Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Octubre de 2013

SUMARIO                                              


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- Del C. Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los CC. Senadores Aarón Irízar López, José Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma y María del Rocío Pineda Gochi, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados por la reciente contingencia climatológica provocada por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, que permita la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y pesquera. Intervienen al respecto los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Raúl Morón Orozco. Se aprueba.







- De la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Zoé Alejandro Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las Bebidas Azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del Impuesto Especial del 10% al 20%, y destine en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre nuestro país.











































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:29 horas) Solicito al Vicepresidente, en funciones de Secretario, informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- El C. Vicepresidente Luis Sánchez Jiménez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 3 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con trece minutos del día martes uno de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veintiséis de septiembre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Se autorizó remitir a la Cámara de Diputados el punto de Acuerdo que solicita destinar recursos para el desarrollo de diversos proyectos en municipios y para la Universidad Autónoma del estado de Morelos, que fuera presentado por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona el 3 de septiembre pasado y turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2) Se dio cuenta con el Informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamensobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.- Los asuntos se publicarán en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador René Juárez Cisneros, su Informe de actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Medio Ambientey Recursos Naturales, Informe de Actividades correspondiente al Primer Año y su Programa de Trabajo del Segundo Año, ambos de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Turismo, Informe de Actividades correspondiente al Primer Año y su Programa de Trabajo del Segundo Año, ambos de la LXII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Agriculturay Ganadería, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Reforma del Estado, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Trabajoy Previsión Social, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Hacienday Crédito Público, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Informe de la Reunión de Trabajo para la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, no realizará una Visita de Estado a Singapur, por lo que sólo se ausentará del territorio nacional del 4 al 9 de octubre, con objeto de realizar una Visita Oficial a Indonesia (6 de octubre) y participar en la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 (APEC CEO Summit, 6-7 de octubre), y participar en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC (7 y 8 de octubre), que se realizarán enla provincia de Bali, en ese país.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las ComisionesUnidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicación del Parlamento Centroamericano por la que expresa sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales en el paso de los huracanes "Manuel" e "Ingrid".- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Ejecución de la Política Monetaria durante el primer semestre de 2013.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Educación, de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos, el lunes 30 de septiembre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente con el que desecha el proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 1 y adiciona un párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el lunes 30 de septiembre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente con el que desecha el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera el lunes 30 de septiembre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la modificación en la integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

El Senador René Juárez Cisneros, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, presentó a nombre propio y de los Senadores Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Tello Cristerna e Hilda Esthela Flores Escalera, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para crear el Sistema Nacional de Programas Sociales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Martha Elena García Gómez, a nombre propio y del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 52 a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Javier Corral Jurado, a nombre de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- El Presidente declaró cumplida la primera lectura del dictamen con la publicación en la Gaceta del pasado 26 de septiembre, de conformidad con el numeral 2 del artículo 195 del Reglamento del Senado. Sin discusión, fue aprobado por 84 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se modifica y se adicionan dos párrafos al artículo 27, se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.- El Presidente declaró cumplida la primera lectura del dictamen con la publicación en la Gaceta del pasado 26 de septiembre, de conformidad con el numeral 2 del artículo 195 del Reglamento del Senado. Sin discusión, fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con relaciónal proyecto que adicionaba un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico yla Protección al Ambiente.- Sin discusión, fue aprobado por 81 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial.

3) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reformas al artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

4) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. La Mesa Directiva instruyó descargar los asuntos de los registros y darlos por concluidos.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con relación al proyecto de adiciones al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con relaciónal proyecto de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. La Mesa Directiva instruyó descargar los asuntos de los registros y darlos por concluidos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y uso de artes de pesca alternativas, eficientes y sustentables en el Alto Golfo de California, para evitar la captura incidental de vaquita marina.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a plantear al gobierno de Belice la urgente necesidad de llevar a cabo las acciones necesarias para suscribir en breve un nuevo tratado de límites entre ambas naciones.- El Senador Humberto Mayans Canabal presentó el dictamen, a nombre de la Comisión. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que valore declarar el 17 de mayo de cada año como "Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia".- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, por la comisión, para presentar el dictamen.

2) Que exhorta a las comisiones estatales de derechos humanos de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a fortalecer y, en su caso, elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos prevaleciente en su respectiva entidad.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Salud:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la definición de la Fibrosis Quística como enfermedad que genera gastos catastróficos; y, en su caso, sea incluida como intervención cubierta para los menores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del PAN.

2) Que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.- Intervino la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del PT.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud a que formule un programa de salud para aquellas personas entre 18 y 25 años de edad que por las condiciones propias del estado mexicano, no han podido acceder a educación pública o privada, ni empleo, lo cual lo excluye de los servicios de salud del Seguro Popular.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba al Poder Ejecutivo Federal a remitir la relación de bajas por tiempo indefinido o en forma definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Turismo:

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo informe cuáles son los casos de éxito de ferias turísticas especializados en otras regiones o países.

2) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a contemplar en su Plan Sectorial políticas públicas que impulsen el sector gastronómico, como parte fundamental de la política de turística nacional.- Intervino la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo información en torno a la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incorporar en su programa sectorial respectivo, objetivos, prioridades y políticas para la prevención, el combate y el control de incendios forestales.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Humberto Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incorporar en el plan nacional de infraestructura 2013-2018 la construcción y puesta en operación de la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala antes "Estación Chontalpa", Huimanguillo, hacia el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Carlos Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco Sandoval, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que, en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, se elimine toda disposición que pretenda gravar con IVA la compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa habitación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita al Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se anule el Acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió proposición con punto de Acuerdo por el que se hace un llamado a las autoridades de la Administración PúblicaFederal para la simplificación, uso eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de control aduanal de Huixtla en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el impuesto al valor agregado a las cuotas escolares y a la Secretaría de Educación Pública a regular el pago de colegiaturas en escuelas particulares.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Layda E. Sansores San Román, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, así como a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados a establecer el Acuerdo para trabajar en conferencia el análisis y deliberación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y, en su caso, las iniciativas que reforman diversos ordenamientos en materia fiscal presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre de 2013.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda a destinar ocho centavos de cada peso cobrado del impuesto especial por litro de bebidas azucaradas, para la construcción de bebederos de agua potable en escuelas y lugares públicos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que propone al Pleno del Senado de la República abrogar por inconstitucional el “Acuerdo parlamentario que establece las normas para el análisis del I Informe de Gobierno” y, para que el pleno apruebe otro, que garantice el equilibrio y la equidad de los grupos parlamentarios en sus intervenciones y en sus funciones de control al Ejecutivo y, que permita una real y adecuada fiscalización del estado que guarda la administración pública del país.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Energía a llevar a cabo proyectos, estudios e investigaciones para determinar el daño que causa a los recursos naturales la explotación del gas shale, la procedencia, uso y manejo del agua utilizada para su explotación, así como el posible daño a la salud de la población.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en concordancia conla Asociación de Bancos de México y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, instrumenten las medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y asegurados afectados por los fenómenos meteorológicos, facilitar sus operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites relacionados con los reclamos por siniestros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se coordine, elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios, los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

 

El Senador Fernando E. Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se crea la comisión especial para la evaluación del plan hídrico integral de Tabasco.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la participación de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, dentro del "Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación Media Superior".- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se consideren y destinen recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento de dos hospitales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones a fin de promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de su 65 aniversario conmemorativo.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar la estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques, para su distribución y comercialización.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Excitativa)

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 31 de octubre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del día 2 de octubre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención con motivo de la reciente masacre de estudiantes en el estado nigeriano de Yobe.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y citó a la siguiente el jueves tres de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó ampliaciones de plazo a las Comisiones de Autosuficiencia Alimentaria y Para la Igualdad de Género, para la presentación de los dictámenes a diversos asuntos que se les han turnado.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos a nuestra agenda del día.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Roberto Armando Albores Gleason, con la que remite la invitación a la sesión del Congreso del estado de Chiapas, en conmemoración del centenario luctuoso del Senador Belisario Domínguez, a realizarse el lunes 7 de octubre, en Comitán de Domínguez, Chiapas.







 

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el informe sobre las reuniones de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y el Grupo de Trabajo Migración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Vilna, Lituania, del 15 al 18 de julio de 2013.







 

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su participación en la 10a. Asamblea Plenaria de PARLAMERICAS, sobre Desarrollo Económico, realizada en San José, Costa Rica, del 22 al 24 de agosto de 2013.







 

Así también, se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, su informe de actividades del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Y de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, remite su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron dos Acuerdos suscritos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Uno, relativo a la Presidencia de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.







 

Y otro, sobre la Presidencia de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.







 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 17 al 19 de octubre de 2013, con el objeto de atender las invitaciones que le extendió el señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá, para realizar una visita oficial a dicho país y participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Panamá.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/1396/13.
México, D.F., 1 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMÁRA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1626/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentara del territorio nacional del 17 al 19 de octubre de 2013, con el objeto de atender las invitaciones que le extendió el señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá, para realizar una Visita Oficial a dicho país y participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Panamá.

La participación del Titular del Ejecutivo en esa Cumbre permitirá refrendar el compromiso de nuestro país con la comunidad iberoamericana, así como lograr que los pronunciamientos políticos, así como los mandatos y compromisos que se adopten, reflejen fielmente -acorde a su importancia y peso específico- la visión y los intereses de México.

El Presidente de la República buscará favorecer reformas que den lugar a una Conferencia Iberoamericana renovada, ágil y vigorosa, que preserve su utilidad como espacio para la concertación y la cooperación en un entorno internacional de dificultades económicas y financieras. Además que nuestro país asumirá la Secretaría Pro Témpore del organismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario
LIC. FELIPE SOLIS ACERO".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio por el que comunica que para que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en tiempo y forma con la visita oficial a Indonesia y participar en la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 y en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se realizará en la provincia de Bali, en ese país, se ausentará del territorio nacional del 3 al 9 de octubre.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1404/13.
México, D.F., 2 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMÁRA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

En alcance a mi similar número SEL/300/1201/13-A, me permito remitir copia del oficio número DEP-1635/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual informa que a efecto de que el C. Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en tiempo y forma con la visita oficial a Indonesia; participar en la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 (por sus siglas en inglés, APEC CEO Summit) y en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC, en la ciudad de Bali, su salida del territorio nacional será a partir de la noche del 3 de octubre del año en curso, por lo que las fechas que deberán ser consideradas para este viaje son: salida el día 3 y regreso el 9 de octubre de 2013.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de dicha documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la participación del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San Petersburgo, Federación de Rusia.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/1397/13.
México, D.F., 1 de octubre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMÁRA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1618/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San Petersburgo, Federación de Rusia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Asamblea está enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento  interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite la comunicación del Presidente de la Delegación Europea en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, por lo que expresa sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales en el paso de los huracanes “Manuel” e “Ingrid”

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Y agradece las expresiones de solidaridad.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercero y cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual es devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Compañeros Senadores, debido a la gran cantidad de asuntos inscritos en nuestra agenda de hoy, solicito a los Senadores que presentarán iniciativas, respetar el tiempo máximo de cinco minutos en tribuna para dar lectura a su proyecto.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Alvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 4o.-A, LA FRACCION II DEL ARTICULO 10-D Y EL INCISO A) DEL ARTICULO 33, Y DEROGA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 10-C Y EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 10-D DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las CC. Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La movilidad urbana es un elemento indispensable para la calidad de vida de toda persona.

Tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, se estima que se realizan más de 52.8 millones de traslados. De hecho, si consideramos un promedio de 2.5 traslados por persona, a nivel nacional, estaríamos hablando de alrededor de 300 millones de desplazamientos diarios.

Los modos que la ciudadanía utiliza para transportarse pueden ser diversos. Sin embargo, en la inversión de los recursos públicos, en materia de movilidad en el país, se ha dado una inequitativa preferencia al automóvil privado, no obstante que se trata del medio de transporte que tan sólo mueve al 20 y 30% de los viajes.

A pesar de ese porcentaje, entre 1996 y 2010, la flota vehicular del país casi se cuadriplicó, pasando de 8 millones de vehículos a más de 26 millones, según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

De acuerdo con esta misma organización, durante el año 2012, las inversiones en infraestructura para el fondo de transporte que realizaron en el Fondo Metropolitano, fue destinado de la siguiente manera, 77% a ofrecer mayor infraestructura vial en los siguientes términos: 48% a la ampliación de vialidades, más un 29% en obras de pavimentación, mientras que tan sólo el 23% se invirtió en otros modos y otros rubros, es decir, transporte público 11%, espacio público 8%, infraestructura peatonal 3% e infraestructura ciclista apenas el 0.4%.

Por lo que respecta a los Fondos de Participaciones Federales en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, en particular a los Fondos para la Infraestructura Social, de los montos ejercidos durante 2011, tan sólo el 6% correspondió en su aplicación a la infraestructura relacionada con la movilidad, pero para promover el uso del automóvil particular con el 87% para pavimentación y 13% para infraestructura exclusiva.

Del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, pero de los Municipios, el mismo ejercicio en la materia, correspondió a infraestructura para automóviles particulares con un 82% para obras de pavimentación, 3% para ampliación de vialidades. Del resto, el 9% se ejerció en infraestructura peatonal, 5% para el mejoramiento del espacio público y sólo 1% para infraestructura ciclista. Como se ve, la infraestructura para bicicletas ha sido la menos favorecida.

Lo anterior muestra que el Fondo para la Infraestructura Social no ha logrado ser un relevante en los términos de inversiones en movilidad, y menos a una utilización importante para el tema del transporte público y la movilidad no motorizada.

No obstante que la movilidad, principalmente la basada en los medios alternativos, se ha constituido como un mecanismo indispensable de la inclusión social y la reducción de la desigualdad de las personas, independientemente de su consabido reto en materia energética y ambiental, para lo cual los Fondos Estatal y Municipal para la Infraestructura Social pueden revestir una fuente de financiamiento importante.

La escasa aplicación de los recursos provenientes de los Fondos para la Infraestructura Social tal vez guarde relación con el catálogo expreso de los rubros de aplicación, en los que sólo es posible ejercer los recursos para obras que se pueden catalogar dentro de los rubros señalados en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cabe mencionar que, con fecha 21 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones, entre otras, la misma Ley de Coordinación Fiscal, con lo que se pretendió destinar recursos provenientes de la recaudación de impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas, tabaco, gasolinas y diesel; pero de manera específica a ciertos rubros, entre los que se encuentra la movilidad urbana bajo el siguiente texto:

“Los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en términos de este artículo, deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.”

No obstante, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad fueron invalidadas diversas disposiciones, entre ellas la antes mencionada bajo la consideración de que estos recursos no debían condicionarse para su estrategia. Razón por la cual el destino de los recursos provenientes de dichos impuestos es, por así decirlo, indeterminado, a expensas de lo que puedan los estados y municipios en su autonomía financiera.

No obstante, la idea no era mala, pues los ya citados impuestos especiales tienen motivo en base a los impactos nocivos de los conceptos gravados.

En síntesis, la propuesta que pongo a consideración de ustedes, compañeras y compañeros, es que los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de la recaudación que administren los estados locales y municipales derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en particular de gasolinas y diesel, se puedan emplear esos recursos para la movilidad urbana, con especial atención a la no motorizada, del transporte público y a la rehabilitación de espacios públicos.

En ese sentido, estamos proponiendo una modificación a la reforma del último párrafo del artículo 4o.-A, fracción II del artículo 10-D y del inciso a) del artículo 33, y que deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como, de acuerdo a las necesidades, pues también modificar diversos preceptos y dispositivos legales a las aportaciones federales que en esta materia se determinan.

Lo que estamos proponiendo entonces es más infraestructura a la movilidad urbana, preferentemente a la no motorizada, y del transporte público. Si realmente lo que queremos es cambiar la visión que tenemos en la forma de trasladarnos y fortalecer los medios alternativos de transporte, en especial el transporte público y la movilidad no motorizada, apostémosle a esta reforma.

Muchas gracias, señor Presidente. Una disculpa por extenderme en el tiempo.

Iniciativa

"Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA Y ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 4o-A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del artículo 33, y deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La movilidad urbana es un elemento indispensable para la calidad de vida digna de toda persona.

A diario, en todas las ciudades del país, la necesidad de trasladarse de un sitio a otro para acceder a los diferentes servicios básicos genera infinidad de desplazamientos. Tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, se estima que se realizan más de 52.8 millones de traslados, ubicándola como la urbe con el mayor índice, evidentemente relacionado con tratarse de la más poblada. De hecho, si consideramos un promedio de 2.5 traslados por persona, a nivel nacional estaríamos hablando de alrededor de 300 millones de desplazamientos diarios.

Los modos que la ciudadanía utiliza para transportarse son diversos, desde a pie, en bicicleta, transporte público o vehículos automotores particulares. Sin embargo, en la inversión de los recursos públicos en materia de movilidad en el país, se ha dado una inequitativa preferencia al automóvil privado, no obstante que se trata del medio de transporte que sólo mueve entre el 20% y el 30% de los viajes.

A pesar de este porcentaje, entre 1996 y 2010, la flota vehicular del país casi se cuadruplicó pasando de 8 millones de vehículos a más de 26 millones, según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP MÉXICO, por sus siglas en inglés)

De acuerdo con esta misma organización, durante el año 2012, del 75% de las inversiones en transporte que realizaron las zonas metropolitanas del país, precisamente del Fondo Metropolitano, fue destinado a ofrecer mayor infraestructura vial (48% correspondiente a la ampliación de vialidades, más un 29% en obras de pavimentación), mientras que sólo el 23% se invirtió en otros modos y rubros: transporte público (11%), espacio público (8%), infraestructura peatonal (3%) e infraestructura ciclista (0.4%).

Por lo que respecta a los Fondos de Participaciones Federales en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, que también constituyen una importante fuente de recursos para los gobiernos locales y municipales, por lo que respecta a los Fondos para la Infraestructura Social (FAISE), de los montos ejercidos durante 2011, tan solo el 6% correspondió en su aplicación a la infraestructura relacionada con la movilidad, pero para promover el uso del automóvil particular con 87% para pavimentación y 13% para infraestructura exclusiva. Lo anterior muestra que el (FISE) no ha logrado ser muy relevante en términos de inversiones en movilidad y que no parece haber una utilización importante para el tema de transporte público y movilidad no motorizada.

Del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, pero de los Municipios (FAISM), el mismo ejercicio en la materia, correspondió a infraestructura para automóviles particulares en un 82% para obras de pavimentación y 3% para ampliación de vialidades. Del resto, 9% se ejerció en infraestructura peatonal, 5% para mejoramiento del espacio público y solo 1% para infraestructura ciclista. De hecho, como se lee, la infraestructura para bicicletas ha sido la menos favorecida.

Ello, no obstante que la finalidad de los Fondos Estatal y Municipal de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social, concuerda exactamente con la finalidad que una adecuada movilidad urbana, particularmente la sustentada en medios alternos al automóvil privado, tendría sobre la sociedad en general.

Tal como lo establece la ley de Coordinación Fiscal, el objetivo de los Fondos Estatal y Municipal de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo es el financiamiento de obras sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema a través de las obras y acciones realizadas. Es decir, se promueve la creación de infraestructura como un canalizador del desarrollo que reduce la exclusión y vulnerabilidad.

Mientras que por el contrario, la apuesta al automóvil privado con la inequidad de la inversión preferente a su promoción, ha generado un abismo social sin precedentes, dado que los esquemas de desarrollo centrados en el automóvil reducen la oportunidad de que los mexicanos disfrutemos plenamente de nuestro tiempo, dinero y salud, conforme los indicadores asociados el uso excesivo del automóvil particular, como los siguientes:

EN EL AMBITO URBANO.

Reducción del espacio público, deshumanización de la ciudad, reducción de la accesibilidad, degradación de la imagen urbana, aumento del par­que vehicular, desarrollo urbano desordenado y distancias cada vez más largas en los viajes diarios.

EN LO ECONOMICO.

Pérdida de ho­ras/hombre en el tráfico, menos oportuni­dades laborales, pérdida de te­rrenos de cultivo debido a la expan­sión urbana, inequidad en la inversión del dine­ro público, desgaste de infraestructura urbana por exceso de uso del auto­móvil, incremento del gasto público en materia de salud, falta de liquidez del erario para re­solver problemas urgentes, hasta 40% del ingreso familiar mensual dedicado a trasladarse.

EN LO SOCIAL.

Desigualdad en el acceso a la ciudad, desigualdad de oportunidades labo­rales, convivencia social supeditada al auto­móvil, polarización de clases sociales, inseguridad urbana, baja participación ciudadana, muertes y discapacidades físicas relaciona­das a los accidentes en auto, enfermedades rela­cionadas al sedenta­rismo, respiratorias y cardiovasculares; estrés, autoestima basada en la posesión de un automóvil y hasta miedo a la calle.

EN EL AMBITO AMBIENTAL.

Disminución de la masa arbórea, incremento de la temperatura am­biente, disminución de la superficie permea­ble, contaminación auditiva, atmosférica y visual; producción ma­siva de agentes contaminantes, como llantas, acei­tes y refacciones y contaminación de recursos naturales.

Lo anterior, conforme el diagnóstico emitido por la Organización ciudadana Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, integrada por grupos de la sociedad civil de diferente formación, objetivos, metodologías de trabajo y temas, pero unidos bajo la misma preocupación: La Zona Metropolitana de Guadalajara como una ciudad sustentable, accesible, próxima, eficiente, próspera, equitativa y democrática.

De esta manera, la inversión y mejora de la movilidad de las personas en los centros urbanos, principalmente en medios alternativos a la movilidad motorizada privada, se insiste, contribuye a la disminución de la brecha de desigualdad y de la exclusión social.

• La adecuada movilidad en la que las tareas cotidianas de cuidado de la familia y trabajo puedan realizase con menos esfuerzo, prisas, dificultad y costos, favorece la conciliación entre la vida familiar y laboral, mejorando la calidad de vida de las personas, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.

• La movilidad de los ciudadanos es una fuente de cohesión social que se ha convertido en una condición de integración, después de la vivienda, la salud y la educación.

• Es un medio para permitir a los ciudadanos acceder a la multiplicidad de los servicios, equipamientos y oportunidades.

De tal suerte, que la Movilidad Urbana, en particular la no motorizada y el transporte público, se han constituido como un mecanismo indispensable de inclusión social y reducción de la desigualdad y vulnerabilidad de las personas, independientemente de su consabido reto en materia energética y ambiental, por ende, considerar que los Fondos Estatal y Municipal para la Infraestructura Social revisten una fuente de financiamiento importante para ello.
No obstante, como ya se dijo, la inversión a través de dichos fondos no ha sido relevante, tal vez por el catálogo expreso de rubros de aplicación, en los que sólo es posible ejercer los recursos para obras que se puedan catalogar dentro de los rubros señalados en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que puede generar una interpretación cerrada en el ejercicio de las inversiones.

Esto, porque los rubros de gasto varían dependiendo de si se trata del fondo destinado a los estados (FAISE) o a los municipios (FAISM). De esta manera los estados, no se rigen por un catálogo sino por la premisa de dedicar los recursos del fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. Por ello, imprescindible que en el catálogo, por coincidir exactamente en la finalidad, motivo y razón; que expresamente se señale en los referidos Fondos, la inversión en la movilidad urbana, con especial énfasis en la movilidad no motorizada y transporte público al tratarse de las reales y viables alternativas de movilidad, como también en la rehabilitación de espacios públicos, que evidentemente inciden en la acepción del peatón y por vía de consecuencia, en la movilidad peatonal y obvio, no motorizada.

De tal modo, que la sugerencia legislativa que se trae a consideración de la Asamblea, estriba precisamente en incorporar expresamente en el catálogo de aplicación del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el relativo a la inversión en infraestructura de alternativas de transporte y movilidad no motorizada, como el relativo a la rehabilitación de espacios públicos, por su incidencia indirecta en el tema.

Cabe decir, que con anterioridad ya se había hecho un esfuerzo legislativo para incorporar el tema de la movilidad a la Ley de Coordinación Fiscal, solo que en la aplicación de recursos provenientes de la recaudación local en términos de la fracción II del artículo 2.A. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Con la intención de destinar recursos de manera, por así decirlo etiquetada, con fecha 21 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado por este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se reformaron, adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

En lo que interesa, los adicionados artículos 4o.-A, en su último párrafo y artículo 10.-C, en su fracción VIII, de la Ley de Coordinación Fiscal, establecieron lo siguiente:

Último párrafo del artículo 4o.-A:

“Los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en términos de este artículo, deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.”

Fracción VIII del artículo10.-C:

“Tratándose de gasolinas y diesel, el monto recaudado se destine exclusivamente a infraestructura vial, rural y urbana; hidráulica: así como a programas ambientales, entre otros, de movilidad urbana

Esto es, a través de la Ley de Coordinación Fiscal se pretendió destinar recursos de manera específica a los rubros que los textos transcritos refieren, entre los que se encuentra la movilidad urbana. Recursos provenientes de los impuestos especiales recaudados y administrados por los estados, derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, esto es, relacionados con gasolinas y diesel, tabaco y bebidas alcohólicas. Para el caso que nos ocupa, en lo particular de los ingresos por consumo de gasolinas y diesel para ser destinados entre otros, precisamente a la movilidad urbana.
No obstante, con fecha 17 de enero de 2008, se promovió la Acción de Inconstitucionalidad número 29/2008, por mismos Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, en contra del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia que determinó la invalidez de dichas disposiciones y de otras más que fueron materia de la referida Acción de Inconstitucionalidad.

Dicha sentencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2008.

Por lo que respecta a la invalidez de los textos de los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal invocados, ésta se declaró bajo la consideración de que los ingresos percibidos por las entidades federativas o los municipios por participación en las contribuciones especiales federales, derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, no debían estar condicionados a un destino específico.

Con motivo de lo anterior, actualmente el destino de los recursos provenientes de dichos impuestos especiales es indeterminado, por lo que se está a lo que la autonomía financiera de estados y municipios apruebe. No obstante la idea no era mala, pues los ya citados impuestos especiales tienen motivo en base a los impactos nocivos de los conceptos gravados.

Luego entones, dado la inaplicación de las disposiciones de mérito, su texto en la Ley de Coordinación Fiscal sólo causa confusión, por lo que a su vez, es de considerarse como una necesidad su adecuación, en un principio de lógica, congruencia y certeza jurídica, mas ya en esas circunstancias, por así decirlo, de corrección y adecuación a lo resuelto por el máximo tribunal del país, no estaría por demás rescatar su espíritu y objetivo funcional, pero ajustados a la susodicha resolución judicial.

Esto es, rescatar la posibilidad de que los gobiernos estatales y municipales consideren, no de manera condicionada, que de la recaudación que administren derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en particular de gasolinas y diesel, se puedan realizar inversiones preferentemente en materia de movilidad y medio ambiente, considerando los impactos negativos que los altos consumos de combustibles fósiles generan en ambos casos. En el medioambiente, por las emisiones de gases y ruido; mientras que en materia de movilidad, los altos índices de motorización en el país y consecuente uso excesivo de automóviles ocasionan graves problemas para el desplazamiento de personas y mercancías; además, por considerarse la movilidad urbana no motorizada, como un elemento indispensable para el desarrollo social y  económico de manera sustentable.

Ello, de manera además congruente con la naturaleza de los impuestos sobre consumos específicos, que en general, tienen dos objetivos principales: 1.- Corregir las externalidades negativas, como la contaminación ambiental, que genera el consumo de determinados bienes o servicios, tales como los combustibles derivados del petróleo, y 2.- Reducir el Consumo de aquellos bienes que se consideran nocivos para la sociedad, como el alcohol y el tabaco; asimismo, respetando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, sin que sea una condicionante para la entrega de dichos recursos a los gobiernos locales y municipales.

De manera que de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de la recaudación que administren los gobiernos locales y municipales derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en particular de gasolinas y diesel, se puedan emplear recursos para la movilidad urbana, con especial atención a la no motorizada, del transporte público y espacios públicos.

Finalmente, ya tratándose de adecuaciones correctivas de texto acordes a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester hacer ajustes al resto de artículos afectados por la resolución a la Acción de Inconstitucionalidad referida, como ya se dijo, a efecto de evitar confusiones.

A saber, la fracción II del artículo 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal, invalidando totalmente su párrafo segundo y parcialmente el párrafo primero. De éste, suprimiendo solo una parte de su texto, web los términos del proyecto de decreto propuesto.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 4o-A, LA FRACCION II DEL ARTICULO 10-D Y EL INCISO A) DEL ARTICULO 33, Y DEROGA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 10-C Y EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 10-D, TODOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 4o-A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del artículo 33, y deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4o-A.- (….)

I. (….)

a) al   d) (….)

II. (….)

(….)

De acuerdo a sus necesidades, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que reciban recursos provenientes de gasolinas y diesel en los términos de este artículo, podrán diseñar programas de inversión preferentes para la aplicación de dichos recursos en los rubros relativos a la estructura vial, sea rural o urbana; infraestructura para la movilidad no motorizada, hidráulica, rehabilitación de espacios públicos, y a programas para la protección y conservación ambiental.

Artículo 10-C.- (….)

I.   a la   VII. (….)

VIII. (Se deroga)

Artículo 10-D.- (….)

I. (….)

II. Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, envasador, distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público en general o consumo.

(Párrafo segundo se deroga)
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural, infraestructura para la movilidad urbana, preferentemente para la no motorizada y del transporte público, y rehabilitación de espacios públicos; y

b) (….)

(….)

(….)

I.- a la V.- (….)

TRANSITORIO

UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara".

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Casillas Romero.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Margarita Flores, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Señora Presidenta, si le podría usted comentar al Senador Casillas Romero si nos puede incluir dentro de su propuesta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: El Senador ha aceptado. Gracias, Senadora Flores Sánchez.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 65, 66, 74 Y 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las CC. Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su venia, señora Presidenta; Senadoras y Senadores:

Las actividades institucionales en cualquier espacio del ámbito público o privado demandan una revisión continua de sus procesos con el objeto de actualizarlos para que sea palpable su eficiencia y eficacia ante todos aquellos que quieran lo realizado y lo que falta por hacer. Se trata de tener un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas.

En esa necesidad de difundir lo que se hace en los tres órdenes de gobierno, cobra importancia el impacto que ha tenido la modernización tecnológica en la demanda ciudadana de estar cada día más y mejor informados. Por ello, es que todos estamos sujetos a que los ciudadanos evalúen el trabajo hecho, pero también, lo que dejamos de hacer.

No son pocos los que cuestionan las causas por las cuales los legisladores, Diputados y Senadores, tenemos una cantidad significativa de pendientes en lo que respecta a propuestas de reforma a nuestro marco normativo en general o puntos de Acuerdo en particular.

El trabajo parlamentario se ha incrementado prácticamente desde la última legislatura del siglo pasado, etapa en la que el partido en el Poder Ejecutivo perdió la mayoría legislativa. Durante mucho tiempo no se lograron los acuerdos necesarios entre las diversas fuerzas políticas, lo cual propició la parálisis legislativa. Para fortuna de México, al parecer esa época ha sido o está siendo superada.

Vale la pena resaltar que esta LXII Legislatura sí llegó a consensos para sacar adelante reformas estructurales que México necesitaba desde hace años, como la educativa o la de telecomunicaciones, entre otras. Sin embargo, aún hay pendientes que resolver y no podemos justificar que no lo hacemos porque los tiempos legislativos son insuficientes, periodos empiezan, periodos concluyen, y muchas iniciativas han engrosado el archivo parlamentario.

Entre las múltiples causas que podemos encontrar está la desactualización en el funcionamiento de los periodos de sesiones que son compactos para desahogar la agenda legislativa. Si bien entra en funciones la Comisión Permanente, después de concluidos los periodos ordinarios, esto no se traduce en la aprobación de dictámenes de ley pendientes, porque dicha instancia no tiene facultad para votarlos, y aunque durante los recesos legislativos se convoca a trabajar en las distintas comisiones, es oportuno señalar la notoria ausencia de legisladores, lo cual limita el debate interno para dictaminar iniciativas.

Señoras y señores legisladores, los integrantes del Congreso de la Unión, ante el conocimiento de las necesidades nacionales y de la administración pública federal, así como de las repercusiones particulares en cada entidad federativa, debemos darnos a la tarea de actualizar los tiempos, mecanismos y procedimientos del Poder Legislativo.

Los legisladores, además de atender el mandato constitucional que nos obliga, debemos ser sensibles a las demandas sociales con vocación de servicio para construir acuerdos en beneficio de México.

Es necesario adecuar los tiempos legislativos a las necesidades del país para mejorar la eficacia y eficiencia del Congreso, tal como lo hacen los Poderes Legislativos de la comunidad internacional.
Por ello, presenté a nombre propio y de otras compañeras Senadoras, una iniciativa que tiene dos propósitos principales:

El primero, es ampliar los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión a 4 meses cada uno, con lo que 1 año legislativo contaría con 8 meses de sesiones ordinarias.

Y el segundo, es para que la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante se reduzca sólo a 2 meses.

Por tanto, se sugieren modificaciones a los artículos 65 y 66 constitucionales relacionados a los periodos legislativos para que el primer periodo ordinario de sesiones inicie el día primero del mes de agosto y concluya el último día del mes de noviembre; y que el segundo periodo sea del primer día del mes de febrero como actualmente está y termine el último día del mes de mayo; y que además la toma de protesta del nuevo Presidente de la República sea el 1 de octubre.

La conjunción de estos aspectos, tanto la ampliación de plazos en los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, como la reducción del tiempo para la toma de posesión del Presidente electo, tendrá beneficios en la interacción que tienen ambos Poderes de la Unión.

De ahí, la modificación al artículo 83 constitucional para que la toma de posesión del Presidente electo sea el 1 de octubre del mismo año, y no el 1 de diciembre como se hace hoy en día.

Con ello, se eliminaría el tiempo en el que se da un vacío de transparencia entre los dos titulares en el que no se reporta ni el informe del Presidente saliente ni del Presidente entrante.

La iniciativa también propone que sean los nuevos integrantes del Congreso de la Unión quienes evaluen el informe del último año de gestión del Presidente saliente durante los dos primeros meses del primer periodo ordinario, es decir, del primero de agosto al 30 de septiembre del año respectivo.

Como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 186, fracción II establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene como fecha límite el 6 de septiembre para emitir declaratoria de validez de la elección y la del Presidente electo, esta propuesta contempla 3 semanas a partir de esta fecha para que el Presidente electo tome posesión de su cargo.

También será necesario modificar el artículo 74 constitucional para ajustar la fecha de envío de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación en el año en el que inicia su encargo el Ejecutivo Federal.

Ambos proyectos serán cada 15 de octubre respetando los 15 días con los que actualmente cuenta el Presidente entrante en el inicio de su primer año de ejercicio.

Los invito a sumarse a esta propuesta para tener periodos legislativos más largos que nos permitan desahogar y atender el menor número de pendientes sociales que tenemos, y para cumplir con la demanda que los ciudadanos exigen a los legisladores.

Legislemos para dar respuesta a lo que el país necesita. Trabajemos con vocación de servicio.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Las suscritas, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA y SONIA MENDOZA DIAZ, Senadoras de la República pertenecientes a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta asamblea la iniciativacon proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 65, 66, 74 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

INTRODUCCION

El objeto de esta iniciativa es reformar los tiempos constitucionales parados cuestiones fundamentales:1) ampliar la duración de los periodos ordinarios de sesiones, y 2) reducir el tiempo de transición entre una Administración Pública saliente y una entrante, con el fin de promover la eficiencia y eficacia en el desempeño de la labor pública de ambos Poderes de la Unión. Esto conlleva a una reforma adicional de adecuación con respecto a la fecha de envío de la Iniciativa de Ley de Ingresos, así como al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, durante el año en que el Presidente de la República inicia su encargo.

ANTECEDENTES

Los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión tienen su antecedente en las constituciones de 1824 y de 1857, en las que ya se diferenciaban estos periodos de trabajo legislativo, de los extraordinarios. La Constitución mexicana de 1824 contemplaba un único periodo de sesiones, que iniciaba el 1 de enero y concluía el 15 de abril. Sin embargo, establecía que las sesiones fueran todos días con la única interrupción de los días festivos.

El desarrollo de las sesiones en esa época seguía la lógica de maximizar el tiempo en que los representantes de todo México se concentraban en un mismo recinto, para desahogar la agenda legislativa, debido a las dificultades de traslado que se daban.

Ya en la Constitución de 1857 se instauraban los dos periodos ordinarios: del 16 de septiembre al 15 de diciembre, y del 1 de abril al 31 de mayo. Este modelo no fue adoptado en el texto original de la Constitución Política de 1917, que reguló un solo periodo de sesiones, que iba del 1 de septiembre hasta que se terminaran de discutir los asuntos, el cual no podía pasar del 31 de diciembre del mismo año. Fue hasta 1896 que se retomó la inclusión de un periodo de sesiones adicional, lo que devolvió al Congreso los cinco meses de trabajo legislativo previstos en la Constitución de 1857.

En 1993, hace veinte años, se llevó a cabo una reforma para ampliar los periodos ordinarios de sesiones y adecuar el texto constitucional al envío de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Presidente de la República en el año en que tome posesión. El primer periodo iniciaría el 1 de septiembre y debía culminar el 15 o el 31 de diciembre, y el segundo abarcaba del 15 de marzo al 30 de abril.

La última reforma a la composición de los periodos ordinarios de sesiones fue en 2004, para agregar el mes de febrero y las primeras dos semanas del mes de marzo al segundo periodo, lo que da como resultado seis meses y medio, y siete meses cada seis años, de trabajo legislativo del Congreso de la Unión.

COMPARATIVO INTERNACIONAL

Periodos de sesiones

Vale la pena aclarar que no porque un Congreso tenga periodos legislativos largos, significa que sea un Congreso eficiente y eficaz. Sin embargo, observamos que  durante los periodos ordinarios de sesiones es cuando los Congresos tienen una mayor producción legislativa.

ADN Político realizó un estudio comparado1 sobre el número de días que sesionan en los congresos, o sus homólogos, en el mundo, y coloca al Congreso mexicano en uno de los peores lugares en razón de los días que sesiona en comparación con los demás congresos, toda vez que de la suma de sus dos periodos ordinarios, solamente sesiona 195 días.

Los Congresos que más sesionan por año legislativo son, de mayor a menor: Venezuela, con 315 días; Uruguay, con 290 días en los años en los que no hay comicios en que trabajan más; Argentina, con 275 días; Brasil y Francia, con 273; España, con 256; Colombia, con 247; México, con 195 días; Costa Rica, con 183 días, y Chile con 121.

El caso de Estados Unidos es particular, ya que el número de días en que sesiona es indeterminado, pues formalmente sesiona todo el año a partir del 3 de enero. El trabajo legislativo es continuo, aunque pueden darse recesos de varios días o suspensiones del periodo por acuerdo de ambas cámaras. Como mínimo, el “Senado y la Cámara de Representantes deben sesionar al menos una vez al año, el presidente del Congreso puede fijar una fecha de receso o citar a sesiones extraordinarias cuando no exista acuerdo entre las Cámaras o requiera tratarse un asunto con urgencia[…] Para 2013, la Cámara de Representantes planeó realizar sesiones durante 126 días, según el calendario aprobado por este cuerpo legislativo; mientras que el Senado programó sesiones en un total de 196 días del año”.

Como se puede apreciar, México contempla periodos muy cortos en comparación con el resto del mundo.

Toma de Posesión del Presidente

En lo que respecta al Titular del Poder Ejecutivo, “en México el periodo de tiempo que va desde el día de la elección hasta el día en que el Presidente de la República toma posesión del cargo es a todas luces excesivo e incluso irracional”.2. En Estados Unidos, el lapso entre las elecciones y el ejercicio del cargo es de tres meses aproximadamente. En Francia, se llevan a cabo las elecciones en abril; en sus comicios más recientes tuvo lugar la segunda vuelta, y aunque se dio el 6 mayo, la toma de posesión ocurrió el 15 de mayo inmediato.

Según el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, en su Estudio Comparativo de la Protesta del Poder Ejecutivo3, en Chile, en el mismo acto solemne, se declara al Presidente electo, emite protesta e inmediatamente después asume sus funciones.

En la mayoría de los países se establece que el Presidente electo asumirá funciones al día siguiente de que expire el mandato del Presidente saliente. Esto abre la posibilidad de que se acelere la toma de posesión en casos específicos, que pueden ir del día siguiente de la elección, como en Grecia, o al octavo día a partir de la publicación del resultado de la elección, como es el caso de Hungría y Portugal.

En razón de estas hipótesis es innecesario el lapso de casi medio año de transición de titulares del Ejecutivo Federal en México.

PROBLEMATICAS Y BENEFICIOS

La presente iniciativa tiene como propósito principal:

1) Ampliar los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión para que cuenten con una duración de cuatro meses cada periodo, lo que implica un total de ocho meses de sesiones ordinarias en un año legislativo. La redacción de la propuesta de reforma sugiere que el primer periodo ordinario de sesiones dé inicio el día primero del mes de agosto y concluya el último día del mes de noviembre; y, el segundo dé inicio el primer día del mes de febrero, como actualmente está, y concluya el último día del mes de mayo.

2) Reducir a dos meses el tiempo de transición entre la determinación de un presidente electo al momento de la toma de posesión de su cargo, que será el 1 de octubre.

De ahí la necesidad de una reforma adicional con respecto a la adecuación de la fecha de envío de la Iniciativa de Ley de Ingresos y al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el año de la toma de posesión del Titular del Poder Ejecutivo Federal, para el 15 de octubre.

Ampliación de periodos de sesiones

En primera instancia es importante precisar que, en su redacción actual, en el artículo 65 únicamente se establece la apertura de los periodos de sesiones, y en el artículo 66 se establecen los cierres de los mismos. Con el propósito de concentrar ambas especificaciones en un solo artículo, esta reforma propone que sea el artículo 65 el que contemple tanto la apertura como los cierres de los periodos, y que sea el artículo 66 el que establezca de lo que se ocupará el Congreso en cada periodo, tal como se señala actualmente en el segundo y tercer párrafos del artículo 65 constitucional.

La razón principal por la que se busca modificar los plazos de sesiones ordinarias es porque la justificación por la cual se establecieron ha quedado completamente rebasada, y la ampliación de dichos periodos en la reforma aprobada en el año 2004 fue insuficiente para cumplir con la demanda legislativa que en la actualidad, la ciudadanía le exige a los legisladores. Hoy es necesario adecuar los tiempos legislativos a las necesidades del país, a fin de mejorar la eficacia y eficiencia del Congreso, tal como lo hace la comunidad internacional, por medio de sus Poderes Legislativos.

Los seis meses y medio que sesiona el Congreso resulta tiempo “insuficiente para dictaminar la agenda pendiente o desahogar las iniciativas que presentan los legisladores cotidianamente”.4

Al finalizar ambos periodos ordinarios inicia un receso en el Congreso y entra en función la Comisión Permanente, conformada por 19 diputados y 18 senadores, mientras que el resto de los legisladores regresan a sus localidades, lo que genera que durante estos recesos las comisiones legislativas no cubran el quórum necesario para generar consensos en la dictaminación de iniciativas. Otro motivo de ineficacia, es que la “la Comisión Permanente que opera en los recesos del Congreso durante cinco meses y medio, no es sino un foro de debate político y una oficialía de partes sofisticada, en tanto no tiene facultades para dictaminar”5, es decir, no tiene facultad de votar en el Pleno los dictámenes ya listos para su discusión y consecuente aprobación o rechazo.

Reducción de plazo con respecto a la toma de posesión del Presidente electo

La fecha para la toma de posesión del Presidente electo, contemplada en el artículo 83 constitucional señala que será el 1° de diciembre del año de la elección. Esta reforma propone que sea el 1° de octubre de ese mismo año, con lo que se reduce a 3 meses, a partir del día de la elección, la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, pues en la actualidad es aproximadamente de 5 meses.

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, señala que durante “la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.” En el esquema de esta iniciativa, se propone que sean los nuevos integrantes del Congreso de la Unión, durante los dos primeros meses del primer periodo ordinario de sesiones (1° de agosto al 30 de septiembre), quienes evalúen el informe del último año de gestión del Presidente de la República saliente y llamen a comparecer a quienes consideren necesario para la glosa de dicho informe. Actualmente la transición con el Presidente electo se da en un periodo de 3 meses, del primer día de septiembre al último día del mes de noviembre, tiempo en el que no se reporta ni en el informe de gobierno saliente ni el informe del gobierno entrante, por lo que hay un vacío de transparencia entre los dos titulares. Esta propuesta reduce a 2 meses ese periodo.

Es importante tomar en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 186, fracción II, establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene como fecha límite el 6 de septiembre para emitir la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, por lo que esta propuesta contempla tres semanas a partir de la fecha límite del Tribunal, para que el Presidente electo tome posesión de su cargo.

La conjunción de los temas principales de esta iniciativa, tanto la ampliación de plazos en los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, como la reducción del tiempo de la toma de posesión del Presidente electo, tendrá beneficios en la interacción que tienen ambos Poderes de la Unión, lo que permitiría un mejor desempeño de sus funciones.

Como consecuencia de las reformas mencionadas, es necesario reformar el artículo 74 constitucional con relación a la fecha de envío de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en el que inicia su encargo el Ejecutivo Federal. Se propone que durante ese año se hagan llegar ambos proyectos el día 15 de octubre, respetando los 15 días que actualmente se otorgan al Presidente de la República entrante en el inicio de su primer año de ejercicio. Para la aprobación de estos proyectos se propone considerar la misma fecha que opera para todos los demás años, el 15 de noviembre, con lo que se amplía el plazo de15 días más al Congreso de la Unión, para que dictamine dichos asuntos cuando el Ejecutivo Federal inicie su encargo. 

DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 65, 66, 74 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo 66 de esta Constitución.

El Congreso se reunirá para celebrar un primer período de sesiones ordinarias a partir del1o de agosto, concluyendo a más tardar el 30 de noviembre de cada año, y para un segundo periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de febrero, concluyendo a más tardar el 31 de mayo de cada año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Artículo 66. En cada período de sesiones ordinarias, el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica, así como del estudio, discusión y votación de las iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. al IV.…

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de octubre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo elde octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Los Diputados Federales de la LXIII Legislatura, por única ocasión, iniciarán  su periodo a partir del 1 de septiembre del año 2015 al 31 de julio del año 2018, es decir 2 años con 11 meses, e inmediatamente posterior a ello los Diputados Federales de las siguientes legislaturas tendrán un periodo de 3 años nuevamente, el cual iniciará el 1 de agosto del año que corresponda.

SEGUNDO.-Los Senadores de la República de la LXIV Legislatura, por única ocasión, iniciarán su periodo a partir del 1 de septiembre del año 2018 al 31 de julio del año 2024, es decir 5 años  con 11 meses, e inmediatamente posterior a ello los Senadores de la República de las siguientes legislaturas tendrán un periodo de 6 años nuevamente, el cual iniciará el 1 de agosto del año que corresponda.

TERCERO.- En relación a la reforma al artículo 83 de este proyecto de decreto, entrará en vigor a partir del siguiente periodo para ocupar la Presidencia de la República, y por única ocasión, dicho periodo durará del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2024, es decir 5 años con 9 meses, e inmediatamente después el siguiente periodo presidencial durará 6 años nuevamente, el cual iniciará el 1 de octubre del año que corresponda.

La toma de protesta del Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos para el año 2018 se llevará a cabo en una sesión solemne de Congreso General el día 1 de diciembre de ese año, en virtud de que en esa fecha el Congreso de la Unión ya habrá concluido con su primer periodo ordinario. En ese mismo año y por única ocasión, cada una de las Cámaras tendrá las sesiones extraordinarias que sean necesarias para recibir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, el plazo para su aprobación no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018.

Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Sonia Mendoza Díaz".

1 Imelda García, ¿Cuántos días trabajan al año los Congresos de otros países?, ADN Político, 28 de mayo de 2013, disponible en: http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/05/23/cuantos-dias-trabajan-los-legisladores-en-otros-paises.

2 Miguel Carbonell, Opinión: La larga espera de todo presidente electo, ADN Político, 16 de julio de 2012, disponible en: http://www.adnpolitico.com/opinion/2012/07/16/opinion-la-larga-espera-de-todo-presidente-electo.

3 Elma del Carmen Trejo y Margarita Álvarez, Estudio Comparativo de la Protesta del Poder Ejecutivo, Centro de documentación, información y análisis, Cámara de Diputados, noviembre de 2006

4 Juan Antonio Le Clercq, Reformar al tiempo legislativo, La Silla Rota, 10 de agosto de 2013, disponible en: http://www.lasillarota.com/component/k2/item/74598-reformar-el-tiempo-legislativo.

5 Ibidem.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 38 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia; Senadores y Senadoras:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano es el propietario original del territorio; sin embargo, esta facultad de transmitir el dominio a particulares se constituye hacia lo que deriva en el artículo 27, sobre la propiedad privada.

El Código Civil Federal señala que los bienes que son propiedad de los particulares no podrán ser aprovechados por terceros sin que exista consentimiento del dueño o alguna autoridad de la ley.

En lo que respecta a la actividad catastral, como ya hemos mencionado, nuestra Carta Magna establece como parte de las obligaciones de los ciudadanos de la República mexicana al inscribirse en el catastro de la municipalidad.

Por otra parte, la Ley General de Población establece que el Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años de edad, que soliciten suscripción en los términos establecidos en la ley y reglamento.

Quiero mencionar que igualmente se establecen las obligaciones, en el artículo 35 constitucional, respecto de cuáles son las obligaciones, insisto, para alistarse en la Guardia Nacional, y, por supuesto, también se establece entre estas prerrogativas una cuarta, que es importante mencionar, que es la que refiere a cuáles son las características respecto del ejercicio del derecho a votar en las elecciones, y ahora también en las consultas populares.

Hay una preocupación genuina respecto de la importancia que nuestra Constitución debe también avanzar respecto de lo que en otros aspectos hemos ya logrado avanzar en nuestro marco jurídico fundamental y, por supuesto, a partir de ahí, en las leyes reglamentarias.

Es el caso que hoy me ocupa, de poner a consideración de esta plenaria, respecto de algunos preceptos que todavía siguen inscritos en el artículo 38 de nuestra Constitución, que creemos deben ser revisados para poner a nuestra Constitución en una vanguardia respecto de concebir nuevos criterios que a todas luces han empezado a quedar rebasados, sobre todo, respecto de quienes por alguna situación que está establecida en la Constitución, en su artículo 38, tienen una limitación para el ejercicio de estos derechos que yo he mencionado.

De tal forma que es importante que deroguemos las fracciones I, II y IV de nuestra Constitución en su artículo 38 que refiere a los derechos o prerrogativas de ciudadanos, y que en este caso tendrían que suspenderse.

¿Cuáles son?

La Constitución establece que hay algunas situaciones que desobligarían, impedirían el pleno uso de derechos. Me parece muy relevante que tomemos revisión de conceptos, por ejemplo, el de vagancia, el de impedimento de personas que se encuentran en una situación de alcoholismo, y que en base a una situación de este tipo se impide que puedan ejercer plenamente sus derechos, inclusive los derechos ciudadanos a votar y ser votados.

De tal forma que pongo a consideración esta reforma del artículo 38 de nuestra Constitución, para que vaya más acorde con el proceso que hemos, poco a poco, gradualmente, ido avanzando en nuestra Constitución, sobre todo, el reconocimiento de que no se vean afectados muchos de los derechos que están concebidos como derechos humanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 38 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en l artículo 35 de la Constitución Federal, son prerrogativas de los ciudadanos, las siguientes:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Estas prerrogativas son los denominados “derechos políticos de laso y los ciudadanos”. Sin embargo, no todos los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos están prescritos en el citado artículo 35 constitucional. Es necesario hacer una lectura integral de la Constitución federal y de los ordenamientos de origen internacional que, conforme al artículo 133 constitucional, forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión en esta materia. Conforme con esa lectura integral se puede obtener, de manera enunciativa, que los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos son:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos1;

b) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a la funciones públicas, es decir, ser nombrado para cualquier empleo o comisión (distintos a los cargos de elección), teniendo las calidades que establezca la ley2;

c) Expresarse libremente y contar con el derecho de información3;
d) Reunirse para tomar parte en los asuntos políticos4;

e) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país5;

f) Formar partidos políticos y afiliarse a los mismos de manera libre, individual y pacífica6;

g) Ejercer el derecho de petición en materia política7;

h) Votar en elecciones populares8;

i) Ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley9;
El Constituyente de 1917 consideró que hubieran diversas causales por las cuales se suspendieran los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos. Estas causales se encuentran descritas en el artículo 38 de la Constitución Federal, uno de los pocos artículos que no han sido modificados desde la publicación de nuestra Carta Magna.

El texto original, aun vigente, estipula que los derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos se suspenderán en los siguientes supuestos:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

Además establece que la ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

A. Suspensión  de derechos.

En primer lugar, desde una perspectiva formal, la suspensión es una operación jurídico-constitucional conforme a la cual un acto normativo expreso de quien está constitucionalmente habilitado para decidir en las situaciones de excepción deja sin efecto parcial o totalmente la obligatoriedad jurídica de permitir o garantizar el ejercicio un derecho.

Desde una perspectiva material, por su parte, la suspensión sería el efecto jurídico que produciría el acto de quien, habilitado constitucionalmente para decidir en determinadas situaciones, limita el ejercicio de algunos derechos.

En este sentido, la suspensión a la que aduce el referido artículo 38 consiste en la pérdida temporal de la potestad de ejercer ciertos derechos, y por tanto la imposibilidad temporal de hacer efectivos o exigir dichos derechos.

B. Suspensión por incumplimiento de obligaciones ciudadanas.

En el caso de la fracción I del artículo 38, se refiere a esta suspensión temporal por el incumplimiento de las obligaciones de las y los ciudadanos, establecidas en el artículo 36 de la Constitución, mismas que se transcriben a continuación:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

II. Alistarse en la Guardia Nacional;
III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

a) Inscripción en el Catastro y en el Registro Nacional de los Ciudadanos.

La Fracción I del mismo artículo establece la inscripción del ciudadano o ciudadana en el Catastro de la municipalidad en dónde viva, manifestando la propiedad que éste o ésta tenga, por lo que el primer deber ciudadano que nos impone la Constitución tiene que ver con la regulación de la propiedad privada.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano es el propietario original del territorio; sin embargo, tiene la facultad de transmitir el dominio de éste a los particulares, constituyendo así la propiedad privada (artículo 27).

Al ser el territorio uno de los elementos fundamentales del Estado, es a éste a quien le corresponde su protección. Es decir, es el Estado mexicano quien debe garantizar los derechos adquiridos sobre la propiedad privada, así como establecer las instituciones que se encarguen de salvaguardar estos derechos. Para ello, y a fin de determinar las competencias dentro de los diferentes órdenes de gobierno, la propia Constitución establece que los bienes inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación (artículo 121, fracción II); esto es, por leyes estatales, lo que se refuerza por el Código Civil Federal, donde también se establece que el derecho sobre bienes inmuebles se regirá por el lugar de su ubicación (artículo 13, fracción II). De esta forma, son las entidades federativas mexicanas las que regulan la propiedad de los bienes inmuebles en México.

El citado Código Civil Federal señala que los bienes que son propiedad de los particulares no podrán ser aprovechados por terceros sin que exista consentimiento del dueño o alguna autorización de la ley (artículo 772).

Por ello, a fin de que el Estado pueda garantizar la protección de los derechos de propiedad adquiridos sobre un bien, éstos tienen que ser registrados ante la autoridad correspondiente, con lo que quedan validados y tienen efectos jurídicos contra terceros. En ese sentido, el mismo Código establece la presunción de que el titular de una inscripción de dominio o de posesión tiene la posesión del inmueble inscrito (artículo 3010). Como consecuencia, son las entidades federativas mexicanas la que crean las oficinas del Registro de la Propiedad Privada, como instituciones encargadas de proteger los derechos que se tienen sobre un bien inmueble.

Por lo que respecta a la actividad catastral, como ya hemos mencionado, nuestra Carta Magna establece como parte de las obligaciones de los ciudadanos de la República Mexicana el inscribirse en el Catastro de la municipalidad. De esta manera, se desprende que la actividad catastral es una función que corresponde a los municipios.

El Catastro es un sistema de información territorial, que contiene los datos técnicos y administrativos de descripción de los bienes inmuebles del país, como la extensión, el valor y la propiedad. Con base en esta información se realizan diversas acciones de tipo socioeconómico, geográfico, urbanístico, estadístico, histórico, legal y fiscal.

Las funciones catastrales están a cargo de los ayuntamientos. Las funciones más comunes de estas oficinas son las relacionadas con la identificación, localización, descripción, deslinde, registro, cartografía, valuación y actualización de los valores catastrales de los inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción territorial del municipio; es decir, la descripción de la propiedad inmobiliaria. Los servicios más solicitados a estas oficinas son la medición de terrenos y la consulta de información. En este sentido el Catastro se erige como un garante de la seguridad jurídica de los derechos de los gobernados, por lo que si alguna persona decide no hacer uso de los servicios del Catastro para registrar su propiedad, en sí mismo corre un riesgo al no poder oponer contra terceros la manifestación de su propiedad.

Por otra parte, La Ley General de Población establece en su artículo 88 que “el Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta ley y su reglamento”. El mismo ordenamiento en su artículo 98 indica que “los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de

Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana” (CURP).  Para obtener el Registro es necesario presentar la solicitud de inscripción correspondiente y entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

En este sentido, se observa a todas luces discriminatorio que, por no contar con la Cédula de Identidad a una ciudadana o ciudadano le sean suspendidos sus derechos políticos, máxime cuando las personas que no cuentan con documentos son quienes sufren ya, por ese mismo hecho, una discriminación múltiple.

b) Obligación de alistarse a la Guardia Nacional.

La segunda fracción del mismo artículo establece como obligación de los ciudadanos alistarse a la Guardia Nacional, sin embargo, dicha institución no existe más que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 10; 31; 36; 73, fracción XV; 76, fracción IV; 78, fracción I; y 89, fracción VII) y en la Ley del Servicio Militar (artículos 5o. y 6o.).

En este sentido, no puede entenderse que las menciones hechas en la Carta Magna a la Guardia Nacional se  refieran al Servicio Militar Nacional, siendo estas dos instituciones de carácter diferente, la primera civil y la segunda militar.

c) Votar en las elecciones y las consultas populares.

El voto es un derecho que tienen los ciudadanos a quien la norma jurídica les otorga capacidad de elección, acto que ayuda a fortalecer la relación entre representantes y representados.

A mediados del siglo XX, debido a la renovación del régimen político el sistema social y económico en los países de América Latina, en particular en México, se establece el voto obligatorio con la finalidad de agilizar y garantizar el proceso de democratización del país, en esos tiempos el ambiente era propicio para aceptar la obligatoriedad del voto.

En la actualidad en América Latina, algunos países establecen en sus ordenamientos jurídicos el voto como una obligación, y el no ejercicio del mismo implica sanciones administrativa, y en la mayoría de los casos multas, tal es el caso de países como; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.

En países como Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, los ordenamientos establecen el voto exclusivamente como un derecho y los ciudadanos eligen ejercer tal derecho o abstenerse del sufragio.

Sin embargo en países como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, el voto es obligatorio según la normatividad establecida pero el abstencionismo no implica sanción alguna.

En el caso de México, podemos afirmar que existen dos contradicciones entre los artículos 35 y 36 de la Constitución mexicana: una con respecto al voto activo como derecho y obligación simultánea y otra referente al voto pasivo como derecho y obligación.

Fix Fierro10 define el voto activo como la “facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad a favor de los candidatos a ocupar cargos de elección popular de todo tipo”. Esto se encuentra contenido dentro de los artículos constitucionales antes mencionados y presenta el problema de que las dos características que se le atribuyen son contradictorias.

Un derecho, en este caso subjetivo, es definido por García Máynez11 como la facultad que tiene una persona de exigirle el cumplimiento de una obligación a otra, en virtud de una norma jurídica.

En este caso, un ciudadano puede exigirle al Estado que no realice actos que obstaculicen su derecho, también tiene el derecho a pedirle al Estado que restituya ese derecho cuando estima que ha sido violado.

La obligación se entiende como “…situación por virtud de la cual una persona llamada deudor se encuentra comprometida a hacer u omitir algo respecto de otra llamada acreedor”12.

El Constituyente al llevar a cabo la redacción del texto constitucional, equivocó el concepto de obligación y deber. Este último concepto se conceptualiza ampliamente como “…situación jurídica constituida por la exigencia de observar una determinada conducta”13.

Relacionando el concepto anterior, la exigencia de observancia la impone la Constitución, y la conducta en cuestión es el llevar a cabo el sufragio.

Un derecho debe tener un medio para hacerse efectivo y una obligación debe poseer una sanción para que pueda tener un efecto sobre la conducta humana. Sin embargo, en el caso del voto activo hay un derecho a votar, pero también la obligación de votar y una sanción por no votar.

La problemática se suscita con respecto al ejercicio del derecho. Éste no es obligatorio y el ciudadano en este caso, puede optar entre hacer uso uno del mismo. Sin embargo, si existe una sanción por no ejercer un derecho, entonces no se tiene.

El derecho al voto es uno de los más importantes dentro del catálogo de derechos de cualquier Constitución y si se sanciona el no ejercer este derecho, se encuentra uno ante la privación efectiva del mismo, lo cual es propio de Estados antidemocráticos.

Ahora bien, como tanto el derecho como la obligación de votar se encuentran dentro del sistema constitucional mexicano, aplica el principio de igualdad de dispositivos constitucionales, el cual establece que no existen jerarquías dentro de los artículos constitucionales, por lo que si un artículo contraviene a otro, se debe de tomar como una excepción a la regla. Sin embargo, este principio tiene una excepción, la cual consiste en que esa excepción debe tener congruencia, es decir, debe seguir una relación lógica. El aspecto de obligación del voto activo no constituye una excepciónal voto activo como derecho porque no resulta congruente, debido a que nulifica la efectividad del derecho en comento.

Además, si bien en México la sanción por no ejercer el derecho al voto está establecida en el artículo 38 de la Constitución Federal, no hay procedimiento alguno establecido para llevar a cabo dicha sanción, por lo que en los hechos, es letra muerta.

d) Desempeñar cargos de elección popular.

