Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 17 de Octubre de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Conforme al registro electrónico, contamos con la presencia de 111 Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 17 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veinticuatro minutos del día martes quince de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves diez de octubre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Acordó homologar el turno de cinco iniciativas de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de perspectiva de género, para quedar todas en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.- La relación de las iniciativas se publicará en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Radio, Televisióny Cinematografía, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Municipal, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Plan de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de su participación en la misión parlamentaria a Jordania para evaluar la situación de refugiados sirios, que se llevó a cabo los días 25 al 30 de junio de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Institucionesy Procedimientos Electorales.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el lunes 14 de octubre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria.- LaMesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos el lunes 14 de octubre.

 

Los Senadores Omar Fayad Meneses, Teófilo Torres Corzo, Ivonne Liliana Alvarez García, Fernando Yunes Márquez, María del PilarOrtega Martínez e Iris Vianey Mendoza Mendoza, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo Tercero Transitorio y adiciona los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide laLey General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el lunes 14 de octubre.

(Iniciativas)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y AngélicaAraujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción X del artículo 34, así como la fracción X del artículo 40, ambos de la Ley Orgánica del Administración Pública Federal y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el fondo de capitalidad.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el treceavo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 4, 5-A y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, remitió iniciativa con proyecto de Decretopor el que se adicionan un Capítulo I Bis a la Sección Quinta del Título Segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, un Capítulo IV al Título II de la Ley que regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y un Capítulo I Bis a la Ley Orgánica de la Financiera Rural.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor José Antonio Meade Kuribreña.

 

(RECESO)

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

Se llevó a cabo la comparecencia del Doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores, para el análisis de la Política Exterior del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

 

En la primera ronda de grupos parlamentarios, intervinieron los senadores:

Manuel Bartlett Díaz del PT;

Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM;

Dolores Padierna Luna del PRD;

Octavio Pedroza Gaitán del PAN;

Teófilo Torres Corzo del PRI.

 

En la ronda de pregunta-respuesta-comentario, intervinieron los senadores:

Mónica Tzasna Arriola Gordillo;

Margarita Flores Sánchez, quien realizó la pregunta;

José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI, quien realizó el comentario;

Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT;

Salvador Vega Casillas del PAN, quien realizó la pregunta;

Marcela Torres Peimbert, quien realizó el comentario;

Manuel Camacho Solís del PRD, quien realizó la pregunta;

Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien realizó el comentario;

Carlos Alberto Puente Salas del PVEM;

Lucero Saldaña Pérez del PRI, quien realizó la pregunta;

Layda Sansores San Román, quien realizó comentario;

Juana Leticia Herrera Ale del PRI, quien realizó el comentario;

Rabindranath Salazar Solorio del PRD, quien realizó la pregunta;

Luz María Beristáin Navarrete, quien realizó el comentario;

Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, quien realizó la pregunta;

Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, quien realizó el comentario; y

Marcela Guerra Castillo del PRI.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Elena Barrera Tapia, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 y la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Vivienda; y se adiciona la fracción XX al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el quese reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con la exhibición pública de películas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adicionany reforman diversas disposiciones al Código de Comercio, en materia procesal.- Se turnó a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el Ramo 11, dentro del rubro de subsidios, al Instituto Tecnológico de Sonora.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes parael desarrollo de diversos proyectos en materiade infraestructura deportiva del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámarade Diputados a destinar los recursos necesariospara la remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y adecuación del Curato en Museo Municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes parael desarrollo de diversos proyectos en materiade infraestructura del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes parael desarrollo de diversos proyectos en materiade infraestructura hidráulica del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Francisco Domínguez Servién, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada yLuis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputadosa no aprobar la iniciativa de Decreto por elque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en los términos que lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a conminar a los centros penitenciarios femeniles a instrumentar programas de desarrollo infantil, orientados a mejorar la calidad de vida de los menores que viven con sus madres en situación de encarcelamiento.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Baja California Sur a presentar al Centro Nacional de Prevención de Desastres el proyecto de atlas estatal de riesgos para que sea incluido en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objeto de conocer la información respecto al peligro y la vulnerabilidad de la población ante desastres naturales en la citada entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se hace un llamado a las autoridades de la Administración Pública Federal para la simplificación, uso eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de control aduanal de Huixtla en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhortaal titular del Ejecutivo Federal y a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámarade Diputados a establecer una partida especial de recursos para la reconstrucción, reparación y rehabilitación de las escuelas afectadas por la tormenta tropical 'Manuel' y el huracán 'Ingrid'.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo queexhorta al Secretario de Educación Pública, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a aplicar el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, para cumplir con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, y a vigilar por el pleno respeto al Estado de Derecho.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, César Octavio Pedroza Gaitán, Fernando Torres Graciano, Fernando Yunes Márquez y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal paraque comparezcan ante esta soberanía funcionariosdel Gobierno Federal en torno a los fenómenos hidrometeorológicos denominados "Manuel" e "Ingrid”.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no modificar el esquema tributario para la industria maquiladora y manufacturera de exportación, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a investigar el uso indebido de recursos públicos del Seguro Popular por parte del gobierno del estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Fidel Demédicis Hidalgo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en el rubro del Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondode aportaciones múltiples. Asistencia social y deesta forma se expanda el padrón de beneficiarios del programa "desayunos escolares".- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario, operado por el Instituto Nacional de Cancerología.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la resolución del Consejo de Seguridad para el Establecimiento del Plan Inédito de Destrucción de los Arsenales Químicos en Siria, en el marco de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2013 en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en los cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica, así como de las acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a presentarse.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado acerca de las implicaciones que traerá para la economía del país el cierre del gobierno de Estados Unidos de América, así como lo referente a la elevación del techo de la deuda estadounidense, informando al Congreso de la Unión los resultados del mismo, así como las acciones que deberán implementarse dado el impacto en nuestra economía.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Efeméride)

La Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y siete minutos y citó a Sesión Solemne el jueves diecisiete de octubre a las once horas y al concluir a Sesión Ordinaria".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se solicita a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: La Mesa Directiva acordó emitir las excitativas que disponen en el artículo 214 del Reglamento del Senado a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de sus dictámenes.

Las excitativas están referidas a 19 proyectos y la relación de éstos aparecerá en la Gaceta del Senado.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Asimismo, la Mesa Directiva autorizó la homologación del turno a tres proyectos de reformas de Ley General de Salud y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar todas en las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

La relación de estos proyectos se publicará en la Gaceta.

También la Mesa Directiva autorizó la ampliación del plazo, para la presentación del dictamen, a seis asuntos de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Asamblea queda enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibieron comunicaciones de las Comisiones de Salud; y de Fomento Económico, con las que se remiten sus respectivos informes de actividades, correspondiente al primer año del ejercicio de la actual legislatura.








Asimismo, se recibió una comunicación de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Acuerdo con la convocatoria relativa al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe sobre el resultado final completo de las negociaciones y sobre la forma en que se atendieron los objetivos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, del Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre la Agricultura entre los Estados Unidos México y la República de Islandia.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1514/13.
México, D.F., 15 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5 y 6 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito remitir copia del oficio número 100.2013.DGVP.774 signado por el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como de sus anexos, mediante los cuales remite el Informe sobre el resultado final completo de las negociaciones sobre la forma en que se atendieron los objetivos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, del Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; de Agricultura y Ganadería; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: También se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con nombramientos a favor de los ciudadanos:

Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Santa Lucía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Antigua y Barbuda, Federación de San Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad de Dominica, y San Vicente y las Granadinas.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1496/13.
México, D.F., 16 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República  tiene a bien nombrar al C. Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Santa Lucía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Antigua y Barbuda, Federación de San Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad de Dominica, y San Vicente y las Granadinas.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.






Y Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argentina.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1494/13.
México, D.F., 16 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República  tiene a bien nombrar al C. Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argentina.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnense ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.

 






- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, se recibieron de la Secretaría de Gobernación, nombramientos a favor de los ciudadanos:

Diego Antonio Gómez Pickeringf, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1499/13.
México, D.F., 16 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República  tiene a bien nombrar al C. Diego Antonio Gómez Pickeringf como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.






Y Roberta Lajous Vargas, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Andorra.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1495/13.
México, D.F., 16 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República  tiene a bien nombrar a la C. Roberta Lajous Vargas, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Andorra.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnense los dos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

 






- La C. Secretaria Díaz Lizama: Igualmente, de la Secretaría de Gobernación, se recibieron nombramientos a favor de los ciudadanos:

Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1498/13.
México, D.F., 16 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República  tiene a bien nombrar al C. Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.






Y Carlos Isauro Félix Corona, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Malasia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Kiribati y la República de Nauru.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1497/13.
México, D.F., 16 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República  tiene a bien nombrar al C. Carlos Isauro Félix Corona, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Malasia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Kiribati y la República de Nauru.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnense ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.

 






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta, proyecto de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.







- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona un cuarto y quinto párrafos al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.







- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Díaz Lizama: También se recibió de la Cámara de Diputados la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Díaz Lizama: Igualmente, la Colegisladora remite una minuta proyecto de Decreto que adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio suscrito por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que informa que en el mes de octubre el doctor Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz y el doctor Andrés Roemer, culminan su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; asimismo, informa que el maestro Sergio J. Rochín del Rincón fue designado como integrante del Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas.

“COMISION NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
MEXICO

PRESIDENCIA

México, D. F„ a 14 de octubre de 2013

Sen. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Distinguido señor Senador:

Me permito hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual expresa que anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

En razón de lo anterior, a partir del presente mes el doctor Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz y el doctor Andrés Roemer culminan su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por otra parte, el maestro Sergio J. Rochín del Rincón fue designado por ese H. Senado de la República como integrante del Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, ante lo cual ha manifestado su imposibilidad para continuar desempeñándose como consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que también estaría vacante ese lugar. Lo que someto a su amable consideración para los efectos legales conducentes.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Dr. Raúl Plascencia Villanueva,
Presidente”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sobre ese asunto, como dimos cuenta hace un momento, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido ya la convocatoria correspondiente, misma que está publicada en la Gaceta para sus efectos correspondientes.

Tenemos la visita de estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Compañeros Senadores, a petición de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, la Mesa Directiva acordó hacer un reconocimiento al equipo infantil de básquetbol, conformado por 24 niños triquis, del estado de Oaxaca, quienes obtuvieron el Campeonato en el IV Festival Internacional de Mini-básquetbol de Argentina.

En esta contienda deportiva participaron ocho mil niños de 54 equipos representantes de diversas provincias argentinas y de países como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y México.

Les solicito ponernos de pie, para rendir un minuto de aplausos a estos pequeños que fueron los más aclamados del torneo.

(Todos de pie. Un minuto de aplausos)

Gracias. Tomen asiento, por favor.






En el apartado de iniciativas, informo a la Asamblea, que el día de ayer, miércoles 16 de octubre, se recibió y turnó directamente a la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes, suscrito por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y APLICACION DE ARANCELES VERDES

(Presentada por los CC. Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

"SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN Y SALVADOR VEGA CASILLAS, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;  con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y APLICACION DE ARANCELES VERDES.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En reconocimiento a la necesidad imperante de todos los países del mundo, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, y de los que nos encontramos en vías de desarrollo, por erradicar la pobreza como prioridad en las decisiones de política pública de los Gobiernos, además de la estrecha relación que tienen con el uso racional de los recursos naturales, con la capacidad de las sociedades para mejorar el bienestar de las personas y promover el desarrollo, se habla de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible.

La inclusión explícita de la necesidad de acabar con la pobreza de una forma que se garantice que no volverá a aparecer y que se mantendrán los recursos naturales, resalta al menos dos temas. Primero, que no se puede hablar de economía verde independientemente de acciones directamente ligadas a atender las necesidades de los grupos más vulnerables; y segundo, que no puede existir una economía verde si los patrones de consumo y producción no garantizan la mejora en el ambiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los beneficios sociales estén presentes en corto, mediano y largo plazo.
Bajo estas premisas entonces, la economía verde es la que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la depresión ecológica. Se convierte en una herramienta fundamental para transitar a un desarrollo económico de baja huella de carbono así como  un mecanismo que utiliza los recursos de forma eficiente siendo además es socialmente incluyente.

Es de suma importancia remarcar que el concepto de “economía verde”, creado por la ONU en el año 2008, ante la crisis económica mundial, no sustituye al de “desarrollo sostenible”, sino que es una ruta a tomar para alcanzarlo. El camino concreto no es igual para todos los países, sino que depende de la situación y perspectivas específicas de cada uno.

La falsa creencia de que los recursos naturales no tienen límites es la falta de reconocimiento de que la sociedad dispones de bienes y servicios naturales para promover su bienestar (como agua de ríos, lagos y el subsuelo, beneficios de los ecosistemas agrícolas que resultan en la producción de alimentos, aire limpio, y una infinidad más) pero que no retribuye a la naturaleza, ni la provee de los medios y tiempos necesarios para recuperar o regenerar eso que tomó.

Para corregir esta práctica errónea y las consecuencias que ha provocado, es necesario comprender la importancia de los bienes y servicios que provee la naturaleza, y el hecho de que muchos de esos bienes y servicios entran en una dinámica de mercado que no ha incorporado el costo ni el beneficio que tienen para la sociedad el asegurar que la naturaleza pueda seguir proporcionando dichos bienes y servicios.

Reconociendo que los países tienen una gama muy variada de condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales, resulta evidente que no es posible aplicar un mismo conjunto de estrategias para lograr transformar una economía hacia una más respetuosa con el medio ambiente, baja en emisiones de carbono e incluyente socialmente hablando. Es labor de los gobiernos establecer las condiciones que consideren necesarias que permitan a su país asegurar en el corto, mediano y largo plazos, la erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la conservación de la naturaleza.

Igualmente, es responsabilidad de los estados definir, aplicar, promover y coordinar las acciones necesarias dentro del contexto específico de su país, para llevarlo hacia un desarrollo sostenible en el plazo más corto posible.

La transición a una economía verde no es un obstáculo para el desarrollo y la industrialización, generando condiciones que los puedan atrasar. Por el contrario, una economía verde está destinada a promover la industrialización basada en la eficiencia de recursos, asegurando un acceso fiable, local y asequible a la energía y la tecnología, así como mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que podría mejorar la competitividad.

Aunque el concepto de economía verde aún no ha sido adoptado al cien por ciento en sus políticas públicas, México es uno de los países más avanzados en la materia, aseguran expertos . "El Gobierno ha hecho muy bien la tarea de poner en la mesa el tema y de llevarlo a todos los foros internacionales en los que participa y también de generar marcos regulatorios y políticas públicas”. “Por otro lado, las empresas ya han aterrizado esfuerzos muy significativos y han sido una especie de motor de las iniciativas en la materia, eso ha hecho que México esté muy adelantado en el tema, incluso más que naciones desarrolladas y otros países emergentes”. La vinculación que se ha dado entre el sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales ha sido fundamental en este proceso.

En función de lo anterior, es que México ha promulgado en los últimos años diversos ordenamientos legales que precisan el cumplimiento de regulaciones en materia ambiental como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental entre muchas otras leyes aplicables a todos los sectores de producción nacional de manufacturas. Adicionalmente, se han implementado diversos Acuerdos Internacionales como el de Basilea (eliminación de bifenilos policlorados), Estocolmo (eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados), Montreal (eliminación de los clorofluorocarbonos) y el Protocolo de Kioto (emisiones a la atmósfera), logrando los objetivos a través de la emisión y cumplimiento de normas oficiales mexicanas que se derivan de estos compromisos internacionales asumidos. Ejemplo de esto es que el país ha logrado que en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, el promedio mundial de 4.7 ton CO2/per cápita sea 27% superior al promedio mexicano de 3.7 ton CO2/per cápita . Hay países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Australia que emiten de 4 a 5 veces más CO2/per cápita al año. México está por debajo de la meta a la que muchos países desarrollados aspiran para el año 2050 .

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Kioto, por ser México un país en vías de desarrollo no está obligado a reducir sus emisiones de bióxido de carbono y sin embargo contamos hoy con una Ley General de Cambio Climático y una propuesta de impuestos verdes al consumo de todos los combustibles fósiles convirtiéndonos en punta de lanza respecto del resto de los países de mundo.  Lo anterior ha tenido un costo para el país, por ejemplo, el esfuerzo realizado por la industria ante una política energética basada en el uso del gas natural representa hoy la importación del 30% del volumen de consumo nacional con pérdida de divisas por 1,216 millones de dólares en 2012 así como, paros productivos en la industria nacional ante la falta de un abasto de gas natural, derivado del incremento de la demanda del mismo, siendo esta cifra muy cercana al monto que se estima recaudar como resultado de la propuesta de creación del impuesto verde, aún y cuando México es un país que aporta únicamente el 1.6 % de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial . Adicionalmente la falta de infraestructura para la distribución del gas natural ha afectado la competitividad e incrementado las emisiones atmosféricas, por la ineficiente distribución vía terrestre, tal es el caso que solo en el estado de Texas en los Estados Unidos existe una red de distribución de 600 000 kilómetros, cuando en nuestro país es de aproximadamente 9 000 kilómetros. La creación de infraestructura para incrementar políticas de eficiencia energética es fundamental aportando desarrollo económico y generación de empleos.

Es indispensable mencionar que las disposiciones medioambientales nacionales no exigen su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano.  Estamos permitiendo el daño a la salud del planeta e imponiendo obligaciones a nuestro sector industrial, pero dejando de lado aquellos países que generan la mayor cantidad de emisiones de carbono o que no se han sumado a compromisos internacionales en materia ambiental.

Al momento, México ha firmado 12 tratados de libre comercio con 44 Países, aunque la mayor presencia tanto en importaciones como en exportaciones la mantiene con los Estados Unidos de América. La política comercial mexicana combina la apertura unilateral con acuerdos comerciales preferenciales con socios estratégicos. 

México ha tenido grandes beneficios con el comercio exterior, pues ha incidido en prácticamente todas las actividades económicas, en la disponibilidad de bienes y servicios para productores y consumidores, en la variedad y calidad de las mercancías, y por supuesto, en los precios de los productos. También tiene una importante influencia en el empleo, los salarios, la inversión, la productividad y la transferencia tecnológica. Una virtud adicional del comercio exterior es que nos obliga a ser más competitivos y a innovar permanentemente para estar a la vanguardia. Sin embargo, la participación de nuestro país en el comercio mundial se ha visto afectado por condiciones de poca equidad en el tratamiento que reciben nuestros exportadores con respecto a los importadores.
La orientación al comercio exterior fue seguida también por la mayoría de las naciones, destacando China quien en noviembre del 2001 fue aceptada como miembro por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y solamente 11 años después, en 2012, exportó a EUA 425.6 mil millones de dólares.

China, junto con Brasil, Rusia e India, conforman el llamado BRIC, que son naciones que han tenido un crecimiento notable en su economía y en su nivel competitivo en el comercio internacional. Han intensificado sus exportaciones, a través de instrumentos legales que favorecen las condiciones para el crecimiento, lo que ha provocado el fortalecimiento de sus industrias nacionales.

México venía exportando principalmente manufacturas (75%), seguidas por combustibles y productos de la minería (17%) y productos agropecuarios (6%). Estados Unidos continúa siendo el principal interlocutor comercial de México, ya que absorbe alrededor de 80% de sus exportaciones. Otros socios comerciales relevantes son la Unión Europea (5%), Canadá (4%), Japón (2%), China (1%) y Brasil (1%).

Sin embargo, las condiciones económicas mundiales han venido cambiando de manera relevante en los últimos años, y las políticas de exportación de países desarrollados y en vías de desarrollo, como los BRIC'S, han creado condiciones de competencia inequitativa, llevando a México a convertirse en país exportador de materias primas e importador de manufacturas, situación que ha deteriorado la participación de la producción industrial en el PIB, pasando de 20% en el 2000 a  17.8 % en 2012, mermando así, la capacidad de generar empleos.

En los  países desarrollados la participación de la industria como porcentaje  del PIB es de 24% en Japón, 27% en Brasil, 28% en Alemania, 37% en Rusia y 47% en China. Cifras muy superiores a las nuestras y a las que debemos  aspirar. La presente iniciativa tiene la convicción de que el libre comercio y la competencia son buenos para la economía mexicana, al alentar su productividad y vocación exportadora. México debe mantener e incrementar su presencia en los mercados internacionales y también permitir la competencia en el mercado nacional.

El desarrollo industrial es de trascendente importancia en la solución de los grandes problemas nacionales y bajo una visión sustentable es mayormente trascendente; unos de los principales problemas para México, es la generación de empleo y son precisamente las industrias, las que según datos de la Secretaría de Economía, aportan 7 de cada 10; es también en la industria donde se pagan los más altos salarios a trabajadores; se dan los empleos con mayor permanencia, dando el mayor porcentaje de pensionados; se asimila y genera tecnología, aspecto esencial para la mejora en competitividad y la transición hacia una economía verde; se da valor agregado a los recursos naturales y es base del crecimiento del consumo nacional interno. México es un país que necesita crecer a tasas del 6% para lograr la generación de empleos que se requieren así como para mejorar sus indicadores nacionales de prosperidad para sus habitantes.

Muy a pesar de los atributos y cualidades de la industria nacional, de las cuales la sociedad mexicana es la receptora de los beneficios generados, los productores nacionales deben enfrentar el desafío de las importaciones con elementos como la calidad de sus productos, sus avances en mejoramiento del desempeño ambiental tanto desde el punto de vista de producción como de consumo de productos con cualidades ambientales que indiquen una disminución en la huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida; pero también es preciso señalar  que deben tener la garantía de que se desenvolverán  en un mercado con reglas justas.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha emitido una propuesta de Reforma Hacendaria que incluye la implementación de Bonos de Carbón, a través del impuesto a la enajenación de los combustibles fósiles. Establecer impuestos verdes es de suma importancia para el bienestar de las .sociedades, sin embargo es preciso reconocer el gran esfuerzo de nuestra industria para convertir a México en punta de lanza en el cuidado del ambiente.

Para lograr lo anterior, la presente Iniciativa propone incluir a nivel de Ley medidas que permitan una competencia equitativa entre los productos nacionales y los importados. Así, proponemos el establecimiento de una arancel verde a las importaciones,  que representa una opción recaudatoria de ingresos para el Gobierno y que puedan estar direccionados a resolver los  grandes rezagos de sustentabilidad en las poblaciones más vulnerables o marginadas del país; que permita destinar recursos a los gobiernos locales para realizar acciones de remediación de selvas y bosques, apoyo a la silvicultura; en general al fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que finalmente se traducirá en bienestar social como lo solicita la reciente reforma al artículo 4° Constitucional en materia de derechos humanos.   Se estima que este arancel verde puede lograr que se alcancen niveles recaudatorios equiparables al impuesto verde por el consumo de los combustibles, dependiendo de las ramas del sector industrial que se atiendan en materia de competitividad tanto ambiental como económica. 

México indudablemente ha puesto a trabajar a su industria en materia ambiental, la creación de todo un marco regulatorio, no ha sido en vano, por lo que como principio de equidad,  las importaciones con México  que no cumplan con las mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, deben ser gravados con el arancel verde, diferente a las importaciones que si cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que para el caso expida la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La presente Iniciativa considera que la SEMARNAT debe de actuar en coordinación con la Secretaría de Economía  para atender las solicitudes de  la industria sobre las normas que deberán de ser integradas al ACUERDO QUE IDENTIFICA LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION EN LAS QUE SE CLASIFICAN LAS MERCANCIAS SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN EL PUNTO DE SU ENTRADA AL PAIS, Y EN EL DE SU SALIDA (Identificado normalmente como Acuerdo de Normas), emitido por ésta última dependencia y requeridas para propiciar la equidad de las importaciones. Dichas normas podrán referirse a las especificaciones que deberán de cumplir tanto los productos como los procesos de transformación.

Como bien se sabe, la normas son un elemento importante para rediseñar los mecanismos que garanticen la equidad en el intercambio comercial internacional, tanto las voluntarias (NMX´s) como obligatorias (NOM´s), mismas que al aplicarse garantizan la competencia en igualdad de circunstancias, incluyendo temas de calidad del producto y cuidado al medio ambiente.

Las NOM´s son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias normalizadoras competentes, aplicables tantos a los productos nacionales que se comercializan en el país como los de procedencia extranjera.

Las NOM’s, las NMX´s así como otras medidas de diferente índole permiten impulsar el desarrollo de la economía nacional y consecuentemente la generación de empleos así como alentar un comercio exterior más equitativo, fomentar la protección del medio ambiente y promover que la competencia en el comercio internacional sea con los mismos estímulos y restricciones para todos.

Aun cuando al día de hoy, la legislación comercial en México especifica en su Ley Federal de Metrología y Normalización (Artículo 53) que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma, es importante destacar que para dar cabal cumplimiento a dicho artículo, debe iniciarse un procedimiento de modificación a leyes que propicien el principio de equidad, que además dentro del esquema del desarrollo económico sustentable, se identifica un  área de oportunidad para obtener recursos bajo un principio de fomento y promoción al cuidado de los recursos naturales y del capital natural que cada país debe salvaguardar. 

La norma una vez incluida en el Acuerdo de Normas, representa el instrumento a través de cual se establecen los requisitos ambientales a cumplir por los productos que pretenden ingresarse al país.

Con fundamento en los elementos hasta ahora expuestos,  se realizó un análisis respecto de los aranceles promedio vigentes a las importaciones, relativo a los diferentes sectores industriales, encontrando la siguiente relación :

Sector

Arancel Prom

Abonos

0.0

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

5.6

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

6.2

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

15.0

Algodón

9.5

Aluminio y sus manufacturas

3.9

Animales vivos

13.1

Aparatos de relojería y sus partes

0.0

Armas, municiones, y sus partes y accesorios

11.2

Azúcares y artículos de confitería

78.8

Barcos y demás artefactos flotantes

8.0

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

16.5

Cacao y sus preparaciones

14.2

Café, té, yerba mate y especias

20.8

Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

16.6

Carne y despojos comestibles

65.1

Caucho y sus manufacturas

3.7

Cereales

17.8

Cinc y sus manufacturas

0.0

Cobre y sus manufacturas

1.6

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales

0.3

Corcho y sus manufacturas

0.5

Estaño y sus manufacturas

1.9

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas

2.5

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

8.5

Filamentos sintéticos o artificiales

6.6

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

18.3

Fundición, hierro y acero

0.0

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

10.3

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

16.1

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería

7.9

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común

6.5

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

16.4

Instrumentos musicales; sus partes y accesorios

5.3

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

3.0

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odon

6.6

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

8.1

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

4.8

Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

3.6

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte

25.9

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

18.7

Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias

0.2

Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

9.0

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

6.4

Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa

16.1

Manufacturas de espartería o cestería

13.8

Manufacturas de fundición, hierro o acero

2.4

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

4.5

Manufacturas diversas

9.6

Manufacturas diversas de metal común

8.2

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

2.4

Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas

3.3

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte

8.9

Minerales metalíferos, escorias y cenizas

0.0

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas

10.9

Níquel y sus manufacturas

0.0

Objetos de arte o colección y antigüedades

0.0

Operaciones especiales

0.6

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

2.1

Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes

13.1

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

0.0

Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial

2.5

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

3.3

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

17.8

Pieles (excepto la peletería) y cueros

0.0

Plantas vivas y productos de la floricultura

10.3

Plástico y sus manufacturas

4.2

Plomo y sus manufacturas

0.0

Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello

6.7

Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables

6.3

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

20.9

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

21.2

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

15.0

Preparaciones alimenticias diversas

24.5

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

18.1

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas

20.0

Productos cerámicos

5.9

Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

16.0

Productos diversos de las industrias químicas

2.0

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

7.0

Productos farmacéuticos

5.5

Productos fotográficos o cinematográficos

3.6

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.

0.8

Productos químicos orgánicos

0.7

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos

3.1

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

10.2

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

0.5

Seda

6.0

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje

4.9

Sombreros, demás tocados, y sus partes

11.5

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

49.2

Tejidos de punto

8.9

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados

9.3

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil

9.2

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios

8.3

Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación

1.7

Vidrio y sus manufacturas

6.4

Total general

5.9

Como puede apreciarse en la tabla anterior, los alimentos se consideran estratégicos para la seguridad alimentaria de nuestra población, asimismo debe de ser de carácter estratégico el establecimiento de aranceles a las importaciones como medio de compensación a las externalidades ambientales derivadas del consumo nacional no generadas en México.

Estos, los aranceles, deben de compensar aquellos costos asociados al cuidado ambiental y legislación a la que están sujetas las ramas industriales nacionales que han invertido en modernización, son eficientes, competitivas, dan valor agregado a los recursos naturales y/o participan de forma importante en la cadena de valor generando crecimiento económico, empleos, impuestos y evitando la pérdida de divisas. 

Respecto de los aranceles contenidos por sector en la tabla inmediata anterior, se deduce también que hay sectores industriales muy vulnerables a las importaciones de productos similares a los suyos. Revisando cada uno de ellos y sin dejar de comentar que la presente iniciativa pretende que en un futuro cercano todos estos sectores vulnerables muestren su nivel de desempeño ambiental frente a sus similares extranjeros a efecto de ser considerados para la inclusión de un arancel verde, consideramos que el sector fundición, hierro, acero y manufacturas, resulta muy relevante de acuerdo con los siguientes aspectos:

1. El nivel de industrialización de un país se mide por el nivel de producción de acero. El consumo de acero en Kilogramos por habitante es de 180, siendo México de los más bajos a nivel mundial y debiendo alcanzar niveles de 400 Kg per cápita en el 2030 como se encuentran los países desarrollados.

2. La importancia del sector siderúrgico en México dentro de la actividad económica se refleja en una participación promedio del 2.4% respecto del PIB Nacional, con un comportamiento cíclico directamente proporcional al crecimiento de este indicador. Por otro lado, la siderurgia contribuye con 7.7% del PIB Industrial.

3. Por lo que se refiere a la Industria Manufacturera, en ocho años el PIB siderúrgico creció nueve puntos porcentuales del PIB manufacturero, para representar en 2008 un 17.6% de ese indicador. Situación que cambió radicalmente a partir de la crisis del 2008-2009, hasta ubicarse en 2012 en 15.2% con una recuperación cíclica que va en promedio de 0.4% de crecimiento anual post-crisis. El consumo de acero se encuentra en desaceleración al contrario de la tendencia de las importaciones por ejemplo de China que continúan creciendo.

4. Estimación de evasión fiscal. Durante el periodo enero-agosto de 2013 se importaron (definitiva y temporalmente) 42 mil toneladas de productos de acero en un 30% por debajo del precio de alerta (hasta sept 2013), lo cual representa un valor total posiblemente no declarado 11 millones de dólares, estimando así una evasión de IVA e IGI de 27 millones de pesos contra el fisco, a lo cual se debe sumar el no pago de las cuotas compensatorias .   

5. El precio del acero ha tenido una caída del 30% en el precio en los últimos dos años, esta disminución no se ha visto reflejada en los precios de las manufacturas como carros y electrodomésticos. El acero solo afecta al 1.6% de la canasta básica.

6. Es un sector estratégico a nivel nacional, básicamente por ser el pilar del desarrollo económico nacional y regional y el inicio de múltiples cadenas productivas.

7. CANACERO estima que la industria metálica básica y de productos metálicos genera más de 120 mil empleos directos y 600 mil indirectos, que son empleos bien remunerados, muy por encima de la media manufacturera de salarios promedio mensuales.

8. La industria siderúrgica tiene presencia prácticamente en todo el país y en 11 estados de la República se produce acero líquido, destacando: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz cuya producción combinada representa 80.5% del total nacional.

9. El acero ha tenido avances tecnológicos importantes como es la invención de tecnología propia como el proceso HYL patentado en México y que entre otros factores, permite reducir las emisiones lo cual comparado con el resto del mundo:

 

México

Mundo

Intensidad de Emisiones (TonCO2/TAL)

1.3

1.8

Fierro mineral y carbón (AH-HBO) 2.5 TonCO2/TAL

25.9%

66.3%

Fierro mineral y Gas Natural  (HRD-HAE) 1.2 TonCO2/TAL

37.5%

4.5%

Chatarra y Electricidad (HAE) 0.6 TonCO2/TAL

36.6%

26.7%

* TonCO2: Tonelada de Bióxido de Carbono emitida; TAL: Tonelada de Acero Líquido; AH: Alto Horno, HBO: Horno Básico de Oxígeno; HRD: Horno de Reducción Directa; HAE: Horno de Arco eléctrico.

10. La industria siderúrgica mexicana  ha invertido más de 12 mil millones de dólares en modernización y cumplimiento de los estándares ambientales, reduciendo en un 22% el consumo de energía por tonelada producida.

11. La Siderurgia emite solo el 3% del bióxido de carbono del país. Las emisiones promedio por tonelada producida a nivel mundial son 39% mayores que el promedio nacional.

12. Los procesos siderúrgicos optimizan su consumo energético a través de procesos de reciclado de chatarra. El acero es el material más reciclado del planeta, con una tasa promedio de reciclaje de un 34%, según las estadísticas del IISI (International Iron and Steel Institute). No sólo sus productos se reciclan, sino que también los residuos sólidos se procesan para poder recuperar otros metales, como el zinc. Además, millones de toneladas de hierro y de acero son retiradas del flujo de residuos, debido a las características magnéticas del acero, haciendo más fácil su separación.

