación para técnicas con las que se puedan tratar enfermedades hereditarias.

F. Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, estiman viable la aprobación de la minuta en comento, conla finalidad de actualizar la ley, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de genoma humano.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 103 Bis 1 y Bis 3, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 103 Bis 1. El genoma humano y el conocimiento sobre éste son patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo.

Artículo 103 Bis 3. Todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable.

...

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA".

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, se reconoce plenamente, que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones, abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda la humanidad.

Dicha declaración define el genoma humano como "la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad". En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.

En este rubro existen principios de investigación, tratamiento o diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, mismo que sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional.

Otro principio importante, en materia de regulación del genoma humano, establecido en la presente declaración, establece que ninguna investigación relativa al genoma humano, ni ninguna de sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad de los individuos o bien, grupo de individuos.

Hay que señalar que algunos de los principales beneficios derivados de la investigación del genoma humano, son el diagnóstico y la prevención de enfermedades, con la cual se obtiene información del pronóstico y evolución de una enfermedad, detectar la presencia de enfermedades en pacientes asintomáticos y con varios grados de certeza para predecir el riesgo de enfermedades futuras en personas sanas y en su descendencia; además el estudio de susceptibilidad en las enfermedades; y la intervención sobre la enfermedad, donde el procedimiento implica remplazar, manipular o suplementar los genes no funcionales con genes funcionales, de lo cual se deriva la investigación para técnicas con las que se puedan tratar enfermedades hereditarias.

Los cambios propuestos en la minuta consisten para el artículo 103 Bis 1, dejar claro que tanto el genoma humano como el conocimiento derivado de éste son patrimonio de la humanidad; y el artículo 103 Bis 3, una correcta redacción que evitaría confusión en materia de genoma humano al establecer que, todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable.

Es por lo anterior, compañeros, que los exhorto a votar a favor en los términos en que se presenta dicho dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Está a discusión en lo general.

Senador Zoé Robledo Aburto, tiene el uso de la palabra.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente.

En la transición del siglo XX al siglo XXI, un evento capturó la atención de todo el mundo, el anuncio de la completa secuenciación del genoma humano en junio del año 2000. El proyecto internacional del genoma humano se realizó bajo la hipótesis de que sus resultados serían muy benéficos para la humanidad.

Sin embargo, como cualquier otra tecnología, planteó situaciones que deberían de ser reguladas, los cimientos del proyecto genoma humano se fundan en 1977, año en el que el doctor Sanger, que después ganó el Premio Nobel de Química, diseñó una técnica que hizo posible la secuenciación completa del genoma de un virus.

Este hecho marcó el inicio de una serie de descubrimientos y la implementación de nuevas técnicas y el desarrollo de programas de análisis computarizados que culminaron en la secuenciación del genoma del primer organismo vivo en 1995. La bacteria que se analizó en aquel momento, que era responsable de la enfermedad de la influenza, con un tamaño de genoma de un millón 800 mil pares de bases.

La conjugación de todos estos avances técnicos en materia de biología molecular, como la automatización de los análisis generaron la aparición de una nueva ciencia, la Genómica, unión de dos disciplinas diferentes, por un lado la computación y la biología.

Dicha unión ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de nuevas disciplinas que han traído consigo grandes avances y que sobre todo favorecen el futuro del desarrollo de la medicina. Como todo avance tecnológico y científico, las posibilidades de su uso fueron sujetas a regulación y por esas razones es que en 1993 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, integró un grupo multinacional dedicado exclusivamente a discutir los problemas bióticos planteados en el proyecto de genoma humano.

Su mandato inicial fue hacer un documento titulado la "Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos", siendo el mérito indiscutible de este texto el equilibrio que se establece entre la garantía del respeto de los derechos fundamentales y la necesidad de garantizar la libertad de la investigación. A pesar de lo anterior, México no contaba con un marco jurídico seguro que garantizara que los principios de desarrollo individual y dignidad en el estudio del genoma humano, hasta las reformas del 11 de diciembre de 2012; en dichas reformas, como todos ustedes saben, se establecieron principios democráticos de dignidad, igualdad y respeto mutuo entre las personas, respaldados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, así como la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las forma de Discriminación Racial.

No obstante, todo lo anterior, se detectó la existencia de dos errores en la redacción de la reforma, dichos errores son gramaticales, pero si hoy, este Senado de la República no los corrige, podríamos permitir una mala interpretación de estas disposiciones.

Por este motivo en el año de 2012, en enero, el Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de genoma humano, cuyo dictamen estamos votando el día de hoy.

Este dictamen, lo que propone es reformar los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3 de la Ley General de Salud, para establecer una mucho mejor redacción a la disposición en materia de genoma humano y de esta manera establecer de forma explícita y sin que quepa ninguna duda que el genoma humano y su conocimiento son patrimonio de la humanidad, que no se puede lucrar con esto, y que además es una materia sobre la que se debe seguir investigando y se debe de seguir poniendo al servicio de la salud, de la dignidad humana y, sobre todo, de los derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación.

La importancia, compañeras y compañeros Senadores, de este dictamen, radica en que podemos evitar una mala interpretación lingüística o gramatical que lesione los derechos de acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, de manera que se pueda, a la vez, respetar su dignidad y su derecho, principio que debe de ser fundamental en toda sociedad, regulando la prohibición de todo monopolio que pretenda beneficiarse de los avances científicos que a partir de su estudio se pueden obtener.

Muchas gracias por su atención, compañeros Senadores.

Es cuanto Senador Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto de su intervención, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse lo avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 104 votos a favor.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3 de la Ley General de Salud.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ahora tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 1 Bis de la Ley General de Salud, sobre la definición del término salud.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 1o. BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 1º Bis a la Ley General de Salud, relativo a la definición de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas se expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de marzo del 2012, los Diputados Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Jorge Kahwagi Macari (Nueva Alianza) y María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona un artículo 1o. Bis, reforma el artículo 3o. fracción XII, artículo 27, fracción IX, artículo 111, fracción II; reforma el Capítulo III del Título Séptimo, los artículos 114 y 115 fracciones IV y V; adiciona un inciso a), b), c), d) a la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, en materia de la inserción de Definiciones Necesarias.

2. Con la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Colegisladora dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 5 de marzo de 2013 se aprobó por la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República para sus efectos de dictaminación.

4.- Con la misma fecha se turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para su respectiva Dictaminación.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La presente minutatiene la finalidad de homogeneizar y plasmar en la Ley General de Salud la definición de SALUD, la cual es acorde con lo que dicta la Organización Mundial de la Salud.

La iniciativa en comento, intenta colocar en la Ley General de Salud términos correctos, homogéneos, concretos y entendibles para los mexicanos.

Adiciona así un artículo 1 Bis para definir dicho concepto y entenderla salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que buscan regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios.

B. Cabe hacer mención que dicha reforma se deriva de una iniciativa que pretendía reformar diversos artículos y con ello establecer diversas definiciones necesarias en tema de salud nutrimental, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y prevenir enfermedades cardiovasculares y aquellas que derivan de la obesidad, enfocándose también a la niñez; dichas definiciones marcadas dentro de diversas normas oficiales mexicanas serian puestas en Ley, como a la letra se marca:

Ley General de Salud

Artículo 1o. Bis: Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I-XI. ...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, actividad física, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII-XXXI ...

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I-VIII. ...

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición y actividad física, y

X-XI. ...

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición y actividad física;

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

IV. Salud ocupacional, y

V. Fomento Sanitario

Título Séptimo

Promoción de la Salud

Capítulo III

Nutrición y Actividad Física

Artículo 114. Se entiende por nutrición a los procesos mediante los cuales se obtienen, aprovechan y excretan los nutrimentos en el organismo, éste concepto incluye los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Bajo Peso, Peso Adecuado, Sobrepeso y Obesidad). Para la atención y mejoramiento de la nutrición en la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal y entidades federativas. De la misma manera, se entiende como actividad física al movimiento corporal generado por la contracción de los músculos esqueléticos y que resulta en un gasto de energía adicional a la actividad habitual.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Artículo 115. La Secretaría de salud tendrá a su cargo:

I-III...

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. Para efectos de lo anterior, se tomarán en cuenta los siguientes conceptos:

a) Índice de Masa Corporal (I.M.C.) o Índice de Quetelet: Es el Peso Corporal en kilogramos dividido entre la estatura en metros elevada al cuadrado. Se describe con la siguiente fórmula: I.M.C.= (kg/m2).

b) Bajo Peso y Peso Adecuado: Se conoce con Bajo Peso a una persona que presenta un Índice de Masa Corporal menor a 18 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C.< a 18 kg/m2) y el peso adecuado es aquel con un Índice de Masa Corporal que va de 18 a 24.99 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C. 18-24.99 kg/m2).

c) Sobrepeso y Obesidad: El sobrepeso se define con un Índice de Masa Corporal de 25.0 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C.>25-29.9 kg/m2) y la obesidad como un Índice de Masa Corporal igual o mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C. ≥ 30 kg/m2), siendo de 30 a 34.99 obesidad tipo I, 35 a 39.99 obesidad tipo II y mayor de 40 obesidad tipo III o mórbida.

d) En el caso de las personas en crecimiento y desarrollo, se aplicarán las Normas Oficiales Mexicanas vigentes del peso para la talla y edad, así como el Índice de Masa Corporal según su edad y sexo, para determinar Bajo Peso, Peso Adecuado, Sobrepeso y Obesidad infantil.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos sustancia contenida en los alimentos que participa activamente en las reacciones metabólicas para mantener adecuadamente las funciones del organismo, y que favorece la salud de la población.

VI-VIII. ...

C. Sin embargo, en revisión por la Comisión dictaminadora, de la Colegisladora se vierten diversos argumentos en su dictamen y enfatiza en que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas de etiología multifactorial que se desarrollan a partir de la interacción de la influencia de factores sociales, conductuales, psicológicos, metabólicos, celulares y moleculares. Dichas enfermedades se enquistan día con día en nuestra sociedad y es un problema grave de salud pública.

Así mismo, se hace alusión a que diversas definiciones que versan en la Iniciativa sobre el tema de nutrición, ya se encuentran ubicadas y bien reguladas dentro del marco normativo como la Ley General de Salud así como en diversas Normas Oficiales Mexicanas. No obstante de emitir un dictamen de esta naturaleza deja una definición muy importante que es la adición del artículo 1 bis a la Ley General de Salud para definir el termino SALUD como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

D. Estas comisiones consideran que el hecho de definir la "SALUD" en La Ley General de salud es de suma importancia, ello implica estar acorde a lo que señala la Organización Mundial de la Salud.

E. Cabe decir que existen muchos ordenamientos, que en su marco normativo se define la substancia o materia de la cual deriva dicho ordenamiento, por poner un ejemplo, encontramos a la Ley General de Educación que en su artículo 20 marca la definición de EDUCACION que a la letra menciona:

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Así mismo la Ley General de Cambio Climático marca en su artículo 3º ladefinición de CAMBIO CLIMATICO, quea la letra dice:

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

III. Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.

Por otro lado otro claro ejemplo es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es su artículo 3º marca la definición de DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, el cual a la letra versa:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a XIII

XIV. Desarrollo Rural Sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio;

F. Como podemos apreciar diversos ordenamientos jurídicos que rigen nuestro país tienen la definición de la materia que regulan es por ello que las Comisiones dictaminadoras consideran viable dicha reforma con el fin de darle la esencia jurídica en sus definiciones a la Ley General de Salud.

I. Por lo anterior los integrantes de la Comisión consideramos viable la minuta, dada la relevancia de plasmar dentro de nuestro marco normativo sanitario tan importante definición como lo es la de SALUD, por ello las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable aprobar en sus términos la Minuta en comento, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS".

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa, consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La presente minuta tiene la finalidad de homogeneizar y plasmar en la Ley General de Salud la definición de Salud.

Estas comisiones consideran un hecho importante definir el concepto en la propia ley que regula esta materia, ya que ello implica está acorde a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Cabe decir que existen muchos ordenamientos, que en su marco normativo define la sustancia o materia de la cual deriva dicho ordenamiento.

Ejemplo de ello, son la Ley General de Educación que en su artículo 20 marca la definición de educación, la Ley General de Cambio Climático que establece en su artículo 3o. la definición de cambio climático y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en su artículo 3o. marca la definición de Desarrollo Rural Sustentable, por mencionar algunas.

Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora y consideramos viable dicha adición a nuestra legislación de salud para incluir la definición básica de la cual se tiene que partir para entender y así garantizar el derecho a la salud previsto en nuestra Constitución.

Por ello pido su voto a favor del dictamen en los términos que se presentan.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Informo a la Asamblea, que el Senador Benjamín Robles Montoya hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse lo avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Saludamos a los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados del Senador Jorge Luis Preciado.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)



-La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos en pro.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular, el Decreto por el que se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal.

A continuación tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en torno al incremento de nacimientos por cesárea.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar un informe sobre las causas del aumento desmedido de los nacimientos por cesárea en México.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de abril de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a elaborar un informe sobre las causas del aumento desmedido de los nacimientos por cesárea en México.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente señala la importancia de vigilar la práctica de nacimientos por cesáreas en México, toda vez que ha tenido un incremento significativo de 29.9 por ciento en 2002 a 45.2 por ciento en 2012 de nacimientos vía cesáreas. Con dichas cifras, México esta posicionado como el país con más cesáreas del mundo.

Es por ello que se solicita la elaboración de un informe sobre las causas del aumento desmedido de los nacimientos por cesárea en México así como las acciones que se están llevando a cabo para disminuir dicha práctica cuando no esté en peligro la vida del bebé o de la madre.

III. CONSIDERACIONES

A. Nuestro marco normativo establece a partir del Artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud y en su párrafo segundo, se establece el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Derivado de ello, la Ley General de Salud establece en su artículo 3º, fracción IV, que la atención materno-infantil, es materia de salubridad general y su artículo 61 de la Ley en comento, dispone específicamente su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como del recién nacido y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo.

B. En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los resultados nacionales arrojaron que entre 2007 y 2012 se registraron un total de 8.4 millones de nacimientos de los cuales 3.86 millones fueron por cesárea, cifra que rebasa y duplica la recomendación de la Organización Mundial de Salud, que indica que ningún país debe rebasar del 10 al 15 por ciento de nacimientos por cesárea.

De esa forma se muestra inminentemente el reto que tiene el sector salud de nuestro paíspara atender los nacimientos por tipo de alumbramiento.

C. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004 en materia de Información en Salud, se define la Cesárea como la intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el producto de la concepción, vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o más, así como los anexos ovulares a través de una incisión en la pared abdominal y en la uterina.

Aunado a ello la Secretaría de Salud, señala que la cesárea es la intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el producto de la concepción a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina. Dicha intervención puede tener complicaciones relacionadas con hemorragias, accidentes quirúrgicos, embolismo del líquido amniótico y las derivadas de la anestesia como hemorragias, hematomas, trastornos del equilibrio hidro-electrolítico y ácido base, entre otras.

Es importante enfatizar que la cesárea está concebida como medida salvadora para la madre y el bebé, cuando alguno de ellos o ambos seres se encuentran en peligro, no obstante, de acuerdo con el Centro Latinoamericano de Perinatología, señala que el incremento del índice de cesáreas, más allá del límite de sus beneficios, agrega morbilidad y costo y se transforma de solución en problema.

Además de ello, la Secretaría de Salud, señala algunas recomendaciones para reducir el Índice de Cesárea:

1. Reparación de la paciente para el parto;

2. Regular el pago de honorarios a médicos por procedimientos, parto y cesárea;

3. Fomentar el otorgamiento de incentivos económicos por prácticas de calidad, mayor dedicación y partos normales, mayor remuneración.

4. Cambio en la formación de los médicos, así como protocolos para casos específicos, y el ofrecimiento de alternativas de alumbramiento como modelo de partería, parto vertical, psicoprofilaxis.

D. La necesidad de una cesárea, puede variar según sean urgentes o electivas, las urgentes son aquellas que se practican para resolver o prevenir una complicación materna o fetal en etapa crítica; las electivas son las intervenciones quirúrgicas que se programan para ser realizadas en una fecha determinada por alguna indicación médica y se ejecuta antes de que inicie el trabajo de parto. Lo que se prevé y previene a partir de dicha intervención quirúrgica puede ser:

Por causas maternas:

1. Estrechez pélvica; pelvis asimétrica o deformada; y, tumores óseos de la pelvis;

2. Malformaciones congénitas; tumores del cuerpo o segmente uterino, cérvix, vagina y vulva que obstruyen el conducto del parto; Cirugía previa del segmento o cuerpo uterino, incluyendo operaciones cesáreas previas; Cirugía previa del cérvix, vagina y vulva que interfiere con el progreso adecuado del trabajo del parto;

3. Hemorragia (placenta previa o desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta); Patología materna incluyendo nefropatías, cardiopatías, hipertensión arterial o diabetes mellitus, etc.

Causas Fetales:

1. Macrosomía fetal que condiciona desproporción cefalopélvica;

2. Alteraciones de la situación, presentación o actitud fetal;

3. Prolapso de cordón umbilical;

4. Sufrimiento fetal;

5. Malformaciones fetales incompatibles con el parto;

6. Embarazo prolongado con contraindicación para parto vaginal, cesárea postmortem;

Causas Mixtas

1. Síndrome de desproporción cefalopélvica;

2. Preeclampsia/eclampsia;

3. Embarazo múltiple;

4. Infección amniótica;

5. Isoinmunización materno-fetal.

E. Aunado a lo anterior, aun cuando la intervención quirúrgica en comento sea realizada por recomendación del profesional de la salud, la misma se debe evitar en la medida de lo posible, ya que pueden derivar en ciertas complicaciones como:

Maternas:

1. Inmediatas: Hipotonia uterina, hemorragias, hematomas, lesiones en vejiga, uréter, intestino e íleon paralítico;

2. Mediatas: Infecciones puerperal, urinaria, respiratoria, anemia, hemorragia por retención de restos placentarios, dehiscencia de la histerorrafia, entre otras;

3. Tardías: Ruptura uterina en embarazos subsecuentes y procesos adherencias.

Neonatales:

1. Taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de adaptación pulmonar.

F. Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se elabore un informe detallado que señale las causas que han originado el incremento desproporcional de los nacimientos por cesáreas en México.

Segundo.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se informe a esta Soberanía de la existencia de programas dedicados a orientar a las mujeres, sobre los beneficios de los partos naturales y las complicaciones que se pueden derivar de una cesárea no indicada y de no existir dichos programas, que se informe sobre las estrategias y acciones que dicha Secretaría está considerando para atender el incremento de cesáreas en México.

Tercero.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía si existe un proyecto para reducir las cifras de nacimientos por cesáreas, que esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, y de no haberlo, que se informe qué acciones planea el Gobierno Federal para solucionar el excedente de cesáreas practicadas en México.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores:

En el mundo de la práctica médica, la clínica de las cesáreas y la práctica de las mismas, es aproximadamente de 18.5 millones de cirugías de cesáreas anuales, de éstas, la mitad es considerada innecesaria.

A nivel mundial, México se ubica con el 45.2 por ciento y es considerado como uno de los países con mayor número de cesáreas sin indicación médica.

Así tenemos a Brasil con el 36.7 por ciento, a Chile con el 30.7 por ciento, República Dominicana con el 31.3 por ciento, Estados Unidos con el 32.8 por ciento y China con más del 47 por ciento. Pero las cifras, tanto en nuestro país como a nivel mundial, siguen a la alza.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, División México, señala que en nuestro país nacieron en 2011, 2 millones 217 mil niños, de tal manera que un millón 2 mil 84 fue el número de nacimientos por cesárea.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el número relativo aceptable es del 15 por ciento.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafo IV, establece el derecho a la protección de la salud; y en su párrafo II establece el derecho a toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.

En ese tenor, la Ley General de Salud establece en el artículo 3o., fracción IV, que la atención materno-infantil es materia de salubridad general, y en su artículo 61, dispone específicamente su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como del recién nacido y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo.

La Norma Oficial Mexicana en materia de información en salud, se define a la cesárea como una intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el producto de la concepción vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o más, así como los anexos ovulares a través de una incisión en la pared abdominal y en la uterina.

Señalar que la cesárea está concebida como una medida salvadora para la madre y el bebé, cuando alguno de ellos o ambos seres se encuentran en peligro y no obstante, de acuerdo con el Centro Latinoamericano de Perinatología señala que el incremento del índice de cesáreas, más allá del límite de sus beneficios, agrega movilidad y costos y se transforma de solución al problema.

Por eso es importante apoyar este punto de Acuerdo para disminuir el índice de cesáreas.

Pero quiero aprovechar, en primera, para desearles muchas felicidades a todos los médicos de nuestro país, que ayer fue “Día del Médico”, con mucho afecto y cariño, como colega y Senador, además quiero agregar, para que quede claro, por experiencias que se viven en los hospitales, que mientras no mejoren los honorarios de los médicos, no vamos a poder disminuir el índice de cesáreas y la calidad de la atención en nuestro país, porque un médico trabaja en la Secretaría de Salud, en la mañana, y tiene que salir corriendo a las dos de la tarde para checar tarjeta en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, y por eso, si tiene una atención de parto que puede durar entre 8, y si es de primera vez, hasta 12 horas un trabajo de parto, pues obviamente que no la va a dejar ahí, y asumir la responsabilidad, y más como se las gasta el arbitraje médico en nuestro país.

Entonces, para evitar esa presión, es que el médico, mejor resuelve el embarazo en una cesárea y se va tranquilo a checar su tarjeta en otro lado.

Mientras el médico mexicano tenga que trabajar en 4 ó 5 lugares: trabaja en la mañana en un lugar, en la tarde en otro, en la noche en otro, sábados y domingos, mientras no, después de haber estudiado 11 u 12 años con una especialidad médica, mientras no tenga una remuneración honrosa, justa, va a seguir sucediendo este tipo de cosas.

Pido a todos ustedes que apoyen este punto de Acuerdo a favor y, por su atención, muchas gracias.

Y los médico de México, pronto vamos a presentar un trabajo muy serio, de fondo, para que todos: el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, PEMEX, pueda retribuir un honorario justo para todos los años sufridos en una residencia médica, en la Escuela de Medicina, y que atiendan a los pacientes con amor, con cariño, con calidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Buenas tardes, señor Presidente; estimadas Senadoras y Senadores de la Mesa Directiva; Senadoras y Senadores:

Hablando a favor de este dictamen de la Comisión de Salud, les quiero comentar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición 2012, durante las últimas décadas, la atención del embarazo y el parto se han institucionalizado y mecanizado de manera creciente, sin duda, esto ha contribuido a disminuir algunas causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

No obstante, también presenta dificultades, como es el incremento de la tasa de cesáreas que a su vez ocasionan otros problemas de salud no menos importantes, como es su costo, por ejemplo.

La cesárea necesaria que se estima indispensable en 10 a 15 por ciento de los partos, según la Organización Mundial de la Salud, o de 15 a 20 por ciento, según la Norma Oficial Mexicana NOM-007, disminuye los riesgos de salud materna y neonatal.

Sin embargo, cuando se utiliza sin las indicaciones precisas, los riesgos sobrepasan los beneficios, lo que genera diversas complicaciones para las mujeres sometidas a este procedimiento y costos adicionales para el sistema de salud.

El incremento de esta práctica en México durante las últimas décadas es, sin duda, un acontecimiento sobre el que debemos de reflexionar, por ello la aprobación de este dictamen para solicitar de forma muy respetuosa un informe detallado que señale las causas que han originado el incremento de los nacimientos por cesáreas en México, reviste una fundamental importancia.

Contar con información de primera mano sobre las causas en el incremento de las cesáreas, nos permitirá proponer con mayor precisión el andamiaje legal correspondiente para evitar su práctica innecesaria sin incrementar los riesgos de morbilidad y mortalidad materna en México.

Es por esta razón, por los datos aquí expuestos, estimadas compañeras y compañeros, que los integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen.

Y quiero compartirles también que la Senadora Martha Palafox ha hecho suyo este discurso, este sustento, y me ha pedido, que también se manifieste su palabra en este posicionamiento.

Muchas gracias, y esperamos contar con su respaldo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente.

Un saludo a mis compañeras y compañeros Senadores.

Me interesa y me preocupa este tema. Como médico, como ginecólogo y representante popular que soy y ante el elevado índice de operación cesárea, de intervenciones quirúrgicas con este fin en nuestro país.

La operación cesárea tiene sus indicaciones muy precisas. Una de las principales causales de esta intervención son las desproporciones céfalo pélvicas o feto pélvicas, es decir, lo que es la relación intrínseca obstétrica entre el componente fetal y el materno.

Otra de las casuales más importantes es el sufrimiento fetal agudo, que hay una serie de indicadores para diagnosticarlo y que también indica una operación cesárea.

Hay otra serie de urgencias por parte del factor materno, situaciones hemorrágicas, problemas sistémicos en otras áreas, en otros componentes cardiovasculares, hipertensivos, etcétera, que son casuales indicativos de una muy oportuna y eficaz intervención para proteger la salud de la madre y, desde luego, del feto y del neonato.

Sin embargo, este alto índice de operación cesárea en el mundo y en nuestro país, si nos debe llamar la atención. Y desde aquí, estando completamente a favor del dictamen que va manifestando propuestas para solicitar información y hacer un llamado de atención a todo el grupo médico de nuestro país para revisar y analizar este tema.

Quiero también sumarme a este llamado a las autoridades médicas del país, pero sobre todo a los compañeros médicos, generales, obstetras, ginecobstetras y personal de la salud que atiende la materna fetal, de que nos apeguemos a los principios éticos, a los principios morales, a los principios que siempre han caracterizado a nuestra profesión para hacer de las intervenciones quirúrgicas en el aspecto materno y fetal, las indicadas para la salud del binomio madre-hijo, madre-neonato.

Es importantísimo en estos momentos hacer un llamado de atención a la ciudadanía, a las familias, porque en muchas ocasiones y ahí eso es parte importante de la orientación que debe dar el médico durante la etapa prenatal, es decir, de educación, porque muchas veces llega sobre todo la primigesta o otras de segunda gesta, con la emoción o con el temor de enfrentar el parto.

El parto, y desde luego, es el aspecto más fisiológico que debe de haber en cuanto al aspecto de la salud materno-fetal, puesto que ya se ha comentado aquí, cuando la paciente lleva un parto bien atendido, tiene un alto índice de que su morbimortalidad va a ser muy bajo, contrario a lo que pasa, ya cuando hay una intervención quirúrgica, incluso para el neonato es más fisiológico el parto que una operación cesárea por los riesgos inminentes que tiene sobre su aspecto cardiovascular.

De tal manera, que desde aquí hago un llamado a nuestros compañeros médicos para actuar con base en los principios de la ética y de la ciencia médica y por otro lado, también, a la paciente, para que exija una información y debe darse también por partes, ese es otro llamado al cuerpo médico y a las autoridades sanitarias, a que aprovechemos toda la atención prenatal, para informar y orientar adecuadamente en los aspectos de educación obstétrica a la paciente para que llegue debidamente preparada al momento del parto.

Me sumo a este punto de Acuerdo, que está dictaminando la Comisión de Salud.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

Quiero hablar a favor del dictamen, por lo antes expuesto.

Efectivamente, las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, nos señalan que durante el periodo 2007-2012 se registraron un total de casi 8 y medio millones de nacimientos, de los cuales, 3 millones 800 mil fueron por cesárea. Cifra que triplica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

¿Qué quiere decir con ello? Que solamente el 10 al 15% de los nacimientos tendrían que nacer bajo esta resolución quirúrgica.

Reconocemos que los avances más importantes que se han tenido en la medicina perinatal contemporánea, ha sido exactamente ésta, el de las cesáreas, para salvar vidas, tanto de la madre como del hijo.

Pero tenemos coyunturalmente la observancia de que se ha triplicado el número de cesáreas, y efectivamente, en los nosocomios, en los hospitales y es multifactorial, pero sobre todo, porque se ha dejado de llevar las guías, los protocolos de atención en estas instituciones, y me refiero a todas las instituciones públicas de salud. No obstante, también, en las instituciones privadas. Hoy es más fácil, es más rápido e inclusive programar el día de nacimiento del pequeño.

Con ello quiero hacer una reflexión, porque ello ha coadyuvado a que aumenten también los riesgos tanto de la madre como del hijo, por arriesgarse a tener una intervención quirúrgica.

Estas complicaciones que se pueden dar, puede ser durante la operación quirúrgica o post operación quirúrgica. De las transoperatorias, o sea, cuando se lleva a cabo el evento quirúrgico, pueden ocurrir tanto en la madre como en el producto.

Las complicaciones maternas, a lo mejor son términos médicos, pero quiero decirles que puede ser desde la hipotonía, la atonía uterina, lesiones que también se presenta en el intestino delgado o grueso, en la vejiga. También se han presentando tromboembolismos de líquido amniótico, por mencionar algunas.

Las complicaciones, traumatismos, broncoaspiración, depresión respiratoria.

En las post operatorias, y en esto quiero llamar la atención, porque en muchas de las ocasiones ya no regresa a consulta la paciente y es cuando ocurren también las defunciones maternas o las neonatales.

Las inmediatas, nuevamente pueden presentar atonía uterina, hemorragia que es lo más frecuente, lesiones en la vejiga, en el uréter, así como otras.

Las mediatas y también es de reflexión, son las infecciones puerperales, que son también una de las principales de causas de muerte durante este periodo.

Por ello, Senadoras, Senadores, necesitamos, y les pido su voto a favor porque necesitamos disminuir el número de cesáreas que se practican en nuestro país.