El voto pasivo debe entenderse como la capacidad de ser elegido para un cargo de elección popular, de acuerdo a los requisitos que fijen la Constitución y las leyes electorales14.

El voto pasivo dentro del orden constitucional mexicano tiene el doble carácter antes aludido. El derecho a postularse a un puesto de elección popular, pero también la obligación de no negarse a servir en el mismo en caso de ser electo. Sin embargo, sólo se puede elegir a alguien si se postula para el puesto en cuestión, a contrario sensu se entiende que no se puede elegir a alguien para un puesto en contra de su voluntad, ya que se violentaría la libertad que se tiene respecto del ejercicio de este derecho.

Sin embargo, el funcionario electo tiene la obligación de permanecer dentro del puesto al que fue asignado y salvo razones de fuerza mayor, no puede desprenderse de su encargo. Salvo la excepción en comento, el voto pasivo es casi incompatible con su conceptualización de obligación.

En este sentido, un cargo de elección popular es irrenunciable, y si esto es así, no es dable sancionar una renuncia que no puede darse.

e) Desempeñar los cargos concejiles, funciones electorales y jurado.

En este caso, la fracción V del referido artículo 36 establece como obligación de las y los ciudadanos mexicanos desempeñar el cargo de miembro del Concejo Municipal, además de aquellos que los institutos electorales soliciten la participación ciudadana.

C. Suspensión por estar sujeto a un proceso criminal.

Los principios básicos de nuestro sistema constitucional y los conceptos “persona” y “proceso” permiten reconocer al Estado la función jurisdiccional, exclusivamente, para la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto, atribución más rigurosa en el ámbito penal, ya que esa determinación permitirá saber si hay delito y quién es el responsable.

Es por demás explorado que el objeto del proceso penal lo constituyen las acciones u omisiones humanas previstas y sancionadas en la norma penal, cuya actualización permite someter a juicio a quien se señala como responsable de ellas, existiendo la duda si es o no responsable del hecho que se le imputa, lo que en su caso el proceso debe despejar; en tanto esto no acontece, se presume que es inocente.

¿Por qué habría de ser objeto del juicio la inocencia? ¿No estamos de acuerdo en que el sistema penal es esencialmente un sistema de definición y averiguación de lo punible? Con relación al concepto la presunción de inocencia, es el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo constitucionalmente válidas, y que no agota, por tanto, su virtualidad, en el mandato de in dubio, pro reo. Para otros, es una presunción iuris tantum que puede desvirtuarse con mínima actividad probatoria, producida con todas las garantías procesales, que puede entenderse de cargo, y de la cual pueda deducirse la culpabilidad del acusado.

Independientemente de su concepto, se afirma que este principio es un derecho fundamental para la adecuada práctica del derecho penal y su ejecución.

La presunción de inocencia comprende el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no confesarse culpable, el principio de aceleración del proceso, el principio de legalidad, entre otros derechos materialmente insertos en un concepto del racional y justo procedimiento, que deben considerarse también para definir los postulados básicos del mismo.

A partir de la reforma constitucional en materia penal de 2008, la presunción de inocencia se tiene expresamente garantizada en nuestra Carta Magna, al respecto se cita la Tesis Aislada 1a. I/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2917, del tercer tomo, del libro IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, enero de 2012, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

PRESUNCION DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTA CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE JUNIO DE 2008.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCION FEDERAL.", en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: "De los derechos de toda persona imputada", que en su fracción I, establece: "I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".

Es así como el Poder Judicial se ha manifestado en el sentido de que toda persona a quien se le impute una conducta tipificada como delito en las leyes penales, pero que no cuente con una sentencia condenatoria, sea tratado como inocente mientras dure su proceso. De tal forma se ha expresado la Primera Sala en Tesis Aislada de la 10a. Época que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX de Abril de 2013 en su Tomo 1, Pág. 968, que a la letra dice:

PRESUNCION DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL.

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.

De manera que, por ejemplo, suspender el derecho de petición (art. 35, fracc. V) de una persona que se encuentra sujeta a un proceso de orden criminal cuya pena es de privación de libertad, le pone indudablemente en una situación de desventaja frente a quien le acusa.
D. Suspensión por vagancia o ebriedad consuetudinaria.

La suspensión de derechos ciudadanos por vagancia o ebriedad consuetudinaria resulta, por decir lo menos, ineficaz, además de discriminatoria. Existe la dificultad de configurar la condición de “vago” a partir de que esta quedó suprimida del Código Penal mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1991. En esa misma fecha se derogó la figura de ebrio consuetudinario o habitual que se consideraba como uno de los “malos antecedentes”, por lo que la embriaguez habitual dejó de ser considerada una conducta ilícita.

Es importante actualizar nuestro marco legal y mucho trascendente es que nuestra Carta Magna no se convierta en letra muerta.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Senado de la República:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 38 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO ÚNICO.- Se derogan las fracciones I, II y IV  y se reforma el último párrafo, todos del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Se deroga;

II. Se deroga;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Se deroga;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la reinserción.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".

1 Artículo 25 del PIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos […]”; Artículo 23 de la CIDH: “Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos […]”.

2 Artículo 35 de la CPEUM: “Son prerrogativas del ciudadano: […] II. Poder ser […] nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley […]”; Artículo 25 del PIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: […] c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”; Artículo 23 de la CIDH: “Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: […] c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

3 Artículo 6 de la CPEUM; Artículo 19 del PIDCP: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”; Artículo 13 de la CIDH: “Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

4 Artículo 9º de la CPEUM: “No se podrá coartar el derecho de […] reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”; Artículo 21 del PIDCP: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”; Artículo 15 de la CIDH: “Derecho de Reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

5 Artículo 9º de la CPEUM: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”; Artículo 22 del PIDCP: “1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de laseguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía”; Artículo 16 de la CIDH: “Libertad de Asociación. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”.

6 Artículo 41 de la CPEUM: “Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos”; Artículo 99 de la CPEUM: “Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: […] V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes […]”.

7 Artículo 8º de la CPEUM: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”; así como Artículo 35 de la misma CPEUM: “Son prerrogativas del ciudadano: […] V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”.

8 Artículo 35 de la CPEUM: “Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares […]”; Artículo 36 de la CPEUM: “Son obligaciones del ciudadano de la República: […] III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley […]”; Artículo 25 del PIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: […] b) Votar y […] en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores […]”; Artículo 23 de la CIDH: “Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: […] b) de votar […] en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores […] 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal”.

9 Artículo 35 de la CPEUM: “Son prerrogativas del ciudadano: […] II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley […]”; Artículo 36 de la CPEUM: “Son obligaciones del ciudadano de la República: […] IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y V. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las
de jurado”; Artículo 25 del PEIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: […] b) […] ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores […]”; Artículo 23 de la CIDH: “Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: […] b)
[…] ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores […] 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

10 Fix-Fierro, Héctor. Los derechos políticos de los mexicanos. México DF, UNAM, 2006, p. 44.

11 García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. 53ª ed., México, Porrúa, 2002, p. 36.

12 Couture, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. 3a ed., Buenos Aires, Iztaccíhuatl, 2004.

13 Ídem.

14 Fix, p. 56.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se recibió de la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera.

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA

(Presentada por la C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI)







 

Tiene ahora la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención del suicidio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL Y PREVENCION DEL SUICIDIO

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El pasado 6 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Desde el año pasado estamos insistiendo con las prácticas preventivas en todos los órganos de gobierno y en los estados de nuestra República.

Es por eso que el día de hoy, a un año de haber presentado exhortos a los estados, presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, para que en el ámbito de la competencia del poder federal de la Secretaría de Salud y las entidades federativas, remitan un informe detallado sobre las tasas o índices de personas que mueren por suicidio, así como de las políticas públicas y medidas preventivas implementadas que han adoptado los organismos encargados de la elaboración y aplicación de las políticas públicas de prevención para reducir el alto índice de suicidios en el país, así como de los programas que atienden y preveen esta causa de muerte, y los resultados obtenidos.

En razón de lo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, así como de las entidades federativas de Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y el Distrito Federal dieron respuesta puntual al Acuerdo en comento, y sus acciones que están realizando en materia de suicidio, así como las medidas preventivas.

Si bien es cierto que existen otros factores que podrían ser causa de conductas suicidas como lo son el desempleo, el fácil acceso a las drogas, el alcohol, las armas, la marginación, etcétera, también lo es que, pese a los escasos estudios en materia de suicidio, se ha determinado que el factor de riesgo determinante se encuentra en la salud mental. Es por ello que se requiere tanto la prevención general, consistente en medidas de apoyo o sostén psicológico, social, institucional que contribuya a otorgar a los pacientes mejores condiciones que les permita afrontar eventos traumáticos; como de prevención indirecta, que se refiere al conjunto de medidas encaminadas a tratar los trastornos mentales y del comportamiento, las enfermedades físicas que conllevan al suicidio, las situaciones de crisis, la reducción del acceso a los métodos mediante los cuales las personas se pueden autolesionar, etcétera, y por último la prevención directa que contempla soluciones no autodestructivas.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial para la Salud, cada día, en promedio, casi tres mil personas ponen fin a su vida y al menos 20 personas intentan suicidarse, por cada una que lo consigue, se afirma por dicha organización que los trastornos mentales, especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, son un importante factor de riesgo en el suicidio en Europa y en América del Norte, así como los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva. Reconoce que el suicidio es un problema complejo en el que intervienen factores sociales, biológicos, culturales y ambientales.

Las medidas que se adopten deben recaer, principalmente, en la implementación de políticas públicas en un efectivo financiamiento en el ramo de salud, teniendo que valorar los recursos desde la hacienda pública, de forma tal que gradualmente se incremente el presupuesto al sistema de salud mental.

Es por ello que la presente iniciativa, atendiendo la situación de las entidades federativas, a las recomendaciones de la OMS y a los resultados de la Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS, tiene el objetivo de reformar la Ley General de Salud para ahondar en materia de protección y prevención del suicidio de la perspectiva de salud mental, estableciendo objetivos específicos dentro del sistema nacional de salud.

Es para ello que reformamos el artículo 74 de la Ley General de Salud, así como involucrar a aquellos que padecen un trastorno mental para que suscriban un compromiso de vida y se adicionen los artículos 6, 17 y 73 de la misma ley, a efecto de que las autoridades sanitarias cuenten con las facultades de impulsar la participación y coordinación de la sociedad civil con las instituciones públicas y privadas para la atención de los temas considerados como prioritarios en el suicidio.

Promover cursos y capacitaciones para estudiantes de las carreras relacionadas con la medicina y psicología, personal del sector salud del país, en materia de salud mental y prevención de conductas suicidas.

Opinar sobre los contenidos de los programas de televisión y noticias sensacionalistas en materia de salud mental, principalmente en aquellos relacionados con el suicidio.

Promover la capacitación en las unidades médicas y centros de salud para la atención en el primer nivel y conductas suicidas.

Agradezco a mis compañeras del grupo parlamentario, del Revolucionario Institucional, Ivonne Alvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores, Rocío Pineda Gochi y Mely Romero, quienes me acompañan en la presente iniciativa.

Señora Presidenta, solicito que la presente iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"Las que suscribimos, Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD MENTAL Y PREVENCION DEL SUICIDIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con fecha 11 de septiembre 2012, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, mediante la cual el Senado de la República exhortó respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Salud y a las entidades federativas y del Distrito Federal, para que, en el ámbito de su competencia, remitieran un informe detallado sobre las tasas o índices de personas que mueren por suicidio, así como de las políticas públicas y medidas preventivas implementadas que han adoptado, los organismos encargados de la elaboración y aplicación de las políticas públicas de prevención para reducir el alto índice de suicidios en el país, así como de los programas que atienden y prevén esta causa de muerte, y los resultados obtenidos.

Sólo para el caso de que los gobiernos Estatales y Municipales del país que no contaran con programas asistenciales y de salud pública en materia de bienestar social para atender las causas subyacentes del suicidio, se exhortó para que en lo inmediato elaboren programas, e implementen acciones o medidas para prevenir el índice de muertes provocadas por el suicidio, ateniendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Dicha proposición se turnó a la Comisión de Salud, misma que presentó el proyecto de dictamen ante el Pleno del Senado de la República el día 22 de noviembre de 2012, el cual se aprobó en votación económica y consecuentemente, la Mesa Directiva dio el trámite correspondiente a efecto de que tanto la Secretaría de Salud, así como las entidades federativas efectuaran la contestación correspondiente.

En razón de lo anterior, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, así como las entidades federativas de Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Distrito Federal dieron respuesta al acuerdo en comento.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el suicidio es un fenómeno grave de salud pública que involucra factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. Ante el crecimiento de la tasa de muertes a causa del suicidio, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se puso en marcha el Programa de Atención en Salud Mental, para establecer una vigilancia epidemiológica y las investigaciones adecuadas para el conocimiento del problema y con ello mejorar las posibilidades de prevención. Así mismo, los Servicios de Atención Psiquiátrica establecieron unidades donde se atiende a personas que tienen conductas del espectro suicida y trastornos relacionados, organizándose diversas actividades de difusión en medios de comunicación, así como la edición de un Boletín de Atención Psiquiátrica.

El estado de Colima, detalló que la entidad registra el menor número de casos en adultos pero tiene una tasa muy alta en personas entre los 15 y 19 años. Así mismo, se hizo del conocimiento que las causa de los suicidios se encuentra altamente relacionada con problemas de salud mental, por ello la Secretaría de Salud y Bienestar Social de dicho estado, lleva a cabo un Programa de Prevención del Suicidio, como parte del Plan Estatal de Desarrollo (2009-2015) a través del cumplimiento de dos metas fundamentales en el área de salud mental:

1) El registro epidemiológico de los trastornos mentales más comunes en las tres jurisdicciones de la entidad.

2) La capacitación en salud mental del 80% del personal de medicina, enfermería, psicología y trabajo social para detección, diagnóstico y tratamiento oportunos de los problemas psico-sociales y los trastornos mentales que más frecuentemente se asocian con el comportamiento suicida.

Paralelamente, se está llevando a cabo un programa de colaboración con el DIF de Colima, específicamente con el Subcomité COMPARTE, de capacitación de su personal para la prevención del suicidio en niños y adolescentes.

Durango cuenta con el Programa Estatal de Prevención de Suicidio “VIDA”, mismo que se inauguró el 10 de septiembre de 2008, tiene por objeto coadyuvar a la disminución del comportamiento suicida en la entidad federativa a través de la detección de casos de riesgo, así como de campañas de promoción de salud mental; debido a ello la tasa de suicidio en Durango ha disminuido. Se afirma que el mayor porcentaje de suicidios sucede consistentemente en personas menores de 34 años. Concretamente 2008 (72.9%), 2009 (53.1%), 2010 (61.2%), 2011 (58.7%) y 2012 (46.75%). Aún quedan pendientes en el programa en virtud de que carece de presupuesto y por lo tanto de recursos humanos para su funcionamiento, el cual es limitado.

Por cuanto al estado de Guanajuato, se informó que el fenómeno del suicidio presenta peculiaridades que lo hacen digno de una mayor atención. Por una parte cada vez es más frecuente que se suiciden sujetos menores de edad y mujeres que se suicidan, usando más frecuente de armas de fuego. A inicios de 2013, se registraron 224 personas que se han quitado la vida, de acuerdo con cifras preliminares de la Procuraduría de Justicia del Estado. Para ello se implementó una línea de atención telefónica para prevenir el suicidio, de la Secretaría de Salud, en donde se recibieron, al comenzar este año, 18 mil 500 llamadas y 653 casos ya están en tratamiento psicológico. Se precisa que el Gobierno de Guanajuato, asume su compromiso para disminuir el suicidio en la entidad. Aunado a ello, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informa que desde el año 2007 en dicha entidad se cuenta con un Programa de Prevención y Atención a la Conducta Suicida, cuyo objetivo es contribuir en la disminución de la incidencia y la frecuencia del acto suicida en el Estado de Guanajuato a través de acciones de prevención, detección oportuna, atención especializada, vigilancia epidemiológica e investigación. Así mismo, se aprueba presupuesto por parte del Congreso del estado para la Dirección de Área de Salud Mental, a partir de la cual queda instaurado el Consejo Estatal de Salud Mental. La Comisión de Prevención y Atención al Comportamiento Suicida del referido consejo tiene a su cargo cuatro proyectos para erradicar esta conducta y que se encuentran en apego al programa.

En los estados de Guerrero y Tlaxcala solo se tomó debida nota del planteamiento contenido en el punto de Acuerdo, referido en líneas anteriores. Situación diferente a la de Jalisco, entidad que informa que el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud desde el año 2002 se da a la tarea de integrar a instituciones de diferentes ámbitos para trabajar de manera conjunta, con la intención de contener, atender y derivar a personas con conductas suicidas, además de investigar el fenómeno del suicidio para su correcta y oportuna atención. El 10 de octubre de 2003 se firmó el acta de intención de la Red Interinstitucional para la Prevención del Suicidio en el Estado de Jalisco, en respuesta a la problemática de salud pública que representa el suicidio, consolidando la integración formal de la estructura que permitirá cumplir con el objetivo estratégico de establecer una coordinación sistematizada y oportuna de las distintas instituciones y organizaciones que contribuyan a afrontar a este problema de salud, de tal forma que a partir de 2003 se trabaja a través de 5 subcomisiones y 2 áreas de apoyo. En el año 2010 se inicia la organización de las Redes Regionales para la Prevención del Suicidio al Interior del Estado que trabajan bajo los mismos estándares de la Red, la cual ofrece capacitación, conferencias, talleres, entrevistas en medios de comunicación sobre temas relacionados a la prevención del suicidio, los primeros auxilios psicológicos, sobre el Manual Operativo para Abordaje de urgencias-rescate de casos inminentes de suicidio, sistema de comando de incidencias, estrés, depresión en línea de vida, ansiedad, entre otros, así mismo realiza 4 campañas al año y genera diversos trabajos en relación con el tema, tales como, compendios, manuales, investigaciones, registros, artículos, videos y materiales didácticos. Se resaltan las actividades de promoción y prevención en Salud Mental. De igual manera se realizan trabajos a través de la Red Estatal de Salud Mental con la participación activa de 2 Centros de Atención Integral en Salud Mental y 7 Centros Integrales de Salud Mental, quedando pendiente la construcción de otros dos centros.

En este sentido, el Gobierno de Nuevo León expresa que el problema del suicidio y sus consecuencias, ha estado incluido dentro de los padecimientos que se atienden permanentemente, lo que ha permitido constatar su complejidad; por ello tanto el estudio, como la investigación y sobretodo la vigilancia epidemiológica del suicidio son verdaderamente difíciles y plenos de complicaciones. Así mismo, se indica que a partir del año 2005, se fortaleció el Programa de Atención a Conductas Autodestructivas, en sus componentes de recopilación de información y atención a las familias y comunidades de las personas fallecidas, lo que ha permitido conocer el comportamiento del fenómeno a través del tiempo y mejorar la calidad de atención a la comunidad.

Por otro lado los Servicios de Salud de Oaxaca, cuenta con un plan de intervención específico, en el que se contemplan acciones preventivas como la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se realizan actividades de prevención y promoción a la Salud en este rubro, como el reparto de trípticos, pláticas a instituciones, instalación de módulos de atención en Ferias de salud. En este mismo sentido se encuentra el estado de Querétaro en donde la Dirección de Prevención del Delito y Asistencia a la Víctima, durante el año 2011 participó en reuniones interinstitucionales, con el objetivo de implementar el Modelo de Intervención Oportuna en Situaciones de Riesgo, para prevenir, atender y rehabilitar las conductas de riesgo, en la localidad de origen indígena denominada Chitejé de Garabato, en el Municipio de Amealco. En virtud de que se ha observado que en los últimos años se muestran cambios importantes, ya que se presenta un ascenso grave en la tasa de muerte por suicidio, por esta razón la entidad federativa se ha iniciado a resolver el problema, por parte de los Servicios de Salud a través del Centro Estatal de Salud Mental, instalando un Comité para la Prevención del Suicidio, aunado a que la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia lleva un registro relativo a muertes por suicidio en la entidad federativa.

A partir del año 2010, los Servicios de Salud de San Luis Potosí han implementado una serie de estrategias para la prevención y atención del problema, así como la conformación del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Suicidio. Dicho estado ha sido pionero en la realización de acciones preventivas del suicidio, derivado de la falta de políticas públicas federales, dirigidas al tema.

Finalmente, debido al incremento en la tasa de suicidios, la Secretaría de Salud del Distrito Federal ha implementado acciones encaminadas a prevenir el suicidio y atender a quienes presentan trastornos de ansiedad y depresión; servicios que proporciona en los centros de salud y hospitales, con el apoyo del personal médico capacitado en materia de salud mental; también se brinda orientación telefónica a personas con ideas suicidas, a través de personal adscrito a la Dirección de medicina a distancia de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

De las 32 entidades federativas, únicamente se conoce la situación de 11, así como las políticas públicas que el ejecutivo federal ha venido desarrollando en torno al tema del suicidio y la forma en que puede evitarse. Como puede observarse en la mayoría de los estados la reacción referente al incremento en la tasa de muertes por suicidio recae en la realización de actividades preventivas, entre ellas destacan las campañas informativas con carácter preventivo, sin embargo, su alcance es limitado al encontrarnos con padecimientos mentales o trastornos derivados de las adicciones a sustancias nocivas como lo son las drogas y el alcohol, en ambos casos, se requiere de atención especializada, que coadyuve a reducir las actitudes negativas hacia la enfermedad mental, fomentando la educación a la población general sobre síntomas, signos y tratamientos de las enfermedades mentales, asumiendo que el suicidio hoy en día es un problema de salud pública que se encuentra íntimamente vinculado con la salud mental y que por ende es menester favorecer el acceso a los recursos terapéuticos para mejorar el bienestar de la población y sobre todo de las familias, quienes son las que indirectamente reciben el daño por algún familiar que comete suicidio.

Si bien es cierto que existen otros factores que podrían ser causa de conductas suicidas como lo son el desempleo, el fácil acceso a las drogas, el alcohol, las armas, la marginación, etcétera, también lo es que, pese a los escasos estudios en materia de suicidio, se ha determinado que el factor de riesgo determinante se encuentra en la salud mental. Es por ello que se requiere tanto de prevención general, consistente en medidas de apoyo o sostén psicológico, social, institucional que contribuya a otorgar a los pacientes mejores condiciones que les permitan afrontar eventos traumáticos; como de prevención indirecta, que se refiere al conjunto de medidas encaminadas a tratar los trastornos mentales y del comportamiento, las enfermedades físicas que conllevan al suicidio, las situaciones de crisis, la reducción del acceso a los métodos mediante los cuales las personas se pueden autolesionar, etcétera y por último la prevención directa que contempla soluciones no autodestructivas.1

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue, se afirma por dicha organización que los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte, así como en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva. Reconoce que el suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. No obstante ello, siguiendo los análisis de la OMS, la prevención del suicidio ha representado una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello, lo que requiere la intervención de sectores distintos del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación.

Desde la perspectiva que se aborda la presente iniciativa, referente a la prevención del suicidio mediante la eliminación del riesgo primario que recae en la salud mental, es necesario hacer referencia a las condiciones del sistema de salud mental en nuestro país, para ello se mencionan aquí algunos resultados del Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS, implementado en México entre los años de 2009 y 2010, a efecto de contar con un conocimiento amplio de la estructura y la distribución de los recursos de atención en materia de salud mental. De conformidad con los datos del diagnóstico, uno de cada cuatro mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que padecen reciben tratamiento; el tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo observado en la mayoría de los países de América Latina.2

Aunado a lo anterior, los resultados de la referida evaluación indican que del total del presupuesto asignado a la salud apenas el 2% se destina a la salud mental y de este mínimo porcentaje el 80% era destinado al funcionamiento de los hospitales psiquiátricos, que son insuficientes al igual que las unidades de hospitalización psiquiátrica en hospitales generales y establecimientos para atender a los pacientes mexicanos, especialmente niños y adolescentes, además de que el acceso a los hospitales referidos se encuentra limitado por la centralización del sistema de atención, ya que se ubican en las grandes ciudades. Este panorama lo complementa el escaso número de especialistas y poca capacitación en los primeros niveles de atención, así como el incremento de la participación de la sociedad.

El problema recae en la falta de recursos financieros y de políticas públicas transversales en materia de salud para atender la prevención del suicidio, las propuestas que recayeron a la multicitada evaluación, sugieren reestructurar la distribución del presupuesto para aumentar paulatinamente el gasto en salud y en salud mental; ubicar los servicios de atención primaria como ejes articuladores de la atención en salud mental, a través del fortalecimiento de programas de salud mental en el primer nivel de atención mediante la adecuada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, transformando a los hospitales psiquiátricos en unidades de atención especializada con las camas necesarias para atender exclusivamente a las personas que requieran hospitalizaciones prolongadas, fortaleciendo la enseñanza de la salud mental en las escuelas de medicina y en las carreras de psicología, enfermería, trabajo social, entre otras, y mantener una capacitación continua en los primeros niveles de atención, incrementando          la participación de la sociedad civil. Con ello se atenderían diversos padecimientos mentales y consecuentemente se reducirían los riesgos del suicidio.

Las medidas que se adopten, deben recaer, principalmente en la implementación de políticas públicas y en un efectivo financiamiento en el ramo de salud, teniéndose que valorar los recursos desde la hacienda pública, de forma tal que gradualmente se incremente el presupuesto al sistema de salud mental sin que se desatiendan otros rubros que también son prioritarios y que deben contemplarse dentro del erario. Pero esto no implica que no se pueda avanzar en la prevención, desde otra perspectiva, a partir de la oportuna capacitación y entrenamiento de los profesionales que directa o indirectamente tienen contacto con personas con riesgo suicida, para que los puedan encaminar en forma inmediata y correcta a las instancias adecuadas de tratamiento o protección.

La OMS sugiere una multiplicidad de acciones para reducir el riesgo del comportamiento suicida, entre las que se encuentran, principalmente: 1) La disminución de los reportes de noticias sensacionalistas de los medios de difusión, 2) El incremento de la cooperación entre las diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas, 3) La capacitación y actualización en aspectos preventivos de la conducta suicida, 4) Mejorar el conocimiento del público acerca de la conducta suicida en los medios de comunicación, 5) Contar con un banco de datos, etcétera. Acciones que se pueden tomar en cuenta para dotar de mayores facultades a las autoridades sanitarias de nuestro país en materia de salud mental.

De acuerdo con la Ley General de Salud son autoridades sanitarias el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las facultades de la Secretaría de Salud, para la realización de encaminadas a contribuir a un desarrollo humano justo incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, ofreciendo oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana, dicho ordenamiento jurídico, le impone la obligación de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Por su parte, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, determinando las competencias federales y estatales en la materia. Bajo este tenor regula lo conducente al Sistema Nacional de Salud, entendido éste como el conjunto de dependencias y entidades, tanto federales como estatales de carácter público o privado para la protección de la salud; las atribuciones del Consejo de Salubridad General y de manera específica la actuación de la Secretaría de Salud.

Aunado a lo anterior, se contempla un capítulo referente a la salud mental y cómo debe ser atendida, sin embargo, se considera que se deben robustecer las acciones preventivas respecto a la misma, ya que se considera un tema prioritario por la propia Ley General de Salud, es por ello que la presente iniciativa, atendiendo a la situación de las entidades federativas, a las recomendaciones de la OMS y a los resultados de la Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS, tiene el objetivo de reformar la mencionada Ley General de Salud, para ahondar en materia de protección y prevención del suicidio desde la perspectiva de la salud mental, estableciendo objetivos específicos dentro del sistema nacional de salud, así como competencias claras al Consejo de Salubridad General en torno a la materia de la presente iniciativa e implementando medidas inmediatas de solución al problema del suicidio en México dentro del citado capítulo relativo a la salud mental.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 74, así como el párrafo primero del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, la valoración y tratamiento en el primer nivel en las unidades de atención de los centros de salud  y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos. En caso de que el trastorno no requiera internamiento, pero sea determinante para que la persona realice actos para privarse de la vida, deberán suscribir un compromiso de vida, obligándolo a participar en diversas actividades terapéuticas a cargo de las autoridades sanitarias.


SEGUNDO. Se adiciona la fracción III Bis. y VIII Bis. al artículo 6; una fracción VIII Bis al artículo 17 y VII Bis. al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6.

De la I a la III.

III Bis. Impulsar la participación y coordinación de la sociedad civil con las instituciones públicas y privadas para la atención de los temas considerados como prioritarios por esta ley.

De la IV a la VIII.

VIII Bis. Promover cursos y capacitaciones para estudiantes de las carreras relacionadas con la medicina y psicología, personal del sector salud en el país, en materia de salud mental y prevención de conductas suicidas.

Artículo 17.

De la I a la VIII

VIII. Bis. Opinar sobre los contenidos de los programas de televisión y noticias sensacionalistas en materia de salud mental, principalmente en aquellos asuntos relacionados con suicidios.

Artículo 73.

De la I a la VII.

VII Bis. La capacitación en las unidades médicas y centros de salud para la atención en el primer nivel y conductas suicidas.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la sede del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis".

1 Cfr. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Una Propuesta para la Prevención del Suicidio en México, Primera Edición. México, 2010. P. 23.

2 Cfr. Berenzon Gorn S, Saavedra Solano N, Medina-Mora Icaza ME, Aparicio Basaurí V, Galván Reyes J. Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿hacia dónde encaminar la atención? Rev. Panam Salud Pública. 2013;33(4):252-8.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con mucho gusto, Senadora Hernández Lecona.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presenta una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 1910 Y 1915 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta.

En los últimos cien años el hombre ha causado más daños al ambiente, a los recursos naturales y a los ecosistemas, que en toda la historia, a causa de la revolución industrial, científica y tecnológica; debido a esto, se comenzó a valorar el impacto que las actividades humanas causan a su entorno. En este tenor, el estudio de los daños ambientales requiere de una colaboración interdisciplinaria que valore el impacto de las actividades humanas en el ambiente y diseñe mecanismos de prevención y restitución al mismo.

Es evidente que la responsabilidad civil se ha convertido en los últimos años en una institución coadyuvante en la tutela del ambiente, no obstante requiere de un andamiaje jurídico especializado que responda a la importancia del bien jurídico tutelado, la naturaleza de las actividades causantes de los daños, las características propias de los daños ambientales, las circunstancias en los que éstos se suscitan y las situaciones de desventaja que puede guardar la víctima para con el causante del daño.

El contenido de la obligación de reparación o, en su caso, de prevención que debe asumir el responsable, consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costos a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras.

Los daños ambientales, son la pérdida o disminución de la vida o la salud de las personas y el requerimiento, menoscabo, o extinción de los ecosistemas o de su equilibrio. Estos daños y consecuencias pueden ser generados por muy diversas causas, y manifestarse o tangibilizarse varios años después, lo que dificulta establecer la relación causal entre la gente, el hecho, el daño y la víctima.

No se debe perder de vista que la responsabilidad civil por daños ambientales exige para su procedencia la presencia de una actividad humana generadora de un daño sobre bienes jurídicos tutelados, y un daño siempre personal del accionante. Los daños ambientales pueden presentarse de forma muy diversa, conjunta, separada, indistinta, irreversible, acumulativa, difusa y colectiva, afectando derechos particulares o colectivos, pero siempre deberá materializarse en una lesión al ambiente, a los recursos naturales o a los diferentes ecosistemas, siendo la víctima el hombre, y el daño puede ser individual, colectivo y difuso.

Aun cuando en México ya existe una Ley de Responsabilidad Ambiental, el derecho de las personas a establecer un juicio civil por reparación del daño, no choca ni sobreregula dicha ley, sino que la complementa.

Para dar lugar a una responsabilidad civil es indispensable vincular la actividad generadora del daño con el propio daño, a lo cual se le denomina nexo de causal, acreditado éste se pueden imputar al agente los daños producidos, el grado de culpa incurrido y la cuantía de la reparación del daño.

Toda persona que pretende ejercer una acción civil en contra de aquella que le produce un daño en su esfera jurídica e invita a la autoridad para que interceda por ella, lo hace aduciendo la vulneración de un derecho reconocido por el Estado, está transgresión del bien jurídico tutelado legitima a la víctima de un daño, en este caso un daño ambiental, y es cuando el órgano jurisdiccional debe dar inicio a un procedimiento judicial por responsabilidad civil ambiental en contra de la gente; en virtud de ello, el sujeto que sufrió el daño queda facultado para demandar la reparación de daño a aquel que lo ha causado.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ya da un paso muy importante, de hecho uno de sus principales aportes es que define la figura de daño ambiental, pero debemos precisar que la figura de responsabilidad civil no desaparece y en este caso estamos armonizando conceptos y actualizando una legislación civil con terminología ambiental que sirva para que se actúe también en esta materia, sin menoscabo de la materia ambiental específica.

La responsabilidad civil es un procedimiento jurídico utilizado por muchos años en México, pero dentro de la legislación civil no existe aún el precepto que envuelva al tema ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 del Código Civil Federal.

Proyecto de Decreto

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente, contra las buenas costumbres, el ambiente, los recursos naturales o los ecosistemas, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir en el reestablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible o en el pago de daños o perjuicios que equiparen al daño causado.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;  con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 1910 Y 1915 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos100 años el hombre ha causado más daños al ambiente, a los recursos naturales y a los ecosistemas, que en toda la historia a causa de la revolución industrial, científica y tecnológica; debido a esto, se comenzó avalorar el impacto que las actividades humanas causan a su entorno. En este tenor, el estudio de los daños ambientales requiere una colaboración interdisciplinaria que valore el impacto de las actividades humanas en el ambiente y diseñe mecanismos de prevención y restitución del mismo.

Desde 1980, muchas son las definiciones que se han dado a esta acepción, condensándose en que el ambiente se constituye por el medio natural y el medio cultural; el medio natural es el conjunto de elementos naturales bióticos y abióticos y el medio cultural, es el conjunto de elementos aportados por la actividad humana, las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, y el patrimonio cultural y arqueológico.

Si bien el medio ambiente no es un objeto estático sino dinámico, que muta constantemente por un sin fin de factores naturales, el hombre en muy poco tiempo ha incidido de manera perjudicial en su entorno, por lo que procurar un ambiente en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores para que no dañen el ambiente y al hombre mismo, se convierte en una premisa en esta concienciación del entorno.

El derecho, se clasifica en tres fases a las que se le ha dado en llamar derechos de primera, segunda, y tercera generación; la primera generación, conocida como los derechos de la libertad tiene como objeto lograr los derechos civiles y políticos de las personas; la segunda generación, es identificada como la de los derechos de la igualdad que persiguen derechos económicos y sociales para los individuos; y la tercera generación, caracterizada por los derechos de la solidaridad pretende combatir la pobreza, la desigualdad, la marginación social, las guerras, y el deterioro del ambiente. Estos derechos de tercera generación ven como sujeto de derecho a la humanidad en su conjunto, se caracterizan por la conciencia de la interdependencia mundial, la internacionalización de los derechos humanos y el deber de solidaridad hacia una ciudadanía cosmopolita; reconocen al ambiente y su cuidado como parte fundamental del presente y elemento indispensable para la viabilidad del futuro.

Es evidente que la Responsabilidad Civil se ha convertido en los últimos años en una institución coadyuvante en la tutela del ambiente, no obstante requiere un andamiaje jurídico especializado que responda a la importancia del bien jurídico tutelado, a la naturaleza de las actividades causantes de los daños, las características propias de los daños ambientales, las circunstancias en las que estos se suscitan y las situaciones de desventaja que puede guardar la víctima para con el causante del daño.

El contenido de la obligación de reparación o, en su caso, de prevención que debe asumir el responsable, consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costos a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Debiendo primar el valor medioambiental, cuyo objetivo no debe ser la obtención de dinero, sino una reparación prístina del entorno dañado, o en su defecto, una indemnización que financie actividades alternativas de reparación ambiental ante la afectación de intereses difusos.

Los daños ambientales, son la pérdida o disminución de la vida o la salud de las personas y el detrimento, menoscabo o extinción de los ecosistemas o su equilibrio; estos daños y sus consecuencias pueden ser generados por muy diversas causas, y manifestarse o tangibilizarse varios años después, lo que dificulta establecer la relación causal entre el agente, el hecho, el daño y la víctima.

No se debe perder de vista que la Responsabilidad Civil por daños ambientales exige para su procedencia la presencia de una actividad humana generadora de un daño sobre bienes jurídicos tutelados, y un daño cierto y personal del accionante. Los daños ambientales pueden presentarse de forma muy diversa, conjunta, separada, indistinta, irreversible, acumulativa, difusa, y colectiva, afectando derechos particulares o colectivos; pero siempre deberán materializarse en una lesión al ambiente, a los recursos naturales o a los diferentes ecosistemas, siendo la víctima el hombre, y el daño puede ser individual, colectivo o difuso; aun cuando en México ya exista una Ley de Responsabilidad Ambiental, el derecho de las personas a establecer un juicio civil por reparación de daño, no choca ni sobreregula dicha Ley, sino que la complementa.

Para determinar un daño ambiental se debe identificar a los agentes causantes, la existencia de un daño real y cuantificable, y establecer una relación de causalidad entre los daños y los agentes contaminadores; el problema radica que en muchos casos hay una pluralidad de agentes que dificultan determinar quién y en qué medida contamina cada uno, sumado a ello factores como la distancia entre el agente y la víctima, y que en numerosas ocasiones los daños ambientales se manifiestan mucho tiempo después, haciendo por demás complejo identificar a los agentes, su grado de responsabilidad, e incluso la identificación de las víctimas y la valoración del daño.

Por otra parte, antela evidencia del deterioro ambiental por diversas actividades humanas es indispensable que los Estados a través de sus instituciones y sistemas jurídicos se vuelquen en favor de su protección, y uno de los mecanismos coadyuvantes es la inclusión de la Responsabilidad Civil Ambiental cuyo objeto prioritario consista en la reparación del daño y se base en los principios de prevención, precaución, represión, compensación, corrección de la fuente, y de pago por parte de la gente contaminador; en este contexto, el sistema de Responsabilidad Civil que mejor responde a las características de los daños ambientales y a la naturaleza del bien jurídico tutelado es el Objetivo, sin dejar de observar que la Ley de Responsabilidad Ambiental, ya maneja la reparación del daño por las instancias administrativas, penales y judiciales, sin embargo, el antiguo procedimiento civil, no ha desaparecido, no se nulifica por la emisión de ésta nueva Ley y es y seguirá siendo un instrumento útil y eficaz.

Asimismo, el esquema objetivo de Responsabilidad Civil, el agente contaminante responde al daño causado por el ejercicio de una actividad potencialmente peligrosa para el medioambiente, más allá de si obró con culpa o negligencia, y sólo podrá exonerarse probando que el daño no fue causado por él, o que se debió a una causa de fuerza mayor; puesto que bajo esta óptica, lo determinante es la reparación del daño injustamente recibido y la prevención de los daños ambientales; por tanto, su efectividad estará sujeta a la clara identificación del agente contaminador, a la cuantificación del daño acontecido, y al establecimiento de vínculos entre la causa y el efecto, y entre el daño ocurrido y el agente generador del daño.

La Responsabilidad Ambiental Objetiva se basa en la teoría del riesgo, debiendo responder por los daños ambientales causados, aquel que previamente asumió el riesgo al desplegar actividades que se consideran potencialmente peligrosas, no obstante que su actuar sea lícito, siendo las únicas causas eximentes de responsabilidad la fuerza mayor, el caso fortuito, el consentimiento del demandante, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero.

Ante una visión objetiva de responsabilidad, en la que el eje central es la víctima y la reparación del daño, el concepto de culpa muta hacia un cariz más amplio y equitativo, el cual pondera el bien jurídico tutelado, el daño injustamente recibido, la naturaleza y gravedad del daño, así como la peligrosidad de la actividad generadora del mismo; por tanto, la noción objetiva de la culpa deja en segundo plano la diligencia y cuidados observados por el agente para prevenir el daño, así como las autorizaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales para el ejercicio de la actividad generadora.

En este tenor, la conducta exigible al agente que realiza actividades potencialmente riesgosas para el ambiente consiste en que se obre con la mayor pericia, cuidado y diligencia posibles; y no obstante, que lo relevante para la Responsabilidad Civil Objetiva en daños ambientales sea el daño causado, para una valoración integral y equitativa del hecho, ya que será importante determinar los niveles de diligencia y prevención bajo los que se condujo el agente, tomando en consideración los avances tecnológicos y científicos así como los costos económicos de los mismos al momento del daño.

La acción u omisión del agente generador del daño ambiental, es un elemento indispensable para la materialización de la Responsabilidad Civil por daños ambientales, y tomando en consideración las razones citadas respecto a la objetivación de la culpa, el concepto de ilicitud se transforma para visualizarlo no como una infracción a la norma, sino como un acto contrario al ordenamiento jurídico en cuanto produce un daño injustificado; ello basado en el principio alterum non laedere (no hacer daño a los demás)en virtud del cual los supuestos de actividades ilícitas no se circunscriben al cumplimiento de normativas específicas, sino a cualquier actividad que produzca un daño ambiental, materializándose así la antijuridicidad objetiva en los daños ambientales más allá del cumplimiento de la ley por parte del agente (hacia una la tutela efectiva del medio ambiente), como aquella actividad humana potencialmente riesgosa que produce un daño ambiental.

Para dar lugar a una Responsabilidad Civil es indispensable vincular la actividad generadora del daño con el propio daño, a lo cual se le denomina nexo de causal, acreditado éste se pueden imputar al agente los daños producidos, el grado de culpa incurrido, y la cuantía de la reparación del daño. No obstante la objetivación de la culpa y la preeminencia del medio ambiente como un bien jurídico prioritario para el Estado, solo debe reparar el daño aquel que lo ha causado, por lo que no basta una presunción de causalidad o un alto grado de probabilidad para la imputación de una Responsabilidad Civil Ambiental, sino que deberá acreditarse fehacientemente el nexo causal.

Toda persona que pretenda ejercer una acción civil en contra de aquella que le produce un daño en su esfera jurídica e insta a la autoridad para que interceda por ella, lo hace aduciendo la vulneración de un derecho reconocido por el Estado, esa trasgresión del bien jurídico tutelado legitima a la víctima de un daño ambiental a excitar al órgano jurisdiccional para que inicie un procedimiento judicial por Responsabilidad Civil Ambiental en contra del agente; en virtud de ello, el sujeto que sufrió el daño queda facultado para demandar la reparación del daño a aquel que lo ha causado.

Dentro de los postulados tradicionales la Responsabilidad Civil se considera legitimado pasivamente a aquél que causó el daño, no obstante ello, bajo la óptica objetiva se concientiza sobre el daño y la multiplicidad de factores y causas concurrentes que se pueden suscitar, ampliándose con ello la factibilidad y procedencia en la pluralidad de agentes causantes del daño en diverso grado, con lo que se beneficia a la víctima ante una eventual insolvencia de alguno de los agentes, obligando solidariamente a los causantes al pago de los daños ocasionados, dejando a salvo los derechos de repetición que en cada caso procedan.

Un punto de reflexión en el que se debe ahondar, es si el Estado en alguna medida es responsable por haber autorizado injustificadamente una actividad causante de daños ambientales, otorgando permisos para actividades que previsiblemente causarían un daño ambiental por alguna negligencia en la tutela del ambiente. El agente contaminante responde del daño causado por el ejercicio de las actividades peligrosas determinadas por la ley, independientemente de si hubo culpa o negligencia alguna en su actuar y solo se le exonerará de responsabilidad en los siguientes casos:

a) el daño ambiental se haya debido a causa de fuerza mayor;

b) la actividad dañina haya sido consentida por la víctima (no aplicable si se dañan intereses colectivos);

c) la causa del daño sea ajena al demandado.

Cabe destacar que la licitud de la actividad y el cumplimiento de su normativa, así como las autorizaciones que el Estado haya otorgado para la práctica de las actividades que devinieron en dañinas, no son eximentes de la Responsabilidad Civil Ambiental.

Ante la presencia de daños ambientales en los ámbitos nacional e internacional y la evolución que las normas de protección ambiental han tenido en las últimas décadas, resulta prioritario para México realizar todas las adecuaciones pertinentes para responder y poner al día la normatividad de la materia; aunado a ello, la coordinación y cooperación interinstitucional para la preservación del medio ambiente bajo la premisa del desarrollo sostenible, la implementación de políticas públicas proambientales, la sensibilización y cuidado ante el daño a intereses ambientales difusos, la flexibilización de la legitimación activa en los procesos de Responsabilidad Civil Ambiental, así como la implementación de mecanismos alternativos para la reparación de daños ambientales, hacen indispensable un cambio estructural de gran envergadura en México.

 Ahora bien, la puesta al día para la protección ambiental en México, debe incluir una reforma en su andamiaje jurídico que sea consecuente con la inclusión de la Responsabilidad Civil como un elemento coadyuvante en el cuidado y preservación del ambiente, ello bajo una óptica objetiva del daño ambiental en aquellas actividades consideradas de alto riesgo en su producción, lo que se debe materializar en un ordenamiento especializado de Responsabilidad Civil Ambiental. En este tenor, resulta indispensable que la normativa ambiental esté en consonancia con los tratados internacionales que se han firmado, con la legislación de los países fronterizos, y de manera uniforme en todo el territorio nacional. Cabe destacar que una mención especial en el ordenamiento jurídico supremo para el cuidado del ambiente no basta para que este sea eficaz, incluso, el reconocimiento expreso de una Responsabilidad Civil Objetiva por daños ambientales en la Ley Ambiental tampoco, toda vez que esta debe arroparse en el marco de un ordenamiento especializado, el cual estructure, determine y enumere los supuestos, las causas, los elementos, los grados, la legitimación, y las eximentes de responsabilidad que por daños al medio ambiente se pueden.
Es por estas razones, que México, debe cambiar la forma de regular la acciones que causan ilícitos en materia ambiental, ya que tiene la obligación de armonizar de acuerdo a la constitución, tratados internacionales, Leyes Generales, Leyes Federales, y las leyes que emanen de ellas; todo con la finalidad de proteger el ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas que tiene el país, como riqueza natural.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ya da un paso muy importante, de hecho uno de sus principales aportes es que define la figura del Daño Ambiental, pero debemos precisar que la figura de responsabilidad civil no desaparece y en este caso estamos armonizando conceptos y actualizando una legislación civil con terminología ambiental que sirva para que se actúe también en esta materia, sin menoscabo de la materia ambiental específica.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 1910 Y 1915 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente, contra las buenas costumbres, el ambiente, los recursos naturales o los ecosistemas, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios que equiparen el daño causado.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, a 01 de octubre de de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Garza Galván.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65, 66, 67, 68 y 83 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 65, 66, 67, 78 Y 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta; señoras y señores Senadores:

Como todas y todos sabemos, el Congreso Mexicano, el Congreso de la Unión sesiona 30 ocasiones en su primer periodo ordinario y 24 en el segundo periodo ordinario. Esto significa que de 365 días que componen cada año, el Congreso de la Unión sesiona 54 días.

La Comisión Permanente, que se supone debe ser un órgano temporal encargado de mantener la representación nacional, trabaja más de 40 sesiones al año.

Creo que es muy importante tomar a consideración lo que acontece a partir de un estudio del derecho comparado respecto de cómo se encuentra el Congreso Mexicano. Por ejemplo, en Francia sesionan en un sólo periodo ordinario de sesiones que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio.

En Alemania, por ejemplo, los trabajos del Congreso es permanente y solamente tienen un pequeño periodo de vacaciones, en el Parlamento Alemán se sesiona ininterrumpidamente y solamente tienen vacaciones en el verano de finales de julio y hasta la tercer semana de agosto.

En el caso de España, se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre y el segundo, de febrero a junio.

En una revisión de América Latina, solamente refiero algunos países, por ejemplo, el caso de Brasil, se reúne del 15 de febrero al 30 de junio y del 1º de agosto al 15 de diciembre. Es decir, trabajan 10 meses y sólo descansan dos.

El Congreso de Colombia también se reúne en dos periodos ordinarios de sesiones que el primero dura casi cinco meses y el segundo un poco más de tres meses.

El Congreso de Estados Unidos tiene previsto en el calendario de 2013, reunirse 53 días en los que comprende los cinco primeros meses del año.

Ahora bien, qué pasa con el Congreso Mexicano, en nuestra historia siempre hemos trabajado en dos periodos ordinarios de sesiones o en un plazo que no es mayor, relativo a los siete meses que actualmente contempla nuestra legislación.

Por eso, al día de hoy, pongo a consideración que es importante no solamente eficientar, no solamente ser más eficaces en el trabajo legislativo, sino que nos demos la oportunidad de tener todas las sesiones que necesitamos en el Congreso de la Unión para que podamos, efectivamente, cumplir también desde el aspecto de la calidad con nuestra responsabilidad.

De tal forma que hoy pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65, 66, 67, 78 y 83 de nuestra Constitución, que quedarían de la manera siguiente:

En el caso del artículo 65, estoy proponiendo que quede con una definición de que se reúna el Congreso de la Unión del 1º de septiembre de cada año, tres veces por semana. Esa sería la primera modalidad.

En el caso del artículo 66, que se adicione que: “El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año; y el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año”.

En el artículo 67, además, proponemos a esta plenaria del Senado para su estudio y dictamen que la Comisión Permanente se convoque, además, cuando así lo determine la mayoría de los miembros de algunas de las Cámaras, es decir, que se reconozca en nuestra Constitución que cada Cámara puede convocarse a sí misma en un periodo extraordinario sin tener que convocar a la otra Cámara en una reunión permanente del Congreso de la Unión.

En el artículo 78 también proponemos adicionar en la fracción IV que acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, que iría en el mismo sentido de lo que acabo de mencionar y, además, y esto me parece muy relevante destacarlo, la reforma al artículo 83 para que el Presidente entre a ejercer su encargo a partir del 1º de septiembre.

De tal forma que, efectivamente, estaríamos en la posibilidad de una reforma estructural de nuestro Marco Jurídico fundamental que permitiría un orden, una organicidad para mejorar, inclusive, los procesos de transición para una mejor gobernanza en nuestra nación.

Es cuanto y muchas gracias.

Iniciativa

"La suscrita, Senadora ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma política del Estado y de sus instituciones es un proceso continuo que debe ser abordado en su integralidad con perspectivas de corto, mediano y largo plazo. A las reformas estructurales que el país nos ha demandado en los últimos meses, debemos sumar una reforma institucional encaminada a fortalecer al poder legislativo de nuestro país.

En efecto, en las últimas décadas, las grandes discusiones han estado centradas en la mejor forma de ajustar la naturaleza presidencial de nuestro régimen a un contexto de mayor democracia y pluralidad. Sin embargo, más allá de algún escándalo, de algún asunto coyuntural o de temas controversiales específicos como el uso de los recursos o el fuero de las y los legisladores, la discusión pública nacional versa poco sobre las bases del funcionamiento del Congreso de la Unión.

De manera particular, quisiera referirme a la corta duración de los periodos ordinarios, a la saturación de la agenda legislativa al final de los mismos, a los largos periodos de inactividad del pleno de ambas Cámaras durante el receso en el que funciona la Comisión Permanente, a la complejidad para convocar a periodos extraordinarios y, de manera más específica, a la escasa productividad y a la ausencia de condiciones (tiempo, incentivos y costos políticos) para procesar el avance de reformas de gran trascendencia.

Actualmente, el Congreso Mexicano sesiona durante 30 ocasiones en su primer periodo ordinario, efectuado entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre1; y  celebra 24 sesiones en su segundo periodo ordinario comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril2. Esto significa que de los 365 días que componen a cada año, el Congreso de la Unión sesiona, de manera ordinaria, únicamente durante 54 días.

Por su parte, la Comisión Permanente, que se supone debe ser un órgano temporal encargado de mantener la representación nacional durante los periodos de receso, realiza más de 40 sesiones al año durante los 5 meses que se encuentra en ejercicio de sus muy limitadas funciones.

Si a lo anterior agregamos que cada una de esas sesiones celebradas por los plenos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión y por la propia Comisión Permanente, tienen tan sólo una duración promedio de cuatro horas diarias, entonces tendremos un panorama muy claro de las razones que dan sustento y justifican las críticas e inquietudes de la sociedad mexicana en torno al funcionamiento del Poder Legislativo en nuestro país.

Después de realizar un estudio de derecho comparado, encontramos que el Congreso Mexicano es uno de los órganos legislativos que menos sesiones ordinarias celebra. En Francia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de su Constitución, el Parlamento se reúne en un solo período ordinario de sesiones que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio del siguiente año. El número de días de sesión a celebrar en el transcurso de dicho período ordinario de sesiones es de máximo 120.

En Alemania, los trabajos del Bundestag y del Bundesrat son permanentes. De acuerdo con lo establecido en su calendario de sesiones 2013, entre el mes de enero y el mes de diciembre, el Parlamento Alemán sesionará ininterrumpidamente y sólo habrá programado un periodo de receso entre el 29 de julio y el 18 de agosto (vacaciones de verano).

Por su parte, el artículo 73 de la  Constitución Española, establece quelas Cortes Generales en España se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre y, el segundo, de febrero a junio. Esto significa que se trabaja durante nueve meses y hay un receso de tan sólo 90 días.

En América Latina, los ejemplos también son abundantes. El Congreso Nacional de la República Federativa de Brasil se reúne anualmente del 15 de febrero al 30 de junio y del 1 de agosto al 15 de diciembre. Es decir, sesiona ordinariamente durante 10 meses y descansa sólo dos.

El Congreso de la República de Colombia cuenta con dos períodos ordinarios de sesiones, el primero con una duración de casi cinco meses (20 de julio al 16 de diciembre) y el segundo de 3 meses (16 de marzo al 20 de junio); en Panamá, el primer periodo es de 4 meses (1º de julio al 31 de octubre) y el segundo también de casi 4 meses (2º de enero al 30 de abril).

El Congreso de los Estados Unidos tiene previsto en su calendario 2013, reunirse durante 53 días, tan sólo en los primeros 5 meses del año.

Ahora bien, la historia constitucional de nuestro país nos indica que en nuestros textos fundamentales nunca ha estado contemplada la posibilidad de que el Congreso trabaje durante más de dos periodos ordinarios de sesiones o en un plazo de tiempo mayor a los relativos 7 meses que actualmente contempla nuestra legislación.

En la Constitución Federal de 1824, los artículos 67 y 71 establecían que el Congreso debía reunirse “todos los años a partir de 1° de enero” y “cerrar sus sesiones anualmente el día 15 de abril”, con la posibilidad de prorrogarlas hasta por treinta días más cuando así lo decidiera el propio Congreso o lo pidiera el Presidente de la Federación.

Lo anterior, significaba que el Congreso General se reunía ordinariamente al menos durante tres meses y medio al año, lo cual, si se compara con el tiempo de los dos periodos de sesiones ordinarias que actualmente determina nuestro máximo ordenamiento, pudiera parecer que en mucho se supera a la Constitución de 1824, sin embargo, habría que apuntar que el artículo 69 de esta última, se disponía que “las sesiones ordinarias del Congreso serán diarias, sin otra interrupción que las de los días festivos solemnes, y para suspenderse por más de dos días, será necesario el consentimiento de ambas Cámaras”.

Por su parte, la Tercera Ley Constitucional de 1836, estableció dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, del 1 de enero al 31 de marzo con la posibilidad de prorrogarlo hasta el mes de junio y, el segundo, del 1 de julio hasta que se aprobara el presupuesto del año siguiente y de la cuenta del Ministerio de Hacienda respectiva.

Cabe mencionar que el artículo 15 de este ordenamiento señalaba que las sesiones serían diarias “exceptuándose sólo los días de solemnidad eclesiástica y civil que señalare una ley secundaria”.

Para 1857, ya sin la existencia del Senado de República, la Constitución Federal dispuso que cada año habría dos periodos de sesiones ordinarias: el primero del 16 de septiembre al 15 de diciembre y, el segundo, del 1° de abril al 31 de mayo. Por lo que hace a la Constitución de 1917, originalmente previó en sus artículo 65 y 66 la existencia de un sólo periodo de sesiones ordinarias.

Así, el Congreso debía reunirse a partir del 1° de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias y éstas duraban el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia, pero no podían prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año.

De 1917 a la fecha, los tiempos de los periodos ordinarios de sesiones han sido modificados en tres ocasiones: el 7 de abril de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableció dos periodos ordinarios de sesiones: el primero iniciaría el 1° de noviembre y, el segundo, el 15 de abril de cada año.

Lo interesante de esta reforma, es que al menos desde el punto de vista estrictamente formal, el texto constitucional disponía que el segundo período de sesiones ordinarias duraría el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que le correspondía al Congreso conforme a la Constitución.

El 3 de febrero de 1993, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución. Dos fueron los aspectos relevantes de esta reforma: 1) se modificaron las fechas de inicio de los periodos ordinarios, ahora el primero iniciaría el 1° de septiembre y, el segundo, el 15 de marzo; y, 2) la duración máxima del segundo periodo ordinario se acotó al 30 de abril.

Por su parte, las disposiciones vigentes sobre la duración de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión entraron en vigor el 3 de agosto de 2004, y la modificación consistió en ampliar mes y medio el segundo período de sesiones ordinarias, adelantando el inicio de dicho periodo del 15 de marzo al 1° de febrero.

Como se puede apreciar, la tendencia de las tres reformas citadas, aunque resistida, ha sido la de ampliar los periodos de sesiones ordinarias.

No obstante, si comparamos lo que disponía al respecto nuestra Constitución en 1917 y lo que establece actualmente, considerando la máxima duración del primer periodo de sesiones, es decir, al 31 de diciembre, queda más que claro que, en total, la ampliación del periodo de sesiones ha sido tan sólo de tres meses.

Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa es el de ampliar la duración y periodicidad de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, buscando en todo momento aumentar la cantidad, pero también, y de manera primordial, la calidad del trabajo legislativo.

Estimamos que el Poder Legislativo Federal de nuestro país debe sesionar en un primer periodo entre el 1 de febrero y el 31 de julio; y, en un segundo periodo, entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre.

De la misma forma, consideramos que cada Cámara debe sesionar cuando menos tres veces por semana y que el trabajo en comisiones debe ser fortalecido para consolidar las labores del pleno.

Proponemos también que la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones no sea facultad exclusiva de la Comisión Permanente, y que sea posible que cada Cámara, cuando así lo determine la mayoría de sus miembros, pueda convocarse fácilmente para desahogar los asuntos que estime pertinentes, permitiendo así que en una semana o en un mes en particular, se llevan a cabo las sesiones que se estimen necesarias.

Finalmente, como consecuencia del establecimiento de nuevas fechas para la celebración de los periodos ordinarios del Congreso de la Unión, resulta necesario ajustar la fecha de inicio del mandato presidencial, haciéndola coincidir con el inicio del primero periodo ordinario de sesiones.

Si en verdad queremos ser más eficientes y queremos mejorar la percepción que tiene de nosotros la sociedad, entonces estamos obligados a avanzar en una reforma integral como la que aquí se propone. Fortalecer al Poder Legislativo beneficia al Estado mexicano en su conjunto.

Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien presentar ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 65, 66, 67, 78 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:

Artículo 65.- El Congreso de la Unión se reunirá a partir del 1º de septiembre de cada año, tres veces por semana, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y, a partir del 1º de febrero de cada año, para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.

En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66.- Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año; y el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Artículo 67.- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente o cuando así lo determine la mayoría de los miembros de alguna de las Cámaras; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que se expresen en la convocatoria respectiva.

Artículo 78.- …

I-III.-

IV.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría.

Artículo 83.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el1º de septiembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 03 de octubre de 2013.

Suscribe.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=36855

2 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-02-05-1/assets/documentos/Calendario_SPO.pdf

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Sur; de Derechos Humanos; y de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición en relación con los operativos del Instituto Nacional de Migración en contra de inmigrantes en la frontera sur de nuestro país.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS, SUR;
DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR;
DE DERECHOS HUMANOS;
Y DE ASUNTOS MIGRATORIOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Sur, de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, les fue turnado para su análisis y discusión, la proposición con punto de Acuerdo, de fecha 9 de Octubre de 2012, en relación con los operativos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración, en contra de inmigrantes en la frontera sur del país.

En virtud, del análisis y estudio del punto de Acuerdo que se dictamina, estas comisiones legislativas, con base en las facultades que le confiere los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 117 numeral 1; 135 numeral 1 fracción I;182, 188 numeral 1;190, 276 y 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las comisiones unidas expresan los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de éstas.

ANTECEDENTES

1. En fecha 9 de octubre de 2012, en la Sesión del Senado de la República, el Senador Adán Augusto López Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de Acuerdo, a la que se hace referencia.

2. El 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficios No. DGPL-1P1.-816 A y DGPL-1P1.-816 B, a las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur y Derechos Humanos, respectivamente, de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

3. El 11 de octubre de 2012, ambas comisiones recibieron, dicha propuesta, para su debido análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. El 25 de julio de 2013, la Mesa Directiva turnó el oficio no. DGPL-2R1A.-630 mediante el cual nos comunica que se acordó ampliar el turno del punto de acuerdo en comento a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su análisis y dictamen.

5. El 3 de septiembre de 2013, en sesión de comisiones unidas, se analizó la proposición con punto de Acuerdo, y se elaboró el presente dictamen suscrito por sus integrantes.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

UNICO.- “El Senado de la República del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe sobre los operativos de control, verificación y revisión migratoria que lleva a cabo dicho órgano desconcentrado en la frontera sur del país, específicamente los que han motivado la denuncia pública por parte del hogar-refugio para personas migrantes “La 72”, ubicado en el Municipio de Tenosique, Tabasco, en el sentido de que los propios agentes migratorios están vulnerando derechos fundamentales de los inmigrantes que cruzan por esta zona fronteriza”.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: La frontera sur tiene 1,149 kilómetros cuadrados, de los cuales 654 le corresponden a Chiapas, 108 kilómetros a Tabasco, 194 kilómetros a Campeche y 193 kilómetros a Quintana Roo. La mayor parte de la frontera colinda con Guatemala salvo 207 kilómetros que se tienen con Belice (14 kilómetros corresponden a Campeche y 193 a Quintana Roo).