13. Cifras de la CANACERO, señalan que el 37% de la producción nacional de acero se realiza a través del reciclaje de chatarra, monto superior al promedio mundial (26.7%), lo que reduce el consumo de materias primas y energía. Por cada tonelada de acero usado reciclado, se ahorra una tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón que se emplea para hacer el coque siderúrgico, que es el combustible utilizado en la fabricación de este metal, el consumo de energía disminuye en un 70% y el uso del agua, otro recurso natural se reduce en un 40%.

14. Cabe señalar que más del 90% de las emisiones totales de la industria siderúrgica mundial son generadas por los siguientes países: Brasil, China, UE, India, Japón, Corea; Rusia, Ucrania y Estados Unidos. De los cuales, Estados Unidos, Japón, Corea y China están entre los 7 principales exportadores de acero a México.

15. De igual forma, los países del Acuerdo Asia Pacífico (APP: Australia, Canadá, China, India, Japón, Corea y Estados Unidos) generan más del 50% de las emisiones totales de la industria siderúrgica en el Mundo, de sus países integrantes Canadá, China, Japón, Corea y Estados Unidos están entre los 7 principales exportadores a México.

Fundamentado en las anteriores premisas, se agrega una propuesta que reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a efecto de imponer un Arancel Verde de 13% a las importaciones de los productos contenidos en los capítulos 72 y 73 del artículo 1 de la misma. Este Arancel Verde aplicado únicamente a este sector, generaría recursos por 20 mil millones de pesos aproximadamente y será referente para iniciar con un proceso de erradicación de la inequidad de varios productos mexicanos que hoy en día compiten con importaciones de baja calidad y alta huella ecológica, por supuesto, independientemente de aquellos países con los que tenemos suscritos Tratados de Libre Comercio.

Los productos que provienen de otros países que pretenden ingresar al mercado nacional, podrán hacerlo previa demostración del cumplimiento de cualquiera de los siguientes numerales y el pago del arancel de 13% a aquellos productos contenidos en las tablas de los capítulos 72 y 73:

I. El país de origen del producto a importarse esté suscrito a los Acuerdos Internacionales de Basilea  referente a la eliminación de bifenilos policlorados, Estocolmo referente a la eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados, Montreal  referente a la eliminación de los clorofluorocarbonos y Protocolo de Kioto referente al establecimiento de límites máximos de emisiones  atmósferas durante los procesos de manufactura.

II. El país de origen del producto a importarse, tenga a esta fecha suscrito un TLC con México.

III. El producto a importarse cumpla con los mismos estándares ambientales que la industria nacional, como el pago al carbón, derivados de convenios o acuerdos internacionales listados en la fracción I  y contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En aquellos casos en que un producto cumpla con los tres numerales, se pague  impuesto al carbono en su país de origen, equivalente o mayor al pagado en México y compruebe que las emisiones de CO2 por tonelada de acero producida sea igual o menor al nacional, no aplicará el pago de éste arancel.

Esto permitirá a México contribuir a la responsabilidad que cada uno de los países en el mundo debe de asumir frente a estos temas ambientales internacionales tan relevantes.

Para cuantificar el Arancel Verde del 13%, se utilizó el precio del bono de carbono en el mercado internacional, utilizado también en la propuesta de impuestos a los combustibles en México de la Reforma Hacendaria equivalente 3.06 U$/Ton CO2. El Anexo técnico de la presente Iniciativa, ilustra el cálculo a través del cual se determinó el arancel verde para las importaciones a los productos de acero.

Es necesario insistir, que el sector siderúrgico se utiliza como primer ejemplo en materia de impuesto verde por su compromiso ambiental, reducción de emisiones frente a sus similares internacionales ya que el promedio internacional de emisiones es 40% mayor que el promedio mexicano, lo que por sí mismo provoca una importante vulnerabilidad frente al comercio internacional; por lo anterior,  entraremos al estudio y revisión de otros sectores para considerar la posibilidad de imponer su propio impuesto verde bajo las circunstancias específicas de sus competidores en  el exterior.

Adicionalmente, la  presente iniciativa propone reformar los artículos 52 y 53  de la Ley Federal de Metrología y Normalización para que las importaciones cumplan con las NOM o normas mexicanas que correspondan; además, cuando no exista NOM, requerir que cumplan con las normas mexicanas o internacionales a las que están sujetos los productores nacionales.

Por otra parte, la presente propuesta modifica la fracción V del artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior con el objeto de otorgar atribuciones a la Secretaría de Economía para establecer avisos automáticos. Se trata de atribuciones que estando reguladas en la Ley darán seguridad jurídica y garantizarán su permanencia.

Además, propone adicionar a la Ley de Comercio Exterior dos artículos, el  22 BIS y 22 BIS 1. El primer artículo prevé la definición de aviso automático como instrumento de derecho público para fines de registro de las operaciones de comercio exterior; el segundo párrafo de este numeral dispone que no se pueda realizar trámite de importación y exportación sin el cumplimiento de este requisito; y el tercer párrafo refiere a la información que deberán contener los avisos automáticos, con el objeto de dar seguridad jurídica al particular interesado.

Por su parte, el artículo 22 BIS 1 regula las causales de cancelación de los avisos automáticos y de los permisos, ya que en la práctica comercial mexicana se ha podido constatar la realización recurrente y frecuente de conductas que constituyen fraudes como la indebida clasificación arancelaria de las mercancías, la evasión fiscal, subvaluación y la triangulación del origen, entre otras, que afectan el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, por lo que es necesario que la Secretaría de Economía efectúe una revisión permanente y sistemática  que con efectividad se aplican terior se propone establecer un certificado especial por el que se demuestre de manera fehacinet de la estadística comercial relativa a mercancías de los sectores más sensibles y estratégicos.

Para ello, se considera que la revisión estadística se administre a través de un aviso automático de importación y que opere de manera transparente y ágil, según lo establece el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la Organización Mundial del Comercio (GATT de 1994), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

Mediante la modificación al artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior se propone establecer un certificado especial por el que se demuestre de manera fehaciente el origen y procedencia de las mercancías que no deben pagar cuotas compensatorias y al mismo tiempo evitar que se evada su puntual cumplimiento, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México. Esto, sin menoscabo de que las autoridades puedan fiscalizar si las mercancías califican para ser declaradas como originarias del país mencionado.

Asimismo, se adiciona una fracción XIII al artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior para garantizar el derecho a presentar el recurso de revocación ante la cancelación de permisos previos y avisos automáticos.

En congruencia con lo anterior, se adiciona una fracción XIII al artículo 2 de la Ley Aduanera para definir qué se entiende por aviso automático; además, se propone modificar la fracción II del artículo 44 de la misma Ley, para que la autoridad aduanera se cerciore del cumplimiento de los avisos automáticos, permisos de importación y certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, para hacer efectivas las modificaciones sustantivas que se proponen a la Ley de Comercio Exterior. Esta medida probablemente tenga su mayor impacto con los países que no se tiene un Tratado de Libre Comercio.

Por otra parte, la presente iniciativa propone reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Cambio Climático y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para precisar que los productos a importarse deberán de cumplir la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación; adicionalmente, se complementa esta propuesta otorgando las facultades necesarias para su ejercicio a la SEMARNAT y su coordinación indispensable con Secretaría de Economía para desarrollar la gestión o proceso de inclusión en el Acuerdo de Normas de ésta última dependencia. Ambas dependencias deberán de emitir un procedimiento a través del cual reciba y procese las solicitudes de la industria, respecto de las normas que deberán de integrarse al Acuerdo de Normas que propicien la equidad en las importaciones.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los ordenamientos que se propone a ésta Cámara Alta, modificar para dar cauce a ésta iniciativa:

1. LEY FEDERAL DE METROLOGIA Y NORMALIZACION

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 52.- Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas.

Artículo 52.- Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas cuando aplique.

Artículo 53.- Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.

Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente, o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes para tal fin conforme a lo dispuesto en esta ley.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del  país de origen o a falta de estas, las del fabricante.

Articulo 53.- Cuando un producto o          servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.

Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente, o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes para tal fin conforme a lo dispuesto en esta ley.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse cumplan con las normas mexicanas o internacionales que les apliquen a los productores nacionales.

 

Cuando en otro país requieran el cumplimiento de normas o estándares a los productos mexicanos, las autoridades nacionales solicitarán el cumplimiento de esos mismos estándares a los productos a importarse, a través de normas oficiales mexicanas.

2. LEY DE COMERCIO EXTERIOR

TEXTO ACTUAL

MODIFICACION PROPUESTA

Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría:

I. …IV

V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación;

Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría:

I. …IV

V. Otorgar permisos previos,  establecer  avisos automáticos y asignar cupos de exportación e importación;

CAPITULO II
Sección segunda
Permisos previos, cupos y marcado de país de origen

 

CAPITULO II
Sección segunda
Permisos previos, avisos automáticos, cupos y marcado de país de origen

22 Bis.- Se entiende por avisos automáticos la constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

Sin este requisito no se podrán realizar operaciones de comercio exterior o cuando se actualice lo previsto en el artículo 22 Bis 1.

Los avisos automáticos podrán contener información relativa a la fabricación, producción, procesamiento, uso y calidad de los productos de que se trate, que mediante certificaciones expidan las personas físicas o morales acreditadas para ello, conforme lo dispuesto en esta Ley  y las disposiciones reglamentarias aplicables.

22 Bis 1.- La Secretaría podrá cancelar         los permisos y avisos automáticos de importación o de exportación en los siguientes supuestos:

l. Cuando el particular, con motivo del trámite del permiso previo o aviso automático, presente ante la Secretaría documentos o datos falsos, diferentes a los reales o no reconocidos por su emisor;

II. Cuando el particular no presente  ante la Secretaría la información o documentación requerida relacionada con el trámite del permiso previo o aviso automático otorgados;

III. Cuando se destine la mercancía objeto del permiso o aviso automático a un uso o fin distinto de aquél para el cual se otorgó el permiso previo o aviso automático de importación o de exportación;

IV. Cuando la Secretaría identifique que las condiciones de la planta o instalaciones  del beneficiario del permiso previo o aviso automático no son las que motivaron su otorgamiento;

V. Cuando el particular no cumpla con los requisitos de las normas aplicables que requiere la mercancía objeto del permiso previo o aviso automático y

VI. Cuando la Secretaría identifique que en el domicilio de la planta o instalaciones del beneficiario éste no sea localizado.

En caso de proceder la cancelación de los permisos previos y avisos automáticos, la Secretaría informará por medios electrónicos de esta circunstancia a las autoridades aduaneras y a los particulares por los medios oficiales que considere adecuados.

Artículo 66.- Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria.

 

Artículo 66.- Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la  que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban de manera fehaciente que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria, mediante un certificado de país de origen y/o los documentos comerciales que así lo acrediten.

Para los efectos de este artículo la prueba fehaciente del origen o procedencia de la mercancía se hará mediante la exhibición de certificados especiales ante la aduana del despacho que corresponda y conforme a        los requisitos previstos en Reglamento o mediante reglas generales, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México.

Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

I-XII

Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

I-XII

XIII. Que cancelen los permisos previos y avisos automáticos de importación o de exportación a que se refiere el art. 22 Bis1.

3. LEY ADUANERA

TEXTO ACTUAL

MODIFICACION PROPUESTA

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se considera:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se considera:

XIII. Aviso automático, constancia   o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

l. …

II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de               los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el             pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley.

 

III. …

ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

l. …

II. Comprobar que en la importación y exportación de mercancías, se verifique la exactitud de los datos contenidos en los avisos automáticos, permisos previos, certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se  realicen conforme a lo establecido en esta Ley.

III. …

4. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION DEL AMBIENTE

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

ARTICULO 5o.- Son facultades de la Federación:


XXII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

ARTICULO 5o.- Son facultades de la Federación:


XXII.  Regular en coordinación con la  Secretaría de Economía,  la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes, así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En cualquier caso, deberá atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria, mediante el procedimiento que para tal efecto se emita.

XXIII.- La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXIV.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Política Ambiental

ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I.-

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional;

Política Ambiental

ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I.-

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional;

XVIII.- Asegurar que los convenios o acuerdos internacionales establecidos, así como  la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas,  productos, residuos  y sus correspondientes procesos         de transformación se cumplan en las transacciones derivadas del comercio internacional.

 

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

TERCERO. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales. Así             como iniciar las gestiones necesarias              para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad          con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

5. LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. …XXVII

XXVIII. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. …XXVII

XXVIII.  Regular en coordinación con la  Secretaría de Economía,  la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto    para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIX. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXX. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.

 

 

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

TERCERO. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como desarrollará las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

6. LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

XIII. Autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta Ley;

 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

XIII. Autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta Ley así como regular en coordinación con la  Secretaría de Economía,  la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos  como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XIV.- La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

TERCERO. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como desarrollará las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

El objetivo es beneficiar a los ecosistemas, los recursos naturales y a la industria que haya cumplido con los estándares nacionales e internacionales de cuidado al ambiente. 

Por lo antes expuesto, se proponen las siguientes:

INICIATIVAS

PRIMERO.- Se reforman, el artículo 52 primer párrafo; y, el artículo 53 tercer párrafo, ambos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas cuando aplique.

Articulo 53.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse cumplan con las normas mexicanas o internacionales que les apliquen a los productores nacionales.

Cuando en otro país requieran el cumplimiento de normas o estándares a los productos mexicanos, las autoridades nacionales solicitarán el cumplimiento de esos mismos estándares a los productos a importarse, a través de normas oficiales mexicanas.

SEGUNDO. Se reforman, la fracción V del artículo 5; y, el primer párrafo del artículo 66. Además, se adicionan, los artículos 22 Bis y 22 Bis 1, en la sección segunda del Capítulo II; un segundo párrafo al artículo 66; y, una fracción XIII al artículo 94, todos de la Ley de Comercio Exterior, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría:

I a IV…

V. Otorgar permisos previos y establecer avisos automáticos y asignar cupos de exportación e importación.

CAPITULO II

Sección segunda

Permisos previos, avisos automáticos, cupos y marcado de país de origen

22 BIS.- Se entiende por avisos automáticos la constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

Sin este requisito no se podrán realizar operaciones de comercio exterior o cuando se actualice lo previsto en el artículo 22 Bis1.

Los avisos automáticos podrán contener información relativa a la fabricación, producción, procesamiento, uso y calidad de los productos de que se trate, que mediante certificaciones expidan las personas físicas o morales acreditadas para ello, conforme lo dispuesto en esta Ley  y las disposiciones reglamentarias aplicables.

22 Bis1.-  La  Secretaría podrá cancelar los permisos y avisos automáticos de importación o de exportación en los siguientes supuestos:

l. Cuando el particular, con motivo del trámite del permiso previo o aviso automático, presente ante la Secretaría documentos o datos falsos, diferentes a los reales o no reconocidos por su emisor;

II. Cuando el particular no presente ante la Secretaría la información o documentación requerida relacionada con el trámite del permiso previo o aviso automático otorgados;
III. Cuando se destine la mercancía objeto del permiso o aviso automático a un uso o fin distinto de aquél para el cual se otorgó el permiso previo o aviso automático de importación o de exportación;

IV. Cuando la Secretaría identifique que las condiciones de la planta o instalaciones          del beneficiario del permiso previo o aviso automático no son las que motivaron su otorgamiento;

V. Cuando el particular no cumpla con los requisitos de las normas aplicables que requiere la mercancía objeto del permiso previo o aviso automático y

VI. Cuando la Secretaría identifique que en el domicilio de la planta o instalaciones del beneficiario éste no sea localizado.

En caso de proceder la cancelación de los permisos previos y avisos automáticos, la Secretaría informará por medios electrónicos de esta circunstancia a las autoridades aduaneras y a los particulares por los medios oficiales que considere adecuados.

Artículo 66.-

Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban de manera fehaciente que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria, mediante un certificado de país de origen y/o los documentos comerciales que así lo acrediten.

Para los efectos de este artículo la prueba fehaciente del origen o procedencia de la mercancía se hará mediante la exhibición de certificados especiales ante la aduana del despacho que corresponda y conforme a los requisitos previstos en Reglamento o mediante reglas generales, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México.

Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

I-XII

XIII. Que cancelen los permisos previos y avisos automáticos de importación o de exportación a que se refiere el art. 22 Bis1.

TERCERO. Se adiciona la fracción XIII del artículo 2; y, se reforma la fracción II, del artículo 144 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se considera:

XIII. Aviso automático, constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

I. …

     
     


II. Comprobar que en la importación y exportación de mercancías, la verificación de la exactitud de los datos contenidos en los avisos automáticos, permisos previos, certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley.

CUARTO. Se adicionan, una fracción XXII, una fracción XXIII y, se recorre la actual fracción XXII a la fracción XXIV, del artículo 5; y, una fracción XVIII al artículo 15; y se agregan los transitorios correspondientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 5o.- Son facultades de la Federación:

XXII.  Regular en coordinación con la  Secretaría de Economía,  la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIII.- La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXIV.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I.-

XVIII.- Asegurar que los convenios o acuerdos internacionales establecidos, así como  la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas,  productos, residuos  y sus correspondientes procesos de transformación se cumplan  en las transacciones derivadas del comercio internacional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

TERCERO. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como desarrollar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

QUINTO. Se adiciona la fracción XXVIII, la fracción XXIX y se recorre la actual fracción XXVIII a la fracción XXX, del artículo 7 así como se agregan los transitorios correspondientes, de la Ley General de Cambio Climático, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I a XXVII…

XXVIII.  Regular en coordinación con la  Secretaría de Economía,  la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIX. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXX. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

TERCERO. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como iniciar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

SEXTO.- Se reforma la fracción XIII y XIV del artículo 7,  y se agregan los artículos transitorios correspondientes, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

XIII.  Autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta Ley así como regular en coordinación con la  Secretaría de Economía,  la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.Transitorios

XIV. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

TERCERO. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales. Así como iniciar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

SEPTIMO.- Se modifican los capítulos 72 y 73 del artículo I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, relativos a la fundición hierro y acero, a efecto de imponer un arancel del 13% a los productos indicados en dichos capítulos.

Artículo 1. …

Los productos que provienen de otros países que pretenden ingresar al mercado nacional, podrán hacerlo previa demostración del cumplimiento de cualquiera de los siguientes numerales y el pago del arancel de 13% a aquellos productos contenidos en las tablas de los capítulos 72 y 73:

I. El país de origen del producto a importarse esté suscrito a los Acuerdos Internacionales de Basilea  referente a la eliminación de bifenilos policlorados, Estocolmo referente a la eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados, Montreal  referente a la eliminación de los clorofluorocarbonos y Protocolo de Kioto referente al establecimiento de límites máximos de emisiones  atmósferas durante los procesos de manufactura,

II. El país de origen del producto a importarse, tenga a esta fecha suscrito un TLC con México.

III. El producto a importarse cumpla con los mismos estándares ambientales que la industria nacional, como el pago al carbón, derivados de convenios o acuerdos internacionales listados en la fracción I y contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En aquellos casos en que un producto cumpla con los tres numerales, se pague  impuesto al carbono en su país de origen, equivalente o mayor al pagado en México y compruebe que las emisiones de CO2 por tonelada de acero producida sea igual o menor al nacional, no aplicará el pago de éste arancel.

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández".






Tiene la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7o., 8o., 50, 69 Y 70 Y ADICIONA UN ARTICULO 60 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

Honorable Asamblea:

La iniciativa que la de la voz viene a compartir con ustedes, es una iniciativa que propone y aborda el tema de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la detección de factores de riesgo psicosocial, a efecto de incluir en la Ley de Educación, Ley General de Educación, los mecanismos de participación de nuestros niños, niñas y adolescentes a quienes les afectan de manera directa las políticas que se implementan en el sector educativo.

La educación se encuentra ligada a la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos del sistema educativo.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, misma que fue adoptada por México, refuerza y amplía el concepto del derecho a la educación y se rige bajo los principios:

* De no discriminación.

* El interés superior del niño.

*El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño en el mayor grado posible.

* El derecho del niño a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que le afectan y a que se dé la debida importancia en las opiniones de función en su edad y madurez.

De acuerdo al artículo 29 de esta Convención, la educación debe de girar en torno al niño, a la niña y debe de ser favorable en lo que debe habilitar para la vida.

De igual forma, en el artículo 12, tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cuestiones que les afectan, en ese derecho no sólo comprende las relaciones pedagógicas en el aula, sino también en toda la escuela y en la elaboración y la aplicación de las leyes y políticas pertinentes.

Otro aspecto que impulsa esta presente iniciativa, es la detección de factores de riesgos psicosociales para erradicar todas las formas de violencia contra los menores y, sobre todo, también entre ellos mismos, porque no sólo en el hogar, sino también en la escuela y establecer también los mecanismos eficaces para denunciar estos casos, para que el plantel educativo, para que los maestros sepan y se involucren y asuman su responsabilidad, no sólo pedagógica, sino psicosocial sobre los temas que afectan a los niños en México.

Debemos de comenzar a concebir a la educación como un sistema educativo con enfoque de derechos, que con ellos se podrá valorar y ver la realidad de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, permitiendo poner énfasis en la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos.

La certeza de que las niñas, los niños y los adolescentes pueden hacer exigibles estos derechos, que el reconocimiento del niño como un actor social y las obligaciones del garante de derechos establecidos por la ley.

Por ello, se propone reformar los artículos 7o., el 8o., 50, 69 y 70 de la Ley General de Educación para adicionar también un artículo 60 Bis e incluir la participación activa de las niñas y los niños y los adolescentes dentro de sus propias escuelas.

Por eso se propone que en cada plantel escolar exista un Consejo de Alumnos conformado por dos alumnos que representen a cada uno de los grupos de distintos grados escolares y también deberá de sesionar periódicamente y, sobre todo, para que exista la participación; no es ahora el tiempo y la modernidad en donde solamente los adultos y los planteles escolares en sus jerarquías decidan todo sobre los niños; también las niñas y los niños deben de decidir sobre todo lo que se hace adentro de sus propios planteles sobre festivales, sobre eventos escolares, en los que sus grupos participen, también sobre la solución de conflictos, como es el término este americanizado que se utiliza como bullying, donde también los niños deben de tener una participación y desarrollar una conciencia sobre lo que está sucediendo y sucede permanentemente en los planteles escolares.

Porque, además, recordemos que en la última publicación en la OCDE, el primer lugar de casos de violencia entre niños, entre adolescentes, es decir, en las secundarias, en los estudiantes, el primer lugar lo ocupa nuestro país.

También, se propone, de igual forma, integrar en una ley un mecanismo para que la autoridad educativa realice a cada alumno una evaluación psicosocial para determinar las condiciones sociales, emocionales, todo lo que tiene que ver con su entorno con fin preventivo para eliminar, para determinar, para detectar cualquier rasgo de violencia o cualquier factor de riesgo social que pudiera estar vulnerando los derechos del educando, es decir, de los alumnos y menguar su desempeño o desarrollo académico.

Esto también tiene que ver con la falta de oportunidades económicas, con el acceso a las drogas que tienen hoy por hoy en las escuelas los niños y que en este caso no pueden las escuelas ni el plantel de los docentes lavarse las manos, y no estar al tanto de todo esto. Ahora con esta iniciativa que pongo a su consideración, se propone precisamente detectar cualquier tipo de casos que tengan que ver con la prevención de todo esto que acabo de enumerar.

En el caso de detectar alguno de estos rasgos se contactará inmediatamente con los padres o tutores para solucionarlo, y para el caso de detectar también que el alumno se encuentre en riesgo o que puede ser víctima de abuso de algún delito que pueda ser del conocimiento de la autoridad respectiva para su inmediata intervención a dicha institución.

Hasta ahorita, bueno, por supuesto que en las escuelas hay un involucramiento por parte de los maestros, por parte de la autoridad administrativa de los propios planteles, pero no es obligatorio, y ahora sí la propia ley que estoy proponiendo lo haría.

Bueno, por su atención, compañeros muchas gracias, yo estoy convencida de que el sistema educativo comienza a atender la participación social, educativa de todos nuestros hijos, y la detección e identificación de los factores de violencia y de riesgos psicosociales que puede  verificar un gran cambio importante que consolide la construcción de un esquema educativo que permita a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, formarse y desarrollarse en un espíritu de respeto y contar con la dignidad humana y por la igualdad de los derechos de todos los seres humanos.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Honorable Asamblea:

La propuesta que presento ahora, lo hago, por supuesto, a nombre propio y de los Senadores y las Senadoras que a continuación enlisto: Senador Ernesto Cordero Arroyo, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Senadora Marcela Torres Peimbert, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senador Manuel Bartlett Díaz, Senadora Layda Sansores San Román y Senador Luis Sánchez Jiménez.

La iniciativa que ponemos a la consideración de esta Cámara, tiene como objetivo regular tres grandes objetivos: La transparencia en el uso y destino de los recursos públicos que reciben los grupos parlamentarios, un sistema de rendición de cuentas a la sociedad y regular los conflictos de intereses en la actividad legislativa y parlamentaria.

En una sociedad democrática las autoridades deben actuar con escrúpulo en el uso, destino y comprobación de los recursos económicos con los que cuentan para el debido ejercicio de sus funciones.

Rendir cuentas no solamente es una nueva manera de concebir el ejercicio del poder, sino una exigencia ciudadana y significa estar al alcance de aquellos a quienes se representa para explicarles con oportunidad, calidad y respeto, las causas y las razones del porqué y cómo se ejerce la función y los recursos públicos.

Así, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de toda persona al acceso a la información pública son valores fundamentales y constitutivos en la construcción de los gobiernos democráticos, en donde los ciudadanos y los individuos en general deben estar informados de lo que hacen los gobernantes y cómo lo hacen, de cómo ejercen y en qué los recursos públicos, con el propósito de evaluar la gestión de sus representantes y participar de manera responsable y enterada en las decisiones públicas que les conciernen.

Los principios y valores que se enuncian en esta iniciativa, son válidos para los tres Poderes de la Unión y para los tres niveles de gobierno una mayor transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, pero cobra una mayor relevancia cuando se trata del Poder Legislativo, donde se originan las leyes que construyen las instituciones, facultan y otorga atribuciones a los Poderes de la Unión, por lo que las Cámaras del Congreso deben ser un ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejerce y en las tareas que realizan. Cuando se deje de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias queda en peligro la legitimidad del Poder Público y la legitimidad de los representantes populares.

En este sentido, la propuesta que hoy ponemos a la consideración de la Honorable Asamblea, consiste en establecer las disposiciones necesarias que permitan conocer el uso y destino de los recursos públicos que reciben todos los grupos parlamentarios, permitir la realización de auditorías de la gestión de los mismos por parte de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, a la vez regular el conflicto de intereses y económicos que pudieran tener los legisladores, en el ámbito de lo previsto en la Constitución General de la República, los tratados de los que el Estado mexicano es parte y la legislación secundaria en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción e incompatibilidad de funciones.

Se propone la adición del numeral 4 al artículo 11 para establecer el deber que tienen los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión a realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencias contrarias al interés general y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el Título Cuarto de la Constitución, en materia de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

Hay que reconocer que en el ejercicio de nuestra función de representar políticamente a los ciudadanos o los intereses colectivos de nuestras entidades federativas no podría considerarse como un conflicto las gestiones que realizan para beneficio de intereses públicos, sociales o gremiales.

Así mismo, aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrarse en un conflicto de interés, tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión como lo prevé el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Esto, en relación a que en los artículos a reformar, proponemos establecer lo que se entiende por conflicto de intereses y económicos, respectivamente, así como lo que no estaría considerado como conflicto de intereses.

Así, la definición de conflicto de interés incluye la posibilidad de obtener un beneficio directo cuando se obtiene en la persona del legislador o bien, un interés indirecto como sería el caso de beneficiar a su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.

Sentimos que el momento que vive el Congreso de la Unión ante la importancia capital, estratégica, de las decisiones de las Cámaras es importante elevar nuestra reglamentación y, por supuesto, nuestra Ley Orgánica del Congreso de la Unión para transparentar nuestra actuación y poner por encima de cualquier interés particular el interés público. Ante el creciente papel central, protagónico del Congreso de la Unión en las decisiones financieras, fiscales, legislativas, presupuestales del país, sentimos que estas reformas se hacen necesarias.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Javier Corral Jurado, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Senadora Marcela Torres Peimbert, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Senador Manuel Bartlett Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Senadora Layda Sansores San Román, de Partido Movimiento Ciudadano y Senador Luis Sánchez Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  con fundamento en los artículos 6°; 70; 72, fracción II; 73, fracción XXX; 77, fracción I, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 4°; 8°, numeral 1, fracción  I; 76, numeral 1, fracción I; 135, numeral 1, fracción I; 164; 169; 171, numeral 2; 175, numeral 1; 176 y 183 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artIculos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

ExposiciOn de motivos

A. Consideraciones generales.

La transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos son fundamentales en la construcción de la vida democrática y, de modo especial, en la conformación de esquemas de relaciones más horizontales y más cercanos entre la ciudadanía y los entes gubernamentales. Más allá de que es un derecho, la transparencia y la rendición de cuentas tiene un potencial formidable de enriquecimiento de la ética cívica y de la existencia de buenos gobiernos.

El hecho de que algunos servidores públicos se niegue a proporcionar información, ser transparentes en el ejercicio de los recursos públicos y estar claramente desvinculados de intereses personales que entorpezcan el correcto desempeño de la función pública se encuentra vinculado a una concepción tradicional y patrimonialista. Lo que debe ser claro es que el ciudadano tiene derecho a acceder a la información sobre el ejercicio de los recursos públicos y del desempeño de la función pública de los servidores públicos, puesto que de una u otra manera es sujeto esencial en la cuestión pública, porque la función de representación política y el uso de recursos le concierne de forma directa.

José Antonio Crespo, al respecto dice lo siguiente: “La rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias. Supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones, en los distintos niveles de poder. Eso permite, dentro de lo posible, evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder. El principio de la rendición de cuentas busca conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes. Si los gobernantes, funcionarios, representantes y líderes políticos (...) saben que pueden ser llamados a cuentas, que su acción política, su desempeño gubernamental y sus decisiones podrán generar efectos positivos o negativos a su interés personal, tendrán mucho  mayor cuidado en el momento de ejercer el poder, y atenderán tanto el interés colectivo como la relación de medios y fines en el quehacer gubernamental, precisamente para que el resultado de  sus resoluciones no afecte o perjudique el interés general, o el particular de sus gobernados y representados.

“...si la ciudadanía —o sus representantes— decide que su mandatario es en exceso ineficiente para manejar los negocios públicos, lo removerá y sustituirá por otro. Esa es la llamada responsabilidad política. Si el mandatario en cuestión es descubierto habiendo transgredido la ley (…), entonces no sólo será destituido sino, además, penalizado conforme lo que establezca la propia ley. En tal caso hablamos de una responsabilidad legal. La rendición de cuentas supone, pues, que un gobernante en cualquier nivel de gobierno podrá ser sujeto de responsabilidad política —removido del poder— o responsabilidad legal —castigado penalmente.”1

La desconfianza que se ha generado en los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los gobiernos tiene que ver con la ineficiencia y con los escándalos donde se han visto involucrados quienes son responsables de tomar decisiones, incluso sin que exista castigo ejemplar hacia estas personas. La preocupación creciente por el respeto a un mínimo de principios éticos en la actuación pública se basa en la existencia de ciertas prácticas que empañan la percepción ciudadana sobre el buen hacer de los servidores públicos.

La ciudadanía, en el nuevo contexto democrático, no se reconoce en los viejos esquemas de opacidad propios de gobiernos autoritarios y anquilosados, a los cuales vieron sujetas por diversos mecanismos de control por parte del Estado.

Rendir cuentas no solamente es una nueva manera de concebir el ejercicio del poder, sino una exigencia ciudadana y significa estar al alcance de aquellos a quienes se representa para explicarles con oportunidad, calidad y respeto las causas y las razones del por qué y cómo se ejerce la función y los recursos públicos.

Así la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de toda persona al acceso a la información pública son valores fundamentales y constitutivos en la construcción de los gobiernos democráticos, en donde los ciudadanos y los individuos en general deben estar informados de lo que hacen los gobernantes y cómo lo hace, de cómo ejercen y en qué los recursos públicos, con el propósito de evaluar la gestión de sus representantes y participar de manera responsable y enterada en las decisiones públicas que les conciernen.

Los principios y valores aquí enunciados son válidos para los tres Poderes de la Unión y para los tres niveles de gobierno una mayor transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, pero cobra una mayor relevancia cuando se trata del Poder Legislativo, donde se originan las leyes que construyen las instituciones, faculta y otorga atribuciones a los Poderes de la Unión, por lo que las Cámara del Congreso de la Unión deben ser un ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejerce y en las tareas que realizan. Cuando se deje de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias queda en peligro la legitimidad del Poder público y la legitimidad de los representantes populares.

En ese sentido, la propuesta que hoy pongo a la consideración de la Honorable Asamblea, consiste en establecer las disposiciones necesarias que permitan conocer el uso y destino de los recursos públicos que reciben todos los grupos parlamentarios, permitir la realización de auditorías de la gestión de los mismos por parte de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, a la vez regular el conflicto de intereses y económico que pudieran tener los legisladores, en el ámbito de lo previsto en la Constitución General de la República, los Tratados de los que el Estados Mexicano es parte y la legislación secundaria en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción e incompatibilidad de funciones.

B. Fundamentación.

De la lectura del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, y el acceso a la información contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de realización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la Ley Fundamental y en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

Por su parte el artículo 134 constitucional, que fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados.

