Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 22 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Octubre de 2013

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:35 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea,conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- ElC. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del miércoles 23 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del día martes veintidós de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes ciento uno ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenidodel Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves diecisiete de octubre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Acordó la ampliación de turno para quela Comisión de Relaciones Exteriores participe como segunda comisión dictaminadora de los ocho instrumentos internacionales que recibimos en la sesión del 8 de octubre pasado.

2) Autorizó ampliaciones de plazo para la presentación de dictámenes a las comisiones de Asuntos Migratorios y de Protección Civil.- La relación de asuntos con sus turnos se publicará en la Gaceta.

3) Se dio cuenta con la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la que remite copia de la carta que dirige el Presidente de la Asamblea Nacional de Estado de Kuwait al Presidente de la Mesa Directiva, con motivo delos acontecimientos de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Juventudy Deporte, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríosde la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 18 de octubre de 2013.- Fue aprobada en votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un escrito de la Senadora Ríos de la Mora por elque informa de las razones de la solicitud desu licencia. Hicieron uso de la palabra lasSenadoras: Mely Romero Celis, Dolores Padierna Luna, Silvia Guadalupe Garza Galván y Martha Palafox Gutiérrez.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados,proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con opiniónde la Comisión de Educación, el jueves 17 de octubre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el jueves 17 de octubre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el jueves 17 de octubre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el jueves 17 de octubre.

(Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Juntad de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Fue aprobado en votación económica.

(Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asambleaun Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que nohan recibido dictamen.- Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García,a nombre de los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de laLey General de Salud y se expide la Ley General para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social y Control en Materia de Adicciones.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Salud, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo, a nombre de las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mónica T. Arriola Gordillo, Angélica de la Peña Gómez, Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 64 Bis 1 Ter a la Ley General de Salud, una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social y un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria, en materia de disciplina y austeridad a cargo del gobiernofederal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, delgrupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 298 y 299 y se adiciona un artículo 298 Bis al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica Arriola Gordillo,presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3, de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIIIy se adiciona una fracción XIV al artículo 50de la Ley General de Desarrollo Social.- Intervinola Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, por la comisión, para presentar el dictamen. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 95 votos en pro, se devolvió a la Cámara de Diputados, paralos efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Odontólogo”.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; Hilda EsthelaFlores Escalera del PRI. El Senador BenjamínRobles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 101 votos en pro, se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 300y 306 de la Ley General de Salud, en materiade publicidad.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen. El Senador BenjamínRobles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 97 votos en pro, se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 220 y un artículo 467 Bis a la Ley General de Salud, en materia de productos inhalables.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; Adolfo Romero Lainas del PRD; y Cristina Díaz Salazar del PRI. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 96 votos a favor y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación:

1) Proyecto de reformas al Código de Comercio; y

2) Proyecto de reforma al artículo 1070 del Código de Comercio.

Sin discusión, fueron aprobados por 97 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación al proyecto de reformas y adiciones a diversos artículos de laLey para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Intervino la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, para proponer la devolución a comisiones. El Presidente de la Mesa Directiva a petición de las comisiones dictaminadoras devolvió el dictamen correspondiente.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Comercioy Fomento Industrial y Estudios Legislativos,con relación al proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

2) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación al proyecto de adición de los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3) De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de reformas al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Sin discusión, fueron aprobados envotación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto por el que se establecía el Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-sureste.- Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Fernando Yunes Márquez del PAN; Roberto Armando Albores Gleason del PRI; Eviel Pérez Magaña del PRI; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Humberto Mayans Canabal del PRI; y Fernando Mayans Canabal del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva a petición de integrantes de los grupos parlamentarios devolvió el dictamen a las comisiones dictaminadoras.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación al proyecto de reformas al artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.- Intervinieron los Senadores: Francisco Domínguez Servién del PAN y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva a petición de las comisiones devolvió el dictamen correspondiente.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de reforma al primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social.- El Senador José Rosas Aispuro Torres entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluidos e informar al promovente.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de reformasal artículo 68 de la Ley General de Pescay Acuacultura Sustentables.- Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Francisco Salvador López Brito del PAN. Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluidos e informar al promovente.

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de la Comisión de Medio Ambientey Recursos Naturales, con punto de Acuerdoque exhorta a la Secretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales, a la Comisión Nacionalde Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de restauración, protección, conservación, inspección y vigilancia de los recursos naturales y ecosistemas del área de protección de flora y fauna de Cuatrociénegas, Coahuila.- El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a respetar la autonomíay soberanía del municipio de Tinum, Yucatán.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Media Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Agua a promover la adopción de tecnologías orientadas al uso eficiente y conservación del agua, y de prácticas de captura de carbono en los inmuebles de la Administración Pública Federal, para fomentar su conversión en "edificios sustentables".- Intervino la Senadora Luz María Beristain Navarrete del PRD. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla alDiario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a remitir un informe sobre el nivel de riesgo en el que se encuentrancada una de las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales.- Intervinieron los Senadores: Eviel Pérez Magaña, por la comisión, para presentar el dictamen; Zoé Robledo Aburto del PRD; y David Monreal Ávila del PT. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla alDiario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 215 A, 215 B y 215 C y se adiciona un artículo 215 E al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se expidela Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el retiro de las Reservas formuladas por México respecto de:

• Convención sobre Condiciones de los Extranjeros.

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Declaración para el Reconocimientode la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Se turnó a las Comisiones Unidas deRelaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el retiro de la Reserva formuladaal instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos.

(Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura del municipio de Ameca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción del centro cultural de La Barca, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinarlos recursos suficientes para la construcción del parque ecológico “La Canacinta” del municipio deChapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción de lapresa Tecoixco, en el marco de la aprobacióndel Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carreteradel municipio de La Barca, Jalisco, en el marcode la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinarlos recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de pavimento y redes hidrosanitarias en el Centro de Ajijic del municipio de Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción de diversos lienzos charros en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en relación a la creación de programas, planes de estudio y centros de desarrollo de talento, habilidades, creatividady capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Isaías González Cuevas, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a realizar las obras de ampliación de la infraestructura carretera del estado.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Ángel Benjamín RoblesMontoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdoque exhorta al titular del Poder EjecutivoFederal a que, en el marco del LIII aniversariode la nacionalización de la industria eléctrica,se fortalezcan los principios constitucionalesde la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a resolver las demandas por daños ocasionados al entorno ecológico por las compañías mineras que exploran y explotan los yacimientos minerales en las comunidades de Calpulalpam de Méndez y la Natividad, en el Estado de Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdoque exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titularesde los poderes ejecutivos locales y a los congresosde los estados a garantizar la correcta aplicacióndel programa "Cruzada contra el Hambre", a fin de ampliar la cobertura de municipios considerados en dicho programa de gobierno; así como a impulsar la creación de los bancos de alimentos en cada una de las entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhortaal titular del Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores de los estados a implementar políticas públicas transversales para lograr el empoderamiento de las mujeres rurales mexicanas.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a implementar estrategias y acciones para el fortalecimiento de políticas públicas con los gobiernos estatales y municipales en materia de combate a la delincuencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a rediseñar el proceso de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a iniciar los trabajos necesarios a efecto de llevar a cabo la consulta sobre el cuidado y defensa del agua, así como la revisión del "Decreto de Veda del Acuífero de Valles Centrales" ordenado por el Tribunal Federalde Justicia Fiscal y Administrativa.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión alas quince horas con cuarenta minutos y citó a la siguiente el miércoles veintitrés de octubre a las doce horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años en favor de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León, Thelma Semíramis Calva García y Gabriela María Chaín Castro.

"SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1565/13.
México, D.F., 22 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del propio Tribunal.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese Órgano Legislativo, las propuestas de nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, de las personas que a continuación se señalan:

1. Ramón Ignacio Cabrera León;

2. Thelma Semíramis Calva García, y

3. Gabriela María Chaín Castro.

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como para establecer las normas para su organización y funcionamiento.

En este sentido, las facultades jurisdiccionales para resolver controversias entre los particulares y la Administración Pública Federal recaen en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo dispuesto por su Ley Orgánica, la cual regula su forma de integración, así como su organización y funcionamiento, a través de una Sala Superior; Salas Regionales, que pueden ser especializadas o auxiliares, y una Junta de Gobierno y Administración.

La integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una clara muestra de la colaboración que debe existir entre poderes en un Estado democrático, toda vez que el Ejecutivo Federal tiene la libertad de seleccionar a las personas que, a su consideración, reúnan las características necesarias para ocupar el cargo de magistrados en dicho órgano jurisdiccional, siempre que reúnan los requisitos que establece la Ley y, por su parte, corresponde al Senado de la República o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, la facultad de aprobar los nombramientos que proponga el Presidente de la República.

La colaboración de poderes antes referida asegura que la impartición de justicia en el ámbito contencioso administrativo federal se realice con plena autonomía, tal como lo dispone la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, lo que se traduce en una justicia administrativa eficaz y expedita.

En ese tenor, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo Federal a mi cargo la existencia de diversas vacantes en magistraturas de Sala Regional en esa institución jurisdiccional.

Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la aprobación de esa Cámara de Senadores los nombramientos como Magistrados de Sala Regional, para un periodo de diez años, a las personas que a continuación se indican en estricto orden alfabético en razón de su primer apellido:

1. Ramón Ignacio Cabrera León.

2. Thelma Semíramis Calva García.

3. Gabriela María Chaín Castro.

Ramón Ignacio Cabrera León es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (ENEP Acatlán), cuenta con maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cursa un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (FES Acatlán).

En el ámbito profesional, desde el año 2008 ha laborado en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que ha ocupado los cargos de Director General de Delitos Financieros y Diversos, Director General de Control Procedimental y Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, cargo que a la fecha desempeña; asimismo, ha desempeñado los cargos de Contralor Interno en el Instituto Electoral del Estado de México (2005-2008); Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (2002-2005); Director de Legislación, Director de Normatividad y Director General de Puntos Constitucionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (1995-2002); Subdirector de Procesos Contenciosos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1995), así como Subdirector de Asuntos Administrativos y Subdirector de Asuntos Judiciales en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (1990-1995).

Dentro de la actividad académica ha sido profesor de Derecho Administrativo y Políticas Públicas I y II, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca; profesor de Legislación Federal y Estatal en Materia Electoral en la Maestría en Administración Electoral, impartida en el Instituto Electoral del Estado de México, y profesor de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca.

Thelma Semíramis Calva García es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Fiscal por esa misma universidad y con una especialidad en Derecho de Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Respecto a su experiencia profesional, actualmente se desempeña como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (desde agosto de 2011), en el que ha ocupado los cargos Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior en funciones de Asesora de la Presidencia (2011); Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior (2008-2010); Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Regional Metropolitana (2005-2008); Secretaria de Acuerdos de la Décima Sala Regional Metropolitana (2004-2005), y Secretaria de Acuerdos de la Novena Sala Regional Metropolitana (2003-2004).

Gabriela María Chaín Castro es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y maestra en Derecho Administrativo por esa misma Institución.

Por cuanto hace a su experiencia profesional, destaca su desempeño como Secretaria del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa (2008-2010); Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa (1993-2007); Magistrada Presidenta del Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa (1993), en el que también fungió como Magistrada Supernumeraria (1990-1992), Secretaria de Acuerdos (1988-1990), Secretaria de Estudio y Cuenta (1985-1988) y Actuaría (1979-1985). Actualmente se desempeña como asesora en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal en el ejercicio libre de la profesión.

En el ámbito académico ha sido maestra titular de las asignaturas de Derecho Financiero y Derecho Público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Sinaloa); maestra titular de las asignaturas de Derecho Administrativo II y Derecho Procesal Administrativo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; ponente en diversos foros y congresos nacionales e internacionales organizados por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, en la que también ha fungido como Presidenta y Secretaria de la Primera Junta Estatal Directiva, y es socio fundador de la Academia Sinaloense de Derecho Fiscal.

Como lo podrá corroborar esa Soberanía con la documentación que se adjunta, las personas propuestas para las vacantes referidas cumplen con los requisitos para ser nombrados magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo dispuesto por su Ley Orgánica, y cuentan con la honorabilidad, capacidad técnica y experiencia necesaria para desempeñar el cargo. En la seguridad de que la colaboración corresponsable entre los Poderes de la Unión, fortalece al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en beneficio de los justiciables.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: De la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite propuesta de candidatos para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos Rafael Gómez Medina, Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo.

"SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1564/13.
México, D.F., 22 de octubre de 2013

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior Agrario.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese Órgano Legislativo, la propuesta de candidatos para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

Se propone por orden alfabético:

1.- Rafael Gómez Medina;

2.- Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca;

3.- María del Mar Salafranca Pérez, y

4.- Luis Eduardo Zuart Vallejo.

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Uno de los fundamentos indispensables para lograr el progreso al que aspira todo Estado, consiste en garantizar el acceso a todas las personas a un sistema de justicia eficaz y expedito, a cargo de instituciones públicas sólidas, integradas por juzgadores capaces, profesionales e íntegros.

Con base en este principio, el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé para la justicia agraria la existencia de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios señala que para estos efectos, el Ejecutivo Federal propondrá una lista de candidatos, de la cual, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente elegirán a los magistrados agrarios.

En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario ha informado al Ejecutivo Federal a mi cargo, la existencia de cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, generadas, dos de ellas, por el fallecimiento de los Magistrados Martha Alejandra Chávez Rangel y Juan José Pérez Palma; y dos adicionales, en virtud de la autorización de dos plazas de Magistrado Agrario para nuevas adscripciones.

En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por su digno conducto, someto a la consideración de esa Cámara de Senadores, la lista de candidatos que se presenta en orden alfabético en virtud de su apellido, para las designaciones que ocuparán las vacantes referidas:

1. Rafael Gómez Medina.

2. Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca.

3. María del Mar Salafranca Pérez.

4. Luis Eduardo Zuart Vallejo.

Los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios como podrá verificarse con la documentación que se acompaña al presente comunicado, pues se trata de ciudadanos mexicanos por nacimiento sin otra nacionalidad, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayores de treinta años, licenciados en derecho con título debidamente registrado y expedido cuando menos hace cinco años; cuentan con una práctica profesional mínima de cinco años, gozan de buena reputación y no han sido condenados por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.

El C. Rafael Gómez Medina es Licenciado en Derecho con Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con Maestría y Doctorado en Derecho por la UNAM, en este último grado obtuvo mención honorífica. Adicionalmente cuenta con los Diplomados en Derecho Notarial por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 1991 obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Investigación de la entonces Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agrario, en el cual inició su trayectoria en 1992 como Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31 en Xalapa, Veracruz, cargo que ocupó hasta julio de 1998, y se ha desempeñado en el cargo de Secretario de Acuerdos en los tribunales unitarios agrarios de los distritos 22 en Tuxtepec, Oaxaca; 21 de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 7 de Durango, Durango, y actualmente en el 46 de Huajuapan de León, Oaxaca.

La C. Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, y es candidata a la Maestría en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente se encuentra estudiando el Doctorado en Derecho Público por la Universidad del Sur.

Se desempeñó como encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en San Andrés Tuxtla, Veracruz de 1990 a 1995; en marzo de 1996 ingresó al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 en San Andrés Tuxtla, Veracruz como Jefa de Audiencia Campesina, posteriormente se desempeñó en el mismo Tribunal como Jefa de la Unidad Administrativa, Jefa de la Unidad Jurídica y Secretaria de Estudio y Cuenta; en el año 2000 fue adscrita en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 en Villahermosa, Tabasco como Secretaria de Acuerdos B, y de 2008 a la fecha se desempeña como Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario del Distrito 44 en Chetumal, Quintana Roo.

La C. María del Mar Salafranca Pérez es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (Campus Ciudad de México). Cuenta adicionalmente con diversos cursos y diplomados relacionados con el derecho agrario y el derecho procesal agrario, así como experiencia docente a nivel universitario como catedrática de las asignaturas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Garantías Individuales y Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Iberoamericana.

La Maestra María del Mar Salafranca ha realizado prácticamente toda su carrera profesional en los tribunales agrarios; ingresó en mayo de 1996 como apoyo en tareas administrativas y de control de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario. Posteriormente, en 1998, fue adscrita como Profesional Ejecutiva de Servicios Especiales en la Dirección de Atención e Información al Público de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. Ha sido Jefe de Departamento en el área de contratos y licitaciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Jefe de Departamento de la Mesa de Trámite del Pleno del Tribunal Superior Agrario. Del año 2001 a la fecha se ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior Agrario.

El C. Luis Eduardo Zuart Vallejo es Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Derecho Público por el INEF. Adicionalmente, cursó, entre otros, los Diplomados en Ideas Políticas del Siglo XXI, en Gobierno y Administración Municipal y en Ciencias Políticas, por la Universidad Autónoma de Chiapas.

Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público; entre otros cargos, se desempeñó como Jefe de la Unidad de Control de Gestión en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Chiapas (1998 a 2000); en el Registro Agrario Nacional fue designado Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos, cargo que desempeñó del año 2000 a 2004; posteriormente fue Titular de la Coordinación de Derecho Social de la Comisión Estatal de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado de Chiapas y Director Jurídico de la Comisión Estatal del Convenio Confianza Municipal CODECOM (2006-2007). En el 2008 ingresó al Poder Judicial del Estado de Chiapas como Secretario Técnico de la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura; fue Director General del Instituto de la Defensoría Social del Estado de Chiapas, cargo que ocupó hasta el 2011. Desde octubre del mismo año se desempeña como Magistrado Regional de Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Como lo podrá corroborar esa Soberanía con la documentación que se adjunta, las personas propuestas para las vacantes referidas cuentan con la honorabilidad, capacidad técnica y experiencia necesaria para desempeñar el cargo de Magistrado de los tribunales unitarios agrarios. En la seguridad de que la colaboración corresponsable entre los Poderes de la Unión, fortalece a las instituciones de impartición de justicia agraria en beneficio de los justiciables.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 21 de octubre de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: De la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite propuesta del Ejecutivo Federal con la designación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo comprendido a partir de su ratificación y hasta el último día de febrero del año 2021.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, para sus efectos correspondientes.





 

Compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Norma Alicia Galindo Matías, para que rinda su protesta como Senadora de la República, a partir de la licencia autorizada a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

En esa virtud, solicito a la Senadora Mely Romero Celis, al Senador José María Martínez Martínez, a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, al Senador Gerardo Flores Ramírez y al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, se sirvan acompañar y la inviten a pasar al salón de sesiones para la toma de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Meza: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ciudadana Norma Alicia Galindo Matías: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- La C. Norma Alicia Galindo Matías: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Senadora!

(Aplausos)

La invitamos a ocupar su escaño, señora Senadora.

Pasamos al siguiente asunto.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 19, FRACCION IV DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el C. Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

El 20 de mayo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En el capítulo relativo al financiamiento se señala que: la Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este contexto, es necesario implementar medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le permitan también instrumentar políticas que promuevan el desarrollo a través de la democratización de la productividad y el financiamiento. Hasta ahora la Banca de Desarrollo se ha enfocado a mantener y preservar el capital, de acuerdo con su mandato de ley.

El pasado 8 de mayo el Ejecutivo Federal presentó la reforma financiera. En las trece iniciativas propuestas, se contempla modificar 34 ordenamientos jurídicos, incluyendo las leyes orgánicas de las Instituciones de la Banca de Desarrollo, también la del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras.

Banobras, considerada el Banco del Federalismo, de acuerdo a su ley orgánica, tiene entre sus funciones:

- Prestar el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada, en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federales, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional.

Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, equipamiento urbano, así como la modernización y fortalecimiento institucional en estados y municipios.

- Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y ejecución de los planes de desarrollo urbano y para la creación y administración de reservas territoriales y ecológicas, así como estructurar y coordinar proyectos de inversión; entre otras funciones.

- Como se observa, para los municipios, instituciones financieras como Banobras son fundamentales para contar con recursos y liquidez oportuna que les permita promover proyectos de inversión que incidan en su desarrollo, toda vez que la mayoría de los municipios, sus ingresos propios y los derivados de las participaciones son insuficientes.

Las recientes reformas propuestas en la iniciativa financiera y los objetivos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, significan un cambio muy importante en la política de crédito y financiamiento bancario, donde los municipios, a través de Banobras, se verán beneficiados para accesar a servicios financieros.

Es en este sentido que estamos proponiendo la presente iniciativa que reforma al artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este artículo, indica la manera en que se distribuyen los ingresos por concepto de excedentes de petróleo, donde se consideran las entidades federativas, pero no se hace mención a los municipios del país.

Los fondos de estabilización a que se refiere la fracción IV de este artículo señala:

“IV…

En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del gobierno federal; la presidencia de dicho comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas”.

Como se observa, se excluye a participar a la representación municipal. El objetivo de esta propuesta es que los municipios del país tengan representatividad con voz y voto en el Comité Técnico del Fideicomiso con el de Banobras, en relación a los excedentes petroleros destinados a las entidades federativas, ello coadyuvará a que tenga un trato vinculatorio en la transferencia y distribución de recursos a los estados y municipios.

Esta es la pretensión de la presente iniciativa de reforma.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Senador de la República Gerardo Sánchez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8 numerales 1 y 2, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

* El 20 de mayo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). En él se establecen cinco metas nacionales: un México en Paz; un México Incluyente; un México con Educación de Calidad; un México Próspero; y un México con Responsabilidad Global.

* En el PND 2013-2018, en el capítulo relativo al financiamiento se señala que: la Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este contexto, es necesario implementar medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le permitan también instrumentar políticas que promuevan el desarrollo a través de la productividad y la democratización del financiamiento. Hasta ahora la Banca de Desarrollo se ha enfocado a mantener y preservar el capital, de acuerdo con su mandato de ley.

* El pasado 8 de mayo el Ejecutivo Federal presentó la Reforma Financiera. En las 13 iniciativas propuestas, se contempla modificar 34 ordenamientos jurídicos, incluyendo las leyes orgánicas de las instituciones de Banca de Desarrollo, incluida la  del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

* BANOBRAS, considerado el Banco del Federalismo, de acuerdo a su ley orgánica, tiene entre sus funciones:

* Prestar el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo… financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

* Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional con la atención eficiente y oportuna de las actividades regional o sectorialmente prioritarias; así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y servicios públicos;

* Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, equipamiento urbano, así como la modernización y fortalecimiento institucional en Estados y Municipios;

* Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo urbano y para la creación y administración de reservas territoriales y ecológicas, así como estructurar y coordinar proyectos de inversión; entre otras funciones.