Porque también ello coadyuva a que se ha disminuido la lactancia materna. Cuando una madre, su parto, en lugar de tener un parto natural, es atendida a través de una cesárea, en muchas ocasiones, también se le contraindica el poder lactar a su pequeño.

Por ello, es fundamental prevenir y ésta es una medida de prevención que desafortunadamente se ha dejado olvidada durante 12 años.

Muchas gracias por su voto.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El por qué venir a posicionarme a favor de este punto de Acuerdo.

Expongo ante ustedes la relevancia para la salud pública en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México, entre los años 2007, y este último año, fueron registrados 8.4 millones de nacimientos, de los cuales 3.8 millones fueron por cesárea, equivalente al 45 por ciento de todos los partos; porcentaje que triplifica el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es del 10 al 15 por ciento.

La cesárea es un procedimiento quirúrgico que sólo debe practicarse en casos extremos, es decir, como último recurso para poner a salvo tanto a la madre, como al producto, de riesgos y de diferentes orígenes que ponen en peligro a ambos.

Sin embargo, en nuestro país, desde hace por lo menos dos décadas se ha abusado de las cesáreas, o por estrictas razones de salud cuyas causas están plenamente identificadas, y prescrita por la práctica médica, sino que por otras consideraciones que incluyen la decisión de la propia madre, del cónyuge o la familia y sin contar con la información médica suficiente para la conveniencia del parto natural, optan por esa cirugía.

La propia Secretaría de Salud advierte sobre los riesgos propios de la cesárea como son las complicaciones relacionadas con hemorragias, accidentes quirúrgicos, embolismo del líquido amniótico y las derivadas de la aplicación de la anestesia como una causa de hemorragia; hematomas, trastornos del equilibrio hidrológicos y ácido básico.

En un estudio realizado fuera de México se advierte que los infantes nacidos mediante cesárea tienen mayor riesgo de presentar obesidad.

El 16 por ciento presentaron este cuadro en niños menores de 3 años, en tanto que niños nacidos por vía vaginal, es decir, por partos naturales, sólo fue de 7.5 por ciento.

El estudio también afirma que la cesárea es uno de los factores que no favorecen la instalación de incontinuidad de la lactancia materna como ya se ha mencionado en esta Honorable Cámara de Senadores, y en cambio si favorece la separación de la madre con el bebé y el uso creciente de sustitutos de la leche materna.

Senadoras, Senadoras, como podrán ustedes apreciar, la problemática señalada en este punto de Acuerdo es un asunto de la mayor importancia por las razones antes señaladas, sino también porque el abuso de la cesárea ha llevado a la prevención de la política de salud en la materia, me refiero al servicio prestado a través del sistema de protección social en salud, mejor conocido como Seguro Popular, cuya población objetivo es aquella que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social o que no tengan acceso a los servicios de salud institucionalizada.

Este es un asunto de no menor importancia, sin considerar que tan sólo el Seguro Popular ha afiliado a cerca de 52 millones de mexicanos, y ante la insuficiente existencia de infraestructura hospitalaria se ha recurrido a la subrogación de las atenciones a embarazadas a los servicios médicos particulares. Esto es evidente en estados con marcado rezago en materia de desarrollo social como lo es el estado de Oaxaca.

En mi estado, los servicios de salud que debieran prestar las instituciones públicas se han convertido en fuente de negocios de particulares, entre 2005 y 2012 las cesáreas practicadas en el estado pasaron de 16.9 por ciento a 51 por ciento, superando no sólo lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, sino que es el porcentaje más alto del país, del total de las cesáreas practicadas en Oaxaca, el 80 por ciento de éstas fueron atendidas por particulares.

El costo promedio de una cesárea en el estado de Oaxaca oscila entre los 15 y 20 mil pesos, no sólo se trata del uso del presupuesto de manera insuficiente, sino las implicaciones que tienen para la salud de las mujeres y sus hijos; que las instituciones públicas de salud sean utilizadas para el enriquecimiento de quienes tienen la obligación de velar por la salud de los mexicanos, dada la importancia de este tema; en la Comisión de Salud hemos aprobado el punto de Acuerdo que fue promovido por la Senadora Ana Gabriela Espinoza.

Necesitamos juntos, Senadoras y Senadores, ver la solución a este importante punto de Acuerdo, agradeceré mucho el apoyo de todos ustedes porque no es posible que se esté lucrando por la salud de los mexicanos.

Y yo quiero agregar un punto más a lo que hizo mi compañero, el Senador López Brito.

Cuando salimos de una universidad, juramos ante Hipócrates el mejorar la salud de nuestros pacientes, y hoy, hoy se ha quedado de lado, porque solamente, no todos, pero muchos colegas lo que les interesa es nada más la cuestión económica.

Gracias, por su atención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea Asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar diversas acciones con motivo del Sexagésimo Quinto Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, este es un punto de Acuerdo que hemos trabajado con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con Jóvenes por los Derechos Humanos, México, con la Fundación Cinépolis; también.

Primero, compartirles una encuesta que se realizó a más de 1,000 personas por esta asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos, México, en donde se encontró que el 92 por ciento de los encuestados no pudo nombrar más de 3 derechos humanos. Sólo el 7 por ciento pudo nombrar 5 derechos, y nadie pudo mencionar siquiera 10 derechos humanos.

La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, revela que 24 por ciento de los jóvenes han sentido que sus derechos no son respetados por no tener dinero; 20 por ciento, por su manera de vestir; 16% por ser hombre o mujer; 13% por el color de su piel, y esto es un síntoma muy preocupante de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿por qué? Porque muchos de los jóvenes están siendo víctimas de discriminación.

Alguien que desconoce sus derechos va a ser muy complicado que después pueda o sepa a qué instancia recurrir para que sean respetados sus derechos. En los últimos 12 años se han logrado enormes transformaciones en nuestro país, hay que reconocer que se han profundizado las herramientas para el disfrute de derechos, como el que tenemos al medio ambiente, a la salud, a la educación, a la información, al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, entre muchos otros derechos.

Yo quisiera que desde el Senado de la República, y tomando en cuenta que este año se llevará a cabo el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero, generemos conciencia, y que podamos mantener, difundir entre la población esta conmemoración del 65 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que será el día 10 de diciembre y, sobre todo, para que los ciudadanos estén conscientes de que no solamente tienen derecho a uno o dos derechos humanos, sino que pueden tener derecho a 30 derechos humanos, y tienen que hacer lo necesario para que éstos sean respetados.

Estamos exhortando a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los contenidos de los planes  de estudio para que la educación en derecho y su respeto se profundice desde la infancia. Y también  para que a través, en el marco de esta conmemoración de medios muy populares, como el boleto de la Lotería, los boletos del Metro, se haga partícipe a la población de que México sí es un país comprometido con los derechos humanos.

Agradecer el apoyo y la suma de los Senadores a este dictamen, por supuesto, y nuevamente reitero, agradecer el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho posible que estemos llevando varios eventos al respecto, como lo es Jóvenes por los Derechos Humanos, México, y por supuesto, también a la Fundación Cinépolis.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, entregó a la Mesa Directiva su intervención sobre este dictamen, misma que se integra en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se desecha una proposición en materia de política pública sobre diversidad sexual.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

No hay oradores registrados, entonces consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA

(Dictamen de segunda lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la modificación presentada por las Comisiones y se incorpore al texto del dictamen publicado para su discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la modificación presentada por las comisiones se incorpore al texto del dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto para reformar la Ley Aduanera con la modificación al artículo 86, entregado por las comisiones.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En un ejercicio de consenso de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda; la de Estudios Legislativos presidida por el Senador Alejandro Encinas, así como la de Comercio presidida por el Senador Héctor Larios y la de Hacienda Presidida por el Senador José Yunes, se llevó a cabo un ejercicio en donde se tomaron a consideración las opiniones de todos los miembros de estas comisiones para llegar a ser, lo que yo quiero reconocer ahorita, al trabajo de todos mis compañeros.

Fue una reunión de trabajo en donde se discutieron los aspectos importantes, donde se discutieron todos los temas que implican en esta importante iniciativa. En esta iniciativa el despacho aduanero, a partir de ahora, se propone que se pueda llevar a cabo en distintos lugares de los autorizados.

Se propone, como simplificación, que la figura del agente aduanal ya no sea una figura obligada y exclusiva, sino que ésta pueda ser opcional para el usuario.

Se propone que existan requisitos mínimos de los representantes de los importadores y los exportadores.

Se propone que haya una responsabilidad solidaria de los representantes legales.

Se propone que haya una convocatoria para la patente del agente aduanal.

En esta idea de simplificar al país, sin lugar a dudas, y el comercio exterior, con esta iniciativa se estaría logrando un gran avance. Un avance que ya existe en otros países, un avance que le daría una mayor reducción de costos a la importación y a la exportación de las materias y de todo tipo de mercancías.

A partir de esta iniciativa, también se propone que los recintos fiscalizados estratégicos puedan estar ubicados en cualquier parte del país.

También hay un gran ejercicio por parte de la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, así como aplicar todo tipo de sistemas electrónicos aduaneros para llevar a cabo las operaciones de manera más sencilla y más simplificada.

Como parte de una reforma hacendaria que promueve el uso eficiente de los recursos de la economía y un mejor clima para la inversión, la reforma a la Ley Aduanera es una señal inequívoca de que hoy México apuesta por elevar y democratizar de manera decidida su productividad para expandir el crecimiento económico con equidad.

Hay aún muchos retos por cumplir, sin embargo, con la aprobación de las adiciones y modificaciones a este ordenamiento, se sientan las bases para el combate a la corrupción y el fortalecimiento de un esquema aduanero sólido.

En el Partido Verde estamos a favor del presente dictamen, ya que simplifica y brinda certeza a los usuarios de procesos modernos, eficientes, transparentes, que, sin lugar a dudas, van a fortalecer la actividad comercial de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la presidencia.

México es un país que desde 1985 cambió radicalmente su visión del comercio exterior.

En el ´85 México se incorporó al GAT y desde entonces ha venido creciendo en importancia el comercio exterior en la economía nacional.

Hoy tenemos diez tratados de libre comercio con un total de 45 países, participamos en diversos organismos de diálogo y de cooperación en materia comercial como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, la APEC en Asia-Pacífico y la OCDE, y el comercio en México ha venido cobrando relevancia.

Hoy el comercio exterior representa el 60 por ciento del Producto Interno Bruto.

El comercio exterior es parte fundamental de la economía nacional.

Muchos de los trabajos, de los empleos que se generan en México, tienen que ver con el comercio exterior, con un comercio exterior en un mundo globalizado, en donde México puede importar de un país bienes intermedios que se utilizan para la producción de otros bienes, que a la mejor también son intermedios y se exportan a otro país, que en la cadena productiva va agregando valor a productos finales.

En estos años, México ha tenido, en diversos momentos, un lugar preponderante en la producción, por ejemplo, de automóviles, somos uno de los cinco países que más automóviles produce en el mundo y somos uno de los tres primeros que más automóviles exporta al mundo.

Durante algunos años fuimos el productor mundial número uno de televisiones y me parece que es muy importante resaltar esto porque primeramente tenemos que tener, entender la importancia del comercio exterior para después entender la importancia de las aduanas.

México tiene 49 aduanas, en ellas en lo que va de este año ha habido 22 millones 400 mil operaciones que representan aproximadamente un volumen de 4.7 billones de pesos, millones de millones de pesos de comercio exterior en lo que va de enero a mayo de este año.

En las aduanas se recauda el 46 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.

Todos sabemos que la exportación en el mundo no causa IVA, no causa Impuesto al Valor Agregado, y la importación sí.

Bueno, la recaudación mayor de IVA, el mayor recaudador de IVA que hay, son las aduanas, ahí se recauda el 46 por ciento del IVA.

Por eso esta reforma, y no seré repetitivo de lo que ya ha dicho aquí mi compañero Luis Alberto Melgar sobre las bondades de la reforma, es una reforma que tiene fundamentalmente el enfoque de facilitar el comercio exterior, de impedir trabas que nos hagan perder competitividad en el comercio.

Por eso, se propone incorporar en la ley algo que ya estaba, que es la tramitación de la mayor parte de las cosas a través de la firma electrónica, a través de los medios modernos, hoy ya sea prácticamente todos los pedimentos, las prevalidaciones y demás. Ahora se hará formalmente en la ley todo este tema.

Se incorpora el tema del análisis de riesgo, hoy que la seguridad es un tema central en el comercio y máximo que el 80 por ciento de nuestro comercio será con Estados Unidos, es importante que las inspecciones no sean intrusivas, que sean con un mecanismo de inteligencia aduanal que permita detectar los riesgos sin necesidad de entretener las mercancías y hacernos perder competitividad.

Los temas que han causado polémica, ya se dijeron aquí también, es la eliminación del agente aduanal sustituto, el convertir en opcional, en ambas estamos de acuerdo, en convertir en opcional el acudir a un agente aduanal, la cooperación internacional, en fin.

Simplemente, independientemente que como legislador y como grupo parlamentario tenemos reservas que vamos a presentar con oportunidad, sí quiero hacer público, dos compromisos de la autoridad. Uno, se refiere a los agentes aduanales sustitutos.

Hoy en día está vigente la ley actual y están en trámite exámenes y procedimientos de quiénes han solicitado la patente de agente aduanal sustituto.

El proyecto de ley establece que la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación.

La autoridad ha hecho un compromiso y yo lo hago público y confiamos en ese compromiso, que la ley será publicada el día último del año para que entre en vigor a partir del 1° de enero y en el lapso que hay en estas semanas previo al fin del año puedan concluir los trámites quienes están haciendo trámites para obtener la patente de agente aduanal sustituto.

La otra alternativa era modificar el transitorio para poner que entra en vigor a partir del 1° de enero y hemos hecho el compromiso con la autoridad de no impulsar su modificación, pero sí el compromiso de que sea publicado el día último del año para que entre en vigor el 1° de enero.

El segundo compromiso tiene que ver con los agentes aduanales sustitutos y que volveré a hacer mención en una de las reservas.

Los agentes aduanales sustitutos pueden ocupar la patente del propietario, del agente aduanal del que tiene la patente, si éste renuncia a ella.

Nosotros, buscando respetar los derechos adquiridos vamos a buscar una modificación de la ley en un transitorio para reconocerles esos derechos adquiridos y darles un plazo para que puedan hacerlo.

La autoridad se compromete a que si no prospera esta reforma de añadir un sexto transitorio, pueda la autoridad o se comprometa a sacar por reglas de carácter general para que se dé esta posibilidad en un lapso de tiempo determinado.

En lo general, me parece que la ley tiene estas reformas a la Ley Aduanera, ayudan a lo que permite producir el 60 por ciento del valor de la riqueza nacional. Por eso me parece que es una reforma que amerita el voto a favor de todos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Larios Córdova.

Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

Ante la apertura de mercados y la dinámica de la economía, México requiere brindar mejores condiciones a todos los sectores que requieren de importar y exportar productos y mercancías, en especial, a las pequeñas y medianas empresas.

Es oportuno y necesario otorgar a nuestro sistema de comercio exterior un marco normativo eficiente y sencillo, que cumpla con los estándares internacionales y garantice seguridad y transparencia en su funcionamiento.

La aprobación de la reforma y adecuaciones de la ley que contiene el dictamen a discusión, se vuelve una necesidad de vital importancia para impulsar a los productores de mercancías de exportación y agentes comerciales con efectos positivos en la generación de más y mejores empleos.

Esto último es lo que debemos tener presente, una reforma que termina con el monopolio de una actividad de gran importancia para la economía y que promueve la modernización de las aduanas, cerrando espacios a la corrupción y a las actividades ilegales en ese sector.

Estos elementos son motivos suficientes para votar a favor del dictamen, pues su cumplimiento favorecerá a la economía y al interés superior de las personas que se verán beneficiadas de su calidad de vida al contar con más oportunidades de empleo y al acceso a productos con precios más accesibles.

El objeto principal es, sin duda, incrementar la competitividad de México mediante la implementación de estándares internacionales en el marco legal que rige los procesos operativos del comercio exterior.

En un estudio de las aduanas más representativas del país, en el que se desarrollan más del 60 por ciento del volumen total de operaciones se identificó de qué manera influyen en el costo final del producto; el desempeño de los elementos de carácter logístico, sus interacciones, infraestructura y procesos.

Los resultados fueron concluyentes. En diferente grado pero fue evidente que las condiciones poco favorables y un marco legal ineficiente influía de manera negativa en el costo de la mercancía, encareciendo el valor de los productos para los consumidores.

La simplificación de trámites y pagos de los agentes comerciales, una coordinación eficiente de todos los agentes involucrados dentro de los procesos, seguridad jurídica y notablemente la eliminación del monopolio de agentes aduanales a través del otorgamiento de la libertad en la utilización de los mismos, transformarán de manera favorable las condiciones de competitividad del comercio exterior.

Sólo para ejemplificar, actualmente en México existen únicamente 875 agentes aduanales, mismos que son responsables de realizar el 94 por ciento de las transacciones comerciales, en virtud de que es obligada su contratación, mientras que en países como los Estados Unidos existen 11 mil.

En este mismo sentido, la reforma a la ley que modifica la regulación de los recintos fiscales facilitará su acceso y permitirá contar con un número mayor de agentes aduaneros.

Con la ley vigente, los recintos fiscales sólo podían estar ubicados en las fronteras y en los puertos, con esta reforma éstos podrán instalarse en otras regiones del territorio nacional e incrementar su número con la propuesta que permite, a través de licitaciones de la Secretaría de Hacienda, su operación por particulares.

Lograremos con esta reforma generar las condiciones que estimulen nuevas inversiones que se vean atraídas por la simplificación de las transacciones, sobre todo comerciales, y promoviendo condiciones óptimas de acceso a la globalización a todas las empresas, especialmente aquellas que generan más de la mitad del porcentaje de empleos del país.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, votaré a favor del crecimiento del país a favor de la competitividad, a favor del México moderno que todos nosotros esperamos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, este Pleno da inicio a lo que, sin duda, será un exhaustivo y acucioso debate. Estoy seguro, un muy rico intercambio de ideas, en parte, de los temas económicos fundamentales para el país.

La reforma fiscal y hacendaria, presentada por el Ejecutivo, envuelve y representa un muy amplio concurso de posturas. Lo que aquí se apruebe, sin duda alguna, repercutirá de manera directa en todos los sectores del país, pero más importante, y esto lo quiero enfatizar, en la vida de todos nuestros connacionales.

Por eso debemos ser sensibles y muy cuidadosos en nuestras definiciones. Bajo ese entendimiento que debemos entonces arrostrar tan, es bajo este entendimiento, repito, que debemos entonces arrostrar tan alta responsabilidad.

Las minutas que nos llegan de la Cámara Baja incluyen ya cambios significativos, claro está, sin embargo, ahora cada Senador tendrá su propia definición y será a través de esa deliberación que acercaremos posturas y encontraremos acuerdos.

De reconocer el trabajo realizado por los compañeros Diputados, debemos aclararle desde un inicio a la sociedad mexicana que aquí en el Senado de la República existe el espacio y la disposición para perfeccionar estos productos legislativos.

Hay afán de mejorar y corregir aquello que encontremos improcedente, como en otras ocasiones puedo adelantar que los Senadores del PRD actuaremos con gran responsabilidad en el análisis serio y propositivo de estas reformas.

Con respecto a este dictamen que modifica la Ley Aduanera, no podemos más que reconocer la falta de infraestructura existente en materia de puertos y aduanas, premisas que hace indispensable tomar medidas para facilitar, eficientar el despacho de las mercancías.

En este sentido, el presente dictamen considera que el despacho aduanero podrá llevarse a cabo por lugar distinto al autorizado, ello derivado de la falta de infraestructura en algunos puertos y aduanas, así como el creciente número de operaciones de comercio exterior en dichos lugares.

No podemos obviar que los retos que se presentan diariamente en las aduanas de nuestro país son incontables y singulares, por eso la importancia de modernizar los procesos y métodos que se llevan a cabo durante el tránsito de mercancías. A esa situación responde el hecho de que ahora la participación de los agentes aduanales será opcional, a efecto de que los importadores y exportadores que así lo deseen, participen directamente en las actividades de despacho aduanero de sus mercancías.

Especial relevancia tiene también el hecho de que se consideren requisitos mínimos a cubrir por los representantes de los importadores, de los exportadores que decidan despachar sus mercancías sin la intervención de un agente aduanal.

Otra modificación, que yo en lo personal celebró, es el lograr ajustar sanciones a quienes cometan las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía, y los demás datos relativos a su comercialización, especificando que dichas infracciones serán procedentes con independencia de las demás sanciones aplicables, estableciendo que la sanción pecuniaria debe ser acorde a la gravedad de la infracción.

Compañeras y compañeros, es innegable la necesidad de contar con mecanismos que permitan el acortamiento de los tiempos y de las distancias, así como reducir los costos y esfuerzos para facilitar el intercambio internacional y al mismo tiempo simplificar los trámites relacionados al comercio.

En esto, creo yo, no habrá gran divergencia de acercamientos.

Sin embargo, donde pienso yo que nos hemos quedado cortos es en el afán de redoblar esfuerzos en el rubro de la protección y seguridad aduanera, en fortalecer la óptima detección y solución de irregularidades aplicando controles más estrictos en el sistema aduanero, así como en la continua profesionalización del personal.

Especial atención merece el poco avance en materia de transparencia, no olvidemos que es precisamente aquí, en las aduanas, donde la corrupción encuentra mayores alicientes.

Apoyamos en lo general este dictamen, lo hacemos por vocación conciliadora, siempre en beneficio de la colectividad, más quiero recalcar, para que no quede ninguna duda que si bien apoyamos este dictamen, no renunciaremos a nuestra convicción de velar por la disciplina fiscal y el gasto responsable.

En el PRD velaremos porque se privilegió en todo momento el gasto público, productivo, en infraestructura, innovación y tecnología cuidando siempre que haya transparencia y rendición de cuentas.

Es cuánto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores de la República:

Hoy arranca en este Senado de la República la discusión y el debate sobre uno de los grandes temas que han presentado a México y a los mexicanos como las reformas estructurales que este país necesita, la reforma hacendaria integral, y arranca precisamente en uno de los temas que es la Ley Aduanera y que vengo a posicionar a nombre de mi grupo parlamentario, el PRI, y a esgrimir sólo algunas de las razones por las que hoy llamo su atención a fin de que todos conscientemente podamos darle el respaldo necesario con nuestro voto a favor de este trabajo tan intenso y provechoso que han realizado las Comisiones de Hacienda, de Estudios Legislativos y de Comercio.

Felicito a las y a los Senadores de estas comisiones por la madurez política mostrada en la discusión de la misma, y felicito a los grupos parlamentarios, porque pese lo que se haya dicho, con mucha responsabilidad, como los han escuchado aquí, han respaldado la posibilidad de que juntos comencemos la construcción de una gran reforma hacendaria partiendo de la Ley Aduanera, esta ley que está fundamentalmente propuesta en sus modificaciones para facilitar el comercio internacional, para desburocratizar el trabajo de las aduanas mexicanas, para aprovechar la tecnología de punta con la que hoy se cuenta para hacer revisiones mucho menos invasivas y violatorias en algunos casos de derechos nos da la gran oportunidad de presentarle a México y a los mexicanos una nueva alternativa para hacer más eficiente el comercio internacional y que siga siendo una fuente importante de recursos para nuestro país.

Venimos a impulsar con esta reforma, amigas y amigos, medidas de facilitación, de agilización y simplificación fundamentalmente de lo que hoy conocemos como el despacho aduanero.

Las queremos hacer acorde con las tendencias internacionales en las materias seguidos por nuestros principales socios comerciales y respecto a los cuales la Organización Mundial de Aduanas se ha pronunciado en diversas ocasiones favorablemente.

Hoy se modifica la ley para darles sustento a figuras importantísimas por la que por muchos años hemos empujado, quienes hemos estado en esta lucha para darle un nuevo cauce a nuestro país.

Quiero citar particularmente una de las figuras que hoy, con su venia, podremos aprobar para darle cauce a aquellos estados que, como el estado de Hidalgo, al que yo represento, no tenemos frontera, no tenemos litoral, no tenemos un aeropuerto internacional, no tenemos muchas posibilidades como muchos otros, de salir adelante y hoy aquí se propone en esta gran reforma el que se pueda contar con la figura de los recintos fiscalizados estratégicos.

Escúchenlo todos nuestros amigos, Senadores y Senadoras, del centro del país, que se encuentran en las mismas condiciones que nosotros.

Por primera vez, gracias a esta ley, se podrán establecer estos recintos fiscalizadores estratégicos en lugares distintos a las aduanas, a los puertos y a los aeropuertos, configurando así la posibilidad de que tengamos importantes polos comerciales de desarrollo en muchos estados de la República.

Pero son muchas otras cosas de las que se habla en esta reforma.

En el caso de nuestros amigos, agentes aduanales, a quienes le ha causado particular interés esta reforma, les decimos que abrirse a la competitividad no es segar sus posibilidades de seguir mejores, ya hubo una reforma como ésta cuando se crearon las figuras de los corredores públicos y que se pensaba que era tentatoria del notariado mexicano y vimos que no; los notarios no han desaparecido y se han hecho mucho más productivos gracias a esta figura.

Y por eso hoy llamo su atención, para que sin temor vayamos a la aprobación de la Ley Aduanera que nos va a permitir ser mucho más competitivos en el despacho de mercancías.

Luego pues, amigas y amigos Senadores, hoy tenemos el privilegio, juntos, de seguir construyendo la historia de este país.

Vamos a sacar adelante la reforma hacendaria comenzando por esta Ley de Aduanas y mostrándole a México y al mundo que sí somos capaces de lograr consensos, que somos muy capaces de lograr acuerdos y que con estos acuerdos vamos a construir la grandeza de México.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Saludamos a los alumnos del Centro Universitario Continental de Pachuca, Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad.

¡Sean bienvenidos!

Saludamos a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean bienvenidos!

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Estamos convencidos de que la dinámica comercial internacional apremia, que como legisladores analicemos y reformemos las leyes vigentes, con la finalidad de que los mecanismos del sistema sean mejorados y acordes con los retos que enfrenta México, y que se logre así incentivar el crecimiento económico del país y el intercambio comercial, salvaguardando siempre la seguridad nacional.

En las aduanas mexicanas se realizaron 22.4 millones de operaciones que equivalen a 4.7 billones de pesos en sólo 4 meses.

En 2012, de acuerdo con el Banco Mundial, México obtuvo el lugar 47 de 155 en los Indices de Desempeño Logístico, que mide, entre otras cosas, la eficiencia del proceso de despacho de mercancías, calidad del comercio y el transporte relacionado con la infraestructura.

Para todos los mexicanos es importante que México se posicione como un país altamente competitivo, que beneficie el intercambio comercial y la economía nacional.

Por ello, compañeras y compañeros, el día de hoy, los Senadores que conformamos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vamos a votar a favor del dictamen que modifica la Ley Aduanera, porque como bien señalamos, se trata de un sector fundamental para la actividad económica y exportadora del país, además de que no tiene ninguna connotación impositiva y recaudatoria.

Aunado a lo anterior, durante el proceso legislativo, desde su análisis y dictaminación en la Cámara de Diputados, se ha trabajado muy de cerca con la Asociación Nacional de Agentes de Aduana y con la Secretaría de Hacienda, para fortalecer la legislación que está a discusión.

Gracias a ello, vale la pena decirlo, ya se ha mejorado el proyecto original del Poder Ejecutivo.

En la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados, se modificaron artículos que perjudicaban a este gremio de manera importante dentro de las 97 reformas, 34 adiciones y las 25 derogaciones en la que consistía la iniciativa del Ejecutivo Federal. Aun así, con el ánimo de mejorar esta legislación, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentará una reserva en materia de agentes aduanales sustitutos definidos en el artículo 159, fracción VII.

El PAN plantea adicionar un Artículo Sexto Transitorio para establecer: que los agentes aduanales que se han certificado como sustitutos y los que están en trámite tengan un plazo de un año para solicitar la patente de agente aduanal, basados en proporcionar certeza jurídica, respecto a la inversión de los agentes aduanales y seguridad nacional.

De esta manera, los legisladores del PAN, queremos brindar total certidumbre jurídica a los actos que actualmente llevan a cabo en las agencias aduanales, y dar la posibilidad a los agentes sustitutos actuales de conservar su trabajo y ver redituada la inversión de tiempo y esfuerzo para certificarse.

Además, dada la situación particular de inseguridad en la región fronteriza, donde se asientan los puertos de entrada y tráfico de mercancías legales e ilegales, por ejemplo, armas, dinero y droga, es importante garantizar la operación segura y confiable de las agencias aduanales, que por años han dado certeza de su buen desempeño.

Es por lo anterior, por lo que los Senadores del Partido Acción Nacional votaremos a favor, pero nos preocupa garantizar el correcto funcionamiento del sistema aduanal, por lo que consideramos que este paso intermedio garantiza que esta apertura no tenga consecuencias en las relaciones comerciales internacionales.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Procederemos ahora a la discusión en lo general.

En virtud de que no hay oradores registrados para la discusión en lo general, se abre el registro de artículos para reservar.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

El 37-A, el 165, el 183-A y el 184-B, reservados por el Senador Héctor Larios Córdova.

Asimismo, los Senadores Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez y Héctor Larios Córdova, presentan sendas propuestas de la adición de un artículo transitorio.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 111 votos en pro, 3 en contra y 4 abstenciones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, quién presentará la reserva de los artículos 37-A, 165, 183-A y 184-B, independientemente de que se votaran una por una.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

En atención al tiempo de la sesión. Haré en una sola presentación las diferentes reservas, salvo una, que es la adición de un transitorio que se hará posteriormente, porque es un tema que implica a varios compañeros.

