Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 26 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 12

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Octubre de 2013

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:22 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 68 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del martes 8 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintinueve minutos del día jueves tres de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes uno de octubre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizó las ampliaciones de plazo a las comisiones de Autosuficiencia Alimentaria y Para la Igualdad de Género para la presentación de los dictámenes respectivos.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Roberto A. Albores Gleason, oficio con el que remite la invitacióna la sesión del congreso del estado de Chiapas, conmemorativa del centenario luctuoso del Senador Belisario Domínguez, a realizarse el lunes 7 de octubre, en Comitán de Domínguez, Chiapas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Informe sobre las reuniones de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y el Grupo de Trabajo Migración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Vilna, Lituania, del 15 al 18 de julio de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Informe de su participación en la 10a. Asamblea Plenaria de PARLAMERICAS, sobre Desarrollo Económico, realizada en San José, Costa Rica, del 22 al 24 de agosto de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

(Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo relativo a la presidencia de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo relativo a la presidencia de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 17 al 19 de octubre de 2013, con el objeto de atender las invitaciones que le extendió el señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de la Repúblicade Panamá, para realizar una Visita Oficial adicho país y participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Panamá.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que para que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en tiempo y forma con la visita oficial a Indonesia y participar en la Cumbre de Altos Directivos de Empresas delForo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 y en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se realizarán en la provincia de Bali, en ese país, se ausentará del territorio nacional del 3 al 9 de octubre.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San Petersburgo, Federación de Rusia.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculodel pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicación del Presidente de la Delegación Europea en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea por la que expresa sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales en el paso de los huracanes "Manuel" e "Ingrid".- Quedó de enterado.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, iniciativa de Decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto con modificaciones, paralos efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de AviaciónCivil y de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó alas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 4o-A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del artículo 33, y deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 65, 66, 74 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Puntos Constitucionales, de Reglamentosy Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Claudia Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario AraujoLara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyectode Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención del suicidio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65,66, 67, 78 y 83 de la Constitución Política delos Estados.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Puntos Constitucionales, de Reglamentosy Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de las Comisiones de Asuntos Fronterizos, Sur; de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición en relación con los operativos del Instituto Nacional de Migración en contra de inmigrantes en la frontera sur del país.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ratificar y hacer llegar a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD y Javier Lozano Alarcón del PAN. Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de República a llevar a cabo foros para la discusión de la Iniciativa de Reforma Hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre propio y de las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña Gómez, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social a implementar programas de becas, capacitación y empleo dirigidos apersonas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido albergadas en el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata y Violencia Extrema de Género y en los refugios especializados no gubernamentales.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, a cambiar la denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta por el de Belisario Domínguez.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a declarar el edificio que alberga a esta Soberanía “espacio cien por ciento libre de tabaco”.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Aarón Irízar López, José Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma y María del Rocío Pineda Gochi, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados por la reciente contingencia climatológica provocada por el huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", que permita la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y pesquera.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Raúl Morón Orozco del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para llevar a cabo un homenaje al escritor mexicano Octavio Paz,en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, comolo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que el análisis de la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, y se reforman diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad, eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a no aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, relativas al gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial del 10% al 20%, y destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona,a nombre propio y de las Senadoras IvonneLiliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta marginalidad.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Fernando Herrera Avila del PAN; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que, en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptaruna política integral y plural de combate a la delincuencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Iniciativa)

El Senador Mario Delgado Carrillo, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 112, fracción I, del Capítulo IV "De los delitos" de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Proposiciones)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la norma oficial mexicana en inocuidad acuícola e implementar sistemas de trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a intensificar acciones de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y, en lo posible, de manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras a fin de evitar los asaltos a mano armada en altamar, así como a los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita al Presidente de los Estados Unidos de América que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Margarita Flores Sánchez y María Marcela Torres Peimbert, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

La Senadora Mariana Gómez del CampoGurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar un programa de subsidio en los impuestos predial y sobre nóminas en aquellos comercios que se han visto afectados con las marchas y bloqueos con motivo de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

El Senador César Pedroza Gaitán, a nombre propio y del Senador Teófilo Torres Corzo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" de la ciudad de San Luis Potosí, como centro regional de alta especialidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Senador Octavio Pedroza Gaitán, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, queen el proyecto de Presupuesto de Egresos dela Federación 2014, se destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollode proyectos que provean a su fortalecimiento institucional.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas para publicitar la ingesta de alimentos producidos a nivel nacional y aquéllos que son benéficos para la salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García,Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titularde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialy Urbano a implementar acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura enel territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar mecanismos urgentes paragarantizar la seguridad e integridad de sus habitantes en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes judiciales de las entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República a establecer e implementar protocolos con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales en la materia.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política,sobre las intervenciones en las comparecencias de servidores públicos para el Análisis del Primer Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar recursos de al menos 807 millones de pesos para el subsistema de educación media superior estatal denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca; asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que dicho Instituto se incorporeal Convenio Marco de Coordinación Estado-Federación, en materia educativa para que cuente con asignación presupuestal federal anual.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Educación del Senado el segundo de éstos.

 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y destinar mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, con la finalidad de implementar mecanismos para el desarrollo de las zonas arqueológicas de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio del Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para la plaza pública en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el andador de la presa Vicente Villaseñor en el estado de Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el Centro Cultural del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar los argumentos técnicos, económicos, jurídicosy sociales que motivaron la autorización de la desincorporación y enajenación del complejo petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Layda E. Sansores SanRomán, con punto de Acuerdo por el que sesolicita la comparecencia del Secretario deMarina para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco García Cabeza de Vaca y CésarOctavio Pedroza Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto deAcuerdo en relación a las consecuencias que producirá a la industria global maquiladora y manufacturera de exportación, la aprobaciónde las reformas fiscales propuestas por el titulardel Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral a que, en coordinación con sus homólogas estatales, implementen de manera permanente campañas de capacitación y sensibilización sobre los preceptos democráticos, de participación ciudadana y respeto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos a los organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar las acciones fitosanitarias que permitan contener la propagación de la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB o dragón amarillo).- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar qué mecanismos de acción pretende implementar para disminuir los altos índices de pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su informe “Medición de la Pobreza en México y en las entidades federativas 2012”.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Ivonne Liliana Alvarez García, Marco Antonio Blasquez Salinas y Fernando Yunez Márquez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas dif estatales y municipales ubicados en la frontera norte a implementar medidas urgentes paraevitar que bandas del crimen organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y mercancías prohibidas.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Ma.del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en relación al Día Internacional de la no Violencia.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la actualización de la NOM 025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Teófilo Torres Corzo y César Pedroza Gaitán, con punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud a que en conjunto con el gobierno del Estado de San Luis Potosí, trabajen coordinadamente para fortalecer y mejorar las acciones del operativo sanitario en estados afectados por “Ingrid” y “Manuel”, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue; así como a combatir y minimizar los riesgos sanitarios ante las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal informe sobre las medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos implementados en el caso de las tormentas tropicales "Ingrid" y "Manuel"; así como los protocolos de actuación instrumentados antes, durante y después de la situación de emergencia.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

(Efemérides)

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride con motivo del centésimo aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con doce minutos y citó a la siguiente el martes ocho de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de los asuntos que se abordaron hace unos momentos.

La Mesa Directiva tomó conocimiento de la comunicación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que este día llevará a cabo su reunión en horario simultáneo al desarrollo de nuestra sesión plenaria.

La Mesa Directiva autorizó la solicitud del Senador Francisco Salvador López Brito, de ampliación de turno al punto de Acuerdo por el que se exhorta a trabajar en conferencia, el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos para 2014.

Y las iniciativas que reforman diversos ordenamientos en materia fiscal, presentadas el 8 de septiembre de 2013, que se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, y se amplió también su turno a la misma Comisión de la Cámara de Diputados.

Así también se autorizó una segunda prórroga a la Comisión de Asuntos Migratorios, para presentar su dictamen al proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Continúe la Secretaría.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe de actividades de la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada en Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013.







 

Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite su informe de actividades del primer año y su plan de trabajo para el segundo año de esta legislatura.







 

Y una, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite su informe de actividades del primer año de la actual legislatura.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes instrumentos internacionales:

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de México el 22 de febrero de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1454/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2013.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.







 

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012.

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1455/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.







 

Y el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1456/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnense los tres instrumentos descritos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Arabes Unidos, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1461/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre de 2012.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1458/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre de 2012.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.







 

Y el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1457/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnense ambos instrumentos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la misma forma, la Secretaría de Gobernación remitió el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y suscrito el Convenio el 8 de octubre de 1997.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1459/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y suscrito el Convenio el 8 de octubre de 1997.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Por último, de la Secretaría de Gobernación, se recibió el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1460/13.
México, D.F., a 7 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica el 19 de febrero de 2013.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, una INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA Y REFORMA EL ARTICULO 80 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Informe la Secretaría a la Asamblea, los proyectos recibidos de la Colegisladora, el pasado jueves 3 de octubre, mismos que se turnaron a las comisiones de manera directa.

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.







 

Y se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, mismo que se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió el punto de Acuerdo del Diputado Erick Marte Rivera Villanueva, para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia energética.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-7-923
EXP. 2717

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el Diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate que se realizarán del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2013, sobre las distintas iniciativas en materia energética que se han presentado en el Senado de la República.

México, D.F., a 2 de octubre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Energía.





 

MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el pasado sábado 5 de octubre ocurrió un accidente durante la exhibición de autos modificados en el parque “El Rejón”, en la ciudad de Chihuahua, en la que fallecieron varias personas.

A petición de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria de la Mesa Directiva, este órgano de gobierno se solidariza con la pena de las familias de esa localidad, por la pérdida de sus familiares, entre los que se encuentran menores de edad.

Respetuosamente solicito que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se les solicita ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Favor de tomar asiento.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.





 

Compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la realización de una sesión solemne en conmemoración del sexagésimo aniversario del derecho del voto de la mujer en México, este Acuerdo se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Esto todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente quiero felicitar este compromiso de la Cámara de Senadores a través de su Mesa Directiva.

Para las mujeres mexicanas, especialmente para las Senadoras y Senadores de la República, es una gran deferencia que habla de los nuevos tiempos y de la necesidad de visibilizar la importancia que ha tenido en este país un hecho trascendental, como es el derecho a votar y ser elegidas.

Yo quiero agradecer enormemente toda la disposición que han tenido, lo felicito, señor Presidente, enormemente a usted y a la Mesa Directiva, por este magnífico hecho, compromiso que se va agregar a una serie de actividades que la Comisión para la Igualdad de Género estamos llevando a cabo con este motivo.

Una vez más muchas, muchas gracias por esta deferencia para todas las mexicanas.

Gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Senadora.

No es ninguna deferencia, es nuestra obligación y el reconocimiento del ejercicio del Derecho del Voto de la Mujer a 60 años.

Ya llegaremos, en su momento, a dar el punto de vista del Senado de la República.

No habiendo inscritos, Senadoras y Senadores, le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse, en votación económica.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo para celebrar sesión solemne el jueves 17 de octubre.

 





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un capítulo a la Ley General de Población.

Por favor, Senadora.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 3o. Y ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, no puedo ocultar el gusto de la anterior votación, y agradecerle enormemente a todas las Senadoras y los Senadores por esta posibilidad que nos dan.

Hoy vengo a presentar una reforma al artículo 3o. y una adición más a la Ley General de Población.

Ustedes saben que una de las problemáticas más sentidas que hemos tenido en los últimos momentos, en los últimos meses, producto del crimen organizado, es el tema de los desplazados internos en este país. Este es un fenómeno aparentemente novedoso, pero creo que con una más alta incidencia en los últimos meses, en los últimos años en México.

Es un fenómeno que tiene diferentes causas, pero a lo que más se le ha atribuido es al forzado desplazamiento en lo personal, en grupo, en familias de las zonas serranas aisladas de este país, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, parte de Sonora, por decir algunos estados de la República.

Si bien es cierto, ha habido algunos avances al respecto, en el 2004 la Ley de Asistencia Social los toca por primera vez a los desplazados internos. Posteriormente, producto del movimiento armado en Chiapas, el Estado promovió una ley que se le denomina “Para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas”.

Aquí hay conceptos importantes, se trata de estrategias, se trata de normar este fenómeno en este momento. Ustedes son testigos que hemos tenido varios puntos de Acuerdo en el tema, hemos solicitado varias veces que necesitamos un diagnóstico puntual del problema, que queremos saber dónde están localizados.

Hemos avanzado en esto, estos exhortos han desembocado en donde la Secretaría de Gobernación ha hecho alusión al problema tan serio que tenemos de desplazados. De hecho la muy nueva Ley de Víctimas ya tiene, por lo menos, una de sus comas habla del desplazamiento interno, sin embargo, creo que falta mucho por hacer en el tema.

Por eso, hoy hemos presentado una iniciativa a la Ley General de Población a su artículo 3o. que tiene varios aspectos importantes que rescatar, entre otros, un concepto que estamos proponiendo y que daré lectura al mismo.

Nosotros estamos pidiendo que: “Se consideran como desplazadas y desplazados internos de manera forzada a las personas o grupo de personas que han sido impuestas a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los efectos de un conflicto, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales y que han cruzado la frontera mexicana”.

Nosotros estamos pidiendo, además, en esta iniciativa, que se elabore un Registro Nacional de Personas Desplazadas Internas. No tenemos datos, no tenemos fuentes, solamente aproximaciones. Hay aproximaciones que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por separado, organizaciones de la sociedad civil han hecho alguna numeralia al respecto, pero requerimos urgentemente de una fuente oficial que visibilice el problema de desplazados. Pero más aún, nosotros estamos buscando esta reforma para que pueda desembocar en una política pública que genere la seguridad de estas personas, sobre todo el poder, su regreso seguro a sus lugares, si es posible, o que se genere en el lugar donde estén posibilidades de crecimiento, de seguridad, educación, porque se pierde todo, se pierde el hábitat, los niños dejan de ir a la escuela, se pierde el empleo, todo su patrimonio se ve realmente disminuido.

Por eso compañeras y compañeros, yo los invito a que nos podamos sumar a una de las situaciones de violación de derechos humanos de las más importantes de los últimos tiempos en este país, que es el de respetar los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas, ancianos, desplazados internos, producto de las acciones violentas del crimen organizado.

Muchas gracias.

Iniciativa

"H. Asamblea:

La que suscribe, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de ésta Comisión Permanente, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3º y adiciona  un capítulo a la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

"Esto se llama perseverancia en una buena causa
 y obstinación en una mala."

Laurence Sterne

La problemática de los desplazados internos en México de manera forzada, ha sido abordada desde diferentes perspectivas, tanto en el ámbito académico por especialistas e interesados, como por organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos. En los últimos años, la situación que se deriva de ello, ha tenido impacto en los ámbitos legislativo, tanto en el orden local como federal.

Las causas son diversas, por lo que la complejidad del fenómeno reclama la participación de los diferentes órdenes de gobierno, poderes del Estado mexicano, la comunidad científica nacional, con el apoyo de actores involucrados y de organismos nacionales e internacionales en la materia. No obstante a los esfuerzos por mitigarlo persisten causas y detonadores que los alimentan.

Ante ello, la presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene la finalidad de contribuir a la problemática de los desplazados internos de manera forzada en México desde el Poder Legislativo Federal, impactando al marco jurídico mexicano, con plena convicción de fortalecer los esfuerzos que se han realizado en la materia y en concordancia con los instrumentos internacionales conducentes, sin la pretensión agotar las diversas soluciones que se han presentado en esta perspectiva.

En la legislación mexicana se tienen avances mínimos sobre la problemática de mérito. Al respecto, vale la pena citar algunas legislaciones que apuntan al tema en referencia, tales como: la nueva Ley de Asistencia Social, publicada en 2004, con última reforma al 23 abril del presente año , establece que:

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I.… al II.

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV.… al  XII. …”

Otra de ellas, es la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 29 de Mayo de 2000, con última reforma al mes de Agosto de 2010 , establece que:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. …

B. …

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

En el mismo orden de ideas, la reciente Ley General del Víctimas, publicada el 9 de Enero de 2013, con última reforma a mayo del mismo año , dispone que:

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

“…

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

…”

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.”
Respecto, a lo anterior y a la importancia del problemática en referencia, se considera que el Estado mexicano necesita de disposiciones normativas que conduzcan a las acciones conducentes para prevenir, atender y combatir la problemática en cuestión. La necesidad de avanzar en un marco normativo en la materia, es crucial para tomar decisiones y realizar políticas públicas con acierto y trascendencia.

No obstante a los avances en lo nacional, es importante reconocer lo realizado en el ámbito local, como es el caso de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la cual establece, tanto una definición, como los derechos humanos de los desplazados internos, así como un programa estatal de prevención, un consejo de atención integral, entre otros, lo que representa, un importante esfuerzo que contribuye a las soluciones de la genuina problemática de dicha entidad federativa.

En las cámaras de diputados y de senadores se han presentado diversos asuntos legislativos en Pro de las y los desplazados internos de manera forzada. Vale la pena mencionar que en la presente legislatura se presentó por el Senador Zoé Robledo Aburto, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley  General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno , que se encuentra en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativo, Segunda  para su Dictamen y de Población y Desarrollo y de Derechos Humanos para su Opinión.

En el mismo orden de ideas, la suscrita presentó el 27 de noviembre de 2012, un Proposición con Punto de Acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica , con la siguiente finalidad:

“Primero.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a que remita a esta H. Soberanía un análisis de la dimensión de la problemática de los desplazados internos por la violencia e Inseguridad que se vive en México.” [y] “para que haga del conocimiento de esta Cámara de Senadores, acerca de los Programas Públicos y/o acciones que instrumentó a lo largo de su administración, para combatir el desplazamiento interno en nuestro país.”

Por su parte, el Gobierno Federal actual, impulsa un Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, que atiende a la población indígena desplazada de manera forzada de sus lugares de origen por conflictos armados, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, mediante apoyos para la adquisición de tierras de cultivo, solares urbanos, materiales para la construcción de vivienda e insumos para actividades productivas, a fin de que se cuenten con las condiciones mínimas necesarias para su reinserción en el nuevo entorno social y la reproducción de su identidad cultural, con un presupuesto aproximado de 28 millones de pesos.

De la misma manera, impulsa el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que incluye 8 ejes rectores y programas estratégicos en los que destacan: el diseño de programas de atención a migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados. Paralelamente se instala una Comisión Intersecretarial integrada por las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En el miso sentido el acuerdo político nacional, denominado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los actuales presidentes del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, se hizo el compromiso, en el apartado 1.5 dedefender los derecho humanos como política de Estado.

No obstante a los esfuerzos que se han realizado en el ámbito de las políticas públicas en el orden federal y local, particularmente los que se inician con el Presidente Enrique Peña Nieto en la presente administración, así como los avances legislativos tanto, en la Ley de Estado de Chiapas, como en la Ley de Asistencia Social, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la reciente Ley General de Víctimas, principalmente, es importante reconocer que hace falta mucho por hacer.

Es por ello, que considero imprescindible avanzar en un marco normativo que encamine los esfuerzos hacia soluciones inmediatas y políticas públicas que atiendan las demandas de las comunidades desplazadas de manera forzada por diversas causas, con propuestas viables para el corto mediano y largo plazo, pero realizables.

En ese orden de ideas, la suscrita considera que es fundamental trabajar en dos vertientes estratégicas que permitirían, conocer cualitativa y cuantitativamente la problemática para tomar acciones encaminadas a la solución de la problemática, es decir, encauzar los esfuerzos legislativos en el marco de nuestras facultades, hacia lo siguiente:

A. Establecer la definición y límites conceptuales del desplazamientos interno, que permita el diseño de políticas con perspectiva transversal e integral para reconstruir los tejidos sociales y prevenir la situación adversa que viven cientos de miles de mexicanas y mexicanos que son afectados en su esfera jurídica.

B. Establecer la creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas Internas que permita conocer el número de población nacional en esa situación, el lugar en donde se encuentran, así como el tipo de necesidades más urgentes, entre otros indicadores, que serían diseñados por las instituciones correspondientes.

De ser así, contaríamos con elementos básicos que permitirían conocer el núcleo esencial de la problemática con la vigencia de un definición en la legislación nacional, de quién es una desplazada o desplazado, cuántos son, en dónde se encuentran, de dónde salieron, a dónde llegaron y cuáles son sus necesidades más apremiantes entre otros indicadores, para crear un diagnóstico nacional sobre el problema, que funde un diseño de programas, políticas presupuestales y un sistema de incentivos, desde una perspectiva integral y transversal.

Para lo anterior, se tienen diversas fuentes del derecho y prácticas internacionales, no se trata de inventar el hilo negro de las soluciones, simplemente, es recuperar los principios rectores que se han desarrollado en los instrumentos internacionales en la materia, que incluso fueron incluidos en la legislación chiapaneca y reflexionar sobre las experiencias internacionales más representativas del problema, sin intentar importar modelos de otras realidades distintas a la nuestra, si no diseñar en base a la situación mexicana.

Al respecto, la organización de las Naciones Unidas en lo sucesivo ONU, ha desarrollado Principios Rectores de los desplazamientos internos, con el objeto de tratar las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarias para su protección con las siguientes características principales :

• Reflejan y no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional;
• Reafirman las normas aplicables a los desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas en los instrumentos existentes;

• Esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las lagunas identificadas en la compilación y análisis;

• Se aplican a las diferentes fases de los desplazamientos, ya que conceden protección contra los desplazamientos arbitrarios, y

• Proporcionan acceso a la protección y asistencia durante los desplazamientos y garantías durante el regreso o el asentamiento y la reintegración sustitutorios.

Dichos principios son treinta y se integran en cinco secciones que van desde cuestiones I. Generales, II. Protección contra los desplazamientos; III. Protección durante el desplazamiento; Asistencia Humanitaria; y, V. Regreso,  reasentamiento y reintegración. En ellos, se entiende por desplazadas y desplazados internos, lo siguiente:

“(…) las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”

Para tener conocimiento de la magnitud del problema del que estamos hablando es importante considerar que el Banco Mundial establece que casi 43,3 millones de personas en todo el planeta fueron desplazadas a la fuerza y refugiadas en el 2009 debido a conflictos y persecuciones, lo que constituye la cifra más elevada desde mediados de la década de 1990, por otra parte, las últimas estadísticas publicadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en lo sucesivo ACNUR, aseguran la existencia de casi de 27 millones de desplazadas y desplazados internos de manera forzada, de los cuales ésta agencia otorga asistencia 15,5 millones de ellos en 26 países.

Para el caso de México, se han proporcionado diferentes cifras, la empresa Parametría, señaló en fechas recientes que existía en México un techo máximo de un millón 648 mil 387 desplazadas y desplazados, a su vez, Amnistía Internacional  refirió en su informe 2012, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en México había alrededor de 150 mil personas deslazadas.

Por su parte, el Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno IDMC, por su siglas en inglés, estima 160 mil desplazadas y desplazados por las confrontaciones entre bandas de la delincuencia organizada. Es importante señalar que esta cifra integra a los desplazados por la insurrección zapatista de 1994 y añade a los de la violencia por narcotráfico con fecha 2010.

Lo más dramático de la situación, es que existen voces que estiman que el 80% de las personas desplazadas en el mundo son mujeres y niños , por lo que si aplicamos ese porcentaje en México, la situación es cada vez más terrible de lo que se supone. Al respecto, si proyectamos  el “techo máximo” de un millón 648 mil 387 de personas desplazadas que señala la empresa Parametría, resultaría  que casi un millón 300 mil de ésta personas, son mujeres y niños.

Vale la pena señalar que respecto a la situación de género en el marco del desplazamiento interno,  Chaloka Beyani, en el Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, “La mujer y el desplazamiento interno”, de la ONU, establece lo siguiente:

“68. Las mujeres y las niñas pueden ser especialmente vulnerables a los desplazamientos forzosos, están expuestas a más riesgos durante la propia fase de desplazamiento, y a menudo siguen expuestas a graves violaciones de los derechos humanos incluso después de haber encontrado aparentemente una solución a su desplazamiento. Esta vulnerabilidad continuada suele ser resultado de una situación preexistente, así como, más en general, de la consideración social y económica de la mujer en el país y en la comunidad.”

La situación puede ser más grave de lo que se piensa, por ello, la suscrita considera que es fundamental, no solamente aterrorizarse ante la problemática, sino dotar al Estado   mexicano de instrumentos para la realización de un Registro Único de Personas Desplazadas Internas o un Censo en los mismos términos, que permita contar con la información necesaria, basada en una metodología científica que cuente con recursos para ello. Lograrlo implicaría tener certeza para planear las estrategias institucionales y buscar abatir la situación.

Todo ello considerando las causas que se han señalado respecto al desplazamiento forzado en México, como: los conflictos agrarios; la presencia del ejército y de grupos paramilitares en regiones donde han surgido movimientos guerrilleros (como el EZLN en Chiapas); el narcotráfico (como en los estados del norte de país, por la guerra entre bandas rivales del crimen organizado); la violencia generada por conflictos religiosos en comunidades rurales, con la que se atenta contra las libertades de culto, de expresión religiosa y de asociación (como en los estados de Guerrero y Chiapas); las disputas por el control de recursos naturales y proyectos de desarrollo; los conflictos económico-políticos (como en el municipio mixteco de San Juan Copala, Oaxaca) y los desastres ambientales, como los ocurridos en los estados de Tabasco y Veracruz durante los últimos tres años.”

Para lograrlo, es necesario trabajar en concordancia con la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 y en armonía con los instrumentos internacionales en la materia, más allá de doctrinas políticas e ideológicas, considerando las experiencias más cercanas como la de Colombia que representa la mayor cantidad de desplazados en el mundo con una cifra que va de los 4.9 millones a los 5.5, o experiencia más lejanas como la de Siria, República Democrática del Congo, Sudan y Somalia, que oscilan entre los 2 y 3 millones de desplazadas y desplazados.

Por lo anteriormente expuesto, sensible de la importancia para fortalecer la esfera jurídica de las y los desplazados internos de manera forzada y con la plena convicción de contribuir a mejorar la legislación mexicana, las políticas públicas en esta materia, la suscrita con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de éste honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3º Y ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY GENERAL DE POBLACION.

ARTICULO UNICO. Se reforma el los incisos XI, XII y XIII del artículo 3º; se adiciona un capítulo V; y se recorren los artículos 381 al 157 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I.- … a  X.-

XI.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional y asegurar los derechos de las personas desplazadas internas, con base en programas especiales de asentamiento de dichas poblaciones;

XII.- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados y desplazados;

XIII.- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra desplazamiento interno de manera forzada.

XIV.-

CAPITULO V
Desplazamiento interno forzado

Artículo 81.- Se consideran como desplazadas y desplazados internos de manera forzada  a las personas o grupos de personas que han sido impuestas a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los efectos de un conflicto, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales  y que no han cruzado la frontera mexicana.

Artículo 82.- Esta Ley dispone, de manera enunciativa y no limitativa, como causas del desplazamiento interno forzado, las siguientes:

I. Conflictos agrarios;

II. Presencia de grupos paramilitares y delincuenciales;

III. Violencia generada por conflictos religiosos y armados;

IV. Disputas por el control de recursos naturales y proyectos de desarrollo;

V. Conflictos económicos y políticos, y

VI. Desastres ambientales.

Artículo 83.- Por lo que se refiere al desplazamiento interno forzado, a la Secretaría de Gobernación le corresponde:

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen al desplazamiento y dictar medidas para regularla y prevenirla;

II. Dictar medidas intersecretariales tendientes a la protección contra los desplazamientos y durante el desplazamiento, asistencia humanitaria, regreso, reasentamiento y reintegración;

III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, con los gobiernos estatales y municipales, organismos nacionales e internacionales, la celebración de acuerdos en la materia;

IV. Diseñar programas para atención y prevención de desplazamientos internos forzados de personas o grupos de personas;

V. Velar por los derechos humanos de las y los desplazados internos de manera forzada de acuerdo al marco jurídico aplicable.

VI.- Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 84.- Para efectos del artículo anterior se consideraran los derechos humanos, garantías y principios establecidos en la Constitución Política de los Estadios Unidos y los instrumentos internacionales en la materia, así como las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos para la elaboración de un Registro Nacional Único de Desplazadas y Desplazados Internos Forzados y de un diagnostico nacional anual.

Artículo 86.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Gobernación, coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal, y en su caso de los órdenes estatal y municipal y organismo participantes.

CAPITULO VI
Repatriación

Artículo 87.

Artículo 90.

CAPITULO VII
Registro nacional de población

Artículo 91.

Artículo 102.

CAPITULO VIII
Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana

Artículo 103.

Artículo 118.
CAPITULO IX
Sanciones

Artículo 119.

Artículo 150.

CAPITULO X
Del Procedimiento migratorio

Artículo 151.

Artículo 156.

CAPITULO XI
Del procedimiento de verificación vigilancia

Artículo 157.  …

Artículo 163.

 

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo".

ANEXO

Texto Vigente

Texto Propuesto

 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I.-X.-

XI.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población;

 

XII.- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados;
XIII.- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre; y

XIV.-

 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I.- … a  X.-

XI.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional y asegurar los derechos de las personas desplazadas internas, con base en programas especiales de asentamiento de dichas poblaciones;

XII.- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados y desplazados;
XIII.- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra desplazamiento interno  de manera forzada.

XIV.-

 

CAPITULO V
Repatriación

Artículo 81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI
Registro nacional de población

Artículo 85.

Artículo 96.

CAPITULO VII
Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana

Artículo 97.

Artículo 112.
CAPITULO VIII
Sanciones

 

Artículo 113.

Artículo 144.

CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO

Artículo 145.

Artículo 150.

CAPITULO X
DEL PROCEDIMIENTO DE verificación vigilancia

Artículo 151.  …

Artículo 157.

 

CAPITULO V
Desplazamiento interno forzado

Artículo 81.- Se consideran como desplazadas y desplazados internos de manera forzada  a las personas o grupos de personas que han sido impuestas a abandonar su hogar          o su lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los efectos de               un conflicto, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales  y que no han cruzado la frontera mexicana.

Artículo 82.- Esta Ley dispone, de manera enunciativa y no limitativa, como causas del desplazamiento interno forzado, las siguientes:

I. Conflictos agrarios;

II. Presencia de grupos paramilitares y delincuenciales;

III. Violencia generada por conflictos religiosos y armados;

IV. Disputas por el control de recursos naturales y proyectos de desarrollo;

V. Conflictos económicos y políticos, y

VI. Desastres ambientales.

Artículo 83.- Por lo que se refiere al desplazamiento interno forzado, a la Secretaría de Gobernación le corresponde:

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen al desplazamiento y dictar medidas para regularla y prevenirla;

II. Dictar medidas intersecretariales tendientes a la protección contra los desplazamientos y durante el desplazamiento, asistencia humanitaria, regreso, reasentamiento y reintegración;
III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, con los gobiernos estatales y municipales, organismos nacionales e internacionales, la celebración de acuerdos en la materia;

IV. Diseñar programas para atención y prevención de desplazamientos internos forzados de personas o grupos de personas;

V. Velar por los derechos humanos de las y los desplazados internos de manera forzada de acuerdo al marco jurídico aplicable.

VI.- Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 84.- Para efectos del artículo anterior se consideraran los derechos humanos, garantías y principios establecidos en la Constitución Política de los Estadios Unidos y los instrumentos internacionales en la materia, así como las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos para la elaboración de un Registro Nacional Único de Desplazadas y Desplazados Internos Forzados y de un diagnostico nacional anual.

Artículo 86.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Gobernación, coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal, y en su caso de los órdenes estatal y municipal y de organismos participantes.

CAPITULO VI
Repatriación

Artículo 87.

Artículo 90.

CAPITULO VII
Registro nacional de población

 

Artículo 91.

Artículo 102.
CAPITULO VIII
Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana

Artículo 103.

Artículo 118.

CAPITULO IX
Sanciones

Artículo 119.

Artículo 150.

CAPITULO X
Del Procedimiento migratorio

 

Artículo 151.

Artículo 156.

 

CAPITULO XI
Del procedimiento de verificación vigilancia

Artículo 157.  …

Artículo 163.

Cfr. Ley de Asistencia Social, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013, documento en línea, dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/270.doc, [consulta: 21 de septiembre de 2013].

Cfr. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, documento en línea, dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/185.doc,  [consulta: 21 de septiembre de 2013].

Cfr. Ley General de Víctimas, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013, documento en línea, dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGV.doc, [consulta: 21 del septiembre de 2013].

Zoé Robledo Aburto, “INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DESPALZAMIENTO INTERNO, México, Cámara de Senadores, LXII Legislatura, documento en línea, dirección URL: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=3&id=40832, [consulta: 21 de septiembre de 2013].

Diva Hadamira Gastelum Bajo,PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PARA QUE INFORME A ESTA H. CÁMARA DE SENADORES SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN MÉXICO, México, Cámara de Senadores, LXII Legislatura , documento en línea, dirección URL: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37923, [consulta: 21 de septiembre de 2013].

Enrique Peña Nieto, Primer Informe de Gobierno 2012-2013, México, Gobierno de la República, Presidencia, 2013. p. 194.

Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, México, Comisión Intersecretarial, 2013, p. 30. documento en línea, dirección URL, http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf, [consulta: 23 de septiembre de 2013.

Pacto Por México, “Acuerdos”, México, documento en línea, dirección URL, http://pactopormexico.org/acuerdos/, [consulta: 22 de septiembre de 2012].

Organización de la Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, INTENSIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR LA CUESTIÓN DEL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DERECHOS HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS, E/CN.4/1998/53/Add.2*,11 de febrero de 1998, documento en línea, dirección URL, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022, [consulta: 22 de septiembre de 2013], p. 3.

Ibídem, p. 5

Banco Mundial, “Dramático aumento de refugiados y desplazados ene mundo”, documento en línea, dirección URL, http://datos.bancomundial.org/noticias/dramatico, [consulta: 22 de septiembre de 2013].

Agencia de la ONU para los refugiados,  “ACNUR y la protección de los desplazados”, documento en línea, dirección URL, http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/, [consulta: 22 de septiembre de 2013

Ibídem, p. 3. Cfr. Amnistía Internacional, Informe Mundial 2012, México, 2012.

Jorge Mercado Mondragón, “El desplazamiento forzado en México. Una mirada desde las Ciencias Sociales”, México, documento en proceso de publicación y citado con autorización del autor, septiembre de 2013, p. 2 y 3.

Jorge Mercado Mondragón, “La perspectiva de género en el estudio de las mujeres en condición de desplazamiento”, México, documento en proceso de publicación y citado con autorización del autor, septiembre de 2013, p. 5.

 Chaloka Beyani, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, “La mujer y el desplazamiento interno”, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 20 de diciembre de 2010, documento en línea, dirección URL,
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7470, [consulta: 22 de septiembre de 2013], p.18.

Jorge Mercado Mondragón, “La perspectiva de género en el estudio de las mujeres en condición de desplazamiento”…Op. Cit., p. 5.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño, por favor, de la Senadora Hernández Lecona.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle a la Senadora Diva Gastélum si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¿Sí? Tomamos en cuenta, Senadora Hernández Lecona.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre de las integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas y de Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las CC. Senadoras Angélica de la Peña Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores Sánchez y Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas; y de Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Senadoras y Senadores:

Hace un año, con la presencia de varios colegas Senadores, con representantes de la sociedad civil organizada, se instaló la Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas.

El eje rector de nuestras actividades ha sido el perfeccionamiento del marco jurídico actual en la materia, y para lograrlo hemos escuchado las experiencias de especialistas, académicos o de la sociedad civil, y también lo han tenido que decir las autoridades encargadas de la procuración de justicia de la atención a víctimas y de los representantes de los poderes judiciales. Todos tienen algo que decir, que aportar y muchos decidieron participar para que su silencio no dejara huella.

Privilegiar las acciones y las propuestas normativas para garantizar la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, esos son esencialmente los principios que procuramos salvaguardar.

Protección a los habitantes, crear el marco normativo adecuado para combatir y sancionar de manera eficiente los delitos de trata de personas, que vulneran los derechos, principalmente de mujeres, niñas y niños.

Hoy, a nombre de las integrantes de la Comisión, Senadora Angélica de la Peña, Senadora Lucero Saldaña, Senadora Luisa María Calderón y Senadora Margarita Flores, así como de otros 50 Senadores, me permito someter a su consideración la presente iniciativa que reforma varias disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Antes, permítanme destacar la importante labor parlamentaria realizada por la LXI Legislatura, en particular la Cámara de Diputados, por hacer visible esta moderna esclavitud que inhibe en distintas formas el libre desarrollo de las personas.

En la legislación actual se hace necesaria la eliminación de algunos requisitos contemplados para acreditar la comisión delictiva, la reproducción de otros ordenamientos jurídicos que no benefician el espíritu de la ley.

Se clarifican conceptos y se especifican las conductas para la punición de todas las formas delictivas de la trata de personas y así evitar la impunidad.

Comento brevemente algunas de las modificaciones.

Se propone una denominación de la ley más sencilla para quedar como Ley General Contra la Trata de Personas.

Por ser una Ley General se reconfigura y se fortalece el alcance de la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas.

La iniciativa armoniza también la ley con el resto del ordenamiento jurídico, por lo que se derogan aquellos apartados que ya se encuentran contemplados de forma más bondadosa en la Ley General de Víctimas, como es el caso del fondo y el esquema de acceso a la justicia.

La ley vigente establece que para cometer el delito de trata de personas se deben lesionar seis bienes jurídicos: vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo.

La iniciativa identifica correctamente el bien jurídico protegido y así lo establece el libre desarrollo de la personalidad también establecido en la Constitución.

La iniciativa reconfigura el tipo penal para permitir, acorde al Protocolo contra la Trata de Personas, la sanción por tentativa de delito, se incluyen acciones típicas exigidas por dicho Protocolo, como ocultar, suministrar, y otras modalidades sustentadas por la doctrina cómo ejercer control, dirección o influencia sobre los movimientos de una persona con fines de explotación.

Establece la obligatoriedad de interpretar la ley de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y reconfigura el lenguaje legislativo desde una perspectiva incluyente.

Acorde al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se establece que este delito es imprescriptible. Los delitos en materia de trata de personas, por ser considerados de lesa humanidad.

La iniciativa establece también la prohibición expresa de imputar el delito a la propia víctima por su forma de vida.

Se reconfiguran los delitos contemplados en la ley para evitar la exclusión de responsabilidad penal del autor, debido al presunto consentimiento de la víctima.

La iniciativa visibiliza las víctimas de la primera infancia, por primera vez, víctimas de 0 a 6 años, agravando la punibilidad en dichos casos de victimización, sin necesidad de que se acrediten los medios comisivos.

Según las mejores prácticas de escala internacional y en armonía con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, se establece un periodo de reflexión de las víctimas para que colaboren con las autoridades vinculadas al sistema de justicia.

Al contemplar diversas finalidades de explotación que no se sancionan en la ley vigente, la iniciativa amplía el margen de protección a las víctimas con las siguientes modalidades de trata de personas:

Nacimiento de un niño y separación de su madre.

Alistamiento de niños en conflictos armados.

Extracción de fluidos o líquidos corporales.

El matrimonio con fines de procreación.

Y la servidumbre costumbrista.

La iniciativa sanciona correctamente la extracción de un órgano, tejido o su componente como modalidad de trata de personas, incluye la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de experimentación biomédica, se incluye la hipótesis de extracción, de componente de un órgano y el fluido humano.

Con respecto a la modalidad de explotación, se amplía el margen de protección de las víctimas, independientemente de que la gente se beneficie o no de la explotación señalada, nos referimos al beneficio económico.

Se contemplan nuevas hipótesis de agravación de la pena que resulta indispensable incluir de cara a la protección integral de las víctimas en su calidad de titulares de bien jurídico protegido, como son aquellas en las que el sujeto activo del delito, entre otras, se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, sea miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas del delito. No queremos más “Casitas del Sur”.

Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado por cualquier medio imágenes de la víctima mientras ésta era sometida a cualquiera de los delitos objetos de esta ley. Comete delito con el fin de obtener un beneficio económico.

Se reconfigura el delito de esclavitud en armonía con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ampliando así el ámbito de protección a las víctimas.

Se sanciona correctamente el trabajo o servicio forzado de conformidad con las mejores prácticas a escala internacional.

La iniciativa establece la necesidad de crear códigos éticos para prevenir que los medios de comunicación sean utilizados para la comisión del delito de Trata de Personas.

Senadoras y Senadores, es un principio jurídico de las autoridades, sólo pueden hacer aquello que la ley les permite. Con estas propuestas buscamos detonar cambios significativos en el combate y sanción de la trata de personas.

Atender las demandas de los involucrados, interesados en erradicar este terrible delito. No olvidemos que el Poder Legislativo es fundamental para el buen desarrollo de las instituciones, nuestra responsabilidad es perfeccionar los instrumentos jurídicos y los invito a realizar un análisis puntual de nuestras propuestas para enriquecer su contenido con vocación de servicio.

Quiero agradecer a las Senadoras integrantes de la Comisión por su participación entusiasta, responsable y comprometida.

A todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron, a los representantes de los Poderes Judicial y Legislativo de las entidades federativas y el gobierno federal que también participaron, en particular a los asesores de las Senadoras también que estuvieron pendientes de estos cambios, porque con su dedicación han contribuido a que este proyecto sea una realidad.

A un año de distancia, hay un fruto palpable contra la trata. Este es un primer paso en materia de trata, como dicen otras organizaciones, no hay trato.

Les agradecemos mucho y agradecemos a los más de 50 legisladores que firmaron esta iniciativa.

(Aplausos)

Iniciativa

"Quienes suscriben, Senadoras ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, MARGARITA FLORES SANCHEZ y LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, Senadoras y Senadores integrantes de los distintos grupos parlamentarios del Senado de la República en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos8, numeral 1, 164, fracción I, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tras un largo y esmerado trabajo al seno de la Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas y en cumplimiento de su programa de trabajo del primer año legislativo, cuyo objetivo principal es impulsar las reformas necesarias a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, quienes presentamos esta propuesta estamos seguras de la importancia y trascendencia que tendrá en el perfeccionamiento de esta ley, para avanzar en la erradicación del delito de trata de personas en el país.

Para llegar a esta iniciativa, se realizaron una serie de acciones específicas que permitieron allegarnos de elementos de valor basados en la experiencia de organizaciones especializadas en el tema, de autoridades encargadas de la procuración de justicia y de autoridades representantes de los poderes judiciales en todo el país, así como de personas académicas especializadas en materia penal y de atención a víctimas.

También se aprobó la creación de un equipo técnico, integrado por asesoras y asesores de las Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, de autoridades representantes de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, así como de la Cámara de Diputados, con el objetivo de analizar integral y sistemáticamente el sistema jurídico en la materia, con el fin de que la propuesta final este conforme al resto de los ordenamientos vigentes que se relacionan con el tema y de manera relevante considerando las propuestas formales que en su momento nos expusieron e hicieron llegar organizaciones de la sociedad civil, autoridades de procuración de justicia y judiciales, para contar con la seguridad de presentar una propuesta debidamente consensada, con argumentos jurídicos, legislativos, sociales, políticos y económicos que sustentan su viabilidad.

En tal sentido, la presente propuesta de reforma surge frente a la necesidad de establecer pautas más claras para enfrentar el reto que significa el fenómeno de la trata de personas en nuestro país, pero también para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado Mexicano a través de instrumentos internacionales que son muy claros respecto a la responsabilidad y temas en los que se debe prestar especial atención, como en el caso de la mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes son, lamentablemente las principales víctimas de estos delitos.

Si bien no estamos frente a un crimen que se cometa exclusivamente en contra de las mujeres y niñas, en una reforma como la que se propone, no se puede dejar de lado las consideraciones especiales que desde la ley, se deben asegurar para protegerlas de ser víctimas de estos delitos por su condición de género; así como de la protección que se debe brindara las personas que por vivir situaciones de discriminación múltiple son mayormente vulnerables.

Por ello, se consideraron en el análisis de la propuesta, los instrumentos y recomendaciones internacionales sobre la trata de personas y aquellos íntimamente relacionados.

Así por ejemplo tenemos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU, que en sus artículos 2 y 6 señala que:

“Artículo 2.- Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.”

“Artículo 6. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.”…

Así también, se revisaron las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, ONU, del 27 de julio de 2012, que en el tema de trata de personas señaló expresamente:

“La preocupación por la información recibida en que se indica una conexión entre el aumento de los números de desapariciones de mujeres, en particular muchachas, en todo el país y el fenómeno de la trata de personas. Al Comité le preocupa que las víctimas de la trata de personas sean sometidas no solo a la explotación sexual y laboral, sino también que se les obligue a servir, entre otras cosas, como contrabandistas y esclavas sexuales. El Comité reitera su preocupación por la falta de uniformidad en la tipificación como delito de la trata a nivel estatal, y observa con preocupación que la fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas no tenga el mandato de dar seguimiento a las denuncias de trata de personas cuando el delito es cometido por grupos de delincuentes organizados. También le preocupa que el Estado parte no tenga un sistema en vigor para registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata de personas y no haya abordado el problema de las operaciones internas de trata de personas.”

“21. El comité recomienda al Estado parte:

a) Velar por la aplicación efectiva de la nueva ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, a fin de normalizar la tipificación como delito de la trata de personas en los planos federal y estatal y garantizar una asignación de recursos apropiada para su aplicación; 

b) Elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y muchachas, incluidos su alcance, causas, consecuencias y objetivos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y muchachas y las nuevas formas de explotación; 

c) Recopilar sistemáticamente datos y análisis desglosados sobre la trata de mujeres, a fin de formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención y de enjuiciamiento y sanción a sus autores, así como mejores medidas para rehabilitar a las víctimas; 

d) Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas orientados a mujeres y muchachas y capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de policía fronteriza sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y muchachas y las diferentes formas de explotación.”

De igual manera se revisó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, llamada Belém Do Pará de la OEA y el Segundo Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (MESECVI), OEA, 2012, que destaca la importancia de: la legislación de la Convención de Belém Do Pará, especialmente en lo relacionado a:

“Tipificar la trata de personas y la prostitución forzada en conformidad con los estándares del “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional”, conocido como Protocolo de Palermo; y los elementos del crimen del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, respectivamente. Adoptar también, medidas orientadas a la protección y atención de las mujeres víctimas, sus familiares y testigos/as.”

• “5. Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de oportunidad, y armonizar la legislación procesal con estas prohibiciones. si existieran estos impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres.”

Así mismo, se tomó en consideración el comentario1 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien afirma en su documento que un enfoque de derechos humanos respecto de la trata de personas “exige comprender las distintas formas en que se violan los derechos humanos a los largo de todo el ciclo de la trata de personas y los aspectos en los que surgen las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Este enfoque pretende no sólo identificar, sino también combatir las prácticas discriminatorias y las desigualdades en la distribución de poder que subyacen en la trata de personas y que mantienen la impunidad de sus responsables y deniegan la justicia a sus víctimas. En el terreno más práctico, el enfoque de derechos humanos aplicado a la trata de personas exige reconocer que esa tarea supone, en primer lugar y sobre todo, una violación a los derechos humanos. La trata de personas y las prácticas que lleva asociadas, como la esclavitud, la explotación sexual, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el matrimonio forzoso, son en sí mismas violaciones de derechos humanos fundamentales de la persona. La trata de personas afecta de forma desproporcionada a ciertos grupos cuyos derechos muchas veces ya están gravemente comprometidos, como las mujeres, los niños, los trabajadores migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad. Un enfoque de derechos humanos en relación con la trata de personas exige también que reconozcamos la responsabilidad que tienen los gobiernos de proteger y promover los derechos de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, incluidos los no nacionales. Esa responsabilidad se traduce en una obligación jurídica concreta de los gobiernos: la de luchar para eliminar la trata de personas y la explotación que ésta conlleva”.

En armonía con lo señalado hasta ahora, la Alta Comisionada llama a los Estados y otras entidades “a considerar la demanda como parte del problema de la trata y a reconocer que la reducción de la demanda es una importante estrategia de prevención. La demanda, en este contexto, generalmente se refiere a dos cosas completamente diferentes: la demanda de los empleadores de mano de obra barata y fácil de explotar y la demanda de los consumidores respecto de los bienes o los servicios producidos o facilitados por las personas objeto de trata. La demanda también puede ser generada por los agentes de explotación y otros agentes que participan en el proceso de la trata, como lo reclutadores, los negociadores y los transportadores, que obtienen ingresos de la trata y de sus víctimas”2.

Así pues, con esas consideraciones y a más de un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, han surgido por parte de legisladoras y legisladores, miembros de la sociedad civil, organizaciones especializadas en la materia, así como personas académicas y especialistas, distintas observaciones, críticas y demandas de cara a que la ley sea reformada debido a que se han detectado lagunas en su contenido, deficiencias en su redacción, pero sobre todo falta de armonía entre lo que la ley establece y los instrumentos nacionales e internacionales vinculados a la materia.

Aunado a lo anterior, desde la fecha de su publicación hasta el día de hoy, existen en nuestro sistema jurídico nacional nuevas leyes y reformas a otros ordenamientos que han generado una duplicidad en el marco que regula la materia de la ley relativa a la trata de personas, con especial referencia a la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata, el resarcimiento y la reparación del daño, y la creación de un fondo para su protección, tal y como sucede, por citar algunos ejemplos:

• Ley General de Víctimas, cuya reforma más reciente se verificó el 3 de mayo de 2013,

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la misma fecha,del 3 de mayo del 2013; y

• Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 28 de diciembre de 2012.

Así mismo, pocos meses antes de la publicación de la ley relativa a la trata de personas, fueron publicados otros ordenamientos que regulan aspectos de la misma materia y que no fueron considerados en la elaboración de esta ley, como son:

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012;

• Las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 14 de junio de 2012;y

• La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, publicada el 8 de junio de 2012.

Si se quisiera adelantar un diagnóstico preliminar al respecto, puede advertirse de inmediato que, con el buen ánimo de regular la lucha contra la trata de personas de una manera integral, que la ley general vigente en la materia aborda ejes que corresponden a otros ordenamientos, bajo el riesgo que –de seguir contemplando dichas materias- no sólo sea superada por las leyes que de forma más profunda e incluso generosa plantean temáticas como las señaladas, sino que regule de forma diferente o incluso enfrentada a dichos rubros.

Más importante resulta aún la crítica formulada a la actual ley general, en el sentido de que en su contenido reproduce de forma ociosa el articulado de otros ordenamientos legales, hasta llegar al extremo de hacerlo de forma inconsistente, es decir, omitiendo algunos supuestos legales, lo que puede generar un problema para la o el operador jurídico, una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica y en el peor de los casos, beneficiar injustamente a las personas imputadas y generar impunidad. Este es el caso, como se verá más adelante, del Código Penal Federal, en su parte general, que establece claramente lo relativo a los principios y criterios aplicables a la responsabilidad penal de personas físicas y personas jurídicas; estas determinaciones también son reproducidas de forma diferente por la ley general contra la trata de personas.

En este sentido, resultan particularmente interesantes las reflexiones que al respecto ha formulado el Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social en adelante CEIDAS, mediante el documento intitulado “Observaciones y propuestas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”:

“La Ley de Asistencia Social tiene por objeto mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de las personas. Contempla como sujetos de la asistencia social a: los niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato o abuso, que hayan sido víctimas de cualquier tipo de explotación o que hayan sido víctimas de tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; a las mujeres en situación de explotación, incluyendo la sexual; y a cualquier persona víctima de la comisión de delitos, entre otros. La Ley de Trata también contempla como sujetos de protección a los arriba mencionados. El resultado de lo anterior es una doble regulación de los derechos, beneficios y prerrogativas de los que son titulares estos sujetos, así como de los programas, políticas, medidas y acciones que se deben crear para atenderlos. Ello no necesariamente deriva en una doble protección, sino más bien en una posible burocratización y dispersión de la atención al problema”3.

Finalmente, el rubro más delicado y que impulsa de forma definitiva a realizar una profunda reforma a la citada ley, son las omisiones y contradicciones internas en su contenido.

Por un lado, como se verá más adelante, la formulación de los tipos penales no encuentra un sustento sólido en los instrumentos internacionales en la materia, con especial referencia al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.

Con la finalidad de hacer más esquemática la propuesta y se aprecie el sustento de lo que aquí se afirma, se han incluido en esta exposición de motivos las referencias normativas, doctrinales y aquellas basadas en instrumentos y recomendaciones internacionales que fundamentan la toma de postura de la iniciativa de reformas que aquí se presenta.

I. Reformas a la denominación de la Ley.

El Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley establece actualmente lo siguiente:

“Se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

La denominación actual de la ley pudiera no considerarse un problema significativo. No obstante, para la mayoría de las y los operadores de la ley e incluso para muchas organizaciones y académicos el nombre resulta bastante largo y complicado para su cita textual. Asimismo, con anterioridad a su publicación, pero también con posterioridad, fueron publicadas leyes específicas en la materia, que abordan temáticas del nombre de forma más profunda e integral, tal y como se hizo referencia en la introducción del presente documento.

De conformidad con lo anterior, resulta que lo relativo a la “prevención” y erradicación de los delitos, se aborda ya en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en el Código Penal Federal. Por otro lado, con relación a los ejes de “protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, resulta que dichos factores son abordados de forma más profunda y generosa por la Ley General de Víctimas, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, el Código Federal de Procedimientos Penales y por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para mayor abundamiento, con la finalidad de identificar fácilmente la ley y evitar incurrir en errores al momento de citarla como fundamento en el marco de un proceso penal y que pudiesen generar argumentos a favor de la defensa de las personas imputadas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mediante su “Ley Modelo contra la Trata de Personas”4, ha sugerido que las denominaciones de las leyes nacionales sean de fácil manejo para las y los operadores del sistema de justicia. Conforme a lo anterior, se sugiere modificar la denominación de la ley para quedar como: Ley General Contra la Trata de Personas.

II. REFORMAS AL LIBRO PRIMERO DE LO SUSTANTIVO

Reformas al artículo 2º. (Objeto de la Ley)

El artículo 2º de la ley establece, en seis fracciones, el objeto que actualmente tiene la ley general en materia de trata de personas. Al respecto, las fracciones que aquí interesan para ser reformadas son las III, IV y V que señalan:

Fracción III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

Fracción IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley.

Fracción V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de delitos objeto de esta Ley; y

Respecto a la fracción III; tal como se explica anteriormente, existen ordenamientos específicos que establecen los procedimientos aplicables a los delitos y que se transcribieron de forma ociosa, por lo que se propone la derogación de esta fracción, al igual que el resto de los artículos relacionados, como más adelante se verá, con el único objetivo de no duplicar o invadir otros ordenamientos.

En torno a la fracción IV resulta necesaria su derogación, toda vez que la Ley General de Víctimas establece claramente y de forma más amplia que la ley en materia de trata de personas, cuáles son las competencias, mecanismos de coordinación nacional, obligaciones y facultades de las autoridades en todo el territorio nacional, por lo que resulta ocioso y contraproducente para la debida atención, protección y asistencia a las víctimas de los delitos, que dos o más ordenamientos regulen de forma diversa un mismo objeto. Véanse, al respecto, las acertadas reflexiones formuladas por CEIDAS:

“La Ley General de Víctimas contiene una vasta descripción de todos los derechos que tienen las víctimas, los principios rectores en la materia, organismos e instituciones encargadas de diseñar e implementar políticas y programas de asistencia, además de que contempla la creación de un Fondo de donde se tomarán los recursos necesarios para la reparación del daño. De ahí que basta con que la Ley de Trata haga un reenvío a la otra para señalar las instituciones a las que las víctimas deberán dirigirse, los fondos que financiarán sus gastos, los derechos que tienen en su calidad de víctimas, etc”5.

Más preocupante resulta la redacción actual de la fracción V, en la que se establece el objeto de tutela de la ley. Ahí se citan seis bienes jurídicos a tutelar por la ley, es decir, que son seis los objetos jurídicos que se lesionan cuando se comete uno o varios de los delitos tipificados en la ley de referencia. Lo anterior resulta preocupante de conformidad con las reglas generales del derecho penal, pues se obliga al Ministerio Público, pero también a la o el Juez, a acreditar que en un determinado caso se han lesionado esos seis bienes jurídicos, para integrar el tipo objetivo6.

Conforme a lo anterior, la o el Ministerio Público y la o el Juez tendrían que demostrar en cualquier caso sustentado en la ley vigente, que el sujeto activo ha lesionado o puesto en peligro:

1. La vida,
2. La dignidad,
3. La libertad,
4. La integridad,
5. La seguridad,
6. El libre desarrollo (sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes –según la ley-).

Así, en estricto sentido, para acreditar la conducta típica de alguno de los delitos contemplados en la ley de referencia, habría que demostrar que se lesionaron o pusieron en peligro los bienes jurídicos aludidos de cara a conocer el grado de ejecución del hecho (consumación o tentativa). Conforme a lo anterior y con base en la redacción actual de la fracción V del artículo 2º de la ley, para hablar de tentativa, tendrían que ponerse en peligro todos los bienes jurídicos antes reproducidos, mientras que para hablar de consumación del resultado, igualmente, todos los bienes jurídicos tendrían que haberse lesionado. Bajo esta interpretación, en realidad, mientras las víctimas de trata no perdieran la vida, no se podría hablar de la consumación del resultado7.

Lo anterior resulta insostenible, no sólo por falta de fundamento teórico, sino por imposibilidad práctica. Es decir, no es correcto sostener que en los casos de los delitos de trata de personas o conexos, se lesionen seis bienes jurídicos como se afirma en ley. A mayor abundamiento, resulta una grave contradicción interna de la propia ley, afirmar lo anterior en el artículo 2º y agravar nuevamente la pena –como se afirma en el artículo 42º - cuando el sujeto activo “ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia” (fracción IV), o “cause la muerte o el suicidio de la víctima (fracción V)”; siendo que ya consideró la lesión o puesta en peligro de la vida o la integridad de la víctima como bien jurídico lesionado en los tipos básicos contemplados en la ley.

Agravar la punibilidad en las hipótesis señaladas (fracciones IV y V del artículo 42º) resulta del todo correcto, pero esto es debido a que el sujeto activo lesiona o pone en peligro “algo más” que quien comete el delito básico de trata o conexo. Es decir, además del lesionar el bien jurídico “libre desarrollo de la personalidad” –bien jurídico que en verdad protege el tipo penal de trata de personas-, el sujeto activo lesiona la vida o la integridad personal y por ello merece mayor pena.

Por otro lado, resulta que la fracción V del artículo 2º de la Ley, objeto aquí de comentarios, hace referencia de forma incompleta al bien jurídico que en verdad se lesiona cuando se comete el delito de trata de personas o alguno de sus delitos conexos, pues sostiene como sexto bien jurídico al “libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, cuando en realidad se trata del “libre desarrollo de la personalidad” de cualquier víctima, ya sea o no una persona menor de 18 años de edad.

Efectivamente, la persona humana se constituye por una doble dimensión, conocida como físico-psíquica. Se trata de una dualidad, característica del ser humano, que configura a cada persona. Así, los tipos penales que protegen la personalidad, pretenden impedir injerencias externas, de tal forma que cada persona pueda desarrollarse libremente. Conforme a lo anterior, quien comete el delito de trata de personas o alguno de los delitos conexos, afecta precisamente eso, es decir, la libertad que todas y todos tenemos para desarrollarnos libremente sin la injerencia de terceros8.