* Como se observa, para los municipios, instituciones financieras como BANOBRAS son fundamentales para contar con recursos crediticios, liquidez oportuna que les permita promover proyectos de inversión que incidan en su desarrollo, toda vez que para la mayoría de los municipios, sus ingresos propios y los derivados de las participaciones son insuficientes, incluso para cubrir las necesidades de gasto corriente.

* Las recientes reformas propuestas en la Iniciativa Financiera y los objetivos derivados del PND 2013-2018, significan un cambio muy importante en la política de crédito y financiamiento bancario, incluida la Banca de Desarrollo, donde los municipios, a través de BANOBRAS, se verán beneficiados para accesar a servicios financieros.

* Es en ese sentido que estamos proponiendo la presente Iniciativa que reforma el art. 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH). Este artículo, indica la manera en que se distribuyen los ingresos por concepto de excedentes petroleros, donde se consideran a las entidades federativas, pero no se hace mención a los municipios. Incluso, los Fondos de Estabilización a que se refiere la fracción IV de este artículo señala:  “En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas”. Como se observa, se excluye de participar a la  representación municipal.

* El objetivo de esta propuesta es que los municipios del país tengan representatividad con voz y voto en el Comité Técnico del Fideicomiso con el BANOBRAS en relación a los excedentes petroleros, destinados a las entidades federativas. Ello coadyuvará a que tengan un trato vinculatorio en la transferencia y distribución de los recursos a los estados.

Por lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el art. 19 Fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 19.- ….

Fracción IV.

En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas, tres representantes municipales y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Sánchez García.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los Senadores Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros y Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el Apartado B del artículo 2o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL APARTADO B DEL ARTICULO 2o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Presentada por el C. Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los CC. Senadores Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros y Fernando Enrique Mayans Canabal)

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy voy a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Este documento está presentado, y no lo voy a leer tal cual, yo nada más pido que se inserte en el Diario de los Debates.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Así se hará, señor Senador.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Y voy a remitirme solamente a hacer una explicación somera del alcance de esta pretensión.

Nosotros, en nuestro país, hemos signado el Acuerdo 169 de la OIT, y en eso hemos asumido compromisos para ir actualizando nuestro marco legal, al marco constitucional, y ahí está ya considerada la obligación que tiene el Estado de hacer la consulta a los pueblos y comunidades indígenas acerca de las obras que se pretendan realizar.

Esta finalidad establece una garantía de audiencia, porque hay obras que se realizan a veces sin el consentimiento y sin el conocimiento de los compañeros que buscan ser “beneficiados”, por obras de infraestructura que a veces someten a un desgaste, y someten en condiciones desfavorables a los pobladores de una región, de un lugar o de un territorio.

Por eso, es una necesidad establecer en la Constitución, como primer paso, la obligación que tiene garantizado ya el derecho a los pueblos indígenas, de garantizar esta consulta. De tal manera que estando ya este derecho dado, pudiéramos pasar luego a discutir la ley reglamentaria.

Se han hecho ya esfuerzos anteriores en las legislaturas pasadas para presentar leyes similares, y no ha habido respaldo y se han quedado estas iniciativas congeladas, porque, o bien, han sido muy tibias o han sido muy radicales, y particularmente han impedido que exista un consenso para que se pudiera proceder a la aprobación de estos temas. Por eso, yo he considerado que la ruta que pudiéramos establecer, primero, sería la de generar las condiciones en el marco legislativo para poder garantizar ese derecho.

A partir de estar establecido el derecho, pudiéramos nosotros garantizar entonces esta consulta que se puede hacer en nuestro país con los pueblos y comunidades indígenas.

Una consulta que debería estar, ya luego normada por la ley, a garantizar que sea una consulta que tenga la intención de ser con un carácter previo, o sea, no cuando ya se realizaron las cosas, sino previo a hacer la realización de alguna obra, entonces, se debe consultar, de conformidad con las propias tradiciones de los pueblos indígenas, en las primeras etapas del Plan de Desarrollo y de Inversión, y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.

Tiene que haber otro principio en esta ley que se está buscando, luego presentar, es la buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo.

Pues tiene que haber resultado de esta consulta y debería ser vinculatoria para las acciones que se puedan realizar. La consulta adecuada y accesible, debe realizarse a través de procedimientos culturales adecuados, es decir, de conformidad con sus propias tradiciones en su propia lengua, con los equipos de respaldo técnico que ellos sugieran, y esto habría dado la certeza de que entonces se está consultando de manera correcta para lograr el consentimiento libre, previo e informado, que eso es lo más importante que tenemos que lograr en ese tipo de acciones.

Y hay muchos rubros en la actividad general de nuestro país que a veces se ha omitido este procedimiento y hemos enfrentado conflictos de diferente naturaleza en el país.

Tan sólo por hablar de un tema, el tema del agua, de los derechos de agua que tenemos que pagar a los Estados Unidos, ha generado el cumplimiento de esta obligación, confrontaciones, roces, inconformidad e inestabilidad política y social en el país.

Por eso la consulta, insistimos, debe también dejar un espacio al estudio del impacto ambiental para ver las consecuencias que esta acción puede realizar.

Otro de los principios, es que debe ser informada, es decir, que la consulta debe ser en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del Plan de Desarrollo o Inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, en ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde la información implícita e implica una comunicación consistente de las partes.

Por eso, yo creo que es un momento adecuado el que tengamos que hacer, en este momento, el análisis pertinente de esta propuesta para que podamos llegar a un proyecto de Decreto que dice así:

ARTICULO UNICO. Se reforma el primer párrafo y la fracción I del Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

(…)

A. (…)

(…)

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; las cuales deberán ser consultadas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Se garantiza a los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su derecho a ser informados y consultados, para la obtención de su consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos que afecten o puedan afectar directa o indirectamente.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:

* Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades garantizarán el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo efectiva su participación en la toma de decisiones, estableciendo sus propias prioridades. Las autoridades correspondientes determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

 

(…)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor a seis meses.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Y quiero decirles, además, compañeros, que logramos, y agradezco que hayan sido el Senador Eviel Pérez Magaña, el Senador René Juárez Cisneros y el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, quienes hayan decidido acompañarme a suscribir esta propuesta, en razón de que es momento de integrar ya, en nuestra Constitución, elementos de este tamaño y garantizar que se cumplan, en mejores términos, los derechos a los pueblos y comunidades indígenas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Los suscritos, ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, EVIEL PEREZ MAGAÑA, RENE JUAREZ CISNEROS Y FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senadores de la República en la LXII Legislatura e   integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL APARTADO B DEL ARTICULO 2° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, al tenor de las consideraciones siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México cuenta con una población de 112, 336, 538   habitantes según el censo de población 2010 de los cuales 16,102,646 habitantes se consideran indígenas. La población que habla y se considera indígena en México representa el 14.9% de la población total del país.

En el país 25 de las 32 entidades federativas cuentan con Pueblos indígenas . Sin embargo, en las demás entidades existen grupos indígenas o indígenas migrantes, los cuales no tienen población indígena significativa. Esto implica que en el 78% de las entidades federativas tenemos pueblos indígenas y en el resto de las entidades contamos con indígenas migrantes o grupos no significativos, es decir, México cuenta con presencia de población indígena en el 100% de las entidades federativas.

Existen grandes temas prioritarios para los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, en los cuales es de suma importancia que el Estado mexicano genere las condiciones que permitan la inclusión de estos en la toma de decisiones en todos los niveles con respecto de la preservación de la cultura indígena, la protección de la identidad cultural, la medicina tradicional, una educación indígena de calidad, el derecho a la infraestructura como la base material del desarrollo y del acceso a una amplia gama de servicios y beneficios, el medio ambiente, en específico la protección y el aprovechamiento de sus recursos naturales.

México debe fomentar una cultura de respeto y comprensión en las relaciones entre pueblos indígenas, Estados, organizaciones  intergubernamentales y el sector privado en proyectos de desarrollo que afecten a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y por supuesto a su modo de vida.

Sin duda en nuestro país contamos con avances significativos en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo no hemos logrado materializar la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas en la generación de toma de decisiones, su aplicación y evaluación; dicha participación de los pueblos y comunidades debe estar garantizada en cualquier proyecto que los involucre o afecte, tal como la formulación de las políticas de desarrollo y en la instrumentación de los planes y programas; los cuales deben de establecerse a partir de las necesidades reales de los propios pueblos y comunidades indígenas.

Es responsabilidad del Estado mexicano generar los mecanismos que permitan establecer las instancias de participación colectiva y/o la inclusión de representantes que estarán involucrados en el proceso y serán el nexo con la comunidad. México no ha logrado formalizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado, por consiguiente se debe de promover la adopción de marcos que regulen y reglamenten los procedimientos para obtener el consentimiento.

A nivel internacional contamos con un panorama de protección hacia los pueblos originarios, ya que existen avances importantes sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el más importante o por lo menos el que ha marcado la pauta sobre los principios jurídicos que las naciones deben de considerar en sus legislaciones en esta materia, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual considera que “los pueblos indígenas y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas."

El consentimiento libre, previo e informado es una cuestión clave para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El consentimiento libre, previo e informado no es una cosa menor, puesto que este abarca todas las cuestiones relacionadas con la vida de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, hablamos de un componente básico en el ejercicio del derecho de libre determinación, del derecho a tierras, territorios y recursos.

El articulo 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizan el derecho de consulta a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Estos valiosos instrumentos internacionales se suman a otros convenios relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas pero sobre todo, han sentado las bases y orientaciones para mejorar y armonizar las normas nacionales con las orientaciones alcanzadas en el derecho internacional.

“El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratificado por 22 países . Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación.”

El 5 de septiembre de 1990 México ratifica el Convenio Núm. 169de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en hacerlo. Dicho convenio establece que "1.- Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Con base en lo anterior es importante precisar que México debe ser congruente con los instrumentos y tratados internacionales que ha ratificado. Es desde 1990, que el Senado de la República ratificó el Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual tiene vigencia desde el 6 de septiembre de 1991 y desafortunadamente en México no se han terminado de realizar las reformas aceptadas en dicho convenio.

Por otro lado, es obligación del Estado mexicano velar por el cumplimiento de los tratados que firma, puesto que nuestra constitución en el artículo 133 mandata que “esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Es necesario en términos de lo que nuestra constitución mandata adecuar nuestras leyes en congruencia con lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se ha logrado mejorar y adecuar nuestra legislación en congruencia con lo que orienta el derecho internacional, es necesario precisar que aún quedan temas pendientes como lo es la consulta que garantice  su derecho al consentimiento libre, previo e informado en todos aquellos asuntos que les afecten.

Un claro ejemplo de las consecuencias sobre no tener precisado en nuestra carta magna el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada, es el conflicto de los Yaquis en el Estado de Sonora.

Dicho conflicto data de 2010, como lo documenta la agencia EFE (22/07/13) en el artículo titulado  “Un nuevo capítulo en el viejo conflicto de los yaquis y el estado mexicano“. En donde el Gobierno del Estado de Sonora inicio un plan para llevar agua de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora, con la finalidad de abastecer a la ciudad de Hermosillo con 75 millones de metros cúbicos anuales del líquido a través del "Acueducto Independencia", de 150 kilómetros de longitud.

En agosto de 2010 autoridades tradicionales del pueblo Yaqui junto con diversas organizaciones campesinas interpusieron recursos ante los tribunales, con la intención de frenar la obra, basados en el argumento de que ésta les causaría afectaciones graves en su capacidad para acceder al vital recurso.

Este conflicto ya se encuentra en la mira de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto que el pasado 22 de agosto del presente año, envió a dos observadores del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU a sostener una reunión con el presidente municipal de Cajeme, así como representantes de la etnia Yaqui e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, a fin de recoger los señalamientos y los documentos en donde se manifiesten las irregularidades en la que ha incurrido el gobierno de Sonora.

Sin embargo, pese a la afectación a terceros que están provocando los indígenas, este conflicto se pudo evitar de haber sido consultado previamente al pueblo Yaqui, a fin de consensuar y articular las políticas públicas que permitieran la equidad en la toma de decisiones.

Existe en el ámbito internacional un ejemplo sobre la violación de este derecho, el cual fue resulto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El conflicto se dio entre el Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, para resolver este asunto, la Corte se basa en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la sentencia del 27 de junio de 2012 establece los principios básicos bajo los cuales se debe de concebir a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas:

La consulta debe ser con carácter previo. Se debe consultar, de conformidad con las propias tradiciones del pueblo indígena, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.

La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo. Las consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de un clima de confianza mutua y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia.

La consulta adecuada y accesible. Deben realizarse a través de procedimientos culturalmente adecuados, es decir, en conformidad con sus propias tradiciones.

Estudio de Impacto Ambiental. En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos.

La consulta debe ser informada. La consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante entre las partes.

No se debe de olvidar que México ha aceptado la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aunque sus sentencias son obligatorias sólo para el Estado demandado y sentenciado, la interpretación y criterios que en ellas se manejan son de gran utilidad y deben de orientar la actuación legislativa, judicial y ejecutiva de los países americanos.

La representación nacional ha reconocido que una de las muchas tareas necesarias para superar las condiciones de desigualdad que afectan a los indígenas, consisten en reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para consagrar explícitamente los derechos de éstos mexicanos y generar las acciones institucionales, por parte del Estado mexicano, para garantizar su cumplimiento.

El Estado mexicano debe reconocer la enorme deuda que tiene con sus pueblos y comunidades indígenas, y reafirmar su voluntad para proteger los derechos elementales de estos pueblos originarios del país, afirmó el doctor Rodolfo Stavenhagen en el marco de la Conferencia magistral “Los pueblos indígenas ante la neocolonización” realizada en el Senado de la República el día lunes, 12 de agosto de 2013.

El profesor emérito del Colegio de México indicó que para muchas comunidades existe un “capitalismo depredador, de despojo”. Puso como ejemplo el impacto que ha tenido la actividad extractivista minera, la cual creció considerablemente en la década pasada debido a la “generosa distribución de miles de hectáreas de concesiones a docenas de poderosas empresas mineras que se han apoderado de buena parte de la superficie del país y de los recursos del subsuelo”. Sin embargo no fueron consultados para otorgar estas concesiones.

Comentó que a nivel internacional existen derechos para los pueblos indígenas, entre ellos, la consulta libre, previa e informada. Sin embargo, en México ese derecho aún no se ha legislado, pero los indígenas y las organizaciones de derechos humanos demandan que éste sea aplicado y respetado en la práctica, tal y como lo demanda la legislación internacional.

“Ante la ausencia de un auténtico diálogo nacional sobre el tema y el poco interés de las autoridades federales, algunos pueblos han emprendido por su cuenta establecer su propia autonomía, y ahí están las experiencias de las comunidades zapatistas o los intentos de Cherán, Michoacán, y alguna otras regiones, como las policías comunitarias.”

Sin duda es una obligación del poder legislativo, así como de interés público legislar en materia de este derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Es también necesaria la voluntad política de las diversas expresiones políticas que albergan en el Congreso de la Unión a fin seguir concretando los esfuerzos para saldar la deuda histórica con los diversos grupos indígenas de nuestro país.

No basta contar con protocolos firmados por México a nivel internacional para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, se necesita adecuar la legislación mexicana para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es necesario buscar su aplicación y vigencia permanentemente todos los días, hacer el esfuerzo por adecuar y aplicar las leyes para lograr que se aplique la ley y el Estado de derecho.

La presente propuesta tiene como finalidad cumplir con los compromisos internacionales a los cuales México se ha apegado, además de continuar con los esfuerzos que el Estado mexicano ha venido realizando para saldar la deuda histórica con los diversos grupos indígenas de nuestro país.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el primer párrafo y la fracción I del Apartado B del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO. Se reforma el primer párrafo y la fracción I del Apartado B del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

(…)

A. (…)

(…)

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las  políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; las cuales deberán ser consultadas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Se garantiza a los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su derecho a ser informados y consultados, para la obtención de su consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos que afecten o puedan afectar directa o indirectamente.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. La autoridades garantizarán el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo efectiva su participación en la toma de decisiones, estableciendo sus propias prioridades. Las autoridades correspondientes determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

(…)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor a seis meses.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de octubre de 2013.

Suscriben

Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal".

México en cifras información nacional por entidad federativa y municipio, Censo de Población y Vivienda 2010, consultado en www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/Default.aspx

Situación de los Indígenas No. 16, Descripción Sociodemográfica de la Población hablante de lengua, autoadscrita como indígena y el resto de la población, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010. Indicadores estadísticos diciembre 2011 pag.4, CESOP cámara de diputados LXI Legislatura consultado en: www.diputados.gob.mx

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nombres de Lenguas, Pueblos y Distribución. Pueblos Indígenas por Entidad Federativa consultado en:
www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68

Declaración de la las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consultada en: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Actualizado al día de hoy. Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas (hasta el 31 de diciembre de 2012), Informe III (Parte 2), pag. 167, consultado en:
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_208666.pdf

Presentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consultado en: http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm

Artículo 6° del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consultado en:  http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

Un nuevo capítulo en el viejo conflicto de los yaquis y el estado mexicano”, por agencia EFE,  lunes 22 de julio del 2013, Consultado en:
www.vanguardia.com.mx/unnuevocapituloenelviejoconflictodelosyaquisyelestadomexicano-1792324.html

“Conflicto yaqui de Vícam, en la mira de la ONU”, por EL DEBATE, miércoles 21 de agosto de 2013, Consultado en: www.debate.com.mx/

Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador”, sentencia de 27 de junio de 2012 (Fondo y Reparaciones), consultado en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

Conferencia magistral “Los pueblos indígenas ante la neocolonización”, el profesor emérito del Colegio de México Dr. Rodolfo Stavenhagen, consultado en
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/sesion-permanente/boletines/8064-boletin-2081-proteger-derechos-de-pueblos-indigenas-tarea-pendiente-del-estado-mexicano.html

Idem.

Idem.

Idem.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarte atentamente le pudiera consultar a mi compañero y amigo Senador Isidro Pedraza, si me permite, junto con Eviel Pérez y junto con nuestro compañero René Juárez, podernos suscribir como coautores de esta importantísima reforma que están planteando en el tema indígena.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Pedraza Chávez, ¿acepta?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Muy complacido, ¡cómo no, señor Presidente!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Concedido.

Gracias, Senador Fayad Meneses.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí, también si el Senador me permite suscribirla, por favor, junto con él.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Para el mismo efecto. Tome nota la Secretaría.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Saludo a los Presidentes de la CANACO de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, invitados por la Senadora Diva Gastélum.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 97 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.





 

Enseguida, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Aduanera.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.





 

Enseguida, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.





 

Enseguida, tiene la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2o. constitucional.

Por favor, Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION IV DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 2o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, y con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

Vengo a esta tribuna para presentar esta iniciativa, pero antes, debo decirles que la enorme riqueza de este país reside, fundamentalmente, en la gran diversidad, pluriculturalidad y plurietnicidad que tenemos en el país.

Para nadie es desconocido que, efectivamente, plasmado en el artículo 2o. de la Constitución General de la República, esta riqueza cultural le da sentido y le da esencia a nuestro país.

Los pueblos originarios, especialmente en el caso nuestro, de la gran cultura maya, le dan a este país vigencia y sentido histórico.

El patrimonio cultural inmaterial, es un factor fundamental de identidad y de reconocimiento, sobre todo, frente a esta enorme globalización que da oportunidad a que desaparezcan valores y tradiciones.

Nuestra nación, como pluricultural que es, tiene esa enorme fortaleza que debemos todos los mexicanos mantener, conservar y fortalecer.

Es necesario comentar que en esta tribuna, ahora y en legislaturas anteriores, se han presentado diversos puntos de Acuerdo con relación a este tema. Puntos de Acuerdo que han sido turnados y que han tenido el trayecto y el tránsito legislativo.

En diversas ocasiones, con diversos puntos y sobre este mismo tópico, se han presentado, con vehemencia y con una gran convicción, temas que tienen que ver con la salvaguarda del patrimonio cultural, particularmente en esto, que tiene que ver con el patrimonio inmaterial.

Esta es la prueba más inmediata de nuestro pasado, de nuestro origen y, desde luego, será el elemento fundamental que nos permita pensar en el futuro.

Los lugares sagrados de nuestras etnias, especialmente de la cultura maya, tienen un dueño y ese dueño es la nación. Por eso a mí me enorgullece decirles que en todos los municipios de mi estado, en Campeche, Calkiní, Palizada, Tenabo, municipio del Carmen, Escárcega, en Champotón, en Calakmul, en Hecelchakán, en Candelaria y Hopelchén, hay vestigios de esta maravillosa cultura.

Los lugares sagrados representan, en síntesis, una expresión fundamental de su entorno. Son una institución de organización y la representación más genuina de los indígenas de nuestro país, donde los baluartes espirituales se traducen en tradiciones, en usos y costumbres de los pueblos originarios indígenas.

Toda acción de salvaguarda debe consistir en reforzar las diversas condiciones materiales o inmateriales, que son necesarias para la evolución e interpretación continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de las futuras generaciones.

Si no los protegemos, si no los cuidamos, corremos el riesgo de que algunos de estos elementos de nuestro patrimonio cultural mueran o desaparezcan. El Estado mexicano y la sociedad en su conjunto deben garantizar el respeto absoluto y la conservación de esta extraordinaria fortaleza que tenemos los mexicanos.

Quien no conoce su historia carece de las bases fundamentales para poder desarrollarse en el futuro, por tal motivo, presento el siguiente:

Proyecto de Decreto

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. a III....