La primera reserva es con relación al artículo 37-A.

Se refiere fundamentalmente al tema de pedimentos consolidados. Los pedimentos consolidados se usan por la industria manufacturera de exportación, que importa de manera temporal y exporta, y tiene movimientos todos los días.

Y entonces en vez de estar haciendo un pedimento por cada contenedor. En cada contenedor viene una factura con elementos digitales y cuando termina la semana presenta un pedimento consolidado de todos sus movimientos de importación que hizo la semana anterior.

Tradicionalmente tenía el periodo de una semana, o sea, hasta el viernes de la siguiente semana para presentar el pedimento consolidado. Hay que tomar en consideración que tenemos empresas que tienen miles de movimientos, literalmente decenas de miles de movimientos en una semana.

Ahora se propone poner en ley, que solamente tengan el plazo para presentarlo el martes. Es decir, estuvieron haciendo movimientos de importación y exportación toda la semana, hasta el sábado o incluso si trabajan el domingo; tienen el lunes para consolidar todos esos movimientos, de los cuales ya existen facturas y esa factura está en poder de la Aduana, o sea, no hay manera de alterar la información. Y ahora los obligan a presentarlo el martes.

La propuesta de reserva es para modificar el artículo 37-A, y se mantenga el plazo de que puedan hacerlo hasta el viernes de la siguiente semana. Desde luego a ellos les conviene acelerar el trámite, pero que no les pongamos una camisa de fuerza, que en 24 horas consoliden toda la información.

La segunda reserva corresponde al artículo 165, y tiene que ver con seguridad jurídica.

El artículo 165 de la Ley Aduanera, establece las causales de cancelación de patente de un agente aduanal. Es muy importante que todos entendamos que un agente aduanal no es una sola persona, es todo un equipo. Tiene instalaciones, bodegas, personal que trabaja en diferentes puntos. Es un negocio en marcha, cancelar la patente, significa cerrar el negocio.

Me parece que es importante que existan causales por las cuales se puede cancelar una patente, fundamentalmente cuando intenta o cuando comete fraudes en contra del Fisco.

Pero es muy importante también no caer en redacciones que le den absoluta discrecionalidad al Ejecutivo, para poder cancelar una patente sin afectación real a la hacienda pública.

Por ejemplo, la fracción XI, que es motivo de la reserva. Dice que es una causal de cancelar la patente declarar en el pedimento o en sus anexos, un valor diferente al que declare el importador o el exportador.

Ciertamente, si intenta fraudear al Fisco, debe de quitársele la patente. Pero si se equivoca, por un centavo o por una pequeña diferencia, me parece que es demasiado poder a la autoridad declarar la pena de muerte por una falta menor que puede cualquier humano cometer.

El propio artículo 165 en la fracción II, que ya existía y que no se modifica, establece, que solamente es causal de la rescisión de la patente, cuando el dato inexacto tiene una diferencia de más del 10% o cuando le causa al Fisco mayor a 200 mil pesos.

Ciertamente pensamos que la autoridad es de buena fe y no va a usar, por una minucia, una facultad tan discrecional. Pero me parece que, por seguridad jurídica, tenemos que pensar en, no sólo en la seguridad jurídica del agente aduanal, sino de todo el negocio o de todo establecimiento y ponerle los mismos atenuantes que están en la fracción II.

La siguiente reserva tiene que ver también con este artículo. Hoy es causal de cancelar la patente, cuando el agente aduanal no revisa, no tiene permisos de importación, sino es un producto que requiere permiso de importación. No revisa si hay cupo, en los casos de importación de cupo, o no descarga en el sistema el cupo o sea la importación para que se vaya reduciendo el cupo del producto que se está importando.

Ahora, la autoridad quiere añadirle, que también haga la importación, sin cumplir con algunas, de cualquiera otra obligación que ponga cualquiera otra autoridad. Por ejemplo, permiso sanitario, permiso ambiental, permiso de salud, de Cofepris, de Seguridad Nacional.

Ciertamente, si hace una de estas cosas, es una falta, incluso un delito, y en algunos casos es delito de contrabando y tiene que sancionar la autoridad.

Pero cualquier falla, por mínima que sea, decir, que se condena a pena de muerte, o sea, desaparecer el negocio, me parece que es absolutamente exagerada la pena que se plantea y le da margen a la autoridad para ser totalmente discrecional.

Por motivo de otro tipo espera el mínimo error y le quita la patente a alguien y lastima no solamente a él, sino a los clientes que seguramente tendrán mercancía en tránsito.

La siguiente reserva tiene que ver, exactamente con este mismo artículo…

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Larios Córdova, un momento.

Sonido en el escaño del Senador Domínguez Servién, para qué efecto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, para que pida orden en este Senado, se está discutiendo un artículo, para aprobarlo o no, de trascendencia, y pareciera que, o todos se lo saben de memoria o no saben ni qué está planteando, nuestro compañero Senador Héctor Larios.

Es cuanto.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ha lugar.

Senadores, por favor, pónganle atención al orador.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

La siguiente reserva tiene que ver con la mercancía que decomisa la autoridad.

Si la autoridad encuentra en una importación que existe alguna irregularidad o presume la existencia de alguna irregularidad, así está convencida que existe, puede decomisar la mercancía.

Ahora se introduce en la ley una nueva posibilidad para que el agente aduanal vuelva a reformular el pedimento, corrigiendo el error en que haya incurrido, pagar sus contribuciones y poderla importar.

Tiene para eso un plazo de 30 días, pero la ley pone una excepción que antes no existía. La excepción es, cuando se trate de presunciones de que se incumple cualquier tema sanitario, de fitosanitario, de salud o de medio ambiente.

Y esto, me parece, que también es una cuestión de grados. Evidentemente si la mercancía incautada es precursores para producir drogas, pues evidentemente además tiene otra cantidad enorme de delitos. O si tiene contaminantes o lo que sea, pues tiene que impedirse.

Pero puede ser otra causal que no sea tan dramática, debería de darle espacio para que pueda presentar los elementos a su juicio el importador y no pierda la mercancía que está incautada.

La última reserva que presento en este momento, es el artículo 184-B. Este artículo, uno de los grandes cambios que hace la ley, es que lo que ya existía, que era básicamente o sea todos los trámites por vía electrónica, los pedimentos, la validación de pedimentos, todo se hace por vía electrónica, ahora todo se incorpora en la ley, y entonces la autoridad aprovecha para poner obligaciones adicionales y que me parece de manera correcta.

Se han incrementado las multas de manera sustancial, y eso me parece que también es correcto. Solamente que también hay que distinguir, una cosa es multar, cuando venga un dato falso con la multa máxima o con el incremento de multas, y otra es cuando venga un simple error que no afecta en nada al comercio exterior, y entonces, la propuesta al artículo 183 que establece las multas elevadas que se ponga una distinción; cuando venga un dato falso que se pueda aplicar cualquiera de las multas elevadas como están consideradas, que son de 18 mil a 30 mil pesos.

Pero cuando se refiere a un error que no tiene relación con el tema de la importación, que se equivocó, que coinciden las placas del trailer que trae el contenedor y no coincide algún otro dato del contenedor o cosas por el estilo, pues simplemente que pueda aplicársele la multa con la tarifa anterior que estaba, que era de 1,400 a 2,200.

Esas son las reservas, señor Presidente, de los artículos antes señalados.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se consulta a la Asamblea, en votación nominal, si se admiten a discusión las reservas de los artículos 37-A, del 165, del 183-A y del 184-B.

Abrase el registro. Y estamos votando si se admiten a discusión las cuatro reservas, por favor, Senadoras y Senadores.

Saludamos a los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Ocampo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitados por el Senador Morón Orozco.

¡Sean bienvenidos!

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En virtud de que el sistema está pasmado, pido a la Secretaría que consulte, en votación económica, si se admiten a discusión los cuatro artículos reservados, los vuelvo a leer.

El 37-A, el 165, el 183-A y el 184-B, los cuatro presentados por el Senador Héctor Larios, del PAN.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión los artículos 37-A, 165, 183-A y 184-B. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¿Hay dudas? Yo nada más les pregunto si hay dudas, porque si no tendríamos que ir en micrófono en mano.

Entonces no se admite a discusión. Bueno, la Asamblea es la que manda.

Iniciaremos la votación artículo por artículo de los que fueron reservados, primero empezaremos por el 37-A, después por el 165, después por el 183-A y después por el 184-B.

Abrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, por el artículo 37-A.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señoras Senadoras y Senadores, está abierto el sistema electrónico, estamos haciendo la votación del artículo 37-A presentado por el Senador Héctor Larios en los términos del dictamen.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) El sentido de lo que estamos votando, por favor, si fuera tan amable.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Estamos votando en el sentido que viene el proyecto. Se desechó la reserva y se está votando en el sentido en que está el proyecto.

Les pido de favor, tanto a la Secretaría informe, y, segundo, que pongan atención.

El que vote a favor va en sentido del dictamen, el que vote en contra, va contra el sentido del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, tenemos 66 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 37-A del proyecto de Decreto.

Abrase el sistema electrónico, ahora votaremos la reserva del artículo 165. El que vaya por el sí va en los términos del dictamen, el que vaya por el no, va en contra de los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 65 votos a favor y 52 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 165 del proyecto de Decreto.

Ahora pasaremos a la votación del artículo 183-A. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal.

El que vote a favor, vota con el proyecto, el que vote en contra, va en contra del sentido del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 71 votos a favor y 47 votos en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 183-A del proyecto de Decreto.

Pasaremos a votar el artículo 184-B. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal.

El que vote a favor va en sentido del dictamen, el que vote en contra, va contra el sentido del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro de votación, se emitieron 69 votos en pro y 47 votos en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 184-B del proyecto de Decreto.

Pasamos a la presentación de propuestas de adición al proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Domínguez Servién, para la presentación de su propuesta de adición de un artículo transitorio.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Gracias, señor Presidente.

Los agentes aduanales, apoderados aduanales, deben de acreditar diversos exámenes para obtener una patente aduanal autorizada que le faculta a ejercer la validación de las actividades de importaciones y exportaciones, las cuales están sujetas a múltiples reglas y normativas complejas. Sin experiencia previa ni conocimiento o preparación en la legislación y trámites aduaneros representaría un alto riesgo de error.

Nuestro país, lo he dicho ya varias veces, tiene 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países, abarcan, aproximadamente 11 mil 500 fracciones arancelarias de las cuales casi 5 mil tienen menos de una regulación o restricción arancelaria, como son permisos previos que recaban dependencias como la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la COFEPRIS, avisos relacionados con la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por ello, la Ley Aduanera vigente en sus artículos 163 y 163-A se contempla la figura del agente aduanal substituto profesionista que ha sido designado previamente por el titular patente en casos de ausencia, de fallecimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario.

Este contexto de la Ley Aduanera vigente en sus dichos artículos ayudan al agente aduanal en base a su experiencia previa.

El dictamen que se presenta a discusión aprueba la propuesta del Ejecutivo para que desaparezca la figura del agente aduanal sustituto, que propongo a esta Soberanía y les pido ahí el apoyo solidario a todo lo que importamos en este país, que es prácticamente todo. Pareciera que el agente aduanal a esta Administración no le importa, quizá porque querrá inundar de productos de todo tipo de interés este país, inclusive los de procedencia ilícita.

Por eso yo le pido a esta Soberanía que aquellas personas que hayan sido acreditadas y autorizados como agentes aduanales sustitutos o adscritos se les expedirá patente de agente aduanal en los términos del artículo 159 de esta ley.

Por su atención y esperando que sepan qué votan, compañeras y compañeros a favor de los productores nacionales, lo hagan a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Domínguez Servién.

A petición del Senador Héctor Larios Córdova, y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos, en votación nominal, si se acepta a discusión la propuesta de adición de un artículo transitorio.

Háganse los anuncios a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal.

El voto afirmativo es para que se admita a discusión, el voto negativo es para que no se admita a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico de votación, se emitieron 52 votos a favor y 61 en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

El dictamen que se discute propone, entre otras cosas, la desaparición de los agentes aduanales sustitutos en coincidencia con la propuesta del Ejecutivo Federal.

Asimismo, las comisiones dictaminadoras establecen en el presente dictamen que la eliminación de esta figura es viable, ya que se debe de considerar la patente de agente aduanal como intransferible y que, en ese sentido, es el Estado el único facultado para determinar a quién se le otorga la patente de agente aduanal.

Si bien es cierto que jurídicamente se coincide con los términos de la propuesta, también es cierto que la figura de agente aduanal sustituto tiene una finalidad clara, que es la de dejar protegida la agencia en el caso de que exista en una de las causales por las cuales el agente deje de prestar el servicio. Es decir, no es una función solamente representativa, sino de responsabilidad y obligatoriedad respecto a la agencia aduanal de la que se es sustituto.

Al efecto, es necesario replantar la inmediata derogación de la fracción VII del artículo 163 de la ley, toda vez que de aprobarse ese dictamen el día de hoy y ser enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por lo cual habría un estado de indefensión para todos aquellos agentes aduanales sustitutos o que se encuentran en proceso de serlo.

Es importante señalar que, muchas ocasiones, estos agentes sustitutos vienen preparándose dentro de la agencia, obteniendo experiencia y trabajando los despachos normales, por lo cual es bastante injusto y sumamente delicado el que esta experiencia y este trámite adquirido se vea borrado de un plumazo de un día para el otro.

Es nuestra obligación como Senadores darle certeza jurídica tanto a los clientes de las agencias aduanales como a los mismos agentes, de que su inversión y los actos que ellos mismos llevan a cabo sean respetados.

Se ha querido satanizar a los agentes aduanales, y yo quiero hacer aquí una defensa de la función que llevan, no solamente para el trámite de despachos, sino también en materia de seguridad, así como también resaltar que son empleadores importantes, sobre todo en el estado del cual provengo, que es Veracruz, donde generan casi 3 mil empleos y que con esta ley se pueden ver en riesgo.

Por ello, es muy importante que le demos la certeza jurídica a los agentes aduanales de que todo lo que ellos han construido, que es su patrimonio y no es solamente la función que llevan a cabo, podrá verse protegido por medio de la figura del sustituto.

En virtud de las votaciones que hemos visto mayoritarias para rechazar estas reservas, quisiera hacer patente y volver a recalcar el compromiso que ya hizo la autoridad con nosotros hace un par de horas.

El primero de ellos es que la publicación de esta ley, de ser aprobada por el Senado de la República, se dé hasta el día 31 de diciembre, para que la entrada en vigor se dé a partir del día primero de enero, y con esto poder garantizar que todos aquéllos, que el día de hoy están presentando exámenes para ser agentes sustitutos o están en trámite de una patente, no se vean afectados en sus derechos con la entrada en vigor de esta ley.

Y el segundo compromiso que hizo la autoridad, es que por medio de reglas generales se establecerá un plazo, si no se aprobara la propuesta que ahorita presento, para que en caso de renuncia del agente aduanal, el sustituto pueda tener el título de la misma y, de ser así necesario por algunas de las causales de renuncia o de que no existiera.

Es muy importante que le demos la certeza jurídica al agente aduanal, también al cliente con el cual llevan diferentes trámites para que todo su patrimonio, para que el trabajo que han venido desarrollando durante muchos años y la importante función social que desempeñan en el país no sea afectada.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fernando Yunes.

A petición del Senador Héctor Larios Córdova y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos en votación nominal si se acepta a discusión la propuesta de adición de este artículo transitorio.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se emitieron 40 votos a favor, 72 en contra y cero abstenciones.

No se acepta a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

El Senador Héctor Larios Córdova retiró su reserva, su adición al transitorio.

En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de segunda lectura)



El texto de las modificaciones está disponible para su consulta en los monitores de sus escaños.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones presentadas por las comisiones unidas se incorporen al texto del dictamen publicado para su discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones presentadas por las comisiones unidas se incorporen al texto del dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión el proyecto de Decreto para reformar el Código Fiscal de la Federación con las modificaciones a los artículos 14-B, 26, 26-A, 29, 29-A, 30, 32-B, 34-A, 36 Bis, 46, 46-A, 48, 69, 76, 81, 83, 84, 84-G, 86-B, 86-I, 111, 133-A y Segundo Transitorio.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones unidas, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, señor Presidente. Saludando como siempre con gran respeto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores.

Tengo a bien, por disposición de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, presentar ante esta Soberanía las consideraciones que se lograron y alcanzaron en el debate de esta minuta en los trabajos de comisiones unidas.

Yo quisiera que las primeras palabras en este sentido sean para reconocer el gran trabajo, la responsabilidad, la seriedad y la sobriedad de las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que muy dignamente preside y encabeza el Senador Alejandro Encinas; han generado condiciones de trabajo en un ámbito constructivo, y sin renunciar a sus posiciones, sin renunciar a las causas y a la ideología, se ha logrado dignificar al Senado de la República.

Por eso es que a nombre de mis compañeros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, acudo a esta alta tribuna para presentar a esta Honorable Asamblea, el dictamen a la minuta de proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

El día de hoy se somete a su consideración el dictamen del Código Fiscal de la Federación, que es resultado de un diagnóstico responsable sobre los problemas y necesidades que las autoridades fiscales plantean; pero también de escuchar diversas voces que nos han permitido obtener una visión aún más completa a las distintas problemáticas que presenta la legislación aún vigente.

Las reformas que hoy se presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, tienen una visión de largo plazo y se anticipan a los escenarios futuros en el ámbito de la administración tributaria.

Debemos subrayar que la minuta turnada por la Colegisladora contiene ajustes a las disposiciones fiscales que permitirán simplificar la relación entre los contribuyentes y la autoridad fiscal.

Tal es el caso de la simplificación de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que se prevé y la inclusión de la Clave Unica de Registro de Población como elemento que permitirá generar la Clave del Registro Federal del Contribuyente, con lo que se espera promover el cumplimiento de obligaciones de un mayor número de causantes.

La reforma establece la incorporación del buzón tributario como un mecanismo de comunicación que permitirá agilizar la comunicación y ahorrarle costos al momento de intercambiar información con lo que se pretende sea el centro de operación de los contribuyentes, especialmente de aquellos pequeños empresarios que carecen de elementos para la contratación de especialistas.

En su conjunto, la aprobación de estas modificaciones a la legislación significará un gran esfuerzo para fortalecer los derechos de los contribuyentes.

Con esta visión, las modificaciones acotan notoriamente la discrecionalidad en el uso del embargo precautorio de cuentas bancarias, se abren múltiples posibilidades para la auto corrección e inclusive se promueven medidas para inducirla, como es la posibilidad de ajustar los pagos de adeudos fiscales al flujo financiero disponible de la empresa.

En la etapa de auditoría, se obliga a la autoridad fiscal a informar a los órganos de dirección de las empresas de su avance, y se crea una nueva instancia de mediación que evite costosos procesos jurisdiccionales con la participación de un ente autónomo, que es la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente.

El dictamen que se somete a su consideración, también contiene medidas que permitan atender la evasión, que con preocupación observamos, se ha venido sofisticando y tomando elementos cada vez más cercanos a la defraudación fiscal, así la autoridad tendrá mayores facultades para reducir este fenómeno y evitar una espiral evasora, que demeritaría todo esfuerzo legislativo por tener un estado sólido.

El proyecto contiene un nuevo procedimiento expedito para dejar sin efectos aquellos comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes que simulan operaciones o trafican con aquellos.

Un nuevo concepto de domicilio fiscal, que se utilizaría como último recurso, y que consiste en tomar aquel declarado a las instituciones financieras por parte del contribuyente.

En resumen, se percibe que el objetivo principal de las reformas y adiciones es sentar las bases jurídicas para fomentar el cumplimiento voluntario mediante la facilitación y reducción de los costos de contribuir, el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes y el otorgamiento de nuevas facultades que inhiban la evasión, la elusión y el fraude fiscal.

Por estas razones, y por las argumentaciones que escucharán, de manera muy respetuosa, ponemos a consideración de las señoras y señores Senadores el presente dictamen.

Muchas gracias por su atención. Y reconocemos, de nueva cuenta, la contribución y el trabajo constructivo y respetuoso de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda y Crédito Pública y en la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside el Senador Alejandro Encinas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Francisco Yunes.

Procederemos a la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

El Ejecutivo Federal, como parte de la reforma hacendaria, envió al Congreso de la Unión una iniciativa que reforma varias disposiciones en materia de reglamentación para la recaudación nacional.

En muchos de estos cambios se percibe claramente la intención del Ejecutivo Federal de hacer más agresivas las medidas de recaudación contra los contribuyentes.

A continuación, se exponen los puntos más importantes en los cambios de esta legislación.

El Ejecutivo Federal propuso la figura del buzón tributario, la cual consiste en un buzón electrónico que los contribuyentes poseerán para acreditar las comunicaciones con la autoridad hacendaria.

En la discusión en la comisión, la dictaminadora estableció que este medio de comunicación debe ser un método opcional para los contribuyentes, dejando a elección del contribuyente utilizar el buzón o los medios tradicionales para mantener comunicación con Hacienda.

La razón más importante para introducir esta ambivalencia comunicacional se basaba en que el avance tecnológico no tiene un alcance en todo el territorio nacional, lo cual obstaculizaría las declaraciones y proceso de tributación en los lugares alejados del país.

Las notificaciones y requerimientos se harán a través de dicho buzón, sin necesidad de notificar personalmente al contribuyente cuando él así lo elija.

Con lo que respecta al embargo precautorio, la reforma al código establece un orden de prelación; en la fracción III del artículo 40, se estable que no se podrán embargar cuentas de pensiones de los trabajadores o aportaciones voluntarias para el retiro; sin embargo, la autoridad fiscal podrá embargar los demás depósitos que los contribuyentes realizan en sus cuentas bancarias y, obviamente, hasta el monto en que ascienda el crédito fiscal a asegurar.

De esta forma, la autoridad tiene la facultad de embargar bienes que no se encuentren en el domicilio fiscal del contribuyente.

La figura del dictamen fiscal, que consistía en que un contador público dictaminara las declaraciones de los contribuyentes en ciertos casos, desaparece, y se establece que todas las declaraciones se realizarán por medios electrónicos sin mediación del contador, esto al derogar los artículos 32-A, 47, 52, 52-A y relativos.

Asimismo, se establecen varias medidas para que la autoridad fiscal presuma o indague información privada de los contribuyentes para ejercer presión a través de la intromisión a datos privados para el cobro de deudas fiscales.

Cuando los contribuyentes no tengan dado de alta un domicilio fiscal, o no se encuentre en él cuando la autoridad tributaria los requiera, podrá presumir como domicilio el que el contribuyente tenga dado de alta ante la institución bancaria, conforme a la fracción I, último párrafo del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

Así, toda persona que tenga una cuenta bancaria o en instituciones de ahorro y crédito, deberá estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes para mayor control de la autoridad.

Se establecen, asimismo, nuevos supuestos contra contribuyentes defraudadores, en la fracción X del artículo 17-H, que restringe el otorgamiento de certificados fiscales por parte de Hacienda, que los contribuyentes no realicen sus declaraciones periódicamente, que el contribuyente desaparezca, que utilicen comprobantes fiscales de actos simulados o no presentarse durante un procedimiento administrativo a ejecución.

Del Código Penal Federal se trasladan los delitos que los contribuyentes puedan acreditar en materia fiscal y se enlistan del artículo 97-A al 97-F, pero en la minuta final, turnada a la Cámara Alta, se eliminan estas adiciones al Código Fiscal de la Federación, debido a que ya se encuentran establecidos por el Código Penal Federal.

Se mantiene, sin embargo, que los auxiliares, contadores, abogados, etcétera, que aconsejen o guíen a un contribuyente a someter una simulación o un delito fiscal, incurrirán en una responsabilidad, aún cuando haya sido sugerida una acción al contribuyente y que éste no pudo acatar.

En suma, estas reformas establecidas dan poder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras más, que por razones de tiempo omití, para fiscalizar agresivamente a los contribuyentes, bajo el supuesto de evitar elusiones fiscales, violentando la intimidad y fomentando el acoso a los ciudadanos.

Por ello, el posicionamiento de la bancada que represento, que es la del Partido del Trabajo, es que votaremos en contra de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Antonio Blásquez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del partido Nueva Alianza.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Al pueblo de México.

El pacto fiscal, entendido como el acuerdo entre los ciudadanos y el gobierno, que determina la dinámica de contribución y gasto público, se convierte en la relación más importante entre estos. Significa que el gobierno recauda todas aquellas contribuciones de los ciudadanos para, a su vez, devolverle bienes y servicios públicos de calidad.

Como Poder Legislativo, tenemos el mandato de brindarle a la sociedad un marco jurídico que dé certeza, que haga eficiente el proceso de recaudación y gasto de los recursos públicos.

El dictamen que está a discusión, contempla la introducción de nuevos procedimientos que pretenden estimular la incorporación a la formalidad, otorgar facilidades a los contribuyentes, a través del uso de la tecnología, para cumplir con sus obligaciones y dotar a la autoridad fiscal de un marco legal que le permita reducir y simplificar los mecanismos a través de los cuales se acerca a los contribuyentes.

Al generar las condiciones de seguridad jurídica para el contribuyente, hacia una verdadera justicia fiscal, se cumple la condición necesaria para que la economía mexicana rompa con la desaceleración que ha afectado a millones de ciudadanos.

De las propuestas que hoy discutimos, la creación de un buzón tributario, el cual permitirá tener una mejor comunicación entre la autoridad y los contribuyentes, constituye, sin duda, un avance importante.

Pero es más relevante, me parece, que el eje central del dictamen a discusión sea la construcción de una nueva cultura contributiva, en la que la sociedad transforme su percepción sobre el pago de impuestos, en donde a través de una simplificación de procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas, se fomente un contexto para la confianza ciudadana.

Al invertir menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la recaudación por parte de la autoridad, se incrementará sustancialmente e impulsará la competitividad del sector productivo por la reducción del costo para la atención de sus obligaciones fiscales.

Adicionalmente, estas medidas aumentarán la base gravable, por medio de la nitidez y la facilidad que les otorga esta nueva legislación.

Actualmente, el porcentaje de la población que capta sus ingresos por medio de la economía informal es, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, mayor al 50 por ciento

En promedio, cada año la población ocupada total y la población ocupada en el sector informal, aumenta en 848 mil 159 y 268 mil 480 empleos, respectivamente. Por lo tanto, anualmente el sector no estructurado absorbe, en promedio, el 31.65 por ciento del aumento de la población ocupada total.

En las sociedades donde el pago de impuestos es alto, el ciudadano confía en las normas y en las leyes porque existe una percepción de correspondencia en la ecuación contribución-gasto.

Es por eso que, habiendo mencionado las bondades que contiene el presente dictamen, me permito, también, reservarme dos artículos del mismo.

El primero será el artículo 32-A, ya que en defensa de los emprendedores y en el entendido que solo con ellos podremos impulsar la economía, no podemos perjudicar su opción de dictaminar sus estados financieros, por no alcanzar la cantidad mínima de ingresos que previene el dictamen.

El segundo que me reservaré es el artículo 121, por perjudicar a los contribuyentes, al disminuir el plazo para interponer el recurso respectivo y, por tanto, acotar derechos fundamentales procesales.

Con la aprobación del dictamen, relativo a la iniciativa del Código Fiscal de la Federación y las reservas mencionadas, refrendamos el firme compromiso con la sociedad, para impulsar medidas que faciliten la dinámica contributiva y con medidas que transparenten el gasto.

Promoveremos una cultura contributiva en la que los contribuyentes perciban y sepan cómo se gastan sus impuestos. Asimismo, también la aplicación de los mismos.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mónica Arriola.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En nuestro país, nuestro sistema tributario se ha caracterizado por una baja recaudación en relación con diversos socios comerciales nuestros.

De hecho, la recaudación representa tan solo el 18.8 por ciento del Producto Interno Bruto, en comparación con el promedio de recaudación en otros países miembros de la OCDE, en el cual representa en promedio un 33 por ciento.

Otro aspecto que caracteriza a México, es la alta dependencia con la renta petrolera. Por lo que era necesario hacer cambios graduales para otorgar mayor libertad económica a nuestro país y poder brindar mejores servicios públicos a los mexicanos.

La reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal, contribuye de manera amplia a que los actores en el sistema tributario, es decir, contribuyentes y autoridades fiscales, construyamos una relación armoniosa, de suerte tal, que se contribuya al fortalecimiento de las finanzas públicas de nuestro país.

El dictamen que el día de hoy se somete a la consideración de esta Soberanía, es importante y relevante en la vida económica de nuestro país, debido a que las adiciones y modificaciones al Código Fiscal de la Federación inciden en la ampliación de la plataforma tributaria de nuestro México.

Los cambios que se plantean en este ordenamiento son eficientes, eficaces, modernos y todos permiten ir construyendo un sistema legal armonioso, de cara al contribuyente, y obligado, de cara a la autoridad.

Por muchos años, los trámites fiscales fueron complejos y engorrosos, por lo que con las reformas propuestas se está haciendo una simplificación importante, a través de mecanismos innovadores, para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en tiempo y en forma. Así como para que las autoridades fiscales cuenten con herramientas suficientes, para cumplir con su trabajo de manera más sencilla.

Un aspecto muy importante de estas modificaciones, es que las entidades financieras colaborarán de manera muy estrecha con las autoridades fiscales, con el único objeto de proveer de información, para hacer un mejor uso de las herramientas que proporciona este Código Fiscal de la Federación.