En este tenor, el citado artículo estatuye que los recursos económicos de que disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser efectivamente realizados.

Por su parte la Convención Interamericana contra la Corrupción, del que México es parte, establece en su artículo II y III lo siguiente:

Artículo II
Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Artículo III
Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.  Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.  Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

De conformidad con los artículos transcritos, el Estado Mexicano está obligado al establecimiento de medidas de combate efectivo a los actos de corrupción, que se traducen necesariamente en conflictos económicos y conflictos de intereses, ya que el servidor público se aparta del cumplimiento de sus funciones o bien las desarrolla en beneficio propio, de sus familiares o de un tercero, en perjuicio de los intereses generales.

Específicamente los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 son los objetivos que se pretende satisfacer con la presente iniciativa, al regular mecanismos de transparencia en el uso y destino de los recursos económicos que las Cámaras del Congreso destinan a los grupos parlamentarios, el conflicto de interés y el conflicto económico en el que se ven envueltos los Legisladores en sus actuación.

De esta forma se deben expedir leyes que fortalezcan, en el ámbito del Poder Legislativo, los principios previstos en el artículo 113 de la Constitución en correlación del artículo III, numeral uno de la Convención citada, esto es que el actuar de los legisladores debe ser con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, así como a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos.

Finalmente, en concordancia con lo previsto en el numeral 10, del artículo III de la multicitada Convención, se debe establecer normas para prevenir  e impedir actos de soborno que se constituyan en conflictos económicos, pues ello afecta el desempeño adecuado de la función legislativa.

C. Contenido de la iniciativa.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, internacionales y legales proponemos la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos.

• Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Se propone la adición de un numeral 4 al artículo 11 para establecer el deber que tienen los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión a realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencia contrarias al interés general y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el Título Curto de la Constitución, denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, a la cual estamos obligados observar y hacer cumplir.

El 17 de abril de 2007, se discutió y aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual aprobó con modificaciones la Iniciativa de los Senadores Rubén Camarillo Ortega, Santiago Creel Miranda, Ricardo Francisco García Cervantes, Alberto Cárdenas Jiménez, Martha Leticia Sosa Govea, Federico Döring Casar y Luis Alberto Coppola Joffroy, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que regulaba el conflicto de intereses de los Legisladores, Minuta que aún se encuentra sin dictamen en la Cámara de Diputados y en la cual sustento las adiciones de los artículos 13 Bis y 13 Ter.

En dichos artículos se propone establecer lo que se entiende por conflicto de intereses y económico respectivamente, así como lo que no estaría considerado como conflicto de intereses.

Así la definición de conflicto de interés incluye la posibilidad de obtener un beneficio directo cuando se obtiene en la persona del legislador o bien un interés indirecto como sería el caso de beneficiar su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.

Hay que reconocer que en el ejercicio de nuestra función de representar políticamente a los ciudadanos o los intereses colectivos de nuestras entidades federativas no podría considerarse como un conflicto las gestiones que se realizan para beneficio de intereses públicos, sociales o gremiales.
Así mismo, aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrase en un conflicto de interés tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión, como lo prevé el artículo 47, fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por su parte la incorporación del artículo 13 Ter, tiene por objetivo que los legisladores no obtengan beneficios económicos indebidos en la realización de sus funciones de representación política o bien, realicen actos en contra de los intereses de la Cámara a la que pertenezcan o del Congreso de la Unión, salvo que se trate de la defensa de intereses personales.

Las modificaciones al artículo 29 consisten en adicionar tres nuevos párrafos, que por orden y coherencia serían los numerales 2, 3 y 4, recurriendo los actuales numerales 2 y 3 en su orden para convertirse en los numerales 5 y 6. Con estas modificaciones se establece la obligación, para que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y a los Diputados que lo conforman, de informar mensualmente sobre el uso y destino de los recursos con los que cuentan, así como de informar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara para que efectué las auditorías correspondientes, cabe señalar que esta información será pública y estará de forma accesible y permanente a todo el público, con la intención de cumplir con los principios de máxima publicidad.

La adición de un numeral 2, al artículo 3 de la Ley en cita, tiene por objetivo que los diputados independientes o que no forman parte de un grupo parlamentario, también tengan la obligación de informar mensualmente y a la Contraloría Interna sobre el uso y destino de los recursos públicos y no se entienda que la previsión será exclusiva de los diputados incorporados a un grupo parlamentario.

La modificación al artículo 77 es con la finalidad de garantizar el máximo principio de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que obtiene los grupos parlamentarios. No hay argumento que valga para ocultar información de los montos transferidos a los grupos parlamentarios, ni mucho menos sobre la forma en que fueron usados los recursos de la hacienda pública. A fin de evitar que los grupos parlamentarios pretendan ocultar el ejercicio de los recursos públicos en la dispersión de los mismos entre los senadores de su grupo parlamentario, es importante establecer que estos deberán informar detalladamente en qué y cómo fueron utilizados los recursos recibidos, distintos a los de su dieta.

De esta forma los grupos parlamentarios y los senadores que lo integran, deberán informar semestralmente, con la justificación del uso y destino de los recursos que reciben.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

ArtIculo Unico.- Se adiciona el numeral 4 al artículo 11; el artículo 13 Bis; Artículo 13 Ter; los numerales 2, 3 y 4 recorriéndose los actuales 2 y 3 en su orden para ser 5 y 6 respectivamente; el numeral 2 al artículo 30; los numerales 2, 3 y 4 al artículo 77 y se reforman el inciso a), numeral 1 y el numeral 3 del artículo 113 todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

ARTICULO 11.

1…

2…

3…
4. Los diputados y senadores deberán tener una actuación desinteresada y transparente, para evitar influencias indebidas que afecte el cumplimiento de sus deberes en contravención a lo previsto en el Título Cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 13 Bis.

1. Se entiende que existe conflicto de interés cuando los diputados o senadores tengan un beneficio personal directo o bien, beneficios indirectos a través de interpósita persona, su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.

2. No se considera que exista conflicto de interés cuando  los diputados y senadores, en el ejercicio de la representación política, realicen gestiones en asuntos de interés público, social o gremial ante autoridades de otros poderes y órdenes de gobierno.

3. Cuando uno o más senadoras o senadores de una Comisión tuvieren interés personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar y firmar el dictamen, y lo avisarán por escrito a la Junta de Coordinación Política de la Cámara respectiva, a fin de que sean substituidos para el sólo efecto del despacho de aquel asunto.

ARTICULO 13 Ter.

1. Queda prohibido a los diputados y senadores la obtención de beneficios económicos indebidos, por lo que no podrán:

I. Utilizar recursos públicos que tengan a su disposición para fines personales o diferentes a los de su cargo;

II. Solicitar o recibir, para sí, su cónyuge o sus dependientes económicos, dinero o cualquier otra dádiva a cambio de influir o tratar de influir a favor o en contra de cualquier proyecto de la Cámara a la que pertenezca o del Congreso de la Unión;

III. Gestionar, por sí o por interpósita persona, ante cualquier órgano del Estado o ante personas que administren recursos públicos, la celebración de acto jurídico alguno que signifique la obtención de beneficios económicos provenientes de recursos públicos directamente para sí, su cónyuge o sus dependientes económicos o a favor de terceros con quienes tenga vinculación de negocios directa;

IV. Aprovechar la posición que su cargo le confiere para inducir indebidamente a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir la realización de algún acto de su competencia, que reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja directamente para sí, su cónyuge o sus dependientes económicos, y

V. Representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros en contra de los de cualquier ente o persona moral de derecho público, salvo en los siguientes casos:

a) Que se trate de la defensa de sus propios derechos, de su cónyuge o de sus dependientes económicos;

b) Que se trate del gremio al que pertenece y del cual tenga representación legal, y

c) Cuando se trate de la defensa del partido político del cual tenga la representación jurídica.
ARTICULO 29.

1…

2. Por deber de transparencia y rendición de cuentas los grupos parlamentarios deberán presentar mensualmente y hacer público de manera permanente a través de su portal de internet, así como por los medios de difusión de la Cámara de Diputados, el total de sus asignaciones presupuestales con el debido detalle del uso, destino y comprobación del gasto mediante facturas, recibos de honorarios, nómina, los contratos legalmente suscritos.

3. Adicionalmente deberán presentar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara y hacer pública de manera permanente y accesible al público, por los medios de difusión de la Cámara de Diputados, la información relativa al párrafo anterior.

4. Cada Diputado hará público el monto de las asignaciones económicas recibidas, distintas a su dieta y justificar su buen uso y destino, rendición de cuentas que formará parte del informe del grupo parlamentario señalado en el numeral anterior y por tanto será accesible a todo el público.

5. La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos Parlamentarios se incorporará a la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades que competen al órgano de fiscalización previsto en el artículo 79 constitucional. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna de la Cámara.

6. La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que los integrantes de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un área regular y continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos estará a cargo de la Mesa Directiva de la Cámara. Para ello, los coordinadores de los Grupos formularán proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base en la representatividad en orden decreciente de cada Grupo, el número de Grupos conformados y las características del Salón de Sesiones.

ARTICULO 30.

1…

2. Los diputados independientes hará público el monto de las asignaciones económicas recibidas, distintas a su dieta y justificar su buen uso y destino, en los términos previstos en los numerales 2 y 3 del artículo anterior.

ARTICULO 77.

1…

2. Por deber de transparencia y rendición de cuentas los grupos parlamentarios deberán presentar mensualmente y hacer público de manera permanente a través de su portal de internet, así como por los medios de difusión del Senado de la República, el total de sus asignaciones presupuestales con el debido detalle del uso, destino y comprobación del gasto mediante facturas, recibos de honorarios, nómina, los contratos legalmente suscritos.

3. Adicionalmente deberán presentar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara y hacer pública de manera permanente y accesible al público, por los medios de difusión del Senado de la República, la información relativa al párrafo anterior.

4. Cada Senador hará público el monto de las asignaciones económicas recibidas, distintas a su dieta y justificar su buen uso y destino, rendición de cuentas que formará parte del informe del grupo parlamentario señalado en el numeral anterior y por tanto será accesible a todo el público. En el caso de que el Senador no forme parte de un grupo parlamentario, presentará la información directamente a la Contraloría Interna.
ARTICULO 113.

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, con la debida justificación del uso y destino de los recursos asignados por la Cámara, para lo cual deberán presentar un informe semestral;

b)… a n)…

2…

3. Las resoluciones del contralor interno se darán a conocer previamente a la Mesa Directiva por conducto de su Presidente, con excepción de las auditorías.

Transitorio

unico. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México Distrito Federal, a 17 de octubre de 2013.

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Luis Sánchez Jiménez".

1 Crespo, José Antonio. “Fundamentos políticos de la rendición de cuentas”, en Cultura de la rendición de cuentas. Núm. 1, Cámara de Diputados-Auditoría Superior de la Federación, México, 2001.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente para pedirle al promovente si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Con el mismo objeto, Senador Víctor Hermosillo?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Javier Corral, ¿acepta la incorporación? Pido a la Secretaría que tome nota de quienes tengan el interés de sumarse a la iniciativa que ha presentado el Senador Javier Corral Jurado.






A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

El propósito de esta iniciativa es ciertamente establecer un tope máximo al déficit del gasto neto total establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación no mayor al 1% del Producto Interno Bruto.

Para eso quiero recordar que como parte de las reformas que acompañan a la propuesta del Paquete Económico 2014, que en días pasados entregó el titular del Poder Ejecutivo para su discusión y su aprobación, se encuentra la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El gobierno federal argumenta, en relación a esto, que pretende convertir la salud de las finanzas públicas en una política de Estado y, señala que, por ello se requiere de ciertas adecuaciones al marco vigente, una de ellas corresponde a fortalecer, y yo hago uso de los propios términos del titular del Poder Ejecutivo, a fortalecer la regla del balance presupuestal actual para transitar hacia una regla que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica. Dicha regla de balance actual está contenida, compañeras y compañeros, en el artículo 17 de esa ley; establece que el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al equilibrio presupuestario y prevé también una cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario en caso de que las condiciones económicas y sociales que priven en el país así lo justifiquen.

La existencia de esta cláusula, vale también apuntarlo, ha permitido la implementación de medidas contracíclicas, como fue el caso tras la crisis financiera mundial de 2009 y como está ocurriendo hoy en día tras un inicio no muy afortunado de la política económica en este primer año del gobierno federal. Lo cual, desde nuestro punto de vista, ha orillado, y hago uso también de las palabras del propio gobierno federal, a aplicar una política fiscal con déficits transitorios y decrecientes entre el 2013 y el 2016. Así las cosas, en los Criterios Generales de Política Económica de 2014 se señala, por ejemplo, que en el presente ejercicio 2013 se plantea un déficit que alcanzaría el 0.4% del Producto Interno Bruto con una deuda neta total que se ubicaría alrededor del 39% del PIB; para el 2014 el déficit sería de un orden del 1.5% del PIB al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría, según se nos ha planteado, al 40.5% del PIB; para el 2015 se trabajaría, dice la iniciativa, con un déficit del 1 por ciento mientras que la deuda subiría hasta el 41 por ciento del PIB; para el 2016 el déficit sería del 0.5 por ciento y la deuda neta total estaría quedando alrededor del 40.9 por ciento del PIB; para el 2017 se estima que finalmente se lograría el equilibrio presupuestal.

Estos son los planes del actual gobierno federal.

Sin embargo, creo que vale la pena plantear que la realidad es que a través de los años con déficit o sin déficit, es decir, con equilibrio presupuestal o sin equilibrio presupuestal considerando en los paquetes económicos, el resultado, la verdad es que ha sido desfavorable ya que hoy en día la deuda neta total del sector público asciende a más de 6 billones 62 mil millones de pesos.

La presente reforma que proponemos, considera necesario fortalecer la propuesta del Ejecutivo, agregando un tope al déficit que en un momento dado puede ser autorizado para romper la regla de balance presupuestal, de esta manera la cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario sería más robusta y forzaría al titular del Poder Ejecutivo a actuar con mucha mayor celeridad,          ya que de antemano sabría que no se permitiría trabajar en un déficit superior al establecido en la ley.

Y esos son los fundamentos de la propuesta que estamos presentado, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Angel BenjamIn Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) con el propósito de poner un tope máximo al déficit en el gasto neto total establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como parte de las reformas que acompañan a la propuesta de paquete económico 2014 que en días pasados entregó el Poder Ejecutivo para su discusión y aprobación, encontramos la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El gobierno federal justifica su propuesta de reforma argumentando que pretende convertir la salud de las finanzas públicas en una Política de Estado y por ello requiere de ciertas adecuaciones al marco vigente, una de esas adecuaciones tiene que ver con fortalecer la regla de balance presupuestal actual para transitar hacia una regla de balance presupuestal estructural, que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica, dicha regla de balance actual está contenida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). En ese artículo se establece que el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al equilibrio presupuestario y prevé una cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario en caso que las condiciones económicas y sociales que priven en el país así lo justifiquen. La clausula vigente se ubica a partir del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y textualmente señala:

“Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos:

I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario;

II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario.

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado en la fracción III de este artículo.

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario.

En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a los demás requisitos previstos en este artículo.”

La existencia de esta clausula ha permitido la implementación de medidas contracíclicas, como fue el caso tras la crisis financiera mundial de 2009 y como esta ocurriendo hoy en día tras el fracaso de la política económica durante el primer año del actual gobierno, fracaso que ha orillado en palabras del propio gobierno federal a aplicar una política fiscal con déficits transitorios y decrecientes de 2013 a 2016. Así las cosas, en los Criterios Generales de Política Económica de 2014 se señala que en el presente ejercicio 2013 el déficit alcanzaría el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) con una deuda neta total que se ubicaría en el 39% del PIB, para 2014 el déficit sería del 1.5% del PIB al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría al 40.5% del PIB, para 2015 se trabajaría con un déficit del 1% mientras la deuda neta total subiría hasta 41% del PIB, para el 2016 el déficit sería del 0.5% del PIB y la deuda neta total sería del 40.9% del PIB, para 2017 se estima que finalmente se lograría el equilibrio presupuestal.

La realidad es que a través de los años con déficit o sin déficit, es decir, con equilibrio presupuestal o sin equilibrio presupuestal considerado en los paquetes económicos, el resultado ha sido desfavorable ya que hoy en día la deuda neta total del sector público asciende a más de 6 billones 62 mil millones de pesos.

Cierto es que las reformas propuestas por el Presidente de la República a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria son necesarias en las cuatro vertientes en que están planteadas:

1. Fortalecer la regla de balance actual para transitar hacia una regla de balance estructural, que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica.

2. Establecer un ancla fiscal de mediano plazo con base en los Requerimientos Financieros del Sector Público.

3. Simplificar el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización para distinguir entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo; y

4. Adecuar diversas disposiciones del marco legal para mejorar la operatividad de las finanzas públicas.

Sin embargo, la presente iniciativa de reforma considera necesario fortalecer la propuesta de reforma del ejecutivo, agregando un tope al déficit que en un momento dado puede ser autorizado para romper la regla de balance presupuestal, de esta manera la cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario sería más robusta y forzaría al titular del poder ejecutivo a actuar con mucho mayor celeridad, ya que de antemano sabría que no se le permitiría trabajar con un déficit superior al establecido en la ley, es indispensable acotar al poder ejecutivo, no puede seguir operando bajo el esquema actual ya que pudo haber tomado medidas correctivas varios meses antes y sin embargo no lo hizo, la consecuencia es que para 2014 tendremos que trabajar con al menos 1.5% de déficit, mas lo que se acumule si no modificamos el marco jurídico actual

Por lo anteriormente expuesto y en aras de cuidar siempre el equilibrio presupuestal, consideramos que debe modificarse el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el monto máximo del déficit a autorizar sea de un 1% del Producto Interno Bruto. Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA CON EL PROPOSITO DE PONER UN TOPE MAXIMO AL DEFICIT EN EL GASTO NETO TOTAL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

ARTICULO 17o.-

….

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario, el cual nunca será mayor al 1% del Producto Interno Bruto. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 99 constitucionales.

En el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 41, BASE V, PARRAFO TERCERO Y UN PARRAFO CUARTO; Y 99, FRACCION IX DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente.

En una democracia representativa como es el caso de México, es indispensable que la ciudadanía tenga certeza de que los procesos electorales están apegados a la ley, por lo tanto, los representantes elegidos sean realmente aquellos a quienes la mayoría ha decidido otorgar su confianza para proteger sus derechos.

Asimismo, resulta fundamental la consolidación de las instituciones que vigilen el respeto de los derechos de la ciudadanía, con legitimidad e imparcialidad; órganos en los que la voz que mande sea la de las mayorías, y no la de los intereses de grupos o partidos políticos.

Este es el caso del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo creado con el objetivo de garantizar transparencia, equidad, certeza y legalidad a las elecciones federales y generar en la sociedad mexicana confianza y certidumbre en los procesos electorales.

En busca de lograr estos objetivos, la Constitución Política Federal y las leyes en la materia, en varias ocasiones han sido reformadas con la finalidad de ir democratizando este instituto electoral. Sin embargo, es necesario perfeccionar su funcionamiento dotándolo de las atribuciones y facultades necesarias.

En la reforma constitucional del año 2007, se estableció que los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Federal Electoral serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

Con esto se pretendía que la elección de los Consejeros del IFE fuera a través del consenso de todas las fuerzas políticas, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, pero sobre todo, que garantizara la imparcialidad de los consejeros.

Empero, los intereses políticos han estado por encima de la obligación que ordena la Constitución Política Federal. Se han sobrepuesto los intereses de grupos a los intereses generales de la sociedad. Y esto ha traído como consecuencia, vacíos al interior del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues la elección de consejeros electorales vacantes se ha prorrogado hasta 14 meses.

En el año 2010, la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales para el periodo 2010-2019.

Sin embargo, dicho proceso concluyó hasta el 15 de diciembre del siguiente año. A pesar de tener 14 meses para lograr consensos y tras fracasadas negociaciones, el nombramiento de los tres Consejeros Electorales fue realizado mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, declarando concluido el proceso de selección de candidatos.

Y así fue como se designaron a los tres Consejeros Electorales faltantes, los cuales inclusive, resultaron ajenos a los 136 participantes inscritos inicialmente en el proceso de selección, obviando la transparencia de la convocatoria pública y designando discrecionalmente a los nuevos Consejeros.

En este mismo sentido, en febrero de este año, el Instituto Federal Electoral tuvo una nueva vacante. Desde el 28 de febrero la Cámara de Diputados emitió la convocatoria correspondiente para la elección del consejero faltante, y hasta el día de hoy no han logrado llegar a un acuerdo para la elección del mismo, lo anterior, no obstante que el día 24 de junio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en el cumplimiento al incidente interpuesto por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en busca de que este órgano judicial dictara medidas de apremio a la Cámara de Diputados, y finalmente designara al Consejero vacante.

A esto hay que añadir que en el periodo extraordinario del mes de julio pasado, los diputados establecieron en su acuerdo Tercero, concluir el proceso de selección del Consejero Electoral vacante, situación que nunca se trató en el Pleno de dicho órgano legislativo.

Finalmente, el pasado 30 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Colegisladora dio a conocer que se emitirá una nueva convocatoria para la elección del Consejero vacante. Sin embargo, la realidad indica que el IFE sigue operando con una ausencia.

La modificación de la Constitución Política Federal resulta no solamente urgente, sino apremiante, dado que sigue pendiente la elección de un consejero vacante desde el mes de febrero de este año y se iniciará una nueva selección de cuatro consejeros electorales, incluido el Consejero Presidente, quienes terminan su periodo legalmente el 30 de octubre del presente año.

Por tal razón, es indispensable establecer un plazo para que la Cámara de Diputados de prioridad a la elección de los Consejeros Electorales y evitar que estas vacantes del IFE se conviertan en moneda de cambio para los partidos políticos.

A razón de esto, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 41 de la Constitución con el objeto de que la Cámara de Diputados cuente con plazo perentorio de 90 días hábiles, contados a partir de la emisión de la convocatoria para hacer la designación de los consejeros y en caso de que no se hayan designado a los consejeros electorales faltantes, en el término establecido el Consejero Presidente podrá acudir ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación solicitando que se haga la designación correspondiente.

Por consiguiente, se adiciona una fracción al artículo 99 constitucional, a fin de que se otorgue la facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de designar al o los consejeros faltantes de entre los candidatos registrados en el proceso de selección.

Una vez que la Cámara de Diputados haya excedido el plazo correspondiente, además de cara a la discusión de la reforma política es indispensable tomar en cuenta la presente iniciativa para evitar que el Instituto Electoral sea cooptado por grupos y partidos políticos, o bien, que la designación de los consejeros o cualquier otro representante de los mismos, sean favores políticos totalmente ajenos al interés general.

Por ello, es imperioso que se establezcan los mecanismos legales para que efectivamente este Instituto goce de un funcionamiento eficiente y estable, y la Colegisladora cumpla con la obligación que le mandata la Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo     en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS LOS ARTICULOS 41, BASE V, PARRAFO TERCERO Y UN PARRAFO CUARTO; Y EL 99, FRACCION IX DE DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participación ciudadana es el motor que mueve a un régimen democrático, es la que impulsa, en gran parte, los cambios al interior de las instituciones del gobierno y de todos los organismos públicos al servicio del Estado, con el fin último de transformar la realidad de la sociedad hacia un bienestar común.

En un sistema de democracia representativa como el de México, es indispensable que la ciudadanía tenga certeza de que los procesos electorales están apegados a la ley y, por lo tanto, los representantes elegidos sean realmente aquellos a quienes la mayoría ha decidido otorgar su confianza para proteger sus derechos.

Otro factor fundamental es la consolidación de las instituciones, es decir, que vigilen el respeto de los derechos de la ciudadanía, con legitimidad e imparcialidad; órganos en los que la voz que mande sea la de las mayorías, y no la de intereses de grupos o partidos políticos.

En México lograr consolidar instituciones con credibilidad por parte de la sociedad ha sido una lucha constante. Desde 1990, a consecuencia de los conflictos de las elecciones de 1988, se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), como organismo encargado de organizar las elecciones federales.

En 1996 se llevó a cabo una reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.

A lo largo de su historia, el Instituto Federal Electoral ha tenido que perfeccionar su funcionamiento; el reto a lo largo de su existencia ha sido mantenerse como un órgano autónomo y fortalecer su credibilidad ante los ciudadanos.

Además, progresivamente tuvo que encontrar la forma de que los integrantes de este organismo autónomo sean ciudadanos que no representen grupos, partidos políticos o intereses económicos. Lo anterior, en virtud de que su vocación debe ser la de servir de manera imparcial a la ciudadanía, vigilando que los procesos electorales se lleven a cabo con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, al mismo tiempo de promover la equidad y la participación ciudadana.

En septiembre del año 2007, nuevamente se presentaron una serie de reformas constitucionales que fueron significativas para la vida democrática del país. En ellas se propuso una regulación a las campañas electorales, en busca de una verdadera equidad en las contiendas, tratando de evitar que los grupos económicos influyan en las decisiones de la ciudadanía, a través del uso de los medios masivos de comunicación. De igual manera, se dio una mayor regulación al financiamiento de las campañas y se establecieron candados para la compra de publicidad.

Adicionalmente, en dicha reforma se otorgaron mayores facultades al Instituto Federal Electoral, señalando, entre otras cosas, que sería la única autoridad encargada de la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, y cerrando la puerta para que particulares pudieran contratar propaganda en dichos medios de comunicación, con el objeto de no influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

En el mismo sentido, la reforma del 2007 estableció la forma de organización de dicho Instituto, señalando la estructura sobre la cual debería operar y ratificando su autonomía de gestión y en la toma de decisiones. Asimismo, se otorgó a la Cámara de Diputados la facultad de control, para elegir a los consejeros electorales que integran dicho Instituto, quienes serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

Esta facultad otorgada a los Diputados buscó que la elección de los consejeros del IFE fuera a través del consenso de todas las fuerzas políticas, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, pero sobre todo, garantizarla imparcialidad de los consejeros.

Sin embargo, este mandato constitucional no se ha cumplido; en los momentos en que se ha presentado una vacante en el Instituto Federal Electoral, los intereses políticos han estado por encima de la obligación que ordena la Constitución Política Federal; se han sobrepuesto los intereses de grupos a los intereses generales de la sociedad, al prorrogar hasta por catorce meses la designación de Consejeros Electorales sin sanción alguna.

En las reformas del año 2007 y 2009 se obtuvieron avances en materia electoral; no obstante, han quedado vacíos legislativos que causan severos problemas para el buen funcionamiento del máximo órgano administrativo electoral, al no señalar términos que obliguen a los legisladores a concluir los procesos de selección de candidatos a Consejeros Electorales.

El 30 de septiembre del año 2010,1 la Cámara de Diputados aprobó la “Convocatoria de la honorable Cámara de Diputados para Participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019”, y con ello, se inició el proceso de selección de los mismos.

Sin embargo, debido a la falta de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, y a pesar de que dicha Convocatoria estipulaba que la designación se debía hacer a más tardar el 31 de octubre de ese mismo 2010, es decir, sólo contaban los Diputados con un mes para la selección de esos consejeros, no se cumplió tanto con dicho proceso como con lo que ordena la Constitución Política Federal.

Tras fracasadas negociaciones, el nombramiento de los tres Consejeros Electorales fue realizado mediante Acuerdo2 de la Junta de Coordinación Política, declarando concluido el proceso de selección de candidatos, obviando la transparencia de la convocatoria pública y designando discrecionalmente a los nuevos consejeros.

Y así fue como se designaron a los tres Consejeros Electores faltantes, los cuales resultaron ajenos a los 136 participantes inscritos inicialmente en el proceso de selección; pues en el Acuerdo3 se establecía trascender esa lista y “elevar el rango de los perfiles”, procediendo a la integración de una lista de tres candidatos propuestos por los distintos grupos parlamentarios, lista que tenía que ser presentada al Pleno de la Cámara de Diputados a efecto de proceder a la elección constitucional correspondiente.

Es decir, las negociaciones hicieron que la elección de los consejeros fuera un proceso lento, opaco y carente del compromiso de que el Instituto Federal Electoral quedara integrado como lo marca la Constitución Política Federal.

Durante ese tiempo, el IFE tuvo que operar con la ausencia de tres de los miembros integrantes del Consejo General;4 en su momento, los Diputados reconocieron que estaban faltando a su obligación de elegir a los Consejeros, y expresaron la importancia de elegir en un tiempo menor a los representantes del IFE; empero, eso no sucedió.

El proceso para la elección de estos Consejeros Electorales se prorrogó más de un año, desde el momento que fue emitida la primera convocatoria hasta el día de la aprobación en la Cámara de Diputados, lo que ocurrió el 15 de diciembre del 2011.5

Este año nuevamente el IFE se encuentra con un vacío en su Consejo General. Desde el 28 de febrero del 2013 la Cámara de Diputados emitió la convocatoria correspondiente para la elección del consejero faltante; a pesar de esta obligación constitucional, hasta el día de hoy, han pasado más 230 días sin que se haya llegado a algún acuerdo; no obstante que el día 24 de junio pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución en cumplimiento al incidente interpuesto por el Diputado, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en busca de que ese órgano judicial dictara medidas de apremio a la Cámara de Diputados, y finalmente designara al Consejero vacante.

Dicha sentencia del TEPJF resolvió lo siguiente:6

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil trece, pronunciada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-896/2013 y acumulados.

SEGUNDO. Se requiere a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que cumpla con convocar de inmediato a sesión extraordinaria, a efecto de que la Cámara de Diputados culmine el proceso de elección del Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Derivado de lo anterior, es prudente denunciar la necesidad de garantizar el Estado de Derecho y hacer valer en todo momento las resoluciones judiciales que dicte el TEPJF.

En julio pasado, se acordó celebrar un primer periodo de sesiones extraordinarias, estableciendo en su acuerdo TERCERO, concluir el proceso de selección del consejo electoral vacante, situación que nunca se trató en el Pleno de dicho órgano legislativo.

Adicionalmente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó el pasado 13 de agosto de este año, solicitar a la Comisión Permanente celebrar un segundo periodo de sesiones extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura; estableciendo en su Acuerdo SEXTO lo relativo a la conclusión del proceso de selección del candidato o candidata a ocupar el cargo vacante del Consejo Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral que concluirá el 30 de octubre de 2019; no obstante, la Comisión Permanente decidió no incluir dicho punto en la convocatoria correspondiente para celebrar sesiones extraordinarias.

Asimismo, el pasado 30 de septiembre, la Junta de Coordinación Política7 dio a conocer que se emitiría una nueva convocatoria para la elección del consejero vacante desde el 8 de febrero del 2013, a pesar de esto, a la fecha no se ha expedido algún acuerdo al respecto.

La colegisladora ha sido irresponsable, al interponer intereses de partidos políticos sobre los intereses de la ciudadanía, en el sentido de conformar un Instituto Federal Electoral ciudadano, y no cooptado por los intereses de los partidos políticos.

Por tal razón, es necesario señalar términos para que los legisladores den prioridad al nombramiento de los Consejeros Electorales, en el entendido de que es indispensable que el Instituto Federal Electoral funcione con la totalidad de sus Consejeros, evitando que la aprobación de los mismos deje de ser un asunto que responda a los intereses de los partidos políticos, y en cambio, busque la ciudadanización de este Instituto.

De lo anterior, surge la necesidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un término perentorio a la Cámara de Diputados, a fin de que den prioridad a la toma de consensos y elijan a los Consejeros Electorales, y en caso de que no se paralice el proceso de selección, como ha ocurrido y está pasando actualmente, sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien elija al candidato o candidata que el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, considere cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la convocatoria respectiva.

El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, según lo establece el artículo 99 constitucional; es decir, es el encargado que resolver cualquier tipo de controversia e impugnaciones en esta materia; por esta razón, se considera pertinente que en caso de que la Cámara de Diputados, una vez concluido el término señalado para elegir a los Consejeros Electorales, no concluyan el proceso de selección, el Tribunal Electoral Federal podrá hacer la designación de entre los candidatos registrados, de acuerdo a la respectiva convocatoria. Esto a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

La finalidad de la reforma propuesta, es garantizar que el IFE siempre cuente con un Consejo General integrado como lo mandata la Constitución Federal, y esto garantice equidad en la toma de decisiones de este órgano ciudadano, así como un funcionamiento eficiente y eficaz.

Para hacer la designación de los Consejeros Electorales, la Cámara de Diputados tendrá el plazo de 90 días hábiles contados a partir de la emisión de la convocatoria para hacer la designación de los Consejeros. En este supuesto, la Cámara de Diputados tendrá el tiempo suficientemente razonable para poder lograr los acuerdos necesarios y hacer la designación correspondiente.

En caso de no realizar dicha selección, el Instituto Federal Electoral estará en condición de solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la designación del o los Consejeros faltantes, de entre los candidatos registrados al proceso de selección. La designación que hiciera el Tribunal Electoral será inatacable.