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

La Federación, los Estados y los Municipios deberán garantizar la protección, conservación, preservación, divulgación, restauración y, en su caso, recuperación de la cultura y lugares sagrados de los pueblos y comunidades indígenas; prohibiendo su enajenación, exportación o alteración salvo en los casos previstos por las leyes.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Los que suscriben, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y Senador MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país posee una gran riqueza cultural que se manifiesta en la historia de sus pueblos y en la variedad de lenguas y costumbres que caracterizan nuestra identidad nacional. Esta diversidad se reconoce en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), los lugares sagrados pertenecen al patrimonio cultural inmaterial. El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido, en parte, a los instrumentos elaborados por dicha institución.

El especialista en normativa cultura, Gonzalo Castellanos, destaca en su libro Patrimonio cultural: integración y desarrollo en América Latina que «el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional».1

Y es que pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.

De acuerdo con varios historiadores, antropólogos y sociólogos, la importancia del patrimonio cultural inmaterial no se centra sólo en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.

Retomando a Castellanos, debe hacerse una precisión sobre lo que es el patrimonio inmaterial, con la finalidad de que se le diferencie correctamente del patrimonio material, puesto que el primero es más difícil de preservar que el segundo. Así, entendemos que el patrimonio inmaterial es, según los criterios de la UNESCO retomados por Castellanos:

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.

Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.

Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.

Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio.2

Para mantenerse en vida, el patrimonio cultural inmaterial debe ser pertinente para su comunidad, recrearse continuamente y transmitirse de una generación a la siguiente. Se corre el riesgo de que algunos elementos del patrimonio cultural inmaterial mueran o desaparezcan si no se les ayuda, pero salvaguardar no significa fijar o fosilizar este patrimonio en una forma “pura” o “primigenia”. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial supone transferir conocimientos, técnicas y significados.

Así, caemos en cuenta de que toda acción de salvaguardia debe consistir, en gran medida, en reforzar las diversas condiciones, materiales o inmateriales, que son necesarias para la evolución e interpretación continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como para su transmisión a las generaciones futuras.

Y es que las medidas de salvaguardia susceptibles de garantizar la transmisión del patrimonio cultural inmaterial de generación en generación, son muy distintas de las que se requieren para proteger el patrimonio material, tanto el natural como el cultural. No obstante, sucede con frecuencia que algunos elementos del patrimonio material están asociados al patrimonio cultural inmaterial. Por eso, en la definición de patrimonio cultural inmaterial se incluyen los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes.

Esto significa que el patrimonio inmaterial deba salvaguardarse y revitalizarse a toda costa, pues como cualquier organismo vivo, el patrimonio inmaterial tiene un ciclo vital y es probable que algunos de sus elementos desaparezcan tras haber dado a luz nuevas formas de expresión.

También es posible que algunas formas del patrimonio cultural inmaterial, a pesar de su valor económico, no se consideren pertinentes o significativas para la propia comunidad. Por desgracia, según estándares internacionales, sólo se debe salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades reconozcan como propio y que les infunda un sentimiento de identidad y continuidad.

Por “reconocimiento”, señala Castellanos, se entiende «un proceso formal –o con mayor frecuencia, informal– por el cual las comunidades admiten que forman parte de su patrimonio cultural determinados usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas y, eventualmente, los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes».3

Las medidas de salvaguardia deben concebirse y aplicarse siempre con el consentimiento y la participación de la comunidad. En algunas ocasiones, la intervención pública para salvaguardar el patrimonio de una comunidad tal vez sea inconveniente, porque podría alterar el valor que el patrimonio tiene para su comunidad. Además, las medidas de salvaguarda han de respetar siempre los usos consuetudinarios que regulan el acceso a determinados aspectos de ese patrimonio, como las manifestaciones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial que sean sagradas, o que se consideren secretas.4

Se tienen antecedentes de reconocimiento de instituciones internacionales como la UNESCO, quien por conducto de la Coordinación de Programas Ambientales, el 24 de septiembre 1998, en la ciudad de París, Francia, incorporó el sitio sagrado de Wirikuta y la ruta histórica cultural del pueblo Wixarika asentado en el estado mexicanos de Durango, Jalisco , Nayarit, Zacatecas y Jalisco, a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales. Este es un  proyecto global que busca la conservación ambiental, basada en culturas tradicionales que incluye un total de 14 sitios.

Por otra parte, se sabe que desde que los primeros habitantes nómadas llegaron al actual territorio que ocupa la República Mexicana, hace aproximadamente 30 mil años, los hombres y las mujeres han dejado rastro de su existencia en los primitivos asentamientos humanos a lo largo de nuestro país, así como en las ciudades y centros ceremoniales que construyeron los distintos grupos étnicos.

Y es que las diversas culturas del mundo atribuyen a ciertos objetos o lugares la calidad de sagrados. En este sentido, los pueblos indígenas de nuestro país tienen lugares y objetos que consideran sagrados a los que procuran su protección; entre ellos podemos señalar los siguientes: cuevas, ríos, lagunas, islas, cementerios y peñas, en los cuales se realizan ceremonias y se depositan ofrendas: esculturas de piedra, varas de mando y otros objetos relacionados con la historia de los pueblos.

La identidad de los pueblos en nuestro país está directamente relacionada con su historia y con su patrimonio cultural, reflejado en sus expresiones artísticas, lo que les permite a su vez asumir un lugar preponderante en la cultura universal.

En una sociedad cohesionada por sus matices pluriculturales y multiétnicos, los lugares sagrados representan una expresión fundamental en su entorno; es por ello que la legislación deberá brindar la protección y seguridad jurídica para conservar y preservar sus tradiciones, haciendo de la cultura el valor más preciado de nuestras comunidades, porque es la manifestación inequívoca de la humanidad, la que lo caracteriza y diferencia de todas las especies del planeta.

Naturalmente, para que un lugar sea considerado temporal o permanentemente sagrado, es necesario que quienes así lo estiman compartan nociones que definen una geografía del cosmos (una cosmología). "Además de su importancia ecológica, los lugares y objeto sagrados tienen gran importancia en la integración social y territorial. Los lugares sagrados sirven como puntos de referencia para la constitución del territorio. Algunos objetos sagrados simbolizan el intercambio que establece una relación simbólica entre los miembros del grupo.(...) Cada pueblo indígena tiene su propio sistema consuetudinario de territorialidad, por medio del cual establecen mecanismos de apropiación, uso y distribución del espacio. Los lugares sagrados ocupan, frecuentemente, un papel de gran importancia no sólo en el establecimiento de los puntos de referencia, sino también en los contactos que establecen los grupos familiares. Los centros ceremoniales y lugares sagrados pueden llegar a ser el eje del sistema de constitución territorial. La vinculación de las sociedades con su espacio no representa sólo una especial adaptación productiva, sino además una compleja articulación simbólica. El ámbito residencial es por lo general un ámbito sacrificial y por lo tanto sacralizado, en razón de la relación transaccional que los hombre mantienen con las deidades y potencias de la naturaleza."5

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), actualmente existen en nuestro país aproximadamente 6.3 millones de mexicanas y mexicanos que hablan distintas lenguas indígenas. Contamos con un total de 62 lenguas indígenas. En general, se ha considerado que cada lengua hablada representa una cultura diferente con distintos usos y costumbres; muchas de ellas presentan similitudes entre sí.

No cabe duda de que nuestra nación es un país pluricultural; es decir que entre nosotros hay una diversidad de culturas que coexisten desde hace más de 500 años y que han preservado muchos de sus usos y costumbres ancestrales, provenientes de las culturas prehispánicas, con algunas transformaciones.

En la actualidad, muchas de estas culturas se encuentran establecidas en pueblos o comunidades indígenas, ubicadas en los territorios o parte de los territorios que ocuparon desde la época prehispánica. En algunos casos, han sufrido reducciones de su territorio, y muchos pobladores han emigrado a otros lugares de la República o fuera de ella, en busca de mejores condiciones económicas.6

David Sánchez Zúñiga, sociólogo español radicado en México, señala que los Lugares Sagrados, como los Centros Ceremoniales, son la institución fundamental de organización y representación de los indígenas en nuestro país, donde los baluartes espirituales se traducen en tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas, y el Estado deberá garantizar el respeto absoluto a las creencias, no solamente permitiendo sus rituales sino salvaguardando su legado histórico, asegurando su protección, fomento, divulgación, restauración, recuperación y preservación, prohibiendo su enajenación, exportación o alteración, salvo en los casos previstos en las leyes aplicables.

Los anteriores conceptos están plasmados en el presente Proyecto de Decreto. La importancia que reviste para el Estado Mexicano la preservación del patrimonio de la cultura e identidad nacional de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres, representadas en este caso en los Lugares Sagrados de los pueblos indígenas.

Y es que en nuestro país, la protección de los derechos humanos indígenas está garantizada por el marco jurídico que establece las libertades y derechos de los cuales gozan todas y todos los mexicanos. Algunas de estas leyes son:

Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entres otros conceptos, señala que los pueblos indígenas "son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas..."

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este convenio es el único instrumento internacional vigente sobre los pueblos indígenas del mundo. Ha sido ratificado por el gobierno de nuestro país (1989) para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas y grupos indígenas de México y promover el respeto a su integridad e identidad social, además de difundir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, sus costumbres y tradiciones, así como sus formas de organización e instituciones.

El citado convenio en su Artículo 131, señala que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación".

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Al igual que la población en general, también las personas indígenas deben satisfacer sus necesidades básicas para poder vivir dignamente con igualdad, libertad y justicia.

Lo anterior se establece en los artículos 1° y 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

"Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción alguna de raza, color, idioma, posición social o económica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos".

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En 2003, el Gobierno Federal decreto la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, estableciendo como objetivos fundamentales los siguientes:

Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Legislaciones de los Estados de la República.

En San Luis potosí, el Congreso del Estado aprueba La Ley Estatal de Protección del Patrimonio Cultural, el 26 de junio de 2003, la cual es promulgada el día 30, considera patrimonio cultural estatal, el conjunto de manifestaciones tangibles e intangibles que se constituyen en valores de identidad y autenticidad de la sociedad de donde surgen, entre los que se encuentran las rutas sagradas tradicionales y/o los sitios ceremoniales o sagrados.

La Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios.

Señala que patrimonio cultural es el conjunto de manifestaciones, producto de la obra del hombre y de la naturaleza, que contengan relevancia para la sociedad jalisciense. Establece como área de protección, entre otras cosas, los lugares sagrados, sitios que en el proceso de desarrollo histórico y cultural de los pueblos indígenas o de otros grupos sociales adquieren una significación que los califica como elementos relevantes de su esencia y cosmovisión particular.

Por su parte, en países centroamericanos como Guatemala, se define a los lugares sagrados como los que constituyen espacios naturales o construidos, considerados de confluencia de energía cósmica para la comunicación con los ancestros; son lugares especiales para la práctica y formación espiritual, filosófica, científica, tecnológica o artística de los miembros de los Pueblos Indígenas.

Así, caemos en cuenta de la importancia que revisten las culturas indígenas para nuestro país y la importancia que tiene el hecho de que en la carta magna esté asentada su protección. Es de sumo sabido que quien no conoce su historia, carece de las bases fundamentales para poder desarrollarse. Cuidar hoy nuestras tradiciones supondrá asegurar que las futuras generaciones conocerán exactamente de dónde vienen y tendrán un patrimonio histórico igual de amplio y enriquecedor que el nuestro.

Por la anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. a III......

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

La Federación, los Estados y los Municipios deberán garantizar la protección, conservación, preservación, divulgación, restauración y, en su caso, recuperación de la cultura y lugares sagrados de los pueblos y comunidades indígenas; prohibiendo su enajenación, exportación o alteración salvo en los casos previstos por las leyes.

V. a X....

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,  a 10 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera".

1 Castellanos V., Gonzalo. Patrimonio cultural: integración y desarrollo en América Latina. FCE. México, 2010.

2 Castellanos V., Gonzalo, op. Cit.

3 García, Joaquín, et.al. La función social del patrimonio histórico: el turismo cultural. Ediciones de la Universidad de castilla. Madrid, 2002.

4 Mesa redonda de expertos sobre “el Patrimonio Cultural Inmaterial - definiciones de trabajo”. Del 14 al 17 de marzo de 2003, Turín, Italia. Consultado en: http://www.UNESCO.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002,  el 04 de Octubre de 2013.

5 Bartolomé, Miguel Alberto, Gente de costumbre, gente de razón. Las identidades étnicas en México, México, Siglo XXI, 1997.

6 Sánchez Z, David. Pueblos indígenas, identidades y derechos en contextos migratorios. Icaria Editorial, Barcelona, 2012.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede ahora la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4o. Y 5o. Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 345 Y 354 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señora Presidenta. Buenos días, Senadoras y Senadores:

El día de hoy presento esta iniciativa, la cual es de suma importancia, buscamos reformar diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de conseguir una mayor legitimidad en las elecciones del país.

Si bien, es cierto que la función del voto sigue siendo legitimar el mandato de quienes ocupan los cargos de dirección política en el Estado. No obstante, esa función actualmente es mayor, cualitativamente más sustantiva y más compleja. En nuestros días, el ciudadano no sólo ejerce su derecho a votar sino que también contribuye a la formación de la voluntad del Estado y al buen funcionamiento de éste.

Debemos reflexionar también sobre los alcances últimos del voto, en el sentido de que el sufragio ha adquirido una función adicional en sociedades más complejas, informadas y populares, por lo que valdría la pena revisar si es necesario hacer cumplir este deber a través de una norma imperativa.

El derecho de sufragio presenta, a su vez, como reverso, su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático. Esta fórmula de obligación ciudadana puede ser una explicación de la aparente contradicción entre la norma jurídica que habla del deber y su no exigibilidad ni penalización.

El objetivo fundamental del cumplimiento del deber de votar es formar la voluntad política de una sociedad, en tanto que la justificación teórica-jurídica, del voto obligatorio reside en la tesis de que la realización del derecho político de participar en la designación de la representación política es sinónimo de deber cívico.

La potestad suprema se manifiesta a través del voto de los ciudadanos, por lo que es importante la participación de todos los mexicanos.

Nuestra Constitución en su artículo trigésimo quinto, consagra a favor del ciudadano un conjunto de prerrogativas o derechos de índole político-electoral, siendo las dos primeras fracciones, las relacionadas con el tema que nos ocupa.

También el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hace referencia a los derechos político-electorales del ciudadano, en algunos de sus artículos.

La obligación es el vínculo jurídico por el que somos constreñidos a ciertas cargas según las leyes, es decir, dicho término por sí solo trae aparejada la idea de una sanción en caso de no cumplir con la misma, en este caso nos referimos al vínculo que existe entre el ciudadano y el Estado de participar en las elecciones.

Las obligaciones político-electorales del ciudadano se refieren intrínsecamente hacia aquellos deberes que debe cumplir el ciudadano en los asuntos públicos democráticos.

No obstante, como se ha dicho, el voto obligatorio no limita ni coarta la libertad del ciudadano.

Por eso, vale afirmar que al introducir, mediante reforma legal, lo relativo a la regulación del voto obligatorio en nuestro país, se pretendería mejorar nuestro sistema electoral, obteniendo así   un sistema político más legítimo y representativo, además de reducir los altos porcentajes de abstencionismo electoral.
Al respecto, cabe señalar que el nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países que establecen el llamado voto obligatorio. En Australia la abstención no supera el 5%, en Austria y Bélgica no sobrepasa el 9% y en Italia no es mayor al 15%.

En México, son contados los procesos electorales en los que participa mayoritariamente la población, entre otras razones por no existir disposición que norme la obligación constitucional del voto. Por tal motivo se debe tomar en cuenta esta problemática para brindar una solución.

En esta propuesta se sancionará hasta con 16 salarios mínimos para el Distrito Federal, a quien no acuda a votar.

El sistema democrático de discusión colectiva y de decisión mayoritaria es más confiable para alcanzar soluciones correctas.

El voto obligatorio es una medida que procura la imparcialidad, es una práctica el voto obligatorio que requiere que las personas voten en elecciones o se presenten ante una autoridad para justificar su ausencia de un proceso electoral. Naciones como Argentina, Brasil, Australia, Uruguay, entre otros, contemplan el voto obligatorio logrando en la participación de los ciudadanos conciencia cívica y legitimidad en la toma de decisiones trascendentales.

El voto obligatorio aumenta de manera importante la participación, y de esta manera los gobernantes electos tendrán una legitimidad más veraz, dada la implicación de la mayor parte de la ciudadanía.

Aunque el ciudadano debería acudir obligatoriamente a votar, si quiere protestar o expresar su inconformidad con el sistema, sigue disponiendo de opciones como el voto nulo o blando a tal fin.

Para obtener una democracia de calidad hay que incluir a todos los gobernados, y no existe medio más eficiente y directo para lograrlo que intentar que el máximo posible de ciudadanos se acerquen a las urnas a fin de expresar sus preferencias políticas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71º fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La justificación del voto obligatorio reside en la tesis de la realización del derecho político de participar en la designación de la representación política es sinónimo de un deber cívico. El sufragio obligatorio, por lo tanto, es aquel cuyo ejercicio no es facultativo, sino obligatorio, es decir, es exigible jurídicamente y, en consecuencia, su incumplimiento es sancionado.

Mario Fernández Baeza, señala que por voto obligatorio debemos entender: “aquel que es impuesto por la ley bajo pena de sanción consistente en una suspensión de derechos políticos-electorales, en caso de no ejercitar el derecho a voto que se tiene en cuanto a ciudadano de un Estado”1

El voto obligatorio implica que la emisión del sufragio sea una obligación cívica para el ciudadano.
En sentido general el voto obligatorio es aquel cuyo ejercicio no es facultativo para su titular, es decir, es exigible jurídicamente y, en consecuencia, su incumplimiento es sancionado. La sanción puede ser de tipo administrativo, económica o de suspensión de derechos político-electorales, cuando incumple con la norma que establece la obligatoriedad de votar.

Hay que distinguir entre el sufragio como “derecho” y el sufragio como “función”, que se vincula directamente con el contenido que tiene el ejercicio del derecho de sufragio, mandatado por un deber moral subjetivo o por una norma socialmente funcional del orden jurídico. Es en virtud de esta discusión normativa que resulta igualmente justificable el establecimiento de la obligación, de un mero deber o bien de la voluntad de ejercer el voto que presentan los distintos ordenamientos jurídico-políticos.

Si bien, es cierto que la función del voto sigue siendo legitimar el mandato de quienes ocupan los cargos de dirección política en el Estado. No obstante, esa función actualmente es mayor, cualitativamente más sustantiva y más compleja. En nuestros días, el ciudadano no sólo ejerce su derecho a votar (derecho a participar) sino que también contribuye a la formación de la voluntad del Estado y al buen funcionamiento de éste.

Debemos reflexionar también sobre los alcances últimos del voto, en el sentido de que el sufragio ha adquirido una función adicional en sociedades más complejas, informadas y populares, por lo que valdría la pena revisar si es necesario hacer cumplir este deber a través de una norma imperativa.

El derecho de sufragio presenta, a su vez, como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático. Esta fórmula de “obligación ciudadana” puede ser una explicación de la aparente contradicción entre la norma jurídica que habla del “deber” y su no exigibilidad ni penalización.

El objetivo fundamental del cumplimiento del deber de votar es formar la voluntad política de una sociedad, en tanto que la justificación teórica-jurídica del voto obligatorio reside en la tesis de que la realización del derecho político de participar en la designación de la representación política es sinónimo de deber cívico.

La potestad suprema se manifiesta a través del voto de los ciudadanos, por lo que es importante la participación de todos los mexicanos.

En México, el ciudadano es la persona física que teniendo la calidad de mexicano por nacimiento o naturalización, habiendo cumplido los 18 años y teniendo un modo honesto de vida, la ley le permite participar, mediante la vía del voto activo o pasivo en las elecciones populares, para decidir sobre la forma de Estado y de gobierno que considere apropiada para el país.

En virtud de la ciudadanía, las personas gozan de ciertos derechos y obligaciones, uno de ellos es la emisión del voto en las elecciones populares. Así podemos considerar que la ciudadanía es la institución que habilita para el ejercicio de los derechos político-electorales y, ello implica deberes y responsabilidades correlativas respecto del Estado.

Nuestra Constitución en su artículo 35º, consagra a favor del ciudadano un conjunto de prerrogativas o derechos de índole político-electoral, siendo las dos primeras fracciones, las relacionadas con el tema que nos ocupa:

“Artículo 35º. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

…”
También el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, hace referencia a los derechos político-electorales del ciudadano, en algunos de sus artículos:

“Artículo 4º.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

...

De lo anterior, tenemos que nuestro sistema electoral se encuentra de manera expresa la obligación de los ciudadanos.

La obligación es el vínculo jurídico por el que somos constreñidos a ciertas cargas según las leyes, es decir, dicho término por si solo trae aparejado la idea de una sanción en caso de no cumplir con la misma, en este caso nos referimos al vínculo que existe entre el ciudadano y el Estado de participar en las elecciones.

Las obligaciones político-electorales del ciudadano, se refieren intrínsecamente hacia aquellos deberes que debe cumplir el ciudadano en los asuntos públicos y democráticos. Así, estas obligaciones se encuentran reguladas en el artículo 36 constitucional en sus fracciones III y IV, que señalan para el tema que nos ocupan:

“Artículo 36º. Son obligaciones del ciudadano de la República:

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

Adicionalmente el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, contempla lo siguiente:

“Artículo 5º.


3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de este Código.

Artículo 180º.

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía.

Por lo tanto, las obligaciones político-electorales del ciudadano son aquellas cargas jurídicas que la Constitución y las leyes electorales han establecido para quienes tienen esa condición.

Así, con fundamento en los artículos 36º, fracción III, y 38º, fracción I, así como el último párrafo de este numeral, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hacen referencia a la obligación constitucional de votar y a la suspensión de las prerrogativas del ciudadano, en este caso, del derecho a votar por el periodo de un año, en caso de incumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones del ciudadano y, el último párrafo de dicho artículo 38o, que nos remite a una ley secundaria, en este caso al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual no se regula nada en relación con la obligación constitucional de votar o a una sanción o procedimiento alguno en caso de incumplimiento de dicha obligación.
No obstante, como se ha dicho el voto obligatorio no limita ni coarta la libertad del ciudadano, tomando como fundamento los artículos 35º, fracción I, 36º, fracción III, y 38º, fracción I constitucionales reseñados, por lo tanto, la participación electoral del ciudadano, no constituye una opción, sino una exigencia de la sociedad a la que pertenece.