SEGUNDO: En la última década, la región sur de México ha sufrido dos cambios en las dinámicas migratorias que son relevantes. El primero es que actualmente, dicha región es una de las principales zonas expulsoras de migrantes mexicanos que se dirigen hacia Estados Unidos; desde hace tres o cuatro años, de cada diez emigrantes mexicanos que buscan llegar a ese país cuatro salen de esta zona. El segundo, es que las principales rutas de tránsito que siguen los migrantes, que buscan cruzar México para llegar a Estados Unidos de manera irregular, han cambiado; sumado a lo anterior el aumento en los controles fronterizos en Estados Unidos, y el contexto de violencia en algunas regiones de México, han provocado que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes se incremente.1

TERCERO: La trata de personas, el secuestro, el robo y la extorsión, son ilícitos que sufren cotidianamente miles de migrantes en tránsito en la franja fronteriza del sur; pero es el secuestro, el que destaca entre los más frecuentes.

CUARTO: El cruce fronterizo entre el Municipio de Tenosique, Tabasco y el Departamento del Petén, en Guatemala, se ha convertido en una importante ruta de paso de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, que pagan a “polleros” y que abandonados a su suerte son fácilmente sujetos a persecuciones, extorsiones, cobro de cuotas, violaciones sexuales, entre otras, ya sea por las bandas ligadas al crimen organizado que operan en la frontera o incluso, por algunas autoridades locales y federales coludidas con ellos. Estos hechos se han agravado, generando un clima de violencia con repercusiones a nivel regional, nacional e internacional.

QUINTO: La porosidad en la frontera sur, ha propiciado que además de la inmigración irregular surjan y se desarrollen manifestaciones del crimen organizado que adquieren características de crimen transnacional. En las últimas décadas, el flujo de personas que ingresan de manera irregular al país a través de la frontera sur, ya sea para trabajar, establecerse o en su camino hacia Estados Unidos ha crecido significativamente hasta alcanzar un número aproximado de 400 mil personas cada año, de tal manera que la capacidad de las autoridades de controlar, gestionar, regular y ordenar los flujos de inmigrantes ha sido rebasada.

SEXTO: En razón de lo anterior, y ante las evidentes violaciones a los derechos humanos, los inmigrantes en la frontera sur se encuentran en un estado de indefensión que propicia abusos alarmantes y, de manera paralela, hace que los afectados no denuncien las vejaciones que padecen. Ante este panorama de constantes arbitrariedades, la sociedad civil se ha organizado creando en la zona diversas asociaciones en pro de la defensa de sus derechos, destacando entre sus actividades la denuncia de los funcionarios que por acción o omisión, son responsables de un porcentaje importante de estos atropellos.

SEPTIMO: En la proposición del punto de Acuerdo, se señaló que“ Fray Tomás González Castillo encargado del refugio hogar de migrantes “La 72”, ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco, manifestó que el Instituto Nacional de Migración ha implementado violentos operativos de detención de inmigrantes”. Se planteó adicionalmente, “que según  versiones periodísticas, el religioso lamentó que no haya cesado el entorno de violencia extrema en contra de los inmigrantes; y advirtió que lo que se está viviendo en estos días en Tenosique, es un exceso que posiblemente tenga consecuencias mortales”.

De acuerdo a la cita a pie de página del documento que se estudia, se enunciaron diversos señalamientos, que ante los medios de comunicación, el religioso hizo sobre exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación y del entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, relacionados con operativos violentos en contra de inmigrantes efectuados en septiembre de 2012, y sobre un ayuno de 12 horas frente a la delegación del INM en el Municipio de Tenosique, Tabasco, a partir de las 7:00 a las 19:00 horas, el jueves 4 de octubre.

OCTAVO: En razón a que la administración federal y la titularidad del Instituto Nacional de Migración cambiaron, se considera que la proposición con punto de Acuerdo en los términos planteados en la fecha referida ha quedado sin materia, ratificando que el promovente tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo planteamiento ante el pleno de esta Cámara de Senadores, en los términos que considere pertinente, tomando en consideración las nuevas circunstancias institucionales.

NOVENO: Los días 28 y 29 de mayo de 2013, los Senadores y las SenadorasMariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe; Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste; Layda Sansores San Román y Adán Augusto López Hernández, Secretarios de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur,efectuaron una amplia jornada de trabajo por el puerto fronterizo de El Ceibo, tanto en el lado mexicano como por la parte guatemalteca, un intercambio de opiniones con los Presidentes Municipales de Balancán, Pedro Arguello Hernández y de Tenosique Carlos Alberto Vega Celorio, respectivamente, así como una reunión en la casa del migrante, conocida como “La 72”, en la que conocieron los puntos de vista, demandas y sugerencias de los encargados de dicho refugio, entre otros, de Fray Tomás González Castillo, de algunos representantes de organizaciones sociales que promueven la protección y cuidado de los migrantes, así como de habitantes de la casa y que estaban en tránsito por ese lugar. También, se reunieron con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, Dr. Juan Manuel Argáez de los Santos, plática que se complementó con datos y estadísticas sobre el panorama de la frontera sur, en la materia.

Como conclusiones de la visita, se pueden señalar, las siguientes:

a) Los actos delictivos contra los migrantes se han incrementado como resultado de que las bandas del crimen organizado se han adueñado de las rutas migratorias, mientras que los migrantes son sujetos a nuevas modalidades de extorsión como el cobro de cuotas en su tránsito a través del territorio nacional;

b) Al aumento del número de migrantes varones, se ha sumado una cantidad creciente de mujeres muchas veces acompañadas por sus hijos, lo cual ha originado crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos, como resultado de la colusión de intereses entre las policías y las bandas delictivas que están operando a lo largo de la frontera, autores de secuestros, homicidios, extorsiones y diversas formas de intimidación orientadas en algunos casos incorporar a los migrantes a su red delictiva; y

c) Como responsables de muchos de los atropellos son señalados funcionarios administrativos y policías tanto del orden federal como local, con lo que se ha creado una imagen muy negativa entre la población y los medios de comunicación sobre el comportamiento de las autoridades encargadas de hacer cumplirla ley.

Finalmente, las y los senadores participantes, acordaron hacer una invitación al actual Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado, a través del Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, para conocer los programas y acciones que dicho organismo y el gobierno federal implementa, en particular, en la frontera sur.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los argumentos señalados en el apartado de Consideraciones y con las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113, 117, 135, 140, 147, 150, 177, 178, 182, 186, 187, 188, y 190 del Reglamento del Senado de la República; estas Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Sur, de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Queda sin materia, en razón del cambio de la administración pública federal, la proposición con punto de Acuerdo que solicitó la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración a fin que informará sobre los operativos de control, verificación y revisión migratoria que llevó a cabo dicho órgano desconcentrado en la frontera sur en el mes de septiembre de 2012, específicamente los que motivaron la denuncia pública por parte del hogar-refugio para personas migrantes “La 72”, ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco, en el sentido que los propios agentes migratorios vulneraban derechos fundamentales de los inmigrantes.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo anterior como concluido.

Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de septiembre de 2013.

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur: Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente.- Sen. Layda Sansores San Román, Secretaria.- Sen. Adán Augusto López Hernández, Secretario.

Comisión de Derechos Humanos: Sen. Angélica de la Peña Gómez, Presidente.- Sen. Layda Sansores San Román, Secretaria.- Sen. Mónica Arriola Gordillo, Secretaria.- Sen. Adriana Dávila Fernández, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Sen. Miguel Romo Medina, Secretario.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera, integrante.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, integrante.- Sen. Pablo Escudero Morales, integrante.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante.- Senador Roberto Gil Zuarth, integrante.- Sen. Mariana Gómez del Campo, integrante.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez, integrante.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza, integrante.

Comisión de Asuntos Migratorios: Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta.- Sen. Layda Sansores San Román, Secretaria.- Sen. Adriana Dávila Fernández, Secretaria”.

Es todo, señora Presidenta.

1 Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Migrantes procedentes del sur con destino a Estados Unidos”. Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE), 2012.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, proposiciones con punto de Acuerdo que exhortan al titular del Ejecutivo para que envíe a esta soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido delos puntos de Acuerdo referidos, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

1. ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 4 de septiembre de 2012, la Senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo para que envíe a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Asimismo, en sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 6 de septiembre de 2012, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo para que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Mesa Directiva turnó dichos puntos de Acuerdo referidos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las proposiciones exhortan al titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en que de acuerdo a lo expuesto en las proposiciones, es necesaria y conveniente la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Este nuevo convenio de la OIT y la Recomendación núm. 201 establecen que los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo que se ocupan de las familias y los hogares podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.

El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Establece los derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.

El Convenio 189 define trabajo doméstico como “el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares”. Este trabajo puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos.

Según el Convenio, una trabajadora o un trabajador doméstico es “toda persona que realice el trabajo doméstico dentro de una relación de trabajo”.

Una trabajadora o un trabajador doméstico puede trabajar a tiempo completo o tiempo parcial, puede ser empleada o empleado por una sola familia o por varios empleadores, puede que resida en la casa del empleador (puertas adentro, cama adentro, sin retiro) o puede estar viviendo en su propia residencia (puertas afuera, cama afuera, con retiro). Una trabajadora o trabajador doméstico también puede estar trabajando en un país extranjero.

El conjunto de trabajadoras y trabajadores domésticos están cubiertos por el Convenio 189, pero los países pueden decidir excluir  algunas categorías, bajo condiciones muy estrictas, asimismo, el convenio expone los derechos básicos de trabajadoras y trabajadores domésticos, tales como:

• Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos (Preámbulo; Artículo 3).

• Respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo: (a) la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;(c) la abolición del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Artículos 3, 4, 11).

• La protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia (Artículo 5).

• Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna (Artículo 6).

Trabajadoras y trabajadores domésticos deben ser informados de sus términos y condiciones de empleo en una manera que sea fácilmente comprensible, de preferencia a través de contrato escrito (Artículo 7).

Horas de trabajo

• Medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a las horas normales de trabajo, compensación por horas extras, períodos de descanso diario y semanal, y vacaciones pagadas anuales (Artículo 10).

• Período de descanso semanal de al  menos 24 horas consecutivas (Artículo 10).

• Reglamento de horas con disponibilidad inmediata (períodos durante los cuales las trabajadoras y los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y están obligados a permanecer a disposición del hogar a fin de responder a posibles llamadas) (Artículo 10).

Remuneración

• Salario mínimo, sí existe un salario mínimo para los demás trabajadores (Artículo 11).

• El pago del salario debe ser en dinero en efectivo, realizado directamente a la trabajadora o al trabajador, y en intervalos regulares de no más de un mes.

El pago puede ser a través de un cheque o transferencia bancaria - cuando lo permita la ley o los convenios colectivos, o con el consentimiento del trabajador (Artículo 12).

• El pago en especie está permitido bajo tres condiciones: si es sólo una parte limitada de la remuneración total, si el valor monetario es justo y razonable; si los artículos o servicios entregados como pago en especie son de uso y beneficio personal de trabajadoras y trabajadores.

Esto significa que los uniformes o equipos  de protección no se deben considerar como pago en especie, sino como herramientas que el empleador debe proporcionar a los trabajadores, sin costo para ellos, para el desempeño de sus funciones (Artículo 12).

• Los honorarios cobrados por las agencias privadas de empleo no pueden ser deducidos de la remuneración (Artículo15).

Seguridad y salud

• Derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable (Artículo 13).

• Se debe poner en marcha medidas para garantizar la salud y seguridad ocupacional de trabajadoras y trabajadores (Artículo 13).

Seguridad social

• Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad (Artículo 14).

• Condiciones que no sean menos favorables que las aplicables a los demás trabajadores (Artículo 14).

Las normas relativas al trabajo infantil doméstico

• Obligación de fijar una edad mínima para la entrada al trabajo doméstico (Artículo 4).

• Las trabajadoras y los trabajadores domésticos mayores de 15 años pero menores de 18 años de edad – no deben ser privados de la educación obligatoria, o interferir con sus oportunidades para continuar sus estudios o adquirir formación profesional (Artículo 4).

Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores que viven en la casa de sus empleadores.

• Condiciones de vida digna que respeten  la privacidad de las trabajadoras y los trabajadores (Artículo 6).

• Libertad para llegar a un acuerdo con sus  empleadores actuales o potenciales sobre si residir o no en el hogar (Artículo 9).

• No hay obligación de permanecer en  el hogar o con sus miembros durante los períodos de descanso o permiso (Artículo 9).

• Derecho a mantener sus documentos de identidad y de viaje en su posesión (Artículo 9).

• Reglamento de horas con disponibilidad inmediata (Artículo 10).

Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes

• Un contrato por escrito que es válido en el país de empleo, o una oferta de trabajo escrita, antes de viajar al país de empleo (Artículo 8).

• Aclarar las condiciones bajo las cuales las trabajadoras y los trabajadores domésticos tienen derecho a la repatriación al final de su empleo (Artículo 8).

• Protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos de las prácticas abusivas de las agencias privadas de empleo (Artículo 15).

• Cooperación entre países de origen y destino para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes (Artículo 8).

En lo que respecta a Agencias de empleo privadas, las medidas para su funcionamiento (Artículo 15), consisten en:

• Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas;

• Garantizar un mecanismo adecuado para la investigación de las denuncias realizadas por trabajadoras y trabajadores domésticos;

• Proporcionar una protección adecuada a trabajadoras y trabajadores domésticos y la prevención de abusos, en colaboración con otros Países miembros, según corresponda;

• Considerar firmar acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para evitar abusos y prácticas fraudulentas.
Resolución de conflictos, quejas y el cumplimiento de la ley

• Acceso efectivo a tribunales u otros mecanismos de solución de conflictos, incluyendo mecanismos de denuncia accesibles (Artículo 17).

• Medidas a ser puestas en marcha para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales para la protección de trabajadoras y trabajadores domésticos, incluyendo medidas para la inspección del trabajo. Respecto a esto, el Convenio reconoce la necesidad de equilibrio de la protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos y el derecho a la privacidad

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa al titular del Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales ratifique y haga llegar a esta Soberanía, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de agosto de 2013.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, en pro del dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy breve, señora Presidenta.

Bueno, simplemente para felicitar a la Comisión de Trabajo por este dictamen positivo, es el primer paso, sin duda, muy importante, nos quedan varios pasos por los que tenemos que transitar, hay una reforma a la Ley Federal del Trabajo en esta materia que ojalá que tenga los mismos fines de este dictamen que hoy ponen a consideración a esta plenaria quienes integran la Comisión de Trabajo.

Y posteriormente, también reconocer los derechos al Seguro Social. Sabemos que el problema en esta materia está, precisamente, en esta institución y yo creo que después de aquel proyecto de dictamen que se dictaminó desde la Cancillería, desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, ahora, insisto, tiene que ver con una disposición de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Y claro, siguen otros pasos más.

Estamos frente a un fenómeno de una gran altísima discriminación. Nos parece que tenemos que trabajar para crear una nueva forma de respeto, de trato, que no violente los derechos humanos de quienes realicen este tipo de labor y, por supuesto, que prevengamos cualquier forma de traba que tiene que ver también cuando hay tanta omisión, cuando hay tanta impunidad y cuando hay incluso una gran discrecionalidad detrás de quienes al no estar protegidos y protegidas por el marco legal, efectivamente, se encuentran ante una altísima situación de riesgo y de vulnerabilidad que está permanentemente violentando sus derechos humanos.

Felicidades a la Comisión de Trabajo, y creo que todos estamos de acuerdo en apoyar de manera positiva este dictamen.

Es cuanto.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra sobre el mismo asunto, el Senador Javier Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señora Presidenta.

Miren, compañeras y compañeros Senadores, en el mismo sentido que nos comentaba la Senadora Angélica de la Peña. Informarles que efectivamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la que soy Secretario, tuvimos conocimiento de esta propuesta, este punto de Acuerdo, para que el Ejecutivo Federal nos envíe ratificación en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, porque va muy en línea con lo que ya aprobamos aquí en las modificaciones, en las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, mejor conocida como reforma laboral, en cuanto a trabajo decente se refiere.

Este es un concepto que se inserta dentro del mucho más amplio concepto que a nivel internacional se ha acuñado, de trabajo decente. Y tiene que ver particularmente con un grupo vulnerable, un grupo vulnerable de nuestra sociedad que son las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Si bien en la reforma laboral avanzamos en buena medida para tratar de propiciarle a estas trabajadoras y trabajadores mejores condiciones en cuanto a horario de descanso, a días de descanso, alimentación, habitación higiénica, segura, a condiciones de dignidad para su trabajo, la verdad de las cosas es que en materia de seguridad social y en cuanto a certidumbre por cuanto hace a sus jornadas de trabajo y a los días de descanso, y a la dignidad que se les debe dispensar en los hogares de nuestro país, el Convenio 189 va muy en el sentido de lo que estamos propiciando.

No dejo de decir que es difícil, en términos de una vigilancia estricta, para asegurarnos de que tales condiciones se van a dar en todos los casos por la naturaleza misma del trabajo que es doméstico. Y, sin embargo, no podemos dejar de hacer este intento, yo creo que el hecho de que lo hayamos aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, habla del sentido de responsabilidad de las fuerzas políticas aquí representadas. Y por ello estamos pidiéndole a todos ustedes que nos den su voto favorable para hacer llegar este exhorto respetuoso al Ejecutivo Federal.

Es cuanto, muchísimas gracias por su atención.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a llevar a cabo foros para la discusión de la iniciativa de reforma hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal.

PROPUESTAS

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señora Presidenta.

A nombre propio y de los Senadores y de las Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Senadores, venimos a presentar, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, fracciones II y VII del artículo 8, artículos 95 y 276 del Reglamento del Senado, para poner a su consideración una proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a llevar a cabo foros de discusión de la iniciativa de la reforma hacendaria, que presentó hace unos días el Ejecutivo Federal.

Esta propuesta la hacemos al tenor de las siguientes consideraciones.

Como todos sabemos, el pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados diversas iniciativas que reforman también diferentes leyes y que dan sustento al paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2014; entre esas iniciativas se encuentran reformas en materia fiscal que desde nuestro punto de vista requieren de una discusión amplia, pero sobre todo, de escuchar a diferentes sectores de la sociedad.

Creemos que estas propuestas vienen a afectar mucho a la clase media, una serie de modificaciones y de eliminación de posibilidad de exentar diferentes rubros, se pega de manera importante a la economía familiar y de aquellos que venían teniendo una recuperación en su economía.

En este orden de ideas y derivado de la trascendencia que tiene este tema para el futuro económico y, sobre todo, por la discusión que se ha dado en los últimos días en diferentes ámbitos, nos parece importante ir a hacer una serie de foros para escuchar las opiniones que pueda haber a favor y en contra de estas propuestas.

Si bien es cierto que la Cámara de Senadores no es la Cámara de Origen, también lo es que nos tocará, en su momento, conocer de muchas de estas iniciativas y que habremos de dictaminarla y dictaminar estas iniciativas, pero también con la necesidad de poder escuchar las diferentes decisiones.

Por ello, es que venimos a presentar una propuesta para que la Mesa Directiva pueda acordar y presentar ante este Pleno un calendario de discusión, un calendario para poder tener aquí a invitados del sector empresarial, de las cámaras de comercio, a los colegios de profesionistas, fiscalistas, contadores, en fin, a todos aquellos que se han manifestado y tienen mucho que decir respecto a las propuestas que se mandaron en materia fiscal.

Por ello, presentamos una propuesta de Acuerdo con los principales temas, como tiene que ver la política hacendaria, los ingresos, los egresos, la política social que se está pretendiendo impulsar con lo que se pueda recaudar de estas propuestas de nuevos impuestos y, por supuesto, algo que nos parece fundamental discutir, lo que tiene que ver con el federalismo hacendario.

Hay declaraciones del Secretario de Hacienda, en donde habla de poder concentrar nuevamente la nómina, por ejemplo, en el caso de los maestros, de poder hacer compras consolidadas, le llaman, en el caso de los medicamentos, que nos parece un retroceso en materia de federalismo, pero que creemos que es importante que se pueda abrir un debate y discutirlo.

Por ello, y haciendo aquí el uso de una frase que el propio Senador David Penchyna, hace unos días, también en este Pleno, cuando nos llegó una propuesta, precisamente, de la Junta de Coordinación Política para aprobar foros para el tema de la reforma energética, decía el Senador Penchyna, en defensa de esta propuesta, de los foros, que deberíamos de felicitarnos porque los foros que se iban a iniciar en las próximas semanas, tendrían participación del gran mosaico de la sociedad mexicana, decía él: “Esta Cámara está obligada a lo que ha hecho en otros temas, en otras materias”, y lo viene a ratificar en este tema tan trascendente para la nación, como lo era o lo es la reforma energética.

Pues haciendo nuestras estas palabras del Senador Penchyna, esperamos contar con la aprobación de esta Asamblea para poder también hacer lo propio, como lo hicimos y lo estamos haciendo en materia de la reforma energética, como se hizo en materia de transparencia, como se hizo en el Código Procesal Penal, como se han hecho varios temas y que ha generado ya una sana costumbre de este Senado, escuchar a las diferentes visiones, abrir el debate, abrirnos a venir a escuchar aquí a las diferentes posiciones de la sociedad, a que podamos discutir más ampliamente esta reforma que en materia fiscal presentó el Ejecutivo Federal y que nos parece ya es urgente, porque estará a unos días de que se vote en la Cámara de Diputados, y nos estará llegando a esta Cámara, y creo que es importante, creemos en el grupo parlamentario del PAN, que podamos tener ya acordado un calendario para llevar a cabo estos foros que en materia fiscal se requieren.

Esta es la propuesta que venimos a presentar, y esperamos contar con la aprobación de las Senadoras y Senadores de este Pleno.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE REPUBLICA A LLEVAR A CABO FOROS PARA LA DISCUSION DE LA INICIATIVA DE REFORMA HACENDARIA, PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL

"El suscrito, Fernando Torres Graciano, Senador de la República, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 fracciones II y VII del artículo 8, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de República a llevar a cabo foros para la discusión de la Iniciativa de Reforma Hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 8 de septiembre el Poder Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados diversas iniciativas que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2014; entre estas iniciativas se encuentran reformas en materia fiscal que amenazan la economía, no solo de la clase media del país, sino, más grave aún, ponen en riesgo la estabilidad económica de la que ha gozado nuestro país en los últimos años y que ha sido el fruto de una disciplina fiscal que ha costado demasiado a todos los mexicanos.

En este orden de ideas y derivado de la trascendencia del tema para el futuro económico de nuestro país; resulta indispensable analizar a profundidad todas y cada una de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal.

Si bien la Cámara de Senadores no es considerada Cámara de Origen para conocer la iniciativa de Ley de Ingresos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 Constitucional; sin duda le corresponde ejercer su función de Cámara Revisora respecto al tema.

Para cumplir dicho objetivo es necesario considerar los diferentes puntos de vista de los diversos sectores económicos del país, motivo por el cual, como ya ha ocurrido con otros temas, de la misma envergadura, resulta imperativo realizar foros de discusión para que se invite a expertos como son los colegios de contadores y fiscalistas, representantes de las pequeñas y medianas empresas de productos y servicios, cámaras de comercio, representantes de los sectores productivos del país, de la sociedad civil y por supuesto a las autoridades hacendarias que elaboraron dicho proyecto; a fin de contar, no solo con la visión del Ejecutivo, sino principalmente de quienes se verán afectados directamente con la reforma fiscal referida.

Así, se propone realizar los foros de acuerdo a los temas principales de la reforma, a saber:

Política Hacendaria;
Ingresos;
Egresos;
Política Social; y
Federalismo.

El ejercicio propuesto es algo que ha caracterizado a esta Cámara, aun con la premura con que la colegisladora envió la minuta en materia de telecomunicaciones, ésta Cámara dio ejemplo de probidad y equidad realizando foros de consulta con expertos en la materia.

De igual modo ha ocurrido con la Reforma Energética, para la cual se llamó a un grupo de peritos y de conocedores de modo que los legisladores pudiésemos escuchar y valorar las diversas posturas. Así ha sido también en lo referente a la reforma del Código Procesal Penal; en materia de transparencia y combate a la corrupción, etc.

Estoy convencido que todos los grupos parlamentarios suscribirán ésta proposición; ya lo dijo el senador Penchyna el pasado 19 de septiembre, cuando se aprobó el acuerdo para la realización de los foros sobre la Reforma Energética: debemos de felicitarnos porque los foros que iniciarán la próxima semana tendrán la participación del gran mosaico de la sociedad mexicana. Esta Cámara está obligada, lo ha hecho en otras materias y lo ratifica en un tema trascendente para la nación, para escuchar todas las voces.”

Es por eso que los integrantes de Acción Nacional buscamos cumplir plenamente con la obligación de representar a nuestras entidades federativas, escuchando todas las voces y todas las posturas por lo que estamos seguros que ésta Honorable Asamblea, será congruente con su voto para aprobar la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA A LLEVAR A CABO FOROS PARA LA DISCUSION DE LA INICIATIVA DE REFORMA HACENDARIA.

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores a convocar a la realización de foros plurales de debate para el análisis de la Reforma Hacendaria presentada por el Poder Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre de 2013.

SEGUNDO.- La Junta de Coordinación Política aprobará el calendario que en su caso presente la Comisión de Hacienda, para la realización de los foros de Debate sobre la Reforma Hacendaria.

TERCERO.- Se invitará a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social, bajo el formato de comparecencia, a partir de que concluyan los foros propuestos para que respondan las dudas de los legisladores.

CUARTO.- Durante la realización de los foros, bajo el formato establecido por la Junta de Coordinación Política, cada Coordinador Parlamentario podrá proponer a las y los participantes correspondientes en las sesiones de preguntas y respuestas.

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Comisión de Hacienda del Senado de la República para que su Junta Directiva, proceda a convocar a un grupo plural de expositores para los foros de debate sobre la Reforma Hacendaria.

Senado de la República, a 26 de septiembre de 2013.

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Silvia Guadalupe Garza G.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Francisco Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco S. López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Luis F. Salazar Fernández.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Torres Graciano.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre propio y de las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña Gómez, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a implementar programas de becas, capacitación y empleo a favor de las personas albergadas en los refugios de atención a víctimas.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señora Presidenta.

A nombre de mis compañeras que integramos la Comisión de Trata de Personas, vengo a exponerles y a presentarles un punto de Acuerdo que tiene que ver con aquellas personas sobrevivientes, que después de haber estado en un refugio especializado puedan tener la oportunidad de tener becas para continuar su educación y también la oportunidad de un empleo.

Miles de personas, sobre todo mujeres, y cada vez más jóvenes, vemos niñas y niños que tienen esta trampa de ser engarzados en la trata de personas.

Y su situación de privación de libertad, de secuestro, de privación de sus documentos, les impide el poder continuar una vida, y tenemos como sociedad el compromiso de poder corresponder ante una realidad que es mundial. Todos sabemos que es la nueva forma de esclavitud y que es un gran negocio.

Por ello, es que aquellas personas que llegan a los refugios pensando que es una cárcel, y de después de 3 meses ya no quieren salir porque recibieron el estímulo a su autoestima, capacitación, pues hoy estaríamos en una posibilidad de exhortar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría del Trabajo a instrumentar programas de becas, cuidando la identidad de estas personas.

Y a la vez estuvimos de acuerdo, mis compañeras integrantes de la Comisión de Trata, de poder reconocer, denominando a este programa de becas con el nombre de una mujer mexicana, una investigadora, profesora de universidades desde hace 37 años, exlegisladora; una mujer que nació aquí en México, reconocida en varios países; maestra de muchas generaciones con el tema de género, violencia, la connotación de feminicidio, me estoy refiriendo a la maestra, a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, que podamos tener el reconocimiento, vinculándola con una acción de retribución a las sobrevivientes de trata de personas, y que ella no está aquí, pero que le hacemos un reconocimiento en solidaridad, como ella ha acuñado el término: “Hermandad entre mujeres”, por encima de ideologías, por encima de partidos; que podamos conjuntar una acción importante con un reconocimiento a una valiosa mexicana.

Por su atención, muchas gracias. Y espero que sea de apoyo de este Pleno.

(Aplausos)

Propuesta



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Flores Sánchez, ¿con que objeto?

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Para adherirme.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Acepta, Senadora Lucero?

Le pido a la Secretaría registre por favor a las Senadoras y Senadores que se adhieren a este punto.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta planteada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la propuesta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cambiar la denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta por el de Belisario Domínguez.

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Con su permiso, señora Presidenta.

Don Belisario Domínguez Palencia fue Senador de la República durante el año de 1913 y en su corta actuación se convirtió en un referente para Chiapas, sin duda, para todo México, pero sobre todo para este Senado de la República.

El prócer Belisario Domínguez, tristemente fue Senador solamente durante siete meses, pero siete meses que fueron suficientes para mostrarle a todo México el tamaño de su verticalidad, de su congruencia, de su valentía.

Pero además de su sacrificio, su vida está también llena de grandes acciones, dignas de ser acuñadas en la memoria colectiva de toda la nación.

Se convirtió, pues, Belisario Domínguez, en este gran héroe civil, por la firmeza con que defendió la verdad; con la vulnerabilidad de un héroe civil y la grandeza de los grandes héroes épicos, de una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, cuando ven en peligro las instituciones políticas de su país.

Como todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, saben, el Senador Belisario Domínguez fue asesinado por Victoriano Huerta la noche del 7 de octubre de 1913.

Sus asesinos sepultaron el cadáver, pero no conforme con haberlo matado, le cortaron la lengua a Belisario Domínguez y se la enviaron al traidor Huerta.

Su cobarde asesinato, a la postre, resultó en él un elemento fundamental para la caída del régimen de Huerta.

En contrasentido a Belisario Domínguez, Victoriano Huerta fue un traidor, fue un asesino que instaló una dictadura militar en nuestro país.

Huerta traicionó a todos. Por supuesto que traicionó a Madero, pero también traicionó a su aliado, el general Félix Díaz; disolvió el Congreso de la Unión, ordenó el homicidio, como ya se ha mencionado, de legisladores como Belisario Domínguez y Serapio Rendón, así como de diversos empleados públicos; en las cuestiones del petróleo, incluso, Huerta avivó los problemas sociales, políticos y económicos ya existentes en el país, lo que fortaleció los conflictos armados y anuló la posibilidad de pacificar a la nación. Por estas razones, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, formó el Ejército Constitucionalista, desconoció y derrotó al gobierno de Victoriano Huerta, quien finalmente renunció a la Presidencia y entregó el puesto al licenciado Francisco Carvajal.

Por estos motivos, compañeros Senadores, resulta extraño, y más que extraño, resulta indignante que existan en nuestro país 16 escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta, un hombre, que podrán decir algunos, que bueno, que ocupó la primera magistratura del país, pero lo hizo a través de conspiraciones, de traiciones y de asesinatos. Resulta absurdo pensar que aquel personaje sea el modelo a seguir que queremos para los mexicanos. A continuación, le presento aquí a la Presidencia la relación de las escuelas que según el Directorio del Sistema Nacional de Información, Estadística y Educativa de la Secretaría de Educación Pública detectan este nombre al corte del 30 de septiembre del 2013.

Y algunos podrán decir esta mañana, que en qué sirve el cambio de nombre de una serie de escuelas a 100 años de estos acontecimientos.

Creo, Senadores, Senadoras, que es la enorme diferencia entre enseñarle a los mexicanos de mañana, que la sociedad se cimenta en valores e ideales, y que la libertad y que la democracia son razones suficientes para luchar e incluso dar la vida.

Mientras que por el otro lado, el beneficio personal a través de las deslealtades debe de ser repudiado, debe de ser rechazado y debe de ser señalado y condenado.

No pongamos, compañeros Senadores, en el lugar de los héroes a quienes traicionaron a la patria. Todos los héroes son de carne y hueso, todos tienen defectos y virtudes, pero son considerados héroes por la trascendencia de sus actos y los imperativos éticos que los motivaron.

No dignifiquemos, pues, a quien no lo merece, compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

Y quisiera no concluir esta ocasión, porque recordemos que el lunes se cumplen los 100 años del asesinato de Belisario Domínguez, y no quiero concluir sin hacer un señalamiento a la seriedad y a la puntualidad en que este centenario del asesinato del Senador Domínguez, y en la omisión que ha caído este Senado de la República.

Desde la creación de la Medalla Belisario Domínguez, hace 60 años, en 1953, el 7 de octubre, era motivo para convocar a los titulares de los poderes y conmemorar en una sesión solemne la gesta del héroe chiapaneco y el valor de dar la vida por la República.

Es lamentable, compañeras y compañeros, que los Senadores de antes sí supieron honrar esta ceremonia, y nosotros no, porque desde el año 2000 se ha vuelto una fecha que tiene que ver más con fechas propicias y de agenda, que con la memoria que todos los Senadores deberíamos de guardarle al sacrificio de Belisario Domínguez.

La puntualidad es lo menos que podemos hacer para honrar su memoria.

Hemos caído en falta, Senadoras y Senadores, Belisario Domínguez fue asesinado el 7 de octubre, no un día antes, no un día después.

No se nos puede olvidar. La fecha está hecha, ojalá que los Senadores y Senadoras dentro de 100 años, sepan cumplir y resarzan esta falta en que ha caído este Senado de la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES DE CHIAPAS, JALISCO, SINALOA, VERACRUZ Y YUCATAN, A CAMBIAR LA DENOMINACION DE LAS ESCUELAS QUE LLEVAN EL NOMBRE DE VICTORIANO HUERTA POR EL DE BELISARIO DOMINGUEZ

"El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LASECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES DE CHIAPAS, JALISCO, SINALOA, VERACRUZ Y YUCATAN, PARA CAMBIAR LA DENOMINACION DE LAS ESCUELAS QUE LLEVAN EL NOMBRE DE VICTORIANO HUERTA POR EL DE BELISARIO DOMINGUEZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este 7 de octubre de 2013, recordamos el centenario de la muerte de un mexicano ejemplar, Belisario Domínguez Palencia, a quien su vida le fue arrebatada por el entonces dictador Victoriano Huerta. En remembranza de sus acciones, el Senado de la República ha declarado el 2013 el “Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República”

Belisario Domínguez Palencia nació en Comitán, Chiapas el 25 de abril de 1863 y sufrió una trágica muerte en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1913. Fue un hombre multifacético: médico, periodista y político de ideología liberal y constante opositor de Victoriano Huerta, a cuyo derrocamiento contribuyó a través sus discursos en la Cámara de Senadores. Belisario Domínguez no dudaba en recordar constantemente la necesidad de defender la libertad de expresión y de oponerse al autoritarismo.

Practicó la medicina con carácter humanitario, brindándole al enfermo su atención. Estableció una botica "La fraternidad", en donde no solo proporcionaba consultas gratuitas, sino que también proporcionaba los medicamentos. Con frecuencia cabalgaba hasta las cabañas tojolabales para atender a los más desamparados.

Como hombre de letras, Belisario Domínguez participaba activamente en política, y fue miembro del Partido Liberal en Chiapas. A través del periódico “El Vate”, publicó diversos artículos contra la forma de gobierno del presidente Porfirio Díaz y del gobernador chiapaneco, Rafael Pimentel.

Constantemente llamaba a sus paisanos a vigilar las acciones del gobierno, a observar con cuidado los actos de las autoridades y denunciar cualquier irregularidad en aras del control ciudadano sobre el poder público.

En 1909, fue electo Presidente Municipal de Comitán, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 1910. Su gran labor fue rápidamente reconocida y admirada.

En 1912, ante el escenario de democratización del país, tras el inicio del mandato presidencial de Francisco I. Madero (el 6 de noviembre de 1911) fue propuesto como suplente de Leopoldo Gout candidato para senador por el Estado de Chiapas, en donde triunfó por enorme margen.

A principios de 1913, junto con su hijo Ricardo, fue testigo de la Decena Trágica, movimiento armado suscitado entre el 9 de febrero y el 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la Presidencia de México y, llevar al general Victoriano Huerta a la presidencia.

Huerta nació el 22 de diciembre de 1850 en la ranchería del Agua Gorda, municipio de Colotlán, Jalisco. Fue becado para estudiar en el Colegio Militar, donde obtuvo notas sobresalientes y al graduarse fue comisionado al Cuerpo de Ingenieros y se desempeñó en labores topográficas en la región de Puebla y el Estado de Veracruz.

Para el año de 1890 Huerta había alcanzado el grado de coronel y siete años más tarde comenzaría una larga trayectoria en el combate a las rebeliones indígenas que se generaban por todo el país. En diciembre de 1900 combatió a los yaquis en Sonora y en 1902 a los mayas en Yucatán y Quintana Roo.

Tras estallar la revolución convocada por Francisco I. Madero, Huerta solicitó su reincorporación al ejército y tras la renuncia de Porfirio Díaz, Huerta fue el encargado de escoltar el convoy presidencial de éste al puerto de Veracruz. Huerta permaneció en el ejército durante el gobierno interino de Francisco León de la Barra pero participó en algunas acciones de provocación al ejército rebelde comandado por Emiliano Zapata, lo cual levantó sospechas de insubordinación. Cuando Madero asumió la presidencia ordenó su dimisión de las fuerzas armadas. Sin embargo, tras la rebelión de Pascual Orozco, el propio Madero lo puso al mando de las tropas del gobierno federal. Huerta tuvo un desempeño impresionante y fue considerado un héroe nacional.

El 9 de febrero de 1913 estalló una segunda sublevación dirigida por los generales Reyes y Mondragón, en la cual liberaron al general Félix Díaz. Huerta, fingió estar a favor de la presidencia legal de Madero, fue nombrado por éste Comandante Militar de Ciudad de México, en sustitución del general Lauro Villar, muerto en los combates de la Decena Trágica. Pero Huerta preparaba la traición que le ha hecho pasar a la historia. Tras reunirse en secreto contra los conspiradores primero y con el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson después a través del llamado “Pacto de la Ciudadela”, Huerta diseñó un plan para impedir que llegaran los refuerzos de Felipe Ángeles a la capital, conduciendo al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez a la muerte. Con ello dio un golpe de Estado del cual más adelante se beneficiaría para ser nombrado presidente del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914.

Huerta instaló una dictadura militar, prescindió de su aliado, el general Félix Díaz; disolvió el Congreso de la Unión de México; ordenó el homicidio de legisladores como Belisario Domínguez y Serapio Rendón, así como de diversos empleados públicos; atacó los intereses norteamericanos (a pesar del apoyo recibido para tomar el poder) en las cuestiones del petróleo; avivó los problemas sociales, políticos y económicos ya existentes en el país, lo que fortaleció los conflictos armados y anuló la posibilidad de pacificar a la Nación. Por estas y otras razones, Venustiano Carranza, entonces gobernador del estado de Coahuila, formó el ejército constitucionalista, desconoció y derrotó al gobierno de Victoriano Huerta, quien finalmente renunció a la presidencia y entrego el puesto al licenciado Francisco S. Carvajal.

Este comparativo de biografías resulta en el contexto de rendir homenaje a través de la historia patria, de aquellos héroes cuyas acciones merecen admiración y reconocimiento. En contraste, aquellos personajes cuyas ambiciones personales sobrepasan sus actos a favor de la sociedad se han ganado a pulso su lugar en la historia, pero no como actores que inspiren orgullo, sino como aquellos que develan al héroe.

Por este motivo resulta extraña la existencia de trece escuelas en el territorio nacional que llevan el nombre de Victoriano Huerta, un hombre que si bien ocupó la primera magistratura de nuestro país, lo hizo a través de conspiraciones y traiciones. Resulta absurdo pensar que aquel personaje sea el modelo a seguir que queremos para nuestros hijos. A continuación presento la relación de las escuelas que según el directorio del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública detentan ese nombre al 30 de septiembre de 2013:

ENTIDAD

MUNICIPIO

SERVICIO

CLAVE

TURNO

CENTRO
EDUCATIVO

CHIAPAS

TENEJAPA

PREESCOLAR INDIGENA

07DCC0831W

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

CHILON

PREESCOLAR INDIGENA

07DCC0874U

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

VILLAFLORES

BACHILLERATO GENERAL

07ETH0087Q

MATUTINO

TELEBACHILLERATO NUM. 86 VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

TAPACHULA

PRIMARIA INDIGENA

07DPB3149A

DISCONTINUO

VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

TEOPISCA

PREESCOLAR INDIGENA

07DCC1445J

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

MAPASTEPEC

PREESCOLAR GENERAL

07DJN0391E

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

PALENQUE

TELESECUNDARIA

07ETV0333C

MATUTINO

TELESECUNDARIA 375 VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

YAJALON

PREESCOLAR INDIGENA

07ECC0647Y

MATUTINO

JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO VICTORIANO HUERTA

CHIAPAS

CHAPULTENANGO

PRIMARIA INDIGENA

07DPB0080R

DISCONTINUO

VICTORIANO HUERTA

JALISCO

COLOTLAN

TELESECUNDARIA

14DTV0406P

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

SINALOA

COSALA

PREESCOLAR CONAFE

25KJN1127L

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

VERACRUZ

COYUTLA

TELESECUNDARIA

30DTV0801H

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

YUCATAN

TIZIMIN

PRIMARIA INDIGENA

31DPB0015R

MATUTINO

VICTORIANO HUERTA

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los Gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, para que, al tenor del centenario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, realicen las gestiones necesarias para cambiar la denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta por el de Belisario Domínguez.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 01 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Alejandro Robledo Aburto".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Túrnese a la Comisión de Educación.

Esta Presidencia saluda a los maestros y alumnos de la preparatoria del Colegio Westminster, invitados por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)





 

Se concede la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a declarar el edificio del Senado como espacio 100 por ciento libre de tabaco.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señora Presidenta; con el permiso de la Asamblea.

En los últimos años, a nivel mundial se ha venido concientizando sobre los daños directos y colaterales sobre el hábito al tabaco, ya que produce daños de diversa naturaleza en la salud y es responsable de padecimientos que se ubican entre las principales causas de muerte, tanto a los fumadores activos como a los pasivos. Tan sólo en México, la información oficial afirma que al año mueren más de 60 mil personas por causas relacionadas con esta   adicción.

Por ello, cada vez un mayor número de países, han establecido leyes y reglamentos, orientados a concientizar a los fumadores activos, pero que también protegen a los que no fumamos. Desde 2004, México ha firmado diversos protocolos elaborados por la Organización Mundial de la Salud, que establecen los compromisos específicos de los programas contra el tabaquismo, entre éstos, se encuentra, desde luego, la protección del derecho que tienen las personas no fumadoras a no verse expuestas a los efectos nocivos del humo del tabaco.

México fue el primer país de América Latina que se adhirió al Convenio Marco para el Control del Tabaco, y aunque ya se han adoptado diversas medidas para desalentar el consumo, todavía son varios los asuntos pendientes e incluso los rezagos. Uno de los compromisos que México no ha cumplido son los espacios ciento por ciento libres de humo de tabaco, con lo cual el país quedó atrás de por lo menos 14 naciones latinoamericanas, que ya cuentan con leyes que prohíben fumar en los espacios públicos.

La creación de la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor a partir de 2008, fue un avance, pero se vio acotado por la permisibilidad de las áreas para fumar. Por lo tanto, no se está cumpliendo del todo, porque establece claramente que dichos espacios, de permisión para fumar en los espacios públicos, simple y sencillamente no deben existir.

Es importante defender los derechos de los no fumadores, ya que la mayoría de la población de México no fuma, es decir, 75% de los mexicanos no fumamos. Estos derechos se ven violentados ya que el humo del tabaco no discrimina entre los pulmones de los fumadores y de los no fumadores, y de poco sirve que las personas se alejen de donde se produce el humo dentro de un lugar cerrado. Se ha demostrado que ser fumador pasivo en lugares donde el consumo de tabaco es importante, equivale para una persona como fumar dos o tres cigarros al día.

Quiero compartirles, compañeros, que a raíz de que se han puesto estas leyes en marcha, estos rigores, hemos encontrado, los que no somos fumadores, un grave problema. Y este es, que si bien no se fuma en las oficinas públicas, cuando salimos a los lobbys de los edificios o bien caminamos por las banquetas de la vía pública nos encontramos con un cúmulo de fumadores que prácticamente hacen nuestra vida imposible.

También quiero decir que en el Senado de la República, que somos la Cámara Alta de la nación, donde somos legisladores y estamos obligados a hacer respetar las leyes, tenemos una grave crisis de fumadores, no quiero con esto agraviar a los que tienen esta adicción, puesto que adicción es. Este problema es que cuando salimos de las sesiones o cuando entramos a ellas en el Hemiciclo se apostan un número importante de fumadores, los más de ellos externos a esta Cámara, que afectan nuestra salud.

Asimismo, se han encontrado casos de personas que fuman, inclusive en los baños, que fuman inclusive en las áreas de convivencia pública del Senado, y esto simple y sencillamente no puede ser posible. De manera que sin agraviar a los que fuman, de manera que sin agraviarlos, pero sí protegiendo a los que queremos conservar nuestra salud, me sirvo presentar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Senado de la República a promover un programa denominado que permita declarar este recinto y los inmuebles conexos como espacios cien por ciento libres de humano de tabaco, en el que se consideren políticas de sustentabilidad, entornos saludables y programas para la prevención del consumo de cualquier sustancia que altere las condiciones de salud de los miembros de nuestra comunidad.

Lo pongo a su disposición.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA A DECLARAR EL EDIFICIO QUE ALBERGA A ESTA SOBERANIA “ESPACIO CIEN POR CIENTO LIBRE DE TABACO”



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

El asunto presentado quedará en poder de la Mesa Directiva.





 

El siguiente asunto de nuestro Orden del Día es la presentación del punto de Acuerdo que suscriben los grupos parlamentarios en torno a las afectaciones por las contingencias climatológicas provocada por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, para solicitar la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y pesquera.

Para presentar el punto de Acuerdo, se concede la palabra al Senador René Juárez Cisneros.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de mis compañeros Senadores Aarón Irízar López, José Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma, María del Rocío Pineda Gochi y el mío propio, vengo a esta tribuna para someter a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución.

Me referiré a las afectaciones que los recientes fenómenos climatológicos dejaron en casi todo el territorio nacional, independientemente de que éstas fueron de diferente índole. En esta oportunidad trataré de referirme de manera específica a lo referente a las afectaciones en el sector agropecuario y pesquero.

Es cierto que el gobierno federal, a partir de este siniestro, de esta afectación, asumió una actitud oportuna de respuesta, de apoyo y de auxilio a quienes resultaron afectados. Así quedó de manifiesto en la pasada reunión de evaluación que se celebró el 25 de septiembre en Palacio Nacional. Ahí, de manera específica, se estableció el compromiso, por parte del Ejecutivo Federal, de respaldar y responder solidariamente a quienes habían sido afectados por estos fenómenos climáticos que azotaron el golfo de México y el océano Pacífico.

Ahí mismo, también se hizo de manera explícita la instrucción a la SAGARPA para que, de manera inmediata, apoyara y respaldara a los productores del campo que habían sido afectados por estos fenómenos con la mayor prontitud a efecto de poder resarcir estos daños e incorporar a esta importante fuerza de trabajo a los trabajos o a las actividades normales, que en condiciones normales vienen desempeñando.

Se instruyó de que fueran evaluadas, cuantificadas las hectáreas de cultivos diversos siniestradas y las cabezas de ganado que se habían perdido a efecto de que se procediera a las indemnizaciones correspondientes y a tomar las medidas necesarias para poder resarcir el daño en las áreas agrícolas afectadas.

Hoy, de acuerdo a los datos recientes, tenemos que un poco más de medio millón de hectáreas han sido afectadas en diferentes cultivos, en diferentes estados de la República donde fundamentalmente los más afectados son el estado de Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz, sin que esto descarte otras entidades federativas que también sufrieron daños.

En esa oportunidad, la SAGARPA informó también que las zonas afectadas ingresarían al Programa de Desastres Naturales del Sector Agropecuario, a través del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos ya realizados y ya reseñados, parece fundamental y necesario que se tomen medidas adicionales, desde el sector financiero gubernamental, que compensen las graves pérdidas en la producción agrícola, ganadera y pesquera destinando mayores recursos presupuestales y crediticios para el sector agropecuario y pesquero en las entidades federativas siniestradas.

En este sentido, creemos que en el sector agropecuario, tanto FIRA, como Financiera Rural, resultan pilares fundamentales para encauzar recursos financieros en la asistencia técnica y la capacitación, así como en el diseño de programas y estrategias financieras emergentes para los productores de las entidades federativas afectadas por la reciente contingencia climatológica, que permita promover proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y pesquera.

Por ello es que en esta oportunidad buscamos, con el apoyo de la Asamblea, con el respaldo         de las Senadoras y Senadores de la República, solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la SAGARPA, a FIRA, así como a Financiera Rural, el diseño de programas y estrategias financieras emergentes, reitero, para que los productores de los estados afectados por las recientes contingencias climatológicas puedan resarcir sus daños y reincorporarse y reinsertarse a las actividades productivas en el sector que he mencionado.

Sabiendo de la sensibilidad de cada uno de ustedes espero, sin duda, el respaldo a esta proposición.

Es cuanto.

Muchas gracias, compañeras Senadoras y Senadores.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, ASI COMO A FINANCIERA RURAL, A DISEÑAR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS EMERGENTES PARA LOS PRODUCTORES DE LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA RECIENTE CONTINGENCIA CLIMATOLOGICA PROVOCADA POR EL HURACAN “INGRID” Y LA TORMENTA TROPICAL “MANUEL”, QUE PERMITA LA PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO QUE AYUDEN A RESTABLECER LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y PESQUERA

“Los que suscriben, Senadores RENE JUAREZ CISNEROS, AARON IRIZAR LOPEZ, JOSE ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, EVIEL PEREZ MAGAÑA, HECTOR YUNES LANDA, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, ARMANDO RIOS PITER, MANUEL CAVAZOS LERMA y MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, integrantes dela LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y derrumbes, provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, dejaron más de un centenar de decesos, miles de damnificados y pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, así como en regiones ganaderas y pesqueras.

Las lluvias e inundaciones no han dado tregua en las en ciudades y comunidades de los estados afectados, especialmente en Guerrero donde se han presentado lluvias inéditas con precipitaciones que superaron los 987 milímetros en la sierra.

Ante ello, el Gobierno Federal desplegó una intensa campaña de acciones de recuperación y auxilio a través de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina mediante el Plan DN-III-E y el Plan Marina, así como de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y Comunicaciones y Transportes, para atender las enormes necesidades de los damnificados y de rehabilitación de la infraestructura básica en carreteras y servicios.

En este sentido, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en el marco de la Reunión de Evaluación de las Zonas de Desastre por el Huracán “Ingrid” y la Tormenta Tropical “Manuel”, realizada en Palacio Nacional el pasado 25 de septiembre, dio constancia del trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno Federal para atender esta grave emergencia en el país y aseguró que los mexicanos afectados contarán con todo el respaldo para recuperar las condiciones de vida prevalecientes antes del episodio climático.

El Presidente de la República aseguró que el Gobierno de la República pondría en marcha el Plan de Reconstrucción Nacional una vez terminada la evaluación y cuantificación de daños a la que fueron convocados gobernadores, legisladores y funcionarios públicos federales. Asimismo, conminó a la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se haga una valoración y eventualmente se ajusten algunas partidas para tener una mayor inversión y recursos suficientes para poder atender la reconstrucción y el auxilio a los damnificados en esta emergencia.

Por su parte, el Presidente de la República instruyó a las dependencias federales a disponer de todo lo necesario para ayudar en la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios, así como apoyar en el rescate de tierras de cultivo.

Al respecto, pidió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) apoyar a las zonas de cultivo que están afectadas, así como poner en ejecución las indemnizaciones correspondientes por cabeza de ganado a los afectados en esta contingencia.

Asimismo, el Presidente de la República instruyó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a establecer un programa de aprovechamiento de toda el agua que se ha acumulado y que se ha almacenado para que pueda servir y abastecer a las zonas de cultivo en la próxima temporada.

Al respecto, en días pasados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante un informe preliminar dio a conocer que casi 500 mil hectáreas de cultivos diversos, fueron afectadas por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” en el país. A partir de este informe se sabe que Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz son los estados más afectados. Asimismo, se destaca que los cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar son los más dañados.

Estos primeros reportes destacan que en el Estado de Guerrero se dañaron 229 mil hectáreas; en Tamaulipas 53 mil, de las cuales 42 mil son de sorgo y tienen daños parciales; Michoacán, 32 mil; Sinaloa, 31 mil; Oaxaca, 23 mil y Veracruz 15 mil hectáreas, con distintos grados de afectación en maíz, sorgo, frijol, trigo y algunos cítricos.

La SAGARPA informó también, que las zonas afectadas ingresarán al programa de Desastres Naturales del Sector Agropecuario, a través del programa de prevención y manejo de riesgos.

A pesar de todos estos esfuerzos que implementa el Gobierno Federal y ante la difícil situación por la que atraviesan diferentes regiones productoras de cultivos y ganado en nuestro país, se requiere de medidas adicionales que compensen las graves pérdidas en la producción agrícola, ganadera y pesquera, destinando de manera inmediata mayores recursos presupuestales y crediticios para el sector agropecuario y pesquero.

En este sentido, en el sector agropecuario, tanto los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), como Financiera Rural, resultan pilares fundamentales para encauzar recursos financieros en la asistencia técnica y la capacitación de los productores, así como en el diseño de programas y estrategias financieras emergentes para los productores de las entidades federativas afectadas por la reciente contingencia climatológica, que permita la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y de pesca.

Por lo anteriormente descrito y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como a Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados por la reciente contingencia climatológica provocada por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, con el objeto de permitir la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y de pesca.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señora Presidenta.

Los efectos de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” pueden considerarse, por su magnitud, los más graves en la historia reciente del país. Afectaron a un millón 200 mil mexicanos en 552 municipios de 26 estados del país, y han cobrado la vida de casi 150 personas.

Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, estamos muy concientes de que los desastres naturales no pueden evitarse, pero gracias al conocimiento y a la tecnología sí puede prevenirse que el daño que generen sea menor.

Más aún, los fenómenos meteorológicos son los que con mayor certeza pueden pronosticarse y, por lo tanto, estar preparados ante ellos.

El país cuenta con protocolos de actuación específicos ante el peligro que representan los fenómenos naturales, por eso es inaceptable que se prescinda de ellos o no se cumpla a cabalidad lo que ha costado años y un enorme esfuerzo construir, que es una política de prevención eficaz.

Después de una investigación que realizamos sobre la respuesta de las distintas autoridades frente a las emergencias naturales de “Ingrid” y “Manuel”, concluimos que los gobiernos federal, estatal y municipal actuaron con negligencia, no respondieron conforme a sus facultades legales, procedimientos y manuales operativos. No ejecutaron de forma correcta los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que vimos es que se actuó fuera de tiempo y de manera reactiva en lugar de darle prioridad a la prevención.

El Sistema Meteorológico Nacional cumplió con su función en tiempo y forma, emitiendo los boletines correspondientes, pero fue hasta el 13 de septiembre, a las 11:30 horas, que la Coordinación Nacional de Protección Civil por primera vez puso el semáforo de alerta en amarillo para Guerrero y el sur de Michoacán.

No se entiende por qué fue hasta el 15 de septiembre que el Coordinador Nacional de Protección Civil se pronunció por primera ocasión sobre el tema.

Después de ocurrido el desastre, y eso es fácil además de corroborar, basta con ver los boletines y la información difundida por la Coordinación de Protección Civil y por la Secretaría de Gobernación en Internet.

Hemos encontrado también otras omisiones igual de importantes, y es tan sencillo como contrastar las etapas y acciones que establece el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, publicado desde el año 2003, con lo hecho por las autoridades a partir del 12 de septiembre pasado.

Quiero decirles que cuando se establece una alerta amarilla por el acercamiento de un ciclón, el Sistema Nacional de Protección Civil debe iniciar la coordinación operativa con estados y municipios, preparar refugios temporales, reforzar campañas en medios de comunicación masiva sobre cómo actuar en caso de afectación, desplegar personal y recursos.

Es con una alerta naranja cuando se comienzan las labores de evacuación de las zonas de riesgo, y bueno, tan graves son las omisiones que nunca se emitió una alerta naranja para la zona de Acapulco.

Quiero hacer una mención muy particular que tiene que ver con uno de los elementos de los que poco se ha hablado. La presa “La Venta”, de la cual es responsable la CFE, alcanzó un nivel crítico que a pesar de haber abierto sus 7 compuertas, 4 de ellas fueron destruidas por la presión del agua. Es reprobable que la CFE, conociendo, que a unos cuantos metros de ella se encontraba el poblado Venta Vieja con 288 habitantes, nunca alertó a la gente ni de la apertura de las compuertas ni del riesgo en el que se encontraban.

El resultado es que el poblado Venta Vieja hoy no existe, fue completamente devastado, y afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

Sin duda alguna, urge hacer una evaluación de lo realizado antes, durante y después de esa desgracia. No por un intento de partidizar esta discusión, nadie está hablando de ello, sino porque apenas han tenido lugar 2 de los 13 ciclones tropicales pronosticados para este año, por lo que debe convertirse en prioridad de este gobierno la agenda de protección civil y, sobre todo, retomar el enfoque de prevención por el que siempre hemos pugnado.

Quien olvida el pasado está condenado a repetir los mismos errores. No podemos esperar para que sea la sociedad la que resuelva todo aquello que el gobierno deja de hacer.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora del Campo Gurza.

Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, y hasta por cinco minutos, el Senador Raúl Morón Orozco.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta.

El grupo parlamentario del PRD, votará a favor de este punto de Acuerdo que está sometido a nuestra consideración, porque estamos obligados a responder de manera contundente ante la tragedia que enfrentan los productores del campo mexicano y el sector pesquero, hay instrucciones, aquí lo ha dicho nuestro amigo y Senador René Juárez, del Presidente de la República, de que se atienda de inmediato, y hay una primera evaluación que nos da idea, aunque no total, no de manera integral de lo que esto representa, y obviamente es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda disponer de estos recursos de manera inmediata, de manera emergente para activar la actividad primaria del país y poder así de alguna manera regenerar lo que tiene que ver con todas las pérdidas con los siniestros que se dieron en la agricultura, con lo que se dio en la ganadería y obviamente en la pesca.

Pero no podemos dejar de mencionar que ésto, aunque es el sector primario y es importante que se dinamice, no es todo; a mi juicio no puede quedar también la infraestructura carretera echa a un lado, y es importante, aunque ha habido medidas emergentes ya, en varias partes del país, en varias partes de los estados, sí es importante que se atiende de manera integral. Se han atendido las autopistas, pero faltan muchas otras carreteras secundarias o estatales, faltan muchos otros caminos, cosechas, caminos rurales que es importante que se tomen en cuenta, así como el asunto inmobiliario, las habitaciones perdidas de gente que tiene pocos recursos y que se ve en la necesidad, incluso permitido por las autoridades de todos los niveles de gobierno de instalarse en zonas de riesgo, y esto es importante también que se atienda, sin soslayar las responsabilidades que puedan ser atribuidas a las autoridades de todos los niveles por esta actitud de indolencia que han tenido para poder comunicar y orientar de manera contundente a la sociedad, alertar de manera contundente a la sociedad y actuar en consecuencia; esto es, ir a auspiciar el desalojo de la gente que estaba en zonas de riesgo.

Todas estas cosas son importantes que las tengamos presentes; y a mi juicio, creo que esta evaluación preliminar que ha hecho el Presidente de la República, con todo y su gabinete, y donde estuvimos presentes, y las instrucciones que ha girado, deben atenderse de manera inmediata.

Pero no podemos quedarnos con esto nada más; yo creo que falta mucho por salir a la luz pública, faltan responsabilidades que es necesario atribuir; faltan, también, daños que no se han visto hasta este momento y que están descubriéndose en la medida en que empiezan a despejarse, cada uno de los estados, del agua, en que empiezan a limpiar las zonas afectadas, y van a surgir, sin ninguna duda, cuestiones todavía más drásticas.

Por eso quisimos dejar, aquí en la tribuna, planteado que respaldamos este punto de Acuerdo para que de inmediato se dispongan recursos para ejecutar y tomar medidas al respecto de la actividad primaria del país, que es fundamental en el desarrollo del mismo, pero no podemos soslayar, de ninguna manera, que la atención a los efectos que estos siniestros han traído en el país en los diferentes estados de la República, deben ser atendidos de manera integral y, obviamente, recuperar la tranquilidad, la serenidad y la seguridad del pueblo de México.

Por su atención muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Raúl Morón.

Concluida la ronda de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, quien presenta un punto de Acuerdo para llevar a cabo un homenaje al escritor mexicano Octavio Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores.

Distraeré unos minutos de su atención para hablar en ocasión del próximo aniversario del natalicio de Octavio Paz.

Desde hace algunas semanas, hemos enlistado en la Gaceta de este Senado esta solicitud. Me parece que es necesario que lo hagamos con la oportunidad y con el rigor que merece un intelectual, como es el caso de Octavio Paz.

Permítanme algunas reflexiones, de porqué lo estimo de esta naturaleza, y para pedir a esta Soberanía su respaldo para poder concretar.

Hace casi cien años, el 31 de marzo de 1914, tuvo lugar el nacimiento de este ilustre escritor mexicano. Octavio Paz constituye el intelectual mexicano de mayor influencia a nivel internacional en la pasada centuria, y cuyas reflexiones sobre la sociedad mexicana de ayer y hoy, sin duda han dejado huella en lo que implica este país.

Su obra, como pocas, ha sido traducida a una gran diversidad de idiomas. La idea de México en el mundo intelectual contemporáneo tiene una inmensa deuda con el maestro Paz.

Paz, desde la perspectiva de un ensayista crítico e independiente, polemizó en una gran diversidad de temas y campos de conocimiento, sin concesiones de ningún tipo; pero quien, además, nos legó una obra poética de gran profundidad y belleza, además de los escritos críticos sobre la política, las artes visuales, la poesía y la historia, entre otros temas.