El libre desarrollo de la personalidad tiene un sustento firme como bien jurídico en la materia que nos ocupa y ha sido reconocido por instrumentos internacionales y nacionales, como la Convención de los Derechos del Niño9 o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10, así como en diversos Códigos Penales de nuestro país11. Así, de conformidad con lo hasta ahora señalado, se propone reformar la fracción V del artículo 2º para que señale expresamente la tutela del libre desarrollo de la personalidad de las víctimas de delitos tipificados en esta Ley.
Reformas al artículo 3. (Interpretación y aplicación de la ley)

El artículo 3 de la ley establece los principios conforme a los cuales deberá interpretarse y aplicarse la ley, definir las acciones para el cumplimiento de la misma, así como para “la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos…”. Al respecto, es importante destacar que, conforme a los argumentos referidos con anterioridad, los mecanismos legales para proteger y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos, se encuentran establecidos de forma amplia y generosa en otros ordenamientos que, por estar específicamente diseñados para tales efectos, superan los contenidos de la ley contra la trata.

Es por ello que aquí se propone suprimir dicha referencia establecida en el párrafo primero del artículo 3º y formular –más adelante en el artículo 9º de la ley-  el correspondiente reenvío al resto del ordenamiento jurídico vinculado a la materia que nos ocupa.

Por lo anterior, se propone reformar el párrafo primero del artículo 3º para quedar como sigue:

Artículo 3º. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; así como el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios, instrumentos y criterios:

Incorporación de las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3º.

La doctrina especializada en la materia, así como las recomendaciones de la ONU, reflejadas en la “Ley Modelo contra la Trata de Personas”, establecen la necesidad de que la interpretación y aplicación de la ley se fundamenten, además de los principios que acertadamente ya se señalan en la ley general, en los principios de:

• Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima;

• Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y

• En la promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional.

Por lo que respecta al principio de “inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima”, es importante destacar que su incorporación en la fracción XII del artículo 3º resulta indispensable, pues no son pocos los casos en que los operadores del sistema de justicia penal, atribuyen la responsabilidad del hecho a la víctima por su “predisposición” a la victimización, a la “provocación” por su forma de vida, e incluso se ha llegado al extremo –del todo insostenible- de afirmar que la víctima “ya estaba corrompida” antes del abuso de que fue objeto “por ya no tener himen al momento de los hechos” o “por haber injerido alcohol en el pasado”. También se ha llegado a sostener, en referencia a las víctimas, que “ella es la responsable por ser prostituta” o dedicarse al ejercicio de la prostitución.

La incorporación del principio señalado deja claro que ninguna argumentación igual o similar a las anteriores, que denigre o pretenda atribuir la responsabilidad del hecho a la víctima, pueda sostenerse al aplicar la Ley. Sin duda, la infracción a este principio podría generar la atribución de responsabilidad penal de lao el servidor público por incurrir en discriminación. Así, la fracción XII del artículo 3º sería incorporada para quedar como sigue:

XII. Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. “La conducta sexual anterior de la víctima es irrelevante a los fines de probar que la víctima ejercía un tipo de comportamiento sexual determinado o demostrar su predisposición sexual. Así mismo, serán irrelevantes cualesquiera otras consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la víctima ”12;

Por otro lado, la incorporación de la fracción XIII, en el sentido de que la Ley deba interpretarse y aplicarse en armonía con los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –propuesta formulada acertadamente por la organización ¿Y quién habla por mí?13, encuentra un basamento firme en las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y que dieron vida plena al principio de control difuso de la convencionalidad, del cual se deriva la obligación de los jueces nacionales de realizar una examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos o nacionales, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, en la resolución de la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece que “la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es OBLIGATORIA para las y los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”.

La disposición que se propone insertar en la nueva fracción XIII resulta de ser de gran utilidad para los juzgadores de nuestro país, y una herramienta “con funciones de garantía” para las víctimas, pues los instrumentos internacionales y la extensa doctrina y jurisprudencia generada a su alrededor, otorgarán a los Jueces un espectro más amplio de criterios para interpretar y aplicar la Ley, en beneficio del debido proceso, los derechos de las víctimas y la impartición de justicia en nuestro país. De conformidad con lo anterior, se propone la incorporación de la fracción XIII del artículo 3º para quedar como sigue:

XIII. Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

Por último, de conformidad con la Ley Modelo contra la Trata de Personas, en su artículo 3, inciso d); se propone reformar el artículo 3 de la ley general vigente, incorporando así la fracción XIV, para que las y los operadores del sistema de justicia, al interpretar y aplicar la ley, lo hagan promoviendo y facilitando la cooperación nacional e internacional, pues tal y como se deriva del contenido de este documento, la referida cooperación resulta indispensable para la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas14.

Lo anterior puede observarse de forma más clara si se comprende que esta cooperación nacional es indispensable para llevar a buen puerto las disposiciones establecidas, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas con especial referencia a la reparación del daño o la agravación de la pena por reincidencia, de conformidad con sentencias de tribunales extranjeros. Así, se propone la incorporación de la fracción XIV del artículo 3º para quedar como sigue:

XIV. Promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional para alcanzar los objetivos de la Ley15.

Reformas al artículo 4. (Definiciones).

El artículo 4º de la ley general contra la trata de personas establece una serie de definiciones tendientes a coadyuvar quienes operan el sistema de justicia para aplicar de forma más clara y eficaz la ley. Al respecto, si aquí se asume desde la propuesta de modificación de la denominación de la ley, entonces también habrá que reformar aquellos rubros en los que impacte dicha propuesta de reforma. Este es el caso de las fracciones II, VII, VIII y X del actual artículo 4, de tal forma que se ajusten a la nueva denominación: “Ley General contra la Trata de Personas”.
Mayor importancia tiene la propuesta de reforma a la fracción XI, pues ésta establece actualmente la definición de “El Fondo”, señalando al respecto, que se trata de El Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. La propuesta que sostiene derogar esta fracción, se sustenta en la creación de un Fondo común para todas las víctimas de los delitos en México contemplado en la Ley General de Víctimas que, todo sea dicho, beneficia de una forma más amplia a las víctimas de los delitos pues resulta menos compleja y burocrática la forma de acceder a éste.

A mayor abundamiento, la derogación de esta fracción evitaría la doble regulación de un mismo aspecto y evitar confusiones competenciales –de dos o más instancias- que generalmente acaban por perjudicar a las víctimas de los delitos, pues no sólo se dificulta su acceso a un derecho contemplado en la Ley, sino que una instancia atribuye a otra la obligación de atender la solicitud de las víctimas que finalmente acaban por no ser atendidas debidamente.

Ahora bien, sobre la fracción XV del artículo 4º que actualmente establece la definición de publicidad ilícita, señalando al respecto que, “para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén”, resulta necesario destacar las críticas bien sustentadas generadas por diversos sectores. Al respecto, se ha señalado que establecer en dicha definición la hipótesis “para propiciar de manera directa o indirecta” resulta ser demasiado amplia, de tal forma que podría incluirse cualquier acción u omisión –incluso imprudente- que podría acabar llevando a prisión a cualquier actor dentro del universo de la publicidad. Incluso, se ha señalado que una cláusula de tal apertura pone en riesgo la libertad de prensa, por lo que genera inseguridad jurídica para quienes lícitamente se dedican al oficio de la publicidad.

A mayor abundamiento, resultan plausibles las reflexiones formuladas en este sentido por CEIDAS, mediante el documento denominado “Observaciones y propuestas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección  y Asistencia a las Víctimas”, que al respecto establece:

En relación a esto, se encuentra el artículo 32, estableciendo una pena para el que “en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas”. Al respecto, surge el cuestionamiento en torno al significado de propiciar de manera directa o indirecta la comisión de delitos, o de contratar de manera directa o indirecta espacios publicitarios, pues dicha interrogante representa un riesgo de surgimiento de diversas posibilidades interpretativas sobre las maneras en que indirectamente se puede propiciar la comisión del delito o se pueda contratar publicidad. Es de suma importancia que se colmen estos vacíos en la ley, sobre todo a la luz de disposiciones que regulen tipos penales, como el presente, mismos que se encuentran regidos por los principios de certeza y seguridad jurídicas, así como de exacta aplicación de la ley penal. Una redacción confusa en un tipo penal puede llevar a una incorrecta interpretación por parte de los jueces encargados de decidir sobre la culpabilidad de un procesado, pues si un tipo penal es impreciso, su tarea se vuelve más compleja, lo que puede derivar  en un resultado perjudicial en la administración de justicia”16.

Algo similar sucede con la redacción actual de la fracción XVI del mismo artículo 4, ya que de igual forma establece una cláusula de apertura muy amplia al señalar que “para los fines de esta ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error…”. Así, tal y como se encuentra redactada actualmente la fracción XVI, un universo muy grande de conductas vinculadas al mundo de la publicidad tendría que ser reprimida bajo la pena de someterse a las sanciones que, vinculadas a la trata de personas, contempla la ley general.

Sin duda, inducir a un error no resulta suficiente para ser sujeto a las determinaciones que la ley contra la trata de personas establece. Menos aún, cuando dicha conducta sea cometida de forma imprudente, es decir, sin ánimo o intención alguna de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación. Y es que como es de dominio público, los verbos típicos, así como los delitos vinculados a la trata de personas son dolosos. Esto se traduce en que no es posible su comisión imprudente, pues de ser así, habría que contemplar la atenuación en las penas y consecuencias jurídicas aplicables a las personas responsables y permitirles gozar de libertad durante el proceso.

Es por ello que la reforma de las fracciones XV y XVI resultan indispensables, primero, para aclarar los contornos de lo que sí es y no es publicidad ilícita y publicidad engañosa y, segundo, para dejar claro que –para los efectos de esta ley- dichas modalidades de publicidad deben ser dolosas, de tal forma que les sea aplicable la Ley contra la trata de personas.

Por otro lado, la fracción XVII, inciso h, ha sido motivo de fuertes cuestionamientos, pues de su redacción que actualmente señala, “cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo”, puede desprenderse absolutamente todo, infringiendo así los principios de certeza y seguridad jurídica, tal y como queda claro en el documento elaborado por CEIDAS ya referido en este proyecto:

“La cláusula de apertura contenida en el inciso h, pudiera llegar a ser violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, que regulan la garantían de certeza y seguridad jurídica, pues establecer la fórmula “cualquier otra característica” representa una herramienta para que tanto ministerios públicos, como jueces, estimen cualquier  característica como suficiente para considerarse en situación de vulnerabilidad, agravando el delito que se le imputa a su agresor. Lo anterior, perjudica a quienes estén siendo acusados de la posible comisión de uno de los delitos de esta Ley, pues la misma no otorga suficiente certeza sobre qué efectivamente representa una situación de vulnerabilidad y qué no, ampliando las posibilidades de que el delito que se le imputa sea agravado sin un parámetro certero”17.

Finalmente, se introduce una nueva fracción, la XVIII, que define de forma clara el trabajo o servicio forzoso con base en las prevenciones de los instrumentos internacionales más reconocidos en la materia. Esta definición resulta necesaria, pues como han puesto en evidencia los especialistas en la materia, la ley general vigente únicamente establece la punibilidad correspondiente en el artículo 22 –refiriéndose solamente a “trabajos forzados”y excluyendo la hipótesis de “servicios”-, adicionando tres fracciones que no definen el delito, sino que se limitan, de forma por demás imprecisa, a establecer los medios comisivos.

En torno a esto último cabe también destacar, que esos mismos medios establecidos en las fracciones de referencia, aparecen igualmente como agravantes del delito, generando las condiciones para sancionar dos veces una misma conducta, infringiendo así el principio non bis in idem. De esta forma, con apoyo en la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU, así como en el Convenio 29 de la OIT de 1930, se sientan las bases para una definición adecuada de esta hipótesis delictiva:

Así, véase la Ley Modelo contra la Trata de Personas, páginas 6 y 15, así como el Convenio 29 de la OIT en sus artículos 2, párrafos 1 y 25, que a su vez establecen: Amenaza de pena: “La amenaza de pena puede adoptar múltiples formas, desde (la amenaza de) violencia o restricción física, (la amenaza de) violencia contra la víctima o sus familiares, la amenaza de denuncia de la víctima a la policía o a las autoridades de migración cuando su situación de empleo o de residencia es ilícita, la amenaza de presentar una denuncia ante el consejo de ancianos local, o los miembros de la familia en el caso de niñas o mujeres forzadas a practicar la prostitución, (la amenaza de) confiscación de los documentos de viaje o de identidad, sanciones económicas vinculadas a deudas, impago de salario o pérdida del salario acompañada de amenazas de despido si el trabajador se niega a trabajar horas extraordinarias más allá de lo dispuesto en su contrato o en las leyes nacionales (OIT, informe mundial 2005, pp. 5 y 6; Erradicación del Trabajo forzoso, Conferencia Internacional del Trabajo, 2007, p.20)18.

Reforma al artículo 7. (Cláusula general de no comprobación de los medios comisivos según la calidad de la víctima).

Uno de los factores más delicados de la redacción actual de la ley, es el referente a la desprotección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de grupos en especial situación de riesgo. Efectivamente, de conformidad con el Protocolo contra la trata, en armonía con la opinión unánime de la doctrina especializada en la materia, en aquellos casos en que la víctima del delito de trata de personas o cualquier delito conexo a ésta sea una persona menor de 18 años de edad, no se requerirá la comprobación de los medios comisivos descritos en los tipos penales.

Desafortunadamente, la ley general vigente es ambigua al respecto, pues en algunos tipos penales sí considera como elemento de las descripciones típicas los medios comisivos, pero no excluye de su comprobación en casos de niñas, niños y adolescentes, mientras que en otras hipótesis delictivas sí establece la cláusula correspondiente. Lo anterior sólo produce confusión al operador jurídico, pero también impunidad, pues resulta no sólo ilógico sino también insostenible, que en el caso de una víctima de 2 (dos) o 3 (tres) años de edad, la autoridad que conozca de los hechos deba acreditar que se engañó a la víctima, tal y como lo ha puesto de relieve la fundación ¿Y quién habla por mí?, por ejemplo, en relación al artículo 24 de la Ley vigente:

Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción o el engaño.

Observación: Según establece acertadamente la Fundación antes referida, “se deja fuera a niños y niñas de la primera infancia, ya que a esta edad (0 a 5 años) no pueden consentir su explotación y no puede hablarse con certeza de que sean engañados o amenazados. Ejemplo: un niño de 9 meses no puede ser engañado o amenazado para consentir su explotación (consentimiento que, en cualquier caso, sería absolutamente inoperante e intrascendente).

Con base en lo antes señalado, se propone la reforma al artículo 7º, para adicionar la fracción VI que señale específicamente que tratándose de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o personas que no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá la comprobación de los medios comisivos de los delitos contemplados en la presente Ley.

Por otro lado, uno de los factores que más ha complicado la realización de investigaciones exitosas en materia de los delitos contemplados en esta Ley e impedido el acceso a la justicia para las víctimas, es la inexistencia de una cláusula en la que se establezca la aplicación del –así denominado por los instrumentos internacionales- periodo de espera o reflexión. Conforme a éste, las víctimas o probables víctimas contarían con un espacio temporal para estabilizarse y encontrarse en condiciones de cooperar debidamente con la autoridad, para los efectos de solventar la investigación y ejercer acción penal en contra de las personas probables responsables.

Efectivamente, organizaciones especializadas en esta materia, como Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATW-LAC; Quien habla por mí?; El Pozo de Vida A.C.; Colectivo Contra la Trata; entre otras, han sostenido la necesidad de incorporar en nuestra legislación el periodo de espera o reflexión, de tal forma que se generen condiciones óptimas para que las víctimas o probables víctimas participen en las investigaciones y se logre un esquema digno de acceso a la justicia.

La figura antes señalada encuentra un fundamento sólido en los instrumentos internacionales vinculados a la lucha contra la trata de personas. Así, la Ley Modelo contra la Trata de Personas elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)19, recomienda que dicho periodo tenga una duración, como mínimo, de 90 días, durante los cuales la víctima o probable víctima tendrá acceso al esquema de atención integral con la finalidad de impulsar su estabilización, ya sea emocional o física, para así estar en condiciones de colaborar con el sistema de justicia.
Así mismo, de conformidad con el periodo de referencia y tratándose de víctimas o probables víctimas de nacionalidad distinta a la mexicana, el Ministerio Público deberá gestionar la estancia en el territorio nacional de la víctima o probable víctima, por lo que ésta no podrá ser repatriada a su lugar de origen. Así, con la finalidad de establecer condiciones óptimas de aplicación del periodo de espera o reflexión, el Ministerio Público podrá actuar y aplicarlo de oficio, o bien, a solicitud expresa de la persona interesada, de tal forma que por el sólo hecho de contar con datos razonables que indiquen la probabilidad de encontrarse frente a una probable víctima de trata de personas, o cualquiera de los delitos conexos a ésta, procederá la aplicación del periodo de espera o reflexión.

Con base en lo anterior, se propone la adición de la fracción VII al artículo 7 para que señale expresamente que las policías y Ministerio Público considerarán un tiempo de espera, reflexión y estabilización de la víctima, con la finalidad de que ésta se recupere física y emocionalmente de los daños causados y se encuentre en condiciones de rendir declaración ante la autoridad. El tiempo de espera, reflexión y estabilización podrá extenderse hasta el término de tres meses contados a partir del momento en que la víctima es rescatada, debiéndose iniciar de forma inmediata su proceso de atención en todas las dimensiones necesarias para su debida recuperación.

Asimismo, se señala que en caso de que la víctima sea persona extranjera, ésta no podrá ser repatriada a su país de origen o cualquier otro, debiéndose iniciar el proceso de recuperación previsto en el párrafo anterior; igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas para dicho propósito. Esto de conformidad con lo estipulado en la Ley de Migración en el artículo 113, que a la letra dispone:

Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional cuyo estado emocional no les permita tomar una decisión respecto a si desean retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional, el Instituto tomará las medidas pertinentes a fin de que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas especializadas que puedan brindarles la atención que requieren.

Reforma al Artículo 8. (Consideración especial a la víctima)

El artículo 8º de la Ley vigente establece una cláusula desconocida en el sistema de justicia penal. No se perciben cuáles fueron las razones para establecer en el artículo de referencia la siguiente redacción:

“Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran tomar medidas especiales”.

Tanto la ley vigente, como el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de Víctimas, al Código Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley de Asistencia Social y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dejan muy claro qué medidas deben tomarse para la salvaguarda de los derechos de aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad (desde medidas de atención inmediata de corte médico y psicológico, pasando por mecanismos especiales para la toma de declaraciones, reparación del daño y refugio de la víctima). Así, no parece haber justificación alguna para que la ley establezca una cláusula general y amplia que faculta a la autoridad para hacer algo no especificado y que pone en riesgo la seguridad jurídica, la certeza y el debido proceso. Aunado a lo anterior, dicha prevención es contraria al principio de igualdad, toda vez que al determinar que ciertas autoridades harán una consideración especial, misma que no se determina en qué consistirá, se abre la puerta a tratos diferenciados que resulten irracionales e inequitativos.

Al respecto, resultan ilustrativas las observaciones formuladas por CEIDAS, en cuyo documento relativo a observaciones en torno a la ley, establece:

“No hay claridad sobre qué representa una consideración especial en el desarrollo de las actividades ministeriales y jurisdiccionales, lo que se considera importante a la luz del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, mismo que establece la obligación de las autoridades de limitarse a lo que expresamente la Ley dispone que realicen. En el caso, la autoridad no cuenta con lineamientos proporcionados por la Ley para saber qué consideraciones especiales puede o no tener con este tipo de víctimas, de donde se advierte una posible violación a los principios de certeza y seguridad jurídica que establece la constitución”20.

De conformidad con lo anterior, además de proponerse la desaparición de dicha cláusula por innecesaria y riesgosa, se propone sustituir el texto por un principio vinculado a la pena y su cumplimiento que no se encuentra actualmente contemplado en la ley y que genera una clara injusticia para el debido acceso de la justicia de las víctimas.

Efectivamente, por tratarse del Capítulo I, del Título Segundo de la ley, intitulado “De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones”, se considera que este es el rubro adecuado de cara a incorporar el compromiso asumido por el Estado Mexicano ante los lineamientos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, referente a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Así, con base en el artículo 7º del Estatuto de referencia, la esclavitud, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, y el embarazo forzado –todos éstas, hipótesis vinculadas al delito de trata de personas-; constituyen delitos de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, la ONU ha recomendado, en su Manual para Parlamentarios en esta materia, que “los Estados Parte deberían considerar la posibilidad de establecer que estos delitos no prescriban. Además de sanciones severas correspondientes a la gravedad del delito de la trata, esta disposición debería actuar como disuasivo”21.

Es así como se propone la reforma al artículo 8º, para que se establezca expresamente que los delitos materia de esta Ley no prescriben.

Reforma al artículo 9. (Aplicación supletoria de Leyes)

El artículo 9 de la ley vigente establece, acertadamente, la aplicación supletoria de diversas leyes para lo no previsto en la ley general. No obstante, resulta indispensable su reforma, toda vez que desde la publicación de la ley vigente hasta hoy, han surgido distintas reformas legales así como nuevas regulaciones más específicas y generosas en algunas materias que aborda la ley –como es el caso de la Ley General de Víctimas, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia o Ley Federal para la Protección  a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

De conformidad con lo anterior, se propone la reforma al artículo 9º de la ley para garantizar que todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos, y sanciones de los delitos materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las leyes relacionadas con la materia objeto de este ordenamiento.

Reforma al Artículo 10. (Trata de personas)

El artículo 10 de la ley general vigente establece el tipo penal de trata de personas. Respecto a su contenido, se han formulado diversas críticas por parte de especialistas, académicos y organismos de la sociedad civil que merecen ser atendidas, pues, por un lado, muestran la incompatibilidad entre la redacción vigente y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Por otro lado, de un análisis técnico del contenido del artículo 10, se desprenden diversas inconsistencias y contradicciones entre el tipo penal de trata y el resto de la Ley, así como errores y ausencia de hipótesis típicas que, al generar impunidad en algunos casos, justifican una reforma urgente al artículo de referencia.

A reserva del análisis que se realizará más adelante, a continuación se enlistan algunas de las críticas más importantes al tipo penal de trata de personas contenido en el artículo 10 de la Ley:

1. Impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas, contraviniendo así el Protocolo y el artículo 39 de la propia Ley;

2. Genera una doble punición al autor, infringiendo así el principio non bis in idem, pues contempla como agravantes lo que en realidad son medios comisivos.

3. El tipo penal contempla a una víctima individual y plural (una o varias personas), es decir, integra en el tipo la hipótesis relativa a cometer el delito contra una o varias personas, contraviniendo así la fracción IX del artículo 42 de la propia Ley que agrava la punibilidad “cuando el delito comprenda más de una víctima”.

4. No contempla diversas acciones típicas exigidas por el Protocolo, comoocultar, suministrar, y otras modalidades sustentadas por la doctrina, como ejercer control, dirección o influencia sobre los movimientos de una persona con fines de explotación.

5. No contempla los medios comisivos, salvo como agravantes, y sólo en algunos casos, que no coinciden con los señalados por el Protocolo.

6. No contempla diversas finalidades de explotación generando así impunidad, tales como:

a) Nacimiento de un niño y separación de su madre;

b) Alistamiento de niños en conflictos armados;

c) Extracción de fluidos o líquidos corporales;

d) El matrimonio con fines de procreación;

e) La servidumbre ritual o costumbrista;

7. Confunde la explotación humana con un problema del ámbito laboral;

8. Confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos;

9. Exige que el “tráfico de órganos” –hipótesis relativa a otro delito y no a la trata de personas- se realice con órganos de seres humanos vivos, lo cual puede inducir a privar de la vida a la víctima para posteriormente extraer –hipótesis correcta- un órgano y evadir la punibilidad.

10. No contempla la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de experimentación biomédica22.

Con la finalidad de precisar las observaciones críticas que se han formulado a la redacción actual del artículo 10º, a continuación se hace referencia específica a cada una de ellas, con el ánimo de profundizar en su contenido y alcanzar una nueva tipificación acorde a los estándares internacionales en la materia.
Observación 1.

La redacción actual impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas, contraviniendo así el Protocolo y el artículo 39 de la propia ley.

El párrafo primero del artículo 10 establece actualmente lo siguiente:

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Como se observa en la primera parte del artículo arriba reproducido, se sanciona como trata de personas toda acción u omisión dolosa de una o varias personas “para captar, enganchar, transferir…”; cuando en realidad, de conformidad con el Protocolo, la unanimidad de la doctrina en la materia así como los manuales elaborados por la ONU, comete el delito de trata de personas quien “capte, enganche, transfiera…”. Así, quien realice una acción u omisión dolosa “para captar, enganchar, transferir (tal y como sostiene la Ley vigente), en realidad comete un delito de trata de personas en grado de tentativa, pues la conducta va dirigida a “captar”. Esto significa que la redacción actual sanciona como delito consumado lo que en realidad es una tentativa:

Ejemplificando: si un sujeto realiza una acción dirigida a captar a su víctima y es detenido antes de lograrlo, conforme a la ley actual habría que sancionarlo por el delito de trata de personas consumado, cuando en realidad se encuentra en fase de tentativa, es decir, ni siquiera alcanzó su objetivo de captar a víctima alguna y por ese sólo hecho la Ley vigente le impone hasta 15 años de prisión.

Lo anterior contraviene las reglas básicas de la técnica penal que son recogidas acertadamente por el Código Penal Federal que en su artículo 12 establece:

Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito.

Como se observa, las consecuencias jurídicas a imponer a quien comete un delito consumado son diferentes a las de quien comete el mismo delito en grado de tentativa, ya sea acabada o inacabada. Por ello, no tiene sentido que la ley vigente remita, en su artículo 39, al artículo 12 del Código Penal Federal, pues debido a la deficiencia observada en su redacción, todos los delitos serían consumados sin dejar espacio a la tentativa.

Lo hasta ahora señalado, además de ser un error de técnica legislativa, resulta una concepción equivocada del delito de trata de personas y una injusticia material, pues conforme a la redacción actual, es lo mismo “intentar” cometer el delito de trata de personas que, efectivamente, “cometer” el delito señalado.

Finalmente, y para evitar mayor controversia al respecto, resulta de gran utilidad reproducir aquí la propuesta de tipo penal, contemplada en la “ley modelo contra la trata de personas” elaborada por la ONU, que en su artículo 823 establece claramente los verbos típicos sin confundir tentativa con delito consumado:

Trata de personas

1. Toda persona que:

a) Reclute, transporte, transfiera, retenga o reciba a otra persona;

b) Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,

c) Con fines explotación

Observación 2.

Genera una doble punición al autor, infringiendo así el principio non bis in idem, pues contempla como agravantes lo que en realidad son medios comisivos.

Según el protocolo en materia de trata, así como la unanimidad de la doctrina, todo delito de trata de personas se encuentra configurado por tres elementos: una acción (por ejemplo, reclutar), un medio (por ejemplo, engañar), y un fin (por ejemplo, esclavitud). Así, salvo en los casos de personas menores de edad, no se puede concebir un delito de trata de personas sin que, en los hechos, el autor haya utilizado uno de los medios señalados en el protocolo. Algunas legislaciones nacionales han optado por no incluir los medios comisivos en el tipo (como es el caso de la ley general vigente). Esto es técnicamente aceptado. No lo es, por el contrario, excluirlos del tipo y considerarlos –al mismo tiempo- una agravante, pues aunque el tipo penal no los refiera expresamente, siempre se actualizará uno de los medios comisivos. Esto se traduce en que, incorrectamente como es el caso de México, los delitos de trata de personas terminen siendo agravados y no se aplique el tipo básico.

Así, el artículo 42 de la ley establece como agravantes, entre otras, las siguientes hipótesis de medios comisivos, es decir, cuando se utilice:

a) Violencia,

b) Intimidación,

c) Engaño,

d) Condición de vulnerabilidad.

Las anteriores son, precisamente, las hipótesis que el protocolo establece no como agravantes, sino como medios comisivos. Y es que no puede existir trata de personas sin que se actualice cualquiera de las hipótesis de trata que reconoce la doctrina más calificada(forzada, fraudulenta o abusiva), tal y como lo pone de relieve Pérez Alonso:

“La vieja y nueva esclavitud se caracterizan por el empleo de medios que ponen de manifiesto la existencia de una práctica forzada, fraudulenta o abusiva. Podemos hablar de una práctica forzada cuando se emplea violencia o intimidación para doblegar la voluntad de la víctima. Por ejemplo, secuestros, raptos, amenazas, confiscación de documentos de identidad, etc. Será fraudulenta cuando se acude al engaño para conseguir el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, la promesa de una oferta de trabajo falsa, publicidad engañosa sobre las condiciones de asentamiento en el lugar de destino, etc. Finalmente, la práctica será abusiva cuando se aprovechen de la situación de extrema necesidad o vulnerabilidad de la víctima para traficarla o explotarla; por ejemplo, como consecuencia de su pobreza, de su desconocimiento del idioma, cultura o sistema legal del país de destino, de su incertidumbre jurídico-administrativa por su situación irregular, etc”24.

Así las cosas, como ya se advirtió anteriormente, salvo en los casos de personas menores de edad, personas que no tienen capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o capacidad para resistirlo –hipótesis en las que no es necesario acreditar los medios comisivos- se estaría sancionando a una persona por un delito agravado, cuando en esencia, el medio utilizado –que supuestamente agrava la punibilidad- se utilizó para cometer el tipo básico contemplado en el artículo 10. 

Con base en lo anterior, una de las consecuencias que debieran producir las críticas antes señaladas, es la exclusión de los medios comisivos en calidad de agravantes y su incorporación al tipo básico.

Observación 3.

El tipo penal contempla a una víctima individual y plural (una o varias personas), es decir, integra en el tipo la hipótesis relativa a cometer el delito contra una o varias personas, contraviniendo así la fracción IX del artículo 42 de la propia ley que agrava la punibilidad “cuando el delito comprenda más de una víctima”.

Una de las dificultades que presenta constantemente la ley vigente, es la redacción de los tipos penales que, como sucede casi en todos los delitos contemplados en su contenido, considera que es lo mismo que sean uno, dos o más los sujetos activos y uno, dos o más los sujetos pasivos. De entrada, esto puede beneficiar directamente a las personas imputadas por los delitos así redactados, pues se excluye la posibilidad de imponer una pena mayor a quien resultare responsable cuando el delito se ha cometido contra más o dos víctimas, es decir, se haya incurrido en un concurso ideal o real de delitos. Véase, simplemente, la siguiente regla establecida en el Código Penal Federal:

Concurso de delitos

Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

Con esta observación bastaría para reformar el artículo 10º de cara a redactarlo en singular y permitir la aplicación de la regla arriba reproducida para aquellos casos en que se contemplen dos o más víctimas. No obstante, la reforma propuesta resulta aún más necesaria, debido a que el tipo básico dispone que se comete el delito cuando la acción u omisión tenga la finalidad de captar (…) “a una o varias personas”, pero al mismo tiempo agrava la pena hasta en una mitad, cuando –según la fracción IX del artículo 42- “el delito comprenda más de una víctima”. Como se observa, se trata de una contradicción interna de la ley que genera una violación al principio non bis in idem, atentando así en contra de la certeza y seguridad jurídica.

Observación 4

No contempla diversas acciones típicas, como ocultar, suministrar, ejercer control, dirección o influencia sobre los movimientos de una persona con fines de explotación.

Como se observa en la reproducción del tipo penal vigente realizada más arriba, la ley actual establece ocho verbos típicos en la configuración del delito de trata de personas:

1. Captar,

2. Enganchar,

3. Transportar,

4. Transferir,

5. Retener,

6. Entregar,

7. Recibir,

8. Alojar.

Por otro lado, el tipo penal vigente no contempla los siguientes verbos típicos:

1. Ocultar,

2. Suministrar,

3. Ejercer control sobre los movimientos de una persona,

4. Ejercer dirección sobre los movimientos de una persona,

5. Ejercer influencia sobre los movimientos de una persona.
Aun cuando pueda argumentarse que las dos primeras hipótesis arriba señaladas (ocultar o suministrar) pudieran ser ubicadas dentro de uno de los verbos típicos contemplados en la redacción vigente, es difícil asegurar con plena certeza que esto siempre será así, por lo que resulta conveniente que ambas modalidades sean incluidas en el tipo.

No obstante, la reforma al artículo 10º resulta indispensable de cara a incluir las hipótesis 3, 4 y 5, pues la doctrina reconoce casos en los que no se capta, engancha, transporta, transfiere, retiene, entrega, recibe o aloja a la víctima, sino que sólo se ejerce un control25, dirección o influencia sobre ella con fines de explotación.

Observación 5

No contempla los medios comisivos, salvo como agravantes, y sólo en algunos casos, que no coinciden con los señalados por el protocolo.

Ya se hizo referencia, anteriormente, a las contradicciones internas de la Ley relativas a los medios comisivos, en el sentido de que éstos no se incluyen en el tipo penal de trata de personas26, pero sí se contemplan como agravantes. A mayor abundamiento, habría que señalar que no se comprenden las razones por la cuales lo antes referido sucede con el artículo 10º, pero al contrario, sí se contemplan los medios comisivos en el artículo 13º y sus distintas fracciones, aunque de forma incompleta y sin consonancia con el protocolo en materia de trata de personas. Así, el artículo 42º que establece las agravantes para el delito de trata de personas, no contempla las siguientes hipótesis, por lo que al tampoco contemplarse en el artículo 10º que tipifica el delito básico, se genera un amplio espectro de impunidad en el caso en que el sujeto activo haya utilizado para, cometer el delito de trata de personas, cualquiera de los siguientes medios27:

1. Otras formas de coacción,

2. La concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,

3. La concesión o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

Observación 6

No contempla diversas finalidades de explotación, generando así impunidad, tales como: Nacimiento de un niño y separación de su madre; alistamiento de un niño en conflicto armado, extracción de fluido o líquido corporal, el matrimonio con fines de procreación y la servidumbre ritual o costumbrista;

El artículo 10 de la ley vigente se encuentra configurado por 11 fracciones en las que se relacionan las distintas finalidades de explotación. Así, el Poder Legislativo optó por enlistar dichas hipótesis en vez de incorporarlas al primer párrafo. A su vez, cada una de las fracciones remite al artículo correspondiente dependiendo del tipo de explotación al que se haga referencia.

De una análisis de dicha finalidades de explotación, se advierten diversas lagunas que pueden generar que la conducta del sujeto activo no se adecúe al tipo penal, pues la finalidad que se persigue por el agente no corresponde a ninguna de las enlistadas, aun cuando la doctrina y la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU28, sí incluyen dichas hipótesis como modalidades de explotación, siendo éstas las siguientes29:

a) Nacimiento de un niño y separación de su madre,

b) Alistamiento de un niño para un conflicto armado30,

c) Extracción de fluido o liquido corporal31,

d) El matrimonio con fines de procreación,

e) La servidumbre ritual o costumbrista.

A mayor abundamiento, en los TravauxPréparatoires de las negociaciones para la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos; al momento de debatir el contenido del tipo penal de trata, se señaló expresamente:

“Las palabras <<como mínimo>> permitirían que los Estados Parte trascendieran de los delitos enumerados en esta definición a la hora de penalizar. También tienen el propósito de permitir que el Protocolo abarcara futuras formas de explotación (es decir), formas de explotación que todavía no se conocían”32.

Observación 7

Confunde la explotación humana con un asunto laboral.

La fracción IV del artículo 10 establece, como hipótesis de explotación, “la explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la ley, siendo el caso que enseguida enlista, en la fracción V, “el trabajo o servicios forzados”, en los términos del artículo 22 del mismo ordenamiento.

Por un lado, es importante advertir que el protocolo en materia de trata de personas en ningún momento establece “la explotación laboral” como hipótesis de trata de personas. Por el contrario, sí establece –al igual que el resto de los instrumentos internacionales- a los trabajos o servicios forzados como hipótesis delictiva en la materia.

Con un poco de atención que se ponga en el asunto, podrá observarse que la fracción IV del artículo 10º, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, no tienen fundamento alguno, ya que las verdaderas hipótesis de trata en materia de trabajos o servicios o forzados se encuentran ubicadas en el artículo 22 –que aunque incompleto y pendiente de ser reformado- sí responde a las exigencias mínimas del protocolo:

Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas.

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de su actividad o industria;

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

Observaciones críticas:

a) El tipo penal contiene, incorrectamente, el requisito de que el sujeto activo obtenga un beneficio económico o de otra índole, lo que en todo caso debió considerarse como agravante, pues si lo que se protege es la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, éste se afecta sin importar si el sujeto activo obtuvo o no beneficio alguno.

b) En relación a la fracción I, es decir, cuando las condiciones en las que se realiza el trabajo son indebidas (peligrosas, insalubres o sin protecciones necesarias), lo que procede es la clausura del local y una demanda en el ámbito laboral, pero no la acción penal por trata de personas, pues no se verifican ni los medios comisivos relativos a la explotación humana, ni el fin de explotación en los trabajos o servicios forzados de acuerdo al Protocolo.

c) Con relación a las fracciones II y III, (manifiesta desproporción entre la cantidad del trabajo realizado y el pago recibido o que el salario se ubique por debajo de lo legalmente establecido), sí se ubican en la hipótesis -no de explotación laboral- sino de trabajo o servicio forzado, pero siempre que se verifiquen los medios exigidos en el protocolo y que el artículo 21º omite en su redacción33. Así, de conformidad con lo señalado y en armonía con la reforma que se propone al artículo 22º (trabajo o servicio forzado), estas hipótesis quedarían incluidas en la nueva redacción del artículo 22º, por lo que el artículo 21º debiera ser derogado al quedar vacío de contenido.

En relación con lo hasta ahora señalado, resulta enriquecedor acudir a la ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU que establece lo siguiente34:

En su informe “Trata de seres humanos y trabajo forzoso como forma de explotación” –Guía sobre la legislación y su aplicación- la OIT identifica cinco elementos principales que pueden indicar una situación de trabajo forzoso:

1. (Amenaza de) violencia física o sexual; ello puede incluir también la tortura emocional como  el chantaje, la repulsa, el uso de lenguaje insultante y otros elementos,

2. Restricción de movimientos y/o reclusión en el lugar de trabajo o en una zona limitada;

3. Servidumbre por deudas/trabajo servil; retención de salario o su impago;

4. Confiscación de pasaporte y documentos de identidad para que el trabajador no pueda ausentarse o acreditar su identidad y situación;

5. Amenaza de denuncia a las autoridades

Según la Ley Modelo contra la Trata de Personas, los siguientes son ejemplos de definiciones de trabajo forzoso con arreglo al derecho penal35:

“Toda persona que ilegalmente obliga a otra a trabajar mediante el uso de la fuerza o por otros medios de coerción o mediante la amenaza de cualquiera de estas acciones, o consentimiento obtenido mediante fraude, sea o no remunerado”.

Finalmente, cabe destacar las recomendaciones de la ONU en materia legislativa, con especial referencia a la incorporación de los medios comisivos en el tipo de trabajo o servicio forzado, de conformidad con la siguiente sugerencia:

Ley modelo página 6. Aceptación voluntaria.- “Los legisladores y los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la leyes han de tener en cuenta que la aceptación “al parecer voluntaria” del trabajador puede deberse a que ha sido manipulado, o bien no basarse en una decisión suya adoptada con conocimiento de causa. Los órganos de supervisión de la OIT han señalado que se viola el Convenio cuando con engaños, falsas promeses y la confiscación de los documentos de identidad o el uso de la fuerza, se obliga al trabajador a seguir estando a disposición de su empleador.

Observación 8

Confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos.

El artículo 10, inciso X de la Ley vigente, establece como una de las hipótesis de trata de personas, la siguiente: “Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley”. La confusión en que se ha incurrido al redactar esta fracción es clara, pues así como suele confundirse el delito de trata de personas con el delito de tráfico de personas, sucede lo mismo con el delito de tráfico de órganos y la hipótesis de extracción de un órgano en su modalidad de trata de personas.

Que esta confusión existe en la ley resulta evidente, no sólo porque la fracción X contempla expresamente la redacción “tráfico de órganos”, sino también porque el artículo 30, al cual remite, reproduce parcialmente los elementos típicos contemplados en la Ley General de Salud para el delito de tráfico de órganos en sus artículos 459º a 462º.

A mayor abundamiento, debe quedar claro que no es lo mismo “captar a una persona mediante el engaño para extraerle un órgano” (trata de personas consumada, aún sin la extracción misma), que “traficar con un órgano”, delito diferente contemplado en la Ley General de Salud.

De lo anterior hay que concluir la necesidad de una reforma urgente a la ley, pues tal y como se encuentra redactada la fracción X del artículo 10º, actualmente hay una laguna muy amplia que habrá de generar impunidad, no sólo en los casos de extracción de un órgano, tejido o su componente, sino también en lo que se refiere a una célula o fluido humano.
Observación 9

Exige que el “tráfico de órganos” –hipótesis relativa a otro delito y no a la trata de personas- se realice con órganos de seres humanos vivos, lo cual puede inducir a privar de la vida a la víctima para posteriormente extraer –hipótesis correcta- un órgano y evadir la punibilidad debido a que la víctima se encuentra sin vida.

Un asunto paralelo al antes descrito y que habrá de reformularse de forma urgente, es el relativo a la exigencia de que el “tráfico de órganos” –en realidad extracción de un órgano- deba realizarse sobre seres humanos vivos. Así, que la extracción de un órgano de la víctima de trata deba realizarse sobre una persona humana viva resulta una afirmación obvia, pues sólo una persona humana con vida es titular del bien jurídico protegido, es decir, el libre desarrollo de la personalidad.

Conforme a lo anterior, si la víctima ha sido captada, por ejemplo, mediante amenazas para extraerle un órgano, entonces el delito de trata de personas se ha consumado. Pero si el sujeto activo priva de la vida a la víctima para después extraerle el órgano de referencia, entonces habrá un concurso entre trata de personas, homicidio y un delito en materia de inhumaciones y exhumaciones, con especial referencia a la hipótesis de mutilación de un cadáver contemplado en el artículo 281 del Código Penal Federal.

Si bien es cierto que, como establece la ley, la extracción del órgano debe realizarse sobre una persona con vida, desde la dimensión político criminal ni es necesario advertirlo en la ley –por resultar obvio de conformidad con la teoría del bien jurídico-, ni resulta conveniente de cara a la protección de las víctimas, pues bien puede suceder que el sujeto activo considere que no será sancionado por el delito al privar de la vida a la víctima para hacer la extracción del órgano una vez fallecida. De esta forma, sólo se coloca a las víctimas en una posición de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.

Observación 10

No contempla la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de experimentación biomédica.

La fracción XI del artículo 10 establece actualmente lo siguiente: “experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente ley. Al respecto, de conformidad con los instrumentos internacionales y la doctrina especializada, la fracción de referencia omite dos hipótesis que debieran ser incluidas en esta fracción:

1. Realización de ensayos clínicos,

2. Realización de ensayos farmacéuticos.

Por todo lo anterior, se propone una reingeniería legal al artículo 10, para señalar claramente lo que es el delito de trata de personas y lo que se entiende por explotación de una persona en sus diversas formas como: la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; el trabajo o servicio forzado; la mendicidad forzosa; la utilización de personas menores en actividades delictivas; el matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un menor y la separación de su madre; la extracción de un órgano tejido o su componente, célula o fluido humano, la realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos y el alistamiento de una personas menor de edad para un conflicto armado.  

Reforma al artículo 11. (Esclavitud)

El segundo párrafo del artículo 11 define a la esclavitud de la siguiente forma: “se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad”. Al respecto, es procedente realizar las siguientes observaciones:

a) La definición exige, sin fundamento, que para acreditarse el tipo penal de esclavitud, la víctima quede sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes. Es decir, que si debido a la conducta delictiva del explotador, la víctima queda sin capacidad de disponer libremente de su persona (vulnerándose así plenamente el bien jurídico), pero queda con capacidad de disponer de sus bienes, entonces no hay delito y la conducta quedará impune36.

b) La definición exige, sin fundamento, que para acreditarse el tipo penal de esclavitud, el sujeto activo ejerza sobre la víctima, de hecho, atributos del derecho de propiedad. Es decir, que deben ejercerse dos o más atributos de ese derecho y no sólo uno –como exigen los instrumentos internacionales -, de tal forma que bajo la redacción actual, si se ejerce uno de los derechos de propiedad sobre la víctima, la conducta –en estricto respeto al principio de legalidad- quedaría impune.

Con base en lo anterior, se reforma el artículo 11 para señalar que la esclavitud se entenderá como el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su persona o de sus bienes y se ejerza sobre ella, de hecho, uno o más atributos del derecho de propiedad.

Reforma al artículo 12. (Servidumbre)

El artículo 12 de la ley vigente define la servidumbre con base en dos hipótesis, clasificadas de la siguiente forma:

I. Por deudas,

II. Por gleba,

La subdivisión referida es acorde a los instrumentos internacionales en la materia, pero resulta incompleta, ya que no contempla la denominada servidumbre ritual o costumbrista, consistente en reducir a una persona a condición de siervo, sometiéndola a prácticas abusivas de corte religioso o costumbrista, que resulten inhumanas o degradantes, que puedan causar daño físico o psicológico.

Por lo anterior, se reforma el artículo 12 para adicionar que también se tendrá la condición de siervo la persona que sea sometida a prácticas religiosas o culturales abusivas, que resulten inhumanas o degradantes, y que puedan causar daño físico o psicológico.

Reforma al artículo 13.(Explotación)

El artículo 13 de la ley vigente establece:

“Sera sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

I. El engaño;

II. La violencia física o moral;

III. El abuso de poder;

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo”.

De la redacción reproducida se desprenden diversos defectos de redacción que serán subsanados en la propuesta de reforma, por ejemplo, “será sancionado (…) al que”; la pluralidad de las víctimas contempladas en el tipo, es decir, “una o más personas”, que como ya se advirtió anteriormente, puede generar impunidad al excluir la posibilidad de concurso ideal o real de delitos o, finalmente, hablar del sujeto pasivo en relación con “el activo”.

No obstante, lo que más interesa aquí es el fondo del asunto, es decir, los elementos del tipo penal que, como se apreciará a continuación, no se ajustan adecuadamente a los estándares internacionales:

a) El tipo penal exige, como elemento para configurar el delito, que el sujeto activo “se beneficie de la explotación”. Dicha circunstancia contraviene la esencia del objeto jurídico que se protege, pues la lesión al libre desarrollo de la personalidad se verifica al ser explotada la víctima, con independencia de que el agente se beneficie o no de la explotación señalada. Así, conforme a la redacción actual del artículo 13, el sujeto activo puede explotar sexualmente a la víctima y no ser sancionado en caso de no haber obtenido beneficio37.

b) Los medios comisivos, establecidos en el artículo 13, se repiten creando confusión al momento de ser aplicados por el operador jurídico. Así, por ejemplo, las hipótesis de la fracción V estarán siempre incluidas en la fracción II, es decir, la violencia física o psicológica, pues no puede concebirse un “daño grave o amenaza de daño grave” sin que se verifique violencia física o psicológica. Por lo que respecta a la fracción VI sucede lo mismo, pues no puede concebirse una amenaza cualquiera sin violencia física o moral. Finalmente, las fracciones III y IV (abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad), cubren el resto de la fracción VI referente a la situación migratoria o cualquier otro tipo de abuso.

c) El último párrafo del artículo 13 excluye a las personas que no tengan capacidad para resistir la conducta, de tal forma que el operador jurídico, indebidamente, se verá en la necesidad de acreditar los medios comisivos, cuando en realidad debiera ubicarse en la misma hipótesis planteada para los casos de personas menores de edad o quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, por lo que se considera que no debe ir este supuesto del segundo párrafo.

Con base en lo anterior, se reforma el artículo 13 para establecer que será sancionado quien mediante el engaño, la violencia física o psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, someta a una persona a explotación a través de la prostitución, pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad de carácter sexual y; se derogan las fracciones para ser integrados en el texto del tipo penal propio.

Reforma al artículo 14. (Explotación en la pornografía)

El artículo 14 de la ley vigente contempla el delito de explotación de la pornografía. La redacción típica resulta adecuada, salvo el problema generado por Integrar “el beneficio obtenido por parte del sujeto activo” como elemento del tipo. Al respecto, como ya se ha advertido anteriormente, el beneficio que se obtiene en la relación a las actividades ilícitas contempladas en esta ley, resultan independientes al acto de explotación, pues de cualquier forma el bien jurídico protegido resulta lesionado.

Con base en lo anterior, se propone la reforma al artículo 14 sancionar a quien someta a una persona para que realice actos pornográficos o produzca material o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.

Reforma al artículo 15. (Comercio con pornografía)

En torno al artículo 15 es procedente formular la misma crítica que en el caso anterior (artículo 14), en relación con el beneficio económico, insistiendo solamente, que el producto objeto del comercio debe tener su origen en la explotación de una persona. Así mismo, y con la finalidad de establecer claramente los verbos típicos que configuran el delito, es procedente incluir en la redacción las acciones consistentes en “enviar” y “exhibir”.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 15 únicamente en su primer párrafo, eliminando el beneficio económico para quedar que será sancionado quien comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule  u oferte libros, revistas, escritos, grabaciones, filmen, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio que tenga su origen en explotación de una persona.

Reforma al artículo 16. (Pornografía infantil)

En torno a la redacción actual del artículo 16, resulta necesario eliminar dos requisitos contemplados en el tipo para acreditar su comisión, que se encuentran en el primer párrafo del artículo:

1. Que el sujeto activo “se beneficie económicamente de la explotación de la persona”. Lo anterior, por las mismas razones expuestas en la propuesta de reforma al artículo 14, ya que la obtención del beneficio económico es independiente de la lesión al bien jurídico, por lo que en realidad constituye una agravante38.

2. “Con el objeto de producir material”. Es decir, que para lesionar el bien  jurídico, basta, por ejemplo, con inducir a la víctima a realizar actos de exhibicionismo corporal con el fin de videograbarlas, sin que sea necesario acreditar otro elemento subjetivo del tipo –tal y como exige hoy la redacción típica- en el sentido de que además deba comprobarse que el objeto de dicha grabación era “producir material”.

En torno a la derogación del segundo párrafo del artículo 16, ésta resulta indispensable, pues actualmente se contempla una doble agravación de la conducta, lo que resulta inaceptable de cara a la seguridad jurídica, pues dichas circunstancias que aumentan la punibilidad, ya se encuentran contempladas en el artículo correspondiente a las circunstancias generales de agravación de la pena.

Reforma al artículo 18. (Turismo sexual)

En torno a la redacción actual del artículo 18, cabe hacer las siguientes observaciones con la finalidad de justificar su reforma:

a) Establece correctamente, la finalidad de “realizar actos sexuales”; pero lo hace en plural, de tal forma que, objetivamente, excluye la punición de un sólo acto en lo individual.

b) Al establecer un sujeto activo “plural”, es decir, “una o más personas”, y un sujeto pasivo “plural”, es decir, “una o más personas menores de dieciocho años de edad”, excluye la agravación de la punibilidad de conformidad con las reglas establecidas en la propia Ley, así como las relativas al concurso de delitos establecidas en el Código Penal Federal.

c) Contempla, indebidamente, el “beneficio económico” como elemento del tipo, cuando tal y como ya se ha advertido, éste es independiente a la lesión del bien jurídico y por ello se traduce en ser una agravante en caso de que tal beneficio se verifique en el caso concreto.

Con base en lo anterior, se propone la reforma al artículo 18 para sancionar a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, que una persona viaje al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual, real o simulado con una persona menor de dieciocho años de edad, o con una persona que o tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo. Así mismo, se sanciona al cliente explotador que incurre en la conducta previamente descrita.

Reforma a los artículos 19 y 20. (Fraude laboral).

Quizás con la buena intención de proteger derechos de probables víctimas, pero con una deficiente técnica legislativa que genera duplicidad de sanciones, se tipificó en los artículos 19 y 20 de la ley general lo que en la doctrina se conoce como “fraude laboral”. Se trata, sin duda, de una conducta ilícita, pero que no está vinculada al fenómeno de la trata de personas, por lo que no es materia de la ley general objeto aquí de comentarios. Esto es así, pues cuando el sujeto activo comete una de las conductas relativas al fraude laboral, lesiona “los derechos de los trabajadores” y no el “libre desarrollo de la personalidad”, como sucede en los delitos objeto de esta ley.

Lo antes señalado debiera generar, de inmediato, la derogación de ambos artículos de la Ley General contra la Trata de Personas y la correspondiente tipificación de dichas conductas en el Código Penal39. No obstante, esto debe hacerse también tomando en consideración las siguientes observaciones de corte técnico, pues una vez analizados ambos artículos, se desprende que no sólo se refieren a otra materia –relativa a los derechos de las personas trabajadoras-, sino que algunas de las hipótesis ahí contempladas sí que están vinculadas a los delitos conexos a la trata de personas cuyas hipótesis y correspondientes sanciones ya se contemplan en la presente reforma, pero en otros apartados (por lo que se incurre indebidamente en una doble regulación), tal y como se advierte en las siguientes reflexiones:

1. El artículo 20 debiera ser derogado de inmediato, pues su redacción carece de sentido alguno. Primero, porque considera delito lo que en realidad constituye el libre ejercicio de la prostitución –por supuesto, no sometida a ningún tipo de explotación o sometimiento-. A ninguna otra conclusión puede llegarse después de la lectura de dicho artículo, pues por ningún lado se observan rasgos de explotación o sometimiento (no se exige engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o violencia, por ejemplo), e incluso el propio articulado sostiene la licitud del contrato al que expresamente se hace referencia. En realidad, esto sólo lleva a una confusión con consecuencias graves (pena de 5 a 10 años de prisión), tal y como acertadamente lo ha sostenido CEIDAS:

“El artículo 20 contempla una pena para aquel que obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II a VI del artículo anterior (19).

La presente disposición castiga la conducta de contratar a una persona para la realización de servicios sexuales, obteniendo un beneficio económico para sí o para un tercero, cuando esa contratación establezca la naturaleza, frecuencia y condiciones del servicio, así como las medidas en las que la persona podrá abandonar el lugar, tendrá libertad para dejar el trabajo y salir de su lugar de residencia, etc.
No es claro a qué se refiere la presente disposición con el uso de la frase contrate aun sea lícitamente, cuando el propio artículo 19, al que hace referencia, indica la prohibición de la realización de cualquiera de esas conductas. Pueden dársele diversas interpretaciones:

1. Que el término de licitud se refiera a efectuar la contratación obteniendo el consentimiento de la víctima, interpretación poco probable pues la misma Ley contempla más adelante que el consentimiento otorgado de la víctima no excluye de la responsabilidad del delito.

2. Que el término de ilicitud se refiera a efectuar la contratación sin haber hecho uso del engaño de la víctima, sino habiendo expuesto con toda claridad los términos de la contratación que se le ofrecía.

La segunda interpretación pudiese ser la más probable, pues el elemento del engaño es de los únicos que no está presente en el artículo 20 y sí en el 19, lo que hace pensar que es eso a lo que el legislador quiso referirse con licitud. Además de que sin esa diferencia ambos artículos estarían regulando, prácticamente, la misma conducta, lo que carece de sentido.

Esta reflexión demuestra la necesidad de que el presente artículo sea redactado en diferentes términos, no sólo para dotarlo de claridad en cuanto a las características exactas de las conductas que serán penadas y las que no, sino además también para aclarar qué diferencias hay entre la conducta que se castiga en el artículo 19 y la que se castiga en el 20, pues de lo contrario se estaría castigando dos veces el mismo delito”40.

Más graves resultan las confusiones en las que se han incurrido al redactar el artículo 19 de la ley vigente. Si se observa con atención, no sólo se abordan en dicha redacción hipótesis de “fraude laboral”, que tal y como ya se ha anotado aquí, debieran ser tipificadas como delito en el Código Penal y no en esta ley, debido a que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico diverso al libre desarrollo de la personalidad, en el caso, “los derechos de las personas trabajadoras”. Así, el artículo 19 contempla, indebidamente, hipótesis relativas al delito de trata de personas y conexos que ya se encuentran debidamente tipificados en la Ley, así como otros delitos tipificados en el Código Penal Federal, tal y como se observa a continuación:

Redacción actual del artículo 19:

“Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y le induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales”.

El primer problema que presenta el artículo 19 es que expresamente excluye los servicios sexuales de su redacción, para incorporarlos de inmediato en la primera fracción. No obstante lo anterior, si como se deriva del párrafo único del artículo 19 en relación con la fracción I, una persona ofrece a otra, mediante el engaño, un trabajo que comprenda la prestación de servicios sexuales, siendo que finalmente el trabajo no se adecúa a las circunstancias planteadas, nos encontraríamos ante un caso de trata de personas (la denominada trata fraudulenta), donde la acción dolosa consiste en “captar o enganchar”, el medio comisivo consiste en el “engaño”y el fin de explotación es de corte sexual, contemplada en el artículo 10 de la ley. A mayor abundamiento, si dicha actividad llegara a materializarse, se aplicarían las reglas del concurso real de delitos en relación con el artículo 13 de la Ley (explotación sexual).

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o

En el caso de que la acción dolosa del agente consista en engañar al sujeto pasivo en torno a la naturaleza, frecuencia y condiciones específicas del trabajo, la conducta podría ubicarse, bien como trata de personas con fines de trabajo o servicio forzado (hipótesis de engaño, de conformidad con la fracción II del artículo 22 de este proyecto), o bien como un delito de discriminación, tipificado en el artículo 149 Ter, Fracción II, del Código Penal Federal, hipótesis de “niegue o restrinja derechos laborales”.

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o

IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la realización de esas prácticas; o

V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a cambio de la realización de esas prácticas;

En torno a estas tres hipótesis referidas en el artículo 19, queda claro que nos encontraríamos, en el mejor de los casos, ante el delito de privación ilegal de la libertad, debidamente tipificado en el Código Penal Federal,  aunque seguramente estaríamos frente a un caso de trata de personas, en su modalidad fraudulenta, hipótesis de engaño, con fines de explotación en el trabajo o servicio forzado, servidumbre o esclavitud, por lo que su regulación en el artículo 19 resulta insostenible.

VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el acuerdo, el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada.

La hipótesis de la fracción VI resulta menos compleja de resolver, pues en tal caso nos encontramos claramente ante una caso de trata de personas, donde la acción dolosa consiste en captar, el medio es el engaño, y el fin es de explotación en la servidumbre (por deuda o por gleba); tal y como se desprende de las fracciones I y II del artículo 12 de la ley general vigente.

Lo aquí expuesto pone en evidencia que los artículos 19 y 20 carecen de sustento técnico y dogmático, reproducen lo ya contemplado en otros artículos de esta Ley y del Código Penal y sólo generan confusión al operador jurídico en agravio de los derechos de las víctimas, por lo que es procedente su derogación. Con base en lo anterior, se propone la derogación los artículos 19 y 20.

Reforma al artículo 21. (Explotación laboral)

El artículo 21de la ley vigente establece la denominada “explotación laboral”. En torno a las razones que fundamentan su derogación, véase la argumentación referente a “trabajo o servicio forzado” en el presente proyecto. Por lo anterior, se deroga el artículo 21.

Reforma al artículo 22. (Trabajo o servicio forzado)

En torno a la redacción actual del artículo 22º, es procedente realizar las siguientes observaciones que justifican su reforma:

a) De forma injustificada, la redacción del párrafo primero deja fuera la hipótesis de servicio forzado.

b) La fracción primera reproduce, injustificadamente, el uso de la fuerza en diversas hipótesis, generando confusión para el operador jurídico, y que en realidad se constriñen solamente a: amenaza, uso de la fuerza u otra forma de coacción,

c) La fracción primera establece como elemento del tipo “la fuerza de una organización criminal”, por lo que impide la agravación de la pena, conforme a las reglas establecidas en la propia ley, específicamente cuando se cometa por delincuencia organizada,

d) La fracción II reproduce, nuevamente, la amenaza como medio comisivo y no contempla el engaño, por lo que genera impunidad respecto de esta última hipótesis,

e) Conforme a las definiciones establecidas en la ley, la fracción III debiera señalar claramente “el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad”-sin especificar casos en concreto que dejen fuera otras modalidades- de tal forma que abarque cualquier situación cubierta por estas hipótesis.

f) La redacción actual no incluye la hipótesis relativa a la “concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”, en su calidad de medio comisivo, por lo que genera impunidad por lo que a esta modalidad se refiere.