En nuestro país, el nivel de participación electoral en el último proceso electoral federal tuvo un porcentaje cercano al 65% de participación de la ciudadanía, aunque normalmente el caudal participativo es inferior, particularmente en aquellos procesos en que sólo se renueva el Congreso Federal o algunos Congresos locales; es decir, aproximadamente la mitad de los ciudadanos que cumplen con los requisitos para poder votar son los que concurren a emitir su voto el día de la elección, lo cual trae como consecuencia que se celebren elecciones cuestionadas en relación con la legitimidad del candidato ganador de la elección, dejando así que sea una minoría de electorales la que decida qué candidato a ocupar un cargo de elección popular gobierne, aun cuando en nuestra Constitución Política se establezca que el voto en la elección popular es una obligación del ciudadano, de conformidad con la fracción III del artículo 36º de dicho ordenamiento.

Por eso, vale afirmar que al introducir mediante reforma legal, lo relativo a la regulación del voto obligatorio en nuestro país, se pretendería mejorar nuestro sistema electoral, obteniendo así un sistema político más legítimo y representativo, además de reducir los altos porcentajes de abstencionismo electoral.

Norberto Bobbio define la abstención como “la falta de participación en el acto de votar”, y en un sentido más amplio como la no participación “en todo un conjunto de actividades políticas”.2

Para Josep María Reniu3, el hecho abstencionista hace referencia a la no participación en algo a lo que se tiene derecho, por lo que dicho concepto ha pasado a calificar -casi en exclusiva- al comportamiento político de aquellos ciudadanos que optan por no expresar su parecer en las convocatorias electorales sobre las que se fundan la mayoría de los sistemas políticos contemporáneos.

El concepto “abstencionismo” no es más que la otra cara de la moneda del concepto “participación”, por lo que éste se configura como antítesis o negación de éste.

En ese sentido, Anthony Downs, autor clásico sobre la racionalidad del voto –citado por José Antonio Crespo- sostiene que la abstención electoral puede ser en algunos casos una conducta racional, sólo bajo ciertas circunstancias. Ya que, el primer cálculo básico que todo elector hace, consciente o inconscientemente, es sí el costo inmediato de ir a votar (en términos de tiempo, esfuerzo para empadronarse y sufragar, así como el costo de oportunidad de hacerlo) es menor al beneficio de corto plazo esperando (si al triunfar un partido sobre otro, existente la oportunidad de que las cosas puedan cambiar o mejorar).

Cuando el costo calculado es mayor al posible beneficio –según este autor- puede ser racional no asistir a la urna, cuando la continuidad de un gobierno de poco merito está prácticamente garantizada por una mínima competencia política, por debilidad o simulación en los oponentes, por existir virtualmente candidatos únicos en un régimen donde no existen condiciones de equidad en la competencia y por la parcialidad del árbitro en la contienda electoral.

El mismo Crespo, nos dice que Downs reconoce que: “Un alto índice de participación en las elecciones, es el escenario más deseable para la democracia, ya que sin la intervención cuantiosa de los ciudadanos, puede aminorarse la legitimidad de los gobernadores”. Por lo tanto, al igual que Pasquino, más grave aún sería que se votara siempre por el menos malo o el de siempre, por desconocimiento da la oferta electoral, el impacto fatuo de la publicidad o por la prebenda del clientelismo, tan característico de las democracias débiles.

Al haber una baja participación de la ciudadanía, denota la cuestión de que hace falta legitimar y reforzar nuestra democracia.
Al respecto, cabe señalar que el nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países que establecen el llamado voto obligatorio. En Australia la abstención no supera el 5%, en Austria y Bélgica no sobre pasa el 9% y en Italia no es mayor al 15%.

En México, son contados los procesos electorales en los que participa mayoritariamente la población, entre otras razones por no existir disposición que norme la obligación constitucional del voto, por tal motivo se debe tomar en cuenta esta problemática para brindar una solución.

De acuerdo con el Diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, derecho es una ventaja o beneficio normativo conferido a un individuo, en este caso nos referimos al beneficio de poder votar para elegir a nuestros representantes. Por tanto, derecho es entendido como un atributo del individuo traducido como el poder absoluto de su voluntad, pero que debe ser limitado por normas de interés social.

En una democracia representativa como la nuestra, la existencia y vigencia del sistema electoral es una pieza fundamental.

Conforme a nuestra Carta Magna, en su artículo 41ºpárrafo I, "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

El artículo anterior nos expresa la importancia que tiene el ejercicio de la soberanía la cual será a través de los poderes de la Unión, estamos ante una crisis de falta de legitimación y por lo cual debemos garantizar la participación ciudadana, ya que la soberanía emana del pueblo, en virtud del interés general es menester tomar medidas que garanticen la participación ciudadana.

Es en la elección de los representantes que integran los poderes de la unión por medio del voto de la ciudadanía, donde se encuentra uno de los elementos principales del sistema democrático.

En nuestra Constitución el voto es obligatorio, ya que emitirlo es un derecho y un deber, como lo señala el artículo 36º,fracción III.

La aplicación de esta reforma electoral permitirá la práctica del régimen democrático en el país, mediante un sistema electoral que otorgue una cultura participativa real de derechos políticos a los ciudadanos.

El voto garantiza la participación de toda la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas; el voto, como participación en el debate político, resulta una obligación la cual se consagra en el texto constitucional, como una obligación jurídica que implica la necesidad de reglamentarla como tal. La democracia está dirigida a obtener un consenso en acciones o actitudes, a través de una aceptación libre por parte de los individuos, de principios que comparten sobre la base de razones morales, con la finalidad de guiar su comportamiento y sus actitudes frente a las acciones de terceros. Continuando con este razonamiento, las normas democráticas proveen razones para creer que son justas, por lo que justifican la acción o decisión, ya que estas, las normas democráticas, tienden hacia la imparcialidad.

El sistema democrático de discusión colectiva y decisión mayoritaria es más confiable, para alcanzar soluciones correctas. El voto obligatorio es una medida que procura la imparcialidad.

Cabe recordar que establecer la obligatoriedad de la emisión del voto es una situación jurídica que no está siendo establecida en esta reforma, sino que ya se encuentra plasmada en nuestra Ley Fundamental, y aquí solo se está reglamentando tal situación legal.

El voto obligatorio es una práctica que requiere que las personas voten en elecciones o se presenten ante una autoridad para justificar su ausencia de un proceso electoral. No sólo en nuestro país el voto es obligatorio, más de treinta naciones cuentan con este sistema electoral, como Argentina, Brasil, Australia, Uruguay, entre otros, logrando en la participación de los ciudadanos conciencia cívica y legitimidad en la toma de decisiones trascendentales.
Está demostrado que las personas que más se abstienen son sistemáticamente aquellas con menor nivel educativo y adquisitivo. Al no participar en el proceso de elección, los políticos no dependen de ellos para ser electos, estos últimos no dirigen su acción pública hacia los excluidos del sistema.

La no abstención crónica del voto, un poderoso instrumento para hacer que los políticos tengan en cuenta a todos los sectores sociales.

El voto obligatorio aumenta de manera importante la participación, y de esta manera los gobernantes electos tendrían una legitimidad más veras, dada la implicación de la mayor parte de la ciudadanía.

Aunque el ciudadano debiera acudir obligatoriamente a votar, si quiere protestar o expresar su inconformidad con el sistema, sigue disponiendo de opciones como el voto nulo o blanco a tal fin.

Para obtener una democracia de calidad hay que incluir a todos los gobernados, y no existe medio más eficiente y directo para lograrlo que intentar que el máximo posible de ciudadanos se acerquen a las urnas a fin de expresar sus preferencias políticas.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

PRIMERO: Se REFORMA el artículos 4º y se ADICIONAN  a los artículos 5º numerales cuatro y cinco, 345º numerales y 354º fracciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 4º.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular, su incumplimiento se sancionará en términos del artículo 345º inciso d) y e) de este cuerpo normativo. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

...

Artículo 5º.

1 a 3

4. Los patrones tendrán la obligación en día de elección, otorgar permiso a sus empleados para suspender sus labores, con la finalidad de que acudan a votar, una vez que hayan concluido con su obligación reanudarán sus labores.

5. El trabajador justificará su ausencia con el resello de la credencial que se realiza al momento de haber votado.

...

a) - j)

Artículo 345º.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

a) – c)…

d) La falta de justificación requerida por la ausencia de la emisión del voto al Instituto Federal Electoral.

e) La no aprobación de la justificación por el Instituto Federal Electoral; y

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 354º.

1…

a) - c)…

d)…

III. La sanción que se aplicará a los que incurran en la negativa del artículo 345 inciso d) y e), conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de este Código, se les aplicará una multa de 16 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Quedan exentos de las sanciones establecidas en la fracción anterior:

a) Los ciudadanos mayores de setenta años;

b) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de la ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada por organismo público, que les impida asistir al acto de elección.

d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones relacionadas a su trabajo deban realizar tareas que le impidan asistir alos comicios durante su desarrollo. En ese caso el patrón o su representante legal comunicarán al Instituto Federal Electoral la nómina respectiva con diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

e) Los que notifiquen la falta de emisión del voto al Instituto Federal Electoral y este determine su justificación.

IV

e) - h)…

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete".

1 Fernández Baeza, Mario, Tratados de Derechos Electoral Comparado de América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 145.

2 Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, et al, Diccionario de política, Volumen I, Siglo XXI Editores, México, 2000, p. 8.

3 ReniuVilamala, Josep María, abstencionismo, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Tomos 1-4, Ed. Plaza y Valdés, Madrid y México 2009.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 97 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y REFORMA EL ARTICULO 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En México, la figura del salario mínimo se estableció con la promulgación de la Constitución General de la República, publicada en 5 de febrero de 1917.

Sobre el salario mínimo, la Ley Federal del Trabajo estipula lo siguiente:

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

En teoría suena bien, sin embargo, en la realidad no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de ningún trabajador, pero por el contrario, sí ha servido como una unidad de medida o una unidad de referencia, cuya usanza de facto pasa a formar parte de sus costos y sus beneficios, esto es, consecuencias favorables o desfavorables para el crecimiento del salario mínimo mismo y su poder adquisitivo.

Sobre los casos más comunes en los que el salario mínimo se utiliza como una unidad de medida, pero no precisamente para efectos laborales ni de ingreso económico del trabajador, se menciona lo que todos conocemos, el significado de las siglas que corresponde a “veces el salario mínimo general vigente en la zona”, esto es, un valor utilizado en nuestro país, por ejemplo, en la fijación de multas o de aranceles como regla para fijar importes que se van actualizando a medida que cambia el salario mínimo.

Por otra parte, como unidad de medida o referencia, también conocemos la denominada UDI, que en su tiempo fue implementada como una medida de protección al sistema financiero, la cual, a la fecha se encuentra en poco uso comercial; mientras que por otro lado, se han incrementado los créditos, además de los calculados en pesos y centavos, aquellos créditos basados en salarios mínimos, cual si fuese una unidad de inversión.

Sobre este último caso, debemos ser realistas y tomar en cuenta que existe un esquema financiero o crediticio basado en salarios mínimos, alterno a las UDIS, en el que el saldo se incrementa año con año conforme aumenta el susodicho salario mínimo.

Estos créditos son cada vez más usuales en el sistema financiero, incluso con mayor auge en los que están a cargo de las mismas entidades públicas en materia de prestaciones sociales como es el INFONAVIT. En este sistema se ofrecen los productos crediticios a trabajadores que ganan según dicha unidad; en el que el salario mínimo es un indicador que aumenta anualmente, por lo que se supone que el sueldo de las personas y las mensualidades del crédito crecerán a un ritmo similar; sin embargo, todos sabemos que esto no es así.

Pero esto no es lo único grave, porque a su vez podemos estar frente a un potencial pleno para el deseable incremento del salario mínimo, ante el daño económico que pudiese sufrir, precisamente, quien en realidad debería beneficiarse, es decir, los trabajadores.

Se trata del dilema en el que, si el salario mínimo no se incrementa, malo; y si sube, peor.
Esto, porque irónicamente, el incremento al salario mínimo pueda ser más perjudicial que provechoso, por sus consecuencias para con los trabajadores y usuarios del sistema financiero, por datos como los siguientes:

- El crédito en salarios mínimos tiene un comportamiento similar a las UDIS en términos de refinanciamiento de intereses, esto es, sus tasas contienen dos componentes, una fija y una variable; a la fija se la añade el factor de inflación para el caso de las UDIS y el aumento al salario mínimo a las que están referenciadas a éste.

- Por lo tanto, la mensualidad y el salario insoluto crecen igual que el salario mínimo, luego entonces, mientras mayor sea el incremento a éste, más será perjudicial para el deudor y viceversa.

- Tratándose de UDIS y salarios mínimos, si el salario de las personas no crece al mismo ritmo de la inflación o los incrementos al salario mínimo, pueden tener problemas para cubrir el pago requerido en su futuro.

- Un crédito en UDIS y salarios mínimos tendrá la desventaja de que van a estar sujetos a las condiciones macroeconómicas. Se reconoce que un eventual incremento considerable al salario mínimo, es una variable de riesgo.

De tal suerte, que el hecho de que el salario mínimo sea considerado como una unidad de medida en el sistema crediticio, puede mermar sus expectativas de aumento; pues mientras que por un lado su incremento perseguiría la actualización del poder adquisitivo de los trabajadores, por otro lado implicaría un impacto negativo para los pasivos de éstos, al acrecentar sustancialmente sus deudas, principalmente en hipotecas.

Según las reglas de operación del propio INFONAVIT y para poner un caso específico y claro, un trabajador que gane un salario mínimo tendría derecho a un crédito del INFONAVIT del orden de los 118 mil pesos y como sucedió en este año, el incremento al salario mínimo se fijó en 3.9 %, si es así, sobre el salario mínimo estaríamos hablando que el salario mínimo tuvo un incremento de 2 pesos con 50 centavos.

Sin embargo, el crédito de los 118 mil pesos tendría un incremento de 12 pesos con 50 centavos, es decir, la medida para fijar el salario mínimo resulta perjudicial para el trabajador porque el incremento es prácticamente exponencial comparado con el ingreso que tiene.

Y si a eso le sumamos el 4% en la tasa fija que se establece para el salario mínimo, estaríamos hablando entonces que un aparente beneficio para el trabajador no se da.

Por eso es que esta iniciativa, mediante la cual se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 97 Bis.- Los salarios mínimos no podrán considerarse como unidad de medida de inversión o crediticio en los sistemas financieros. Los créditos relacionados con las prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores, deberán contratarse en moneda nacional.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 44.- Los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, devengarán intereses sobre el saldo insoluto de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

El Instituto otorgará créditos en pesos, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar las mejores condiciones financieras para los trabajadores y previendo que las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

"El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En términos generales podemos decir que el Salario Mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente para cada periodo laboral, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.

En México, la figura del Salario Mínimo se estableció con la promulgación de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI.

Conforme la Ley Federal del Trabajo, respecto del Salario Mínimo en nuestro país, ésta dice lo siguiente:

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

En la teoría suena bien, sin embargo, en la realidad es sólo una utopía.

El salario mínimo no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de ningún trabajador, a quien la ley llamó como jefe de familia; pero por el contrario, a últimas fechas sí ha servido como unidad de medida o unidad de referencia, cuya usanza de facto pasa a formar parte de sus costos y beneficios, esto es, consecuencias favorables o desfavorables para el crecimiento del salario mínimo mismo y su poder adquisitivo, en repercusión directa para el trabajador.
Al respecto, cabe hacer mención sobre los casos más comunes en los que el Salario Mínimo se utiliza como unidad de medida, pero no precisamente para efectos laborales ni de ingreso económico del trabajador.

• Todos aquí sabemos el significado de las siglas VSMGZ, que corresponde a “veces el salario mínimo general vigente en la zona”, esto es, un valor utilizado en nuestro país, por ejemplo, en la fijación de multas o de aranceles, como canon para fijar importes que se van actualizando a medida que cambia el salario mínimo.

• Por otra parte, como unidad de medida o referencia, también conocemos de la denominada UDI (unidad de inversión), que en su tiempo fue implementada como una medida de protección al sistema financiero, la cual, a la fecha se encuentra en poco uso comercial; pero que, contra esa baja en el uso, podemos también decir, que se han incrementado los créditos, además de los calculados en pesos y centavos con tasas fijas o variables, de aquellos créditos basados en SALARIOS MINIMOS (cual si éste fuese una unidad de inversión).

Sobre este último caso, debemos ser realistas y tomar en cuenta que existe un esquema financiero o crediticio basado en salarios mínimos, a diferencia o alterno al de las UDIS, en el que el saldo se incrementa año con año conforme aumenta el susodicho Salario Mínimo. Siendo este diseño el que puede representar un elemento negativo para el crecimiento del Salario Mínimo y para la economía misma de los usuarios del servicio financiero.

Estos créditos en salarios mínimos, no sólo los otorga el sistema financiero a cargo de los particulares, sino las mismas entidades financieras en materia de prestaciones sociales, como el mismo Instituto Nacional  para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), incluso, demás sistemas crediticios de seguridad social, por ejemplo, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con motivo de la seguridad social burocrática para los trabajadores de ese Estado. En este sistema se ofrecen los productos crediticios a trabajadores que ganan según dicha unidad; en el que el salario mínimo es un indicador que aumenta anualmente, por lo que SE SUPONE QUE el sueldo de la persona y las mensualidades del crédito crecerán a un ritmo similar; sin embargo, sabemos que eso no es así.

Pero esto no es lo único grave, porque a su vez, podríamos estar frente a un escenario paradójico y contrario totalmente a la naturaleza jurídico-social del Salario Mínimo, por ende, ante un potencial freno para su deseable incremento ante el daño económico que pudiese sufrir precisamente, quien en realidad debiera beneficiarse. Los trabajadores.

Se trata del dilema en el que, si el Salario Mínimo no se incrementa, malo; y si sube, mas malo.

Esto, como un candado en el que irónicamente el incremento al Salario Mínimo pueda ser más perjudicial que provechoso, por sus consecuencias para con la clase trabajadora y usuaria del sistema financiero, por datos como los siguientes:

• El crédito en salarios mínimos tiene un comportamiento similar al de las UDIS en términos de refinanciamiento de intereses, esto es, sus tasas contienen dos componentes, una fija y una variable; a la fija se añadiría el factor de inflación para el caso de las UDIS y el aumento del salario mínimo a las que están referenciadas a éste.

• Por lo tanto, la mensualidad y el saldo insoluto crecen igual que el salario mínimo, luego entonces, mientras mayor sea el incremento a éste, más será perjudicial para el deudor y viceversa.

• Tratándose de UDIS y SALARIOS MINIMOS, si el salario de las personas no crece al mismo ritmo de la inflación o los incrementos al salario mínimo, pueden tener problemas para cubrir el pago requerido en un futuro.

• Un crédito en UDIS y Salarios Mínimos, tendrá la desventaja de que van a estar sujetos a las condiciones macroeconómicas. (Se reconoce que un eventual incremento considerable en el Salario Mínimo, es una variante de riesgo)
• A diferencia, el crédito en pesos a tasa fija es el esquema más conservador, ya que sus pagos son fijos y el saldo insoluto empieza a disminuir desde el primer mes.

• En este último caso, si el ingreso de las personas aumenta es más fácil cubrir la mensualidad, ya que en términos relativos ese pago representa un menor porcentaje de su ingreso conforme va pasando el tiempo.

(Consideraciones de la Gerencia de Diseños de Productos de INFONAVIT y ejecutivos de Grupo Financiero HSBC.)

De tal suerte, que el hecho de que el Salario Mínimo sea considerado como una unidad de referencia en el sistema crediticio, puede mermar sus expectativas de aumento; pues mientras que por un lado su incremento perseguiría la actualización del poder adquisitivo de los trabajadores, por otro lado implicaría un impacto negativo para los pasivos de éstos, al acrecentar sustancialmente su deuda, principalmente de hipoteca, con el riesgo de que los efectos negativos superasen los positivos.

De esta manera, el Salario Mínimo difícilmente se podrá consolidar como el pretendido ingreso mínimo que las familias mexicanas necesitan para obtener los satisfactores básicos necesarios.

En su lugar, es necesario generar las circunstancias y escenarios que permitan incrementar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, en los que el hecho de que el Salario Mínimo  sea utilizado en los sistemas crediticios cual si se tratase de UNIDAD DE INVERSIÓN, definitivamente no abona.

Cabe decir, que las razones dadas no implican que los contratos basados en el Salarios Mínimo sean ilegales o ilegítimos, pero sí, que en una valoración de efectos positivos y negativos de su incremento, definitivamente sí constituye un elemento de peso que le resta posibilidades de crecimiento; pues este tipo de repercusiones evidentemente deberán ser tomadas en cuenta por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Por otra parte, es evidente que estos esquemas crediticios pretenden una protección financiera a los entes de tal naturaleza, sin embargo, considero que debe estarse a esquemas o fórmulas distintas y no a uno que, lamentablemente, se traduce en un ingrediente que de facto obstaculiza el incremento del de por sí, irreal salario mínimo.

Corrobora lo anterior, el que especialistas dedicados a los bienes raíces y sus modelos de financiamiento consideren como una ventaja en un crédito relacionado con el Salario Mínimo, el hecho de que las mensualidades no crecerán más de lo que avance éste. Esto es, se apuesta a la seguridad de que no tendrá incrementos significativos.

Si de por sí, los trabajadores no se benefician de los aumentos del Salario Mínimo, pues no han tenido efectos sobre la desigualdad y la pobreza, luego entonces, al adicionarle graves impactos en los pasivos de los trabajadores menos aún será posible lograr que la figura del salario mínimo cumpla con su objetivo.

Lo anterior, sin pasar por alto que, independientemente de que el Salario Mínimo pudiera obtener los incrementos deseables o no, aún en las condiciones hasta ahora dadas, los créditos con base en salarios mínimos pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los acreditados.