Todos los cambios aquí propuestos, se llevaron a cabo con estricto apego al derecho de los contribuyentes, para avanzar hacia un estado de derecho sólido, en el que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley; para avanzar hacia un sistema tributario, en donde haya una mayor simplificación; en donde haya una mayor transparencia y en donde todos aquellos elementos para cumplir, se den apego a la Constitución.

En el Partido Verde Ecologista, votaremos a favor del presente dictamen, porque contiene un elemento fundamental: certeza jurídica, considerada como elemental para que haya responsabilidad en el apego en las contribuciones y las obligaciones.

Además, incorpora medidas modernas que generarán, sin duda, un entorno de confianza, un entorno de mayor simplificación y un entorno donde todos ganaremos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Luis Melgar.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente. Senadoras, Senadores:

Vengo a fundamentar el voto a favor del PRD, en este dictamen del Código Fiscal.

Lo más destacable de la iniciativa, es la adecuación general de las llamadas tecnologías de la información.

Esto presenta un avance dentro de la legislación mexicana, aunque no son reformas pioneras, hay que decirlo, ya que antes que en el Código Fiscal de la Federación, se hicieron los juicios en línea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dentro de estas modificaciones, es de especial mención el tema del buzón tributario, el cual va a servir para todo tipo de notificaciones, y por eso debería de llevar el nombre de “buzón fiscal”, acorde con una mejor técnica jurídica.

Este buzón tributario y la forma en que está regulado, permitirá que las notificaciones cada vez sean más certeras y menos controvertidas.

Dentro de la incorporación de las tecnologías de información en esta reforma, está la adecuación de la firma electrónica avanzada, de la inscripción en el registro federal de contribuyentes y de algunas otras obligaciones fiscales, lo cual lo hace congruente con el sistema electrónico digital fiscal que se propone.

Otro acierto de la incorporación de las tecnologías de información en esta reforma, es el artículo que establece con claridad las reglas para las auditorías electrónicas, puesto que si ahora todo esto va a ser digital, virtual, electrónico, necesitamos reglas para las auditorías de esta naturaleza.

Resultan un gran acierto cada una de las reformas que van acotando la discrecionalidad con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuaba frente a los contribuyentes, como lo son las definiciones que se incorporan para el tema del procedimiento de los embargos precautorios.

Al haber presentado sus motivos, el Ejecutivo Federal habla de los derechos del contribuyente, aunque en la materia falta mucho por hacer en este propio Código Fiscal de la Federación.

Hay temas rescatables de esta iniciativa, como lo son el permitir que las personas físicas puedan nombrar un representante, situación que antes de esta reforma no existía. Esto va más acorde con la realidad que vivimos, ya que cada vez es más complicado que una persona física que tributa, es decir, que trabaja y genera ingresos sobre los cuales se debe de pagar impuestos, pueda comparecer siempre y en todo momento ante la autoridad fiscal, esto no es posible. Por lo que sí resulta un avance en pro de los derechos de los contribuyentes que la persona física también pueda ser representada ante las autoridades fiscales.

Lo que no es correcto, es la discrecionalidad en el reconocimiento del SAT para estas personas representantes.

También resulta un acierto jurídico, el que se permita a la Secretaría establecer como domicilio, para efectos fiscales, el manifestado ante las entidades financieras y las cooperativas de ahorro. La decisión de cancelar los sellos digitales de aquellos contribuyentes incumplidos, significa un avance en la seguridad de los receptores de los comprobantes.

Por primera vez, se menciona en el Código el tema de las intermediarias mercantiles, ya que en el artículo que regula los requisitos para la emisión de comprobantes digitales fiscales, se incluye la obligación de mencionar quién realizó el pago al proveedor.

Sin embargo, sería conveniente agregar un capítulo que regule perfectamente la actividad de las intermediarias o intermediadoras mercantiles, sobre todo las de orden internacional.

La adecuación de fondo al artículo 40-A, es importante porque establece los tiempos, los modos y las formas en las que la autoridad fiscal, coercitivamente, podrá garantizar el interés fiscal, adición que da mayor certeza al contribuyente; porque si bien es cierto que el artículo es extenso, detallado y farragoso, también es cierto que el contribuyente contaría, por primera vez, con un manual que le permite estar vigilante del coto impuesto a la autoridad fiscal en el ejercicio de aseguramientos.

Tal vez la parte más importante de esta iniciativa es el artículo 69, que permite que el SAT publique en su página de Internet, el nombre, denominación, razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellas personas que sean beneficiarias de créditos fiscales y que tengan un crédito fiscal firme.

Los créditos fiscales, en esta iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, establecen un plazo máximo de diez años para que se configure la extinción de los mismos a través de su prescripción; dicho de otra manera, para que prescriban los créditos fiscales.

En materia de cancelación de créditos fiscales, la autoridad fiscal federal no tiene obligación de hacer público el procedimiento, y esto es lo malo; se lleva a cabo para determinar la insolvencia del deudor y responsable solidario o la incosteabilidad de los créditos para proceder a su cancelación.

Mejor lo explico. Resulta un avance conocer a los beneficiarios; por primera vez se podrá conocer los beneficiarios de la condonación de créditos fiscales, pero sería mejor transparentar el procedimiento para determinar quién sí y quién no se hace acreedor de la condonación de un crédito fiscal, para que así se pueda atacar el enorme hoyo fiscal, que tan sólo al cierre de 2012, el importe de créditos fiscales fue de 668 mil 543 millones de pesos. El año pasado, 2012, se condonaron 75 mil 240 millones de pesos, de los cuales nunca se supo qué criterios, qué montos por crédito, qué beneficiarios.

Ahora, gracias a este Código, conoceremos quiénes serán los beneficiarios de los créditos condonados, pero no los montos ni los procedimientos sobre los cuales se condona.

La minuta también incluye aspectos que pudieran resultar negativos. En varias modificaciones propuestas se agregan posibilidades de que la autoridad retrase, en contra del contribuyente, procedimientos específicos y que la autoridad requiera algún documento extra, que no está marcado ni en la ley, ni en los reglamentos; la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal resulta, en algunos aspectos, engañosa, porque en sus motivos pretende justificar los cambios que involucran al contribuyente, con el argumento de incrementar y mejorar los derechos del mismo.

Sin embargo, la tendencia generalizada de las reformas propuestas perjudica al contribuyente, ya que intenta ponerle más cargas tanto fiscal solidaria como penal a los administradores o socios.

Como es la reforma que propone modificar el cálculo de la responsabilidad patrimonial por parte de los socios o administradores, esto puede dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas, sería impagable, según la fórmula que está planteada en el Código Fiscal de la Federación.

Otro ejemplo es la contradicción que existe entre las intenciones declaradas por el Ejecutivo Federal; lo que propone es la reducción de tiempos en contra del contribuyente para preparar sus medios de defensa ante la propia autoridad, como el hecho de querer hacer responsable a profesionistas en el ejercicio de su profesión, como lo son los contadores públicos.

Resulta muy preocupante que la iniciativa incluya muchos cambios para dejar abierta la posibilidad de que la Secretaría, mediante reglas de carácter general, regule artículos que hoy día no se quieren regular o reglamentar, ya que abre la posibilidad de que, en algunos casos, las reglas tengan dedicatoria, convirtiéndose en un posible terrorismo fiscal.

Es por demás sabido que cualquier regulación que quede fuera de la supervisión del Poder Legislativo, presenta una oportunidad para que el Ejecutivo Federal realice abusos, sea para beneficiar a un grupo específico o para perjudicar a otro, por lo que, por más que se insista en esta práctica, con el pretexto de dejar cierta libertad operativa de reacción inmediata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará abierta, siempre, la posibilidad para que el Ejecutivo Federal decida por sí solo lo que corresponde al Poder Legislativo.

La adecuación al artículo 53-C es muy peligrosa, y quiero subrayarlo, peligrosísima, porque atenta en contra de la seguridad jurídica del contribuyente, ya que la adición de este numeral, de forma casi subrepticia, le permitiría a la autoridad fiscal realizar dobles, triples o “n” veces de auditorías en un periodo ya auditado con anterioridad, con el pretexto de que no se revisó algún documento.

La adecuación al artículo 58-A, también es de las más peligrosas, al abrir la posibilidad para que la autoridad fiscal rechace por completo la contabilidad de un contribuyente sin establecerse parámetros objetivos para ello, creando requisitos inexistentes en la ley.

Hay puntos inocuos, ya no me detengo en ellos, que en general estamos de acuerdo. Ojalá estas nuevas facultades no se traduzcan en afanes persecutorios, abusivos o de acoso a los contribuyentes; siempre, reconozcámoslo, el Estado debiera estar para servir al interés general y para la salvaguarda de los derechos de las personas, en este caso de los contribuyentes.

En estos derechos, si estos derechos estuvieran en riesgo, se cuenta, afortunadamente, con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es otra de las ventajas de este código, ya reconoce la participación de la PRODECON para llegar a acuerdos entre contribuyentes y el Ejecutivo Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Saludamos a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados de la Senadora Marcela Torres Peimbert.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente.

En esta ocasión, vengo a presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el dictamen que propone aprobar las modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Es muy importante para nosotros que no haya dudas sobre la posición de Acción Nacional.

El dictamen a consideración forma parte del paquete de la reforma hacendaria proveniente del Ejecutivo Federal, el cual, a diferencia de la Ley Aduanera que acabamos de votar y sobre el cual nuestra bancada se pronunció a favor, contiene un conjunto de modificaciones que atentan directamente contra los bolsillos de los ciudadanos.

En el Código Fiscal de la Federación que nos ocupa y que se pretende reformar, se establecen atribuciones y facultades de la autoridad recaudatoria, como revisiones y demás instrumentos de fiscalización; y por otro lado, también se prevén los medios de defensa y acreditación del contribuyente, tales como las declaraciones, recursos administrativos e instrumentos de justificación, todos en relación a los impuestos que el Ejecutivo Federal pretende imponer a los mexicanos y respecto de los cuales Acción Nacional está en contra.

No estamos de acuerdo, y los Senadores de Acción Nacional votaremos en contra la próxima semana. Por lo que al igual que se pretende recaudar los mismos y de todos los mecanismos referentes a la reforma impositiva propuesta por el Ejecutivo Federal, vulnera la estabilidad y patrimonio de los ciudadanos.

Por ello, la fracción parlamentaria a la que hoy represento, se pronuncia en contra de dicho ordenamiento, porque insistimos en que las diversas modificaciones propuestas atentan no sólo con el patrimonio de los contribuyentes, sino que también restringen y vulneran los derechos y principios tributarios consagrados en nuestra Constitución. Entre ellos podemos destacar, en primer lugar, las modificaciones relativas al tema del dictamen fiscal, las cuales colocan en desventaja a las empresas con mediana o poca capacidad administrativa frente a aquellas de mayor capacidad.

Tal y como nos pronunciamos en el análisis del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativo, Segunda, es de resaltar que hace más de 50 años se otorgó a los contribuyentes cumplidos esta opción de dictaminar por contador público sus estados financieros y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

A partir de ese momento, el dictamen fiscal se convirtió en un poderoso instrumento de fiscalización que ha evitado a los contribuyentes molestias innecesarias, permitiendo al fisco orientar su acción contra los defraudadores. Sin embargo, hoy el gobierno, que durante años impulsó este mecanismo, pretende no sólo suprimir dicha herramienta, sino determinar medidas discriminatorias estableciendo montos mínimos de ingresos para que los contribuyentes den cumplimiento a las disposiciones fiscales, con lo cual se beneficia sólo a unos cuantos y deja a su suerte a los miles de pequeños comercios y medianas empresas que generan la mayor parte de los empleos en este país, y por ende, nos está diciendo el gobierno federal que sólo los contadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público saben hacer el dictamen fiscal, sin mencionar a los miles y miles de contadores públicos que quedarán sin trabajo.

Es de llamar la atención que sean los mismos actores que impulsaron el establecimiento de herramientas como éstas quienes hoy argumenten que dicha medida no tiene sentido alguno, y que bajo nulos argumentos se elimine un instrumento que ha funcionado correctamente y que ha promovido no sólo la formalidad, sino la cultura administrativa y fiscal de los contribuyentes, garantizando la generación de información financiera útil entre contribuyentes y la autoridad.

Reitero, resulta incongruente que se busque establecer medidas que no coadyuven a mitigar la desventaja de las pequeñas y medianas empresas frente a las empresas de mayor capacidad administrativa en detrimento del impuso y desarrollo de las empresas del futuro en este país.

Por otro lado, en reiteradas ocasiones se argumentó que uno de los objetivos de la reforma consistía en la simplificación tributaria. Sin embargo, las modificaciones que se proponen a este ordenamiento resultan contradictorias con el mencionado propósito, pues sólo generarán innecesarias molestias a los contribuyentes, repercutiendo incluso en el pago de multas, una vez más, en detrimento de las empresas que generan aproximadamente el 20 por ciento del PIB nacional.

La exigencia de ingresar la contabilidad de forma electrónica genera, en perjuicio de los contribuyentes, una carga administrativa muy onerosa que tiene que ver con la adquisición, renta de sistemas de cómputo, servicios de Internet, sistemas de seguridad y, en general, infraestructura básica a la que no todos pueden acceder.

Yo quisiera saber cómo le va hacer un pescador de Michoacán para poder entregar una factura electrónica, si apenas se esfuerza diariamente por permanecer en la formalidad en su microempresa.

De igual forma, nos manifestamos en contra del dictamen, por conferirse facultades excesivas a las autoridades fiscales, ya que cuentan con atribuciones suficientes para salvaguardar el erario público, lo que desde luego vulnera el derecho de los contribuyentes.

Por otra parte, se prevé establecer obligaciones fiscales que implicarán el destino de recursos por parte del contribuyente para el debido cumplimiento de las mismas, lo cual resulta a todas luces incongruente.

En un país donde existen condiciones de desigualdad, en donde resulta innecesario disponer cargas administrativas hacia los contribuyentes, sin que motiven ventaja alguna de orden o de control por parte del Estado, y que por el contrario, terminen por generar el incumplimiento de disposiciones fiscales ante la imposibilidad de acceder a los medios tecnológicos requeridos para ello.

Al igual que los ejemplos mencionados, el dictamen que hoy se nos presenta, contiene medidas recaudatorias y de excesiva discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales, lo que resulta contradictorio al supuesto sentido social con el que se presentó la reforma hacendaria por parte del Ejecutivo Federal.

El Partido Acción Nacional ha sido claro y contundente, no iremos con una reforma hacendaria que pegue a los bolsillos de los ciudadanos, particularmente en un periodo de recesión económica que el propio gobierno federal provocó por no haber gastado adecuadamente los recursos de los que todavía dispone el día de hoy.

Si el gobierno no ha podido demostrar la capacidad para generar políticas públicas y, sobre todo, no ha sabido administrar los recursos que los propios ciudadanos han destinado a las arcas del gobierno, resulta ilógico que hoy el gobierno federal pretenda imponer una reforma cuyo único fin será la recaudación innecesaria que mantenga un alto nivel de subejercicio en el presupuesto y no se verá reflejada en beneficio de los mexicanos.

Por eso, los Senadores de Acción Nacional asumimos que el gobierno federal ha incumplido el compromiso de proteger y velar por el patrimonio de todos los mexicanos.

Por el contrario, Acción Nacional está de lado de las familias, de los trabajadores, de los empresarios, de los productores del campo, que luchan por formar un patrimonio y quienes luchamos con nuestro esfuerzo diario por generar riqueza y bienestar a la sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fernando Salazar.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente.

Quiero en nombre de los Senadores que conformamos el grupo parlamentario del PRI, señalar algunas consideraciones y razones por las cuales estamos a favor del dictamen que hoy estamos sometiendo a consideración de este Pleno.

Sin duda, retomar algunos de los aspectos que el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aquí ha señalado, consideraciones que tienen que ver con lo que en el PRI estamos interesados.

Primero. Poder procurar certeza jurídica a los contribuyentes.

Segundo. Poder generar mecanismos que permitan la simplificación en materia tributaria.

Tercero. Avanzar en mecanismos de modernización y, por supuesto, y subrayo, también mecanismos de transparencia.

Razones, sin duda, hay diversas. Debemos, primero, y queremos dejar constancia, de reconocer el trabajo de la Colegisladora, que avanzaron en diversas preocupaciones que hemos escuchado de muy amplios sectores de la sociedad.

Por supuesto que ello ha permitido perfeccionar la minuta que hoy está a discusión, que queremos dejar acreditado y que queremos, por supuesto, avanzar al respecto.

Mencionaré algunas de ellas, toda vez que quienes me han antecedido en el uso de la voz, han referido ya algunas de las coincidencias. Por supuesto, quiero señalar que respetamos a quienes discrepan con nosotros; respetamos, pero definitivamente no las compartimos.

Primero, es importante destacar que la Colegisladora ya logró eliminar la famosa cláusula anti-elusión, una propuesta que el Ejecutivo Federal pretendía para poder dotar a las autoridades fiscales de una herramienta eficaz para combatir la evasión fiscal.

Ciertamente generaba preocupación y por ello evitamos que se pudieran sugerir interpretaciones extensivas, a fin de encuadrar los hechos o actos realizados por los contribuyentes en algún hecho imposible.

Debo también destacar lo que aquí se ha señalado en relación con el domicilio fiscal y aclarar que el domicilio personal será la última alternativa que tendrá la autoridad para la localización del contribuyente. Con ello evitaremos generar interpretaciones subjetivas de las autoridades fiscales.

Por supuesto, lo que menos queremos es afectar a los contribuyentes, necesitamos que se determine que la existencia de un domicilio fiscal vaya aunada al hecho de que la misma contravenga a diversos criterios jurisprudenciales.

Por supuesto que aquí ya se han señalado algunas de las bondades del buzón tributario. Debemos destacar que, también, mucho de lo que aquí estamos discutiendo son disposiciones que ya están vigentes; y por otro lado, lo que se pretende es avanzar de manera gradual un paso más adelante, aprovechando la era tecnológica, de la que ninguno podemos estar ausentes.

Por ello es importante destacar que, por ejemplo, en esta gradualidad se establecen plazos para que los ciudadanos, en un momento dado, por lo que respeta a las personas físicas, puedan tener acceso a ello hasta el próximo 1° de enero de 2015. Y por lo que se refiere a las personas morales, que entre en vigor a partir del 30 de junio del 2014.

También destacar lo relativo a la responsabilidad tributaria, por lo cual estamos delimitando responsabilidades en las empresas.

En el pago de las contribuciones, un mecanismo que le dé mayores facilidades a las que hasta ahora existen, a los contribuyentes para poder hacer uso del pago a través de la tarjeta de crédito o de débito.

Continúo con aspectos relativos, por ejemplo, al recurso de revocación, en donde se amplía el plazo para que el contribuyente pueda interponerlo, al pasar de 15 a 30 días.

Asimismo, lo relativo a los delitos fiscales, en donde se están eliminando una serie de delitos propuestos y va más allá de las garantías individuales.

Finalmente, compañeras y compañeros, es importante destacar lo que nosotros observamos de la minuta en relación con los créditos fiscales, los cuales no podrán excederse hasta por diez años, con ello evitar también aquellas interpretaciones en donde parecería que podrían extenderse con una interrupción, una vez que existiera cualquier notificación, y podría llevar a que no solamente eran 5, sino hasta 12 ó 15 años, cosa que para nuestra opinión queda perfectamente clara en el dictamen que hoy sometemos a su consideración.

Estas son, entre otras, algunas de las razones.

Seguramente; como es obligación y exigencia de esta Soberanía, habrá muchas cosas que tendremos que perfeccionar. Será parte de nuestra responsabilidad y en lo sucesivo, por supuesto, que seguiremos trabajando para atender a los diversos sectores que están involucrados con ellos, pero sobre todo, para estar a la altura de lo que los contribuyentes en este país están exigiendo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Blanca Alcalá.

Procederemos ahora a la discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se ha inscrito el Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar a favor, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace algunas semanas tuve la oportunidad de dirigirme a este Pleno para presentar argumentos fiscales del sector productivo del estado de Oaxaca.

En nombre de los empresarios de mi estado, expuse puntos de vista entorno a la reforma hacendaria y al Código Fiscal de la Federación.

Lo hice porque entiendo mi responsabilidad como Senador por el estado de Oaxaca, no sólo para subir a esta máxima tribuna mis propios puntos de vista, sino también aquellos que plantean los ciudadanos, los electores de mi estado.

El sector productivo oaxaqueño lo dijo con gran claridad, las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal al Código Fiscal de la Federación atentaban, y creo que aquí nadie podrá negarlo, contra la seguridad jurídica del contribuyente.

La autoridad fiscal se arrogaba facultades arbitrarias, excesivas y discrecionales. Esto, por supuesto, hubiese desembocado en una manifestación abusiva del poder.

Muchos fuimos los que desde un principio advertimos sobre estos excesos, argumentando la naturaleza draconiana de estas medidas sobre la posible institucionalización de lo que sería una suerte de terrorismo fiscal.

Un servidor, incluso, propuso una iniciativa que buscaba remedir esta situación.

De haber aprobado la reforma en los términos que el Ejecutivo Federal lo presentó, se hubiesen perdido, por ejemplo, entre otras cosas, la certeza y confianza de que un profesional experto en la materia y reconocido por la autoridad fiscal, haya revisado los registros contables y declaraciones de impuestos, lo que además ayuda a mejorar la calidad de los mismos; o contar con un filtro para las revisiones directas por parte de la autoridad, incluyendo revisiones de gabinete o exprés, permitiéndole gozar del tiempo necesario para aclarar tanto malos entendidos de parte de la autoridad, como diferencias resultantes de eventuales errores en el registro, las discrepancias en el criterio de autoridad o de terceros, o gozar de reducciones de multas por diferencias menores en el pago de contribuciones, así como de facilidades en el archivo de la documentación que integra la contabilidad.

Al reformar el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, la propuesta del Ejecutivo Federal pretendía calificar de motu proprio si una operación tiene o no razón de negocio que la justifique y si ésta tiene o no la intención de eludir el pago de contribuciones.

Esto es una facultad unilateral que violaba el principio de garantía de audiencia y de debido proceso, el contribuyente nunca era oído en juicio conforme al texto constitucional y en pleno respeto a sus derechos humanos.

Actualmente existen acciones legales en la vía civil para determinar si un acto es simulado o no, y también para sancionar penalmente a quienes sean defraudadores fiscales, pero en ambos casos las partes tienen oportunidad de expresar alegatos y ofrecer pruebas que serán valoradas por el juez de la causa y quien emitirá una sentencia.

En este sentido, la minuta proveniente de la Colegisladora señala que no se estima procedente la propuesta de reforma al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, relativa, como aquí también ya se ha mencionado, a la cláusula de antielución derivado de que la autoridad cuenta con los elementos jurídicos para analizar no sólo la forma, sino el fondo de los actos y operaciones a las que los contribuyentes atribuyen efectos fiscales, así como para resolver en consecuencia.

Por supuesto que, este tema lo aplaudimos, sin duda alguna, pero también planteamos que en este mismo sentido la propuesta original en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, se eliminaban los causales para fincar en los socios o accionistas responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de las personas morales, incrementando ésta al porcentaje de su participación social o accionaria. De esta manera se establecía una responsabilidad directa, haciendo caso omiso de la diferencia elemental entre la personalidad jurídica de una persona física y de una persona moral, como entes completamente independientes.

Esto, afortunadamente, también ha sido subsanado.

Compañeras y compañeros: por supuesto que, todos sabemos lo difícil que es encontrar consensos en torno a temas tan delicados como éste. Sin embargo, hay que decirlo, el dictamen que hoy discutimos logra atenuar considerablemente la discrecionalidad de la autoridad en la materia, abonando a la seguridad jurídica del contribuyente y garantizando que los ciudadanos nunca se encuentren en estado de indefensión.

Por eso, a mis paisanos empresarios les digo, que sé bien que hay temas que siguen preocupándolos, ante lo cual asumo el compromiso de continuar poniendo en buena mesa su postura.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Agotada la lista de oradores para la discusión general, se abre el registro para reservar artículos o presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

El 27, por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

El 28, por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

El 32-A, por los Senadores Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Herrera Avila, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Mónica Arriola Gordillo, Rabindranath Salazar Solorio, Adán Augusto López Hernández y Zoé Robledo Aburto.

El 36 Bis, por la Senadora Dolores Padierna Luna.

El 40-A, por el Senador Fernando Mayans Canabal.

El 53-B, por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

El 53-C, por la Senadora Dolores Padierna Luna.

El 58-A, por la Senadora Dolores Padierna Luna.

El 81, por la Senadora Dolores Padierna Luna.

El 121, por la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

El 143, por los Senadores Daniel Gabriel Avila Ruiz y Adán Augusto López Hernández.

El 146, por los Senadores Salvador Vega Casillas y Silvia Garza Galván.

El 156 Bis, por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

¿Alguna otra reserva?

Sonido en el escaño del Senador Martín Orozco Sandoval.

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. El artículo 32-A, también me parece que lo reservé, o no oí mi nombre. ¿Sí lo dijo?

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¿Alguna otra reserva? Entonces, se cierra el registro.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se registraron 73 votos a favor y 43 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Federación.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reserva del artículo 27.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presiente. Compañeros legisladores:

Partiendo de la premisa de que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, tal y como lo previene el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, particularmente cuando se trata de normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, es que se hace necesario que las nuevas disposiciones que se plantean por virtud de las presentes reformas al Código Fiscal de la Federación sean claras y precisas, que eviten ambigüedades en cuanto a su contenido y alcance, de manera tal que propicien certeza y seguridad jurídica al contribuyente; así como, a su vez, un marco jurídico claro a la autoridad en cuanto a su aplicación.

En tal virtud, esta premisa que se inscribe como una pieza esencial del principio de legalidad en la actuación de la autoridad estatal, en el caso concreto del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, es de observarse que la redacción planteada en su primer párrafo no es del todo clara en cuanto a su contenido y alcance, toda vez que la referida redacción podría dar a entender, si esto no se aclara, que las personas físicas o morales que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deberán de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes por el sólo hecho de recibir depósitos, con independencia de si esos depósitos fueran susceptibles de ser sujetos a contribuciones, que es en realidad lo que debe regular esta ley.

De persistir esta hipótesis sin hacer la aclaración correspondiente en el texto legal, se podría llegar al extremo partiendo de una interpretación estricta, como previene el propio Código Fiscal de la Federación, de que incluso una ama de casa que recibe depósitos para el gasto familiar o un estudiante que recibe de sus padres depósitos para su manutención, por señalar sólo algunos ejemplos, sea obligado a su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que va más allá del espíritu y objetivo perseguido por la norma en comento.

Por ello, la presente reserva se trata no sólo de un ajuste de forma, sino de una precisión necesaria para atender adecuadamente el contenido y alcance de la norma.

A efecto de que quede claro que las personas físicas o morales que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes sólo cuando los depósitos que se inscriban y las operaciones que se realizan, en ambos casos, sean susceptibles de ser sujetas a contribuciones.

Por lo anteriormente expuesto en el artículo y fundamentado en el artículo 200 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente propuesta de redacción al primer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el cual deberá quedar de la siguiente manera.

"Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas a contribuciones, deberán de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la relación proporcionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, etcétera."

Es la propuesta que estamos realizando para clarificar esta disposición del Código Fiscal de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega.

A petición del Senador Carlos Mendoza Davis y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos en votación nominal si se acepta a discusión la propuesta de modificación.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 40 votos a favor y 69 en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No se admite a discusión.

Pasamos a la votación del artículo 27 en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 27.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, con el voto de la Senadora Araujo, se emitieron 70 votos a favor y 37 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de Decreto.

Les recuerdo a las Senadoras y Senadores, que por lo menos van a ser más de 20 votaciones, para que permanezcan en el Pleno, por favor.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reserva del artículo 28, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con el permiso de la Presidencia.

El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, tiene por objeto establecer las reglas que los contribuyentes deberán observar para el manejo de su contabilidad, como un instrumento trascendental para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales que al efecto deben acatar los contribuyentes.

No obstante, la modificación propuesta a la fracción IV, del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, para determinar la obligación a cargo de los contribuyentes de ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, deriva en una carga administrativa excesiva y sin justificación en perjuicio de los contribuyentes.

Si bien no es posible aducir una violación al principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de una obligación formal y no de la medida en que debe contribuirse al gasto público, sí es preciso tener en cuenta que la ley debe velar por la igualdad de todos los sujetos pasivos de una contribución.

En este sentido, la propuesta, en los términos del dictamen, resulta contraria a dicho precepto, toda vez que se prevé establecer una obligación sustantiva que implicaría el destino de recursos por parte del contribuyente para el debido cumplimiento de la misma. Por lo que en un país en donde existen condiciones de desigualdad, resulta incongruente disponer cargas administrativas innecesarias hacia los contribuyentes que no motiven ventaja alguna de orden o control por parte del Estado, y que por el contrario, terminen por generar el incumplimiento de disposiciones fiscales, ante la imposibilidad de acceder a los medios tecnológicos requeridos para ello.

Lo anterior se sostiene así: toda vez que, en primer lugar, al presentarse la contabilidad vía electrónica, se constreñiría a los contribuyentes a adquirir o rentar, por un tercero, servicios de Internet, adquirir o rentar sistemas de cómputo que soporten el almacenamiento de varios archivos, adquirir o rentar, por terceros, sistemas operativos cuya licencia y actualizaciones no son gratuitas, contratar y capacitar personal para enviar la contabilidad debidamente integrada, entre otras erogaciones, que en su mayoría estarán consideradas como no deducibles o cuya deducción estará limitada de conformidad con el paquete fiscal que propone el Ejecutivo Federal.