Insisto, numerosas serían las razones que esta mañana podríamos señalar en ocasión de Octavio Paz; fue, como muchos sabemos, un idealista de la revolución y, conjuntamente con otros intelectuales mexicanos, se encaminó en el viejo continente para participar en la defensa de la República de España, que luchaba contra el fascismo creciente en Europa. Sin embargo, tendríamos que recordar cómo su voluntad crítica también lo llevó a distanciarse con el movimiento, porque no encontró la realización de sus ideales, sino una cruenta violencia entre uno y otro bando.

Como lo señalan muchos ensayistas, Paz libró muchos debates; uno a los que le dedicó mayor atención fue, precisamente, la denuncia del totalitarismo y la antidemocracia. Fuera del Estado no hay nadie, señalaba en algunos de sus escritos.

Octavio Paz consideraba que “la democracia no es un absoluto ni un proyecto del futuro: es un método de convivencia civilizada”.

Qué importante sería recordar a Paz en estos momentos.

No se propone cambiarnos, decía más adelante en sus escritos, ni llevarnos a ninguna parte; pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos de los individuos.

Defensor de las libertades cívicas y precursor de los derechos humanos, en su ensayo “El filantrópico”, resumió su pensamiento crítico respecto la actuación del Estado en la sociedad, con críticas abiertas al Estado mexicano y a los partidos políticos de la época.

Paz era de la idea de que la modernidad mexicana no debía copiar estereotipos de otras naciones, sino encontrar su propia modernidad, retomando así las prácticas democráticas vigentes aún en esa época y que derivaban de la tradición indígena y novohispana.

Sin duda, Paz tuvo un momento sobresaliente de congruencia con las ideas de libertad y en contra del autoritarismo, como él mismo se refería, cuando presentó su renuncia al Presidente de la República como Embajador de México ante La India, derivado de los hechos ocurridos el 2 de octubre, una vez que hizo la reflexión sobre los lamentables acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Qué mejor ocasión que hoy, precisamente, para poder invitar a todas y a todos los compañeros, a que este Senado pueda realizar un programa de actividades conmemorativas, que nos permita poder saber qué ha pasado en estos cien años con la obra y vida de Octavio Paz.

Un programa, compañeras y compañeros, que corresponda, sin duda, a su ideario y congruencia; un programa que permita la reflexión crítica de su propuesta; un programa que tenga el fuerte carácter nacional, pero también, de la enorme trascendencia internacional que tuvo Octavio Paz; un programa y un homenaje que pueda mantener a Octavio Paz en la vigencia de su origen, en la presencia y en el imaginario de la sociedad mexicana; un programa, sin duda, que regrese a Paz de donde él nunca salió, como es la sociedad y la cultura de nuestro país.

Les invito, señoras y señores, para que pueda la Mesa Directiva, los diferentes grupos parlamentarios y en todos los órganos de este Senado, llevar a cabo un programa que permita la conformación adecuada de un homenaje a la altura de quien ha sido uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, Octavio Paz.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA LLEVAR A CABO UN HOMENAJE AL ESCRITOR MEXICANO OCTAVIO PAZ, EN OCASION DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

"BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA, SENADORA DE LA REPUBLICA POR EL ESTADO DE PUEBLA E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 8, ASI COMO EL ARTICULOS 108 Y 109, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO PARA LLEVAR A CABO UN HOMENAJE AL ESCRITOR MEXICANO OCTAVIO PAZ EN OCASION DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 31 de marzo de 1914, hace casi cien años, en el antiguo pueblo de Mixcoac, nace el distinguido e ilustre escritor mexicano Octavio Paz, quien constituye el intelectual mexicano de mayor influencia a nivel internacional  en la pasada centuria y cuyas reflexiones sobre la sociedad mexicana de ayer y hoy y sobre la sociedad contemporánea serán siempre un referente para conocer nuestra idiosincrasia y cultura.

Su obra, como pocas, ha sido traducida a una gran diversidad de idiomas. La idea de México en el mundo intelectual contemporáneo tiene una inmensa deuda con el maestro Paz, quien desde la perspectiva de un ensayista, crítico e independiente, polemizó en una gran diversidad de temas y campos del conocimiento, sin concesiones de ningún tipo, pero quien, además, nos legó una obra poética de gran profundidad y belleza y obras críticas sobre la política, las artes visuales, la poesía y la historia, entre otros temas.

En una primera etapa de su vida, fue un idealista de la revolución y, conjuntamente con otros intelectuales mexicanos, se encaminó al viejo continente para participar en la defensa de la República de España que luchaba en contra del fascismo creciente en Europa. Sin embargo, su voluntad crítica lo llevó a distanciarse con el movimiento, porque no encontró la realización de sus ideales, sino una cruenta violencia entre uno y otro bando, además de expresiones del estalinismo que convivían con el movimiento de resistencia.

Como lo señalan muchos ensayistas, Paz libro muchos debates; uno a los que le dedicó mayor atención fue a la denuncia del totalitarismo y la antidemocracia del socialismo real en la primera mitad del siglo XX, porque consideraba que la sociedad civil había desaparecido en esos países, fuera del Estado no hay nada ni nadie, decía respecto de la Unión Soviética y demás naciones del este. Debate que, por una parte, lo acercó a posiciones liberales y a la defensa de la democracia, convencido de que la misma era una vía posible de entendimiento de las sociedades contemporáneas. Por la otra, le acarreo una fuerte oposición de parte de muchos intelectuales que simpatizaban, de una u otra manera, con las ideas socialistas, a veces de manera acrítica como pensaba él.

Octavio Paz consideraba que la democracia "…no es un absoluto ni un proyecto sobre el futuro: es un método de convivencia civilizada. No se propone cambiarnos ni llevarnos a ninguna parte; pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos de los individuos" 1.

Defensor de las libertades cívicas y precursor de los derechos humanos, en su ensayo El ogro filantrópico, resumió su pensamiento crítico respecto de la actuación del Estado en la sociedad, con críticas abiertas al Estado mexicano y a los partidos políticos de esa época. En esa obra sentenció: El Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que la de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina2.

Paz era de la idea de que la modernidad mexicana no debía copiar estereotipos de otras naciones, sino encontrar su propia modernidad, retomando las prácticas democráticas vigentes aún en esa época y que derivaban de la tradición indígena y novohispana. Refiriéndose a sus primeros años en Mixcoac señalaba: en aquellos años los habitantes del Distrito Federal no habíamos perdido el derecho democrático más elemental: elegir a nuestros alcaldes y regidores. Se olvida que el derecho a elegir nuestras autoridades incluye la libertad de honrar, en público, y a nuestra manera, a nuestros héroes y a nuestras divinidades3.

Destaca de manera especial su interpretación del ejido en el contexto del desarrollo mexicano, pues sostenía que esta forma de organización como sistema de producción era inferior a la agricultura capitalista. Sin embargo, estaba convencido que el ejido no era para producir más sino para vivir mejor, para vivir de manera diferente, más justa, armoniosa y más libre que la actual. Su función consiste en ser la base económica de un tipo de sociedad que está igualmente lejos del modelo capitalista y del modelo que, sin mucha exactitud, se llama socialista.4

Un momento sobresaliente de su congruencia con las ideas de la libertad y en contra del autoritarismo, fue la presentación de su renuncia al presidente de la República como embajador de México ante la india, derivado de su reflexión sobre los lamentables acontecimientos del dos de octubre en la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco.

Para él, el año de 1968 representó la ruptura del consenso que propició que apareciera la otra cara de México: una juventud encolerizada y una clase media en profundo desacuerdo con el sistema político que nos rige desde hace cuarenta años5.

Más allá de su famoso ensayo El laberinto de la soledad, el mundo de las ideas siempre estará en deuda con Octavio Paz. No sólo por su obra poética y ensayística, sino también por sus lecturas. Su trabajo editorial en la Revista Plural y más tarde en la Revista Vuelta (expresiones de otras publicaciones previas, taller y El hijo pródigo), brindó, primero que nadie, la oportunidad de que los lectores mexicanos se acerarán a las ideas del pensamiento contemporáneo. Fue así como se conocieron diversos ensayos de autores que habían sido traducidos a nuestro idioma de manera muy limitada, tales como Kundera, Irving Howe, Daniel Bell, Joseph Brodsky, Milosz, Kolakowski, Castoriadis o Enzensberger).

Pero también Paz fue un gran impulsor de las letras mexicanas. A través de sus publicaciones se difundió la obra de autores y, conjuntamente con Gabriel Zaid y otros intelectuales, concibieron la idea de crear un fondo de becas para el desarrollo individual de los artistas que, de manera independiente, pudieran desarrollar su trabajo en libertad. Esa institución sigue vigente y dando frutos de muy diverso orden en la literatura, artes plásticas, medios audiovisuales, dramaturgia y coreografía.

Octavio paz fue galardonado en 1990 con el Premio Novel de literatura, en cuya ceremonia hizo un breve discurso que concluyó con las siguientes palabras: Sólo si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la naturaleza, podremos defender a la vida. No es imposible: fraternidad es una palabra que pertenece por igual a la tradición liberal y a la socialista, a la científica y a la religiosa.

Es por ello que se considera que el Senado de la República debe brindar un merecido homenaje a quien se considera uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Un Mexicano cuya obra lleva implícita lo mejor de las letras mexicanas y de la reflexión crítica y sin concesiones de la sociedad contemporánea.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Con motivo de los actos conmemorativos de los cien años de nacimiento del maestro Octavio Paz, se propone que el Senado de la República, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, editen un libro de homenaje a su obra y persona.

Segundo.- Develar una placa conmemorativa en el auditorio Octavio Paz con sede en las instalaciones del Senado de la República, así como una ceremonia de reconocimiento a su obra y persona.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz."

1 Citado por Silva-Herzog Márquez, Jesús, Octavio Paz y los Partidos, “Reforma”, sección editorial, 16 de julio de 2005, p. 14

2 El ogro filantrópico, México, 1979, Seix Barral, Biblioteca Breve, pag. 85

3 Los privilegios de la vista, México, 1990, Centro Cultural Arte Contemporáneo, pag. 28

4 Vuelta a El laberinto de la soledad, México, 1981, Fondo de Cultura Económica, pag. 334

5 A cinco años de Tlatelolco, en El ogro filantrópico, México, 1979, Seix Barral, Biblioteca Breve, pag. 150

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Blanca Alcalá. Túrnese a la Comisión de Cultura.





 

Se le concede el uso de la tribuna, al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, como se propone en el paquete económico 2014.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Perdón, Senador Jorge Luis Lavalle.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Le pido, para antes de la intervención del Senador Lavalle, el uso de la voz con motivo del punto de Acuerdo anterior que presentó la Senadora Blanca Alcalá. Estaba considerado en la agenda como de urgente resolución y fue turnado a la Comisión de Cultura, si pudiésemos rectificar esta parte en procedimiento, para que sea votado el día de hoy.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Ya fue turnado a comisiones. Permítanos continuar con la agenda y después de la intervención del Senador, lo vemos con gusto.

Continúe, Senador Luis Lavalle.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señora Presidenta.

Pido sea incorporado el Senador Vega Casillas y el Senador Luis Fernando Salazar.

Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestra Carta Magna, en el artículo 31, fracción IV, establece que “es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Del mismo modo, nuestra Carta Magna delega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esta a su vez al Sistema de Administración Tributaria, como el órgano encargado de recaudar y administrar las contribuciones de los mexicanos, labor fundamental para las finanzas públicas nacionales, en virtud de que este órgano recaudatorio debe de captar la mayor cantidad de ingresos a fin de que puedan solventarse todos y cada uno de los rubros del gasto público, el cual contiene, primordialmente, las demandas sociales que deben ser satisfechas para alcanzar el crecimiento del México próspero que sus habitantes anhelamos.

Para ello, el SAT está obligado a valerse de los mejores medios y herramientas, a través de los cuales pueda lograr dicha captación. El dictamen fiscal es una herramienta que, desde 1959, ha sido fundamental, no sólo para recaudar de manera eficiente un buen porcentaje de los ingresos de los contribuyentes, sino también para proporcionar seguridad jurídica a lo usuarios de la información financiera y, a la vez, dotar a los contribuyentes de una opinión externa que les permita conocer a detalle cuál es su situación fiscal.

Esta revisión que practica el profesional de la contaduría, tiene como objetivo principal brindar al contribuyente que dictamina sus estados financieros, confianza y seguridad respecto de la situación financiera de su empresa, así como también ofrecer a la autoridad hacendaria un esquema mediante el cual puede conocer la situación fiscal de los contribuyentes y determinar, en un momento dado, la posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación que, al no cumplir el gobernado con el pago de las diferencias expuestas por el dictaminador, quien en muchos casos suple el ejercicio de la auditoría del Sistema de Administración Tributaria.

Entre los muchos beneficios que el dictamen fiscal nos otorga a los ciudadanos mexicanos, están los siguientes:

Es un instrumento recaudatorio a través del cual el erario federal capta contribuciones federales.

Es una herramienta de autocorrección fiscal tanto para personas morales como para personas físicas.

Es un medio de seguridad jurídica ante los contribuyentes por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Es un instrumento de seguridad legal ante los terceros usuarios de la información financiera, entre muchos otros.

Según los datos del propio SAT, anualmente se emiten cerca de 100 mil dictámenes a través de los cuales se recaudan, en promedio, alrededor de 20 mil millones de pesos al año.

Solamente entre los años 2005 y 2010, la recaudación obtenida como consecuencia de los dictámenes presentados con diferencia a cargo, sumó un total de más de 105 mil millones de pesos; por lo que de eliminarse esta evaluación, además de ser una irresponsabilidad, se correría el riesgo de no recaudar una importante cifra a cargo de los contribuyentes.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el dictamen fiscal crea un ambiente menos áspero entre el padrón de contribuyentes, y las autoridades, y a la vez señala que esta figura aunada a la simplificación fiscal puede aumentar hasta un 30 por ciento la recaudación.

Sin embargo, en el paquete económico que el Ejecutivo Federal ha enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados, se propone eliminar el dictamen fiscal a través de la derogación del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación y, en su lugar, se plantea sustituir dicho dictamen por la presentación de la declaración informativa del contribuyente, respecto de las operaciones de enajenación de las acciones que al efecto se establezcan.

Ante este escenario, ya han surgido varias instituciones y agrupaciones de contadores públicos, a lo largo y ancho del país, que señalan como negativa esta propuesta, en virtud de que además de la eminente baja en al recaudación que esto llevará a cabo, dicha iniciativa representa un aplazamiento a la desaparición de la contaduría pública organizada en nuestro país.

Un elemento fundamental que debe señalarse para no considerar viable esta propuesta del Ejecutivo Federal, es que, hasta ahora, la figura del dictamen fiscal ha asegurado el cumplimiento de los principios jurídicos contenidos en el artículo 31 constitucional de proporcionalidad y equidad, mismos que garantizan que los impuestos que se les cobran a los contribuyentes atienden a la capacidad económica y tributaria que cada uno de estos poseen.

Asimismo, debe considerarse que en países como España, Estados Unidos y muchos otros, existen figuras fiscales equivalentes al dictamen fiscal que hoy pretende suprimirse en nuestro país. La mayoría de los países que mantienen este esquema de auditoría externa, lo hacen debido a que, además de impulsar el desarrollo y competitividad del sector contable y financiero, los gobiernos ahorran dinero y tiempo en la recaudación de los impuestos y, además, facilitan a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto es que propongo a esta Soberanía exhortar a la Cámara de Diputados, a fin de que no atienda la propuesta del Ejecutivo Federal de derogar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, en los términos siguientes:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación de las disposiciones que integran el paquete económico 2014, se descarte la derogación del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación que propone el Ejecutivo Federal, en virtud de que la desaparición del dictamen fiscal disminuirá la recaudación y afectaría gravemente a las asociaciones y colegios de contadores públicos del país.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de aprobación del paquete económico 2014, mantenga reuniones con asociaciones y colegios de contadores públicos del país, a fin de que éstos sean escuchados y puedan expresar, de manera abierta y pública, las grandes afectaciones en materia laboral y productiva que enfrentaría todo este sector si se deroga el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A NO DEROGAR EL ARTICULO 32-A DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, COMO LO PROPONE EL EJECUTIVO FEDERAL EN EL PAQUETE ECONOMICO 2014



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En relación a la propuesta hecha por la Senadora Blanca Alcalá, esta Mesa Directiva informa que aunque no fue solicitada a la Mesa Directiva, en su oportunidad, por consenso de los grupos parlamentarios, se le consultará a la Asamblea, si se dispensan los trámites al punto de Acuerdo presentado por la Presidenta de la Comisión de Cultura, para llevar a cabo un homenaje al escritor mexicano Octavio Paz.

En consecuencia y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, se encuentra a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta planteada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidente.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que el análisis de las iniciativas sobre diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social, se realice con base en principios de universalidad y progresividad.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores.

Como parte de la llamada reforma hacendaria, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional con dos nuevos derechos: el derecho de los adultos mayores a contar con una pensión universal que los apoye a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez, así como el derecho de los trabajadores a contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades en tanto logren reincorporarse al mercado laboral formal.

Estos dos nuevos derechos se vienen a sumar al conjunto de los establecidos a lo largo del tiempo. No se puede estar en desacuerdo con que es de justicia social establecerlos; sin embargo, la historia ha demostrado que el establecimiento de derechos sociales a nivel constitucional, no es garantía para que se cumplan en la práctica. Ahí está el ejemplo del salario mínimo remunerador, los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros.

Por otra parte, en la forma en que se están planeados no significa avance alguno hacia un sistema de seguridad social universal. Por ejemplo, los derechos que se pretenden otorgar a los adultos mayores ya están establecidos, desde el 2002, en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para lo que sólo se agrega el de la pensión.

Primero. Ley de Pensión Universal.

Por cuanto hace a la pensión universal, la iniciativa propone otorgar 1,092 pesos mensuales a los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos:

Que tengan 65 años de edad a partir del año 2014 y no tengan el carácter de pensionados.

Residan en el territorio nacional. Tratándose de extranjeros, será requisito haber recidido por lo menos 25 años en el territorio nacional.

Estén inscritos en el Registro Nacional de Población.

Y que tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, para lo cual realizarán la declaración correspondiente, bajo protesta de decir verdad.

De acuerdo con lo anterior, la pensión se aplicará sólo a los adultos mayores que cumplan 65 años a partir del 2014, quitando el carácter universal de la pensión.

En segundo lugar, el monto de la pensión corresponde al costo de la canasta básica alimentaría calculado por el CONEVAL a junio del 2013 y se actualizaría anualmente con el Indice Nacional de Precios al Consumidor. Lo anterior es cuestionable, esta forma de actualización, ya que lo más correcto sería que se actualizara por el valor de la canasta básica que calcula el propio CONEVAL, ya que éste crece en mayor proporción que el INPC y, por lo tanto, el poder de compra de la pensión se iría reduciendo y ya no se cumpliría con el mandato constitucional.

Entre enero del 2004 y agosto del 2013, el costo de la canasta básica aumento 71.1 por ciento y el INPC el 46.7 por ciento.

Por otra parte, un artículo transitorio establece que los adultos mayores que hasta el año 2013 recibieron apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores continuarán recibiendo los mismos, a través de la pensión universal.

Asimismo, se seguirán aplicando los programas de apoyo a adultos mayores establecidos por las entidades federativas.

Datos de la CONAPO, demuestran que en 2014 sólo se aplicaría la pensión universal al 0.3 por ciento de los adultos mayores, siendo la cobertura máxima hacia el 2035, con sólo el 4 por ciento y después volvería a decrecer. Estos datos demuestran que esta pensión no es universal.

Otro aspecto a precisar es que el costo de la pensión también sería reducido. En 2014, sería de sólo 298 millones de pesos, cifra muy inferior al costo de la pensión actual, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014 se estima en 46 mil 225 millones de pesos.

La propuesta de que el esquema del financiero de la pensión sea a través del establecimiento de cuotas individuales para la población que cumpla 18 años a partir del 2014, podría ser sustentable financieramente el sistema. Sin embargo, de acuerdo a la CONAPO, el número de personas que cumplan 18 años irá disminuyendo a partir del 2016 y, por lo tanto, ya no se generarían más cuentas individuales. Por otra parte, al vincularlas a las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES, ocasionaría un negocio adicional para éstas, en detrimento de los recursos destinados a las pensiones.

Segundo. Seguro de Desempleo.

En cuanto al seguro de desempleo, la propuesta se limita a los trabajadores formales, aquellos que al momento de la pérdida del empleo que, afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE, por lo que los posibles beneficiarios del seguro serían 20 millones de los 49 millones de personas ocupadas.

Además, el seguro se limita a 6 meses, decreciendo entre 70 y 40 por ciento del promedio del salario percibido durante los últimos 24 meses.

Otra situación es el financiamiento de este seguro. Se establecería una cuota de 3 por ciento del salario base de cotización a cargo de los patrones, lo cual no es una nueva carga para los patrones, sino la diferencia del 5 al 2 por ciento de las aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda. 2 por ciento de la cuota se depositaría en la cuenta individual del trabajador administrada por las Afores y el 1 por ciento restante se entregaría al gobierno federal para la constitución de un fondo solidario que administraría directamente.

Por lo anterior, los trabajadores verían disminuido su fondo de vivienda del 5 al 2 por ciento y su cuenta individual se incrementaría en 2 por ciento para el Seguro de Desempleo, por lo que tendrían una pérdida neta del 1 por ciento.

En el caso de requerir el seguro de desempleo, se sacarían los recursos de la cuenta individual. Si ésta no alcanza, durante los dos primeros años se usaría hasta el 75 por ciento del fondo de vivienda; y si aún así no alcanza, se complementaría con los recursos acumulados en el fondo solidario que administraría el gobierno

Como se puede apreciar, el seguro sería beneficiado con los recursos de los propios trabajadores en detrimento de su fondo de vivienda, por lo que en vez de constituir un derecho adicional, como se trata de vender en la iniciativa, sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es inaceptable.

Otra trampa que se establece en la iniciativa, es la propuesta de derogación de la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 ó más años de edad, tendrá derecho a que se haga entrega del total de los depósitos que se hubiera hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior obliga a preguntarse sobre la razón para quitar recursos de su propiedad a esos trabajadores y el destino de los mismos.

Tercero. La iniciativa en materia de seguridad social.

Ante esta situación, es necesario recordar que en diciembre de 2012, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para incluir en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la seguridad social sin considerar la condición socioeconómica o laboral de las personas, para así garantizar el acceso a las prestaciones de carácter social a todas y todos los mexicanos.

Nuestro punto de Acuerdo es:

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que el análisis de la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Lorena Cuellar. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres de la etnia Hñahñú de Amealco, en Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert.

¡Bienvenidas!

(Aplausos)





 

Tiene ahora el uso de la tribuna, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a no aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, relativas al gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso y el permiso de la Asamblea.

Por los que vengo a hablar, no hablan, maúllan y ladran; pero como nosotros, sienten, y con sus ojos nos dicen lo que quieren, lo que les gusta, con su valor nos cuidan, nos ayudan y, algunas veces, nos educan: son los animales.

He dado lectura a los argumentos en base a los cuales la pretendida reforma hacendaria busca gravar con IVA el alimento procesado de las mascotas.

Y se da a entender en esta plataforma de argumentos que me parecen equivocados, que tener una mascota en casa es algo suntuario y propio de familias acomodadas. Esto no es más que la visión de quienes se quedaron atrapados en un pasado, que si bien cronológicamente es cercano, ideológicamente está absolutamente alejado de la realidad.

En este México de ahora, 2013, donde las nuevas generaciones nos muestran cuáles serán las aptitudes del futuro, y las actitudes también, de decir que tener una mascota en casa, un perro, un gato, un loro, un canario, es un objeto suntuario, o sea de lujo, es como pretenderle cobrar impuesto a los padres de familia por alimentar a sus hijos.

Porque quien crea, o quien establezca en los argumentos de una reforma hacendaria que los animales son un producto de lujo en la familia, no tiene la menor idea de en qué país se encuentran y en qué sociedad están.

La composición de la familia de 1970 a la fecha ha cambiado de manera radical. Aquellas familias de 5, 6 ó 7 elementos, con un papá vigoroso y una mamá obediente quedaron en el pasado. Son estructuras añejas de un México que sí, en cierto momento lo fue, en cierto momento dio resultado, pero ahora esto ha cambiado radicalmente.

Si una corriente de pensamiento puede hablar de estos cambios y dar testimonio de la manera como se ha adaptado a ellos, es la corriente progresista.

Nosotros en su momento visualizamos, por ejemplo, el uso de los vehículos no motorizados para movilizarnos, mientras otras corrientes veían a la bicicleta como un objeto de retraso y condenaban a las comunidades que las usaban a ser un pueblo bicicletero, nosotros entendimos la bicicleta como un sujeto de progreso.

Cuando se habló, por ejemplo, de las uniones conyugales entre congéneres, ¡oh, pecado!, había quien quería quemar a la gente en leña verde, había quien se espantaba, había quien proclamaba los actos de Sodoma y Gomorra; y resulta que estas uniones conyugales, con el debido respeto que esto infiere, son una realidad en prácticamente todo el país.

Pues ahora vamos al tema de los animales. Para muchas familias, para muchos ancianos, para muchas personas en este país, su perro es su hijo; sé que ante ciertos sectores esto pudiera parecer irreal, pero en la vida real esto es completamente operativo.

Los animales tienen diversas utilidades y funciones dentro de la sociedad, pero también dentro de la misma familia. Disminuyen, por ejemplo, el sentimiento de la soledad de los ancianos; incrementan el autoestima de las personas, de los niños; los niños aprenden el valor de la convivencia. Psicológicamente está demostrado que no es lo mismo un niño que se crió conviviendo con una mascota, que un niño que se crió sin ella. Asimismo, muchas personas, junto con sus mascotas, se mantienen en forma, caminan, corren, disfrutan.

También los animales favorecen a la recuperación de enfermedades. Se ha demostrado que aquellas personas que poseen mascotas se recuperan más rápido de enfermedades como infartos o cirugías, por ejemplo.

Es por ello que quisiera, para obviar tiempo, presentar el siguiente punto de Acuerdo.

Unico.- Se exhorta al Senado de la República a no aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal relativas a la adición del artículo 2o.-A, inciso b), numeral 6, para gravar los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar, así como la modificación del inciso a) fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de eliminar el tratamiento de tasa cero en la enajenación de perros, gatos y pequeñas especies en su alimentación, empleadas como mascotas en el hogar.

Y quiero dejar claro. Las mascotas, en muchos hogares de este país, son vistos como si fueran hijos y hay que entenderlo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA A NO APROBAR LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVAS AL GRAVAMEN DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA PERROS, GATOS Y PEQUEÑAS ESPECIES

Quien suscribe, Senador MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

En el marco de la propuesta de reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo a esta Soberanía, dentro de una serie de medidas con carácter eminentemente recaudatorio que no identifican otros factores que pueden afectar el comportamiento de las personas y las familias, mismas que no deberán ser vistas sólo como contribuyentes, es que se propone adicionar el numeral 6, inciso b), fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de eliminar el tratamiento de tasa del 0% en la enajenación alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

La iniciativa argumenta que dichos alimentos evidentemente no están destinados al consumo humano y que, por otra parte, quienes adquieren estos bienes reflejan capacidad contributiva. Bajo esta óptica, tener una mascota es una manifestación de riqueza que debe ser gravada. Asimismo, se considera que desde 1981, año en que se estableció la tasa del 0% para los alimentos, se interpretó erróneamente que era aplicable única y exclusivamente al alimento humano, y no así al que se destina a animales, y que la medida impositiva de no gravar alimentos fue “la materialización de la preocupación fundamental de la Federación y de los Estados por proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos, considerando una política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia es garantía de la política de redistribución del ingreso y de equilibrio de las relaciones costos precios”.

En este contexto, el alimento procesado para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar, se le considera de manera llana, como un bien suntuario, pues “tener o no una mascota puede relacionarse con una actividad de recreación y no con una necesidad básica”.

Asimismo, esta propuesta de reforma propone la modificación del inciso a), fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de eliminar el tratamiento de tasa del 0% en la enajenación de perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar, bajo la misma argumentación de que no hay justificación para otorgar dicho tratamiento, pues al igual que en el caso de la compra de los alimentos para los mismos, se considera que quienes adquieren estos animales reflejan capacidad contributiva y, en consecuencia, se trata de manifestaciones de riqueza que deben ser gravadas.

CONSIDERACIONES

Esta visión de conceptualizar a las mascotas como un bien suntuario que revela la capacidad contributiva de una persona es errónea, en la medida de que la sociedad moderna requiere de estos seres vivos, compañeros -a veces únicos- de las personas y las familias. Su papel no es de ornato, sino que tienen diversos aportes incuantificables, a saber:

En la salud y desarrollo psicosocial:

1. Como una medicina preventiva: su cuidado y el afecto hacia ellos promueven la salud y prolongan la vida.

2. Apoyo psicológico:

a) Disminuyen el sentimiento de soledad: las personas se sientan más confiadas, seguras y protegidas.

b) Incrementan la autoestima: cuidar una mascota reduce el tiempo de ocio, hace que la persona se sienta útil y genera una estrecha relación entre humano y animal. Son una constante fuente de motivación para su dueño.

c) Los niños aprenden el valor de la convivencia: las mascotas contribuyen a que los niños aprendan valores positivos como el respeto hacia los animales y la vida, la amistad y el amor, crea sentido de responsabilidad y promueve la comunicación entre padres e hijos.

d) Ayudan a estar en forma: los perros necesitan caminar y hacer ejercicio diariamente. Compartir con la mascota y disfrutar de esta actividad hace que tanto ella como su dueño se mantengan saludables.

3. Favorecen la recuperación de las enfermedades: se ha demostrado que aquellas personas que poseen mascotas se recuperan más rápido de enfermedades como infartos y de cirugías, que aquellas que no las poseen.

4. Apoyan a personas discapacitadas: particularmente los perros, pueden convertirse en los ojos, los oídos

5. y las piernas de muchas personas que padecen ciertos impedimentos físicos.

En lo económico:

1. Considerando los resultados de una encuesta reciente, 6 de cada 10 de los hogares mexicanos tienen mascotas, por lo que ese sería su impacto negativo en muchos hogares.

2. Esta misma encuesta señala que la presencia de mascotas en el hogar no se correlaciona con el nivel socioeconómico de la vivienda.

3. Además, según la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos A. C., la propuesta de IVA afectaría, no solamente a las familias, sino a todo el sector productivo. Esta industria genera 5 mil empleos directos y 18 mil indirectos; según sus cálculos, de implementarse el gravamen, se prevé que el empleo caería en un 10% o más.
En el respeto de los derechos de los ciudadanos y sus mascotas:

1. El Congreso mexicano ha buscado siempre no solo proteger a los animales sino educar a los humanos para en el respeto a su medio ambiente. Esta medida, los pone ahora en la disyuntiva de alimentarlos dignamente; y resulta peor para organizaciones protectoras de animales en situaciones de calle. Algunas mantienen hasta 5 mil perros, sin que el gobierno aporte nada, y han intentado paliar la falla de los gobiernos en las campañas de esterilización y la falta de legislación en la mayoría de los estados en favor del respeto y la tenencia responsable animal.

2. El Senado no puede evadir sus responsabilidades con los derechos universales. La Declaración universal de los derechos del animal (de 1977), aprobada por la UNESCO y por la ONU señala:

Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 5. a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho derecho.

Artículo 6. a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artículo 14. a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre.

Ciudadanos, familias y organizaciones no pueden ser ignorados por los legisladores, quienes tenemos la obligación de representar sus intereses. En países con una gran cultura sobre la importancia de los animales en su convivencia con el humano, como Alemania, su propia Constitución establece en el artículo 20 que, “Consciente también de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el Estado protege las bases natales de la vida y los animales dentro del marco del orden constitucional vía legislativa, y de acuerdo con la ley y la justicia, por el poder ejecutivo y judicial.”

Expongo a esta soberanía este punto de acuerdo, en consonancia a la legislación que en mi entidad federativa está vigente desde 1997, como es la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California, en la cual se tiene como propósito evitar el deterioro de las especies animales domésticas; proteger y regular la vida y el crecimiento natural de estos animales; fomentar en la población, la educación ecológica y el amor a la naturaleza, principalmente, y promover el respeto y consideración hacia estos animales. Todo lo anterior hace que dichos animales domésticos sean objeto de especial tutela y protección dentro de esta ley, por ser útiles al hombre y a sus actividades.

Aplicar estas medidas desoirían los reclamos de asociaciones ciudadanas defensoras de los animales, de familias en las cuales su mascota es consideradas un miembro más, y de personas que viven solo con su mascota, quienes manifiestan que el avance obtenido respecto de hacer responsables a los dueños de mascotas de otorgarles una alimentación balanceada y no ser los destinatarios de las sobras de la comida humana, podría perderse ante el impacto económico que la medida fiscal traería hacia la economía de las familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Senado de la República a no aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal relativas a la adición del artículo 2o.-A, inciso b), numeral 6. Para gravar los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar, así como la modificación del inciso a), fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de eliminar el tratamiento de tasa del 0% en la enajenación de perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 19 de septiembre de 2013.

Sen.Marco Antonio Blásquez Salinas”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Yunes y Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño): Si nos permite adherirnos a la propuesta del Senador Blásquez.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Marco Antonio Blásquez, ¿acepta la adhesión de las compañeras y compañeros Senadores a su punto de Acuerdo?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello y con gusto se le dará el seguimiento. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Marcela Torres Peimbert, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, un punto de Acuerdo que exhorta a reformular la propuesta de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 8 de septiembre del presente año.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

El presente punto de Acuerdo lo presento a nombre propio y a nombre del Senador Zoé Robledo y del Senador Javier Corral Jurado.

El agua es un recurso inequiparable para el ser humano. Quien intente o pretenda argumentar que el agua potable se puede intercambiar por el consumo de otras sustancias, incurre en una grave falacia y atenta contra la vida misma.

El agua simple potable es la elección más saludable y la bebida ideal para satisfacer las necesidades diarias de líquidos, ya que no tiene efectos adversos en individuos sanos cuando se consumen los intervalos aceptados.

En conciencia de esto, en septiembre de 2011, siguiendo el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano por parte de la Organización de las Naciones Unidas, México elevó a rango constitucional este derecho, incluyéndolo en el artículo 4o. de la Carta Magna, garantizando que todos los mexicanos tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Actualmente, no existe ningún programa nacional para la introducción de agua simple potable y gratuita en las escuelas y en los espacios públicos en México.

Según la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, solamente 55.9 por ciento de las primarias y 60.6 por ciento de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber de manera gratuita.

Ante la problemática que representa el consumo de refrescos y bebidas azucaradas para la salud de las y los mexicanos, por su incidencia comprobada en el sobrepeso, la obesidad y, sobre todo, la diabetes, el 8 de septiembre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, presentaron la propuesta de reforma hacendaria y paquete fiscal para el año 2014, incluyendo un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las bebidas azucaradas, lo que representa un gran paso hacia la promoción de hábitos de consumo más saludables. Esto es un gran avance que hay que reconocer.

El impuesto especial al refresco no tiene únicamente un fin recaudatorio; su bondad se encuentra, precisamente, en los fines extrafiscales que están directamente vinculados con la salud de las y los mexicanos.

Estos fines extrafiscales de salud del impuesto a las bebidas azucaradas buscan, por un lado, reducir el consumo de ellas, y por el otro, obtener los recursos necesarios para proveer de agua potable a las escuelas públicas y las zonas más depauperadas del país.

La lógica de agua en escuelas, zonas rurales y de alta marginación es simple: más agua para consumo humano implicará mejores hábitos de hidratación y una política de salud mejor por parte del Estado mexicano.

La publicación de la Academia Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada “Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado”, es concluyente, sobre todo en la necesidad de proveer la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad de agua potable en los hogares, en las escuelas y centros de trabajo como un factor indispensable para un ambiente higiénico que permita prevenir enfermedades y evitar el consumo de bebidas con aporte energético, como son las bebidas azucaradas.

Derivado del principio constitucional contenido en el artículo 4o., el Ejecutivo Federal no estaría otorgando una concesión a las y los mexicanos. Por el contrario, al adoptar el impuesto especial al refresco en su reforma hacendaria, el Presidente de la República se está haciendo de recursos para cumplir con la obligación que impone nuestra Constitución, de garantizar el acceso de agua a todos los mexicanos.

Dotar de bebederos de agua a las escuelas públicas y zonas menos favorecidas económicamente y marginadas de nuestro país, es un verdadero acto de justicia, no hay un impuesto que se legitime mejor que aquel que busca recaudar fondos para concretar uno de los derechos más esenciales de los seres humanos: contar con agua para beber, para vivir sana y plenamente.

Hoy, queremos sensibilizarlos a ustedes, a los ciudadanos, pero en particular, queremos exhortar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que con fundamento en el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación, destine en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso a agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención para la obesidad y sobrepeso en el país.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A REFORMULAR LA PROPUESTA DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LAS BEBIDAS AZUCARADAS, PLANTEADA EN LA REFORMA HACENDARIA QUE PRESENTO EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A EFECTO DE QUE AUMENTE EL MONTO DEL IMPUESTO ESPECIAL DEL 10% AL 20%, Y DESTINE EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TODO LO RECAUDADO POR ESTA CONTRIBUCION PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES, ESCUELAS Y ESPACIOS PUBLICOS, ASÍ COMO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA OBESIDAD, COMO MEDIDA URGENTE PARA ABATIR LA EPIDEMIA QUE SUFRE NUESTRO PAIS



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Mesa Directiva saluda la visita al Senado de la República de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Iberoamericano de Ciencias Forenses, invitados por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de las Senadoras del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a los municipios con alta marginalidad que determine el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadores:

Es lacerante que en pleno siglo XXI existan regiones en nuestro país cuyos habitantes carezcan de satisfactores más elementales, como lo es el contar con alimentos suficientes, a través de los cuales se dé cumplimiento al derecho a la alimentación de las personas, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro país forma parte de la realidad de muchos países, en donde el número de personas hambrientas o subnutridas sigue siendo inaceptable y simplemente va elevándose año con año.

En el periodo 2010 y 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, determinó que el número de personas subnutridas se ha situado en unos 870 millones, esta cifra representa el 12.5 por ciento de la población mundial, o sea, una de cada ocho personas.

El riesgo de padecer situaciones de hambre, subnutrición y mala alimentación se hace inminente en zonas rurales de los países pobres o en vías de desarrollo. En ellos, la mayoría de las personas no tienen lo suficiente para comer; aunado a que las regiones que habitan carecen de servicios como la electricidad, el agua potable, la sanidad pública, la educación; así como los servicios de saneamientos son a menudo de baja calidad.

Las personas que pasan más hambre y están más expuestas a la inseguridad alimentaria, están directamente involucradas a la producción de alimentos. Es decir, son campesinos o ganaderos que cultivan pequeñas parcelas, crian algunos cuantos animales, o bien, se dedican a la pesca rudimentaria.

Por cuanto a la población urbana pobre, se puede afirmar que representa un grupo con mayor riesgo de padecer hambre, pues casi ninguna persona produce alimento alguno, y en muchas ocasiones, carece de los medios para adquirirlo.

El gobierno de nuestro Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, ha puesto en marcha el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para erradicar el hambre.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, se encarga de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y mediación de la pobreza. De estos datos, se desprende el nivel de marginalidad y, consecuentemente, quienes no cuentan con seguridad alimentaria.

Es importante que la presente administración tome en cuenta los resultados de expertos y analistas sobre los temas que aquejan a México, para encaminar sus programas o, en su caso, reencauzar aquellos que ya hayan sido implementados.

Es por ello que las Senadoras Ivonne Alvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores, Rocío Pineda, Mely Romero y la suscrita, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo, que solicitamos sea discutido y urgente resolución.

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, se amplíe la cobertura y se incluya en la Estrategia del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, a los municipios con mayor marginalidad en la República Mexicana, tomando en cuenta las estadísticas de pobreza extrema que el CONEVAL haya establecido, o bien, que establezca dentro de su periodo de actualización de cifras, como resultado de su labor de investigación, encuesta y análisis.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A INCLUIR EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE A LOS MUNICIPIOS QUE EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL DETERMINE CON ALTA MARGINALIDAD

LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, Senadoras de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, determine con alta marginalidad, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es lacerante que en pleno siglo XXI existan regiones en el mundo cuyos habitantes carezcan de satisfactores más elementales, como lo es el contar con alimentos suficientes, a través de los cuales se dé cumplimiento al derecho a la alimentación de las personas, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

México forma parte de la realidad de muchos países, en donde el número de personas hambrientas o subnutridas sigue siendo inaceptablemente elevado, en el período 2010-2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, por sus siglas en inglés, el número de personas subnutridas se ha situado en unos 870 millones, calculado con arreglo al suministro de energía alimentaria. Esta cifra representa el 12,5% de la población mundial, o sea, una de cada ocho personas. La mayoría de estas personas -852 millones- vive en países en desarrollo, donde la prevalencia de la subnutrición se estima actualmente en el 14,9% de la población.

De acuerdo con la FAO, el riesgo de padecer situaciones de hambre, subnutrición y mala alimentación, se hace inminente en zonas rurales de los países pobres o en vías de desarrollo, en ellos, la mayoría de las personas no tienen lo suficiente para comer, aunado a que las regiones que habitan carecen de servicios como la electricidad o el agua potable y la sanidad pública, la educación, así como los servicios de saneamiento son, a menudo, de baja calidad. Las personas del mundo que pasan más hambre y están más expuestas a la inseguridad alimentaria están directamente involucradas en la producción de alimentos, es decir, son campesinos o ganaderos que cultivan pequeñas parcelas, crían algunos cuantos animales, o bien, se dedican a la pesca rudimentaria, haciendo su mayor esfuerzo para proporcionar alimentos a sus familias o ganar dinero en el mercado de productos locales, puesto que muchos no tienen terrenos propios y trabajan a sueldo para obtener dinero suficiente con el que salir adelante. El trabajo es estacional, y la familia debe desplazarse o separarse para ganarse la vida. Por cuanto a la población urbana pobre, se puede afirmar que representa un grupo, incluso, con mayor riesgo de padecer hambre, pues casi ninguna persona produce alimento alguno y en muchas ocasiones carece de los medios para adquirirlos, el constante crecimiento de las ciudades provoca que los desplazados de las zonas rurales se muden a ellas sin algún trabajo seguro y sin ninguna vivienda digna, por supuesto el hambre y el acceso a alimentos son una preocupación para los gobiernos.

En nuestro país, esta preocupación ha llegado a su límite y hoy, el gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ha puesto en marcha el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, mediante la expedición del derecho de fecha veintidós de enero de dos mil trece; se trata de una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos, entre los que se encuentra el de cero hambre en la población con pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.

En este rubro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se incluye mejorar el abasto y la disponibilidad de alimentos, mejorar la producción agropecuaria, atender la desnutrición de niños de cero a cinco años y de madres embarazadas o lactantes, así como disminuir el desperdicio y merma de alimentos; todo esto en la población en cuyos hogares existe un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, sea en zonas urbanas o rurales, pero en ambos casos donde prevalezca la pobreza extrema.

Para determinar aquellos lugares en los que la pobreza es extrema se ha instaurado el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, por virtud del cual se permite mejorar la toma de decisiones en la materia. Nos referimos en este caso al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que se encarga precisamente de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Bajo este tenor, cada dos años el Consejo se encarga de emitir resultados y estadísticas dentro del ejercicio de medición de pobreza, así mismo se reporta cada cinco años a nivel municipal. Durante el bienio 2010-2012 el CONEVAL reportó que en 2012 había 53.3 millones de personas pobres en México (45.5% del total), frente a 52.8 millones (46.1%) en 2010, la población en pobreza extrema se redujo de 13.0 millones de personas (11.3% del total) a 11.5 millones (9.8%); entre esos años disminuyeron en porcentaje y número de personas las carencias por rezago educativo; acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación;  en esos años las cinco entidades federativas con mayor pobreza en el país fueron Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Actualmente, probablemente las cifras hayan cambiado, estamos en un año en que el CONEVAL inicia las mediciones bienales, estamos sujetos a cambios, o bien, puede que persista la extrema pobreza y marginalidad en los municipios de los estados referidos.

No obstante ello, las políticas transversales que ha diseñado la presente administración debe tomar en cuenta los resultados que realicen los expertos y analistas sobre los temas que aquejan a México, para encaminar sus programas o, en su caso, reencauzar aquellos que ya han sido implementados, es por ello que resulta propicio que en aras de dar cumplimiento a los principios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, referentes a la coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y la alianza con la Sociedad Civil y el Sector Privado; partiendo del carácter multianual que tendrán los objetivos de corto, mediano y largo plazo que permitan evaluar logros e identificar oportunidades, y adoptando preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad, procurando que las cifras no sean las mismas que hace algunos años que lastiman a nuestra sociedad, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, se amplíe la cobertura y se incluya en la Estrategia del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, a los municipios con mayor marginalidad en la República Mexicana, tomando en cuenta las estadísticas de pobreza extrema que el CONEVAL haya establecido, o bien, que establezca dentro de su período de actualización de cifras, como resultado de su labor de investigación, encuesta y análisis.

Salón de sesiones del Senado de la República. 12 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Como ha sido solicitado y en base a lo establecido en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este punto de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias, señor Presidente.

Más que ir en contra, quiero hacer unas precisiones.

Pienso que es ocioso que discutamos sobre este tema y que le pidamos a la SEDESOL que incluya los municipios de más alta marginidad en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En principio, porque de origen se dijo que serían 400 los municipios incluidos en esta afamada estrategia del gobierno federal para combatir la vulnerabilidad alimentaria, y luego, con la decisión, a solo 80, por razones inerciales.

En este primer año se encontraron los problemas que arrastrábamos en los municipios más sujetos a atención en la Cruzada Nacional contra el Hambre y por ello suponemos la decisión de disminuirlos.

Sin embargo, no quiero dejar de decir que la Cruzada Nacional contra el Hambre es una parodia de mal gusto y no está concebida para resolver la situación de vulnerabilidad alimentaria y de pobreza de más de 50 millones de mexicanos. Menos aún en una economía de recesión, que induce a una grave erosión de las condiciones sociales de los mexicanos.

Los 273 programas federales asistenciales de la Cruzada Nacional contra el Hambre que se oferta como estrategia redentora, en realidad representan una pantomima que agrede al espíritu de los mexicanos, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de pobreza y miseria económica y social.

Si analizamos datos incluidos en el Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal y aportaciones de diversos investigadores, la macroeconomía mexicana se encuentra en un ciclo regresivo y recesivo que afecta el bienestar y desarrollo de gran parte de la población, en contraste con una minoría que fortalece su riqueza y privilegio; profundizando una inercia que se alarga ya por tres décadas; además, hay condicionantes que abonan a la erosión de las condiciones sociales de bienestar de los mexicanos, como la reciente reforma laboral, que reduce los costos de producción a costa de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.

Una reforma fiscal que atenta contra las condiciones de vida de la clase media y pobre y penosamente unos desastres naturales altamente depredadores que encarecerán los productos básicos, sobre todo los alimentarios sujetos a la codicia especuladora.

Por lo anterior, no estoy a favor de abordar así la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin un análisis minucioso que tenemos que hacer de la misma. Hay que evaluar lo que están informando y hay que revisar qué es lo que van a combatir y a cambiar y cómo van a corregir su estrategia.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Herrera, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Con el permiso de la Presidencia.

Hemos escuchado con atención el punto de Acuerdo que han propuesto diversas Senadoras del Partido Revolucionario Institucional.

Este punto de Acuerdo lleva implícita una crítica y un reconocimiento a ese que se dice ser el programa estrella del gobierno federal.

Ni ha sido suficiente, ni ha sido bien implementado. Que se incorporen más municipios de acuerdo a los criterios de alta marginalidad que señale el CONEVAL, es lo que le sugerimos desde el principio y, sin embargo, hubo voces que aquí se desgarraron y señalaron que habría que darle la confianza a la Secretaría de Desarrollo Social.

El gobierno federal no tomó en cuenta, si quiera, el primer pronunciamiento que hizo la Cámara de Diputados en su Presupuesto de Egresos de la Federación, al señalar qué municipios son los que se deberían de atender, después cuando le cuestionamos aquí al gobierno federal cuáles eran los criterios bajo los cuales habían señalado esos 400 municipios nunca informó, no ha informado avances, no hay parámetros para medir la eficacia del programa, tal pareciera que las reglas de operación brillan por su ausencia.

Apoyar este punto de Acuerdo, sin lugar a dudas, se convierte no sólo en una suscripción de la voluntad de unos Senadores, sino en un mensaje claro de decirle al gobierno federal que no podemos permitir que se siga mintiendo, que se sigan usando los recursos públicos de programas sociales al “ahí se va”, como fue la implementación de este programa.

La propuesta de crear comités comunitarios para implementar y vigilar el correcto funcionamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es similar al modelo organizativo que se utilizó en la década de 1990 para el programa nacional de Solidaridad.

Solidaridad fue un programa que pretendió organizar a la sociedad de manera vertical desde el gobierno, y lo que eso tiene como nombre y denominación es asistencialismo. Además, implicó prácticas de control corporativo, tendientes a la compra y venta de votos y a la manipulación política.

Hoy al pretender ampliar este proyecto y este programa, necesitamos decirle al gobierno federal que es más que justo que este programa que se ha implementado, tenga una forma distinta de llevarse a la práctica.

Durante los gobiernos del PAN, la política social tuvo una expansión sin precedente en su cobertura y en los recursos aplicados para ello. La política social en los gobiernos del PAN se caracterizó por ser responsable, profesional y observante de las mejores prácticas internacionales y ejemplo para otros países, entre ellos Brasil.

Algunos programas sociales iniciaron como programas piloto, lo que permitió que fueran verificados en su factibilidad operativa, evaluados sus efectos y, posteriormente, convertidos en políticas públicas.

En la Cruzada Nacional contra el Hambre, del Presidente Peña, preocupa que el gobierno no ha sido transparente para informar sobre los criterios para la selección de beneficiarios y mecanismos de evaluación de impacto, así que lo que tiene es un mero corte asistencialista.

Acorde a los datos del CONEVAL, si se aplica el criterio de pobreza extrema, se incluirían 240 municipios de los 400 que ellos seleccionaron. Si se aplica el criterio de incidencia en pobreza extrema, se incluirían 234 de los 400 municipios. Si se aplica el criterio de carencia alimentaria, se incluirían 178 de los 400 municipios propuestos en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es decir, es necesario ir con precisión a definir qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere.

Por el momento, no hay duda alguna de que este programa ha caminado con más errores que aciertos; metamos pues nuestra disposición, nuestra voluntad y nuestro deseo, tal como lo estableció la Senadora Cuéllar, para que este sea no sólo un programa de propaganda, sino un programa que sirva para disminuir las desventajas que tienen aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Herrera.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

A mí en lo particular, me da mucho gusto que la bancada del PRI haga una autocrítica. Tan mal anda la Cruzada Nacional contra el Hambre que está proponiendo que se revise, y qué bueno.

Solamente que los datos que dan como considerandos en el punto de Acuerdo, por supuesto que no son los correctos, ¿cuál es la realidad lacerante que enfrenta nuestra patria en estos momentos de crisis agudizada en las zonas más pobres del país, producto del daño terrible que causaron los fenómenos llamados “Ingrid” y “Manuel”?

Según la guerra de cifras, son 30 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, se nos están muriendo de hambre un promedio de 30 compatriotas por día.

¿Cuál es la respuesta y las cifras de la ciudadana Secretaria de SEDESOL en este tema? Ella dice que la pobreza alimentaria se concentra en 7.2 millones de compatriotas, que está concentrada en 400 municipios, y que con la despensa, las dádivas y las migajas que ofrece la Cruzada Nacional contra el Hambre, vamos a resolver el problema en este país.

Hemos planteado, con mucha insistencia, que el asistencialismo no es la salida para resolver los problemas de hambre en nuestro país, tenemos que superar el problema de la importación de alimentos, y tenemos que superar ese problema porque eso genera no sólo dependencia alimentaria, sino genera un atentado en contra de la seguridad nacional.

Ojalá y lo entienda el Presidente Enrique Peña Nieto y gire las instrucciones precisas a quien le está tomando el pelo, tanto Rosario Robles como Enrique Martínez y Martínez.

Por un lado, Rosario Robles le hace cuentas alegres al Presidente diciéndole que vamos viento en popa en esta Cruzada Nacional contra el Hambre; le cuenta cuentos chinos y el Presidente se los cree.

Revisemos qué está pasando ahí en el terreno de los hechos, revisemos qué está pasando con los que están en el fondo del sufrimiento humano y se están muriendo todos los días por este problema de desnutrición, es decir, de hambre; revisemos si después de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel” el problema se incrementó o el problema se resolvió.

Hemos dicho, no vamos a salir del desastre alimentario si no producimos nuestros propios alimentos.

La agricultura en el país está devastada, y está devastada porque tampoco existe un plan concreto para sacarla adelante, se les sigue apostando a los agroindustriales en contra de los pequeños productores; necesitamos, y lo hemos insistido, activar la producción social, hemos sido insistentes en que modelos exitosos, como el de Brasil, incluso como el de El Salvador, se dan porque se le está invirtiendo a la agricultura en pequeño.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: No se requiere sólo revisar o incorporar a los municipios que están en pobreza marginal, necesitamos hacer un replanteamiento de la producción social en este país; que garanticemos a los campesinos tasa cero, que les garanticemos plazos de gracia, que les garanticemos que no se les van a cobrar garantías líquidas, y que volteemos los ojos hacia el sur-sureste, donde hay millones y millones de hectáreas sin sembrar y que están esperando el apoyo federal para poder activar la producción de alimentos.

Concluyo diciéndoles que no son 7.2 millones, ni incorporando los municipios que están en marginalidad solamente; la pobreza cabalga a lo largo y ancho del país como un jinete apocalíptico, y si no lo paramos, el país puede entrar en una ruta de ingobernabilidad tal, porque el caldo de cultivo principal para la irritación social, sin duda, es el hambre y en México la tenemos en demasía.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo. No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese la misma.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, un punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a realizar las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta nuestro país, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras, Senadores:

El 1º de octubre el INEGI presentó los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2013. Es una encuesta levantada en 95,810 viviendas de todo el país.

El estudio arroja datos impresionantes sobre la situación de la delincuencia. De entrada el 57.8 por ciento confirma que la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, el 46.5 por ciento considera que su principal problema es el desempleo y el 33.7 por ciento la pobreza.

Un dato importante es el incremento en la percepción sobre inseguridad que pasó del 66.6 por ciento al 72.3 por ciento tan sólo en el último año.

La encuesta está orientada a la delincuencia del fuero común, deja fuera la medición de delitos de carácter federal, como crimen organizado o tráficos de drogas. Sin embargo, son elocuentes los datos sobre los delitos de homicidio, desaparición forzada y secuestro.

En el caso del homicidio, la encuesta hace una estimación que para 2012 fueron 25,583 casos y los registros oficiales de defunciones por homicidio indican una cifra de 26,037 homicidios; o sea, muy coincidente y, por lo tanto, una cifra muy confiable.

En desapariciones forzadas, la ENVIPE habla de 4,007 desapariciones forzadas contra 718 denuncias formales.

El caso de los secuestros, la estimación es de 105,682 casos de secuestros contra 1,317 denuncias formales.

Estos datos son alarmantes sobre la gravedad de la incidencia de estos delitos en el país, además de que la cifra negra es producto de la desconfianza y la incredulidad ciudadana en el sistema de seguridad e impartición de justicia.

Si a las cifras anteriores, que tan sólo la cifra negra se estima en 92 por ciento, le sumamos la tasa de víctimas de delitos, la tendencia permanente es constantemente al alza, al pasar de 23,337 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2010, a 24,317 en 2011 y 27,337 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2012.

Podemos afirmar, entonces, sin temor a equivocarnos, que en nuestro país se padece un cáncer muy grave que afecta al conjunto de la ciudadanía.

Los datos de la ENVIPE ratifican que no debemos cejar en nuestra exigencia de cambiar a fondo la estrategia del gobierno federal en este tema. Hay que atacar sus causas y sus efectos y hay que actuar de forma integral, ya que a la inseguridad se suman el desempleo y la pobreza.

La viabilidad de México está en entredicho por múltiples factores y las estrategias erradas de dicha estrategia en nuestro país están a la vista. La seguridad es uno de los factores que nos reclama un cambio de rumbo inmediato, porque el patrimonio, la tranquilidad y la vida de millones de mexicanas y mexicanos está, sin duda, en riesgo.

Es indispensable que la acción del Estado vuelva su mirada a las necesidades del pueblo de México.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente punto de Acuerdo.

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar una política integral y plural de combate a la delincuencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, Senadoras y Senadores.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A QUE, EN EL SENO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN COORDINACION CON LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y LOS ORGANISMOS AUTONOMOS, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA COMBATIR EL ALTO ÍNDICE DELICTIVO QUE ENFRENTA NUESTRO PAIS Y ADOPTAR UNA POLITICA INTEGRAL Y PLURAL DE COMBATE A LA DELINCUENCIA

"Los suscritos, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, Senadores de la República e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar una política integral y plural de combate a la delincuencia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 1 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013. Es una encuesta levantada en 95 810 viviendas de todo el país entre el 04 de marzo y el 26 de abril de 2013.

El estudio arroja datos interesantes sobre la situación de la delincuencia y la percepción ciudadana sobre este tema. De entrada se confirma que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos en México, el 57.8% de los encuestados así la manifestó; seguida del desempleo con el 46.5%, y la pobreza con el 33.7%. Lo anterior se conjunta con otro dato que nos habla del incremento sobre la percepción de la inseguridad que pasó del 66.6% al 72.3%  entre 2012 y 2013.

La encuesta está orientada en sus preguntas en torno a la delincuencia del fuero común, deja fuera de la medición los delitos de carácter federal como el crimen organizado y el tráfico de drogas. Sin embargo, son elocuentes los datos sobre los delitos de homicidio, desaparición forzada y secuestro. En el caso de los homicidios la ENVIPE hace una estimación para 2012 de 25 583 casos y los registros oficiales de defunciones por homicidio indican una cifra de 26 037, muy coincidentes. Las cosas cambian dramáticamente en desapariciones forzadas la ENVIPE habla de 4 007 contra 718 denuncias formales, en tanto en el caso de los secuestros los datos son muy contrastantes entre la estimación de la encuesta de 105 682 contra 1 317 denuncias formales.

Estos datos son alarmantes sobre la gravedad de la incidencia de estos delitos en el país, además de la cifra negra producto de la desconfianza y la incredulidad ciudadana en el sistema de seguridad y procuración de justicia. La llamada cifra negra se ha mantenido estable con las encuestas anteriores, ubicándose en el 92.1%, 25 millones 573 mil delitos sobre 27 millones 769 delitos cometidos en el 2012.

Si a lo anterior se suma que la tasa de víctimas de delitos tiene una tendencia permanente el alza al pasar de 23 337 víctimas por 100 mil habitantes en el 2010, a 24 317 en 2011 y 27 337 víctimas por 100 mil habitantes en el 2012, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro país padece un cáncer muy grave que afecta al conjunto de la ciudadanía, y ante el cual ni las dos administraciones panistas anteriores, ni el gobierno de Peña Nieto están generando alguna alternativa  real, de fondo, para resolver el principal problema y preocupación que hoy aqueja al país.

La “Colombianización” de México es hoy una triste realidad. Vemos y padecemos a instituciones corrompidas, ineficientes, sin credibilidad e incapaces de hacer frente a la violencia y el crimen organizado. El Estado Mexicano es, desgraciadamente, un Estado Fallido. Múltiples entidades y municipios a todo lo largo y ancho de la geografía nacional así lo constatan. Por eso no son casualidad las policías comunitarias y los grupos de autodefensa por parte de los pueblos y las comunidades.

Los datos de la ENVIPE ratifican lo que ya sabíamos y nos llevan a insistir, a no cejar, en nuestra exigencia de cambiar de fondo la estrategia del gobierno federal en este tema. Hay que atacar causas y efectos, hay que actuar de forma integral ya que a la inseguridad se suman el desempleo y la pobreza.

Articulada a la inseguridad está la corrupción, la falta de profesionalismo en las instituciones, el respeto a las libertades y los derechos humanos, así como la prestación de los servicios públicos básicos al conjunto  de la población.

La viabilidad de México está en entredicho por múltiples factores y las estrategias erradas de la derecha en nuestro país. La seguridad es uno de estos factores que nos reclaman un cambio de rumbo aquí y ahora porque el patrimonio, la tranquilidad y la vida de millones de mexicanas y mexicanos está en riesgo.

No es posible dejar de advertir que el cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidos en nuestra Carta Magna es indispensable para transformar esta situación desoladora. Una de esas acciones es la coordinación de esfuerzos a la que hace referencia el artículo 21 constitucional, al señalar que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas… El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…”

Es indispensable que la acción del Estado vuelva su mirada a las necesidades del pueblo de México, el que cada día teme más por su seguridad, es necesario hacer un certero análisis de las causas que detonan este problema, como la desigualdad y la falta de oportunidades.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar una política integral y plural de combate a la delincuencia.

Dado en la Cámara de Senadores, a 03 de octubre de 2013.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución, en base a los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito; esto en virtud de que cuando le correspondía su turno, por estar atendiendo un asunto de Comisión, nos pidió que se le dejara al final.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 112, FRACCION I, DEL CAPITULO IV “DE LOS DELITOS” DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente, y agradezco la comprensión de la Mesa Directiva, de su Presidenta y de todos sus integrantes, muchas gracias.

En el marco de la discusión de la reforma financiera, tenemos que velar por los usuarios; el eslabón más débil de todo el sistema financiero, sin duda, son los usuarios, y se está presentando un fenómeno en todo el mundo, no sólo en México, que es el robo de identidad.

De acuerdo con investigaciones internacionales, realizadas por el Consejo Económico y Social de la ONU, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos este es el delito de más rápido crecimiento en el mundo, sin que existan acciones legislativas concretas y políticas públicas acertadas para sancionar esta conducta atípica en el plano penal.

Esta figura es un delito que cobra cada vez más fuerza y que representa una práctica ilícita generalizada en numerosas naciones en la que cobran relevancia la escasa cultura de cuidado de los datos y el uso ilegítimo de la tecnología.