Estos créditos generan que la deuda sea cada vez mayor, pues dependen de los aumentos anuales de tal indicador. Con ello, cada año se actualiza e incrementa el monto de la deuda, sobre la cual, a su vez se aplican los intereses, por lo que la deuda crece en base a ambos supuestos (Actualización por Salario Mínimo e intereses). Luego, como son créditos generalmente de plazos largos, prácticamente las personas no amortizan capital y al no hacerlo y tener una base variable, cada año deben más.

Este problema tampoco es menor, ya que según datos de la empresa financiera THF “Tu Hipoteca Fácil”, 7 de cada 10 créditos hipotecarios en el país son generados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) bajo el concepto de Salarios Mínimos.
Para muestra, un botón. En un caso real, tratándose del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), a una persona que percibe un salario mínimo, de conformidad a las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2013, se le puede dar financiamiento por 89 veces el salario mínimo. Si lo hubiese adquirido el año pasado alcanzaría la cantidad de 172,900 pesos, a razón de 62.33 que fue el monto para 2012. Luego, al pasar al año 2013, el salario mínimo se incrementó en un 3.9% (64.76), esto es, 2.43 pesos diarios; sin embargo al aplicar dicho porcentaje al monto financiado, éste implicaría un aumento de 18.47 pesos diarios. A esto, se la añade la tasa fija de interés, la que se aplica a su vez sobre el incremento al salario. (Interés sobre interés)

Entonces, la fórmula indexada a salarios mínimos en realidad no incrementa los créditos al ritmo en que un trabajador puede ver incrementado su ingreso.

A la fecha, este esquema del INFONAVIT en el mejor de los casos, ha actuado de manera similar al mercado en general, sin embargo, en un incremento más significativo al Salario Mínimo tendría consecuencias delicadas o peligrosas. Tan así, que de 2005 a 2009 se hicieron más 700 mil reestructuras por créditos en mora. Según cifras del INFONAVIT, en 2013 ha alcanzado el nivel más alto en cartera vencida en los últimos 8 años, con 6.65%. (Tan solo el año pasado se otorgaron aproximadamente 500 mil hipotecas y 3 millones durante el sexenio pasado)

Una institución como el INFONAVIT puede equivaler a más del 50% del financiamiento hipotecario, por lo que hay que cuidarla, cuidando también a los acreditados a efecto de que los equilibrios económicos no se rompan o colapsen.

Finalmente y a manera de conclusión, tanto por las implicaciones directas de este modelo de financiamiento para el acreditado, al comportarse de manera parecida a la conocida Unidad de Inversión (UDI), pero riesgosamente aplicado en mayor medida a la clase trabajadora; además de constituir un factor negativo para la adecuada actualización de los salarios mínimos en México y mejorar su poder adquisitivo; puede decirse que el uso del Salario Mínimo como unidad de medida financiera resulta en realidad contraproducente; y por tal motivo, que deba ser evitada.

En ese orden de ideas, la propuesta en concreto que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en la adición a la Ley Federal del Trabajo, de una disposición que expresamente prohíba la utilización del Salario Mínimo General en nuestro país como unidad de medida de inversión y financiamiento; así mismo, para que los esquemas crediticios otorgados con motivo de las prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores, sean contratados en moneda nacional; con su consecuente adecuación en el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que trata precisamente de los ajustes en torno al salario.

Cabe decir, que respecto del uso referencial del salario mínimo en caso de multas y otros aspectos, no ha mostrado ser una contrariedad a la naturaleza intrínseca del Salario Mínimo por lo que en este supuesto no se realiza sugerencia al respecto, solamente acerca de su uso financiero o crediticio.

Así las cosas, tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ARTICULO 97 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y REFORMA EL ARTICULO 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 97 Bis.- Los salarios mínimos no podrán considerarse como unidad de medida de inversión o crediticio en los sistemas financieros. Los créditos relacionados con las prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores, deberán contratarse en moneda nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 44.- Los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, devengarán intereses sobre el saldo insoluto de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

El Instituto otorgará créditos en pesos, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar las mejores condiciones financieras para los trabajadores y previendo que las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

TRANSITORIO

UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero".

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Sí, Senador Blásquez Salinas?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Le pido al compañero Senador si me permite suscribir esa herramienta necesaria para la retención de la vivienda del trabajador.

¡Te felicito, Senador, te felicito!

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Senador Lozano Alarcón?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Senador Casillas Romero, si me permite también agregarme a la iniciativa, lo felicito por ésta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Las Senadoras y Senadores que están levantando la mano, ¿es para el mismo efecto? Le ruego a la Secretaría tomar nota de sus adhesiones.

Muchas gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Enseguida, tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA

(Presentada por la C. Senadora María de los Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Quisiera someter a consideración de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, una reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.

Antes de 1992, la promoción mínima de tiempo de pantalla para el cine mexicano en las salas cinematográficas nacionales era de 50 por ciento. En dicho año, el entonces Presidente Carlos Salinas, envió una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Cinematográfica, cuyo propósito era acoplar la débil industria cinematográfica mexicana, de ese momento, al concepto de entretenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así, se redujo el tiempo de pantalla al 10 por ciento y se aprobó la Ley Federal de Cinematografía.

Hacia 2011, según el informe de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma, el estreno de cintas nacionales se había reducido al 7 por ciento. Cualquiera que revise la cartelera cinematográfica en estos días, y que cuente los estrenos mexicanos, podrá percatarse de que este porcentaje ha sido o ha venido a la baja y que ni siquiera se cumple con lo establecido en la ley, seguimos debajo de lo establecido en la ley y mucho más lejos del 20 por ciento del promedio mundial.

Aunque existe una amplia legislación dedicada no sólo a regular la industria, sino también a promover el cine nacional mediante el fomento de la producción mexicana, en los hechos ha impuesto una chata visión que se negoció en el Tratado de Libre Comercio y que excluyó de las negociaciones el tema de la cultura, de este modo se ha venido imponiendo una realidad ajena a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución mexicana, en el cual se establece como garantía individual de todo mexicano o mexicana el acceso a la cultura, igualmente el modelo de negocios vigente camina en contrasentido del artículo 6o. de la Ley Federal de Cinematografía, donde se establece que las películas son obras culturales y artísticas que deben de ser preservadas y rescatadas.

Los exhibidores suelen invocar criterios de calidad para determinar la programación en número de salas y los horarios, sin embargo, es evidente que una gran parte de las cintas holiwoodenses que se exhiben son de baja calidad artística, técnica y de contenidos.

Estas producciones, además, se han impuesto como un modelo para producciones nacionales que resultan éxitos de taquilla, pero son igual de mediocres que las producciones extranjeras. Cuentan, eso sí, con altos presupuestos para su promoción publicitaria.

 En ocasiones, los ejecutivos de las cadenas exhibidoras argumentan que una cinta nacional es tratada exactamente como cualquier otra, y no es así, de entrada, porque evidentemente las cintas de manufactura estadounidense suelen tener presupuestos de promoción que rebasan con mucho los costos totales de las cintas mexicanas.

Los productores nacionales, por otro lado, deben recorrer un largo, lento y complicado camino para que las cadenas acepten exhibir sus películas y, sobre todo, para que permanezcan más de una semana en exhibición, como si se tratara de un favor.

Existen estos casos recientes de películas mexicanas que han sido fenómenos de taquilla.
Igualmente, en los últimos años, un buen número de mexicanos, que son gente de cine, ha triunfado fuera de nuestras fronteras. Su talento, que muchas veces no se ve reconocido aquí, ha obtenido premios y reconocimientos en los más importantes foros del cine mundial.

Estos hechos deberían contribuir para que el público regrese a ver cine mexicano, el buen cine mexicano. Pero esto depende mucho de los espacios que se consigan abrir para su exhibición.

El criterio de rentabilidad económica inmediata no puede ser el único que guíe la exhibición de cintas en las miles de salas del país.

Tenemos ejemplos de películas mexicanas con impacto y relevancia social con calidad artística y de contenido, que retrata nuestra realidad, que han triunfado en festivales y han sido éxitos rotundos en taquilla. Ese fenómeno podría multiplicarse, pero desgraciadamente es la excepción, y lo seguirá siendo en tanto el cine mexicano compita en condiciones de franca desventaja con producciones estadounidenses.

Excelentes producciones mexicanas, obras de reconocidos cineastas mexicanos premiados fuera de nuestras fronteras se topan con la pesada lápida de que sólo se les exhiba durante una semana, a lo más dos.

Los ejemplos de Brasil y Argentina, con el crecimiento sólido de sus industrias cinematográficas, están a la vista y nos indican que es posible brindar más apoyo a nuestro cine mexicano.

El artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, en su párrafo segundo, concede sólo una semana de garantía para la permanencia de la película mexicana tras su estreno. Este plazo, sin duda, resulta insuficiente para saber si una película, de cualquier nacionalidad, es aceptada por el público.

Habría que ver lo que sucedería si se limitaran los promociónales que acompañan a las producciones holliwoodenses a que sólo una semana estuvieran en las salas tras su estreno, como ocurre con las cintas del cine nacional.

El porcentaje de 10 por ciento de tiempo en pantalla se puede alcanzar si el tiempo de garantía de estreno al que se refiere el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, se extiende a 3 semanas, plazo en el que no sólo se cumpliría el mandato legal establecido en el primer párrafo del artículo citado, sino que además permitiría que cada película mexicana que se estrene cuente con la promoción, de boca en boca, que hace el propio público y que es fundamental para su permanencia en pantalla.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el artículo 19, en su segundo párrafo:

ARTICULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.

Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artIculo 19 de la Ley Federal de CinematografIa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hasta antes de 1992, la proporción mínima de tiempo de pantalla para el cine mexicano era de 50%. En dicho año, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, envió una iniciativa de reforma a Ley de la Industria Cinematográfica, cuyo propósito simplemente era acoplar la débil industria cinematográfica mexicana, de ese momento, al concepto de entretenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo cual se redujo el tiempo de pantalla al 10% y se aprobó la Ley Federal de Cinematografía.1

Según el informe de resultados de 2011 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma, de 2008 en que la proporción de películas mexicanas estrenadas fue cercana al 9% y en 2011 mostró una caída estrepitosa hasta el 7%, porcentaje notoriamente inferior al mínimo que marca el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.2

Lo anterior contrasta con la amplia legislación en la materia, la cual tiene por objetivo, además de regular la industria, promover el cine nacional fomentando la producción mexicana. Lo ya mencionado se debe a la falta de visión del Gobierno mexicano durante las negociaciones del TLCAN, donde no se excluyó oportunamente el tema cultural mexicano, con lo que se le convirtió en una mercancía más a merced de las leyes del libre mercado. Cabe señalar que en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de todo mexicano el acceso a la cultura, además de que la Ley Federal de Cinematografía en su artículo 6° estipula que las películas son obras culturales y artísticas que deben de ser preservadas y rescatadas, preceptos que se ven violentados con el casi nulo apoyo en pantalla a las películas nacionales en favor de las producciones holiwoodenses.

Si hiciéramos caso a presuntos criterios de calidad para determinar la programación de películas y la determinación de salas y horarios, es fácil reconocer una baja calidad artística, técnica y de contenidos de una gran parte de las películas de Hollywood que no solamente se nos imponen en las pantallas, sino que también sirven de modelo para producciones nacionales exitosas, sí, pero mediocres, ya que cuentan con la ventaja de una amplia y muy costosa promoción publicitaria; es decir, se nos da alimento chatarra para la mente como si fuera lo único que pudiéramos asimilar.

Sin duda, cada quien elige de la producción cinematográfica lo que más conviene y es compatible con su formación e intereses, pero una verdadera libertad de elección existiría si hubiera una amplia gama de opciones, lo cual no sucede, como se ha señalado.

Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, sino de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico que el cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasada y presente.

Según datos del “Informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013”, para 2012, en las más de 5 mil trescientas salas de cine en el país, el número de estrenos comerciales se ubicó en 319, mientras que los estrenos nacionales fueron solamente 67. Lo anterior demuestra que los estrenos nacionales representan el 21 por ciento sobre el total de estrenos exhibidos, mismos que acumulan casi el 5 por ciento de asistencia de espectadores y obtienen el 4.5 por ciento de la recaudación.3 La asistencia a las salas de cine registró en el mismo año un monto de 229.5 millones de personas, misma que dejó una recaudación por 815.4 millones de dólares.

Aunado a lo anterior, la cuota de mercado de cine estadounidense, en espectadores y recaudación, se mantuvo por encima del 87 por ciento en ambos rubros en el trienio 2010+2012, dejando una derrama por 2 mil 319 millones de dólares, mientras que el cine nacional alcanzó el 4.95 y 4.55 por ciento respectivamente, dejando una derrama por 124.9 millones de dólares, con lo que se puede observar la asimetría que presente el sector mexicano con respecto al norteamericano, siendo 4

Estamos en condiciones de inequidad, condiciones reales que impiden una verdadera competencia, esto es, como ya se dijo anteriormente, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se dio pié al aumento de la presencia de inversionistas norteamericanos y canadienses, mismos que dominan los mercados mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, bajo las reglas del libre mercado que resultan en suma negativas para las producciones mexicanas, además de que se cuenta con un duopolio en la prestación del servicio de pantallas cinematográficas.

Llama la atención que en el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, particularmente en su párrafo segundo, se conceda sólo una semana de garantía para la permanencia de una película mexicana como estreno, plazo que sin duda resulta insuficiente para saber si una película, sea de la nacionalidad que se quiera, es aceptada por el público. Habría que ver lo que sucedería si se limitara el alud promocional al que están acostumbradas las producciones hollywoodenses y tuvieran que contentarse con una semana de estreno, como se le hace a nuestro cine.

El porcentaje de 10% de tiempo en pantalla se puede alcanzar si el tiempo de garantía de estreno al que se refiere el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía se extiende a tres semanas, plazo en el que no sólo se cumpliría el mandato legal establecido en el primer párrafo del artículo en cita, sino que en la práctica permitiría que cada película mexicana  estrenada pudiera ser promocionada por el propio público con perspectivas de ver aumentado su tiempo en pantalla. No sólo se estaría propiciando el cumplimiento de la Ley, sino se estaría incentivando una industria que no sólo se hace evidente en su producto final en la pantalla de una sala de cine, sino que produce empleos en cada una de las etapas en las que dicho producto se mueve.

En consideración de lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.

Artículo Unico: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

Ley Federal de Cinematografía

Capítulo IV
De la exhibición y comercialización

ARTICULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.

Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.

TRANSITORIO

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 CINEFOREVER, “La Ley Federal de Cinematografía. Un recuento a diez años de su publicación”, Consultado el 11 de Octubre de 2013, http://www.cineforever.com/2009/08/22/la-ley-federal-de-cinematografia-un-recuento-a-diez-anos-de-su-publicacion/

2 CANACINE, Informe de Resultados 2011, Consultado el 11 de Octubre de 2013, http://www.canacine.org.mx/index.php/resultados-2011.html

3 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovuales (EGEDA), “Informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013”, pp. 140, Consultado el 11 de Octubre de 2013, http://www.egeda.es/documentos/Panorama_Iberomaricano_2013_Final2_PRTGD.pdf

4 Idém.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Noreste, Campus Torreón, del estado de Coahuila, que han sido invitados por la Senadora Hilda Flores Escalera y el Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que a petición de la Comisión de Salud, se retiró de la agenda de hoy la discusión de los dictámenes relativos a:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3 de la Ley General de Salud.

Y proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud.

Dichos dictámenes serán agendados en la próxima sesión.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a enviar a comisiones del Senado un informe de los programas específicos, apoyos institucionales y políticas públicas destinados al apoyo de migrantes.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

La problemática migratoria en México no atañe únicamente a las mexicanas y a los mexicanos que dadas las deplorables condiciones de vida que imperan en el país, han tenido que migrar a otras partes, sino que también involucra a extranjeras, a extranjeros que se internan al país para poder llegar a los Estados Unidos.

En numerosas ocasiones hemos tenido que subir a esta tribuna a hablar a favor de los derechos de los migrantes mexicanos, quienes de manera sistemática ven vulnerados sus derechos a manos de las o de los empleadores, particularmente, de aquellos ciudadanos norteamericanos que se oponen a que residan en ese país.

Sin embargo, aunque penoso, tenemos que reconocer que la situación de los migrantes que se internan en México, para residir aquí, o simplemente como medio para llegar a Estados Unidos no es muy distinta de la situación de la que nos quejamos, esto es a pesar de que el artículo 1o. de nuestra Constitución establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución.

También señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que la ley establezca”.

Pero además, señalo, que de manera enfática, nuestra Carta Magna, imprime que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En ese sentido, señora Presidenta, en pleno acatamiento a lo estipulado por nuestra Carta Magna, todos los poderes del Estado y todos los ámbitos de gobierno, debemos trabajar de manera coordinada para respetar y hacer respetar los derechos de toda aquella persona que se encuentre en territorio nacional, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria.

Mi voto, compañeras y compañeros, será, por supuesto, a favor del dictamen que estamos discutiendo ya que coincido plenamente con las Senadoras y los Senadores integrantes de la comisión proponente, en relación a que necesitamos allegarnos de la información que nos permita contribuir con el gobierno federal y con los gobiernos estatales y municipales, a impulsar estrategias que posibiliten una estancia segura para los 300 mil migrantes que se internan en México, de manera anual, según datos del propio Instituto Nacional de Migración.

Es mi posición, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a proponer y desarrollar alternativas distintas de tratamiento a los menores migrantes al momento de su detención.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen. Debido a que no hay oradores en el presente tema, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las investigaciones internas del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Debido a que no hay oradores registrados en este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a considerar la situación que denuncian representantes de migrantes centroamericanos contra las oficinas de regularización migratoria de ese instituto, en el estado de Chiapas.

Pido a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a diseñar el fundamento jurídico para una reforma municipal que atienda el ejercicio oportuno de los programas destinados a ese orden de gobierno.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda, nuestro voto será a favor del dictamen que han presentado nuestras compañeras y compañeros Senadores de la República.

Los municipios del país se encuentran en una situación de gravedad que no les permite atender de manera eficiente los servicios públicos, las obras necesarias, ni la seguridad pública que demandan los ciudadanos.

El tema de fortalecimiento municipal, es una lucha que hemos venido dando frente a la urgencia por retomar la vocación federalista del pueblo mexicano, para impulsar un proceso que redistribuya con mayor justicia y equidad los recursos públicos de la nación.

La falta de soluciones a las diferentes demandas y planteamientos que desde hace mucho tiempo han venido haciendo los gobiernos municipales, provocan que se asuman medidas extremas. El día de ayer, el presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, el doctor Ygnacio López Mendoza, levantó una huelga de hambre que duró 19 días en las afueras de esta Cámara de Senadores.

El presidente Ygnacio se va reconociendo algunos avances, y sobre todo porque diversos actores políticos han asumido un compromiso por atender la agenda mínima planteada por la Conferencia Nacional de Municipios de México, donde se demanda un trato distinto y se exigen mayores equilibrios.

La lucha de los municipios mexicanos debe hacer eco en este Senado de la República, que no puede permanecer ajeno a la crisis que sigue asfixiando a nuestros gobiernos municipales.

Hemos dicho, en diversas ocasiones, que el proceso de descentralización que vive nuestro país, sobre todo en materia hacendaria, afecta a la autonomía y reduce al mínimo las capacidades de los municipios para hacer frente a sus responsabilidades. Por ello, hoy estamos de acuerdo en exhortar al gobierno federal para que se realice un diagnóstico sobre las condiciones económicas, sociodemográficas, políticas, culturales e institucionales, en que se encuentran los municipios mexicanos; seguramente habrá de exhibir la crisis a la que me he referido. Pero lo más importante, es que estamos a favor de que este Senado, adopte un compromiso de cara a la nación, para construir una reforma municipalista que el país necesita con urgencia.

Por supuesto que esta reforma debe ser construida con las autoridades locales; debemos garantizar la viabilidad de la figura del municipio mexicano y rescatar el lugar fundamental que le corresponde en el desarrollo.

El municipio es el orden de gobierno más adecuado para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y debe incidir mucho más en el combate a las desigualdades y a la pobreza. Asegurar los recursos para un diagnóstico es buen inicio. Desde aquí debemos llamar a nuestra Colegisladora para no regatear recursos, para aprobar un presupuesto que sea histórico por su profunda visión municipalista.

Esperamos que tanto en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el Ejecutivo Federal exista altura de miras, que inicie de una vez la discusión de una reforma de fondo que modifique la estructura de distribución de recursos públicos en nuestro país, con justicia y equidad.

Esta es una condición para fortalecer el régimen pluralista y democrático, para contar con un crecimiento sostenido.

Apostemos por recuperar el auténtico federalismo, por fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos municipales ante los enormes flagelos que enfrentamos como sociedad, ante las grandes necesidades de la población; ellos son quienes conviven diariamente y tienen mayor cercanía con las demandas sociales.

No basta con aprobar medidas exiguas. No se trata de otorgar dádivas a los ayuntamientos, sino reconocer lo que por derecho les corresponde. No podemos seguir tratando a nuestros municipios como menores de edad; ellos deben tener la capacidad de construir, de trabajar con visión de largo plazo, de planificar a favor de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, y no sólo de administrar las urgencias.

El Presidente de la República se comprometió a incluir en la reforma hacendaria el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales. Hoy que conocemos la iniciativa del Ejecutivo Federal, no vemos cómo se incrementará la capacidad financiera de los municipios.

Hoy requerimos de un nuevo arreglo que fortalezca al Estado nacional, pero desde abajo y desde lo local. Hacemos un llamado para que de inmediato se atienda esta difícil situación que viven los municipios de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón.

Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

A mis compañeras y compañeros Senadores, por supuesto que les invito a que apoyemos este punto de Acuerdo que plantea que el Senado de la República reconozca que la situación que viven hoy en día los municipios es sumamente difícil, no solamente en cuanto a su estabilidad económica, sino también en cuanto a los temas administrativos; pero, sobre todo, muchos municipios del país viven una crisis de credibilidad, así como los demás órdenes de gobierno.