Asimismo, es preciso señalar, que pretender que la contabilidad sea ingresada de forma electrónica mensualmente, privaría a los contribuyentes de poder realizar ajustes naturales en su contabilidad, ocasionando con ello que dichos ajustes puedan ser considerados, a discreción de la autoridad fiscal, como existencia de doble contabilidad o el registro simulado de diversas operaciones, de forma tal, contrario a las consideraciones vertidas en el dictamen, la inclusión de dicha obligación no simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que, por el contrario, se genera un perjuicio de los contribuyentes y una carga administrativa muy onerosa.

Por último, cabe señalar que disponer en el precepto normativo la facultad de la autoridad de disponer, mediante regla de carácter general, los parámetros del envío mensual de la contabilidad, confiere una facultad excesiva a dicha autoridad que puede derivar en la discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Por lo anterior, y con el fin de evitar que la inclusión de dicha obligación exceda la realidad social de todos los contribuyentes, ocasionando con ello que los gobernados puedan ver mermada su esfera jurídica al no contar con los recursos necesarios para cumplir con tan gravosa obligación, se propone mantener el texto vigente de la norma.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fernando Búrquez.

A petición del Senador Carlos Mendoza Davis, y respaldado por los integrantes del grupo parlamentario, consultaremos, en votación nominal, si se acepta a discusión la propuesta de modificación.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación, se emitieron 40 votos a favor y 67 en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 28.

Procederemos a la votación del artículo 28 en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema de electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico de votación,, se emitieron 72 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 28 del proyecto de Decreto.

Saludamos a los presidentes de 30 carreras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Federación de Estudiantes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Pasaremos a la reserva del artículo 32-A, en el que están registrados los Senadores Salvador Vega Casillas, del PAN; Martín Orozco Sandoval, del PAN; Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN; Fernando Herrera Avila, del PAN; Daniel Gabriel Avila Ruiz, del PAN; Mónica Arriola Gordillo, Rabindranath Salazar Solorio, del PRD; Adán Augusto López Hernández, del PRD; y Zoé Robledo Aburto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Con su permiso, señor Presidente.

Un saludo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahorita verán como vota su compañero Romo Medina.

Actualmente existen cerca de 18 mil contadores públicos registrados en el Servicio de Administración Tributaria; de los cuales, más de 8 mil están activos. Estos contadores dictaminan 92 mil 750 empresas o contribuyentes en promedio.

Cada contador público que dictamina requiere, en promedio, seis personas para planear, ejecutar y supervisar los trabajos que requiere el dictamen fiscal, por lo que el total de contadores independientes que participan en la revisión de cuentas fiscales es de 56 mil personas. Mismas que, en su gran mayoría, al elevar a 100 millones de pesos de ingresos el dictamen, se quedarán sin trabajo.

Y no olvidemos que es una reforma con sentido social, así lo dijo el señor Presidente, y el PRD también protege a las clases de los trabajadores.

Por otra parte, el SAT cuenta con aproximadamente 9 mil 400 empleados, encargados de fiscalizar más de 38 millones de contribuyentes; de los cuales, un millón y medio son personas morales.

A todas luces, el personal fiscalizador de la autoridad es insuficiente, no sólo para fiscalizar a los contribuyentes registrados, sino también para regularizar la economía informal que cada día crece y que ahorita ya es del 60 por ciento de la Población Económicamente Activa.

En promedio, como resultado del ejercicio profesional de los contadores públicos independientes, el fisco obtiene 17 mil 910 millones de pesos anuales adicionales. Esa cifra es superior a la que pretende el fisco recaudar al aumentar el 5 por ciento en las fronteras; aquí podría ser una carambola de doble banda.

Puede recaudar los mismos 17 mil 900 millones dándole trabajo a estos contadores y puede dejar el IVA en las fronteras como está, el 11 por ciento, y es la misma cantidad y queda bien, y además piensa en el trabajo y en los estados de la frontera del país, es la misma cantidad, señores.

Por lo anterior, afirmo contundentemente que el dictamen fiscal es una valiosa herramienta que ayuda al contribuyente a cumplir adecuadamente sus obligaciones fiscales. Además del beneficio que recibe Hacienda, en el incremento de la recaudación, sin dejar a un lado la certeza jurídica que le da a todos aquellos empresarios al dictaminar sus estados financieros.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Martín Orozco.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

La manera como se presenta el dictamen al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, representa una serie de afectaciones a la recaudación, a los regímenes fiscales de las pequeñas y medianas empresas, así como a la contaduría pública organizada en nuestro país.

El dictamen fiscal ha sido una herramienta que durante más de medio siglo ha servido a la autoridad para recaudar anualmente hasta 20 mil millones de pesos, así como para conocer el estado fiscal de las empresas; y a éstas les ha funcionado como un medio efectivo de autocontrol y autocorrección financiera.

El dictamen fiscal crea un ambiente menos áspero entre los contribuyentes y la autoridad e, incluso, entre los contadores y la autoridad, pues simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, da certeza y, además, de acuerdo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ayuda a incentivar la recaudación hasta en un 30 por ciento.

Al día de hoy, los contribuyentes obligados a dictaminarse son las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que sus ingresos acumulables fueron superiores a los 34.8 millones de pesos, o 69.6 millones de pesos en activos, o que cuenten con 300 o más trabajadores; es decir, como ya se mencionaba, son las pequeñas y medianas empresas quienes utilizan en mayor medida esta disposición.

Sin embargo, el proyecto en comento, eleva hasta 100 millones de pesos los ingresos de los contribuyentes que pueden dictaminarse y, además, convierte al dictamen fiscal en un mecanismo opcional y no obligatorio.

Con esto, el fisco podría dejar de recibir al menos 10 mil millones de pesos al año, se afectaría la seguridad jurídica de los contribuyentes y, en consecuencia, habría una disminución en la demanda de los servicios de dictaminación, lo cual generará también desempleo y cierres de muchos despachos que se dedican a esta actividad.

Lo anterior es poca cosa, si se considera que al año se emiten alrededor de 90 mil dictámenes, en los cuales en menos del 1 por ciento no se presentan observaciones respecto a las obligaciones de los contribuyentes.

¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de los contadores dictaminadores han cumplido con la labor de auxiliar a la autoridad fiscal, que es el objetivo principal para lo cual se creó este instrumento.

Debemos de tomar en cuenta que la propuesta original del Ejecutivo Federal consistía en desaparecer el dictamen fiscal; no obstante, la Colegisladora no derogó el artículo, limitó considerablemente el acceso a la dictaminación a un importante rango de contribuyentes y lo dejó también como una opción, más no como una obligación, como actualmente se tiene.

Esto se hizo sin ofrecer ningún argumento que se sobreponga a lo que diversos institutos, colegios y asociaciones de contadores públicos del país, así como varios legisladores hemos estado promoviendo, que es la no modificación de este artículo.

Es importante señalar que en los términos en los que las comisiones dictaminadoras presentan este proyecto, que es como finalmente lo aprobó la Cámara de Diputados, no hay ninguna diferencia entre derogar dicho artículo, como lo proponía el Ejecutivo Federal, o que se apruebe bajo la actual redacción. Yo quisiera saber cuáles son realmente los motivos de peso y de valor que los llevaron a simplemente poner un tope o elevarlo a 100 millones de pesos, si fue una subasta o de qué se trata esto, realmente no tiene lógica.

Ya se ha excluido un amplio rango de contribuyentes, que es a quienes es más útil esta medida, así como establecer un elevado parámetro de ingresos para poder dictaminarse y, además, eliminar la obligatoriedad de la norma, provocará que el dictamen fiscal pase a ser una disposición innocua dentro del Código Fiscal.

Aprobar algo así, significa legislar con un ánimo de simulación, de engaño, de hacer reacciones falaces que se hacen pasar como soluciones, pero que en realidad están hechas para encubrir la imposibilidad de escuchar e incluir las opiniones de los sectores interesados y eso, señores, se llama simular; es engañar a la ciudadanía, y tal como nos ha hecho saber el gremio en este sentido, de aprobarla, se los estaremos recordando.

La reserva que aquí se presenta, consiste en que se elimine del proyecto que presentan las dictaminadoras, lo referente al artículo 32-A, a fin de que permanezcan los criterios, hasta ahora vigentes, y que el dictamen fiscal continúe brindando beneficios tanto para la autoridad como para los contribuyentes, y que la contaduría pública siga siendo portadora de la confianza y validación pública para coadyuvar en las actividades de recaudación de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Señoras y señores Senadores; señor Presidente, le solicito atentamente que la presente intervención sea registrada íntegramente en el Diario de los Debates.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se concede.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Gracias, señor Presidente.

Acudo a esta tribuna para formular una reserva al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, que estamos discutiendo en esta importante sesión del Pleno del Senado de la República.

La reserva que se presenta, se refiere a la figura del dictamen fiscal contenida, entre otros artículos, por el ya referido artículo 32-A.

En primer lugar, los invitamos a reflexionar acerca de que la eliminación del dictamen fiscal representa una limitación a los derechos de los contribuyentes en perjuicio de la propia Hacienda.

Me explico. Si el Código Fiscal de la Federación mantiene las disposiciones que posibilitan que todos los contribuyentes opten por tener la asesoría y el apoyo técnico de los contadores públicos, ellos podrán cumplir de manera adecuada, puntual y precisa con sus obligaciones fiscales, es decir, con el pago de sus impuestos.

La propuesta contenida en la minuta de la Cámara de Diputados, reflejada en el dictamen a discusión, únicamente permite la opción del dictamen fiscal a grandes contribuyentes, cuyos ingresos anuales sean superiores los 100 millones de pesos, o bien, cuenten con activos de 79 millones de pesos o que tengan al menos 300 trabajadores.

La propuesta es a todas luces inequitativa para los contribuyentes con menor capacidad económica, quienes estarán en desventaja frente a la autoridad.

Si actualmente el dictamen fiscal es opcional para todos los contribuyentes, por qué acotarlos sólo para los privilegiados de ingresos de más de 100 millones de pesos.

Hasta el momento, no hay autoridad hacendaria, que vaya a apoyar esta propuesta, que nos haya dado una sola razón del porqué de esta modificación. Esto es simple y sencillamente una ocurrencia más dentro de todo este paquete fiscal.

El Presidente Peña declaró que la intención de su reforma hacendaria es eliminar tratos preferenciales y eliminar privilegios, entonces, ¿por qué no permitir que todos los contribuyentes tengan el derecho a dictaminarse fiscalmente?

El trato inequitativo en los contribuyentes tendrá un efecto negativo en la recaudación, ya que está demostrado que un contribuyente dictaminado por un contador público cumple de mejor manera sus obligaciones fiscales, que en un contribuyente que no está dictaminado.

Debe recordarse que los recursos recaudados son utilizados para programas de salud, educación, gasto social, entre otros.

La permanencia del dictamen fiscal, en sus términos, es benéfica para los contribuyentes, porque les permite fortalecer su control interno para un cumplimiento adecuado de sus obligaciones, evitando pago de recargos, actualizaciones, multas y situaciones que, sin quererlo, pudieran tipificarse como delitos fiscales.

El dictamen fiscal es benéfico para la autoridad, porque coadyuva con ella para ejercer la fiscalización que permite garantizar una adecuada recaudación; el dictamen fiscal es benéfico para los contadores, porque representa un importante medio de subsistencia y desarrollo profesional.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la reserva que hemos hecho llegar y que solicitamos sea integrada al Diario de los Debates.

Sin lugar a dudas; esta es una materia básica, fundamental, que no debe de ser soslayada por esta Cámara de Senadores; esperamos que la responsabilidad, el análisis y el juicio sereno abran a la discusión este tema tan importante para la economía y para el propio país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fernando Herrera.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Muy buenas tardes. Con el permiso del señor Presidente, Senador Raúl Cervantes Andrade, Senador por el Distrito Federal. Senadoras y Senadores:

Con todo respeto, hay que decirlo con todas las letras y palabras, el Presidente Enrique Peña Nieto quiso borrar de golpe y porrazo el dictamen fiscal hecho por contadores públicos certificados.

¿En qué cabeza cabe eliminar una herramienta donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recauda más de 17 mil millones de pesos contantes y sonantes de manera segura?

Afortunadamente, nuestra Colegisladora concluyó que no resultaba conveniente la eliminación total de ese proyecto, ya que se estima necesario mantenerlo respecto a los contribuyentes que tengan ingresos gravables superiores a 100 millones de pesos.

El dictamen fiscal es una herramienta que da certeza a las empresas, que de su información financiera se presenta conforme a las normas establecidas por la contaduría pública organizada. Es un documento que goza de una gran credibilidad, porque está avalado por un profesional que cuenta con la capacidad de emitir su opinión respecto a la situación contable y financiera de las empresas.

Asimismo, el dictamen fiscal ha sido reconocido por las autoridades hacendarias como un documento fidedigno y confiable, que da cuenta de la situación fiscal del contribuyente y tiene validez legal, por lo que proporciona a las empresas la seguridad de que están cumpliendo de forma correcta con el pago de sus impuestos.

El dictamen fiscal ya no era obligatorio desde el 2010, fue un cambio que se efectuó durante la administración anterior; hasta un año antes, todas las empresas con más de 34 millones de pesos en ventas al año, tenían la obligación de obtener un dictamen fiscal. Lo curioso es que, a pesar de convertirse en un trámite voluntario, buena parte de los contribuyentes prefirieron continuar con el servicio, de tal forma que más de 90 mil empresas continuaron dictaminándose.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, gracias al dictamen fiscal, solamente en el año 2010, se recaudaron casi 10 mil millones de pesos; una buena cantidad de recursos que, de otra manera, por ineficiencia o por evasión se hubieran perdido por parte de Hacienda. Pero al Ejecutivo Federal le ha parecido que no valía la pena el esfuerzo de los contadores públicos y decidió cancelar, de un plumazo, este proceso de acompañamiento profesional.

Desprecia un poderoso instrumento de fiscalización probado, que a través de la aplicación de normas de auditoría internacionales, permite detectar y corregir errores, omisiones o interpretaciones agresivas a la norma fiscal mediante la autocorrección, y con ello evitar la imposición de multas o la comisión de delitos.

Señoras y señores Senadores, afortunadamente, parte de esta terrible idea ha sido eliminada por una fuerte oposición en la Cámara de Diputados; sin embargo, hace falta tomar en cuenta que los contribuyentes a fiscalizar en México son 38 millones 474 mil, de los cuales un millón 503 mil son personas morales.

El SAT cuenta con aproximadamente 9 mil 500 empleados a cargo de las funciones de fiscalización; se trata de un número a todas luces insuficiente, no sólo para fiscalizar a los contribuyentes registrados, sino para regularizar a los participantes de la economía informal.

Hay que subrayar, con toda claridad, que es necesario mantener la opción de apoyo a la fiscalización que promueve la cultura administrativa de los contribuyentes y garantizar la generación de información financiera útil entre los contribuyentes y la autoridad.

Senadoras y Senadores, yo sí les quiero pedir que con la razón, con la conciencia, regresemos como está originalmente el día de hoy el dictamen fiscal hecho por contadores públicos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gabriel Avila.

Informo a la Asamblea que las propuestas de modificación al artículo 32-A, que presentaron los Senadores del grupo parlamentario del PAN, las consultaremos a la Asamblea en una sola votación, si se admite a discusión, de manera nominal.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 52 votos en a favor y 60 en contra.

No se admite a discusión.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No se admite a discusión.

Tiene la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar reservas sobre el mismo artículo 32-A.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadores:

Después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho constitucional contemporáneo replanteó los derechos contemplados en la Carta Magna para darles un vínculo necesario con el proceso jurídico, entendiendo que dentro de éste, la persona tiene derechos fundamentales que debemos de salvaguardar.

De ahí surge la teoría para concebir a los derechos fundamentales en una dualidad, en donde también se entienden como garantías procesales; es decir, otorgándoles una aplicación procesal para la protección de la persona en esta situación jurídica.

Estos derechos fundamentales permiten, por tanto, accionarlos no sólo ante los tribunales, sino también ante la administración, como es el caso que nos compete en este artículo.

Por todo lo anterior y en atención al principio pro homine, debemos de garantizar el derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos, no limitarlos y reducirlos sustancialmente, ya que el Código Fiscal de la Federación vigente, prevé un plazo de 45 días para el contribuyente, en la interposición del recurso en contra del acto impugnado.

En el presente dictamen se pretende acotarlo a sólo 30 días, vulnerando una parte primordial de la esfera del contribuyente.

Compañeras y compañeros Senadores: Lo que quiero comentar en esta tribuna, es que nosotros tenemos una gran responsabilidad con la juventud mexicana.

Hacer omisión del artículo 32-A, no nos daría la puntual oportunidad de demostrarles que este recinto legislativo va a apoyar la posibilidad de generar pequeñas y medianas empresas.

Esta oportunidad que tenemos hoy para definir nuestro voto y hacer que en lugar de los 100 millones de pesos que se está proponiendo en el artículo, se quede como actualmente se encuentra, 39 millones de pesos, para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de generar sus propias empresas y no coaccionarlos en esta reforma fiscal que afecta mayormente a la juventud mexicana.

Pido que reconsideremos nuestro voto y podamos, de esta manera, darle claridad a la juventud de que el Poder Legislativo les da la posibilidad de que ellos puedan generar empresas suficientemente activas y una economía estable para la juventud del pueblo mexicano.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mónica Arriola.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores.

El denominado dictamen fiscal surge en 1959 como una alternativa del Ejecutivo Federal para evitarle al contribuyente cumplido molestias infundadas e involuntarias, permitiéndole al fisco orientar sus esfuerzos para combatir la evasión y contar con la fuerza y soporte legal para evitar la defraudación que perjudica las finanzas nacionales y, sobre todo, el estado de derecho. La razónde su existencia fue el generar credibilidad y, sobre todo, un mecanismo de protección al contribuyente que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

El dictamen fiscal no es un instrumento al servicio de la autoridad, es para el contribuyente; por ello, es imprudente el argumento de la autoridad en el sentido de que como instrumento de ésta, no ha sido eficaz debido a la falta de observaciones generadas en su presentación. Lo que no saben o no quieren aceptar quienes presentan el dictamen, es que una consecuencia lógica del trabajo del auditor, llámese así o contador público autorizado, es la de lograr una autocorrección del contribuyente auditado, invitándolo a regularizar su situación tributaria antes de presentar el dictamen fiscal. La eficacia del dictamen fiscal no debe medirse con el número de observaciones emitidas sino con su capacidad y oportunidad de recaudación.

En este rubro, se vienen abajo los argumentos respecto de una supuesta baja eficacia de este instrumento. Simplemente, con datos de la Revista de Contaduría Pública de junio de 2012, vemos que del año 2005 al 2010, el monto recaudado como consecuencia de correcciones a partir de dictámenes fiscales, fue de 107 mil 465 millones de pesos; es decir, un promedio por año de 17 mil 910 millones de pesos.

Entonces, ¿dónde está la falta de eficacia? Estos 17 mil 910 millones de pesos de recaudación promedio son superiores a los 17 mil 144 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera recaudar para el año 2014, por incrementar la tasa del IVA al 16 por ciento en las zonas fronterizas; es también el 97 por ciento de lo que Hacienda esperaba recaudar por gravar la renta, venta e intereses hipotecarios de casas habitación; y representa también el 73 por ciento de lo que el gobierno federal esperaba recaudar por el gravamen a colegiaturas. Son cifras del propio gobierno y de su presupuesto.

Aunado a lo anterior, es de reconocer que el fisco no tiene la capacidad para llevar a cabo, por su cuenta, la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Simplemente, son 9 mil empleados del SAT encargados de fiscalizar a 38 millones de contribuyentes, de los cuales 1 millón y medio son personas morales.

Lamentablemente, las razones del legislador de 1959, hoy no son válidas para quienes pretenden acotar la realización del dictamen fiscal. La dictaminadora considera que su realización debe ser optativa para contribuyentes con ingresos superiores a 100 millones de pesos, limitando a una alternativa por la que sólo un número muy reducido de contribuyentes podrán optar.

Mantener el dictamen fiscal tiene costos mínimos para la Administración Tributaria, acotarlo como lo propone la dictaminadora tiene muchos costos, incluso, el de la pérdida de la confianza del particular, quien tiene una herramienta de revisión anterior a la del acto de molestia de la autoridad, lo que le permite contar con un espacio de tiempo suficiente para aclarar malos entendidos, diferencias o discrepancias entre el criterio de la autoridad, no pocas veces cambiante y voluble.

Creemos que el dictamen fiscal debe de ser voluntario. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá distinguir claramente a los contribuyentes que voluntariamente se acogen a este beneficio, para que un contador público certificado califique el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La eliminación de toda restricción en este numeral, garantiza la posibilidad de que los contribuyentes que hasta el momento están obligados a dictaminar, conforme al texto vigente del citado artículo, puedan gozar de dicho derecho. Lo anterior garantiza el derecho de seguridad jurídica que las personas optaren por permanecer en este régimen, pues en gran medida se conservan los beneficios existentes actualmente a quienes determinan sus estados financieros por contador público autorizado, como son la posibilidad de que se dé una revisión secuencial, se presente una declaración complementaria, en caso de diferencia de impuestos a pagar, la cual se da de manera espontánea, se solicite una devolución con la declaratoria del contador público autorizado, entre otros aspectos.

Por ello, proponemos una modificación al dictamen, en concreto, al artículo 32-A del Decreto que se somete a consideración, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal".

Por su atención, muchas gracias.

Solicito a la Mesa Directiva, atentamente, sea integrada completa la participación, por obviedad de tiempo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se concede. Gracias, Senador Rabindranath Salazar.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Orden por favor. Hemos demostrado tolerancia todas las veces que han pedido que sea nominado y sea llevado a cabo, hemos sido tolerantes en el tiempo, llevamos varias horas.

Señora Secretaria, ¿que resultado da la votación?

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo a la votación, no se admite a discusión.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Ante la duda, valdría la pena que se abriera el tablero y poder votar.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Háganse los avisos, a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger esta votación de forma nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 53 votos a favor y 60 en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaría. Pasaremos a la votación del artículo 32-A.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 69 votos a favor y 44 votos en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 32-A en los términos del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna retiró su reserva del 36 Bis.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 36 Bis.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, con mi voto, porque no lo pude registrar, se emitieron 68 votos a favor y 39 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 36 Bis del proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su reserva del artículo 40.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

Espero que algún día las Senadoras y Senadores presentes no se vean involucrados con algo de esta reserva, es como la penicilina.

Se nos ha dicho que con la aprobación del dictamen que se ha puesto a nuestra consideración, se introducen nuevos procedimientos simplificados que estimularán la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales; que se otorgarán facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de dichas obligaciones a través del uso de las tecnologías de la información; incentivar el cumplimiento espontáneo de los deberes tributarios; y, por supuesto, dotar a la autoridad fiscal en un marco legal que le permita disminuir, en lo posible y más rápido, la complejidad y los tecnicismos aclarando el sentido de las disposiciones fiscales.

Lejos de estimular la incorporación a la formalidad e incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos, establece un esquema de persecución fiscal, en virtud de que se dota a la autoridad fiscal de facultades para exigir, a toda costa, el cobro de obligaciones fiscales y sin respetar la garantía de los contribuyentes.

Un ejemplo de ello, es la visión del artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación, que establece las reglas y procedimientos para llevar a cabo el embargo precautorio de bienes.

Con la adición de este precepto, se nos señala en el dictamen, que la autoridad podrá realizar el embargo donde se localicen bienes propiedad del deudor y no solamente en el domicilio de éste, ojo, toda vez que en reiteradas ocasiones se ha verificado que los deudores no tienen bienes en su domicilio fiscal, pero sí pueden tener en otros sitios.

También, dicho precepto propone, en su fracción III inciso f), que los bienes que se señalan en este inciso sean susceptibles de dicho embargo.

Tales bienes son los depósitos bancarios, componentes de ahorro e inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que ha de derogarse por el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, componte, producto o instrumento de ahorro o inversión, en moneda nacional o extranjera, que se realice en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga el nombre del contribuyente en algunas de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria, conforme a la ley de la materia, y las aportaciones voluntarias y complementarias, hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Al respecto, quiero señalar que los preceptos 14 y 16 de nuestra ley fundamental, consagran principios básicos a los que toda autoridad debe sujetar su actuación, mismo que se traduce en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin un mandato escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, así como el que establece que nadie podrá ser privado, nadie, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Con base en estos principios y con el fin de impedir la instauración de un sistema tributario agresivo, regresivo, persecutorio e intimidatorio, así como para evitar que se cometan con estas reformas actos arbitrarios y abusivos en perjuicio de los ciudadanos, en su carácter de contribuyentes, propongo las siguientes modificaciones:

Primero. Se propone suprimir el inciso f) de la fracción III del artículo 40-A, que se propone adicionar en el dictamen.

Segundo.Se propone modificar el inciso g) de la fracción III del artículo 40-A, para quedar como sigue:

Los bienes muebles no comprendidos, en las fracciones anteriores.

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio deberá asegurarse, previamente, que dichos bienes son propiedad del contribuyente.

Es cuanto, señor Presidente, y le pido que lo someta a votación nominal, por favor.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Enrique Mayans.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se emitieron 49 votos a favor y 61 en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasaremos, entonces, a la votación del artículo 40-A en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 67 votos a favor y 45 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 40-A del proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar su reserva del artículo 53-B.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros:

Agradezco la atención prestada a la siguiente reserva; pues la propuesta que se presenta respecto al artículo 53-B en el dictamen a discusión, es violatoria a los derechos y garantías de protección de nuestra Carta Magna, establecidas en los artículos 1o., 14 y 16, así como también en el artículo 8, fracción I; artículo 9 y artículo 25, fracción I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, esta medida atenta en contra de la seguridad jurídica de todos los contribuyentes, debido a que no se establece en qué casos la autoridad realizará las supervisiones electrónicas, lo cual debe ser definido, porque de no ser así, esta atribución quedaría al completo arbitrio de la autoridad, y es indudable que de esta forma prevalecerán este tipo de auditorías por la manera mediante la cual se recaudarán ilegalmente impuestos.

Digo lo anterior, porque este artículo establece que la autoridad podrá proceder con la preliquidación, con base en la información con la que la misma autoridad cuente en el momento en el que se decida proceder a la revisión electrónica, sin especificar cuál es el origen o la validez de dicha información; incluso, no se estipula que esta preliquidación deba ser fundada y motivada.

Este artículo fija un plazo desigual y desventajoso para el contribuyente respecto a lo tiempos con los que cuenta la autoridad fiscal, tanto para valorar pruebas, como para determinar el crédito fiscal, y estipula que una vez transcurridos 15 días después de emitida la resolución parcial, ésta se convertirá en definitiva, y las cantidades determinadas de manera tajante, se harán efectivas mediante el correspondiente procedimiento administrativo de ejecución.

Todo lo anterior, sin duda, representa una franca violación a las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso. Ya que nuestro sistema jurídico, al ser el crédito fiscal una obligación, es decir, que deriva de una ley, no de la voluntad de las partes, y que, en consecuencia, no es posible iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, con base en una obligación libremente asumida por el particular para poder proceder a la ejecución de un crédito fiscal.

La autoridad administrativa debe previamente cumplir con los siguientes requisitos:

Primero. Iniciar un procedimiento que permita la garantía de audiencia.

Segundo. Dictar, en su caso, una resolución que determine un crédito fiscal.

Tercero. Comunicarla al afectado y permitirle, en el plazo que señala la ley, que lo pague voluntariamente o lo impugne.

La legalidad no puede convalidarse con el simple paso del tiempo y basándose, unilateralmente, en la información que posee la autoridad. Partiendo de una preliquidación, que no es definitiva, estamos en presencia de una violación a la ley que excede el vicio formal de la ausencia de fundamentación y violación. Por lo tanto, se configura, a todas luces, esta causal de ilegalidad.

De permitir nosotros que se acepte esta medida, estaríamos afectando los derechos humanos y garantías de protección establecida en nuestra Carta Magna y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Yo no entiendo aquí, por la falta de congruencia, quienes se declaran siempre defensores de los derechos humanos y, en este caso, puedan estar admitiendo este tipo de disposiciones.

Como legisladores, debemos proteger cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional. No podemos legislar en contra de lo que nosotros mismos hemos aprobado, como es el caso de nuestra Carta Magna.

Legislar así, implica no ser congruentes con el esquema jurídico que recientemente se ha configurado en nuestro país, basado en la protección de los derechos humanos.

Si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ella, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso, donde se respetan ciertas formalidades, se emita la resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones.

Es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad, ni basarse en un resultado previo, como lo plantea el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación.

Es por lo anteriormente expuesto, que les pido, compañeras y compañeros Senadores, que modifiquemos este artículo, protegiendo los derechos de los contribuyentes y las garantías de protección constitucional en las revisiones electrónicas.

MI reserva no gira en torno a que no se lleven a cabo las revisiones electrónicas, sino que se desincorpore del artículo 53-B, el criterio de que la pre liquidación se convierte en liquidación definitiva, bajo los términos que establece este artículo, o en su caso que para la realización de estas revisiones, se tomen en consideración las mismas reglas y plazos vigentes, que al día de hoy se tienen para revisiones de gabinete o visitas domiciliarias.

Esto, en otras palabras, significa que le estaríamos dando la facultad o potestad, en este caso al SAT, para que por correo electrónico inicie las auditorías; que en tres días tiene la obligación el contribuyente a enterarse, y de no hacerlo, se le considere como enterado y después tiene un plazo de 15 días para poder entregar la documentación comprobatoria; y de no hacerlo, le dictan el crédito fiscal.