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 22 para sancionar a quien someta a una persona a trabajo o servicio forzado o a una persona menor de 18 años de edad para alistarse en un conflicto armado41.

Hay trabajo o servicio forzado cuando los mismos se obtienen mediante:

I. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción a esa u otra persona;

II. El engaño;

III. El abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad o influencia sobre otra.

Reforma al artículo 24. (Explotación para la mendicidad)

En torno al artículo 24º de la Ley, cabe formular las siguientes observaciones que justifican su reforma:

a) El párrafo primero establece que comete este delito quien “utilice” a una persona y no, como debiera ser, quien “explote” a otra persona para realizar actos de mendicidad. El verbo explotar es más específico, pues como es de dominio público, utilizar a otro no se traduce, necesariamente, en someterlo, como siempre sucede en el marco de la explotación.

b) El párrafo segundo exige injustificadamente, como elemento del tipo, la obtención de un beneficio por parte del sujeto activo. Como ya se ha señalado reiteradamente, la obtención de tal beneficio es independiente de la lesión al bien jurídico protegido, por lo que, en realidad, obtener el beneficio resulta ser una agravante de la punibilidad y no un elemento del tipo básico.

c) Sin aparente justificación, el párrafo segundo no contempla como medio comisivo que el sujeto activo cometa el delito mediante el abuso de “una situación de vulnerabilidad”. Lo mismo sucede en la hipótesis de recurrir, para tales efectos, “a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”. De esta forma, se genera un amplio espectro de impunidad.

d) Sin fundamento alguno, el tipo penal establece la posibilidad de justificar la conducta del sujeto activo cuando el sujeto pasivo realice los actos de mendicidad “con su voluntad”. Esto no tiene sentido alguno y sólo genera confusión al operador jurídico que puede terminar perjudicando los derechos de la víctima. Esto es así pues, en realidad, en ningún caso puede considerarse que una víctima puede actuar voluntariamente, ni en este delito, y en ningún otro de los contemplados en la ley. Incluir el elemento “voluntad” en referencia a la víctima sólo puede generar confusión e impunidad.

e) Sin fundamento técnico aparente, el párrafo tercero establece la posibilidad de agravar dos veces la punibilidad, pues las hipótesis ahí señaladas ya se encuentran contempladas en el apartado correspondiente a las circunstancias que agravan la pena.

f) Sin razón alguna, el artículo de referencia no contempla la cláusula referente a que no se requerirá la comprobación de los medios comisivos cuando la víctima sea una persona menor de 18 años de edad o que no tenga capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o no tengan capacidad para resistirlo. De esta forma, sólo se genera impunidad en agravio de las víctimas.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 24 únicamente en sus dos primeros párrafos, para establecer que será sancionado quien explote a una persona para realizar actos de mendacidad, pero también a quien explote la mendicidad ajena, es decir, aquella que se realiza mediante el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, el abuso de poder, por ejercer influencia, por aprovecharse o abusar de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para pedir limosna.

Reforma al artículo 28. (Explotación en el matrimonio)

En torno al artículo 28 de la Ley, es procedente realizar las siguientes reflexiones de previas a su reforma:

a) No contempla el matrimonio con fines de embarazo forzoso, es decir, someter a una persona para contraer matrimonio con el fin de obligarla a embarazarse,

b) No contempla el matrimonio forzado con el fin de nacimiento de un hijo y separación de su madre.

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 28 para incluir el embarazo forzoso o el nacimiento de una hija o hijo y separación de su madre.

Reforma al artículo 30. (Explotación para extracción de órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano).

En torno al artículo 30 de la ley vigente, cabe formular las siguientes observaciones de cara a justificar su reforma:

a) La fracción X del artículo 10 contradice al artículo 30, al cual remite, pues aquella contempla el tráfico de órganos, mientras que éste tipifica la extracción de órganos.

b) El artículo 30 no contempla las hipótesis de extracción de “componente de un órgano” ni el “fluido humano”.

c) Indebidamente, se incluye como parte del tipo la obtención de un beneficio, cuando, en realidad, la explotación y lesión del bien jurídico se verifican aún sin beneficio alguno por parte del sujeto activo. Como ya se ha señalado con anterioridad, el beneficio –en caso de verificarse- debe ser considerado una agravante de la punibilidad y no un elemento del tipo.

d) La redacción actual incurre en una contradicción irresoluble, pues sanciona la extracción de los órganos ya referidos, pero deja abierta la posibilidad de excluir de responsabilidad penal al autor cuando éste haya dado su consentimiento, contraviniendo así la cláusula general establecida en la propia Ley que rechaza cualquier tipo de consentimiento otorgado por la víctima.

e) Sin razón alguna, vincula la realización del tipo penal a la ley general de Salud que regula un delito diferente (tráfico de órganos), incurriendo nuevamente en la posibilidad de excluir la responsabilidad penal al autor, en aquellos casos en los que la extracción se haya ejecutado incluyendo los procedimientos médicos lícitos. Eso es insostenible para los efectos de esta Ley, pues si el explotador ha sido lo debidamente diligente como para realizar la extracción de conformidad con los procedimientos médicos establecidos, ello no excluye ni el sometimiento ni la explotación realizada sobre la víctima.

Con base en lo señalado, se propone la reforma el artículo 30 para sancionar al que recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano.
Reforma al artículo 31. (Explotación para ensayos o experimentos biomédicos)

En torno al artículo 31, es procedente formular las siguientes observaciones con la finalidad de justificar su reforma:

a) Injustificadamente, el artículo 31 no contiene los medios comisivos relativos a la explotación humana, de tal forma que se sancionaría la aplicación de cualquier procedimiento, técnica o medicamento, siempre que –según la ley- no estuviese aprobado legalmente y que además contravenga las disposiciones legales en la materia. De esta forma se deja abierta una hipótesis demasiado amplia, violentando así la seguridad jurídica, pues el tipo no establece cuáles son esas disposiciones legales procedentes.

b) Mediante la cláusula señalada al final de la observación anterior, se abre la posibilidad de que, sin fundamento alguno, pueda justificarse la explotación de una persona si es que el procedimiento, técnica o medicamento está aprobado legalmente “y no contraviene las disposiciones legales en la materia”. Esto resulta insostenible, pues aún y cuando así fuese, debido al sometimiento de que es objeto la víctima, se lesiona el bien jurídico y se verifica la explotación.

c) La redacción actual impide, injustificadamente, la sanción por concurso de delitos, pues sanciona igual a quien incurra en la conducta sobre una persona o sobre un grupo de personas.

d) La redacción actual del artículo 31 no contempla las hipótesis de “ensayo o experimento”, clínico o farmacéutico42.

Por lo expuesto, se pretende reformar el artículo 31 para que se sancione a quien recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación, aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico.

Reforma al artículo 32. (Publicidad ilícita o engañosa)

En torno a la redacción actual del artículo 32, es procedente formular las siguientes observaciones de cara a justificar su reforma:

a) El artículo 32 sanciona a quien “contrate” la publicidad de referencia, sin especificar al respecto, cuál de las partes contratantes incurre en responsabilidad. Esto debe quedar claro, pues resulta ser que el sujeto activo debe realizar ese contrato con la finalidad de “promover o procurar” que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas. Así, este elemento subjetivo del injusto distinto al dolo, recae evidentemente en la persona que solicita dicha publicación, pues es ésta quien, a través de publicidad ilícita o engañosa, busca reclutar a futuras víctimas y no el medio de comunicación del cual se sirva el sujeto activo para hacer la publicación. De lo contrario, habría que obligar a todas los medios de comunicación (impresos, electrónicos o cibernéticos) a investigar previamente si el sujeto que solicita la publicación tiene o no un fin delictivo.

b) La redacción actual no específica qué debe entenderse por la expresión “directa o indirectamente”. En cualquier caso, esta afirmación sólo confunde al operador jurídico, además de resultar innecesaria, pues las reglas generales de autoría y participación establecidas en el artículo 13 del Código Penal Federal, resuelven dicho interrogante, en caso de que un sujeto realice directamente la conducta o se sirva de otra persona para cometerlo.

c) La redacción actual del artículo 32 impide la sanción por concurso de delitos, al contemplar con la misma pena la publicación de uno o más anuncios.

Es por lo anterior que se pretende, que en el artículo 32 se sancione a quien solicite, a cualquier medio impreso, electrónico o cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio que encuadre en cualquiera de los supuestos de publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente ley.

Reforma al artículo 36. (Divulgación de información reservada o confidencial)

La redacción actual del párrafo primero del artículo 36 resulta acertada, salvo por la expresión “sin motivo fundado”, que abre la posibilidad de excluir de responsabilidad penal a quien divulgue la información de referencia, aún y cuando ello no significa la configuración de una causa de justificación. Efectivamente, un “motivo fundado” no se traduce necesariamente en “justificación penal”, pues las denominadas causas de exclusión del delito se encuentran claramente definidas en el artículo 15 del Código Penal Federal.

Así, las causas de exclusión del delito operan aún y cuando no lo señale el tipo penal de referencia, de tal forma que resulta ocioso repetir –en cada tipo penal- “a quien sin motivo fundado o sin causa justificada”, pues será el juzgador quien determine, según los elementos de prueba, si existe o no dicha causa. Lo anterior, por supuesto, considerando siempre la cláusula general contemplada en el artículo 40 de la ley, referente a que en ningún caso será procedente excluir de responsabilidad penal al autor por consentimiento de la víctima.

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 36 para que además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se sancione a quien divulgue información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o vinculada con el Programa de Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos.

Reforma al artículo 42. (Agravación de la pena)

En torno a la redacción actual del artículo 42, es procedente formular las siguientes observaciones de cara a justificar su reforma.

a) Fracción II

La fracción II establece la agravación de la pena cuando “se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 13”. Al respecto, es necesario señalar que la violencia, intimidación o el engaño, son elementos del tipo de trata y de los delitos relacionados a ésta y que ya han sido incorporados a la redacción de los delitos en este proyecto.

Si bien es cierto en la ley vigente no se optó por no incorporarlos en el tipo penal – por ejemplo la trata de personas del artículo 10- dicha decisión se tomó para supuestamente “facilitar” la integración del tipo penal, pero ello no significa que en los casos de trata no exista –en la realidad- la utilización de un medio comisivo como los señalados, pues sólo así puede entenderse el sometimiento que se ejerce sobre la víctima.

Conforme a lo anterior, considerando incluso la redacción actual de la Ley, se estaría sancionando doblemente al sujeto activo, pues no puede entenderse el delito de trata de personas sin la utilización de un medio comisivo que, más adelante, la propia ley considera como agravante. Esto se traduciría en que, en la práctica jurídica, todos los delitos de trata o conexos serían agravados.

No sucede lo anterior con la hipótesis de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que al no constituir un elemento del tipo, sí pueden agravar la punibilidad en caso de verificarse. En lo referente a la hipótesis de “fanatismo religioso”, se ha contemplado su tipificación expresa en este proyecto de reforma, de tal forma que no se justifica su incorporación en la ley en calidad de agravante.

Muy importante resulta la exclusión, en esta fracción segunda, de la hipótesis que agrava la pena cuando se utilice “la privación de la libertad”. Esta referencia, contenida en la legislación actual, debe ser eliminada en su calidad de agravante, pues la privación de la libertad de la víctima es, en realidad, un nuevo delito que debiera sancionarse junto con el tipo penal de trata o conexo con base en las reglas del concurso real o ideal de delitos. Considerar la privación de la libertad de la víctima como una agravante y no como un delito, se traduce en impunidad, pues la punibilidad por agravación de la pena es menor que aquella impuesta con base en las reglas del concurso de delitos, tal y como se propone aquí.

b) Fracción IV.

La redacción vigente de la ley, contempla la agravación de la pena cuando “el delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia”. Si bien es cierto el ánimo del Poder Legislativo fue sancionar de forma más grave al autor cuando se verifique la hipótesis antes señalada, también es cierto que ello debiera hacerse considerando dicha puesta en peligro de la vida como una tentativa de delito y no sólo como una agravante. Así, tal y como se advirtió en torno a la fracción segunda del presente artículo, poner en peligro la vida de la víctima debe ser considerando un delito de homicidio en grado de tentativa que habrá de ser sancionado conforme a las reglas del concurso real o ideal de delitos, correspondiendo de esta forma una pena mayor en comparación con su consideración como agravante.

c) Fracción V

Algo similar a lo antes señalado sucede con la redacción de la fracción V que actualmente establece: “el delito cause la muerte o el suicidio de la víctima”. Sin duda, agravar la pena cuando la víctima se suicide resulta del todo correcto. No sucede esto cuando el delito “cause la muerte de la víctima”, pues en este caso debe sancionarse al autor por concurso de delitos, es decir, por el delito de trata o conexo y por homicidio. Así, considerar la muerte de la víctima como una agravante y no como un delito de homicidio, beneficia al sujeto activo, pues la pena resulta menor cuando se sanciona con una circunstancia agravante y no por un nuevo delito, es decir, el homicidio de la víctima. 

d) Fracción VI

La fracción VI establece la agravación de la pena cuando se “cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA”. Al respecto, debe establecerse la hipótesis de “contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual” sin necesidad de especificar cuál pueda ser ésta, así como eliminar las hipótesis relativas a “causar daño o lesiones graves”, toda vez que éstas constituyen delitos en sí mismas, por lo que debieran aplicarse las reglas del concurso de delitos, ya sea real o ideal, tal y como se ha expuesto en las propuestas de reforma de las fracciones anteriores del artículo 42.

e) Fracción VII

La fracción VII establece la agravación de la pena cuando “el delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no tenga capacidad para valerse por sí misma”. Al respecto, es necesario realizar un ajuste, no sólo en la redacción que genera confusión, sino también en la terminología empleada que no es acorde a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia.

Por otro lado, la redacción actual deja fuera la hipótesis de agravación de la pena, cuando la víctima sea una persona que no tenga la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o no tenga capacidad para resistir la conducta. Y es que esta última hipótesis se limita, en la ley actual, a “personas de la tercera edad que no tengan capacidad de valerse por sí mismas”, dejando fuera del ámbito de protección de la norma a quienes no sean personas adultas mayores.

Así, la redacción que aquí se propone, se ajustaría debidamente quedando como sigue:

El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o psicológica, persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo;

f) Fracción X

La redacción actual de la fracción X establece la agravación de la pena en referencia al sujeto activo. Al respecto, resulta necesario reformar el inciso “e”, que actualmente contempla la agravación de la pena cuando el sujeto activo “sea funcionario público”, y sustituirla por “servidor público”.

En lo referente a la fracción X inciso “f”, que actualmente establece la agravación de la pena cuando el autor  “haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas”, resulta necesario adicionar a dicha redacción actual que tal hipótesis será válida, también, cuando los delitos de referencia hayan sido cometidos “dentro o fuera del territorio nacional”, tal y como se desprende de las recomendaciones internacionales en la materia43.

Por otro lado, de la redacción contenida actualmente en la fracción X del artículo 42, no se desprenden diversas hipótesis de agravación de la pena que resulta indispensable incluir de cara a la protección integral de las víctimas en su calidad de titulares del bien jurídico protegido, como son las aquellas en las que el sujeto activo del delito:

1. Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica44,

2. Sea miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas del delito,

3. Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la víctima mientras ésta era sometida a cualquiera de los delitos objeto de esta Ley,

4. Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico.

Efectivamente, cada una de las hipótesis de agravación de la pena referidas con anterioridad, dota al sujeto activo de una mayor capacidad criminal, o bien, vulneran de forma aún más grave el libre desarrollo de la personalidad de la víctima. Así, por ejemplo, cuando el autor de delito se sirve para la comisión del delito de una persona jurídica (empresa de transporte, de modelaje, de masajes, restaurante o casa de cambio, por ejemplo), tiene a su favor toda una estructura que le facilita la comisión del delito, le dota de una mayor capacidad de vulneración de los bienes jurídicos de las víctimas e incluso le permite resguardarse con la “fachada” que le otorga la persona jurídica de referencia45.

Algo similar sucede cuando el agente es miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas del delito. En casos como éste, la pena debe agravarse debido a la posición que el agente ocupa al momento de la comisión del delito, pues su calidad de miembro del refugio, por ejemplo, le permite acceder fácilmente a las víctimas. Así, no sólo utilizando su posición y experiencia que en la materia le otorga su labor en el refugio, sino aprovechando la situación de indefensión en la que se encuentra la víctima del delito, es que se genera un estado de mayor lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido y, por ello, el agente merece mayor pena46.

En lo referente a la hipótesis de agravación de la punibilidad para aquellos casos en los que el sujeto activo haya, por ejemplo, tomado imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta ley (por ejemplo, explotación sexual), dicha agravante se justifica por generar una vulneración más grave al libre desarrollo de la personalidad y a la propia imagen de la persona humana47.

Finalmente, de conformidad con los argumentos ya referidos a lo largo de la presente propuesta y en armonía con las reformas formuladas a los tipos penales objeto de esta ley, resulta indispensable adicionar a la fracción X del artículo 42, la agravante consistente en cometer el delito con el fin de obtener un beneficio económico48. Efectivamente, tal y como ya se sostuvo en su momento, cuando el sujeto activo realiza la conducta con la finalidad de obtener dicho beneficio debe agravarse la punibilidad, pues dicho ánimo no puede ser un elemento del tipo, ya que la vulneración al libre desarrollo de la personalidad se verifica en todos los casos, independientemente de que se busque y se obtenga o no el beneficio de referencia.

En este sentido, resulta destacada la opinión de Pérez Alonso, cuando al analizar este eje temático advierte:

Por ello, cabría plantearse que no deja de resultar sorprendente que esa finalidad económica no se haya tenido en cuenta como un elemento esencial en el concepto de trata que ofrece el Protocolo. Podría pensarse que esa carencia no es tal realmente, en la medida que el ánimo de lucro es un elemento implícito en el concepto de trata, que no necesita ser descrito ni tan siquiera en su definición. Pero este argumento no resulta del todo convincente, puesto que hay supuestos de trata en que no está presente la finalidad económica, sino cualquier otra. Por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual que desgraciadamente se ha producido en muchas guerras. Dicha trata es la antesala de la verdadera esclavitud sexual, en la que no media móvil económico, sino tratar a la mujer como objeto de satisfacción y desahogo sexual. Esto fue lo que hicieron los soldados japoneses con las llamadas “mujeres de solaz”. Con ello, parece que la única forma de tomar en consideración el ánimo de lucro, de forma razonable, además, sería a través de una circunstancia de agravación de la pena correspondiente al delito de trata49.

Con base en lo anterior, se propone la reforma el Artículo 42 para reformar algunas de las fracciones e incisos, con el fin de que las penas previstas se agraven cuando:

• Se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las últimas tres hipótesis aquí señaladas, no surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo 12, fracción III.

• El delito cause el suicidio de la víctima;

• El delito cause enfermedades psicológicas, físicas, adictivas o psiquiátricas, o se contagie de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima;

• El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o intelectual, persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor, o persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. En los casos de los artículos 16 y 18 de la presente Ley, no surtirá efectos la agravación de la pena para aquellos casos en que la víctima sea una persona menor de edad, o persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo.

• Cuando el autor del delito:

- Sea servidor público;

- Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas, dentro o fuera del territorio nacional

- Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica;

- Sea miembro de un refugio, albergue, casa de medio camino, centro de atención a víctimas del delito o forma parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito;

- Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta Ley;

- Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico.

Artículo 44. (Fondo) Se debe derogar por estar contemplado, de forma más generosa, en el Ley General de Víctimas, en relación con el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales50.
Artículo 45.(Consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales).Se debe derogar por reproducir -de forma distorsionada y parcialmente- el artículo 11 del Código Penal Federal y porque su contenido queda cubierto por el ordenamiento antes citado y por la Ley de Extinción de Dominio.

Artículo 46. (Consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales). Se debe derogar toda vez que su contenido es intrascendente y su contenido se encuentra cubierto por el artículo 11 del Código Penal Federal.

Artículos 59 a 82 (De la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas).Deben derogarse pues su contenido se contempla ya, de forma más generosa, en la Ley General de Víctimas, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De hecho, por ejemplo, los artículos 65 y 68 regulan prácticamente lo mismo, situación que también sucede con los artículos 69 y 65 fracción II. Este fenómeno se verifica también con los artículos 73 y 66 fracción V. Lo mismo sucede con el 82 y el 48, así como con el 89 fracción III y el 10351.

Reforma a los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 (Relativos a la Comisión Intersecretarial).

El artículo 84 establece las bases, objetivos y funcionamientos de la Comisión Intersecretarial. Esta figura fue retomada de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del año 2007, abrogada por la Ley General en vigor, pero sin haber ajustado el articulado correspondiente de cara a situarlo en armonía con los alcances que tiene una Ley General. Es por ello que la reforma en este ámbito es imprescindible, de tal forma que el contenido de la Ley General se adecúe a la aplicación que de la misma hace no sólo el ámbito federal, sino también el relativo a las entidades federativas.

Por lo anterior, se propone la reforma al artículo 84 y demás relativos a la comisión intersecretarial, para quedar como sigue:

Artículo 84. El gobierno federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, establecerán, cada uno, una comisión intersecretarial en materia de trata de personas, que tendrá por objeto:

I. Definir y coordinar la implementación de una política contra la trata de personas;

II. Impulsar y coordinar, en su ámbito de competencia, la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley;

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias o áreas afines:

I. (…)

II. (…)

III. (…)

IV. (…)

V. (…)

VI. (…)

VII. (…)

VIII. (…)

IX. (…)

X. La Procuraduría;

XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Procuraduría o Institución de Atención a Víctimas;

XIII. Instancia de atención las Mujeres;

XIV. Instituto de Migración;

XV. Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales;

XVI. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 86. (…)

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los Congresos Locales o Asamblea Legislativa;

II. Un representante del Poder Judicial;

III. Un representante del Poder Ejecutivo Estatal;

IV. Un representante de una organización municipal;

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos;

VI. Un representante del Consejo de Población;

VII. Un  representante de una organización dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos;

VIII. Se deroga;

IX. Se deroga;

X. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de trata de personas;

XI. Un experto académico con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de personas.

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación o Gobierno.

La Comisión, contará con una Secretaría Técnica, cuyo responsable será designado por el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación o área similar tratándose la Secretaría de Gobierno en los Estados y Distrito Federal.

Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:

I. (…)

II. Elaborar el Programa Contra la Trata de Personas, que contendrá la política criminal en relación a los delitos objeto de esta Ley.

Este Programa deberá contener, como mínimo, el objetivo general, las estrategias, indicadores, metas específicas y políticas en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos objeto de esta Ley, así como lo relativo a la protección de los derechos de las víctimas y su debida atención, en armonía con la Ley General de Víctimas. Elaborará, asimismo, su propio presupuesto.

III. Establecer las bases para la coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno, según corresponda, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y aplicación del Programa contra la Trata de Personas.

IV. (…)

a) Elaborar el Programa;

b) (…)

c) (…)

d) (…)

V. (…)

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en esta Ley y otros ordenamientos relacionados con la materia de seguridad, transito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como para la detección de víctimas o posibles víctimas y para implementar medidas que impidan la operación de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que afecten especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

VII. (…)

VIII. (…)

IX. (…)

X. (…)

XI. (…)

XII. (…)

XIII. (…)

XIV. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, que será incorporado en los apartados y acciones correspondientes en los presupuestos de las dependencias que integran la Comisión, así como de otras que cuenten con facultades en relación con la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata, así como de aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas.

Dicha propuesta presupuestal deberá contemplar lo relativo al desarrollo y ejecución del Programa Nacional, indicando el monto necesario para la realización de las acciones establecidas para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley. En ningún caso el presupuesto podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

Reforma al Artículo 89. (Obligaciones de las dependencias integrantes de la comisión)

Además de los ajustes que necesariamente deben realizarse a este artículo, por tratarse de una ley general, es importante destacar que las fracciones I, VI, X, XI, XII y XIV deben reformarse para adecuarse al ámbito de competencia de las distintas Comisiones, ya sea la Federal o Estatales, considerando que puede o no existir en el ámbito estatal los mismos órganos o entidades. Asimismo, la fracción XV debe actualizarse a la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues aún se contempla en la ley de trata de personas a los Agentes Federales de Investigación, pero también para incluir en los modelos de capacitación en materia de trata de personas y delitos conexos, a los peritos, grupo de expertos en diversas materias (como psicología o medicina forense, por ejemplo), que actualmente no se contempla en la Ley y compartir estos modelos de capacitación con el resto de institutos y academias vinculadas la seguridad pública y procuración de justicia del país. De conformidad con lo expuesto, se proponen las reformas al artículo 89.

Reforma a los Artículos 90, 92 y 93.

Artículo 90. La Comisión se coordinará con las instancias correspondientes, con la finalidad de diseñar todas y cada una de las políticas necesarias para la debida atención de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, en armonía con los estándares señalados por la Ley General de Víctimas

Artículo 92.La Comisión diseñará el Proyecto del programa contra la trata de personas, que definirá la política que deberán aplicar los tres órdenes de gobierno frente a los delitos contemplados en esta Ley, en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de Víctimas, el cual contendrá, como mínimo, los siguientes rubros:

I. a X. …

Artículo 93. (…)

La comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por el Programa contra la trata de personas.

(Se deroga)

Artículo 106. (Prohibición de publicidad que promueva los delitos objeto de la ley).

El artículo 106 de la ley establece actualmente lo siguiente: “Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento”. Como se observa, con el ánimo positivo de generar condiciones para prevenir la victimización, el Legislador creó una hipótesis muy amplia referida a la conducta que se quiere prevenir, prohibiendo su materialización y sin contemplar consecuencia alguna.

En realidad, las hipótesis delictivas que pudieran configurarse con base en la redacción anterior, ya se encuentran tipificadas en el primer apartado de la ley. Esto se traduce, primero, en que no es necesario contemplar aquí una posible conducta prohibida que ya se encuentra debidamente regulada en este ordenamiento y que además, como se observa, ni siquiera contiene consecuencia jurídica alguna para quien la infrinja. A mayor abundamiento, resultan esclarecedoras las reflexiones formuladas por CEIDAS en torno a esta disposición:

“Además, la vaguedad de la disposición en comento puede resultar grave y violatoria de disposiciones constitucionales e internacionales si se le analiza a la luz de la libertad de expresión. Esto, pues al encontrarse la prohibición redactada en términos tan escuetos, la autoridad puede abusar de ella y utilizarla para censurar contenidos mediáticos que considere fomentan la trata de personas y delitos similares. Esta disposición no debe analizarse sin tomar en cuenta el artículo 32, antes atendido, que se refiere a la misma cuestión, estableciendo la pena para el que “en cualquier medio impreso, electrónico, o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley. Como se advierte, el artículo 32 contempla más elementos descriptivos sobre las características de la publicidad que está prohibida, señalando que deberá facilitar, promover o procurar que se cometa el delito, no únicamente propiciarlo”52.

En todo caso, esta disposición podría ser sustituida por otra que establezca una medida preventiva de corte ético-social, con la finalidad de alertar a los medios de comunicación de las medidas preventivas que debieran asumir para evitar ser utilizados como medio para la comisión de un delito vinculado a la trata de personas.

Lo antes señalado tiene un basamento muy firme en los instrumentos internacionales, con especial referencia al Manual para Parlamentarios elaborado por la ONU, el cual establece claras directrices al respecto del papel que debieran jugar los medios de comunicación en la lucha contra la trata de personas:

“Los medios informativos pueden ser útiles para sensibilizar a las poblaciones nacionales sobre la trata de personas y fomentar la comprensión del fenómeno. Eso medios, entre ellos la televisión, la radio y los periódicos, han ayudado a difundir información sobre la trata de personas. Algunos gobiernos han incorporado los medios de información en sus políticas de prevención de la trata de personas para fomentar la sensibilización del problema”53

En armonía con lo señalado y de conformidad con las recomendaciones del referido instrumento, “además de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, es importante sensibilizarlas sobre la cuestión y alentarlas a que elaboren normas éticas y códigos de conducta que impongan una política de tolerancia nula frente a cualquier forma de trata de personas y, en particular, la trata de niños”54:

Al firmar los principios éticos de Atenas55, las empresas se comprometen a lo siguiente:

1. Demostrar explícitamente una posición de tolerancia nula frente a la trata de personas, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual,

2. Contribuir a la prevención de la trata de personas, incluso mediante campañas de toma de conciencia y educación,

3. Elaborar una estrategia empresarial en la que se enmarque una política de lucha contra la trata de personas que abarque todas las actividades empresariales,

4. Asegurar que el personal aplique plenamente la política de la empresa para combatir la trata de personas,

5. Alentar a los asociados comerciales, incluidos los proveedores, a que apliquen principios éticos para combatir la trata de personas

De conformidad con lo hasta ahora señalado, es procedente reformar el artículo 106 vigente, con la finalidad de fortalecer los criterios de prevención social del delito de trata de personas, pero no con una perspectiva punitiva y deficiente desde la perspectiva técnica, sino abordando este desafío desde la dimensión ético-social. Así, se propone la reforma del artículo 106 para establecer que los medios de comunicación impulsarán las medidas, esquemas y programas necesarios de cara a prevenir que sean utilizados, mediante publicidad o inserciones pagadas, para cometer cualquier de los delitos objeto de esta Ley. Así mismo, diseñaran códigos de conducta, conforme a los cuales capacitarán a su personal, de cara a prevenir cualquier conducta ilícita vinculada a la trata de personas.

Asimismo, se señala expresamente que la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, implementará las medidas necesarias para vigilar el debido cumplimiento de esta disposición.

Por los argumentos anteriores, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: Se reforma la denominación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para quedar como “Ley General Contra la Trata de Personas”;  la fracción V del artículo2o; el primer párrafo del artículo 3o; las fracciones II, VI, VII, VIII, X, XV, XVI y XVII en su inciso b), todo del artículo 4o; los artículos 8o y 9o; el artículo 10 primer párrafo, así como sus fracciones IX, X y XI; los artículos 11, 13, 14 y 15; el primer párrafo del artículo 16; el primer párrafo del artículo 18; el artículo 22; los párrafos primero y segundo del artículo 24; la fracción II del artículo 28; los artículos 30, 31, 32 y 36; el artículo 42 en sus fracciones II, V, VI, VII y X en sus incisos e) y f); el artículo 84;las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 85; el primer párrafo y las fracciones I, II, IV, V, VI, VII,IX, X y XI del artículo 86;el artículo 87; las fracciones II, III, IV inciso a), VI y XIV del artículo 88; las fracciones I, VI, VII, X, XI, XII, XIV y XV del artículo 89, 90, 92, 93 y 106; Se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3o; la fracción XVIII al artículo 4o; las fracciones VI y VII al artículo 7o; un segundo párrafo al artículo 10, recorriéndose el actual segundo para ser párrafo tercero, así como una fracción XII al mismo artículo; una fracción III al artículo 12; un segundo párrafo al artículo 18; los incisos g), h), i) y j) a la fracción X del artículo 42; las fracciones XVI y XVII al artículo 85;Se derogan las fracciones III y IV del artículo 2o; la fracción XI y el inciso h de la fracción XVII, ambos del artículo 4o; la fracción IV del artículo 10; el segundo párrafo del artículo 13; el segundo párrafo del artículo 16, pasando el actual tercero a ser segundo párrafo; 19, 20 y 21; el inciso a) de la fracción X del artículo 42; los artículos 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82; las fracciones III y VIII del artículo 86,todos de la actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

LEY GENERAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:

I. …

II. …

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas de los delitos tipificados en esta ley.

VI. …
Artículo 3o.La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; así como el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios, instrumentos y criterios:

I a XI. …

XII. Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. La conducta sexual anterior de la víctima es irrelevante a los fines de probar que la víctima ejercía un tipo de comportamiento sexual determinado o demostrar su predisposición sexual. Así mismo, serán irrelevantes cualesquiera otras consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la víctima.

XIII. Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

XIV. Promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional para alcanzar los objetivos de la Ley.

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. …

II. La Ley: Ley General contra la Trata de Personas

III. a V. …

VI. La Secretaría: La Secretaría de Gobernación o de Gobierno;

VII. La Procuraduría: La Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía del Estado o del Distrito Federal.

VIII. La Comisión: La Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas, la Comisión Intersecretarial del Estado o del Distrito Federal.

IX. …

X. El Programa: El Programa en Materia de Trata de Personas Nacional o Estatal.

XI. Se deroga.

XII. a XIV. …

XV. Publicidad ilícita. Para los efectos de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice dolosamente para la comisión de un delito en materia de trata de personas.

XVI. Publicidad engañosa. Para los efectos de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que, dolosamente y por cualquier medio, haga incurrir en error a una víctima o probable víctima, como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, de la información que transmite o como consecuencia de la omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar, reclutar o enganchar a una persona con el fin de cometer en su contra cualquier delito materia de esta Ley.

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la conducta o servicio que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:

a)…

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la condición de trata de personas establecida en esta Ley y delitos relacionados, o

c) a g). …

h) Se deroga.

XVIII. Trabajo o servicio forzoso: Todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una sanción o pena cualquiera y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente.

Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

I. a V. …

VI. Tratándose de personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o que no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá la comprobación de los medios comisivos de los delitos contemplados en la presente Ley.

VII. Las policías y el ministerio público considerarán un tiempo de espera, reflexión y estabilización de la víctima, con la finalidad de que ésta se recupere física y emocionalmente de los daños causados y se encuentre en condiciones de rendir declaración ante la autoridad. El tiempo de espera, reflexión y estabilización podrá extenderse hasta el término de tres meses contados a partir del momento en que la víctima es rescatada, debiéndose iniciar de forma inmediata su proceso de atención en todas las dimensiones necesarias para su debida recuperación.

En caso de que la víctima sea persona extranjera, ésta no podrá ser repatriada a su país de origen o cualquier otro, debiéndose iniciar el proceso de recuperación previsto en el párrafo anterior; igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas para dicho propósito.

Artículo 8o. Los delitos materia de esta Ley no prescriben.

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos, y sanciones de los delitos materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las leyes relacionadas con la materia objeto de este ordenamiento.

Artículo 10. Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue u oculte a una persona, ejerciendo dirección o influencia sobre sus movimientos, o recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra forma de coacción, al engaño o la seducción, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de un pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fin de explotación.

Al responsable del delito de trata de personas se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley.

Se entenderá por explotación de una persona:

I a III. …

IV. Se deroga.

V. a VIII. …

IX. El matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un niño y la separación de su madre, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la hipótesis de explotación prevista en el artículo 29;

X. Extracción de un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano, en los términos del artículo 30 de la presente Ley;

XI. La realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley;

XIII. El alistamiento de una persona menor de dieciocho años para un conflicto armado; en los términos del artículo 22 de la presente Ley.

Artículo 11. Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su persona o de sus bienes y se ejerzan sobre ella, de hecho, uno o más de los atributos del derecho de propiedad.

Artículo 12.  …

Tiene condición de siervo:

I. y II. …

III. Se le someta a prácticas religiosas o culturales abusivas, que resultan inhumanas o degradantes, y que puedan causar daño físico o psicológico.

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien mediante el engaño, la violencia física o psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, someta a una persona a explotación a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad de carácter sexual.

Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien someta a una persona para que realice actos pornográficos o produzca material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.

Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio que tengan su origen en la explotación de una persona.

Artículo 16. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, quien procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el fin de videograbarlas, audiograbarlas, fotografiarlas, filmarlas, exhibirlas o describirlas a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos, por cualquier medio de comunicación, telecomunicaciones o cualquier otra de naturaleza similar.

Se impondrá las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arrende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.

Artículo 18. Se impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, que una persona viaje al interior o exterior del territorio nacional  con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual, real o simulado, con una persona menor de dieciocho años de edad, o con una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo.

La misma pena se impondrá a quien viaje al interior o exterior del territorio nacional  con la finalidad de realizar cualquier tipo de acto sexual, real o simulado, con una persona menor de dieciocho años de edad, o con una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo.

Artículo 19. Se deroga.

Artículo 20.Se deroga.

Artículo 21.Se deroga.

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien someta a una persona a trabajo o servicio forzado o a una persona menor de 18 años de edad para alistarse en un conflicto armado.

Hay trabajo o servicio forzado cuando los mismos se obtienen mediante:

I. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción a esa u otra persona;

II. El engaño;

III. El abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad o influencia sobre otra.

Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, quien explote a una persona para realizar actos de mendicidad.

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, someter a una persona mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, el abuso de poder, por ejercer influencia, por aprovecharse o abusar de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para pedir limosna.

Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, a quien:

I. …

II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla, someterla a esclavitud o prácticas similares, embarazo forzoso o el nacimiento de una hija o hijo y separarle de su madre.

III. …

Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano.

Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación, aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico.

Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a un mil días multa a quien solicite, a cualquier medio impreso, electrónico o cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio que encuadre en cualquiera de los supuestos de publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente ley.

Artículo 36. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se aplicará pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días multa a quien divulgue información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o vinculada con el Programa de Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos.

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, del poder judicial o labore en cualquiera de estas instancias aún y cuando no pertenezca a éstas, la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil días multa.

Artículo 42. Las penas previstas en este título se aumentarán hasta en una mitad cuando:

I. …

II. Se utilice tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las últimas tres hipótesis aquí señaladas, no surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo 12, fracción III.

III. …

IV. Se deroga.

V. El delito cause el suicidio de la víctima;

VI. El delito cause enfermedades psicológicas, físicas, adictivas o psiquiátricas, o se contagie de cualquier infección de transmisión sexual a la víctima;

VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o intelectual, persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor, o persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. En los casos de los artículos 16 y 18 de la presente Ley, no surtirá efectos la agravación de la pena para aquellos casos en que la víctima sea una persona menor de edad, o persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la agravación de la pena sí procederá en los casos de los artículos 16 y 18, cuando la víctima sea una persona menor de 6 años de edad.

VIII. y IX. …

X. Cuando el autor del delito:

a) Se deroga.

b) a d) …

e) Sea servidor público;

f ) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas, dentro o fuera del territorio nacional;

g) Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica;

h) Sea miembro de un refugio, albergue, casa de medio camino, centro de atención a víctimas del delito o forma parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito;

i) Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta Ley; o

j) Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico.

Artículo 44. Se deroga.

Artículo 45. Se deroga.

Artículo 59. Se deroga.

Artículo 60. Se deroga.

Artículo 61. Se deroga.

Artículo 62. Se deroga.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. Se deroga.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 66. Se deroga.

Artículo 67. Se deroga.

Artículo 68. Se deroga.

Artículo 69. Se deroga.

Artículo 70. Se deroga.

Artículo 71. Se deroga.

Artículo 72. Se deroga.

Artículo 73. Se deroga.

Artículo 74. Se deroga.

Artículo 75. Se deroga.

Artículo 76. Se deroga.

Artículo 77. Se deroga.

Artículo 78. Se deroga.

Artículo 79. Se deroga.

Artículo 80. Se deroga.

Artículo 81. Se deroga.

Artículo 82. Se deroga.

Artículo 84. El gobierno federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, establecerán, cada uno, una comisión intersecretarial en materia de trata de personas, que tendrá por objeto:

I. Definir y coordinar la implementación de una política contra la trata de personas;

II. Impulsar y coordinar, en su ámbito de competencia, la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley;

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias o áreas afines:

I. a IX. …

X. La Procuraduría;

XI. La Secretaría de Economía;

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XIII. Procuraduría o Institución de Atención a Víctimas;

XIV. Instancia de atención las Mujeres;

XV. Instituto de Migración;

XVI. Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales;

XVII. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 86. Podrán participar en las reuniones de la Comisión con voz, pero sin voto:

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los Congresos Locales o Asamblea Legislativa;

II. Un representante del Poder Judicial;

III. Se deroga;

IV. Un representante de una organización municipal;

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos;

VI. Un representante del Consejo de Población;

VII. Un representante de una organización dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos;

VIII. Se deroga;

IX. Un miembro de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas;

X. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de trata de personas;

XI. Un experto académico con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de personas.

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación o Gobierno.

La Comisión, contará con una Secretaría Técnica, cuyo responsable será designado por el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación o área similar tratándose la Secretaría de Gobierno en los Estados y Distrito Federal.

Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:

I. …

II. Elaborar el Programa Contra la Trata de Personas, que contendrá la política criminal en relación a los delitos objeto de esta Ley.

Este Programa deberá contener, como mínimo, el objetivo general, las estrategias, indicadores, metas específicas y políticas en materia de prevención –incluyendo la desincentivización de la demanda-, investigación y persecución de los delitos objeto de esta Ley, así como lo relativo a la protección de los derechos de las víctimas y su debida atención, en armonía con la Ley General de Víctimas. Elaborará, asimismo, su propio presupuesto.

III. Establecer las bases para la coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno, según corresponda, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y aplicación del Programa contra la Trata de Personas.

IV. …

a) Elaborar el Programa;

b) a d)…
V. …

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de programas para reducir la demanda que alimenta la trata de personas, asistencia inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en esta Ley y otros ordenamientos relacionados con la materia de seguridad, transito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como para la detección de víctimas o posibles víctimas y para implementar medidas que impidan la operación de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que afecten especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

VII. a XIII. …

XIV. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, que será incorporado en los apartados y acciones correspondientes en los presupuestos de las dependencias que integran la Comisión, así como de otras que cuenten con facultades en relación con la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata, así como de aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas.

Dicha propuesta presupuestal deberá contemplar lo relativo al desarrollo y ejecución del Programa Nacional, indicando el monto necesario para la realización de las acciones establecidas para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley. En ningún caso el presupuesto podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

XV …

Artículo 89. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:

I. La Secretaría coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en materia de las políticas públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos previsto en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas de este delito.

II. a V. …

VI. La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación o Gobierno, diseñará módulos de educación sexual integral y prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la educación básica y media.

VII. La Secretaría de Salud garantizará y dará prioridad, de forma completamente gratuita, a la debida atención física, psicológica y psiquiátrica de las víctimas y sobrevivientes que se encuentren en los albergues, casas de medio camino y centros de atención a víctimas de los delitos previstos en esta Ley. Así mismo, diseñará una estrategia para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa la comisión de estos delitos y promoverá modelos de reeducación para consumidores de servicios sexuales.

VIII y IX. …

X. La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención de la trata de personas y de delitos conexos, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social. Así mismo, promoverá en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las políticas públicas necesarias para la prevención e investigación del delito. Además, se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad de dar seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellas personas detenidas y consignadas por la comisión de delitos en materia de trata de personas. Finalmente, será responsable de establecer una Fiscalía especializada para la persecución de estos delitos.

XI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de trata de personas;

XII. La Procuraduría o institución de atención a víctimas del delito, brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de los delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos de las normas aplicables; coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia;

XIII. …

XIV. El Instituto Nacional de las Mujeres o institución similar, se encargará de la coordinación y supervisión de los esquemas de protección y atención, antes, durante y después del proceso, de todas aquellas mujeres víctimas del delito, cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los refugios, albergues y casas de medio camino de atención a víctimas de estos delitos;

XV. El Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales, diseñará e implementará programas de capacitación, formación y actualización en materia de prevención y sanción de la  trata de personas y delitos conexos, dirigidos, como mínimo, a los Agentes del Ministerio Público, Policía Preventiva y de Investigación, así como Peritos Profesionales o Técnicos de la Procuraduría;

Artículo 90.La Comisión se coordinará con las instancias correspondientes, con la finalidad de diseñar todas y cada una de las políticas necesarias para la debida atención de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, en armonía con los estándares señalados por la Ley General de Víctimas.

Artículo 92. La Comisión diseñará el Proyecto del programa contra la trata de personas, que definirá la política que deberán aplicar los tres órdenes de gobierno frente a los delitos contemplados en esta Ley, en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de Víctimas, el cual contendrá, como mínimo, los siguientes rubros:

I. a X. …

Artículo 93. Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y sanción.

La comisión Intersecretarial, elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por el Programa contra la trata de personas.

Artículo 106.Los medios de comunicación impulsarán las medidas, esquemas y programas necesarios de cara a prevenir que sean utilizados, mediante publicidad o inserciones pagadas, para cometer cualquier de los delitos objeto de esta Ley. Así mismo, diseñaran códigos de conducta, conforme a los cuales capacitarán a su personal, de cara a prevenir cualquier conducta ilícita vinculada a la trata de personas y evitar prejuicios relativos a este delito.

La Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, implementará las medidas necesarias para vigilar el debido cumplimiento de esta disposición.
TRANSITORIOS

Artículo Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las Legislaturas de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán reformar y crear las leyes que correspondan, de conformidad con esta Ley en el ámbito de su competencia en un plazo máximo de 180 días.

Artículo Tercero. Los Titulares de los Poderes Ejecutivos Federal, Estatales y Distrito Federal, deberán establecer y atender todo lo señalado en el Libro Segundo, Título Primero, de esta Ley, en un máximo de 180 días.

Senado de la República, a 8 de octubre de 2013".

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2010). Principios y Directrices recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas. Comentario. Nueva York y Ginebra. ONU.; p. 3.

2 Ídem, p. 101.

3 Página 16 del documento referido.

4 “Ley modelo contra la Trata de Personas; UNODC, 2010, p. 5.

5 Página 17.

6 Acreditar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es una garantía para cualquier imputado y un deber para los operadores del sistema de justicia, tal y como se desprende del artículo 52 del Código Penal Federal: “el Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:
I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiera sido expuesto.

7 Otra forma de interpretar la ubicación sistemática de los bienes jurídicos aludidos (vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo) sería la siguiente: Discrecionalmente elegir (en un pliego de consignación o en la resolución judicial), qué artículo y qué fracción protegen tal y cual bien jurídico. Pero semejante atribución ni le pertenece al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. Ello, aunado a que ya existen tipos penales que protegen la vida, la integridad, diversas modalidades de libertad (libertad de expresión, libertad corporal, libertad de asociación…).

8 Al respecto, véase; Ontiveros Alonso; Miguel; “El libre desarrollo de la personalidad (un bien jurídico digno del Estado constitucional); en; Estudios jurídicos en homenaje a Olga Islas de González Mariscal”; Tomo III, Sergio García Ramírez (coordinador); Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México; México, 2007, p. 57 y ss.

9 En su Preámbulo, p. 2.

10 En su artículo 19, párrafo segundo, cuando se establecen los delitos y bienes jurídicos cuya comisión o lesión merecen prisión preventiva oficiosa. Sin duda, a cualquier especialista o abogado debiera llamarle poderosamente la atención el siguiente dato: Si la Constitución establece desde 2008 la prisión preventiva oficiosa para el delito de trata de personas y los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad; pero este bien jurídico desapareció de la legislación al promulgarse la nueva Ley General contra la trata de personas (que sustituyó a la Ley Federal contra la Trata de Personas de 2007 que sí contemplaba al libre desarrollo de la personalidad como bien jurídico), entonces podría argumentarse –vía Amparo- que no existe basamento conforme a la Ley vigente en materia de trata de personas para impedir que los autores de cualquiera de los delitos conexos a la trata obtengan su libertad, pues el bien jurídico contemplado en la Constitución –y que restringe ese derecho- fue abrogado junto con la Ley Federal de 2007.

11 Michoacán o Baja California, por citar dos ejemplos.

12 En torno al fundamento y antecedentes de este principio, véase la propuesta que al respecto formula la ONU en el documento “La lucha contra la trata de personas. Manual Para Parlamentarios”; p. 24.

13 En el documento denominado “Observaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos”; p. 1.

14 En este sentido, véase el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal, elaborado por la ONU, en su módulo 6, p. 2; “La cooperación internacional en asuntos penales es un requisito previo esencial para combatir la trata de personas. Una proporción considerable de casos de trata de personas tiene carácter transnacional, e incluso en los casos limitados a una sola jurisdicción puede haber víctimas o delincuentes que procedan de fuera de esa jurisdicción. Un conjunto determinado de hechos puede justificar y dar lugar a investigaciones criminales  y procesos judiciales en varias jurisdicciones”. Entre las distintas formas de cooperación internacional figuran las siguientes: extradición, asistencia judicial recíproca, remisión de actuaciones penales, remisión de personas condenadas, cooperación a efectos de decomiso para privar a los traficantes de los activos producto del delito, cooperación entre las autoridades de represión, con inclusión del intercambio de información y la cooperación en la realización de indagaciones, investigaciones conjuntas y cooperación en el empleo de técnicas especiales de investigación”; Módulo 6, p. 2. 

15 Artículo 3 d) de la Ley Modelo.

16 Véase la página 7 del documento referido.

17 Véase la página 7 del documento referido.

18 Véase, para los mismos efectos, la Ley Modelo contra la Trata de Personas.- Trabajos y servicios forzosos: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”; p. 15.

19 Ley Modelo contra la Trata de Personas (UNODC); Art. 30. P. 77.

20 “Es importante, de igual manera, analizar la gravedad de esta disposición en el marco del derecho de igualdad establecido en el artículo 1º constitucional, que permea en todo nuestro ordenamiento jurídico y en específico en el procedimiento penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción V. Si la autoridad omite brindarle las consideraciones especiales que puede o no tener determinada víctima, ésta podría incurrir en una violación al derecho de igualdad, al otorgarle más o mejores condiciones a una víctima respecto de otra, con base en criterios discriminatorios”; pp. 7-8.

21 Véase el Manual de referencia en su página 26.

22 En torno a la distinción entre “ensayo” y “experimento”; véase la exposición relacionada con la reforma al artículo 31 de la Ley.

23  Página 31.

24 “Tráfico de personas e inmigración clandestina” (Un estudio sociológico internacional y jurídico-penal); Tirant lo Blanch, Monografías; Valencia, 2008, pp. 69-70.

25 Al respecto, el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal elaborado por la ONU, sostiene lo siguiente: “Restricción de los movimientos”.- El proceso de trata supone, por definición, privar de control a las víctimas. Se da en todas las formas de trata. Se ha comprobado que ese control abarca todos los aspectos de la vida, incluso los más íntimos: la hora en que come una víctima, cuándo va al aseo, trabaja, duerme, a dónde va, con quién está. En algunos casos, es posible que se haya controlado a las víctimas desde el principio, por ejemplo, si han sido raptadas. En otros, el control puede haber sido relativamente laxo en los primeros momentos, pero fue aumentando a medida que la víctima pasaba por el proceso de trata, llegando a su máximo rigor a medida que se aproxima y llega al lugar de destino/fase de explotación”; p. 4 del módulo 3. Más adelante, el mismo Manual establece; “Para mantener el control se recurre a una serie de métodos, como, por ejemplo, “Violencia y amenazas de violencia, engaño, reclusión, colusión, servidumbre por deudas, aislamiento, religión, cultura y creencias”; Módulo 4, p. 1. Finalmente, para mayor abundamiento, el Manual para Parlamentarios de cara a la lucha contra la trata de personas, elaborado por la ONU, establece claramente lo siguiente: “Mientras que determinadas formas de trata pueden entrañar la propiedad y la compra y venta de personas, en la mayoría de los casos la víctima simplemente está bajo el control, la influencia o el dominio de otra persona”; p. 12. Así, tomando como base lo anterior, el Manual de referencia establece la siguiente definición de trata de personas como un delito en que se ejerce control sobre otra persona: “ Toda persona que capte, transporte, traslade, reciba, mantenga, oculte o acoja a una persona, o ejerza control, dirección o influencia sobre los movimientos de una persona con el fin de explotarla o de facilitar su explotación…”.; p. 12.

26 El “Marco Internacional de acción para la Aplicación del Protocolo contra la trata de personas”, elaborado por la ONU, señala claramente que con la finalidad de fortalecer el enjuiciamiento de los responsables, los Estados deben “asegurarse de que el delito de trata de personas refleja los tres elementos constituyentes, es decir, acto, medios y propósito”; p. 20.

27 Véase, al respecto, la Ley Modelo contra la Trata de Personas que en este sentido establece: “Medios.- La inclusión del fraude, el engaño y el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad reconoce que la trata de personas puede producirse sin el uso de fuerza (física) manifiesta; p. 32.

28 Véase, en este sentido, la Ley de referencia; p. 32.

29 En torno al incremento en las modalidades del delito de trata de personas aquí propuesto, resulta importante atender las recomendaciones formuladas por el documento intitulado “Marco Internacional de Acción para la aplicación del Protocolo contra la trata de personas, elaborado por la ONU, que establece: “Aunque la mayoría de los países han tipificado un delito específico de trata de personas, el Protocolo y la definición de la trata de personas que utilizan los Estados Miembros siguen teniendo interpretaciones y enfoques diferentes. Algunos Estados Miembros sólo reconocen ciertas formas de explotación o determinadas categorías de víctimas o delincuentes, limitando así el alcance y la eficacia de la respuesta y dificultando la cooperación internacional entre los países”; p. 5.

30 Así se desprende de la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU; “El apartado a) supra se refiere explícitamente al reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. Por consiguiente, la cuestión de los niños soldados es una subcategoría especial del trabajo forzoso”; pp. 36-37. Véase, también, el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal de la ONU; “El rapto y alistamiento forzados de niños y adultos en fuerzas armadas durante épocas de conflicto también puede enjuiciarse como delito de trata. Los niños resultan especialmente vulnerables a la captación con fines militares por su falta de madurez emocional y física”; p. 7.

31 Al respecto, puede verse el artículo 281 Bis (Trata de personas), de la Ley Integral contra la Trata de Personas de Bolivia. En el mismo sentido; Pérez Alonso; Tráfico…; ob. cit. p 82: “… el tráfico ilegal de órganos humanos, que se lleva a cabo mediante la extracción de órganos, sobre todo a niños, para destinarlos a trasplantes comerciales, aunque lo más frecuente es la venta de sangre….

32 Véase la página 362 del referido documento.

33 Este problema ha quedado solventado en el marco de este proyecto de reforma, pues como ya se señaló al inicio, se ha incorporado la definición de trabajo o servicio forzoso en el texto de la Ley: “Trabajo o servicio forzoso.- Todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una sanción o pena cualquiera y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente.

34 Página 16.

35 Ley modelo p. 6. “Una de las formas de obviar la dificultad que puede plantear el uso del término consiste en incluir en la definición el empleo de medios como la fuerza o la amenaza.

36 Al respecto, puede verse una de las definiciones propuestas por la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU: “Por esclavitud se entenderá el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”; p. 21.

37 Véanse, al respecto, las acertadas reflexiones formuladas por CEIDAS; “El elemento condicionante de la conducta penada es la realización de la misma mediante la obtención de un beneficio, de lo contrario, es decir, si el sujeto activo del delito lleva a cabo cualquiera de las actividades penadas (prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas, etc,) sin la obtención de un beneficio, entonces ya no se adecúa la conducta al tipo y no puede ser castigada penalmente. Como se advierte, el margen interpretativo de esta disposición es muy grande, dando paso a la posibilidad de ser utilizado en la defensa de quienes se encuentren siendo procesados por ese delito, alegando que realizó la conducta sin haber obtenido un beneficio. Así, la falta de precisión y deficiente redacción que tiene el artículo analizado, es de tal dimensión, que podría llegar a favorecer la impunidad, por lo que es importante su reforma”; Observaciones…; p. 10.

38 En este sentido, igualmente, CEIDAS; “Tal y como se determinó en el apartado anterior, el elemento de la obtención de un beneficio económico, como constitutivo del delito, representa un error por parte del legislador, pues si el sujeto activo del delito lleva a cabo cualquiera de las actividades indicadas en el tipo, sin la obtención de un beneficio económico, no se adecúa la conducta al tipo y no puede ser castigada penalmente. Así las cosas, es importante que este artículo sea discutido y analizado por los legisladores con la finalidad de que se contemple la posibilidad de que las conductas ahí indicadas sean penadas aun cuando el sujeto activo del delito no reciba un beneficio económico a cambio; “Observaciones…; p. 10.

39 El siguiente podría ser un modelo de redacción para tipificar, en el Código Penal, el delito de Fraude Laboral –sujeto, claro está, a un sustento metodológico y comparativo con el resto de la legislación nacional: “será sancionado con pena de 1 a 4 años de prisión y de 2 mil a 10 mil días multa, quien dolosamente, mediante el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad, imponga a otra persona a su servicio, condiciones que supriman o restrinjan sus derechos laborales”.

40 Observaciones…; pp. 10-12.

41 En este último caso, se agravará la pena de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley.

42 Mientras que el “ensayo” se reduce a una práctica limitada al ejercicio empírico, el “experimento” va más allá, requiriendo para llegar a esa categoría, de la aplicación del método científico de investigación, basado en la provocación y estudio de los fenómenos.

43 Esta posición es mayoritaria en la doctrina. Véase, al respecto; Cugat Mauri; “La trata de seres humanos”; en, La Reforma Penal de 2010, Análisis y Comentarios; Gonzalo Quintero Olivares (Director); Aranzadi, Navarra, 2010, p 163; “En línea con el resto de delitos que tienen dimensión transnacional y son objeto de una política criminal común, como por ejemplo, los delitos relativos a la prostitución o el tráfico de drogas, se prevé la posibilidad de tener en cuenta el antecedente extranjero no cancelado”.

44 La Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la República Dominicana tiene, incluso, un alcance mayor que nuestra legislación, pues contempla la responsabilidad penal directa a las personas jurídicas que cometen el delito de trata de personas y no solamente una responsabilidad de corte administrativo. Esto muestra la importancia que las personas jurídicas han adquirido a escala internacional en relación a su participación para la comisión de la trata de personas. Así se desprende del artículo 4º de la Ley señalada: “Las personas morales son penalmente responsables y podrán condenarse por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas cometido por cualquiera de sus órganos de gestión, de administración, de control o los que deban responder social, general o colectivamente o representantes por cuenta y en beneficio de tales personas jurídicas…”. Una reforma como ésta, del todo plausible, debiera realizarse en nuestro país directamente en el Código Penal Federal. A mayor abundamiento, como sostiene Ana Isabel Pérez Cepeda; “Una estructura asociativa u organizativa asegura, en principio, la realización de las conductas típicas, tanto por los medios, cuanto por la distribución de funciones que ellos suelen implicar”; Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal; editorial Comares, Granada; 2004, p. 276.

45 En torno a esta hipótesis de agravación de la pena, véase el documento, elaborado por la ONU, intitulado “La lucha contra la trata de personas. Manual para Parlamentarios”; que establece en torno a la definición de la trata de personas: “Toda persona natural o jurídica que cometa alguno de los siguientes actos estará incurriendo en una actividad ilícita”; p. 8. Es decir, que el Manual para Parlamentarios va incluso más allá de la propuesta de reforma aquí desarrollada y establece la posibilidad de imputación de responsabilidad directa a la personas jurídicas, reconociendo así la importancia del rol que las personas jurídicas juegan en materia de este delito.

46 Las razones que fundamentan este aumento en la punibilidad, son similares a las que se sustentan, por ejemplo, en el Código Penal Francés (Artículo 225-4-2), la agravación de la punibilidad cuando el delito de trata de personas es cometido “por una persona llamada a participar, por sus funciones, a la lucha contra la trata o al mantenimiento del orden público”; sobre esto; Rodríguez Puerta, María José; “Normativa Internacional y derecho comparado”, en, Trata de personas y explotación sexual; Mercedes García Arán (coordinadora); Comares, Granada, 2006, p. 98.