Sin embargo, ellos mismos, desde el nivel local, se han organizado; están trabajando de manera coordinada los municipios de nuestro México para lograr mejores resultados. Han alzado la voz para decir cuáles son las situaciones que padecen, cuáles son los planteamientos específicos que nos hacen, no solamente a los legisladores, sino también al Poder Ejecutivo, y cómo ven ellos que pueden ser las opciones o las posibilidades a través de las cuales podamos fortalecerles.

Existen, sí, debemos de reconocerlo, programas específicos que tienen como objetivo apoyar a los municipios, darles o asignarles recursos económicos para que puedan construir mejores obras públicas, para que puedan brindar servicios públicos como se merece la población y para que puedan atender todos los planteamientos que la ciudadanía les hace día con día.

Sin embargo, estos programas de apoyo, debemos de señalar, consideran diferencias que viven los municipios, que vienen considerándose desde hace tiempo. Se catalogan como municipios urbanos, municipios rurales o municipios metropolitanos, básicamente, considerando la cantidad de habitantes que viven en cada uno de estos municipios.

Hoy debemos reconocer que esta circunstancia se ha venido modificando, ya que no solamente catalogamos a un municipio urbano o a un municipio rural; existen municipios en donde antes eran rurales y hoy están llegando a ser conurbanos con municipios que están sumamente desarrollados.

Es importante que los programas del gobierno federal reconozcan la realidad que viven los municipios, que sus circunstancias han venido cambiando y que ya no es suficiente que sólo se les asignen más recursos económicos, ¡no!

Debemos fortalecer a los municipios en diferentes sentidos, y la pregunta es: ¿cómo legislar, desde este Senado de la República, para sentar las bases para ese fortalecimiento municipal, que es, al final de cuentas, el municipio, la primera instancia de atención a los ciudadanos de este país?

El punto de Acuerdo que hoy se analiza y se somete a discusión y votación, plantea que se pueda hacer un análisis, una revisión de la metodología a través de la cual se clasifican los municipios, para poder replantear esta clasificación de acuerdo a la realidad que se vive en nuestro país.

Los Senadores de la República reconocemos, estoy segura, que es nuestra responsabilidad sentar las bases para una gran reforma municipalista.

Hoy trabajamos estas grandes reformas históricas, que sin lugar a dudas van a transformar la realidad de nuestro país. No olvidemos que los municipios, al ser la célula principal de la organización política de México, también necesitan que volteemos a verlos; también necesitan de nuestra atención, de nuestro apoyo a través de acciones y asignaciones presupuestales, pero sobre todo, a través de reformas legislativas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mely Romero.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Todo mundo comenta que el municipio es la célula más importante de la República; sin embargo, a la hora de revisar su importancia, nos encontramos con que el municipio mexicano está subordinado, en todos los sentidos, al gobierno estatal. Es decir, los municipios, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que deberá manejar de manera libre su hacienda, tienen el problema de que no pueden establecer una relación directa con la Federación, y absolutamente todos los recursos que van al municipio, necesariamente pasan por la tesorería de las entidades federativas, y finalmente, esta relación genera una subordinación que atenta en contra del municipio mexicano.

No hay un solo municipio del país que determine cuál es su plan estratégico de obras para desarrollarse; el que califica cuáles son las obras prioritarias, es el gobernador del estado.

En el plan de obras estatal, el gobernador decide qué obra entra y qué obra no entra; en ese sentido, el 24 de septiembre de 2013, hicimos una propuesta de reforma al artículo 115 y al artículo 116, en el cual planteábamos que el municipio mexicano pudiera realizar convenios o acuerdos con la Federación, con la intención de que pudiera trabajar recursos de manera directa, sin que los recursos pasaran por la tesorería de las entidades federativas.

Ha crecido a tal grado el poder de los gobernadores, que son los que deciden qué se hace y qué no se hace en las entidades federativas. Hay casos en donde, a partir del control que tiene el gobernador del estado, a los municipios se les han quitado recursos a partir de modificar las leyes de coordinación fiscal, porque no sólo controlan a los municipios, la mayoría de los gobernadores también controlan a los congresos, y entonces, al tener esta situación de control del congreso del estado, el gobernador hace lo que se le pega en gana.

Pero es muy importante, y aquí le hago un llamado atento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la propuesta que hicimos el 24 de septiembre la pudiéramos revisar con carácter de urgente, para que este problema que padecen los municipios del país pudiese corregirse de manera inmediata. No se trata de que digamos que el municipio es la célula más importante de la República; se trata de que el Senado mexicano lo haga efectivo a través de generar posibilidad de recursos.

4 por ciento de cada 100 pesos que se gastan en este país son para el municipio. Y nosotros sostenemos, que importancia que no se refleja en el presupuesto, es demagogia; y lo que los municipios y sus habitantes quieren, no es demagogia, quieren recursos económicos para poder solucionar de manera pronta, de manera inmediata, de manera eficiente, los problemas que les plantea la ciudadanía, al ser el municipio el gobierno que está más cercano a la población, la presión ciudadana es muy grande y se ven imposibilitados, la mayoría de ellos, para resolver esta problemática.
Por todos estos argumentos, por supuesto que estamos a favor del punto de Acuerdo que estamos discutiendo en este momento.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALADO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Lo haré desde mi escaño, si me lo permite.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sí, Senador, por favor.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para expresar, en primer término, una amplia felicitación a la Senadora Mely Romero y a la Senadora María Pineda Gochi, promotoras de este punto de Acuerdo con exhorto al Ejecutivo Federal, en virtud de que el tema municipalista debe ser una piedra angular en la construcción del México nuevo. Un país fuerte, sólo se conseguirá en la medida que logremos hacer a nuestros municipios fuertes.

En tal virtud, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional apoya esta iniciativa y reiteramos nuestra más amplia felicitación a la Senadora María Pineda Gochi y a la Senadora Mely Romero.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Octavio Pedroza Gaitán.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

 Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de once dictámenes de la Comisión de Justicia que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

- La C. Secretaria Senadora Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes de la Comisión de Justicia.

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una revisión de los procedimientos y normas para la aplicación de las medidas, providencias y técnicas utilizadas en su labor de procuración de justicia.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre la presunta detención y puesta a disposición del Ministerio Público Federal del Diputado Manuel Aguilar Acuña, del congreso de San Luis Potosí.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe en el que indique si se ha iniciado alguna investigación en contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Veracruz, en el año 2004.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a analizar las acusaciones vertidas en contra de los ciudadanos Julián Ricalde Magaña y Jaime Hernández Zaragoza.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la denuncia presentada por el ciudadano David Jorge Aguilar Meraz, en el estado de Tamaulipas, el pasado 25 de junio de 2013.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al gobernador del estado de Baja California a resolver la denuncia presentada ante el Ministerio Público del estado por parte del Diputado Rubén Alanís Quintero.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe que contenga los resultados que se han tenido en la persecución del delito de difusión de pornografía infantil.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo un estudio de la operación y de los resultados obtenidos por el Programa de Protección a Testigos Colaboradores.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo un análisis sobre la forma en que se atienden las denuncias sobre desaparición de personas.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada por la probable comisión de delitos en materia electoral en Veracruz.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que se desecha la proposición que exhorta a los congresos de las entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio.

COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya hizo llegar a la Mesa Directiva sus intervenciones sobre los dictámenes relativos a pornografía infantil y sobre testigos protegidos, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 97 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



A este dictamen se le dio lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Esta Mesa Directiva acaba de ser informada que existe una fe de erratas en el dictamen. Se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil, Presidente de la Comisión de Justicia.
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Presidenta.

Le ruego su venia, no solamente para presentar, a nombre de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos; y de Justicia, la fe de erratas que tiene el consenso de los grupos parlamentarios, sino también para que me autorice a fundamentar este dictamen en razón de que pedimos la oportunidad de hacerlo hace un momento.

En efecto, hemos convenido entre las comisiones unidas eliminar el último enunciado del dictamen que se ha circulado; específicamente la frase en la que se establece la posibilidad de condicionamiento del indulto.

Es una propuesta que nos ha hecho el Partido de la Revolución Democrática hace un momento. Sin embargo, señora Presidenta, quisiera aprovechar la ocasión para pedir el voto de esta Asamblea, para resolver y corregir una injusticia que prevalece en nuestro país.

El profesor Alberto Patishtán, profesor rural, lleva más de 13 años pagando un delito que no cometió. Todos los sistemas y los mecanismos de atención y de remedio judicial le han negado la razón; es evidente que su caso es una injusticia, no solamente porque se violaron sus derechos procesales durante la tramitación del juicio, sino porque existen elementos objetivos que permiten concluir que el delito que se le atribuye, el delito de homicidio, no fue de su autoría.

No solamente careció de un defensor en el momento de su detención y al ser sometido a disposición del Ministerio Público, primero, y después del juez; no solamente careció de un traductor; no solamente hubo contradicciones claras en los testimonios que fueron ofrecidos ante el órgano jurisdiccional, sino también, por ejemplo, se le imputó que un cuaderno con estrategias para jugadas de básquetbol, eran en efecto o eran consideradas como una especie de bosquejo de una emboscada para asesinar a policías.

En la comunidad internacional, distintas organizaciones de la sociedad civil han logrado visibilizar las injusticias de este caso. No solamente el profesor Patishtán ha tramitado los amparos, solicitó ante el Poder Judicial Federal el reconocimiento de la inocencia y, sin embargo, no le fue concedida.

En nuestro sistema judicial, cuando una persona ha sido sentenciada por ciertos delitos en específico y todas las autoridades judiciales ya han fallado en última y definitiva instancia, no hay posibilidad jurídica de encontrarle remedio.

Muchos mexicanos hoy pagan culpas que no cometieron, y es precisamente por eso, por lo que implica el caso del profesor Alberto Patishtán, que se generó en el Senado de la República un debate sobre cómo atender este tipo de circunstancias, hubo una iniciativa suscrita por distintas Senadoras y Senadores de grupos parlamentarios que proponía que el Congreso de la Unión le concediese una amnistía al profesor Patishtán.

En la valoración jurídica de esa iniciativa, se llegó a la conclusión de que el precedente de establecer una ley de amnistía para un caso concreto era indebido e incorrecto para nuestro sistema judicial, y que en el fondo pudiéramos haber resuelto únicamente el caso del profesor Patisthán, pero no otras injusticias que hoy están en los centros de reclusión tanto federales como locales.

También estudiamos la figura del indulto como una salida al caso concreto del profesor Patishtán, sin embargo, paradójicamente el indulto, que es el perdón que se puede otorgar a una persona sentenciada, no procede en casos en los cuales hay evidencia suficiente de que la persona es inocente o de que se violaron sus derechos humanos.

Es posible otorgar el indulto por razones políticas o sociales, pero no cuando existe evidencia suficiente de que la persona sentenciada es inocente, cuando existe evidencia recabada de manera posterior a la sentencia definitiva que permite arribar a esa conclusión.

Cruel paradoja en nuestro país, que se permita otorgar, por parte del Ejecutivo Federal, el indulto si una persona sentenciada tiene buena conducta en el centro de reclusión, pero no si a lo largo del tiempo en que ha estado en un centro penitenciario puede acreditar fehacientemente que el delito que se le atribuye no lo cometió.

No hay peor injusticia que la pobreza. Muchos mexicanos hoy pagan culpas que no cometieron precisamente por esa condición de pobreza, de ignorancia y de acceso a una adecuada defensa.

Que el caso del profesor Patishtán con este dictamen, con esta modificación al Código Penal Federal, que introduce una modalidad específica de indulto, permita resolver otras injusticias para otras personas.

Que el caso Patishtán no solamente nos sirva para corregir una injusticia, sino que sirva también para encontrar un dispositivo de apertura que permita corregir otras injusticias que aún prevalecen en nuestro país. La propuesta concreta que hacen las comisiones unidas es crear, como decía, una modalidad específica del indulto para que el Ejecutivo Federal, por sí o a petición alguna de las Cámaras, pueda otorgar el indulto cuando exista evidencia de que se violaron sus derechos humanos. Esta figura no solamente es plenamente consistente con la figura del indulto, sino también con la evolución de la protección y garantías de los derechos humanos en nuestro país.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

A ver, nos iba a hacer una fe de erratas, y no dijo nada. Yo le pido que le solicite al Senador que nos aclare, señora Presidenta.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Perdón, señora Presidenta.

Con gusto, Senador Isidro Pedraza. El segundo párrafo del artículo que se pretende modificar, el artículo 97 Bis, dice a la letra en el dictamen lo siguiente: “El Ejecutivo Federal deberá cerciorase de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales”.

“En su resolución, el Ejecutivo Federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes”.

La propuesta del PRD propone eliminar la última frase con el propósito de que el indulto no tenga condicionantes en su momento de su resolución.



 

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Roberto Gil.

En virtud de que la fe de erratas presentada en tribuna por el Presidente de la Comisión de Justicia, implica modificaciones a lo aprobado por la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede la palabra el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a la modificación presentada.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

La aprobación en el Senado de la República de esta reforma que permitirá la liberación del profesor Alberto Patishtán sin condiciones, y eventualmente de otros ciudadanos que hayan sido condenados siendo inocentes, es un acto de justicia.

En un hecho inédito, el Poder Legislativo reconoce y soluciona las graves deficiencias que en ocasiones llegan a presentarse en los procesos penales. La justicia penal, en su esencia, tiene como finalidad encarcelar al culpable, pero también liberar al inocente.

Con toda razón dijeron los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, que en la democracia es preferible tener en la calle a diez criminales que a un inocente en prisión.

La solución que el Senado de la República expide a favor de la liberación de Alberto Patishtán, se da a partir de una norma general, que será aplicable a cualquier persona que se encuentre en los supuestos que la ley marca; la solución adoptada, que reforma al Código Penal Federal, fue la que técnicamente juzgaron los especialistas como la más adecuada.

Que sirva esta experiencia para evitar casos semejantes y para impulsar con mayor determinación las reformas a la procuración e impartición de justicia, que son urgentes.

Lo que hoy se aprueba aquí, es parte de la culminación de una lucha que desde hace tiempo han impulsado organizaciones de derechos humanos, líderes sociales y políticos, así como destacados líderes de opinión.

Reconozcamos con objetividad, que sin esa lucha que se hizo desde las organizaciones sociales y los centros de derechos humanos de Chiapas, así como a nivel nacional e internacional, no se habría llegado a esta decisión.

Que también nos sirva esta experiencia como un ejercicio de constitucionalismo moderno, donde se permite y alienta la flexibilización de la división de poderes; de tal manera que vemos al Poder Judicial emitiendo acuerdos generales y asumiendo una tarea legislativa; al Poder Legislativo emitiendo declaraciones de procedencia y sentencias dentro de un juicio político; y ahora en este caso, con respecto al Poder Judicial, tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo, interviniendo para subsanar un asunto para el que ya no existía remedio procesal.

La división de poderes no debe ser pretexto para dejar de atender las demandas de los ciudadanos, la esencia del estado de derecho es que los poderes, adecuadamente distribuidos, respeten y garanticen los derechos humanos.

Tenemos la seguridad de que la Cámara de Diputados aprobará esta reforma. Quedará en manos del Ejecutivo Federal ejercer la facultad que se le concede para otorgar el indulto, para que de esa forma el profesor Patishtán quede en libertad en los próximos días.

Con ello se liberará una parte de la injusticia; la otra, que no debe quedar sin solución en beneficio de las víctimas, es poner fin a la impunidad de la que aún gozan los verdaderos asesinos de los siete policías chiapanecos.

Estoy seguro de que muchos aquí coincidirán en que no hay nada más importante en la política que contribuir a un acto de justicia, hoy a la libertad del profesor de Patishtán.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Manuel Camacho.

Sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Gracias, señora Presidenta.

El ideal de la justicia plena es muy claro, que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel.

El día de hoy nos convocó la aprobación de un dictamen de suma importancia, una deuda con la justicia.

Como mexicana, me duele saber que un paisano inocente está en la cárcel porque el sistema de justicia le falló. Me duele más saber que no es una situación aislada en nuestro país. La impotencia de un inocente que no encuentra vía legal para recuperar la libertad es inimaginable y la convicción de que el Estado le falló es irreparable.

En este sentido, se presenta el día de hoy a su consideración, un dictamen que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para que el Ejecutivo Federal, por sí o a petición del   Pleno de cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, puedan solicitar respetuosamente conceder el indulto cuando existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

La LXII Legislatura del Senado de la República tiene el compromiso de legislar por un estado democrático protector de los derechos humanos. Un México en paz necesita de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales.

Esta reforma podría beneficiar y va a beneficiar al profesor Alberto Patishtán. Pero no queda ahí, este mexicano hace visibles muchos casos similares en los que la legislación vigente no cumple con el valor inherente a la norma, la justicia.

¿Por qué delitos se declaró la responsabilidad de Patishtán? Lesiones, homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.
En este sentido, se le sentenció a 60 años de prisión. Su defensa, desde 2003, apeló, pidió amparo e intentó un primer incidente de reconocimiento de inocencia en 2009. Todas las sentencias no fueron favorables a Patishtán, no se cumplieron las reglas del debido proceso.

En 2013, se intentó un segundo incidente de reconocimiento de inocencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mismo que declaró infundado el recurso.

Alberto Patishtán se queda en la cárcel, ¿cómo?

Las pruebas testimoniales. Un sobreviviente dijo reconocer a Patishtán en su segunda declaración y otro afirmó que los atacantes iban encapuchados; se presentaron pruebas, en el primer juicio, testimoniales y documentos oficiales que argumentaban que el profesor Patishtán se encontraba en una reunión de trabajo mientras se cometió el multihomicidio.

El testimonio de quien incriminó a Patishtán se levantó mientras el testigo se encontraba inconsciente, según expediente médico; además, el testigo afirmó inicialmente que Patishtán disparó de frente contra el vehículo e inmediatamente después afirmó que Patishtán le disparó por la espalda, la bala le entró por el estómago.

Su detención se realizó por militares y sin que existiera orden de aprehensión.

Patishtán afirma que la PGR le untó una sustancia desconocida en sus manos para que la prueba de uso de arma de fuego diera positiva.

El día de hoy, en este Senado de la República, se aprueba una vez más, en congruencia, un dictamen con el compromiso que tenemos con el respeto a los derechos humanos.

Lo que se propone no es una liberación del indulto, ni de mucho menos su aplicación generalizada como sustituto de la actividad jurisdiccional, sino solamente la creación de una alternativa para aquellos casos en que en el proceso jurisdiccional se hubieran constatado violaciones a los derechos humanos.

Con la adición del artículo 97 Bis, se construirá el andamiaje para que todos los casos en que existan este tipo de violaciones puedan ser beneficiados con esta modalidad de indulto.

En este mismo sentido, es que en la presente Legislatura hemos aprobado importantes reformas a la Ley General de Víctimas, reforma en materia de protección a periodistas, una nueva Ley de Amparo; de tal manera es el espíritu que motiva el trabajo para la reforma a la modernización de la justicia militar.

Además, quiero destacar que la presente Legislatura, y en particular la Comisión de Justicia, trabaja en el Código Nacional de Procedimientos Penales que contribuye a la implementación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008.

Este Código Nacional de Procedimientos Penales observa a lo largo de las diversas etapas del procedimiento, los mecanismos necesarios para garantizar a los imputados los derechos a una defensa adecuada y a un debido proceso, a efecto de que casos como el del profesor Patishtán no se vuelvan a repetir.

Con la entrada en vigor del sistema acusatorio y la legislación procedimental única, se pretende evitar que un inocente sea condenado injustamente.

Compañeras y compañeros, la aprobación que hicimos de este dictamen es un paso más en nuestro compromiso, como Senadores, para la consolidación de un sistema de justicia humano, eficaz y respetuoso, ante todo, de los derechos humanos.

Muchas gracias.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Arely Gómez.

Agotada la lista de oradores, realizaremos la votación nominal de la fe de erratas, presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 81 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobada la modificación. Aprobado el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Gobernación, que propone desechar la proposición que exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete, a completar, con total transparencia, la publicitación de su situación patrimonial.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, y a los integrantes de su gabinete a completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente dictamen con proposición con punto de Acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el 21 de febrero de 2013, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los integrantes de su gabinete a completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial.  

2.-En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicho punto de Acuerdo se turnara a la Comisión de Gobernación, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.-En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación de fecha 30 de septiembre de 2013, fue aprobado por mayoría de los integrantes el dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La legisladora señala que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRA) regula la declaración de situación patrimonial que deben hacer los servidores públicos federales. El artículo 8 refiere que todo servidor público tendrá la obligación de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley, y el artículo 36 señala todos aquellos servidores de la Administración Pública Federal Centralizada, incluido el Presidente de la República, que son sujetos obligados ante dichas disposiciones.

Con la salvaguarda de los datos personales, que ningún servidor público tiene porque hacerlos públicos, la propia LFRA da la opción de que el servidor público haga del conocimiento general el contenido de su declaración:

Art.40: La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

Por lo anterior la legisladora sostiene que se puede afirmar que el Presidente de la República y su gabinete cumplieron con lo establecido en la ley al presentar su declaración. Sin embargo, si bien, no es obligación de los servidores públicos publicitar su declaración, el discurso del Presidente sobre total transparencia, solo puede entenderse si da a conocer el valor de sus bienes, pues de lo contrario, se trata de un acto opaco, que omite el contenido real del patrimonio. 

No se comete ninguna falta legal, pero ciertamente no es satisfactoria la omisión de dichos datos, pues precisamente contraviene el objetivo del acto público convocado de una total transparencia y deja a los ciudadanos sin elementos para dar seguimiento a un posible crecimiento ilícito de su patrimonio.

La proponente considera importante insistir, que si bien se cumplió con la ley, la ausencia de estos datos, no abona a la transparencia ante la ciudadanía, ni satisface el deber ético de los servidores públicos al que alude el Presidente de la República.