En México no tenemos estadísticas, no tenemos información de este fenómeno, de este ilícito. De hecho, podemos inferir algunos números a partir de los indicadores que lleva la CONDUSEF.

Por ejemplo, el año pasado la CONDUSEF registró más de 4 millones 238 mil reclamaciones en contra de 30 bancos, de los cuales, más de 2 millones 700 correspondieron a tarjetas de crédito; más de 2 millones y medio de reclamaciones sobre cargos no reconocidos por consumo no efectuados y más de 262 mil reclamos de retiros no reconocidos.

Del resultado de las reclamaciones, el 22 por ciento resultó improcedente, es decir, uno de cada cinco reclamaciones no procedió, lo cual generó una pérdida de casi 6 mil millones de pesos, de 893 mil reclamaciones que resultaron improcedentes, ese es el universo total.

Si revisamos las reclamaciones de tarjeta de crédito, vemos que son 2 millones 710 mil, y tenemos que el 10 por ciento de las tarjetas de crédito tienen alguna reclamación. La pérdida es de más de mil millones de pesos, de 432 mil reclamaciones solo en tarjeta de crédito, que no se pudieron recuperar.

De tal manera, que la reforma financiera nos da la oportunidad de poder legislar este delito. México es el tercer país en América Latina con el mayor robo de identidad, sin contar con una legislación federal para sancionar este delito, por lo cual se presenta esta iniciativa de ley para salvaguardar la identidad jurídica crediticia de los ciudadanos, evitando el uso ilegal de medios de pago y documentos oficiales para obtener créditos sin ser el titular.

Esta iniciativa, en específico, busca reformar la Ley de Instituciones de Crédito, para adicionar un párrafo al artículo 112, fracción I, del capítulo IV, donde están descritos los delitos.

Establecer sanciones de tres a dos años de prisión y multa de 30 a 2 mil días a quien por cualquier medio se apodere, use o aproveche datos personales, información o documentos de personas físicas o cualquier otro medio de disposición, con la finalidad de hacerse pasar por el titular de los datos personales, para realizar un pago, obtener un crédito, financiamiento, lucro indebido o realizar cualquier acto jurídico que importe derechos y obligaciones en los términos de esta reforma que se propone.

No tenemos a nivel federal este delito, y hay que decir, ha habido varias iniciativas que intentan tipificarlo en el Código Penal, pero normalmente esto cae como fraude, y al caer como fraude, se van a los Códigos Penales locales, y de esta manera se vuelve prácticamente a una conducta que no puede ser sancionada.

Por eso es necesario que esté dentro del ámbito federal, pero no lo proponemos, otra vez, vía Código Penal, porque ya sabemos el destino que tendría. Tenemos que tipificarlo dentro de la Ley de Instituciones de Crédito porque además, con ello se comprometería una mayor colaboración por parte de los bancos para defender a los usuarios.

Esa es la propuesta que traemos el día de hoy, es uno de los, repito, delitos que más está creciendo a nivel internacional, y creo que es muy oportuno que, dentro de las consideraciones de la reforma financiera, se pueda trabajar en la protección de los usuarios de la banca, legislando específicamente sobre robo de identidad.

Muchísimas gracias, señor Presidente, por la consideración.

(Aplausos)

Iniciativa

"El que suscribe, MARIO DELGADO CARRILLO, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 112, FRACCION I, DEL CAPITULO IV“DE LOS DELITOS” DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la identidad tradicionalmente ha sido interpretado como un derecho a la personalidad que se vincula con otros derechos derivados de la filiación, tales como el derecho a tener una nacionalidad, los derechos alimentarios, el derecho a mantener un vínculo con los padres, etc.1

El concepto “derecho a la identidad” lo adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. El Artículo 7° establece que el niño tiene derecho a un nombre, nacionalidad y conocer a sus padres,  mientras que el artículo 8° obliga a los Estados partes a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, que incluye su nacionalidad, nombre y relaciones familiares.

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aunque no define ni regula el derecho a la identidad, establece criterios vinculados con el mismo, como el derecho de ser inscrito al nacer y el derecho a adquirir una nacionalidad.

Según la Real Academia Española, la identidad se define como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.2

El derecho a la identidad ha ido avanzando en los últimos años y se configura como un derecho de la máxima importancia para individuos y colectividades, en contextos donde los niveles de protección del Estado son más relevantes, para evitar que terceros intervengan ilegítimamente en la esfera jurídica que les es propia. En la actualidad, hay diversos fenómenos que lesionan esa identidad.

En efecto, tratadistas del tema, han denominado a esos fenómenos que violentan la identidad como “robo de identidad”, “usurpación de identidad,” “suplantación de identidad” o “falsificación de identidad y su uso indebido”. Sin embargo, aunque los conceptos se parezcan, las conductas en estrictu sensu dependen del apropiamiento no autorizado de datos personales con el objeto de cometer otros delitos.

En los últimos años en el plano nacional e internacional, se han multiplicado los sucesos en los que, especialmente por medios electrónicos, se obtienen datos personales para luego llevar a cabo hechos ilícitos, fundamentalmente en el ámbito económico que tienen un impacto en las finanzas personales al grado de dejar en estado de indefensión e insolvencia a las víctimas. A esto, se le conoce como “robo o usurpación de identidad”.3

El concepto incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario se apodera por cualquier medio de la identidad de otra persona con fines ilícitos.

Esta figura es un delito que cobra cada vez más fuerza y que representa una práctica ilícita generalizada en numerosas naciones en la que cobran relevancia la escasa cultura de cuidado de los datos y el uso ilegítimo de la tecnología.

De acuerdo con investigaciones internacionales realizadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el delito de más rápido crecimiento en el mundo, sin que existan acciones legislativas concretas y políticas públicas acertadas para sancionar esta conducta atípica en el plano penal.4

Las disposiciones penales responden a la mutabilidad, flexibilidad y movilidad en que se comete el delito Pharming, se da a través de un correo electrónico, que al momento de abrirlo instala un código en el equipo personal, modificando determinados archivos, para que la próxima vez que se ingrese al portal de una institución bancaria, se desvíen a sitios web falsos; phishing, se da a través deun correo, que señala que si en 24 horas no se actualiza la información de la tarjeta de crédito, la tarjeta será cancelada; smishing, se da a través de un mensaje de texto corto que pretende actualizar la información de la tarjeta de crédito, en caso de  no aceptar, la tarjeta será cancelada; dumpster diving, se obtiene información de datos personales a partir de la búsqueda en cestos de basura de restos de estados de cuenta bancarios, recibos o vouchers de tarjetas de crédito, talones de cheques, propagandas y promociones ligadas a tarjetas bancarias.5

En mayo de 2013, un periódico de circulación nacional, publicó que México es el tercer país en América Latina que tiene mayor robo de identidad. Señala que los países más afectados por fraudes electrónicos son: Estados Unidos (46%), Reino Unido (11%), Sudáfrica (9%) e India (8%). En Latinoamérica aumentó el número de ataques un 33% durante el mes de abril de 2013. El más afectado es Colombia (43%), seguido por Brasil (30%), México (13%) y Chile (5%).6

Por la gravedad del asunto, los congresos locales, en el ámbito de sus competencias, y de otros países han legislado, tipificando de diversas maneras las conductas. Por ejemplo, en Argentina se presentó una reforma de ley, denominada “Ley sobre el robo de identidad digital”, siendo éste el primer proyecto legislativo en América Latina.7

Estados Unidos, ha decretado en su legislación federal, una norma que trata sobre la disuasión de robo y asunción de identidad.

En México, actualmente a nivel federal no se encuentra tipificada la figura. Sin embargo, existen entidades federativas que contemplan en sus legislaciones locales los siguientes tipos penales:

Entidad federativa

Texto legal

 

Colima

 

CAPITULO III
FRAUDE

Artículo 234.- Se considera fraude y se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta por 100 unidades, para el caso de las fracciones I y II, y de tres a nueve años de prisión y multa hasta por la misma cantidad en el caso de las fracciones III, IV, V VI, y VII en los siguientes casos:
VII.- Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido para sí o para otro valiéndose de alguna manipulación informática, instrucciones de código, predicción, intercepción de datos de envío, reinyecte datos, use la red de redes montando sitios espejos o de trampa captando información crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante identidades, modifique indirectamente mediante programas automatizados, imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, secundario y terciario del sistema operativo que afecte la confiabilidad, y variación de la navegación en la red o use artificio semejante para obtener lucro indebido.8

Distrito Federal

CAPITULO IIII
USURPACION DE IDENTIDAD

Artículo 211 BIS.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.9

Nuevo León

CAPITULO III
FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Articulo 245.- El delito de falsificación de documentos se comete por algunos de los medios siguientes:

X. Al que se atribuya la identidad de una persona mediante la utilización de documentos falsos, o verdaderos que contengan datos falsos, con la finalidad de realizar cualquier acto jurídico que importe derechos u obligaciones.10

Sonora

CAPITULO II
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL

ARTICULO 201.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

V. Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre se hace, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;11

Estado de México

CAPITULO V
USURPACION DE IDENTIDAD

Artículo 264.- Se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza ante la sociedad y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable, para hacerse pasar por él.

Se equiparan a la usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo que precede prevista en el presente artículo a quienes:

I. Cometan un hecho ilícito previsto en las disposiciones legales con motivo de la usurpación de la identidad;

II. Utilicen datos personales, sin consentimiento de quien deba otorgarlo;

III. Otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad; y

IV. Se valgan de la homonimia para cometer algún ilícito.12

Actualmente, el IFAI está facultado para sancionar a quienes hagan mal uso de los datos personales. La Ley Federal de Datos Personales regula la forma y las condiciones en que las empresas deben usar los datos de sus clientes.  Sin embargo, este campo se da en la relación proveedores-usuarios y deja en otro sector la invasión que hace ilegítimamente un tercero extraño, que con sentimiento o no de alguno de los relacionados, roba o usurpa identidades.

Con independencia de avanzar para proteger la identidad y datos personales, hay que tener especial cuidado con los ilícitos cuya finalidad es de carácter económico.

Aunado a ello, el gobierno federal mexicano, también ha emprendido una serie de acciones institucionales que buscan evitar la usurpación de identidad en detrimento de los consumidores. Específicamente la Procuraduría Federal del Consumidor en 2006, asumió diversas acciones preventivas dirigidas a alertar al consumidor sobre el robo de identidad para asumir créditos.

En el mismo sentido, mediante acciones preventivas conjuntas, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros estableció en el 2006, un servicio de alerta que detecta cuando el historial de crédito de una persona que se encuentra ante una suplantación de identidad con fines financieros.  13

Por lo anterior, es necesario que el país cuente con una legislación sustantiva que tipifique la conducta a nivel federal, en el ámbito crediticio donde más impactos causa, con el fin de proteger a los ciudadanos, con independencia de los tratamientos actuales penales del fuero federal o del fuero común.

La propuesta busca regular la apropiación indebida de la identidad con fines ilícitos en el ámbito crediticio a nivel federal, cuyo objetivo sea salvaguardar la identidad jurídica crediticia que corresponde a la intimidad y privacidad de las personas, así como la indisponibilidad de sus posesiones, entre las que se encuentran sus datos. Es decir, se propone adicionar un párrafo al artículo 112, fracción I del Capítulo IV “De los Delitos” de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 112, fracción I del Capítulo IV “De los Delitos” de la Ley de Instituciones de Crédito.

UNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 112, fracción I del Capítulo IV “De los Delitos” de la Ley  de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

CAPITULO IV
DE LOS DELITOS

Artículo 112.

I. …

Igual sanción se impondrá a las personas que por cualquier medio, se apoderen, usen o aprovechen datos personales, informaciones o documentos de personas físicas, o cualquier otro medio de disposición con la finalidad de hacerse pasar por el titular de los datos personales, para realizar un pago, obtener un crédito, financiamiento, lucro indebido o realizar cualquier acto jurídico que importe derechos y obligaciones en los términos de la presente Ley.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mario Delgado Carrillo".

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/130/art/art4.pdf

2 Idem.

3 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3204/8.pdf

4 Idem.

5 http://www.animalpolitico.com/2013/04/mexico-sin-leyes-para-castigar-robo-de-identidad/#ixzz2Qk2AVjaY

6 http://www.eluniversal.com.mx/articulos/77632.html

7 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3204/8.pdf

8 Código Penal para el Estado de Colima.

9 Código Penal para el Distrito Federal.

10 Código Penal para el Estado de Nuevo León.

11 Código Penal para el Estado de Sonora.

12 Código Penal del Estado de México.

13 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3204/8.pdf

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mario Delgado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeros Senadores, con el propósito de agilizar la presentación de proposiciones con punto de Acuerdo y avanzar en el desahogo de los asuntos inscritos en la agenda, daremos paso a la presentación de puntos de Acuerdo desde los respectivos escaños, como lo permite el Acuerdo aprobado el 4 de abril pasado.

Para esta sesión, tenemos inscritos para presentar sus resolutivos de punto de Acuerdo, desde el respectivo escaño, diversos Senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.

La Mesa Directiva agradece a los Senadores su disposición para contribuir a un mayor desahogo de los asuntos de nuestra sesión.





 

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, desde su escaño, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta e impulsar la Norma Oficial Mexicana en inocuidad acuícola.

PROPUESTAS

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Un saludo a todas las compañeras y compañeros Senadores. Solicito que el texto íntegro de estas propuestas sea considerado en el Diario de los Debates. Vamos a ser muy breves en esta presentación.

Se trata de poner a consideración de esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la Norma Oficial Mexicana en inocuidad acuícola y pesquera e implementar sistemas de trazabilidad en productos provenientes de la pesca y la acuacultura, considerando que, tanto una como otra de estas actividades, tienen una vital importancia para nuestro país en materia económica, porque muchos de estos productos al exportarse traen divisas para el país.

Desde el punto de vista comercial, porque hay especies de alto valor que también representan un buen ingreso para los productores. Desde el punto de vista social, por la generación de empleos y además por el alto valor nutricional que tienen los productos del mar.

No obstante que ha habido modificaciones importantes en materia de sanidad, inocuidad y calidad a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a la existencia de diferentes medidas regulatorias, persisten problemas de sanidad e inocuidad en la actividad acuícola, como las sucedidas al camarón recientemente en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, por lo que se deben de fortalecer las acciones para mitigar y contrarrestar dicha problemática, así como generar e implementar mayores medidas a través de normas modernas y eficientes, acordes a los problemas vigentes y enfermedades actuales como las que se comentó.

Por otra parte, la fracción VII del artículo 119 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece que para los efectos del capítulo IV, relativo a los establecimientos, tipos de inspección federal de recursos pesqueros y acuícolas, se entiende por trazabilidad, que es la otra propuesta, al conjunto de actividades técnicas y administrativas, sistematizadas, determinadas por la Secretaría que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, embasado, refrigerado, congelado, transportación e industrialización, distribución, importación y exportación de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola.

Por todo lo anterior, estamos proponiendo:

Primero. Que el Senado de la República haga un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de acuerdo a sus atribuciones impulse la Norma Oficial Mexicana en inocuidad acuícola y programas en materia de sanidad acuícola.

Segundo. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de SAGARPA y la Secretaría de Economía, así como de diversas instancias competentes implementen sistemas de trazabilidad en productos pesqueros y acuícolas.

Tercero. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, para que a la brevedad se apliquen los recursos destinados a apoyar a los productores acuícolas afectados por la reciente emergencia sanitaria en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit y con ello restablecer el desarrollo de la actividad productiva, previsto en el dispositivo nacional de emergencia de sanidad acuícola recientemente establecido.

Por su atención, muchas gracias.

Si me permiten atender la siguiente propuesta, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN INOCUIDAD ACUICOLA E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TRAZABILIDAD EN PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA ACUACULTURA

"FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la Norma Oficial Mexicana en Inocuidad Acuícola e implementar sistemas de trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura. Lo anterior a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México la acuacultura en los últimos años se ha convertido en una de las actividades primarias de mayor importancia regional y nacional, debido a su impacto económico y social, en la producción de alimentos de alto contenido nutricional, la generación de fuentes de empleos y entrada de divisas.

Para la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles), a nivel mundial la acuacultura se ha transformado en el sector de la producción de alimentos de origen animal de más rápido crecimiento y, en el próximo decenio, la producción total de la pesca y la acuacultura superarán a la de la carne de vacuno, porcino y aves de corral.1

Por otra parte, debido a los problemas en seguridad alimentaria y al estado actual de sobre-aprovechamiento en la que se encuentran los recursos pesqueros mundiales, de los que México no es la excepción, la acuacultura se convierte en la alternativa más viable para suministrar alimento nutritivo y subsanar dicha problemática, en beneficio de la población.

A este respecto, uno de los principales retos que enfrenta este sector primario, es el de cubrir la demanda creciente de productos que la pesca de extracción ya no puede satisfacer.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en el 2012, la producción acuícola nacional de especies marinas y dulceacuícola fue de 253 mil toneladas aproximadamente, lo que representó el 15 por ciento de la producción total, con ganancias significativas de 7 mil 311 millones de pesos.

El camarón ocupa el primer lugar en valor de su producción y el 2 por volumen con un gran desarrollo en su cultivo sobre todo en los Estados del Noroeste del país, rebasando la producción por acuacultura (99 mil toneladas) a la de captura (62 mil ton.); las especies que más producimos son el camarón blanco, el café y el azul. El valor de la producción acuícola representa el 40 % del total de los ingresos que percibe el sector pesquero.

Según cifras de la CONAPESCA, de las mil 382 granjas acuícolas de camarón existentes en toda la República, 1267 se concentran en los Estados de Sinaloa (727), Nayarit (406) y Sonora (134), las cuales producen el 84% de la producción nacional de camarón de cultivo, con un valor de unos 5 mil 650 millones de pesos.

El sector acuícola genera48 mil 687 empleos, que representan el 18% de los que aporta el sector primario en su conjunto, donde 222 mil 744 son aportados por la pesca.

No obstante a la importancia que la acuacultura significa para el país y diversas regiones costeras, en esta actividad en general, aún persisten una serie de problemas de origen técnico, financiero y de mercado, así como de ordenamiento, falta de regulación, administración y manejo, que repercuten de manera directa obstaculizando y restringiendo su desarrollo y crecimiento.

Específicamente en algunos casos, la inversión y la expansión de la acuacultura se encuentra limitada por regulaciones complejas, así como a la falta de transferencia tecnológica que eficienten el desempeño de la industria. Aunado a todo ello, la mayor parte de los problemas actuales se encuentran relacionados con graves enfermedades bacterianas y virales, disponibilidad de alimentos y de semilla, desgaste genético en especies introducidas, problemas ambientales y los relacionados con su comercialización.

Tal es el caso de la enfermedad que se presentó en los pasados meses en las granjas acuícolas de Sinaloa, Sonora y Nayarit, que provocó grandes pérdidas cercanas al 90 por ciento de mortandad de camarones por síndrome de mortalidad temprana (EMS), que se ha acuñado para describir las altas mortalidades que pueden presentarse durante los primeros 30 días después de la siembra del camarón, cuando éste se encuentra con un peso de entre 1.5 y 2 gramos, debido a una variedad de factores relacionados con la gestión de los estanques y los patógenos. Si bien no se ha resuelto este problema, ya se conoce el agente causal, una cepa de la bacteria Vibrio panahemoliticus.

La producción camaronera se ha vio afectada por el ESM como antes nunca, y eso que los virus del Taura en 1995 y de la mancha blanca del 2002 al 2010 fueron muy severos. Lo anterior, ha evidenciado la fragilidad y vulnerabilidad del país ante la aparición de este tipo de males, así como la carencia de medidas y acciones eficientes para manejar y controlar su aparición y efectos, disminución del impacto a productores, evidenciándose la falta de investigación científica y desarrollo de tecnologías en estos aspectos.

La afectación financiera a los productores acuícolas del noroeste, tanto a los industriales como a los del sector social ha sido muy dramática, y tan sólo en Sinaloa alcanza los mil millones de pesos, por lo que es necesario que se apliquen los recursos anunciados el pasado 22 de agosto, cuando el Ejecutivo Federal dio a conocer el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola (DINESA).

Cabe señalar que en el comercio internacional los productos pesqueros y acuícolas cada vez enfrentan nuevos desafíos, en particular aquellos que están relacionados con los consumidores, debido a la exigencia de éstos de conocer el origen de los productos, su calidad y sanidad.

En relación a la salud de los consumidores relacionados a la ingesta de alimentos, existen en nuestro país diversos ordenamientos que regulan la sanidad de productos vegetales y animales, dentro de estos los productos pesqueros y acuícolas, tales como son la Ley General de Salud, Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Estos ordenamientos en sus diferentes ámbitos de aplicación, establecen diversas disposiciones relativas a la inocuidad y sanidad de productos, que desde su producción primaria hasta su destino final tienen como último objetivo estar en la mesa de las personas, para su consumo en condiciones de calidad, nutrición y seguridad sanitaria.

Con el propósito de garantizar la calidad sanitaria en todo los procesos de la cadena productiva y brindar seguridad a los consumidores de llevar hasta la mesa, alimentos pesqueros y acuícolas sanos y libres de contaminantes o de sustancias nocivas para la salud, el 30 de mayo del 2012, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en la que se instituyó la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) para los recursos pesqueros y acuícolas.2

Dicha disposición adicionó un nuevo Capítulo IV, denominado “Establecimientos Tipo Inspección Federal de Recursos Pesqueros y Recursos Acuícolas”, al Título Décimo Primero “De la Sanidad, Inocuidad y Calidad, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito abrir a la posibilidad de ofrecer a los consumidores nacionales e internacionales productos pesqueros y acuícolas mexicanos con la certificación TIF.

Lo anterior implica que a petición del interesado y previo cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), certificará la instalación y funcionamiento de establecimientos TIF dedicados al procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano

Es importante destacar que esta disposición se refiere a las actividades de captura, extracción, recolección, producción, siembra, crianza, depuración, cortado, envasado, empacado, refrigerado, congelado, transporte e industrialización, de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola para consumo humano.

Para la debida instrumentación de este precepto, el Ejecutivo Federal instruye a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud (SS) para que antes de 90 días suscriban las bases de coordinación para el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola, que les confieren la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables.

Específicamente y de acuerdo, a la fracción III del Artículo 119 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, son atribuciones de la SAGARPA:

III. Expedir normas oficiales mexicanas y otras disposiciones en materia de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, y de buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura, aplicables a unidades dedicadas a la pesca o a la acuacultura y a establecimientos TIF dedicados al procesamiento de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano.

Por tal motivo corresponde a la SAGARPA, como entidad pública, el fomento, regulación y aplicación de las buenas prácticas de producción y de manufactura, así como las medidas tendientes a establecer criterios de inocuidad en los recursos de origen agropecuario, pesquero y acuícola, a través del SENASICA.

Dentro de las atribuciones contenidas en el artículo 2 del Reglamento Interior de la misma Secretaría, corresponde a ésta: Fomentar los programas y expedir normas oficiales mexicanas en las materias de su competencia y Promover y coordinar la expedición de normas mexicanas de calidad para productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, así como el establecimiento de un sistema nacional de inspección y certificación de calidad que garantice su cumplimiento.

En el caso específico para productos pesqueros y acuícolas existen diversas normas expedidas por la misma Secretaría de Salud, que establecen las especificaciones y los requisitos sanitarios para: las áreas de captura de moluscos bivalvos; los establecimientos que procesan productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados, incluyendo las embarcaciones de pesca y recolección, así como las especificaciones sanitarias que deben cumplir dichos productos. Estas normas son: la NOM-128-SSA1-1994 y la NOM-242-SSA1-2009.3

Dichas medidas pasaron a sustituir a un considerable número de normas que en su momento fueron creadas, entre otros aspectos, para establecer las especificaciones sanitarias de los pescados, crustáceos y moluscos bivalvos frescos-refrigerados y congelados, así como en conserva. Dentro de estas normas se encuentran: la NOM-027-SSA1- Bienes y Servicios. Productos de la Pesca Frescos Refrigerados y Congelados Especificaciones Sanitarias y la NOM-030-SSA1- Bienes y Servicios. Productos de la Pesca Crustáceos en Conserva. Especificaciones Sanitarias.

Así también existen otras normas de sanidad pesquera que tiene como objetivo establecer los requisitos sanitarios para importar organismos acuáticos vivos en sus diferentes fases de desarrollo, a fin de minimizar los riesgos de introducir y dispersar algún agente causal de enfermedad.

Otras disposiciones, definen los términos y condiciones para la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y diseminación de enfermedades existentes en la importación de organismos acuáticos vivos destinados a la acuacultura y ornato en el territorio nacional; establecen requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (Artemiaspp); señalan requisitos complementarios de sanidad acuícola para la producción de crustáceos acuáticos y subproductos, incluido el uso de fármacos en el cultivo de camarón, así como su introducción al país.

Estas normas son las siguientes:

• NOM-010-PESC-1993. Que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional.

• NOM-011-PESC-1993. Para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos.

• NOM-030-PESC-2000. Que establece los requisitos para determinar la presencia de las enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (artemiaspp), para su introducción al territorio nacional y movilización en el mismo.

• NOM-EM-006-PESC-2004. Que establece los requisitos de sanidad acuícola para la producción de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos y subproductos, así como para su introducción a los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante a las modificaciones que en materia de sanidad, inocuidad y calidad se han realizado, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables ( LGPAS) y a la existencia de diferentes medidas regulatorias, persisten grandes problemas de sanidad e inocuidad en la actividad acuícola, como las sucedidas al recurso camarón, por lo que se deben de fortalecer las acciones para mitigar y contrarrestar dicha problemática, así como generar e implementar mayores medidas a través de normas modernas y eficientes, acorde a los problemas y enfermedades actuales como las presentadas en las granjas de camarón.

Por otra parte, la fracción VII del artículo 119 Bis, de la LGPAS establece que para los efectos del Capítulo IV relativo a los Establecimientos Tipos de Inspección Federal de Recursos Pesqueros y Recursos Acuícolas, se entiende por:

VII. Trazabilidad: Conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas por la Secretaría que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, empacado, refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola; así como aquellas tendientes a registrar la aplicación de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en especies acuáticas o para consumo de éstas, desde su origen hasta su destino, a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución, identificando en cada etapa su ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo de sanidad acuícola y de contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades.

Cabe destacar que la trazabilidad constituye un mecanismo para el seguimiento y conocimiento de la historia de un alimento con el objeto de prevenir crisis alimentarias, tal como lo reconocen organismos internacionales como la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo anterior, debido a que se puede aportar información suficiente para saber todos los elementos que han participado en la producción, pero también todos los pasos que se han llevado a cabo hasta su comercialización.

Por tal motivo, se precisa necesario que nuestro país implemente y fortalezca sistemas de trazabilidad como instrumentos necesarios para evaluar la calidad y seguridad de los alimentos pesqueros y acuícolas en toda su cadena productiva, y que le permitan competir con éxito en los mercados mundiales.

Aunado a lo anterior, son cada vez más los países que aplican mayores controles para el ingreso de productos provenientes de los mares y aguas continentales, para lo cual se debe de cumplir con las normas que cada nación impone y una buena acción y estrategia para poder lograrlo, es a partir de la certificación de los procedimientos de captura, procesamiento y comercialización.

Es prudente mencionar que el comercio mundial de pescados y mariscos provenientes de la acuacultura está creciendo a pasos acelerados, diferentes países consideran que las normas establecidas por los programas de certificación son la alternativa más viable y eficaz en el manejo y ordenamiento de esta actividad a nivel mundial. Esto obliga a nuestro país a formular e implementar acciones y medidas tendientes a la certificación de los procesos acuícolas con el propósito de cumplir con estos requerimientos y mantenernos en la competitividad internacional.

Los productos derivados de la acuacultura, son un asunto de soberanía alimentaria y para lograrlo es necesario se establezcan mejores medidas regulatorias para el control y el establecimiento de buenas prácticas de manejo en toda la cadena productiva, así como la prevención y mitigación de enfermedades con el propósito de lograr un aprovechamiento de manera sustentable del sector, así como su crecimiento sostenido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal,  para que a través de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de acuerdo a sus atribuciones impulse la Norma Oficial Mexicana en Inocuidad Acuícola y Programas en materia de Sanidad Acuícola.

Segundo.-El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal,  para que a través de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía, así como diversas instancias competentes implementen sistemas de trazabilidad en productos acuícolas.

Tercero.-El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad se apliquen los recursos destinados a apoyar a los productores acuícolas afectados y con ello, restablecer el desarrollo de la actividad productiva previsto en el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola (DINESA).

México, D.F. a 10 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito".

1 El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, Roma, 2012 en: http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s00.htm

2 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables D.O.F. en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas/LGPAS_ref01_30may12.pdf

3 Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (Cofepris). Normas de Productos de la Pesca en:   http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Productos-de-la-pesca.aspx





 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Por favor, proceda Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Muy breve también.

Estamos proponiendo un punto de Acuerdo, con mucha urgencia, por el que se exhorta a la Secretaría de Marina a intensificar acciones de vigilancia en el mar y en el litoral mexicano y en lo posible, de manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras a fin de evitar los asaltos a mano armada en alta mar, así como a los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa.

En estos momentos, se ha abierto tanto en el Golfo como en el Pacífico mexicano, la veda para posibilitar la captura de camarón, una de las especies de más alto valor comercial de nuestro país.

Y como ya ha sucedido en temporadas anteriores, han venido sucediendo una serie de asaltos a las embarcaciones en el mar y esto con los resultado, en cuanto a pérdidas de vida, en cuanto a agresiones y, sobre todo, también otra cosa importante, que es el que la producción de camarón, que ya había sido sujeto de captura, pasa a manos del crimen organizado o de mafias, grupos que se están organizando para ello.

Es por todo lo anterior y considerando que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la APF, es facultad de la Secretaría de Marina en otras:

Ejercer la Soberanía  en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio.

La vigilancia de las zonas marinas mexicanas sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

Facultades en cuanto a medidas y competencias que le otorgan los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte en su zona contigua y zona económica exclusiva.

Ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico de las zonas marinas mexicanas, proteger el tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en el mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho de las zonas marítimas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración el siguiente punto de Acuerdo.

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Marina, para que en uso de sus atribuciones intensifique sus acciones de vigilancia en el mar y en el litoral mexicano y en lo posible, de manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras, como ya hay acuerdos al respecto, a fin de evitar los asaltos, que ya se están dando en esta temporada de captura del camarón, a mano armada en altamar, así como a los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y en uso de sus atribuciones, coordine las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas y dé seguimiento al llamado de auxilio que por vía satelital recibe de embarcaciones en riesgo y en peligro.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la SAGARPA y a la Secretaría de Marina para que se coordinen de manera más eficiente en las atribuciones concurrentes que les confieren las diversas leyes, a efecto de proteger la vida, integridad y patrimonio del sector pesquero y acuícola que es víctima de la delincuencia organizada.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MARINA A INTENSIFICAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MAR Y EL LITORAL MEXICANO Y, EN LO POSIBLE, DE MANERA ALEATORIA ASIGNE A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAL DE DICHA INSTITUCION PARA IR A BORDO DE EMBARCACIONES CAMARONERAS A FIN DE EVITAR LOS ASALTOS A MANO ARMADA EN ALTAMAR, ASI COMO A LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAN PRODUCTOS PESQUEROS DESDE LA PLAYA

"FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Marina a intensificar acciones de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y en lo posible, de manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras  a fin de evitar los asaltos a mano armada en altamar, así como a los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa.

CONSIDERACIONES

El pasado 7 de septiembre inició la temporada para la pesca de todas las especies de camarón existentes en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como los sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Lamentablemente la inseguridad que se vive en tierra, también ocurre en mar, ya que la semana pasada hombres armados sorprendió a la tripulación de dos barcos camaroneros y después de quitarles el equipo de comunicación, los obligaron a sacar de su bodega alrededor de 2 toneladas de camarón.

El camarón también es conocido como “oro rosado”, debido a los altos precios que puede llegar alcanzar en el mercado, por lo que resulta muy atractivo a los delincuentes apoderarse del producto.

Los piratas del pacífico, a bordo de pangas llegaron hasta el barco de nombre “Vikingo” de la flota de Puerto Peñasco, Sonora, el cual se encontraba frente a la costa del área conocida como Perihuete, del municipio de Guasave, Sinaloa, obligando a los marineros a darles 2 toneladas de camarón, principalmente café,  que se encontraba en la bodega.

La segunda víctima de la delincuencia organizada, fue la tripulación del barco Allende XV, a quienes los despojaron de una tonelada 200 kilogramos de camarón azul de exportación. La embarcación es propiedad de un socio de la Canainpesca con sede en Mazatlán y fue asaltada frente a las costas de la comunidad de Altata,  municipio de Navolato, Sinaloa.

Representantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca) y de  la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, han solicitado la presencia continua en la flota camaronera por parte de personal de la Secretaría de Marina, para evitar que los ladrones de altamar les sigan robando, despojándolos de días de esfuerzo y trabajo.

A la vez, los representantes del sector pesquero expusieron su temor de continuar siendo asaltados y que esté en riesgo su integridad, con el consecuente daño patrimonial que les ocasionaría.

Critican la falta de un protocolo de seguimiento de este tipo de hechos ilícitos por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), que es la primera que recibe el llamado de auxilio cuando lo activa un barco. Consideran que debe intervenir también la Procuraduría General de la República y la Policía Ministerial, por tierra para reforzar la vigilancia porque el producto robado tiene que ser movilizado y vendido.

Integrantes de la Canainpesca expusieron que el robo al barco Allende XV, se envió la señal satelital de auxilio al sistema de la CONAPESCA; sin embargo, no recibieron ningún tipo de apoyo, por lo que solicitan que la Secretaría de Marina también tenga acceso al sistema de localización satelital para asegurar que llegue la ayuda.

Por otro lado, el sector acuícola de Sinaloa también es afectado por miembros de la delincuencia organizada, quienes se aprovechan de la escasa vigilancia en la zona rural para robar sus unidades de producción, llevándose consigo producto vivo extraído de los estanques, pero también en el transporte. Además, los despojan de los robos de maquinaria, equipo de bombeo, embarcaciones, motores, herramientas y otros instrumentos de trabajo.

Los robos al sector camaronero no son nuevos, vienen de varias temporadas atrás, por lo que el Congreso del Estado de Sinaloa ha discutido si equipara la sanción a esta conducta ilícita con la del delito de abigeato

Así por ejemplo, en septiembre de 2010 un comando robó la caja refrigerada de un tracto camión, la cual contenía alrededor de 12 toneladas de camarón, en las inmediaciones de la caseta de peaje ubicada en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome.

De acuerdo al Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Marina le corresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:

“IV.- Ejercer:

a. La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio;

b. Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y

c. Las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva.

V.- Ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, proteger el tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en la mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias”.

“VII.- Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”.

En este sentido, se reconoce los esfuerzos de acompañamiento a la flota camaronera por parte de la Secretaría de Marina con la presencia de elementos de esta dependencia en las embarcaciones; sin embargo, es necesario incrementar su presencia para evitar que los ladrones se apoderen de la producción. Por otro lado, en términos del Artículo 21 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para las acciones de inspección y vigilancia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la participación que corresponda a la Secretaría de Marina, tendrá como función primordial la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas.

Ante la problemática antes expuesta, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Marina, para que en uso de sus atribuciones intensifique sus acciones de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y en lo posible, de manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras  a fin de evitar los asaltos a mano armada en altamar, así como a los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y en uso de sus atribuciones coordine las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas y de seguimiento al llamado de auxilio que vía satélite recibe de embarcaciones en peligro.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Marina para que se coordinen de manera más eficiente en las atribuciones  concurrentes que les confieren las diversas leyes, a efecto de proteger la vida, integridad y patrimonio del sector pesquero y acuícola que es víctima de la delincuencia organizada.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Francisco López.

El primer punto de Acuerdo se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura y el segundo a la Comisión de Marina.

El Senador Pedraza solicita adherirse a su propuesta, ¿está de acuerdo, Senador? Por favor, la Secretaría tome nota.





 

Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, la Senadora Dolores Padierna, para presentar un punto de Acuerdo que solicita al Presidente de los Estados Unidos de América que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Es un exhorto al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, para que en el marco de sus facultades por razones humanitarias y por estricta y elemental justicia y también porque la constitución de su país así lo permite, determine la libertad inmediata de René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, que fueron injustamente detenidos violentando sus derechos; fueron acusados, vean nada más, de espionaje, y de ahí se derivó una supuesta conspiración.

Estados Unidos ha sido también señalado de espionaje, está demostrado el espionaje que practicó a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y al propio Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Este espionaje está demostrado y nadie ha violentado los derechos humanos de Barack Obama, por ejemplo.

En distintas ocasiones, este Senado, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, todos, gran parte del mundo, han solicitado en todos los tonos posibles la libertad de estos ciudadanos cubanos. Reforzar nuestra solidaridad y demandar nuevamente a Estados Unidos para que asuman este reclamo internacional.

Por eso pongo a consideración del Senado de la República el siguiente punto de Acuerdo.

El Senado de la República solicita respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, para que por razones humanitarias y en estricta justicia, utilice la atribución legal que le otorga la Constitución de su país, para que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos.

Estos ciudadanos fueron condenados de 17 a 30 años de prisión, uno fue condenado a cadena perpetua por un asunto que es realmente político.

Es de elemental justicia y solidaridad esta petición que hacemos, a nombre del PRD, al Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA QUE DETERMINE LA INMEDIATA LIBERACION DE LOS CINCO CIUDADANOS CUBANOS

La suscrita, C. Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día de hoy se cumplen 15 años de que René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, fueron injustamente detenidos en los Estados Unidos de América y, a la fecha, han padecido un largo proceso en el cual se han violentado sus garantías, además de leyes estadounidenses e internacionales.

Las penas que les dictaron y que hasta ahora  están purgando son: Fernando González 17 años y 9 meses en prisión; Antonio Guerrero a 21 años y 10 meses en prisión más 5 años en libertad supervisada; Ramón Labañino a 30 años en prisión, mientras que Gerardo Hernández ha sido penalizado con dos cadenas perpetúas.

Desde que se dio a conocer este caso múltiples personalidades y organizaciones se han manifestado en favor de la inmediata liberación de dichos presos, llamando a que las autoridades ejecutivas y judiciales estadounidenses tomen en cuenta la opinión no.19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Pronunciamiento de la Relatora Especial de dicha organización sobre la Independencia de Jueces y Abogados, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.1

Dichos ciudadanos cubanos han sufrido una extensa condena en condiciones hostiles a su integridad psíquica y física, impensable para cualquier otro reo acusado por los mismos cargos, pero sin estar impregnado de las razones políticas que los tribunales y el gobierno de los Estados Unidos han conferido a este caso y, en el lapso de estos 15 años, la dilación en el otorgamiento de las visas a sus familiares ha originado que en la mayoría de los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aun cuando -de conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas- podrían haberlos visitado mensualmente.

Según información del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la Jueza Lennard no se ha pronunciado sobre las apelaciones extraordinarias o Habeas Corpus que presentó la defensa de Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando. El Tribunal tampoco ha decidido en relación a las peticiones para obligar al Gobierno de Estados Unidos a revelar la información sobre la operación ilegal mediante la cual organizó, dirigió y pagó a un grupo de periodistas y medios de comunicación para realizar una campaña de odio y amenazas que convirtieron en una farsa el juicio en Miami.2 Gerardo continúa a la espera de que se le conceda una audiencia en la que podría desmentir el cargo más grave por el que fue condenado a permanecer el resto de su vida en prisión. La Corte no ha decidido respecto a la insólita moción del Gobierno que pretende eliminar una parte sustancial de su Habeas Corpus, como tampoco sobre la demanda para exigir al Gobierno de Estados Unidos que muestre las imágenes satelitales del incidente del 24 de febrero de 1996.3 Su ocultamiento, durante ya más de 17 años, es la mejor prueba de la total ilegalidad del peor cargo levantado contra el preso que tiene la sentencia más alta de los cinco.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la ONU emitió la opinión de que la privación de libertad de los detenidos viola el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, es arbitraria. Asimismo, el 27 de mayo de 2005 la ONU solicitó al gobierno de Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para remediar la situación.

Indudablemente, la libertad es un derecho inalienable, tal y como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en sus primeros Artículos (1, 2 y 3) en donde señala que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad.

Lo anterior en virtud de que en estos días se está llevando a cabo en la Ciudad de La Habana, Cuba, el Encuentro Internacional por la Liberación de Los Cinco. 15 años, Basta! Convocada por el propio Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos con el propósito de fortalecer la campaña mundial para que se haga justicia a estos  cinco ciudadanos cubanos.4

Ante este complejo escenario Cuba continuará la batalla legal, pero llama a redoblar la solidaridad y movilización de la opinión pública internacional para exigir al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que haga uso de sus facultades presidenciales5 y libere a Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando. René González es el único que ya se encuentra en Cuba tras haber cumplido, uno tras otro, todos los días de su injusta condena y haber permanecido también, de forma injusta, un tiempo en territorio estadounidense bajo libertad supervisada, misma que fue suspendida tras haber renunciado a la nacionalidad estadounidense. Pero los Cinco siguen siendo cinco, no cuatro,  como han expresado Gerardo y René, pues este último no será completamente libre hasta que sus otros cuatro hermanos salgan de su injusta prisión.

Cuba considera que el escenario actual no ofrece otra alternativa que apostar a la solidaridad mundial para acercarse al pueblo de los Estados Unidos y lograr la liberad de los cinco, por ello, esta Soberanía debe refrendar su posición en torno a que se haga valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En México el poder legislativo ha dado muestra fehaciente de su respaldo a dicho reclamo mediante diversos Puntos de Acuerdo, donde destaca la respetuosa solicitud a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, por medio de un AMICUS CURIAE, en el que se planteó aceptar y aprobar el recurso de apelación presentado por la defensa de los cinco cubanos presos, para ser sometidos a un nuevo juicio fuera de Miami con todas las garantías procesales, además de hacer valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.6 Asimismo, el 10 de julio de 2003,300 legisladores mexicanos firmaron un documento expresando su preocupación por la detención arbitraria y el enjuiciamiento sumario plagado de irregularidades y vicios de que fueron objeto los cinco ciudadanos cubanos detenidos en Miami, Florida.7

Nuevamente, esta situación nos convoca a reforzar nuestra solidaridad y demandar nuevamente a los Estados Unidos de América para que asuman el reclamo internacional, así como las distintas Resoluciones emitidas por Organismos Internacionales como son la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión:

PRIMERO.- El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, refrenda su respetuoso llamado a las autoridades competentes del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América de atender la opinión no. 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, así como el Pronunciamiento de la Relatora Especial de dicha organización sobre la Independencia de Jueces y Abogados.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama para que, por razones humanitarias y en estricta justicia utilice la atribución legal que le otorga la Constitución de su país, determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Antiterroristas, Parlamentos, Consultado el 4 de septiembre de 2013,
http://www.antiterroristas.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=98&limitstart=1

2 Siempre con Cuba, Convoca el ICAP al Encuentro Internacional por la Liberación de Los Cinco. 15 años, Basta!, Consultado el 4 de Septiembre de 2013, http://siempreconcuba.wordpress.com/2013/08/13/convoca-el-icap-al-encuentro-internacional-por-la-liberacion-de-los-cinco-15-anos-basta/

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Constitución de los Estados Unidos de América, artículo 2, sección II que a la letra dice: “El presidente será jefe supremo del ejército y de la armada de los Estados Unidos, así como de la milicia de los distintos estados cuando ésta fuere llamada al servicio activo de la Nación. Podrá exigir opinión por escrito al jefe de cada departamento ejecutivo sobre cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos cargos y tendrá facultad para suspender la ejecución de sentencias y para conceder indultos por delitos contra los Estados Unidos, salvo en casos de residencia”.

6 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, 26 de diciembre de 2011

7 Op. cit

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.





 

Tiene la palabra, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar, desde su escaño, un punto de Acuerdo en relación a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, hasta por tres minutos.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de usted y con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores.

Quiero solicitar autorización para fundamentar en esta participación los dos puntos de Acuerdo que he registrado en el Orden del Día.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Adelante, Senadora.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El día 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1° de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, que tiene como objetivo reconocer su contribución al desarrollo y resaltar los retos asociados al envejecimiento demográfico.

Por citar un ejemplo, en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, es de 34.9 por ciento; y su comportamiento por edad indica que disminuye conforme avanza la edad.

Mientras que en el tema de pobreza, el CONEVAL estimó, en 2010, que 1.3 millones de personas adultas mayores se encuentran en pobreza multidimensional.

En el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de lineamientos no es el óptimo, debido a que sólo existen algunas conferencias que mencionan principios y lineamientos que no son vinculantes, basando su obligatoriedad y fuerza en el aspecto moral y político de los Estados.

Por otra parte, en cuanto al segundo punto de Acuerdo que ponemos a su consideración, el 2 de octubre ha sido adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia, debido a que es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, pionero de la filosofía y estrategia de la no violencia, que representa una ocasión para reafirmar la relevancia universal de este principio y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión.

La violencia hacia los grupos vulnerables puede entenderse como el riesgo excedido que experimentan los individuos que ocupan una posición de desventaja.

Por ejemplo, de acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica.

Por otro lado, el maltrato hacia las personas con discapacidad inicia con la sociedad, que permanentemente vulnera sus derechos desde el momento en que, con base a prejuicios y estereotipos, se les niegan oportunidades de estudio y empleo.

Finalmente, en cuanto a las personas adultas mayores que sufren violencia, la generalidad indica que son agredidos física o verbalmente y despojados de sus bienes, ingresos o inmuebles.

Senadoras y Senadores:

En el marco de la conmemoración de ambos días internacionales, me permito poner a consideración de este Honorable Pleno, a nombre propio y de mis compañeros, Margarita Flores, Marcela Torres, Lilia Merodio, Lisbeth Hernández, Rocío Pineda, Angélica Araujo y Jesús Casillas, los siguientes puntos de Acuerdo.

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que analice la pertinencia de solicitar y promover ante la Organización de las Naciones Unidas la elaboración de una convención amplia e integral en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores.
Segundo. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a los tres órganos de gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas que promuevan la no violencia a favor de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Por su atención, pero sobre todo por su solidaridad con estos temas, muchas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual se conmemora anualmente y tiene como objetivo reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.

Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central.

Envejecimiento Demográfico

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) comenta que a partir de 1950 se inicia un crecimiento acelerado de la población mundial “provocado principalmente por una reducción de la mortalidad en las regiones menos adelantadas”;  en este sentido, se observa que el monto de la población aumentó entre 1950 y 2011 de 2.5 a 7 mil millones de personas, lo que en términos porcentuales significa un crecimiento anual de 1.66 por ciento.1

De acuerdo con la UNFPA, en 2011, 11.2 por ciento de la población mundial tiene 60 años o más, mientras que en las regiones más desarrolladas alcanza hasta un 22.1%, aspecto que contrasta con la proporción de adultos mayores (8.9%) que residen en la regiones menos desarrolladas.

2. El envejecimiento es un proceso que marca la pérdida gradual en las capacidades motrices y cognoscitivas de la persona y en función de estas pérdidas es que se estructuran diversas etapas de desarrollo al interior de la vejez.

Ante ello, en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se plantea la necesidad de mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social (tanto en el ámbito de las pensiones como de salud); combatir la pobreza y la desigualdad; velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo; que no sean víctimas de violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para que no padezcan de carencia alguna. En general, se debe mejorar la capacidad institucional para garantizar los derechos de los adultos mayores.2

Como respuesta a lo anterior, muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en desarrollo han diseñado a modo experimental políticas innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o bienestar.

También, han empezado a aparecer medidas legislativas referidas a las personas de edad en ámbitos tan dispares como códigos de construcción, otorgamiento de licencias y supervisión de centros de atención y cursos de formación profesional.

Sin embargo, muchas de estas medidas son soluciones a corto plazo que no resuelven el fondo del problema, pues en realidad se requiere establecer una política proteja de manera integral y garantice el cumplimento de los derechos de las personas adultas mayores, el respeto a su dignidad humana, más aún si se contempla que la magnitud del problema será mucho mayor en el mediano y largo plazos.

3. Las personas adultas mayores se enfrentan a diversas problemáticas, en virtud de su especial condición y por las barreras sociales, tales como discapacidad, falta de oportunidades laborales, carencia de servicios de salud entre otros.

Por ejemplo, la discapacidad se plantea como una condición de vida más latente de presentarse en el futuro. Ello debido, por un lado, a que la población está envejeciendo y el riesgo de adquirir alguna discapacidad se incrementa y, por el otro, a que el aumento mundial de enfermedades crónico degenerativas (como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental), pueden derivar en una alta probabilidad de ocasionar alguna discapacidad.

En México, el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que del total de población de 60 a 84 años, el 23.8 por ciento tiene discapacidad, mientras que entre la población de 85 años y más el porcentaje se incrementa significativamente, de modo que tres de cada cinco personas de este grupo de edad registra esta condición (58.7 por ciento).3

Por otro lado, en el ámbito laboral hay personas adultas mayores que aún se insertan en el mercado laboral por una decisión voluntaria asociada con el deseo de seguir realizándose como persona, en tanto que otros están sujetos a la necesidad de un ingreso suficiente, ya sea por falta de prestaciones sociales o porque los montos en las jubilaciones y pensiones son reducidas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2012 la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 34.9 por ciento y su comportamiento por edad y sexo indica que disminuye conforme avanza la edad.4

En el tema de pobreza de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2010, se estimó que 5.2 millones de adultos de 60 y más años se encontraban en situación de vulnerabilidad respecto a algún factor de pobreza, lo que equivale al 46.7 por ciento de este grupo poblacional.

Asimismo, según la intensidad y profundidad de la pobreza multidimensional,  el CONEVAL estimó que en 2010, 11.3 por ciento de los adultos de 60 años y más se encuentra en pobreza multidimensional extrema; es decir, 1.3 millones de adultos mayores pertenecen a hogares que aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice de privación social.5

4. En el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de instrumentos, normas y lineamientos no es el óptimo. Ciertamente, contrario a lo que acontece con otros grupos considerados especiales o en situación de vulnerabilidad como niñas y niños, personas con discapacidad, indígenas o mujeres víctimas de trata y violencia, en el caso de las personas adultas mayores sólo existen algunas conferencias que mencionan una serie de principios y lineamientos sobre la perspectiva de las políticas públicas y su debida atención, documentos que no son vinculantes y su obligatoriedad y fuerza se basa más en el aspecto moral y político de los Estados.

Actualmente se cuenta con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos; por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño es sin duda el tratado internacional más importante, aunque también destacan el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por mencionar algunos.

Tratándose del respeto de las personas adultas mayores, los esfuerzos más significativos sobre la perspectiva de derechos humanos datan en principio en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982.

Asimismo, tenemos, Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en 1991, los Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001, fijados en 1992, y la proclamación sobre el Envejecimiento, de ese mismo año, siguieron fomentando la concienciación internacional sobre las necesidades esenciales para el bienestar de las personas de edad.6

Otro de los instrumentos relevantes es el Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas cuestiones de manera muy general: la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad, programas que permitan a todos los trabajadores adquirir protección y seguridad sociales, incluidos, en su caso, pensiones, seguros por discapacidad y prestaciones sanitarias así como ingresos mínimos suficientes para todas las personas de edad, con particular atención a los grupos desfavorecidos desde el punto de vista social y económico.

Igualmente, contempla la importancia de la formación continua, la orientación profesional y los servicios de contratación entre otras cosas para mantener una capacidad funcional máxima y mejorar el reconocimiento público de la productividad y las contribuciones de las personas de edad.

5. Los referidos instrumentos internacionales de derechos humanos contienen numerosas obligaciones implícitas para con las personas de edad, aunque carecen de disposiciones concretas centradas en ellos.

En ese sentido, se considera necesaria la creación de un marco jurídico internacional que sea susceptible de vinculación con el fin de que la comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la sociedad; resguarde, proteja y respete los derechos humanos de las personas adultas mayores bajo una serie de lineamientos y principios que rijan a favor de este tan importante sector de población.

Así, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad cuyo tema es “El futuro que queremos: lo que dicen las personas mayores” y en virtud de las situaciones actuales que enfrentan, estamos convencidos de que México debe seguir a la vanguardia impulsando la creación de importantes tratados sobre Derechos Humanos en materia de personas adultas mayores, que los ubiquen como sujetos de las políticas públicas y de derechos como estrategia para dejar de formar parte del concepto de grupos vulnerables, ante lo cual es trascendente poder reconocer las diferencias existentes de este grupo social con otro y las necesidades específicas a ser cubiertas; aclarando que es vital tomar en cuenta la diversidad que existe dentro de este grupo para legislarlo y no cometer el error de considerarlo como homogéneo.

Por todo ello, consideramos necesaria la creación de una Convención amplia e integral que además de establecer medidas tendientes a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, dicte como algunos de sus principios: la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación.

Una Convención que integre y respete las directrices internacionales en materia de envejecimiento mediante una política basada en la creación de un entorno económico, político, social, cultural y jurídico para las personas adultas mayores que fomente su autorrealización.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al  Ejecutivo Federal para que analice la pertinencia de solicitar y promover ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1 de octubre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera".


1 Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Estado Mundial de la población 2011. 

2 CEPAL. Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento.
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/19608/P19608.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl

3 Organización Mundial de la Salud [OMS], Banco Mundial [BM] (2011). Resumen. Informe mundial sobre la discapacidad.
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf,

4 INEGI. Los adultos mayores en México. Perfil sociodemográfico al inicio del siglo XXI.

5 INEGI, MCS-ENIGH 2010, Con base en la metodología del CONEVAL sobre el cálculo multidimensional de la pobreza en México

6 ONU. Normativas relativas a los derechos de las Personas de Edad.





 

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA y JESUS CASILLAS ROMERO, Senadoras y Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía una proposición con punto de Acuerdo, con moción de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día Internacional de la no violencia es observado el 2 de octubre, aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia, de acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 15 de junio del 2007, la cual establece que la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública1.

El principio de la no violencia rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como «las políticas de la gente común», esta forma de lucha social ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por la justicia social.2

El Día Internacional de la No Violencia es una ocasión para reafirmar la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión.

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población.

La Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de junio de 2007 establece que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, la democracia, el desarrollo, el entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están interrelacionados y se refuerzan entre sí.

Además, reafirma la importancia universal del principio de la no violencia y abriga el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia.

En dicha Asamblea se invita a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a celebrar de manera apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir el mensaje de la no violencia por medios como las actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública.

2. La violencia hacia los grupos vulnerables puede entenderse como el riesgo excedido que experimentan los individuos que ocupan una posición subordinada en la familia -por asimetrías de edad, capacidades o género-, de experimentar abuso, descuido o abandono por parte de otro(s) miembro(s) de la familia o cuidador(es), con quienes mantienen una relación de confianza y dependencia.3

Dentro de los diversos grupos vulnerables que viven con mayor incidencia diferentes tipos de violencia podemos encontrar a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores quienes se encuentran en posiciones de desventaja y lamentablemente los efectos de la violencia son minimizados cuando se desarrollan en contra de estos grupos reiteradamente son subordinados a las jerarquías y desigualdades de poder y género establecidas socialmente y profundamente arraigadas.

Cuando se habla de violencia doméstica se suele pensar, casi de manera automática, en la que puede ocurrir entre los cónyuges, sobre todo del hombre hacia la mujer.

Sin embargo, con un menor análisis, pero con consecuencias igualmente importantes, se tiene la violencia contra niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

I.- Niñas, Niños y Adolescentes:

De acuerdo a datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica que conlleva abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual.4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niñas y niños menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono, quienes requieren atención sanitaria y social.5

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no están presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión general que permite comprender sus causas.

Por ejemplo, la edad inferior a 4 años y la adolescencia, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres, tener necesidades especiales, llorar mucho o tener alguna discapacidad, así como diversos factores de los padres o cuidadores.

Asimismo, los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos.

Aunado a lo anterior podemos encontrar también las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo, políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas.

Por ejemplo, hace unos días se presentó el caso de niño tzotzil que vendía dulces en una plaza pública de Tabasco y que fue humillado por un funcionario público o el caso reciente de una niña de 11 años que fue encadenada por sus padres en Cancún, Quintana Roo.

Aquí se puede apreciar claramente como la violencia afecta a miles de niñas y niños y es un tema que lamentablemente es de actualidad.

II.- Personas con Discapacidad:

A través de la historia nos encontramos con múltiples maneras de discriminar a las personas con discapacidad, en las sociedades antiguas era normal el infanticidio cuando se presentaban las llamadas “anormalidades” en los niños y niñas, en los años 70 la época de la socialdemocracia nazi se esterilizaba a las personas con discapacidad, aún sin su consentimiento, con los avances en la medicina y la psicología poco a poco se han restituido los derechos de las personas con discapacidad a recibir un trato igualitario y a obtener oportunidades de tratamiento, de rehabilitación, de inclusión social.

En una reunión de alto nivel celebrada en el marco del plenario de la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas refirió que 15 por ciento de la población mundial, o mil millones de personas, sufren de alguna discapacidad, y que 80 por ciento vive en países en desarrollo.6

El maltrato hacia las personas con discapacidad, en muchas ocasiones surge desde el momento en que la familia se entera de la discapacidad del niño que acaba de nacer, múltiples familias con personas con discapacidad, demandan que la actitud del médico pediatra o del personal de salud que les dio la noticia de la discapacidad de sus hijos, marcó su posterior aceptación de la discapacidad del mismo, en la mayoría de los casos de manera negativa, pues frases como “su hijo no sobrevivirá más de unos pocos años”, “su hijo es un vegetal” son muy comunes en las historias relatadas por las familias manifestando que fueron dichas por el personal de salud.

Otra manera en que se da el maltrato hacia las personas con discapacidad es en las instituciones de atención y cuidado, debido a que en muchas ocasiones dichas instituciones no realizan un control riguroso de las condiciones mentales de sus empleados, quienes al verse y sentirse en situación de poder frente a su paciente, abusan de él o le maltratan.

De igual manera la sociedad permanentemente vulnera los derechos de las personas con discapacidad, cuando se dejan llevar por los prejuicios y no aprenden y conocen más acerca del tema, cuando se le niegan oportunidades de empleo y estudio a una persona, cuando las entidades construyen edificios inaccesibles a quienes viven con una discapacidad.

Son múltiples las maneras en las que se le pueden vulnerar los derechos a las personas con discapacidad, pero de igual manera hay múltiples formas de luchar contra el maltrato en las familias e instituciones.

En México 5.1 por ciento de la población total son personas con discapacidad de acuerdo al Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010 por lo que la responsabilidad que tenemos es grande y consiste principalmente en velar porque los derechos de las personas con discapacidad no se vulneren y puedan desarrollarse en todos los aspectos de su vida.

III.- Personas Adultas Mayores:

Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el adulto mayor, se puede definir como «un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza». Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.7

El abuso para con las personas adultas mayores ocurre probablemente desde hace siglos, recién en los últimos veinte años han aparecido publicaciones al respecto. Por lo mismo ya no se puede aceptar que este es un tema aún desconocido; al contrario, adquiere cada día mayor relevancia por el número creciente de personas afectadas y por las consecuencias inherentes que estos malos tratos conllevan.

Las personas adultas mayores que sufren violencia, son agredidos física o verbalmente, despojados de sus bienes, ingresos o inmuebles que son utilizados sin su consentimiento o sin tomar en cuenta sus necesidades; padecen maltrato emocional con amenazas y palabras ofensivas; ausencia de expresiones de cariño o respeto o daño a su identidad y dignidad.

Un adulto mayor que es víctima de abuso y maltrato tiene una mayor prevalencia de presentar depresión, síndrome de estrés postraumático, pánico, crisis de ansiedad, trastornos por somatización, fobias, además  pueden experimentar un sentimiento de aislamiento.

En México hay poco más de 10 millones de adultos mayores, lo que representa el 9% de la población total del país por lo que se requieren políticas públicas de prevención y cuidado como parte de una estrategia integral.

Como sociedad no podemos pasar por alto, ni dejar de pensar que no importando el estatus económico o social y la edad misma, todos envejeceremos y tenemos el derecho a ser tratados de forma justa, seguir fortaleciendo el desarrollo de la vida social y a vivir de forma digna.

En virtud de ello, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, consideramos necesario insistir en que cada orden de gobierno fortalezca los programas, políticas y estrategias tendientes a la promoción y respeto de los tres grupos poblacionales descritos quienes por su condición son susceptibles de vivir en un entorno de violencia y maltrato en un estado de indefensión y con sus derechos vulnerados.

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a su consideración con moción de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los tres órganos de gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas que promuevan la protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Jesús Casillas Romero".

1 Véase: http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/. Consultado el 1 de octubre de 2013.

2 Véase: ONU Organización de las Naciones Unidas

3 Véase: INEGI: http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_06/Doctos/Vulnerabilidad_IreneCasique.pdf

4 Véase: UNICEF http://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_panel2_1_sp.pdf

5 Véase: OMS Organización Mundial de la Salud

6 Véase: Asamblea General de las Naciones Unidas.- https://www.un.org/es/ga/68/meetings/disability/

7 Véase: OMS.- Organización Mundial de la Salud: Maltrato de los ancianos

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Esthela Flores. Pido a la Secretaría tome nota de la adhesión de los Senadores Ivonne Alvarez, Raúl Pozos y el Senador Yunes. Túrnense a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables.





 

Tiene la palabra, desde su escaño, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar un programa de subsidio en impuestos por los efectos de las marchas y bloqueos, con motivo de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

La intención de este punto de Acuerdo, que además no ha perdido vigencia, porque siguen las manifestaciones en la ciudad, es poder exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar un programa de subsidio en los Impuestos Predial y Sobre Nóminas, en aquellos comercios que se han visto afectados con las marchas y bloqueos con motivo de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Estamos conscientes de que el gobierno del Distrito Federal emprendió un programa de apoyo para el corredor del Centro Histórico; pero la intención es que se pueda ayudar a los comercios, no nada más a los que están en el Centro Histórico, sino también tomar en cuenta el Paseo de la Reforma, los que se encuentran ubicados en la zona de Periférico que se ha visto más afectada, en la zona de Polanco, en el Monumento a la Revolución. Y así podría hablar de muchas avenidas importantes que se han visto afectadas por las manifestaciones en las últimas semanas.