47 En torno al basamento para considerar esta hipótesis en calidad de agravante, puede verse el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal, elaborado por la ONU, en su módulo 14, relativo a las circunstancias agravantes: “Crueldad o brutalidad demostradas por la violencia u otras formas de degradación deliberadas, repetidas o gratuitas”.-  Los traficantes también pueden someter a las víctimas a otras formas de degradación. Algunos ejemplos son la toma de fotografías o de películas de una víctimas mientras se la explota sexualmente (que se utilizarán también como método de control o en beneficio de los traficantes) o someterla a otras actividades humillantes, como que tengan que mendigar privilegios; p. 7.

48 Además de los argumentos ya expuestos, véase el Manual para Parlamentarios en materia de trata de personas, que el abordar la temática relativa a las circunstancias agravantes en relación con el acto de la trata, señala: “el delito se ha cometido dando o recibiendo dinero u otros beneficios a fin de recabar el acuerdo de una persona que ejerce control sobre otra”; p. 21.

49 “Tráfico de personas…; ob. cit. p. 185. “De hecho, ninguno de los instrumentos jurídicos internacionales y europeos que se ocupan de la regulación de la trata o tráfico de seres humanos incluyen en su definición elelemento subjetivo del ánimo de lucro, a diferencia de las definiciones de la inmigración clandestina o contrabando de inmigrantes que sí lo contemplan”; p. 415.

50 Aunque hay algunas otras hipótesis a las que ya se ha hecho referencia en el presente proyecto, a partir del artículo 44 de la Ley General se incrementa considerablemente la cantidad de artículos que debieran ser derogados. La razón es muy evidente: la Ley vigente contra la Trata aborda diversas temáticas de corte penal, procesal, policial, ministerial, delincuencia organizada, asistencia social, Niñez, Familia y derechos de la las Víctimas, entre otros, que ya son abordados, en una multitud de Leyes vigentes en nuestro país. Esto genera problemas graves de coordinación, pero sobre todo de contradicción entre la Ley General contra la trata de personas y el resto del ordenamiento jurídico. Como ya se advirtió, una “doble regulación” no se traduce necesariamente en una “doble protección”. Al contrario, esto significa burocratización, dispersión y mensaje confuso a los operadores del sistema de justicia.

51 Al respecto, son múltiples las observaciones que se han formulado desde la Academia y la Sociedad Civil para reformar este apartado o, en el mejor de los casos, reenviar su contenido a la normativa especializada en la materia. Véase, por ejemplo, CEIDAS; Observaciones…; “Existen disposiciones dentro de la Ley que se encuentran repetidas, en algunos casos en términos casi idénticos. Tal es el caso de los artículos 65 y 68, que tienen un contenido prácticamente idéntico, al referirse a los rubros que incluirá la protección a las víctimas. Resulta innecesariamente repetitivo y absurdo que la misma disposición se encuentre reproducida dos veces dentro de una misma Ley, además de que es confuso para el destinatario de la norma que determinado derecho u obligación se encuentre regulada dos veces, existiendo la posibilidad de que resulten contradicciones. Lo ideal sería que los legisladores realicen una revisión integral de la Ley, con la finalidad de darle mejor estructura y síntesis, en aras de eliminar errores como éste. Reflexiones similares pueden observarse, en torno a este mismo documento, respecto a los artículos 69 y 65 fracción II, 73 y 66 fracción V, 82 y 48, así como 62, 63, 90, 89 y 103 de la Ley.; pp. 13-14.

52 Observaciones…; p. 13

53 Véase el Manual para Parlamentarios ya referido; p. 54.

54 Manual para Parlamentarios; p. 56

55 Los Principios Éticos de Atenas fueron aprobados en Atenas el 23 de enero de 2006, bajo el impulso del Movimiento Femenino para la Paz Internacional “Suzanne Mubarak”; campaña para poner fin inmediato a la trata de personas.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Lucero Saldaña, por favor.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, el grupo parlamentario del PRI firma esta iniciativa. Y quiero hacer entrega de las firmas del grupo que avalan las reformas, por el bien de un fenómeno que cobra cada vez más mayor importancia y que este gobierno también está comprometido. Así que hago entrega a la Mesa Directiva de las firmas del grupo parlamentario del PRI, la Senadora Margarita Flores y su servidora, ya habíamos firmado, y que se puedan incluir estas firmas, por favor.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadora Dávila Fernández, ¿está de acuerdo? Está de acuerdo, tome nota la Secretaría.

- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Alejandra Barrales.

- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle por su conducto a la Senadora Dávila Fernández, también la posibilidad de suscribir, de apoyar la iniciativa que acaba de presentar.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Le manifiesta que está de acuerdo. ¿Alguna otra Senadora o Senador? Todos para el mismo efecto, y por favor tome nota la Secretaría.

Túrnese a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 26, FRACCION X; 46, FRACCION IV, TERCER PARRAFO,  Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 5, CON UN TERCER Y CUARTO PARRAFOS; 69 CON UN SEPTIMO PARRAFO; Y EL ARTICULO 95-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Quisiera, si me lo permite el Presidente de la Mesa Directiva, contextualizar, en primer lugar, la razón por la cual es solicitado el uso de la tribuna.

Y, para mí es muy importante externarlo porque hoy vengo en nombre del sector productivo del estado de Oaxaca a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto para modificar algunos artículos del Código Fiscal de la Federación.

Lo vengo a hacer una vez que hemos tenido acercamientos con los presidentes de distintas cámaras empresariales que nos han externado su enorme preocupación, su enorme preocupación por la reforma hacendaria que hoy se discute en el Congreso de la Unión.

Y, bueno, independientemente les he externado que pudiésemos estar de acuerdo o no en los planteamientos, nosotros tenemos la responsabilidad, como representantes populares, de presentarlas.

Aunque he de acotar que en el caso que nos ocupa estamos totalmente de acuerdo con las empresarias y empresarios representantes del sector productivo del estado de Oaxaca y que seguramente hay eco en este mismo sentido con otras cámaras empresariales del país.

La argumentación que vengo a hacer se basa en los siguientes temas:

El sector empresarial del estado de Oaxaca efectivamente, como lo he dicho, tiene agudas y puntuales observaciones sobre la reforma fiscal y hacendaria que actualmente se discute en el seno del Poder Legislativo. En mi carácter de representante del estado de Oaxaca en esta máxima tribuna nacional entiendo como ineludible mi responsabilidad de fungir como voz de todos los sectores de mi estado. Es por eso que, honrando el principio de representatividad política en mí conferido, presento a nombre del sector empresarial oaxaqueño esta iniciativa.

Debemos entender, para iniciar, nosotros, como legisladores, estas observaciones que nos hace el sector en materia jurídica es importante su revisión.

En el tema de la seguridad jurídica nos han planteado lo siguiente:

Al reformar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo pretende calificar arbitrariamente si una operación tiene o no razón de negocio que la justifique y si la tiene o no, la intención de eludir el pago de contribuciones, esto significa una facultad unilateral que viola el principio de garantía de audiencia y debido proceso, pues éste nunca es llevado en juicio conforme al texto constitucional y en pleno respeto a los derechos humanos de quien supuestamente comete la falta.

Actualmente existen acciones legales en la vía civil para determinar si un acto es simulado o no y también para sancionar penalmente a quienes sean defraudadores fiscales, pero en ambos casos no podemos olvidar que las partes tienen oportunidad de expresar alegatos y ofrecer pruebas que serían valoradas por el juez de la causa, quien tiene la responsabilidad de emitir, como todos sabemos, una sentencia. Por ello, eliminar estas disposiciones no impide a la autoridad fiscal proceder en contra de los evasores pero siempre bajo un debido proceso y no en una forma totalmente discrecional como se pretende.

En el actual artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se eliminan las causas para fincar en los socios o accionistas responsabilidad solidaria respecto de los créditos fiscales de las personas morales y se incrementa ésta al porcentaje de su participación social o accionaria, estableciendo de esta manera una responsabilidad directa, haciendo caso omiso de la diferencia elemental entre la personalidad jurídica de una persona física y de una persona moral como entes completamente independientes.

El mismo espíritu eminentemente punitivo, discrecional y arbitrario se manifiesta en las modificaciones contenidas en los artículos 46 y 69, así como en la adición de los artículos 95-A y B donde se propone que se establezcan como culpables de delito de omisión por no evitar la comisión de un delito fiscal de las personas morales al administrador único, al presidente del consejo o a cualquiera otra persona que tenga bajo su responsabilidad su administración.

Las adecuaciones, compañeras y compañeros, que actualmente propone el Código Fiscal de la Federación responden a la legítima demanda del sector empresarial de Oaxaca.

Con esta contra iniciativa buscamos atenuar las arbitrariedades contenidas en la reforma fiscal y hacendaria presentada por el titular del Poder Ejecutivo otorgándoles seguridad jurídica a los contribuyentes y garantizando en todo momento el cumplimiento del debido proceso.

Con estas reformas y adiciones que proponemos al Código Fiscal de la Federación se garantiza, lo quiero subrayar, en todo momento, que no existirá discrecionalidad por parte de las autoridades al castigar a supuestos evasores, garantizando un trato digno del contribuyente en estricto cumplimiento al principio de debido proceso.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sector empresarial del Estado de Oaxaca tiene agudas y puntuales observaciones sobre la Reforma Fiscal y Hacendaria que actualmente se discute en el seno del Poder Legislativo. En mi carácter de representante del Estado de Oaxaca en la máxima tribuna del país, entiendo como ineludible la responsabilidad de fungir como voz de todos los sectores del Estado. Es por eso que, honrando el principio de representatividad política en mi conferido, presento a nombre del sector empresarial oaxaqueño la siguiente Iniciativa.

Aun cuando se aplaude que el gobierno de la República busque beneficios sociales, no vemos viable que las reformas presentadas cumplan con las condiciones de recaudar en forma efectiva y sin afectar la economía de solo algunos sectores productivos que son los mismos que ya contribuyen.

Los empresarios no estamos en contra de que haya beneficios sociales para todos, pero es importante que exista verdaderamente un sistema tributario justo y equitativo donde no solo paguen más los que más ganan, sino que como señala la constitución en su artículo 31 fracción IV, todos los mexicanos contribuyan con el gasto público, y esto no se observa en la reforma propuesta.

Se trata de una reforma eminentemente recaudatoria. No cumple las condiciones de una reforma hacendaria al no incluir aspectos relacionados con la eficiencia en el ejercicio del gasto y la administración pública, así como mejorarlos sistemas de fiscalización sobre quienes de veras incumplen o llevan a cabo prácticas evasivas y elusivas, así como en los informales.

Consideramos que el ejecutivo debe hacer verdaderos esfuerzos por combatir prácticas que afectan el erario dentro de las esferas gubernamentales y que en algunos casos se convierten en casos escandalosos de corrupción pero no se castigan contundentemente para dejar precedentes inhibitorios.

Con las reformas, las afectaciones más importantes se presentan en la clase media de la población y en los mismos contribuyentes que actualmente se tienen cautivos.

Esta reforma no fomenta la inversión sino al contrario, al eliminar estímulos, entre otros, como la depreciación acelerada de activos y eliminar deducciones reales de la operación de las empresas como los salarios y prestaciones, deducción de automóviles y consumos en restaurantes.

No estimula el empleo informal, sino al contrario, encarece y complica el pago de nóminas. Se incrementan las cuotas de seguridad social.

No se observa una estrategia clara y contundente contra la informalidad a pesar de la creación del nuevo “régimen de incorporación”, ya que se ve poco probable que los informales quieran inscribirse aun con los aparentes beneficios de seguridad social “gratuita”.

Provocará inflación por los aumentos que se darán necesariamente en las empresas y no necesariamente en los que más ganan, principalmente debido al gravar con IVA las colegiaturas, venta de casas e intereses sobre hipotecas, sin que se considere sustancial la recaudación por esos conceptos. A eso se agregan los aumentos en los costos de los productos del campo y el transporte que al eliminarles el tratamiento fiscal especial, se incrementan sustancialmente de un golpe.

Se dice que no hay aumento de tasa para las empresas pero en la práctica la tasa será de un 36% debido al gravamen del 10% a las utilidades distribuidas de las sociedades pudiendo ser mayor por la eliminación de diversas deducciones.

A las personas físicas se les aumenta la tasa máxima en 32% pero en realidad su afectación será mayor debido a la restricción en las deducciones personales hasta 10% de ingresos o dos salarios mínimos, y si a eso agregamos que a esta clase productiva pertenecen principalmente quienes acuden a escuelas privadas y pagan colegiaturas, a la que se les está gravando con 16% de IVA.

Aunque se aplaude la eliminación del IETU como un elemento de simplificación en el cumplimiento de obligaciones, claramente no se cumple con que esta reforma promueva la simplificación de cálculos de impuestos, al establecer una serie de disposiciones para cumplir con la deducibilidad de varios conceptos de gastos como salarios, pagos a partes relacionadas, razonabilidad, PTU, etc.

En la exposición de motivos por parte de la autoridad, claramente dejan ver que las reformas en su mayoría obedecen a abusos de los contribuyentes en sus prácticas de cumplimiento de obligaciones fiscales, sin embargo, consideramos que es el sistema fiscalizador el que no funciona adecuadamente, y debe castigarse ejemplarmente a quien comete actos de evasión y elusión claramente violarios de la ley, pero en un marco de legalidad.

La reforma afecta sensiblemente algunos sectores productivos estratégicos en la economía del País, como es el caso de las zonas fronterizas al subir la tasa del IVA del 11% al 16%. El gobierno debe escuchar a los expertos en la materia y a quienes viven en esas regiones, para que valore y estudie de manera minuciosa los efectos en la economía en el corto plazo más allá de los efectos recaudatorios inmediatos que espera obtener.

Estos efectos también se verán reflejados en el régimen fiscal del campo, en virtud de que al eliminar el régimen simplificado, no solo se incrementa en lo inmediato la carta fiscal en más de una tercera parte, sino que complicará la forma de tributar de muchos contribuyentes con baja capacidad administrativa.

Aunado a todo esto, es preocupante para los empresarios, que las reformas en el Código Fiscal, incluyan mayores facultades discrecionales a los funcionarios del SAT, dejando al contribuyente en un estado de indefensión y poca certeza jurídica en la aplicación estricta de las leyes fiscales. Y así mismo se identifican riesgos jurídicos e incertidumbre en temas de sanciones y responsabilidades penales. 

El gobierno se plantea como objetivo la creación de empleo y apoyo a la economía mediante un esfuerzo contra cíclico, sin embargo, no se observa la implementación de programas de estímulos para tal efecto, sino todo lo contrario.

Por lo anterior y con base en el estudio “Eficiencia recaudatoria: Definición, estimación e incidencia en la evasión”:

(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/51_17751.html) que en su página 9 señala: “El Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) son -en ese orden- sus principales componentes. Los ingresos derivados del ISR (incluyendo el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) a partir de 2008) alcanzaron un máximo de 5.18% del PIB en 2008” lo anterior demuestra que a menor tasa es más alta la recaudación y disminuye o desalienta la evasión, pues es en este año donde la tasa máxima de ISR se encontraba en el 28% con crecimiento del PIB del 1.4 % (Fuente: Banco de Información Económica del INEGI).

Los datos históricos nos hace señalar que con la reforma fiscal para 2014, lo único que se incentiva es el mercado informal, que hoy representa el 60% de la población económicamente activa (Fuente: INEGI), por lo que solicitamos respetuosamente a nuestros legisladores un esquema fiscal que mantenga la económica nacional y promueva la generación de empleos.

Seguridad jurídica

Al pretender reformar el artículo 5 del CFF se busca calificar de mutuo propio si una operación tiene o no razón de negocio que la justifique y si esta tiene o no la intención de eludir el pago de contribuciones, es una facultad unilateral que viola el principio de garantía de audiencia y de debido proceso pues este nunca es oído y vencido en juicio conforme al texto constitucional y en pleno respeto a sus derechos humanos.

Actualmente existen acciones legales en la vía civil para determinar si un acto es simulado o no y también para sancionar penalmente a quienes sean defraudadores fiscales pero en ambos,  las partes tienen oportunidad de expresar alegatos y ofrecer pruebas que serán valoradas por el juez  de la causa y quien emitirá una sentencia, por ello eliminar  estas disposiciones no impide a la autoridad fiscal proceder en contra de los evasores pero bajo un debido proceso y no en forma totalmente discrecional como se pretende.

En el artículo 26 del CFF se eliminan las causales para fincar en los socios o accionistas responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de las personas morales y se incrementa esta al porcentaje de su participación social o accionaria por lo cual se establece una responsabilidad directa, haciendo caso omiso de la diferencia elemental entre la personalidad jurídica de una persona física, y de una persona moral como entes completamente  independientes.

Esta medida además de ignorar la naturaleza misma de una persona moral, inhibe la inversión nacional y extranjera por la responsabilidad irrestricta del socio o accionista respecto de las operaciones de la persona moral.

El eliminar esta reforma no impide a la autoridad  fiscal fincar responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales en los socios cuando se dan los supuestos de ley, ni tampoco le impide Denunciar penalmente a los socios o administradores  cuando incurren en una quiebra en forma fraudulenta, pues ya se prevé este supuesto en la ley del concurso mercantil y en el código penal, pero respetando la garantía de audiencia, debido proceso y los derechos humanos.

Se establece la facultad de la autoridad fiscal de hacer aseguramientos precautorios de los bienes del contribuyente  por el incumplimiento de contestar requerimientos o contestarlos sin que entregue lo que se le solicita.

Esta medida es excesiva puesto que obliga al contribuyente a contestar y entregar información en forma irrestricta a la autoridad  fiscal con independencia de que el requerimiento sea a su vez excesivo en relación al objeto que persigue, lo cual ocurre de manera frecuente, situación de la que incluso la PRODECON emitió un criterio siguiente:

Criterio sustentado en:
Recomendación Sistémica DGAS/RS/001/2013
44/2013/CTN/CS-SASEN

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS, LA AUTORIDAD DEBE ATENDER A DETERMINADOS PRINCIPIOS PARA LOGRAR LA TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.

La autoridad fiscal cuenta con facultades amplias para requerir todo tipo de documentación e información del contribuyente a fin de conocer con certeza su situación jurídica en materia fiscal; no obstante, ello no implica que dichas facultades sean ilimitadas. En este sentido, para dar plena vigencia a los derechos tributarios de los particulares, la autoridad debería atender a las mejores prácticas contenidas en los siguientes principios: (i) principio de subsidiariedad, con base en el cual la autoridad no debe requerir información que ya obre en su poder o que la ley disponga que sea obtenida directamente a través de terceros; (ii) principio de proporcionalidad en la revisión, que se traduce en que la autoridad no debe formular requerimientos excesivos o innecesarios, como podrían ser aquéllos que no se relacionen con la revisión o de información de difícil obtención cuya necesidad no se justifique claramente; (iii) principio de no exoneración del ejercicio de facultades, a través del cual se toma en consideración que, si el ejercicio de facultades de comprobación es una atribución de la autoridad fiscal en el que el contribuyente está obligado a atender su desarrollo, ello no debe confundirse con que la revisora delegue en él la preparación de documentos o auxiliares, sino solo en aquellos casos en los que tal circunstancia se justifique razonablemente; (iv) principio de comodidad, que conlleva que las actuaciones deben realizarse en la forma que resulte menos gravosa para el particular, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las obligaciones del sujeto revisado; y, (v) el principio de tutela efectiva de derechos, que constriñe a la autoridad a que en todo momento facilite a los obligados tributarios el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

La reforma al artículo 46 del CFF propone eliminar el párrafo en el que se establecen los requisitos para ejercer facultades de comprobación por segunda ocasión respecto de un mismo periodo y contribución limitándolo a los casos donde hubiera nuevos hechos que la justificaran, para ahora dejar en libertad a la autoridad de revisar en forma reiterada a los contribuyentes lo que rompe con el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada.

En el artículo 69 se pretende reducir el secreto fiscal y confidencialidad de la información que el SAT debe guardar para facultarle de hacer público los nombres de los contribuyentes incumplidos, o que han sido sentenciados por delitos de carácter  fiscal lo cual Constituye una doble penalización pues estos contribuyentes ya son sancionados con multas  o pena privativa de libertad, y ahora se pretende castigarlos también con la exhibición pública, situación a la que no se somete a ningún otro delincuente como homicidas, secuestradores, violadores etc. Colocando a los empresarios al nivel de Narcotraficantes o pertenecientes al crimen organizado.  Además la multa pretende lograr corregir la conducta  del contribuyente, la reclusión tiene como finalidad la re inclusión del delincuente en la vida social una vez cumplida su pena mientras que con estas medidas se condena al contribuyente  a ser señalado socialmente e impedirle su reinserción social.

Se solicita mantener el Dictamen Fiscal, al eliminarlo se pierden los siguientes beneficios:

a. Certeza y confianza de que un profesional, experto en la materia y reconocido por la autoridad fiscal, ha revisado sus registros contables y declaraciones de impuestos, lo que, además, ayuda a mejorar la calidad de los mismos.

b. Contar con un filtro para las revisiones directas por parte de la autoridad, incluyendo revisiones de gabinete o exprés, permitiéndole gozar del tiempo necesario para aclarar tanto malos entendidos de parte de la autoridad, como diferencias resultantes de eventuales errores en el registro o las discrepancias en el criterio de la autoridad o de terceros.

c. Gozar de reducciones en multas, por diferencias menores en el pago de contribuciones, así como de facilidades en el archivo de la documentación que integra la contabilidad, por ejemplo: grabarla en discos ópticos.

d. Contar con un instrumento que, mediante la aplicación de normas de auditoría, permita detectar y corregir errores, omisiones o interpretaciones agresivas de la normativa fiscal, que le permita al contribuyente una autocorrección espontánea, para evitar la imposición de multas o la comisión de delitos.

El artículo 95 A Y B propone que se establezca como culpables del delito de omisión por no evitar la comisión de un delito fiscal de las personas morales al administrador único, al presidente del consejo o cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad su administración  así mismo se establece la culpabilidad de los profesionistas (contadores, abogados, agente aduanales, etc.) en el ejercicio de su profesión.
Este articulo pretende determinar culpables de un delito a ciertas personas por mandato de ley  por el solo hecho de tener un cargo o prestar servicios a una persona moral  cuando es facultad exclusiva del ministerio público la investigación de delitos y facultad exclusiva del juez determinar la culpabilidad de un sujeto y todo ellos posterior al cumplimiento de la garantía de audiencia, de un debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos y no como indebidamente  se establece en este texto  con lo que se rompe la presunción de inocencia en favor de todo gobernado, así como nuevamente se violentan los principios de garantía de su audiencia y debido proceso.

Eliminar esta reforma no impide al SAT hacer las denuncias por la posible comisión de un delito para que derivado  de ello se sancione a quien resulte culpable.¨

En vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se reforman los Artículos 26, Fracción X; 46, Fracción IV, Tercer Párrafo, y se adicionan los artículos 5, con un Tercer y Cuarto Párrafos; 69 con un Séptimo Párrafo; y el Artículo 95-A, del Código fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 5o ...

Si la autoridad fiscal detecta prácticas u operaciones del contribuyente que formalmente no actualicen el hecho imponible establecido en una norma tributaria y carezcan de racionalidad de negocios, se dará inicio al proceso correspondiente, garantizando en todo momento el derecho de audiencia de las partes involucradas.

Se entenderá que una práctica u operación no tiene razón de negocios cuando después de una investigación, donde se garantice el derecho de audiencia de las partes involucradas, se determine que carece de utilidad o beneficio económico cuantificable para el o los contribuyentes involucrados, distinta de la elusión, diferimiento o devolución del pago realizado.

Artículo 26. ...

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser pagada o garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este Artículo sin que la responsabilidad exceda del porcentaje que represente la participación que tenían en el capital social, durante el periodo o la fecha de que se trate al momento de causarse las contribuciones respectivas.

La responsabilidad solidaria se calculará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social al momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa.

Artículo 46. ...

IV. …

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. Abonando con esto al principio de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Artículo 69...

La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en los siguientes supuestos:

I. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.

II. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146-A de este Código.

III. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.

Artículo 95-A. En los delitos previstos en este Código, se investigará si tienen o no responsabilidad el administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o facultades de administración o dominio.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Primera

Esta Presidencia saluda a los representantes de 22,000 trabajadores de la industria embotelladora de la Confederación de Trabajadores de México, provenientes de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos. Fueron invitados por el Senador Neyra.

(Aplausos)





 

En seguida, se concede la palabra al Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, señor Presidente.

Quienes suscribimos la presente iniciativa, el de la voz, Luis Fernando Salazar Fernández, compañero Senador Jorge Lavalle Maury, la compañera Senadora Mariana Gómez del Campo, la compañera Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrantes del grupo parlamentario del PAN en la LXII Legislatura en esta Cámara de Senadores, presentamos una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Todo candidato a cargo de elección popular tiene el deber de exponer y dar a conocer a sus votantes sus propuestas de campaña, sus promesas, sus planes y acciones de trabajo en caso de que el voto y la victoria en las urnas esté de su lado.

En en base a un profundo y amplio trabajo de convencimiento que el político atrae las simpatías y los sufragios hacia su proyecto de trabajo o de gobierno. No hay otra forma; no existen las campañas silenciosas, las campañas sin promesas o sin planes de acción.

Los partidos políticos, con excepción de los candidatos independientes, deben contar con plataformas políticas, declaración de principios y estatutos donde queden plasmados los fines y objetivos de cada instituto político, así como su plan y acción de trabajo, en caso de que el voto le favorezca.

De tal forma que la rendición de cuentas se ha convertido en el elemento principal de los llamados gobiernos democráticos que, de acuerdo a la ley vigente, presenta características y elementos diferenciados según sea el ámbito, el deber constitucional plasmado y el tipo de sistema que cada país ha decidido adoptar en la materia.

En nuestro sistema constitucional y jurídico, la rendición de cuentas se da bajo distintos instrumentos y marcos legales, y en materia de transparencia establece que el sujeto obligado debe dar a conocer al ciudadano todo tipo de información en su poder, a excepción de la que posea el carácter de confidencial o de datos personales, en términos de la propia legislación.

Un organismo autónomo se encarga de vigilar que los sujetos obligados cumplan en materia de transparencia de la propia, de información gubernamental.

El mismo organismo posee la atribución de asesorar, orientar, apoyar y en su caso defender y representar los derechos de los ciudadanos que soliciten acceder a cierta información.

Determinadas entidades federales y locales poseen la atribución legal de poder requerir otra información pública, dicha información que, una vez que es obtenida, adquiere el carácter de información pública, salvo las excepciones determinadas por la ley.

Sin embargo, los instrumentos relacionados a la rendición de cuentas que ya hemos expuesto en la presente, y que forman parte de nuestro marco jurídico poseen un gran faltante, uno que hiere al ciudadano que creyó en una promesa de campaña, en una acción de gobierno, en un paquete de promesas de planes y acciones que le abrieron la puerta y la esperanza a tener una vida mejor.
La fórmula es muy simple:

Uno. Los partidos, las coaliciones, los candidatos comunes o candidatos independientes, deben de convencer al ciudadano de que ellos son la mejor opción para ocupar un cargo de elección popular.

Dos. El elector, al mismo tiempo, a través de los medios de comunicación, a través de los medios impresos y digitales, escucha las diferentes ofertas de los distintos candidatos o partidos políticos.

Tres. El ciudadano sopesa en su mente las distintas ofertas políticas, las confronta con la realidad en la que vive, con sus propias necesidades, con la de su familia, con la de su colonia, y al final, toma una decisión de por quién va a votar y por quién votará en la jornada electoral.

Esto genera, amigas y amigos, una responsabilidad totalmente vinculante entre el elector y el gobernante electo, existiendo así la responsabilidad de cumplir las promesas de campaña, tanto del candidato ganador como del instituto político o alianza de partidos que lo promovieron y apoyaron.

De esta manera, amigas y amigos, es necesaria la implementación de un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de campaña, un pagaré social, es conveniente establecer compromisos que aseguren, por parte del elegido, la lealtad debida a sus promesas electorales, esto no debe agotarse únicamente en el proceso electoral.

El candidato vencedor debe informar anualmente los resultados de su mandato al organismo ciudadano a cargo, y dicho órgano difundirá tanto los compromisos de campaña registrados como las actividades realizadas anualmente; esto contribuirá a formar una cultura cívica y una conciencia del sistema democrático, atendiendo la finalidad que persigue la incorporación de un mecanismo de verificación de los compromisos de campaña como instrumento para superar los diferentes retos de la democracia.

La implementación de dicho mecanismo haría madurar el sistema democrático al estimular el interés de los electores por conocer el perfil político de los candidatos a través de sus compromisos de campaña.

Queda claro que es de suma importancia distinguir la presente iniciativa a la vigente legislación en materia de fiscalización, transparencia y responsabilidad de los servidores públicos.

La esencia de esta iniciativa es establecer un mecanismo bajo el cual los ciudadanos puedan exigir a los servidores públicos que cumplan sus promesas de campaña, o por lo menos explicar a los votantes los motivos por los cuales no han cumplido sus promesas, así como la rendición de informes sobre sus actividades, como antes lo mencioné.

De igual manera, es necesario establecer en la legislación reglamentaria la forma de sancionar a los servidores públicos que incurran en omisiones, afectando a la ciudadanía y violando el principio de soberanía nacional.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de Decreto.

Artículo único. Se modifican los contenidos de la fracción I del artículo 35, del artículo 39; y se adicionan los párrafos tercero y cuarto, la fracción I del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35…

I. Votar en las elecciones populares y exigir a los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de campaña y, en su caso, que expliquen los motivos por lo que no han podido dar cumplimiento a las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran derivarse en cada caso.

Articulo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de exigir a éste el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y compromisos ofrecidos al pueblo, con independencia de aquellos que deban cumplirse obligatoriamente por disposiciones normativas.

Artículo 41.

Los partidos políticos conservarán en una base de datos las plataformas políticas, los planes o proyecto de gobierno y las promesas de campaña de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular correspondientes a cada proceso electoral, esto por un término de 12 años, para efectos de que sea consultada libremente por los ciudadanos. Estas bases deberán actualizarse de forma permanente al concluir cada proceso electoral en que participen los partidos, sin perjuicio de que contienen de forma individual o bajo cualquier forma de coalición o alianzas que establezca la propia ley.

La renovación, y en su caso la destrucción de los datos contenidos en las bases antes mencionadas, se harán siempre atendiendo al plazo señalado en el párrafo anterior, sin que pueda eliminarse la información o datos que no hayan cumplido los 12 años de antigüedad.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La legislación secundaria, en su respectivo ámbito de competencia, deberá ser adecuada a lo dispuesto en la presente reforma.

Atentamente, el de la voz.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

"EL que suscribe, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Todo candidato a un puesto de elección popular tiene el deber de exponer y dar a conocer a los votantes sus propuestas de campaña, sus promesas, planes y acciones de trabajo en caso de que la victoria en las urnas esté de su lado.

Es en base a un amplio y profundo trabajo de convencimiento que el político atrae las simpatías y los sufragios hacia su proyecto de trabajo o de gobierno. No hay otra forma; no existen las campañas silenciosas, las campañas sin promesas o sin planes de acción en caso de que el aspirante a ocupar un cargo haga realidad su sueño.

Los partidos políticos, con excepción de los llamados candidatos independientes, deben contar con plataformas políticas, declaración de principios y estatutos donde queden plasmados los fines y objetivos de cada instituto político, así como su plan de trabajo y acciones en relación a la política del país o de la entidad federativa en el caso de aquellos con carácter estatal únicamente.

Sumado a lo anterior, existe el principio de rendición de cuentas del servidor público y de las entidades gubernamentales, quienes deben dar la cara a sus representados y explicar lo que han hecho, la forma en que ha sido manejado el presupuesto, o bien, las acciones de gobierno que se han emprendido para cumplir con las agendas y los compromisos adquiridos.

La rendición de cuentas se ha convertido en el elemento principal de los llamados gobiernos democráticos que buscan establecer frenos al abuso de poder y la corrupción, y garantizar que los gobernantes actúen con apego a la ley, honestidad, transparencia y eficiencia en su quehacer.

Rendición de cuentas en el ámbito político significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”. Desde luego, diversos tratadistas le confieren acepciones un poco diferentes al concepto; es el caso, que cualquiera que sea la concepción que se elija, siempre llevará implícitos los siguientes elementos:

A) Es un deber de todo servidor público el rendir cuentas, entendiendo como servidor público a todo aquel que posee dicho carácter de acuerdo a nuestra Constitución General, a las locales y a las leyes que de ambas emanan.

B) Bajo reglas claras, ya sea leyes o reglamentos, el servidor debe explicar a la ciudadanía de forma clara, honesta y transparente lo que ha sido su quehacer en determinado periodo de tiempo, incluyendo la forma en que ha ejercido las atribuciones que la ley le confiere.

C) El servidor público debe explicar también los fracasos, errores o impedimentos que ha tenido para cumplir con sus funciones, sean estos de tipo presupuestal, legislativo, político, social, legal, administrativo, moral, etc.

D) Rendir cuentas e informar van de la mano, un informe de un servidor público no puede ser “hecho a la medida”, informar sólo lo positivo y ocultar lo negativo; maquillar cifras, alterar los hechos, mentir, echar culpas a inocentes o simplemente tergiversar la verdad para justificar el incumplimiento de una responsabilidad. Por otra parte; rendir cuentas es explicarle a la gente lo que se ha hecho con el presupuesto asignado, con los proyectos o encomiendas que le fueron encargadas o delegadas al servidor; y qué acciones ha realizado de conformidad a los planes de trabajo que, de acuerdo a la normatividad o los acuerdos suscritos le fueron asignados para ser cumplidos en un determinado plazo de tiempo.

Esto es, la rendición de cuentas lleva implícito siempre, y en todo caso y momento, el deber de decir la verdad, sea cual sea esta.

Nuestra Constitución General, aunque de forma no propiamente directa, impone o contempla el deber de rendir cuentas en las siguientes disposiciones:

Artículo 6o…

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión…

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos…

III. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

IV. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes…

Artículo 8o.Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición…

Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Artículo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas…

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones….

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Artículo 113.Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas…

Artículo 128.Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen…

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79…

…El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo…

……

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar…

En la especie, y de forma genérica, se considera que se rinden cuentas a través de las leyes e instrumentos relacionados con el acceso a la información, la transparencia, la fiscalización de los recursos públicos y, en un tercer caso, el deber de rendir informes públicos que tienen determinados funcionarios, dependencias, organismos (autónomos, descentralizados y centralizados) y poderes de acuerdo a la ley vigente (informes de gobierno, informes de actividades, informes legislativos, etc.)Y es verdad. Pero;los especialistas consideran que la rendición de cuentas presenta características y elementos diferenciadores según sea el ámbito, el deber constitucional plasmado, y el tipo de sistema que cada país ha decidido adoptar en la materia.

En nuestro sistema constitucional y jurídico, la rendición de cuentas se da bajo los instrumentos y marcos legales siguientes:

DELEGACION
(DELEGACION DE LA FACULTAD DE EXIGIR RENDICION DE CUENTAS)

I. En materia de fiscalización del ejercicio del presupuesto público y de la legislación que le es inherente, la facultad es concedida a una entidad pública (Auditoría o Contaduría, por citar los nombres más comunes que se dan a estos organismos) que a su vez depende del Poder Legislativo (federal o local).

II. De manera alterna, el Poder Ejecutivo también posee la capacidad de fiscalizar a las dependencias y organismos bajo su mandato y jerarquía, por conducto de los llamados órganos de control (contralorías). Aunque en este caso, la fiscalización no es lo que podemos definir como “especializada”, sino de un carácter  y alcances más variados (ejercicio de los recursos, observación de la normatividad, contratación de personal, funciones de los servidores públicos, cumplimiento de las leyes de responsabilidades, observancia de las disposiciones en materia de contrataciones y adquisiciones del sector público, etc.)

DELEGACION Y FISCALIZACION PERSONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

I. La ley impone al sujeto obligado el deber de publicar determinada información en su sitio WEB (información pública mínima.

II. La ley  establece que el sujeto  obligado debe informar o dar a conocer al ciudadano todo tipo de información en su poder, a excepción de la que posea carácter reservado, confidencial o de datos personales en términos de la propia legislación.

III. Un organismo público autónomo se encarga de vigilar que los sujetos obligados cumplan con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

IV. El mismo organismo antes mencionado posee la atribución de asesorar, orientar, apoyar y en su caso defender y representar los derechos de los ciudadanos en el rubro de transparencia y acceso a la información.

V. Determinadas entidades poseen la atribución legal de requerir información a otras; ejemplo: El Poder Legislativo (federal o local) a otros poderes, organismos y dependencias públicas. O bien, a un servidor público determinado. Información que, una vez obtenida, es de carácter público salvo ciertas excepciones determinadas por la ley o en su caso, por autoridades administrativas o judiciales mediante acuerdos, laudos o sentencias.

En nuestra legislación y en el lenguaje político de uso diario, el concepto “rendición de cuentas” se utiliza de modo generalizado y bajo criterios y conceptos variados, todos ligados entre sí, pero distintos a la hora de “filtrarse” y analizarse por separado. A saber:

Responsabilidad Política: Se traduce como el deber que tienen los gobernantes de rendir cuentas de sus actos, pero en los hechos, no siempre el gobernante está obligado legalmente, aunque lo esté por aspectos morales o éticos. En otros casos, puede existir responsabilidad, pero sin sanciones, sin un régimen sancionador.

Todo servidor público tiene siempre “responsabilidad política”, pues ello implica actuar apegado a derecho, y ser congruente y legal en su trabajo, actos y decisiones. Sin embargo, estos deberes pueden quedar sólo en eso, un deber que no se cumple ante nadie, pues no se coloca al servidor ante otra persona o instancia que le exija una rendición de cuentas, y en su caso, le aplique sanciones.

Responsividad (el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua no reconoce esta palabra, pero es de uso común en varios países; traducción del término inglés responsiveness, y que algunos también traducen como “sensibilidad política”): Es la conducta del gobierno o gobernante que trata de reaccionar siempre a favor de las críticas y preferencias de la gente, de los gobernados. Es un compromiso unilateral del gobernante para ofrecer acciones a favor de la gente con prontitud y eficiencia (un gobernante que por voluntad e iniciativa propia trata de congraciarse con su pueblo).

Control y Fiscalización: Son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican el deber del gobernante o entidad para informar o rendir cuentas de forma periódica y con amplios contenidos relacionados con su quehacer.

Transparencia: Es el mecanismo legal e institucional por medio del cual las entidades y los gobernantes (sujetos obligados) cumplen con revelar la información que posee carácter público de acuerdo a la ley, y en su caso, a los criterios judiciales o administrativos aplicables.

Acceso a la información: Es el mecanismo por medio del cual los ciudadanos ejercen el derecho de solicitar información o documentos determinados a la administración pública.

Sin embargo, los instrumentos relacionados directa o indirectamente a la rendición de cuentas que ya hemos expuesto en la presente, y que forman parte de nuestro marco jurídico-legislativo poseen un gran faltante, uno que hiere de modo profundo el tejido social, que lastima al elector, a la ciudadano y al ciudadano que creyó en una promesa de gobierno, en un “paquete” de promesas, planes y acciones que le abrieron las esperanza de una vida mejor.

LA INEVITABLE VINCULACION ELECTOR-PROMESAS DE UN
CANDIDATO A UN PUESTO DE ELECCION POPULAR

LA FORMULA ES MUY SIMPLE:

I. Los partidos, coaliciones, candidatos comunes o candidatos independientes, deben convencer al ciudadano de ser la mejor opción para ocupar determinado cargo público (regidor, síndico, alcalde, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o presidente de la República).

II. El elector, por conducto de los medios de comunicación y de la publicidad electrónica, digital e impresa, escucha las diferentes ofertas políticas, tanto partidarias como de los candidatos en pugna.

III. Lo actos públicos de convencimiento son otro medio por medio del cual se busca el favor del sufragio.

IV. El ciudadano sopesa en su mente las distintas ofertas políticas, las confronta con la realidad que vive, con sus propias necesidades, con las de su familia, colonia y ciudad, y al final, toma una decisión acerca de por quién votará el día de la jornada electoral.

Esto genera una responsabilidad totalmente vinculante entre el elector y el gobernante electo, puesto que el segundo accedió al poder público gracias a que su propuesta de campaña convenció al número suficiente de ciudadanos para obtener la victoria; y por ende, queda obligado con estos a cumplir sus promesas.

Indudable es también la influencia y poder de convencimiento del partido o coalición de partidos que avaló al ganador; puesto que los institutos políticos, como se ha demostrado, gozan de simpatías y del llamado “voto duro” en cada proceso electoral, votos que se suman a los que obtiene el candidato por méritos propios. Existe pues, la responsabilidad de cumplir las promesas de campaña, tanto del candidato ganador, como del instituto o alianza de partidos que lo promovieron y apoyaron.

EL RELEVANTE “CASO COAHUILA” Y LOS CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN MATERIA DE PROMESAS DE CAMPAÑA

En el Documento de la UNAM titulado “REFLEXIONES DESDE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL.VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CAMPAÑA POR PARTE DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. UN MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRATICO”. De la autoría de la Ministra de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. De febrero de 2011; podemos leer los siguientes extractos, que resultan sumamente relevantes para la justificación de la presente:

Inicio de la cita textual:“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una serie de acciones de inconstitucionalidad en las cuales analizó, entre otros temas,  la facultad atribuida por la Constitución del Estado de Coahuila al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad para verificar y dar seguimiento a los compromisos de campaña realizados por los candidatos a un puesto de elección popular; atribución a la postre considerada por una mayoría del Tribunal Pleno, como contraria del orden constitucional, no obstante, la minoría estimó resultaba razonable la integración de esa medida  en el sistema electoral como un mecanismo que fomenta la participación  ciudadana; en ese sentido, esa minoría adujo que dar un seguimiento a los compromisos de campaña, estrecharía la identificación de la ciudadanía con sus representantes, tornándose en el fortalecimiento del Estado de Derecho, como se pretende demostrar en este trabajo.”

……

Como resultado de una intensa e interesante discusión sobre el tema, una mayoría calificada de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional, arribó a la conclusión de que los preceptos impugnados resultaban inconstitucionales. La decisión mayoritaria se sustentó en las consideraciones a continuación sintetizadas:

Con las porciones normativas impugnadas se violaban los principios constitucionales rectores de certeza y objetividad, por no aclarar el momento en el cual se llevaría a cabo la verificación o en qué consiste, esto es, si se realiza al momento de las campañas o después de las mismas, si consiste en una revisión o una confronta entre los compromisos de campaña y las posteriores acciones de gobierno tendientes a su cumplimiento.

No establece si son objeto de verificación los compromisos de campaña de todos los partidos políticos contendientes o sólo de los ganadores en la elección correspondiente.

La norma general impugnada, en la porción relativa, contraviene la objetividad electoral, pues la falta de certeza de la formulación normativa bajo análisis puede generar conflictos que alteren el desarrollo del proceso electoral.

Del artículo 217, párrafo segundo, del Código Electoral local:

a) No existe coincidencia sobre el sujeto al cual se dirige la “verificación”, pues la Constitución Local se refiere a los compromisos de campaña de los partidos políticos, y la norma secundaria a los de los candidatos;

b) La verificación y su objeto, generan incertidumbre al imponer a los gobernantes se incluya en su plan de trabajo los compromisos de campaña, así como la entrega anual de una copia de su informe de labores, pues esto indicaría la constatación por parte del Instituto estatal local de los compromisos de campaña con el informe anual de labores para determinar el cumplimiento de aquéllos; y

c) No se establece hasta dónde llega dicha facultad de verificación.

La regulación de la facultad de verificación por la norma legal bajo examen puede dar lugar a situaciones conflictivas.

Se declara la invalidez del artículo 27, fracción III, párrafo 9, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la porción normativa señala: “...la verificación de los compromisos de campaña de los partidos políticos...”; y en consecuencia la de los artículos 105, fracción VII, 157, 158 y 217, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, tal como lo manifesté en la sesión pública donde se abordó el estudio ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la “Facultad de la autoridad electoral local administrativa para verificar los compromisos de campaña de los partidos políticos”, mi opinión sobre la interpretación que se debió dar al contenido de los artículos impugnados es diferente a la votada por la mayoría del Pleno, en mi concepto los artículos impugnados no debieron ser declarados inconstitucionales.

En ese sentido, la facultad de verificación de los compromisos de campaña conferida en el numeral 21 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Instituto Electoral de esa Entidad, en modo alguno trastoca postulados fundamentales; por el contrario, considero en ejercicio de la facultad de autorregulación conferida por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal al Estado de Coahuila, la norma es acorde con el sistema democrático, pues tiende a garantizar el respeto integral del voto ciudadano; además de ser una norma que fomenta la capacitación y la educación cívica en la emisión de los sufragios.

Lo anterior, aunado a la previa existencia de dos precedentes en los cuales el Tribunal Pleno había enfatizado que la fracción IV, del artículo 116, confiere expresamente a laslegislaturas de los Estados el establecer y desarrollar en su legislación a la autoridad administrativa electoral su correspondiente integración, sus atribuciones y su funcionamiento, atendiendo a las características particulares imperantes en la entidad, claro está, sin sobrepasar los postulados de la propia Constitución Federal; incluso, en tales precedentes se había señalado dicha facultad de autoconfiguración de los Estados en materia del establecimiento de la autoridad administrativa electoral es amplísima, las entidades federativas bien pueden establecer y conferir a sus correspondientes institutos electorales las atribuciones estimadas pertinentes, siempre y cuando sean razonables con su función y naturaleza.

En ese sentido conviene señalar: “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el análisis de las leyes electorales es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos previstos en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puntos de partida de los criterios de validez que orientan el examen de ese tipo de normas, pues para verificar el apego de las leyes secundarias a la Norma Fundamental, además de atender a lo que ésta textualmente establece, también deben observarse los postulados esenciales que contiene, los cuales sirven de guía para cimentar ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico armónico, el cual guardará uniformidad y consistencia en relación con los fines que persigue el sistema electoral mexicano. Por tanto, es irrelevante que algunas disposiciones que contienen esos principios rectores y valores democráticos no sean exactamente aplicables al caso concreto por referirse a supuestos jurídicos diversos, ya que la concisión de dichas normas impide reiterar literalmente dichos conceptos fundamentales a cada momento, de manera que corresponde al Máximo Tribunal del país extraerlos de los preceptos constitucionales para elevarlos a categorías instrumentales o finales de interpretación, de modo tal que la propia Constitución sea la causa eficiente de toda resolución, no únicamente por su semántica, sino también conforme a sus propósitos”

Este estudio, encuentra su razón en la postura coincidente tanto del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, como de quien escribe estas líneas, a partir de la argumentación sostenida en el debate llevado en la resolución de las referidas acciones de inconstitucionalidad, por considerar los artículos impugnados, de la parte aquí referida, debían ser declarados constitucionales.

Con la finalidad de explicitar los motivos por los cuales la minoría se apartó del criterio que sostuvo la declaración de invalidez de la normativa electoral del Estado de Coahuila, en los apartados subsecuentes se hará referencia a diversos conceptos que en mi opinión, debieron tenerse en cuenta para la emisión de la sentencia relativa, conceptos en algún momento relacionados con el contenido de las normas invalidadas para hacer patentes los motivos del disenso minoritario.

FIDELIDAD EN LA REPRESENTACION

“La democracia es la lucha de los sujetos en su cultura y en su libertad, contra la lógica dominadora de los sistemas”

Si en un Estado democrático se determina el otorgamiento de facultades a los organismos ciudadanos constitucionalmente reconocidos transgrede los principios rectores de certeza y objetividad, se debe considerar una ruta que nos conduzca a determinar si efectivamente se están vulnerando tales principios, en mi opinión, ese recorrido se puede emprender si respondemos la siguiente interrogante: ¿Qué postulado fundamental puede violar una disposición tendiente a salvaguardar el respeto integral de la voluntad ciudadana? En ese esfuerzo se deben considerar elementos que al integrarse formen una postura, los cuales ayuden a responder dicho planteamiento; así, resulta conveniente analizar diversas fuentes del conocimiento jurídico, como son las normativas, jurisprudenciales, doctrinales e históricas, así, la democracia como régimen político involucra de manera concreta las formas de cómo acceder al poder, esto es, a través de elecciones libres, legítimas y periódicas, así como la protección de su ejercicio, con absoluto respeto a los derechos fundamentales.

No debemos olvidar, el artículo 3º de la Constitución Federal, establece la democracia debe entenderse no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y en ese mejoramiento interviene directamente la identificación y respeto guardado por los gobernados frente a los actos de gobierno.

Un aspecto imprescindible en la estructura del sistema democrático son los procesos electorales, dentro de este sistema también se encuentra el claro y serio ejercicio del poder mandatado, para lo cual, los partidos políticos dinamizan el funcionamiento del sistema, en ese sentido, lo determinado a través de un sistema electoral es la cuestión relacionada con la representación política, es decir, el sistema electoral determina las posibilidades de éxito de los partidos políticos en su competencia por el poder.

Por lo anterior, el sistema electoral tiene por objeto determinar las reglas mediante las cuales los electores expresan sus preferencias políticas, traducidas en votos, y pueden convertirse en curules parlamentarias o en cargos de gobierno; en ese sentido, la herramienta imprescindible de todo sistema electoral denominado democrático es el voto o sufragio, definido por la Real Academia de la Lengua Española como la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción, llevado a términos políticos, es la expresión de la voluntad libre y secreta del ciudadano a efecto de elegir una persona o personas como sus representantes.

Si tal representación no se cumple conforme a las expectativas de los electores, se corre el riesgo de llegar a la visión que advirtieron Karl y Scmitter, quienes abandonaron la visión “schumpeteriana”de la democracia, y señalaron ésta se basaba en una “falacia del electoralismo”, esto es “la creencia de que sólo por el hecho de llevar a cabo elecciones, la acción política se encaminará a justas pacíficas entre elites y entregará la legitimidad pública a los ganadores”

Entonces, para lograr esa identificación social legitimadora de los comicios electorales, deben considerarse elementos vitales para el sistema democrático, entre éstos se encuentran tres, los cuales desde la perspectiva de la tipología constitucional escrita, tienen su génesis en la Constitución Norteamericana de 1788 y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; punto de partida de la democracia actual: la efectividad del sufragio, los compromisos de campaña y la representación.

a) Efectividad del sufragio

“El fin de toda constitución política es, o debería ser, primeramente, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”.

……

En ese sentido y a modo de referencia sobre la jerarquía que ha llegado a obtener el alcance del sufragio en otros Estados, en la Constitución Política de Colombia en 1986, se estableció: “el sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufraga o elige, no impone obligaciones al candidato, ni confiere mandato al funcionario electo”, por lo cual, haciendo una valoración en contrario sucede esta disposición constitucional, se advierte el alcance del sufragio puede llegar a tener alcances no limitantes al acto de votar en la jornada electoral, se puede anotar de esta comparación, la naturaleza misma del sufragio puede extender sus efectos hasta los actos del ganador en la contienda electoral y de alguna manera, la suma de voluntades, más no la coacción pública, puede configurarse en un mandato, por supuesto con carácter muy general, sobre las acciones desplegadas en sus actos de representación y en sus actos de gobierno.

Lo anterior considerando en nuestra norma fundamental, los artículos 41, fracción I, 116, fracción IV, inciso a) y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f ), señalan respectivamente que en la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, de los gobernadores, los miembros de las legislaturas locales y los integrantes de los ayuntamientos; así como del Jefe de Gobierno, los Diputados a la Asamblea Legislativa y los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, respectivamente, se deben sujetar a elecciones realizadas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Siendo coincidente también, la propia Constitución Política Federal en sus artículos 115, fracción I, párrafo tercero, y 122, apartado C, base segunda, fracción I, párrafo tercero, refieren la existencia de un mandato “constitucional”, y aunque es para efectos de suspender o revocar el mandato en el caso de los miembros del ayuntamiento, o la remoción del mandato en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; la forma en que todos los representantes referidos en el párrafo anterior llegan a ostentar su cargo, no es distinta a la emanada de la realización y resultado de elecciones realizadas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por lo anterior se advierte, si bien no se pueden imponer obligaciones al candidato electo cuando ya está en el ejercicio del cargo para el cual fue votado, sí existe un mandato con particularidades muy específicas, -las cuales serían materia de otro estudio-, respecto del cual se extiende un vínculo entre el sufragio efectivo y los actos del representante popular.

En ese sentido, aún cuando el funcionario electo no asume ninguna obligación respecto del elector, y solo bajo circunstancias especiales se puede revocar el mandato conferido, siguiendo a Hernández Becerra, sería conveniente establecer principios que aseguren por parte del elegido, la lealtad debida a su afiliación partidista, a los programas de partido y a sus promesas electorales.

Asimismo, en un Estado democrático los titulares del poder político son designados mediante elecciones libres, en las cuales sin discriminación y previos los requisitos establecidos, pueden participar todos los ciudadanos, mediante la instrumentación de un derecho fundamental, es el voto universal, libre, igual y secreto, quienes se constituyan en gobernantes se deben sujetar a periodos determinados, con la finalidad posibilitar jurídicamente la alternancia en el ejercicio del poder. En ese sentido, debe subsistir un reconocimiento de los derechos político-electorales del ciudadano, pero éste por sí mismo no basta para poder ejercer y alcanzar efectividad, por ello es imprescindible pasar del lenguaje de los derechos, para llegar hasta su pleno ejercicio, por ello se debe promover la participación de los ciudadanos a través de la efectividad del sufragio.

Siguiendo lo anterior, los derechos político-electorales, no deben agotarse únicamente en el proceso electoral, éstos además de su carácter de derecho fundamental, repercuten en el interés público derivado de su propia materia, por eso no son derechos aislados, se integran para fortalecer la estructura del sistema jurídico-político, mediante la legitimación de sus resultados, por ello el sistema democrático se fortalece cíclicamente a través de la publicación de la convocatoria que fija las bases para los comicios electorales, el desarrollo interno de selección de candidatos por parte de los partidos políticos, la postulación de las candidaturas, el periodo de campaña, la jornada electoral, los resultados de la votación, la entrega de las constancias de mayoría, la justicia electoral y la cultura cívica, labor compartida para los actores políticos, los organismos reguladores y las bases ciudadanas.

En ese ejercicio cíclico, como se proponía en el caso comentado, si el candidato vencedor de la contienda electoral informa anualmente los resultados de su mandato al organismo ciudadano a cargo de la organización del proceso electoral, y dicho órgano ciudadano en una manera imparcial difunde tanto los compromisos de campaña registrados conforme a las plataformas políticas del partido político que lo postuló, como las actividades realizadas anualmente; esto contribuye a formar una cultura cívica y una conciencia del sistema democrático, el cual como he referido, no se agota en el proceso electoral.

Lo anterior además, sería una fuente de información fidedigna sobre el desempeño dequien ostenta cargos de elección popular, aportando elementos objetivos para el potencial elector, quien ejerza en su fuero interno un juicio conforme a la valoración que considere ameritan los resultados del desempeño de quien obtuvo la mayoría de los sufragios; de esa forma, se establecería un mecanismo ciudadano para exigir mediante la coacción moral a quien ha resultado ganador, guardar fidelidad tanto a los compromisos de campaña asumidos conforme a su plataforma política, como a sus electores, y aún cuando por circunstancias del ejercicio del puesto de elección popular pudiera separarse de su partido, los compromisos asumidos hacia el electorado, no de manera formal, pero sí por la fuerza moral, deben ser observados. De considerarse lo anterior, el respeto al voto ciudadano se debe ver en dos dimensiones, por una parte el sufragio emitido será aceptado y reconocido a través de la declaración de validez plena al hacer la declaración oficial de los sufragios emitidos conforme a las disposiciones normativas de la materia y ésta corresponde a los órganos a cargo del proceso electoral, así como a los órganos jurisdiccionales de la materia; y en un segundo plano, se da en el ejercicio del cargo de elección popular, a través de la fidelidad guardada por el candidato ganador a la voluntad ciudadana, la cual lo favoreció en la jornada electoral, esto no de manera limitativa, pues el compromiso adquirido no solo comprende a los electores que lo favorecieron, sino que aún quienes con su voto apoyaron una propuesta política distinta, con el ejercicio del sufragio legitiman el sistema democrático, el proceso electoral y de modo específico el triunfo de quien obtuvo la mayoría de los votos, por lo cual al protestar el cargo público, lo hace ya no solo por sus simpatizantes, quienes lo han llevado al triunfo electoral, sino por el total de los habitantes integrantes del espacio territorial sobre el cual éste ejercerá su función o representación.

A través del voto los ciudadanos participan en la decisión de la orientación política general mediante la designación de sus representantes, con lo cual se cumplen dos funciones esenciales, las cuales han hecho que el sufragio haya ganado un lugar preeminente en la vida política del Estado democrático, la primera es la función electoral, ésta sirve para designar a los representantes, y la segunda consiste en una función normativa a través de éstos, para iniciar una ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso activar al organismo jurisdiccional guardián de la constitución.

Así, las funciones electoral y normativa se resumen en una sola, la expresión de la opinión pública, en cuyos juicios suelen ir mezclados nombres de personas, doctrinas encarnadas y resoluciones preferidas.

En ese sentido, la función del sufragio encarna tres efectos principales, producir representación, producir gobierno y ofrecer legitimación.

Por todo lo anterior, la instrumentación de una norma desplegada “únicamente” para verificar —en un plano informativo para el ciudadano— que el candidato favorecido con el mayor número de votos en la jornada electoral y en consecuencia resulte electo a un cargo de representación ciudadana, trabaje por llevar a cabo y cumplir con la ciudadanía las promesas y/o propuestas realizadas en campaña, las cuales fueron fundamentales para su asunción al cargo público detentado, se abona tanto a una cultura integral del respeto al voto ciudadano, como de instrumento de capacitación a la ciudadanía en la emisión de su voto en futuros procesos electorales, lo cual indudablemente llena de vitalidad el sistema democrático al reconocer la efectividad del sufragio y por ende, no resulta contrario del orden constitucional.

Llegando aquí considero conveniente formular el siguiente cuestionamiento ¿Qué dirección tomará el sufragio?

Si consideramos la efectividad del sufragio ya no es solo el reconocimiento del derecho a votar y ser votado con la finalidad de elegir representantes, en un estado democrático, éste, ha tenido una evolución en la cual el sufragio se constituye en gestor de la función pública, aunque de manera no formal, orientando los actos de gobierno, pues en la dinámica de un sistema democrático maduro, quienes fueron elegidos democráticamente, mantienen fidelidad a la voluntad expresada en los comicios electorales, definida a partir de las plataformas políticas y los compromisos de campaña, formando la conciencia de los actores electivos.

Abundando en lo anterior, Rafael Dendia, quien fuera Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay por más de catorce años ha dicho: “el sufragio es a la vez función pública, es derecho y es deber; tres aristas de una misma institución jurídico-política, pilar del sistema democrático de gobierno. Es también el modo como se realiza la igualdad republicana, en dignidad y en derechos. El ciudadano tiene derecho al sufragio activo y el pasivo; además el sufragio exige no solo que todos puedan votar sino que todos los votos tengan el mismo valor, igualdad. Desde otra óptica, mediante el sufragio se produce la participación ciudadana amplia para la formación de la política estatal. La participación de efecto decisivo o consultivo otorgará la legitimación a los gobernantes, tanto en su designación como en su desempeño”.

En ese sentido y atendiendo a la naturaleza expansiva de los derechos fundamentales “e l ciudadano aspira a más democracia, no solo la democracia política formal sino la real que permea la sociedad”.

La garantía que posibilita el ejercicio del sufragio sería fortalecida en la medida en la cual se tuviera la certeza de que las opciones políticas, miren con seriedad la realidad social para fijar sus compromisos de campaña y una vez triunfadoras, los actores políticos guarden fidelidad a dichos compromisos.