Por ello la proponente, sostiene que en afán de cumplir con un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, debe hacerse pública toda la información referida, salvo la protección de los datos personales que son de carácter eminentemente privado, tal como los domicilios o ubicaciones de los inmuebles, números de cuentas bancarias, entre otros.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión, comparten la idea de la legisladora proponente en el ámbito de que los servidores públicos deben rendir una declaración patrimonial veraz y transparente.

A pesar de ello, cabe mencionar que al respecto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no establece obligación alguna al titular del Poder Ejecutivo Federal, para realizar la publicitación de la información relativa a su situación patrimonial, sin  su previa autorización.

Esta Comisión considera que la declaración inicial presentada por el titular del Ejecutivo Federal, así como las declaraciones de los integrantes su gabinete contemplan las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y con esto se tiene como formal y justificadamente realizada la declaración del Presidente de la República presentada el 15 de enero de 2013.

Por lo anterior los integrantes de esta Comisión coincidimos en desechar la presente proposición, en virtud de que esta queda sin efecto por lo anteriormente expuesto.

En ese sentido, esta Comisión de Gobernación, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal así como a los integrantes del Gabinete Presidencia a efecto de realizar un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, completando de forma clara, la publicitación de su situación patrimonial, en cuanto los montos del valor de cada bien declarado, los bienes de su cónyuge y dependientes económicos. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

COMISION DE GOBERNACION”.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Presidenta. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores.

Evidentemente, el tema es de altísima relevancia, y no sé si no se le pone la atención debida por estar atendiendo otras cuestiones, pero este Senado, al aprobar el punto de Acuerdo como está planteado, estaría aprobando el hecho de que la opacidad del ciudadano Presidente y de los secretarios del gabinete fuera una realidad; es decir, estaríamos dando un aval para que no se transparente la situación patrimonial de quienes integran hoy el gobierno de México.

A mí me parece que hay un exceso de la comisión dictaminadora en ese sentido.

Todo mundo viene aquí y se llena la boca diciendo que la transparencia y la rendición de cuentas debe ser una condición que se aplique de manera irrestricta y de manera absoluta en nuestro país, para consolidar la democracia en México y para consolidar la efectividad de los gobiernos.

Sin embargo, con este dictamen lo que se está haciendo, si se votara a favor de como está planteado, es garantizar la impunidad; y revisemos qué es lo que quiere el pueblo de México. La impunidad galopa a lo largo y ancho de nuestro país sin que nadie le ponga freno; y si alguien le puede poner freno a la impunidad, es precisamente el parlamento, y en este caso, el Senado de la República.

Yo sí llamo su atención, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, para que rechacemos este punto de Acuerdo como está planteado, que se actualice y que, por supuesto, el gabinete y el ciudadano Presidente rindan cuentas y transparenten lo que es obligación por ley hacerlo.

Votar a favor de este punto de Acuerdo nos haría cómplices de la impunidad y de la opacidad y nos pondría en una situación de dificultad frente a la población, porque la transparencia y la rendición de cuentas, reitero, es una condición para que la vida pública del país avance y en el pueblo se genere confianza hacia sus funcionarios públicos.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

No habiendo más oradores registrados, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, de San Luís Potosí, como Centro Regional de Alta Especialidad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como Centro Regional de Alta Especialidad.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de noviembre de 2012, los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz Integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Teófilo Torres Corzo integrante del Partido Revolucionario Institucional, Integrantes de la LXII legislatura presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como Centro Regional de Alta Especialidad.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La presente proposición pretendereconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como Centro Regional de Alta Especialidad.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, es el servicio de un hospital de alta especialidad como lo puede ser el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí.

B. El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ubicado en el estado de San Luis Potosí, es reconocido como Hospital de Tercer Nivel y centro de atención regional al brindar el 10% de los servicios a población de los estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Este hospital cuenta con el certificado de Hospital de Especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en el año 2005 como tal. Actualmente está acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal del Gasto Catastrófico.

C. Con lo anterior y la fundamentación que se propone a continuación es que se pretende que a dicho hospital se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad.

De acuerdo al artículo 77 bis 10 de la Ley General de Salud los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro elaborado por la Secretaría de Salud. Así mismo de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo del mismo ordenamiento, es competencia de la Secretaría de Salud determinar las unidades médicas que reúnen los requisitos para ser considerados centros regionales de alta especialidad.

D. Por otro lado de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la misma Ley, el objetivo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional. Y en el mismo precepto bis 30, tercer párrafo menciona que la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para determinar los fondos que recibirán los centros de alta especialidad.

E. También el Artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la LGS, hace mención que los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se sujetarán al Plan Maestro de Infraestructura emitido por la Secretaría de Salud.

Y por último el precepto 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley en comento, plasma que las instalaciones médicas deben contar con el certificado de necesidad, emitido por la Secretaría de Salud, y ser incluidas en el Plan Maestro de Infraestructura para poder recibir aportaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Mencionado lo anterior esta comisión dictaminadora concuerda con los proponentes en que existen las posibilidades para que a dicho hospital se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad.

F. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como Centro Regional de Alta Especialidad.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se le concede la palabra al Senador Octavio Pedroza, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras Senadoras y señores Senadores:

El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, se encuentra en la ciudad de San Luís Potosí; sin embargo, es un centro hospitalario que da atención a ciudadanos de más de siete estados circunvecinos, atiende a más de un millón de pacientes al año, practica más de 12 mil cirugías anuales, abarca 76 especialidades médicas, participa en la formación de 19 especialistas del ramo de la medicina, realiza un promedio de 75 trasplantes al año y además interviene entre 40 y 50 procesos de donación de órganos anualmente.

Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, son estados que se benefician con la actividad del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Cuenta con 250 camas censables y más de 130 camas no censables. Su plantilla laboral asciende a más de mil, 1,200 trabajadores. Es parte fundamental de la preparación de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la más prestigiosa institución de la formación de médicos en nuestro país.

Es una institución reconocida como Hospital de Tercer Nivel y Centro de Atención Regional. Cuenta con la certificación de Hospital de Especialidades. Está acreditado para atender a pacientes del Seguro Popular.

Sin embargo, señoras y señores Senadores, el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, tiene un problema estructural. No hemos logrado que sea reconocido como Centro Regional de Alta Especialidad, lo que provoca que no pueda tener acceso a los recursos federales que le corresponden. Esta es una lucha de décadas, de muchos esfuerzos de los ejecutivos estatales, de los legisladores potosinos; y esta proposición con punto de Acuerdo, debo de señalarlo con toda claridad, viene suscrita y respaldada en todo sentido, por mi amigo, el Senador Teófilo Torres Corzo, del Partido Revolucionario Institucional.

Este no es un tema de banderas políticas. Este es un tema de hacerle justicia a una institución hospitalaria, que es fundamental para los pacientes de todo el centro de nuestro país.

Hoy, señoras y señores Senadores, apelo a su sensibilidad para que respalden y acompañen esta proposición, y busquemos que se exhorte al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, para que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” alcance la categoría de Centro Regional de Alta Especialidad y pueda subsanar un déficit de cerca de 80 millones de pesos al año, que tenemos que estar buscando cómo cubrir, del presupuesto extraordinario en cada ejercicio anual.

Resolvamos de una vez por todas este añejo problema de salud para toda la región del centro del país, haciendo que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, adquiera esta categoría.

Yo estoy seguro que cientos de miles de potosinos y de habitantes de los estados circunvecinos se los van agradecer, señoras y señores Senadores.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Octavio Pedroza.

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señora Presidenta. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Mi amigo, el Senador Octavio Pedroza, acaba de tocar un tema que no es de poca importancia. El Senador Octavio Pedroza acaba de decir con toda claridad que San Luis Potosí tiene un grave problema desde hace muchos años.

Tenemos un hospital que da cientos de miles de atenciones a los potosinos de más bajos recursos. Pero no es solamente a los potosinos; es un hospital que atiende, además, regionalmente a nuestros vecinos de Aguascalientes, de Zacatecas, parte de Jalisco, parte de Tamaulipas y recibe, con una gran importancia, a cientos de miles de personas durante el año.

El Hospital Central de San Luis Potosí, señoras y señores Senadores, tiene 72 especialidades; no es un hospital pequeño ni que tenga menos importancia.

Bien se señaló aquí, que además es el hospital de la Escuela de Medicina de San Luis Potosí. Y con 72 especialidades, es el hospital regional del centro del país más importante.

No es posible que el hospital central tenga cada mes que estar viendo la forma de pagar los sueldos, de pagar o no a proveedores, que necesite tener grupos de personas que aportamos dinero para facilitar la operación del hospital central.

Por eso vengo a esta tribuna, sin necesidad de tener ningún papel de apoyo, sino simplemente el corazón de potosino, para señalarles que necesitamos apoyar, de verdad, a esta institución que atiende a cientos de miles de familias y que no tiene el apoyo federal.

Es un hospital que es pagado parcialmente por el gobierno y parcialmente por la Federación; pero siempre es insuficiente, y cada mes, y cada semestre y cada año tienen problemas para pagar lo más estricto.

Allí se salvan miles de vidas al año; allí se atiende a quienes menos tienen; allí los médicos potosinos, que cobran cantidades importantes en hospitales privados, van a hacer trabajos, también, sin cobrar o cobrando una pequeña cantidad.

No es menor el tema que señaló mi amigo, el Senador Octavio Pedroza, de verdad es un tema muy importante para el centro del país.

Yo vengo a pedir el apoyo de ustedes, para que la Federación ayude al Hospital Central de San Luis Potosí, y podamos estar en condiciones de atender, salvar vidas y atender la pobreza, la verdadera pobreza de cientos de miles de mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Teófilo Torres.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que las proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las Comisiones del Senado y a la Cámara de Diputados, según corresponda.

PROPUESTAS

Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asigne una partida especial para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014 SE ASIGNE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA LA CREACION DEL FONDO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO

"El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a los compromisos de la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, a partir del año 2015 el Gobierno Federal y los gobiernos estatales serán evaluados por su capacidad de contar con conectividad de Banda Ancha y sus beneficios en al menos el 51% de su población, toda vez que estos objetivos acrecientan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a través de aplicaciones educativas desarrolladas en internet, mejoras en los servicios de Salud a través de aplicaciones como el Expediente Clínico Electrónico y la Telemedicina, así como acercar el gobierno a la gente a través de procesos y trámites agiles en línea.

Sin embargo, derivado de la costosa oferta de servicios de conectividad y los altos niveles de pobreza existentes, el país enfrenta un enorme rezago en materia de brecha digital que imposibilitarán cumplir con los compromisos pactados con la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De manera enunciativa y para ubicar el tema en el contexto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que tan solo en el Estado de Oaxaca, de 934 mil viviendas particulares, el 39.6% de ellas cuenta con al menos un teléfono celular (lugar 32 nacional); 20.7% dispone de telefonía fija (lugar 31), 14.4% tiene computadoras (lugar 31) y el 7.8% cuenta con acceso a Internet (lugar 31). Datos ilustrativos, pero que representan un atraso cuantitativo en materia de tecnología.

A partir del año 2002, el Gobierno federal puso en marcha la firma de cinco convenios de colaboración intersecretarial, que son: SEP-SCT; INEA-SCT; SALUD-SCT; SEDESOL-SCT y SEGOB-SCT y suscribió la Declaratoria de Conectividad para el Sistema Nacional e-México, así como la constitución del Fideicomiso público E-México, instrumentos legales a cargo de la ejecución, supervisión y operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El propósito del Fideicomiso E-México fue precisamente combatir la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet de impacto social a toda la población, en plena armonía con los objetivos de la Sociedad de la Información. 

Al cierre del segundo trimestre de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el Fideicomiso E-México tuvo ingresos por $1,087,551,436.50 un mil ochenta y siete millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos; rendimientos por $90,240,064.54 noventa millones doscientos cuarenta mil sesenta y cuatro pesos; egresos por $131,166,378.09 ciento treinta y un millones ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos, quedándole una disponibilidad por $9,593,768,617.17 nueve mil quinientos noventa y tres millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos diecisiete pesos.

A pesar del elevado rendimiento y acceso a los recursos, la Auditoría Superior de la Federación, al cierre del ejercicio 2010, consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso e-México, al no ejecutar recursos comprometidos en 28 proyectos evaluados y autorizados por el comité técnico.

De acuerdo con dicha auditoría, la carencia de políticas o procedimientos específicos que regulen la planeación, percepción, evaluación, aprobación, ejecución, control y administración financiera de los proyectos apoyados por el Fideicomiso e-México implicó que se negaran la asignación de proyectos, así como un mal manejo de los recursos destinados. De igual forma, el órgano fiscalizador detectó que la titular del Fideicomiso e-México no contaba con facultades legales o autorización del comité técnico para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios, con lo cual se actualiza la malversación de los recursos. 

Bajo ese panorama, la Auditoria Superior de la Federación ha solicitado al Congreso de la Unión analice la viabilidad de suspender la asignación de recursos presupuestales para el Fideicomiso e-México cuando conserve fondos presupuestales no asignados.

Lo anterior significa que no ha existido capacidad y visión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para aplicar los recursos destinados año tras año al Fideicomiso E-México, pues desde su creación en el año 2002, con una aportación inicial de 120 millones de pesos, no ha existido la capacidad por parte de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT para aplicar los recursos del Fideicomiso; asimismo, el área técnica de la Sociedad de la Información y el Conocimiento no ha cumplido con el abatimiento de la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet y de impacto social a toda la población.

Propuesta

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre ha propugnado por permitir el acceso a la información y la posibilidad de estar comunicados con el resto de la sociedad a través de la evolución tecnológica, así como de todas las herramientas técnicas que concreten el desarrollo de nuestro país.

De esta forma, consideramos que resulta urgente acrecentar el conocimiento de las fuentes de desarrollo y permitir el acceso igualitario a las tecnologías de la información y comunicaciones a la población, por lo que resulta imperativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se asigne la partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, considerando para ello, los recursos del propio Fideicomiso E-México y como parámetro, la base los datos del INEGI en materia de rezago en brecha digital, para crear una fórmula de distribución que permita canalizar estos recursos a los Estados para que aceleren la construcción de su propia banda ancha y aplicaciones sobre internet de impacto social.

Adicionalmente, consideramos necesario que a partir de la creación del mencionado Fondo y en atención al Pacto Federal, en cada entidad federativa debe prever un Instituto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento el cual pueda tener plena coordinación y ejecución de programas de forma eficiente con la referida Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de las redes estatales de educación, salud y gobierno.

En suma, con la presente propuesta, el PRD considera que el Estado mexicano tendrá mayores posibilidades para asegurar a sus gobernados el acceso a los servicios electrónicos y digitales que actualmente existen en la sociedad.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con la finalidad de abatir el rezago en brecha digital y aplicaciones de internet de impacto social.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".





 

Del C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, incluir dentro de las ampliaciones al ramo de salud, recursos presupuestarios para la construcción y equipamiento del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Campeche. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, INCLUIR DENTRO DE LAS AMPLIACIONES AL RAMO DE SALUD RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE

"El suscrito, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país el acceso a los servicios de salud es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, y en consecuencia, es obligación del Estado procurar y proporcionar dichos servicios a la población en general sin distinción alguna.

A 70 años de haberse creado la Secretaría de Salud, podemos estar orgullosos de un sistema ideado por los gobiernos posrevolucionarios que hoy vemos sus frutos, la esperanza de vida en México paso de 48 años en 1950 a 74.5 años promedio en 20122. Demostrando que la política en materia de salud fue acertada.

En éste esfuerzo, el Sistema de Salud Nacional se ha visto fortalecido por una institución de seguridad social fundamental para todos los mexicanos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El IMSS cumple, al igual que la Secretaría de Salud, 70 años de servicio de los mexicanos, y al día de hoy cuenta con 16 millones de asegurados en todo el país3. Para proporcionar servicios adecuados éste instituto tiene una amplia infraestructura de hospitales, clínicas, centros médicos, guarderías, instalaciones deportivas y culturales que de manera integral atienden a los asegurados.

El adecuado mantenimiento, equipamiento y actualización de sus centros de atención médica han sido una prioridad en las diversas delegaciones de las entidades federativas. Dicha prioridad fue constatada en el Estado de Campeche, donde el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvo a bien autorizar e iniciar el proceso de alta en la cartera de inversión nacional del Hospital General de Zona en la Ciudad de Campeche, cuyo proyecto original data desde el 2008.

Este proyecto se encuentra desde el 21 de agosto del año en curso como primera prioridad de la Delegación Estatal Campeche del IMSS, así como el equipamiento, instrumental y número de plazas que se requieren para la ejecución de este importante proyecto para la sociedad campechana.
No se puede soslayar el hecho de que una de las principales razones que encontró la Delegación IMSS-Campeche para iniciar este proceso de registro en los proyectos de inversión del Instituto, fue que el actual Hospital General de Zona en la ciudad de Campeche data del año 1967, es decir, tiene una antigüedad de 46 años.

Las consecuencias de contar con un hospital con más de cuatro décadas de operación se reflejan en el deterioro de su infraestructura, en la falta de actualización de su equipo médico y en los constantes trabajos de mantenimiento, lo cual ha derivado que en los últimos años los trabajos y tareas cotidianas se realicen al límite de su capacidad.

Cabe destacar que el Estado cuenta con 822,441 habitantes, de los cuales 242,892 reciben atención médica por parte del IMSS4, el resto recibe los servicios a través de diferentes esquemas de seguridad social como son ISSSTE, Seguro Popular y servicios de salud estatales.

Es importante mencionar que la tasa de crecimiento poblacional estimada para Campeche es del 1.7% anual5, y en esa medida, deben estar preparadas las instituciones de salud, incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social, para hacer frente al incremento de la demanda en los servicios que prestan.

Como elemento adicional, favorable para la construcción inmediata del nuevo centro hospitalario, se tiene asignado, desde el año 2008, el terreno que albergará sus instalaciones con un una superficie de 25,000 m2, ubicado en el Fraccionamiento Siglo XXI de la Ciudad de Campeche; área estratégica que cuenta con todos los servicios disponibles para tales efectos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, propongo al Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, incluir dentro de las ampliaciones al Ramo de Salud recursos presupuestarios para la construcción y equipamiento del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Campeche.

Senado de la República, a 23 de octubre de 2013.

Sen. Oscar Román Rosas González".

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

2 IINEGI.http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

3 IMSS. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2012-2013. http://www.imss.gob.mx/estadisticas/Documents/20122013/c01.pdf

4 INEGI. Información Nacional, por Entidad y Municipios. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=04

5 Ibid.





 

Del C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas. Se turna a la Cámara de Diputados el Primer Resolutivo y a la Comisión de Protección Civil del Senado el Segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN LA DISCUSION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL A FIN DE EQUIPAR A LAS ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON ALARMAS SISMICAS

"El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la comisión de presupuesto y cuenta pública a fin de que considere en la discusión de la ley de egresos 2014, una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mes de febrero de 2013, la OCDE desarrolló un estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, en el cual uno de los principales temas que se planteó es el de reducir la vulnerabilidad en caso de desastres por sismos en escuelas de educación básica, ya que la gran mayoría no cuentan con alguna medida de alerta.

En las 246 mil escuelas de México, dos programas se proponen reducir la vulnerabilidad en caso de desastre: un programa interno de seguridad escolar que consta de medidas tales como simulacros mensuales de evacuación, la colocación de señalamientos y alertas, y un programa para reducir la vulnerabilidad estructural de los inmuebles escolares. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educacional (INIFED) lleva a cabo aproximadamente 25 mil visitas al año para evaluar la vulnerabilidad de los planteles.

Este esfuerzo es loable, pero no es suficiente. Y es que estamos ciertos en que la prevención y el actuar rápido durante una contingencia son esenciales; sin embargo, si no se cuenta con un instrumento que permita notificar de manera clara y oportuna el momento en que se llevará a cabo un sismo, se pierden minutos valiosos que permiten evitar tragedias.

El poder contar con estos minutos elementales es justo la premisa por la que surgen las alarmas sísmicas.

El sismo de 1985 -que originó 20 mil víctimas, - considerado el desastre más grande en la historia contemporánea de México, marca el parteaguas de la implementación de organismos y sistemas de prevención de desastres, como el Sistema Nacional de Protección Civil en respuesta a la ocurrencia de fenómenos naturales que ponen en riesgo a la población y cuya meta primordial es la prevención de desastres a través de la educación, la información y la tecnología.

El estudio de la OCDE que se mencionó señala a propósito que:

“El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se creó con el objetivo de mejorar las capacidades de protección civil de México después del terremoto de 1985. México no es el único país que ha enfrentado un crecimiento en el nivel de las afectaciones económicas generadas por desastres. El desastre ocurrido en 1985 dejó a México la misma lección que llevó a muchos países a iniciar cambios estructurales en sus políticas públicas. A saber, la existencia de esfuerzos de coordinación ad hoc enfocados en la respuesta y recuperación ante desastres de gran escala, los cuales son ineficientes en el mejor de los casos e ineficaces en el peor. Esta lección dejó en claro la necesidad de contar con un enfoque integral y sistemático centrado en coordinar las acciones de respuesta y recuperación ante un desastre.”1

Y es que el territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana. Las características geográficas y topográficas del país generan una gran exposición a diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como terremotos, tormentas tropicales e inundaciones. Adicionalmente, la existencia de grandes disparidades relacionadas con factores como la riqueza o los niveles de ingreso y educación, han generado las condiciones necesarias para la presencia de altos niveles de vulnerabilidad.

Los sistemas de alerta temprana han demostrado su eficacia para salvar vidas y limitar los daños.

Se podrían obtener beneficios significativos en la seguridad pública si se ampliaran estos sistemas para cubrir todo el territorio en riesgo, y hubiera una cobertura más completa de otros peligros, tales como inundaciones y tsunamis. Un sistema homologado a nivel nacional con el mismo uso de símbolos, códigos de color, protocolos y canales de divulgación desde el nivel federal hasta los niveles estatal y municipal podría aumentar tanto las sinergias como la eficiencia y evitar cualquier confusión causada por mensajes generados por diversas fuentes.