En consecuencia, resulta apremiante la aprobación de la presente iniciativa, dado que se iniciará una nueva selección de cuatro Consejeros Electorales, incluido el Consejero Presidente, quienes terminan su periodo, legalmente, el 30 de octubre del presente año; además, se suman a la vacante que se abrió en febrero pasado; por ello, es imperioso que se establezcan los mecanismos legales para que efectivamente este Instituto goce de un funcionamiento eficiente y estable y así, se evite, en cualquier momento, una grieta en el régimen electoral mexicano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

UNICO.- Se adicionan los artículos 41, Base V, párrafo tercero y un párrafo cuarto; y el 99, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

V. …


El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. El plazo para la elección de los consejeros electorales no podrá exceder de 90 días hábiles, salvo que por acuerdo aprobado por la misma mayoría, se decida realizar una nueva selección. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

En caso de que no se hayan designado a los consejeros electorales faltantes en el término establecido en el párrafo anterior, el consejero presidente se dirigirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se haga la designación correspondiente.

Artículo 99.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. … VIII. …

IX. La designación de Consejeros Electorales para el Instituto Federal Electoral, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 41 de esta Constitución.

X. Las demás que señale la ley.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013".

1 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria,[en línea], México, [citado 15/10/2013], Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Cámara de Diputados. ACUERDO por el que se declara concluido el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019, iniciado mediante convocatoria pública aprobada por el Pleno de esta soberanía el 30 de septiembre de 2010, para que la Junta de Coordinación Política integre una lista de tres candidatos para ocupar dichos cargos conforme a las propuestas que hagan los grupos parlamentarios representados en ella. [En línea]. México. Cámara de Diputados LXI Legislatura Junta de Coordinación Política. 14 de diciembre de 2011. [Consulta 16 de octubre de 2013]. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/.../Dip_acuerdo_ife_14dic11.doc

3 Ibídem.

4  Garduño, Roberto, Política, [en línea], México, [citado 15/10/2013], UNAM, p.7 disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/12/16/politica/007n1pol

5 Notimex, Política, [en línea], México, [citado 15/10/2013], disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f94ff5bf4d59fbff50acf875f071c885

6 Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente: SUP-JDC-896/2013 y acumulados, Magistrado Ponente: Constancio Carrasco Daza, de fecha 24 de junio de 2013.

7 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, [ en línea], México, [citado 15/10/2013], disponible en :
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/09_septiembre/30_30/4433_se_emitira_nueva_convocatoria_para_eleccion_de_cinco_consejeros_de_ife_se_
llevara_a_cabo_a_mas_tardar_el_30_de_octubre_miguel_alonso_ray

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Saludamos la presencia de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac Campus Interlomas, invitados por el Senador Isidro Pedraza Chávez. ¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

(Aplausos)






A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 51 Y 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, señor Presidente; con el permiso de la Presidencia.

Senadoras y Senadores:

Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, se han convertido en el motor de la economía nacional, su alto dinamismo y diversificación hace de estas empresas el eslabón más importante de la cadena de producción y proveedurías de bienes y servicios en nuestro país.

De acuerdo con el INEGI, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son PYMES que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto y 72 por ciento del empleo del país.

Debido a la importancia que éstas representan, se han realizado esfuerzos significativos desde el plano legislativo para impulsar el desarrollo y crecimiento de estos pequeños centros de producción de bienes y servicios, pero grandes dotadores de empleo para los mexicanos.

En 2002 se aprobó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; en mayo de 2009 se realizaron reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Con ello, abrieron las puertas a más micro, pequeñas y medianas empresas para participar en el sistema de compras del gobierno y ser proveedoras de los distintos bienes y servicios que requieren las dependencias y entidades.

Hoy en día, desde el gobierno federal se emprenden acciones decididas para fortalecer y generar mayor certidumbre en las actividades productivas de las MIPYMES, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, se invertirán nueve mil millones de pesos en beneficio de 300 mil emprendedores y 180 mil micro, pequeña y medianas empresas.

Se estima que para el 2013 el gobierno destinará cien mil millones de pesos para compras con MIPYMES.

A pesar de contar con un marco regulatorio más favorable, las MIPYMES se enfrentan a un dique que les imposibilita seguir creciendo, refinanciarse, pagar a sus empleados y seguir aportando a la economía nacional; ese dique, es el retraso desmedido en el pago de los bienes o servicios que prestaron a dependencias federales y de gobiernos locales.

Diversos sectores empresariales, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria Nacional de la Transformación, CANACINTRA, señala que los retrasos en los pagos de las dependencias a MIPYMES, son un problema recurrente.

Los mayores retrasos se presentan con los proveedores en los estados y municipios, donde los pagos vencidos llevan de 12 hasta 24 meses para ser liquidados.

Ante ese escenario de incertidumbre para las empresas de menor tamaño, es necesario incorporar nuevos elementos en el sistema de contrataciones públicas que aceleren el pago a proveedores y den mayores herramientas de defensa ante el incumplimiento o demora de las entidades y dependencias federales y gobiernos locales.

Es importante tener presente que cuando los pagos a las MIPYMES están retrasados por más de 12 meses, la viabilidad de estas empresas está en serios riesgos.

Si bien, el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, estipula que el pago a los proveedores no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura, previa entrega de los bienes o prestaciones de servicios contratados, esta disposición queda rebasada en su totalidad.

Ante estos casos, la ley señala que el proveedor deberá solicitar el pago de gastos financieros con una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para prórroga de créditos fiscales, desde el vencimiento del plazo pactado hasta que se realice el pago efectivamente de los adeudos.

Sin embargo, estas sanciones no han sido para que las dependencias o entidades paguen a tiempo a sus proveedores, encontrándonos con retrasos de más de 24 meses. Ante ello, y debido a los retrasos en los pagos a proveedores que de manera injustificada tienen dependencias y entidades, es necesario establecer mecanismos más rigurosos que obliguen al saldo oportuno de los bienes o servicios contratados por el sector público.

Por ello, se propone adicionar el artículo 51 de la ley citada para introducir la figura de responsabilidad resarcitoria en todos aquellos casos de incumpliendo o retraso injustificado de pago a proveedores; en este caso, serán responsables los servidores públicos que por sus actos y omisiones dañen o perjudiquen el patrimonio de las dependencias o entidades.

La responsabilidad resarcitoria debe ser entendida como una obligación a cargo de los servidores públicos para reparar los daños o perjuicios a la hacienda pública, cuantificables monetariamente como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla con los ordenamientos jurídicos vigentes.

Se facultará a la Secretaría de la Función Pública para conocer, iniciar y resolver con medidas resarcitorias, independientes de las demás sanciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y de Servicios del Sector Público.

Adicionalmente, se pretende reformar el Título Quinto denominado “de las infracciones y sanciones”, en su artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer sanciones a todas aquellas entidades y dependencias que incumplen los plazos fijados por la ley para el pago a sus proveedores.

Se adicionaría un segundo párrafo facultando a la Secretaría de la Función Pública para conocer y resolver los casos de incumplimiento de pago a proveedores en 15 días naturales a partir de que el proveedor manifieste que ha transcurrido el tiempo fijado por la ley para el finiquito de los adeudos.

Se insertarían los incisos a), b) y c) señalando las medidas que aplicaría la Secretaría, en los casos que encuentre un retraso injustificado en el pago a proveedores:

- Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago de los adeudos contraídos.

- Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a 100 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

- Verificará el pago de los gastos financieros generados por el incumplimiento de pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, segundo párrafo de la ley.

Finalmente, se posibilita a proveedores que participen en procedimientos de contratación de entidades federativas y municipios referentes a las licitaciones con cargo a recursos federales, puedan exigir a través del mismo procedimiento el finiquito de los adeudos.

Amigas y amigos Senadores, con estas reformas damos mayor certidumbre a las pequeñas y medianas empresas que proveen de bienes y servicios al sector público.

Las dependencias que no paguen a tiempo, serán sancionadas de manera ejemplar, pero sobre todo, se dota al gobierno de una herramienta indispensable para iniciar procesos de responsabilidad resarcitoria contra servidores públicos que por sus actos y omisiones dañen o perjudiquen el patrimonio de las dependencias o entidades.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, se adicionan los artículos, 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), se han convertido en el motor de la economía nacional, su alto dinamismo y diversificación hace de estas empresas el eslabón más importante de la cadena de producción y proveedurías de bienes y servicios en nuestro país.

Promexico, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, señala que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.1

Debido a la importancia que estas representan, se han realizado esfuerzos significativos desde el plano legislativo para impulsar el desarrollo y crecimiento de estos pequeños centros de producción de bienes y servicios, pero grandes dotadores de empleo para los mexicanos.

Un primer paso fue la creación de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2002.2 El objetivo de la misma, es promover el desarrollo económico a través del fomento a la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

Otro paso decisivo para el fomento e impulso a las MIPYMES, fueron las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009, destacando las modificaciones al artículo 28, donde se establece que tratándose licitaciones nacionales los bienes a adquirir deberán contar, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y otros aspectos.

Con ello, se abrieron las puertas a más micro, pequeñas y medianas empresas para participar en el sistema de compras del gobierno y ser proveedoras de los distintos bienes y servicios que requieran las dependencias y entidades.

Hoy en día, desde el Gobierno Federal se emprenden acciones decididas para fortalecer y generar mayor certidumbre a las actividades productivas de las MIPYMES, través del Instituto Nacional del Emprendedor, se invertirán nueve mil millones de pesos en beneficio de 300 mil emprendedores y 180 mil micro, pequeñas y medianas empresas.3

Asimismo, se estima que para el 2013 las adquisiciones por bienes y servicios del gobierno serán de 483 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones se destinaran a compras con MIPYMES.4

A pesar de contar con un sistema de compras gubernamentales más robusto y transparente que les permita participar de las adquisiciones, bienes y arrendamientos ser sector público, además instituciones y fondos que promueven su financiamiento, capacitación y dotación de tecnología, las MIPYMES se enfrentan a un dique que les imposibilita seguir creciendo, refinanciarse, pagar a sus empleados y seguir aportando a la economía nacional; ese dique, es el retraso desmedido en el pago de los bienes o servicios que prestaron a dependencias federales y gobiernos locales.

La Cámara Nacional de la Industria Nacional de la Transformación, Canacintra, ha informado que los retrasos en los pagos de las dependencias a micro, pequeñas y medianas empresas, son un problema recurrente. Los mayores retrasos se presentan con los proveedores en estados y municipios, donde los pagos vencidos llevan de 12 hasta 24 meses para ser liquidados.5

Por lo que hace a dependencias y entidades federales, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores se pagan en los primeros meses del año corriente, pero un número importante de MIPYMES tienen que recurrir a la cobranza para conseguir el pago por los bienes o servicios prestados.

Ante este escenario de incertidumbre para las empresas de menor tamaño, es necesario incorporar nuevos elementos en el sistema de contrataciones públicas que aceleren el pago a proveedores y den mayores herramientas de defensa ante el incumplimiento o demora de las entidades y dependencias federales y gobiernos locales.

La legislación vigente en la materia, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 516, estipula que el pago a los proveedores no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura, previa entrega de los bienes o prestación de servicios contratados.

En caso de que se incumpla está disposición, como claramente ha quedado de manifiesto por diversos sectores empresariales, la ley señala que el proveedor deberá solicitar el pago de gastos financieros con una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para prorroga de créditos fiscales, desde el vencimiento del plazo pactado hasta que se realice el pago efectivamente los adeudos.

Aunque estas disposiciones son bastante claras para el pago de proveedores, nos encontramos con retrasos en los pagos a MIPYMES hasta por 24 meses. Para estos casos, la ley contempla sanciones, pero solamente ante el incumplimiento por parte de los proveedores; multas de cincuenta a mil salarios mínimos y casos de inhabilitación para participar en las licitaciones.

En cuanto, al incumplimiento o faltas a la Ley de Adquisiciones por parte de las dependencias o entidades, sólo se señala que se aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la misma manera, se prevé un sistema de solución de inconformidades y un procedimiento de conciliación entre dependencia y proveedores, donde la Secretaría de la Función Pública funge como árbitro. Finalmente pone de manifiesto que cualquiera de las partes podrá acudir a las instancias de arbitraje, ya sean de carácter comercial, administrativo o judicial que así convengan.

Ante ello, y debido a los retrasos en los pagos a proveedores que de manera injustificada tienen dependencias y entidades, es necesario establecer mecanismos más rigurosos que obliguen al saldo oportuno de los bienes o servicios contratados por el sector público.

Por ello, se propone adicionar el artículo 51 para introducir la figura de “responsabilidad resarcitoria”7 en todos aquellos casos de incumplimiento o retraso injustificado de pago a proveedores; en este caso, serán responsables los servidores públicos que por sus actos y omisiones dañen o perjudiquen el patrimonio de las dependencias o entidades.

Es importante destacar que, la figura de responsabilidad resarcitoria se encuentra particularmente definida y estipulada en el marco normativo del distrito Federal8, sin embargo esta figura no choca con los ordenamientos federales en materia de responsabilidad de los servidores públicos y fiscalización federal.

La responsabilidad resarcitoria debe ser entendida como la obligación a cargo de los servidores públicos de reparar los daños o perjuicios a la hacienda pública, cuantificables monetariamente, como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla con los rodamientos jurídicos vigentes.

Se facultará a la Secretaría de la Función Pública para conocer, iniciar y resolver responsabilidades resarcitorias, independientemente de las demás sanciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Adicionalmente, se pretende reformar el Titulo Quinto, denominado “De las Infracciones y Sanciones”, en su artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer sanciones a todas aquellas entidades y dependencias que incumplen los plazos fijados por la ley para el pago a sus proveedores.

Se adicionaría un segundo párrafo facultando a la Secretaría de la Función Pública para conocer y resolver los casos de incumplimiento de pago a proveedores en 15 días naturales a partir de que el proveedor manifieste que ha transcurrido el tiempo fijado por ley para el finiquito de los adeudos.

Se insertarían los incisos a), b) y c) señalando las medidas que aplicaría la Secretaría, en los casos que encuentre un retraso injustificado en el pago a proveedores:

a) Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago de los adeudos contraídos;

b) Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a cien mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal; y

c) Verificará el pago de los gastos financieros generados por incumplimiento de pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, segundo párrafo de la presente ley.

Finalmente, se posibilita a proveedores que participen en procedimientos de contratación de entidades federativas y municipios que se convoquen en los términos previstos por el artículo 1 fracción VI de esta Ley, referentes a las licitaciones con cargo a recursos federales, puedan exigir a través del mismo procedimiento el finiquito de los adeudos.
Con base en lo anterior, presento al Pleno del Senado de la República, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan los artículos, 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo Unico. Se adicionan los artículos, 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y el artículo 62, párrafos tercero, y cuarto, recorriéndose los demás de manera subsecuente, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 51

Cuando persista el incumplimiento de pago a proveedores, después de treinta días hábiles que éstos hayan solicitado el pago de gastos financieros conforme al párrafo anterior, la Secretaría conocerá, resolverá y fincara responsabilidades resarcitorias a cargo de los servidores públicos por daños o perjuicios al patrimonio de las dependencias o entidades, provocados por conductas y omisiones que incumplan las disposiciones contenidas en la presente norma.

Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Tratándose de incumplimiento de pagos a proveedores, con base en lo estipulado por el artículo 51, párrafos primero y segundo, de la presente Ley, la Secretaría de la Función Pública, conocerá del caso y resolverá dentro de 15 días naturales, a partir de la fecha en que efectivamente tenga conocimiento, aplicando las siguientes medidas:

a) Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente;

b) Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal; y

c) Verificará que la liquidación de la deuda, incluya los gastos financieros por incumplimiento de pago de conformidad con lo establecido en la presente norma.

Lo previsto en el párrafo anterior e incisos, será aplicable a los procedimientos de contratación realizados por entidades federativas y municipios en los términos de del artículo1, fracción VI de la presente Ley, previo convenio de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, a fin de que éstas conozcan y resuelvan los casos de retraso injustificado en los pagos.

TRANSITORIOS

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 15 de octubre de 2013.

Sen. Oscar Román Rosas González".

1 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html. 27/04/2013.

2 Ley para el Desarrollo y la Competitividad del la Micro, Pequeña  y mediana empresa. Artículo 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf

3 http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/invertira-el-gobierno-federal-9-mil-millones-de-pesos-en-apoyo-a-300-mil-emprendedores-enrique-pena-nieto/ 24/06/2013.

4 http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-gobierno-tiene-que-gastar-mejor-y-democratizar-las-adquisiciones-enrique-pena-nieto/ 21/05/2013.

5 El Financiero. Martes, 14 de mayo de 2013. Año XXXII No. 8831.

6 Todas las referencias a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos son tomadas de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf.

7 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “responsabilidad” significa deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. En cuanto a “resarcir”, debemos entender indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.

8 El Código Fiscal del Distrito Federal en su CAPITULO IV De la Substanciación del Procedimiento, TITULO SEGUNDO DE LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. De los Artículos 454 al 460, establece con claridad el procedimiento que se debe seguir para fincar de este tipo de responsabilidades y las instancias de gobierno que intervienen y que pueden iniciar un procedimiento de esta naturaleza.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rosas González.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido por favor, en el escaño del Senador Raúl Aarón Pozos.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Decirle al señor Senador si me hace favor de permitirme sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Igualmente el Senador Eviel Pérez para lo mismo.

Senador Oscar Román, ¿acepta la suma de los compañeros Senadores?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Acepto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello y con gusto se atenderá esa solicitud.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.






A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que reafirma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO 36) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia.

El día de hoy presento una iniciativa sumamente importante para los ecosistemas de nuestro país. Se trata de los manglares mexicanos, que son ecosistemas diversos y fundamentales para la supervivencia de nuestra biodiversidad.

Los humedales costeros, en particular los manglares, tienen muchos servicios ambientales, son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de especies animales, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras en huracanes.

Lamentablemente, en los últimos años, México ha sufrido una devastación de manglares sin precedentes que ponen en severo riesgo su subsistencia.

Según algunas cifras, nuestro país ha perdido ya un 5% de estos ecosistemas.

De acuerdo al último estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México tiene aproximadamente 770 mil hectáreas de extensión de manglares.

Las principales causas de la destrucción de los humedales se debe a las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas y al desorden urbano, así como a la corrupción entre autoridades e iniciativa privada que construyen sin medida en estos espacios y que están provocando graves consecuencias con cada lluvia que cae en algunos de estos lugares del país.

Esto, sin duda, debe preocupar.
Es cierto que la legislación ha avanzado en el tema con la creación de la Ley General de Vida Silvestre en el año 2007.

Sin embargo, a nivel estatal y municipal, se siguen otorgando permisos de construcción de manera discrecional y sin planeación, lo que está dejando a muchos municipios del país sin el espacio natural de coctación de agua más importante con el que se cuenta.

Sin duda alguna, se ha avanzado en acciones que ayudan a prevenir y en algunos casos evitar que se sigan afectando estos ecosistemas, sin embargo, no existe a la fecha un castigo ejemplar para quienes atentan en contra de la naturaleza y de la ciudadanía.

Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir y también se puede evitar en gran medida que el impacto de éstos sea tan devastador como ha sido hasta ahora.

Con cada desastre natural las autoridades, sobre todo estatales, señalan que se van a reconstruir las zonas afectadas, que se apoyará a las familias afectadas, pero esto sucede cada año y no hay ni un solo castigo ejemplar para quien permite que estos fenómenos naturales tengan cada vez peores consecuencias.

Tal es el caso del estado de Veracruz.

En el año del 2010, el huracán “Karl”, dejó pérdidas humanas y materiales enormes, los expertos en mi estado han señalado constantemente que el relleno de humedales en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, es donde pegó más fuerte el huracán, en donde provocó consecuencias aún mayores, contrario a si todavía se contara con esos sistemas naturales de control de inundaciones.

En esa entidad, es bien conocido que los manglares es donde se están construyendo complejos residenciales enormes, que además de que se inundan constantemente y ponen en grave riesgo a la población, extiende sus efectos a muchas poblaciones vecinas causando graves afectaciones.

Otro caso sensible, es el caso de la tormenta tropical “Manuel” por el estado de Guerrero, con pérdidas igualmente incalculables.

Recientemente el periódico “Reforma” publicó en un reportaje denominado "Alertaron en 2007 de daños en Acapulco" y de forma sintetizada señala los actos de corrupción entre gobierno y constructores que se encargaron de afectar severamente el ecosistema, principalmente en Acapulco y que trajo consecuencias devastadoras para los ciudadanos.

El reportaje señala que de acuerdo a las autoridades y expertos, el desbordamiento del río La Sabana fue producto de diversos factores, entre ellos, las invasiones de manglares y se señala que grandes desarrollos ocupan gran parte de un manglar.

Es momento que desde el Congreso de la Unión, se ponga un alto a estas acciones que impactan cada año a los ciudadanos y que están terminando poco a poco con este ecosistema tan bondadoso y con tantos beneficios para nuestro país.

Es absolutamente injusto que las personas que con tanto esfuerzo adquieren una vivienda no sepan que su hogar está construido encima de humedales, encima de la corrupción, de los negocios obscuros de autoridades y empresarios, y que de por vida, su casa estará en constante riesgo con los embates de la naturaleza.

Por ello, se propone que los delitos en materia ambiental, específicamente para el caso de relleno de humedales, se eleven a delito grave, para que de esta forma las personas que atentan contra estos ecosistemas no tengan la posibilidad de salir bajo fianza.
Como legislador y representante del estado de Veracruz, le solicito atentamente a esta Soberanía que elevemos el tema del medio ambiente a nuestra agenda prioritaria y se hagan las reformas necesarias para evitar que gobernantes y constructores sigan invadiendo los manglares de México y sepan que si lo hacen, serán castigados con toda la fuerza de la ley.

Es cuanto.

Iniciativa

Fernando Yunes Márquez, Senador de la República en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el numeral 1 del artículo 8, numeral 1 y 2 del artículo 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISCO  36) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Los humedales costeros, en particular los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales, uno de los principales, es que actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras como huracanes e intrusión salina, controlan erosión y protegen las costas, además de que mejoran la calidad del agua y contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales. 1En México predominan cuatro especies de mangle: el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle blanco (Lagunculariaracemosa), el mangle negro (Avicenniagerminans) y el mangle botoncillo (Conocarpuserectus). Además se han registrado Rizophoraharrisoniy Avicennia bicolor.

La importancia de éstos en el mundo es sumamente alta, sin embargo, en los últimos años se han visto severamente afectados por las acciones que el ser humano ha realizado en contra de los manglares, reduciendo su extensión a nivel mundial de manera alarmante. A pesar de que los humedales tienen una función natural imprescindible, las actividades humanas, tales como: la destrucción del hábitat, la contaminación, sobreexplotación de los recursos, así como la falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico representan una amenaza constante en nuestro país.

La amenaza a los manglares es real, basta con revisar las actuales afectaciones que han tenido en los últimos años. El 18% de las aves de humedales están ya en riesgo de desaparecer, el 38% de las especies que dependen del agua dulce, están amenazadas, el 72% de las tortugas de agua están a punto de desaparecer. Estos son sólo algunos de los ejemplos, sin embargo, el riesgo de afectar de manera definitiva al ecosistema es ya un tema alarmante.

México también se encuentra en riesgo, de acuerdo al último estudio de la “Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)”2, nuestro país tiene aproximadamente 770,057 hectáreas de extensión de manglares; éstos se encuentran en 17 estados del país, de los cuales Yucatán tiene el 55% y los demás estados el resto. A nivel estatal, Campeche es el que posee la mayor superficie de manglar del país (25.2%), seguido por Quintana Roo (16.9%), Yucatán (12.9%), Sinaloa (10.5%) y Nayarit (9.3%). Los estados con menor cobertura fueron Michoacán (0.2%), Jalisco (0.3%) y Baja California (0.004%).Además, México, junto con Indonesia, Brasil, Nigeria y Australia es uno de los cinco países con mayor superficie de manglar.
De acuerdo a la CONABIO, la extensión de los manglares en México, está distribuida de la siguiente forma:

Estado

Extensión (ha)

Baja California

28

Baja California Sur

28,851

Sonora

10,682

Sinaloa

80,597

Nayarit

71,742

Jalisco

2,010

Colima

3,074

Michoacán

1,506

Guerrero*

7,537

Oaxaca*

17,297

Chiapas

41,540

Tamaulipas*

2,995

Veracruz *

36,237

Tabasco

45,210

Campeche

194,190

Yucatán

99,640

Quintana Roo

129,921

Debido a la gran importancia que tienen los manglares para nuestro ecosistema, México ha hecho esfuerzos importantes por preservar nuestro ecosistema, entre ellos, es el formar parte de “La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional”, desde 1986, con el objetivo de adoptar todas las medidas propuestas por esta Convención, que también se le conoce como “Convención RAMSAR”. De acuerdo a su sitio de internet, la misión de RAMSAR es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante las acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.3

Dicha Convención, establece en su Plan Estratégico 2009-2015, 28 estrategias que corresponden a las prioridades determinadas por la mayoría de las partes integrantes de la misma. Entre ellas, se solicita el establecimiento de un Comité Ramsar o Comité Nacional de Humedales. En ese sentido, en México se formó el Comité Nacional de Humedales, con el objetivo claro de fomentar el intercambio de información, que permitan establecer estrategias para mantener y en algunos casos recuperar espacios de manglar que ya están perdidos.

Este tipo de acciones, sin duda ayudan a mitigar el grave problema que se tiene respecto al tema de los manglares, sin embargo, no todas las acciones pueden ser preventivas, o reactivas, sin que hasta el momento exista un castigo ejemplar. Basta con señalar, que sólo el 45% de los humedales, se encuentran decretados como Área Natural Protegida, los demás, se encuentran amenazadas por la voraz actitud de los humanos de hacerse de esos espacios para construir obras que, disfrazadas en un “beneficio para los ciudadanos”, se atenta de forma atroz contra la naturaleza, y que además, trae consecuencias devastadoras para los ciudadanos en caso de un desastre natural.

Tal es el caso de Veracruz, que en los últimos años se ha visto severamente afectado por los impactos de los fenómenos naturales. Las consecuencias lamentables de estos desastres, han sido numerosas pérdidas humanas y materiales, vialidades destruidas, puentes colapsados, deslaves de montañas, entre otras muchas cosas. Es cierto que no se pueden evitar los fenómenos naturales, pero también es cierto, que no se puede exculpar a los gobernantes y a los empresarios, que construyen en zonas de alto riesgo, entre ellas, a los humedales. De acuerdo a algunas cifras, Veracruz ha perdido hasta un 30% de sus humedales, otras cifras hablan ya de un 40%, lo que representa una estadística alarmante, y que de seguirse en esa tendencia, en pocos años Veracruz no contará con este tipo de formación vegetal, que sirve, entre muchas otras cosas, para evitar inundaciones.

El Huracán “Karl”, sólo por mencionar un ejemplo, dejó en Veracruz un millón de personas damnificadas, ciento cincuenta mil evacuados, doce muertos y daños aproximados por 50 mil millones de pesos.

En ese sentido, investigadores del Instituto de Ecología, señalaron que el continúo relleno de humedales en Veracruz, es la principal causa de las inundaciones que ocurren en todo el estado, y el Huracán “Karl”, no fue la excepción a la regla. Resulta evidente, que el constante relleno de humedales es consecuencia de los acuerdos que gobernadores y alcaldes, llevan a cabo con los empresarios constructores, poniendo día a día en riesgo a millones de familias que se inundan. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, es muy conocido que se construyen fraccionamientos completos encima de lo que alguna vez fueron manglares, dañando el ecosistema y la biodiversidad.

Otro caso sensible, es el paso de la tormenta tropical “Manuel” en el estado de Guerrero, que dejó 101 muertos, 215 mil hectáreas de cultivos de pérdida de cultivo, daños de más de 18 mil millones de pesos, 10 mil 847 familias sin hogar, vialidades destruidas, entre otras muchas lamentables consecuencias. Recientemente, el periódico Reforma publicó un reportaje denominado “Alertaron en 2007 de daños en Acapulco”, y de forma sintetizada, señala los actos de corrupción entre gobierno y constructores, que se encargaron de afectar severamente el ecosistema, principalmente en Acapulco, y que trajo consecuencias devastadoras para los ciudadanos. El reportaje señala, que de acuerdo a las autoridades y expertos, el desbordamiento del río La Sabana, fue producto de diversos factores, tales como: los cambios de uso de suelo en terrenos de vocación agrícola a extensiones para vivienda, las invasiones de zonas de manglares y la falta de limpieza en cauces de ríos. Incluso, se señala que desarrollos como “Diamante Lakes” ocupa gran parte de un manglar.

Es importante señalar, que la reciente creación de la Ley General de Vida Silvestre (2007), es un paso importante para la protección de toda la biodiversidad mexicana, sin embargo, a pesar de que existen medidas para proteger los humedales, ésta carece de castigos ejemplares para quienes atentan contra los manglares.

Por ello, se propone que los delitos en materia ambiental, específicamente para el caso de relleno de humedales, así como afectaciones a los arrecifes, se eleve a delito grave, para que de esta forma, las personas que atenten contra nuestra naturaleza, no tengan posibilidad de salir bajo fianza.

Es cierto que en materia ambiental México avanza considerablemente, pero también es cierto que no podemos soslayar la sanción ejemplar que deben tener las personas que siguen rellenando nuestros manglares, y que poco a poco van terminando con éstos, generando problemas de seguridad nacional, como los descritos en la presente iniciativa.

Como legislador y representante de Veracruz, considero de suma importancia que proteger nuestro ecosistema sea tema de agenda nacional, que no siga siendo un tema secundario en los actores políticos, que sea más bien, con toda la pasión que debe tener el preservar nuestros recursos naturales. México es y deberá seguir siendo, un referente en cuanto a recursos naturales se refiere, los gobiernos deberán seguir aplicando políticas públicas a favor de atraer a más turistas, pero no deben hacerlo a costa de destruir lo más hermoso que tiene nuestro país, que es su biodiversidad. Asimismo, deberá seguir con estrategias para que más y más mexicanos, tengan acceso a una vivienda digna tal como lo señala la Carta Magna, pero no deberá ser, a costa de rellenar humedales que provocan destrucción y devastación en prácticamente todos los estados del país, ante la llegada de un fenómeno natural.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISCO 36) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

UNICO. Se reforma el inciso 36) de la fracción I del artículo 194, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

[…]

36).En materia de delitos ambientales, los previstos en los artículos 420, fracción II Bis, y 420 Bis.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez".

1 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares/manglares.html

2 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares/pdf/Manglares_de_Mexico_Extension_y_distribucion.pdf

3 http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-mission/main/ramsar/1-36-53_4000_2__

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Yunes Márquez.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido por favor, en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador Fernando Yunes, me permita adherirme a esta importante iniciativa en defensa de los manglares de nuestros litorales mexicanos, por lo que representan, por los grandes beneficios en la cadena ecológica y que sí ameritan las personas que los agreden ser sancionados severamente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, tomamos nota de ello.

Señor Senador Fernando Yunes, ¿acepta la incorporación a su proyecto de los Senadores Salvador Vega Casillas y Víctor Hermosillo?

Pido a la Secretaría que tome nota de quienes han manifestado el interés de sumarse a esta iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Senadoras y Senadores:

En un régimen democrático que se limita al ámbito político-electoral, pero que aspira a ampliarse a los ámbitos económico y social, debe implementarse una política permanente de construcción de ciudadanía, esto es, dotar a los ciudadanos de una mejor y más profunda cultura democrática y de una plena conciencia de los derechos, libertades y responsabilidades que conlleva a su ejercicio.

En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de 2004, titulado “La democracia en América Latina”: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, se plantea la necesidad de transitar de una democracia cuyo sujeto es el elector, a una cuyo sujeto es el ciudadano que tiene derechos y deberes expandidos, en el campo político, civil y social.

Esta visión ampliada de la democracia es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado: tienen en el régimen lectoral un elemento fundamental, pero no se reduce a las elecciones e implica el ejercicio de una ciudadanía integral, que se corresponde con tres conjuntos de derechos: civiles, políticos y sociales.

Desde esta perspectiva, la ciudadanía está integrada por tres dimensiones:

- Ciudadanía civil; está compuesta por los derechos para la libertad individual, libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la justicia y a la propiedad.

- Ciudadanía política. Implica el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.

- Y la Ciudadanía social. Comprende desde el derecho a un mínimo de bienestar económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares predominantes en la sociedad. En otras palabras, son los derechos económicos, sociales y culturales.

Bajo esta lógica, el derecho a la información resulta fundamental, en virtud de que se trata del elemento básico para el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales, es decir, para el ejercicio de la ciudadanía.

Pero consideramos que este ejercicio no es posible si el Estado no se compromete con dicho fin, impulsando los mecanismos que sean necesarios para crear y asegurar la ciudadanía.

En materia de derechos sociales, su justiciabilidad depende en gran medida de las acciones afirmativas que realice el Estado, pero estamos convencidos que su ejercicio requiere que la población conozca no sólo los servicios y prestaciones que los gobiernos ofrecen, sino también el cómo hacerlos exigibles.

Al ser consientes de que las acciones de gobierno son un derecho y no un favor de la administración en turno, se combaten también las prácticas clientelistas que atentan contra la libertad electoral, el canje del voto por un favor, que hace de la actividad política una competencia por cooptar el voto, incluso ilegalmente, dejando de lado la disputa programática.

Por otra parte, la influencia de los medios de comunicación masiva debe utilizarse a favor de la ampliación de la democracia, ofreciendo variedad en la información al ciudadano que permita generar opiniones informadas respecto al actuar gubernamental.

Para ello, se requiere libertad de prensa, pluralidad en la información, transparencia y el libre acceso a la información pública, convirtiéndose así en un mecanismo de control social de las actuaciones públicas.