Al respecto, el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en aquella serie de debates para resolver la constitucionalidad de la facultad dada al órgano vigilante del proceso electoral en el Estado de Coahuila, pudiera con posterioridad a la elección dar seguimiento a los compromisos de campaña cuando el candidato triunfador de los comicios electorales comenzara a desempeñar el cargo para el cual fue elegido, refirió una analogía que si bien resultó ser simpática, dejó una reflexión seria.

La analogía es la siguiente: “Se cuenta que en una latitud geográfica muy distinta de nuestro país, el candidato al primer cargo de autoridad civil –cargo popular-, se encontraba en un pueblo que él no conocía; y haciendo sus promesas de campaña prometió que iba a construir un puente en esta población; y alguien de la multitud le dijo: ¡pero si aquí no hay ríos, señor!; también les haremos un río”.

La reflexión de dicha historia provoca dos interrogantes, la primera: ¿Qué sentido tiene la promesa de campaña?, y por otra parte: ¿Qué sentido tiene ganar votos sin adquirir compromisos?

En efecto, una campaña política así carecería de seriedad, tomando en cuenta ésta es el conjunto de actos realizados por un aspirante a un cargo de elección popular, a través de la cual da a conocer al electorado su plan de trabajo, sus propuestas y sus compromisos, los cuales buscará llevar a cabo en el ejercicio del cargo, de resultar favorecido con la mayoría de los sufragios.

En ese sentido, considerar la verificación del cumplimiento o no de los compromisos de campaña, representa un intento serio de que la promesa de campaña signifique asumir compromisos realizables dentro del ámbito de competencia al cargo aspirado, para cuando se ejerza el poder en caso de ganar las elecciones.

Al implementarse un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de campaña, haría madurar el sistema democrático al estimular el interés de los electores por conocer el perfil político de los candidatos a través de sus compromisos de campaña, pues no se debe olvidar, independientemente de las plataformas políticas y los principios de los partidos políticos, la existencia de un padrón de compromisos tendría suma relevancia, aún cuando para ser candidato a alguno de los cargos de elección popular referidos en párrafos anteriores es necesario ser propuesto por algún partido político, y a la persona la respalden los postulados de aquel, el carácter dinámico de la sociedad, hace que el mecanismo de verificación propuesto se ajuste adecuadamente al sistema democrático, toda vez que los candidatos electos, ostentan una representación popular, pero ésta, únicamente se otorga por un tiempo determinado; así, la actualización general de las necesidades económicas, políticas y sociales, podría ser mejor identificada tanto para quienes aspiran al cargo de elección popular, como para los electores, lo cual apoyaría a un desarrollo sostenido en cada uno de ésos ámbitos.

Por ello, sigo compartiendo la opinión expuesta en el debate del Tribunal Pleno, en el sentido de que dicho mecanismo es de gran avance para la auténtica democracia nacional y puede ser el detonante de compromisos auténticos registrados, permitiendo conocer su cumplimiento o incumplimiento; es decir, podría significar una herramienta eficaz para seguir avanzando hacia una consolidación democrática, fundada en la expectativa que la ciudadanía asocia a este régimen político.

Por otra parte y atendiendo a la finalidad que persigue la incorporación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los compromisos de campaña, como instrumento para superar los diferentes retos de la democracia, se debe atender que éste fomentaría la llamada “socialización política”, la cual se refiere al tema de cómo, qué y cuándo aprende la población acerca de la política; esto se da como un proceso de aprendizaje e interiorización de valores, símbolos y actitudes frente a la política, de larga duración y mucho menos directo, formal y cognoscitivo que el aprendizaje escolar. Se trata de un proceso eminentemente cultural en la medida en la cual intenta insertar al individuo en su sociedad al hacerlo partícipe del código de valores y actitudes en ella dominantes…” Fin de la cita textual.

Sin más explicaciones, pues atendiendo a lo vastamente expuesto resultarían redundantes o innecesarias. Queda claro que:

I. No es “descabellado” o propiamente inconstitucional que un servidor público de elección popular deba cumplir sus promesas de campaña, o por lo menos explicar a los votantes los motivos por los que no ha podido cumplir.

II. Es un derecho de los ciudadanos como depositarios de la Soberanía Nacional y del gobierno emanada de esta, exigir explicaciones e informes de sus actividades a los servidores públicos y a las entidades de gobierno.

III. No podremos avanzar en materia democrática y de combate a la corrupción, mientras los servidores públicos puedan distanciarse y “olvidar” sus promesas de campaña y sus plataformas de gobierno o legislativas una vez que entran en funciones.

IV. Privar al ciudadano de los derechos antes mencionados, es ir en contra de tratados internacionales y de nuestra propia Ley Suprema, en especial de los artículos 1º ; 39 y 41.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se modifican los contenidos de la fracción I del artículo 35, del  artículo 39; y se adicionan los párrafos tercero y cuarto a la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35…

I. Votar en las elecciones populares, y exigir a los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de campaña, y en su caso, que expliquen los motivos por los que no han podido dar cumplimiento a las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran derivarse en cada caso.

II. …….

Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de exigir a este el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y compromisos ofrecidos al pueblo, con independencia de aquellos que deben cumplirse obligatoriamente por disposiciones normativas.

Artículo 41…

(….)

(.....)

(….)

Los partidos políticos conservarán en una base de datos las plataformas políticas, los planes o proyectos de gobierno y las promesas de campaña de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular correspondientes a cada proceso electoral, esto por un término de 12 años, para efectos de que sea consultada libremente por los ciudadanos. Estas bases deberán actualizarse de forma permanente al concluir cada proceso electoral en que participen los partidos, sin perjuicio de que contiendan de forma individual o bajo cualquier forma de coalición o alianza que establezca la ley.

La renovación, y en su caso la destrucción de los datos contenidos en las bases antes mencionadas, se harán siempre atendiendo al plazo señalado en el párrafo anterior, sin que pueda eliminarse la información o datos que no hayan cumplido los 12 años de antigüedad.

……..

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- La legislación secundaria, en su respectivo ámbito de competencia, deberá ser adecuada a lo dispuesto  en la presente reforma.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández".

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Salazar Fernández.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo el artículo 33 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, con su permiso señora Presidenta.

Compañeras Senadoras y Senadores:

El fenómeno que ha caracterizado la globalización de las últimas décadas es la apertura sin precedente de la economía mundial. La búsqueda de la maximización de utilidades por parte de las empresas, las ha llevado a reordenar y multiplicar sus centros de producción, adquirir nuevos canales de comercialización y ubicar oficinas en distintos países. Sin embargo, esta mundialización de sus ingresos ha traído consigo complicaciones de naturaleza tributaria, tanto para las empresas en el pago de sus gravámenes, como para las autoridades hacendarias en la recaudación de los mismos.

Una obligación que resulta de singular importancia frente a la subsistencia del Estado es, sin duda alguna, la de pagar impuestos.

El imperativo de contribuir para los gastos públicos, se encuentra, para los mexicanos, consagrado en el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución; ahora bien, analicemos si tal soporte constitucional existe o no para imponer contribuciones a los extranjeros.

Resulta fundamental determinar si, en principio, un extranjero se encuentra sujeto a la jurisdicción impositiva de un Estado del cual no es nacional.

Cualquier país donde se genere un ingreso económico, tiene derecho a sujetar al pago de sus impuestos al contribuyente por el monto de dichos ingresos. Además, el país donde el sujeto pasivo tiene su residencia, tiene derecho a sujetar al contribuyente a impuestos por la totalidad de sus ingresos obtenidos globalmente. Sin embargo, cuando la definición de algunos de estos puntos de conexión no es precisa, la sombra de una doble tributación o de una evasión fiscal está latente.

Tomando en cuenta la naturaleza de los Convenios para Evitar la Doble Tributación como son los tratados internacionales y dando lugar asignado por nuestra Ley Suprema a los tratados internacionales, éstos, por encima de las leyes federales, dentro de la jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido definiendo la necesidad de interpretar estos convenios empleando las reglas internacionales de interpretación, esto es mediante lo estipulado en la Convención de Viena.

Cualquier extranjero que obtenga ingresos cuya fuente de riquezas se encuentre en México, o bien, que deriven de actividades realizadas en territorio nacional, debe contribuir al gasto público.

De las facultades del Congreso de la Unión para establecer contribuciones y para legislar en materia de condición jurídica de los extranjeros, podemos concluir que el hecho de que los mexicanos estemos obligados a contribuir, no significa necesariamente que los extranjeros no lo estén, pues el hecho de señalar una obligación expresamente a unos, no libera de la misma a los otros.

Es necesario considerar que la fuerza que ejerce la Constitución sobre las normas secundarias es inminente y, por lo tanto, la supremacía constitucional debe siempre atender a los principio de igualdad, generalidad y proporcionalidad tributaria ya que de no establecerlo expresamente, se puede recaer en una falta de certeza jurídica.

Las leyes y demás disposiciones generales de carácter impositivo, requieren en última instancia estar soportadas en nuestra Constitución.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a rango constitucional la obligación de los extranjeros para contribuir a los gastos públicos de forma proporcional y equitativa, en los supuestos y condiciones que dispongan las leyes respectivas para este efecto.

Solicito atentamente, señora Presidenta de la Mesa Directiva, incluir el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

Iniciativa

"ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El fenómeno que ha caracterizado la globalización de las últimas décadas es la apertura sin precedentes de la economía mundial. La búsqueda de la maximización de utilidades de las empresas las ha llevado a reordenar y multiplicar sus centros de producción, adquirir nuevos canales de comercio y ubicar oficinas en distintos países, formando un mismo grupo de intereses económicos. Sin embargo, esta mundialización de sus ingresos ha traído consigo complicaciones de naturaleza tributaria, tanto para las empresas en el pago de sus gravámenes, como para las autoridades hacendarias en la recaudación de los mismos.

Así, el Derecho Fiscal, en su necesidad de ampliar sus funciones y de proporcionar a las autoridades hacendarias medios que les permitan configurar el ingreso universal de los contribuyentes residentes dentro de su circunscripción territorial, ha venido apoyándose en instrumentos jurídicos internacionales útiles para ejercer, más allá de sus fronteras, controles que deriven en posibles actos de fiscalización. La residencia de las entidades corporativas juega un papel clave en la tributación nacional sobre el ingreso de las corporaciones y en la aplicación de los tratados internacionales.

En la globalización fiscal internacional, el concepto de residencia cobra una gran importancia, ya que para tener derecho a los beneficios que se derivan de los Convenios para Evitar la Doble Tributación (CEDT), ésta se debe acreditar ante las autoridades de cualquiera de los Estados contratantes.

Tomando en cuenta la naturaleza de los Convenios para Evitar la Doble Tributación como tratados internacionales y dado el lugar asignado por nuestra Ley Suprema a los tratados internacionales, por encima de las leyes federales, dentro de la jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parte de la doctrina, ha venido defendiendo la necesidad de interpretar estos convenios empleando las reglas internacionales de interpretación de los tratados, esto es, la Convención de Viena. Surge entonces la pregunta si dichos tratados internacionales deben interpretarse de acuerdo a los criterios de la Convención de Viena, o según el Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre Ingreso y Capital (MOCDE).

La imposición tributaria sobre la renta y sobre el capital se hace utilizando los llamados puntos de conexión, los cuales son la fuente del ingreso y la residencia de la persona contribuyente. El país donde se genere el ingreso (Estado fuente) tiene derecho a sujetar al pago de sus impuestos al contribuyente por el monto de dichos ingresos. El país donde el sujeto pasivo tiene su residencia (Estado residente), tiene el derecho de sujetar al contribuyente a impuestos por la totalidad de de sus ingresos obtenidos mundialmente. Sin embargo, cuando la definición de alguno de estos puntos de conexión no es precisa, la actualización de una doble tributación o de una evasión fiscal es latente.

Dentro de nuestra Carta Magna existen diversas disposiciones que conforman el marco jurídico constitucional en materia tributaria.

Dentro de ese cúmulo de normas, encontramos aquellas que establecen las facultades legislativas de la Federación y de los Estados; otras que se refieren propiamente a la obligación de pagar impuestos; y por último, aquellas que sin estar específicamente relacionadas con los impuestos, establecen límites a la potestad tributaria del Estado, es decir, los derechos fundamentales.

Una obligación que resulta de singular importancia frente a la subsistencia misma del Estado, es la de pagar impuestos; la de contribuir para el desahogo de los gastos públicos. Sobre este tema y su fundamento teórico mucho se ha dicho y escrito; sin embargo, resulta fundamental para esta iniciativa abordarla desde el punto de vista positivo.

En el artículo 31, Fracción IV Constitucional, se impone a los mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la siguiente forma:

a) Para aquellos de la Federación, están obligados todos los mexicanos; y

b) Para aquellos estatales o municipales, únicamente estarán obligados los mexicanos que residan en ellos.

En resumen, es dable afirmar que la reglamentación de la obligación de contribuir para los gastos públicos que se efectúe a través de las legislaciones secundarias deberá respetar en todo momento los principios emanados de la Constitución General.

Las leyes y demás disposiciones generales de carácter impositivo, requieren, en última instancia, estar soportadas en nuestra Constitución Política.

El imperativo de contribuir para los gastos públicos, se encuentra, para los mexicanos, en el artículo 31 fracción IV constitucional; ahora bien, analizamos si tal fundamento o soporte constitucional existe o no para imponer contribuciones a quienes no son mexicanos, es decir, a los extranjeros.

Un aspecto que resulta determinante para los fines de esta iniciativa, es el concepto “extranjero”.

Tiene el carácter de extranjero, la persona física o moral, que no reúne los requisitos contemplados en el sistema jurídico de un Estado determinado, para ser considerada como nacional.

Serán extranjeros, por lo tanto, aquellas personas físicas que no reúnan los requisitos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 30; esto, tal y como lo señala el propio artículo 33 constitucional.

Atendiendo entonces a lo señalado en el artículo 30 constitucional, serán extranjeros aquellas personas que no se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

I. Haber nacido en territorio nacional o a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra o mercantes;

II. Haber nacido en el extranjero, de padres mexicanos, o bien de padre mexicano o madre mexicana;

III. No haber nacido mexicano, haber obtenido carta de naturalización; y

IV. No estando en ninguno de los supuestos anteriores, haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicana y tener o establecer su domicilio en territorio nacional.

Por otro lado, en relación con las personas, la Ley de Nacionalidad, establece en el primer párrafo de su artículo 9 que:

“Son personas morales de nacionalidad mexicana las que constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal.

De esta suerte, y siguiendo el criterio de la excepción antes anotado, serán personas morales extranjeras, aquellas que no cumplan con estos requisitos.

Carlos Arellano García define la condición jurídica de los extranjeros como: “los diversos derechos y obligaciones imputables en un Estado a las personas físicas o morales que no tienen el carácter de nacionales”, es decir, es un concepto que “alude a la esfera jurídica de las personas físicas o morales, no nacionales, en un Estado determinado.”

Uno de los elementos que integran esa esfera jurídica de los extranjeros, será entonces la obligación de contribuir, correlativa al poder tributario del Estado.

La expresión, poder tributario, significa, en la opinión de Carlos M. Giulliani F., “la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hayan en su jurisdicción”.

Resulta fundamental determinar si, en principio, un extranjero se encuentra sujeto a la jurisdicción impositiva de un Estado del cual no es nacional. En este sentido David T. expone que la jurisdicción impositiva es una decisión política como cualquier otra; la determinación de la extensión en la cual es justo o prudente sujetar el ingreso de las diversas personas o entidades al ejercicio de un poder gubernamental primario y generalmente oneroso.

De acuerdo con lo anterior, consideramos que si un extranjero obtiene ingresos cuya fuente de riqueza se encuentra en México, o bien que deriven de actividades realizadas en territorio nacional en forma permanente, dicho extranjero tiene la obligación de contribuir a los gastos públicos; pues dichos gastos al efectuarse en la prestación del servicio y en obras de infraestructura pública, permiten la generación de riqueza, a partir de una aportación del extranjero, ya sea en dinero, bienes de capital, trabajos o conocimientos. Dicho en otras palabras, en la medida en que los gastos públicos benefician al extranjero, justifican su aportación, vía contribuciones.

A nivel constitucional, los preceptos contenidos en los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones VII y XVI constituyen un fundamento primario de la obligación de los extranjeros de contribuir para los gastos públicos.

Dichos preceptos señalan lo siguiente:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. a III. …

IV. Contribuir para los gastos públicos así de la Federación, como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a VI. …

VII. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

De las disposiciones anteriores, en cuanto a su texto y de un análisis de las mismas, podemos establecer el fundamento constitucional para imponer cargas tributarias a los extranjeros.

En primer lugar hay que destacar que el ámbito personal del artículo 31, fracción IV constitucional como norma jurídica comprende única y exclusivamente a sujetos que de acuerdo con la misma Constitución poseen una calidad jurídica específica: ser mexicanos; dando lugar a una exclusión de los extranjeros.

Hasta el 21 de Junio de 1993, la ahora abrogada Ley de Nacionalidad y Naturalización, establecía en su artículo 32, la obligación genérica para los extranjeros de pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias de carácter general; con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Nacionalidad, desapareció este precepto, no habiendo en la actualidad, hasta donde lo hemos podido constar, disposición legal que establezca en forma genérica y explicita, esta obligación.

De esta circunstancia se deriva la interrogante fundamental: ¿únicamente los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, y no así los extranjeros?

Sobre este particular se han pronunciado diversos autores, de los cuales resulta oportuno citar los siguientes:

Ernesto Flores Zavala señala que “aun cuando el precepto constitucional sólo se refiera a los mexicanos, cuando establece la obligación, no prohíbe que se impongan a los extranjeros y, en consecuencia, puede hacerlo el legislador ordinario”.

Por su parte, Alfonso Cortina Gutiérrez, sostiene que “la obligación de contribuir para los gastos gubernamentales que establece la fracción IV del artículo 31, es una obligación general, a pesar de que literalmente el texto constitucional se refiere a deberes de los mexicanos. Nunca se ha pretendido interpretar ese texto, en el sentido de que los extranjeros estén excluidos del pago del tributo”.

Por otro lado, Felipe Tena Ramírez afirma que “correlativa a su vez de la facultad del Congreso para imponer contribuciones, es la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El artículo 33 de la Constitución del 57 ampliaba expresamente esta obligación de los extranjeros, lo cual se justifica, pues si estos reciben al igual que los nacionales, la protección del poder público para sus personas y sus bienes, sería indebido que no contribuyeran a los gastos que demanda dicha protección.”

De los comentarios anteriores, así como de las facultades del Congreso de la Unión para establecer contribuciones y para legislar en materia de condición jurídica de los extranjeros, podemos concluir que el hecho de que los mexicanos estemos obligados a contribuir, no significa necesariamente que los extranjeros no lo estén, pues el hecho de señalar una obligación expresamente para unos, no libera de la misma a los otros, en tanto se encuentre facultado al Congreso en los términos antes comentados.

Bajo este mismo criterio, se puede inferir válidamente que la obligación establecida para los mexicanos por el artículo 31, fracción IV constitucional deviene innecesaria ante la potestad soberana del Congreso de la Unión para establecer contribuciones. Sin embargo, es necesario considerar que la fuerza que ejerce la Constitución sobre las Normas Secundarias es inminente, y por lo tanto, la Supremacía Constitucional debe siempre atender a los principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad tributaria ya que de no establecerlo expresamente, se puede recaer en una falta de certeza jurídica.

Por lo anterior, y con la finalidad de de elevar a rango constitucional la realidad jurídica, política y social del régimen tributario de los extranjeros en México, al igual que sucede con la obligación tributaria los mexicanos en nuestra Carta Magna, propongo, a través de esta iniciativa, incluir en el artículo 33 de nuestra Ley Fundamental, la obligación de los extranjeros para contribuir a los gastos públicos de forma proporcional y equitativa, en los supuestos y condiciones que dispongan las leyes respectivas para este efecto.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO UNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo el actual para ocupar el párrafo cuarto, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 33. ...

Es obligación de los extranjeros contribuir para los gastos públicos de forma proporcional y equitativa, en los supuestos y condiciones que dispongan las leyes respectivas.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D.F., a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Alejandro Tello Cristerna".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Tello Cristerna.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para solicitarle respetuosamente al Senador Alejandro Tello, si me permite adherirme a la propuesta que acaba de presentar.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aceptado, Senador Rosas González.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Expediente Clínico Electrónico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO

(Presentada por el C. Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenos días, Senadoras y Senadores, con su permiso, señora Presidenta.

El pasado 29 de agosto, en Costa Rica, una reunión en el Parlatino se tomó el acuerdo de iniciar con una Ley marco para crear la historia clínica electrónica.

Su registro fue aprobado por la Comisión de Defensa del Usuario y del Consumidor, del Parlatino.

Es por ello que me permito presentar ante ustedes la siguiente intervención de una iniciativa que crea la Ley del Expediente Clínico Electrónico.

La unificación del sistema de salud en México requiere reconocer la actual dispersión y descoordinación que impera entre las instituciones del sector.

Parar lograr un éxito en la universalidad que se pretende en la prestación del servicio médico, es preciso garantizar la intervención del sistema. Unificar el sistema de salud integrando el financiamiento e infraestructura supone modificar algunas instituciones del sector y eliminar éstos. Esto afectaría las obligaciones sociales y laborales que durante décadas ellas han adquirido.

Una muestra de la desorganización a que nos referimos, es el relativo al expediente clínico, el cual resulta en una herramienta fundamental del proceso propedéutico clínico que ha permitido el desarrollo de la medicina.

Ante la desorganización se ha convertido en uno de los principales responsables de la inequidad en la prestación de la atención médica.

Los datos hablan por sí mismos, en cada hospital público o privado la operación de recepción, metodología de la atención y el alta de los pacientes se lleva a cabo mediante el seguimiento de tres leyes federales como mínimo, más de cinco convenios interinstitucionales, cuatro reglamentos federales y seis normas oficiales.

No obstante el término práctico y por la problemática que acarrea tanta normatividad, la autoridad sanitaria permite la emisión del expediente si cumple una sola de las normas oficiales. Ello ha dado lugar a la existencia y operación de más de 50 expedientes clínicos en distintas partes del país.

Estas son las acciones que deberíamos corregir antes que abordar temas como el de la universalidad, porque necesitamos una reforma con visión transversal y homogénea, para que el Estado garantice con eficiencia la prestación del servicio médico sin que haga distinción del subsistema de previsión social en salud a que pertenezcan las personas.

Para poder garantizar una verdadera universalidad de los servicios de salud, no basta con unificar la cobertura y el acceso, sino que debemos homogeneizar primero los procedimientos que intervienen en el sistema de salud, en términos de calidad, esto significa ver la calidad en salud como eje primordial y horizontal en los sistemas de salud.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa pretende crear una ley marco sobre el expediente clínico, mediante un sistema único de avance tecnológico capaz de generar una sola identificación que acepte cualquier establecimiento médico.

Esta ley garantiza que todos los establecimientos para la atención médica reconozcan el uso de manejo de datos y la presentación de las credenciales y el servicio será brindado en servicio de los usuarios sin discriminación por motivo de edad, nivel socioeconómico, derechohabiencia y padecimiento preexistente.

La ley traslada la titularidad del expediente clínico al paciente y no al establecimiento de salud, como antiguamente se viene realizando aquí en nuestro país.

Para que el paciente mantenga control sobre la toma de decisiones y protección a sus datos personales en el uso de terceros autorizados, la autentificación de usuarios al sistema será necesaria la entrada de dos claves electrónicas, y otra medida de seguridad, tales como la huella digital.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras, espero que los criterios aquí establecidos en esta nueva ley puedan iniciar no sólo de manera directa, sino favorable, en la calidad de los registros médicos, así como a los resultados médicos, toda vez que se otorga un solo método de integración, manteniendo los objetivos y parte fundamentales que cada norma en el tema brinda, y esto nos colocaría directamente en la misma ruta con los países latinoamericanos que se han dado a la tarea de iniciar con este proyecto de ley marco, en el Parlatino.

Gracias por su atención.

Con su permiso, y muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Expediente Clínico Electrónico, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La unificación de un sistema de salud como el nuestro, que desde 2004 ha acrecentado la desorganización en la administración pública de la prestación del servicio, con demasiadas invasiones a facultades y servicios de un instituto hacia el otro, hace imposible concretar una propuesta común dirigida a la obtención de la salud universal, sin antes garantizar las necesarias acciones para obtener dicha integración del sistema.

Este Sector se maneja mediante un Sistema Múltiple, en la que convergen distintas instituciones para diversos grupos sociales de la población, en donde interactúan la participación de entidades públicas y privadas.

Tenemos por una parte, un Instituto gubernamental, autónomo dedicado a brindar servicios de salud y seguridad social, un Instituto Federal dedicado a otorgar cobertura de servicios de salud a personas que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social y otra más con visión integral de la seguridad social para los trabajadores del Estado.

En este escenario que se nos presenta persiste una competencia desmedida por el aumento presupuestario, la afiliación y, estirando o respetando normas, por las facultades de atención médica a distintos sectores, al mismo tiempo que los usuarios comienzan a decidirse por nuevas unidades de salud como las Farmacias privadas.

Por una parte, el sistema público el Seguro Popular se encuentra en una política de afiliación que le ha aumentado su población a 52.7 millones de personas, obteniendo con ello un significativo aumento presupuestal, al mismo tiempo que significa una gran disminución de cuotas al Régimen Voluntario que se maneja con la misma metodología.

Una de las primeras diferencias considerables en México se debe a que mantiene desde hace años uno de los lugares más bajos de toda Latinoamérica en lo que respecta al gasto destinado para garantizar la salud, alrededor de 6.5% de nuestro Producto Interno Bruto.

Esto ha resultado negativo para la distribución equitativa del presupuesto, impactando agresivamente en las posibilidades de la población para acceder a un buen sistema de salud y en el gasto de bolsillo, perjudicado también bajo ingreso salarial.

Además, hay que tomar en cuenta que en el año 2011, del presupuesto asignado de 96 mil 808 millones 705 mil para atender la salud del país, 57 mil 268 millones, más del 50% se asignó para proteger únicamente a un solo sistema, el Seguro Popular.

Lo anterior provoca claramente una inequidad para aquellas personas que se encuentren como beneficiarias de los demás sistemas de salud, con un menor presupuesto y por lo tanto con condiciones más precarias.

Pero a pesar de dicha ventaja de beneficiarios, solo tres tipos de consultas prestadas por el IMSS abarcan el 90 por ciento de las consultas que el Seguro Popular declara prestar, sin contar que en un día típico el IMSS ofrece más de 417 mil consultas médicas, contra 28 mil consultas en todo un año del SPS.

Mientras, la implementación de consultorios privados en las cadenas de farmacias comienza a crecer, no solo como un opción alterna, sino que incómodamente forma parte del sistema de salud a nivel nacional, tan innecesariamente dividido.

Esto ha llevado al intento de formular una propuesta universal que no logra situarse en el contexto actual mexicano y por lo tanto resulta ineficaz para el propósito por el cual fue concebido. Los puntos esenciales de herramientas de la universalidad que se debatían con anterioridad han sido descartados para dar paso al fortalecimiento de la rectoría y la unificación de las distintas redes, lo que provocará fuertes conflictos sociales, laborales y la falta de convenios ante la amenaza de beneficiar a un solo sistema.

Por lo anterior, convengo en nuevas reformas con una visión distinta para la construcción de la Universalidad, sin unir la desorganización que se nos presenta en un solo sistema, sino utilizando la homogeneidad para trabar un sistema de servicios horizontales.

Un sistema estandarizado que respete el modelo múltiple actual, dará una herramienta útil y práctica que hará trabajar a todos los servicios de la misma manera, con la misma calidad y sin la necesidad de competencia negativa.

La idea anterior es lo necesario si queremos continuar previendo una de las grandes preocupaciones del hombre, la de poder cubrir sus necesidades en condiciones saludables. Las acciones que hay que tomar no pueden desprenderse de propuestas y comparados internacionales sin antes comprender que nuestro escenario está condicionado por decisiones y reformas históricas que se han tomado a lo largo del tiempo para los Servicios de Asistencia Social.

Mucho antes de promover reformas que den paso a la planeación y coordinación unificada del actual Sistema Nacional de Salud, debemos antes reconocer la evolución de entidades públicas, del sector social y del privado que tuvieron lugar con el propósito de prestar asistencia social y servicios de salud.

En México la prestación de servicios de salud para toda la población mantiene sin duda una clara desorganización que sin embargo se debe más a la implementación de nuevas políticas que no contribuyeron o se basaron en el orden armónico del país, que a los objetivos de asistencia social.

De hecho, el propósito de cada uno de los organismos de salud han sido el atender los problemas sanitarios prioritarios en cada grupo y factores que condicionen y causen daños a la salud. Es decir que cada uno de los sistemas de salud se conformó, no para invadir o reemplazar a otro, sino para apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias.

La conducción de la política nacional en materia de asistencia social, salubridad en general y atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias le ha correspondido históricamente a la Secretaría de Salud, desde su creación en 1938 como Secretaría de Asistencia Social.

Hoy, la Secretaria de Salud manteniendo una visión de apoyo juega el papel de entidad financiera y administradora del Sistema Nacional de Salud, coordinando los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como organizar y operar los servicios de salud a su cargo.

Esto quiere decir que históricamente el Ejecutivo Federal tuvo la responsabilidad de asegurar los servicios públicos mínimos de salud a la población en general, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad al momento de usar los servicios, manteniendo un carácter normativo y de vigilancia de la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud.

Por otra parte, desde 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social, comenzó a trabajar por la protección social para todos los mexicanos, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo y en la vejez.

Este Instituto proviene de un mandato legal derivado del apartado de Trabajo y de la Previsión Social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es actualmente, como lo fue desde su creación, el instrumento básico de la seguridad social, para todos los trabajadores y sus familias.

Es decir, que a diferencia del Ejecutivo Federal, el IMSS se fundó para que el Estado pudiera abarcar apropiadamente el campo de bienestar social, mediante un organismo dedicado a la vigilancia de la protección de las necesidades socialmente reconocidas, entre ellas la salud.

De esta manera, se propuso el derecho a asistencia médica y medicinas para todas aquellas personas que con su trabajo aportaran al desarrollo económico del país y como parte de la organización de la seguridad social.

En 1959, con el propósito de atender de manera especial a los trabajadores que formaran parte de la administración pública, el legislativo transformó y adicionó el apartado B del artículo 123 constitucional, donde se incorporan las garantías que el Estatuto Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores públicos.

Un año después, el nuevo ISSSTE ya amparaba a 129 mil 512 trabajadores, 11 mil 912 pensionistas y 346 mil 318 familiares, es decir, un total de 487 mil 742 derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones que marcaba su propia Ley.

Podemos entender entonces, que la múltiple creación de organismos se debió principalmente a la obligación del Estado para garantizar un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente para responder a las afecciones o enfermedades de la población.

Por lo tanto, las actividades en la salud de cada organismo no debe de verse o ser tratada como única variable facultativa, sino una de varias responsabilidades que tuvieron lugar, luego de que se tratara de proveer de suficientes recursos a  distintos grupos sociales, para llevar una vida individual, social y económicamente productiva.

Siendo así, nuestra responsabilidad no puede dirigirse a la unificación de distintos sistemas basados únicamente del apartado de la atención médica, pues ello supondría modificar y en algunos casos desechar, obligaciones sociales que ha llevado a cabo el Estado desde hace varias décadas.

Debemos concentrarnos pues, en las distintas carencias, en términos de vulnerabilidad o imposibilidad, razón por la que se ve impedido un grupo social o un individuo para poder obtener los recursos y servicios necesarios que le garanticen la protección de su salud.

Hay que entender que mientras un sujeto o grupo en determinado Instituto debe lidiar con un cúmulo de problemas para sanar una enfermedad, existe otro más con mayor cúmulo de posibilidades quienes obtienen mejor acceso a este derecho humano.

Pero al hablar de carencias no podemos estudiar o basarnos en el tema económico presupuestal, pues ello representa una sola una causa de las fallas actuales y no aclara la enorme diferencia en la posibilidad del acceso.

La inequidad inicia en la falta de oportunidades que un grupo tiene para mejorar su salud, hablo en términos normativos y políticos, incluso educativos porque es ahí donde inicia la prevención y el cuidado sanitario del paciente.

Es decir, que debemos afirmar en primera instancia que la base de las diferencias y desorganización que actualmente tenemos, se origina en las políticas públicas adoptadas y en las nuevas reformas promulgadas.

Actualmente cifras oficiales reportan un índice de la población en pobreza que aumentó de 44.5% a 46.2% y al mismo tiempo se afirma que se disminuyeron las carencias de acceso a los servicios de salud y de acceso a la seguridad social. Ello solo puede suponer que las cifras han disminuido es porque desde el 2004 tenemos un nuevo sistema de Salud, llamado Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), el cual ha actuado de manera agresiva afiliando a más de 52 millones de personas que carecen de seguridad social.

Entre el Seguro Popular que actualmente tiene afiliados a 52 millones de personas, el IMSS que tiene 56 millones y el ISSTE con más de 12 millones de beneficiarios, se rebasa por más de 8 millones los112 millones de habitantes registrados actualmente por el INEGI.

Por lo tanto, a pesar de aumentar la pobreza se tomaron medidas para que las personas en esta categoría sean afiliadas a un sistema de salud, lo que ha representado una falla en la medición de la calidad en la atención médica y con ello una falta de visión objetiva a la hora de vigilar y reacomodar el sistema.

Esto quiere decir que ha habido una falla al momento de organizar la forma de atención médica de la población, manejando el proceso conforme a la afiliación y no tanto a la manera de prestar el servicio de salud.

Otro ejemplo de la desorganización desde el propio Estado es de hecho uno de los temas con mayor descuido y uno de los principales responsables de la inequidad en la prestación de la atención médica.

En cada hospital público o privado la operación de recepción, metodología de la atención y alta de los pacientes se lleva a cabo siguiendo la norma de 3 leyes federales como mínimo, más de 5 convenios interinstitucionales, 4 reglamentos federales y 6 Normas Oficiales.

Esto ha dado lugar a la existencia y operación de más de 50 Expedientes Clínicos distintos en el país, a los que solo se les ha pedido la comprobación de que han seguido alguna de las leyes y alguna de las Normas Oficiales como mínimo, dejando la interpretación en la instancia o en la empresa privada que los crea, produciendo una distinta calidad en la atención para los usuarios.

A pesar de que el expediente clínico es solamente un documento técnico médico, que cumple como objetivos el recopilar y almacenar datos en forma ordenada y sistemática sobre el paciente y su entorno, también sirve de protocolo de estudio en la investigación clínico de un caso en particular y la ruta crítica para la resolución de la problemática establecida.

Siendo así, el expediente conforma las técnicas y procedimientos con los que los profesionales de la unidad médica operará frente al padecimiento de algún sujeto, es entonces una herramienta fundamental del proceso propedéutico clínico que ha permitido el desarrollo de la medicina.

De esta manera, el documento básico para proveer una mejor calidad en la atención parte de normas cuya orientación, capacitación y apoyo técnico se encuentra sobre regulado y desorganizado, por lo que la garantía de los mínimos requerimiento en el proceso de la atención médica no tienen un verdadero control jurídico.

Entonces, siendo sensibles a las distintas facultades de los organismos que prestan atención médica, las acciones que deberíamos llevar a cabo son precisamente la modificación y mejoramiento de temas como este, con una visión transversal y de homogeneidad, para que el Estado garantice mecanismos eficaces que logren proveer un servicio médico de calidad, sin distinción del mecanismo de previsión social en salud en el que se encuentren los sujetos.

Para poder garantizar una verdadera universalidad de los servicios de salud, no basta con unificar la cobertura y el acceso, sino que debemos homogeneizar primero los procedimientos que intervienen en el sistema de salud en términos de calidad, esto significa ver a la calidad en salud como eje primordial y horizontal en los sistemas de salud.

Esto es lo que podríamos obtener al homogeneizar los procedimientos del expediente clínico, la conformación de una nueva red estandarizada de protección social que mejore la calidad en el servicio, que se pueda reorganizar en el sistema actual de salud múltiple. Es decir, una propuesta que garantice la protección de los derechos básicos pero también su adecuado ejercicio.

Entonces manifiesto, que parte del reconocimiento de los derechos humanos significa que todas las personas deben de poder ejercer libremente estos beneficios en pro de su desarrollo. Por ello es importante generar las condiciones necesarias que otorguen a las personas la capacidad de gozar de una vida digna mediante herramientas útiles.

De no contemplar una nueva reforma así, corremos el riesgo de que la sociedad se encuentre vulnerada y sean ellos quienes tengan que asumir la limitación en la atención pública y su Seguridad Social para darle entrada a seguros médicos privados.

De no priorizar la adecuada organización de la prestación de la salud, nos enfrentaremos a costos más altos en lo que respecta a afiliados que no puedan recibir atención por no poder pagar consultorios privados.

Siendo así, me propongo presentar en materia de atención médica de calidad una Ley marco sobre el expediente clínico como método de prevención de enfermedades para toda la población capaz de generar un solo sistema para cualquier establecimiento médico sin la necesidad de un nuevo trámite o coordinación de validación de los documentos.

Este es tema busca responder de manera sensible a peticiones sociales, que resulta congruente con el marco legal de los derechos fundamentales de toda persona para buscar el beneficio de su salud.

Es congruente con nuestra Constitución que establece en su artículo 4 el derecho de toda persona a la protección de la salud y de la Ley General de Salud, misma que reconoce el derecho social mencionado y expone la base conforme a la cual se llevarán a cabo el sistema.

Respeta también la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La propuesta mantendrá bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la integración, objetivos y funciones del expediente clínico y la distribución de competencias.

Desafortunadamente en las discusiones actuales, éste tema no está presente, las acciones para la integración del sistema de salud, en especial para la conformación de un expediente Clínico Electrónico que busque simplificar todos los procesos administrativos y el acceso en todo momento a la información actual del paciente en cualquier unidad médica, se plantea dentro de una propuesta unificadora de todo el sistema.

El tema que se propone es una nueva reforma del Sistema Nacional mediante la unificación de las distintas funciones, privilegiando los procesos de prevención y salud pública y fortaleciendo la función rectora de la Secretaría de Salud.
Se busca una transición tendiente a desarrollar las capacidades necesarias para que el Ejecutivo Federal ejerza la única función rectora del sector salud y con ésta, se deberá redimensionar y adecuar nuevas responsabilidades y funcionamiento.

Se propone entonces reconfigurar el sistema de salud, planteando como eje central la conformación de un sistema único de salud federal centralizando la prestación de servicios y reestructurar sus funciones en torno a las actividades de rectoría y financiamiento.

Esto quiere decir que la primicia constituye una armonización de la atención, constituida por la capacidad de una sola instancia capaz de promover equitativa y eficientemente, la cobertura de atenciones de salud, sin que se compartan entre más de un instituto dichas facultades.

La cobertura universal de salud además comprende una afiliación universal, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a servicios de salud y en cuyo proceso nos encontramos actualmente en México, la regulación de un solo paquete de servicios de salud integrales y la cobertura efectiva universal.

De acuerdo con la glosa del Primer Informe de Gobierno, la salud constituye un factor que contribuirá a lograr las metas nacionales por lo que se plantea desarrollar políticas públicas orientadas a consolidar un sistema integrado, a través del reordenamiento, la gestión de los recursos, la planeación interinstitucional en salud y el fortalecimiento de la regulación de establecimientos.

Incluso Organismos de talla internacional como lo es la Organización Mundial de la Salud reconocen que la problemática del desarrollo de la capacidad rectora en salud está condicionada por la debilidad institucional a causa de la distancia que lo separa de los centros de poder político donde se toman las decisiones de fondo sobre temas cruciales como la definición de prioridades de inversión y las asignaciones presupuestarias para los sectores sociales.

Nos continúan mencionando que dadas las tendencias de descentralización o de privatización que caracterizan hoy día la organización del sector, los distintos ministerios de salud necesitan armonizar los planes de acción y los modelos de gestión de las agencias públicas descentralizadas o desconcentradas, responsables de la prestación de servicios de salud en el país.

El panorama apunta a la desintegración de los distintos sistemas que entre sus facultades se encuentre la prestación del servicio médico, esperando que la integración en un solo instituto provea la organización necesaria para encaminar la prestación de salud hacia un modelo mucho más eficaz.

Se espera no solo que se aumenta el presupuesto otorgado y la administración y control del Ejecutivo sobre la política nacional, sino que hay la esperanza de desaparecer las fallas actuales del sistema que han impedido garantizar un servicio de calidad, al unificar la salud entonces se estaría erradicando la mala praxis de las herramientas que corresponden al derecho constitucional.

Es decir que se espera que un modelo unificador solucione por sí solo los errores en los elementos que lo constituyen, es entonces un remedio al atraso significativo que México enfrenta en salud y la respuesta a la garantía de salud pública consagrada en la normatividad.

Pero estos puntos que consisten en jerarquizar a la Secretaría de Salud como entidad rectora del Sistema Nacional de Salud, establecen también un impuesto especial para financiar la Salud y peor aún, ampliando la participación de unidades médico hospitalarias privadas como proveedores subrogados de servicios de salud en los Estados.

Al separar las funciones de financiamiento y prestación de servicios en todas las instancias y unidades operativas del sector público, se limita la atención pública y se transita de una Seguridad Social a un seguro médico nacional privado, en el que los Estados prefieren delegar la prestación del servicio al sector hospitalario privado, lo que mantendría un alto índice de afiliados que no pudieran recibir atención por la nula portabilidad y las primas tan altas.
A lo anterior hay que aunarle que el establecimiento de un sistema dual público-privado coloca al sector público como responsable de dar servicios clínicos esenciales únicamente, lo que representan un bajo costo, mientras que el privado produce servicios de los niveles secundario y terciario, de alto costo y difícil acceso.

Ello orienta la atención a un nivel insuficiente, en exceso focalizado y con cuotas que debido a las complicaciones de padecimientos deberá cubrir el asegurado.

De esto ya tenemos ejemplos  suficientes, en Estados Unidos la universalidad parte exclusivamente de la garantía del Estado para que se preste el servicio de salud, lo regula y lo vigila pero no lo presta, ello le corresponde a las empresas privadas.

La única forma de prestación pública es Medicaid, un programa federal que ayuda con los costos médicos para algunas personas con ingresos y recursos limitados y Medicare otro programa federal de seguro médico para personas de al menos 65años de edad, ciertas personas más jóvenes con incapacidades y personas con enfermedad renal terminal.

El problema es que de acuerdo el Gobierno Norteamericano, Medicare ha estado realmente en bancarrota desde sus inicios en 1965 y cada reforma que se ha propuesto desde el Congreso para poder resolver sus fallas ha incrementado los costo médicos y con ello el sistema público ha visto una pésima calidad del cuidado de la salud.

Ya que el Estado no cubre los seguros médicos, cada persona debe escoger y pagar uno de manera obligatoria para estudiar y vivir allí, manteniendo altos costos y dejando a un 14 %, que no se encuentra asegurado en suma precariedad.

Este no es el panorama que necesita México, baste recordar que actualmente cifras oficiales reportan un índice de la población en pobreza que aumentó de 44.5% a 46.2%, por lo que en cifras reales hemos crecido en México de 48.8 a 52.0 millones de personas entre los años 2008 a 2010.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la falta de acceso a servicios de salud se redujo de 44.8 millones de personas a 35.8 millones de personas.

Estos grupos se destacan porque aunado al nivel de ingresos se ven en la incapacidad para obtener los productos de la canasta básica, de igual forma se ven imposibilitados de realizar gastos catastróficos en salud y educación, vestido o vivienda.

Así mismo, debemos agregar la pobreza y en particular una pobreza multidimensional es el principal problema de salud pública, porque se presenta un círculo vicioso entre pobreza y enfermedad ya que los bajos niveles de calidad en la vivienda o alimentación conducen a una mortalidad precoz.

De hecho las enfermedades diarreicas que se consideran en diversos países en desarrollo como una de las enfermedades de mayor preminencia y su tratamiento se reduce básicamente a sales de rehidratación oral y zinc, tratamiento que podría ser costeable y con ello evitar la muerte.

Niños menores a los 5 años se enfrentan a malnutrición grave en todo el mundo lo que los hace más vulnerables a las enfermedades y como la diarrea, se puede tratar incluso a domicilio con alimentos terapéuticos y con actividades de promoción de una sana alimentación.

Por lo tanto nuestro escenario del Sistema de Salud se define como un problema ocasionado por un modelo ineficaz vertical que busca la superioridad de una institución sobre otra, en lugar de trabar un sistema de servicios horizontales coordinados.

Esta lucha vertical crea una competencia desmedida por la afiliación y al mismo tiempo provocan una mala calidad en la atención para los usuarios y menos presupuesto para poder acceder a mejores insumos e infraestructura.
Por lo mismo no hemos sido capaces de alcanzar mejores aspectos técnicos que nos provean de información sobre la atención, pero también sobre el abasto oportuno de medicamentos, mejores herramientas para los profesionales médicos y políticas públicas aplicadas.

Una verdadera respuesta radica entonces en comprender nuevas reformas que apunten a un sistema horizontal, que resuelva en primer lugar los elementos que constituyen el derecho a la protección a la salud antes que la unificación del mismo, se trata de respetar las facultades y objetivos con que fueron constituidos cada organismo y hacer funcionar sus labores mediante la estandarización.

La estandarización busca garantizar a la población servicios de salud de calidad sin importar su condición o padecimiento ni tampoco la zona o la unidad médica en la se atienda, todos los organismos deberán trabajar de la misma manera, prestando el servicio de la misma forma.

Esto quiere decir que los tiempos de espera promedio se verán reducidos y permanecerán iguales en cualquier institución, el tiempo de la atención médica en promedio será la misma también, cambiando dependiendo de la gravedad y particularidad de la enfermedad de los pacientes.

La Ley del Expediente Clínico es una solución a una enorme cantidad de fallas en la prestación del servicio de salud, con este nuevo sistema estandarizado no violamos ninguna ley ni autonomía de las partes que constituyen el Sistema de Salud Nacional.

Al contrario, se establece una prestación homogénea capaz de generar una sola credencial que sea aceptada en cualquier establecimiento médico sin la necesidad de nuevos trámites o Convenios de validación, un documento que permita acceder al expediente clínico por el IMSS, SSP o ISSSTE sin distinción y hacer uso sin cambios o particularidades en gustos.

Un solo ente podrá emitir dichas credenciales electrónicas y le compete a ella establecer elementos de seguridad y actualización, es a ella también a la que le competerá organizar el nuevo programa del expediente clínico, dejando su operación en manos únicamente del personal médico.

El expediente registrará de manera automática en cualquier tipo de consulta la fecha de creación, la última fecha en que el documento fue modificado o consultado, así como la cédula profesional del último médico responsable de su uso.

Esta nueva Ley le otorgará la titularidad del expediente clínico al paciente y no al establecimiento de salud, para que el paciente mantenga control sobre la toma de decisiones y protección a sus datos personales en uso de terceros autorizados.

Entre otras cosas se prohíbe implementar, compartir y administrar un expediente clínico que no cuente con la certificación de la Secretaría de Salud Pública o no se observe la metodología necesaria.

Como mencioné el expediente será brindado en beneficio de los usuarios y bajo criterios de cooperación, calidad, equidad y eficiencia y sin discriminación por motivos de edad, nivel socioeconómico, derechohabiencia y padecimiento preexistente.

No se podrá violar de cualquier forma la confidencialidad y uso del expediente clínico y  a quien, adultere, falsifique o distribuya de manera ilegal la información contenida en el expediente clínico, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y multa equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Se trata pues de estandarizar un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud, se perfectamente que existe una enorme regulación al respecto, pero que esta solo ha significado distintas normas a seguir, un cúmulo de desorganización y de acercamiento a un derecho consagrado por la Ley General de Salud.

Esta nueva propuesta trata de establecer una sola normatividad, que no de paso a la interpretación variada y que establezca un único formato de recopilación de información y datos personales de un paciente, mediante el cual se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica.

En el marco del ejercicio de los derechos del paciente, esta norma garantiza que la autoridad sanitaria provea un solo campo de acción y un solo modelo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para lo cual, el personal de salud podrá seguir sin los riesgos posibles de utilizar distintos expedientes o formas de integrarlos.

Espero que los criterios aquí establecidos en esta nueva Ley, puedan incidir no solo de manera directa sino favorable en la calidad de los registros médicos, así como en los resultados médicos, toda vez que se otorga un solo método de integración manteniendo los objetivos y partes fundamentales que cada norma en el tema brinda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se crea la Ley del Expediente Clínico Electrónico para quedar como sigue:

LEY DEL EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El Expediente Clínico Electrónico se constituye con el almacenamiento e intercambio de la información cronológicamente detallada sobre los datos de la salud de un paciente en formato digital, de manera segura y de libre acceso para los propietarios y profesionales de la salud.

Artículo 2. Para el acceso a los servicios de salud privados y sociales se requerirá el uso del expediente clínico electrónico, por lo que los establecimientos de salud deberán contar con los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para su operación.

Artículo 3. La Secretaría de Salud será responsable de la coordinación, administración y funcionamiento del Sistema de Operación Expediente Clínico Electrónico y se asistirá de profesionales de informática y con el apoyo de instituciones universitarias públicas para desarrollar, administrar y actualizar el sistema electrónico que almacenará la información, garantizando la protección de los derechos de privacidad de los usuarios.

Queda prohibido implementar, compartir y administrar un expediente clínico distinto al que certifique la Secretaría de Salud Pública o no se observe la metodología necesaria.

Artículo 4. Con la finalidad de garantizar las acciones de protección en salud a que se refiere esta Ley, las personas que se incorporen a cualquier mecanismo de previsión social en salud les será generado un expediente clínico electrónico único, intransferible e irrevocable.

Artículo 5. Para el acceso a la atención médica integral que presten los servicios de salud públicos, privados o de asistencia social se requerirá la identificación del paciente mediante el expediente clínico electrónico.

Artículo 6.  El expediente clínico únicamente será compartido y gestionado por todo el personal de los servicios de salud involucrados en la recuperación del paciente, bajo los principios de discreción, profesionalismo y confidencialidad.

Artículo 7. Se ejercerá por parte de las autoridades responsables campañas continuas de capacitación para el manejo y consulta del expediente clínico, así como de la difusión y promoción del Sistema de Operación.

Artículo 8. La administración y funcionamiento del Sistema de Operación no supondrá un costo adicional a las cuotas o aportaciones solidarias de los beneficiarios de las instituciones de seguridad social o de algún otro mecanismo de previsión social en salud, este gasto estará sujeto a las asignaciones que establezca la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 9. La ejecución del Sistema de Operación se llevará a cabo mediante una colaboración interinstitucional de los establecimientos públicos y privados.

Artículo 10. El servicio prestado en términos de la presente Ley, será brindado en beneficio de los usuarios y bajo criterios de cooperación, calidad, equidad y eficiencia y sin discriminación por motivos de edad, nivel socioeconómico, derechohabiencia y padecimiento preexistente.

Artículo 11. Son sujetos regulados por esta Ley, La Secretaría de Salud, autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia, los establecimientos y sus prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado.

Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplican de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Capítulo II
De los Beneficiarios

Artículo 13. Para poder generar el Expediente Clínico Electrónico, los usuarios deberán presentar los siguientes requisitos:

I. Contar con Acta de Nacimiento;

II. Documento que conste la afiliación a algún mecanismo de previsión social;

III. Domicilio, y

V. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta Ley.

La Secretaría de Salud deberá establecer la normatividad necesaria para determinar los requisitos a que estarán sujetas las personas que se encuentren en situación vulnerable por falta de un domicilio o constancia de registro de nacimiento.

Artículo 14. Los beneficiarios tienen derecho facultativo sobre uso y consulta del expediente clínico requerido para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública y privadas.

Artículo 15. El personal médico deberá proporcionar la información suficiente, clara, oportuna y veraz, respecto de los procedimientos que rigen el funcionamiento del uso de su expediente clínico al beneficiario o tutores legales, así como al tratamiento y riesgos de los procedimientos que se le indiquen o apliquen.

Artículo 16. Los beneficiarios tendrán además el derecho a recibir servicios integrales de salud urgentes sin discriminación por la posible falta de comprobante de la posesión del expediente clínico.

Artículo 17.  Ningún personal médico involucrado en la recuperación del beneficiario, podrá violar de cualquier forma la confidencialidad y uso del expediente clínico.

Artículo 18. En todo momento que se requiera hacer uso de los servicios de salud, los beneficiarios deberán portar y hacer uso de la credencial que acredite la posesión del expediente clínico, misma que será de naturaleza personal e intransferible.

Artículo 19. Se requiere consentimiento expreso por escrito del beneficiario para hacer entrega de una copia de los documentos y constancias necesarias del expediente clínico para lo que a su derecho convenga.

Tratándose de menores, los representantes legales podrán tener acceso únicamente a la consulta de la información.

CAPITULO III
Distribución de Competencias

Artículo 20. La Secretaría de Salud creará y administrará un sistema de credenciales electrónicas que permitan los accesos de la información, garantizando medidas de seguridad, eficacia, confidencialidad, autenticidad y la adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

La Secretaría de Salud emitirá y definirá los estándares, características y requerimientos tecnológicos para el adecuado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 21. Las medidas necesarias que defina la autoridad deberán incluir esquemas que eviten la falsificación, alteración o uso indebido de las credenciales electrónicas.

Para garantizar una mayor seguridad de la información, el programa deberá almacenar de manera automática, la utilización del documento en formato de lectura, para su actualización, así como la información personal del profesional médico responsable que hizo el uso del expediente clínico.

Artículo 22. Las información recopilada en el expediente clínico deberá expresarse en lenguaje técnico-médico estandarizado que para estos efectos señale la Secretaría de Salud, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado.

Artículo 23. Las instituciones públicas, sociales y privadas del país estarán obligados a garantizar y facilitar la captura, la generación e intercambio de la información relacionada con el acceso al servicio médico del expediente clínico y bajo criterios estandarizados fijado a nivel nacional por la Secretaría de Salud, a fin de lograr la óptima operación interinstitucional.

Las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, están obligadas a ajustar sus procedimientos de operación y normas internas en cada una de sus unidades médicas para garantizar el acceso al servicio del expediente clínico.

Artículo 24. Todas las unidades médicas hospitalarias de las instituciones públicas, sociales y privadas, deberán proporcionar el acceso al servicio del expediente clínico a quienes les soliciten servicios médicos.

Artículo 25. En caso de que el paciente no sea derechohabiente o tenga alguna afiliación médica en el establecimiento en donde solicitó la atención, la unidad médica será responsable de capturar la información básica del padecimiento que presenta en su expediente clínico y trasladarla por los medios institucionales disponibles a la unidad correspondiente, para continuar con su atención médica regular.

Artículo 26. Compete a la Secretaría de Salud emitir las disposiciones necesarias que permitan la homologación del software de aplicación del expediente clínico electrónico, con el fin de que el programa pueda ser independiente del hardware específico en que se utilice y pueda ser adaptado a otras computadoras y otros entornos operativos utilizados entre los establecimientos de salud.

Artículo 27. Las instituciones de salud responsables deberán formar y capacitar recursos humanos para la salud, para la operativo del servicio del expediente clínico electrónico.

Artículo 28. Los médicos tratantes del paciente serán las autoridades autorizadas para compilar y actualizar la información útil que integre el expediente clínico electrónico del titular.

Los sujetos responsables deberán respetar y mantener el derecho a la confidencialidad de la información del paciente.

Artículo 29. Queda prohibido el comercio e intercambio de la información o credencial electrónica a terceros no autorizados o con fines de lucro.

Artículo 30. Las unidades médicas hospitalarias de las instituciones públicas, sociales y privadas podrán suscribir los convenios a efecto de intercambiar información necesaria y garantizar la situación de aseguramiento del paciente y de la protección de sus datos personales.

Artículo 31. La Secretaría de Salud deberá llevar un registro de las credenciales electrónicas que emita y de los que han sido revocados, así como a hacer uso de los datos personales con fines estadísticos en un índice nacional de pacientes, respetando el principio de privacidad.

CAPITULO IV
Del Almacenamiento y su Consulta

Artículo 32. La Secretaría de Salud es la única instancia responsable para otorgar las credenciales electrónicas.

Artículo 33. Los expedientes clínicos que no tengan movimiento de actualización en un periodo de 5 años continuos deberán ser dados de baja. Terminada la vigencia la persona titular podrá volver a solicitar el alta de una nueva credencial.

Artículo 34. La autenticación de usuarios al sistema deberá ser mediante la credencial electrónica, que contendrá el nombre de usuario, un password de identificación alfanumérico que incluya números, letras minúsculas y letras mayúsculas.

Artículo 35. Se permitirá la consulta y actualización de otro profesional de la salud en la atención del paciente, a solicitud del médico tratante

Artículo 36. El Sistema de Operación Expediente Clínico Electrónico se maneja por medio de una interfase Web y compatible con cualquier navegador web estándar, con acceso restringido,  que garantice protocolos de seguridad en internet para proteger los datos almacenados.

Artículo 37. La plataforma del programa se deberá estructurar contemplando como mínimo la entrada a elementos básicos que permitan la integración de la información del paciente, como son el lugar donde se desarrollan los servicios; la atención percibida y datos del sujeto que recibe los servicios médicos.

Artículo 38. Para garantizar el intercambio de la información se deberá operar mediante con un conjunto de estándares que provean un lenguaje gráfico para visualizar el sistema, así como el almacenamiento de datos en forma legible.

Artículo 39. El expediente clínico deberá contener como mínimo:

a) Datos personales del paciente;
b) Agenda de citas;

c) Consulta Externa;

d) Hospitalización;

e) Antecedentes Heredofamiliares;

f) Antecedentes generales;

g) Chequeos o Revisiones;

h) Análisis Clínicos;

i) Historial de consultas, y

j) Pruebas de laboratorio

Los demás elementos requisitos que se consideren necesarios se deberán establecer en las disposiciones generales que emita la Secretaría de Salud.

Artículo 40. Cuando exista notoria urgencia o alguna otra razón médica que le impida al paciente prestar su credencial electrónica o pasword, el profesional, técnico o auxiliar de la atención médica prestará asistencia médica y cuando el paciente se encuentre en estado de capacidad o bien a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, se le solicitará el ingreso al expediente clínico.

Artículo 41. Los titulares tienen derecho a solicitar libremente copia del resumen del expediente clínico, en caso de que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la solicitud podrá proceder por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

CAPITULO V
De Las Sanciones

Artículo 42. Cuando el contenido del expediente clínico correspondan a la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad sanitaria hará entrega del resumen del expediente al Ministerio Público, sin perjuicio de la aplicación de la sanción administrativa que proceda.

Artículo 43. Se sancionará con multa equivalente de diez mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate a quien remplace, dañe o falsifique la información del expediente clínico.

Artículo 44. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de dos a cinco años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien venda o de cualquier forma distribuya sus datos de ingreso al sistema.

Artículo 45. A quien, adultere, falsifique o distribuya de manera ilegal la información contenida en el expediente clínico, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y multa equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Artículo Tercero. La Secretaría de Salud deberá emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de los criterios de atención médica con el uso del expediente clínico electrónico en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud, contarán con el plazo no mayor de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las acciones necesarias para emitir las credenciales electrónicas.

Artículo Quinto. A ciento ochenta días naturales, contados a partir del cumplimiento del Artículo Tercero Transitorio, los establecimientos de salud deberán instalar la infraestructura y equipamiento necesario para hacer uso del expediente clínico

Artículo Sexto. En un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Salud establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir las autoridades responsables para usar el expediente clínico.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Adolfo Romero Lainas".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Romero Lainas.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

En seguida tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Layda Elena Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

- La C. Senadora Layda Elena Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido que se turne a comisiones, pero quiero hacer una reflexión muy breve, porque este tema es de la comunidad, de derechos humanos, que lo tiene como prioridad en su agenda, donde pide que México retire todas las reservas que se han hecho en materia de derechos humanos respecto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Curiosamente, México impulsó, y de manera muy fuerte, a la Corte Penal Internacional, y hoy, de una manera inadmisible, hace frecuentemente reservas respecto a su jurisdicción. Esto no sucede cuando son tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio, el ASPA, y la Iniciativa Mérida.