Esto es claramente violatorio de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos y espero podamos votarlo en contra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle.

A petición del Senador Carlos Mendoza Davis y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos en votación nominal, si se acepta a discusión la propuesta de modificación.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, con el voto del Senador Corral, del Senador Domínguez y del Senador Orozco, se emitieron 42 votos a favor y 65 votos en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Entonces, procederemos a la votación del artículo 53-B, en términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 66 votos a favor y 42 en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 53-B del proyecto de Decreto.

En virtud de que la Senadora Dolores Padierna Luna retiró su reserva del artículo 53-C, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para votar en los términos del dictamen el artículo 53-C.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 72 votos a favor y 39 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 53-C del proyecto de Decreto.

En virtud de que la Senadora Dolores Padierna retiró la reserva del artículo 58-A, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 68 votos a favor y 41 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 58-A del proyecto de Decreto.

En virtud de que la Senadora Dolores Padierna retiró su reserva del artículo 81, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación,, se emitieron 69 votos a favor y 38 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 81 del proyecto de Decreto.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar su reserva al artículo 121 del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Compañeras y compañeros Senadores. Con la venia de la Presidencia.

Para poder contemplar debidamente la presente reserva, debemos de comprender a nuestra Constitución como un ordenamiento moderno que busca erradicar los vicios de las ideologías antiguas que no han dado las respuestas que nuestra sociedad anhela. Es por eso que existe un cambio radical en el constitucionalismo contemporáneo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que modificó el paradigma de los derechos fundamentales y garantías individuales.

Con estos cambios nacen, del proceso al que se somete a una persona para determinar su situación jurídica, los derechos procesales constitucionales, que dieran plena certeza y seguridad jurídica a la obtención de la justicia. La persona y sus derechos, ante la propia autoridad fiscal, deben ser salvaguardados por nosotros los legisladores como derechos elementales contemplando así el escenario favorecedor para la persona y no, por el contrario, acotarlos a favor del acusador.

Esto es precisamente lo que pretende el dictamen, modificando el plazo de 45 días en la imposición del recurso en contra del acto impugnado, que contempla actualmente el Código Fiscal vigente, para reducirlo a tan sólo 30 días.

Hagámoslo por los derechos más elementales que tienen las y los mexicanos; derechos protegidos por el acuerdo más importante que un pueblo pueda adoptar, nuestra Constitución, como defensores de la misma y de la legalidad, mostremos nuestro espíritu representativo manifestando la voluntad popular.

Les pido, de manera personal, que valoremos el artículo 121 y de esta manera podamos emitir una votación nominal al respecto.

Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión la reserva presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación del artículo 121, en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 67 votos a favor y 40 en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 121 del proyecto de Decreto.

A continuación, informo a la Asamblea que ha sido reservado el artículo 143 por los Senadores Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, y Luz María Beristain, del grupo parlamentario del PRD.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Daniel Avila Ruiz.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, Presidente Raúl Cervantes Andrade, Senador del Distrito Federal. Señoras y señores Senadores:

La reserva que vengo a presentar ante ustedes el día de hoy, modifica el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, del dictamen propuesto.

Se plantea, en primer lugar, que las instituciones de fianzas puedan interponer medios de defensa ante cobros injustificados por parte de la autoridad.

En segundo lugar, estamos proponiendo incrementar el plazo que tienen las afianzadoras para hacer efectivo el pago a favor de la Federación, para garantizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes, de 15 a 30 días, tal y como se contempla en el Código Fiscal de la Federación vigente.

Respecto al primer planteamiento, es de advertirse que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, vulneran los derechos de igualdad, seguridad jurídica, legalidad y protección judicial, al negar a las instituciones de fianzas la posibilidad de impugnar los requerimientos de pago realizados por la autoridad, lo que podrá derivar en arbitrariedades por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Dicha propuesta, a todas luces representa un problema de inconstitucionalidad, pues contravieneel artículo 14 de nuestra Carta Magna, que en el párrafo segundo a la letra dice: "Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento…".

En consecuencia, las reformas propuestas resultan incongruentes y discordantes con el procedimiento de ejecución de cobro de fianzas no fiscales a favor de la Federación, estados y municipios, previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que recientemente fueron aprobadas por esta Cámara de Senadores.

Derivado de lo anterior, se contempla que en el supuesto que dichas modificaciones fueran aprobadas, los contribuyentes que puedan acceder a una fianza y ante un cobro indebido por parte del SAT, tendrán un detrimento en su patrimonio, ya que perderán sus garantías otorgadas a la afianzadora, pues ésta las tendría que rematar para recuperar el pago realizado al fisco.

El espíritu del artículo 143 vigente, es garantizar la recaudación por parte del Estado, respetando el derecho de defensa de las instituciones de fianzas ante un cobro indebido.

No existe ninguna justificación razonable de parte del Ejecutivo Federal, ni de la Cámara de Diputados, para eliminar el derecho fundamental de impugnar los requerimientos ante cobros injustificados.

En cuanto a la segunda modificación que proponemos, considero que el tiempo razonable para que las afianzadoras puedan cumplir debidamente con el pago que estipula la autoridad, deberá ser de un mes, como actualmente opera, considerando los procesos contables y administrativos para liberar los recursos.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos a favor de fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para una mejor recaudación del país. Pero de ninguna manera aceptamos la violación de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución para lograr este fin.

Compañeras Senadoras y Senadores. Por estas razones, los invito a aprobar estas modificaciones que planteamos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gabriel Avila.

A petición del Senador Carlos Mendoza Davis y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos, en votación nominal, si se acepta a discusión la propuesta de modificación.

Háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 41 votos a favor y 65 en contra.

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Para el mismo artículo, tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su reserva.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado de la República. Senadoras y Senadores:

El Senador Adán Augusto López Hernández, y su servidora, Luz María Beristain, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, numeral 2, fracción IV; 200, numeral 1; y 201 del Reglamento del Senado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta de modificación al proyecto de Decreto contenido en el dictamen que formulan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en materia de fianzas, bajo las siguientes consideraciones.

La propuesta de modificaciones al artículo 143 del Código Federal de la Federación, contenidas en el dictamen que nos ocupa, tiene visos de inconstitucionalidad, ya que viola los principios de igualdad ante la ley, certeza jurídica, legalidad y protección judicial, al hacer nugatoria la posibilidad de impugnar los requerimientos de cobros indebidos, lo cual propiciaría posibles arbitrariedades por parte del Servicio de Administración Tributaria, en contra de los contribuyentes.

Pero además, la modificación al dispositivo referido, no es compatible con el procedimiento de ejecución de cobro de fianzas no fiscales a favor de la Federación, estados y municipios, que se encuentra previsto en el artículo 282 de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, recientemente aprobada por este Congreso de la Unión, en el mes de abril del presente año.

En caso de que la reforma al artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, que se discute, fuese aprobado en los términos que se presentan, los impactos negativos serían los siguientes:

El producto sería selectivo, emitiéndose únicamente con garantías líquidas; los contribuyentes que no logren calificar no podrán suspender el Procedimiento Administrativo de Ejecución, PAE.

En caso de que los contribuyentes no logren suspender el Procedimiento Administrativo de Ejecución por falta de fianza, se afectará su interés, lesionando su esfera jurídica de manera irreparable y se les privará del derecho de acceso a la justicia pronta y expedita.

Los que sí logren acceder a una fianza, ante el presupuesto de un cobro indebido por parte del SAT, perderán sus garantías otorgadas a la afianzadora, ya que estas las tendrá que rematar para recuperar lo pagado.

En suma, lo que se propone con la presente reserva son dos cuestiones básicas en esta materia.

Uno. Incrementar el plazo para la exhibición del pago de 15 a 30 días.

Y dos. Garantizar el derecho a la defensa ante cobros indebidos, por parte de la autoridad en la materia.

Unico. Se reforman los incisos b) y c) del artículo 143 del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

"Artículo 143.

b) Si no se paga dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la institución de crédito o casa de bolsa que mantenga en depósito los títulos o valores en los que la afianzadora tenga invertidas sus reservas técnicas, que proceda su venta a precio de mercado, hasta por el monto necesario para cubrir el principal y accesorios, lo que entregará en pago a la autoridad ejecutora. La venta se realizará en o fuera de bolsa, de acuerdo con la naturaleza de los títulos o valores.

Para estos efectos las instituciones de crédito y casas de bolsa, que mantengan títulos o valores en depósito por parte de las afianzadoras, deberán informar dicha situación a la autoridad fiscal. En los casos en que las instituciones de crédito o las casas de bolsa omitan cumplir con la obligación anterior, resultará improcedente la aceptación de las pólizas de fianza para garantizar créditos fiscales.

Cuando dejen de actuar como depositarios de las instituciones de fianzas deberán notificarlo a dichas autoridades e indicar la casa de bolsa o institución de crédito a la efectuaran la transferencia de los títulos o valores.

c) La autoridad ejecutora informará a la afianzadora sobre la orden dirigida a las instituciones de crédito o las casas de bolsa, la cual podrá oponerse a la venta únicamente exhibiendo el comprobante de pago del importe establecido en la póliza o la interposición de un medio de defensa.

Unico Transitorio. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de octubre de 2013.

Suscribimos el Senador Augusto López Hernández y servidora Luz María Beristain Navarrete.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Luz María Beristain.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse a discusión la presente reserva.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Procederemos a la votación del artículo 143, en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 64 votos a favor y 45 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 143 del proyecto de Decreto.

El Senador Vega Casillas mantiene su reserva, pero no hace uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reserva del artículo 146.

- La C. Senadora Silvia Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

La reserva que hoy hago no es una reserva más, es un refrendo a la responsabilidad que tengo para con los coahuilenses y todos los mexicanos, es reiterarle a México que el PAN está con la clase trabajadora, con las clases medias, a favor de la competitividad, a favor de incentivos a la economía que genere desarrollo y prosperidad a los mexicanos.

Mi participación es un no rotundo al engaño, a la simulación, a más cargas a la sociedad, a más deuda irresponsable, que hasta parece que el Secretario de Hacienda es un Moreira más de los que ustedes ya conocen.

México debe poner especial énfasis en brindar certeza jurídica a todos los contribuyentes. Debemos nosotros, como legisladores, reformar y adecuar las disposiciones fiscales existentes, con el objeto de evitar contradicciones e interpretaciones que den lugar a controversias, en las cuales los contribuyentes se ven afectados económicamente.

Es por ello necesario que se reserve el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, ya que no es posible que se pretenda incrementar el plazo de prescripción de los créditos fiscales de 5 a 10 años, según la relación e interpretación del mencionado artículo.

Hoy en día, la autoridad cuenta con las herramientas y facultades necesarias para poder fiscalizar de una manera más rápida y efectiva. Es por ello, que con la implementación del sistema de facturas electrónicas, el envío por Internet al portal del SAT de las declaraciones informativas, clientes, proveedores, donativos a que se está obligado conforme a los diferentes ordenamientos fiscales, al sistema de buzón fiscal que se requiere implementar y algunas otras formas de control, se debe brindar una seguridad al contribuyente en el tiempo, por lo que la autoridad sólo tendrá cinco años a partir de la fecha en el que el pago pudo ser legalmente exigido para emitir cualquier tipo de crédito fiscal.

Por lo antes comentado, es necesario proponer una redacción al mencionado artículo en el párrafo tercero para quedar así: "El plazo que se configure a la prescripción en ningún caso podrá exceder de cinco años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido".

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: A petición del Senador Carlos Mendoza Davis y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos, en votación nominal, si se acepta a discusión la reserva.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal para ver si se acepta o no a discusión la reserva.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 43 votos a favor y 62 en contra.

No se admite.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Entonces, procederemos a la votación del artículo 146, en los términos del proyecto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 70 votos a favor y 39 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 146 del proyecto de Decreto.

Pasamos a la última reserva.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, en relación a la reserva del 156 Bis, hasta cinco minutos.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con el permiso de la Presidencia.

Se estima que la inclusión de la fracción II al artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, resulta excesiva, toda vez que la autoridad fiscal ya cuenta con facultades suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, pues mediante el procedimiento administrativo de ejecución, regulado en diversas disposiciones del cuerpo normativo citado, dichas autoridades pueden llevar a cabo el embargo de bienes suficientes para garantizar los créditos fiscales exigibles.

Por tanto, resulta excesivo pretender reconocer la facultad de inmovilización, cuando actualmente las autoridades fiscales cuentan con atribuciones suficientes para salvaguardar el erario público, máxime que en la misma reforma que se propone se puede desarrollar el procedimiento administrativo de ejecución vía buzón tributario.

En este sentido, es preciso señalar la desproporción en la atribución conferida, toda vez que en primer término, lejos de ser una medida que dé certeza a los contribuyentes o que permita el cobro eficiente de contribuciones, dicha facultad resulta ser una medida de presión a fin de obligar a los contribuyentes a garantizar conforme a la discreción de la autoridad fiscal adeudos cuyo cobro es cuestionable.

En segundo término, es indispensable reconocer que si bien la garantía del interés fiscal se instituye a fin de salvaguardar el erario público, también es necesario recordar que el ofrecimiento de la garantía del interés fiscal es un derecho de los contribuyentes, por lo tanto, no se puede reaccionar al contribuyente a ejercer ese derecho mediante la imposición de una medida de presión, como lo es el congelamiento de sus cuentas.

Aunado a lo anterior, con dicha medida se vulneran los derechos de los contribuyentes, al dotar a la autoridad fiscal con la facultad de asegurar bienes sin previa manifestación del gobernado para garantizar adeudos fiscales, cuando en la especie, la elección de los bienes para garantizar un adeudo fiscal, debe partir, en primera instancia, del contribuyente al ser un derecho del mismo, elegir los bienes que considera prudente ofrecer para embargo, o garantizar, de forma tal, que el numeral propone la existencia de una medida de presión desmesurada con la conducta que se pretende evitar, ello en virtud de que las supuestas conductas que generan el ejercicio de la facultad no guardan equidad entre sí, esto en atención a que se pretende presionar o sancionar de la misma forma al contribuyente que se sustrae del ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal, que aquel que únicamente no ofreció una garantía suficiente.

Es el caso que tal situación resulta del todo absurda y desmesurada, toda vez que no resulta lógico castigar o presionar con la misma medida al contribuyente que expresa su voluntad de garantizar el crédito fiscal con los bienes que tiene, al castigar a un contribuyente que se sustrae del ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal.

Resulta desafortunada la redacción del numeral que nos ocupa al disponer, que la facultad de inmovilización procederá contra créditos impugnados que no se encuentren debidamente garantizados.

Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente, deja a los gobernados en un absoluto estado de indefensión, al no contar con la certeza jurídica respecto a que si dicha facultad se ejecutara una vez que la garantía ofrecida haya sido calificada por la autoridad fiscal, esto no se señala como supuesto de excepción que el contribuyente haya ofrecido garantía y que la misma no haya sido calificada por la autoridad fiscal.

Por su atención y su voto a favor, muchas gracias.

Que tengan un buen día.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Francisco Búrquez.

A petición del Senador Carlos Mendoza Davis y respaldado por los integrantes de su grupo parlamentario, consultaremos en votación nominal si se acepta a discusión la propuesta de modificación.

Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 42 votos a favor y 65 en contra.

No se admite, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No se admite a discusión. Procederemos entonces a la votación del artículo 156 Bis, en términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recabar la votación nominal.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 67 votos a favor y 40 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 156 Bis del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea, que la iniciativa y las proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones del Senado y a la Cámara de Diputados, según corresponda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)

"La que suscribe, María Elena Barrera Tapia, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el catálogo de los derechos humanos de carácter social y económico, ocupa un lugar preponderante el derecho a la vivienda.

El fin del Estado lo constituye el bien público, que consiste en establecer el conjunto de condiciones sociales, económicas, culturales, morales y políticas necesarias para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo como persona humana.

La comunidad internacional ha venido reconociendo los derechos humanos fundamentales, enraizados en la dignidad y el valor de la persona, y que por ello han de ser respetados por los Estados.

Así, se ha reconocido el derecho del hombre a la propiedad. Derecho al que actualmente se le atribuye un carácter de función social, ya que de la equitativa distribución de la propiedad, depende la posibilidad de que el Estado, promueva las condiciones necesarias para que toda la población esté en posibilidad de allegarse de una habitación digna.

El derecho a la vivienda es inalienable a la persona y surge como una respuesta de la sociedad y del Estado a la demanda del hombre de consolidar las condiciones de vida para su desarrollo.

La vivienda es el resguardo del hombre y su familia, y la plataforma para su desenvolvimiento que hace posible su progreso individual y colectivo. Es, en síntesis, la base sobre la que habrá de forjarse el hombre y la sociedad en que se desarrolla.

El derecho a la vivienda tiene en nuestro País profundas raíces históricas.

En el año de 1865, se establecieron las primeras normas relacionadas con la habitación. En el reglamento del decreto que concede facilidades a la inmigración extranjera, se consignó la obligación patronal de proporcionar alojamiento a los trabajadores.

El Programa del Partido Liberal Mexicano, en 1906, estableció la obligación de los patrones de proporcionar alojamiento higiénico a los trabajadores. Posteriormente en el laudo presidencial dictado en 1907, se determinó que los obreros podrían recibir en sus habitaciones a las personas que estimaran convenientes y, que en caso de separación estarían obligados a desocuparlas.

En 1907el Gobierno del Estado de Chihuahua expidió la Ley sobre Casas de Obreros y Empleados Públicos, que vino a significar el primer instrumento jurídico especializado en materia de vivienda.

En el Pacto de Empacadora, suscrito en 1912, se contempló la obligación, a cargo de los patrones, de alojar a sus obreros en condiciones higiénicas que garantizaran su salud y enaltecieran su vida.

El Constituyente de Querétaro, reconoció la imperiosa necesidad de reglamentar las relaciones laborales, en cuanto a las garantías mínimas de bienestar material que deberían disfrutar los obreros. Durante el debate se señaló la conveniencia de otorgar a los obreros el derecho a la habitación como un medio para elevar su nivel de vida, para convertirlo de una simple herramienta de trabajo en un ser humano completo.

De esta manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció, en su artículo 123, la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.

Cuando México entró en una etapa de urbanización y de desarrollo industrial más avanzada, se crearon los principales organismos nacionales de vivienda. En 1963, el Gobierno Federal constituyó en el Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), como una institución promotora de la construcción y de mejora de la vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada.

En febrero de 1972, con la reforma del artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972.

En mayo de ese mismo año, se creó por Decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En 1983, el derecho a la vivienda emerge en el orden constitucional mexicano, como una garantía social, en tanto que sus destinatarios no son los individuos, sino el núcleo familiar. De ahí, que si bien la vivienda correspondiera en principio a todo ser humano, como garantía de su dignidad existencial, el Constituyente Permanente reconoció al individuo en su calidad de integrante de una familia y no en lo particular; optando por reconocer como titular del derecho, a la familia y no a la persona.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983–1988, se expresaba:

“La vivienda es una necesidad básica cuya satisfacción condiciona a la alimentación, la salud y la educación. Es un elemento clave del desarrollo social y, por tanto, se ratificara explícitamente su carácter de derecho social de todos los mexicanos… Se concibe a la vivienda no solo en cuanto a su uso como inmueble, sino también en su dimensión como elemento generador del desarrollo del grupo social en su relación con las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y recreativas”.

Con fecha 7 de febrero de 1984, se publicó en el Diario Oficialde la Federación, la Ley Federal de Vivienda, que constituye el primer instrumento normativo para la promoción de la vivienda en el País.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se enmarca a la política de vivienda en la política de bienestar social, cuyo fin primario es el acceso a una vivienda digna y decorosa, lo cual representa un justo derecho social de todos los mexicanos. Dentro de sus objetivos básicos están convertir a la vivienda en un factor fundamental para el ordenamiento racional de los asentamientos humanos en el territorio nacional, y aprovechar el efecto multiplicador que tiene la vivienda en la actividad económica para fomentar el aparato productivo y promover el empleo.

Con base en los anteriores principios, la política de vivienda renovó su base conceptual y proveyó los lineamientos sustantivos para su desarrollo; la vivienda es, pues: derecho social de los mexicanos; plataforma para el desarrollo integral de hombre, la familia y su grupo social; eje y centro del hábitat personal, vecinal y comunitario; satisfactor esencial para la condición de bienestar social y el mejoramiento de calidad de vida; elemento promotor del empleo, del producto y de la riqueza social; y, componente estructurador de los centros de población.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de junio de 2006, el Congreso de la Unión expidió la vigente Ley Federal de Vivienda, la que tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

El marco jurídico de las entidades federativas es sumamente diferenciado. La mayoría de los estados cuentan con una ley sobre el tema, aunque algunas se refieran tan solo a sus institutos estatales de vivienda.

Sin embargo, debe subrayarse que todas las leyes locales tienen como denominador común, su falta de vinculación con el Programa Nacional de Vivienda.

El derecho a la vivienda es además un derecho humano, reconocido por instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, a saber:

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

“Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

“Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

“Derecho a la preservación de la salud y al bienestar

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.”

El derecho a la vivienda al estar reconocido como derecho humano por los instrumentos internacionales antes descritos, forma parte importante del bloque de derechos fundamentales que integran el cuerpo constitucional mexicano.

En suma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y establece al derecho a la vivienda, como un derecho humano y como una garantía social.

Un estudio comparativo con otros países, permite constatar que las bases jurídicas de México comprenden los elementos necesarios para promover la vivienda hacia dimensiones superiores de su desenvolvimiento.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, establece políticas públicas en la materia que se apoyan en tres ejes fundamentales: libertad, democracia y justicia social, en los cuales se busca hacer efectivo el derecho constitucional de todos los mexicanos de tener acceso a un vivienda digna, de calidad y sustentable.

Las estrategias para lograr este objetivo son: impulsar un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural; transitar hacia un esquema de desarrollo urbano sustentable e inteligente; reducir de manera responsable el rezago habitacional; y, en fin, procurar vivienda digna para todos los mexicanos.

Paraconsolidar las políticas públicas de vivienda y que éstas se traduzcan en programas y en acciones concretas de beneficio social, es menester que en el marco del federalismo se establezcan las previsiones necesarias que permitan alinear y articular las políticas en la materia del Gobierno de la República con las de los estados y municipios.

Es preciso quela Constitución regule el derecho a la vivienda, como materia concurrente o coincidente, a fin de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, de manera coordinada y uniforme desarrollen y ejecuten sus respectivosprogramas de vivienda, a través de un nuevo modelo de colaboración y de responsabilidad institucional compartida.

Por la trascendencia e importancia del derecho fundamental de vivienda, es necesario contar con un marco normativo homogéneo, sustentado en la ley general que al efecto expida el Congreso de la Unión, en la que se establezca el ámbito de competencia de las autoridades federales, estatales y municipales; las bases de coordinación entre dichas autoridades; y las previsiones necesarias para asegurar la articulación y congruencia de los programas de vivienda de los tres órdenes de gobierno.

Es importante que exista una ley general que siente los principios, establezca las reglas de coordinación y articule los programas de vivienda de los tres niveles de gobierno, a fin de imprimirle a las acciones públicas, eficacia y rumbo, eficiencia institucional, potenciamiento de capacidades, y certidumbre jurídica.

La presente reforma constitucional tiene como propósito establecer las bases generales y los lineamientos sobre los cuales la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, participen coordinadamente bajo un marco normativo común, en el que se definan sus respectivos ámbitos de competencia y responsabilidades que permitan darle vigencia plena al derecho fundamental de vivienda.

Por los motivos expuestos, se propone adicionar con una fracción XXIX-R el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73...

I a XXIX-Q.

XXIX-R. Para expedir leyes en materia de vivienda, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de octubre de 2013.

Sen. María Elena Barrera Tapia".





 

PROPUESTAS

De la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios a contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA COMISION FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS A CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO, VENTA Y FABRICACION ILICITA DE PRODUCTOS DEL TABACO

“H. ASAMBLEA:

La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tanto en México como en el mundo la venta de tabaco y la exposición al humo de tabaco representan un problema, ya que ambos pueden afectar directa e indirectamente la salud de las personas, ya sea con la aparición de diversos tipos de cáncer que pueden variar, presentándose tanto en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo y que lamentablemente tiene consecuencias fatales no sólo en la vida de las personas que lo padecen, sino en la vida de sus familiares.

De acuerdo con cifras de Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren más de 5 millones de personas al año por causa del tabaco, la causa del cáncer se da principalmente con la transformación de una célula, cuyas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos de un paciente y algún otro factor externo, como carcinógenos físicos, biológicos o químicos como los componentes del humo de tabaco.

En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, dentro del Panorama Epidemiológico del Consumo de Tabaco, a nivel nacional, de la población de 12 a 65 años, se estima que el 21.7% de los mexicanos, es fumadora activa, lo cual equivale a 17.3 millones de mexicanos. Además de existir 21 millones de ex fumadores.

El pasado 30 de mayo de 2008 se aprobó la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad no sólo de regular, sino también de sancionar a todas aquellas industrias del tabaco y establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones establecidas, dicha ley y las reformas que se han aprobado en torno a la misma van dirigidas a continuar en el reforzamiento de medidasque protejan el derecho de la salud de las personas, tanto fumadores activos como pasivos.

Sin embargo, todos estos esfuerzos no tienen sentido cuando salimos a la realidad de nuestro país, es necesario exponer que hemos venido notando que ha proliferado la venta y distribución de cajetillas de cigarros, con diversas denominaciones, y que presumen haber sido producidas en diversos países del mundo. La primer interrogante es, ¿Cómo se introducen dichas cajetillas al país?; o bien, si efectivamente son de otros países, o son manufacturados en nuestro país con datos falsos.

Un estudio realizado con datos de la Alianza para el Convenio Marco para el Control del Tabaco, Organización Mundial de la Salud, OMS y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, señaló datos importantes tales como, que este tipo de cigarros no cuentan con los parámetros mínimos de calidad en su elaboración, por ende, mucho menos cumplen con lo establecido en las normas mexicanas en la materia, con ello afecta la salud de los mexicanos en general y sobre todo de los adolescentes que tienen fácil acceso a estos productos.

Asimismo, advierte que en el mundo se venden al año, alrededor de 600,000 millones de cigarros ilegales, de los cuales 250 millones son comerciados al interior de nuestro país. Los principales países de origen son Canadá, Estados Unidos de América, Cuba, Paraguay, India, China y Vietnam. Y señala que algunas de las características de estos cigarrosson un filtro menos nítido, papel más delgado, no contienen especificaciones de los elementos de los que se componen; además, como no cumplen con las normas mínimas establecidas por las leyes mexicanas, difícilmente contendrán las leyendas y pictogramas correspondientes. Todo lo anterior genera la venta de cigarrillos sueltos a cualquier público y reiteradamente los daños más latentes en la salud.

Hemos venido notando en el país, la presencia en diversos puntos de venta de cigarros ilegales, tales como puestos ambulantes, fijos y semifijos, mercados, accesos del Metro y tianguis, por señalar los más comunes. Con marcas no acreditadas por las autoridades correspondientes, como PITBULL, MEX, LAREDO, ROVER, RACER, GOL, JAIPUR y MARATHON, MODERN, ROYALE, BRONCO, SILVER, por señalar solo algunos, con precios similares a los $8.00 y $10.00 pesos, por cajetilla que usualmente contienen 20 cigarrillos cada una.

Es importante señalar que a pesar del reciente decomiso de este tipo de cigarros en el Estado de Guanajuato, llevado a cabo por la Procuraduría General de la República de más de 7 millones de cigarros ilegales, siendo la tercer entidad de mayor venta de cigarros ilegales después de Jalisco y Michoacán, dichos productos siguen en circulación en otras entidades federativas del país. El Distrito Federal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, arrojó que dicha entidad federativa tiene la prevalencia más alta del país en consumo de tabaco, con el 30.8% y los puntos de venta más regulares de este tipo de cigarros se localizan en su mayoría en las entradas y salidas de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, razón por demás obvia, por la cantidad diaria de usuarios que transitan por dicho medio de transporte en la Ciudad de México.

Por otro lado cabe mencionar quela actual Ley General para el Control del Tabaco en nuestro país, permite cumplir en una gran parte con lo que dicta el Convenio Marco para el Control del Tabaco, vinculante para el Estado Mexicano en virtud de su ratificación por esta soberanía, según consta en el Diario Oficial de la Federación, Primera Sección, de fecha 12 de Mayo de 2004.

El objetivo del Convenio y sus directrices, es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco que contenga las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como acatar las Medidas para Combatir la Producción Ilegal y el Comercio Ilícito de Productos del Tabaco.

Cabe mencionar que en el CMCT se establecen las principales políticas públicas para prevenir y controlar el consumo de tabaco. Sin embargo, debido a la diversidad de temas, la Conferencia de las Partes, vio la necesidad de publicar directrices y protocolos sobre cada uno de éstos para facilitar la aplicación del Convenio.

Dicho Protocolo forma parte de estos documentos. En éste se pueden encontrar las principales medidas para erradicar el comercio ilícito de cigarrillos. Su objetivo es simple: la eliminación de todo tipo de comercio ilícito de tabaco. Son cinco las acciones principales que los Estados deben adoptar para obtener este fin:

a. Regulación de la cadena de suministro;

b. Seguimiento y localización de productos de tabaco;

c. Potenciar la eficiencia de las autoridades, en la destrucción de tabaco ilegal;

Regulación de la cadena de suministro:

- No se puede producir, elaborar, fabricar e importar productos de tabaco si no se cuenta con una licencia.