Compartirles también, que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha hablado de pérdidas millonarias. Han hecho lo propio también las Cámaras del Distrito Federal, COPARMEX, CANACO, CANIRAC, entre otras; se ha afectado a cerca de 2 mil comercios ubicados a 300 metros a la redonda del Zócalo, distribuidos en 24 manazas.

Y bueno, aquí estamos hablando solamente de la zona del Zócalo capitalino. Por supuesto, queremos que también se les apoye a todos aquellos comercios que se han visto afectados, que han tenido que cerrar sus puertas, que tienen que pagar una renta y hoy desafortunadamente no la pueden pagar porque no hay ingresos.

Compartirles que las pérdidas para la ciudad de México han sido millonarias. Estamos hablando que por cada día de manifestaciones en la capital, y además manifestaciones en gran medida desordenadas, no coordinadas con el gobierno de la ciudad, se están perdiendo entre 800 y 900 millones de pesos, más de 600 mil horas-hombre.

Y bueno, qué decirles de todos aquellos que no han podido llegar a tiempo al trabajo, que los jóvenes no han podido llegar a tiempo al colegio, que no han podido aplicar exámenes; las mujeres embarazadas que no han llegado a tiempo a los hospitales. Y podría poner aquí muchos ejemplos que desafortunadamente hemos visto a lo largo de los días. Un señor incluso perdió la vida en el Zócalo capitalino porque la ambulancia no pudo ingresar, le dio un infarto y perdió la vida.

Por lo tanto, yo espero que con todo esto podamos regresar la paz, la tranquilidad y la seguridad a la ciudad de México. Espero que así sea y también que pueda resarcir los daños el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SUBSIDIO EN LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE NOMINAS EN AQUELLOS COMERCIOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS CON LAS MARCHAS Y BLOQUEOS CON MOTIVO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con el carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE SUBSIDIO EN LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE NOMINASEN AQUELLOS COMERCIOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS CON LAS MARCHAS Y BLOQUEOS CON MOTIVO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Desde el día 20 de agosto y hasta la fecha de presentación de la presente proposición, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han sostenido diversos bloqueos en la Ciudad de México entre los que destacan:

• La Cámara de Diputados.
• El Senado de la República.
• El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• La Residencia Oficial de los Pinos.
• Las Instalaciones de las Televisoras TV AZTECA y TELEVISA.

2.- Aunado a los bloqueos en comento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha impedido el paso a organismos y empresas que nada tienen que ver con el conflicto aducido por dicha organización gremial o con el Gobierno Mexicano, y su actuar como lo son la embajadas de Francia, Estados Unidos de América y España, así como las entradas de las instalaciones de TV Azteca y Televisa.

3.- Los bloqueos en comento, han paralizado importantes avenidas de la Ciudad de México en donde se concentra la mayor actividad comercial de la misma, tales como; Plaza de la Constitución, Avenida Reforma, Avenida Juárez, Avenida José María Izazaga, Eje Central, Avenida Observatorio, Circuito Interior y Periférico Sur.

4.- De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han generado pérdidas económicas a la ciudad por 201 millones 976 mil 455 pesos y ha precisado que esta cifra corresponde tan sólo al periodo del 20 de agosto al 7 de septiembre, afectando mil 828 comercios ubicados a 300 metros a la redonda del Zócalo, que abarcan 24 manzanas.

Explicó que aunque el polígono del Centro Histórico en que se ha concentrado la problemática en las últimas semanas abarca un total de cinco mil 14 unidades económicas, las afectaciones más severas las han registrado en sólo 36 por ciento de ellas.

La Secretaría en comento detalló que el cálculo de las pérdidas por el conflicto magisterial se obtuvo a través de encuestas aplicadas en los comercios del Centro Histórico.

Informó que el estudio arrojó que la disminución diaria de ventas alcanzó los 10 millones 675 mil 797 pesos, lo que representa una pérdida semanal de 67 millones 325 mil 485 pesos.

5.- En este mismo orden de ideas y de acuerdo con el Presidente de la Asociación Nacional de Hoteles de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, las reservaciones en los hoteles del corredor Reforma-Centro Histórico han comenzado a registrar caídas hasta en un 15 por ciento, como consecuencia de las manifestaciones de los maestros de la Coordinadora. También precisó que en el corredor Reforma-Centro Histórico se ubican alrededor de 90 hoteles, los cuales a la fecha mantienen una ocupación promedio del 30 por ciento, cuando antes de las protestas de la CNTE se encontraban al 60 por ciento.

6.- A la par de los datos oficiales que reducen de manera importante el impacto econOmico de las manifestaciones y los bloqueos, los sectores empresariales han externado una visiOn mucho más realista.La ConfederaciOn de CAmaras Nacionales de Comercio (Concanaco) estimO que las pErdidas econOmicas de estas semanas (hasta el 6 de septiembre) a causa de las manifestaciones de los maestros rondan entre los 800 y 900 millones de pesos por marcha. Por su parte, la CAmara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de MExico (CANACOPE) calculO que hasta el 4 de septiembre se habIan perdido 600 mil horas-hombre diariamente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Que el derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en los artículos I, fracciones XXV y XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948; 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969; a la libertad y seguridad personales establecidos en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y frente a los hechos originados por la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México se hace patente la existencia de ilícitos en perjuicio tanto de servidores públicos en pleno ejercicio de sus legítimas labores como de los ciudadanos que se han visto afectados en su esfera particular como fruto de estos hechos, lo anterior visto desde el punto de vista que la integridad personal desde luego implica la posibilidad de desarrollo de la persona también dentro de una esfera económica.

TERCERO.- Que según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, las pérdidas económicas representan hasta el momento las cantidades establecidas dentro del considerando cuarto del presente instrumento parlamentario, lo que sin lugar a dudas representa una severa lesión al normal desarrollo económico de la ciudad y por ende al patrimonio de los habitantes del Distrito Federal.

CUARTO.- Que de acuerdo con los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad.

En el caso que nos ocupa resulta evidente que  la situación económica que originan los hechos aducidos se encuadra a cabalidad con los criterios de solidaridad, equidad y temporalidad, ya que una acción responsable del Gobierno del Distrito Federal es actuar con solidaridad con quienes se han visto seriamente afectados con motivo de las marchas, bloqueos y manifestaciones de la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en este sentido es evidente que resulta necesario una intervención oportuna por parte del citado gobierno a fin de salvaguardar el desarrollo económico de la Ciudad de México.

Desde luego, un par de acciones que podrían aligerar la carga económica en aquellos comercios que se han visto seriamente afectados sería implementar un programa temporal de subsidio del impuesto predial y el impuesto sobre nóminas, ya que en ambos casos resultan ser los impuestos que mayoritariamente representan una contribución gravosa para los agentes económicos que se han visto vulnerados con las manifestaciones en comento.

De lo anterior, la necesidad de implementar medidas como las que se proponen a fin de estabilizar y resarcir en cierta medida las afectaciones mencionadas en quienes las encuentran padeciendo, así mismo, contribuir de manera indirecta a evitar que se pierdan fuentes de empleo tan necesarias en la capital.

En mérito de lo antes expuesto, la que suscribe formula con el carácter de urgente y obvia resolución  el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LA SIGUIENTE RESOLUCION

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a efecto de que implemente un subsidio temporal tanto del impuesto predial como del Impuesto Sobre Nóminas aplicado de forma retroactiva desde el día 20 de agosto de la anualidad en curso y hasta el cierre del presente ejercicio fiscala todos aquellos comercios y/o personas físicas con actividad empresarial que se han visto afectados por los bloqueos, marchas y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República. A 18 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mariana Gómez. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.





 

Tiene la palabra el Senador César Pedroza Gaitán, para presentar, desde su escaño, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de la ciudad de San Luis Potosí, como centro regional de alta especialidad.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Esta proposición con punto de Acuerdo fue presentada desde hace un año, procurando que pudiera ser considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013.

Lamentablemente, en aquella oportunidad no tuvimos el eco suficiente en la Cámara de Diputados; de tal forma que este año, y como dicen, el que persevera alcanza, tenemos la esperanza de que ahora sí sea verdaderamente tomada en cuenta.

Debo de señalar que esta proposición ha sido también suscrita por el Senador potosino del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Teófilo Torres Corzo.

El Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, es un hospital que desde hace muchos años presta servicios a más de 10 estados del centro del país y que cumple con todas las características para ser considerado Hospital Regional de Alta Especialidad. Sin embargo, esto solamente es en el nombre y nunca ha sido sujeto de un presupuesto adecuado y conveniente. El grave riesgo de la circunstancia financiera de esta institución hospitalaria es muy alta.

Por eso exhorto y convoco a todos los amigos y compañeros Senadores a que acompañen esta proposición, para que esta vez sí pueda tener el eco necesario en la Colegisladora y para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014, sea verdaderamente considerado el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, como un Hospital Regional de Alta Especialidad y, por lo tanto, tenga acceso a los recursos pertinentes a esta clasificación de hospitales.

Señor Presidente, y si me lo permite extenderme unos segundo más, porque son dos las proposiciones que el día de hoy presentamos. La que comentaré ahora tiene que ver con todos los estados de nuestro país, pero de manera muy particular, tiene que ver con todos los municipios de México.

Yo convoco a todos los Senadores, que con visión municipalista recojan esta proposición.

Hemos propuesto, también desde el año pasado, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se constituya un fondo federal para los municipios de alta marginación que no tienen la posibilidad, por sus circunstancias financieras, de contar con los recursos para elaborar proyectos ejecutivos, lo que les permitiría acceder a más fondos y a recursos federales.

No ahondemos más la brecha entre municipios con suficiencia económica y aquellos que se nos están quedando permanentemente estancados, a veces por no tener el recursos suficiente para pagar un proyecto ejecutivo y, por lo tanto, pierden la posibilidad de acceder a recursos federales de mucho mayor cuantía.

He escuchado la voz de presidentes municipales que me dicen: ¿cómo puedo invertir 200 mil pesos para un proyecto ejecutivo si a veces no tengo para pagar la nómina?

Estamos creando un círculo pernicioso. Constituyamos desde el Presupuesto de Egresos de la Federación este fondo subsidiario para que los municipios, con una comprometida circunstancia económica, tengan acceso a fondos para la elaboración de proyectos ejecutivos y en esta forma estrechemos esta gran distancia que hoy día se está generando en nuestro país, entre municipios que todo lo pueden y acceden a los recursos federales y aquellos municipios en alta marginación que se nos están quedando en un rezago verdaderamente aberrante.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A RECONOCER AL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, COMO CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

“El suscrito, Senador OCTAVIO PEDROZA GAITAN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 10 de la Ley General de Salud los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro elaborado por la Secretaría de Salud.

2. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud es competencia de la Secretaría de Salud determinar las unidades médicas que reúnen los requisitos para ser considerados centros regionales de alta especialidad.

3. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud, el objetivo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional.

4. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, tercer párrafo de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para determinar los fondos que recibirán los centros de alta especialidad.

5. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se sujetarán al Plan Maestro de Infraestructura emitido por la Secretaría de Salud.

6. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, las instalaciones médicas deben contar con el certificado de necesidad, emitido por la Secretaría de Salud, y ser incluidas en el Plan Maestro de Infraestructura para poder recibir aportaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

7. El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” es reconocido como Hospital de Tercer Nivel y centro de atención regional al brindar el 10% de los servicios a población de los estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

8. Que cuenta con el certificado de Hospital de Especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en el año 2005 como tal. Motivos por los cuales se exhorta para que se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad.

9. Que en la actualidad está acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal del Gasto Catastrófico.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como centro regional de alta especialidad. De igual forma, se exhorta respetuosamente, que además de que sea reconocido como hospital regional de alta especialidad, se le asignen los recursos acorde con la naturaleza y funciones que actualmente realiza en beneficio no sólo de los ciudadanos más necesitados de San Luis Potosí, sino también de los ciudadanos de la zona centro del País.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Sen. Octavio Pedroza Gaitán”.





 

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A SU COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014, SE DESTINEN RECURSOS PARA LA CREACION DE UN FONDO SUBSIDIARIO AL CUAL PUEDAN ACCEDER DIRECTAMENTE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS CON ELEVADO NIVEL DE MARGINACION, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROVEAN A SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El suscrito, Senador Octavio Pedroza GaitAn, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La enorme disparidad que, en materia tanto económica como social, prevalece entre las distintas regiones del país, se ha hecho evidente de manera tal que aunque la diversidad cultural de México le signifique una riqueza invaluable, la inequidad se ha visto recrudecida a nivel local ante la crisis generalizada que en materia de desarrollo institucional padecen los municipios mexicanos.

Merced a lo anterior, es urgente poner fin al círculo vicioso que representa la imposibilidad manifiesta de cientos de municipios para presentar proyectos que les permitan acceder a recursos provenientes de los diversos fondos destinados a reducir la marginalidad económica, social e institucional de las localidades mexicanas.

Tal situación se refleja asimismo en la incapacidad técnica para el diseño de proyectos ejecutivos, tanto integrales como estratégicos, para atender los problemas de la gobernanza local, así como las funciones y servicios más elementales que le son inherentes.

2. Lo anterior se observa en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que refleja que México cuenta con 606 municipios con un alto desarrollo humano, 1844 municipios con desarrollo humano medio y 4 con desarrollo humano bajo, por lo cual vemos municipios con un índice de desarrollo humano similar al de los países con mayor desarrollo humano, por ejemplo: la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (0.9509) y San Pedro Garza García, de Nuevo León (.95). Pero también existen muchos municipios con un índice de desarrollo parecido al de los países más pobres del planeta, por ejemplo: Cochoapa el Grande, del estado de Guerrero (.0.4354), y Batopilas, del estado de Chihuahua (0.4734). Para comprender mejor estas dos realidades mexicanas, Noruega tiene una media nacional de desarrollo humano de 0.948, mientras que Nigeria de .466. De tal magnitud es la brecha de la desigualdad que, en materia de desarrollo humano, prevalece en México.1

3. De forma similar lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por medio de su clasificación municipal del nivel de bienestar, que establece 7 estratos donde en el 1 se encuentran los municipios con menor nivel de bienestar y 7 con el mayor nivel.2

Los indicadores que se tomaron en cuenta para la clasificación fueron: el porcentaje de la población en viviendas con servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, piso diferente de tierra, paredes de materiales durables, hacinamiento, refrigerador, automóvil o camioneta propios, entre otros. Por otro lado, también considera el porcentaje de la población derechohabiente a los servicios de salud, mayor a 15 años alfabetizada, ocupada que percibe más de dos salarios mínimos y que son profesionistas o técnicos, entre otros.

Dentro de esta clasificación encontramos que el 54.85% de los municipios se encuentran entre los estratos 1 y 3, mientras que el resto se encuentra por encima de esos niveles de bienestar. Estos dos diagnósticos (del PNUD y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) nos demuestran la disparidad en el desarrollo de los municipios mexicanos.

4. Los datos anteriormente citados, colocan a los municipios menos desarrollados en la desventaja de que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las obras necesarias para abatir la falta de bienestar de sus ciudadanos. Bajo esta lógica es que el legislador federal, por medio de la Ley de Coordinación Fiscal, ha creado el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que se distribuye conforme a la masa carencial de los estados y municipios. Dicho fondo, tiene como objetivo disminuir la brecha de desigualdad entre los municipios.

Sin embargo, este fondo ha demostrado ser insuficiente para el desarrollo de la infraestructura que ayude a abatir el rezago en obras y servicios, y más aún para el desarrollo de las fortalezas institucionales necesarias para la gobernanza. Por lo anterior, se considera que se debe apoyar a estos municipios para el desarrollo de proyectos específicos y que puedan gestionar la aplicación de los mismos de manera directa, sin que medie el Gobierno Estatal, o cualesquier otro intermediario que dilate el procedimiento.

5. Por su parte, Desigualdad y Violencia, un artículo publicado en el Journal of Development Economics, estudia las variables causantes de violencia para una muestra de cerca de 80 países en años recientes. Resultado de ese estudio se encuentra una relación directa de varias medidas de desigualdad económica hacia diferentes tipos de crimen. Para explicar los resultados encontrados en este estudio y las implicaciones de los hallazgos se usan ejemplos como el siguiente: “...la reducción de la desigualdad en un país como Colombia a niveles comparables a los de Argentina, Australia o el Reino Unido reduciría los robos en 50% y los crímenes de contacto (crímenes sexuales, asaltos) en 85%”. Esto, desde luego, sin cambiar otras variables como el crecimiento económico o los niveles de educación y urbanización.

Por tanto, reconocer que la desigualdad económica genera violencia no es simple ideología política sino un hecho encontrado en las ciencias sociales que indica que mejorar las condiciones de equidad  tiene un resultado directo respecto a la reducción de las tasas de criminalidad.3

6. Es de esta forma, que se plantea la necesidad de brindar un apoyo adicional a los municipios de alta marginalidad, para que puedan desarrollar proyectos, ya sea integrales o estratégicos, que contribuyan a la mejora institucional de las funciones y servicios públicos a su cargo. Al día de hoy el circulo de la pobreza se recrea en los municipios, porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación así como en muchos de los fondos y subsidios federales se requiere contar con un proyecto técnico para poderlo concursar y acceder a recursos, esto ha ocasionado que solo los municipios con un grado institucional sólido puedan acceder a esos recursos, porque son lo que tienen capacidad para hacer los proyectos y los municipio más pobres siguen sin poder atraer recursos por la carencia mencionada y con esto, no se ha podido reducir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres en México.

CONSIDERACIONES

1. Que conforme lo prescriben los párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación del Ejecutivo Federal presentar la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para su examen, discusión, y en su caso modificación y aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

2. Que corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analizar, discutir y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos que presente el Ejecutivo Federal.

3. Que es menester de esta Asamblea, como ente representativo de la vocación federalista del Estado Mexicano, tomar razón de lo vertido en el capítulo de antecedentes de la presente proposición a efecto de anticipar el diseño e instrumentación de las medidas necesarias para abatir el rezago institucional que padecen las comunidades locales más desfavorecidas en el país, así como sus gobiernos más cercanos.

4. Que el contenido del presente Punto de Acuerdo tiene relación directa con los puntos 1.2 y 3.1 del “Pacto por México”:

1.2.- Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre. (Compromiso 6)

3.1.- Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional. (Compromiso 74)

Por lo anterior, se considera oportuno exhortar con la debida anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que apruebe dicha medida subsidiaria orientada a apoyar a las comunidades mexicanas más desfavorecidas, o en todo caso, la incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proceso de dictaminación, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se incluya un fondo subsidiario municipal a favor de las comunidades mexicanas con elevado nivel de marginación, y a cuya asignación y entrega puedan acceder sus ayuntamientos en forma directa, para el desarrollo de proyectos públicos que contribuyan a su mejora institucional y con esto ayudar a disminuir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Sen. Cesar Octavio Pedroza Gaitán”.

1 Indice de Desarrollo Humano Municipal en México 200-2005
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Municipal_en_Mexico_2000-2005-2.pdf http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/genero/index.html

2 [1]La Clasificación Municipal desarrollada por el INEGI se basa en la información del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Clasifica a los municipios en 7 estratos, siendo el 1 el estrato con el menor puntaje obtenido y el 7 con el mayor puntaje obtenido. Los valores mínimos para los indicadores del estrato 7 se formó con el porcentaje de la población en viviendas: con servicios básicos de agua (94.57%), drenaje (91.88%) y energía eléctrica (99.01%); con piso diferente de tierra (96.29%); con paredes de materiales durables (91.81%); sin hacinamiento (70.16%); con refrigerador (86.06%);  con automóvil o camioneta propios (43.66%). Por otro lado también considera el porcentaje de la población: derechohabiente a los servicios de salud (54.20%); mayor a 15 años alfabeta (96.12%); ocupada que percibe más de dos salarios mínimos (45.47%) y que son profesionistas o técnicos (10.09%); entre otros. Para leer más al respecto consultar

3 Desigualdad y violencia. Soares. Journal of Development Economics 2004.
http://www.elespectador.com/argentina/columna-203671-desigualdad-y-violencia

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Octavio Pedroza. El primer punto de Acuerdo se turna a la Comisión de Salud, y el segundo a la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra, desde su escaño, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover la ingesta de alimentos producidos a nivel nacional.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hoy en día, en nuestro país se cultivan comercialmente más de 300 productos agrícolas para el consumo humano, entre los que destacan el aguacate, jitomate, nopal, pepino, limón, cebolla, guayaba, plátano, durazno, entre otros muchos más; lo que nos convierte en el octavo productor mundial de productos alimentarios.

Cabe hacer mención que entre los productos más destacados se encuentran los alimentos orgánicos, los cuales minimizan el uso de los recursos no renovables, la utilización de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, y con ello damos pie a proteger el medio ambiente y, por supuesto, a la salud humana.

Los alimentos orgánicos cuentan con un certificado que garantiza la calidad del producto, desde la selección de la materia prima, hasta la producción y comercialización.

Contar con productos con los más altos estándares de calidad ha llevado a que el sector alimentario mexicano se maneje con prácticas adecuadas de calidad, higiene e inocuidad, por lo que se han generado diferentes certificaciones que ayudan a que los consumidores identifiquen alimentos sanos, de la más alta calidad y que contribuyan a una buena alimentación.

Por tal motivo, es de suma importancia dar a conocer los beneficios de consumir alimentos sanos nacionales y con ello apoyar a este sector que trabaja para que todos tengamos mejores productos en nuestra mesa.

Por lo antes expuesto, los Senadores Ivonne Alvarez, Daniel Amador, Angélica Araujo, Hilda Esthela Flores, Margarita Flores, Lilia Merodio Reza, Rocío Pineda Gochi, Mely Romero y la suscrita, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Economía, se realicen campañas mediante las cuales se publicite la ingesta de alimentos producidos a nivel nacional y de aquellos que son benéficos para la salud de las mexicanas y los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR CAMPAÑAS PARA PUBLICITAR LA INGESTA DE ALIMENTOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL Y AQUELLOS QUE SON BENEFICOS PARA LA SALUD

“LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, DANIEL AMADOR GAXIOLA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, SENADORES Y SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía, se realicen campañas mediante las cuales se publicite la ingesta de alimentos producidos a nivel nacional y de aquellos que son benéficos para la salud de las mexicanas y los mexicanos, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La importancia de la alimentación nunca puede ser valorada lo suficiente, siendo uno de los procesos más directos de trasformación de una persona “somos lo que comemos”.1

México tiene una extensión territorial que le permite producir alrededor de 180 millones de toneladas de alimentos, lo que representa aproximadamente 654 kilos de alimento al año para cada mexicano, lo interesante es que un poco menos de 8% de la población es quien se encarga de producir y transformar la mayoría de esos alimentos que todos los días desayunamos, comemos y cenamos.2

La población en general tiene una gran falta de cultura al no comprar productos nacionales, se estima que aproximadamente son 80 mil los productos extranjeros que se consumen diariamente en México.

A lo largo de los años, muchas generaciones de agricultores han cosechado en tierra mexicana el alimento para todo el país. Hoy se cultivan comercialmente más de 300 productos agrícolas para consumo humano, entre los que se destacan el aguacate, brócoli, jitomate, nopal, pepino, limón mexicano, calabaza, chayote, chile poblano, ejote, frijol, chile verde serrano, lechuga, col, cebolla, papa, guayaba, mango, melón, naranja, papaya, sandia, piña, pera, manzana, uva, guayaba, plátano, durazno, naranja y toronja entre otros; lo que nos convierte en el octavo productor mundial de productos alimentarios.

Cabe mencionar que México es también un productor de alimentos orgánicos, la agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de una unidad productiva, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana.

Entre los alimentos orgánicos que se producen en nuestro país encontramos café, miel, cacao, aguacate, piña, plátano, naranja, ajonjolí, leche, huevo, entre otros, para la seguridad del consumidor, los alimentos orgánicos cuentan con un certificado que garantiza la calidad del producto, desde la selección de la materia prima, hasta la producción y comercialización.3

El contar con productos con los más altos estándares de calidad ha llevado a que el sector alimentario mexicano se maneje con prácticas adecuadas de calidad, higiene e inocuidad, por lo que se han generado diferentes certificaciones que ayudan a que los consumidores identifiquen alimentos sanos, de la más alta calidad y que contribuyen a una buena alimentación, por tal motivo es de suma importancia dar a conocer los beneficios de consumir alimentos sanos nacionales y con ello apoyar a este sector que trabaja para que todos tengamos mejores productos en nuestra mesa.

Al consumir productos sanos y nacionales se procurará tener un mejor estilo de vida, nos ayudaría a mejorar como país, pero sobre todo, dejar de ser dependientes activos de otros países y eso se va a lograr siempre y cuando se cree una cultura de consumo, haciendo de México un país próspero y digno.

Una buena, sana y educada nutrición se vuelve fundamental para conseguir el crecimiento y óptimo desarrollo intelectual en los niños y adolescentes. De igual forma, una dieta adecuada a lo largo de la vida asegura la energía suficiente para que una persona tenga una actividad física vigorosa y un mejor aprovechamiento de sus capacidades cognitivas.

Consumir productos nacionales es posible, nuestro país pide que consumamos sus productos, la decisión, es de nosotros mismos, este cambio lo tenemos en nuestras manos, no permitamos que se agoten los productos nacionales.

Es por ello, que siendo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía las autoridades encargadas de establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas en materia federal, se les exhorta a implementar acciones que concienticen a los habitantes de nuestro país, la importancia de aumentar el consumo de alimentos producidos en México y con características saludables; a través de campañas publicitarias en los medios de comunicación más cercanos a la población, con el objetivo de promover la sana alimentación de la población mexicana por medio del consumo de productos 100% mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno Legislativo de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaria de Economía, se realicen campañas mediante las cuales se publicite la ingesta de alimentos producidos a nivel nacional y de aquellos que son benéficos para la salud de las mexicanas y los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 19 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.

1 La Alimentación de los Mexicanos, CANACINTRA, Pedro García Urigüen, 2012.

2 Ibídem

3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Lisbeth Hernàndez. Túrnese a la Comisión de Salud.

Presente el siguiente punto de Acuerdo que tiene enlistado, Senadora Lisbeth Hernández.





 

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Actualmente, la mayor parte de las zonas ejidales y comunales han sido ocupadas por asentamientos humanos. En muchos casos, la afectación de la mancha urbana sobre las zonas rurales ha originado que los campesinos sean víctimas de la especulación inmobiliaria y de procesos expropiatorios, provocando la pérdida de las tierras dedicadas al campo y a la producción de alimentos a causa de la urbanización.

Es por ello que, sin lugar a dudas, la población no puede dejar de crecer, es evidente. Pero sí puede dejar de crecer afectando los núcleos ejidales dedicados a la agricultura, con el objeto de proteger las áreas con potencial agrícola, pecuario o forestal.

Considerando lo anterior, es urgente la necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coadyuve con las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo estrategias de crecimiento y de desarrollo urbano adecuadas para un mejor control, pero dando prioridad a que no sigan afectándose las zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente punto de Acuerdo:

Unico. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que en el ámbito de su competencia implemente acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A IMPLEMENTAR ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA REGULAR LA URBANIZACION EN ZONAS EJIDALES Y COMUNALES DEDICADAS A LA AGRICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL

"DE LAS SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en el ámbito de su competencia implemente acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La demanda de suelo para vivienda, la ocupación irregular de la tierra, la disminución de las zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura y elcrecimiento desmesurado de los asentamientos humanos, son algunos de los principales ejes problemáticos del desarrollo urbano y de la tenencia de la tierra, la solución de estos problemas representa una de las fuertes demandas permanentes de la sociedad y una de las preocupaciones prioritarias para nuestro país.

Actualmente la mayor parte de las zonas ejidales y comunales han sido ocupadas por asentamientos humanos. En muchos casos la afectación de la mancha urbana  sobre las zonas rurales ha originado que los campesinos sean víctimas de la especulación inmobiliaria y de procesos expropiatorios, provocando la pérdida de las tierras dedicadas al campoy a la producción de alimentoa causa de la urbanización.

Cabe mencionar que la agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más allá de su participación en el PIB nacional, las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental muestran la relevancia de la producción agrícola en nuestro país.1

El desarrollo rural también significa la incorporación de un importante potencial económico para el progreso del país. En gran medida, el desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de recursos productivos, el primero de ellos: la capacidad creadora y productiva de más de la cuarta parte de la población nacional. Las mejoras en los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios, así como el dinamismo económico del campo, constituyen estímulos a la realización del  potencial productivo de la población rural, generando un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país. El desarrollo rural, a su vez, incide positivamente sobre el potencial de desarrollo económico global, a través del crecimiento de la demanda interna, la mejor articulación interregional, el equilibrio social y la mayor cohesión e integración nacional.

De ahí que la afectación de las zonas ejidales y comunales debido al crecimiento de los asentamientos urbanos, implica además un impacto negativo en las características naturales de las zonas y del medio ambiente, pero esto no significa que el desarrollo urbano se tenga que frenar, hoy en día es una necesidad prioritaria que más personas cuenten con viviendas propias y dignas, generando con ello que en la actualidad  todos los ciudadanos de nuestro país, se desarrollen en un ambiente familiar sano y adecuado.

Es por ello que sin lugar a dudas, la población no puede dejar de crecer, es evidente. Pero sí puede dejar de crecer afectando los núcleos ejidales dedicados a la agricultura, con el objetivo de proteger las áreas con potencial agrícola, pecuario o forestal.

El descontrol sobre el cambio de uso de tierras ejidales para construir zonas habitaciones o comerciales, no sólo ha generado desorden territorial, sino que también afecta a los ejidatarios que carecen de una asesoría adecuada para la comercialización de terrenos para nuevos desarrollos de vivienda, los cuales  en diversas ocasiones incluso llegan a ser despojados de sus propias tierras.

Es preciso señalar que hasta 1992, se tenía como único instrumento para incorporar suelo social al desarrollo urbano la expropiación; actualmente, el marco legal agrario permite que los ejidos y comunidades acuerden a través de sus asambleas alternativas para la incorporación de suelo social al desarrollo urbano.

Por lo que se estima que cada año se incorporan unas 35 mil hectáreas rurales al desarrollo de urbes, lo que incluye no sólo viviendas, sino tambien obras publicas.2

Considerando lo anterior, es la urgente necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coadyuve con las autoridades estales y municipales para llevar a cabo estrategias de crecimiento y de desarrollo urbano adecuadas para un mejor control, dando prioridad a que no sigan afectándose  las zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura.

Aunado a que la Secretaría antes mencionada tiene entre una de sus encomiendas; impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen, el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población, se le hace un llamado para atender esta situación que afecta a gran parte de  la población mexicana, en específico al sector agrario el cual presentar estricciones que le impiden alcanzar mayores niveles de eficiencia y de productividad sobre una base sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno legislativo de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en el ámbito de su competencia implemente acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis".

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

2 Ibídem

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.





 

Tiene la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para presentar, desde su escaño, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de los habitantes en dicho estado.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño): Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy presento este punto de Acuerdo que es de la importancia de todos los mexicanos.

Quintana Roo es un pueblo turístico líder de la República Mexicana. Sin embargo, el estado enfrenta una grave situación respecto de violencia y agresión hacia las mujeres que son violadas, asesinadas, desaparecidas, obligadas a prostituirse y golpeadas; por lo que algunos investigadores consideran a Cancún y Solidaridad puntos estratégicos y neurálgicos en este grado de problema social.

Desgraciadamente, hay cifras oficiales, pero no reflejan la realidad en las conductas delictivas de feminicidios, violaciones, desaparecidas, víctimas de violencia y trata de personas. Aunque son muchos los casos, la mayoría de esos sucesos no son denunciados ante la autoridad del estado de Quintana Roo.

Debido a la relevancia que tiene este hermosísimo estado a nivel mundial, es importante establecer acciones gubernamentales de emergencia por parte del gobierno federal, estatal y municipal para garantizar la protección de delitos de violencia, trata de personas y feminicidios realizados en contra de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, siendo una clara perturbación de la paz social en el estado y afectación económica.

El municipio de Benito Juárez, Cancún, es el más importante destino turístico del país, donde las féminas son las más agraviadas. Además, el colmo de los abusos es que muchas niñas jovencitas, son forzadas por sus propios padres a prostituirse.

Sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio, y el contexto en el que se producen, correspondiente al estado de Quintana Roo, podemos mencionar que en casos de feminicidios, siete mujeres son asesinadas cada mes en el estado, la mayoría de los casos en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

En lo que va de 2013, estamos en 13 víctimas, y en el año de 2012 tuvimos un registro de 80 muertes en Quintana Roo, 62 de estos casos en Cancún.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación Federal y al gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, para que de manera conjunta y dentro del ámbito de su competencia, implementen mecanismos urgentes para detener el alza incontrolable de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios, que se han realizado en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes residentes en el estado de Quintana Roo.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que envíe a esta Soberanía, un informe detallado y estadístico vigente de su gestión 2011 a la fecha, sobre los programas, mecanismos y estrategias implementadas para combatir cada uno de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios que se han suscitado en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes residentes en este estado.

Tercero. Se exhorta atentamente al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que considere, dentro de su presupuesto, la creación de un fondo para la construcción de refugios para mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios que se han suscitado en este estado.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION Y AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A IMPLEMENTAR MECANISMOS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES EN DICHO ESTADO, DEBIDO AL AUMENTO DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y FEMINICIDIOS

"De la Senadora, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El estado de Quintana Roo es una de las Entidades Federativas más jóvenes y representativas en el sector turístico nacional; el cual se encuentra avalado por la Organización Mundial de Turismo (OIT).

Quintana Roo es un polo turístico líder de la República Mexicana; sin embargo el estado enfrenta una grave situación respecto de violencia y agresión hacia las mujeres  que son violadas, asesinadas, desaparecidas, obligadas a prostituirse y golpeadas; por lo que algunos investigadores consideran a Cancún “la otra Ciudad Juárez”.

Desgraciadamente hay cifras oficiales pero no reflejan la realidad; en las conductas delictivas de feminicidios, violaciones, desaparecidas, víctimas de violencia y trata de personas; aunque son muchos los casos; la mayoría de éstos sucesos no son denunciados ante la autoridad del estado de Quintana Roo.

La Violencia es un hecho social en buena parte resultando de un comportamiento aprendido en un contexto permeados por desigualdades sociales y basado ya sea en la clase social, el género, la edad, la raza, las capacidades distintas, la orientación sexual e incluso las diferencias religiosas.

La violencia basada en género (VBG) es un problema polifacético, de raíces biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, es una cuestión que debe abordarse desde varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad. La VBG da cuenta no solo de la violencia que se ejerce contra la mujer derivada de la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal que pase sobre ellas.

La operación de bandas criminales ligadas a la trata o a la esclavitud de personas incrementa las desapariciones, los delitos sexuales y los homicidios de mujeres.

La violencia basada en el género se refiere así a una gama de costumbres, prácticas machistas y misóginas, que imponen pautas de una masculinidad basada en el uso de la fuerza y la violencia en la relaciones entre hombres y en contra de mujeres de todas las edades.

Resulta de manera fundamental analizar el contexto en el que ocurren los asesinatos de mujeres, enmarcándolos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual define la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, donde como resultado un homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El Municipio de Benito Juárez es el más importante destino turístico del país; donde las féminas son más agraviadas; además el colmo de los abusos es que muchas niñas jovencitas son forzadas por sus propios padres a prostituirse.

Sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio y el contexto en el que se producen correspondiente al estado de Quintana Roo, podemos mencionar que en caso de feminicidios 7 mujeres son asesinadas cada mes en el estado, la mayoría de los casos en el municipio de Benito Juárez (Cancún) lo que va del 2013 estamos en 13 víctimas y en el año del 2012 tuvimos un registro de 80 muertes en Quintana Roo, 62 de estos casos en Cancún.

A continuación se expresan datos del libro “Femenicidios en México, Aproximación, tendencias y cambios”, 1985-2009 recabados en el estado de Quintana Roo, donde se denota la situación alarmante que existe en el mismo.

Respecto al tema de violaciones el estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional; estamos hablando de más de una violación por día es decir 411 al año; como base estudios realizados por RRS& Asociados. Así mismo Cancún tiene la mayor problemática de enero a junio de este año con 142 casos denunciados.

En caso de mujeres desaparecidas Quintana Roo esta en los primeros lugares; con base a estadísticas del INEGI ocupa el estado el primer lugar con 74.2 casos por casa 100.000 habitantes.

En casos de personas que han sufrido o sufren violencia el 70% de las mujeres quintanarroenses sufren de ello; es decir el 28% de esa cantidad es víctima de violencia extrema aproximadamente.

En los casos de trata de personas; el tráfico de mujeres es otro delito que se ha desarrollado en Quintana Roo en gran medida a pesar de que no existen datos oficiales pero se tiene el conocimiento que son varios miles por año; conducta que esta relacionado con el turismo sexual; y el más terrible de los casos es la trata local o sexo comercializado dentro de los hogares consistente en que los mismos padre o familiares ofrecen a sus vástagos a cambio por unos pesos por trabajo y servicios sexuales.

Finalmente, y como parte del análisis del contexto violento en que viven las mujeres, abordamos el aspecto legislativo considerando dos ordenamientos: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, promulgada el 27 de noviembre de 2007 (cuyo Reglamento data del 15 de septiembre de 2009) y el Código Penal Estatal, analizando como se tipifican ciertos delitos (homicidio, lesiones, violencia familiar, rapto y violación), sus definiciones, agravantes y atenuantes.

Quintana Roo muestra una tendencia inversa al conjunto del país mientras en el largo plazo este último; en el caso de los certificados de defunción muestra una tendencia ascendente, observando de igual manera un aumento en la tasa nacional de 28%, llegando a un nivel 2.7 veces mayor que el de la entidad.

En el estado la información de los certificados de defunción muestra una tendencia ascendente, en tanto que la nacional aumentó 28%, llegando a un nivel 2.7 veces mayor que el de la entidad.

De cualquier manera, la parte correspondiente a muertes violentas (por causas externas) respecto al total de defunciones femeninas, que se ha mantenido en alrededor de una de cada 10, representa el doble del promedio nacional en el estado de Quinta Roo.

La tasa de suicidios de mujeres se multiplicó por 4.46 entre 2005 y 2009, con lo que la entidad pasó del último al quinto lugar. La situación de las violaciones denunciadas ante el Ministerio Público por 100,000 mujeres también ha agravado, pues aumentaron en más de una cuarta parte, pasando del tercero al primer lugar en el país; si bien lo anterior podría verse de manera muy optimista; como el resultado de una mayor confianza de las mujeres víctimas de este grave delito en el aparato de procuración de justicia para levantar denuncias, no deja de ser una situación extremadamente preocupante y que requiere de la urgente atención de los distintos órdenes de gobierno.
La proporción de menores de 18 años en el total de defunciones femeninas con presunción de homicidio, por su parte, pasó de 20% en 2005, nivel similar al nacional.

Por su parte, el porcentaje de las defunciones femeninas con presunción de homicidio debidas a ahorcamiento y métodos similares casi se triplicó, al pasar de 13.3% a 36.4%, con una tendencia inversa a la del promedio nacional; mientras tanto, el uso de armas de fuego fue también de 13.3% en 2005, pero no hubo casos en 2009. La utilización de objetos cortantes que figuraba en casi la mitad de los casos en 2005 se redujo a poco más de la tercera parte, mientras que el recurso a objetos romos o sin filo se multiplicó por cuatro en el mismo periodo.

Casi la mitad de las mujeres solteras de 15 años y más reportaron incidentes de violencia comunitaria a lo largo de su vida, en tanto que más de una tercera parte de las mujeres de 15 años y más casadas o unidas, el 26.3% tuvieron incidentes de violencia emocional de pareja en el último año, 11.2% de violencia física de pareja y 4.5% incidentes de violencia sexual de pareja, lo que dio a Quintana Roo el lugar 26 en el país.

Entre este mismo grupo de mujeres, de aquellas que sufrieron episodios de violencia física o sexual por parte de la pareja a lo largo de su actual o última relación, 27% presentaron una denuncia, proporción 51% superior al promedio del país.

Encontramos una pequeña reducción en la proporción de egresos hospitalarios femeninos de instituciones públicas por causas relacionadas con la violencia, de 3.1% a 3%, lo que hace pasar al estado de Quinta Roo del lugar 17 al 21 en la clasificación nacional.

En atención a lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación Federal y al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que de manera conjunta y dentro del ámbito de sus competencias se implementen mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes en el Estado, para detener el alza incontrolable de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios, en el Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- De igual manera se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que envíe a esta Cámara de Senadores un informe detallado y estadístico vigente de su gestión 2011 a la actualidad; respecto de programa, mecanismos y /o estrategias que se estén implementando para combatir cada una de las conductas delictivas sobre violencia, trata de personas y feminicidios que se han suscitado en contra de los habitantes y residentes del Estado.

TERCERO.- Se exhorta de manera respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que considere en su presupuesto la creación de un fondo para construir refugios para las víctimas de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios en el Estado de Quintana Roo.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 26 de septiembre del 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Luz María Beristain. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Tiene la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a establecer e implementar protocolos con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

De nueva cuenta, con este punto de Acuerdo insistimos en que un tema que debe ser inscrito en la agenda gubernamental; es la implementación de políticas integrales con perspectiva de género que aseguren la observancia de la garantía de igualdad y no discriminación, así como la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres.

Reconocemos y celebramos que en los últimos años, la perspectiva de género se ha convertido en una herramienta esencial para la elaboración y formulación de políticas públicas que buscan alcanzar la igualdad.

De acuerdo al artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es deber de los Estados Parte reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley, así como la capacidad jurídica idéntica a la del hombre.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé el establecimiento de un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que entre otros aspectos propone que se establezca la implementación de mecanismos encargados de educar y capacitar, en materia de derechos humanos, al personal encargado de la procuración e impartición de justicia, policías y demás funcionarios.

Bajo este contexto, celebramos que el pasado mes de agosto se presentó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, como un esfuerzo para atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la aplicación del derecho internacional, a efecto de establecer instrumentos y herramientas para aplicarla, así como una visión tendiente a minimizar las desigualdades de género.

Es interesante que en el estudio que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2008 y 2009, el 18.3 por ciento del personal jurisdiccional admitió no saber el significado de perspectiva de género, y la mitad de este personal no la considera una prioridad.

Por ello, se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros y didácticos, tendientes a auxiliar y orientar a los servidores públicos encargados de la impartición de justicia en materia de perspectiva de género.

Así las cosas, este punto de Acuerdo pretende, en términos generales, exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia, establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de perspectiva de género, tomando en su caso como referente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia de perspectiva de género.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASI COMO A LAS PROCURADURIAS Y FISCALIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A ESTABLECER E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS CON PERSPECTIVA DE GENERO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA

"La suscrita, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ASI COMO A LAS PROCURADURIAS Y FISCALIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS CON PERSPECTIVA DE GENERO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA (urgente resolución), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un tema que debe ser inscrito en la agenda gubernamental, lo es sin duda alguna la implementación de políticas integrales con perspectiva de género, a efecto de garantizar la observancia de la garantía de igualdad y no discriminación, así como la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres.

En ese sentido es de reconocer que en los últimos años, la perspectiva de género se ha convertido en una herramienta esencial para la elaboración y formulación de las políticas públicas que buscan alcanzar la equidad1.

Basta recordar que esta situación ha sido tratada en el ámbito internacional, a través de diversos instrumentos que establecen la protección de la mujer en contra de la violencia, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración y Objetivos del Milenio, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará, entre otros.

En tal virtud, de acuerdo al artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es deber de los Estados Parte el reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley así como una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad, reconociendo a su vez un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

Así las cosas, hoy nuestro país enfrenta nuevos retos en materia de género, de manera tal que es necesario establecer políticas públicas adecuadas y contundentes a efecto de hacer de la igualdad de género en todo el país, una realidad.

En ese sentido, en el ámbito legislativo, la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé la perspectiva de género como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone:

a) Eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

b) Promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, y
c) Contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Por su parte, el referido cuerpo normativo prevé el establecimiento de un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que entre otros aspectos prevea la implementación de mecanismos encargados de educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres de manera tal que los operadores del sistema de justicia, particularmente los impartidores de justicia, se encuentren debidamente capacitados a efecto de garantizar el derecho de igualdad y no discriminación.

Bajo este contexto, el pasado mes de agosto se presentó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”2, como un esfuerzo del Poder Judicial Federal por atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la aplicación del derecho internacional, a efecto de establecer instrumentos y estrategias de capacitación y formación en materia de perspectiva de género y derechos de las mujeres, según se expone en dicho documento.

El referido protocolo va dirigido a todos los servidores públicos que tienen a su cargo labores de impartición de justicia, con el fin de detectar casos en los que sea necesario aplicar criterios relacionados con perspectiva de género dentro de las contiendas judiciales de las que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

Cabe destacar que en el propio protocolo se abordan resultados de diversos diagnósticos realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al conocimiento y percepciones sobre el género y derechos humanos del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se señala que entre los años 2008 y 2009, el 18.3% del personal jurisdiccional admitió no saber el significado de la perspectiva de género, en tanto que la mitad de ello no la considera una prioridad3.

Situación que desafortunadamente no es ajena al ámbito estatal, toda vez que como señala el propio estudio de mérito, en el diagnóstico en 15 Tribunales Superiores de Justicia Estatales, a pesar de que el personal en su mayoría coincide en incorporar la perspectiva de género en las entidades jurisdiccionales,  existen falta de conocimientos y herramientas para aplicarla, así como una visión tendiente a minimizar las desigualdades de género4.

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos tendientes a auxiliar y orientar a los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, en materia de perspectiva de género, de manera tal que se eviten determinaciones o resoluciones judiciales que generen impunidad, discriminación y desigualdad.

En tal virtud es de reconocerse el esfuerzo realizado por el Poder Judicial de la Federación al haber emitido el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, el cual constituirá una guía y referente importante para la fundamental y compleja labor que realiza el Poder Judicial de la Federación a través de la impartición de justicia en el ámbito federal, ahora el siguiente paso será su implementación y su proceso de ajuste y enriquecimiento de dicho instrumento, derivado de su aplicación práctica. No obstante, este instrumento por sí mismo ya constituye un gran avance.

Bajo esa óptica resulta de igual forma necesario que este tipo de acciones tendientes a formar y profesionalizar a los magistrados, jueces y demás personal que ejerce funciones jurisdiccionales en matera de perspectiva de género, sea replicado en los poderes judiciales de las entidades federativas que en un contexto global conocen del mayor cúmulo de asuntos en donde se torna fundamental decidir asuntos sobre la óptica de la perspectiva de género.

De igual forma se estima que a efecto de ampliar el esfuerzo que se plantea a través de la presente proposición, se estima necesario amplificar el alcance del mismo, a efecto de exhortar a su vez al ámbito de la procuración de justicia en las entidades federativas y en el ámbito federal, es decir, a las instituciones del ministerio público y de la policía ministerial, las cuales dado su ámbito de competencia y las funciones específicas que realizan, requieren de igual forma conocimientos especializados en materia de igualdad de género.

Así las cosas, la presente proposición con punto de acuerdo pretende en términos generales exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de perspectiva de género, tomando, en su caso como referente, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género establecido por el Poder Judicial de la Federación, así como a las Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, así como a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia de perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad inherentes a las garantías de igualdad y no discriminación, en el marco de los diversos instrumentos internacionales existentes en la materia, la suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de perspectiva de género, tomando en su caso como referente, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género implementado por el Poder Judicial de la Federación.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, así como a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia de perspectiva de género, de acuerdo a los estándares internacionales existentes en la materia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2013".

Bibliografía
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichmujer/uploads/PROGRAMASECTORIAL2004-2010.pdf
www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article1831&var_mode=calcul

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora María Ortega. Túrnese a la Comisión para la Igualdad de Género.





 

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en torno a las comparecencias de los servidores públicos para el análisis del Primer Informe de Gobierno.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión. No habiendo ningún Senador ni Senadora inscrito, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeros Senadores, daremos turno a las proposiciones que se refieren a solicitudes de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellas.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador Eviel Pérez Magaña, un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar recursos de al menos 807 millones de pesos para el subsistemas de educación media superior estatal, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca. El primer resolutivo se turna a la Cámara de Diputados, y el segundo a la Comisión de Educación del Senado.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A OTORGAR RECURSOS DE AL MENOS 807 MILLONES DE PESOS PARA EL SUBSISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESTATAL DENOMINADO INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA; ASIMISMO, EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DICHO INSTITUTO SE INCORPORE AL CONVENIO MARCO DE COORDINACION ESTADO-FEDERACION, EN MATERIA EDUCATIVA PARA QUE CUENTE CON ASIGNACION PRESUPUESTAL FEDERAL ANUAL

"El que suscribe, Senador Eviel Pérez Magaña integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país actualmente existen 53 millones 349 mil 900  habitantes en pobreza, de los cuales 11 millones 529 mil viven en pobreza extrema (CONEVAL 2012), como es de todos sabido esta condición afecta fundamentalmente al medio rural y a las regiones indígenas de nuestro país.

El Estado de Oaxaca con una superficie territorial de 93 mil 757 km2, y un total de 3 millones 801 mil 962 habitantes (INEGI 2010), ocupa el tercer lugar nacional en pobreza, situación que afecta directamente a 2 millones 434 mil 600 habitantes (61.9% de la población) de los cuales 916 mil 600 habitantes se encuentran en pobreza extrema (23.3%) (CONEVAL 2012), para atender esta situación de rezago social y marginación el Gobierno de la República pone en marcha el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, siendo uno de sus componentes fundamentales el rubro educativo, especificado en el Ramo 11 del Anexo B del decreto que establece dicho sistema, operándose en las entidades federativas mediante mesas de trabajo integradas por funcionarios federales, estatales y todos los subsistemas de los diferentes niveles, para la atención del rezago educativo.

El Gobierno del Estado de Oaxaca en un esfuerzo sin precedente con base en el Plan Estatal de Desarrollo y como una estrategia micro regional de la Política Social establece el Programa Bienestar para enfrentar los retos del rezago social y el combate a la pobreza, en materia educativa, Oaxaca se encuentra inmersa en una problemática que la ubica en el lugar 31 a nivel Nacional.

La estrategia Bienestar, entre otros tiene como eje fundamental contribuir a la disminución del rezago educativo y la deserción escolar así como buscar los mecanismos que permitan ofertar una educación de calidad a su población en edad escolar, pero fundamentalmente brindar atención educativa a los grupos más marginados de la sociedad.

En la entidad Oaxaqueña existen 16 grupos etnolingüísticos que habitan en comunidades pobres y de extrema pobreza, con altos índices de marginación y rezago social y por ende que reclaman una atención integral para romper con el estatus de pobreza en el que se encuentran inmersos y contar con oportunidades que les permitan acceder a niveles de educación más allá de lo elemental.

En la entidad Oaxaqueña de cada 100 niños que ingresan a la Educación Primaria, 93 llegan a la Secundaria, 65 a la Educación Media Superior y solo 13 logran terminar satisfactoriamente una Licenciatura; en el Estado existen 15 modalidades o subsistemas de Educación Media Superior los cuales albergan a 140 mil 007 alumnos, lo que representa una cobertura del 59% de la población en edad de estudiar la Educación Media Superior y un grado de absorción del 88%, con una eficiencia terminal del 70.49%.

Ante la necesidad de atender el rezago educativo y garantizar el acceso a la Educación Media Superior a jóvenes indígenas de comunidades rurales de menor índice de desarrollo social y humano en la entidad, se instituye en 1994 el Tele bachillerato del Estado de Oaxaca, para posteriormente convertirse en el año 2001 en un organismo público descentralizado que oferta Educación Media con modalidad semi presencial, dadas las exigencias de las comunidades por mejorar los índices de aprovechamiento escolar se  rebasaron las expectativas de esta modalidad, dando paso en el año 2007 a un nuevo modelo educativo basado en competencias, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) según Decreto núm. 477 de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

El IEBO, es un subsistema que ofrece educación media superior con un modelo educativo de Bachillerato General en la modalidad escolarizada con duración de 3 años, cuyo modelo académico está orientado hacia una formación integral, contando con un perfil de egresados basado en competencias. Actualmente atiende las necesidades educativas de 24 mil 221 jóvenes estudiantes (Preliminar 2013 “B”) en 260 planteles distribuidos en las ocho regiones del Estado, el 95% de los estudiantes se ubican en localidades de alta y muy alta marginación y el 5% en localidades de media y baja marginación, comprendidos en 198 municipios, de los cuales 28 con 36 planteles se encuentran en el grupo de las 58 demarcaciones municipales de menor índice de Desarrollo Humano ubicadas en el Estado de Oaxaca de los 125 municipios definidos a nivel nacional por el Gobierno Federal.

El financiamiento para la operación del IEBO es totalmente Estatal, con participación activa de Autoridades Municipales y Patronatos de Padres de Familia constituidos en los planteles. El IEBO tiene presencia en los 16 grupos etnolingüísticos que habitan en comunidades de pobreza y pobreza extrema en el Estado de Oaxaca; este subsistema ofrece a estas comunidades indígenas marginadas, la única opción de educación de tipo medio superior con opción presencial.

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca tiene como propósito esencial formar estudiantes con una cultura integral que les permita desarrollar competencias, articulando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en las diferentes áreas del saber; el perfil del egresado del IEBO está integrado por 11 competencias genéricas, 44 competencias disciplinares básicas y 6 competencias profesionales básicas, con lo que se alinea totalmente al perfil de egresado del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y al Artículo 2 del Acuerdo Secretarial 444 que establece que las competencias genéricas dan articulación e identidad a la Educación Media Superior (EMS), garantizando la calidad de la atención educativa.

El IEBO cuenta actualmente con una plantilla laboral de Un mil 151 trabajadores de los cuales 733 son docentes y 260 son Directores con carga académica, además de 158 trabajadores administrativos; es importante resaltar que 367 docentes han acreditado el diplomado del Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior-SEP (PROFORDEMS) y actualmente 205 docentes más se encuentran cursando dicho diplomado, en cuanto a los Directores, 34 han acreditado el Programa de Formación de Directores de la Educación Media Superior-SEP (PROFORDIR).

Actualmente el IEBO tiene muy avanzado el proceso de alineación de sus planes y programas de estudio para su incorporación al proyecto educativo nacional de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y ha formulado una primera propuesta de 3 planteles como candidatos a incorporarse al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), para ello se han implementado estrategias académicas que mediante el cumplimiento estricto del calendario escolar oficial, le han redituado en importantes logros reflejados en los siguientes indicadores:

VARIABLE

IEBO

NACIONAL

EFICIENCIA TERMINAL

70.49%

63.3%

DESERCION ESCOLAR

12.23%

14.5%

REPROBACION

19.02%

39.9%

PORCENTAJE DE ALUMNOS POR NIVEL DE DESEMPEÑO PRUEBA ENLACE 2012- 2013

DESEMPEÑO

HABILIDAD LECTORA

HABILIDAD MATEMATICA

2012

2013

REDUCCION

INCREMENTO

2012

2013

REDUCCION

INCREMENTO

INSUFICIENTE

22.8

18.4

4.4

 

40.9

35.1

5.8

 

ELEMENTAL

43.2

39.1

4.1

 

38.7

34.1

4.6

 

BUENO

31.9

39.4

 

7.5

14.6

18.7

 

4.1

EXCELENTE

2.1

3.1

 

1

5.9

12.1

 

6.2

En un comparativo con los demás subsistemas de Educación Media Superior del Estado de Oaxaca, de los 10 planteles con mejor desempeño en habilidad lectora, 2 pertenecen al IEBO, primero y sexto lugar, (Planteles 143 “Yerba Santa, Zanatepec” y 136 “San Felipe de la Peña”); en habilidad matemática de los 10 primeros planteles 8 pertenecen al IEBO, primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y decimo lugar (Planteles 143 “Yerba Santa, Zanatepec”, 198 “San Sebastián Nicananduta”, 024 “Infiernillo”, 238 “San Antonio Sinicahua”, 192 “San Juan Ñumi”, 217 “Nuevo Arroyo Chicali”, 166 “ Villa Tejupan de la Unión” y 085 “Santa María Yosoyua”)

Resultados que nos ubican a la par o por encima de otros subsistemas de nuestra entidad, cumpliendo y rebasando estándares Oficiales Nacionales, sin embargo las enormes carencias en materia de infraestructura, equipamiento y personal docente, se constituyen en un gran impedimento para la incorporación de los planteles del IEBO al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), debido a los altos estándares exigidos como requisitos en estos rubros.

El IEBO es un subsistema del nivel medio superior con demasiados problemas para su funcionamiento adecuado por la carencia de recursos financieros en virtud que su financiamiento es totalmente Estatal, lo que, a pesar de los grandes logros obtenidos,  lo ubica en una gran desventaja en relación de otros subsistemas similares, como se demuestra en un comparativo simple de costo por alumno: COBAO 19 mil 787 pesos, CECYTEO 31 mil 568 pesos, IEBO 10 mil 728 pesos.

Señoras y Señores Senadores de la República, me dirijo a esta Soberanía, para hacer un llamado a la sensibilidad que caracteriza los criterios republicanos de su actuación y solicitarles que en un acto de Justicia Social le brindemos nuestro apoyo y comprensión a los jóvenes de las comunidades rurales marginadas del Estado de Oaxaca, para que cuenten con espacios dignos en los cuales puedan recibir la oportunidad de cursar la Educación Media Superior con niveles de calidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, otorgue recursos por un monto de 807 millones de pesos para dotar de Infraestructura y Equipamiento al Subsistema de Educación Media Superior, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto del Secretario de Educación, y en el marco de las atribuciones correspondientes, se incorpore al Subsistema de Educación Media Superior denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, al Convenio Marco de Coordinación Federación-Estado en materia Educativa, a fin de que cuente con asignación anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña".





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, un punto de Acuerdo que exhorta a considerar y destinar mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR Y DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y PARA EL FONDO DE RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MEXICO

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México el turismo es la 3ª fuente más importante de ingreso de divisas del país, la actividad turística aporta cerca del 9 por ciento del producto interno bruto, en consecuencia genera más de 7 millones y medio de empleos directos e indirectos, lo que equivale a más de un sexto de los mexicanos que trabajan1, por lo que el turismo es de suma importancia en nuestro país.

En todos los Estados de la República y particularmente en Quintana Roo, el turismo está vinculado con las zonas arqueológicas, vestigios, museos, etc. las riquezas arqueológicas que nos dejaron los mayas, olmecas, aztecas, entre muchas otras culturas ancestrales conocidas a nivel mundial, atraen a miles de turistas que vienen a nuestro país con el motivo de disfrutar la arqueología existente en México. Los vestigios son tan recurridos por los investigadores y turistas extranjeros que inclusive piezas arqueológicas provenientes de nuestro país están en el extranjero para su disfrute.

Desafortunadamente en la actualidad se presenta una problemática que impide el desarrollo de las zonas arqueológicas; el presupuesto que se destina a la investigación y mantenimiento es insuficiente, particularmente en Quintana Roo se estima que hay más de mil zonas arqueológicas, pero la falta de presupuesto y personal hace imposible su apertura, se está perdiendo una oportunidad de inversión en ese sector, ya que genera miles de visitas de extranjeros, así como de los mismos ciudadanos mexicanos fomentando que viajen de un Estado a otro.

Incrementar la investigación y el mantenimiento de las zonas arqueológicas ocasionará un fomento a toda una cadena de comercio, ya que se ven involucrados principalmente hoteles, restaurantes, transporte aéreo, terrestre, marítimo, esta inversión fomenta la creación de empleo.

Desde un enfoque turístico es fundamental conservar y fomentar la cultura a través de investigar, conservar e impulsar el desarrollo de las zonas arqueológicas para atraer turistas e incrementar la derrama económica, así mismo desde el punto de vista cultural, también es de suma importancia conservar la cultura que forma parte de nuestra historia.

Otro problema que se presenta consiste en que los ciudadanos de la localidad están vendiendo ilegalmente vestigios, las personas al verse en la necesidad de obtener ingresos para sobrevivir ante una falta de oferta laboral, venden dichas piezas arqueológicas, no podemos permitir que se siga perdiendo el patrimonio de los mexicanos.

Representantes del INAH e investigadores de Quintana Roo se han unido en la petición que busca un mayor incremento al presupuesto destinado para el fomento a las zonas arqueológicas.

Es menester mencionar que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en los artículos 30, 31, 32 se establece la facultad al INAH para realizar las acciones que se buscan en este punto de Acuerdo, que a continuación se expresan.

ARTICULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización.

ARTICULO 31.- En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.

La importancia del legado que nos han dejado a todos los mexicanos es de suma trascendencia, razón por la cual debemos implementar proyectos, planes y todo lo pertinente para impulsar las zonas arqueológicas.

En atención a lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, con la finalidad de implementar mecanismos para el desarrollo de las zonas arqueológicas de México.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

1 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Que_es_el_Acuerdo_Nacional_por_el_Turismo





 

Siete proposiciones del Senador José María Martínez Martínez, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio El Grullo, Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del Municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Grullo, se localiza al suroeste del estado de Jalisco y al oriente de la región de Autlán, las coordenadas extremas son de los 19° 41´30” a los 19° 53´50” de latitud norte y de los 104° 19´35” a los 104° 53´ 50” de longitud oeste, con una altura de 800 metros sobre el nivel del mar y contando con una superficie de 157.20 km2, actualmente en el municipio  se cuenta con 23 mil 845 habitantes según el censo de población y vivienda elabora por el INEGI al 2010.

El Municipio se basa en la compra-venta de bienes y productos, siendo la práctica de la agricultura como la segunda fuente de ingresos, actualmente se producen productos de origen animal que benefician la economía municipal, como la leche de vaca en primer lugar, la producción de miel de abeja como segundo lugar y la producción de huevo para plato como tercer lugar.

Actualmente, el Municipio cuenta con una red de caminos de terracerías que se comunican entre sí, es por ello, que se debe de tener en óptimas condiciones debido al aumento vehicular que se empieza a transitar en esta zona para poder comercializar los productos de los habitantes, es necesario apoyar la infraestructura para el desarrollo de la red de caminos para el beneficio  de los habitantes y tengan una ruta segura y próspera.