En particular, consideramos que los mecanismos de difusión y publicación de las acciones gubernamentales no deben limitarse a la difusión de su existencia o de los logros de la administración en turno, ya que ese tipo de mensajes no aportan información de utilidad para orientar a la población la manera de acceder a ellos.

Una sociedad democrática requiere información de calidad y oportuna que le otorgue mayor control sobre el Estado, pero éste debe coadyuvar a la construcción de una ciudadanía extensa e integral, generando canales de comunicación para que ésta participe en la vida democrática, en su sentido más amplio, diluyendo así los rasgos de autoritarismo, populismo y clientelismo, que siguen, desgraciadamente, arraigados hasta ahora en nuestra cultura política.

Bajo estos argumentos, proponemos que la publicidad y la información relativa a los  programas de desarrollo social se orienten a la difusión de los servicios y prestaciones que otorga el gobierno, pero dentro de una perspectiva de derechos y obligaciones de los propios beneficiarios, con el objetivo de coadyuvar, desde este ámbito, a la construcción de una ciudadanía social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Decreto

Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28…

Su contenido debe ser neutral, por lo que debe orientarse exclusivamente a informar sobre los servicios y prestaciones de los programas de desarrollo social, así como de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, bajo criterios de veracidad, objetividad y accesibilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"La que suscribe, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del PRD en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En un régimen democrático que se limita al ámbito político - electoral, pero que aspira ampliarse a los ámbitos económico y social, debe implementarse una política permanente de “construcción de ciudadanía”, esto es,  dotar a los ciudadanos de una mejor y más profunda cultura democrática y de una plena conciencia de los derechos, libertades y responsabilidades que conlleva su ejercicio.

En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004, titulado La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, se plantea la necesidad de transitar de una democracia “cuyo sujeto es el elector a una cuyo sujeto es el ciudadano que tiene derechos y deberes expandidos, en el campo político, civil y social”.

Esta visión ampliada de la democracia es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado; tiene en el régimen lectoral un elemento fundamental, pero no se reduce a las elecciones; e implica el ejercicio de una ciudadanía integral, que se corresponde con tres conjuntos de derechos: civiles, políticos y sociales.

Desde esta perspectiva, la ciudadanía está integrada por tres dimensiones:

Ciudadanía civil. Está compuesta por los derechos para la libertad individual: libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la justicia y a la propiedad.

Ciudadanía política. Implica el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.

Ciudadanía social. Comprende desde el derecho a un mínimo de bienestar económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares predominantes en la sociedad. En otras palabras, son los  derechos económicos, sociales y culturales.

Bajo esta lógica, el derecho al acceso a la información resulta fundamental, en virtud de que se trata del elemento básico para el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales, es decir, para el ejercicio de la ciudadanía.

Pero consideramos que este ejercicio no es posible si el Estado no se compromete con dicho fin, impulsando los mecanismos que sean necesarios para crear y asegurar la ciudadanía.

En materia de derechos sociales, su justiciabilidad depende en gran medida de las acciones afirmativas que realice el Estado, pero estamos convencidos que su ejercicio requiere que la población conozca no sólo los servicios y prestaciones que los gobiernos ofrecen, sino también el cómo hacerlos exigibles.

Al ser consientes de que las acciones de gobierno son un derecho y no un favor de la administración en turno, se combaten también las prácticas clientelistas que atentan contra la libertad electoral, el canje del voto por un favor, que hace de la actividad política una competencia por cooptar el voto, incluso ilegalmente, dejando de lado la disputa programática.

Por otra parte, la influencia de los medios de comunicación masiva debe utilizarse a favor de la ampliación de la democracia, ofreciendo variedad en la información al ciudadano que permita generar opiniones informadas respecto al actuar gubernamental.

Para ello, se requiere libertad de prensa, pluralidad en la información, transparencia y el libre acceso a la información pública, convirtiéndose así en un mecanismo de control social de las actuaciones públicas.

En particular, consideramos que los mecanismos de difusión y publicitación de las acciones gubernamentales no deben limitarse a la difusión de su existencia o de los logros de la administración en turno, ya que ese tipo de mensajes no aportan información de utilidad para orientar a la población la manera de acceder a ellos.

Una sociedad democrática requiere información de calidad y oportuna  que le otorgue mayor control sobre el Estado, pero éste debe  coadyuvar a la construcción de una ciudadanía extensa e integral, generando canales de comunicación para que ésta participe en la vida democrática, en su sentido más amplio, diluyendo así los rasgos de autoritarismo, populismo y clientelismo, que siguen arraigados en nuestra cultura política.

Bajo estos argumentos, proponemos que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social se oriente a la difusión de los servicios y prestaciones que otorga el gobierno, pero dentro de una perspectiva de derechos y obligaciones de los propios beneficiarios, con el objetivo de coadyuvar, desde este ámbito, a la construcción de una ciudadanía social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. …

Su contenido debe ser neutral, por lo que debe orientarse exclusivamente a informar sobre los servicios y prestaciones de los programas de desarrollo social, así como de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, bajo criterios de veracidad, objetividad y accesibilidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud, en materia de publicidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 300 Y 306 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PUBLICIDAD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Publicidad.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de Diciembre de 2011, las Senadoras y Senadores; Ernesto Saro Boardman, Minerva Hernández Ramos, Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo Tamborrel Suarez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Margarita Villaescusa Rojo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Antonio Mejía Haro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el Rafael Ochoa Guzmán, de la LXI Legislatura presentaron Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para la regulación de la publicidad en salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELA INICIATIVA

Los Senadores proponentes, señalan que la evolución de la sociedad trae implícita entre muchas cosas, el intercambio de bienes y servicios, a través de los cuales los integrantes de la población logran satisfacer sus necesidades. Derivado de ello, la necesidad de implementar un eficiente intercambio de satisfactores, ha llevado a la sociedad a desarrollar una amplia gama de herramientas de difusión masiva con el objeto de comunicar ágilmente la información más relevante al mayor número de personas posible.

Esta complejidad, impone a la actividad de la publicidad, establecer políticas y reglas que tienen como finalidad que esta sea eficaz, veraz y preventiva en la práctica de acciones desleales para los consumidores como entre los mismos anunciantes. Esta propuesta, pretende enriquecer la Ley General de Salud en los apartados que regulan el tema de publicidad sobre bienes y servicios de su competencia.

Es importante precisar que todos los cambios que surgen con motivo de la evolución de una sociedad y de su estructura jurídico-política ocasionan que todo orden jurídico normativo se deba actualizar a las nuevas circunstancias, lo que conlleva a que en toda legislación prevalezcan la claridad y precisión necesaria para que su contenido sea eficaz, logrando con esto, una adecuada aplicación y observancia.

En este sentido, se propone reformar el artículo 300; se adicionan las fracciones I, III, y VI del 306 recorriéndose las siguientes en el orden que les corresponda; se adiciona un artículo 306 Bis; se reforma la fracción II y se adiciona la fracción III del artículo 396; se reforma la fracción III del artículo 396 Bis; y se reforma y adiciona el artículo 413, todos de la Ley General de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, invocan el artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Diariamente millones de personas entramos en contacto con algún aspecto de la mercadotecnia, ya sea la publicidad, las ventas, la comercialización o la promoción.

Los anuncios son la parte medular de la mercadotécnica y que se conforma con el estudio de los procesos de intercambio y consiste en un conjunto de principios para escoger mercados metas. Identificar las necesidades de los consumidores, desarrollar productos y servicios que satisfagan esas necesidades, y proporcionarles valor a los consumidores y utilidades a las compañías.

Hoy en día la  publicidad en nuestro país, juega un roll muy importante, sobre todo en el comercio. La publicidad ha sido una herramienta poderosa de comercialización de diversos productos, bienes y servicios, y en la medida en que crece el comercio y la oferta, su regulación se complica. La publicidad debe contener ciertos parámetros como lo es que sea eficaz, veraz y preventiva.

C. El dictamen que nos ocupa, trae consigo una propuesta que pretende enriquecer la ley sanitaria en los apartados que regulan el tema de publicidad sobre bienes y servicios de su competencia, actualizándola de tal manera que esté acorde con la dinámica de publicidad antes mencionada.

La publicidad, es una herramienta a través de la cual se da a conocer al consumidor bienes y servicios existentes en el mercado, por lo que consideramos, de vital importancia, crear normas que se encarguen de garantizar que la publicidad, y la responsabilidad que tienen quienes crean y emitan la misma, sea veraz y compatible con el bien o servicio que se encuentre en el mercado, para evitar la inducción al error o confusión del consumidor.

Es importante precisar que se debe enriquecer la regulación de  la publicidad del sector salud para que no se conduzca al error al consumidor, además de establecer los parámetros mínimos que deben llevar los anuncios publicitarios dando con ello más certeza para aquél que va adquirir el producto.

D. En este sentido, se propone reformar el contenido del artículo 300 de la Ley General de Salud, con el objeto de establecer como facultad de la Secretaría de Salud, la vigilancia de la publicidad en materia de salud, tal y como lo establece el texto vigente del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

Lo anterior, con el único fin de que sea la propia Secretaría, el órgano que verifique la correcta aplicación de la difusión de publicidad en materia de salubridad general, dejando en claro que estas facultades no van en perjuicio de las que tiene otras dependencias para supervisar la publicidad, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 39, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Salud también actúa como autoridad sanitaria y ejerce su facultad de vigilante en materia de salubridad general, para el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley General de Salud.

E. Respecto de implementar la Secretaría de Economía, con las reformas hechas a este artículo ha quedado ya en dicho precepto y por ello queda superada esta modificación y se hace caso omiso a la misma.

En este mismo orden de ideas, la adición al mismo artículo 300 de la Ley General de Salud, de la referencia expresa a la Procuraduría Federal del Consumidor, es viable ya que aunque no es una dependencia administrativa, es un organismo descentralizado establecido para promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora, por lo que al hacer mención de este organismo se robustece el objetivo del cumplimiento y se reconocen los diversos ámbitos en que la legislación mexicana regula el tema de publicidad. Con esta adición no quedaría lugar a dudas de que las facultades de ambas (COFEPRIS-PROFECO) son complementarias y no excluyentes.

F. Debido a lo anterior, y consientes de la necesidad primordial de proteger el derecho a la salud, se propone reformar el artículo 306 de la misma Ley General de Salud, incluyendo la adición de fracciones corriéndose en orden las fracciones actuales. La finalidad de estas adiciones es lograr una definición amplia y completa sobre los responsables en la creación y emisión de la publicidad. En virtud de lo anterior, es que los legisladores proponentes pretenden reformar la fracción I de este artículo 306, en el sentido de establecer la obligatoriedad de los responsables de la publicidad de identificarse, por ello estas comisiones estiman conveniente dicha reforma a efecto de que en la publicidad a que se refiere la ley mencionada, se identifique claramente al responsable de la misma, proporcionándose datos suficientes para su ubicación e identificación, los cuales deberán incorporarse al aviso o autorización de conformidad con lo establecido en dicho cuerpo normativo, aunado a lo anterior las comisiones plasman íntegra la reforma de la iniciativa en una fracción I Bis. Ya que la actual fracción I habla de “la información contenida en el mensaje sobre claridad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable”. Se considera que por el espíritu  que genera certeza jurídica  esta fracción debe ser conservada.

G. Respecto de adicionar la fracción III del anteriormente citado artículo 306 de la Ley General de Salud, con la intención de hacer una indicación explícita sobre la utilización de la figura de los avales, con la finalidad de que éstos sean objetivos, veraces, y auténticos. Estas Comisiones consideran loable dicha adición, sin embargo, se modifica la palabra “avales”, por “testimonios”, toda vez que la palabra AVAL pudiera confundirse con la figura del aval en materia mercantil, como medio para garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil.

H. En lo referente a la fracción VI del mismo artículo 306 de la Ley General de Salud a efecto de establecer claramente que el desempeño de un producto o servicio podrá ser mostrado en la publicidad, de forma explícita o implícita, mediante imágenes de texto o audio cuando se pueda comprobar dicho desempeño o resultado. Lo anterior, con el fin de dar mayor claridad a la norma y delimitarla, se busca preservar el Principio de Veracidad y Honestidad hacia el consumidor.

Por otro lado en el mismo artículo se pretende adicionar una fracción más, la cual plasma lo siguiente:

“VII. los elementos que compongan el mensaje, deberán contener el número de registro sanitario así como el número de permiso o aviso publicitario, que correspondan a las características de la autorización sanitaria”.

Lo anterior con el fin de que se requiera que la publicidad también incluya el número de registro sanitario según corresponda, así como el número de permiso o aviso publicitario, con independencia  del tipo de medio en el que se realice la misma, a efecto de que la publicidad ofrezca mayor certeza sobre las características, existencia, propiedades y empleos reales reconocidos por dicho órgano desconcentrado, y brinde certeza jurídica-sanitaria a los medios de difusión y al público en general.

I. Por lo que respecta a la adición del Artículo 306 bis. Estas comisiones consideran que la misma debe incorporarse al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, por estimarse que son disposiciones de carácter técnico que darían ejecución a lo dispuesto en la Ley.

J. Por otro lado lo que se refiere al artículo 396, 396 bis y 413 se considera que las recientes reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero del año en curso, incorporan disposiciones que permiten ejercer un control sanitario de la publicidad más eficaz, lo que hace innecesaria dicha propuesta.

K. Con todo lo anterior, se logrará dar más certeza y seguridad jurídica a los consumidores, contribuyendo así con el desarrollo y el perfeccionamiento de la legislación en materia de publicidad en materia de salud.

L. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar con cambios la propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud en materia de publicidad, para quedar como sigue:

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización y vigilancia de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes, Procuraduría Federal del Consumidor y otras dependencias del Ejecutivo Federal.
Artículo 306.- …:

I…

I BIS. Deberá identificarse claramente al responsable de la misma, es decir proporcionar datos suficientes para su ubicación tales como nombre o razón social, dirección, teléfono y dirección electrónica del proveedor, estos datos estarán incorporados al aviso o autorización de conformidad con lo establecido en esta ley;

II. …

III. En el caso de utilizar Testimonios, recomendaciones u otros análogos, otorgados por cualquier institución, asociación, sociedad, profesional, especialista, experto, celebridad o figura pública, sean o no retribuidos, deberán ser objetivos y veraces, tanto en cuanto a la persona que hace el testimonio, recomendación u otro análogo, como al contenido de éstos;

IV. …

V. …

VI.- Sólo podrá mostrar de forma explícita o implícita, mediante imágenes, texto o audio, el desempeño comprobable del producto o servicio.

VII. Los elementos que compongan el mensaje, deberán contener el número de registro sanitario así como el número de permiso o aviso publicitario, que correspondan a las características de la autorización sanitaria; y

VIII. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con un plazo no mayor de 120 días posterior a la entrada en vigor del presente Decreto para modificar los Reglamentos correspondientes.

Salón de sesiones del Senado de la Republica, a 15 de octubre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.






A continuación, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 220 y un artículo 467 Bis a la Ley General de Salud, en materia de productos inhalables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 220 Y UN ARTICULO 467 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PRODUCTOS INHALABLES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Productos Inhalables.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de octubre de 2011, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos inhalables.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 8 de diciembre de 2011, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos inhalables, aprobándose con 285 votos a favor y 4 abstenciones.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de Productos Inhalables.

3. Con fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Productos Inhalables.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELA MINUTA

La minuta en comento propone adicionar la Ley General de Salud, en materia de productos inhalables, es a partir de ello, que señala que una sustancia psicotrópica o psicotropo (del griego psyche, “mente” y tropein, “tornar”) es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.

Diversos datos señalan, que la edad promedio del primer uso de estos  productos, es a los 12 años, además aproximadamente dos millones de adolescentes entre los 12 y 17 años reportan que han usado productos inhalables por lo menos una vez en su vida. Y que entre 1994 y 2000, el número de consumidores aumentó en más del 50 por ciento.

De acuerdo con el Consejo Nacional Contra las Adicciones, poco más de 3.5 millones de individuos de 12 a 65 años de edad de todo el país, han probado alguna droga ilegal, como marihuana o cocaína, aunque en dicho rubro, también se consideran las sustancias inhalables y aquellas que tienen un uso médico y se consumen sin prescripción, siendo en su mayoría, con una cifra de 3.3 hombres por cada mujer que ha consumido.

El Decreto propuesto por la Colegisladora, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones a Productos Inhalables. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 220 y un Artículo 467 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 220. …

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Artículo 467 Bis. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que el asunto materia dela Minuta, como lo es la atención de las adicciones con productos inhalables, se convierte en uno de los temas más importantes que atañen a la salud de la población adolescente de nuestro país.

B. Los inhalables, son sustancias consideradas volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados e inducir efectos psicoactivos. Este tipo de sustancias pueden ser encontrados en diversos productos, tales como gasolinas, anestésicos, limpiadores, pegamentos, aerosoles, adhesivos, productos de limpieza, thinners para disolver pinturas, cosméticos, repelentes, fármacos anginosos, odorizantes de ambiente, por señalar algunos.

Derivado de ello, se abusa en el uso de cualquiera de los anteriores y se deforma el fin para el que son producidos, toda vez que las personas los utilizan para inhalar el producto, directamente de un contenedor o en una tela rociada con el producto; aspirando, a través de la nariz o por la boca; o bien embolsando el producto para poder inhalar los vapores que se desprenden. 

C. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se reporta que los inhalables, representan el 40.4% del uso de sustancias, al menos alguna vez. El grupo afectado es el de los adolescentes de 12 a 14 años de edad, con el 45.5%. El nivel de uso más frecuente es alto, ya que ronda entre los 20 días o más al mes, en el 34.3% de los casos. El nombre genérico y popular más mencionado es el activo con 73.1%.

De la misma encuesta, por lo que se refiere a los Centros de Integración Juvenil, la información obtenida de los pacientes que acuden por primera vez a dichos Centros, 25 personas solicitaron atención en 2009. Y los inhalables, representaron el 14.1%, en comparación del alcohol, que fue la primera causa con 19.9%. Lo cual demuestra que el uso de inhalantes en este sector, también es bastante alto.

Derivado de los Centros de Tratamiento no Gubernamentales, el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años,  fue el que reportó mayor número de usuarios que mencionaron como droga de impacto los inhalables, con el 40.5%, seguido de la mariguana con 35.1%.

Las cifras anteriores, de acuerdo con dicha Encuesta, representan en la población adolescente entre 12 y 17 años, un consumo de inhalables cinco veces mayor que el de un adulto, con fines de intoxicación.

D. En la Región Centro, solo en los Estados de México, Guanajuato y Querétaro, los inhalables son la tercera sustancia de preferencia, después del alcohol y la mariguana. En el mismo sentido, dicha droga ha aumentado en su consumo, en la Ciudad de México, el Estado de Jalisco, Baja California Sur, Sonora y Nuevo León.

Derivado de ello, el consumo de dichas sustancias por una sola vez, puede causar muerte súbita por falla cardiaca, sofocación o quemaduras por explosión, alucinaciones visuales y cambios severos en el estado de ánimo y entumecimiento y temblor de manos y pies, por señalar sólo algunas de las reacciones a partir de su consumo.

Además, algunos de los efectos crónicos, pueden derivar en Neuropatía periférica, disfunción cerebral, daño a pares craneales, atrofia cortical, encefalopatía y demencia, incluidos algunos trastornos renales, hepáticos y en la médula ósea.

E. Finalmente, el Decreto de la Minuta en comento propone:

Artículo 220. …

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Artículo 467 Bis. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.

La propuesta de adicionar un segundo párrafo al Artículo 220 de la Ley General de Salud, es en relación al suministro o venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

En este sentido, se adiciona un Artículo 467 Bis, que impone una pena corporal, a aquellas personas que vendan o suministren a menores de edad, substancias que estén comprendidas en las fracciones IV, que se refiere a aquellas que tienen amplios usos terapéuticos y la fracción V, que se refiere a aquellas sustancias que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria.

Es por ello que estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la Colegisladora con la finalidad de legislar en materia de productos inhalables, que a corto y mediano plazo representarán un problema de salud, dados los índices de porcentajes que se han incrementado en los consumidores que en su mayoría representan al sector adolescente de nuestro país.

Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable aprobar la propuesta contenida en la Minuta que se analiza, así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 220 y un Artículo 467 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 220. …

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Artículo 467 Bis. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.






Tenemos a continuación la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio y se adicionan los Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura a este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se dispensa la segunda lectura.

Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, a nombre de las comisiones unidas, para presentar el dictamen, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Yunes Márquez.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Acordamos en el seno de la comisión, que fuera un servidor el que presente el dictamen, y el Senador Fayad, hasta donde tengo entendido, posicionará por parte del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Yunes.

En función de ese acuerdo, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia.

El día de hoy vengo a presentar, a nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, este dictamen que reforma el Artículo Tercero Transitorio y adiciona los Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En primer lugar, quiero reconocer a las y los Senadores integrantes de estas comisiones, por su disposición de proponer de manera conjunta esta iniciativa.

Sé que en esto no están frente a nosotros los colores, ni partidos, sino nuestra responsabilidad ante el país.

Cabe recordar que el pasado mes de enero de 2009, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que fue producto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En la presente ley, se establecía como fecha límite para evaluar y certificar en control de confianza a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, el 3 de enero de 2013.

Posteriormente, ante el incumplimiento de las entidades federativas, el 28 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo plazo, aprobado por este Senado de la República, de 10 meses.

De acuerdo al último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se entregó a esta comisión, se tiene un avance de 326 mil 463 elementos estatales y municipales evaluados; lo que equivale al 63 por ciento. De acuerdo a la última actualización, se tiene un avance cercano al 70 por ciento, lo que hace prácticamente imposible cumplir con la totalidad en la fecha fatal.

Por ello, todos los integrantes de esta comisión, propusimos una iniciativa para ampliar por un año más el plazo establecido. Pero además, fuimos más allá, adicionando dos artículos transitorios, para que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tomen en cuenta las previsiones presupuestales necesarias para destinar una partida específica que nos permita cumplir con esta norma.

El objetivo es muy claro: permitir a los estados cumplir con el 100 por ciento de la certificación; pero también comprometer a los gobiernos estatales, a emplear los recursos públicos suficientes para lograrlo y no solamente los comprometidos por el gobierno federal.

En el tema de seguridad no debemos de escatimar esfuerzos. Es cierto que son muchas las dificultades por las que atraviesan algunos gobiernos; pero también es cierto que hay muchos que no han cumplido con su labor por falta de voluntad y compromiso. No se puede generalizar, sin embargo, ésta es la última oportunidad que tendrán de cumplir con lo establecido en el citado ordenamiento.

El día de ayer, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Conferencia Nacional de Gobernadores; pudimos escuchar, de viva voz, las dificultades que tienen para cumplir con la evaluación de sus policías. No podemos ser ajenos a esta situación. Como legisladores y representantes de todos los mexicanos, tenemos que ser sensibles ante esta problemática.

Sabemos que muchos de los gobernadores han cumplido y otros están haciendo un esfuerzo para lograrlo.

Recordemos que la obligación que tienen las autoridades de contar con policías confiables, no es un acto de buena fe, ni tampoco un capricho de la ley, sino un mandato constitucional que deben acatar y una obligación con los ciudadanos de todas sus entidades federativas.

Es importante señalar, que ampliar un año más el plazo para la evaluación de los policías, tiene dos objetivos claros:

Primero. Que las entidades federativas puedan tener más tiempo para garantizarle a la población que cuenten con policías confiables, sin vicios y sin compromisos con otra causa que no sea la de velar por su seguridad.

Segundo. Que tanto autoridades federales, legisladores, gobernadores, presidentes municipales y organizaciones de la sociedad civil, en conjunto, podamos analizar profundamente la operatividad de los exámenes de control de confianza, para que, de esta forma, podamos lograr un nuevo gran acuerdo que permita hacer las modificaciones necesarias a estos exámenes, para hacerlos más ágiles, eficientes, accesibles y, sobre todo, permanentes.

Para este efecto, se estará integrando un grupo plural que, sin retraso alguno, desarrolle este nuevo modelo de certificación policial.

Este análisis que llevaremos a cabo, deberá tener como ejes principales:

Revisar la conveniencia de seguir usando el mismo modelo o mejorarlo.

Crear un verdadero sistema de desarrollo policial.

Garantizar una verdadera profesionalización de las instituciones, así como la estandarización de los procesos.

Imponer sanciones para quien no cumpla con la evaluación. De igual forma, que los resultados de estas evaluaciones estén apegados a la normatividad internacional.

Y garantizar, en todo momento, el respeto a los derechos de los policías.

También analizaremos la conveniencia de aumentar los resultados de las evaluaciones, de pasar de apto y no apto, a otras posibilidades que permitan, que por razones no graves, los policías puedan someterse a un periodo de mejoramiento y se queden en la corporación.

Como secretario de esta comisión, y a nombre de los integrantes de la misma, me permito decirle a todas las y los mexicanos, que con esta reforma no se está buscando una salida fácil, no se está dando un cheque en blanco a gobernadores y al Ejecutivo Federal, pero tampoco se está eludiendo el compromiso de atender la problemática del atraso en la evaluación, sino que se está abriendo un nuevo espacio de revisión profunda para, que dentro de nuestra responsabilidad, hagamos lo necesario para garantizar que nuestras policías sean lo suficientemente confiables para proteger a los mexicanos.

Perfeccionar el modelo de certificación debe ser nuestra prioridad. Sin embargo, ésta no será posible si no se aprueba el presente dictamen.

De igual forma, y para concluir, me parece importante recalcar que la ampliación del plazo sirve, también, para que miles de policías no se queden sin trabajo al no ser evaluados.

No es justo cargar la mano a quienes de buena fe trabajan por proteger a la ciudadanía, porque por ellos se propuso también la ampliación de esta fecha límite.

¿Por qué despedir a los policías que no fueron evaluados, si no es responsabilidad de ellos, sino de los gobernadores que no cumplieron?

Por último, me permito, a nombre de los integrantes de esta comisión, enviar un mensaje claro a los buenos policías, que con toda dedicación luchan día a día contra el flagelo de la delincuencia. Haremos todo lo que esté en nuestras manos por mejorar sus condiciones económicas y sociales.

Es totalmente injusto, que les exijamos capacidad y lealtad, cuando en algunos estados y municipios son literalmente olvidados por sus autoridades.

Un policía bien pagado y con seguridad social justa, no tendrá motivos para atentar contra la seguridad de ningún mexicano; por el contrario, seguramente cumplirán a cabalidad con su responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Yunes. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Antes de iniciar la discusión, esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de mujeres procedentes del estado de Sinaloa, invitadas por el Senador Francisco Salvador López Brito.

¡Bienvenidas!

Informo a la Asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general de este dictamen, la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI; el Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD; la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT; y los Senadores Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en lo general de este dictamen.
- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es fundamental para garantizar un México en paz.

Sin duda, un reto que enfrentan los tres órdenes de gobierno, consiste en depurar los cuerpos policiacos, a efecto de contar con policías confiables, honrados, mejor capacitados, con absoluto respeto a los derechos humanos y cercanos a la gente.

El dictamen que presentamos el día de hoy, no descalifica la certificación actual; sabemos que tuvo su nobleza y un objetivo muy claro, y que con grandes dificultades, la Federación, los estados y los municipios lo llevaron a cabo, incluso con grandes restricciones presupuestales. Tan es así, como el Senador Omar Fayad, ayer, en la reunión de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, hacía referencia sobre mi estado, Nuevo León, como un estado modelo y exitoso en certificación de las policías, teniendo a la fecha el 97 por ciento de compromisos cumplidos, o el estado de Aguascalientes, que también lleva un alto índice en certificación y acreditación de los policías en ese estado.

Para lograr estas certificaciones, los estados tuvieron que crear los centros estatales de control de confianza, preparar y contratar personal poligráfico y psicológico y hacer grandes esfuerzos presupuestales con los cuales no se contaba, y que hasta el día de hoy tampoco se cuenta. Sin embargo, todas estas acciones han sido insuficientes para lograr la meta del día 29 de octubre del presente año: fecha límite en la que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que todo elemento que no esté certificado a esta fecha, tendrá que salir de la corporación.

No podemos negar que hay avances. Hoy en día, 30 entidades y el Distrito Federal reportan más del 50 por ciento de avance en el proceso de evaluación y de certificación. Pero en este momento, con la depuración y la rotación permanente en las corporaciones, hay policías que acaban de entrar y que de no aprobarse esta modificación, dentro de los próximos 12 días, miles de ellos serían dados de baja y ni siquiera habrían sido evaluados.

Y aquí quiero compartirles, compañeros, que en mi experiencia como ex presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León, nos tocó vivir los momentos más crudos en materia de seguridad en mi estado. Nos tocó depurar nuestras corporaciones, y de 740 elementos policiacos con los que contábamos, dimos de baja 700 y nos quedamos tan sólo con 40 elementos.

Nos vimos en la necesidad de reclutar en todo el país para poder lograr una policía confiable, una policía en la que creyera nuestra ciudadanía; esto llevó tiempo, y llevó, también, grandes cantidades de recursos.

Por eso, el día de hoy, solicitamos la ampliación del plazo para cumplir con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, reconocemos que debemos de modificar el modelo actual de certificación de confianza, a efecto de no darle un control absoluto a la prueba poligráfica y darle valor a otras pruebas como la psicológica, la socioeconómica, la toxicológica o la médica.

El objetivo es claro, queremos contar con una certificación científica, de investigación y apegada a las normas internacionales. Para lograrlo, se necesitan recursos adicionales para generar una infraestructura material y humana; razón por la cual, en este mismo dictamen, estamos solicitando que exista presupuesto etiquetado para la certificación y acreditación de las policías en nuestros estados y en los municipios.

Hoy, en esta tribuna, queremos reconocer los grandes esfuerzos de todos nuestros amigos de la sociedad civil organizada que han hecho a favor de la seguridad. Hemos escuchado su voz, y desde aquí, todos los integrantes de la Comisión de Seguridad les garantizamos que no estamos otorgando un cheque en blanco ni a la Federación, ni a los estados, ni a los municipios.

También les aseguramos, y que quede muy claro, que el control de confianza no desaparece.

En este Senado de la República, ratificamos nuestro compromiso firme de participar con la Cámara de Diputados, con la CONAGO, así como también con el Ejecutivo Federal, para la creación de un nuevo modelo de certificación y acreditación de nuestras corporaciones.

Seremos vigilantes y garantes del estricto cumplimiento de la ley, con acciones coordinadas, como ésta, y asumiendo nuestra gran responsabilidad lograremos lo que todos los mexicanos queremos: un México en paz, un México tranquilo y un México seguro para todas nuestras familias.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, señor Presidente.

Los Senadores del PAN votaremos a favor de esta modificación; pero esto no significa, de ninguna manera, que nos sintamos satisfechos con los resultados; existe, por supuesto, un gran olvido, diría yo, de esta política pública por parte de algunos estados y de algunos gobiernos.

Por otro lado, también reconocemos el esfuerzo que han hecho muchos por tratar de cumplir con esta certificación.

La Senadora Ivonne Alvarez nos narró aquí, hace un momento, cómo tuvo que hacer para poder hacer esta certificación y tomar la decisión que la ley le obligaba; entonces, sí se puede cumplir con esta ley.

Sin embargo, la situación es que muchos no han podido y otros muchos no han querido; porque desde enero de 2009, se aprobó la obligación de las instituciones de seguridad para evaluarse y para certificarse, y estos objetivos no se han cumplido y hoy estamos discutiendo un dictamen que otorga una segunda prórroga para poder cumplir con la ley.

Mucho se ha dicho acerca de la certificación. El propio Secretario de Gobernación ha iniciado un debate diciendo que no se puede tener una certificación y una evaluación basada solamente en el polígrafo. Pero de ninguna manera esta certificación está basada exclusivamente en el polígrafo, hay otras pruebas, son cinco las que se tienen que pasar, no solamente es el polígrafo, es también la prueba toxicológica, prueba psicológica, investigación socioeconómica e investigación médica.

Y entonces, lo que se ha hecho es llevar el debate solamente al tema del polígrafo, pero hasta ahora no hemos recibido una sola propuesta, que tampoco la contiene este dictamen, de un modelo alternativo que le permita al gobierno poder cumplir con este procedimiento de manera eficaz.

Este dictamen solamente contempla dos aspectos: la ampliación del plazo por un año y la aplicación presupuestal. Más tiempo y más dinero para poder cumplir lo que ya escuchamos aquí, que sí se puede cumplir.

Estamos discutiendo más presupuesto, cuando solamente se han utilizado el 12 por ciento de los recursos que se destinan a estos fines. Y repito, no hemos recibido un modelo que sí estén dispuestos a cumplir y que sea efectivo para la depuración de los cuerpos policiacos; como tampoco hemos sabido, a ciencia cierta, qué es lo que pasará con la gendarmería nacional; no tenemos información de esto y tampoco tenemos la información completa de cuál es la nueva estrategia para poder combatir a la delincuencia.

Mientras nosotros discutimos estos temas de la certificación, ¿qué es lo que está pasando con el país?

Hay mejoras, sin duda, como ya se ha dicho aquí, en muchas áreas, en muchas ciudades, en donde han mejorado el tema de la seguridad. Y señaladamente, desde el sexenio pasado, ha funcionado en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Nuevo León, en general.