- También es necesaria una licencia sí, 1) se cultiva tabaco; 2) se transportan cantidades comerciales de productos de tabaco o equipo de fabricación y 3) se realizan ventas al por mayor.

- Las licencias deben de ser expedidas y renovadas por un órgano competente. En caso de incumplir con las obligaciones se deben de sancionar a las empresas.

Seguimiento y localización de productos de tabaco:

- La implementación de un sistema de seguimiento y localización de los productos de tabaco consiste, principalmente, en la elaboración de mecanismos que permitan identificar la procedencia de las cajetillas. Su aplicación es tanto para la fabricación como para la importación de productos de tabaco.

- Se exigirán elementos de identificación únicos, seguros e indelebles, como códigos y estampillas.

- El protocolo propone un plazo de 5 años para la implementación de estos mecanismos de seguimiento y localización.

- Así mismo para poder tener datos e información que facilite la aplicación del protocolo, cada Estado debe exigir que se mantengan los registros de la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación. Esto ayudará a las autoridades para cualquier investigación que se haga.

Potenciar la eficiencia de las autoridades en la destrucción de los productos de tabaco:

- Todo tabaco, producto de tabaco o equipo de fabricación decomisado será destruido, mediante métodos respetuosos con el medio ambiente en la medida de lo posible, o eliminado de conformidad con la legislación nacional.

Al observar que la venta ilegal de los cigarros apócrifos ha crecido en los últimos años y haciendo énfasis en los últimos meses, es que nuestro país debe redoblar esfuerzos y una forma para llegar a ello, es adhiriéndose al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que a la brevedad posible informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. Así como a cuántas personas físicas o morales se han sancionado por comercializar este tipo de productos ilícitos.

SEGUNDO: El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que a la brevedad se implementen acciones y estrategias que prevengan combatan y sancionen, el contrabando, venta y fabricación ilícita de cigarros apócrifos.

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que los Estados Unidos Mexicanos se adhieran al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, instrumento derivado delConvenio Marco para el Control del Tabaco, y de esta forma combatir de manera frontal el comercio ilícito de este tipo de productos.

Suscribe

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.





 

De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar y evaluar las redes de servicios de salud para la atención materna y la portabilidad de estos servicios. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR Y EVALUAR LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION MATERNA Y LA PORTABILIDAD DE ESTOS SERVICIOS

"La suscrita, Senadora MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, enuso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA, AL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA y AL DIRECTOR DE HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA para que se revisen y evalúen las redes de servicios de salud para la atención materna y la portabilidad de éstos servicios,en tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al hablar de derechos humanos atendiendo a los tratados internacionalesfirmados por México, así como a la letra de nuestra carta magna, entendemos que el Derecho a la vida es un derecho universal y necesario para poder materializar todos los demás derechos universales. Si no hay vida, no tiene razón de ser la existencia de los demás derechos fundamentales.

La protección a la vida y a la salud constituyen por lo tantola base primordial del quehacer del Estado Mexicano, por lo que entre sus principales objetivos se debe de marcar las bases para el respeto y protección de estos dos derechos directrices e innatos del ser humano.

México se ha preocupado a lo largo de los años por crear redes de salud eficaces; que abarquen a todo el territorio nacional, se han creado secretarias, instituciones, programas y campañas de salud que protejan la calidad de vida de los Mexicanos. Aunado a lo anterior; el presupuesto asignado a estos rubros se garantiza por la designación del presupuesto de la federación.

Lamentablemente en los pasados meses han ocurrido en nuestro país dos hechos que han salido a la luz pública y que por su gravedad han conmocionado a la población nacional y en lo particular, son hechos que me parecen no deben dejarse pasar por alto, nosotros como legisladores tenemos la obligación irrenunciable de atender cuales son las fallas en la estructura de salud y legislar para su prevención.

El primer acontecimiento se suscita en el Hospital de la Mujer ubicado en la comunidad de San Lorenzo Teotipilco, del municipio de Tehuacán,Estado de Puebla, donde una mujer indígena dio a luz el día7 de septiembre del 2013, en la recepción del mencionado hospital.

El segundo caso que me preocupa es el parto y nacimiento fortuito, del día 7 de octubre del 2013 en el jardín del centro de salud del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec del Estado de Oaxaca, donde una mujer indígena mazateca, al encontrarse haciendo la caminata de rutina para favorecer la dilatación, da a luz en el jardín del centro de salud.

Ante estas circunstancias se exhorta a las dependencias de la secretaria de salud a nivel federal y especialmente las correspondientes a estos dos estados, para que realicen el análisis y evaluación de las redes de salud para la atención materna y un estudio de la portabilidad de estos servicios, con el propósito de prevenir y asegurar el acceso al servicio de salud para toda la población.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Ante la muestra clara de la falla del sistema de salud en los Estados de Puebla y Oaxaca, es necesario evaluar la capacidad de respuesta referente a la atención médica de las instituciones en la atención del embarazo, parto y puerperio de las mujeres y el recién nacido, para asegurar que la atención médica se proporcione todos los días y en todas las horas, con el propósito de brindar un servicio completo y eficaz; es decir, se dé un cero rechazo al acceso al servicio.

Los hechos ocurridos son un aviso para el sistema de salud, por lo tanto una evaluación de este tipo permite prevenir y subsanar las deficiencias en el servicio.

SEGUNDO: El Modelo Operativo de los Servicios de Salud, permite evidenciar como se está trabajando en las secretarias, instituciones, centros de salud, y sí el personal que labora cubre las necesidades de los usuarios de servicios de salud, en el caso en la atención médica materna.

Este modelo permitiría el orientar a la población sobre lo que se debe de hacer al presentarse el trabajo de parto, el saber a qué institución acudir, que servicios se les va a brindar e ir más allá, el poder brindar información sobreplanificación y planeación para formar una familia.

TERCERO: El poder optimizar la calidad de los servicios de salud, estableciendo una relación de coordinación y apoyo entre los servicios públicos y privados, para poder cubrir las necesidades de salud de la población mexicana.

Esta circunstancia surge ante la deficiencia del seguro médico para toda la población, pero que al mismo tiempo esto no sea impedimento para poder proteger el derechos a la vida y a la salud por el Estado.

CUARTO: Es de suma importancia el poder coordinar a las instituciones del servicio público medico para que en el caso de que un usuario requiriera atención médica urgente, como lo es la atención materna, se brinde el servicio, aun cuando no se sea derechohabiente, y en los subsecuente entre Instituciones se pueda forjar la portabilidad y la compensación en los servicios, en un primer momento para que la usuaria no sea desprotegida en la atención y después; para cumplir con el obligación constitucional de garantizar estos Derechos Humanos.

QUINTO: Con la finalidad de cubrir las necesidades de atención del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido se propone el coordinar a las instituciones del sector público y privado que cuenten con previa certificación, para poder cubrir las necesidades de servicio de salud de todos los beneficiarios del“Seguro Popular”.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO: Evaluación de la capacidad de respuesta las 24 horas los 365 días al año de la infraestructura de atención médica por nivel de atención y complejidad de los servicios de salud en instituciones públicas y privadas para la atención del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido.

SEGUNDO: Valoración del funcionamiento del Modelo Operativo de los Servicios de Salud, con especial escrutinio de los programas de Equidad y Género y Salud Reproductiva; así como la referencia y contrarreferencia de las embarazadas.

TERCERO: Adición para la atención profesional del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido al Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas firmado a los 28 días del mes de mayo de 2009, con el objeto de mejorar accesibilidad, oportunidad y optimización de los recursos disponibles para este fin, o en caso necesario.

CUARTO: Celebrar convenios interinstitucionales estatales específicos para la atención del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido con los titulares de el Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS” con Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y;

QUINTO: Contratación de servicios para la atención del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido en unidades médicas certificadas de la iniciativa privada en apego a la normatividad que rige al Sistema de Protección Social en Salud, identificado como “Seguro Popular”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de octubre de 2013".





 

De los CC. Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, Mely Romero Celis, Francisco Salvador López Brito, Armando Ríos Piter, Sofío Ramírez Hernández, Félix Arturo González Canto, Raúl Aarón Pozos Lanz, Oscar Román Rosas González y Luis Armando Melgar Bravo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desarrollar un programa a nivel federal que ayude a dar un mayor impulso y dinamismo ecoturístico a los humedales costeros en zona de manglar. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE TURISMO Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A DESARROLLAR UN PROGRAMA A NIVEL FEDERAL QUE AYUDE A DAR UN MAYOR IMPULSO Y DINAMISMO ECOTURISTICO A LOS HUMEDALES COSTEROS EN ZONA DE MANGLAR

Los que suscriben, Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, Mely Romero Celis, Francisco Salvador López Brito, Armando Ríos Piter, Sofío Ramírez Hernández, Félix Arturo González Canto, Raúl Pozos Lanz y Oscar Rosas González, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad turística en México posee una importancia económica y social de gran magnitud, ya que contribuye al 8% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y genera más del 9% de los empleos directos e indirectos.

El turismo es un importante generador de divisas y de ingresos en moneda nacional, empleos, destino de inversión extranjera directa y detonador de la construcción de infraestructura regional para la atención de la demanda de servicios de los visitantes, por lo que es una actividad estratégica para el crecimiento y desarrollo económico de un país, especialmente, de las zonas más rezagadas.

Cabe destacar que en los últimos 15 años el turismo ecológico a nivel mundial tiene una creciente demanda, mientras que una parte importante de esta actividad está asociada a los manglares. De ahí la importancia de seguir generando una mayor oferta turística en México que permita una explotación racional y sustentable de nuestros litorales, ya que en ellos se desarrollan actividades cinegéticas como el avistamiento de aves migratorias, además de albergar una gran variedad de vida silvestre y contar con una riqueza natural que permite atraer a un número importante de turistas de estos singulares ecosistemas.

A partir de lo anterior, consideramos necesario generar un programa que permita la reactivación ecoturística de la zona de manglares en los litorales de nuestro país. Con ello, se estará contribuyendo al desarrollo de esta actividad económica a favor de las comunidades costeras de México, pero también, a preservar estos ecosistemas por su importante contribución al medio ambiente.

En este sentido, consideramos vital que la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), desarrollen una estrategia conjunta que permita crear un programa a nivel federal que ayude a dar un mayor impulso y dinamismo ecoturístico en los manglares, y que traiga aparejada una campaña de difusión como una de las ofertas turísticas de México hacia el mundo, pero también para nuestro mercado interno.

De forma paralela, consideramos pertinente una campaña educativa incorporada a esta oferta turística, que permita destacar al manglar como un ecosistema irremplazable y único, capaz de albergar una increíble biodiversidad tales como aves migratorias, criaturas marinas y reptiles, además de las especies vegetales asociadas, al tiempo de destacar a México como uno de los países más importantes y con mayor potencial en este rubro, para generar una actividad económica sustentable y competitiva.

Una buena educación ambiental y campañas de comunicación social serán elementos fundamentales para generar conciencia pública sobre el valor y necesidad de conservación de los manglares y el desarrollo de actividades turísticas sustentables, en la que será vital incorporar la participación de organizaciones comunitarias de las zonas costeras de nuestro país en la prestación de actividades productivas alternativas como el ecoturismo, transporte de servicios en bote, elaboración de artesanías, servicios de alimentación, fortalecimiento organizacional, capacitación en manejo sostenible de recursos y en experiencias de reforestación del manglar y crianza de especies marinas, entre otras.

Con ello, consideramos que se podrán establecer alianzas estratégicas con empresas locales de turismo y las comunidades locales para realizar la gestión turística en forma coordinada, mejorar los servicios y cuidados del medio ambiente, difundir permanentemente al público usuario el rol de la conservación de los manglares, e identificar circuitos prioritarios en zonas permitidas para realizar actividades ecoturísticas y potenciar las acciones de control y vigilancia coordinada con las organizaciones de usuarios y la incorporación de guarda parques voluntarios locales, así como el reconocimiento y fortalecimiento de los comités de vigilancia local.

Además, los manglares son fundamentales para la actividad pesquera, la protección y crianza de una diversidad de especies de crustáceos y moluscos, además de servir como una barrera natural contra la erosión, huracanes y ciclones, actuando como zona de amortiguamiento y resguardo.

Dentro de las bondades económicas de los manglares está la de proporcionar a México altos beneficios económicos tan solo por servicios ambientales para la pesca.

Consideramos que de lograr hacer realidad esta propuesta podremos contribuir a resaltar la importancia de estos ecosistemas, así como concientizar sobre el impacto de los desarrollos portuarios, de la infraestructura turística, la canalización, los rellenos y el incremento de sedimentos, entre otras actividades humanas, que provocan el deterioro y la pérdida de grandes extensiones de humedal costero y manglares, al tiempo de fomentar su conservación y, en su caso, su restauración.

Los manglares están presentes en los 17 estados de la República que tienen litoral, el estado de Campeche posee la mayor superficie de manglar del país con 194 mil 190 hectáreas.

Desgraciadamente en México existe poca cultura sobre el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales y, por ende, la carencia de medidas efectivas para su conservación tanto por parte de las autoridades, como por parte de los poseedores del recurso.

México tiene una tasa promedio de pérdida cuatro veces mayor a la mundial, es decir, 4.43 hectáreas cada día y, de continuar a ese ritmo, para el año 2025 habrá desaparecido entre el 40 y el 50 por ciento de la superficie de manglar.

Los manglares tienen una gran importancia biológica, social y económica, ya que contribuyen a mitigar el calentamiento global al ofrecer hábitat y refugio para flora y fauna terrestre y acuática; mientras que en los ámbitos social y ambiental estos sistemas proveen de gran cantidad de servicios y productos a las comunidades rurales ,tales como: la producción de leña y carbón, material de construcción para viviendas rurales y la fabricación de cercos para la delimitación de los terrenoso el confinamiento de animales para el consumo doméstico. Ningún otro ecosistema del mundo genera semejante riqueza económica y ecológica por unidad de volumen.

Entre las ciudades de la República más afectadas por la edificación de infraestructuras hoteleras en estos ecosistemas se encuentran Manzanillo, Colima, Escuinapa, Sinaloa, Chetumal, Quintana Roo y Acapulco, Guerrero, donde se han reportado daños severos debido a la construcción sobre dunas costeras y por los efectos de los fenómenos climatológicos provocados por el cambio climático global.

Entender el beneficio ecoturístico mediante una explotación racional y sustentable de los manglares, permitirá el crecimiento de la actividad turística a través de la disposición y uso de una serie de recursos naturales que, como cualquier actividad socioeconómica, debe ser adecuada para evitar una serie de impactos sobre el medio ambiente y el deterioro de estos ecosistemas.

De lograr una actividad socioeconómica exitosa en los manglares de la manera en que realizamos este planteamiento, estamos seguros que las comunidades costeras de nuestro país podrían verse beneficiadas y serían las primeras en luchar por su conservación y preservación, ya que representará la posibilidad de una actividad ecoturística detonadora de empleos en beneficio de miles de familias que ahí habitan, además de potenciar la oferta turística de México y la captación de divisas al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos de nuestro país.

De lograr la estructuración de un programa federal, que permita a su vez, la formulación de una estrategia nacional coordinada entre los tres órdenes de gobierno para el impulso del ecoturismo en los manglares que tome en cuenta la participación de los poseedores de éstos ecosistemas (en México el 80% de ellos tienen dueño), a través del Programa de Pago por Servicios Ambiéntales, lograremos fomentar una actividad que beneficiará a las poblaciones costeras y, de paso, la conservación de las zonas de manglar.

Con estas acciones, desde el Senado de la República se pretende fortalecer la ardua lucha por la protección y conservación sustentable de los ecosistemas de manglar en México, pero también, generar una posibilidad empleo para miles de familias a través del ecoturismo sustentable en los humedales costeros en zona de manglar, buscando siempre un equilibrio entre la conservación ambiental y los planes de desarrollo económico.

Consideramos que es un buen momento para promover la protección de los ecosistemas costeros a través de estrategias que no paralicen la actividad turística tradicional, pero que de forma creativa, sustentable y armónica, puedan servir de contrapeso a ambiciosos proyectos turísticos que solo benefician a unos cuantos inversionistas depredadores del medio ambiente, poniendo en riesgo a los habitantes de estas zonas afectadas.

La protección de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país es una responsabilidad de todos los mexicanos, por tal motivo, tenemos la obligación de conservarlos para las generaciones futuras. Conjuntar el crecimiento de la industria turística no debe estar peleado con el deterioro de los ecosistemas, en especial, el relativo a la protección de los humedales en zonas de manglar.

Con la finalidad de incentivar el ecoturismo por medio de la reactivación de la zona de manglares es que ponemos a consideración esta Proposición con Punto de Acuerdo, convencidos que con el respaldo del Gobierno Federal es posible detonar la actividad ecoturística y, al mismo tiempo, ofrecer educación ambiental a las personas para cuidar de su entorno, explotando de manera sustentable las cualidades más significativas de estos ecosistemas y promocionarlos como un producto atractivo dentro de la oferta turística de México, bajo la óptica de crear regiones competitivas a partir de una economía sostenible, donde la población productivamente ocupada alcance ingresos que le permitan vivir con calidad y sin deterioro del equilibrio ambiental en perjuicio de sus propias comunidades.

México puede convertirse en líder mundial del turismo ecológico basado en el aprovechamiento sostenible de bosques y manglares, de las áreas naturales protegidas a través de la ecología social, con la participación de ciudadanos que defiendan organizada y sistemáticamente las playas, ríos y manglares, donde se lleven a cabo proyectos productivos sostenibles en beneficio del desarrollo para las poblaciones locales.

Constituir y posicionar a nivel nacional e internacional la actividad ecoturística a partir del uso sostenible del ecosistema de manglar, asegurará la participación de la sociedad civil organizada, organizaciones sociales, de los gobiernos federal, estatal y municipal, instituciones públicas y privadas, así como de universidades y otras con interés común, para conformar una comunidad de actores interesados en recuperar los bosques de manglar, mantener la diversidad biológica del ecosistema, favorecer la generación de ingresos de los pobladores de las zonas costeras con base en el desarrollo de servicios turísticos sustentables, incrementar el nivel de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población respecto a la conservación de este tipo de ecosistemas, y posicionar a nivel nacional e internacional a nuestro país como uno de los mejores dentro de la oferta ecoturística.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera conjunta desarrollen un programa a nivel federal que ayude a dar un mayor impulso y dinamismo ecoturístico a los humedales costeros en zona de manglar, buscando siempre un equilibrio entre la conservación ambiental y los planes de desarrollo económico, a través del Programa de Pago por Servicios Ambiéntales.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Social, a implementar una estrategia que ayude a establecer una actividad socioeconómica exitosa en las zonas demanglares para que las comunidades costeras de nuestro país puedan verse beneficiadas, y en la que se les involucre en su preservación y explotación sustentable, con el propósito de potenciar la oferta turística de México y la captación de divisas.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que el programa federal para impulsar y dar mayor dinamismo ecoturístico a los manglares, este acompañado de una campaña educativa sobre ecoturismo sustentable en los humedales costeros en zona de manglar, cuyo principal propósito sea difundir de forma permanentemente al público usuario, una buena educación ambiental y conciencia pública sobre el valor y necesidad de conservación que permita destacar al manglar como un ecosistema irremplazable y único, capaz de albergar una increíble biodiversidad, al tiempo de destacar a México como uno de los países más importantes en este rubro y con capacidad de generar una actividad económica sustentable y competitiva.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de octubre de 2013.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Raúl Pozos Lanz.- Sen. Oscar Rosas González”.





 

De la C. Senadora Martha Elena García Gómez, a nombre de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; de Derechos Humanos; y Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los poderes ejecutivos, en los tres niveles de gobierno, a adoptar e implementar las recomendaciones de la resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A ADOPTAR E IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA RESOLUCION 66/170 EMITIDA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Las y los integrantes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS ADOPTEN E IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE LA RESOLUCION 66/170 EMITIDA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado desempeña la función esencial de velar por el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, aun cuando México ha logrado un importante progreso en los últimos años para garantizar mejores niveles de bienestar para su población infantil y adolescente; fenómenos como la pobreza, la violencia, la desigualdad y otros aspectos que vulneran su desarrollo tales como la discapacidad, el trabajo infantil, la marginación, entre otros, siguen afectando a este sector de la población.

Datos del informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010”, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); revelan que la pobreza infantil presenta características particulares que tienen una mayor probabilidad de volverse permanentes y las potencialidades para su reproducción en el futuro suelen ser mayores en virtud de que sus efectos llegan a ser irreversibles.

De acuerdo con este informe, las niñas, los niños y la población adolescente enfrentan mayores niveles de pobreza que el resto de la población mexicana. En 2008, mientras que el 44.5% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza; entre las niñas, niños y adolescentes este porcentaje era de 53.5%. Para el año 2010, este último aumento en un 53.8% para la población de 0 a 17 años.

En el caso de las niñas, los niños y la población adolescente, la asociación entre pobreza y el incumplimiento de derechos es particularmente grave, pues la falta de recursos en los hogares pobres suele asociarse con situaciones como la desnutrición, el abandono escolar o la falta de acceso a servicios médicos. Tales circunstancias, afectan las oportunidades de las niñas, los niños y los adolescentes para su desarrollo futuro.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 en México viven más de 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes (19,875,179 hombres y 19,351,565 mujeres). Por grupos de edad 10,528,322 tenían entre 0 y 4 años; cerca de 11 millones de 5 a 9; 10.9 millones de 10 a 14, y 6.7 millones eran adolescentes de 15 a 17.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010 más de la mitad de la población menor de 15 años (56.3%) se encuentra en situación de pobreza multidimensional, entendida como la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y los ingresos percibidos por los miembros del hogar donde reside son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer susnecesidades. La mayoría (75.9%) presenta una situación de pobreza moderada en tanto que 24.1% presenta una pobreza multidimensional extrema, estos últimos residen en hogaresque aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no pueden adquirir loindispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres de seis carenciassociales incluidas en el cálculo del índice de privación social.

Otro grupo de niños y niñas está representado por aquellos que se encuentran en un contexto devulnerabilidad, ya sea porque presentan al menos una carencia social aunque su nivel deingreso sea superior a la línea de bienestar (19.7%) o porque su nivel de ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar sin presentar alguna carencia social (8.1 por ciento). Sólo uno de cada seis (15.9%) no son pobres ni vulnerables por ingresos o carencias.

Si se considera únicamente a la población infantil en situación de pobreza multidimensional (56.3%) y aquellos vulnerables por carencias sociales, pero con un ingreso superior a la línea de pobreza (19.7%), entonces tres de cada cuatro niños (as) de 0 a 14 años (76%) tiene al menos una carencia social, de los cuales: 83.5% no tiene acceso a la seguridad social; 38.7% no tiene acceso a la alimentación; 38.5% no tiene acceso a los servicios de salud;27.4% tiene carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda; 26.5% no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda y 10.6% tienen rezago educativo

Pese a ello, estos fenómenos también producen efectos diferenciados entre las niñas y los niños, acrecentando las disparidades y las brechas de género. Tal es el caso de situaciones comoel maltrato infantil en sus diversas modalidades. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), más de cada diez niñas y niños no perciben rechazo de sus progenitores y maestros (as) a sus sugerencias. Sin embargo, una de cada cuatro niñas percibe enojo de sus padres cuando sugieren alguna idea y dos de cada diez lo percibe en las y los maestros. El 6% de los niños afirman no ser tomados en cuenta, mientras que este porcentaje en las niñas es del 10%. Datos de la ENADIS, reflejan que no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas.

La educación, es un derecho humano consagrado en nuestro marco jurídico nacional y en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la educación posee una capacidad incomparable para reducir la pobreza extrema y fomentar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro

En el rubro de inasistencia escolar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó a finales de 2012 que 253,660 niños y niñas entre 5 y 12 años no asistían a la escuela, lo que representa menos de 2% de este sectorpoblacional. No obstante, el indicador es mayor para el sector de 12 a 19 años debido a que laEncuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) refirió para ese mismo periodo 1,768,662 que no estudiaban. Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia informó que en la educación media superior uno de cada dos adolescentes no asiste a las aulas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que las tasas más altas de analfabetismo entre la población joven en América Latina (15 a 24 años de edad) se registran en mujeres indígenas. Pese a los esfuerzos que los países han hecho por lograr el cumplimiento de las metas suscritas en la Declaración del Milenio en el año 2000, algunos países tienen pendiente la tarea de lograr la igualdad en materia de asistencia escolar para el tramo de edad comprendido entre los 6 y 12 años de edad. Si bien la meta se ha alcanzado para las niñas pertenecientes a estratos no pobres, sigue siendo un desafío en el caso de algunas niñas provenientes de hogares pobres. En el caso mexicano, la meta sólo ha sido lograda por la población no pobre.

La educación es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la niñez y en nuestro país el Sistema Nacional de Educación ha hecho un gran esfuerzo por proveer un servicio educativo a todas y todos los mexicanos, y aunque los avances han sido importantes, aún se observa que la cobertura en la educación básica no es universal. Conforme a los resultados del Censo 2010, 4.8% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela.

No recibir la educación elemental para que la población adquiera la habilidad de la lectoescritura atenta contra un derechouniversal y los efectos resultan devastadores para quien lo padece: “haciendo que las personas carezcan del reconocimiento social que merecen, presenten baja autoestima, autonomía y poca reflexión crítica; y muestren limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la ley les otorga, así como para participar activamente en la consecución de los derechos colectivos, que son esencialespara la dignidad del ser humano.

Este problema estructural que se concentra en las regiones menos desarrolladas y es coincidente con lo que establece la CEPAL. Según datos INEGI al interior del país, 62.4% de los niños de 8 a 14 años que no cuentan con la habilidad de la lectoescritura residen en los municipios de muy alta, alta y mediana marginación; el hecho de que la mayor parte de los niños de 8 a 14 años que no cuentan con la habilidad de la lectoescritura residan en dichos municipios corrobora un rezago que tiende a trasladarse generacionalmente.

A nivel internacional, este panorama parece replicarse. Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que, dos terceras partes de los 799 millones de analfabetos mayores de 15 años que hay en el mundo son mujeres.

Cientos de niñas y niños en los países en desarrollo comienzan sus vidas sin disponer de la nutrición, el aprendizaje y la protección adecuados. Y son las mujeres y las niñas quienes sufren en mayor medida este problema.

Alrededor de 67 países presentan tasas de matriculación y asistencia de las niñas a la escuela primaria por debajo del 85%. En todo el mundo, 96 niñas asisten a la escuela primaria por cada 100 niños, y estas disparidades son incluso mayores en la enseñanza secundaria. Sin embargo, las niñas que no han recibido una educación corren un mayor peligro de quedar marginadas, tienden a ser más vulnerables a la explotación, tienen más posibilidades de contraer VIH/SIDA, tienen menos posibilidades de expresar su opinión en los planos social y político, y de mantenerse económicamente a sí mismas.

Su acceso al crédito, a la educación, a la propiedad y otros derechos fundamentales, se ven limitados no sólo por la discriminación jurídica, sino por barreras que reproducen roles y estereotipos de género, como lo son la carga de trabajo, la falta de movilidad y de poder en el hogar y en la comunidad.

De acuerdo con el UNICEF, los prejuicios de género menoscaban los derechos de la mujer en otras esferas. Prácticas como el matrimonio precoz o la existencia de servicios inadecuados de la salud producen tasas más elevadas de mortalidad derivada de la maternidad. Alrededor de 529.000 mujeres murieron mientras daban a luz el año pasado, un 99% en los países en desarrollo. Por cada muerte relacionada con el alumbramiento, otras 30 mujeres sufrieron lesiones o discapacidades. Además, la muerte o la discapacidad de la madre menoscaban gravemente las posibilidades de supervivencia y salud de sus hijos.

Las niñas de diversos países siguen sin poder asistir a la escuela ni terminar sus estudios debido a obstáculos relacionados con la seguridad, la financiación, las instituciones y la cultura. Incluso aquellas que tienen la posibilidad de asistir a la escuela, hay una percepción generalizada de un rendimiento insuficiente debido a la mala calidad de la educación, las aspiraciones reducidas, o las tareas domésticas y otras responsabilidades que les impiden asistir a la escuela o lograr resultados adecuados en cuanto al aprendizaje.

En este marco, la Carta Internacional de Derechos Humanos (integrada por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996) constituye el principal instrumento en materia de protección del ejercicio y disfrute de derechos humanos. Este instrumento establece la igualdad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos de todos los seres humanos, a la vez que establece un marco de obligaciones vinculantes entre los Estados y su ciudadanía. No obstante, dada la importancia y especificidades de la protección que requiere la niñez y la adolescencia, la ONUreconoce a partir de otros instrumentos internacionales que la niñez y la adolescencia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

Es por ello, que a partir de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), se establece un reconocimiento importante en materia de los derechos de las niñas, los niños y la población adolescente. La CDN combina derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que aseguren una protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, en virtud de que reconoce explícitamente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos (as) titulares de los derechos humanos a partir del principio de autonomía progresiva, así como el establecimiento de responsabilidades compartidas entre sociedad, Estado, gobierno, comunidades y cuidadores, en cumplimiento de los derechos de la infancia.

La CDN establece disposiciones que incluyen derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, el tiempo libre y las actividades culturales, y medidas especiales de protección para todos los niños y las niñas.

Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por 180 estados, establece los derechos de la mujer, su libertad contra la discriminación y la igualdad bajo la ley. Además de que la igualdad de la mujer es fundamental también para la supervivencia y desarrollo de sus hijos, y para lograr familias, comunidades y países sanos.