Es por ello, que las vías de comunicación y los medios de transportes son actividades indispensables en la actualidad, ya que, facilitan la integración tanto social como geográfica del territorio, por lo que, Jalisco  es beneficiada y privilegiada por su entorno territorial, ya que, comunica con el centro, sur, este y norte de la República Mexicana siendo así, con los puertos del Pacífico.

Es por ello, que la inversión que representan estas obras será el reflejo de un gobierno eficaz y con una calidad  de transparencia y honesta, propiciando el desarrollo integral de los habitantes, así como, mejorar la conectividad bajo criterios estratégicos, es decir; una vialidad digna, moderna pero sobre todo eficiente  para los traslados de mercancías y productos derivados de la economía interna de la Ciudad.

Ante la solicitud de una Ciudad que está en desarrollo y que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores se sugiere desarrollar vialidades de integración que otorguen seguridad a quienes transitan de un sector a otro beneficiando de manera directa a los habitantes del Municipio el Grullo, así como, la creación de empleos temporales.

Por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es: “la Pavimentación en la calle Corregidora entre las calles Circunvalación y Cesarea González; Pavimentación en la calle Morelos entre las calles Circunvalación y Cesarea González; Pavimentación de la calle Juan Valdivia entre las calles Circunvalación y Laura Cosio; Pavimentación de la calle Celestina Pimienta entre las calles Juan Valdivia y Cuauhtémoc; Pavimentación de la calle Laura Cosio entre las calles Juan Valdivia y General Anaya; Pavimentación de la calle la Paz entre las calles Donato Guerra y Corregidora; Construcción de carretera Hacienda Nueva a la Comunidad de Cucuciapa” del Municipio El Grullo, Jalisco.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de El Grullo, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo Pavimentación de la calle Corregidora entre las calles Circunvalación y Cesarea González con una inversión de 1 millón 700 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación en la calle Morelos entre las calles Circunvalación y Cesaria González con una inversión de 2 millones 750 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

TERCERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle Juan Valdivia entre las calles Circunvalación y Laura Cosio con una inversión de 800 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

CUARTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación de la calle Celestina Pimienta entre las calles Juan Valdivia y Cuauhtémoc con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

QUINTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle Laura Cosio entre las calles Juan Valdivia y General Anaya con una inversión de 1 millón 250 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

SEXTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle la Paz entre las calles Donato Guerra y Corregidora con una inversión de 1 millón 380 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

SEPTIMO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de carretera Hacienda Nueva a la Comunidad de Cucuciapa con una inversión de 6 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.





 

Que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DEL TONAYA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

"JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tonaya es un pueblo y municipio de la Región Sierra de Amula del Estado de Jalisco, cuenta con una extensión territorial de 491.28 kilómetro cuadrados  y está situado a 19°47´de latitud norte y 103°58´de longitud oeste, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar, actualmente se cuenta con 5,930 habitantes y contaba con 25 localidades siendo las principales: Tonaya (Cabecera municipal); Coatlancillo, El Cerrito, Los asmoles y las liebres según el censo de población y vivienda elaborado por el INEGI al 2010.

El  municipio de Tonaya se destaca por su agricultura como es el maíz, garbanzo, cacahuate, sorgo y melón, en la industria se industrializa el mezcal  y el comercio es dedicado a la venta de productos de primera necesidad.

Es por ello, que el municipio de Tonaya necesita de una infraestructura funcional en cuestión de vialidades, ya que, el actual deterioro de las calles como son los baches y enlodamientos dificultan y en algunos casos imposibilitan los trayectos de los habitantes de la región y de los visitantes.

Con la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en las diferentes calles, se beneficiarán de manera directa 5 mil 930 habitantes de Tonaya, ya que, tendrán calles que facilitarán el tránsito vehicular y más comodidad en el tránsito peatonal, se mejorará la imagen urbana y la sustitución de drenajes y agua potable, se implementaran tomas domiciliarias lo que beneficiara a los habitantes de la comunidad, y de igual manera, disminuyendo los índices de accidentes al transitar por las calles, así mismo, se reducirán los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades con mayor seguridad y calidad.

Se crearán fuentes de empleo temporales, se terminaran los encharcamientos cuando sea temporadas de lluvias, así como la proliferación de tierra en el ambiente, todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes  incrementando una plusvalía en las viviendas, y una mayor seguridad a los que transitan en las calles a cualquier hora del día. 

Es importante mencionar, que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies  y son benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, y con niveles de tráfico bajos, han resistido aproximadamente más de 30 años,  sin olvidar que los pavimentos presentan niveles de servicio para toda su vida útil, por lo que el mantenimiento que se haga garantizara que los alineamientos longitudinales y transversales se mantengan.

Por ello, es necesario  apoyar la infraestructura para el desarrollo de la localidad y del comercio y para el beneficio de los habitantes que transitan  de otros municipios tengan una ruta segura y próspera.

Ante la solicitud de una Ciudad que está en desarrollo  y que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores sugiere desarrollar vialidades de integración, por  tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como lo son: Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo en la localidad de el Alpizahuatl; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Clouthier; Construcción de huellas de  concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle  Hidalgo y Gpe. Victoria en la localidad de las Higueras; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la Aldama en la localidad de Tonaya;  Construcción de huellas de concreto y empedrado en cemento en la calle Colon; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Loma Chica y Loma Larga en la comunidad de San Rafael; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Juárez en la localidad de los González; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Berlín en la localidad de Santa Gertrudis del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento con los recursos necesarios para que puedan beneficiar a esta comunidad.
Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Tonaya, Jalisco, para  que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo en la localidad de el Alpizahuatl con una inversión total de 815 mil 040 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

SEGUNDO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Clouthier con una inversión total de 138 mil 952 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

TERCERO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de  concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle  Hidalgo y Guadalupe. Victoria en la localidad de las Higueras con una inversión total de 1 millón 621 mil 296 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

CUARTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la Aldama con una inversión total de 723 mil 696 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

QUINTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado en cemento en la calle Colon con una inversión de 100 mil  284 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

SEXTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Loma Chica y Loma Larga en la comunidad de San Rafael con una inversión total de 752 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

SEPTIMO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Juárez en la localidad de los González  con una inversión total de 1 millón 259 mil 200 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

OCTAVO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Berlín en la localidad de Santa Gertrudis con una inversión total de 768 mil 880 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 03 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez".





 

Que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014







 

Que exhorta a destinar recursos necesarios para la plaza pública en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez, Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

"JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para la plaza pública en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juárez.

El municipio tiene una superficie de 91.38 km2; limita al norte con el Estado de Michoacán; al sur con Santa María del Oro; al este, Quitupan; y al oeste, Mazamitla. Según el Censo de Población y Vivienda 2012, contaba con 39 localidades siendo las principales: Valle de Juárez (cabecera municipal), Paso de Piedra, Ojo de Agua del Picacho (El Plan), Buenavista y El Moral.

La Plaza Pública, permitirá garantizar la correcta aplicación en el proyecto, así como para su integración social contribuyendo para las actividades recreativas y culturales. Por tal motivo es indispensable apoyar tal proyecto, y pueda ser una estrategia de mejoramiento de la localidad.

El municipio actualmente no cuenta con un área cultural apropiada y con las condiciones optimas para el aprovechamiento de los talleres y de las actividades culturales que se realizan. Con la integración de este proyecto, se dotara de espacios propios para la realización y el esparcimiento cultural en el municipio; contara con obra civil, eléctrica, de agua, jardinería, acabados, iluminación y mobiliario público.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Esta obra beneficiara a 2 mil 500 personas de forma directa y a 3 mil 228 de forma indirecta. La construcción de la Plaza Pública de Valle de Juárez, Jalisco. Es indispensable para el fomento de la cultura en el municipio, dotándolos de espacios que permitan lograrlo.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 2 millones 500 mil pesos para el proyecto denominado "Plaza Publica en la localidad Buenavista en el municipio Valle de Juárez, Jalisco", dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez".





 

Que exhorta destinar recursos necesarios para el andador de la Presa "Vicente Villaseñor" Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA EL ANDADOR DE LA PRESA "VICENTE VILLASEÑOR" EN EL ESTADO DE JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

"JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el andador de la Presa Vicente Villaseñor en el estado de Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juarez.

El municipio de Valle de Juárez se localiza al sureste del estado de Jalisco, a una altura de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar esto es debido a que se encuentran ramales de la Sierra del Tigre y el Cerro del Picacho que sirve de límite con el Estado de Michoacán.

El municipio tiene una superficie de 91.38 km2; limita al norte con el Estado de Michoacán; al sur con Santa María del Oro; al este, Quitupan; y al oeste, Mazamitla. Según el Censo de Población y Vivienda 2012, contaba con 39 localidades siendo las principales: Valle de Juárez (cabecera municipal), Paso de Piedra, Ojo de Agua del Picacho (El Plan), Buenavista y El Moral.

Su principal cuerpo de agua es la presa de Ing. Vicente Villaseñor; existen también los manantiales: El Cirimo, Agua Caliente, La Ruidosa, La Fábrica y El Manzano. En su región boscosa predominan especies de pino, huizache, palo dulce, granjeno y uña de gato, principalmente; cuenta con aproximadamente mil 400 hectáreas de bosque, en donde abundan diversas especies de animales como venado, conejo, ardilla y güilota entre otras.

La falta de la construcción del Andador que sirva tanto como atractivo turístico como para el desplazamiento de las personas desde la cabecera municipal a la localidad de ojo de agua del picacho y paso de piedra, ha sido un impedimento para el desarrollo de la zona.

Por tal motivo, es prioritaria la construcción del Andador a la presa del Ingeniero Vicente Villaseñor en el Municipio de Valle de Juárez, tiene la finalidad de adecuar los espacios públicos para que beneficien directamente a los habitantes de la localidad, además frenara las invasiones de la zona estatal del municipio. Se está planeando que este proyecto sea una realidad, y se convierta en un atractivo turístico de acceso peatonal y recreativo.

Esta obra beneficiará a 5 mil 798 personas de forma directa. El andador de la Presa Villaseñor se convertirá en un espacio de esparcimiento y de generación de empleos; en una palanca de desarrollo para este municipio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 12 millones 115 mil pesos 563 pesos para el proyecto denominado "Andador en Presa Ing. Villaseñor en el municipio Valle de Juárez, Jalisco", dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez".





 

Que exhorta destinar recursos necesarios para el centro cultural del municipio Valle de Juárez, Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO VALLE DE JUAREZ, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el Centro Cultural del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juárez.

El municipio actualmente no cuenta con un área cultural apropiada y con las condiciones óptimas para el aprovechamiento de los talleres y de las actividades culturales que se realizan. Con la integración de este proyecto, se dotara de espacios propios para la realización y el esparcimiento cultural en el municipio, ello permitirá contar con distintas áreas verdes, estacionamiento, talleres, oficinas, patio central y auditorio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales es una realidad, por lo que la aplicación de los recursos públicos, será el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Esta obra beneficiara a 5 mil 798 personas de forma directa. La construcción del centro cultural del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. Es indispensable para el fomento de la cultura en el municipio la creación de espacios idóneos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 7 millones pesos para el proyecto denominado “Centro Cultural del Municipio de Valle de Juárez” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del H. Senado de la República a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.





 

Y, por último, que exhorta a destinar recursos necesarios para el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana del municipio Valle de Juárez, Jalisco.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juárez.

La implementación del Proyecto Integral para el mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, tiene por objeto crear una fuente de atracción turística y de comercio para el poblado. Es muy importante consolidar la imagen e identidad del municipio, y convertir este proyecto en un detonante del turismo.

Es indispensable apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos, así como implementar proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

El proyecto propuesto por el municipio permitirá renovar los ductos que actualmente tienen, así como mejorar las condiciones de alumbrado público, lograr accesibilidad y mejoramiento de mobiliario urbano.

La concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Esta obra beneficiara a 3 mil 500 personas de forma directa y de forma indirecta a 2 mil 228 personas. La construcción del centro cultural del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, para dotar al municipio de espacios que permitan lograrlo.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 6 millones pesos para el proyecto denominado “Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Los siete puntos de Acuerdo se turnan a la Cámara de Diputados.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica todos los turnos leídos por la Secretaría.





 

Informo a la Asamblea que los demás asuntos inscritos en la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MANIFESTACIONES PUBLICAS EN EL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

"La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 122, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Una vez más, los ciudadanos que viven, trabajan y pasean en la Ciudad de México han visto afectados sus bienes, derechos y libertades por las marchas, los plantones y bloqueos realizados durante las últimas semanas en las avenidas más importantes de la capital. Muchos de ellos no pudieron asistir a la escuela o al trabajo, otros tuvieron que cancelar sus vuelos y unos más perdieron sus citas en los centros de salud. Por si fuera poco, se registraron daños a propiedades públicas y privadas, y cientos de comercios sufrieron pérdidas económicas considerables.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), calculó pérdidas por 767 millones de pesos por dos meses de plantones; la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE) reportó pérdidas por 650 millones de pesos en ventas no realizadas, así como más de un millón 800 mil horas/hombre de trabajo perdidas y 28 mil comercios y pequeñas empresas afectadas. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), señaló que el sector restaurantero registró afectaciones por 300 millones en 15 días de marchas. Estas cifras reflejan pérdidas superiores a los mil 700 millones de pesos.1

Desafortunadamente, este tipo de manifestaciones no son algo excepcional y se han ido presentando con mayor frecuencia en los últimos años: mientras que en el año 2002 se registraron 778 movilizaciones en la vía pública, en el 2009 se presentaron 4 veces más movilizaciones (aproximadamente 3 mil 200) y ya para 2010 se había llegado a 6,294, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.2 En 2012 la cifra se elevó nuevamente para llegar a 7,319 y la tendencia de este año indica que habrá 9 mil manifestaciones.3

La problemática esbozada evidencia la necesidad de reglamentar las manifestaciones públicas en la Ciudad de México, reconociendo que la expresión de las ideas e inconformidades constituye uno de los elementos del régimen democrático al igual que la libertad de tránsito y el respeto a los derechos de terceros.

Bajo esta premisa, el objetivo de la presente iniciativa es, precisamente, establecer las restricciones a las que estarán sujetas las manifestaciones en el Distrito Federal en consonancia con las limitaciones que nuestra propia Constitución y las normas internacionales de derechos humanos imponen al ejercicio de las libertades de expresión y asociación. En otras palabras, esta iniciativa pretende lograr un balance de dichas garantías, pues no sanciona o impide la libertad de asociación o manifestación, sino el perjuicio causado a los ciudadanos cautivos que ven dañados sus derechos y libertades.

I. Regulación de las marchas

La Ciudad de México requiere un marco legal cierto y objetivo respecto al fenómeno social de las manifestaciones; un ordenamiento que reconozca el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y asociación, bajo características específicas como son: la protección de la salud y la moral públicas; la protección de los derechos y libertades de terceros; así como la salvaguarda del orden público y la seguridad nacional.

Frente a quienes sostienen que regular las manifestaciones supone un atentado a los derechos humanos, algunos autores como el Doctor Miguel Carbonell han puesto de manifiesto las siguientes consideraciones:4

“1. Las marchas pueden y deben ser reguladas en el DF, tal y como ha sucedido en otros países en los que se tienen sistemas democráticos muy consolidados. Es decir, la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia, sino todo lo contrario.

2. La regulación de las marchas, si está bien hecha, no afecta en lo más mínimo el derecho a manifestarse, sino que lo hace compatible con el ejercicio de otros derechos que pueden ser afectados por una marcha, como por ejemplo la libertad de tránsito.

3. El gran reto de cualquier regulación constitucionalmente correcta es lograr un balance, una ponderación razonable entre el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de tránsito, cuando las manifestaciones transcurren por la vía pública.

4. La regulación de las marchas podría servir como un instrumento de protección de los propios marchistas. Por ejemplo, si la regulación dispone que cualquier marcha tendrá que ser comunicada a la Secretaría de Seguridad Pública del DF con cierto tiempo de anticipación (en el derecho comparado encontramos plazos que van de las 48 horas hasta los 15 días), entonces la policía podría montar un operativo que sirviera para proteger a los manifestantes, de tal forma que no se pudieran filtrar reventadores o provocadores en la marcha. La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes, desde luego.

5. En una sociedad democrática el ejercicio de los derechos fundamentales no puede llevarse a cabo de tal manera que termine vulnerando los derechos (igualmente fundamentales) de otras personas. La sabiduría popular acierta cuando señala que ‘el derecho de una persona llega hasta donde empieza el derecho de otra’. Los derechos fundamentales deben poder convivir en el espacio público de la forma más armónica que sea posible”.

Diversas son las disposiciones nacionales e internacionales que dan sustento a argumentos como los anteriores y que reconocen el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y asociación bajo ciertas limitantes. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “entraña deberes y responsabilidades especiales”, por lo que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar expresamente fijadas por la ley. En el mismo sentido, el artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica cuyo ejercicio “sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 15 el derecho de reunión pacífica y sin armas, disponiendo que “el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.
A nivel interno, los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también imponen limitaciones a la libertad de expresión y asociación:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público …”.

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

Como puede observarse, hay un claro consenso en la facultad que tienen los legisladores para establecer restricciones o límites al ejercicio de las libertades. De manera particular, se entiende que las libertades de expresión, reunión y asociación tienen características específicas para su ejercicio como las siguientes: que no ataquen la moral ni los derechos de terceros, que no provoquen algún delito o perturben el orden público, y que no se profieran injurias contra la autoridad ni se haga uso de violencia o amenazas contra la misma.

Ahondando en lo anterior, es conveniente recordar que uno de los mecanismos que ha recibido un gran impulso para solucionar conflictos entre bienes constitucionalmente protegidos es el principio de proporcionalidad, el cual considera que dentro de la Constitución no existen jerarquías internas y que, por lo tanto, la realización entre principios o derechos debe ser precisada en cada situación específica.

El principio de proporcionalidad es una herramienta que toma en cuenta el carácter pluralista, abierto, tolerante y democrático de nuestra sociedad.5 Dicho principio está compuesto por los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto: “Con el subprincipio de idoneidad se determina si la intervención en los derechos fundamentales es adecuada o no para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. El subprincipio de necesidad sirve para analizar si la medida de intervención en los derechos fundamentales es la más benigna con el derecho fundamental intervenido entre todas aquellas que revisten la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. El principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación sostiene que la intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa”.6

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que ningún derecho fundamental es absoluto y que, en consecuencia, todos admiten las restricciones establecidas por el legislador ordinario:

GARANTIAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LIMITES Y LA REGULACION DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURIDICA

De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Jurisprudencia P/J 130/2007, Página 8.

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS

Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Tesis: 1a. LXVI/2008, Página 462.

De lo anterior se colige que las limitaciones al derecho de libre expresión y reunión son admisibles dentro del ámbito constitucional porque no hay una interferencia al grado de hacer nugatorios esos derechos. Además, es de tomarse en cuenta que en otras ciudades del mundo ya existen ordenamientos encaminados a especificar las condiciones que deben cumplir los ciudadanos para realizar manifestaciones públicas.

II. Derecho comparado

Ciudades como Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Washington ya cuentan con disposiciones que regulan las manifestaciones en espacios públicos. En el “Estudio sobre las disposiciones que regulan las marchas, plantones y manifestaciones en las ciudades más importantes del mundo”, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados destaca algunas disposiciones aplicables en esta materia:

a) España. El artículo 21 de la Constitución Española establece que “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

b) Argentina. El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el ordenamiento que sanciona las conductas que implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos, establece en su artículo 78 lo siguiente: “Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.

En adición a lo anterior, los Criterios Generales de Actuación del Procedimiento Contravencional del Poder Judicial establecen las directrices generales de actuación para los casos de obstrucción total o parcial de la vía pública con motivo de marchas, manifestaciones o peticiones a la autoridad:

Artículo 1°- Interpretación.

Inciso 1: La excepción contenida en el artículo 41 del Código Contravencional: "...salvo que sea en ejercicio de un derecho constitucional, y se haya dado aviso a la autoridad competente." se refiere en particular a los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades, previstos en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Inciso 2: Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán considerar cumplido el requisito legal de dar aviso a que se refiere el Art. 41 del Código Contravencional, cuando hubiera sido dirigido al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante noticia fehaciente y en tiempo oportuno, que permita instrumentar en el caso concreto un dispositivo alternativo de circulación y seguridad, en los términos y con el alcance previsto en la legislación de tránsito vigente.

Inciso 3: El ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades no ampara las conductas contravencionales en que pueden incurrir individualmente los manifestantes, como las previstas en los artículos 37 (pelea), 38 (hostigamiento o mal trato), 39 (portación de arma propia), 39ter (uso indebido de armas), 43bis (discriminación), 44, 44bis, (afectar o alterar servicios o señales públicas), y 73 (ensuciar bienes) del Código Contravencional.

Inciso 4: Por cuanto el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades no justifica conductas abusivas que afecten sin necesidad derechos de terceros, debe entenderse que el derecho de manifestarse no presupone el de cortar vías de circulación, salvo que ello sea consecuencia de la cantidad de concurrentes. El principio general es el de libertad de circulación en la vía y espacios públicos.

Artículo 2°- Las facultades propias de prevención, conforme a la normativa vigente, serán ejercidas por las fuerzas de seguridad sin necesidad de consulta previa o autorización por parte de este Ministerio Público, sin perjuicio de la inmediata consulta a las/los fiscales contravencionales.

Artículo 3°- En los casos en que se produzca una concentración de personas en la vía pública para efectuar petición o reclamo, con o sin aviso previo, los organismos de seguridad deberán contener y canalizar la manifestación dentro de los espacios adecuados a la cantidad de personas concentradas y a la naturaleza del acto (marcha o concentración en lugar determinado) dando prioridad a la libertad de circulación, sin perjuicio de las directivas que imparta el/la Fiscal competente.

Artículo 4°- Cuando se hubiera dado aviso a la autoridad competente, en los casos de manifestaciones o concentraciones con escasa concurrencia de personas, los organismos de seguridad deberán derivarlas a sitios donde no afecten la circulación vehicular; acordonar el espacio utilizado por los manifestantes y cuando fuera imposible la derivación, además del cordón, liberar el espacio mínimo y necesario para la circulación de los demás ciudadanos.

Artículo 5°- Cuando la autoridad competente hubiera autorizado, organizado y comunicado a los manifestantes el operativo de contención razonable que garantice el derecho a manifestarse, las posteriores desobediencias en que puedan incurrir los concurrentes autorizan la instrucción y labrado de la actuaciones contravencionales que correspondan, si no importaran la comisión de delitos.

Artículo 6°- Cuando los manifestantes no hayan dado aviso previo fehaciente a la autoridad competente y/o cuando se haya ejercido abusivamente el derecho invocado y/o cuando a criterio del/la Fiscal no resultara manifiesto el ejercicio de un derecho constitucional, se formalizará de oficio procedimiento contravencional con la adopción de las medidas cautelares pertinentes respecto de los autores que resulten identificados, sin perjuicio de labrarse las correspondientes actuaciones para identificar a los restantes.

Artículo 7°- Cuando en los actos de protesta o manifestación se utilicen vehículos, las fuerzas de seguridad dispondrán su estacionamiento evitando el entorpecimiento del tránsito. En el caso en que los vehículos sean utilizados para efectuar un corte en la vía pública que impida el tránsito peatonal y vehicular, las fuerzas de seguridad, previa intimación para su retiro, deben ejercer la coacción directa prevista en los Arts. 18 y 19 de la Ley N° 12, consistente en el secuestro, inmovilización y depósito de los vehículos en lugares que no supongan peligro para los derechos o bienes de terceras personas.

c) Santiago de Chile. La Ley 19495, en su Título XIV (arts. 165-169), establece Disposiciones Generales sobre el uso de las vías públicas:

“Artículo 165.- Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo. Prohíbese en las vías públicas:

1.- Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos;…”

d) Washington D. C. La regulación municipal establece lo siguiente:7

1100.1. El uso temporal de calles por personas privadas y organizaciones para actividades recreativas, educativas, cívicas o de caridad podrán ser autorizadas por el Secretario del Distrito de Columbia, sujetas a las condiciones de esta sección y a los procedimientos de la sección 1101.

1100.4. Los patrocinadores o copatrocinadores deberán proveer al menos un monitor adicional por cada 25 personas en exceso de 75 que asistan a las actividades.

1100.5. Los copatrocinadores y monitores serán identificables por el uso de brazaletes u otros medios apropiados, suministrados por el Secretario del Distrito.

1100.6. El horario en el cual las actividades solicitadas y aprobadas por oficio del Secretario, deberán llevarse a cabo hasta no más tarde de las 10:00 p. m.

1100.7. El área deberá dejarse en las mismas condiciones anteriores a las actividades.

1100.8. Los patrocinadores serán responsables de remover toda la basura en un periodo de 12 horas posteriores a la conclusión de las actividades.

1100.9. Serán proporcionados contenedores para uso sanitario por el Departamento de Servicios Ambientales, que estará encargado de recogerlos.

1100.10. Altavoces y otros medios de amplificación podrán ser autorizados cuando se planteen en la solicitud. Esos instrumentos serán ajustados para utilidad de los asistentes al área de actividades únicamente, y para no causar disturbios a personas fuera de los confines del evento.

1100.13. Los patrocinadores o copatrocinadores y monitores deberán cumplir cualquier instrucción de los miembros del departamento de la policía metropolitana u otros oficiales del Distrito, relativas a la preservación del orden.

1100.14. Los patrocinadores aceptarán indemnizar y dejar indemne al Distrito de Columbia, sus oficiales y empleados en el evento de lesiones a alguna persona o daño a la propiedad derivado del uso de la calle.

1100.15. El área utilizada para las actividades no excederá la parte de la calle situada entre dos intersecciones de calles.

1100.16. Si alguna de las dependencias siguientes objeta el uso de la calle, la solicitud será decidida por el alcalde:

(a) Departamento del Transporte de D.C.;

(b) Departamento de Incendios;

(c) Departamento de Policía metropolitana;

(d) Comisión de Tránsito del área metropolitana de Washington;

1100.17. No se permitirán actividades en dos cuadras de de cualquier zona de silencio establecida bajo las normas de control de ruido del Distrito.

1100.18. Aprobada la solicitud, el Secretario del Distrito preparará una carta de autorización que será obtenida por el solicitante en el precinto policial correspondiente.

1100.19. La carta de autorización prevista en el inciso anterior será mantenida a disposición en la escena de las actividades y será exhibida a solicitud de cualquier miembro del Departamento de la policía Metropolitana u otros oficiales del Distrito.

1100.20. Cualquier persona que voluntaria y conscientemente falsifique la firma  necesaria, procure firmas falsas, patrocine o realice conductas en un espacio público sin autorización, o de alguna manera viole cualquiera de estas provisiones será castigada, previa condena, a multa de no más de 300 USD o prisión por no más de 10 días.

1101.3. En caso de que una organización patrocine la actividad, la solicitud será firmada por un representante debidamente autorizado y 3 adultos copatrocinadores que satisfagan las condiciones de residencia.

1101.4. La solicitud deberá ser formulada con suficiente anticipación, con un mínimo de 4 días, excluyendo sábados, domingos y días festivos, antes de la actividad.

Como puede apreciarse, diversos países han adoptado medidas para delimitar el ejercicio de los derechos de reunión y expresión en una manifestación pública, y todas estas disposiciones encuentran un mismo objetivo: balancear los intereses de los manifestantes y de los ciudadanos cuyo interés es realizar sus actividades cotidianas.
De esta manera, medidas como la obligación de informar a la autoridad sobre las manifestaciones que se tienen previstas, el establecimiento de horarios, la limitación de carriles para que se manifiesten los ciudadanos, así como la prohibición de bloquear vialidades y hacer uso de violencia, son necesarias y adecuadas para asegurar el pleno cumplimiento de la libertad de tránsito, fin perseguido por la intervención legislativa que se propone y que se encuentra circunscrito en las previsiones normativas del marco nacional e internacional a que se ha hecho referencia.

De lo anterior se desprende que la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia. Por el contrario, permitirá la expresión de las ideas, peticiones e inconformidades en un marco de respeto a los derechos de terceros, velando en todo momento por la integridad de los propios manifestantes y evitando que se continúe vulnerando la libertad de tránsito de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México cada vez que se desarrolla una marcha, un plantón o cualquier concentración similar.

III. Competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de manifestaciones públicas en el Distrito Federal

Las marchas, plantones y bloqueos que se desarrollan en la capital del país pueden y deben ser reguladas desde esta soberanía con fundamento en lo establecido por el artículo 122, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En primer lugar, el texto constitucional faculta al Congreso de la Unión a legislar en lo relativo al Distrito Federal en aquellas materias que no están expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa como es el caso de las manifestaciones públicas. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones que para determinar claramente las competencias entre la federación y el Distrito Federal se debe estar al siguiente parámetro: “En las materias que no sean concurrentes conforme a la Constitución, deberá verificarse si se encuentran expresamente concedidas a la Asamblea Legislativa, caso en el que podrá legislar el órgano legislativo local. De lo contrario, puede legislar el Congreso de la Unión en su calidad de órgano legislativo del Distrito Federal” (Controversia Constitucional 132/2006). Este parámetro ya se había externado en el siguiente criterio:

DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNION LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEALEGISLATIVA POR LA CONSTITUCION FEDERAL.

De lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende, por una parte, que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y, por otra, que el ejercicio de la función legislativa está encomendada tanto al Congreso de la Unión como a la Asamblea Legislativa de la propia entidad, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias: a) Un régimen expreso y cerrado de facultades para la citada Asamblea Legislativa, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracción V, además de las que expresamente le otorgue la propia Constitución; y b) La reserva a favor del Congreso de la Unión respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa, como lo señala el propio dispositivo en su apartado A, fracción I; lo que significa que las facultades de la Asamblea son aquellas que la carta magna le confiere expresamente y, las del Congreso de la Unión, las no conferidas de manera expresa a la Asamblea.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, Jurisprudencia P/J 49/99, Página 546.

Siguiendo el citado parámetro, de la simple lectura de las materias referidas en la base primera del artículo 122 se desprende que no aparece mención alguna a la posibilidad de que sea la Asamblea Legislativa la que regule lo relativo a las manifestaciones públicas

En segundo lugar, no debe desconocerse que el propio texto constitucional le confiere al Congreso de la Unión la facultad dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión, los cuales tienen su asiento en la capital y, por tanto, en incontables ocasiones ven obstruidas sus funciones por el caos que ocasionan las concentraciones en las principales avenidas y en la entrada misma de las oficinas gubernamentales.

De todo lo anterior se infiere que la regulación de las manifestaciones en el Distrito Federal se encuentra en la esfera legislativa del Congreso de la Unión, conclusión que se fortalece con la negativa de la Asamblea Legislativa para expedir una norma en esta materia bajo el argumento de que carece de facultades para ello.

IV. Propuestas

La presente iniciativa no pugna por la prohibición de las manifestaciones. Por el contrario, pretende proteger la salud e integridad de los participantes y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos y bienes de terceros mediante medidas como las siguientes:

• Permitir únicamente las manifestaciones que se realicen de manera pacífica y con algún “objeto lícito”. Y para definir este término se toma en cuenta lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones, a saber, que las reuniones se entienden organizadas con algún “objeto lícito” mientras sus fines no sean contrarios a las buenas costumbres o a las normas de orden público;8

• Disponer, de conformidad con lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole;

• Establecer como obligación de los ciudadanos el dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre las manifestaciones que realizarán, con el propósito de que la autoridad trace rutas alternas, elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios básicos a los participantes (tales como agua, sanitarios y asistencia médica);

• Establecer que la autoridad competente podrá impedir la celebración de manifestaciones atendiendo a factores de riesgo medioambientales y de protección civil, así como cambiar el recorrido de las manifestaciones por motivos de orden público;

• Prohibir el bloqueo de vías primarias y el desarrollo de manifestaciones en vialidades de un solo carril;

• Establecer horarios para la realización de las manifestaciones;

• Determinar que los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública local recibirán capacitación sobre derechos humanos antes de ser asignados a la difícil tarea de controlar manifestaciones públicas;

• Señalar que las manifestaciones que se lleven a cabo en vialidades sólo podrán usar la mitad de la vía y, cuando sea posible, los participantes deberán usar los carriles laterales;

• Permitir que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal pueda disolver cualquier manifestación si los participantes alteran el orden público;

• Imponer sanciones económicas y/o arresto administrativo a quien contravenga lo dispuesto por esta ley, como a quienes dañen bienes que sean propiedad de la federación, del Distrito Federal o de los particulares.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MANIFESTACIONES PUBLICAS EN EL DISTRITO FEDERAL.

LEY DE MANIFESTACIONES PUBLICAS EN EL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las manifestaciones públicas que se realicen en la Ciudad de México, estableciendo las bases para el buen uso de los bienes de dominio público y asegurando el pleno respeto de los derechos y LAS libertades de terceros.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Administración Pública: la administración pública del Distrito Federal;

II. Bloqueo: el cierre total de las vialidades del Distrito Federal ocasionado por personas u objetos por tiempo indefinido;

III. Espacio Público: las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, zonas de recreo, centros deportivos, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga;

IV. Ley: Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal;

V. Manifestación: la concurrencia concertada y transitoria de personas en espacios públicos con alguna finalidad lícita determinada, que podrá ser de carácter político, social, religioso, cultural, recreativo, deportivo o de cualquier otra especie, y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad. Dentro de las manifestaciones se incluye la realización de marchas, plantones, desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana con los fines antes descritos;

VI. Secretaría: la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;

VII. Vialidad: conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos;

VIII. Vías primarias: espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de emergencia, en los términos de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; y

IX. Vías secundarias: espacio físico cuya función es controlar el flujo del tránsito vehicular no continuo, generalmente controlado por semáforos entre distintas zonas de la ciudad.

Artículo 3.‐ La aplicación de la presente Ley corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría, la que deberá coordinarse con las demás dependencias o entidades competentes para su debida aplicación.

La imposición de sanciones por infracciones a la presente ley será facultad exclusiva de los órganos de justicia cívica en los términos de la ley de la materia.

Artículo 4.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades quienes habitan o transitan en el Distrito Federal, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos, salvo en los casos señalados en la presente Ley.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Artículo 5.No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o a las normas de orden público. Solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Queda prohibido a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias en el Distrito Federal. En caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación.

Artículo 6.- En el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, quedará prohibido a los manifestantes toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 7.- La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, informará a la población, a través de los medios masivos de comunicación, sobre el desarrollo de manifestaciones que alteren la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas o vehículos.

Artículo 8.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las personas darán aviso por escrito a la Administración Pública con por lo menos 72 horas de anticipación a la realización de la manifestación.

Este aviso deberá contener: lugar de la manifestación, puntos de concentración y recorrido cuando se prevea la circulación por alguna vialidad; el día y hora; el objeto de la reunión; el número aproximado de participantes; las medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten a la autoridad; y las demandas sociales o de carácter político que motivan la realización de la manifestación pública.

Artículo 9.- La Secretaría, de acuerdo a sus atribuciones, tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación de los grupos o individuos que den el aviso a que se refiere el párrafo anterior.

Las manifestaciones públicas sólo podrán tener lugar entre las 11 y las 18 horas, tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular.

Artículo 10.- En el caso de personas morales, el representante legal dará el aviso a que se refiere al artículo 8 de esta Ley, explicando las premisas por las cuales se solicita el uso temporal de la calle. Durante la manifestación contarán con personas identificables por el uso de brazaletes u otros medios suministrados por la Secretaría a fin de supervisar el desarrollo de la misma.  

Artículo 11.- La Secretaría emitirá estándares precisos bajos los cuales podrá impedir o modificar la realización de manifestaciones, atendiendo a factores de riesgo de protección civil y a contingencias ambientales que deriven de la alta concentración de contaminantes en la atmósfera.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del aviso a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Secretaría emitirá las razones por las cuales no podrá celebrarse la manifestación o, en su caso, realizará modificaciones al horario, fecha y recorrido de la misma, con base en los estándares previstos en el párrafo anterior.
Artículo 12.- Los manifestantes podrán hacer uso de las vialidades del Distrito Federal salvo las que sean consideradas vías primarias, las cuales sólo podrán utilizarse para que las manifestaciones puedan cruzar de una vía a otra, puedan conectarse entre vialidades, o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea.

Artículo 13.- La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Gobernación federal, nombrarán un representante para que, en el ámbito de su competencia, atienda las demandas y peticiones ciudadanas que se realicen durante las manifestaciones.

Los representantes se encargarán de llevar a cabo la debida interlocución entre los ciudadanos y la administración pública respectiva para dar solución a los conflictos que motivaron la manifestación.

Artículo 14.- La Secretaría tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en las vías primarias, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable y garantizando en todo momento la vialidad en el territorio del Distrito Federal.

En uso de sus facultades, la autoridad correspondiente retirará de la vía pública los vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen el tránsito de personas o vehículos.

Artículo 15.- La Secretaría instrumentará, en coordinación con las dependencias correspondientes, programas y cursos sobre educación vial, cortesía urbana y realización de manifestaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. También coordinará los dispositivos de apoyo necesarios para atender situaciones de emergencia o desastre durante las manifestaciones públicas

Artículo 16.-Las manifestaciones serán disueltas cuando las personas que a ellas concurran porten armas, tengan comportamientos violentos que produjesen notorias perturbaciones al orden público o cuando pongan en riesgo la integridad física de las personas o causen perjuicios materiales a terceros.

Si durante el desarrollo de una manifestación se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio público, la Secretaría deberá disolverla y garantizar el libre acceso de los servidores públicos a las instalaciones.

Artículo 17.- En ejercicio de sus atribuciones, y en los términos señalados por la legislación respectiva, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal vigilará el respeto de los derechos humanos de los manifestantes.

La Secretaría brindará entrenamiento y capacitación sobre derechos humanos a los miembros policíacos que serán asignados a la tarea de controlar manifestaciones públicas y actualizará de manera permanente, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  un manual que contendrá de forma clara y precisa el modo bajo el cual se conducirá la fuerza policial de esta Ciudad ante el desarrollo y realización de una manifestación.

CAPITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MANIFESTANTES
Y DE LOS TERCEROS

Artículo 18.- Los ciudadanos que se reúnan pública y pacíficamente con cualquier objeto lícito, ejercerán sus derechos y libertades con pleno respeto al orden público, a los derechos de terceros y a los bienes de dominio público o privado.

Los ciudadanos que realicen manifestaciones en espacios públicos deberán cumplir con los requisitos que se exigen conforme a la presente Ley.

Artículo 19.- Cuando las manifestaciones tengan lugar en vialidades, el paso de los participantes no deberá obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vialidad lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales. Está prohibida cualquier manifestación en vialidades de un sólo carril.

En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas, haciéndose efectivas las sanciones previstas en la presente Ley.

Artículo 20.- Además de lo señalado en esta y en otras leyes, los manifestantes tendrán la obligación de permitir el acceso de las personas a sus centros de trabajo, independientemente del objeto de la reunión, así como dejar los espacios públicos en las mismas condiciones anteriores a las actividades.

Artículo 21.- Los participantes que causen daños a los bienes o derechos de terceros, responderán directamente por éstos. El Gobierno del Distrito Federal responderá solidariamente a los propietarios de los bienes que resultaren dañados o destruidos durante el desarrollo de una manifestación pública, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que resultaren.

Artículo 22.- La Secretaría deberá mantener el orden y respeto de las manifestaciones que se verifiquen en Distrito Federal, garantizando en todo momento los derechos de los manifestantes y habitantes del Distrito Federal.

La Secretaría evitará que los terceros, a través de provocaciones, puedan alterar el carácter pacífico de las manifestaciones.

CAPITULO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23.- Los manifestantes que no cumplan con lo establecido en la presente Ley serán sancionados conforme a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales que señalen otras disposiciones legales.

Los servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, incurren en responsabilidad y serán sancionados en los términos de la ley respectiva.

Artículo 24.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana y la libertad de tránsito:

I. Bloquear de cualquier forma el uso de las vialidades en el Distrito Federal;

II. Impedir de cualquier forma el uso de las vialidades, siempre que no se cumpla con lo establecido en esta Ley;

III. Impedir el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo;

IV. Realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones

Cada una de las infracciones establecidas en este artículo serán castigadas por la autoridad competente, con una o más de las siguientes sanciones:

a. Multa;

b. Arresto administrativo;

c. Reparación del daño; y

d. Actividades de apoyo a la comunidad, en los términos de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

En caso de que se interrumpa el tránsito por las vialidades de la Ciudad reteniendo algún medio de transporte, la autoridad los remitirá a los depósitos vehiculares correspondientes.

Artículo 25.Para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley se tomarán en cuenta:

I. Los daños o afectaciones que se hubieren causado, o se puedan generar con motivo de los hechos constitutivos de las violaciones al presente ordenamiento;

II. Las condiciones económicas del infractor; y

III. La reincidencia.

Artículo 26.- En caso de que los manifestantes dejen desechos, objetos o sustancias en los espacios públicos, se les impondrá una multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas. Si alteran, pintan, maltratan o hacen uso indebido de bienes propiedad de la federación, del Distrito Federal o de los particulares, se les sancionará con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que señalen otras disposiciones legales.

Cuando comentan varias infracciones, se les impondrá la sanción máxima aplicable.

CAPITULO QUINTO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTICULO 27.Los afectados por actos, omisiones o resoluciones de la autoridad, podrán optar entre interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

CAPITULO SEXTO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA

ARTICULO 28.Toda persona podrá denunciar ante la autoridad administrativa correspondiente, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá en un lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Reglamento de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

Tercero. El manual a que se refiere el artículo 16 de la Ley se expedirá en un plazo no mayor a sesenta días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto.

Cuarto. Quedan derogadas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Quinto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con el plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

Palacio Legislativo, a 3 de octubre  de 2013.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón".

1 CNTE cuesta al DF 1,717 millones de pesos, Periódico Excelsior, jueves 5 de septiembre de 2013. Disponible en:http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/09/05/917377. Urge evitar el daño de la imagen internacional de México, Canacope, jueves 5 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.canacope.com/canacope-urge-evitar-el-dano-de-la-imagen-internacional-de-mexico/.

2 Respuesta a la solicitud de información con número de folio  0109000068611.

3 Marchas en el DF van por récord, Periódico Más por más, lunes 8 de abril de 2013. Disponible en http://www.maspormas.com/nacion-df/df/marchas-en-el-df-van-por-record.

4 Regular las marchas, Periódico El Universal, viernes 29 de junio de 2007.

5 “El principio de proporcionalidad o razonabilidad, como se sabe, es una de las herramientas metodológicas más importantes del constitucionalismo de nuestro tiempo; permite superar la aplicación de métodos tradicionales, literalistas y estrechos en la interpretación de la ley fundamental, apoyando la solidez de las conclusiones jurisdiccionales —y al menos idealmente también la argumentación de otros operadores jurídicos: legislador, administración pública y postulantes—“. Sánchez Gil, Rubén, Recepción jurisprudencial del principio de proporcionalidad en México, Revista Mexicana de Derecho Constitucional Núm. 21, julio-diciembre de 2009.

6 Cárdenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2ª reimpresión, 2007. Disponible en www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1584.

7 D.C. Municipal regulations (Chapter 19-11). Recreational use of public space. 191100 Temporary streets closings, y 191101 Applications for temporary streets closings.

8 Véanse, por ejemplo, las siguientes tesis: “ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE REUNIÓN”, 1a. CXLII/2005, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, primera sala, XXII, noviembre 2005, pág. 35; y “NOTARIOS. SU COLEGIACIÓN OBLIGATORIA SE ENCUENTRA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PREVISTO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL EN EL ARTÍCULO 9o. CONSTITUCIONAL AL ESTAR INVOLUCRADO, POR PARTE DE SUS INTEGRANTES, EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)”, VII.2o.C.96 C, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, tribunales colegiados de circuito, XXII, octubre 2005, pág. 2422.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 6 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

"JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1,  y 169 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 6 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los últimos años se ha dado continuidad a las políticas de apertura comercial eliminando barreras, restricciones y modificando el marco legal, en muchas ocasiones, para continuar el proceso de desregulación industrial y comercial que facilita la inversión extranjera a través de la Bolsa de Valores. En los hechos poco ha podido hacer la Ley Federal de Competencia Económica para castigar las prácticas monopólicas. El grado de monopolización en la economía mexicana ha permitido ganancias extraordinarias para los empresarios, los monopolios en sus ámbitos de acción están ocasionando graves perjuicios a la sociedad sin que hasta la fecha las principales dependencias del Gobierno Federal hayan intervenido para evitarlo.

En México existen sectores como es el caso de la Banca Comercial, que tras un rescate millonario, lejos de invertir decididamente en el otorgamiento de créditos para la reactivación económica y colaborar con el desarrollo nacional, centra sus utilidades en las altas comisiones que prestan por los servicios que ofrecen. Las comisiones cobradas por los bancos extranjeros, no corresponden con las cobradas por servicios similares en sus países de origen, lo que perjudica a los usuarios del sistema financiero en México.

De acuerdo con estadísticas publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los ingresos obtenidos por este motivo, se incrementaron en 12 millones de pesos, al pasar de 54 millones 500 mil pesos a 66 millones 500 mil pesos al cierre del año 2011. Esta tendencia se encuentra al alza, debido a lo observado durante los últimos dos años, pese a las disposiciones emitidas por el Banco de México, en agosto del 2009, en las que se prohibía el cobro de algunas comisiones.

En el año 2007, se aprobó la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF) y las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) con el objeto de: i) Regular el cobro de comisiones y cuotas interbancarias, ii) Fomentar la transparencia en las comisiones, iii) Evitar prácticas discriminatorias, iv) Evaluar condiciones de competencia en el sistema bancario.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través de su Vicepresidencia Técnica, publicó un estudio comparativo denominado "Comisiones Bancarias, para hacer valer la fuerza de los usuarios", en el cual se describe y analiza comparativamente el mercado nacional e internacional de servicios bancarios, así como el comportamiento de las instituciones bancarias respecto de las comisiones que cobran en México y el extranjero.

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones, "el hecho de que el monto de las comisiones pagadas por los usuarios de servicios bancarios de países desarrollados es sensiblemente menor a las pagadas por los usuarios nacionales por servicios de menor calidad y de menores réditos" y "que las diferencias entre las condiciones de los mercados extranjeros y el nacional no obedecen a una razón válida de mercado para el cobro de comisiones en una cuantía tal, que reduzcan o hagan nugatorios los beneficios de los servicios bancarios a la población y a los sectores productivos del país".

Actualmente, las entidades financieras fijan el monto de sus comisiones de forma potestativa, sin que existan lineamientos objetivos a los cuales deban ceñirse para determinar su monto. Esta situación beneficia a las entidades financieras, en buena medida, mediante comisiones cobradas al público, desincentivando las ganancias obtenidas mediante la buena operación de dichas entidades o fijación de crédito.

En México los Bancos fijan metas que no implican asumir los riesgos naturales del oficio, a pesar de que afirman estar dispuestos a colaborar con más crédito para la reactivación económica del país, las cifras, contradicen sus buenos deseos. Es necesario precisar que, "al menos 45 por ciento de los ingresos que obtiene la banca comercial en México proviene de una actividad sin ningún riesgo, como son las comisiones, las cuales son sensiblemente más altas que en otros países" y que "algunos de los principales bancos extranjeros que operan en México -Citigroup, HSBC, BBVA y Scotiabank - cobran comisiones mucho más elevadas que en sus propios países de origen. Casi la mitad de lo que la banca recibe, proviene de una actividad sin riesgo, las comisiones netas como porcentaje del margen financiero de la banca, se han elevado de 33 por ciento en 2011 a 50 por ciento en junio de este año". 1

Ante la retracción del crédito, en los últimos cuatro años las comisiones pasaron de representar del 13 por ciento de los ingresos de la banca mexicana al 39 por ciento en la actualidad, esto ubica a México por encima de países como Brasil y Gran Bretaña, donde las comisiones representan el 36 por ciento de los ingresos de las entidades, en Francia equivalen al 33 por ciento y en España al 30 por ciento.

Según el documento de la CONDUSEF, las comisiones varían de un país a otro porque: a) son de carácter eminentemente local, y tienen que ver con i) disposición de infraestructura; ii) dispersión geográfica; iii) edad de la población; iv) ingreso por habitante, b) se basan prácticamente por el marco legal interno, c) su monto lo fija cada institución de acuerdo con su fortaleza y posición de mercado.

En México se paga hasta 1.7 dólares por retirar dinero de un cajero automático que no es de la red del banco, mientras que en Chile, Argentina y Venezuela se paga menos de 1 dólar, y el costo promedio de un cheque rechazado en México es cercano a los 800 pesos (unos 70 dólares) mientras que en Estados Unidos ronda los 30 dólares.

Con la entrada en vigor de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se regulo las comisiones bancarias por los servicios que se ofrecen a los usuarios y  se obligo a los bancos a hacer más transparente el cobro de sus comisiones. Sin embargo, no se han visto los resultados de forma real y tangible, generando una percepción ciudadana, de “altas” y “abusivas” las aplicadas por parte de las entidades financieras.

Según la información de la CONDUSEF, el Banco HSBC cobra a sus clientes un interés anual de 77 por ciento por una tarjeta de crédito, mientras que a sus usuarios en Inglaterra sólo les cobra 16 por ciento; Scotiabank Inverlat cobra un interés de 77 por ciento en México, mientras que en Canadá es de 18 por ciento; BBVA cobra en México tasas de 80 por ciento por el plástico mientras que en España es de 25 por ciento y Banamex cobra intereses en nuestro país el 85 por ciento y en Estados Unidos el 9.0 por ciento. Los Bancos mencionados en promedio presentan las mayores tarifas por disposición de efectivo en sus diversas modalidades, ya sea en cajeros Red, en tiendas de autoservicio y ventanillas, son los que cobran también las mayores cuotas por concepto de anualidad, tanto en cuentas de cheques como en tarjetas de crédito.

Asimismo, es preciso señalar el aumento que han ejercido bancos para cobrar por diversos servicios, donde se detalla sobre el cobro de las comisiones por los pagos de luz, teléfono, consultas de saldos o emisión de estados de cuenta adicionales. Por ejemplo, es el caso de Banamex quien cobra por recibir el pago del Teléfono (Telmex) a sus clientes 15 pesos en ventanilla, igual que Banorte, BBVA Bancomer y Santander Serfin cobran 12 pesos. Sin costo lo reciben sean o no clientes: Banca Afirme, Banco del Bajío, Inbursa, Interacciones, Bansi, Ixe y Scotiabank Inverlat, HSBC no cobra a sus clientes comisión por el pago a Telmex y los no clientes pagan 6 pesos, Scotiabank Inverlat no aplica comisión a sus clientes, a los no clientes les cobra 10 pesos. Mientras que Banamex aplica una comisión a sus no clientes, por el pago del Teléfono en ventanillas de 35 pesos.

Es importante recordar que como resultado del proceso de globalización, el capital extranjero al pasar de una participación de 18 por ciento. No obstante, la presencia de los bancos extranjeros en México, todavía no se ha traducido en el establecimiento concreto de políticas operativas y administrativas que permitan una disminución gradual en el costo de los diversos servicios y productos, particularmente en Cheques, Tarjetas de Crédito y de Débito y un reposicionamiento del Cliente-Usuario.

Con esta iniciativa, se propone que se registren la totalidad de las comisiones ante el Banco de México (BANXICO) para que se cobren al cliente por las operaciones activas, pasivas y de servicios. Asimismo, se incorpora una adición para que, además de contar con la facultad de observar los incrementos de comisiones, también sea posible la observación de las nuevas comisiones y, en caso de que exista una comisión vigente que afecte el sano desarrollo del sistema financiero, inhiba la competencia o no refleje las condiciones del mercado.

Cabe destacar la importancia de regular las comisiones, ante la capacidad de la entidad financiera de la rápida modificación de estas, así como el gran número de servicios que pueden ser sujetos de comisiones, por lo que sería ineficiente establecer su prohibición en la Ley. De ahí que proponga que en la ley se señale una serie de principios a los que deberán sujetarse las comisiones: para que estas sean claras y transparentes, buscando con esto que el cliente tenga la información sobre los conceptos y las condiciones conforme a los cuales se generará la comisión.

Las comisiones únicamente serán aplicables a los servicios que el cliente solicite y contra la prestación de éstos, es decir, las instituciones no podrán cobrar una comisión por un servicio que el cliente no haya solicitado, tampoco podrán cobrar la comisión por anticipado. Es decir, ninguna comisión pueda ser cobrada si ésta no es comunicada al cliente antes de consumarse la operación para efectos de que el cliente tenga la oportunidad de elegir si la realiza o no.

Por último, se propone que las comisiones sean un monto fijo, no un porcentaje sobre la transacción, con la finalidad de que el cliente tenga siempre la certeza de cuánto pagará por el servicio que solicita, asimismo, con esta disposición se busca eliminar una práctica arbitraria que diferencia las operaciones de acuerdo a su monto, aun a pesar de que se recibe el mismo servicio.

En este orden de ideas es que se hace necesario establecer una regla general que impida los abusos e inequidades para lograr justicia y equidad a favor de los usuarios del Sistema Bancario en el País. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA

Artículo Unico. Se reforma el artículo 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 6. Las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, deberán registrar ante el Banco de México las comisiones que cobran al cliente por la realización de operaciones activas, pasivas o de servicios, así como sus respectivas modificaciones. Dicho registro se realizará con al menos treinta días naturales de anticipación a su entrada en vigor para nuevas comisiones o cuando impliquen un incremento.


El Banco de México tendrá la facultad de formular observaciones a la aplicación de nuevas comisiones o cuando las vigentes impliquen un incremento, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que las citadas entidades financieras las hagan de su conocimiento. El Banco de México hará públicas las observaciones que en su caso formule conforme a este párrafo. De no existir observaciones, las comisiones entrarán en vigor.

Cuando el Banco de México determine que una comisión afecta el sano desarrollo del sistema financiero, inhibe la competencia o no refleja las condiciones del mercado, podrá prohibir que se continúe aplicando y, en su caso, ordenar la devolución al cliente del importe de las comisiones aplicadas.

Las comisiones que se cobren a los clientes, entre otros, deberán ser:

a) Claras y transparentes;

b) Aplicables a servicios solicitados por los clientes y contra la prestación de éstos;

c) Comunicadas a los clientes con anticipación a la consumación de la operación; y

d) Un monto fijo, no un porcentaje sobre la transacción.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Jose María Martínez Martínez".


1 "Comisiones Bancarias, para hacer valer la fuerza de los usuarios", CONDUSEF





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCION AL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

"El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Permanente es un órgano que pertenece al Congreso de la Unión, cuya función es suplirlo en su totalidad o en alguna de sus Cámaras durante sus recesos, es decir, responde fundamentalmente a la necesidad de que las labores del Poder Legislativo no sean interrumpidas en el tiempo. Solo tiene competencia por lo que hace a los conceptos expresamente determinados por la Constitución, y en los cuales no se encuentran atribuciones del orden legislativo, sin embargo, existen actos que por su naturaleza no están ni tienen porqué estar en la Constitución, sino en las leyes y en los reglamentos.

La Comisión Permanente, tiene su origen en el Reino de Aragón a lo largo del siglo XIII, ya que cuando no sesionaban las Cortes de Aragón, existía una Comisión integrada por ocho miembros.

A lo largo del tiempo a la Comisión Permanente se le ha nombrado de diversas maneras: la  Constitución de Cádiz de 1812 la contemplaba como Diputación Permanente, las Constituciones de 1814 y 1824 la denominaron como Consejo de Gobierno, la Constitución de 1836, la llamó nuevamente como Diputación Permanente. Fue hasta la reforma de 1874 en donde se le dio el nombre de Comisión Permanente, la cual estaba compuesta por veintinueve miembros.

Durante muchos años, la Comisión Permanente, tuvo integración monopartidista. Como resultado del sistema de partido hegemónico que vivió México durante varias décadas.

Actualmente la base de la Comisión Permanente está plasmada en el artículo 78 constitucional, integrada por treinta y siete parlamentarios, de los cuales diecinueve son diputados y dieciocho senadores, lo que equivale al 5.89% del total de los integrantes del Congreso de la Unión.

Las facultades expresas que esta tiene se encuentran enumeradas en el mismo artículo constitucional, entre las que destacan las de prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, y la de ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

Sin embargo, entre las diversas atribuciones que le corresponden a la Comisión Permanente, no se encuentra la de otorgar la autorización al presidente, para permitirla salida de tropas nacionales fuera de los límites del país o la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, pues sólo está contemplada como una facultad exclusiva del Senado de la República en sus periodos ordinarios, sin concederle a la Comisión Permanente la facultad de autorizar.

Al respecto se debe considerar que las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas, pero no solo mantiene el compromiso con la nación, sino que también mantiene un compromiso con el mundo, compartiendo una reciprocidad con otros países cuando se requiera el apoyo en caso de alguna contingencia.

Por ejemplo, a través de la salida de buques y personal de la Secretaría de Marina en ayuda humanitaria, México refrenda su compromiso de solidaridad con los pueblos del mundo, congruente con su política de cooperación hacia países hermanos.

Cabe citar que en diciembre de  2004, el gobierno mexicano, a través de la Armada de México, llevó ayuda a las costas de Indonesia que fueron afectadas por un tsunami que arrasó el sudeste de Sri Lanka.

Asimismo, en septiembre de 2005, el buque ARM-411 Papaloapan, de la institución armada, zarpó desde la base de la Fuerza Naval del Golfo, en Coatzacoalcos, Veracruz, con ayuda humanitaria hacia las costas de Louisiana, Estados Unidos, zona afectada por el huracán Katrina, en la que se llevaron ocho vehículos todo terreno tipo Ural, 5 helicópteros MI-17 para el despliegue de personal médico y de ingenieros navales.

Por otra parte, nuestro país se involucró en el mayor esfuerzo de cooperación internacional en la historia de la diplomacia mexicana con la finalidad de apoyar al pueblo hermano de Haití a recuperarse del terremoto de enero de 2010. En esta ayuda, participaron diversas unidades de superficie y aéreas, llevando a Puerto Príncipe ayuda humanitaria, compuesta principalmente por alimentos agua y medicamentos.

Los fenómenos naturales no esperan, suceden en cualquier momento, y las fuerzas armadas deben estar prontas al llamado del Estado mexicano para prestar el auxilio necesario.

Por otra parte, el gobierno mexicano recibe invitaciones de países sudamericanos para que en forma conjunta participen en los ejercicios multinacionales y de entrenamiento en tareas contra actividades ilícitas que afectan a diversos países, ejercicios que se practican cada año y en los que se simulan acciones de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas en la región de las que no son ajenos los países.

Dichas operaciones sirven para acrecentar las habilidades y experiencias de los marinos mexicanos para enfrentar de manera mancomunada las amenazas globales, así como establecer mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra los flagelos de seguridad que están concentrados en el narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y tráfico de armas, además de mantener lazos de amistad con los países latinoamericanos.

Con lo anterior, queda demostrado que resulta necesario que  la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuente con atribuciones para autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que el Estado Mexicano, a través de las fuerzas armadas continúe en cualquier momento, llevando a cabo las acciones de ayuda humanitaria, esto es, que no sólo sea el Senado de la República quien cuente con esta atribución, sino que en su receso, la Comisión Permanente también otorgue la autorización correspondiente, sin embargo, dicha autorización no debe ser en materia de defensa del Estado Mexicano, dado que el Senado de la República es el órgano de representación al que corresponde autorizar al titular del Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas nacionales para los efectos anotados, sino que únicamente deberá ser una facultad relativa a permitir la salida de tropas pertenecientes a la Fuerzas Armadas Mexicanas fuera de los límites del país, con el objeto de realizar operaciones de instrucción, entrenamiento o de ayuda humanitaria. Lo anterior se sustenta en el supuesto de que algún evento de los mencionados suceda en junio, julio, agosto, o febrero, como lo fue el caso del huracán Katrina, el personal de las fuerzas armadas tenga la posibilidad de salir fuera de los límites del país con la autorización correspondiente.

Por tal razón, se propone adicionar al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO: Se adiciona la fracción IX del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a VIII. …

IX.- Autorizar al Presidente de la República, para permitir la salida de tropas pertenecientes a la Fuerzas Armadas Mexicanas fuera de los límites del país, con el objeto de realizar operaciones de instrucción, entrenamiento o de ayuda humanitaria.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont".





 

PROPUESTAS

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar los argumentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales que motivaron la autorización de la desincorporación y enajenación del complejo petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR LOS ARGUMENTOS TECNICOS, ECONOMICOS, JURIDICOS Y SOCIALES QUE MOTIVARON LA AUTORIZACION DE LA DESINCORPORACION Y ENAJENACION DEL COMPLEJO PETROQUIMICO “PAJARITOS” EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país con grandes riquezas naturales y una ubicación geográfica inigualable; sin embargo, no crece a la velocidad que podría y al ritmo que la sociedad le demanda. ¿A qué se debe lo anterior? Sin duda alguna, corresponde al mayor cáncer que aqueja a nuestra nación e inhibe el crecimiento, la corrupción.

El 30 de julio la Secretaria de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece la desincorporación y enajenación del Complejo Petroquímico “Pajaritos”. La desincorporación del régimen de dominio público de la Federación consta 476 mil 386 de los 990 mil 528 metros cuadros totales que integran Pajaritos, “a efecto de que el organismo público descentralizado PEMEX Petroquímica lleve a cabo su enajenación a título oneroso”.1

La venta de la mitad de la planta más importante y rentable de PEMEX, se debe a que durante los últimos 12 años, la subsidiara ha presentado pérdidas, cuando genera 4 mil 500 millones de pesos anuales.2

Además, el pasado 16 de enero, el Consejo de Administración de PEMEX, que encabeza el secretario de Energía, aprobó la constitución de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo S. A. de C. V., en sociedad de coinversión de PEMEX Petroquímica con el consorcio privado Mexichem, cuya principal actividad es la elaboración de diversos productos químicos como cloro, sosa cáustica, PVC, así como la extracción de flourita.3

Juan Pablo del Valle, presidente del Consejo de Administración de Mexichem,  venía buscando desde hace décadas un acuerdo con la paraestatal petrolera, en consecuencia, ahora Mexichem y la subsidiaria comparten el complejo de Pajaritos.4

Según el acuerdo publicado por la Secretaría de la Función Pública, PEMEX-Petroquímica, a propuesta de su Director General, mediante acuerdos CAPPQ-032/2012, adoptado en la sesión 128 extraordinaria, celebrada el 19 de julio del 2012, y CAPPQ-018/2013 adoptado en la sesión 134 ordinaria, celebrada el 29 de mayo de 2013, autorizó la participación de PEMEX-Petroquímica en la iniciativa de Integración de la Cadena Productiva antes mencionada, así como la enajenación a título oneroso del inmueble. Es curioso que al hacer la búsqueda de los acuerdos citados, no se puede obtener la información que dé transparencia acerca de cuáles fueron las motivaciones del director de PEMEX-Petroquímica para dar dicha autorización.