Entonces los firma sin objeciones, y sólo en base a acuerdos empresariales y cupulares, que ni siquiera pasan por el Congreso.

Entonces creemos, que siendo el tema de derechos humanos, tan sensible, creemos que no admite señalamientos, el no admitir señalamientos de los tribunales internacionales cuando se refiere a abuso de fuerzas de seguridad, abuso del ejército, no puede seguir sucediendo.

Por eso nuestra propuesta es una modificación al artículo 21 para que México retire todas las reservas hechas a la Corte Penal Internacional, y se reconozca su competencia sin objeciones.

Gracias.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional del Emprendedor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

Al pueblo de México.

“Aquello que puedes hacer, o sueñas que puedes hacer, comiénzalo, la audacia tiene genio, poder y magia”. Decía Goethe.

México es todavía un país de jóvenes. La mitad de la población tiene 25 años o menos.

El bolo demográfico, que debería ser un detonante de nuestra economía, se está desperdiciando, ya que no hemos tenido la capacidad, como país, para brindar a millones de jóvenes oportunidades educativas o de empleo.

Pero lo más trágico, es que aquellos jóvenes que han logrado acceder a una educación universitaria egresan y se encuentran ante un panorama desolador: el desempleo o la necesidad de incorporarse al sector productivo en áreas distintas para las cuales se capacitaron.

La Asociación Nacional de Universidades (ANUIS), reveló que el 40 por ciento de los egresados universitarios están desempleados.

No podemos permitir que se desperdicie de esta manera una de las mayores riquezas de la nación.

Invertir en la juventud debe ser garantía de progreso y desarrollo.

Es inadmisible que la tasa de desempleo para los jóvenes se siga incrementando.

El escenario para ellos, que invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo por obtener una educación suficiente y de calidad que les permitiera aspirar a un empleo y cumplir sus sueños, se ve frustrado ante la falta de capacidad del Estado mexicano para proveer e incentivar la creación de nuevos empleos.

Debemos abatir esa nociva brecha que existe entre egresados y puestos formales de trabajo, de lo contrario y de continuar con la actual tendencia, en el 2020 la cifra de profesionistas desempleados podría rebasar los 3 millones.

En este contexto, Chiapas se posiciona en segundo lugar entre los mayores porcentajes de desocupados con educación superior, según datos del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Las acciones que debemos emprender no pueden esperar, debemos fomentar la creación de empleos y alternativas para nuestros jóvenes.

Dado el actual estado de la economía, esperar a que se detone nuestro crecimiento sujeto a factores externos, ya no puede ser la única opción.

A esta problemática es la que atiende la iniciativa que hoy presento ante esta Soberanía.

Se propone expedir la Ley del Instituto Nacional del Emprendedor, con la que se dotará de fortaleza institucional a este órgano, permitiéndole impulsar acciones de largo plazo en beneficio de los emprendedores, de las pequeñas y de las medianas empresas.

Apoyar a los emprendedores fue un compromiso del Presidente de la República, que se está cumpliendo con la publicación, el día 14 de enero del presente año, del Decreto por el que se crea el Instituto Nacional del Emprendedor.

Dicho instituto tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con la presente ley se fortalecen estos fines, se da certeza jurídica, se potencializa a este sector como lo que es: la columna vertebral de nuestra economía.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, 4 millones de las cuales, el 99.8 por ciento son PYMES, que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto y 81 por ciento del empleo del país.

Es vital la importancia de este sector en la economía, por ello es imperativo el compromiso que debemos asumir para generar el estímulo y la profesionalización de los emprendedores que dirigen y crean las micro, pequeñas y medianas empresas, así como mejorar los procesos, condiciones y ubicación de nuevos mercados para las mismas.

Lo anterior, considerando que uno de los retos más grandes que enfrentan las PYMES, y correlativamente la economía mexicana, es la falta de recursos y políticas que las promuevan.

El diseño de la presente iniciativa tiene sustento en diversas propuestas, entre las que destaca la de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX), así como los objetivos y postulados del Decreto publicado en enero pasado por el Ejecutivo Federal, y las preocupaciones compartidas por las incubadoras de empresas y los propios emprendedores.

Al promover y apoyar el emprendedurismo, no sólo estaríamos resolviendo el problema de la falta de empleo para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, también se promoverá que nuestro país desarrolle su capacidad de innovación y emprededurismo incrementando su tasa preferencial por habitante en materia de PYMES.

Actualmente, México se mantiene por debajo de la media internacional en comparación con países de América Latina y El Caribe, ya que éstos pueden llegar hasta 8.2 empresas por cada mil habitantes, mientras que nuestro país se mantiene con apenas el 1.7 por ciento.

Para enfrentar los retos que tiene México, se requiere de una serie de acciones y reformas orientadas a incrementar la productividad y la competitividad.

Es momento de otorgar el impulso necesario en materia de emprendedurismo a través del perfeccionamiento estructural, organizacional y en materia de facultades del recientemente creado Instituto Nacional del Emprendedor.

Este fue creado como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, por lo que su naturaleza lo subordina a esta dependencia limitando su margen y libertad de acción.

De aprobar la presente iniciativa, se le otorgaría a este fundamental organismo la naturaleza de la descentralización con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Este es el objeto central de la presente iniciativa.

Y para finalizar, agradezco su atención, y les comento, como lo dijo George Renan Shoo: “Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las encuentra”.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sí, Senador Salazar Fernández.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Sí, señora Presidenta, le quería pedir autorización a la Senadora Arriola para adherirme a la iniciativa que acaba de leer.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Con gusto, señor Senador.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aceptado, Senador Salazar Fernández.

Ruego a la Secretaría tomar nota de las Senadoras y Senadores que piden adherirse a la iniciativa presentada por la Senadora Arriola Gordillo.





 

La iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

"La que suscribe, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (Para fortalecer los derechos laborales de las y los trabajadores de la maquila), al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, la presencia de la mujer en el sector maquilador se hizo más notable durante los años setentas en la zona fronteriza con los Estados Unidos, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la demanda laboral y las exigencias del mercado textil que condujeron a la contratación de miles de mujeres bajo condiciones de trabajo verdaderamente precarias, que incluyen jornadas laborales de más de 12 horas diarias, con salarios mínimos, sin derecho a prestaciones sociales básicas como salud, vivienda o el reconocimiento de la antigüedad laboral para tener derecho a una jubilación.

La contratación de mujeres en esta industria, obedece a que este trabajo requiere de ciertas características para efectuarlo, por ello en esa industria es muy común encontrar jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, sin hijos, sin experiencia laboral y no embarazadas o con el certificado de no gravidez para poder ser contratadas.

Por tanto, son las mujeres en este sector quienes soportan una inequitativa carga de trabajo y a menudo se les impone grandes tareas para la producción que difícilmente las realizaría un hombre, es decir, que los propietarios de la industria maquiladora se han aprovechada de la flexibilidad de la Ley Laboral para abusar de las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las mujeres para sacar la máxima ganancia al menor costo de producción.

De hecho en cuarenta años de participación activa de las mujeres en la industria maquiladora no se ha mejorado su situación laboral y la legislación ha sido omisa en reconocer derechos y condiciones de trabajo para las mujeres que trabajan en este sector.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía va encaminada a que en la Ley Federal del Trabajo se aseguren los derechos, mejores salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de vida para las y los trabajadores de este sector

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTICULO UNICO. Se adiciona el capítulo XIII Ter con los artículos 343.F, 343.G, 343.H, 343.I, 343.J, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

CAPITULO XIII TER
Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila

343.F. Se entiende por maquiladora a la o el patrón dedicado al ensamble de productos para la exportación e importación, pudiendo asumir alguna de las siguientes formas jurídicas:

I. Subcontratación: caso en el cual una empresa extranjera contrata con otra empresa mexicana el ensamble de los productos, proveyéndola o no de la maquinaria e insumos requeridos para la fabricación; y

II. La empresa extranjera inicia una corporación propia en el país manteniendo un control sobre la totalidad del proceso de operación.

343.G. Se establecerá un salario mínimo profesional para el trabajo en la maquila. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos propondrá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas que trabajan en la maquila.

343.H. Las maquiladoras tienen las siguientes obligaciones especiales:

I. Apegarse en su funcionamiento a su objetivo social; de lo contrario la autoridad competente deberá proceder a su clausura.

II. Otorgar fianza para comenzar su funcionamiento ante la autoridad laboral competente, en proporción al número de las y los trabajadores contratados y suficiente para cubrir sus liquidaciones por despido injustificado, así como por el daño ambiental e impacto a la comunidad ante posible incumplimiento de las leyes vigentes en materia de seguridad e higiene y ambientales, así como el manejo y desecho de sustancias tóxicas.

Esta fianza se deberá incrementar cuando el promedio anual de las y los trabajadores al servicio de una maquiladora se incremente en un mínimo de diez por ciento.

III. Notificar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el listado de las y los trabajadores que les presten los servicios con los datos relativos a su nombre, edad, sexo, domicilio y fotografía reciente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a quien inicie operaciones. Dentro del mismo término deberán notificar las bajas y las nuevas contrataciones.

IV. Otorgar las facilidades a la Inspección del Trabajo para que una vez al mes verifique la concordancia del último listado a que se refiere el inciso anterior con las y los trabajadores que físicamente presten sus servicios en la maquiladora.

V. No contratar a personas menores de 18 años

VI. Poner a disposición de las y los trabajadores que laboran o terminan su jornada el transporte que sea necesario para su traslado de la empresa a su domicilio o viceversa por existir condición de peligro y de acuerdo con los horarios uso de la localidad que evite el riesgo de vida.

V. El tiempo de traslado de la trabajadora o del trabajador de su domicilio a la empresa se computará como parte de la jornada.

VII. Los alimentos destinados a las personas que trabajan en la maquila deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo del patrón.

VIII. Mantener un ambiente laboral que preserve la salud de las y los trabajadores y libre de toda violencia física, psicológica o sexual.

IX. Usar materias primas y aplicar procesos de trabajo que permitan prevenir el máximo de afectaciones a la salud de las y los trabajadores, especialmente de las trabajadoras embarazadas y el producto de la gestación.

X. Mantener 10 metros de la periferia de la empresa pavimentados, con alumbrado y sin basura.

XI. Cumplir puntualmente con el marco jurídico aplicable en materia de la preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico.

343.I. Las y los patrones tendrán las siguientes prohibiciones especiales:

I. Condicionar la contratación, la estabilidad en el empleo, el ejercicio de los derechos reproductivos o los exámenes de no gravidez o información que violente la privacidad de las trabajadoras.

II. Aplicar cualquier medida que presuma discriminación y segregación en el trabajo.

III). Obligar a las trabajadoras a ingerir anticonceptivos o cualquier tipo de esterilización forzada;

IV. Interferir en la constitución y funcionamiento de los sindicatos.
V. Impedir que las y los trabajadores acudan a satisfacer sus necesidades fisiológicas o aplicar medidas correctivas que atenten contra la dignidad e intimiden a las y los trabajadores.

VI. El trabajo a destajo, jornadas excesivas o el pago en especie.

Artículo 343.J. Para las trabajadoras en períodos de gestación y lactancia se observarán las siguientes condiciones de trabajo:

I. Durante el período del embarazo, la trabajadora no realizará trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud o la del producto, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, trabajos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o trabajos que actúen o puedan alterar su estado psíquico o nervioso.

II. Disfrutarán de una licencia de ocho semanas anteriores y ocho semanas posteriores al parto, con goce de su salario y prestaciones íntegras. En los supuestos de parto prematuro o múltiple, el periodo de recuperación de pos parto se incrementará a dos semanas, o más previo dictamen médico.

Sobre el tiempo de licencia referido en la fracción anterior, la trabajadora podrá acumular el período preparto al de postparto, de acuerdo con las necesidades de su salud o del recién nacido, conforme a certificado médico.

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.

IV. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro.

En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días.

V. La trabajadora de la maquila  tendrá derecho a un período de lactancia de dos medias horas diarias por un lapso de seis meses, podrá ampliarse previo dictamen médico, posteriores al término de la licencia postparto. Una de estas medias horas se podrán acumular para ampliar el período pos natal, o bien disfrutarse de acuerdo a los requerimientos de la trabajadora.

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto.

VII. Las licencias pre y posnatales serán computadas en su antigüedad.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".





 

Tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Cofipe.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, solicitamos el uso de la palabra para poder plantear una serie de reformas, de propuestas, para que ciertas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales puedan ser modificadas, esto en relación con el voto en el extranjero.

Lo hacemos, como lo comentaba hace un rato, en este nuevo ejercicio.

Déjenme ampliar un poco la explicación. Inaugurábamos la semana pasada en Oaxaca, lo que hemos llamado “la incubadora legislativa”.

Es decir, ponernos al servicio de los distintos sectores que integran la población de nuestro estado, que nos han empezado a hacer llegar propuestas muy concretas.

Y tuvimos la oportunidad de platicar con representantes de una de las varias federaciones de oaxaqueños organizadas y que radican en los Estados Unidos, donde nos volvían a plantear este tema, que es muy importante. Y, ¡qué bueno!, pues la intención de traerlo aquí a esta tribuna, tiene que ver con poder saldar esta deuda que tenemos, como país, con los migrantes que han tenido que salir de nuestro país, buscando alguna oportunidad allende las fronteras.

Y, bueno, yo quiero plantear en este contexto que, en el Partido de la Revolución Democrática, estamos nosotros totalmente convencidos de que México tiene, como ya lo señalé, una gran deuda con los migrantes mexicanos que hoy viven, particularmente, en los Estados Unidos, aunque por supuesto de muchas partes del planeta.

Sabemos que no hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificios hacen todos los días por nuestro país. Es por ello, que en mi calidad de integrante del grupo legislativo del PRD, aquí en esta Cámara de Senadores y, por supuesto, como representante del estado de Oaxaca en esta honorable tribuna, es mi obligación de hablar de aquellos que no son escuchados y, en consecuencia, en nombre de la Federación Oaxaqueña de Comunidades Indígenas de California pongo a consideración de ustedes, una iniciativa a través de la cual se pretende optimizar los mecanismos, a través de los cuales los mexicanos residentes en el extranjero pueden cumplimentar su obligación de votar y al mismo tiempo ejercer este derecho.

Lo anterior, repito, como una exigencia de las y de los mexicanos que residen en el extranjero, que nos han planteado que encontremos alternativas de mecanismos viables para la emisión de su voto desde el extranjero, que deriven, por supuesto, en el incremento sustancial de la participación ciudadana.

De manera particular, y lo digo de manera sintética, lo que proponemos es crear un padrón de mexicanos residentes en el extranjero, con objeto de que puedan emitir su voto. Por lo que habría que instrumentar mecanismos para que las embajadas, los consulados mexicanos pudiesen establecer módulos en donde solicitarían su credencial de elector y asimismo podrían votar en una jornada electoral.

La jornada electoral, que se propone, pueda ser para estos mexicanos residentes en el extranjero. Pudiese ser el segundo domingo de junio de cada año electoral, en un horario de 8 de la mañana a 18 horas. La votación, por supuesto, estamos planteando que pueda ser recibida por el personal que habilitaría el Instituto Electoral, previo convenio con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Planteamos, lo expreso, repito, a manera de síntesis, que los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular podrían realizar campaña electoral allá en el extranjero.

Para los efectos de la fiscalización de los actos y de la propaganda de campaña realizados en el extranjero, tendríamos que estar a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización.

Creo que todos entendemos en espíritu, la intención de esta propuesta, por lo que no tengo más que hacer en este momento, sino defender, en todo caso, en las comisiones respectivas esta propuesta que emana de una petición concreta de nuestros paisanos que radican allá en los Estados Unidos.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 164 párrafos 1 y 2, 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos, no hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificios hacen día a día por México. Es por ello, que en mi carácter de representante del Estado de Oaxaca en la máxima tribuna del país, es mi obligación hablar por aquellos que no son escuchados, en consecuencia y en representación de la Federación Oaxaqueña de Comunidades Indígenas de California pongo a su consideración la siguiente iniciativa. 

A raíz de la reforma en materia electoral del año 2005, se abrió la puerta para permitir el voto desde el extranjero, aún y cuando éste fuera únicamente  para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, en la reforma del 2007, se establecieron en el Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales los preceptos legales base para implementar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, los cuales de manera muy elemental y básica delimitan el ejercicio del derecho al voto en territorio extranjero para elegir única y exclusivamente al Presidente de la República; así como los requisitos, plazos y procedimientos para que los ciudadanos se inscriban y emitan su sufragio; las atribuciones del Instituto Federal Electoral en la materia; la prohibición para los partidos políticos y sus candidatos realicen campañas electorales en el extranjero; así como el uso de financiamiento público y privado para esto.

Durante el proceso electoral 2001-2012 el Instituto Federal Electoral realizó los trabajos necesarios para hacer efectivo el derecho y la obligación de los mexicanos residentes en el extranjero de elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer ejercicio realizado durante el proceso electoral federal 2005-2006, se registraron para votar 40,876 ciudadanos, de los cuales 32,632 ciudadanos realmente emitieron su voto en 71 países, lo que generó un 270 millones de pesos.

Seis años después, es decir, en el proceso electoral pasado hubo un incremento considerable tanto en el número de ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero como en el número de ciudadanos que sufragaron. Fueron 59,115 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, y se recibieron 40,737 votos emitidos desde 91 países, lo que representa un incremento del 44% en el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, así como un aumento del 24.8% en cuanto a los votos recibidos y una extensión en la cobertura de un 12%, respecto del proceso electoral 2005-2006. Aunado a lo anterior, en el último proceso electoral se erogaron 75 millones de pesos, lo que representa un ahorro aproximado del 40% en relación con el proceso 200-2006.

Sin embargo, a pesar de los resultados favorables, aún quedan aspectos del voto de los mexicanos residentes en el extranjero que deben ser revisados, fortalecidos. Es imprescindible optimizar los procesos establecidos, a efecto no sólo de promover la participación, sino además de facilitarla, mejorando los mecanismos para la emisión del voto y expidiendo las credenciales de elector en el lugar de su residencia.

Los resultados de ambos ejercicios no sólo demuestran que el modelo de registro y voto vigente es incongruente con las características de los connacionales que residen en otros países, sino que hace necesaria una reforma al Libro Sexto del COFIPE que posibilite un modelo de registro y voto con el propósito de facilitar la participación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

Derivado de lo anterior, los migrantes han señalado algunas de las limitaciones existentes para que los mexicanos residentes en el extranjero ejerzan a plenitud su derecho al voto y al mismo tiempo, den cabal cumplimiento a esa misma obligación:

• Crear un modelo más eficiente de registro y voto;

• Emisión de la Credencial para Votar con Fotografía en el extranjero;

• Ampliación de los plazos para el registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y el envío del voto desde el extranjero;

• Fortalecer la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero; y

• Permitir que los candidatos puedan hacer campaña en el extranjero.

Respecto al primer punto, el Artículo 315, Numeral 2 del Código de la material señala que:

La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo certificado, acompañada de los siguientes documentos:

Por su parte el Artículo 323, Numeral 1 del referido Ordenamiento establece:

La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano residente en el extranjero.

El Artículo 324, Numeral 3, dicta:

La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo certificado con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del voto.

Mientras que el Artículo 326, Numeral 2 señala lo siguiente:

En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por correo certificado, al Instituto Federal Electoral.

Como puede observarse, la norma establece que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero debe realizarse por la vía postal ya que se establece que tanto el registro, como el envío de la boleta al ciudadano y la remisión del voto a México, deberá realizarme utilizando el servicio de correo certificado. Sin embargo, derivado de las gestiones que realizó el Instituto Federal Electoral con el Servicio Postal Mexicano para la definición de la logística postal para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, éste último señaló que no todos los servicios postales del mundo manejan el correo certificado con acuse de recibo.

Es importante señalar que la definición de la logística postal para las distintas etapas del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, es decir, registro, envío de la boleta al ciudadano y remisión del voto, fue un proceso muy complejo, significó un esfuerzo importante tanto de Correos de México como del Instituto Federal Electoral, la negociación con los servicios postales del mundo para definir los mecanismos para posibilitar el voto de los connacionales residentes en otros países.

Lo anterior, hace necesario encontrar alternativas de mecanismos viables para el voto desde el extranjero, que deriven en el incremento sustancial de la participación ciudadana.

Es importante señalar que esta alternativa garantiza total certeza a todos y cada uno de los actores participantes en el proceso electoral.

En cuanto al tema de la Credencial para Votar con Fotografía, a partir de una interpretación del Libro Sexto del COFIPE, el IFE flexibilizó en el marco restrictivo de la ley los mecanismos de registro, mediante la aprobación de la validez de la Credencial para Votar con Fotografía con terminación 03 para registrarse y votar desde el extranjero.

No obstante lo anterior, gran cantidad de mexicanos residentes en el extranjero no pudieron solicitar su inscripción a la Lista Nominal de Electores para votar desde el exterior, por no contar con la Credencial para Votar con Fotografía o por estar ésta vencida.

En este sentido, se hace imprescindible implementar la expedición de la Credencial para Votar con Fotografía en el extranjero, lo cual, de acuerdo con la normatividad aplicable, sólo es posible realizarla en territorio nacional, situación que conculca los derechos político electorales de los ciudadanos, colocándolos en una situación de incumplimiento a sus obligaciones como ciudadanos mexicanos.

Durante el periodo de solicitud de registro a la Lista Nominal de Electores se hizo necesaria la utilización de servicios de mensajería para enviar a los ciudadanos que presentaron inconsistencias en su solicitud, la notificación desubsane, así como para que éstos remitieran la documentación correspondiente para normalizar su solicitud.

El servicio de Correo Certificado considera por lo menos dos intentos de entrega en el domicilio señalado, en caso de no ser posible su entrega, se resguarda durante 5 días en la oficina postal y si no es reclamado, se devuelve al remitente. Derivado de lo anterior, se hizo necesario el reenvío de las boletas de varios ciudadanos que no pudieron ser localizados en su domicilio y no pudieron acudir a la oficina de correos a reclamar su boleta, para lo cual fue necesario utilizar servicios de mensajería, tanto para enviar la boleta como para que el ciudadano remitiera su voto, ya que por la vía postal normal, el voto de los ciudadano no hubiera sido recibido por el Instituto Federal Electoral dentro del plazo establecido por el Artículo 328, Numeral 1 del Código de la Material, el cual señala que serán considerados como votos emitidos desde el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral.

En cuanto a la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero, adscrita a la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral, se considera conveniente el fortalecerla, con el propósito de que cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas relativas a la promoción de la participación ciudadana desde el exterior y expedición de credenciales para votar con fotografía de los mexicanos residentes en el extranjero que así lo requieran.

Por otro lado, también resulta de suma importancia permitir que los candidatos puedan hacer campaña en el extranjero, a fin de brindar a nuestros connacionales, herramientas cognoscitivas que les permitan emitir un voto más informado y razonado, pues mientras varias naciones latinoamericanas realizan campañas en otros países, el nuestro está impedido para llevar a cabo este tipo de promoción política1.

No obstante que la pasada elección nos dejó grandes aprendizajes, lecciones y se obtuvo un resultado favorable en términos generales, nos enfrentamos a las limitaciones propias de un modelo de voto postal, complejo, lento y costoso.

Aún así y en un afán que permitiera incrementar la participación de nuestros paisanos, se adoptaron medidas para simplificar los trámites, se abrieron canales de comunicación, promoción y vinculación con los mexicanos en el extranjero, utilizándose por primera vez plataformas electrónicas como Google, YouTube y redes sociales en internet. Además, se apoyó al Instituto Electoral del Distrito Federal para realizar la inscripción de los ciudadanos del Distrito Federal en su proceso del voto chilango, entre otras medidas.

En esta tesitura el modelo aprobado en el año 2005 de voto postal, es un modelo agotado que ya no es funcional y reclama ser modificado, principalmente, a la luz de la necesidad de abandonar mitos, temores y falacias -muchas veces infundados-, sobre el sufragio en el extranjero.

En este sentido, es importante echar una mirada a Colombia y el reciente caso de Venezuela, países en los cuales el mecanismo de voto fuera de su país es ágil y moderno, sobre todo si lo comparamos con caso de México, quien en la actualidad, forma parte de una minoría de naciones que utilizan un modelo de voto postal certificado.

Es por ello, que resulta inverosímil y anacrónico, que en una época de alta tecnología y de voto electrónico a distancia, nuestros paisanos, todavía tengan que enviarlo sólo por correo.

Como bien sabemos, en el vecino país del norte viven aproximadamente 12 millones de mexicanos, quienes con su trabajo han aportado a la economía mexicana recursos por 22 mil 800 millones de dólares en 2011, y casi 16 mil millones de dólares entre enero y agosto del presente año.

Esto significa una muestra clara de que el migrante quiere seguir siendo parte de su comunidad, de sus raíces, y que aunque radique en un lugar distinto a su origen, tiene el derecho a obtener su credencial para votar con fotografía desde donde se encuentre y no tener que regresar necesariamente a México para obtenerla; por lo tanto, sería benéfico que el IFE reciba atribuciones para credencializar desde el extranjero, con el domicilio real en el cual se está radicando.

Por otro lado el IFE podría, considerando su autonomía constitucional, acordar con la Secretaría de Relaciones Exteriores un Convenio que permita el voto en embajadas y consulados, como lo hacen otros países.

Recordemos que en el Proceso Electoral Federal de este año, se obtuvo una positiva colaboración con la Cancillería, mediante un programa de consultores, los cuales fueron contratados por el IFE, para que estuviesen en las representaciones consulares a fin de coadyuvar en el llenado de la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal a nuestros paisanos.

Por otra parte, es indispensable reducir significativamente el lapso de tiempo para inscribirse en la Lista Nominal, ya que se tiene un vacío de cinco meses previo a la jornada electoral. Resulta absurdo que nuestros connacionales tengan como fecha límite hasta el mes de enero del año electoral y adicionalmente, tengan que votar meses antes que los mexicanos que vivimos en territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa que modifica diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

LIBRO CUARTO
De los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas

TITULO PRIMERO
De los procedimientos del Registro Federal de Electores
Disposiciones preliminares

ARTICULO 171

1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente, de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, así como del personal facultado para tales efectos en las embajadas y consulados mexicanos en el extranjero, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores.
ARTICULO 172

1. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes:

a) Del Catálogo General de Electores;

b) Del Padrón Electoral; y

c) Del Padrón de mexicanos residentes en el extranjero.

ARTICULO 175

1 .Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores, aun cuando residan en el extranjero; así como informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que éste ocurra.

2. …

ARTICULO 177

1. …

2 .La técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevistas casa por casa y en los diferentes embajadas y consulados mexicanos, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años, consistente en:

a) a f)

3. La información básica contendrá además de la entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho domicilio geográficamente.

Para el caso de los residentes en el extranjero, la información básica contendrá la entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al último domicilio que habitaron en territorio nacional, así como la fecha y el domicilio de la embajada o consulado en que se efectuó la entrevista y el nombre y la firma del entrevistador.

CAPITULO SEGUNDO
De la formación del padrón electoral

ARTICULO 179

1.

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá la correspondiente credencial para votar ya sea en los módulos establecidos para el efecto en el territorio nacional y en las embajadas y consulados mexicanos.

ARTICULO 180

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, dentro del territorio nacional o en las embajadas y consulados mexicanos, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía.

ARTICULO 182

1. …

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, dentro o fuera del territorio nacional, para ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica censal total; y

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica censal total.

c) Que sean mexicanos residentes en el extranjero.

ARTICULO 184

1. …

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción;

b) Distrito electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio; y

c) Fecha de la solicitud de inscripción.

d) Para el caso de los mexicanos en el extranjero, únicamente se asentará el domicilio de la embajada o consulado mexicano en que se realice la inscripción y la fecha de la solicitud.

ARTICULO 187

1. …

4 .En las oficinas que el Registro Federal de Electores disponga dentro del territorio nacional o en las embajadas y consulados mexicanos, existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

5. …

LIBRO SEXTO
Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero

TITULO UNICO

ARTICULO 314

1.

a) …;

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protestade decir verdad, su domicilio en el extranjero; y

c) ...

ARTICULO 315

1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados requisitarán en la embajada o consulado mexicano la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el15 de febrero del año de la elección presidencial.

2. La solicitud será enviada por el personal de las Oficinas de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero a más tardar el último día hábil del mes de febrero a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
3. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción que el servicio postal de que se trate estampe en el sobre de envío.

4. A ninguna solicitud enviada por el personal de las Oficinas de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero después del 15 de febrero del año de la elección, o que sea recibida por el Instituto después del 30 de marzo del mismo año, se le dará trámite. En estos casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informará a la embajada o consulado respectivo, el listado de las ciudadanas y ciudadanos que no pudieron ser inscritos por extemporaneidad.

5. El ciudadano interesado, de manera personal, podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción.

ARTICULO 316

1. ….

a)

  1.  Solicito votar en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

 

c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, con el domicilio que consta en mi credencial para votar expedida en el extranjero;

d) Solicito que me sea enviada a la embajada o consulado  ubicada en ______la boleta electoral; y

ARTICULO 318

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de febrero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

2. …

ARTICULO 319

1. Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

Si el ciudadano cuenta con credencial para votar con domicilio en México, se le dará de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar.

Para el caso de los ciudadanos que cuenten con credencial para votar, emitida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en el extranjero, se verificará que este registrado en la lista nominal de electores correspondiente. 

3.

4. Concluido el proceso electoral, el Instituto iniciará un proceso permanente de actualización de la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

ARTICULO 322

1. A más tardar el 15 de abril del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.
2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 30 de abril, inclusive.

3. …

4. …

5. …

ARTICULO 323

1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, a las embajadas o consulados mexicanos, a efecto de que los mexicanos residentes en el extranjero acudan a dichos locales a emitir su voto.

2. …

3. …

4. …

ARTICULO 324

1. La documentación y el material electoral a que se refiere el Artículo anterior estará a disposición de la Junta General Ejecutiva a más tardar el 15 de abril del año de la elección.

2. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta General Ejecutiva el material electoral suficiente para cada uno los ciudadanos inscritos en las listas nominales correspondientes, ordenados conforme a la modalidad establecida en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 320de este Código.

3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada embajada o consulado mexicano, por correo certificado o mensajería con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del voto.

4. El envío de la documentación y material electoral antes señalados concluirá, a más tardar, el 20 de mayo del año de la elección.

ARTICULO 325

1. La jornada electoral de los mexicanos residentes en el extranjero se celebrará el segundo domingo de junio del año de la elección, en un horario de ocho a dieciocho horas y en las instalaciones de las embajadas y consulados mexicanos.  La votación será recibida por el personal que habilite el Instituto, previo convenio que se celebre con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2. …

ARTICULO 326

1. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducirla boleta en la urnaque haya sido remitida a la embajada o consulado.
2. una vez cerrada la votación, el personal habilitado por el Instituto, coloca en un sobre las boletas extraídas de las urnas y en otro sobre las boletas no utilizadas.

3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta electoral, tendrán impresa una clave asignada por el Instituto, así como el domicilio del Instituto que determine la Junta General Ejecutiva.

ARTICULO 336

1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero; siempre y cuando los actos y propaganda electoral sean a los que se refiere el artículo 228 de este Código.

2. Para efectos de la fiscalización de los actos y propaganda de campaña realizados en el extranjero, se deberá estar a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización.  

3 .Se deroga.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para una exacta observancia y aplicación de esta Ley, el Instituto Federal Electoral reformará y expedirá los reglamentos y reglas de operación correspondientes, así como las modificaciones administrativas que se requieran dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2013. 

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya".

1 La exposición de motivos tuvo como base el estudio denominado “Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El reto de incrementar la participación”.  Enrique de Jesús Navarro Gallardo. Cámara de Diputados.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, a nombre propio y de los CC. Senadores Martín Orozco Sandoval, Graciela Ortiz González, Fernando Herrera Avila y María Elena Barrera Tapia)

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señora Presidenta.

El objeto de la presente iniciativa, es el fortalecimiento de la democracia participativa y también la efectiva coordinación y colaboración entre los gobiernos y la sociedad civil.

La Constitución de nuestro país no faculta al Legislativo en reformar y hacer leyes en materia de organizaciones de la sociedad civil y es obvia la importancia que las organizaciones de la sociedad civil han cobrado a lo largo de estos últimos años.

Ha sido primordial el ejercicio no solamente de voto sino de la contribución al desarrollo, a la planeación, a la transparencia, a la evaluación.

La sociedad civil se ha encargado de organizarse en diversos tópicos, entre muchos de ellos está salud, derechos humanos, cultura, medio ambiente, educación, grupos vulnerables, mujeres, en fin, y todo ello cobran un interés público y una acción política.

Han sido impulsores de mecanismos y espacios de democracia y han sido y han ayudado a fortalecer estos espacios para articular propuestas.

No obstante, el proceso de garantías a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil e institucionalización de los procesos de su participación, esto no ha sido suficiente.

Vemos que sólo 10 estados cuentan con una ley que promueve la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

6 entidades federativas tienen iniciativa de ley pero aún están en comisiones por dictaminar.

17 estados que no cuentan con alguna ley que promueva las actividades.

México es el último país del mundo con el .40% de la población económicamente activa trabajando en el sector no lucrativo, mientras que el promedio mundial rebasa el 4%

Existen organizaciones de la sociedad civil, integradas en México, y aproximadamente dos por cada 100 mil habitantes.

En comparación con Chile, Argentina y Brasil, que tienen 63%, 29, sus porcentajes son mucho más altos.

Es importante que este Congreso, y particularmente la Cámara de Senadores, pudiera respaldar el facultarnos en poder tener la opción de modificar la Ley Federal para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y poder llevar a cabo la propuesta hacia una Ley General para la Mejor Coordinación entre los Distintos Niveles de Gobierno y las Distintas Dependencias que tienen que ver todas con la sociedad civil.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales ha realizado diversos foros, y ha sido una demanda, una petición que hoy estamos trasladando en esta iniciativa de reforma a la Constitución. Agradezco a los integrantes de la Comisión el respaldo para que podamos seguir avanzando en una legislación más armoniosa, y no solamente en un discurso público.

Se busca otorgarle certidumbre jurídica a las organizaciones de la sociedad civil que defina los medios necesarios para que puedan ser elementos estratégicos en el desarrollo del país y en los procesos de planeación.

Con todo lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 1o. y 9o. constitucionales referente al derecho humano y a la libre asociación. Así que democracia, derechos humanos y sociedad civil tienen que ir engarzados en este principio de democracia participativa.

El proyecto de Decreto adiciona una fracción al artículo 73 para quedar en este sentido, que el Congreso tiene facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de fomento a la creación, organización y participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Y en transitorios está comprendido que en tanto no se renueve la ley federal, seguirá en vigor la ley actual, y se le da un plazo, precisamente, de 180 días a partir de entrada en vigor de este Decreto.

Por lo anterior, creemos que podemos seguir avanzando en transversalizar el tema de sociedad civil con el derecho a asociación, el derecho a las decisiones y también a los derechos humanos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Compañeras y compañeros Senadores, en consideración a la importancia de la conmemoración del aniversario del voto femenino, la Mesa Directiva acordó presentar a ustedes una propuesta de modificación al Acuerdo que acabamos de aprobar para que la sesión solemne se realice en el recinto de Xicoténcatl No. 9.

Solito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación.

“PRIMERO.- El Senado de la República realizará sesión solemne el jueves 17 de octubre, a las 11:00 horas, en el recinto de Xicoténcatl No. 9, para conmemorar el sexagésimo aniversario del voto femenino en México como un justo reconocimiento a la importante aportación de la actividad de la mujer en la vida política de nuestro país”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación al Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobada la modificación y aprobado el Acuerdo para celebrar sesión solemne del jueves 17 de octubre en el recinto de Xicoténcatl No. 9.

Publíquese el texto del Acuerdo modificado en la Gaceta.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de primera lectura)



 





 

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 23 de abril de 2013, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio propone reformar la Ley General de Turismo para fortalecer la figura del Atlas Turístico de México, ya que actualmente la ley se limita a señalar que para la elaboración del mismo la Secretaría deberá coordinarse con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con las entidades federativas y municipios, siendo una herramienta para la promoción de la actividad turística.

Menciona el promovente, que la iniciativa pretende modificar el artículo 14, así como otros numerales de la Ley General de Turismo, con la finalidad de regular de mejor manera lo correspondiente al Atlas Turístico de México y asimismo, dotar de atribuciones a las entidades federativas y municipios para la elaboración de sus respectivos instrumentos dentro de sus ámbitos competenciales.

Así, propone reformar los artículos 9 y 10 de la ley en comento, para facultar a los Estados, Distrito Federal y Municipios para elaborar los Atlas Turísticos Estatales y Municipales.

Por su parte, la reforma al artículo 14 propone que se incluyan dentro del Atlas Turístico de México a las localidades que por sus características históricas, culturales, tradicionales, culinarias o de origen étnico, son escenarios turísticos sobresalientes que dan identidad a México, respecto de las cuáles se habrá de privilegiar su conservación y mejoramiento, estableciendo además que dichas localidades podrán recibir por parte de la Federación, Estados y Municipios, los recursos económicos necesarios para su conservación y embellecimiento.

El promovente también propone que el Atlas Turístico de México sea actualizado cuando menos cada dos años, pudiendo contemplarse para ello la celebración de foros de consulta pública, asimismo, propone que el Consejo Consultivo de Turismo, participe en la elaboración y actualización del Atlas, formulando opinión al respecto.

Finalmente, el legislador propone que una vez elaborado y actualizado el Atlas Turístico de México, la Secretaría de Turismo lo mande publicar en el Diario Oficial de la Federación y lleve a cabo las actividades conducentes para su plena difusión.

CONSIDERACIONES

Estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente en señalar que la actividad turística es una de las actividades económicas que ha alcanzado más relevancia en los últimos años.

Asimismo, reconocen que la riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro entorno natural le permite al viajante apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble variedad de luz y color. Además ofrecemos a los viajeros pueblos mágicos, ciudades coloniales, museos, sitios arqueológicos y una variada y rica gastronomía.

Sin duda, las características geográficas, bellezas naturales y riqueza cultural de nuestro país, lo hacen un destino privilegiado, que le permiten competir a la par de las grandes potencias turísticas.

Por la diversidad y riqueza turística que ofrecemos y por la fuerte competitividad de los diferentes destinos mundiales, es necesario que tengamos identificadas todas las opciones que ofertamos para que el turista que desee visitar México pueda consultarlas en una herramienta que contenga toda la información disponible sobre destinos turísticos y oferta turística.

Por ello, estas Comisiones reconocen la importancia de contar con un Atlas Turístico, el cual es una herramienta que integra la información turística de México, organizada geográficamente en mapas.

La importancia del Atlas Turístico, también radica en que es un elemento importante que apoya la planeación de la actividad turística, ya que sirve de referencia para la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los productos turísticos.

Estas Comisiones Unidas recuerdan que en marzo de 2012 la Secretaría de Turismo presentó el portal del Atlas Turístico de México el cual, en su primera etapa, ofrece información de 85 destinos, 13 mil 617 hoteles con distintivo H, 198 mil 538 restaurantes, 5 mil 279 agencias de viajes, 13 mil 705 tiendas de autoservicio, 19 mil 613 farmacias, 2 mil 044 casas de cambio, y 711 lugares de alquiler de autos, además de productos como, Pueblos Mágicos, Rutas de México, Tesoros de México y Mundo Maya.
Esta primera etapa facilitó la identificación de una parte de nuestros atractivos turísticos, pero dada la riqueza natural y cultural de nuestro país es importante que este instrumento se actualice constantemente para incluir más productos y servicios.

Por ello, estas Comisiones Unidas consideran oportuna la modificación propuesta en la iniciativa en estudio para establecer la obligación de la autoridad de actualizar cada dos años el Atlas Turístico Nacional, proponiendo que para este fin se cuente con la opinión del Consejo Consultivo de Turismo.

En el mismo sentido, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario que la Secretaría de Turismo realice las acciones necesarias para la difusión del Atlas Turístico de México, a fin de que éste sea un instrumento de utilidad para el viajante y la política turística.

Cabe mencionar que a fin de mantener la técnica legislativa en la ley, estas Comisiones Dictaminadoras consideran necesario realizar una modificación al texto propuesto en la iniciativa, proponiendo la siguiente redacción:

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO INICIATIVA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

Artículo 14 bis. No existe

 

Artículo 14 bis. Para la elaboración y actualización del Atlas, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, con opinión del Consejo.

 

El Atlas deberá ser actualizado por lo menos cada dos años para lo cual podrá contemplarse la celebración de foros de consulta pública. Posterior a su elaboración y actualización la Secretaría mandará publicar el Atlas en el Diario Oficial de la Federación y realizará las acciones necesarias conducentes para su plena difusión.

 

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, solicitando además la opinión del Consejo.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado cada  dos años. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

 

 

 

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público.

La modificación propuesta atiende el espíritu de lo planteado por el promovente, en el sentido de actualizar el Atlas Turístico de México cada dos años, y darle la promoción necesaria para su plena difusión, eliminando la obligación de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, dado que el Atlas es un portal Web. Asimismo, señalan que para mantener la técnica legislativa observada en toda la redacción de la Ley General de Turismo, estas Comisiones proponen que en forma concurrente la Secretaría de Turismo se coordine, para la elaboración y actualización del mismo, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en vez de con los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios.

Por lo que hace a la propuesta de reforma a la fracción II del artículo 2º de la Ley General de Turismo, a fin de introducir en el objeto de la ley que dentro de las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística (…) se prioricen las regiones, zonas o localidades que por sus antecedentes históricos o aspectos culturales le dan identidad al país, estas Comisiones Unidas comparten con el promovente de la iniciativa la importancia de reconocer la riqueza cultural para nuestro turismo; sin embargo, recuerdan que la Ley General de Turismo busca fomentar y diversificar todas las modalidades turísticas, no sólo una en particular.

Asimismo, señalan que el espíritu que llevó al legislador a proponer esta adición ya se encuentra atendido en la misma fracción II del artículo en comento, la cual establece que la política, planeación y programación de la actividad turística debe regirse bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, por lo que estas Comisiones Legislativas consideran que bajo estos criterios la ley ya prevé atender aquellas regiones, zonas o localidades que le dan identidad al país.

En otro orden de ideas, la iniciativa de mérito propone dotar de atribuciones a las entidades federativas y municipios para elaborar sus respectivos Atlas Turísticos Estatales y Municipales, modificando, para ello, la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Turismo para establecer que por Atlas se entenderá: el Atlas Turístico de México, llevando la definición actualmente contenida en esta fracción al artículo 14 de la ley.

Asimismo, modifica las fracciones IX del artículo 9 y X del artículo 10 del mencionado ordenamiento jurídico, para facultar a los Estados, Distrito Federal y Municipios a elaborar los Atlas Turísticos Estatales y Municipales.

En principio, estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente de la iniciativa en la importancia de que los Estados y Municipios tengan un listado fidedigno de los atractivos turísticos con los que cuentan; sin embargo, consideran que por motivos de organización y concurrencia sólo debe existir un Atlas Turístico de México, quedando su rectoría bajo la Secretaría de Turismo Federal, ya que al existir 3 niveles y múltiples Atlas Turísticos se podría generar confusión en cuanto al contenido de cada uno y se desalentaría el uso del mismo, por ello se considera improcedente esta modificación.

Bajo este orden de ideas, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Turismo debe mantener la definición actual de Atlas Turístico de México, toda vez que en este artículo se encuentran todas las definiciones que la ley maneja en su contenido, por lo que consideran innecesario trasladar dicha definición al artículo 14 de la Ley.

Con relación al segundo párrafo del artículo 14 que propone que el Atlas Turístico de México contemple localidades que por sus características históricas, culturales, tradicionales, culinarias o de origen étnico sean atractivos turísticos nacionales que dan identidad al país, a fin de que aquéllas reciban apoyos económicos para su conservación y mejoramiento; éstas Comisiones comparten en principio la idea del legislador de impulsar la actividad turística en aquellas localidades que le den identidad al país.

Sin embargo, es necesario mencionar que éstas localidades ya se encuentran contempladas dentro del Atlas Turístico de México, toda vez que dentro de él están registrados todos los bienes y recursos naturales y culturales que pueden constituirse en atractivos turísticos nacionales, así al ser incluidos los recursos culturales ya se contemplan todos aquellos que dan identidad al país, por lo que se considera que la propuesta del legislador ya se encuentra atendida en la Ley General de Turismo.

Por lo que respecta a la propuesta de modificar la fracción X del artículo 3 de la ley en comento, en la que se pretende agregar un enfoque histórico al ordenamiento turístico del territorio, éstas Comisiones establecen que el ordenamiento territorial es una política de estado, cuyo objeto es organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio de modo que estos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, armónico y socialmente justo.

La Ley General de Turismo por su parte establece que la finalidad del ordenamiento turístico del territorio es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos.

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que no es procedente agregar el enfoque histórico, toda vez que éste es un instrumento de la política turística que no está ligado necesariamente al aspecto cultural e histórico del mismo, sino a aspectos ambientales y de asentamientos humanos.

En relación a la propuesta de reforma a la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Turismo, la iniciativa propone incluir la obligación a la Secretaría de Turismo para que además de promover, conserve el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Al respecto es de advertirse que la rectoría de la conservación de nuestro patrimonio artístico, histórico, cultural y arqueológico del país le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, es adecuado que la Secretaría de Turismo participe, de manera concurrente, en la conservación del patrimonio cultural de nuestro país, toda vez, que éste es prioritario para la actividad turística.

Por lo que éstas Comisiones Unidas consideran pertinente reformar la fracción XIII del artículo 7 de la ley en comento, con la siguiente modificación.

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO INICIATIVA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Artículo 7.

I. - XII.

XIII. Promover con el Consejo Nacional para             la Cultura y las Artes,             el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,             y el Instituto Nacional                de Antropología e Historia,   el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

XIV. XVIII.

 

 

Artículo 7. …

I. - XII.

XIII. Promover con el Consejo Nacional para                 la Cultura y las Artes,             el Instituto Nacional de           Bellas Artes y Literatura,            y el Instituto Nacional de Antropología e Historia,               el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, así como su conservación de acuerdo con el marco jurídico vigente.

XIV. XVIII.

 

 

Artículo 7. …

I. - XII.

XIII. Promover y conservar con el Consejo Nacional          para la Cultura y las Artes,           el Instituto Nacional de  Bellas Artes y Literatura,              y el Instituto Nacional de Antropología e Historia,          el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

XIV. XVIII.

Finalmente, estas Comisiones Unidas destacan el hecho de que la iniciativa de mérito propone preponderar en el Programa Sectorial de Turismo a los destinos turísticos que dan identidad al país por su relevancia histórica o cultural, lo cual tiene el noble propósito de realzar nuestra identidad cultural, no obstante la importancia de la propuesta, es necesario recordar que la Ley General de Turismo tiene como propósito fomentar y diversificar todas las modalidades turísticas, no sólo una en particular.

En razón de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que el Programa Sectorial de Turismo debe impulsar por igual todas las modalidades turísticas, ya que todas son factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades, por lo que la propuesta de reforma al artículo 22 de la ley en comento, está atendida en la propia ley.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL
ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Unico.- Se reforma la fracción XIII, del artículo 7 y el párrafo primero del artículo 14; se adiciona un párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero el actual párrafo segundo, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I. - XII.

XIII. Promover y conservar con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

XIV. XVIII.

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, solicitando además la opinión del Consejo.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado cada dos años. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a ____ de septiembre de 2013.

COMISION DE TURISMO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.





 

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PARRAFO, RECORRIENDOSE EL ACTUAL A UN PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 TER de Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el SenadorTomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la iniciativa con proyecto de Decreto presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. Antecedentes

1. El 25de septiembre de 2008 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 TER de Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el SenadorTomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura.

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de las Iniciativas

La iniciativa tiene por objeto la prohibición de que en la comercialización de productos o servicios se utilicen como herramientas los elementos como “avales, recomendaciones o certificaciones expedidas” por sociedades o asociaciones profesionales.

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, las sociedades profesionales no tienen capacidad de dar un seguimiento detallado a los avales que brindan, por lo que terminan convirtiéndose en un cheque en blanco que puede ser utilizado por la empresa o marca contratante a su libre albedrío.

De manera particular, menciona que estos “avales” no tienen ningún sustento técnico-científico, por lo que las marcas comerciales que hacen uso de ellos y las asociaciones que prestan su nombre presentan información engañosa a los consumidores.

Así plantea la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

“ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 18 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 18 TER.- Queda prohibida la comercialización de productos o servicios mediante avales, recomendaciones o certificaciones expedidas por sociedades o asociaciones profesionales.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

IV. Consideraciones

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras comparten la preocupación del promovente en el sentido de que, en materia de publicidad engañosa a pesar de los esfuerzos que el Congreso de la Unión ha realizado al regular estas prácticas con la expedición de las últimas reformas, así como las acciones emprendidas por la autoridad en la materia, aún falta un camino por recorrer, por lo que es indispensable realizar las adecuaciones jurídicas que garanticen la protección de los intereses de los consumidores pues contribuye al principio de veracidad de la información y publicidad que recibe el consumidor cuando adquiere un bien o servicio.

Segunda.- Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

En este tenor, dispone que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o pueden inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Asimismo, prevé que la información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva.

Y por último, otorga facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para que emita lineamientos para el análisis y verificación de la información o publicidad a fin de evitar que se introduzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

Tercera.- Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Secretaría de Economía.

Así, el 15 de marzo del año en curso, a través del oficio número SPJ/098/2013 la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“La Procuraduría Federal del Consumidor coincide con el interés del legislador en la necesidad de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, fortaleciendo la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Consideramos inadecuada la ubicación en la Ley Federal de Protección al Consumidor, del precepto jurídico que se pretende adicionar, en virtud de que en el artículo 18 y 18 Bis, hacen referencia al Registro Público de Consumidores. En consecuencia, esta Procuraduría considera adecuada la adición del precepto en el Capítulo III, “De la Información y Publicidad.

Por lo tanto, la Procuraduría Federal Consumidor propone la siguiente redacción:

“Artículo 32.-…

Se prohíbe incluir en el producto o servicio a comercializar, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio”.

La Procuraduría apoya la prohibición que propone el legislador con las aclaraciones, comentarios y modificaciones sugeridas, de esta forma, la presente opinión se emite en sentido positivo, partiendo de las precisiones necesarias al articulado propuesto de reforma”.
V. Modificaciones

Estas comisiones dictaminadoras consideran oportunas las observaciones presentadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, no obstante se realizan adecuaciones a la propuesta con el objeto de dar certeza jurídica y claridad al sentido de la modificación del texto normativo.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Vigente

Texto Propuesto
Senador Tomás Torres Mercado

Texto Propuesto PFC

Consideraciones Comisiones Dictaminadoras

No existe

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el  mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

Artículo 18 TER.- Queda prohibida la comercialización de productos o servicios mediante avales, recomendaciones o certificaciones expedidas por sociedades o asociaciones profesionales.

 

 

 

 

 

 

Artículo 32.-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prohíbe incluir  en el producto o servicio a comercializar, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la redacción propuesta tanto por el promovente como los cambios sugeridos por la Procuraduría Federal del Consumidor, no obstante se sugieren realizar algunos cambios para efectos de mejorar la redacción y ubicación jurídica dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que la ubicación del contenido del texto normativo, la PROFECO propone que sea en un tercer párrafo, es decir, inmediatamente después de los tipos de información o publicidad que la ley prevé que se considerarán como engañosa o abusiva, dando así continuidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo referido.

Por lo anterior, estas dictaminadoras estiman que su ubicación adecuada sería en un cuarto párrafo recorriéndose el actual en un quinto párrafo.

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice  un producto o  servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.

 

 

VI. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Unico.- Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

ARTICULO 32.-…

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.





 

Enseguida tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha conmemorativa al nacimiento del General Francisco Villa.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, emiten el presente dictamen con proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2012 se recibió oficio del Congreso del Estado de Chihuahua con el que remite proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, fecha conmemorativa.

SEGUNDO. En sesión ordinaria de fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó el proyecto de Decreto referido a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto en estudio propone el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta el día 5 de junio de cada año, fecha en que se conmemora el Aniversario del nacimiento en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana.

III. CONSIDERACIONES

1. Estas comisiones dictaminadoras comparten el sentido y alcance de la propuesta objeto del presente dictamen, toda vez que estiman necesario hacer una merecida distinción al general Francisco Villa, con la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que determina las formas en que, mediante el uso de la Bandera Nacional, se rinda homenaje a las personas que con sus acciones le brindaron los pilares a nuestra patria.

2. El artículo 15 de la citada ley señala:

“En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables...”

El izamiento de la bandera a toda asta simboliza el orgullo por acontecimientos de excepcional importancia para el país, como lo es el nacimiento de personajes que con sus ejemplos de vida e ideales, han dado forma a nuestra actual nación, de ahí que se establezcan los de Ignacio Allende, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza.

3. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su seudónimo de Francisco Villa, fue uno de los héroes de la Revolución Mexicana, también llamado "El Centauro del Norte", nacido el 5 de junio de 1878, en el municipio de San Juan del Río, Durango.

Entre las principales hazañas del general Francisco Villa destacan el ataque a la hacienda de Chavarría en Chihuahua, el 17 de noviembre de 1910; la toma de Ciudad Juárez en 1911; la creación de la División del Norte y su apoyo al Plan de Guadalupe; y el Pacto de Xochimilco con Emiliano Zapata el 4 de diciembre de 1914.

4. Además el artículo 11 de la multicitada ley establece:

En las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional en los términos de esta Ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que podrá hacerse sin honores...”

El calendario cívico que marca este artículo, ha omitido la fecha de nacimiento y de fallecimiento del general Francisco Villa, teniendo con ello una deuda con la historia de nuestro país.

5. Estas dictaminadoras consideran apropiada la propuesta para que se incorpore el aniversario del nacimiento del general Francisco Villa, dentro de las fechas y conmemoraciones por las que se iza a toda asta la Bandera Nacional, por su participación y aportaciones a la Revolución Mexicana, debiendo recibir los mismos honores que los revolucionarios que se contemplan en la ley demarras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 18.-En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

5 de Junio: Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana.

(...)
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

b) (...)

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de diciembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.





 

Compañeras y compañeros Senadores, tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Someto a su consideración el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

La iniciativa que le dio origen fue presentada en abril de 2012 en la Cámara de Diputados, turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas en marzo del presente año. El Pleno de la Colegisladora aprobó el correspondiente dictamen con el proyecto de Decreto que remitió a esta Cámara donde nos fue turnado el pasado 19 de marzo.

El día de hoy, debidamente aprobado por ambas comisiones, pongo a su consideración este dictamen. No está de más recordar que esta ley, la General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, tiene como objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Quiero subrayar cuatro de sus principios fundamentales: que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional; que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de nuestra composición pluricultural; que las lenguas indígenas, reconocidas por la ley, además del español, son lenguas nacionales y tienen la misma validez en su territorio, localización y contextos en que se hablen; que las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como acceder plenamente a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes.

Actualmente, el texto de la fracción que se propone reformar contiene una obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, consiste en apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español.

Pero en qué consiste la reforma propuesta.

Establece que los defensores públicos reciban formación y acreditación profesional por parte del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para lograr los objetivos generales y particulares sin duda de esta ley, es decir, la formación y acreditación profesional de los defensores públicos se suma a la que deben de recibir intérpretes y traductores de lenguas indígenas nacionales y español con ese mismo propósito.

Tengamos presente que la Ley Federal de Defensoría Pública, por medio del instituto competente, garantiza el derecho a la defensa en materia penal y acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica.

Este servicio se brinda a través de defensores públicos en los asuntos del orden penal federal y de asesores jurídicos en asuntos de orden no penal.

En consecuencia, esta reforma, una vez promulgada, publicada y vigente, permitirá que el INALI, el Instituto Federal de Defensoría Pública y las demás dependencias y entidades de los diferentes órdenes de gobierno, celebren convenios de colaboración, definan políticas transversales, determinen acciones y estrategias y, desde luego, propongan partidas presupuestales para dar cumplimiento a esta atribución.

Que los indígenas tengan pleno acceso a la justicia es un imperativo constitucional, sin duda alguna. Pero en nuestra realidad social es un viejo anhelo que dista mucho de ser una norma cabalmente cumplida: pobreza, ignorancia, marginación y discriminación encuentran en la dificultad para hablar y entender el español el pretexto para negar justicia a los indígenas.

Sin embargo, el Estado mexicano ha implementado acciones diversas para abatir ese lacerante rezago social.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el transcurso de este año, aprobó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Precisamente, mañana, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la CDI y el INALI, suscribirán un convenio de colaboración para impulsar y promover la formación de defensores bilingües que atiendan a la población indígena con pertinencia cultural y lingüística.

Es oportuno entonces la reforma que se propone, pues da sustento legislativo a los esfuerzos de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Por todo ello, el proyecto a su consideración es del tenor siguiente.

Unico.- El proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13.- Corresponde al Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de la presente ley, y en particular, los siguientes:

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español.

Compañeras y compañeros, en ejercicio de nuestras facultades, aprobemos esta reforma legislativa, que la defensa que se proporcione a los indígenas sea oportuna y conocedora de sus costumbres y sus propias expresiones culturales, que su defensa les brinde sin limitaciones lingüísticas el acceso a la justicia que se les ha negado. Contribuyamos dando un paso más para que los indígenas dentro del Estado pluricultural que consagra la Constitución, tengan pleno derecho a la justicia.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Esta Presidencia aprovecha para dar la más cordial bienvenida a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho del Distrito Federal, quienes han sido invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Sean muy bienvenidos.

(Aplausos)

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Este es un punto importante porque expresa una serie de aspiraciones que el movimiento indígena ha venido planteando en nuestro país y el poder acceder a la justicia en términos de equidad. No hay mejor cosa que puedan tener nuestros hermanos indígenas, una defensa en su propia lengua, pero que además el Estado se obligue a la formación de estos defensores.

Ha sido esta iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados y ahora retomada en este Senado y dictaminada finalmente, felizmente, con este proyecto de Decreto, para que anexemos la obligación del Estado de garantizar la formación de defensores en las lenguas naturales de los compañeros indígenas en el país.

Esto tiene un sustento también legal, está la Ley Federal para la Prevención de la Discriminación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que es una parte que soporta esta circunstancia y el Código Federal de Procedimientos Penales, que es otra de las herramientas legales que obligan a dar esta cobertura.

Creo que, sin duda, cuando podamos abordar este respaldo de asistencia jurídica a los compañeros indígenas que son procesados, vamos a borrar del panorama acciones como las que vivimos en San Luis Potosí con las compañeras indígenas que injustamente fueron procesadas y que tuvieron luego que ser puestas en libertad a través de un largo proceso de reparación del daño y poderlas dejar absueltas en su libertad.

El mismo caso del compañero Patishtán, donde ha motivado que en este Senado se presenten incluso hasta iniciativas para poder pedir que sean las Cámaras las que puedan lograr un indulto para los compañeros procesados de esta manera, hablará de que estamos nosotros cubriendo una deuda histórica con el movimiento indígena de nuestro país.

Además, saludar este Encuentro de Dos Mundos, que próximamente, el 12 de octubre tendremos el 525 aniversario, es una ocasión propicia para poder saludar esta lucha de los pueblos indígenas en nuestro país.