Tal y como se mencionó con anterioridad la igualdad de iure o igualdad jurídica, no ha sido suficiente para el logro de la igualdad de resultados entre hombres y mujeres. Ante este panorama, el 19 de octubre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas con un enfoque de reconocimiento a las diferencias, a las diversidades y a la desigualdad que confrontan las niñas en el mundo instituyó el 11 de octubre, como el Día Internacional de la Niña con la finalidad de centrar la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, ha instituido el tema “Innovar para la educación, resaltando que ante todo, el cumplimiento del derecho de las niñas a la educación es una obligación y un imperativo moral de los Estados Miembros.

La educación posee una capacidad incomparable para reducir la pobreza extrema y fomentar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro, según confirman algunos elementos del Informe de Desarrollo de la Educación Para Todos (EPT) en el Mundo de 2013-2014 que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO) ha dado a conocer anticipadamente. Este análisis preliminar se ha publicado justo antes de que comiencen los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los programas de desarrollo para el periodo posterior a 2015. El documento pone de relieve cómo la inversión en educación, en particular en la instrucción de las niñas, contribuye a mitigar la pobreza extrema, al generar beneficios considerables en materia de salud y productividad.

Este informe señala que la educación de las niñas, sobre todo a nivel secundario, constituye una poderosa herramienta que transforma a las sociedades y a las propias niñas, es un elemento positivo que permanece constante en casi todos los resultados previstos para el desarrollo, desde la reducción de la mortalidad y la fecundidad hasta la reducción de la pobreza y el crecimiento con equidad, el cambio de las normas sociales y la democratización.

La ONU reconoce la necesidad de adoptar perspectivas nuevas y creativas para impulsar la educación de niñas, es por ello que este año el Día Internacional de la Niña abordará “la importancia de las nuevas tecnologías y de la innovación en las asociaciones, las políticas, la utilización de recursos, la movilización de la comunidad y, sobre todo, la participación de las personas jóvenes”.

En este marco, todos los organismos de la ONU, los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes del sector privado tienen herramientas potenciales para innovar a favor de las niñas, los niños y la población adolescente y avanzar en su educación. Es por ello, que la ONU plantea algunas medidas que pueden ser incluidas por las organizaciones e instituciones de los Estados miembros. Las cuales, se resumen en las siguientes acciones:

• La mejora de los medios públicos y privados de transporte para que las niñas vayan a la escuela: desde carreteras hasta autobuses, ciclomotores, bicicletas, botes y canoas;

• La colaboración entre los sistemas de enseñanza y el sector bancario para facilitar el pago seguro y conveniente de los salarios a las maestras y de las becas a las niñas;

• La provisión de cursos de ciencia y tecnología dirigidos a las niñas en las escuelas, las universidades y los programas de formación profesional;

• Los programas de mentores empresariales para ayudar a las niñas a adquirir las aptitudes de trabajo y liderazgo esenciales y facilitar su transición de la escuela al trabajo;

• La revisión de los planes de estudio para integrar mensajes positivos sobre las normas de género relacionadas con la violencia, el matrimonio infantil, la salud sexual y reproductiva, y las funciones masculinas y femeninas en la familia; y,

• La aplicación de la tecnología móvil para la enseñanza y el aprendizaje a fin de llegar a las niñas, especialmente en las zonas remotas.

Desde el Senado de la República, las y los legisladores asumimos el compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas en el marco de los compromisos adquiridos a nivel internacional por el Estado Mexicano, advirtiendo que esta responsabilidad, nos atañe a todas y a todos los que conformamos las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, el 8 de octubre del año pasado, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género del Senado de la República, en el marco de la resolución 66/170 de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas que designa el día 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, acordaron proponer e informar a la Junta de Coordinación Política la realización de eventos alusivos para visibilizar el día conmemorativo.

Es por ello, que en el marco del 2º Año Conmemorativo del Día Internacional de la Niña, quienes suscribimos manifestamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de discriminación y específicamente la que se presenta por razones de sexo y edad, “Por ser Niñas”.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos, en los tres niveles de gobierno, para que en el ámbito de sus competencias adopten e implementen las recomendaciones de la Resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las medidas que se proponen para el año 2013 en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Niña.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013”.





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe acerca de los requisitos y pruebas solicitados para obtener un cargo de confianza y/o directivo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME ACERCA DE LOS REQUISITOS Y PRUEBAS SOLICITADOS PARA OBTENER UN CARGO DE CONFIANZA Y/O DIRECTIVO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es la terminal aérea más importante del país. Con base en las últimas cifras reportadas por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), el AICM es el número 52 del mundo por el número de pasajeros movilizados, el número 26 por el número de operaciones, y el número 50 a nivel internacional por el volumen de carga movilizada.1

A nivel de Latinoamérica, el AICM está en el número 22 por número de pasajeros movilizados, el número 19 por el número de operaciones, y el 18 por el volumen de carga movilizada.2

Es decir, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una terminal aérea que hasta el día de de hoy ocupa un lugar importante en el mundo, pues traslada a millones de pasajeros; sin embargo, dentro de éste se ha ido construyendo toda una red de corrupción.

En años recientes, el AICM ha sido escenario de polémicos incidentes, como una balacera en la Terminal 2, en junio de 2012, durante un operativo; y la detención de personal de la empresa de seguridad privada Eulen, al descubrirse que sustraían artículos del equipaje de los pasajeros; incluso, en los últimos años, el AICM ha estado en el ojo del huracán porque el crimen organizado a alcanzado a sobrecargos y elementos de la Policía Federal.

En consecuencia, es imprescindible conocer a quienes ocupan los puestos directivos dentro de la terminal aérea más importante del país, sus antecedentes, así como el historial y perfil que guardan para saber si son aptos e idóneos para los puestos que deben desempeñar. De igual forma, es importante conocer cuáles son los procesos de selección llevados a cabo para ocuparlos.

Por principio, en julio del presente año fueron removidos los principales directivos de dicho aeropuerto; a su vez, los nuevos funcionarios fueron designados por el Director General del AICM, Alfonso Sarabia de la Garza, pero en el anuncio hecho por éste, pasó desapercibido el nombre del nuevo Director General Adjunto, Comercial y de Servicios Laborales, Rafael Castro González.

Rafael Castro González estuvo involucrado en noviembre del 2010 en un acto de corrupción entre la empresa farmacéutica Novartis y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que mientras ocupaba un puesto directivo en los laboratorios Novartis, presuntamente compró a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social para obtener información confidencial sobre una licitación para la venta de medicamentos por 80 millones de pesos, según se desprende de un reportaje periodístico.3. No obstante, aunque la convocatoria para ésta licitación se daría a conocer el 11 de noviembre de 2010, a Castro González se le proporcionó información confidencial días antes de su publicación.

Incluso se dieron a conocer durante varios días las grabaciones de llamadas telefónicas entre Castro González y César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisición y Bienes y Contratación de Servicios del IMSS; dichas grabaciones dan a entender que de haberse concretado la operación, el 5 por ciento de los 80 millones de pesos, es decir, 4 millones, hubiera sido la comisión a pagar por el negociador al funcionario del IMSS.

Como ya es costumbre, se dio paso a la impunidad y pese a la destitución por negligencia administrativa del funcionario del IMSS, a Castro González no se le sancionó, de hecho, éste tuvo una salida decorosa de la empresa Novartis y se refugió en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), encargándose durante todo el 2011 de la comunicación interna y externa de dicho instituto.

Luego de pasar tres años en el anonimato por el pago pactado para obtener información privilegiada sobre una licitación, hoy, inexplicablemente, Rafael Castro González es el encargado de los tratos comerciales de publicidad en el AICM y de la renta de locales y estacionamientos; además, será el encargado de administrar el pago de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUA), los cuales engloban servicios cobrados por el aterrizaje, plataformas de embarque y desembarque, plataformas de estacionamiento y las pernoctas de las aeronaves, entre otras muchas funciones.

Sin importar el precedente del ahora funcionario del AICM, la remuneración que está obteniendo hasta el día de hoy como Director General Adjunto Comercial y de Servicios Laborales, es de 95 mil 354 pesos mensuales.4

Por lo anterior, es indispensable que las autoridades del AICM informen acerca de la contratación del nuevo Director General Adjunto, así como brinden información a la ciudadanía sobre los mecanismos y pruebas que se realizaron para la designación de aquél.

Sectores tan estratégicos como es el AICM, debe seguir los protocolos correctos al otorgar atribuciones a cualquier funcionario de nivel directivo, estos funcionarios deben tener características de honestidad y confianza, así como experiencia en la función que cumplen dentro del aeropuerto; circunstancias que no se perciben, dado el reportaje periodístico ya citado.

El presente asunto debe ser de indignación pública, es un tema de presunta corrupción; por tal motivo, es indispensable abordarlo con seriedad para poder lidiar con él y, así mismo, combatirlo de manera efectiva, eliminando prácticas nocivas, compadrazgos y pago de favores.

Sin duda, el nombramiento del nuevo director adjunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene que ser investigado, pues pone en evidencia la falta de filtros y candados al momento en que se realizan las designaciones de puestos directivos. Es necesaria una investigación precisa para saber realmente qué está pasando en el sistema del aeropuerto, y asimismo, avocarse a los exámenes de control de confianza que sean necesarios para continuar con la proyección de los protocolos que debieran existir.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía acerca de los requisitos y pruebas solicitados para obtener un cargo de confianza y/o directivo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de la Función Pública:

a) Realizar una revisión continua acerca de los proceso de selección de personal de confianza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, específicamente sobre la designación de Rafael Castro González como Director General Adjunto, Comercial y de Servicios Laborales.

b) A su vez, se le solicita investigar e informar a las autoridades sobre los responsables de los supuestos actos irregulares que se han venido denunciando en el AICM, así como implementar de manera eficiente el Sistema de Servicio Profesional de Carrera.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2013".





 

Del C. Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar la legalidad en el cobro de las tarifas solicitadas por la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REVISAR LA LEGALIDAD EN EL COBRO DE LAS TARIFAS SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

"El Suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que revise la legalidad en el cobro de las tarifas solicitadas por la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 15 de mayo de 2013, el suscrito presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender diversas problemáticas del sector portuario y de marina mercante.

II. El 29 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó la proposición con punto de acuerdo en mención. El sentido del exhorto se comunicó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que investigue sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y aplicación del Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de Marina Mercante.

Asimismo, se exhortó a la misma dependencia a que impulse el desarrollo del sector portuario y de marina mercante nacional mediante el establecimiento de políticas públicas que incentiven la participación de empresarios nacionales, fomente el empleo y apoye mediante la capacitación y profesionalización al personal que se encuentra empleado en el sector.

Sin embargo,aún no se cuenta con respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

CONSIDERACIONES

Los pescadores, armadores, capitanes, motoristas y técnicos de pesca oceánica de Ensenada, Baja California, desde 2007 han sido afectados en su economía familiar. La solicitud del pago de tarifas por los conceptos de uso de infraestructura y contratos de servicios portuarios, así como las dificultades para acceder al recinto pesquero de Ensenada, han sido los principales factores en detrimento de su desarrollo laboral y personal, ya que cuando se les permite trabajar, las pocas ganancias que obtienen se destinan a cubrir las tarifas impuestas por la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Cabe señalar que según lo dispuesto por los artículos 204 y 209 de la Ley Federal de Derechos, las embarcaciones nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca nacional estarán exentas del pago de derecho por concepto de uso de infraestructura portuaria, así como del pago del derecho de embarque y desembarque.

Otra de las problemáticas expuestas consiste en la decisión de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., de trasladar el sector pesquero de Ensenada a la terminal marítima de El Sauzal, sin consulta previa a lospescadores y otros trabajadores del puerto. Dichas acciones se contemplan en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Sistema Portuario Ensenada-El Sauzal-Costa Azul 2012-2017.

La reciente problemática ha obligado a los afectados a presentar su inconformidad, manifestarse públicamente y exigir la intervención de las autoridades competentes.

Derivado de diversos pronunciamientos y sin encontrar una respuesta satisfactoria, se realizó un pliego petitorio en el que se demanda a la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., lo siguiente:

1.-Acceso a los puertos pesqueros. Que el único requisito para que los pescadores y prestadores de servicios tengan acceso -ingresar- a las instalaciones, consista en la presentación de identificación oficial.

2.- Área de reunión en los muelles pesqueros. Que se destine un área de reunión dentro de los muelles para pescadores que sirva como bolsa de trabajo para tripular los barcos y centro de reparaciones de redes, carga, descarga, carnada y artes de pesca.

3.- Pago de los prestadores de servicios. Que la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., no les cobre a los prestadores de servicios por hacer trabajos a bordo de los barcos ubicados en el muelle.

4.- Pago de muelle de los barcos pesqueros. No se debe cobrar a los barcos pesqueros por usar los muelles, en virtud de que la actividad que realizan es considerada primaria y en términos de la Ley Federal de Derechos, establece la exención del pago.

5.- Capitanía de Puerto como autoridad portuaria. Que la Capitanía de Puerto asuma su responsabilidad como autoridad y que la Administración Portuaria Integral, solo administre el puerto y no tome facultades de autoridad.

De acuerdo con comunicados oficiales de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., el pasado 16 de julio se llevó a cabo una reunión de trabajo con ocho agrupaciones de los sectores de pesca, pesca deportiva, ribereña, representantes del mercado de mariscos y de armadores, con la intención de presentar el referido pliego petitorio.

El 30 de julio del año en curso, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., celebró una segunda reunión en la que se ofrecía una respuesta a las peticiones de los pescadores afectados. No obstante, los pescadores no encontraron una respuesta satisfactoria que hiciera llegar a un acuerdo, más que la implementación de cuatro mesas de trabajo para atender las inconformidades.

Finalmente, en mi papel de legislador, considero necesaria la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que la Administración Portuaria Integral de Ensenada no ha tenido la capacidad suficiente para encauzar las demandas de los pescadores.

No podemos desconocer que la actividad pesquera es clave para el desarrollo del país y que miles de familias mexicanas encuentran su único sustento en el aprovechamiento de los frutos de mar.

El cobro excesivo de tarifas propicia el encarecimiento de los servicios y por tanto, el incremento de los costos de operación de los barcosen detrimento del salario de los pescadores y otros trabajadores, quienes se encuentran al final de la cadena productiva.

Además, es importante reconocer que en tanto los pescadores afectados logran llegar a un acuerdo con la Administración Portuaria Integral de Ensenada, no pueden trabajar y su falta de ingresos incrementa la tensión entre las partes. La situación que enfrentan es crítica, en virtud de la crisis ya existente en la producción y comercialización de sus productos, misma que se da en un contexto de inequidad y desventaja frente a las capacidades de los productores extranjeros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que verifique y garantice que las tarifas que cobra la Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V., por los conceptos de uso de infraestructura y contratos de servicios portuarios, se apeguen estrictamente a lo establecido por la Ley Federal de Derechos y en su caso, se exente del pago de derechos a las embarcaciones nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que reconsidere la aprobación de las acciones tendientes a trasladar el sector pesquero de Ensenada, Baja California, a la terminal marítima de El Sauzal, según lo previsto en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Sistema Portuario Ensenada-El Sauzal-Costa Azul 2012-2017, de la Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A de C.V.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a que implementen un Programa Emergente de apoyo a los pescadores, armadores, capitanes, motoristas y técnicos de pesca oceánica de Ensenada, Baja California.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez".





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar y llevar a cabo estrategias y acciones que fortalezcan los mecanismos en los exámenes de los procesos de selección, contratación y permanencia del personal de la policía en los tres niveles de gobierno. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A IMPLEMENTAR Y LLEVAR A CABO ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS EN LOS EXAMENES DE LOS PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACION Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA POLICIA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para todo individuo, una de sus necesidades más esenciales y fundamentales es contar con los plenos derechos y garantías para realizarse como persona digna. En este sentido es mucha la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en los diferentes ordenamientos legales, ya sean nacionales o internacionales, que permitan llevar a cada persona su plan de vida.

Dentro de estos derechos encontramos el relativo a la seguridad pública, la cual debe ser provista por el Estado, tal como lo estipula el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.

Es claro entonces que es muy importante para la sociedad y el individuo que el Estado provea de seguridad, evitando cualquier alteración al orden social y promoviendo una sociedad armónica que se desarrolle en los ámbitos políticos, económicos y sociales. En palabras de Hobbes, el objetivo primordial de fundar y establecer un Estado es la de garantizar la seguridad y la vida de toda su población, para no caer en aquel conocido estado de naturaleza (violencia, todos contra todos).

El caso mexicano es un caso especial, con políticas de seguridad poco comunes, las cuales han fracasado en otorgar dicho derecho fundamental a la sociedad común. Actualmente vivimos en un país heredado por una administración que manchó de sangre al país, al ocasionar la muerte de decenas de miles de mexicanos, así como el aumento en muchos delitos.

La pasada administración federal fue marcada por varios acontecimientos, un fraude electoral en 2006, un auge del crimen organizado y una guerra fallida contra este, desapariciones forzadas y muertes que se volvieron algo cotidiano, en resumen, un gobierno caracterizado por un mal manejo de los principales problemas del país, que fraccionó a la sociedad.

El pasado 2012 ante un nuevo fraude electoral regresa al poder, el partido que gobernó gran parte del siglo pasado, ahora con una nueva cara, como dicen, pero que sin embargo es el mismo interior y el mismo funcionamiento de siempre. El cambio de gobierno sin embargo, no ha transformado mucho las cosas en cuanto a seguridad pública. Las cosas siguen estando mal, parece que se toma el derecho a la seguridad pública como un simple protocolo.

La constitución no es ningún protocolo y mucho menos los derechos fundamentales, necesitamos políticas que garanticen que este derecho se tome en serio y se cumpla. El sistema judicial y policíaco actual está en crisis, razón por la cual fue necesaria la reforma en materia penal de 2008, que aunque ya está en proceso, hacen falta muchos esfuerzos para consolidarla a tiempo.

En los últimos años se ha desatado una gran oleada de inseguridad que viene a afectar a diversos sectores fundamentales del país y que ha creado un pánico general que no nos deja avanzar. En estas tesituras es urgente que se tomen las medidas necesarias para frenar estas consecuencias, para lo cual es necesario contar con un buen cuerpo policial.

Sin embargo en los pasados días ocurrió un hecho que dejó en claro la ineficiencia del sistema policíaco en México. El pasado 2 de octubre se llevó a cabo un operativo de dos días, donde se atrapó una banda de secuestradores de 18 integrantes, de los cuales 13 eran policías federales. Dichos policías están relacionados a 7 homicidios y 4 secuestros1.

Nuestra institución policíaca federal está actualmente contamina por el crimen organizado, esto sin duda nos pone a pensar sobre el papel del gobierno como garante de este derecho fundamental, pues no se hacen los debidos filtros en las corporaciones policíacas. Esto sin duda es un dato de alarma, los encargados de brindarnos seguridad pública son parte del problema y eso crea más incertidumbre en la sociedad.

Pero esto no es todo, en lo que va del sexenio se han encarcelado a 94 miembros de la policía federal por nexos con la delincuencia2, lo cual es muestra clara de la contaminación en la institución policíaca. Hechos como este, causan mucha de la desconfianza de la población en el sistema policíaco y judicial, perjudicando el desarrollo del país.

Parece que el actual gobierno quiere poner una cortina de humo sobre los problemas que ocurren, se ha enfrascado en una lucha por imponer reformas negativas y ha estado dejando a un lado el problema interno de seguridad. El gobierno mexicano se ha caracterizado por poner solución a los problemas hasta que ya han ocurrido, tomando soluciones rápidas que no crean resultados positivos, y no fomenta prácticas de prevención.

El Estado Mexicano debe contar con instituciones policíacas confiables, sin corrupción ni agentes delictivos, pero para ello es necesario dejar a lado la impunidad de muchos altos mandos de dichas instituciones. El pasado abril la Comisión Nacional de Seguridad anunció que 4 de cada 100 policías federales no aprobó el examen de confianza.3 Esto después de que la Secretaria de Seguridad Pública señalara que México cuenta con el Centro de Control de Confianza con mayores capacidades en el mundo4.

Hay dos hechos relevantes que destacar de la pasada afirmación, en primer lugar, es lamentable que se cuente con policías federales que no pasan el examen de confianza, pues en ellos depositamos la seguridad pública del país y segundo la Secretaria de Seguridad pública afirma algo que no es más que pura demagogia, se justifican haciendo creer que cuenta con el mejor centro de control de confianza en el mundo, evaluando a todos los agentes en pasados meses y hace unos días detienen a 13 policías ligados al crimen organizado.

Una de dos: o los agentes son muy sofisticados para burlar cada examen, o no es más que pura impunidad y demagogia de las instituciones, que no quieren ver el verdadero problema que está frente a ellos, celebrando el contar con el pseudo mejor control de confianza”, lo cual es indignante. No tenemos que esperar a las consecuencias para prevenir el acto, es tiempo de tomar cartas en el asunto.

Pero esto no es todo, pues en Junio la revista Proceso dio a conocer que el comisionado nacional de seguridad Mondragón y Kalb, hizo nombramientos para que ingresara la llamada “hermandad” a la policía federal, organización de funcionarios y viejos policías caracterizada por abusos, extorsiones, secuestro y corrupción; se destituyeron 130 militares para que entraran miembros de esa organización, famosa además por desaparecer expedientes y poner a sus “compadres” en puestos clave.5

Debemos de ser objetivos en la designación de mandos policíacos,no se trata de amistad, sino de seguridad nacional. Es necesario mejorar los mecanismos de evaluación policíaca, se amplio el plazo de la evaluación nacional y muchos delincuentes continuarán en servicio, así mismo debemos nombrar gente capacitada que lleve las riendas de la institución. La sociedad reclama un país seguro, no les neguemos su derecho fundamental.

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales, implementen y lleven a cabo estrategias y acciones que fortalezcan los mecanismos en los exámenes de los procesos de selección, contratación y permanencia del personal de la policía en los tres niveles de gobierno.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de octubre de 2013".





 

Del C. Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación a reforzar la presencia del Ejército y la Marina Armada de México en el estado de Nuevo León, con el objetivo de salvaguardar y mantener a la baja los delitos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que el llamado Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal contemple reglas de operación que garanticen su eficacia y correcta aplicación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA CAMARA DE SENADORES Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EL LLAMADO FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL DISTRITO FEDERAL CONTEMPLE REGLAS DE OPERACION QUE GARANTICEN SU EFICACIAY CORRECTA APLICACION



Las efemérides inscritas en el Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.





 

EFEMERIDES

De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, en relación al Día del Médico.

SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN RELACION AL DIA DEL MEDICO

“EFEMERIDE
DIA DEL MEDICO EN MEXICO

23 de octubre de 2013

Con su venía, señor Presidente:

En México se conmemora el Día del Médico, en una fecha distinta al resto del mundo, y la razón es que un día como hoy en 1833, el doctor Valentín Gómez Farías inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.

La medicina es una de las profesiones más antiguas y puede decirse de las más importantes en el mundo. En la que el médico debe tener una verdadera vocación para realizar una labor que se relaciona con la salud y la vida de las personas.

La preparación del médico es muy intensa, dura muchos años, en la que los desvelos por el estudio día con día, no dan tregua a los aspirantes y practicantes de esta profesión y que siempre debemos seguir estudiando para estar al día con los grandes avances que redundarán en beneficio de los pacientes.

Asimismo, debemos reconocer a los grandes estudiosos de la medicina que a través de la investigación lograron los avances científicos que nos dan la calidad de vida que tenemos en esta etapa del mundo en el que estamos viviendo.

Nuestro país enfrenta grandes retos en el área de la salud. Los servicios que presta el Estado viven transformaciones que nos colocan ante el desafío de seguir siendo eficientes y con calidad para cubrir así las crecientes necesidades de la población.

Esta transformación es una gran encomienda en la que también participan activamente todos los profesionales de la salud, con los retos de atender a más pacientes sin olvidar la confianza que se nos deposita.

En México estamos conscientes de los cambios globales que ha sufrido la medicina, la atención médica y los servicios que presta el Estado, que deben ser disponibles a toda la población y con mayor énfasis en las zonas más vulnerables.

El sistema de salud no es nada sin los médicos y enfermeras que ponen su empeño y trabajo en busca de mejorar y atender la salud de todos los pacientes, lo que nos hace reflexionar sobre el reto social que tenemos en este momento y poder establecer las políticas correctas para alcanzar las metas y concretar un sistema de salud fuerte y eficaz que hará que la salud de la población sea la deseada por todos. Debemos reconocer que sin salud es más difícil desarrollar las habilidades individuales y colectivas que nos puedan a llevar al progreso que tanto necesitamos.

El médico con la preparación que adquiere a través de los años es uno de los elementos indispensables en la sociedad, su gran trabajo logra que las comunidades a las que pertenece tengan una mejor expectativa de vida con calidad.
El médico nunca está satisfecho con su aprendizaje, siempre está en busca de más conocimientos para poder servir a su comunidad y sus pacientes. Esa hambre de conocimiento hace que los médicos continúen con esa tarea tan imprescindible para el país y el mundo.

El médico salva vidas a diario, aun cuando trabaja con la medicina preventiva está salvando vidas, porque evita padecimientos futuros generando la calidad de vida tan deseada por cada individuo. Así también cuando trabaje en un pueblo remoto o alejado, está apoyando al sistema de salud del país.

Es una profesión que puede ser ingrata por los fracasos y malos ratos que se encuentran en el camino, pero que a la vez puede ser tan noble por la recuperación de la salud de los pacientes y por su agradecimiento.

Debemos reconocer a todos los médicos del país que trabajan en busca de mejorar la salud de la población, de su gran labor, profesionalismo, sensibilidad, disposición y entrega permanentes.

En el marco de la celebración del 70 Aniversario de la Secretaría de la Salud, el Presidente Enrique Peña Nieto otorgó el Reconocimiento al Mérito Médico 2013, al Doctor José Narro Robles, por su contribución docente a la formación de médicos en el país.

Es cuanto Señor Presidente”.





 

Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el Día del Médico en México.

SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN OCASION DEL DIA DEL MEDICO EN MEXICO

“DIA DEL MEDICO EN MEXICO
23 DE OCTUBRE

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

En el pasado, la celebración del día del médico en México tenía una connotación completamente religiosa, se remontaba a tiempos medievales donde se veneraba a diversos santos que se consideraban patronos de la Medicina, entre ellos San Rafael, considerado máximo representante de los médicos y cuyo nombre quiere decir “medicina de Dios”, puesto que tiene sobre los demás ángeles la misión de cuidar la salud de los hombres. Además, también se considera a San Lucas el Evangelista y a los gemelos médicos San Cosme y Damián, como los santos de esta digna y noble profesión.

El 23 de octubre de 1833, el Dr. Valentín Gómez Farías inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México, así que para rendirle homenaje, en 1937 en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República se instituyó la celebración.

El referente histórico que tomaron las diversas organizaciones sindicales para determinar dicha fecha fue que en octubre de 1833, el Congreso Nacional otorgó al Poder Ejecutivo, que en dicho momento detentaba Don Valentín Gómez Farías, amplias facultades para reformar la enseñanza pública en todas sus ramas, creándose una Dirección General de Instrucción Pública y con ello se inauguró el Colegio o Establecimiento de Ciencias Médicas. El día 23 del mismo mes se publicó el plan de estudios médicos y se nombró al Dr. Casimiro Liceaga primer director. Al paso del tiempo este establecimiento se convirtió en la Escuela del Distrito Federal, más tarde en la Escuela Nacional de Medicina y finalmente la Facultad de Medicina de la UNAM.

Esto significó que la Real y Pontificia Universidad de México, fundada por el Emperador Carlos V en 1551, fuera clausurada, lo cual tuvo gran trascendencia para nuestro país, en la educación en general y en la medicina mexicana en particular, cambiando totalmente el paradigma educativo, que desde el periodo colonial era monopolizado exclusivamente por la Iglesia Católica y que las más de las veces carecía de sustento científico. Así, se incluyeron las cátedras que ahí debían impartirse como: anatomía general, fisiología e higiene, patología interna, clínica externa, obstetricia, medicina legal y farmacia teoría y práctica.

Puede afirmarse que es el inicio de la verdadera medicina científica mexicana, ya que dichas acciones reformadoras condujeron a que los programas académicos se renovaran y enriquecieran con las aportaciones científicas de las distintas corrientes prevalentes en Europa, fundamentalmente de la Escuela de Medicina de París.

Esto lo llevó a cabo el ilustre médico tapatío Don Valentín Gómez Farías, quien ejerció la medicina en Aguascalientes; además, fungió como diputado, vicepresidente de la República en el Gobierno del General Antonio López de Santa Anna, y luego fue presidente interino en varios periodos breves de la historia de México. Era un hombre talentoso, instruido, pero sobre todo con una visión liberal y progresista, dejando su huella en las Leyes de Reforma, dotando al país de instituciones republicanas que sustituyeron a las de carácter colonial, y en el área médica colocó la piedra angular para el estudio de la Medicina Científica Mexicana, falleció el 5 de julio de 1854, en la ciudad de México, no sin antes ver plasmado mucho de su ideario reformador en la nueva Constitución el 5 de febrero de 1857.

En otros países de América, el festejo es el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del Dr. Juan Carlos Finlay, cuyo mérito fue confirmar la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti, que evitó muchas muertes en nuestro territorio y facilitó la construcción del Canal de Panamá, y cuyo trabajo fue presentado en la Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de 1881.

Sen. Dr. Francisco Salvador López Brito
Integrante de la Comisión de Salud”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo lunes 28 de octubre a las 12:00 horas.

Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 18:52 horas)

Directorio

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