Pero delitos como el secuestro y la extorsión están a la alza en el país, y un claro ejemplo de esto es Michoacán. En Michoacán, solamente en este año, los homicidios crecieron 16 por ciento, el secuestro creció 38 por ciento y el robo 4 por ciento; y a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas, que reconocemos en Michoacán, la situación está empeorando.

En los últimos dos meses han sido asesinados el Diputado del PRD Osbaldo Esquivel, el director de seguridad pública de Puruándiro, un regidor de Taretan, y en esta misma semana, un compañero ex secretario del Partido Acción Nacional en Apatzingán, Octavio Contreras.

Estos son sólo los homicidios más conocidos en Michoacán y, además, los que mediáticamente son los más relevantes, no tenemos una sola respuesta, un solo resultado de las investigaciones que solamente suponemos que hay; no hay un solo detenido.

Estos números siguen creciendo mientras nosotros discutimos mayores plazos para la certificación, pero todos estos números que decimos, estos números fríos ocultan una cruel realidad dentro de ellos. Cada día, estos números están contenidos por más gente de bien asesinada.

Exigimos que el gobierno ponga ya un alto a la violencia en Michoacán.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador Vega.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenos días a todas y a todos.

Tenemos aproximadamente tres meses, en la Comisión de Seguridad Pública de esta Soberanía, discutiendo este tema tan importante, estamos hablando de todos los elementos de seguridad pública que están en Plataforma México, es decir, de la policía más próxima y más cercana a la gente. Requerimos, efectivamente, policías confiables, capaces y preparados, eso no lo discutimos, pero llegamos a la conclusión de que este proceso no puede ser a contra reloj.

Han escuchado ya en el dictamen, lo complejo que es el echar a andar todo este equipo en cada uno de los estados y en algunos municipios para lograr tener desde los peritos, hasta los centros de control y confianza para realizar la evaluación.

Celebro el trabajo de esta comisión, porque el producto de este dictamen recoge las inquietudes de la mayoría de los integrantes que componemos esta comisión tan importante, y nos vamos a pronunciar a favor del dictamen por dos aspectos que me gustaría destacar.

El primero, es que no podemos inventar policías. Un policía que estará tan próximo y tan cercano a la gente no se puede inventar, no se puede crear y no se puede formar en unas cuantas semanas, ni en unos cuantos meses, requerimos a los mejores de los cuerpos policiacos.

Y a partir de que se creó este sistema de evaluación, no tenemos por qué contratar a ninguno que no pase la evaluación y los exámenes de control y confianza; es decir, aquellos policías de nuevo ingreso o de recién ingreso debieron haber cumplido ya con este requerimiento, no tendrían que ser parte del tema que hoy estamos tocando. Sin embargo, hemos decidido ampliar el plazo, para que además de contar con el tiempo que se requiere, proveamos del presupuesto y de las herramientas necesarias para que los municipios, sobre todo de más alta marginación, puedan contar con los recursos necesarios.

Estamos hablando de que una prueba de esa naturaleza oscila entre los 3 mil y 6 mil pesos, ya que estamos hablando de un examen especializado. Hasta el momento, tenemos alrededor del 68 por ciento de elementos evaluados en el país; no hemos cumplido con la metas, pero tampoco previmos el tener los recursos necesarios para hacerlo, es lo que pretendemos con este dictamen.

Es muy importante que mencionemos, que no sólo para el grupo parlamentario del PRD, sino para esta Soberanía, la prioridad es tener allá abajo, en los municipios, en los estados, de cara a la gente, a los mejores elementos, y en este momento confiamos firmemente que esta acción, que fue incumplida por el gobierno federal, ahora con esta decisión que hemos tomado y los elementos que se ponen sobre la mesa para que realicen su trabajo, y lo realicen bien, se haga en tiempo y en forma.

Ampliamos el plazo, prevemos los recursos que se requieren y confiamos también, en que en unos cuantos meses estaremos avanzando en este tema tan delicado.

Es importante mencionar, que de no tomar esta decisión, tendríamos un colapso en algunas direcciones de seguridad pública, tendríamos que echar a la calle a miles de elementos, como ya ha ocurrido, que no han sido evaluados, en algunos casos por incumplimiento e incapacidad de algunos gobiernos.

Y por último, me gustaría mencionar que esto nos abre la puerta de posibilidades para que, con base en la mesa de trabajo que se acordó ayer con la Comisión Nacional de Gobernadores y la Comisión de Seguridad Pública de esta Soberanía, logremos incidir para simplificar algunas reglas de operación de programas del gobierno federal. Entre ellos el SUBSEMUN, por poner un ejemplo, porque los municipios requieren, para poder acceder a él, de tener a todos los elementos certificados en Plataforma México como otras reglas de operación.

Una vez que contamos ya con esta ampliación del plazo, que tendremos los recursos necesarios, y ya los elementos estarán certificados, esperamos lograr la simplificación de las reglas de operación, que también es una responsabilidad del gobierno federal el hacer accesibles a éstos, a los municipios, sobre todo los de alta y muy alta marginación.

Estamos a favor del dictamen, y estamos tratando de confiar en que esta decisión coadyuve a tener a las y los mejores al frente en cada una de las instituciones y sobre todo, en este tema tan delicado de proveer de seguridad a la ciudadanía.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Mendoza.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Hoy, en representación de mi grupo parlamentario, atendemos un tema, una problemática, que como ya se dijo aquí en tribuna, no es particular de un partido ni tampoco de un sector del país; es un tema que nos converge a todas y a todos a atender. Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que nos hemos enfrascado en una evaluación y en un criterio que atiende solamente una particularidad del problema que acapara a todo el territorio nacional.

Hablar de solamente el polígrafo, hablar de la prueba psicológica, la toxicológica; yo me iría más profundo que eso. Nunca se ha hablado del tema de la prueba física.

Ayer que atendíamos la reunión con los gobernadores, hablaban de los aspectos físicos de los policías, decían: había gorditos, flaquitos, obesos, hasta discapacitados, se llegó a tocar el tema. Pero ese es el tema fundamental de todos los demás.

Un policía que no está bien alimentado, un policía que no descansa y que no se le respetan sus tiempos, bueno, pues creo que sería banal ya seguir con esta prueba.

Efectivamente, asistimos y atendemos a esta sensibilidad de lo que hoy está implícito en este documento que se presenta; porque, efectivamente, sería un problema muy grande para el país haber procedido en los términos en los que estaba dispuesto ya, sobre todo porque ningún gobierno habrá tenido la capacidad para indemnizar a tantos elementos y el colapso en seguridad que hubiera entrado el país, ante el incumplimiento de esta evaluación por parte de los estados, que así fue manifestado ayer por cada uno de los gobernadores.

Y es complejo, sí, efectivamente, es complejo echar a andar todos estos centros de evaluación. Pero en sí fue complejo desde el inicio; complejo en tomar la decisión tan ambiciosa de esta modificación.

Si estuviéramos hablando de que el 100 por ciento de estos grupos policiacos y la seguridad con los estados, estuvieran ya cabalmente certificados, bueno, ¿en dónde está la academia de policía?, ¿dónde están esas nuevas generaciones que nos van a representar?, pues nos estaríamos creando un modelo más perfectible y un modelo más ad hoc de lo que hoy el país ocupa. Necesitamos pensar a futuro y no solamente en la inmediatez de lo que está sucediendo.

Ya lo decía la Senadora Mendoza, ante el incumplimiento, ante lo que veíamos desde un principio, que sabíamos que era un poco ambicioso, pero asistimos a que es algo necesario para el país; tampoco estamos diciendo que estamos en desacuerdo, sino que es una propuesta de visión más futura que las academias de policía, que esos nuevos policías que se estarán formando en el país, cumplan con este mandato que les da la Constitución, que es legalidad, objetividad, respeto, honradez, eficacia, profesionalismo y derechos humanos, sobre todo en esta etapa en la que atraviesa la seguridad nacional.

La insuficiencia, la precariedad de elementos y la falta de personal que se tenga en la inmediatez, nos hace hoy dar pasos atrás y direccionar lo que ya estaba implícito que debería de haber sido un paso adelante.

Queremos en esta iniciativa propuesta por la comisión, con la cual estamos de acuerdo y que la vamos a votar a favor, invitarles a que esta problemática no quede solamente en que estemos prorrogando algo que no se está cumpliendo, algo que va más allá de esta simple certificación. Crear nuevas generaciones, nuevos conceptos, una sensibilidad y regresarle el respeto que cada uno de los elementos de policía que nos resguardan y que nos han generado que regrese esa confianza a la ciudadanía, y no solamente a través de la certificación, sino a través de que se les den también a ellos atenciones de cuestión económica y de cuestión salud, sobre todo.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que valdría la pena aclarar algún acuerdo mínimo, ya que he visto que están enlistados un número importante de Senadores, y ya muchos hicieron uso de la palabra sobre este tema en particular; y esto tiene que ver con que establezcamos que evadir o que eludir el cumplimiento de una responsabilidad, pues puede ser una tarea relativamente fácil. Sin embargo, lo que no podemos evadir ni diferir son las consecuencias de no cumplirla.

Tanto en el dictamen como en esta tribuna, se ha dicho el hecho de que no prorrogáramos este plazo, el tercer plazo, ya se ha mencionado también, pues traería consecuencias muy serias, que al corte del 30 de junio de este año sólo se habían certificado el 63 por ciento de los elementos estatales y municipales. Es decir, si no aprobamos esta prórroga, podrían ir a la calle cerca de 190 mil elementos, con los costos sociales, económicos y políticos, y sobre todo, el costo a la mermada seguridad que muchos mexicanos padecen.

La pregunta obligada sería, y los invito a que nos la hagamos en este debate, ¿a qué se dedicarían estos 190 mil ex miembros de las corporaciones de seguridad en todo el país? ¿Qué van a hacer si se van a la calle de un día para otro?

Por eso, compañeras y compañeros, mi voto en la codictaminadora de Estudios Legislativos, Primera, fue a favor del dictamen. Porque no hacerlo tiene consecuencias; y consecuencias muy graves.

Pero el haber votado a favor no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se incumplan disposiciones establecidas en la ley. Algo, sin duda, está fallando, algo o alguien está fallando para que tengamos que dar prórroga una y otra vez a un sistema de certificación que está diseñado para darle más seguridad, certidumbre y confianza a los mexicanos.

¿Qué paso? Bueno, esas son las cosas que deberíamos de estarnos preguntando.

No se previeron adecuadamente los plazos, o no se previeron técnica o presupuestalmente estos plazos o hay estados y municipios que de plano no asumieron con seriedad este compromiso.

Hay que señalar que sí los hay, quienes asumieron el compromiso, como lo hizo la Senadora Ivonne. Pero también habría que señalar cuáles fueron los que no asumieron la responsabilidad de cumplir este compromiso.

Sea cual sea la razón, algo y alguien está fallando, y eso, en materia de seguridad pública, no puede pasarse por alto, porque muchas veces esta omisión o esta falla cuesta vidas.

Las instituciones de seguridad pública en el país tienen una deuda con el pueblo mexicano. A pesar del incremento sostenido en los últimos años en los presupuestos, en este rubro de seguridad, hay grandes carencias que distan muchísimo de las necesidades de la sociedad y, sobre todo, de sus percepciones.

La certificación de miembros de las instituciones de seguridad se diseñó como un medio a favor de los mexicanos, para garantizarle que quienes están al cargo de su cuidado y protección, son personas confiables, profesionales, capacitadas, garantes de la seguridad y respetuosos de los derechos humanos.

La pregunta creo que podría ser contestada por millones de mexicanos, si les preguntáramos cuántos de ellos les darían la llave de su casa o de su carro, hoy, a un policía.

Ahí los que estamos fallando somos nosotros. Porque después de casi cuatro años como nación y como Estado, no hemos podido darle la mínima garantía a los mexicanos, de que sepan que sus policías están al menos certificados. Probablemente la certificación no sea una garantía absoluta tampoco, pero sí es un paso adelante.

Hoy, en estos días, en lo que tanto se ha hecho referencia y tanto se ha exaltado el valor de la evaluación; en estos días, en donde se ha expresado insistentemente sobre la necesidad y las bondades de evaluar en otros ámbitos, aquí, en uno de los temas más sensibles y preocupantes para la sociedad, como lo es la seguridad pública, extendemos plazos como si la evaluación no tuviera virtudes.

Los invito, compañeras y compañeros, a que reflexionemos en el mensaje que estamos mandando, al diferir las evaluaciones para que no pierdan su empleo los servidores públicos.

Hoy, compañeras y compañeros, si bien es necesario prorrogar este plazo, también es necesario darle una explicación detallada a los mexicanos de por qué no se está cumpliendo.

Hay que recordar que cuando un estudiante no entrega a tiempos sus trabajos escolares, cuando un mexicano con trabajo no cumple a tiempo con la labor que se le ha encomendado, lo menos que tiene que dar es una explicación, y esa explicación no necesariamente lo va a salvar de una eventual sanción, de ser reprendido o reprobado, o bien, de perder el empleo.

Lo que sí queda, a pesar de la explicación que se pueda dar, es una mayor desconfianza, un mayor descrédito y escepticismo hacia quien no cumple. Hoy se le debe esa explicación a los mexicanos y, eventualmente, tendríamos que señalar quién y qué está fallando.

Los legisladores aprobamos muchas veces plazos material y humanamente imposibles de cumplir, o las instancias responsables de la certificación que no han atendido con la suficiente atingencia un mandato de la ley.

Concluyo, compañeras y compañeros, que en este sentido creo que vale la pena que nos pronunciemos a que el gobierno federal y los gobiernos municipales hagan un compromiso. Si no era suficiente el plazo fijado en el 2009, si no era suficiente el plazo fijado en 2012, hay que preguntarnos si el plazo que estamos fijando ahora sí va a ser suficiente, es por el bien de los mexicanos que asumamos todos nosotros ésta como la última prórroga que se le da a este esquema de certificación.

La sociedad exige resultados en materia de seguridad, y una prórroga, por más razones que se tenga, no es un resultado.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores.

Permítanme iniciar mi intervención, recordando que efectivamente en el pasado mes de diciembre, cuando reformábamos este Artículo Tercero Transitorio, llamamos la atención, señor Presidente, sobre el hecho de que en cuatro años no se había logrado certificar a todas las policías y que corríamos el riesgo de que aquella ampliación resultara insuficiente y tuviésemos que ampliar nuevamente el plazo.

Lamentablemente, ese pronóstico se cumplió, y como aquí ya se ha expresado, con toda claridad, volvemos a advertir el riesgo de que en un año tengamos que volver a retomar este tema, porque seguramente no se completará la evaluación de todas las policías.

¿Por qué lo señalo? Retomo algún comentario, que el pasado 15 de octubre, el propio Secretario de Gobernación, declaraba que se debe adoptar, decía él, un nuevo modelo de certificación policial, con el actual nunca, así se planteaba, nunca se logrará el 100 por ciento de la certificación.

Esto nos remite a un tema fundamental; no son los tiempos, es una política pública equivocada en la que debemos reflexionar, no insistir. Y debemos reflexionar también en otros temas, la eficacia, los resultados que hasta ahora ha arrojado este sistema de certificación.

A los integrantes de las instituciones de seguridad, déjenme tomar como ejemplo a la Policía Federal, cuyos elementos, desafortunadamente, se han visto involucrados en varios actos delictivos.

Ahí está el caso del 25 de junio de 2012, donde policías federales, adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asesinaron a tres de sus compañeros frente a viajeros y trabajadores de esa terminal aérea; la versión oficial, vale la pena recordarlo, que se manejó tras estos crímenes, fue que los policías instrumentaban un operativo para capturar en flagrancia a dos de sus compañeros, sujetos a investigación, adscritos a esa terminal aérea, y que presuntamente pertenecían a una red de funcionarios federales dedicados al tráfico de drogas.

O el caso del 24 de agosto de 2012, donde nuevamente se registró, como todos lo recordaremos, un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Federal en la carretera México–Cuernavaca, especialmente en la zona de Tres Marías. Hay que recordar que los elementos policiales abrieron fuego en contra de un vehículo en el que viajaban presuntos agentes diplomáticos de los Estados Unidos, de quienes después se especuló si se trataba de agentes de la DEA que se encontraban operando en México, dos personas resultaron heridas.

O el caso del 12 de abril de 2012, del empresario de Ciudad Juárez, Eligio Ibarra, que fue asesinado en su casa, donde lo apuñalaron para después prenderle fuego, donde se involucraron también agentes de la Policía Federal; se determinó que ahí lo secuestraron, lo extorsionaron y lo torturaron; diez agentes fueron detenidos y consignados al CERESO de Ciudad Juárez, procesados por extorsión y lesiones.

Y como estos podría yo enumerar muchos casos más, pero, ¿a qué nos lleva esto?, al hecho de que está en entredicho la eficacia de estas evaluaciones y que, por lo tanto, sí vale la pena reflexionar, no solamente en ampliar el plazo, sino en revisar lo que se está haciendo porque después de varios años estamos en lo mismo.

Por supuesto que vamos a apoyar el dictamen, porque ya se habló aquí, se señalaron los inconvenientes de no hacerlo. Pero yo llamo con mucho respeto a las compañeras Senadoras, Senadores, a que asumamos con una mayor seriedad este tema y exigirle, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación y a las áreas involucradas, que tomen cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Agotada la lista de oradores, y no habiendo ningún artículo reservado para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.

Saludamos la presencia de un grupo de estudiantes de la preparatoria José María Morelos y Pavón, invitados por nuestro compañero el Senador Isaías González Cuevas.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente; Conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 85 votos a favor y 1 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio y se adicionan los Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Y DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a la Asamblea, que la primera lectura de este dictamen se cumplió con la publicación en la Gaceta Parlamentaria del pasado 10 de octubre, como lo marca el artículo 195 del Reglamento del Senado de la República.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, vengo a solicitar su respaldo a todos y cada uno de ustedes a este dictamen, con el único propósito de garantizar no sólo el acceso, sino el cumplimiento pleno y en todo momento de las obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio judicial.

Las razones para aprobarlo son de diversas índoles.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho a los alimentos como parte fundamental para el desarrollo de las personas.

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento al que se ha adherido México, señala que: en todas las medidas aplicables a los niños y a las niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberá tenerse como una consideración primordial la atención del interés superior del niño”.

En ese tenor, el presente Decreto se enmarca dentro de los principios establecidos en estos instrumentos jurídicos internacionales.

Con relación a las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su reporte de 2011, menciona indicadores sobre la situación conyugal de la población, matrimonios y divorcios ocurridos en México, advierte un aumento paulatino de las separaciones y las uniones.

Señala que en 2009, se dieron 558 mil 913 matrimonios, contra 84 mil 302 divorcios; en tanto que entre el 2000 y 2009, el monto de matrimonios se redujo 21 por ciento y el de los divorcios aumentó 61 por ciento.

Destaca dicho instituto, que 9 de cada 10 litigios de divorcio fueron de mujeres demandando el derecho a pensión alimenticia. Incluso, un estudio realizado por el Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres, refiere que entre los principales temores que experimentan antes de pedir el divorcio, se encuentra la preocupación por lo que pasará con sus hijos, en un 62 por ciento, y la situación económica posterior a la separación, en un 43 por ciento.

También, conforme a cifras de ese instituto, en nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres. El 18 por ciento de ellas viven sin el apoyo de una pareja y el 14 por ciento de las madres solteras no poseen ningún ingreso monetario. En general, el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimentaria.

Tanto la doctrina como la autoridad judicial federal, han definido el derecho de los alimentos, como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedora alimentista, para exigir a otra, o sea al deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato.

Debe mencionarse que los alimentos, por su importancia y trascendencia para la estabilidad de los miembros de la familia, fueron considerados de orden público por el legislador, al grado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis jurisprudenciales, que es improcedente conceder la suspensión del acto reclamado contra el pago de los alimentos, ya que de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para la subsistencia, en contraversión a las disposiciones legales de orden público que la han establecido, afectándose el interés social.

Incluso, la Ley del Seguro Social y del ISSSTE prevén, categóricamente, que en el caso de obligaciones alimenticias, las pensiones podrían ser susceptibles de embargo, en el artículo 10 de la Ley del Seguro Social y el artículo 51 de la Ley del ISSSTE.

En suma, con este proyecto de Decreto se establece un mecanismo eficaz para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias, decretadas por resolución o convenio judicial, a favor de aquellas personas que tengan el derecho de acceder a la misma mediante el siguiente esquema:

La obligatoriedad de los patrones de informar puntualmente a un sistema del seguro social respecto de los trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenios judicial, y otorgar pensión alimentaria.

La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de llevar un registro de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados.

La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de informar a la autoridad judicial, en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria, respecto de trabajadores obligados.

La atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria, respecto de aquellos trabajadores que contraten.

Destaca la obligación que se establece para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el ISSFAM, de que no sólo lleve un registro de deudores alimentarios con la información que le proporcionen los patrones al afiliar trabajadores, sino también para que celebren convenios con otras instituciones de seguridad social, del sector público federal y estatal, para intercambio e integración de información relacionada con dicho registro.

Asimismo, se establece la obligación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, de enterar al ISSFAM respecto de su personal que sea decretado deudor alimentario por resolución o convenio judicial.

Finalmente, se precisa la facultad del juez de lo familiar para intervenir de oficio, a efecto de garantizar que se cumplan en todo momento las obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio.

Por todo lo anterior, pido votemos a favor de este dictamen y a favor de los acreedores alimentistas, que con las cifras que hoy vimos, en su mayoría son mujeres, madres solteras.

En cuanto, señor Presidente.

Gracias por su apoyo.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans. Está a discusión el dictamen en lo general.

Se han inscrito oportunamente las Senadoras Angélica de la Peña, Hilda Flores Escalera y Maki Esther Domínguez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, cedo mi turno a la Senadora Hilda Flores Escalera.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Aprecio la cortesía de la Senadora Angélica de la Peña. Muy buenas tardes, estimadas Senadoras y Senadores.

Como legisladoras y legisladores federales tenemos grandes retos y responsabilidades, uno de ellos es brindar la atención debida y proponer acciones a favor de las personas y grupos en situación de desventaja y vulnerabilidad.

Por ello, no podemos permanecer ajenos a la problemática que viven miles de mujeres y sus hijas e hijos a lo largo y ancho de todo el país.

En esta ocasión, me refiero al problema que enfrentan cuando por diversas razones se da la separación temporal o definitiva del conyugue o concubino, presentándose, en muchos de los casos, la falta del cumplimiento de la obligación de los padres de proporcionar alimento y vestido.

Hasta hoy, las disposiciones en materia civil establecen la obligación de los padres a proporcionar alimento, vestido y educación a sus hijos; y se regula la figura de la pensión alimenticia en caso de separación temporal o definitiva de los conyugues o concubinos.

Sin embargo, me atrevo a afirmar que todos conocemos de más de un caso en el cual después del divorcio o separación, se deja de cumplir con la obligación de asistencia básica, de proporcionar alimentos a las hijas e hijos, poniendo en riesgo su desarrollo y su formación educativa.

Lo anterior me motivó a presentar a esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma de diversas disposiciones en materia civil y de seguridad social; que por cierto, tuvo el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios, lo cual agradezco, a fin de establecer un mecanismo que garantice la continuidad en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos en caso de divorcio o separación.

Esta iniciativa, ya dictaminada por la Comisión de Seguridad Social, y que hoy tomamos aquí, se está sometiendo al Pleno del Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Plantea la creación del padrón de deudores alimentarios, bajo el siguiente esquema:

La obligatoriedad de los patrones, de informar puntualmente a su sistema de seguridad social, respecto de sus trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria.

La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social, de llevar un padrón de deudores alimentarios, respecto de los trabajadores que tengan afiliados.

La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social, de informar a la autoridad judicial, en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria, respecto de trabajadores obligados.

Por último, la atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria, respecto de aquellos trabajadores que contrate y que se encuentren sujetos a esta obligación.

De aprobarse por todas y todos ustedes, estimados Senadores, contribuirá en gran medida a disminuir el daño que se genera en los hijos e hijas, cuando se presenta la disolución del matrimonio, la terminación del concubinato o cualquier relación que configure la obligación alimentaria.

El derecho de las hijas e hijos a recibir pensión alimenticia es inviolable. Y es responsabilidad de todos, como sociedad y como legisladoras y legisladores, establecer los medios para garantizarlo.

Enhorabuena. Muchas gracias, de verdad, a todos, porque estoy segura que vamos a apoyar este dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Esthela Flores.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

El interés superior de la niñez es constitucionalmente una obligación del Estado. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, compromete al Estado mexicano a tener una consideración especial en todos los asuntos que conciernen a niñas, niños y adolescentes.

Este último instrumento establece lo siguiente, en el artículo 3 numeral 2: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con este fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

De tal forma, que la iniciativa que presentó la Senadora Hilda Esthela Flores, que fue ciertamente respaldada por una gran cantidad de Senadoras y Senadores, y que hoy las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, están dictaminando, es totalmente congruente y pertinente con los preceptos de este tratado internacional de derechos humanos de la niñez.

Los alimentos no sólo comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia, respecto del entorno social y económico al que pertenece cada persona.

La pensión alimenticia se ampara en la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselo por sí mismo o por sí misma. Esta, por lo tanto, es una obligación legal que, además, deviene de un deber ético de aquellos que tienen la obligación de procurar a sus descendientes, lo indispensable para vivir en condiciones dignas y de bienestar.

Por esta razón, la obligación de dar alimentos, no necesariamente termina cuando las hijas o los hijos alcanzan la mayoría de edad. Sin embargo, esta obligación, como sabemos, no siempre es cumplida cabalmente por las y los deudores alimentarios, y con ello, cuando mediante sentencia u otra resolución judicial se obliga al pago de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia.

La pensión alimenticia es una obligación que no se puede eludir. En México, hemos llegado al punto de establecer registros de deudores alimentarios, en los que se incluyen las personas que no han cumplido con esta obligación, lo cual es verdaderamente penoso.

El dictamen que hoy se pone a consideración, y que modifica cuatro ordenamientos: la Ley del ISSSTE, del ISSFAM, del Seguro Social y el Código Civil, refuerza este registro y abona positivamente a que niñas, niños y adolescentes, quienes dependen de sus madres o de sus padres para cubrir sus necesidades básicas, le sea respetado su derecho a tener una vida de bienestar, una vida donde se prepondere su dignidad humana y, por supuesto, tenga todo lo que necesite para que sea adecuada.

Niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y todas y todos tenemos la obligación de velar por estos derechos.

Es importante que termine mencionando que, sin duda, este dictamen que hoy se aprueba, está inscrito reconociendo principios muy importantes, como el de la universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, celeridad en los procedimientos y corresponsabilidad de las persona integrantes de las familias, la sociedad y el Estado; teniendo en cuenta, por supuesto, sin lugar a dudas, que este último es el garante de todos estos derechos.

Es cuanto, señor Presidente. Y felicidades, porque sé que vamos aprobar este dictamen.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias. Con su venia, señor Presidente.

Hoy en día, todas y todos conocemos un caso de falta de cumplimiento por parte del jefe de familia, en su mayoría varones, pero también hay mujeres. Lamentablemente, cuando derivado de una separación o divorcio, se pretende dejar de proporcionar los alimentos a los hijos, usando para tal fin, engaños o acciones dentro de sus centros de trabajo, como despidos ficticios, disminuciones de los sueldos oficiales, etcétera.

Esta falta de cumplimiento, muchas veces obliga a las madres o a los padres a dejar de cuidar a sus hijos, para salir a buscar trabajo y los ponen en riesgo, sobre todo cuando son menores.

Además de que la falta de recursos económicos suficientes, también tiene efectos sobre la  salud, pues se adquieren alimentos de menor calidad que pueden llegar a causar obesidad o desnutrición.

Es por eso que, por medio de esta iniciativa que incide directamente en las instituciones de seguridad social, se resarcirán estas injusticias.

Sin embargo, estamos conscientes de que hay todavía un grupo muy grande de deudores alimentarios que no pertenecen a la seguridad social o a las instituciones, por lo que desde el Senado de la República, impulsaremos que esta reforma se replique en cada entidad federativa.

En esta iniciativa se establece un mecanismo eficaz para garantizar la pensión alimentaria a aquellos que tengan derecho de acceder a la misma, por medio de la modificación de cuatro reglamentos.

Es por este motivo, que los Senadores del Partido Acción Nacional, apoyamos este dictamen, y pedimos a todos que por el bien de nuestros hijos y nuestras hijas, hagamos lo mismo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Ortiz.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de mujeres del estado de Jalisco, invitadas por el Senador José María Martínez Martínez.

(Aplausos)

Igualmente, esta Mesa Directiva saluda a un grupo de estudiantes del municipio de Jesús María, del estado de Aguascalientes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 76 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, nada más para reportarle el voto de la Senadora Mónica Arriola, a favor; David Monreal, a favor; y Raúl Cervantes, a favor, con 76 votos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Compañeras, compañeros Senadores, en el Orden del Día de hoy, dimos cuenta del Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, en el que se aprobó el procedimiento para la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Este Acuerdo requiere la sanción de la Asamblea para que la convocatoria que contiene, tenga plena validez.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que remitió la Comisión de Derechos Humanos, el cual está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, relativo al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo relativo al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publíquese la convocatoria en la página electrónica del Senado de la República a partir de esta fecha y hasta el 30 de octubre del año en curso.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas, proposiciones y solicitudes de excitativa inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones del Senado y a la Cámara de Diputados, según corresponda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 26 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 44 BIS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

"La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71º fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que REFORMA EL ARTICULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

EL 8 de Mayo de 2013, el Ejecutivo Federal y el Consejo Rector del Pacto por México, presentaron la iniciativa de Reforma Financiera, que tuvo lugar en  el Alcázar del Castillo de Chapultepec, a través de trece iniciativas que modificarán 34 ordenamientos jurídicos, que rigen el actuar del Sistema Financiero para su envío a la Honorable Cámara de Diputados.

El Artículo 4º de La Ley de Instituciones de Crédito Vigente, establece que:

El Estado ejercerá La rectoría del sistema Bancario Mexicano, a fin de que este oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios”.

En el Pacto por México en los Compromisos 62 y 63 se establecieron como objetivos, respectivamente: el fortalecimiento de la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional; y la modificación del marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, entre otros cambios; a pesar de que el Ejecutivo Federal, ha hablado de las bondades acerca de los bancos para que presten más y más barato, esta estrategia, no quiere decir que sea la solución a los problemas que enfrentan los mexicanos, una demanda general es terminar con el hambre, la pobreza, el desempleo por falta de oportunidades y en el caso que nos ocupa, cada día menor rendimiento de su poder adquisitivo, el usuario de los servicios financieros es afectado en su economía al tener menores beneficios en sus ahorros, pues los intereses son muy bajos y no se comparan a las ganancias obtenidas por los banqueros que son realmente los únicos beneficiados con los cobros exagerados en las comisiones y bajas tasas de interés que pagan; es lamentable, que las Instituciones financieras reciban el dinero de los ahorradores del país a través de los Productos y Servicios que ofrecen por ejemplo: cuentas a la vista, cuentas con chequera sin chequera, de ahorro, fondos de inversión en dólares o no, dependiendo de la capacidad de ahorro que tenga cada usuario para obtener mejores dividendos al tener su dinero cautivo, pero ¿qué recibe a cambio? Tasas de interés paupérrimas y cobros de comisiones excesivas por la utilización de servicios y productos, en contraste con las grandes ganancias que obtienen por cada peso que se deposita en sus bancos para ser utilizado para prestar e invertir, podemos decir que esto no es una palanca de crecimiento, es un freno para ello, tampoco es la respuesta a las grandes necesidades de los ciudadanos para que su dinero rinda más.

Está es una gran limitante para propiciar el acceso a la población de menores recursos a los beneficios de este sector financiero, a pesar de que el Congreso de la Unión se ha dado a la tarea de reformar diversas leyes en los últimos años, en donde ha otorgado atribuciones al Banco de México para regular las comisiones bancarias se han creado otras formas de hacer otro tipo de cobros, por ejemplo: modalidades de venta de productos condicionados a la compra de otros.

Actualmente, existen diversos problemas de acuerdo a la información recabada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, (CONDUSEF), el año pasado en total se registraron

4 MILLONES 238 MIL RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LA BANCA EN 2012 en contra de 29 bancos.

Los más sobresalientes de estos 29, son 6 bancos que agrupan casi el 93% del total de reclamaciones y participan con el 81% del activo total.

 

BANCOS

 

Reclamaciones

 

Participación

%

 

ACTIVOS**
En millones de pesos

 

Participación

%

1. BBVA BANCOMER

1,240.930

29.3

1,263,545

22.6

2. BANAMEX

1,000,683

23.6

1,120,311

20.1

3. SANTANDER

817,181

19.3

749,966

13.4

4. BANORTE/IXE

424,921

10.0

704,380

12.6

5. HSBCS

339,055

8.0

485,798

8.7

6. SCOTIABANK

167,894

4.0

224,092

4.0

 

 

 

TOTAL

81.00%

A continuación se presentan los diferentes tipos de productos financieros y las reclamaciones, que el usuario de servicios financieros padece actualmente.

 

PRODUCTO

 

RECLAMACIONES

 

PART. %

 

1. Tarjeta de Crédito

 

2,710,283

 

63.9

 

2. Tarjeta de Débito

 

1,104,641

 

26.1

 

1. Cuentas de Depósitos a la vista

 

409,742

 

9.7

 

2. Tarjeta prepagada

 

11.963

 

0.3

 

3. Valores e instrumentos de inversión

 

2,234

 

0.1

Total

4,238,863

100%

El problema es ¿por qué, si estamos presentando una reforma financiera, nos olvidamos de los verdaderos afectados? Ya que estas cargas afectan el comportamiento de los consumidores y esto se debe en gran medida por la falta de información al usuario y de selección de lo que le conviene.