Por eso saludamos la obligación de que el gobierno, en sus distintos órdenes, apoye la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y en español.

Este es uno de los puntos que en esta comisión tuvo particularmente la Comisión de Asuntos Indígenas, tuvo relevancia, tuvo importancia y ahora estamos llegando felizmente a proponer a este Pleno su aprobación para poder hacer esta modificación a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Es cuanto, compañeros Senadores.

Gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para hablar sobre el mismo tema, y hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señora Presidenta.

Es obvio que estamos a favor de este dictamen, que le da un poco más de espacio a los indígenas y a los pueblos indígenas de ser defendidos y entender lo que está pasando con ellos cuando son juzgados por cualquier causa.

Es obvio también que siguen viviendo en desventaja, que la escuela es menor para ellos, que la infraestructura sigue siendo menor para ellos, que cuando se someten a un juicio, muchas veces sus maneras de percibir las conductas, las relaciones sociales, la manera de castigarlas no la entienden, porque ellos están sometidos a distintos valores.

Los pueblos indígenas están mucho más acostumbrados a trabajar en grupo que a ser individualistas, están mucho más acostumbrados a la reparación del daño que a la sanción que los apresa.

Y avanzar en este tema de que haya intérpretes, es importante.

Quiero decir, por ejemplo, que el CIESAS que es una institución de educación superior que ha trabajado mucho en investigación y en antropología ha formado ya a 120 intérpretes, que son indígenas que conocen las costumbres, las reglas y los valores de los pueblos indígenas, que podrán entender de qué se les está acusando y podrán poner en contexto a los propios indígenas diciéndole: “oye, en tu pueblo no se acostumbra a castigarte por esto, pero en las reglas occidentales sí se acostumbra; en tu pueblo, en lugar de meterte a la cárcel, te ponen a reparar el daño, pero aquí, vamos a tener que hacerlo de distinta manera”.

Así que, yo celebro que se haya presentado esta iniciativa de modificación en la Cámara de Diputados, y que en la Cámara de Senadores lo estemos aprobando como Cámara ratificadora, también estaremos, espero pronto, aprobando la ley, el Código de Procedimientos Penales.

Por lo pronto, yo querría aprovechar para mandarles un recado a los Diputados, el CIESAS, que está ocupándose en formar a estos indígenas con especialidad en post grados para que puedan ser intérpretes de los indígenas de sus pueblos que están en algún proceso judicial o penal, reciban recursos, porque pareciera que el Presupuesto de Egresos de la Federación está recortando recursos a CIESAS para este programa, así que aprovecho para felicitar a quien propuso la iniciativa, para felicitar a la Comisión de Asuntos Indígenas de este Senado que la ratificó pronto, y para solicitarle a la Cámara de los Diputados que en su presupuesto de egresos consideren una partida para el programa de el CIESAS y de otros formadores de intérpretes, de especialistas en lenguas para recuperar las lenguas de los propios pueblos indígenas para que no se les olvide que ha de haber por ahí un programa que impulse y que haga posible que la modificación a esta ley, que estamos hoy aprobando, se pueda concretar porque si no hay recurso, tampoco podría hacerse realidad el apoyo con defensores, intérpretes y gente que conoce de las reglas de los valores y de las costumbres de los pueblos indígenas.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señora Presidenta.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Felicitar sinceramente a la Comisión de Asuntos Indígenas, que dirige atinadamente el compañero Senador Eviel Pérez Magaña y a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que dirige el compañero Senador Raúl Gracia Guzmán, porque están haciendo eco de derechos negados a los pueblos indígenas.

La rebelión de 1994, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su “Ya Basta”, fue un grito desesperado de los indígenas para que se le reconocieran derechos fundamentales que les eran negados, el derecho a la alimentación, es un derecho que les era negado; el derecho a la salud, es un derecho que les era negado; por supuesto, el derecho a la justicia pronta y expedita, y en su lengua, es un derecho que les era negado. Por eso, estas comisiones hoy con esta decisión que han tomado, sin duda que están impulsando que los derechos humanos sean progresivos y que las demandas centenarias de los pueblos indígenas el Senado de la República las recoja, las impulse y las haga una realidad para que tengan mejores condiciones de vida.

Esta lucha se traduce en reformas constitucionales importantes como el hecho de que hoy el Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca que México es una nación que tiene composición pluricultural. Es decir, reconocemos que no somos una sola cultura, que hay muchas culturas que son prehispánicas, que han trascendido a partir de los tiempos y hoy se les da un reconocimiento pleno en nuestra Carta Magna.

El apartado B de este artículo señala con mucha claridad, los órdenes de gobierno para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

No podríamos concebir este apartado B del artículo 2o. si no se impulsara el derecho pleno a la justicia, y lo que hoy se está haciendo es eso, hacer más efectivo el artículo 2o. de nuestra Carta Magna al acceder plenamente a la justicia.

En Derecho Internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo habla de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y de los aspectos que señala el Convenio 169 de la OIT, señala la no discriminación, es decir, que los indígenas podrán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos discriminatorios.

¿Y qué hace esta reforma que está planteando, que está resolviendo el día de hoy la Comisión de Asuntos Indígenas?

Bueno, pues eso, evitar actitudes discriminatorias, todo mundo o todos sabemos que cuando algún indígena tiene problemas con la justicia, el primer obstáculo es el idioma, y muchos de ellos no se dan a entender, y difícilmente el sistema de justicia en México, ya sea en su procuración o en su administración de justicia tiene intérpretes y defensores de oficio que hagan accesible y hagan fácil la justicia para los indígenas, por eso es muy importante que este Convenio 169 de la OIT también sea considerado y sea citado en esta ocasión para fortalecer las tesis que animan a la reforma que estamos comentando.

La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que habla del reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en su artículo 13, fracción XI, que es la que estamos reformando, habla de apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español.
Hoy con esta visión, sin duda, que los pueblos indígenas de México darán un salto importante, lo que tenemos que hacer ahora, es hacer que el presupuesto también llegue para consolidar esta parte, y creo que es una obligación del Senado mexicano hacer que se impacte en el presupuesto para que los defensores de oficio, los traductores, los intérpretes puedan hacer, acceder a la preparación sin que les cueste, yo creo que este es un asunto importante que tenemos que revisar.

Y, por último, para ya no reservar, yo quiero proponer una adición, ojalá se analice bien para que podamos ampliar este marco de la defensa de los derechos fundamentales de los indígenas.

Después de la redacción de la fracción XI, dice la redacción de la fracción XI.

“Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español. Para ello propiciará la formación en derecho para acceder a cargos de ministerio público, jueces y magistrados en la procuración y administración de justicia”.

Esta parte final de la adición, deseo, y yo lo voy a votar a favor por supuesto, y ojalá se analice la adición, porque creo que haría falta para concluir de manera adecuada, y determinante, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En virtud de que no hay más oradores registrados.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta que se ha hecho.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Demédicis Hidalgo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: No habiendo oradores para la discusión de esta propuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con la modificación aprobada por esta Asamblea, y en virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos en pro y cero votos en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tomamos nota del voto del Senador Braulio Fernández, con mucho gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.





 

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 23 de abril de 2013, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio propone reformar la Ley General de Turismo para fortalecer la figura del Atlas Turístico de México, ya que actualmente la ley se limita a señalar que para la elaboración del mismo la Secretaría deberá coordinarse con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con las entidades federativas y municipios, siendo una herramienta para la promoción de la actividad turística.

Menciona el promovente, que la iniciativa pretende modificar el artículo 14, así como otros numerales de la Ley General de Turismo, con la finalidad de regular de mejor manera lo correspondiente al Atlas Turístico de México y asimismo, dotar de atribuciones a las entidades federativas y municipios para la elaboración de sus respectivos instrumentos dentro de sus ámbitos competenciales.

Así, propone reformar los artículos 9 y 10 de la ley en comento, para facultar a los Estados, Distrito Federal y Municipios para elaborar los Atlas Turísticos Estatales y Municipales.

Por su parte, la reforma al artículo 14 propone que se incluyan dentro del Atlas Turístico de México a las localidades que por sus características históricas, culturales, tradicionales, culinarias o de origen étnico, son escenarios turísticos sobresalientes que dan identidad a México, respecto de las cuáles se habrá de privilegiar su conservación y mejoramiento, estableciendo además que dichas localidades podrán recibir por parte de la Federación, Estados y Municipios, los recursos económicos necesarios para su conservación y embellecimiento.

El promovente también propone que el Atlas Turístico de México sea actualizado cuando menos cada dos años, pudiendo contemplarse para ello la celebración de foros de consulta pública, asimismo, propone que el Consejo Consultivo de Turismo, participe en la elaboración y actualización del Atlas, formulando opinión al respecto.

Finalmente, el legislador propone que una vez elaborado y actualizado el Atlas Turístico de México, la Secretaría de Turismo lo mande publicar en el Diario Oficial de la Federación y lleve a cabo las actividades conducentes para su plena difusión.

CONSIDERACIONES

Estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente en señalar que la actividad turística es una de las actividades económicas que ha alcanzado más relevancia en los últimos años.

Asimismo, reconocen que la riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro entorno natural le permite al viajante apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble variedad de luz y color. Además ofrecemos a los viajeros pueblos mágicos, ciudades coloniales, museos, sitios arqueológicos y una variada y rica gastronomía.

Sin duda, las características geográficas, bellezas naturales y riqueza cultural de nuestro país, lo hacen un destino privilegiado, que le permiten competir a la par de las grandes potencias turísticas.

Por la diversidad y riqueza turística que ofrecemos y por la fuerte competitividad de los diferentes destinos mundiales, es necesario que tengamos identificadas todas las opciones que ofertamos para que el turista que desee visitar México pueda consultarlas en una herramienta que contenga toda la información disponible sobre destinos turísticos y oferta turística.

Por ello, estas Comisiones reconocen la importancia de contar con un Atlas Turístico, el cual es una herramienta que integra la información turística de México, organizada geográficamente en mapas.

La importancia del Atlas Turístico, también radica en que es un elemento importante que apoya la planeación de la actividad turística, ya que sirve de referencia para la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los productos turísticos.

Estas Comisiones Unidas recuerdan que en marzo de 2012 la Secretaría de Turismo presentó el portal del Atlas Turístico de México el cual, en su primera etapa, ofrece información de 85 destinos, 13 mil 617 hoteles con distintivo H, 198 mil 538 restaurantes, 5 mil 279 agencias de viajes, 13 mil 705 tiendas de autoservicio, 19 mil 613 farmacias, 2 mil 044 casas de cambio, y 711 lugares de alquiler de autos, además de productos como, Pueblos Mágicos, Rutas de México, Tesoros de México y Mundo Maya.

Esta primera etapa facilitó la identificación de una parte de nuestros atractivos turísticos, pero dada la riqueza natural y cultural de nuestro país es importante que este instrumento se actualice constantemente para incluir más productos y servicios.

Por ello, estas Comisiones Unidas consideran oportuna la modificación propuesta en la iniciativa en estudio para establecer la obligación de la autoridad de actualizar cada dos años el Atlas Turístico Nacional, proponiendo que para este fin se cuente con la opinión del Consejo Consultivo de Turismo.

En el mismo sentido, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario que la Secretaría de Turismo realice las acciones necesarias para la difusión del Atlas Turístico de México, a fin de que éste sea un instrumento de utilidad para el viajante y la política turística.

Cabe mencionar que a fin de mantener la técnica legislativa en la ley, estas Comisiones Dictaminadoras consideran necesario realizar una modificación al texto propuesto en la iniciativa, proponiendo la siguiente redacción:

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO INICIATIVA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Artículo 14 bis. No existe

 

 

Artículo 14 bis. Para la elaboración y actualización del Atlas, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con  los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, con opinión del Consejo.

El Atlas deberá ser actualizado por lo menos cada dos años para lo    cual podrá contemplarse  la celebración de foros de consulta pública. Posterior a su elaboración y actualización la Secretaría mandará publicar el Atlas en el Diario Oficial de la Federación y realizará las acciones necesarias conducentes para su plena difusión.

 

 

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, solicitando además la opinión del Consejo.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado cada dos años. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

 

 

 

 

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público.

La modificación propuesta atiende el espíritu de lo planteado por el promovente, en el sentido de actualizar el Atlas Turístico de México cada dos años, y darle la promoción necesaria para su plena difusión, eliminando la obligación de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, dado que el Atlas es un portal Web. Asimismo, señalan que para mantener la técnica legislativa observada en toda la redacción de la Ley General de Turismo, estas Comisiones proponen que en forma concurrente la Secretaría de Turismo se coordine, para la elaboración y actualización del mismo, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en vez de con los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios.

Por lo que hace a la propuesta de reforma a la fracción II del artículo 2º de la Ley General de Turismo, a fin de introducir en el objeto de la ley que dentro de las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística (…) se prioricen las regiones, zonas o localidades que por sus antecedentes históricos o aspectos culturales le dan identidad al país, estas Comisiones Unidas comparten con el promovente de la iniciativa la importancia de reconocer la riqueza cultural para nuestro turismo; sin embargo, recuerdan que la Ley General de Turismo busca fomentar y diversificar todas las modalidades turísticas, no sólo una en particular.

Asimismo, señalan que el espíritu que llevó al legislador a proponer esta adición ya se encuentra atendido en la misma fracción II del artículo en comento, la cual establece que la política, planeación y programación de la actividad turística debe regirse bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, por lo que estas Comisiones Legislativas consideran que bajo estos criterios la ley ya prevé atender aquellas regiones, zonas o localidades que le dan identidad al país.

En otro orden de ideas, la iniciativa de mérito propone dotar de atribuciones a las entidades federativas y municipios para elaborar sus respectivos Atlas Turísticos Estatales y Municipales, modificando, para ello, la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Turismo para establecer que por Atlas se entenderá: el Atlas Turístico de México, llevando la definición actualmente contenida en esta fracción al artículo 14 de la ley.

Asimismo, modifica las fracciones IX del artículo 9 y X del artículo 10 del mencionado ordenamiento jurídico, para facultar a los Estados, Distrito Federal y Municipios a elaborar los Atlas Turísticos Estatales y Municipales.

En principio, estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente de la iniciativa en la importancia de que los Estados y Municipios tengan un listado fidedigno de los atractivos turísticos con los que cuentan; sin embargo, consideran que por motivos de organización y concurrencia sólo debe existir un Atlas Turístico de México, quedando su rectoría bajo la Secretaría de Turismo Federal, ya que al existir 3 niveles y múltiples Atlas Turísticos se podría generar confusión en cuanto al contenido de cada uno y se desalentaría el uso del mismo, por ello se considera improcedente esta modificación.

Bajo este orden de ideas, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Turismo debe mantener la definición actual de Atlas Turístico de México, toda vez que en este artículo se encuentran todas las definiciones que la ley maneja en su contenido, por lo que consideran innecesario trasladar dicha definición al artículo 14 de la Ley.

Con relación al segundo párrafo del artículo 14 que propone que el Atlas Turístico de México contemple localidades que por sus características históricas, culturales, tradicionales, culinarias o de origen étnico sean atractivos turísticos nacionales que dan identidad al país, a fin de que aquéllas reciban apoyos económicos para su conservación y mejoramiento; éstas Comisiones comparten en principio la idea del legislador de impulsar la actividad turística en aquellas localidades que le den identidad al país.

Sin embargo, es necesario mencionar que éstas localidades ya se encuentran contempladas dentro del Atlas Turístico de México, toda vez que dentro de él están registrados todos los bienes y recursos naturales y culturales que pueden constituirse en atractivos turísticos nacionales, así al ser incluidos los recursos culturales ya se contemplan todos aquellos que dan identidad al país, por lo que se considera que la propuesta del legislador ya se encuentra atendida en la Ley General de Turismo.

Por lo que respecta a la propuesta de modificar la fracción X del artículo 3 de la ley en comento, en la que se pretende agregar un enfoque histórico al ordenamiento turístico del territorio, éstas Comisiones establecen que el ordenamiento territorial es una política de estado, cuyo objeto es organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio de modo que estos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, armónico y socialmente justo.

La Ley General de Turismo por su parte establece que la finalidad del ordenamiento turístico del territorio es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos.

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que no es procedente agregar el enfoque histórico, toda vez que éste es un instrumento de la política turística que no está ligado necesariamente al aspecto cultural e histórico del mismo, sino a aspectos ambientales y de asentamientos humanos.

En relación a la propuesta de reforma a la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Turismo, la iniciativa propone incluir la obligación a la Secretaría de Turismo para que además de promover, conserve el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Al respecto es de advertirse que la rectoría de la conservación de nuestro patrimonio artístico, histórico, cultural y arqueológico del país le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, es adecuado que la Secretaría de Turismo participe, de manera concurrente, en la conservación del patrimonio cultural de nuestro país, toda vez, que éste es prioritario para la actividad turística.

Por lo que éstas Comisiones Unidas consideran pertinente reformar la fracción XIII del artículo 7 de la ley en comento, con la siguiente modificación.

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO INICIATIVA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Artículo 7.

I. - XII.

XIII. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

 

XIV. XVIII.

 

 

Artículo 7. …

I. - XII.

XIII. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, así como su conservación de acuerdo con el marco jurídico vigente.

XIV. XVIII.

 

 

Artículo 7. …

I. - XII.

XIII. Promover y conservar con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología  e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

 

XIV. XVIII.

Finalmente, estas Comisiones Unidas destacan el hecho de que la iniciativa de mérito propone preponderar en el Programa Sectorial de Turismo a los destinos turísticos que dan identidad al país por su relevancia histórica o cultural, lo cual tiene el noble propósito de realzar nuestra identidad cultural, no obstante la importancia de la propuesta, es necesario recordar que la Ley General de Turismo tiene como propósito fomentar y diversificar todas las modalidades turísticas, no sólo una en particular.

En razón de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que el Programa Sectorial de Turismo debe impulsar por igual todas las modalidades turísticas, ya que todas son factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades, por lo que la propuesta de reforma al artículo 22 de la ley en comento, está atendida en la propia ley.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL
ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Unico.- Se reforma la fracción XIII, del artículo 7 y el párrafo primero del artículo 14; se adiciona un párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero el actual párrafo segundo, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I. - XII.

XIII. Promover y conservar con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

XIV. XVIII.

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, solicitando además la opinión del Consejo.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado cada dos años. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a ____ de septiembre de 2013.

COMISION DE TURISMO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el dictamen. En virtud de que este dictamen consta de un solo artículo, la discusión en lo general y en lo particular se dará en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos en pro y cero votos en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PARRAFO, RECORRIENDOSE EL ACTUAL A UN PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 TER de Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el SenadorTomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la iniciativa con proyecto de Decreto presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. Antecedentes

1. El 25de septiembre de 2008 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 TER de Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el SenadorTomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura.
2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de las Iniciativas

La iniciativa tiene por objeto la prohibición de que en la comercialización de productos o servicios se utilicen como herramientas los elementos como “avales, recomendaciones o certificaciones expedidas” por sociedades o asociaciones profesionales.

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, las sociedades profesionales no tienen capacidad de dar un seguimiento detallado a los avales que brindan, por lo que terminan convirtiéndose en un cheque en blanco que puede ser utilizado por la empresa o marca contratante a su libre albedrío.

De manera particular, menciona que estos “avales” no tienen ningún sustento técnico-científico, por lo que las marcas comerciales que hacen uso de ellos y las asociaciones que prestan su nombre presentan información engañosa a los consumidores.

Así plantea la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

“ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 18 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 18 TER.- Queda prohibida la comercialización de productos o servicios mediante avales, recomendaciones o certificaciones expedidas por sociedades o asociaciones profesionales.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

IV. Consideraciones

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras comparten la preocupación del promovente en el sentido de que, en materia de publicidad engañosa a pesar de los esfuerzos que el Congreso de la Unión ha realizado al regular estas prácticas con la expedición de las últimas reformas, así como las acciones emprendidas por la autoridad en la materia, aún falta un camino por recorrer, por lo que es indispensable realizar las adecuaciones jurídicas que garanticen la protección de los intereses de los consumidores pues contribuye al principio de veracidad de la información y publicidad que recibe el consumidor cuando adquiere un bien o servicio.

Segunda.- Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 32 de la  Ley Federal de Protección al Consumidor, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

En este tenor, dispone que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o pueden inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Asimismo, prevé que la información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva.

Y por último, otorga facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para que emita lineamientos para el análisis y verificación de la información o publicidad a fin de evitar que se introduzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

Tercera.- Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Secretaría de Economía.

Así, el 15 de marzo del año en curso, a través del oficio número SPJ/098/2013 la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“La Procuraduría Federal del Consumidor coincide con el interés del legislador en la necesidad de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, fortaleciendo la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Consideramos inadecuada la ubicación en la Ley Federal de Protección al Consumidor, del precepto jurídico que se pretende adicionar, en virtud de que en el artículo 18 y 18 Bis, hacen referencia al Registro Público de Consumidores. En consecuencia, esta Procuraduría considera adecuada la adición del precepto en el Capítulo III, “De la Información y Publicidad.

Por lo tanto, la Procuraduría Federal Consumidor propone la siguiente redacción:

“Artículo 32.-…

Se prohíbe incluir en el producto o servicio a comercializar, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio”.

La Procuraduría apoya la prohibición que propone el legislador con las aclaraciones, comentarios y modificaciones sugeridas, de esta forma, la presente opinión se emite en sentido positivo, partiendo de las precisiones necesarias al articulado propuesto de reforma”.
V. Modificaciones

Estas comisiones dictaminadoras consideran oportunas las observaciones presentadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, no obstante se realizan adecuaciones a la propuesta con el objeto de dar certeza jurídica y claridad al sentido de la modificación del texto normativo.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Vigente

Texto Propuesto
Senador Tomás Torres Mercado

Texto Propuesto PFC

Consideraciones Comisiones Dictaminadoras

 

No existe

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

 

Artículo 18 TER.- Queda prohibida la comercialización de productos o servicios mediante avales, recomendaciones o certificaciones expedidas por sociedades o asociaciones profesionales.

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32.-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prohíbe incluir en el producto o servicio a comercializar, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la redacción propuesta tanto por el promovente como los cambios sugeridos por la Procuraduría Federal del Consumidor, no obstante se sugieren realizar algunos cambios para efectos de mejorar la redacción y ubicación jurídica dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que la ubicación del contenido del texto normativo, la PROFECO propone que sea en un tercer párrafo, es decir, inmediatamente después de los tipos de información o publicidad que la ley prevé que se considerarán como engañosa o abusiva, dando así continuidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo referido.

Por lo anterior, estas dictaminadoras estiman que su ubicación adecuada sería en un cuarto párrafo recorriéndose el actual en un quinto párrafo.

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.

 

 VI. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Unico.- Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

ARTICULO 32.-…

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede, a nombre de las comisiones, el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para hablar en los términos dispuestos por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

El dictamen que se presenta ahorita, de reformas a la Ley de Protección al Consumidor, parte de una iniciativa que presentó en la legislatura pasada el Senador Tomás Torres.

Básicamente la preocupación del Senador Torres, y que es una preocupación que compartió la Comisión cuando empezó esta Legislatura, por eso se mantuvo la iniciativa como una iniciativa vigente, es el abuso que se hace a veces en la información de algunos productos que se comercializan anunciado que tienen el aval de la asociación de profesionistas, de médicos, de técnicos sobre algún tema sin que esto pueda ser acreditado.

Y eso, él prohibía que hubiera en la comercialización, el proponente, que se prohibiera en la comercialización de cualquier producto el contener algún aval.

La verdad de las cosas es que algún producto sí puede tener el aval técnico documentado, con pruebas científicas que puedan acreditarlo, lo que debe de prohibirse, en la opinión de la Comisión, es que se anuncie con el aval cuando no existen esas pruebas ni documentos, que son pruebas técnicas idóneas adecuadas para el procedimiento que se está haciendo.

No quiero referir nombres de productos, pero todos hemos visto comerciales que recomiendan algún producto en particular, cuidado de salud y dicen, está avalado por la Asociación de Médicos especialistas en este tema, o hasta de productos alimenticios en donde asumen el aval de asociaciones de amigos de animales, etcétera.

Entonces, la propuesta es modificar el artículo 32 en su párrafo quinto de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer la prohibición, y eso traerá consecuencias, las sanciones para incluir en la información o publicidad cualquier aval o recomendación de alguna asociación que no tenga la documentación probatoria de que hizo las pruebas técnicas idóneas para hacerlo.

Y esto deja el espacio abierto para que los que sí la tengan puedan hacerlo.

En consecuencia, por ese motivo la Comisión de Comercio estuvo a favor de esta propuesta de dictamen y, a nombre de las comisiones, vengo a solicitarles su voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

No habiendo ningún Senador o Senadora registrado para participar en la discusión de este dictamen, pido que se abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos en pro y 0 votos en contra.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha conmemorativa al nacimiento del General Francisco Villa.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, emiten el presente dictamen con proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2012 se recibió oficio del Congreso del Estado de Chihuahua con el que remite proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, fecha conmemorativa.

SEGUNDO. En sesión ordinaria de fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó el proyecto de Decreto referido a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto en estudio propone el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta el día 5 de junio de cada año, fecha en que se conmemora el Aniversario del nacimiento en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana.

III. CONSIDERACIONES

1. Estas comisiones dictaminadoras comparten el sentido y alcance de la propuesta objeto del presente dictamen, toda vez que estiman necesario hacer una merecida distinción al general Francisco Villa, con la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que determina las formas en que, mediante el uso de la Bandera Nacional, se rinda homenaje a las personas que con sus acciones le brindaron los pilares a nuestra patria.

2. El artículo 15 de la citada ley señala:

“En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables...”

El izamiento de la bandera a toda asta simboliza el orgullo por acontecimientos de excepcional importancia para el país, como lo es el nacimiento de personajes que con sus ejemplos de vida e ideales, han dado forma a nuestra actual nación, de ahí que se establezcan los de Ignacio Allende, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza.

3. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su seudónimo de Francisco Villa, fue uno de los héroes de la Revolución Mexicana, también llamado "El Centauro del Norte", nacido el 5 de junio de 1878, en el municipio de San Juan del Río, Durango.

Entre las principales hazañas del general Francisco Villa destacan el ataque a la hacienda de Chavarría en Chihuahua, el 17 de noviembre de 1910; la toma de Ciudad Juárez en 1911; la creación de la División del Norte y su apoyo al Plan de Guadalupe; y el Pacto de Xochimilco con Emiliano Zapata el 4 de diciembre de 1914.

4. Además el artículo 11 de la multicitada ley establece:

En las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional en los términos de esta Ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que podrá hacerse sin honores...”

El calendario cívico que marca este artículo, ha omitido la fecha de nacimiento y de fallecimiento del general Francisco Villa, teniendo con ello una deuda con la historia de nuestro país.

5. Estas dictaminadoras consideran apropiada la propuesta para que se incorpore el aniversario del nacimiento del general Francisco Villa, dentro de las fechas y conmemoraciones por las que se iza a toda asta la Bandera Nacional, por su participación y aportaciones a la Revolución Mexicana, debiendo recibir los mismos honores que los revolucionarios que se contemplan en la ley demarras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 18.-En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

(...)

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(...)

5 de Junio: Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana.

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(...)

b) (...)

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de diciembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Tiene el uso de la palabra, el Senador Héctor Larios Córdova.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señora Presidenta.

Este dictamen que presenta la Comisión de Gobernación responde a una iniciativa que se presentó en el primer periodo legislativo de este Senado.

El dictamen se construyó hace casi un año, desde entonces manifesté mi oposición a esta propuesta.

Es una modificación a la Ley Sobre del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para ensalzar la fecha conmemorativa de Francisco Villa.

Hago mi oposición, en términos regionales, sin dejar de reconocer que en la historia de este país ha dejado una huella importante Francisco Villa.

Difícilmente podría concebirse la caída de la dictadura de Porfirio Díaz sin la toma de Ciudad Juárez, que hizo, precisamente, Francisco Villa.

Pero también Francisco Villa es objeto de muchísimas acciones que son verdaderamente deplorables.

Particularmente quiero relatar una acción que se suscitó en el estado de Sonora, en el municipio de San Pedro de la Cueva, el 2 de diciembre de 1915.

Francisco Villa se había internado en Sonora y se dirige a atacar la localidad de Agua Prieta, que la defendía Plutarco Elías Calles y el teniente Lázaro Cárdenas. Llegando Francisco Villa, fue sorprendido por los defensores quienes le infringen una fuerte derrota. Entonces decide bajar a tomar Hermosillo, donde Manuel M. Diéguez, también le propina una sonada derrota que le cambia el ánimo y el humor, y decide regresar a Chihuahua por la parte de la sierra. Emprende el camino por La Colorada, rumbo a Zuaki, y al llegar a San Pedro de la Cueva, algunos de los vecinos se le oponen a su paso, y entonces, molesto por las derrotas que había sido objeto, decide y ordena a Pascual Orozco pasar por las armas a todos los habitantes del pueblo de San Pedro de la Cueva, tanto Orozco como el general Bracamontes lo convencen de que no asesine a los niños, y finalmente también logran salvar a algunas de las mujeres. Cualquiera que visite San Pedro de la Cueva, va a encontrar en la entrada un monumento en donde existen los nombres de las 84 personas que fueron acribilladas por las tropas de Pancho Villa, simple y sencillamente porque en el campo militar había perdido batallas en Agua Prieta y había perdido batallas en Hermosillo.

El ensañarse en contra de la población civil me parece que es un acto deplorable. Creo que en este país tenemos que aprender a reconocer que todos los personajes que han constituido la historia de este país tienen claros y tienen oscuros.

Pero cuando los oscuros de esos personajes, y no es el único incidente, es el incidente más importante que ocurrió en Sonora.

Hay después de la toma de Zacatecas también incidentes verdaderamente grotescos, de saña con la que actuó este personaje.

Me parece que no podemos modificar la Ley de la Bandera y el Escudo Nacional para honrar un personaje, que por el dolor de una derrota o de dos derrotas ordena masacrar a toda la población de un municipio del interior del estado de Sonora, San Pedro de la Cueva.

Ya en la Cámara de Diputados, alguna vez subió el nieto, Peñuñori, de una de las personas que fueron masacradas por Francisco Villa, para oponerse a este asunto.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Perdón que lo interrumpa, Senador.

Ruego a la Asamblea guardar el debido respeto al orador.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Demédicis Hidalgo, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sólo para hacerle una pregunta al orador, si me lo permite.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Autoriza, Senador Larios Cordova?

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con todo gusto.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Adelante, Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí, solamente preguntarle, compañero Senador ¿Si usted considera que Francisco Villa, a partir de las acciones que realizó a favor de la patria, usted lo considera un héroe nacional?

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Lo he dicho aquí, gracias por su pregunta, señor Senador, lo he dicho aquí: Francisco Villa es un personaje clave en la historia de este país.

Como todos los personajes, hay claros y oscuros. Y empecé diciendo que no sería; quizás la historia de este país fuera diferente si Francisco Villa no hubiera propiciado la toma de Ciudad Juárez, que fue el elemento clave para la salida del poder de Porfirio Díaz.

Pero no quita el reconocer que cometió graves delitos de lesa humanidad, como masacrar a los habitantes de una población entera.

Es un personaje que conforma parte de la historia de este país. No sé si haya realizado actos heroicos, en la definición, en la concepción que yo tengo de lo que es un acto heroico.

Por ese motivo, con estos argumentos, me parece que hay que sostener, en la historia, el reconocimiento de la existencia de este personaje, de su actuación en la historia, pero no ponerlo como un ejemplo en las generaciones futuras.

Yo quisiera saber, el día que se obligue por ley izar la bandera en el asta para conmemoración de Francisco Villa, ¿qué se va a hacer en Sonora?, y ¿qué se va a hacer, particularmente, en donde viven los descendientes de las personas masacradas por este personaje?

No podemos aprobar una modificación a la ley, que en parte del territorio nacional no se va a acatar.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Héctor Larios.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Para hechos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se concede el uso de la palabra, para el mismo tema, al Senador Patricio Martínez, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señora Presidenta.

Sin duda, es controvertido el personaje; sin duda, seguirá discutiéndose en la historia, en nuestra sociedad, lo que es un título que sigue dejando ahí la incógnita: Villa, ¿héroe o bandido?

No hay duda, las guerras, las revoluciones, nunca tienen un ángulo amable. Hay en la revolución, no solamente en ese pueblo de Sonora, en muchos de Chihuahua, hechos de horror atribuidos no sólo a Villa, sino a todas las fracciones revolucionarias.

Hoy no estamos discutiendo las circunstancias de horror de la revolución. Se ha reconocido, por quien me antecedió en la palabra, el mérito que tuvo Francisco Villa en la toma de Ciudad Juárez.

Y no solamente ahí, sino a lo largo de muchos años, como cuando sale en defensa de Madero, frente a los horrores cometidos contra su persona y de su vicepresidente, y emprende la defensa de las instituciones y de la revolución triunfante.

Me parece que no agotaríamos nunca esta discusión sobre la personalidad de Villa, porque hay tratados y tratados que están siempre en la presentación de luces y sombras, de claroscuros de una personalidad tan controvertida como la de Villa.

Pero lo que no se puede negar, es que la revolución, el día 11 de mayo de 1911, cumplió sus objetivos; los objetivos del Plan de San Luis, de acabar con la dictadura y echar abajo a Porfirio Díaz, que a los pocos días renuncia y de esa manera, con ese solo hecho hay que honrar a Villa.

Recuerdo, nada más, como son los horrores de las revoluciones, de las guerras y de las conquistas. Cuando llegaron los primeros españoles de regreso de sus primeras incursiones en las Indias, cuentan las crónicas que llevaban los brazos de niños y llevaban piezas humanas como trofeos de lo que habían encontrado en las Indias.

Tiempos, tiempos son y culpas son del tiempo y no de España.

Me parece que culpas son de lo que es el horror de la revolución, pero no necesariamente en este caso para negarle a Villa los méritos que tuvo como un personaje decisivo para que cayera la dictadura y para que tuviéramos un México que a lo largo del siglo XX pudo desarrollarse, a la luz de una revolución, que estableció Sufragio Efectivo No Reelección.

Y que estableció los principios de lo que hoy, todavía, y con una gran anticipación, estamos viviendo en este México.

Yo estoy de acuerdo, sí, señor Senador, Villa tiene esos claroscuros. Hoy lo que necesitamos es enaltecer las luces y no las sombras, no del personaje sino de una revolución cruel.

En Chihuahua, difícilmente se encuentra a una familia con antigüedad en nuestra sociedad que no tenga esta controversia, estoy de acuerdo con usted.

Pero hoy, lo que pido es que esto se apruebe, porque estamos honrando al héroe y al personaje que logró, con su definitiva participación, como el mexicano más conocido en el mundo, hacer que la revolución triunfara y cayera la dictadura.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Tiene la palabra el Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: En estos asuntos, que parece que pudiéramos abordarlos de manera ligera, yo llamaría, primero, a una reflexión cuidadosa, la reflexión sobre la historia, sobre la historiografía de los hechos que han ocurrido en nuestro México.

La historiografía es la forma como se ha escrito la historia.

Y ahí está la participación de muchos hombres, de muchas mujeres, que fueron claves en las definiciones de los momentos más importantes de la vida de nuestro México.

Hay que ver el ideario político de Villa. Hay que ver el papel que jugó el personaje más importante, después de la muerte de Madero, este gran militar, y hablo porque tenía la condición de general, en el derrocamiento del usurpador Victoriano Huerta.

Hay que ver el papel que jugó el ideario de Villa en la Convención de Aguascalientes, en la definición de Eulalio Gutiérrez como presidente en ese momento político.

Pero podíamos referir muchas más cosas y no solo atrocidades.

La historia, en todo el mundo, se forja con mujeres y hombres de carne y hueso.

La historia sólo escribe los pasajes importantes de esos hombres, con comportamiento, con conducta de carne y hueso.

Así es que, nuestra historia está plagada de actuaciones que ya fueron parte de la historiografía, por eso, así me referí a la forma como fue escrita la historia.

Yo sí podría pedirle al Senador Larios, pudiéramos dejar constancia de que la posición del Senado de la República de ninguna forma es disminuir la importancia del papel de un hombre como Francisco Villa, o como muchas mujeres y hombres que han sido calificados como héroes.

Así es que, el voto del grupo parlamentario del PRD es por respetar la historia, por respetar la forma como ha sido escrita la historia y por no regatearle ningún reconocimiento a hombres como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, o a muchos otros que en las distintas etapas de la historia de México, han dejado clara cuál es su participación y han sido claves en el destino de lo que hoy somos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Señora Presidenta…

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Larios, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Para solicitarle el uso de la tribuna para referirme a hechos.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, para hechos.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señora Presidenta.

Evidentemente, es claro que tengo, por razones regionales, una objeción de conciencia para votar a favor de que en la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se inscriba una fecha de celebración nacional conmemorando a Francisco Villa.

Empecé, claramente, diciendo que reconozco el papel de la historia en Francisco Villa, reconozco su contribución al país en varios momentos, ya lo mencionó aquí el Senador Barbosa, en la Convención de Aguascalientes. Habría que reconocerle a Villa y a Zapata el no apegarse, cuando tuvieron la oportunidad, a asumir el poder presidencial, tuvieron todo el espacio cuando entraron a la ciudad de México, tuvieron todo el espacio para asumir la presidencia y tuvieron la modestia o el buen juicio, el buen criterio de no asumirla, de respetar los acuerdos que se habían tomado en la Convención de Aguascalientes.

También, después las propias vicisitudes de la lucha revolucionaria, hizo el cambio de los bandos y combaten a la propia institucionalidad, tiene el triunfo sonado, supo rodearse de generales verdaderamente capacitados. Quizás el general más capacitado que hubo en la revolución, que fue artífice de la toma de Zacatecas, pero también hay que decirlo, después sale de la institucionalidad, es derrotado en Celaya.

Seguramente hubo atrocidades con los presos militares de las batallas, de uno y otro bando, en las diferentes ocasiones; pero lo que no se puede aceptar son las atrocidades en contra de la población civil indefensa; lo que no se puede aceptar es que pese a la súplica, perfectamente documentada de sus propios generales, decidió actuar en contra de la población civil, simplemente como un resabio de coraje por las derrotas militares que le habían infringido.

Pero me parece que el debate tiene mucho más contenido. Yo creo que hay que respetar la historia y ser el primero en respetarla, no puedo absolutamente pedir que se borre de la historia a un personaje que ha sido clave en la construcción de este México moderno. Pero, también, sí creo que hay que desmitificar nuestros personajes.

Durante muchos años se escribió la historia en blancos y negros. Déjenme poner en este lado el negro. Hoy, en los medios de comunicación hay un debate entre algunos personajes de si se establece una ley que prohíba que en este país una escuela lleve el nombre de Victoriano Huerta. Yo quiero traer a la luz este personaje, pero es evidente que para los mexicanos es un personaje que solamente tiene aspectos negros, como en el caso de Francisco Villa es venir a decir que solamente tiene aspectos positivos.

Claro que es un personaje de la historia, claro que le reconozco muchísima contribución al país, empecé por decir que la caída de Porfirio Díaz, fundamentalmente, además de Madero, tiene la contribución de Francisco Villa por el ejercicio de las armas en Ciudad Juárez, pero también hay que reconocer sus oscuros, que no son oscuros de hierros, de traiciones, de maltrato a prisioneros, son masacres a población civil, y eso me parece que no puede quedar como un ejemplo para la posteridad, sin quitarle méritos en su actuación para la construcción de este país, sin tomar en consideración esto.

Yo nada más quiero que ustedes se pongan en la situación; si el monumento más importante que existe en una comunidad es la lista de los nombres que fueron masacrados por este personaje, ¿cómo los vamos a obligar a que icen la bandera en conmemoración del que asesinó, de manera artera, a población civil indefensa sin ningún motivo ni provocación?

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Héctor Larios.

Se concede el uso de la palabra, para el mismo tema, al Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Sin duda que la historia se mira a partir de la concepción que uno tiene del mundo, hay una lucha histórica entre conservadores y liberales. Para los conservadores, Emiliano Zapata Salazar y Francisco Villa, los dos íconos de la Revolución Mexicana, eran bandidos, eran gentes que lesionaban los intereses de los hacendados, a tal grado que el gobierno de ese entonces inició una guerra de exterminio contra ellos, porque los consideraban nocivos para la sociedad en su tiempo.

Solamente que el pueblo tenía una concepción diferente y por eso se sumó a la lucha, a la que convocaron primero Emiliano Zapata y después Francisco Villa. Hay un hecho que es irrefutable, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, hay un juicio histórico que ya dio su dictamen, y a partir de las acciones que Francisco Villa hizo a favor de la patria, tanto en lo negativo como en lo positivo, el saldo es: Francisco Villa es un héroe nacional. Ahí está el juicio histórico. El propio Congreso del Estado de Chihuahua está solicitando que esta fecha sea considerada para que se ice la bandera a toda asta. Es decir, los representantes del pueblo de Chihuahua de manera directa están haciendo este planteamiento; y no veo ningún argumento, ninguno, para que el Senado de la República pueda negarle esta solicitud a los congresistas y, concretamente, al pueblo de Chihuahua.

Los horrores que cometen algunos que son dirigentes o líderes en las guerras, y en breve se va a someter a consideración un tema que tiene que ver con la intromisión de Estados Unidos en países de todo el mundo, y por supuesto Latinoamérica, y yo voy a observar su voto y el pueblo va a observar su voto; si hablamos de quiénes cometen horrores contra las poblaciones civiles, sin duda que Estados Unidos es el ejemplo más claro de la violación de derechos humanos en ese sentido. Y Francisco Villa, su tiempo y su momento, reitero, está juzgado, no pretendemos canonizarlo, porque el momento daba para eso, es como si a Zapata se le quisiera juzgar por toda la gente que tuvo que ejecutar para salvar la revolución.

A su propio compadre, Otilio Montaño, cuando lo formó le dijo: “Compadre, no te ejecuto yo, te ejecuta la revolución”. Con todo y eso, los familiares de Otilio Montaño respetan mucho al General Zapata, a tal grado, que cuando son los aniversarios que tienen que ver con este héroe morelense y nacional, las familias se juntan, los agravios pasaron y lo importante es que triunfó la revolución a favor del pueblo de México y un actor determinante fue Francisco Villa.

Por eso vamos a votar a favor, yo lo voy hacer, estoy convencido que el grupo parlamentario del PRD lo va hacer, porque tenemos que honrar a los héroes que nos dieron patria.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señora Presidenta.

Yo quiero empezar por expresar mi reconocimiento y mi felicitación a la actitud parlamentaria del Senador Héctor Larios. Debo decir que no siempre es fácil ir a contracorriente de la historia, y no siempre es fácil expresar votos particulares que tienen en el centro una objeción de conciencia.

Y es muy válida esta corriente de pensamiento que postula que a los héroes nacionales hay que desmitificarlos, porque al final de cuentas fueron personajes de carne y hueso que no se inventaron a sí mismos, sino que construyeron, ahora sí que en el campo de la batalla sus prestigios y sus sombras.

Externando, de entrada, este reconocimiento al Senador Héctor, yo quiero expresar mi diferendo con la posición del Senador Héctor Larios, yo estoy a favor del dictamen, porque el dictamen tiene otro sentido, porque la historia es el legado común de los mexicanos, con sus claros y obscuros, con sus bajo relieves, con sus luminosidades, como se dice, con sus luces y sombras, la historia es la lección permanente frente a la que todos debemos extraer la conciencia de lo que debemos hacer y de lo que debemos evitar.

La de Villa es, por cierto, una figura muy polémica dentro de la Revolución Mexicana, que nos enseña las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos evitar. Pero estamos hablando de una de las figuras centrales de una de las revoluciones más cruentas, porque la Revolución Mexicana ha sido, en la historia de las revoluciones del mundo, una de las más cruentas. Una historia que, como dijera un pensador, está impregnada de una amargura más antigua, la amargura de un millón de hombres que sembró con su sangre los campos de México para luego ser pisoteada por un tropel de búfalos que chocaban y se entrecruzaban para llegar a la persevera maldita, donde estaba el pasto del banquete de los despojos de un pueblo que había creído en la revolución muchas veces traicionada.

Porque el mayor homenaje a los revolucionarios tendría que ser la vigencia de los postulados, de los revolucionarios.

La de Villa es una participación central en la Revolución Mexicana, porque nadie puede desconocer, aquí, que Chihuahua fue chispa y cuna de la Revolución Mexicana.

Yo sé que en Sonora, en San Luis Potosí, que en Puebla, bueno, hasta en Yucatán, se han disputado el honor de haber sido pioneros o iniciadores de la revolución. En realidad, donde el ejército revolucionario se formó fue en Chihuahua. Y por los hombres de Chihuahua la revolución de 1910 fue victoriosa.

Allá es donde se encendió la chispa de la revolución y allá se constituyó un ejército revolucionario. Ese ejército revolucionario tuvo como base fundamental a la División del Norte; y la División del Norte ha sido una de las obras de la estrategia militar más importante de la Revolución Mexicana, en cuya cabeza estuvo Francisco Villa, que fue gobernador de Chihuahua. Por cierto, dentro de las luces de Villa, quien haya podido leer varios de los textos sobre Francisco Villa, por supuesto uno de los mayores historiadores o de la historiografía de Francisco Villa, de Friedrick Katz, o Paco Ignacio Taibo II, han descubierto facetas interesantísimas de Villa.

Villa era un implacable opositor al fraude electoral y con un método sui géneris en materia de justicia, proponía que al que hiciera fraude electoral había que colgarlo del poste más alto. Un personaje sobre el que incluso se cree que era un hombre despiadado, esta versión que nos ha dado el Senador Héctor pareciera por ahí conducirse.

Villa tuvo también facetas interesantísimas, de hecho fue Villa un hombre muy sensible en términos de solidaridad humana.

Yo defiendo la personalidad, yo defiendo el papel en la Revolución Mexicana de Francisco Villa. Revolución traicionada, por supuesto. No la personalidad polémica de Villa.

Porque Villa es de Chihuahua.

Doroteo Arango fue de Durango.

Francisco Villa es de Chihuahua.

En Durango no tuvo mucha participación que dijéramos en términos de insurgencia popular revolucionaria. De hecho, allá la historia que se conoce es la de bandido. En Chihuahua está la del revolucionario.

Porque la historia es legado común de todos nosotros, no me podría apartar del dictamen reconociendo la objeción de conciencia del Senador Larios, en términos sonorenses, permítanme apoyar el dictamen en términos chihuahuenses.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Javier Corral.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes y maestros de la licenciatura en derecho canónico de la Universidad Pontificia de México, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Sean muy bienvenidos!

Sonido en el escaño del Senador Demédicis, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para decirle al Senador Corral que habría que revisar la historia de la Revolución Mexicana, a ver dónde tuvo su origen. Es un asunto que pareciera intrascendente, pero aunque no vamos a abrir el debate sobre eso, sí es importante que revisemos si fuimos los sureños o fueron los norteños los que impulsamos la reivindicación de las demandas más sentidas del pueblo de México, que en ese entonces sufría una dictadura y sufría una situación de hambruna y desesperanza absoluta, y el general Zapata fue el primero que alzó la voz en este país para ese asunto.

Gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Sonido en el escaño de la Senadora Alcalá, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Sólo para un comentario, si me lo permite el orador que acaba de hacer uso de la palabra.

No se trata de polemizar en este recinto en relación con los pasajes de la historia que ha tenido nuestro país. Me parece que lo más importante, en esta ocasión, primero es reconocer que estamos hoy en esta Soberanía haciendo énfasis sobre lo que implicó uno de sus personajes y después el reconocimiento que la historia debe tener vigente de los distintos personajes de todo el territorio nacional, sean estos de Chihuahua, Puebla o Morelos, al final forman parte de la historia de nuestro país.

Gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Blanca Alcalá.

Para alusiones personales, se le concede la palabra al Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señora Presidenta.

Propone el Senador Demédicis una revisión histórica del origen de la Revolución Mexicana. Y yo quisiera, con todo respeto, decir que esa revisión está más que explorada. El propio dictador, Porfirio Díaz, en su renuncia señala, en el último párrafo, lo siguiente: “La revolución iniciada el año pasado en Chihuahua”. Palabras textuales de Díaz.

Si el propio dictador tenía claro el origen de la Revolución Mexicana, ¿cómo es posible que este Senado no tenga claridad de dónde se prendió como cuna y chispa el movimiento revolucionario de 1910?

El ejército insurgente de Zapata es años posteriores al revolucionario de Chihuahua.

De hecho, los primeros levantamientos armados se dan en el municipio de Guerrero, días antes del 20 de noviembre, porque, como ustedes saben, la Revolución Mexicana tiene una característica singular entre las revoluciones del mundo; es la primera que puso fecha y hora para levantarse. O sea, le avisó a todas las fuerzas federales en dónde y a qué hora se iba levantar.
Bueno, hubo algunos que dijeron no, si nos vamos hasta el 20 de noviembre a las seis de la tarde, pues nos van a agarrar, y entonces, en Chihuahua, todo el orozquismo se levantó ocho días antes.

Incluso en Coyame se reivindica el origen de la Revolución Mexicana en Chihuahua. También en Chihuahua muchos municipios se pelean dónde inició.

Patricio Martínez, por ejemplo, en algo en lo que yo no estoy de acuerdo con él, propuso al Congreso que se decretara que Cuchillo Parado había sido el inicio de la Revolución Mexicana en el estado de Chihuahua, pero, y creo que el Congreso, usted no fue, ya extrañaba ese rigor histórico, fue el Congreso el que decretó que Cuchillo Parado era el inicio de la Revolución Mexicana, por supuesto que no.

Está explorada la revisión, compañero Demédicis, no se descalifica ni se demerita la intervención del caudillo sureño, pero los registros son muy claros. Había habido, incluso, otros levantamientos en el país anteriores a Chihuahua, por supuesto, me van a fundamentar Yucatán, me van a fundamentar en Sonora, en San Luis Potosí, dicen que ahí se inició, porque Madero firmó el Plan de San Luis, pero bueno, lo firmó ahí porque ahí estaba preso. Los de Puebla dicen que ahí empezó, porque emboscaron a los hermanos Aquiles Serdán, pero esa fue una sacapela; un movimiento revolucionario es cuando inicia y tiene una serie de actos consecutivos que dan origen a un movimiento armado. Eso se dio en Chihuahua, es historia pura, Friedrich Katz, Jesús Vargas, Paco Ignacio Taibo, es la historia de la Revolución Mexicana.

Con todo respeto para el Senador Demédicis, está acreditado, Chihuahua es la cuna de la Revolución Mexicana.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Javier Corral.

Se le concede la palabra al Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señora Presidenta.

Me parece que esta es una discusión que tiene ya más 100 años, va a durar otros 100.

No creo que aquí podamos llegar a una conclusión contundente. Lo cierto es que los estudiosos ya han hecho pronunciamientos fundamentados en investigaciones, en fuentes originales que nos permiten hacer afirmaciones lo suficientemente sólidas como para dejar en claro que al héroe nacional del que estamos discutiendo, no tenemos porqué regatearle los méritos a pesar de sus yerros y sus errores; que los tuvo y muchos.

Me parece, por otra parte, que el argumento de que en una población no se podría izar la bandera por las heridas inferidas a los ancestros de los habitantes de aquel pueblo, es un tanto falto a la lógica, el silogismo no nos da y voy a otros ejemplos.

Podríamos negar que el mayor fusilamiento de civiles en la historia de la humanidad se dio en Hiroshima y Nagasaki, y que no por esto podemos regatear los actos heroicos que hubo de muchos personajes en la Segunda Guerra Mundial, aún de los que estaban en el bando de los aliados, que fueron los que mandaron a detonar las bombas atómicas.

Por otra parte, está juzgado y definido, el Plan de San Luis, para estallar la revolución el 20 de noviembre no prendió en el país.

La revolución fue emprendida suavemente en la geografía nacional; solamente en un estado se da con una gran virulencia por las condiciones socioeconómicas que ahí privaban, sería largo enumerar todo lo que estaba ocurriendo en el Chihuahua de 1910 con el latifundismo, con el capitalismo de lo que tanto nos habla el autor de capitalistas, caciques y revolución, la familia Terrazas, en Chihuahua.

Y cuando, además, por otra parte, en cita bien hecha por mi paisano, el Senador Corral, sobre Friedrich Katz, ahí él lo asienta, la Revolución Mexicana no existió hasta después de que se dio la revolución triunfante de Chihuahua, esa es una realidad, y la revolución triunfante de Chihuahua fue triunfante por Francisco Villa, y a partir de entonces, empieza la Revolución Mexicana. No es algo que lo afirme yo, está en los mejores estudiosos de la revolución y de la biografía de Villa. Cómo es éste Pancho Villa, Friedrich Katz, 20 años estudiando en sus orígenes los hechos de la revolución y la vida de Francisco Villa, él, ciudadano con dificultades de vida y de existencia en Durango; Doroteo Arango, el que se alza en la revolución; Francisco Villa, el que va en la defensa de Madero y totalmente en desacuerdo y emprende la gran batalla contra el usurpador Victoriano Huerta, luego el gobernador, luego el amnistiado y luego el que muere acribillado porque se le temía que siguiera participando en la política nacional.

Esto me parece que no lo vamos a agotar en una polémica de tribuna el día de hoy.

Coincido en que es algo relevante, constructivo, que debemos seguir ventilando los mexicanos para seguir teniendo una cultura de cuáles son nuestros orígenes, de cuáles son las circunstancias y privaciones que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos; particularmente, desciendo de un hombre que nació en 1906 y creció como una generación de la desesperanza, porque habían quedado sin nada las familias por obra y gracia de la revolución.

Esto es de los tiempos, no de España; es de los tiempos y no de Villa, y les solicito que terminemos esto para continuarlo cuando gusten, pero que, por lo pronto, apoyemos esta moción y saquemos adelante esta propuesta con este voto honrando las luces y los hechos heroicos de un personaje que ya está en la historia, Francisco Villa.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Patricio Martínez.

Se le concede la palabra para alusiones personales, al Senador Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, coincido con el compañero Patricio que concluir el día de hoy esto sí nos llevaría a meternos más a profundidad y revisar documentos históricos, revisar antecedentes, revisar cuál fue el caldo de cultivo que generó la revolución de este país, revisar situaciones particulares en cada entidad federativa de México. Hay hechos que son irrefutables, el Senador Patricio presumía que es descendiente de un revolucionario, mi abuelo fue capitán primero del ejército libertador del sur con Emiliano Zapata, nace en 1882 y participa de manera muy activa en la revolución del sur. Los hechos ahí están, coincido.

Decía que hay que dar por concluido el tema de la discusión de dónde se originó, hay que aprobar el proyecto de reforma de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que es una situación muy importante.

Y hay esta situación. Villa, héroe nacional, con sus claroscuros; Emiliano Zapata, héroe nacional, también con sus claroscuros, pero nadie nos puede quitar a los morelenses que la cuna del agrarismo y el héroe que se le considera por esencia el líder del agrarismo, es Emiliano Zapata Salazar, nacido en Anenecuilco, Morelos.

Por su atención, muchas gracias.

¡Y Viva Zapata!

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demèdicis.

Tiene la palabra el Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señora Presidenta.

Se ha instalado una reflexión, yo no veo que sea debate, pero sí la participación de integrantes de este Senado sobre la Revolución Mexicana, y lo primero que hay que establecer es la connotación de la Revolución Mexicana; es una revolución social, la primera revolución social del siglo XX en todo el mundo; como todas las revoluciones tiene movimiento armado, tiene lucha armada, pero la connotación es de una revolución social, y por tanto, las condiciones en donde se genera todo este movimiento, toda esta confrontación social, es en todo el país y es por las condiciones impuestas por un estado de cosas, que en este caso era una dictadura, era la pobreza, era la marginación, eran todas las condiciones que hacían invivible para las mexicanas y los mexicanos el estado de cosas en que se encontraban.

Por eso, una visión regional de dónde se generó la revolución, creo que nos pone en un marco menor, en un marco limitado de ver la comprensión de lo que es una revolución social.

Héroe Francisco Villa, héroe Emiliano Zapata, héroes los hermanos Serdán, héroes tantas personas que en todo el país confrontaban al estado de cosas impuesto por una dictadura. Ese es el origen de la Revolución Mexicana, ese es el origen de un movimiento social, ese es el origen de un movimiento armado. Así es que nuestro reconocimiento a la participación de los héroes conocidos y de los héroes no conocidos, que dieron motivaciones, que dieron liderazgo y que dieron destino en ese momento a nuestro país.

De verdad, no hagamos de esta tribuna una disputa de una visión regionalista de lo que fue un movimiento social, nacional y armado.

Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Se le concede la palabra a la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

No puedo más que coincidir con lo expresado por el Senador Barbosa; lo dije hace unos minutos y lo ratifico, me parece que no podemos polemizar en relación a un hecho tan trascendente como fue la revolución social de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, me parece que si no debemos polemizar, menos debemos descalificar; y yo quiero solicitar respetuosamente al Senador Corral que retire el calificativo de que fue una zacapela aquel hecho histórico del 18 de noviembre en la ciudad de Puebla, que le costó la vida a Aquiles Serdán y que marcó un momento histórico de este país.

Efectivamente, hay muchos héroes conocidos, pero también hay muchos héroes anónimos, mujeres y hombres a quienes les debemos respeto y dignidad.

Esa sería mi atenta solicitud, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo. Gracias, Senadora Blanca Alcalá.

Tiene la palabra el Senador Humberto Mayans.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Yo coincido como el Senador Barbosa, y están los testimonios históricos al respecto, que la Revolución Mexicana fue efectivamente la primera gran revolución social del siglo XX, antes que la rusa, que ha sido ejemplo mundial por sus consecuencias. Pero la Revolución Mexicana tuvo una importancia fundamental en el contexto internacional de la época. La Revolución Mexicana no fue solamente un movimiento continuo, homogéneo que respondía a los mismos objetivos e intereses; la Revolución Mexicana fue una revolución que consistió en tres momentos y en tres movimientos, fue una revolución, valga la redundancia, que consistió en tres revoluciones: la Revolución Armada del Norte, pequeña, burguesa; la Revolución Agrarista del Sur, como aquí se ha dicho; y la Revolución Socialista del Sur-Sureste, que es la que pocos conocen y no está estudiada.

La Revolución Socialista del Sur-Sureste o del Sureste, es la de más avanzada en términos de las ideas, las armas las tuvo el norte, pero el sur-sureste tuvo las ideas y en tres etapas y en tres momento distintos y están plenamente registrados.

Pocos han estudiado el Partido Socialista del Sureste y lo que significo este movimiento en esta parte del país, con Carrillo Puerto, con Tejeda, de Veracruz, y con Carrillo Canabal en el sureste.

Cuando Lázaro Cárdenas va a votar, quien fue el candidato a la Presidencia de la República, vota por Tomás Garrido Canabal, ese fue su voto y lo anunció en razón de que Tabasco, entonces, era el laboratorio de la Revolución Mexicana.

El sur-sureste fue el término de las ideas, la más avanzada de las tres revoluciones que tuvo México en esa primera parte del siglo XX.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Humberto Mayans.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si este asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí está suficientemente discutido, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Con el respeto a la Senadora Alcalá, no puedo hacer eco de su petición, porque no me puedo hacer cargo de la definición o de lo que ella entiende por zacapela. Zacapela no es ningún vocablo descalificatorio, yo creo que cada quien tiene que hacerse cargo de sus propias definiciones, yo no me voy a hacer cargo de lo que ella entiende por zacapela.

En modo alguno descalifiqué la emboscada a los hermanos Aquiles Serdán.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Javier Corral. El tema está suficientemente discutido.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No, permítame, usted no puede interrumpirme, si yo estoy haciendo uso de la palabra para alusiones personales, a ella le permitió, ahora usted no me permite a mí rectificar cuando quiso llamarme la atención, de qué se trata.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Le ruego sea muy breve, Senador Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No acepto el diccionario con el que se maneja la Senadora Alcalá. Punto.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Javier Corral.

Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 84 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de reformas del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 58 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión dicho proyecto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 74 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda desechado el proyecto de reformas al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de turismo rural sustentable.

Este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO III-BIS AL TITULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 13 de diciembre de 2012, el Senador Sofío Ramírez Hernández del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable.

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio propone adicionar un Capítulo III Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo para establecer la obligación de la Secretaría de Turismo de impulsar y promover el turismo rural sustentable, el cual comprende todas las actividades turísticas desarrolladas sustentablemente por actores locales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.

De igual forma mandata a la Secretaría de Turismo a elaborar las normas que establezcan los procedimientos de registro y clasificación de los servicios de turismo rural sustentable.

Asimismo, propone que los establecimientos que presten servicios de turismo rural, deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Turismo para obtener la autorización que les permita operar en dicha modalidad. Dicho registro clasificará a los establecimientos según su actividad bajo las modalidades de: agroturismo; ecoturismo; talleres gastronómicos; turismo de aventura; turismo cultural; turismo deportivo; turismo educativo; turismo étnico y vivencial; turismo y eventos; turismo de naturaleza; turismo religioso; turismo de salud; turismo técnico científico; turismo rural comunitario; turismo vivencial; vivencias místicas; y posadas rurales.

El proyecto legislativo propone que los prestadores de servicios turísticos rurales implementen medidas para promover la educación ambiental entre los usuarios de sus servicios.

Finalmente, señala que las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federan deben promover entre sus trabajadores el turismo rural sustentable.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideran al turismo rural como una fuente importante para el desarrollo de las zonas rurales y comunidades indígenas, es un complemento económico no agrícola que reciben los prestadores de servicios turísticos en este segmento, y ofrece al turista la oportunidad de experimentar el encuentro con otras formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente natural y lo sensibilizan sobre el respeto y valor de su identidad cultural.

La Secretaría de Turismo define al turismo rural como: “los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma”.

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el promovente en que el turismo rural asigna valor a los activos que se encuentran en manos de pequeños productores, en su mayoría ubicadas en áreas ejidales organizados en cooperativas o asociaciones comunales, por ello, es necesario fortalecer este segmento turístico  para que  se convierta en un sector que logre la redistribución de ingresos y beneficios generados entre la mayor cantidad de actores económicos locales.

En el mismo sentido, los Senadores integrantes de estas Comisiones, comparten con el Senador Sofío Ramírez, la necesidad de valorar e impulsar turísticamente los productos y actividades agropecuarias y con ello, incrementar los ingresos del sector rural y por ende el turístico.

Bajo este contexto, las Comisiones Unidas reconocen la importancia de diversificar el turismo en México, y de fomentar el turismo rural sustentable para dar un uso óptimo a los recursos naturales; respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas; y para asegurar el desarrollo económico de las  comunidades rurales.

Asimismo, comparten la preocupación del promovente para implementar acciones necesarias para potenciar el desarrollo de los municipios rurales en nuestro país a través del turismo, sin embargo, estas Comisiones Unidas consideran inviable su propuesta de adicionar un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable.

No podemos perder de vista el espíritu que el Congreso de la Unión plasmó en la Ley General de Turismo, cabe recordar que este ordenamiento tiene como objetivo principal establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado; y, que busca fomentar y diversificar todas las modalidades turísticas, no sólo una en particular.

Estas Comisiones consideran que la ley en la materia no hace referencia a ningún segmento turístico en especial, ya que no se pretende limitar a ninguna actividad turística que hoy existe. Por ello, de implementarse la figura del turismo rural sustentable, dejaríamos en estado de indefensión a los demás segmentos turísticos así como aquellos que se puedan desarrollar en el futuro.

Se debe destacar que la Ley General de Turismo señala que la planeación, política y programación de la actividad turística se debe llevar a cabo bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, lo cual le permite afirmar a estas Comisiones Unidas que en los últimos años las políticas públicas del sector turismo han procurado diversificar los diferentes segmentos, incluido el turismo rural.

Si bien es cierto que el turismo rural no ha tenido los mismos apoyos económicos que los segmentos turísticos consolidados como el de sol y playa, se debe señalar que en los últimos tiempos la autoridad en la materia está implementando acciones y programas para fortalecer los diferentes segmentos turísticos, en especial al turismo de naturaleza, incluyendo dentro de él al turismo rural.

En este sentido se puede mencionar que en 2010 la Secretaría de Turismo, Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Financiera Rural firmaron dos convenios para impulsar el turismo rural en México, mediante los cuales se promueve la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector rural dedicadas al turismo.

En ese mismo año inició el programa de Ecoturismo y Turismo Rural a cargo de la Dirección de Turismo Alternativo, dependiente de la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos, el cual tiene como objetivo consolidar los principales destinos de turismo de naturaleza en el país.

Por su parte, la Financiera Rural ha desarrollado un programa de financiamiento al sector turístico rural para fomentar su desarrollo, para impulsar proyectos rentables que generen empleos y fomenten el desarrollo en estas zonas. La Financiera Rural aporta hasta el 80 por ciento del monto del proyecto, con un monto máximo de crédito de hasta 200 millones de pesos.

En razón de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que actualmente ya se están implementando políticas públicas que tienen como finalidad desarrollar el turismo rural y que a través de ellas se atiende la preocupación que el promovente plasma en su iniciativa.

Por otra parte, es necesario destacar que el turismo rural no es equiparable al turismo social o al turismo accesible. Si bien es cierto que estas dos figuras se encuentran reglamentadas en la Ley General de Turismo, se debe precisar que van enfocadas a las acciones que la Secretaría de Turismo debe realizar para apoyar a los sectores menos favorecidos y en ningún momento son utilizadas como categorías o segmentos turísticos específicos, como lo pretende establecer la iniciativa de mérito con la introducción del turismo rural a la ley.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Primero. Por las consideraciones anteriormente descritas se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, el 13 de diciembre de 2012.

Segundo. Archívese el proyecto de Decreto mencionado en el presente dictamen como concluido.

Salón de comisiones del Senado de la República, a    días de febrero de 2012.

COMISION DE TURISMO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Sonido en el escaño del Senador Pedraza, ¿para que asunto?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo me anoté para hablar en contra de este dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, hasta por 5 minutos, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Hoy tenemos frente a nosotros un dictamen desechando una iniciativa que habla de que podamos iniciar el impulso y el fomento creando un capítulo para el turismo rural sustentable, se me hace algo incomprensible, que mientras las principales regiones turísticas del país se encuentren en propiedad de las comunidades indígenas, que estén en zonas rurales, y que estemos fomentando, particularmente, la preservación de nuestro medio ambiente; hoy ustedes han visto cómo hemos sido objeto del resultado de un mal manejo en el cuidado del ambiente y que ha repercutido en este país generando grandes desastres.

Tenemos fuertes inundaciones, grandes sequías. Tenemos, también, problemas en el tema de los recursos naturales, el recurso hídrico y, entonces, es incomprensible para nosotros que cuando se está proponiendo tener un capítulo que hable de fortalecer al sector rural, muchos en las campañas enarbolamos las banderas de los más pobres, de los más desprotegidos y decidimos apoyar y legislar con nuestro trabajo a estos sectores, que ahora yo siento, que de una manera no profunda, se está desechando.

Yo quisiera que este dictamen no fuera desechado, que tuviéramos la oportunidad de revisarlo, de discutirlo en otra ocasión, y que de alguna manera pudiéramos ver la oportunidad que reclaman nuestras comunidades indígenas en turismo rural, donde se está proponiendo que sea sustentable. No podemos estar peleados con la sustentabilidad.

Yo no puedo encontrar un elemento de raciocinio que nos permita entender que este Senado de repente decidió no respaldar algo, que desde la CDI se viene impulsando como proyectos integrales.

México es uno de los lugares que más ha sido buscado por el turismo europeo por el tipo de oferta que se está generando en muchas partes del país.

El mismo Cancún ha tenido zonas que se han abierto al turismo, con turismo ecológico.

Hay lugares en nuestro país que tienen infinidad de riqueza, de variedad, de biodiversidad y no podemos condenar esto.

Vean el estado de Chiapas, El Lago Azul. No podemos, nosotros, de repente, cerrarnos a pensar que este no es un elemento que requiere una discusión y una revisión.

Yo llamo a que en este momento no votemos en el sentido que viene el dictamen, sino que vayamos revisando que es una cuestión importante el que tengamos que profundizar nuestras acciones legislativas para beneficiar a los que decimos representar y defender.

Me parecería una incongruencia que el día de hoy, en esta oportunidad que se tiene, desechemos este planteamiento que se está haciendo, agregando un capítulo que puede generar otras condiciones de desarrollo.

México es un país que en los próximos años no va a crecer al ritmo que dicen los economistas. Ya lo vimos ahora con el siniestro que tuvimos de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, decrecimos un punto porcentual, decrecimos una décima de punto.

Y entonces, si queremos, 1.7 por ciento, bueno, había quien tenía ocurrencias en la política y hacía planteamientos descabellados, pero ahora nosotros si vemos cómo afecta esto, veamos cómo pudiéramos empujar el crecimiento del país apostándole a sectores como el turismo rural.

Yo por eso, compañeros, quiero invitarlos a que reflexionemos en este sentido y que no votemos como está presentado este dictamen, sino al contrario, lo rechacemos para que pueda ser una adición que se haga a este Capítulo III-Bis de la Ley General de Turismo y podamos tener la certeza de generar otras opciones productivas.

Muchas gracias por su atención, compañeros.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

No habiendo más oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto antes mencionado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de que existe duda, pido a la Secretaría que nuevamente ponga a consideración dicha votación.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

Tenemos la discusión de dos dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, que proponen desechar proyectos. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de dichos proyectos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Uno en relación con el proyecto de adición de una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su análisis y estudio correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.   

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 19 de febrero de 2013 el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa en mención, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 4 de abril de 2013, la Mesa Directiva con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado emitió excitativa para la presentación del Dictamen que se le fue turnada a esta Comisión.

4. En sesión ordinaria de las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con fechas 26 de junio y 2 de octubre de 2013 respectivamente, fue aprobado por unanimidad de sus integrantes el dictamen correspondiente.

II. METODOLOGIA

1. Se realizó un análisis de procedencia de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la reciente reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones.

2. Se realizaron diversas consultas con motivo de este tema y con relación a las actuales modificaciones que tuvo como resultado la reforma en Telecomunicaciones, en cuestión de aplicación al objetivo que propone el legislador.

3. En el numeral “III” correspondiente a la “valoración de la iniciativa” apartado “B” estas comisiones expresamos los argumentos y motivos que sustentan la resolución a esta iniciativa

4. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, estas comisiones solicitamos la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de enriquecer la resolución que se sustenta en el presente dictamen.

III. VALORACION DE LA INICIATIVA

A. Objeto de la iniciativa:

El proponente basa su iniciativa en que las tecnologías de la información y comunicación están produciendo una real y auténtica revolución de la información, entre ellas, se encuentra internet, herramienta que comenta puede favorecer a diferentes sectores desfavorecidos tales como a los pequeños productores, a quienes les puede abrir mercados internacionales, o bien a estudiantes que pueden tener acceso a un sinfín de fuentes inagotables de conocimiento.

Refiere que el acceso a la tecnología aún es limitado, y más aún en  zonas rurales e indígenas debido a factores como la pobreza, que les impiden aprovechar nuevas maneras de aprender o de llevar a cabo actividades económicas.

Señala que de conformidad con cifras de la OCDE, en México  sólo el 0.5% de la población tiene acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad, siendo este servicio el más bajo entre los países miembros de dicho organismo.

Manifiesta que otro problema que se presenta es la relación calidad-precio, ya que a pesar de tener Internet de alta velocidad, en comparación con los países miembros de la OCDE nuestro país es el que paga una de las cuotas más altas por dicho servicio.

Expresa que algunos estados económicamente desarrollados han reconocido el acceso a internet como un derecho inclusive humano básico o fundamental. Así también hay países que además tienen regulado las características técnicas precisas.

Considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda formular y concluir políticas y programas que permitan acceder a la población a una conexión a internet gratuita, fiable, accesible y de alta velocidad, no refiriendo especificaciones técnicas.

B. Consideraciones de la Iniciativa:

El proponente manifiesta que el Estado tendrá la obligación de crear políticas públicas y normas jurídicas que permitan la consecución y desarrollo de los derechos de los gobernados, ante ello plantea la obligación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de garantizar conexión a internet gratuita.

Sin embargo, de conformidad con las recientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, en materia de telecomunicaciones, se prevé el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, así como la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), que deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.

Opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El párrafo tercero del artículo seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona lo siguiente:

Artículo 6o. (…)

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. ...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

(…)

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, y que tales servicios públicos sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

En tal sentido se considera que la propuesta es contraria a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la misma no establece que el Estado tenga la obligación de otorgar de manera gratuita el servicio de internet.

Asimismo, contempla que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, estableciendo que las instalaciones iniciarán antes de que concluya el año 2014 y debe estar en operación antes de que concluya el año 2018.

Por tanto, las funciones que el proponente sugiere se otorguen a la SCT, estarán a cargo del nuevo organismo, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).

Además, dicha reforma contempla la creación de un Consejo Consultivo del IFETEL encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en el artículo 6º y 7º constitucionales.

En todo caso y respecto a garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, deberá llevarla a cabo el Ejecutivo federal en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el transitorio Décimo Sexto de la reforma en mención.

Por lo anteriormente referido, estas Comisiones Unidas estimamos IMPROCEDENTE la Iniciativa materia del presente, en virtud de que la reciente reforma constitucional en telecomunicaciones la deja sin materia. Por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se proponía adicionar una fracción para quedar como II al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por los argumentos expuestos. Archívese definitivamente el asunto y téngase por concluido.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.





 

Y otro sobre el proyecto de reformas al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su análisis y estudio correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 2 de abril de 2013 el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa en mención, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria de las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con fechas 26 de junio y 2 de octubre de 2013 respectivamente, fue aprobado por unanimidad de sus integrantes el dictamen correspondiente.

II. METODOLOGIA

1. Se realizó un análisis de procedencia de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de determinar si es de proponer su aprobación o en su caso desechamiento.

2. Se realizaron diversas consultas con motivo de este tema y con relación a las funciones que ha venido desempeñando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como también las actividades que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

3. En el numeral “III” correspondiente a la “valoración de la iniciativa” apartado “B” estas comisiones expresan los argumentos y motivos que sustentan la resolución a esta iniciativa.

III. VALORACION DE LA INICIATIVA

A. Objeto de la iniciativa:

El proponente basa su iniciativa en actualizar el marco normativo que permita que el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, puedan contar con indicadores que les faciliten identificar las prioridades comunes para cada región.

Sostiene que la planeación de nuestro país debe incorporar el componente del desarrollo regional y promover mecanismos e instrumentos de acceso a la información generados por las instituciones públicas y privadas a fin de cerrar la brecha de desigualdad entre las entidades federativas.

Refiere que nuestro país atraviesa por un debilitamiento generalizado de la política de planeación regional como referente de políticas públicas, que ayude a promover una integración nacional más armónica y mejorar las condiciones de vida de todos los sectores de la población.

Manifiesta que México requiere de una nueva planeación regional en cuyo proceso coincidan los distintos órdenes de gobierno, donde se contemplen elementos tales como: el criterio redistributivo, la inequidad territorial, las necesidades y la planeación desde lo local.

Considera que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) integre y administre un Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.

B. Consideraciones:

El proponente manifiesta que en México se requiere de un Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional, que permita el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos a escala sectorial y regional, que tenga como propósito la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal.

El legislador, hace referencia que las recientes reformas del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorgan a la SEDATU entre otras facultades, el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país, la planeación, diseño, promoción y evaluación de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional, motivos por los que considera que dicha secretaría debe integrar y administrar el Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo creado por decreto presidencial, se encarga desde 1983 de la captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía.

Asimismo, se encarga de un alto número de producción bibliográfica que permite entender la realidad económica del país, generando información de interés nacional.

Otro organismo de igual trascendencia en nuestro país es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que entre sus funciones se encuentran la de normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social así como de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, además establece los criterios y lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia , objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Dichos organismos, son partícipes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que éste se basa tanto en sus estadísticas como en los indicadores que manejan, de ahí la importancia y trascendencia de su función.

Cabe señalar que de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 41, le corresponde a la SEDATU, entre otras, las funciones de la planeación, la regularización de la propiedad agraria, el ordenamiento territorial para su máximo aprovechamiento, así como planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda.

Por lo anteriormente referido, estas Comisiones no coincidimos con el objeto y fin de la iniciativa, debido a que los organismos en comento han venido realizando correctamente sus funciones, además la propia SEDATU se encarga de los objetos que propone el legislador, razón por la cual no consideramos viable la creación de un Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas estimamos IMPROCEDENTE la Iniciativa materia del presente análisis, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponía reformar y adicionar el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por los argumentos expuestos. Archívese el presente asunto y téngase por concluido.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia están a discusión los anteriores dictámenes.

Oportunamente se ha registrado el Senador Armando Ríos Piter, por lo que se le concede el uso de la misma para referirse al dictamen sobre el proyecto de adición al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En virtud de que no se encuentra el Senador que había pedido hacer uso de la palabra sobre este asunto y debido a que no hay más Senadores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Tenemos la discusión de dos dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, que proponen desechar 2 proyectos. En consecuencia, pasamos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de dichos proyectos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Uno relativo al proyecto de reformas al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)







 

Y otro sobre el proyecto de reformas a la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 29 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos proyectos. No habiendo ninguna Senadora o Senador que desee que hacer uso de la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse dichos proyectos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se desechen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo sobre los efectos del cambio climático.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Se ha registrado oportunamente el Senador Isidro Pedraza Chávez, para lo cual se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Estamos frente a una coyuntura en el país, donde el tema educativo ha sido un tema que ha puesto de intención muchas fuerzas.

Y venimos de padecer una tremenda tragedia, producto de este meteoro que azotó a tres cuartas partes de nuestra nación.

Y ahora se está haciendo un exhorto a la Secretaría de Educación Pública, para que podamos hacer el esfuerzo de incluir en los planes y programas educativos parte de la educación para poder mitigar los efectos de este cambio climático.

Hace mucho tiempo se empezó una campaña del ahorro de agua, y esa campaña dejó efectos en muchos de los mexicanos para poder cuidar este recurso.

Pero hemos sido desenvolviéndonos como sociedad, hemos ido perdiendo valores y hemos tenido una gran despreocupación por atender un tema delicado.

Hoy estamos pagando el precio de una política que no ha sido encaminada a lograr atacar los problemas que ocasiona este efecto invernadero y que viene ocasionando que se esté calculando que va a incrementar la temperatura de nuestro planeta, y ustedes ya están, desde ahorita, padeciendo parte de los efectos que se vienen sintiendo.

Por eso es importante que podamos tener una educación que nos haga conciencia acerca de disminuir el uso de los automotores, acerca de la necesidad de incluir energías sanas, limpias, renovables, particularmente para poder activar la economía de nuestro país.

Los Estados Unidos han estado suscribiendo y son parte protagonista de varios encuentros de estos, pero jamás han logrado aplicar esta política de reducir los gases contaminantes para nuestro medio ambiente.

Por eso, compañeros, hoy que tenemos esta oportunidad de lograr que este dictamen esté, ahorita, discutiéndose en positivo, en este Senado, es una oportunidad donde tenemos que pedirle a la Secretaría de Educación Pública que en todos los niveles educativos se haga un esfuerzo por poder incluir ese tipo de programas de prevención y de cuidado a nuestro medio ambiente.

El agua es un recurso finito, va a ser uno de los elementos que van a provocar grandes desgracias en muchos lugares de nuestro país. Hoy se están aplicando técnicas para desalinizar las aguas de los mares para poder abastecer a la comunidad.

Y creo que una buena medida y una buena conciencia es este paso que se propone, desde esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el poder dar estas recomendaciones.

Por eso, compañeras y compañeros, este día es importante y solicitaré el respaldo para que podamos caminar en este sentido.

Hay la necesidad de elaborar manuales; que a los padres de familias también los niños los educan, porque a partir de que llegan nuestros hijos con una información que en la escuela le dieron, nos generan a nosotros el interés de investigar para poder explicar de qué manera se están planteando las autoridades educativas en los planes y programas ciertos temas.

El tema de la salud, el tema del cuidado del medio ambiente, varios temas que hace necesario que tengamos esa responsabilidad de respaldar esta medida.

Muchas gracias, compañeros y compañeras.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Si, señor Presidente, solo para, coincidiendo con lo expresado por el Senador Pedraza, el grupo parlamentario del Partido Verde coincide, desde luego, en los términos del dictamen y, sobre todo, aprovecho la ocasión para que también hagamos conciencia, porque muchos de los problemas que se enfrentaron en fechas recientes en diversas entidades federativas, a consecuencia de los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, tienen una estrecha vinculación con la erosión de la capa forestal en gran parte del país.

Es necesario que eduquemos a nuestra población, y es gracias a este tipo de mecanismos o de propuestas que podemos lograr concientizar a la población de la importancia, por ejemplo, de recuperar la capa forestal, que evita, en gran medida, los escurrimientos en gran parte de nuestro territorio.

En la medida en que lo logremos, estaremos dando un gran paso para nuestra nación.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores. Gracias por el comentario. Desde luego se tomará nota del mismo.

En virtud de que no hay más oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se diseñe e implemente en los niveles de educación básica, medio superior y superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos de alimentación, en especial la anorexia y bulimia.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2013, el Senador David Monreal Avila, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se diseñe e implemente en los niveles de educación básica, medio superior y superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la anorexia y bulimia.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, señala la importancia del diseño e implementación de programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, en los niveles de educación básica, medio superior y superior.

III. CONSIDERACIONES

A. “La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud, durante la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York en 1946.

Derivado de lo anterior es fácil desprender la importancia que se deriva de problemas de la salud que se originan a partir de la falta del bienestar mental o social o la combinación de ambos, tal es el caso que señala la Organización Mundial de la Salud, con cifras que muestran que al menos el 20% de los jóvenes adolescentes en el mundo, pueden padecer alguna forma de enfermedad mental, que se deriva en depresión, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, comportamientos suicidas o trastornos alimentarios.

Sobre estos últimos, es necesario mencionar que la OMS define los trastornos alimentarios como enfermedades mentales que se caracterizan por la excesiva pérdida de peso de manera deliberada por parte de una persona, arriesgando su propia salud por culpa de ayunos continuos y prolongados, aplicando técnicas poco saludables para lograr el objetivo principal el cual consiste en no engordar.

Los trastornos en la conducta alimentaria, se ubican en el tercer lugar entre las enfermedades crónicas más comunes que afectan a la población adolescente. Además datos alarmantes de dicha Organización señalan que el 1% de la población mundial sufre de anorexia y el 3% se ve afectada por la bulimia y 3.5% padece de otro tipo de alteración en la alimentación, además la obesidad se considera un trastorno en la conducta alimentaria del individuo y afecta el 26.3% de la población según estudios especializados.

B. Algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que auxilian para la identificación de las personas que pueden tener alguno de los tipos de trastornos alimenticios, son:

1. La visible pérdida de peso ocasionada por evitar el consumo de alimentos altos en calorías.

2. Los vómitos auto provocados después de consumir grandes cantidades de comidas.

3. La distorsión del aspecto corporal, que incluye la idea constante de tener sobrepeso.

4. La realización de ejercicio en exceso.

5. El consumo de fármacos para lograr purgas intestinales, cuando no son necesarias, entre otras.

C. En relación con la definición de la salud, en un principio señalada, la falta de bienestar social, también puede ocasionar este tipo de trastornos en las personas, un ejemplo claro es aquel en el que el factor social evalúa el éxito de una persona en relación directa con su apariencia física.

En México, de acuerdo con lo señalado por el Legislador proponente, mostró de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, que los adolescentes realizan conductas alimentarias de riesgo, tales como preocupación por engordar, comer demasiado o perder el control sobre lo que come, siendo la población principalmente afectada, los jóvenes de entre 15 y 23 años.

Así mismo el Senador comentó que datos de la Fundación para el Tratamiento de la Bulimia y Anorexia CBA, señalan que de un total de mil adolescentes de nuestro país, el 87% hacen dietas sin orientación de un profesional de la nutrición y el 12% presenta bulimia por la manipulación y consumo de laxantes, diuréticos o bien la provocación del vómito.

D. En el Distrito Federal, rige la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en dicha entidad federativa, publicada en la Gaceta el 23 de octubre de 2008. La importancia deriva de su objeto que implica el desarrollo de mecanismos y herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en dicha demarcación territorial, además del diseño, ejecución y evaluación de las estrategias y programas públicos que tengan como objetivo dichos trastornos alimentarios.

De la misma manera, el 5 de enero de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial de la entidad de Yucatán, la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad, cuyos objetivos principales son la construcción de una política para la prevención, tratamiento y erradicación de la Obesidad, Desnutrición y Trastornos de la Conducta Alimentaria, así como promover en sus habitantes la adopción de hábitos de alimentación correcta.

No obstante el esfuerzo de algunos estados de la República, han derivado únicamente en disposiciones intermitentes establecidas en la Ley de Salud de la entidad federativa de que se trate, donde señalan la atención de enfermedades como la anorexia, bulimia y obesidad, mediante acciones de prevención y control de la materia en comento, tal es el caso de Tamaulipas.

E. En el mismo sentido, la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación del 23 de enero de 2006, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación.

Dicha NOM, tienen como objetivo establecer los criterios que las personas tanto físicas como morales que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria, de los sectores público, social y privado, deben seguir para orientar a la población en materia de alimentación.

En la misma norma se define la Anorexia Nerviosa como el trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional que se caracteriza por temor obsesivo a subir de peso, caquexia, amenorrea y distorsión de la imagen corporal que traduce en rechazo al alimento. Además define la Bulimia Nerviosa como el trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional caracterizado por el consumo de grandes cantidades de alimentos de manera incontrolable y recurrente (atracones), puede o no haber pérdida de peso e hiperactividad física.

En armonía con lo señalado por el Legislador proponente, la Comisión coincide en que hacen falta acciones por parte de los tres órdenes de gobierno, que promuevan la orientación en materia de alimentación adecuada, con la finalidad de evitar que la población sea vulnerable ante este tipo de situaciones por desconocimiento de la enfermedad o bien por falta de instancias que los auxilian en su salud mental.

F. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se diseñen e implementen en los niveles de educación básica, medio superior, y superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la anorexia y bulimia.

COMISION DE SALUD”.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez:

Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica informe cual ha sido el trabajo que esa institución está realizando y los resultados obtenidos.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de abril de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que solicita al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica informe cuál ha sido el trabajo que esa institución está realizando y los resultados obtenidos.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señala la personalidad jurídica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como un listado que corresponde a las funciones que tiene, derivado de ello, solicita información sobre los trabajos que realiza y los resultados obtenidos.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estudio del genoma se le denomina Genómica, la misma tendrá a largo plazo beneficios en la prevención, diagnóstico y manejo de varias enfermedades que en la actualidad son difíciles, o bien, imposibles de controlar.

B. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, todos los seres humanos compartimos el 99.9% del ADN y el 0.1% restante es el responsable de que una persona sea físicamente distinta de otra, pero además codifica la expresión de los genes, el ambiente, la alimentación y el estilo de vida de cada ser humano.

El objetivo primordial del INMEGEN, es ofrecer las bases para una práctica médica basada en la estructura genómica de la población mexicana y sus necesidades epidemiológicas, dicha propuesta enfatiza la importancia de que los programas de investigación realmente contribuyan a la solución de problemas específicos de las patologías más frecuentes de nuestro país.

C. Algunas de las funciones que la Legisladora proponente señala, a partir de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del pasado 26 de mayo de 2000, que dispone en el Artículo 6 que a dichos Institutos les corresponde la realización de estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básico en las áreas de su especialidad, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud.

Aunado a ello y derivado de la importancia de los resultados de las investigaciones que dicho Instituto lleve a cabo, es que se podrá materializar el beneficio para la población mexicana a partir de su construcción.

D. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, informe cuál ha sido el trabajo que esa Institución está realizando y los resultados obtenidos.

COMISION DE SALUD”.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez:

Doy lectura al último dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de Noviembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la Encuesta Nacional de Salud y nutrición correspondiente a 2012.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente hace referencia que es de suma importancia la publicación por parte del Ejecutivo Federal a publicar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición correspondiente a 2012. Pr ello pretende a exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, publique la Encuesta ya mencionada.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. Cabe señalar hace más de 2 décadas la Secretaría de Salud creó el Sistema Nacional de Encuestas de Salud, cuyo resultado es la realización, hasta la fecha, de 26 encuestas, incluyendo 4 de salud, 2 de nutrición y la ENSANUT 2006, que marcó un hito en la medición de la salud de los mexicanos, al combinar por primera vez las encuestas de salud y las de nutrición, y presentar los resultados por entidades federativas, lo cual ha sido relevante para el diseño de estrategias tanto de prevención y promoción de la salud como de rendición de cuentas, en el marco de la descentralización de los servicios de salud.

Las tres encuestas mencionadas (ENN-1988, ENN-1999 y ENSANUT-2006) obtuvieron información de indicadores antropométricos, variables dietéticas, variables sociodemográficas, indicadores del estado de salud y enfermedad de la población, los avances en la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud y la evaluación del mismo.

C. Cabe enfatizar que fue en la  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, que se determinó que en México, más del 65% de la población presentó sobrepeso u obesidad. Entre las mujeres la prevalencia de sobrepeso fue de 71.4%, y de 66.7% entre los hombres. La frecuencia de sobrepeso y obesidad es más alta, para ambos sexos, en la población urbana.

D. Así mismo para dar continuidad a este importante esfuerzo nacional, se realizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que inició en Octubre del 2011 y finalizó en Mayo de 2012, la cual arrojo datos importantes ya que  reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, ha registrado un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8% en 1988 a 9.7% en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12% en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, 36.9% niños y 32% niñas.
E. Así mismo la NESANUT 2012 señalo que el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6,325,131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. De dicha cifra 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres, tendencia que cambia cuando vemos que de los 5 a los 11 las niñas están por debajo de los niños.

De acuerdo con la ENSANUT 2012, de un universo de 66,849,80 de adultos, el 69.4% son mujeres el 73% son hombres con sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 40 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. La obesidad abdominal en mujeres tiene una prevalencia de 82.2% y en hombres de 64.5%.

F. Es de suma importancia mencionar que el 9 de noviembre de 2012 se dio el lanzamiento y publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en su última edición de 2012. Donde por parte de las autoridades de la Secretaria de Salud se presentó públicamente dicho instrumento.

Es parte medular enfatizar dicho punto de Acuerdo incumbencia de este dictamen se presentó ante el pleno del Senado, el día 8 de Noviembre misma fecha en que la Mesa Directiva del Senado de la República dio turno y remitió a esta Comisión de Salud dictaminadora, para sus estudio y dictamen.

Por ende se puede observar que en pocos días después de que se presentó y se turnó el exhorto, se publicó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición motivo principal de la propuesta con Punto de Acuerdo.

Por lo anterior es que esta comisión dictaminadora considera que dicha propuesta queda sin efecto y se desecha por los argumentos vertidos anteriormente.

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha el punto de Acuerdo y queda sin efecto por las razones vertidas en el apartado de consideraciones del presente dictamen.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los tres dictámenes antes referidos.

Ha pedido hacer uso de la palabra, de manera oportuna, el Senador Adolfo Romero Lainas, para referirse al dictamen sobre los trastornos alimenticios; igualmente el Senador Francisco Salvador López Brito, para referirse al segundo de los dictámenes.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Adolfo Romero.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

El posicionamiento que vengo a hacer, a nombre de la Comisión de Salud, es referente a un problema grave que merece nuestra principal atención. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 20 por ciento de los adolescentes en el mundo pueden padecer algunas de las formas de enfermedad mental, entre sus manifestaciones más evidentes están la depresión, los trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, comportamientos suicidas o trastornos alimentarios.

Para la Organización Mundial de la Salud, los trastornos alimentarios se manifiestan en la excesiva pérdida voluntaria de peso, esta conducta es la tercera causa entre las enfermedades crónicas que afectan a los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 1 por ciento de la población mundial padece de anorexia, el 3 por ciento de bulimia, mientras que otro 3.4 por ciento padece otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria, tan sólo la obesidad afecta a más del 26 por ciento de la población del mundo.

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los trastornos alimentarios ocurren principalmente en los jóvenes entre 15 y 23 años. En otro estudio se muestra que de mil adolescentes mexicanos, 870 hacen dietas sin ninguna asistencia de un profesional de la nutrición y 120 presentan los síntomas de bulimia debido al consumo de laxantes, diuréticos o vómitos provocados.

Las y los adolescentes mexicanos tienen mayor propensión a adoptar estereotipos difundidos desde los medios masivos de comunicación y los jóvenes los adoptan, acríticamente, porque carecen de información adecuada que contrarreste los efectos de la mercadotecnia y la información insuficiente o incorrecta.

En algunas entidades federativas y en el Distrito Federal ya existen legislaciones que señalan la obligación de los gobiernos locales para instrumentar políticas públicas para la prevención y el tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios.

Desafortunadamente, estos ejemplos no han sido replicados por la mayoría de los estados de la Federación, sin embargo, ya existe la Norma Oficial Mexicana, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

Debido a la alta incidencia de los trastornos alimentarios que prevalecen entre la juventud mexicana y la insuficiente atención que se da a este problema de salud pública en todo el territorio nacional, la Comisión de Salud del Senado de la República, considera que es necesaria una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para promover una adecuada orientación de la información dirigida a las y los adolescentes sobre la importancia de tener una alimentación nutritiva como una condición de salud.

Y se considera, asimismo, una herramienta fundamental que esa información sea proporcionada a los estudiantes de los niveles de educación básica, medio superior y superior para fomentar mejores hábitos en la formación de la conducta alimentaria entre los niños y la información suficiente para que los adolescentes no sean vulnerables a la enfermedad, debido a la saturación de mercadotecnia a través de los medios de comunicación que implantan estereotipos de consumo e imagen contrarios a la salud.

Por lo anterior, el Pleno de la Comisión de Salud ha aprobado la proposición con punto de Acuerdo, promovido por el Senador David Monreal Avila, con el exhorto a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, diseñen e implementen en los niveles de educación básica, medio superior y superior programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la anorexia y bulimia.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Adolfo Romero Lainas.

También informo a la Asamblea que ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, para referirse al dictamen sobre el Instituto Nacional de Medicina Genómica.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, para referirse al segundo dictamen.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Amigas y amigos Senadores, muy buenas tardes.

He pedido participar en apoyo de este dictamen, primero, porque hablar de medicina genómica es hablar de un tema presente, de un tema futuro, es hablar de la medicina de la prevención, por eso considero importante el tocar este tema aquí en el Senado de la República.

En segundo lugar, porque como Diputado Federal en la LVIII Legislatura, precisamente me tocó presentar la iniciativa para fundamentar la fundación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, hecho que sucedió y concretó el inicio de estos trabajos, en el año de 2004.

La investigación genética y las posibilidades reales de llevar a cabo tratamientos prenatales y postnatales a través del conocimiento genético y los procedimientos de afrontar los trastornos del mismo género, los cuales se realizan en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, son de alto nivel y de gran importancia para el país.

Es importante comentar que el ser humano cuenta con un cariotipo integrado por 23 pares de cromosomas, de los cuales un par son sexuales, los que definen el sexo y otras características, y el resto, 22 pares, son somáticos, los que definen el fenotipo del individuo.

Cada conjunto de los 23 cromosomas son aportados, por un lado, por el espermatozoide, proveniente del hombre, y el otro conjunto de cromosomas por el óvulo, proveniente de la mujer. Así que al fecundarse el óvulo por el espermatozoide, el nuevo cigoto, huevo u óvulo fecundado, poseerá 46 cromosomas, mismos que poseerán todas las células y características del nuevo individuo.

Los cromosomas se componen de genes y todos ellos se forman por una doble hélice de ácido desoxirribonucleico, ADN, y que se forma por pares de bases complementarias; es decir, que toda la información genética codificada se encuentra en esta secuencia de letras.

Es precisamente en esta información en la que se pueden detectar signos genéticos tempranos de una serie de características y de patologías que es importante precisarlas desde la vida prenatal, o incluso de la vida postnatal de manera temprana, para detectar precisamente patologías que pueden tratarse en esa forma, es decir, a tiempo y tempranamente.

Hoy quiero comentarles que considero trascendente este dictamen para que este instituto nos informe los resultados de sus investigaciones, cuyo objetivo inicial, desde su fundación en el 2004, es precisamente investigar el genoma humano de los mexicanos, para así crear una medicina cada vez más preventiva.

Por lo anterior que ya hemos comentado, es importante ubicar a la medicina genómica como preventiva, participativa y personalizada, pero además, de investigación científica.

En este instituto se capacitan y forman personas de alta especialización, tanto a nivel nacional como internacional, y se desarrolla tecnología que está desarrollando vinculación con la industria para el desarrollo de productos que vengan, precisamente, a integrar todo el concepto de medicina preventiva a través de la medicina genómica.

Es importante conocer que en el año 2012, este instituto manejó un presupuesto de 40.9 millones de pesos; y en 2013, recursos fiscales de 45.9 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, pido la aprobación de este dictamen que lleva como objetivo conocer con amplitud las investigaciones, proyectos, trabajos y resultados que se están llevando a cabo de este importante instituto que va enfocado a la atención de la salud preventiva de todos los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito.

Para hablar sobre el dictamen referente al Instituto Nacional de Medicina Genómica, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Es un tema de una gran relevancia para todos; y en lo personal lo señalo, porque me tocó en la LIX Legislatura la instalación de este instituto, la creación de este Instituto Nacional de Medicina Genómica. Por eso los convoco a las siguientes consideraciones.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estudio del genoma se le denomina genómica; la misma tendrá a largo plazo beneficios, como bien lo señaló el Senador Brito, en la prevención, en el diagnóstico y manejo de varias enfermedades que en la actualidad son difíciles o imposibles de controlar.

El objetivo primordial del INMEGEN es ofrecer las bases para una práctica médica basada en la estructura genómica de la población mexicana y sus necesidades epidemiológicas.

Dicha propuesta enfatiza la importancia de que los programas de investigación realmente contribuyan a la solución de problemas específicos de las patologías más frecuentes de nuestro país.

A partir de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del pasado 26 de mayo de 2000, se dispone en su artículo 6, que a dichos institutos les corresponde la realización de estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básico, en las áreas de su especialidad para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud.

Aunado a todo ello y derivado de la importancia de los resultados de las investigaciones que dicho instituto de medicina genómica lleva a cabo, es que se podrá materializar el beneficio para la población mexicana a partir de su construcción.

Por lo que en este punto de Acuerdo se está exhortando al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Medicina Genómica informe cuál ha sido el trabajo que esta institución está realizando y los resultados obtenidos.

Es muy importante conocer los avances de la investigación del genoma humano del mexicano. Por lo que solicitamos a esta Asamblea su apoyo en la aprobación de este dictamen.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición en torno a las expresiones denigrantes vertidas en abril de 2013 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

El Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se refirió a Latinoamérica como su patio trasero. No es nuevo que los funcionarios de Estados Unidos se dirijan a nuestro continente de manera tan peyorativa y grosera.

Evidentemente, Estados Unidos, como lo han dicho también de manera reiterada, no tienen amigos en Latinoamérica, lo que tienen son intereses. Y eso nos queda bastante claro.

Los antecedentes para nuestro país han sido verdaderamente negativos. Nosotros como latinoamericanos nos seguimos preguntando, quién le dio a Estados Unidos autoridad para erigirse como el dueño de vidas, de tierras, de continentes en el mundo.

Con qué derecho Estados Unidos ha sometido, por más de cinco décadas, a nuestros hermanos cubanos; sometiéndolos a un bloqueo económico que ha ocasionado más de 10 mil millones de dólares de pérdidas a la isla caribeña.

Los defensores de los derechos humanos, los defensores de las causas justas, me pregunto, ¿dónde están? Si algún país ha sido responsable de genocidios, y también me pregunto, ¿con qué autoridad, con qué derecho Estados Unidos interviene, cuando lo considera pertinente, en los asuntos internos de todas las naciones del mundo? Evidentemente, ese derecho se lo dan ellos mismos.

Y hace rato se hablaba de una actitud de un héroe nacional que cometió un genocidio, dicen, en algún pueblo de Sonora, habría que preguntarnos, Estados Unidos, ¿cuantos genocidios ha cometido en muchos pueblos del mundo? Y sin embargo, muchos permanecen callados ante las atrocidades que comete este país y las descalificaciones que nos hace pasan desapercibidas para muchos.

La Doctrina Monroe, donde dice Estados Unidos: “América para los americanos”. Es muy claro el contexto cuando se refiere a que América para los americanos, evidentemente están hablando de ellos, que solamente ellos tendrán derecho de usufructuar los recursos naturales, energéticos y la mano de obra de América Latina.

Por eso diera la impresión de que en este país tan hermoso llamado México, sus gobernantes se han acostumbrado a que nos traten con la punta del pie, pero los Senadores de la República no podemos permitir este hecho.

Cuando discutíamos el tema en la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, por supuesto que voté en contra de que no alzáramos la voz, y coincidí plenamente con mi compañera de bancada, la Senadora Dolores Padierna, en el sentido de que México no podía ser omiso ante las declaraciones groseras de John Kerry, de que América Latina es su patio trasero. Les decía a mis compañeros Senadores en la comisión, revisemos qué connotación se le da al patio trasero en este país, es donde se echan los tiliches, donde se avientan los desperdicios, donde se deja lo que ya no sirve; es decir, tiene un sentido peyorativo y los latinoamericanos perfectamente lo entendemos, sólo acuden a nosotros cuando nos necesitan.

Peña Nieto se quedó callado, seguramente porque tiene temor de hacer valer la dignidad de las y de los mexicanos ante la nación de Estados Unidos.

Acabamos de estar en una reunión interparlamentaria con los Senadores de Estados Unidos, una reunión, yo digo, productiva; hicimos observaciones en un marco de respeto, pero sí tuvimos que decirles que en temas como la operación “Rápido y Furioso”, tenían que darnos una explicación, de manera muy comedida, porque estábamos en su casa, pero sí les pedimos explicaciones sobre los temas que lastiman al país y creo que cuando menos los Senadores que estuvieron con nosotros lo entendieron.

¿Cuáles fueron las reacciones de gente como Evo Morales, de gente como Rafael Correa?

Evidentemente fueron reacciones que resaltan que la dignidad de los latinoamericanos está muy por encima de una, concluyo, señora Presidenta, declaración racista como la que emplea el señor John Kerry.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: El Senado de la República tiene una obligación, y ésta es reivindicar la dignidad de México, no somos ni seremos patio trasero de Estados Unidos y el gobierno norteamericano sí tiene que dar una satisfacción al pueblo de México por estas declaraciones irresponsables de su Secretario de Estado.

Por supuesto que estamos en contra del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Por su atención muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Tello.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señora Presidenta.

Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, quisiera fundamentar el por qué se optó por desechar la proposición con punto de Acuerdo, por haber quedado sin materia, y las consideraciones que en su momento se dieron en la discusión del tema; fue, primero que nada, que a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, nos quedaba muy claro que uno de los sustentos primordiales fundamentales es el principio de respeto mutuo entre las dos naciones.

Sin embargo, el objetivo de la autoría de la Senadora Dolores Padierna consistía en rechazar categóricamente las expresiones vertidas por el Secretario de Estado John Kerry, antes de la visita del Presidente Barack Obama.

Al respecto se informó que esa comisión dictaminadora se abocó al análisis y dictaminación del punto de Acuerdo en días posteriores a la visita del mandatario estadounidense, razón por la cual la coyuntura para manifestar una posición al respecto se había modificado.

La agenda del Presidente Barack Obama en nuestro país, los días 2 y 3 de mayo de 2013, tuvo como labor principal discutir el amplio rango de temas bilaterales, regionales y globales en los que coinciden México y Estados Unidos.

En el Museo de Antropología, en su discurso pronunció: “...He venido a México porque es hora de dejar a un lado las predisposiciones mentales de antaño; es hora de reconocer las nuevas realidades incluyendo el progreso impresionante en el México de hoy...”.

Como una forma de manifestar que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos necesitaban reflejar la realidad, se generaron dos nuevos mecanismos que entrarían en vigor en el 2013; por un lado, el diálogo económico de alto nivel, y por otro lado, el foro bilateral sobre la educación superior.

Asimismo, el día 8 de mayo, 5 días después de que el Presidente Barack Obama estuvo en nuestro país, el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte, nos visitó en la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y precisó los acuerdos más importantes a los que llegaron.

A final de cuentas, este punto de Acuerdo se desechó por haber quedado sin materia.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Alejandro Tello.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Ojalá fuera muy fácil y sencillo archivar, como un asunto totalmente concluido, la falta de respeto de Estados Unidos a nuestro país.

Ojalá la ofensa de John Kerry, Secretario de Estado de Estados Unidos, se pudiera borrar con la retórica de Barack Obama.

Ojalá fuera tan fácil rechazar esa propuesta, que no es otra cosa más que pedir respeto por la vía diplomática. En estricto apego a nuestras facultades, se pide que este Senado de la República rechace categóricamente las expresiones denigrantes, indignantes y ofensivas que hizo John Kerry contra México, al referirse a nuestro país como patio trasero.

El dictamen argumenta que cuando vino Obama, el Presidente norteamericano, a nuestro país, con una retórica excelente, refrendó la relación con México, y por ese hecho se esfumó la ofensa de Kerry.

Dicen, también, en su punto de Acuerdo, que la ofensa no existió y ya no hay materia que discutir. Obama vino en mayo pasado a decir que dejaremos atrás las predisposiciones mentales de antaño; tal vez en su avión cargaba las transcripciones de las declaraciones de John Kerry, donde ofende a México al llamarnos patio trasero, con esa añeja predisposición mental, y ahora volver a faltar al respeto a la soberanía de nuestro país, o tal vez traía el recuento de las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos obtenidos ilegalmente del espionaje a Enrique Peña Nieto, sólo como un botón de muestra que evidencia que Estados Unidos no respeta a México.

Unas cuantas palabras de Obama bastaron para que las Senadoras y Senadores digan que ya no hace falta que ejerzamos nuestras facultades, que rechacemos categóricamente las ofensas de un trato indigno del Secretario de Estado de Estados Unidos a nuestro país. Y ello me parece muy grave, porque las condiciones no se han modificado; quizá sea oportuno recordarles a ustedes, que Roosevelt proclamó la política del buen vecino en 1933; y acto seguido, Estados Unidos orquestó Golpes de Estado e invasiones en Guatemala, República Dominicana y Cuba. Hubo buena retórica, pero en los hechos se invadió países; que Kennedy lanzó la alianza para el progreso y los sucesivos gobiernos estadounidenses pusieron en el poder a las dictaduras de Videla, Somoza y Pinochet, buena retórica, pero impusieron las dictaduras en América Latina.

Obama vino a México a hablarnos y dejar atrás los viejos estereotipos, pero mientas espiaba al Presidente de México, mientras, abría su frontera a las armas que matan mexicanos, mientras su policía fronteriza encarcelaba a jóvenes estudiantes nacidos en México y mientras seguimos esperando los resultados de la investigación del ilegal tráfico de armas en la operación “Rápido y Furioso”; mucha retórica, pero en la práctica siguen faltando al respeto a la dignidad de nuestro país.

El dictamen que van a votar dice que la relación de Obama con Enrique Peña Nieto busca reflejar una nueva realidad; una nueva realidad que solo existe en la retórica.

Cuando John Kerry volvió a utilizar la ofensiva expresión del patio trasero para referirse a América Latina, también dijo que el Presidente Obama viajaría al sur después de su visita a México, y ni siquiera pudo recordar el nombre de los países que visitaría, solo se refirió a ellos, también, como patio trasero.

Son una vergüenza las declaraciones de John Kerry, Secretario de Estado de Estados Unidos, pero es mayor vergüenza que este Senado de la República no acepte ni siquiera solicitar por la vía diplomática que se respete a nuestro país. Les pido reconsiderar sus votos.

Muchas gracias

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo. Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Gobernación, sobre el nombramiento de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La elección de quienes integran esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe quedar concluida dentro de los 30 días naturales siguientes de que esté configurado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

El texto del dictamen está disponible en sus escaños, viene acompañado del voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya.





 

NOMBRAMIENTO DE COMISIONADOS PARA INTEGRAR LA COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta.

Hace un rato expuse, en la reunión de comisiones unidas, algunos puntos que quiero reiterar aquí ante el Pleno, pero me veo obligado a sumar uno más: lamento mucho que los presidentes de las comisiones no vengan, en un asunto tan importante, a presentar este dictamen, que debiésemos haber escuchado en un principio como lo establece el Reglamento.

Lo que quiero decir es que, como expresé, no obstante que reconocimos, y lo seguiremos haciendo en un ejercicio de civilidad, pero además, de mucho respeto que me merecen los Presidentes de las Comisiones de Justicia y de Gobernación, a los integrantes de este Pleno y como lo reiteré también, el reconocimiento a quienes integraron las ternas que fueron objeto de auscultación, que participaron aquí, en estas comisiones, en diversas reuniones. Sí tenía que expresar, lo hice y lo vuelvo a expresar en esta ocasión, que me preocupa, y lo hago público, porque espero que esto no sea una práctica recurrente de este Senado de la República, que no cumplamos el mandato legal que tenemos. El artículo 85 de la Ley General de Víctimas en su último párrafo, establece con mucha claridad que tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República debemos garantizar la representación geográfica en la integración de estos comités, y eso no sucede en el caso de quienes hoy han sido presentados, por estas comisiones, como quienes habremos de votar a favor o en contra.

Es lamentable que una vez más, como yo he subido a decir varias veces a esta tribuna, que el sur-sureste del país vuelva a ser olvidado, particularmente en este tema de tanta importancia para todo el país, pero también para el sur-sureste, donde hemos acusado, desde hace muchas décadas, precisamente la falta de respeto a los derechos humanos; víctimas por doquier que en este mismo Pleno han venido a plantearse como temas muy delicados.

Es preocupante que no se haya expresado, yo lo decía en la reunión de comisiones, que en un ejercicio de disciplina con mi grupo parlamentario con el propio Pleno, en un ejercicio de civilidad, nosotros no haríamos más comentarios. Sin embargo, cuando se plantea que sí se está cumpliendo con el tema de la representatividad geográfica, yo no puedo dejar pasar esto por alto y decir que, compañeras y compañeros, si no cuidamos estos temas, entonces pasaremos a la historia como otra Cámara más que no atiende los verdaderos problemas que tenemos en el país.

Y uno que es grave, que acusa no solamente en este terreno, sino en el político, económico y social, es que no se considera al sur-sureste del país, no hay representación en ese comité como lo mandata el último párrafo del artículo 85 de la Ley General de Víctimas.

Ojala, decía yo, y lo tengo que reiterar, esto se pueda corregir, porque no podemos estar aprobando sin que garanticemos eso, si garantizamos otras cosas de las cuales, por cierto, yo estoy de acuerdo, hay que garantizar la equidad de género, hay que garantizar que llegue la gente apropiada, pero la ley nos mandata algo, que en este tema no se está cumpliendo, como no se ha cumplido en muchas otras acciones del Poder Legislativo y tampoco del Poder Ejecutivo del Estado.

Yo apelo a la conciencia de todos para que este tema quede presente en las acciones que tendremos por delante y no dejaré de señalar que en la segunda terna, tanto en su currículum como en su presentación ante estas presentaciones, el ponente Eric García demostró tener capacidad y además hubiese sido un digno representante del sur-sureste, perdónenme que deba subrayarlo, está establecido como un mandato en el último párrafo del artículo 85 de la Ley General de Víctimas.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras Senadoras, señores Senadores.

Hace un momento, en Comisiones Unidas de Gobernación; y de Justicia, escuchábamos el planteamiento del Senador Benjamín Robles en relación de que la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se cuidase el equilibrio regional.

Tiene razón el Senador Robles cuando dice que la Ley General de Víctimas establece ese criterio como un criterio orientador de la integración de la Comisión Ejecutiva.

Y ello porque, precisamente, la discusión de la Ley General de Víctimas asumimos que la realidad de la victimización en el país responde a distintos fenómenos en distintas partes del país.

Y en efecto, la ley nos mandata a cuidar ese criterio, pero no es el único criterio, ni tampoco es el criterio que invalida la integración tan proporcional, tan razonable y, sobre todo, que ha generado consenso como la que hoy presentamos al Pleno del Senado.

La ley establece, con toda claridad, que en la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es necesario cuidar cuatro criterios:

Primero. El perfil académico y profesional de las propuestas y de los postulantes.

Segundo. El criterio de equidad de género, cosa que se cumple adecuadamente en la propuesta que hacen la comisiones unidas el día de hoy.

Tercero. También exige la ley que se cuide la representatividad de las víctimas directas y ello precisamente por la vocación que cumple la Comisión Ejecutiva.

Y por último, nos establece la ley el criterio del equilibrio geográfico.

Esos cuatro criterios han sido debidamente cuidados en la integración que hoy le proponemos a votación a este Pleno del Senado de la República, no solamente se han cuidado los perfiles profesionales, no solamente hay representatividad geográfica, hay una persona de San Luis Potosí y otra persona de Morelos, no solamente se ha cuidado el equilibrio de género y la condición de equidad y género, sino también, y hay que decirlo con toda claridad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nace en su primera integración con una víctima directa. Una persona que no solamente representa un movimiento social por las víctimas, sino que también representa y honra su propia causa.

Y esta es una razón por la cual esta integración, no solamente es razonable y digna de encomio, sino también amerita el respaldo de las señoras y los señores Senadores.

Decidir sobre personas siempre es difícil, es una de las más altas responsabilidades que tiene el Pleno del Senado de la República. Decidir sobre personas implica construir un consenso político sobre perfiles y, más aún, cuando en las propuestas recibidas hay valía de sobra.

En las 21 propuestas que recibimos, en las siete ternas hay perfiles de altísima calidad, hay perfiles de profunda trayectoria en el ejercicio profesional y, sobre todo, en la defensa de los derechos de las víctimas.

El equilibrio al que hemos llegado ha sido difícil, porque ninguna de esas personas ameritaba ser desacreditada ni deslegitimada, por el contrario, todas ellas tenían credenciales suficientes para acceder a esta altísima función colegiada.

Y es precisamente por eso, señoras Senadoras, señores Senadores, que las comisiones unidas les pedimos su voto a favor. Esta integración tiene el consenso amplio de los integrantes de las comisiones, es un equilibrio reflexivo digno de honra a la Comisión Ejecutiva, pero también al esfuerzo legislativo que hicimos cuando emitimos y aprobamos la Ley General de Víctimas.

Hicimos un esfuerzo muy profundo de consulta, dimos oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil a emitir comentarios sobre los expedientes y los perfiles recibidos, hicimos largas entrevistas en las que fue posible hacerles preguntas, interrogantes directas.

Todos los postulantes tuvieron ocasión de presentarse a las comisiones unidas para exponer por qué su perfil es el idóneo para la Comisión Ejecutiva.

Estos siete integrantes representan un consenso parlamentario que, sin lugar a dudas, le dará a la Comisión Ejecutiva el impulso que merece y que honra la ley que este Senado ha aprobado por una amplia mayoría.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Roberto Gil.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Creo que las Comisiones de Justicia y de Gobernación, efectivamente, lo señala bien el Senador Zuarth, tienen que cuidar los 4 aspectos que él menciona, pero también es importante, desde nuestro punto de vista, que se cuide el tema del equilibrio geográfico.

Nos extraña que la propuesta del Presidente Peña Nieto, que contempla este aspecto como un elemento central, porque el conocimiento de las realidades concretas de las zonas geográficas del país también es un elemento fundamental y que tiene que tomarse en cuenta.

Es necesario que en esta comisión estén representadas, como bien lo señala el Senador Benjamín Robles, todas las áreas geográficas de México.

Nos parece, y lo digo respetuosamente, un desatino que haya 5 representantes del Distrito Federal, 1 de San Luis Potosí y un paisano, qué bueno que por primera vez un paisano nuestro, morelense, sea considerado para un tema tan importante, y qué bueno, porque Morelos es de los estados más golpeados del país en el tema de las víctimas de la delincuencia organizada. Sin embargo, estados como Nuevo León, como el propio Nayarit, que había representación de esas entidades federativas, pues sí nos preocupa que no estén.

Revisemos, aquí hay Senadores de Nuevo León, ojalá y vinieran a fijar su posición a lo que  está pasando en Nuevo León en el tema de las víctimas de la delincuencia organizada, es importante.

Y también le pedimos al Pleno, porque ya está en nuestras manos, que pudiésemos reintegrar la integración, para que este elemento tan importante del equilibrio geográfico pueda darse.

Si el Ejecutivo Federal lo está planteando, coincidimos con él. Y sinceramente deseamos que el Senado de la República, en este momento que estamos discutiendo este asunto, pusiera la atención debida y pudiésemos reconsiderar para que el voto y la confianza hacia estos ciudadanos que van a ser nombrados el día de hoy, fuera unánime del Senado de la República; no queremos dar un voto parcial.

Lo que está pasando en este país en tema de victimización de la población es verdaderamente dramático, y es necesario que estas personas lleven, absolutamente, el respaldo del 100 por ciento de los Senadores. Pero una decisión como esta, de las comisiones citadas, sin duda que puede generar una polarización por la exclusión, desde mi punto de vista, innecesaria.

Con méritos, todos los que estuvieron con representación geográfica, Peña Nieto lo fundamenta bien, y desde mi punto de vista, creo que debe ratificarse esta comisión, tomando en cuenta el equilibrio geográfico del país, por las razones ya señaladas.

Por su atención, muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señora Presidenta.

El dictamen que presentamos hoy en Comisiones Unidas de Justicia; y de Gobernación, con el cual damos cuenta de la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es para dar cumplimiento a lo dispuesto por la propia Ley General de Víctimas y forma parte de un acuerdo importante para atender una demanda de la sociedad mexicana.

Este acuerdo toma su vigencia desde el compromiso cumplido por el Presidente de la República el pasado mes de enero al publicar la Ley General de Víctimas, y posteriormente en este Senado de la República se realizan importantes modificaciones de la misma, que imparten de manera considerable el establecimiento de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y que para el buen funcionamiento del mismo se requiere la integración de la Comisión Ejecutiva.

Sin embargo, es importante destacar que las mismas Organizaciones No Gubernamentales, las ONG´s, vinieron al Senado de la República, presentaron su iniciativa para poderla nosotros traer al Pleno de las comisiones, y estar aquí hoy, como lo estamos haciendo, con el propósito, primero, de haber votado la Ley General de Víctimas; y segundo, para la elección de la Comisión Ejecutiva de la misma.

Por unanimidad de los grupos parlamentarios que integramos estas Comisiones Unidas de Justicia; y de Gobernación, y con un voto en lo particular que presentó el Senador Benjamín Robles Montoya, se privilegió siempre, en todo momento, el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos para que se cumplan los requisitos establecidos en la ley.

La Ley General de Víctimas establece en su artículo 86, que para ser comisionado se requiere: ser ciudadano mexicano; no haber sido condenado por la omisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley y no haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

Cabe destacar que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, envió 21 propuestas, de 60 que hicieron llegar al Ejecutivo Federal, de aspirantes.

Es importante decir que dentro de los criterios que establece la ley que deben de cumplir los aspirantes a ser comisionados, se encuentran: participar en la academia en los asuntos de la materia en que se ocupa, derechos humanos, especializaciones de víctimas, o bien, también en materia penal.  Participar en organizaciones no gubernamentales; y en ello hay una experien