En este respecto, las instancias técnicas que operan los servicios de alerta temprana deben elaborar mejores procedimientos de coordinación. La colaboración con los medios podría ayudar a asegurar que las alertas tempranas se comuniquen adecuadamente por medio de todos los canales disponibles, especialmente cuando exista un peligro inminente. Sumado a esto, el que las escuelas cuenten con una alarma sísmica propia, beneficiaría i9ncluso a la comunidad aledaña al plantel.

En nuestro país, la Ley General de protección Civil, en su fracción XVI del Artículo 19, establece que se debe incorporar y ampliar los contenidos de protección civil con un enfoque de gestión integral de riesgos; sin embargo, muchas de las escuelas públicas de educación básica, carecen de alertas sísmicas que impiden la eficiencia de dichos programas de prevención.

El proceso de sismo da pie a que se puedan prevenir desastres, puesto que l inicio de un sismo fuerte se generan 2 ondas principales, la onda “P” o primaria y la onda “S” o secundaria. La onda “P” es la primera en generarse, y viaja a una velocidad mucho mayor que la onda “S” (4km/s). En el instante en que esta onda es detectada por un Instrumento de medición (acelerógrafo) y se corrobora la magnitud del sismo, este emite una señal de radio que viaja a través de torres de comunicación ubicadas. Al arribo de la señal, la diferencia entre las velocidades de ondas sísmicas y de radio permite la emisión de una señal de alerta que puede ser escuchada por medios electrónicos.

Los primeros 5 segundos en la ocurrencia de un sismo son de vital importancia, dado que el instrumento de medición debe discernir si se trata de un sismo de más de 6º o de uno de menor magnitud. La onda “P” de un sismo fuerte presenta ligeras diferencias que el aparato detecta y estas son el disparador de la señal.2

Se debe incorporar una manera de prevenir los riesgos de un sismo que vaya más allá de la prevención. Debe, por tanto, proveerse de instrumentos que faciliten la inmediata implementación de estos planes de acción, pues de lo contrario, se muestran obsoletos e improcedentes.

También debe considerarse que la evaluación de riesgos brinda una mejor comprensión científica de los peligros y amenazas, así como de la vulnerabilidad de la población y los activos expuestos a esas eventualidades. Requiere tomar en consideración las proyecciones futuras e incorporar vínculos entre las distintas etapas del ciclo de gestión de riesgos de desastre. Este proceso debe llevarse a cabo de manera abierta e incluyente. Por eso, en este exhorto se pide respetuosamente que se señalen en los atlas de riesgo de cada entidad, los planteles de educación básica con mayor vulnerabilidad por desastres naturales, sobre todo en materia sísmica, con el objetivo de poder proporcionar datos que guíen a las autoridades en la repartición de alarmas sísmicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de la presente Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que considere en la discusión de la Ley de Egresos 2014, una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través del Coordinador General del Sistema Nacional de Protección Civil, a que de manera conjunta con los Coordinadores Estatales de Protección Civil, señalen en los atlas de riesgo de cada entidad, los planteles de educación básica con mayor vulnerabilidad por desastres naturales.

Dado en el Senado de la República, a 23 de octubre de 2013.

Sen. Raúl. Aarón Pozos Lanz".


1 OCDE (2013), Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264200210-es

2 Consultado en http://guerrero.gob.mx/articulos/sistema-de-alerta-sismica/, el 21 de octubre de 2013, 18;20hrs.





 

Del C. Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos a diversos proyectos de infraestructura para diversos municipios de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Puebla. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR LA ASIGNACION DE RECURSOS A DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, JALISCO Y PUEBLA







 

Del C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el procedimiento de adjudicación que se realizó para la contratación de servicios relativos a la restauración y rehabilitación del monumento ecuestre a Carlos IV. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

Del C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de la Judicatura practicar una revisión a diversos expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA PRACTICAR UNA REVISION A DIVERSOS EXPEDIENTES, CON EL ANIMO DE QUE LAS NORMAS PROTECTORAS DE PERIODISTAS SURTAN EFECTOS PLENOS A FIN DE NO PONER EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONALES DE LOS COMUNICADORES

“El Senador, Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se solicita, con toda atención, al Consejo de la Judicatura del H. Poder Judicial Federal tenga a bien practicar una revisión a los expedientes que se mencionan en el cuerpo de esta petición, en ejercicio de las facultades que considere le asistan, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores absteniéndose de presionarlos para revelar sus fuentes de información en ocasión de causas penales incoadas ante su jurisdicción, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Libertad de Expresión y periodistas en riesgo.

La libertad de expresión está en peligro en México como uno de los pilares de nuestra incipiente democracia ya que docenas de periodistas han sido atacados, heridos o asesinados. Diversas organizaciones de comunicadores, muchas de ellas de carácter internacional coinciden en que nuestro país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo con una caída en el nivel de seguridad sólo comparable a naciones donde se padecen sendas guerras civiles como Irak o Afganistán. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido, según la organización Periodistas sin Fronteras. 

Tan sólo en los primeros 90 días del año en curso se registraron 47 agresiones contra comunicadores sociales con motivo de su labor. Tres medios han sufrido ataques por parte de grupos criminales. Diversos medios se han visto forzados a la auto-censura pues de seguir difundiendo notas sobra la actividad de la delincuencia quedan expuestos a mayores y más violentos ataques. Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales. México figura en la lista de los 12 países con elevado índice de impunidad para casos de periodistas asesinados, con un índice de casos no resueltos del 90%, según un informe elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas.

Sin embargo, los reporteros de medios de comunicación tanto escritos como electrónicos, nacionales o de provincia, periódicos o diarios no dudan en continuar con su labor de mantener informado al pueblo de México, a pesar de los peligros crecientes que dicha tarea de alto riesgo implica.

Consciente de la necesidad de preservar el derecho a la información de las y los mexicanos, el Congreso de la Unión adoptó medidas legislativas para proteger a los periodistas. Con dicho propósito se presentó la iniciativa de un ordenamiento que introdujera en el orden jurídico nacional un mecanismo de protección extendido a los defensores de derechos humanos, también atacados con frecuencia en el desempeño de su labor. Es importante mencionar que para la elaboración de dicho proyecto legislativo se contó con la participación decidida y propuestas específicas de organizaciones impulsoras de derechos humanos. La Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas entró en vigor el 26 de Junio del 2012. Otra medida fue la adición del Artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales por decreto publicado el 6 de Junio del 2006 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha preceptiva fue aprobada, junto con otras medidas legislativas protectoras del periodismo, por unanimidad en el Senado y con 370 votos de diputados a favor y tres abstenciones. El decreto, en lo conducente, establece lo siguiente:

Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder:

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado;”.

En la construcción normativa del precepto anterior se tomaron en cuenta las conclusiones a que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al secreto profesional, entre las cuales destaca la siguiente:

“La colaboración que los particulares deben brindar a las autoridades encargadas de investigar los delitos ha implicado el origen de la pretensión y tentación de configurar algún tipo de responsabilidad cuando una persona tiene información o datos importantes para el avance de una investigación y manifiesta su negativa de aportarlos bajo el argumento del secreto profesional o la reserva de información, sobre todo porque la profesión, actividad o labor que desempeñan implica tener acceso a información, datos o conocimientos que en ocasiones afectan a las personas; por ello, el derecho a guardar secreto del origen de cierta información también debe considerarse como un derecho orientado a la salvaguarda de la integridad y el trabajo de la persona que por razón de su profesión o actividad tienen acceso a la misma…

Tomando en consideración lo anterior y la tendencia universal por reconocer el derecho de salvaguardar el secreto profesional o la reserva de información, orientada a tratar de garantizar de manera plena el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, resulta preciso introducir una regulación clara en los códigos adjetivos en materia penal, que den certidumbre de que la libertad de expresión y de prensa no se encuentran sujetas a limitación alguna, salvo los casos de ataques a la moral, los derechos de terceros, el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.”

Y, finalmente, el 10 de junio del 2011 se publicó en el mismo Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos que establece las nuevas obligaciones de las autoridades de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Como podemos observar existe toda una preceptiva de carácter integral para proteger la libertad de expresión y a los periodistas.

Ataques a la libertad de expresión en el ámbito judicial federal.

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido una actitud pro-activa en función de la reforma constitucional de derechos humanos. Clausuró la Novena Época de la Jurisprudencia y dio paso a la siguiente bajo el criterio de la innovación jurídica trascendental que dicha transformación lleva consigo. Recopiló y difunde a través de su página de Internet los tratados internacionales que reconocen derechos humanos que ha celebrado el Estado mexicano y se ha dedicado a desarrollar una profusa actividad de capacitación entre secretarios, jueces y magistrados con miras a hacer fomentar, mantener y consolidar una cultura de los derechos humanos.

Sin duda, la Corte ha adoptado una postura que se identifica con el constitucionalismo moderno y se muestra comprometida con la preservación de las libertades fundamentales del pueblo de México.

Por eso extraña que todavía se registren conductas en algunos tribunales que no son acordes con el paso que ha dado el Constituyente y la propia Suprema Corte. Se trata de sendas presiones para que periodistas revelen sus fuentes, en contravención al Artículo 234 Bis de la ley federal procesal penal antes invocada. En los Juzgados Quinto y Décimo Tercero de Distrito en Tijuana, Baja California los titulares han requerido a la directora general de la Agencia Fronteriza de Noticias que manifieste si algún periodista cubrió notas relacionadas con hechos delictuosos y cómo recibieron imágenes y datos al respecto, lo cual los periodistas y el medio de comunicación afectados consideran pone en riesgo a los reporteros, además de resultar conculcatorio de preceptos expresos y del espíritu derivado de las normas protectoras tanto nacionales como internacionales a que hemos hecho referencia.

Actitudes inquisitoriales como las desplegadas por algunos juzgadores federales en Baja California no resultan acordes con el compromiso que la Suprema Corte y sus Ministros han asumido con los derechos humanos y deben enmendarse a fin de garantizar a los periodistas el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito de la jurisdicción federal.

Desde luego que los periodistas colocados en mayor riesgo por las decisiones judiciales harán valer los medios intra-procesales de impugnación y, de ser necesario, habrán de ejercitar los recursos extraordinarios que la ley les faculta pero también es importante atraer la atención de la autoridad competente cual es el Consejo de la Judicatura Federal hacia estas circunstancias discordantes con nuestra nueva preceptiva sobre derechos humanos.

En mi calidad de representante del Estado Libre y Soberano de Baja California ante el Pacto Federal tengo claro que el Senado mantiene una tradición jurídico-política de larga data consistente en elevar a consideración del Poder Judicial de la Federación únicamente circunstancias o situaciones más que asuntos de carácter excepcional.

De ahí que más que un exhorto, me permito solicitar con toda atención al Consejo de la Judicatura del H. Poder Judicial de la Federación valore si resulta procedente y congruente con la decisión de dicho Poder manifestada por los señores Ministros y Consejeros a favor de los derechos humanos, el practicar una revisión a los expedientes que adelante se mencionan en ejercicio de las facultades que considere le asistan con el ánimo de retroalimentar su programa de capacitación en materia de derechos humanos y ejercicio de la jurisdicción.

Los requerimientos a los periodistas para revelar sus fuentes de información se formularon como sigue:

Juzgado

Expediente

Fecha del Acuerdo

Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California.

29/2013

5 de Septiembre del año en curso.

Quinto de Distrito en el Estado de Baja California.

268 /2012-A

23 de Septiembre de este año.

Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California.

29/2013

2 de Octubre del presente año.

En este orden de ideas, me permito poner a consideración de la Asamblea de Senadoras y Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Con carácter de urgente resolución, se solicita con toda atención al Consejo de la Judicatura del H. Poder Judicial Federal tenga a bien practicar una revisión a los expedientes que se mencionan en el cuerpo de esta petición, en ejercicio de las facultades que considere le asistan, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores absteniéndose de presionarlos para revelar sus fuentes de información en ocasión de causas penales incoadas ante su jurisdicción.

México, Distrito Federal en el recinto del Senado, a 22 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

De los CC. Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, junto con los productores de limón del país y la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, instalen una mesa de trabajo con objeto de revisar el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado el 15 de mayo de 2013. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIAS DE ECONOMIA Y DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A QUE, JUNTO CON LOS PRODUCTORES DE LIMON  DEL PAIS Y LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL SENADO, INSTALEN UNA MESA DE TRABAJO CON OBJETO DE REVISAR EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION, PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 2013

"Los suscritos, Senadores, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Manuel Humberto Cota Jiménez integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En 2009 se confirmó en nuestro país la presencia de la plaga del Huanglongbing (HLB) mejor conocido como dragón amarillo, el cual estaba afectando los cultivos de cítricos en Yucatán.  Desde entonces, se propagó a 13 de los 23 estados productores de cítricos del país, los cuales son Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

De acuerdo con el estudio “Evaluación del Impacto Económico del Huanglongbing en la Cadena Citrícola Mexicana” publicado en el 2010, la siembra de limón en el sector agropecuario es de la mayor importancia. En México se cultivan 85 mil hectáreas, que aportan una producción anual de un millón 600 mil toneladas, abasteciendo tanto el mercado doméstico como el de exportación.

Sin embargo, desde hace varios años, diversas regiones productoras de limón enfrentan una grave crisis, derivada de la proliferación de la plaga HLB, que ha infectado un considerable número de hectáreas. Ante esta situación, las autoridades federales, estatales y municipales han tomado una serie de medidas fitosanitarias y de control de plagas para minimizar sus efectos y evitar su propagación.

En el mismo sentido y con el objetivo de evitar el desabasto de este cítrico, el titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, emitió el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, desgravando el arancel para la libre importación de limón.

Esta decisión, ha generado múltiples controversias entre los productores involucrados, los cuales han manifestado, que si bien, la plaga afectó a la producción doméstica, su incidencia en la producción total no fue significativa. De acuerdo a información generada por el Sistema Producto del Limón, al día de hoy, existe una producción de 3 mil toneladas diarias, e incluso en algunas temporadas sólo se cosechan 3 días a la semana, para evitar una sobreoferta y una disminución de precios, ya de por sí bajos.

La información anterior se corrobora, al considerar que las buenas prácticas de producción en el sector han logrado impulsar el incremento de su productividad, con un rendimiento promedio de 14 toneladas por hectárea en los últimos seis años. Este nivel de producción ha contribuido a que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubique a México como el segundo productor de limón y como el tercer exportador  a  nivel  mundial, con un valor de mercado estimado en unos 400 millones de dólares.

Más aún, en febrero del año en curso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que las exportaciones de este cítrico crecieron 44,1% durante el período enero-septiembre de 2012, en comparación con el mismo lapso de 2011.

Por el contrario, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, durante el 2013 el aumento al precio del alimento fue constante, hasta que el gobierno federal hizo el anuncio en la apertura arancelaria, el 15 de mayo del corriente.

Por tal razón, los productores organizados de Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca principalmente, demandan que el arancel a las importaciones de este producto regrese a la normalidad, dado que dicha medida les está generando importantes pérdidas económicas y de no revocarla, los llevará a escenarios de sobreoferta, afectando inevitablemente a 25,000 familias que participan en la cadena productiva, equivalente a más 20 millones de jornales anuales.

Aunado a lo anterior, refieren que a pesar de problemas relacionados a la inseguridad y a los problemas fitosanitarios generados por la plaga, no se ha presentado ningún impacto en el abasto de limón para el consumo nacional ni el de exportación. Consideran que la mayor parte de sus afectaciones se circunscriben en la intermediación comercial en la cadena productiva por parte de los intermediarios y coyotes. Los cuales, especulan con los precios de mercado para incrementarlos y llevarse las mayores ganancias, afectando directamente a los productores y al consumidor final.

Por todo lo anterior, los legisladores que suscribimos el presente documento consideramos que es prioritario dar una solución inmediata a esta problemática.

En este sentido y para tener una mejor dimensión de este problema, es oportuno realizar mesas de trabajo que permitan discernir e instrumentar soluciones eficaces, desde el ámbito de competencia de los diversos actores involucrados.

Para llevar a buen puerto el objetivo planteado, proponemos  que las autoridades con atribuciones y facultades para participar en dichas reuniones son las de la Secretaría de Economía y las de  SAGARPA, junto con los representantes de las diversas organizaciones productoras de limón y la Comisión de Agricultura y Ganadería, de esta Cámara legislativa.

Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que junto con las diversas organizaciones de productores de limón del país y la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara legislativa, instalen una mesa de trabajo con objeto de revisar el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el diario oficial de la federación el 15 de mayo de 2013.

Dado en  salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez".

La efeméride inscrita en el Orden del Día se integrará al Diario de los Debates.





 

EFEMERIDE

Del C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, en relación a la conmemoración del CXCIX aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814.

Posicionamiento DEL SENADOR JOSE ASCENcION ORIHUELA BARCENAS integrante del Grupo Parlamentario del PRI con motivo deL ciento noventa y nueve aniversario de la promulgaciOn de la constituciOn de APATZINGAN del 22 de octubre de 1814

“Con su permiso Senador Presidente
Compañeras y compañeros legisladores

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, tenemos la enorme satisfacción de conmemorar un aniversario más de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán.

Esta Constitución proclamada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán y que retoma los principales postulados de los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón. La Constitución de Apatzingán representa el instrumento jurídico por el cual los americanos plasmaron sus ideales y aspiraciones de libertad, igualdad, así como la construcción de un México independiente.

En el texto constitucional se proclamaba la prohibición de la esclavitud, la eliminación de castas y establecía la división de poderes, asimismo, señalaba que la soberanía radicaba en el pueblo, en consecuencia éste a través de sus representantes populares, era el único que debería determinar su forma de gobierno y legislación.

En el marco de esta celebración, es oportuno hacer una breve pero significativa recapitulación de las circunstancias en las que se promulgó este importante documento. Los hechos ocurrieron en el movimiento de independencia de México y surgió por la necesidad de proteger los derechos los mexicanos, pero sobre todo, de establecer límites a los excesos, arbitrariedades e injusticias propios de la época.

En 1811, con las aprehensiones de los caudillos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo la causa insurgente se debilitó, sin embargo, bajo el mando del General José María Morelos y Pavón, se logró mantener vivo el anhelo de formar una nación con leyes, administración y representación propia.

Por ello, en agosto de 1811 en Zitácuaro, se llevó a cabo la Organización de la Suprema Junta Nacional de América, donde se reunieron los principales líderes insurgentes para establecer propuestas que permitieran conseguir los objetivos de la causa liberal.

En estas discusiones, se presentaron los “Elementos Constitucionales”, de Ignacio López Rayón, que constaban de 38 artículos y en los que organizó el pensamiento de los insurgentes. Sus principales premisas fueron: la intolerancia religiosa, la religión católica como oficial; abolición de la esclavitud; separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; reconocimiento de la soberanía popular y la independencia de la Nueva España.

Los planteamientos establecidos en el texto de López Rayón convencieron a la mayoría de los de los grupos insurgentes, empero, consideraban que debían tomarse en cuenta las posturas de todas las provincias. Consciente de esta urgente necesidad, José María Morelos y Pavón, Carlos María de Bustamante y Vicente Santa María, propusieron la integración de un Congreso que reuniera a representantes de todas las provincias.

De esta manera, el 13 de septiembre de 1813 se instaló el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, el cual estuvo integrado de la siguiente manera: López Rayón, por Guadalajara; José Sixto Verduzco, por Michoacán; José María Liceaga, por Guanajuato; José Manuel de Herrera, por Tecpan; José María Murguía, por Oaxaca; Carlos María de Bustamante, por la Provincia de México; José María Cos, por Veracruz y Andrés Quintana Roo, por Puebla. Como secretario Juan Nepomuceno Rosains.

Desafortunadamente, a principios de 1814, la presión de las fuerzas realistas incrementó considerablemente por lo que el Congreso tuvo que trasladarse a distintos lugares de los actuales estados de México, Puebla y Michoacán, hasta que finalmente se instaló en Apatzingán.

Una vez instalados en la sede michoacana se iniciaron los trabajos para la redacción de la Constitución, teniendo como responsables a Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel de Herrera.

El 22 de octubre de 1814, se tenía el texto constitucional para ser presentado ante el Supremo Gobierno Americano y los Diputados y debido a lo complejo del contexto social, el proceso legislativo tuvo que acelerarse y ese mismo día se sancionó y aprobó con el nombre oficial de “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”.

El decreto fue firmado por María Liceaga, José María Morelos y José María Cos, consta de 242 artículos y se dividió en dos partes: la primera relativa a los principios elementales o elementos constitucionales, y la segunda sobre la forma de Gobierno. Además de incluir los preceptos de soberanía popular, acceso a la justicia, respeto de los derechos humanos y división de poderes, fue el primer texto constitucional en dar la categoría de ciudadanos a todos los gobernados. 

La aplicación de la constitución de Apatzingán tuvo lugar sólo en las provincias dominadas por los insurgentes, de ahí que en 1817, dichos preceptos prácticamente se habían extinguido.

Sin duda, por su carácter republicano, la Constitución de 1814 fue determinante para las Constituciones posteriores, como lo es la de 1824, la cual retomó los ideales de representación popular y el sentido de la soberanía, principios que a partir de ese momento, están plasmados en los textos constitucionales de nuestro país y que forman parte de nuestras decisiones políticas fundamentales, es decir, de la esencia misma del Estado mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores:

En el marco del ciento noventa y nueve aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las instituciones, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos.

Hoy, es oportuno mirar en retrospectiva y contrastar la realidad del México revolucionario con el actual, en este sentido, vemos con profunda alegría que a través del tiempo hemos conseguido importantes logros, conservando los grandes avances que se gestaron en el Congreso de Anáhuac.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que en la Constitución de Apatzingán está plasmado el anhelo de libertad e igualdad que impulsó el movimiento de independencia y a pesar de no haber tenido validez ni haber entrado en vigor en todo el territorio nacional, fue determinante para la consumación de la Independencia de México y la mayoría de sus preceptos están vigentes en nuestra ley suprema.

Desde esta Soberanía nacional, hago el llamado para que como mexicanos, pero sobre todo, como representantes populares, coadyuvemos a que el Senado de la República sea un verdadero contrapeso que actúe en beneficio de las y los mexicanos.

Es cuanto Senador Presidente

Por su atención, muchas gracias”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 24 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:54 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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