Es el momento de presentar reformas que también beneficien a la población con acceso al sistema financiero. No es suficiente emitir recomendaciones, no es suficiente la unificación de conceptos o definiciones, lo importante es, entrarle de lleno a la regulación sin miedos, sin miramientos y con participación no sólo de buena fe y compromisos a medias, por ello, hay que buscar que las instituciones financieras participen activamente en la difusión de sus productos de una manera clara de manera conjunta con la CONDUSEF, para que decida adecuadamente el usuario que institución financiera es la que le conviene, la que por lo menos le quite menos de su capital, por eso no se puede hablar de reforma si no hay cambios sustanciales a la ley en brindar justicia a millones de mexicanos.

En la actualidad la situación financiera a nivel mundial, impone nuevos retos a la hora de la emisión normas financieras, por ello, para el Poder Legislativo, es imperativo emitir normas que den certeza jurídica y protejan a los clientes de las instituciones financieras que realizan prácticas sólo en beneficio de éstas a través de diversos intermediarios, en protección de sus intereses particulares y del propio sistema financiero.

Una de las críticas que están presentes en la sociedad es la falta de claridad, tecnicismos utilizados en la elaboración de las leyes que no son comprensibles para la mayoría de los mexicanos, es el momento de ser claros, para que no exista confusión al momento en que éste reciba la información.

La iniciativa que se presenta el día de hoy, refleja el rezago que existe en materia de educación financiera en México y las posibilidades económicas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros son sumamente limitadas para avanzar, esta iniciativa contiene diversas propuestas que darán mayor certidumbre, comprensión y seguridad jurídica para el usuario y fortaleza a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

En efecto, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012), ahora se conoce que en México:

• 97% de la población adulta (77.6 millones de personas) tiene posibilidad de acceso al sistema financiero, pero sólo el 56% (39.4 millones de personas) tiene contratado al menos un producto con el sistema financiero formal, ya sea una cuenta de ahorro, un crédito, algún tipo de seguro o una cuenta de ahorro para el retiro.

• A nivel nacional, 35.5% de los adultos (25 millones) mantienen al menos un producto de depósito o ahorro formal a través de alguna institución financiera.

• 43.7% de los adultos (30.7 millones) ahorra a través de mecanismos diferentes a los ofrecidos por las instituciones financieras. Los más comunes son guardar dinero en efectivo (64.8%) y participar en tandas (31.7%).

• Son usuarios de crédito formal el 27.5% de la población adulta (19.3 millones). El 33.7% de los adultos (23.7 millones) prefiere financiarse de manera informal a través de préstamos de la familia (57.4%) o de amigos (40.3%).

• En cuanto a los seguros, solo el 22.0% de los adultos (15.5 millones) son usuarios de alguno privado, mientras que el 77% de los adultos (54 millones) no cuenta con algún tipo de seguro y esto se debe de acuerdo a lo reportado a su costo (42%), a que no los conocen o no saben dónde solicitarlos (20%), o bien, a que no se los han ofrecido (9%), o tienen desconfianza hacia las aseguradoras (4%).

• En lo que respecta al ahorro para el retiro, sólo el 27.8% de la población adulta (19.6 millones) mantiene una cuenta de este tipo (AFORE).

• Apenas el 38.9% y 67%, de los usuarios de una cuenta formal, tienen el conocimiento respectivamente, del rendimiento o tasa de interés en cuentas de ahorro y sobre las comisiones en cuentas de cheques.

Así, a pesar de que actualmente más de la mitad de la población hace uso de los servicios y productos financieros, el rezago en materia de educación financiera es tangible.
Los beneficios que desencadenarían por medio de un fomento a la cultura financiera traerían un impacto positivo al ciudadano y a las Instituciones Financieras, se pretende:

• Acceso financiero. Superar la aversión al sistema bancario (la gente se siente intimidada). El problema atraviesa los segmentos sociales.

• Mejores decisiones por parte de usuarios contribuye a la estabilidad financiera al mejorar la calidad de las carteras de préstamos bancarios.

• Contribuye a la estabilidad de precios.

• Comportamiento económico responsable (ahorro como un hábito adquirido tempranamente). Contrasta con el consumismo y la gratificación instantánea que llega a través de las presiones de los medios de comunicación.

En base a lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para crear un andamiaje que fomente la educación financiera, el cobro del derecho que se propone en la presente iniciativa traerá beneficios no solo para los usuarios de las instituciones de crédito, sino también para las instituciones, ya que al estar éstos mejor informados establecerá una mejor relación entre institución y usuario, provocando un ahorro para ambas partes.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

PRIMERO: Se REFORMA el artículo 37º de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 37.- De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por los servicios a que se refieren las Secciones Primera, Inspección y Vigilancia, y Segunda, De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Capítulo III De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinará el equivalente al 0.50 por ciento a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la cual los deberá canalizar a los diferentes programas de educación financiera que ejerza.

No se deberán considerar dentro de los derechos a que se refieren el párrafo anterior, los relativos a los artículos 27, 28, 29-A, 29-B, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 31-A y 31-A-1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones generales determinará la forma en que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibirá los recursos provenientes a los que se refiere este artículo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2014.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 218, 219 Y 220 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por las CC. Senadoras de los grupos parlamentarios y de las CC. Senadoras Layda Sansores San Román y Mónica Tzasna Arriola Gordillo)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCION MILITAR

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

"MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, Fracción II, 72 inciso h) e) i), 73 fracción XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCION MILITAR, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el derecho procesal mexicano se utiliza la voz fuero como sinónimo de competencia, cuando se habla del fuero común, fuero federal y fuero del domicilio, como sinónimo de jurisdicción, que sería el caso de fuero de guerra también se habla de fuero constitucional en donde tiene otro significado ya que trata de un requisito de procedibilidad.

Se utiliza la voz fuero común como sinónimo de competencia local, se habla de fuero común y fuero federal en vez de delitos locales y delitos federales, la Ley de la Defensoría de Oficio Federal menciona fuero federal en lugar de competencia federal y así sucesivamente se pueden multiplicar los ejemplos.

Históricamente la palabra fuero viene del vocablo latino fórum, que significa recinto sin edificar, plaza pública, vida pública y judicial, por extensión así se le denomina al sitio donde se administra la justicia, al local del tribunal.

En la Edad Media en los reinos hispánicos se dio a la voz fuero el significado del derecho local; posteriormente se aplicó a ciertas recopilaciones legislativas. A finales de dicha edad media se le identifica con privilegio. En fin, en la actualidad son muchas las acepciones que dicha palabra tiene en el lenguaje jurídico.

Actualmente es frecuente que se confundan los términos jurisdicción y competencia, siendo que la primera es la facultad de resolver un litigio y la segunda los límites de esa facultad. De igual manera se habla de fuero como sinónimo de jurisdicción como de competencia, fuero federal, fuero común. O bien la palabra fuero, como privilegio.

La voz foro se deriva de fuero y es usada para designar a los tribunales en general y particularmente al lugar donde se localizan.

Así se habla de la profesión del foro para referirse a la abogacía de la práctica forense como la actividad del litigante y de la medicina forense, para denominar al servicio de peritaje medico de los órganos de la administración de justicia.

El artículo 13 constitucional habla de fuero de guerra por unas razones de tipo histórico, ya que ha sido termino tradicional de nuestro derecho patrio desde la época colonial, sin embargo no se trata de un fuero en estricto sentido sino más bien de un régimen jurídico especializado en delitos y faltas contra la disciplina militar.

La jurisdicción militar contempla los delitos comunes y no a la categorización de un militar.

En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional y está encaminado a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso. Por ello, para que se respete el derecho al juez natural no basta con que esté establecido previamente por la ley cuál será el tribunal que atenderá una causa y se le otorgue competencia.

La jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, éste debe ser mínimo y encontrarse inspirado en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno.

Con el ánimo de actualizar los términos jurídicos y hacerlos más asequibles al lenguaje jurídico, se propone sustituir el término complicado, cuyo significado es: complejo, arduo, embarazoso, difícil, espinoso, enredado, problemático, confuso, oscuro, indefinible, entre otros; dicho término data de los orígenes de  la Constitución, por el de implicado, cuyo significado es enredado, involucrado, responsabilizado, comprometido, y jurídicamente se describe: acusar o decir que una persona ha participado en un crimen o acción contra le ley.

Por otro lado, además de la amplitud de la jurisdicción penal militar por la definición, democrático, debe respetar el alcance restrictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha jurisdicción el juzgamiento de civiles.

Actualmente este precepto señala:

ARTICULO 13. NADIE PUEDE SER JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES ESPECIALES. NINGUNA PERSONA O CORPORACIÓN PUEDE TENER FUERO, NI GOZAR MAS EMOLUMENTOS QUE LOS QUE SEAN COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTÉN FIJADOS POR LA LEY. SUBSISTE EL FUERO DE GUERRA PARA LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR; PERO LOS TRIBUNALES MILITARES EN NINGÚN CASO Y POR NINGÚN MOTIVO, PODRÁN EXTENDER SU JURISDICCIÓN SOBRE PERSONAS QUE NO PERTENEZCAN AL EJERCITO. CUANDO EN UN DELITO O FALTA DEL ORDEN MILITAR ESTUVIESE COMPLICADO UN PAISANO, CONOCERÁ DEL CASO LA AUTORIDAD CIVIL QUE CORRESPONDA. FUE MODIFICADO POR LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE OCTUBRE DE 1986.

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta la modernización del derecho penal y su armonización legislativa, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCION MILITAR.

ARTICULO UNICO. Se modifica el artículo13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 13. NADIE PUEDE SER JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES ESPECIALES. NINGUNA PERSONA O CORPORACIÓN PUEDE TENER FUERO, NI GOZAR MAS EMOLUMENTOS QUE LOS QUE SEAN COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTÉN FIJADOS POR LA LEY. SUBSISTE LA JURISDICCIONDE GUERRA PARA LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR; PERO LOS TRIBUNALES MILITARES EN NINGÚN CASO Y POR NINGÚN MOTIVO, PODRÁN EXTENDER SU JURISDICCIÓN SOBRE PERSONAS QUE NO PERTENEZCAN AL EJERCITO. CUANDO EN UN DELITO O FALTA DEL ORDEN MILITAR ESTUVIESE IMPLICADOUN CIVIL, CONOCERÁ DEL CASO LA AUTORIDAD DEL ORDEN COMUN QUE CORRESPONDA.

ARTICULO TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de de octubre de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza".






PROPUESTAS

Del C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a considerar en el rubro de Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, en el apartado de servicios de salud del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, recursos financieros para la construcción de un hospital del IMSS en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los CC. Senadores René Juárez Cisneros, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, los recursos suficientes para apoyar a los 22 “Sistemas-Producto” en el estado de Guerrero. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los CC. Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a etiquetar los recursos necesarios para realizar un estudio integral actualizado del territorio nacional. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A ETIQUETAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO INTEGRAL ACTUALIZADO DEL TERRITORIO NACIONAL

"Los Senadores, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, que  exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2014, etiqueten recursos necesarios para realizar un estudio integral actualizado del territorio nacional comprendido el de las Islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se estima que en México existen alrededor de 240 islas, mismas que no se encuentran debidamente registradas y catalogadas, generando un vacío de información de un bien nacional que comprende parte del territorio nacional.

Entre las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal se advierte una notable discrepancia en cuanto a la cantidad y nombres de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes.

Las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes juegan un papel preponderante para la salvaguarda de la delimitación de nuestros espacios marítimos, especialmente de la Zona Económica Exclusiva.

Estas islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, tienen gran importancia desde el punto de vista territorial. La Ley Federal del Mar establece que nuestro Mar Territorial tiene una anchura de doce millas marinas, equivalente a veintidós mil doscientos veinticuatro metros, medidas a partir de la línea base adyacente a las costas, ya sean continentales o “insulares”; una Zona Contigua que mide veinticuatro millas marinas, equivalente a cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros, medidas a partir del límite exterior del Mar Territorial. Además, México tiene una Zona Económica Exclusiva de doscientas millas marinas, equivalente a trescientos setenta mil cuatrocientos metros, cuyo límite interior es el límite exterior del Mar Territorial.

Lo anterior significa que el territorio del Estado mexicano cuenta con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva y 11,122 kilómetros de litorales aproximadamente. De no contar con los Territorios Insulares, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes del Pacífico, Golfo de México y Caribe, México perdería  gran parte de su territorio marino, incluido el control de las principales zonas pesqueras de atún y otros pelágicos de interés comercial, así como algunas de las principales vías marítimas internacionales.

Todo esto, sin considerar la gran riqueza biológica, tanto terrestre como marina, que albergan la mayoría de las islas, cayos y arrecifes mexicanos y que en algunos casos, como lo son las islas del Pacífico Norte de México, ha sido comparada, con la importancia filo-ontogenetica biológica de las islas Galápagos de la República de Ecuador.

Esta diversidad biológica de los Territorios Insulares, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes de México, favorece el desarrollo de importantes actividades productivas prioritarias para el sector primario y algunas del sector terciario como el turismo, tanto en sus costas, como en los mares adyacentes.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada México el 10 de diciembre de 1982 y ratificada por el senado en 1988, benefició a nuestro país al agregar al territorio nacional grandes extensiones marinas y sus recursos vivos y no vivos.

Tras la ratificación de esta Convención, México adquirió trascendentales compromisos ante la comunidad internacional, mismos que lo llevan a la necesidad de reafirmar su soberanía territorial sobre sus islas, cayos y arrecifes, así como a la explotación sustentable de sus recursos.

Que hemos tenido desafortunadamente perdidas de territorio nacional como el de la Isla de La Pasión (Cliperton) en un litigio de soberanía con la República de Francia, o la de isla Bermejo que de manera extraña desapareció del mapa, al parecer, tras haberse hundido a principios de los años 70 y alrededor de la cual se encuentran importantes yacimientos petroleros.

A pesar de las pérdidas territoriales, actualmente se mantiene un desinterés colectivo sobre el territorio nacional comprendido el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, poniendo en riesgo, no solo el control y la conservación natural de estos territorios para beneficio del país, sino la propia unidad territorial y soberanía del Estado mexicano.

Actualmente no existe una partida en el presupuesto de egresos de la federación para la realización de estudios que actualicen el catalogo de islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes, extensión y características biológicas y no bióticas, entre otra información.

En el territorio insular, arrecifes y cayos en los mares adyacentes,  hay grandes oportunidades de desarrollo económico, turístico y de preservación ambiental. Contar con un registro fidedigno de las islas y archipiélagos de la nación, nos permitiría generar proyectos sustentables que poco hemos explorado y explotado.

Al margen de los asuntos coyunturales de naturaleza política o económica, el Territorio Insular, arrecifes y cayos en los mares adyacentes de México, deben ser parte de la agenda política nacional.

Si la situación de desamparo sigue prevaleciendo, la pérdida de biodiversidad en los Territorios Insulares, arrecifes y cayos en los mares adyacentes de México se podría concretar; el riesgo de que particulares realicen actividades que afecten los ecosistemas insulares o que vulneren la soberanía de la nación, se incrementará; y la posibilidad de que las islas  se utilicen como zonas de refugio para las actividades delictivas, será mayor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a este H. Cámara el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, a través de la LXII Legislatura  exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2014, etiqueten recursos necesarios para realizar un estudio integral actualizado del territorio nacional comprendido el de las Islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes.

H. Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Ernesto Ruffo Appel".






De las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos bastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR LA ASIGNACION DE RECURSOS BASTOS Y SUFICIENTES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE SALUD DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO CONTINUEN CON SU TAREA INFORMATIVA, ORIENTADORA Y EDUCATIVA; ASI COMO EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y ATENCIÓN TANTO DEL CANCER DE MAMA COMO DEL CERVICO-UTERINO

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, MELY ROMERO CELIS, Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.

En el mes de octubre, hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 20091 ocurrieron casi 5 mil decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representa la muerte por cáncer de mama de casi 14 mujeres cada día durante ese año. En el  2010 se detectó que de cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían cáncer de mama. En el 2011 el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores malignos en mujeres con un 13.8% y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos también en mujeres.2

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en un 1%. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. El 95% son adenocarcinomas.

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.3

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad.  Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual.4Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria  es el único medio  para determinar un diagnóstico definitivo.5

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.6

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,  así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:

En la prevención primaria:

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a  historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.
En la prevención secundaria se encuentran:

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.7

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir con esta misión.

Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la atención respecto de esta patología.

El cáncer cervico uterino (CaCu) es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.8

Según la OMS el cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres, cada año se diagnostican 500 mil  nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En el 2008 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo.

En México durante 2010, se observó que los principales tumores malignos que afectan a la población femenina adulta (de 20 años y más) que fue hospitalizada por este diagnóstico son el cáncer de mama (24.3%), el cervicouterino (9.7%) y el de colon (3.2 por ciento).9

En 2011 las mujeres murieron por cáncer de mama (13.8%), por cervicouterino (10.4%) y de estómago (7%).En nuestro país es la primera causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y reproductiva, cada 2 horas muere una mujer.

La prevalencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), se observa como el factor más importante que contribuye al desarrollo del cáncer cérvico uterino. Otros factores de riesgo son: relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a largo plazo.10

La prevención primaria del cáncer cérvico-uterino puede realizarse optando por las acciones siguientes:

1. Promoción a la salud.

2. Vacunación contra la infección por Virus del Papiloma Humano.

3. Detección oportuna del cáncer cérvico-uterino.

4. Dejar de fumar.

5. Uso del condón masculino y femenino, de hecho el uso del condón al mismo tiempo tanto masculino como femenino disminuye aún más el riesgo de transmisión sexual que el uso de un solo condón.

Se deben de crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con el cáncer cérvico uterino, incrementar la cobertura de la detección,  facilitar el acceso de las mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, garantizar el tratamiento completo  de similar calidad para todas las mujeres.

La prueba de tamizaje de elección para esta enfermedad es la citología cervical, pero existen diferentes protocolos para su diagnóstico como son:

1. Citología cervical.

2. Citología cervical + detección del VPH-ADN.

3. Detección de VPH-ADN.

4. Inspección visual directa.

5. Inspección visual directa + Citología cervical.

6. Inspección visual directa + Citología cervical + detección del VPH-ADN.

La inspección visual directa también llamada colposcopia tiene la posibilidad de ser realizada por personal de salud no médico, el resultado es de inmediato en personal capacitado que identifica las lesiones, esto facilita el acceso en regiones con difícil adherencia de las mujeres a un programa regular de tamizaje, se puede realizar en mujeres con riesgo alto y con difícil acceso a los servicios de salud.11

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar favorecer y promover estilos sanos de vida, una alimentación adecuada, evitar el consumo de drogas y sustancias que ponen en riesgo la salud y favorecen la presencia de diversos tipos de cáncer, conocer y practicar la autoexploración de las mamas y demás acciones que permitan prevenir y, en su caso, detectar tempranamente estas patologías y con ello, disminuir la tasa de mortalidad derivada de estas causas.

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese Honorable cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.

Por lo anterior, amigas y amigos Legisladores, en el primer año de ejercicio dentro de esta Honorable Asamblea, presenté una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Titular de la Secretaría de Salud Federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las Entidades Federativas, la realización de las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno, así como las relativas a la atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad.

En este sentido, continúa mi esfuerzo y mi intención por mejorar la salud de las mujeres, por lo que ahora sumamos a la presente proposición el exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de seno como del cérvico-uterino, para que el personal que cumple con dichas funciones cuente con la capacitación y actualización y para el personal médico que lleva a cabo los estudios, análisis y diagnósticos de detección de estas patologías, cuente con la capacitación e infraestructura necesaria, encaminada a la atención oportuna y prevención de muertes por estos males.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de octubre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Claudia Pavlovich Arellano.- Sen. Mely Romero Celis".

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&fecha=09/06/2011

2 INEGI. Aguascalientes, Ags., 4 febrero de 2013

3 Lentz: Comprehensive Gynecology, chapter 15: Breast disease. 6thed.

4 IMSS. Guía de Práctica Clínica. Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención.

5 U.S. Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer 2009

6 OMS 2007

7 IMSS. Guía de Práctica Clínica. Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención.

8 IMSS. Guía de Práctica Clíonica. Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Cervico Uterino en el Primer Nivel de Atención. Actualización 2011.

9 INEGI. Aguascalientes, Ags. 4 febrero 2013.

10 NCCN. Cervical CancerScreeningVersion 1:2011

11 Almonte M, Murillo R, Sánchez GI, et al: NUEVOS PARADIGMAS Y DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN AMÉRICA LATINA. Salud Pública 52 (6)






Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el marco del “Programa Inversión Caminos Rurales”, ejerza la asignación presupuestal destinada al estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INVERSION CAMINOS RURALES, EJERZA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DESTINADA AL ESTADO DE GUERRERO

El suscrito, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los componentes fundamentales para elevar el crecimiento económico y el bienestar de la población, es el desarrollo de la infraestructura carretera.

El actual gobierno, reconoce que “México demanda mejores autopistas, carreteras, caminos y libramientos que ahorren tiempos de traslado y signifiquen menores costos para mover a las personas y a los bienes de manera eficiente y segura.”1

Agrega que la “atención a la infraestructura de caminos rurales y alimentadores tiene como objetivo principal garantizar el acceso permanente de bienes y servicios a la población contribuyendo a eliminar desequilibrios y a potenciar el desarrollo socioeconómico y la integración regional.”2

Para lograr lo anterior, se ha propuesto “mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores”, dando prioridad  “(…) a los caminos rurales de las zonas más marginadas.”3

Dentro de la red carretera nacional, los caminos rurales y alimentadores representan un activo muy importante para el desarrollo regional y local. A través de ellos es posible la permanente comunicación entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

Asimismo, estos caminos permiten enlazar en congruencia con los esquemas y planes de desarrollo estatales, a los polos de producción con los centros de consumo, llevando a cabo sus acciones a regiones prioritarias bien definidas y facilitando con seguridad el acceso permanente de bienes y servicios, así como el transporte con menores tiempos de recorrido y costos de operación.

Para los habitantes de las zonas rurales, los caminos son importantes pues son la vía para trasladarse a atender problemas de salud, para abastecerse de provisiones, para que sus hijos salgan a estudiar y para comercializar sus productos; de ahí la importancia de conservar esa infraestructura en adecuadas condiciones de operación, así como de incrementar su cobertura.

Los caminos rurales comunican a localidades cuya población es superior a 200 habitantes e inferior a 2,500, y permiten un tránsito promedio no mayor de 100 vehículos por día. Las carreteras alimentadoras son aquellas por las que transita un promedio no mayor de 500 vehículos por día que crean interconexión entre ciudades medias y dan acceso a los corredores de la red troncal de carreteras.

De acuerdo con información de la Auditoria Superior de la Federación, en el 2010, Guerrero contaba con 7,290 localidades rurales ubicadas a más de 5 kilómetros de un camino rural, donde vivían 1,423,283 personas. De dichas localidades, 3,036 se encontraban aisladas y 4,254 tenían la posibilidad de comunicarse; mismas que eran habitadas por 626,826 y 796,457 personas, respectivamente.4

En relación a la red de caminos rurales, según la misma fuente, en 2011 existía un total de 8,721.5 kilómetros de caminos rurales; de estos, 2,616.5 kilómetros estaban en buenas condiciones; los mismos 2,616.5 en condiciones aceptable y 3,488.5 en condiciones deficientes.

Por otra parte, se contaba con 1,303.1 kilómetros de carreteras alimentadoras; de estos 195.5 kilómetros se mantenían en buenas condiciones; 456.1 en condiciones aceptable, y 651.5 kilómetros en malas condiciones.

En relación a la inversión programada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informa que para el presenta año, se asignó un presupuesto de 916.7 millones de pesos y una meta física de 162.2 kilómetros para este propósito; sin embargo, la misma SCT informa que hasta el 31 de julio de 2013, se tenía un avance de 25.5 kilómetros.

Como se puede observar, Guerrero requiere mayores recursos destinados a mejorar y construir más caminos rurales y alimentadores, para mejorar la vinculación regional y la interconexión local. Requiere fortalecer las redes de transporte en el medio rural para impulsar el crecimiento y desarrollo de las comunidades menos favorecidas, y que tanto lo necesitan. De ahí nuestra respetuosa solicitud a la SCT para que intensifique los trabajas y cumpla con la meta física fijada.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.-Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el marco del Programa Inversión Caminos Rurales, ejerza la asignación presupuestal de dicho Programa, destinada al estado de Guerrero.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.


1 Primer Informe de Gobierno 2013.

2 Ibid.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Localidades en el país y el número de personas que habitan en esas localidades a 2010 del Censo de Población y Vivienda de 2010; Consejo Nacional de Población (CONAPO),
Reporte de las localidades aisladas a 2010.http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Desarrollo_Economico/2011_0252_a.pdf






Del C. Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación y al Secretario de Educación Pública a atender las quejas y sugerencias de los padres de familia de Nuevo León, a fin de modificar los días de las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION Y AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA A ATENDER LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE NUEVO LEON, A FIN DE MODIFICAR LOS DIAS DE LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES

“RaUl Gracia GuzmAn, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Angel Osorio Chong y al Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a que atiendan las quejas y sugerencias de los padres de familia de Nuevo León, a fin de modificar los días de las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares los viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, así como enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014 abarcando la totalidad de la jornada escolar, a fin de encontrar y aplicar alternativas que no interrumpan las clases impartidas.

ANTECEDENTES

1. En fecha de 11-once de Agosto del año en curso la Secretaria de Educación Pública emitió el comunicado 1211.

2. Dicho comunicado anuncia la reactivación de los Consejos técnicos, dividiéndose esta reactivación en dos etapas;“La primera de ellas será intensiva y se desarrollará los cinco días previos al inicio de las actividades docentes con los alumnos, mientras que la segunda fase se llevará a cabo a lo largo del ciclo escolar mediante ocho sesiones ordinarias programadas para realizarse el viernes de la última semana de los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2013 y enero, febrero, marzo, mayo y junio de 20142.”

3. Como se podrá leer en el punto anterior la segunda fase de la reactivación de los Consejos Técnicos se llevará a cabo mediante 8-ocho sesiones los viernes de la última semana de los meses de septiembre, octubre, noviembre del 2013 y en enero, febrero, marzo, mayo y junio del 2014.

4. Según estadísticas aportadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León existen actualmente más de 700,000-setescientos mil estudiantes de educación inicial y primaria.3

(Leon) Cantidad de estudiantes

Estudiantes

Tipo de estudios

196,416

Preescolar

509,835

Primaria

219,326

Secundaria

51,705

Capacitación para el trabajo (2005)

31,994

Técnico medio

100,554

Preparatoria

6,720

Normal

117,851

Licenciatura

12,020

Posgrado

5. A todos estos factores habría que resaltar que los principales afectados por este paro de clases anunciado de manera unilateral por la Secretaría de Educación Pública son los padres de familia ya que se verían en la necesidad de pagar cierta cantidad de dinero para que alguna guardería cuidara de sus hijos por ese día y teniendo en cuanta que el INEGI en el año 2010 estimó que el tamaño promedio de los hogares es de 3.9 personas entendiéndose este número por Padre, Madre e Hijos esto sería un golpe muy grande al bolsillo de los padres de familia que mensualmente estarían erogando durante 8-ocho meses.4

6. Es de hacer resaltar que en fecha del 25 de septiembre del año en curso el periódico “ El Norte” publicó una nota donde se describe a mas de 400-cuatrocientos padres de familia se manifestaron en las instalaciones de la Secretaria de Educación estatal en contra de la medida unilateral planteada por dicha Secretaría a nivel Nacional5.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Ante la situación que se vive en México y que en su defecto repercute en los hogares de las familias Neolonesas, el Estado, está obligado a proporcionar cada día una mejor educación, pero también teniendo en cuenta la opinión y el bolsillo de los padres de familia que día a día se ven más afectados por esta economía inestable que se esta dislumbrando en el 2013 y 2014.

III. Es de preocuparse de igual manera que el Estado en una medida totalmente unilateral sin tomar en consideración a los padres de familia haya tomado esta decisión, lo cual nos indica que estamos dando pasos hacia atrás en esa comunión que en años pasados había tenido el Estado con las Familias Mexicanas y estamos a punto de entrar a ese centralismo de lo cual se destacó el Gobierno en la década de los años 70´s.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Angel Osorio Chong y al Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a que atiendan las quejas y sugerencias de los padres de familia de Nuevo León, a fin de modificar los días de  las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares los viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, así como enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014 abarcando la totalidad de la jornada escolar, a fin de encontrar y aplicar alternativas que no interrumpan las clases impartidas.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.

1 (Publica) en Página Oficial de la Secretaria de Educación Púbica México, D. F., a 15 de octubre de 2013 12:33 hrs

2 Opcit

3 http://www.nl.gob.mx/?P=nl_educacion en página Oficial del estado de Nuevo León  a 15 de octubre de 2013 12:35 hrs

4 Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=19 a 15 de octubre de 2013 12:40hrs

5 Menchaca, Andrea Santiago, Daniel Editora el Sol periódico EL NORTE.com en:
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documentos/DocumentoImpresa.aspx a 15 de octubre de 2013 12:44hrs






De C. Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política pública específica para repatriados en materia de empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no cubran los requisitos para mantener una legal estancia en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR UNA POLITICA PUBLICA ESPECIFICA PARA REPATRIADOS EN MATERIA DE EMPLEO, ANTE EL POSIBLE RETORNO MASIVO DE MEXICANOS QUE NO CUBRAN LOS REQUISITOS PARA MANTENER UNA LEGAL ESTANCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

"El suscrito, Senador ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, implemente una política pública para repatriados ante el posible retorno masivo de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América en calidad de indocumentados. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 27 de junio de 2013, el Senado estadounidense aprobó una importante reforma al sistema de migración, que busca abrir una posibilidad para que millones de mexicanos que se encuentran en su territorio obtengan la “legalización”.

El proyecto de “Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema de Inmigración S. 744”1 fue aprobado por 68 votos a favor y 32 en contra y consiste en establecer tres supuestos jurídicos para lograr su estatus como “legales” y tener acceso a la “green card” o “blue card”, según sea el caso, para lo cual deberán tener ingresos mayores al 140% de los que establece el nivel de pobreza federal y presentar su solicitud dentro del año siguiente a la fecha en que dicho proyecto quede aprobado. Dichos supuestos son:

1.- Para aquellos indocumentados que puedan demostrar que han permanecido de manera continua en Estados Unidos entre el 31 de diciembre de 2011 y hasta la fecha que presenten su solicitud, deberán pagar una multa de mil dólares. Para este supuesto los solicitantes deberán esperar un lapso de diez años para obtener la “green card”.

2.-Para las personas que demuestren que entraron al país con menos de 16 años de edad (conocidos como “dreamers”), se les exentará del pago de la multa de mil dólares y sólo deberán esperar un lapso de cinco años para obtener la “green card”. Sin embargo, si se alistan en las fuerzas armadas, el lapso de espera se reduce, cumpliendo un periodo de dos años de servicio activo.

3.- Para los que sean trabajadores agrícolas, deberán demostrar que estuvieron empleados ilegalmente y pagar una multa de mil dólares, para solicitar la “blue card” que tendrá una vigencia de ocho años. Una vez que cumplan cinco años ininterrumpidos en el territorio norteamericano, podrán solicitar la “green card”.

Es importante resaltar que todas las personas que soliciten la “green card”, no tendrán acceso a beneficios sociales, tales como seguridad social o programas sanitarios como “Medicaid o Medicare”, durante el tiempo de espera establecido para obtener la ciudadanía (de dos, cinco y diez años). Además, si durante el trámite el gobierno detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos, cancelará el permiso de estadía por trámite y estarán sujetos a ser deportados.

Dicho proyecto fue remitido a la Cámara de los Representantes el 27 de junio de 2013, por lo que, para que pueda entrar en vigor, deberá ser aprobada por la mayoría de éstos y se espera que en el próximo periodo de sesiones que inicia en octubre, se avance al respecto.

Asociaciones civiles de ayuda a los mexicanos que residen en el exterior, afirman que los requisitos previstos en la enmienda S.744 son tan difíciles de cumplir, que un reducido grupo de personas podrán lograr la legalización.

Según cifras proporcionadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la población nacida en México que reside en Estados Unidos es de once millones. Sin embargo, sólo cuatro millones podrían ajustarse a cualquiera de los tres supuestos de la enmienda, por lo que se estima que, una vez que entre en vigor habrá una deportación masiva de siete millones de mexicanos. De éstos, aproximadamente el sesenta y cinco por ciento cuenta con al menos un antecedente penal leve, por motivos de violencia doméstica o infracciones de tránsito; un quince por ciento cuenta con antecedentes penales graves; un diez por ciento tiene algún tipo de preparación técnica y laboral y cinco por ciento no cuenta con ningún tipo de documento que acredite su nacionalidad.

Estos datos deben ser seriamente considerados por los legisladores federales y por el Gobierno Federal, pues ante su inminente regreso  a nuestro país, es indispensable establecer una estrategia para reinsertar laboral, económica, social y hasta culturalmente a todas estas personas a la sociedad mexicana.

En lo tocante a México, en los años 2010, 2011 y 2011 se han repatriado a un total de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete personas, siendo el porcentaje más alto el grupo de hombres mayores de dieciocho años, según datos que se encuentran en el portal de la Secretaría de Gobernación.2

Actualmente el Gobierno Federal tiene habilitado un “Programa de Repatriación Humana”, en donde participan el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Educación Pública, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Salud.

Dentro del programa se ofrece al repatriado alimento, traslado a un albergue temporal, asistencia legal, información de ofertas de trabajo temporal y ayuda para poder certificar lo aprendido en Estados Unidos de América.

El programa pone a disposición de los interesados diversas páginas de internet y teléfonos donde el repatriado puede encontrar las diversas opciones que tiene.

En una investigación realizada a dicho programa se pudo constatar que para poder acceder a la bolsa de trabajo que tiene este programa se tiene que accesar al portal del empleo (www.empleo.gob.mx.) y registrarse en la misma para poder ver las ofertas de empleo que ofrece este portal, en donde los requisitos para las personas que residen en la frontera son los siguientes:

1.- Comprobar que viven en la zona fronteriza (presentar documento que avale su lugar de residencia, la cual será de mínimo 2 años).

2.- Registro Federal de Contribuyentes.

3.- Carta de no antecedentes penales.

4.- Identificación Oficial con Fotografía.

5.- Acta de nacimiento.

6.- Papel que les entregan antes de ser deportados, el cual contiene su nombre completo, mismo que deberá estar correctamente escrito.

Como se puede apreciar por los requisitos establecidos en el programa, el mismo está diseñado para todo tipo de personas que necesitan empleo, sin distinguir entre deportado y cuidadosamente residente.

Tan sólo el primero de los requisitos que consiste en demostrar que cuenta con dos años de residencia en la zona fronteriza, pareciera hasta sarcástico pedirlo a quien acaba de ser repatriado, sin ningún tipo de documentación salvo su hoja de deportación y que sin embargo, requiere encontrar un medio de subsistencia ya sea para establecerse en el lugar al que fue regresado, buscar retornar a su lugar de origen o bien, intentar regresar a Estados Unidos.

Por otra parte, como dijimos en párrafos anteriores, al menos sesenta y cinco por ciento de los migrantes mexicanos cuentan con antecedentes penales leves, por lo que la obtención de una carta de antecedentes no penales prácticamente esta fuera de su alcance y con ello, sus posibilidades de obtener un empleo, a pesar de que el manejo del idioma inglés y los conocimientos que hubieran adquirido en los trabajos que desempeñaron mientras estuvieron en Estados Unidos, podrían constituir elementos atractivos para cualquier empresa establecida en nuestro país, para mejorar su capital humano.

Por todo lo anterior, se estima que el “Programa de Repatriación Humana” no es específico ni eficaz para afrontar la realidad que está por venir a nuestro país, pues su aplicación resultará simplemente, inoperante.

Por tal motivo estoy convencido de la necesidad de que desde el Poder Ejecutivo Federal, se establezca una Política Pública enfocada a los repatriados, que permita reinsertar a estas personas en un empleo y con ello, garantizar su subsistencia y atención de necesidades primarias. De otra manera, es muy probable que se repetirá el fenómeno que ha vivido la frontera mexicana por años, en donde los que son repatriados no encuentran un modo honesto de allegarse de recursos y terminan delinquiendo o uniéndose a grupos de delincuencia organizada, deteriorando el ambiente social de esa región del país.

Esta preocupación que planteo deviene no sólo del hecho de ser Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte en el Senado de la República, sino que en la experiencia política que he podido tener, viví en carne propia la descomposición social y de seguridad que sufre un Estado fronterizo, cuando no existen canales que pueden servir para ofrecerles una recepción más prospera y un trato humanitario.

En conversaciones que he sostenido con representantes de empresas maquiladoras, me han manifestado su gran interés en poder reclutar a aquellas personas que sean deportadas y que cuenten con conocimientos técnicos y de idioma, muy útiles en dicho sector industrial. De igual forma las principales empresas de call center en Estados Unidos, tales como Time Warner, Dish Satellite y Best Buy, están moviendo sus inversiones a la frontera con México, para atender a los clientes estadounidenses para aprovechar la creciente mano de obra de los migrantes que son deportados, por tener una capacitación idónea para atender a sus clientes en Estados Unidos, ya que hablan inglés con acento Estadounidense. Estoy seguro, que muchos otros sectores estarían seriamente interesados en obtener mano de obra calificada proveniente de los Estados Unidos.

Por lo tanto, pienso que ante situaciones de crisis, se pueden encontrar excelentes oportunidades de organización y crecimiento en las políticas públicas gubernamentales. Creo en la posibilidad de un retorno masivo de connacionales, puede el Ejecutivo Federal establecer alguna estrategia específica de colocación de empleo, a la que invite a participar a los sectores industriales, comerciales y de servicios que tienen establecimientos den la frontera, para hacer el vínculo que ofrezca la reinserción laboral inmediata del mayor porcentaje posible de repatriados.

Sin duda un esfuerzo de esta envergadura requiere de un trabajo de mayor precisó y con mayor alcance que una simple bolsa de trabajo. La identificación y clasificación de los deportados por edad, por nivel escolar, por preparación técnica y distinguiendo a quienes son completamente bilingües y con algún tipo de especialización por ramo económico, de quiénes no lo son, debe ser el primer paso a seguir, con lo cual se garantice una efectiva vinculación con la iniciativa privada.

Como representante del Estado de Baja California y como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, creo que nuestro deber con la ciudadanía y habitantes de la frontera, así como con nuestros connacionales que pueden ser regresados a nuestro país, es ofrecer con la debida oportunidad, soluciones viables ante los fenómenos derivados de las políticas de México y de Estados Unidos.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en pleno respeto a la división de poderes, a que implemente una política pública específica para repatriados en materia de empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no logren cubrir los requisitos para mantener su legal estancia en los Estados Unidos de América.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en su caso, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, prevea una partida presupuestal para habilitar un programa específico para crear la Bolsa de Trabajo de Deportados que permita la colocación laboral de los repatriados  que permita la colocación laboral de los repatriados, que deberá operar en la Frontera Norte.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.

Sen. Ernesto Ruffo Appel".


1 http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/g_three_sections_with_teasers/legislative_home.htm

2 http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Repatriacion_de_mexicanos






De las CC. Senadoras y los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al equipo infantil de basquetbol conformado por niños triquis del estado de Oaxaca, por haber obtenido el campeonato en el “Cuarto Festival Internacional de Minibásquetbol de Argentina”. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE UNA FELICITACION AL EQUIPO INFANTIL DE BASQUETBOL CONFORMADO POR NIÑOS TRIQUIS DEL ESTADO DE OAXACA POR HABER OBTENIDO EL CAMPEONATO EN EL CUARTO “FESTIVAL INTERNACIONAL DE MINIBASQUETBOL DE ARGENTINA”

Los que suscriben, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; artículo 8 numeral 1, fracción II; 87; 95; 275; 276 y 277 demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE UNA FELICITACION AL EQUIPO INFANTIL DE BASQUETBOL CONFORMADO POR NIÑOS TRIQUIS DEL ESTADO DE OAXACA, POR HABER OBTENIDO EL CAMPEONATO EN EL CUARTO “FESTIVAL INTERNACIONAL DE MINIBASQUETBOL DE ARGENTINA” al tenor de las siguientes.

CONSIDERACIONES

La comunidad indígena denominada Triquis es un pueblo que se sitúan al noroeste del Estado de Oaxaca, como la gran mayoría de los pueblos indígenas en México, viven en situación de vulnerabilidad, pobreza y carencia en el acceso a los servicios públicos.

Sin embargo el día de hoy, un grupo de niños de dicha comunidad han demostrado que las carencias no son obstáculos para realizar hazañas que ponen en alto el nombre de México.

La perseverancia y dedicación que han demostrado, es un ejemplo que debe seguir no solamente la niñez, sino toda la juventud mexicana, y más aquellos que ganando millones de dólares son ídolos del deporte nacional.

Habiendo disputando el cuarto Festival Internacional de Minibásquetbol de Argentina, los niños dieron un espectacular torneo, ya que los siete partidos que disputaron en dicho torneo terminaron con impresionantes marcadores frente a los seis equipos argentinos: 86-3 contra Celestes; 22-6 contra la Universidad de Córdoba; 72-16 cuando enfrentaron a Central; 82-18 el marcador con Hindú; 44-12 con Monteéis; y 40-16 frente Regatas de Mendoza.

La victoria obtenida por el equipo de básquetbol demuestra que en el seno de nuestro país se está gestando una nueva generación de niños con convicción y ánimos de construir un México diferente.

Es nuestra labor como representantes de la nación, garantizar la articulación de las políticas públicas adecuadas para que el relevo generacional se pueda desarrollar en aras de la igualdad de oportunidades y bienestar social. En ese sentido, como representantes del pueblo mexicano, se debe extender felicitación a su maestro y mentor Sergio Zúñiga, quien ha demostrado ser un mexicano comprometido con el interés superior de la niñez.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República se une a la alegría de todo el pueblo mexicano por los resultados obtenidos del equipo infantil de basquetbol conformado por niños Triquis del Estado de Oaxaca, por haber obtenido el campeonato en el cuarto “Festival Internacional de Minibásquetbol de Argentina”; asimismo, extiende una felicitación a este grupo de niños, a sus familiares y entrenador por la destacada victoria que enaltece el nombre de México a nivel internacional.

Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional del Deporte, así como al Gobierno del Estado de Oaxaca de Juárez, a dar seguimiento y brindar todos los apoyos necesarios que les garantice el desarrollo integral de los niños Triquis que conforman el equipo de basquetbol infantil indígena.

Dado en el Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.

Atentamente”.






Del C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL AESTABLECER DIVERSAS MEDIDAS QUE COADYUVEN A FOMENTAR EL TURISMO EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción II y 108  numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ el pasado mes de septiembre, han afectado gravemente y en mayor medida a nuestro querido estado de Guerrero.

Debido a ello, el turismo, principal fuente de recursos del estado y de varias de sus más importantes ciudades, ha resultado muy afectada. Especialmente para Acapulco, que junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo forman el denominado “Triángulo del Sol”; sin embargo, no son las únicas.

Afortunadamente Guerrero cuenta con riquezas históricas, gastronómicas y culturales que rivalizan con su patrimonio natural.

La región Centro es el corazón de Guerrero, aquí nació el hombre que le dio gloria, nombre al estado y libertad a nuestra nación; en esta región encontramos, además de la capital del estado, impresionantes vestigios arqueológicos de las zonas arqueológicas de Orgamera y Tehuacalco.

La Costa Chica, posee en Azoyú caminos empedrados, donde se encontraron piedras labradas de épocas prehispánicas, parte de este patrimonio cultural se exhibe en el Museo Comunitario Irineo Germán, cuyo principal atractivo son los códices plegadizos conocidos como Azoyú I y II; en Ometepec los fines de semana bajan al tianguis nuestros hermanos indígenas con sus tejidos realizados en telar de cintura, aquí se localiza la zona arqueológica de Piedra Labrada y también la Parroquia de Santiago Apóstol, considerada monumento histórico por su acervo cultural. En Cuajinicuilapa se encuentra el Museo de la Tercera Raíz, o sea, de la influencia africana en México, primero en su género en nuestro territorio. No podemos olivar Marquelia, Punta Maldonado, Florencio Villarreal, Copala y San Marcos, todos con grandes riquezas de lagunas y mar o si necesita liberarse del estrés en un spa natural,  las aguas termales de Atotonilco de Horcasitas en San Luis Acatlán lo recibirán con los brazos abiertos.

Caja de sorpresas es la región de la Montaña de Guerrero, que al abrirla deja escapar el sutil olor a linaloe y a palma; sus artífices son verdaderos artistas, mentes creativas que han dado fama mundial a la región y al estado. En Tlapa no falta quién le cuente acerca de los milagros del venerado Cristo del Nicho, una imagen que se encontró en su nicho de cristal en un largo y antiguo tiro de mina. El 23 de octubre, podrá disfrutar de la fiesta en su honor, la cual se lleva a cabo en el gran atrio del Santuario de San Agustín, un verdadero monumento colonial que data de 1535, donde se puede apreciar la fastuosa danza de los Doce Pares de Francia, así como de la danza es la de Los Archaeros, en la que un grupo de doncellas vestidas de blanco realiza bellas evoluciones en torno a un poste del cual cuelgan listones de colores.

Tierra Caliente no se queda atrás, por ejemplo, en Tlapehuala es tan importante el sombrero de palma para soportar las altas temperaturas, que cada año, del 12 al 20 de noviembre, se realiza la Feria del Sombrero; puede aprovechar estando ahí, para ir a dar un agradable paseo y visitar el Templo de San José, una construcción del siglo XVI, engalanada con bellos retablos del siglo XVIII. También podrá admirar la enorme roca monolítica en la cual Federico Canessi esculpió, en 1977, una monumental cabeza del General Lázaro Cárdenas. Por su parte, Arcelia es la puerta de Tierra Caliente, donde el cobre será el principal actor; se dice que tiene propiedades curativas; aquí podrá adquirir una bella artesanía elaborada en este precioso metal o en el también apreciado oro.

La Zona Norte es una puerta a un sinfín de maravillas; un Guerrero que sin duda le sorprenderá. Aquí se ubica una de las más bellas ciudades coloniales: Taxco, la ciudad de plata, cuna de Juan Ruiz de Alarcón, gloria de la literatura mexicana. Ahí descubrirá un mundo admirable creado por la naturaleza; escenarios de belleza única, lo mismo espectaculares montañas que grutas.

Como se puede apreciar, nuestra tierra posee grandes riquezas históricas, naturales y culturales que sumadas a una gastronomía exquisita y diversa hacen del Estado, un destino incomparable para el turismo nacional e internacional.

El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB)1; a pesar de que la participación que se lleva nuestro estado es de solo el 2.5% de ese total nacional, el ingreso proveniente del sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a Guerrero, es aportado por el turismo2.

Nuestra tierra recibe anualmente a más de seis millones de turistas, principalmente nacionales, que nos favorecen con su visita. Es por lo cual, los guerrerenses consideramos que la mejor forma de ayudarnos, es a través del trabajo propio brindado principalmente por el turismo, permitiendo así que con el esfuerzo diario podamos llevar a casa lo necesario y que siempre trataremos de agradecer con la genuina hospitalidad brindada a quienes nos visitan.

El turismo, esa industria sin chimeneas, es en parte, lo que ahora necesitamos para salir adelante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemple un programa de estímulos fiscales que contemple los meses de septiembre a diciembre de 2013 en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíen el periodo de nulidad de peaje de la Autopista del Sol hasta el día 7 de enero de 2014.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se establezca un programa emergente de actividades artísticas y culturales para los meses de noviembre y diciembre de 2013 en el Estado de Guerrero que fomente y atraiga el turismo nacional e internacional.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”

1 Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México – DataTur Secretaría de Turismo (2012) [En línea] http://datatur.sectur.gob.mx/

2 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 2011. [En línea]
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/gro/default.htm






EXCITATIVAS

De la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

“La suscrita, Luisa María Calderón Hinojosa, Senadora integrante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, someto a esta Honorable Soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

“Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.”
Simón Bolívar

Históricamente, México ha sido uno de los países con mayor desigualdad en el contexto internacional, medido a través del Índice de Gini. Este índice es una medida de desigualdad económica utilizada a escala mundial, que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la distribución de los ingresos y uno cuando hay perfecta desigualdad (Cortés y Rubalcava, 1982).

De acuerdo con el Índice de Gini, México presenta un nivel de desigualdad en el ingreso similar al de otras economías latinoamericanas, pero mayor al de países industrializados como Canadá, España, Estados Unidos, e incluso mayor que otras economías en desarrollo, como Turquía.

Asimismo, si bien se han mostrado avances hacia una distribución del ingreso más equitativa entre 1992 y 2010, también es cierto que ha persistido una enorme desigualdad, aun considerando distintos indicadores, y según el CONEVAL de entre los indicadores de la pobreza en México, los cargos públicos son los puestos con mayor estabilidad y generador de capacidad de ingreso en nuestro país.

Luego, la actividad política es vista no como una vocación profesional sino como una oportunidad para subir de clase socioeconómica, generando incentivos perversos en su quehacer, pues los funcionarios lejos de tener aptitudes para el servicio público simplemente buscan la obtención de una fuente segura de ingresos.

Ante la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano, carente ésta de criterios que ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, de ahí que sea indispensable impulsar un esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de sueldos de carácter nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y municipios.

Con esta inquietud el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa el 20 de febrero de 2002 presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos, en especial dotando de facultades para legislar al respecto al Congreso de la Unión.

Después de un largo trámite se logró su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.

Para dotar de vigencia a los preceptos constitucionales, el Senado de la República aprobó el 8 de noviembre de 2011 el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que fue turnada como minuta a la Cámara de Diputados, turnándose el día 10 de noviembre de 2011 a la otrora Comisión Legislativa de la Función Pública; lamentablemente no ha sido impulsada por aquella Cámara Revisora.

Es de vital importancia retomar la mencionada minuta pues establece los parámetros que definen la remuneración máxima, tomando de referencia el cargo de Presidente de la República.

Otra de las bondades de la minuta es que se da una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios. Así como las reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Previene la equidad salarial ya que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo las propias excepciones que la ley señala.

En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores sin embargo es impostergable la aprobación de la legislación secundaría para que tenga validez y vigencia dichos preceptos.

A pesar de la relevancia de la normativa mencionada, la minuta enviada a la Cámara de Diputados a permanecido inmóvil y en momentos hasta olvidada.

Las Comisiones del Congreso son el espacio procesal designado para la construcción del consenso y los acercamientos entre fuerzas políticas.

Hoy, en las comisiones se analiza, se investiga, se valora, se discute, se define, se consensa, se suscribe y se rediseña el futuro del país; por ello, en un contexto de gobernabilidad democrática las comisiones adquieren el peso y la relevancia que les corresponde. La comisión legislativa tiene la finalidad de poner a consideración los proyectos de ley presentados en el pleno y turnados por la Mesa Directiva para su análisis y discusión.

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del proceso legislativo es el de dictaminación que deben llevar a cabo las Comisiones Ordinarias, a las cuales se turnan las minutas aprobadas por alguna de las Cámaras, pues si éstas no se pronuncian positiva o negativamente en cada caso, las propuestas quedan en un estado de incertidumbre o indecisión a lo que comúnmente se le ha dado en llamar “congeladora”, es decir quedan congeladas por no existir interés político o condiciones para ser resueltas.

Si bien es cierto que hoy día se presenta un cúmulo de iniciativas que se han venido rezagando de una Legislatura a otra, independientemente de la importancia que tengan o pudieran tener la sociedad. De tal manera, que el funcionamiento de la Comisiones del Congreso y concretamente en la Cámara de Diputados, hayan sido objeto de muchos comentarios negativos relacionados con su funcionamiento y productividad.

Las Comisiones Parlamentarias en -todos los sistemas- son órganos determinantes en el proceso legislativo y de control. Asimismo se observa que estos órganos tienen por objeto eficientar la labor de los Parlamentos, mediante el principio elemental de la organización social, que es la división del trabajo en grupos especializados y menos numerosos.

Pese a la importancia de eficientar el trabajo de las Comisiones Legislativas, resulta que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados, no han abordado el tema en cuestión y mantienen “congelada” la minuta que regula los salarios máximos de los funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República y artículo 95 del Reglamento de Cámara de Diputados, se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que, en ejercicio de sus atribuciones, presenten el dictamen de la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.






De los CC. Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Javier Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 29 de abril de 2013.

“Quienes suscribimos, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO y ERNESTO JAVIER CORDEROARROYO, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 8 numeral 1 fracción III;  212 numerales 1 a 4; 216 numeral 1 fracciones I a IV y 218 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente solicitamos se formule EXCITATIVA a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de La República, a que presenten el Dictamen relativo al proyecto de Decreto que Adiciona una Fracción XXIX-R al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 29 de abril de 2013, el suscrito en conjunción con el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo y con Aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos iniciativa con proyecto de Decreto que Adiciona una Fracción XXIX-R al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- El Presidente de la Mesa directiva de dicho órgano legislativo, en esa misma fecha turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República para su dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que es nuestro derecho ejercer la presentación de Excitativas.

SEGUNDA.- Que los plazos, ante cualquier modalidad presentada por los dictaminadores, de ser el caso, han finiquitado.

TERCERA.- Que durante los recesos las Comisiones Dictaminadoras deben continuar con el estudio de las iniciativas turnados:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, solicitamos respetuosamente la siguiente:

EXCITATIVA

UNICA. Que la Mesa Directiva de esta Soberanía excite a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, a efecto de que presenten, a la brevedad, el Dictamen relativo al proyecto de Decreto que Adiciona una Fracción XXIX-R al Artículo 73 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

H. Cámara de Senadores, a 16 de septiembre de 2013

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo”.






EFEMERIDES

Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.

EFEMERIDE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

“Con su permiso Senador Presidente
Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy 16 de octubre, como cada año desde 1979, conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Se eligió esta fecha, 16 de octubre, por coincidir con la fecha de fundación de la FAO en 1945.

El objetivo es concientizar a los gobiernos y pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.  También problemas de malnutrición como sobrepeso y obesidad y trastornos conductuales en los hábitos alimenticios como Anorexia y Bulimia.

Desde 1981 se adoptó un tema para destacar las necesidades sociales. Este año 2013 el tema es SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICION.

El record de años previos son:

2012 Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo
2011 Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad
2010 Unidos contra el hambre
2009 Conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis
2008 Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del cambio climático y bioenergía
2007 El derecho a la alimentación
2006 Mejorando la agricultura para la seguridad alimentaria
2005 Agricultura y diálogo intercultural
2004 Biodiversidad y seguridad alimentaria
2003 Trabajando unidos para la Alianza Internacional contra el Hambre
2002 Agua: Fuente de seguridad alimentaria
2001 Lucha contra el hambre para reducir la pobreza
2000 Un milenio libre de hambre
1999 La juventud contra el hambre
1998 Las mujeres alimentan el mundo
1997 Mejorando la seguridad alimentaria
1996 Lucha contra el hambre y la malnutrición
1995 Comida para todos
1994 Agua para la vida
1993 Cosechando la diversidad natural
1992 Alimentos y nutrición
1991 Árboles para la vida
1990Comida para el futuro
1989 Alimentación y medio ambiente
1988 Juventud rural
1987 Pequeños granjeros
1986 Pescadores y comunidades de pesca
1985 Pobreza rural
1984 Las mujeres en la agricultura
1983 La seguridad alimentaria
1982 La comida va primero
1981 La comida va primero.

Es necesario recordar que hoy, como nunca antes, existe evidencia científica  de que somos lo que comemos, de ahí que sea necesario recordar y socializar el consumo alimentario nutricional sano.

La Pirámide Alimenticia recomendada por los expertos en nutrición se encuentra invertida conforme a los hábitos alimenticios generalizados en nuestra población. Es decir no estamos consumiendo alimentos y por tanto nutriéndonos de conformidad con lo recomendado por los especialistas en nutrición.

Los especialistas dividen en cuatro grupos alimenticios, el consumo saludable de los alimentos y, en la base de esa pirámide o primer nivel y que debe consumirse más, recomiendan los cereales y sus subproductos sin refinar, es decir integrales; El segundo nivel, el consumo de plantas, frutas y verduras; El tercer nivel, leche y sus derivados y las carnes. De pollo, pescado, frijoles, lentejas, huevos, y nueces. Y en cuarto nivel y cúspide de la pirámide, lo que significa que de este grupo no debemos consumir mucho, se encuentran las grasas, los aceites, los postres y los dulces. La crema, refrescos gaseosos (sodas), pasteles, repostería, los aderezos grasosos y bebidas ricas en azúcares. Estos alimentos no proveen casi ningún nutriente a nuestro cuerpo pero son abundantes en calorías.

He aquí la paradoja los mexicanos tenemos hábitos alimenticios  cabeza abajo, o sea consumimos mas lo que debemos consumir menos y consumimos menos lo que debemos consumir más.

Para este año 2013 con el tema SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICION, se han organizado foros al respecto.

Es un imperativo constitucional que el Estado Mexicano debe garantizar a nuestra población una alimentación nutritiva y de calidad, antes de eso, debe garantizar y alinear su política alimentaria con sistema de producción  que aseguren la disponibilidad, accesibilidad e inocuidad de los mismos a nuestra población en todo momento.

Hoy este año el tema Sistemas Alimentarios Sostenibles, debe tomar en cuenta que en nuestro territorio el 77% de los productores agrícolas cuentan con menos de 5 hectáreas para agricultura y se considera al minifundio como no rentable y anti-económico, de ahí que se promueva y fomente la asociatividad de los productores agrícolas. Sin embargo existen dos visiones, o más precisamente, la visión de la agricultura tecnificada, de grandes  extensiones, de monocultivo y comercial enfocada a la exportación, desde la óptica gubernamental, quiere implementarse sobre una agricultura ancestral, orgánica, minifundista y de autoconsumo y de bajo intercambio comercial, y que requiere de mayor fomento gubernamental.

Por otro lado se requieren de grandes esfuerzos formativos, educativos, reeducativos, en medios masivos de comunicación y en jornadas escolares y extraescolares para educar en alimentación y nutrición adecuada, saludable y de calidad, con el objeto de invertir los hábitos alimentarios de nuestra población, conforme a las recomendaciones de los especialistas en nutrición y con  base en la Pirámide Alimenticia.

Es cuanto Presidente

H. Cámara de Senadores, a 15 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del Día Mundial del Voto Femenino.

“DIA MUNDIAL DEL VOTO FEMENINO
17 DE OCTUBRE

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El movimiento internacional por el sufragio femenino, llevado a cabo por las llamadas sufragistas, fue un movimiento reformista social, económico y político que promovía el derecho a votar a las mujeres, abogando por el «sufragio igual» en lugar del «sufragio universal».

Las sufragistas fueron a menudo miembros de diferentes asociaciones con el mismo objetivo, pero usando diferentes tácticas; por ejemplo, las sufragistas británicas se caracterizaban por un tipo de defensa más combativa. En otros países el sufragio femenino se logró desde las instituciones del estado mediante leyes que fueron impulsadas directamente por mujeres en la política como el caso de España con Clara Campoamor, Argentina con Eva Peróno México con Elvia Carrillo Puerto.

Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: la incorporación de la mujer al trabajo durante la I Guerra Mundial, derecho de voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el movimiento sufragista en determinados países.

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género.

Hoy se cumplen 60 años del voto femenino en México. Decreto que se dio a conocer un 17 de octubre pero de 1953 en el Diario Oficial de la Federación.

El logro de 1953 fue precedido por una intensa lucha femenina a lo largo de todo el país. Uno de los primeros avances se dio en el sureste de México cuando en 1916 Chiapas, Tabasco y Yucatán reconocen la igualdad jurídica de la mujer para que pudiera votar y ser elegida en puestos públicos de representación popular.

También en Yucatán, pero en 1922, se reconoce el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. Un año después, San Luis Potosí aprueba la ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales.

Fue por fin, el 17 de octubre de 1953 que se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.

Así, indirectamente, en 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos, sólo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer.

El México de 1953, era un país de tradiciones y ferviente apego católico, pero el anuncio del inminente voto femenino abrió nuevos caminos. Con las reservas de la época se inauguraron espacios dedicados a las mujeres que se ven reflejados en las columnas y artículos que tuvieron en los distintos periódicos nacionales.
Las secciones de protocolo, moda, cocina y belleza comenzaron a ganar espacio en los periódicos que antiguamente estaban eminentemente dedicados al sector masculino. Los temas que unos años se creía impensable ver en un diario de circulación nacional, ahora tenían un lugar importante en las publicaciones.

Es así como en las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura. Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más en gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón.

Lamentablemente, hoy en día faltan muchos eslabones por superar, como el hecho de que los partidos políticos cumplan con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 22 Transitorio que indica que las candidaturas no deben exceder de un 70 por ciento para un mismo género.

H. Cámara de Senadores, a 15 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






Del C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del XLIII aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río.

Posicionamiento del Senador Jose Ascencion Orihuela Barcenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del CUARENTA Y TRES Aniversario luctuoso del general LAZARO CARDENAS DEL RIO

“Con su permiso Senador Presidente
Compañeras y compañeros legisladores

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, rendimos un merecido homenaje a uno de los presidentes más respetados de la historia por su capacidad de escuchar a los necesitados, por actuar de manera cercana, justa y comprometida con las causas más sentidas de la sociedad.

A cuarenta y tres años de aquél 19 de octubre de 1970 en que ceso la vida de este michoacano ejemplar es recordado por su ideología de independencia y soberanía para México, así como por sus actos, mismos que coadyuvaron en la creación de instituciones que dieron estabilidad y progreso a nuestro país. 

En el marco de esta conmemoración es oportuno realizar una breve pero sustancial remembranza de su vida. Nació un 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo, hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua.

En 1913 se integró a la Revolución Mexicana, aportando sus vastos conocimientos y por supuesto su gran valentía, de esta manera paulatinamente se ganó la simpatía, confianza y respeto dentro del ejército revolucionario, lo que lo llevo a convertirse en el hombre de confianza del General Plutarco Elías Calles.

Como candidato a la Presidencia fue el primero en realizar una gira nacional con el objetivo de escuchar de viva voz las necesidades y demandas del pueblo mexicano. Fue un hombre con una gran sensibilidad que hizo del poder y del gobierno un instrumento de servicio  y una vía para acceder a la justicia social.

Su firme decisión por abolir los privilegios de las empresas extranjeras en materia energética, lo llevaron a ser nombrado por Presidente Plutarco Elías Calles como Jefe de Operaciones Militares en las Huastecas y el Istmo de Tehuantepec, una vez aprobada la Ley Petrolera.

En 1920, con 25 años de edad, fue nombrado Gobernador Interino de Michoacán y en 1928 fue electo Gobernador del Estado de Michoacán, donde inició una reforma agraria con el firme objetivo de regresarles a los campesinos lo más importante para ellos, “Sus tierras”.

A lo largo de sus días se distinguió por conducirse con apego a sus convicciones y valores sociales, asimismo, en ningún momento dudo en apoyar a los movimientos, de ahí que sus esfuerzos estuvieran encaminados a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, entre ellos la clase trabajadora del país.

El 1 de diciembre de 1934, tomó posesión como Presidente de la República, abrió las puertas del Palacio Nacional a los indígenas, campesinos, mujeres y adultos mayores. Su sexenio se caracterizó por ser un periodo de crecimiento económico y desarrollo social.

Su Plan Sexenal estuvo delineado por una política nacionalista y de reactivación agraria, con acciones firmes y trascendentes, lo cual queda de manifiesto en el artículo 27 constitucional en el que dejó claro que la propiedad de los recursos naturales es de la nación, acto que culminó con la nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938.

Bajo el lema de México para los mexicanos y con una visión de avanzada defendió la soberanía nacional y los derechos de la clase trabajadora. Sin duda, el origen humilde de Lázaro Cárdenas, así como su experiencia revolucionaria, fueron determinantes para que tuviera gran sensibilidad y empatía hacia las causas más nobles del pueblo mexicano.

El General Lázaro Cárdenas estaba convencido que el progreso y desarrollo de México sólo era posible si se tenía acceso a la educación de calidad, por ello En 1936 creó del Instituto Politécnico Nacional, que daría cabida a alumnos de los más diversos estratos sociales y del todo el país, además de contribuiría a generar los recursos humanos necesarios para el desarrollo económico de las próximas décadas.

Este michoacano ejemplar fue capaz de implementar una política eficaz y eficiente, pero sobre todo, humanista y solidaria,  prueba de ello es el asilo político que brindó a todos los perseguidos de las guerras, las dictaduras y totalitarismos. En este sentido resulta anecdótico que México fue el único país en acoger al viejo revolucionario soviético León Trotsky. Hecho que le haría acreedor por su humanismo al premio Stalin de la Paz en 1955.

Finalmente, después de una vida extraordinaria, el 19 de octubre de 1970 víctima del cáncer el General Cárdenas sucumbió, dejando un legado impresionante.  Por su trayectoria, es recordado por ser un patriota ejemplar, ferviente defensor del indigenismo, la justicia social, el respeto por los derechos de los trabajadores y la igualdad de oportunidades.

Compañeras y compañeros Senadores

Hoy, recordamos con profundo respeto y admiración al General Lázaro Cárdenas del Río, el Presidente de América, como lo llamaba el poeta Pablo Neruda, sin duda, la conmemoración de su deceso es motivo para unir voluntades y comprometernos a redoblar esfuerzos en la permanente defensa de los que menos tienen.

En palabras de Francisco J. Múgica, el General Cárdenas fue un hombre: “sobrio y sencillo para comer como lo es para hablar; prudente como un viejo, cauto como un estadista, enérgico como un soldado, modesto como un hijo del pueblo generoso y comprensivo con el dolor ajeno y las aspiraciones honradas del de abajo.”

El Grupo Parlamentario del PRI, hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a retomar el ejemplo e ideología del General Lázaro Cárdenas del Río, es tiempo de legislar y representar en favor de los que menos tienen, de ser la voz de los que no tienen voz y de conducirnos con esfuerzo, sencillez y soberanía nacional que representa Cárdenas.

Es cuanto Senador Presidente

Por su atención, muchas gracias.

Atentamente

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 22 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:20 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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