El mismo acuerdo de la Secretaría de la Función Pública ya mencionado, explica que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mediante los  acuerdos números CA-007/2013, adoptado en la sesión 852 extraordinaria celebrada el 16 de enero de 2013 y CA-074/2013, adoptado en la sesión 857 ordinaria celebrada el 28 de junio de 2013, tomó conocimiento de la iniciativa "Integración de la Cadena Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno MCV" que PEMEX-Petroquímica pretende llevar a cabo con el inmueble materia del Acuerdo y en el ejercicio de sus atribuciones legales, dicho Consejo emitió su opinión favorable al respecto.

Pero manipulando a su favor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hace la reserva de la información sobre las motivaciones que llevaron al Consejo de Administración a dar dicha autorización, argumentando que “la información contenida en el acuerdo, forma parte del proceso deliberativo que no ha concluido, por lo que su difusión podría afectar las negociaciones correspondientes. Asimismo, contiene información confidencial proporcionada por terceros en los términos de las cláusulas de confidencialidad incorporadas en los convenios celebrados”.

Respecto al acuerdo CA-074/2013, al consultar su versión pública (única disponible),  destaca que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autoriza la modificación del acuerdo CA-007/2013, relacionado con la iniciativa de la Integración de la cadena productiva, descrita anteriormente, y del mismo modo señala que, la información que se ha modificado del acuerdo inicial, se clasifican como confidencial y reservada, dando la misma absurda argumentación.

El pasado 12 de septiembre del presente año, Petróleos Mexicanos inició el proceso de entrega recepción del complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, a la empresa “Petroquímica Mexicana de Vinilo”. Esto como resultado de los acuerdos establecidos entre la paraestatal y el presidente del Consejo de Administración de Mexichem, que desde hace varios años había tenido la firme intención de lograr la desincorporación de esta área de PEMEX petroquímica, y así poder adjudicarla a su favor.

Resulta contradictorio que el Gobierno Federal, niegue a la opinión pública información tan relevante, de una de las operaciones más importantes, que desincorpora una parte del patrimonio de Petróleos Mexicanos, argumentando que puede afectar las negociaciones. Y lo peor, es que esa información ha sido reservada por 12 años. ¿Qué será lo que oculta el Consejo de Administración de PEMEX? ¿Cuál habrá sido la negociación que no quieren hacer públicos los acuerdos alcanzados?

Por un lado, el Gobierno Federal, en su demagogia publicitaria y televisiva, hace uso del discurso diciendo que con la reforma energética que propone, habrá mayor transparencia en la administración de PEMEX. Pero por otro lado, niega la información de la venta del patrimonio de la paraestatal, con lo cual, sólo denota una notable contradicción.

Desde que se presentó la iniciativa con carácter privatizador, han sido muchas las voces que denuncian la mentira y desconocen las “buenas” intenciones del Gobierno Federal de modernizar a PEMEX. La misma sociedad y la oposición política mexicana ha expresado firmemente que la iniciativa presidencial busca someter a la legislación reglamentaria, lo que debe estar en la Constitución.

Parecería entonces que lo que se quiere es un cheque en blanco, para seguir entregando la petroquímica a consorcios privados nacionales y extranjeros y legitimarla por medio de esa reforma energética. Visiblemente lo que sucedió con la venta de la petroquímica “Pajaritos”, es el mejor ejemplo.

Además, lo anterior ejemplifica la mentira de la reforma, puesto que no habrá mayor transparencia en la paraestatal, y los contratos se otorgarán a los amigos de la administración pública.

Del mismo modo, la barbarie de la venta del complejo petroquímico de Coatzacoalcos, demuestra que con la reforma energética no generará más empleos, pues de acuerdo a informaciones periodísticas5 y declaraciones de la Unión Nacional de Profesionistas Técnicos y Petroleros, manifestaron que con la  desincorporación del Complejo Petroquímico, se inició la reestructuración del personal, que afectará a unos mil 300 petroleros con el cambio de áreas de trabajo, incluso hasta empezarán a promover las jubilaciones voluntarias, aunque ya empezaron los movimientos de plazas en Recursos Humanos e Informática.

Los mismos trabajadores de PEMEX han señalado que quieren “matar a la gallina de los huevos de oro”; pues un barril de petróleo se vende en poco más de cien dólares, y una tonelada de petroquímicos se vende en mil dólares, por tal razón, la rentabilidad de PEMEX está en la petroquímica, y por esto se está cediendo la industria en su totalidad a la iniciativa privada.

En consecuencia, es indispensable que la sociedad mexicana conozca la realidad de la iniciativa presidencial, los extranjeros buscarán sólo la ganancia y atenderán a los lineamientos de sus países de origen; lo cual impedirá la planeación energética nacional y en consecuencia habrá pérdida de soberanía. Se profundizarán las dependencias estratégicas del sector y la subordinación de México a los derroteros del extranjero.

México perderá las ganancias de la renta petrolera, y en consecuencia de ello, los problemas económicos del país se agravarán.

Con base en lo anteriormente expuesto, es necesario que el Ejecutivo Federal explique a la sociedad mexicana cuáles fueron las motivaciones de vender el  patrimonio de PEMEX petroquímico, conocido como “Pajaritos”, y elimine las reservas de confidencialidad que hizo en su momento, argumentando que podría poner en “riesgo las negociaciones”, pues finalmente la venta se llevó a cabo, y ya comenzó el proceso de entrega recepción, a pesar de que ya diferentes actores políticos y sociales denunciaron que la venta de esta área de la paraestatal era inconstitucional y en perjuicio de la Nación.

Es necesario que la sociedad mexicana tenga acceso a la información y conozca a detalle la operación realizada con este complejo petroquímico, finalmente lo que han vendido es patrimonio de la Nación, y lo mínimo que se merece es conocer los detalles de esa vil atrocidad nacional.

Aún no se ha aprobado la reforma energética y el despojo de PEMEX ha comenzado, es claro que no hay la mínima intención de transparentar las operaciones, ni los recursos o la administración de la paraestatal. Es claro que lo que buscan es la privatización de la empresa más grande y rentable de México. Es obvio que la Reforma Energética responde a intereses privados, y no a las necesidades de la patria.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía los argumentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales que motivaron a la autorización de la desincorporación y la enajenación del Complejo Petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013".

1 Monge Raúl. Privatización en Marcha: ya vendieron la petroquimica Pajaritos. Seminario de Información y Analisis No. 1923. Proceso. México. 2013. pág. 12. [Consulta 18 de Septiembre de 2013]

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Chinas Córdova Sayda. Buscan petroleros detener venta de Pajaritos a IP; es ilegal, dicen. [en línea]. La Jornada Veracruz. México. 2013. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130817_062043_477 [Consulta 18 de septiembre de 2013]





 

De la C. Senadora Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Marina para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo. Se turna a la Comisión de Marina.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE MARINA PARA QUE INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ENTIDAD A SU CARGO

"SEN.  RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASI COMO DE LOS ARTICULOS 8° 1, FRACCION II, 95 2, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA; SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE EXORTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN QUE COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANIA EL SECRETARIO DE MARINA.

CONSIDERACIONES

Con  motivo de la presentación del primer informe de labores 2012-2013, el pasado 1° de septiembre del año en curso, por parte del presidente del República, el Lic. Enrique Peña Nieto.

Qué es facultad del Senado de República reglamentar y organizar a las fuerzas armadas; que en un Estado democrático las instituciones de la República deben estar sujetas a la rendición de cuentas.

Que la legislación en la materia, ordena como una obligación indelegable e irrenunciable  del Secretario, rendir cuentas ante Congreso de la Unión del ramo bajo su responsabilidad.1

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCION.

UNICO.- El Senado de la República respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal, a fin que el titular de la Secretaria Marina,  comparezca ante el pleno de esta soberanía para que informe del estado que guarda la entidad a su digno cargo, en relación con lo contenido en el 1er informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República el pasado 1º de septiembre del año en curso.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2013".

1 “Dar cuenta al Congreso de la Unión, del estado que guardan los asuntos de la Secretaría e informar, en términos de las disposiciones aplicables, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a la Secretaría”. Artículo 5° Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina.





 

De los CC. Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco García Cabeza de Vaca y César Octavio Pedroza Gaytán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo en relación a las consecuencias que producirá a la industria global maquiladora y manufacturera de exportación, la aprobación de las reformas fiscales propuestas por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCIRA A LA INDUSTRIA GLOBAL MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION, LA APROBACION DE LAS REFORMAS FISCALES PROPUESTAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE PASADO.

"El suscrito, Senador por el estado de Baja California, ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II; 95, numeral 1; 108; 109; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, con MOCION DE URGENTE RESOLUCION, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCIRA A LA INDUSTRIA GLOBAL MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION, LA APROBACION DE LAS REFORMAS FISCALES PROPUESTAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE PASADO. Lo anterior al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es de todos conocido que la propuesta de miscelánea fiscal propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 8 de octubre, de donde pretende se generen los ingresos necesarios para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, contiene una serie de disposiciones con una visión netamente recaudatoria, sin reparar en los efectos negativos que provocará en algunos sectores industriales.

En primer término me referiré a las Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (IMMEX), considerando que una de las agrupaciones que las agremia y representa, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C. (INDEX), desde diciembre de 2012 se dirigieron al suscrito, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, para solicitar que la Comisión pudiera darle seguimiento a las problemáticas que enfrenta su sector, habida cuenta que la Cámara de Diputados, en esas fechas, había determinado crear una Comisión Especial de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, reconociendo la trascendencia económica de dicha industria en nuestro país.

Aún y cuando no se pudo lograr un consenso en el seno de la Comisión, para asumir el seguimiento a la petición de INDEX, ha sido propósito del suscrito hacerlo a título personal, por la relevancia de este sector industrial, en el desarrollo de la frontera norte de México.

Con base en las cifras que arroja el INEGI, el Banco de México y la Secretaría de Economía, al cierre de 2012 había 6,252 empresas activas. Baja California, que es el Estado que represento, es la que cuenta con el mayor número de establecimientos con un17.7% del total nacional, seguido por Nuevo León con 12.5% y Chihuahua con 8.9%.

Por lo que toca al personal ocupado, a mayo de 2013 en las IMMEX se registró un incremento de 5.9%, respecto a mayo de 2012, que se traduce en un total de 2.2 millones de empleos bien remunerados, de los cuales Chihuahua registra la mayor proporción con un 12.9% del total nacional, seguido por Baja California con 12.3% y Nuevo León con 10.5%. Esta cantidad de empleos representa el 30% de la PEA (población económicamente activa) y el 54% del total de los empleos registrados en el IMSS.

Los ingresos obtenidos por establecimientos IMMEX al mes de mayo de este año sumaron $270 mil 611millones de pesos, de los cuales 58.9% provienen del mercado extranjero ($159.4 mil millones de pesos) y el 41.1% restante, del mercado nacional ($111.2 mil millones de pesos).

La Inversión Extranjera Directa relacionada con la IMMEX al cierre de 2012 fue de $7 mil 370 millones de dólares, cantidad que representa el 58% de la inversión extranjera total, y tan sólo en lo que va del primer semestre de este año, la Secretaría de Economía ha estimado un monto de nuevas inversiones de $4 mil ciento cincuenta y dos millones de dólares. Es así que la industria maquiladora se constituye como la segunda fuente de ingresos nacionales, sólo por debajo del petróleo.

En materia de exportaciones, las realizadas por las IMMEX en 2012, 195,983 mdd, representan el 53% de las exportaciones totales no petroleras y el 65% de las exportaciones de la industria manufacturera.

Conforme lo señalado a manera de argumento, en el paquete económico 2014,  la SHCP, señala que en el año 2013 se dejaran de recaudar 3,460 millones de pesos por el tratamiento preferencial del Impuesto Sobre la Renta a las maquiladoras, y que de mantenerse el régimen fiscal en 2014, esta cifra ascendería a 3,600 millones de pesos.

El analizar las cifras de manera aislada deja de lado hechos como la pérdida de competitividad, el freno a las inversiones, la pérdida de empleos y la disminución de las exportaciones manufactureras de nuestro país.

Bajo esta visión recaudatoria, la propuesta fiscal que remitió el Titular del Poder Ejecutivo Federal, propone modificar el régimen fiscal de las IMMEX, entre otros, con los siguientes cambios:

1. Gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las importaciones temporales de bienes que se introduzcan al país por las IMMEX, mismo que les será devuelto cuando el producto final sea exportado, sin que quede claro cuánto tiempo tardará la autoridad fiscal en hacer dicha devolución a partir de ser exportada.

Esta disposición implicará un pago anual de IVA de $25,000 millones de dólares (mdd), lo que a su vez provocará disponer de un flujo de efectivo de entre 6,200 y 12,500 mdd en el sector, según estimaciones de INDEX.

Se estima que el impacto en el costo financiero a las IMMEX para apalancarse y poder pagar dicho IVA asciende a $750 millones de dólares anuales.

2. Gravar con IVA la enajenación de bienes entre personas físicas o morales residentes en el extranjero con actividades en México y de estos a las maquiladoras, para este IVA no procederá la devolución por el residente en el extranjero que adquiera los bienes generando efectos extraterritoriales. Esta medida sería un serio freno a la inversión.

3. Incrementar de forma considerable la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR),así como la tasa para su cálculo mismo que pasa de un 17.5% promedio en 2013 a un 30%, más lo correspondiente a los dividendos distribuidos, con lo que se alcanzaría una tasa global de 37% promedio.

Según cálculos que nos han entregado las IMMEX, el incremento en la base gravable y las tasas de cálculo del impuesto representan incrementos en el pago de ISR y PTU de entre el 100 al 400%

4. El costo fiscal en ISR y PTU por la no deducibilidad del 59% de las remuneraciones exentas pagadas a los trabajadores, tiene un impacto que asciende $1,582 mmd

5. Limitar a tres años el periodo por el cual los residentes en el extranjero puedan realizar actividades de maquila a través de empresas bajo la modalidad de albergue (shelter), a pesar de que las mismas son empresas altamente promotoras de la Inversión Extranjera Directa en nuestro país que no utilizan los beneficios fiscales otorgados al resto de las maquiladoras de exportación.

6. Para estar calificado como IMMEX, se deberá cumplir con el requisito de 90% de lo producido dedicado a exportación. Hasta hoy, dicho porcentaje es de 20%, la pregunta sería ¿Con qué propósito se calificaría como empresa IMMEX, cuando todos los beneficios están siendo anulados?

Como puede apreciarse, todas estas medidas de “control” que propone el gobierno federal, impactarán de manera negativa a las IMMEX al grado de iniciar su extinción.

Tendremos que olvidarnos de la competitividad y productividad que ofreció el Presidente Peña Nieto, cuando anunció el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pues a la larga, la inversión extranjera se irá retirando y llevándose sus capitales a otros países con los que actualmente competimos como Brasil, China y Costa Rica, que nos copiaron el esquema IMMEX y lo siguen manteniendo, por los empleos y desarrollo económico que genera en las comunidades en dónde se instalan.

No sólo habrá menos inversión, sino menos empleos y por consecuencia, pobreza en todas las regiones en dónde han florecido las IMMEX.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras su comparecencia celebrada el pasado 11 de septiembre de 2013 en la Cámara de Diputados, en el marco de discusión de esta reforma, aseveró que “actualmente tenemos muchos casos donde las supuestas importaciones temporales se quedan en el país de manera definitiva y eso tiene un daño  muy importante y así nos lo ha hecho saber la representación del sector industrial sobre la planta productiva mexicana. Sí queremos que se preserve el tratamiento a las importaciones temporales, pero cuando sean genuinamente temporales”.

Bajo el argumento que existen muchas empresas que abusan del régimen especial del que gozan las empresas IMMEX se pretende acotarlo al grado de dejarlo fuera de competitividad, cuando antes de iniciar cualquier acción en dicho sentido, el Ejecutivo Federal debería asumir que el descontrol en el uso del regímenes su responsabilidad, pues para que una empresa exportadora cuente con un programa IMMEX, requiere de la autorización de la Secretaría de Economía, y para que pueda aplicar los estímulos, se sujeta a una estricta vigilancia por parte del SAT, a través de Aduanas y de la Auditoría al Comercio Exterior. Por lo tanto, si existe un uso indebido del régimen por algunas empresas que simulan operaciones de exportación para acogerse a los estímulos que dicho régimen otorga, es porque ni Economía ni el SAT están haciendo bien su trabajo.

Además, en materia de competitividad no es aceptable que ante la-ineficiencia, ineficacia, falta de transparencia o corrupción del Gobierno, se pretenda ahogar a la Industria global, que es la más productiva de todo el país. Le exigimos al Gobierno que construya vías de solución alternas ante las consecuencias de su falta de supervisión, sin dañar a la Industria Maquiladora y Manufacturera Nacional, que no tiene porqué pagar los platos rotos.

Como he dicho, el suscrito ha mantenido estrecho contacto con los representantes de algunas de las empresas maquiladoras de este país y éstas están dispuestas a sujetarse a un Programa de Re-empadronamiento, en el que le demos una segunda oportunidad al Gobierno de que haga bien su trabajo y ahora sí, antes de dar la autorización como empresa IMMEX, verifique que la peticionaria realmente es una empresa de maquila y manufactura para exportación.

De igual forma, están dispuestos a sujetarse a los controles más estrictos de revisión y seguimiento de inventarios, a través de mecanismos de certificación como empresas confiables, que le permitan al SAT tener una revisión en línea de cada uno de los insumos que sean importados de manera temporal, para ahuyentar cualquier suspicacia, respecto a si los productos maquilados o de manufactura se quedan en territorio nacional.

Esas acciones que sugieren las IMMEX, compañeras y compañeros Senadores, son auténticas medidas de control aduanal y no dañan a la Industria. En cambio, tener una visión tan corta, que sólo pueda acudir a la vía tributaria para resolver un problema de operación administrativa, parece hasta insultante.

Somos nosotros los legisladores los que tenemos en nuestras manos el evitar la catástrofe económica, a la que pretende empujarnos el Presidente de la República.

Yo les propongo que para hacer un análisis serio del régimen fiscal y económico que debe aplicarse a las IMMEX, se forme en el seno de las Comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras, un grupo especial de estudio, al que se invite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y los representantes de las empresas Maquiladora, a fin de construir una contrapropuesta que garantice el debido pago de las contribuciones al erario federal, pero a la vez, permita garantizarle la competitividad a la Industria Global de nuestro país.

Finalmente y debido a que el argumento central de la Secretaría de Hacienda para afectar a las IMMEX se centra en el “descontrol”, creo que debemos de exigirle al SAT y la Secretaría de Economía, un informe preciso y detallado respecto a qué porcentaje del total de las IMMEX, tienen detectadas que no son realmente empresas exportadoras, cuántas de ellas ya están siendo sujetas a revisión y auditoría y cuántas ya han sido sancionadas.

Sabemos que los procesos administrativos que se encuentren en proceso de resolución, como las auditorías, son información reservada por mandato de Ley, pero la información cuantitativa, sin precisión de nombres de empresas, ni de sus socios o accionistas, no lo debe ser. Así que esperaremos a que el Ejecutivo Federal esté dispuesto a escuchar a los afectados de su propuesta hacendaria, pero sobre todo, a construir una solución viable, por el bien de México.

Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que a través de las Comisiones Dictaminadoras del paquete de reformas fiscales presentadas el pasado 8 de septiembre por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en la discusión y aprobación de éste desechen todas las modificaciones a las leyes que eliminan los estímulos de competitividad de las empresas Maquiladoras y Manufactureras (IMMEX), tales como la grabación con IVA a las importaciones temporales y a las enajenaciones de bienes entre residentes extranjeros y nacionales que cuenten con Programa IMMEX;  el incremento en la base y tasa gravable del ISR y la grabación a los dividendos.

SEGUNDO.-Se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que a través de las Comisiones dictaminadoras conformen un grupo bicameral, en el marco del análisis y discusión de la reforma fiscal presentada el pasado 8 de septiembre por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en la que participe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los diversos representantes de las empresas IMMEX, para que en conjunto, se elabore una contrapropuesta de adecuaciones a las disposiciones fiscales, que garantice la subsistencia del régimen IMMEX y a su vez, asegure la debida recaudación del Estado.

TERCERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con la participación que corresponda del Servicio de Administración Tributaria, rinda un informe en el que indique qué porcentaje del total de las empresas que cuentan con programa IMMEX, saben que operan sin realmente ser empresas maquiladoras y manufactureras de exportación y de éstas, cuántas ya han sido sancionadas por la autoridad, señalando el tipo de sanciones que impusieron.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013".





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral a que, en coordinación con sus homólogas estatales, implementen de manera permanente campañas de capacitación y sensibilización sobre los preceptos democráticos, de participación ciudadana y respeto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS Y AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A QUE, EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES, IMPLEMENTEN DE MANERA PERMANENTE CAMPAÑAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS PRECEPTOS DEMOCRATICOS, DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RESPETO A LOS DERECHOS POLITICOS Y CIVILES DE LOS CIUDADANOS

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La democracia muchas veces es vista en su sentido genérico que es dado por su etimología demos y kratos “poder del pueblo”, pero que sin duda va más allá. La democracia es una fórmula exitosa, una forma de gobierno que reivindica el papel de cada ciudadano en la sociedad y que limita el poder de toda autoridad.

La naturaleza de la democracia está de forma explícita por el que fue su nombre más antiguo “isonomia” que comúnmente se traduce como igualdad ante la ley, es decir igualdad de derechos de participación política, sin discriminaciones de clase y de censo.1 En este sentido, la democracia presupone la igualdad entre los seres humanos miembros de una sociedad. Para Bobbio, la democracia es la igualdad entre todos los destinatarios de las decisiones colectivas en el derecho-poder de contribuir a la formación de esas mismas decisiones.2

Es clara entonces la importancia que la democracia ha tenido para el desarrollo de las sociedades, pues a partir de ella, las decisiones que afectan a los ciudadanos son tomadas por los ciudadanos. Una buena democracia se basa en 4 ejes rectores, elegir, representar deliberar y decidir. En una democracia las decisiones se toman con base en el consenso y deliberación, en el que se escuchan todas las posturas y aunque las decisiones se tomen por mayoría es imprescindible que la minoría sea escuchada, así se forma el máximo consenso crítico y el mínimo de imposición que caracterizan toda democracia.

La democracia es bandera de igualdad y libertades; en la democracia convergen la inclusión, el pluralismo político, la libertad de expresión, libertad de asociación, representación de la sociedad, garantías de todo individuo. Esta descripción de democracia se basa en el plano principal que es el de procedimientos, es una fórmula en verdad exitosa; sin embargo, puede ocurrir que ésta no sea en verdad bandera de libertades, se convierta en una cortina de humo, una demagogia pura de quienes ostentan el poder, tal es el caso del país.

México ha sufrido a lo largo de su historia fenómenos de abuso de poder, en el que se vivió todo, menos democracia. El siglo pasado estuvo plagado de 70 años de un gobierno monocolor que restringía las libertades políticas, de tal manera que no se existía una pluralidad de opiniones representada en los diferentes cargos de poder. La representación popular estaba totalmente fracturada, mientras que el partido hegemónico se fortalecía, el Congreso a manos de un presidente con atribuciones metaconstitucionales, que sólo escuchaba y obedecía los mandatos de los poderes de facto, sin deliberación alguna.

A pesar del despertar de la pluralidad social, para el año 1976 se presenta un sólo candidato a la presidencia, José López Portillo. México necesitaba de un verdadero sistema de partidos, pues imperaba la inequidad, la izquierda era excluida, el PRI tenía al país convulso y agraviado. Era necesario echar maquinaria de reformas electorales que configuraran un sistema de partidos e instituciones que regularan su competencia. En este sentido vienen las reformas de 1977, 1986, 1989 y 1993 con las que diversos actores políticos se sentaron a negociar de manera pacífica el rumbo del país.

Dichas reformas fueron producto de la manifestación social organizada que buscaba mayores derechos de participación de tal manera que el partido imperante tuvo que ceder a ellas para recobrar credibilidad y corregir la sobre representatividad que tenía, en este sentido se introdujeron las figuras de representación proporcional en Cámaras de Diputados y ayuntamientos en inicio y tiempo después en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el PRI seguía obteniendo grandes ventajas sobre sus adversarios: una elección de 1988 que lastimó al país, una crisis económica después del salinismo, el asesinato de un candidato a la presidencia en 1994, la privatización de diversos sectores públicos, entre otros más, eran heridas profundas que unos pocos causaban a millones.

Las reformas políticas que se promovieron y aprobaron entre los años 1977 a 1997, permitieron que la pluralidad social pudiera desplegarse a través de nuevas organizaciones y partidos que expresaban su forma de ver la política, las reformas significaron más espacios para los partidos contrarios al PRI en los diferentes órganos de gobierno y lograron a un acontecimiento que ha sido todo un hito en la historia del país: una alternancia en el Ejecutivo Federal en el 2000. Parecía entonces que habíamos dado un gran paso democrático, el rumbo del país cambiaba, México sería un país de instituciones democráticas, se respetaría la pluralidad y los procesos democráticos, México iba hacia arriba, o al menos eso nos hicieron creer.

En el 2006 se vivió uno de los más grandes atracos de la historia, cuando en las elecciones federales un fraude vino a poner en duda la democratización del país. Aquellas ideas tan puras de democracia antes mencionadas, enarboladas por grandes autores mexicanos y extranjeros como Pedro Salazar, Norberto Bobbio, José Woldenberg, Michel Angelo Bovero y permeadas en el sentir del pueblo mexicano, esas ideas de igualdad, inclusión, deliberación, representatividad, refiriéndonos al campo procedimental, fueron pisoteadas por un grupo de interés al robar la elección, usar campaña sucia, y un sinfín de engaños que hasta el día de hoy le duelen al pueblo mexicano.

El México que se quiso forjar con las reformas electorales se vino en picada, el pasado gobierno se enfrasco en una lucha con el crimen organizado que dejó miles de muertos, los llamados poderes salvajes (poderes privados) tomaron gran auge al usar un pseudo discurso que enarbola los derechos pero que en realidad sólo busca sus propios beneficios y el gobierno solapó sus caprichos. México necesitaba regresar al ideal democrático y encausarse al desarrollo, la oportunidad se presentaba en las elecciones federales del pasado 2012.

Sin embargo, nuevamente se atentó contra el ideal democrático, las elecciones de 2012 fueron una prueba de como grupos minoritarios de poder, poderes fácticos o poderes salvajes impusieron a un Presidente, pues con él veían protegidos sus intereses a expensas del pueblo mexicano. Regresa la dictadura perfecta a gobernar el país, en un proceso de compra de elecciones masivo en cada estado.

Los ideales de una democracia procedimental de nuevo fueron aplastados, afectando a muchos, beneficiando a pocos, lo cual ya parece costumbre en este país, pero no sólo se ha trasgredido en el campo de los procedimientos, sino también en el plano de los contenidos, en el plano sustancial democrático.

El artículo tercero constitucional hace referencia a este sentido sustancial democrático, al definir a la democracia más allá de una estructura jurídica como un “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. En este sentido, las decisiones sustanciales deben estar enfocadas al mejoramiento del pueblo en todos los sentidos y principalmente a reconocer derechos fundamentales y proveerlos de garantías necesarias, por ello es que una de las grandes reglas de conservación de la democracia es aquella concerniente a que ninguna decisión de la mayoría debe afectar los derechos de las minorías.

La consideración internacional de la democracia sustancial es muy  variada, entre las cartas o declaraciones más importantes en torno a esto se encuentra la Carta Democrática Interamericana de Septiembre 2001, pues ésta considera que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”,3 y a lo largo de sus artículos resalta la importancia de dicha fórmula, encausándola al desarrollo de cada país, muestra de la gran trascendencia que tiene el fomento a la democracia no sólo como procedimiento.

Sin embargo, en México, los diversos sectores minoritarios que ostentan el poder han puesto una cortina de humo con cara de democracia que busca esconder la realidad mexicana, y si no se respetan los procedimientos mucho menos los contenidos, de tal manera que muchas de las decisiones tomadas por los diversos órganos de poder no están encaminadas al desarrollo social, como ejemplo me permito citar la decisión de usar al ejército para combatir al crimen organizado en el sexenio pasado, la reforma laboral que lacera los derechos de los trabajadores, una reforma educativa que hace lo mismo y que fue depurada para no escuchar a los sectores afectados, una reforma hacendaria que busca poner trabas al desarrollo económico del país y sin duda el ícono más importante de una democracia no sustancial está en la llamada reforma energética que busca privatizar las riquezas de la nación.

Ya lo decía un célebre político mexicano, “quien compra la presidencia, vende a la patria”. Lo anterior demuestra que las decisiones en contenido benefician a sólo pocos y no buscan el pleno desarrollo del pueblo ni mucho menos respetan derechos fundamentales. Han vendido a la nación una transición falsa, una esperanza de cambio democrático sin base alguna y por lo que si no se respetan las reglas de procedimiento y las reglas sustanciales, se va en contra de todo ideal democrático, se cae, en apariencia, en un simple juego que es todo, menos democracia.

Y esto no termina aquí, el engaño democrático en el que se encuentra inmerso el país ha hecho que la población en general haya perdido la confianza en el sistema democrático, de tal manera que lo que se vivió fue una transición democrática de voto, es decir la participación ciudadana se ha reducido a tan sólo votar en cada elección, sin intervenir de alguna otra manera en la democracia, por ello, es fundamental incentivar y abrir espacios de participación ciudadana, que impulse un cambio en el país.

Además de esto, si la democracia en México se da sólo en el voto, es de preocuparse el hecho de que se está pasando por una etapa de abstencionismo en las votaciones y más el hecho de la poca participación reflejada en las pasadas elecciones. En las elecciones federales 2012 para Presidente se obtuvo un 2.47%4 de votos nulos, para senadores 5.72%5 votos nulos y para diputados federales 4.96%.6 En materia de abstención, en el año 2012 fue de 37% según resultados preliminares.7

Esta situación no solo se presenta a nivel federal, sino que también lo hace a nivel estatal, en este sentido me permito citar algunos ejemplos: El estado de Zacatecas en su pasado proceso electoral en ayuntamientos y diputaciones presentó 42% de abstención y 3.7% de votos nulos,8 el estado de  Aguascalientes 4.5% de votos nulos y 52% de abstención.9 En el estado de Coahuila la abstención alcanzó el 47%10, en Sinaloa 53%,11en Hidalgo los votos nulos llegaron al 4.8%,12 entre otros estados más.

Esto es una prueba de como la sociedad ha perdido confianza en los procesos electorales, pues el partido y grupos privados imperantes han fraccionado dicha confianza al poner un velo obscuro sobre la democracia del país, aunado a esto tenemos un Instituto Federal Electoral que sigue los mandatos del partido que gobernó durante 70 años.

Por esta razón, hoy a unos días de haberse celebrado el 15 de septiembre el día mundial de la democracia se les exhorta a la reflexión, es importante tener en cuenta la historia y trazar un camino diferente, no cometiendo los mismos errores, es necesario comenzar a fomentar en la sociedad un espíritu de confianza y participación a través de diversos programas. No es una tarea nada sencilla, pero con todos unidos se podrá lograr que México circule por el camino democrático, es tiempo de fomentar una sociedad participativa en todo momento, es tiempo de reivindicar los valores democráticos al pueblo, es tiempo de trabajar para el país, encausándolo al desarrollo, todo esto a través de la maravillosa fórmula que es la democracia.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los partidos políticos, y al Instituto Federal Electoral para que en coordinación con sus homólogas estatales, implementen de manera permanente campañas de capacitación y sensibilización sobre los preceptos democráticos, de participación ciudadana y respeto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los Partidos Políticos a respetar y divulgar la Carta Democrática Interamericana, con el objeto de que los ciudadanos conozcan los ideales democráticos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 24 de septiembre de 2013". 

1 Pedro Salazar. Democracia Constitucional: una radiografía teórica. Fondo de Cultura Económica, UNAM/IIJ. México 2006

2 Ibídem

3 OEA. CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA. Disponible en:
http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm Consultado el día 16/09/2013

4 Cómputo distrital, Elección Presidente de la República 2012. Disponible en:
http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidenteEF.html Consultado el día: 15/09/2013

5 Cómputo distrital Elección de Senadores 2012. IFE. Disponible en:
http://computos2012.ife.org.mx/reportes/senadores/EFSenadoresMREF.html Consultado el día:15/09/2013

6 Cómputo distrital Elección de Diputados Federales 2012, IFE. Disponible en:
http://computos2012.ife.org.mx/reportes/diputados/DistDiputadosMREF.html Consultado el día: 15/09/2013

7 Resultados Preliminares 2012. IFE. Disponible en:
https://prep2012.ife.org.mx/prep/NACIONAL/PresidenteNacionalVPC.html Consultado el día 15/09/2013

8 Resultados Preliminares Elecciones Zacatecas 2013. Disponible en:http://www.ieez.org.mx/HTMLRe.htm. Consultado el día 15/09/2013

9 Resultados Preliminares Elecciones Aguascalientes 2013. Disponible en:http://www.prep.com.mx/ Consultado el día 15/09/2013

10 Resultados Preliminares Elecciones Coahuila 2013. Disponible en:http://www.prepcoahuila.com/ Consultado el día 15/09/2013

11 Resultados Preliminares Elecciones Sinaloa 2013. Disponible en:
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/transparencia/previa.aspx?archivo=http://admin.cee-sinaloa.org.mx\Sistema\include\Archivos\2\2\Adjuntos\A1P2220137255453140.pdf Consultado el día 15/09/2013

12 Resultados Preliminares Elecciones Hidalgo 2013. Disponible en:
http://ieehidalgo.org.mx/2013_dip/pdf/com2103.pdf Consultado el día 15/09/2013





 

Del C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos a los organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar las acciones fitosanitarias que permitan contener la propagación de la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB o dragón amarillo). Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR MAYORES RECURSOS A LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL PARA AMPLIAR LAS ACCIONES FITOSANITARIAS QUE PERMITAN CONTENER LA PROPAGACION DE LA BACTERIA CANDIDATUS LIBERIBACTER, PORTADORA DEL HUANGLONBING (HLB O DRAGON AMARILLO)

“El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se destinen mayores recursos a los organismos auxiliares de Sanidad Vegetal o a quien corresponda, para ampliar las acciones fitosanitarias pertinentes que permitan contener la propagación de la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora del huanglongbing (HLB o dragón amarillo), a fin de evitar severos daños a los cultivos de Baja California Sur.

Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Psilido asiático de los cítricos (PAC), Diaphorinacitr iKuwayama, es el insecto responsable de propagar a los cítricos la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora a su vez del huanglongbing (HLB o dragón amarillo), misma que se desarrolla exclusivamente en plantas de la familia Rutaceae, particularmente del género Citrus, especialmente (C. limón) y limas (C. aurantiifolia), y Murrayapaniculata, planta ornamental que es una de sus mayores hospederas.

El huanglongbing, (HLB) mejor conocido como dragón amarillo, es una bacteria conocida mundialmente que produce severos daños a los cítricos, pues su propagación causa una alta mortalidad de árboles. Los síntomas se presentan con un moteado en las hojas que se vuelven amarillentas, sus frutos no consiguen desarrollarse y adquieren un sabor amargo, finalmente terminan por secar al árbol.

Esta enfermedad a la que también se le conoce como “GREENING”, “DIEBACK” o “MOTTLELEAF”,  es considerada como la más destructiva, debido a la severidad de los efectos y la rapidez con la que la misma se dispersa; ha sido la causante de la muerte de más de 50 millones de plantas en Asia, 3 millones en Indonesia y 10 millones en África.

En 2009 se detectó la presencia de esta plaga en México, específicamente en el municipio de Tizimín, en el Estado de Yucatán, sin embargo por la rapidez de su propagación, hoy afecta ya a 15 de las 22 entidades de la República Mexicana, que destinan 526 mil hectáreas a la producción de naranja, limón, mandarina, tangerina, lima y toronja, principales víctimas de la plaga del huanglongbing.

La producción de estos cítricos supera los 6.7 millones de toneladas anuales, con un valor de 8 mil millones de pesos, beneficiando así, a 67 mil productores y generando 70 mil empleos directos y 250 mil indirectos, es por ello que resulta necesario que se tomen las medidas pertinentes para mitigar o eliminar la plaga del dragón amarillo, y así evitar cuantiosas pérdidas económicas para el país y para los productores, afectando a miles de familias que son favorecidas por las  fuentes generadoras de empleo de esta actividad.

La presencia de esta bacteria no había sido registrada en la entidad, hasta su aparición en el año 2011, en el municipio de  Los Cabos, afectando naranjos y limones en zona Urbana, por lo que se realizó una intensa  campaña de fumigación y erradicación en zonas rurales y urbanas.

En junio de este año, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal  de Baja California Sur,   detectó la presencia de la bacteria en psilidos y material  Vegetal,  en Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, B.C.S., a escasos 50 km de la zona citrícola de Baja California Sur. (Valle de Santo Domingo)

Para evitar que resulten afectadas grandes extensiones de plantíos de cítricos, deben establecerse los cordones sanitarios suficientes, así como realizar operativos preventivos para fumigar las 2 mil 500  hectáreas sembradas de cítricos en el Municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur.

Actualmente, existen 3 puestos de inspección sanitaria, uno de ellos en el Puerto de altura Pichilingue en La Paz, uno más en la carretera que conecta con el municipio de Comondú y finalmente, en la región de Vizcaíno, al extremo norte de la ciudad; a su vez, en los 3 aeropuertos del Estado se llevan a cabo las revisiones fitosanitarias por parte de la autoridad competente.

Pese a las medidas que se han efectuado en Baja California Sur, resulta necesario que las medidas fitosanitarias que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal en su artículo 19, se efectúen de manera más drástica y con rapidez para la detección del huanglongbing, y consecuentemente, evitar una severa propagación de esta bacteria que ocasiona una alta mortalidad de árboles que no sólo afecta a los cítricos de México, sino de todo el mundo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se destinen mayores recursos a los organismos auxiliares de Sanidad Vegetal o a quien corresponda, para ampliar las acciones fitosanitarias pertinentes que permitan contener la propagación de la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora del huanglongbing (HLB o dragón amarillo), a fin de evitar severos daños a los cultivos de Baja California Sur.

Dado en Senado de la República, a 24  de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.





 

De la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal informe sobre las medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos implementados en el caso de las tormentas tropicales “Ingrid” y “Manuel”; así como los protocolos de actuación instrumentados antes, durante y después de la situación de emergencia. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME SOBRE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION Y REDUCCION DE LOS RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL CASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES "INGRID" Y "MANUEL"; ASI COMO LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION INSTRUMENTADOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA SITUACION DE EMERGENCIA

"Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las tormentas tropicales ‘Ingrid’ y “Manuel” han dejado una estela de devastación y muerte. Los daños son incalculables en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas.

Además de los desastrosos daños sobre la agricultura, ganadería e infraestructura, las lluvias torrenciales han costado, hasta ahora, 57 muertos y 1 millón 200 mil afectados.

México vive “efectos históricos” provocados por los dos fenómenos meteorológicos simultáneos en la costa del Golfo de México y el Océano Pacifico, dijo en conferencia de prensa Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien precisó que las lluvias han afectado a más de dos terceras partes del territorio nacional, y sólo tres estados no tienen afectaciones”.

Desde 1958, “no pegan dos fenómenos simultáneamente por dos océanos distintos”, subrayó de su lado David Korenfeld, director de la Comisión Nacional del Agua.

Y en efecto, en los últimos cincuenta años, México no había sido afectado por fenómenos meteorológicos que se presentaran al mismo tiempo en océanos diferentes, como ocurre actualmente con ‘Ingrid’ en el Golfo de México y ‘Manuel’ en el Pacífico.

No obstante, aun considerando la parte imprevisible por la magnitud de estos meteoros, a medida que pasan los días, se hacen evidentes omisiones que revelan deficiencias y negligencia en el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Sin privilegiar la anticipación sistemática y científica sobre la ocurrencia de desastres asociados a los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, desde el 11 de septiembre pasado, la Comisión Nacional del Agua informó sobre potenciales lluvias en el país.

No existe constancia que la Comisión Nacional del Agua hubiese emitido a los gobiernos de los estados, Alertas Tempranas que su Protocolo obliga a efectuar con 72 horas de anticipación.

Fue el 13 de septiembre que se realizó la primera reunión de trabajo entre el Sistema Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua y las demás dependencias involucradas, sin que se generara una mesa permanente de coordinación ni se emitieran Alertas a la población sobre los riesgos de las Tormentas Tropicales “Ingrid” y “Manuel”.

Y hasta el 15 de septiembre, a las 16 horas, en una segunda reunión, se determinó instalar el Comité Nacional de Emergencias, cuando el desastre ya había ocurrido.

Si bien no se pueden modificar los ciclos naturales del planeta, sí es posible mitigar los riesgos estando alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier contingencia.

Pero es evidente que en el caso de las Tormentas Tropicales “Ingrid” y “Manuel” no existió una adecuada prevención del riesgo.

Nunca se instrumentaron medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos, desde sus procesos de gestación hasta su maduración.

Tampoco existieron Alertas Tempranas, y menos se complementaron con servicios profesionales, con actividades de capacitación y creación de capacidad y con la asignación de los recursos necesarios para permitir la adopción de medidas oportunas para evitar las lamentables pérdidas que han producido.

Menos funcionaron tempranamente los grupos interinstitucionales y comités científicos asesores para adoptar decisiones integrales ante ciclones y tormentas tropicales.

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la rapidez de las comunicaciones mundiales han aumentado considerablemente la disponibilidad de información y la alerta temprana de amenazas naturales y desastres de origen natural. Actualmente, estos avances tecnológicos permiten monitorear y pronosticar mejor las condiciones climáticas extremas.

El 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto, instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, conformado por los titulares de las secretarías de Estado, los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la de Diputados y sectores de la sociedad civil; órgano de consulta y coordinación de la política de Protección Civil, cuyo objetivo consiste en fomentar la participación responsable del Gobierno y activa de todos los sectores de la sociedad.

La dependencia del Ejecutivo federal ha hecho énfasis en que un sistema de Protección Civil moderno, ágil y eficiente es aquel que cuenta con protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de emergencia; y el que permite garantizar una adecuada coordinación entre los tres niveles y órdenes de Gobierno.

Asimismo ha propalado una nueva estrategia general de protección civil en México, que fortalece tanto su organización y funcionamiento, como sus instrumentos de intervención, teniendo como fin último la reducción, previsión y control permanente y priorizado del riesgo de desastre.

Ninguna de estas directrices funcionaron ante el embate de las Tormentas Tropicales “Ingrid” y “Manuel”. Por falta de prevención adecuada del riesgo, de manera lamentable se han perdido vidas humanas, viviendas de familias que han quedado sin hogares, infraestructura carretera, agricultura, ganadería, pero también la confianza en nuestras instituciones está nuevamente en entredicho.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión requiere al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía sobre las medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos implementados en el caso de las Tormentas Tropicales “Ingrid” y “Manuel”; así como los protocolos de actuación instrumentados antes, durante y después de la situación de emergencia.

Segundo.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión cita a comparecer a Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador General de Protección Civil de la Secretaría de  de Gobernación para que informe a esta Soberanía sobre las medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos implementados en el caso de las Tormentas Tropicales “Ingrid” y “Manuel”; así como los protocolos de actuación instrumentados antes, durante y después de la situación de emergencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza".





 

Del C. Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud a que en conjunto con el gobierno del estado de San Luis Potosí, trabajen coordinadamente para fortalecer y mejorar las acciones del operativo sanitario en estados afectados por “Ingrid” y “Manuel”, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue; así como combatir y minimizar los riesgos sanitarios ante las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar qué mecanismos de acción pretende implementar para disminuir los altos índices de pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su informe “Medición de la Pobreza en México y en las entidades federativas 2012”. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR QUE MECANISMOS DE ACCION PRETENDE IMPLEMENTAR PARA DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE POBREZA DADOS A CONOCER POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL EN SU INFORME “MEDICION DE LA POBREZA EN MEXICO Y EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define que “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, esto es, I) rezago educativo, II) acceso a servicios de salud, III) acceso a la seguridad social, IV) calidad y espacios de la vivienda, V) servicios básicos en la vivienda y VI) acceso a la alimentación; además, si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”,1 es decir, que su ingreso es menor al valor de la línea de bienestar.

De acuerdo con el Informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012” realizado por el CONEVAL y presentado el pasado mes de  julio, la población en pobreza, aumentó de 52.8 millones de personas en 2010 a 53.3 millones en el año 2012.2

Asimismo, este Informe destaca a la “población vulnerable”, es decir, quienes no están en situación de pobreza, pero sí están al límite de serlo, ya sea porque tienen una o más carencias sociales pero un ingreso mayor a la línea de bienestar (personas vulnerables por carencias sociales) o porque no tienen carencias sociales pero sí un ingreso inferior a la línea de bienestar (población vulnerable por ingreso).

El aumento de la población vulnerable fue de 0.5%, lo que representa que 1.4 millones de mexicanos más, respecto de 2010, están expuestos a vivir en pobreza, ya sea por no tener acceso a la educación, vivienda, salud, seguridad social, alimentación o servicios básicos de vivienda o, por tener ingresos bajos, lo que es igual a estar por debajo de la línea de bienestar, esto es, un ingreso igual o menor a $2, 329 pesos en la ciudad o $1, 490 pesos en el campo.3

Tomando en cuenta que 28.6% de la población total del país vive en vulnerabilidad, es decir, tiene aproximadamente dos carencias en promedio y apenas percibe lo suficiente para estar por encima de la línea de bienestar, es sólo cuestión de una variación en la economía del país para que este sector de la población caiga en pobreza,4 por tanto, es alarmante que sólo 19.8% de los mexicanos puedan vivir cómodamente sin carencias y percibiendo un ingreso por encima de la línea de bienestar.5
Más alarmante es que sexenio tras sexenio, ya sea como propuesta de campaña o como un extraordinario programa social, se plantea la promesa de que se va a erradicar la pobreza, se diseñan e implementan políticas públicas que al momento de su aplicación arrojan indicadores que exhiben el notable fracaso de tan idealistas programas, por esta razón, ante tales resultados y lamentables programas,  la pobreza en México se mantiene constante desde hace décadas, lo que representa que en promedio la mitad de la población en el país está en pobreza.

El panorama actualmente no es distinto, la presente administración se comprometió en campaña a que mantendría el “Programa Oportunidades” y lo complementaría con el programa “Apoyo Alimentario”, además creó el programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”.6

La Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), de nuevo, plantea como objetivo el reducir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria.

Transformando el entorno social y económico se pretende mejorar la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario; el citado programa tiene como meta erradicar la pobreza de 7.4 millones de personas al final del presente sexenio.7

Nuevamente el objetivo de dicho programa se concentra en el propósito de todos los programas sociales pasados, enfocados a dar solución al alto índice de pobreza en México, a través de proveer los elementos de subsistencia básicos, pero no de generar los elementos necesarios para su erradicación, ya se comprobó que las políticas públicas implementadas no han mejorado la situación de pobreza de la gente.

En una primera etapa, el programa SINHAMBRE se pretende implementar en 400 municipios, los cuales fueron seleccionados con base en tres características principales: 1) alto porcentaje de población en pobreza extrema; 2) alto porcentaje de población con carencia alimentaria de personas en pobreza extrema; 3) alto número de personas con carencia alimentaria.8

Adicionalmente, cuestionable resulta que en diversos municipios seleccionados por el programa social “SINHAMBRE” no son los más necesitados y pobres del país, es decir, los que realmente se hubieran beneficiado por el programa, pero sí fueron escogidos algunos municipios en los que se celebraron comicios altamente competitivos el pasado de julio.

Para ejemplificar, en San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 56.1% de sus habitantes viven en pobreza extrema, y en Zirándaro, Guerrero, 57.4%, tomando en cuenta que estos municipios tendrán elecciones electorales hasta el 2015, coincidencialmente ninguno de estos Municipios están incluidos en la primera etapa de la Cruzada.9

Es posible mencionar que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa social diferente a los del pasado, al contrario, sí carece de líneas de acción óptimas para erradicar la pobreza, se reduce simplemente a prometer disminuir la pobreza con un modelo copiado de los programas implementados en administraciones pasadas, fungiendo como un complemento de los programas sociales ya existentes, cumplirán el objetivo de siempre, asistir la pobreza de los mexicanos.

El combate a la pobreza no debe plantearse como un problema sólo alimentario, sino es necesario tomar en cuenta las carencias sociales para generar desarrollo, como lo ilustra el periodista Manuel Larios, con los 249 mil millones de pesos destinados para la primera etapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se podrían solventar: 34 años de Fondos a PyMES (7 mil 300 mdp), 14 años de presupuesto para INMUJERES (16 mil 700 mdp), 12 años de presupuesto para la UNAM (20 mil mdp), 10 años de presupuesto de CONACYT (25 mil mdp), 9 años de presupuesto para 40 mil Escuelas de Tiempo Completo (27 mil 300 mdp), 4 años de Presupuesto para el GDF (58 mil 750 mdp), 3.5 años del Seguro Popular (69 mil 500 mdp), 2 años de pensión a 8,5 millones de adultos de 65 y más (126 mil mdp), construir dos refinerías de petróleo como la proyectada en Tula, Hidalgo (122 mil 400 mdp), construir 14 obras como el Túnel Emisor Oriente (16 mil 810 mdp) y construir 12 veces la Línea 12 del Metro (20 mil mdp).10

Claramente lo anterior demuestra que México puede dejar el asistencialismo y generar desarrollo, eliminando la idea de que los programas sociales sólo asisten y no subsisten.

En suma a lo anterior, es de resaltar que el acceso a seguridad social es una carencia de las más preocupantes, ya que de los seis tipos de carencia, ésta tuvo un aumento del 0.5% en comparación al 2010, dejando a 2.2 millones de personas sin derecho a una pensión o jubilación.

Es momento de erradicar desigualdades, injusticias, contradicciones y paradojas, resulta irónico que según la revista Forbes hay 53 multimillonarios en el país y según el CONEVAL hay 53 millones de pobres; es decir, un multimillonario por cada millón de pobres.

En conclusión, los programas diseñados para el combate a la pobreza se concentran en solucionar la problemática inmediata y en disminuir cifras; el cambio no se logrará únicamente con programas sociales asistenciales, es tiempo de reestructurar la estrategia, de crear políticas públicas no sólo sociales, también económicas e industriales, enfocadas en abatir la pobreza, garantizando la estabilidad económica, la inclusión productiva, la educación, el empleo, el desarrollo en el campo, con acciones encaminadas a preparar y capacitar a los más necesitados y a las futuras generaciones y con el pleno convencimiento e intención de ayudar realmente a todos los sectores por igual, tomando en cuenta sus capacidades y no sólo sus carencias.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que:

a) Informe a esta Soberanía qué mecanismos de acción pretende implementar para disminuir los altos índices de pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”.

b) Diseñe, implemente y, en su caso, modifique las políticas públicas creadas para incrementar el desarrollo social, económico e industrial, esto con el objeto de dar solución al incremento en los índices de pobreza en México.

c) Rinda un informe detallado y explique las razones por las cuáles el programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre” no incluyó a diversos Municipios clasificados en situación de pobreza extrema como el municipio de San Francisco Tlapancingo en Oaxaca y el municipio de  Zirándaro en el Estado de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013".

1 Glosario, Análisis y Medición de la Pobreza.Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx.

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012 [en línea, pdf, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_
POBREZA_2012_Parte1.pdf

3 Ibídem

4 Redacción Animal Político. Falta de seguridad social y sueldo bajo, factores que te hacen vulnerable a la pobreza, [en línea], México, 2013, [citado el 30 de julio de 2013], Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2013/07/falta-de-seguridad-social-y-sueldo-bajo-factores-que-te-hacen-vulnerable-a-la-pobreza/#axzz2aTspb9Ek

5 Ibídem

6 L. Montalvo Tania, De Solidaridad a la Cruzada contra el Hambre,[en línea], 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/22/cruzada-nacional-contra-el-hambre-2013

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre [en línea], pdf, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_
DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf

8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, La Selección de los 400 Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre es atribución de la Sedesol, [en línea], México, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/2013/SELECCION_400_
MUNICIPIOS.pdf

9 Hernández Erika, Buscan votos... olvidan hambre, [en línea] México, 2013,Grupo Reforma, [citado el 01 de agosto de 2013], disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx

10 Larios Manuel, Cruzada Nacional Contra el Hambre ¿Para qué alcanzaría?, [en línea], México, 2013, Más por Más, [citado el 05 de agosto de 2013], disponible en: http://www.maspormas.com/nacion-df/mexico/cruzada-nacional-contra-el-hambre-para-que-alcanzaria.





 

De la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A EMITIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

"María Verónica Martínez Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los recientes fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en varios estados del país, pero que tuvieron un mayor impacto en el estado de Guerrero, son una prueba de que este tipo de acontecimientos son recurrentes en el país y que casi siempre afectan a zonas donde la planeación urbana y de infraestructura vial ha sido nula o rebasada, lo cual provoca tragedias como la destrucción de viviendas, carreteras dañadas y en el peor de los escenarios la muerte de personas.

Deslaves, inundaciones, desgajamiento de cerros y laderas, pero también sismos, incendios forestales y hasta accidentes tan trágicos como el ocurrido en la Guardería ABC en Sonora, son sólo parte de los temas que corresponde atender, pero sobre todo prevenir, a las instancias de protección civil de los tres niveles de gobierno.

La pasada Legislatura del Congreso de la Unión, realizó un esfuerzo muy importante en materia de legislación al haber aprobado la Ley General de Protección Civil, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012 por el entonces titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo y a pesar de que en los artículos transitorios se señalaba que en 180 días el Ejecutivo Federal tendría que emitir el Reglamento correspondiente a dicha ley, el mismo no ha publicado por lo que es urgente contar con dicho instrumento que permita concretar los cambios legislativos en la materia que incluyen temas como los Atlas de Riesgo a nivel Federal, Estatal y Municipal.

La nueva Ley General de Protección Civil, destaca que es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

En la misma se incluyen conceptos “Atlas Nacional de Riesgos” que es un  Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.

En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

“En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción”, se añade.

Además se definen conceptos dentro de la Protección Civil como “Cambio Climático” que se establece es el cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos comparables.

Plantea también definiciones para los “Fenómeno Antropogénico” que se señala son agentes perturbadores producido por la actividad humana. “Fenómeno Natural Perturbador” que es un agente perturbador producido por la naturaleza.

“Fenómeno Geológico” que se define como agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.

La nueva ley en la materia fortalece las funciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, crea el  Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección; y la Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia dependiente de la Coordinación Nacional por conducto del CENAPRED, orientada a la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la capacitación, actualización y especialización de materias teóricas y prácticas.

El esfuerzo legislativo de senadores y diputados en esta nueva Ley General de Protección Civil incluye temas como la “Identificación de Riesgos” que destaca que deberá reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad.

Además se indica que la “Infraestructura Estratégica” es aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional.

Otra innovación de esta ley es el tema de los “Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos” que son los programas y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que hará frente a estas contingencias. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional.

Asimismo se establecen estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes.

Se añade que la “Reducción de Riesgos” es la intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades.

La citada nueva ley indica que se deberán emitir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil; gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles superiores.

También se fomenta y establece la a profesionalización de los integrantes del Sistema Nacional será permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera cuando se trate de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Es decir, estamos ante un marco legal moderno, que nos puede ayudar hacer frente a nuevas contingencias no sólo a causa de huracanes, tormentas tropicales, sino también sismos, prevenir tragedias provocadas por fallas humanas como el ocurrido en la Guardería ABC, la protección en estadios, en escuelas, en centros nocturnos, conciertos  y otras grandes concentraciones.

Hay temas que deben contemplarse incluso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y que deben ser solicitados y etiquetados por los gobiernos estatales como lo son los mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.

La Protección Civil debe dejar ser un tema que se celebre un día para recordar tragedias como la del 19 de Septiembre de 1985 y por el contrario debe ser parte de las políticas del Estado Mexicano, de los gobiernos estatales y municipales, para prevenir tragedias, con instrumentos que se consulten cotidianamente como los Atlas de Riego, la profesionalización del personal, los instrumentos y seguros de riesgo.

Ante lo anterior, propongo al Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Titular de Gobernación a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil, publicada el 6 de junio del 2012.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales, Municipales y del Distrito Federal a contemplar dicho marco legal en las Políticas de Protección Civil, diseñar y difundir “Atlas de Riesgo” entre la población y establecer todas las medidas incluidas en este nuevo marco legal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 01de octubre de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.”





 

De los CC. Senadores Ernesto Ruffo Appel, Ivonne Liliana Alvarez García, Marco Antonio Blásquez Salinas y Fernando Yunez Márquez, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte a implementar medidas urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y mercancías prohibidas. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LOS SISTEMAS DIF ESTATALES Y MUNICIPALES UBICADOS EN LA FRONTERA NORTE A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR QUE BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO CONTINUEN EXPLOTANDO Y OBLIGANDO A MENORES DE EDAD A TRAFICAR PERSONAS Y MERCANCIAS PROHIBIDAS

"Los SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA y MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo y por acuerdo unánime como integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, a propuesta del SENADOR FERNANDO YUNEZ MARQUEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II; 95, numeral 1; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente propuesta CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LOS SISTEMAS DIF ESTATALES Y MUNICIPALES UBICADOS EN LA FRONTERA NORTE A QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR QUE BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO CONTINUEN EXPLOTANDO Y OBLIGANDO A MENORES DE EDAD A TRAFICAR PERSONAS Y MERCANCIAS PROHIBIDAS de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años se ha incrementado el número de niños y adolescentes involucrados en el fenómeno migratorio. Ya sean motivados por reunirse con sus familiares o por buscar mejores oportunidades económicas, los menores constituyen una parte importante de la migración irregular a los Estados Unidos.

En sí los migrantes no autorizados son un grupo vulnerable, en el caso de los infantes, esta situación se torna aún más grave. Por esta razón, con el afán de proteger al menor se han dictado leyes y prácticas en la Frontera Norte que le han otorgado un trato privilegiado respecto a los migrantes adultos.

Tal es el caso de la práctica que permite que el menor sea devuelto por las autoridades migratorias infinidad de veces al intentar entrar a los Estados Unidos, sin que éste sea detenido de manera permanente.

La aplicación de esta medida por sí sola, ha generado un fenómeno social inesperado: los menores al gozar de una especie de inmunidad fronteriza han sido utilizados como una herramienta más de la industria de la migración informal o ilegal; los niños y adolescentes son usados dentro de la estructura de las bandas del crimen organizado como traficantes de personas o de mercancías prohibidas.

Las autoridades inmigratorias de los Estados Unidos han sorprendido a menores intentando cruzar de manera informal más de sesenta veces en un periodo relativamente corto de tiempo. Esto es un indicador de que el niño o adolescente no está pretendiendo ingresar a territorio estadounidense para radicar en él, sino que únicamente está desempeñándose como guía de migrantes. Desgraciadamente este fenómeno se está replicando a lo largo de la Frontera Norte.

Según un estudio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) relacionado al fenómeno de menores migrantes no acompañados, de los 8.340 mexicanos infanto-juveniles que han sido detenidos y repatriados de Estados Unidos, 261 – lo que equivale al 3.14 por ciento – han reconocido que cruzaron a territorio estadounidense para traficar tanto drogas como personas.

En este sentido, las organizaciones dedicadas a la protección de menores migrantes han alertado que en los últimos años, el crimen ha optado por reclutar a niños, niñas y adolescentes, pues si mueren en la operación su pérdida no afectaría a su estructura, o en caso de ser detenidos, los castigos serán mínimos.

De esta manera, los infantes se han convertido en carne de cañón, pues son reclutados por dinero o simplemente son obligados bajo amenazas a cruzar la frontera guiando personas o llevando remesas de droga.

Los menores de circuito al ser explotados de esta forma, están haciendo de la clandestinidad su forma de vida, costumbre que será complicada erradicar, provocando que interrumpan sus estudios y negándoles así la oportunidad de acceder a un trabajo digno, lo que a la larga tendrá efectos negativos para toda la sociedad.

Además, como menores de edad, estos continúan siendo repatriados, pero a la par van acumulando antecedentes en los archivos de las autoridades estadounidenses; este registro podrá ser usado como prueba una vez que el ahora menor alcance la mayoría de edad y reincida, para efecto de que el juez de inmigración en su momento pueda calcular una pena mayor, lo que acabaría con la posibilidad de desarrollo íntegro del niño o adolescente.

Las autoridades mexicanas deben implementar medidas urgentes para enfrentar este problema social. Aunque el artículo 160 de la Ley de Migración establece como delito la acción de “inducir, procurar, facilitar u obligar a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, de realizar tráfico de personas”; este ordenamiento por sí mismo no ha frenado ni frenará la repetición de este fenómeno delictivo.

Por un lado, la Procuraduría General de la República con el fin de erradicar esta brutal práctica, debe enfocar sus esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables de la explotación de la que son víctimas los menores que son usados como una mera herramienta para el tráfico de personas o incluso de drogas a los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, tanto el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como los sistemas DIF Estatales y Municipales ubicados en la Frontera Norte deben asumir la responsabilidad en este tema y deben implementar de manera coordinada políticas públicas tendientes a proteger y atender a estos menores, así como a brindar apoyo inmediato a sus familias con la finalidad de que no se prive a los niños del derecho a desarrollarse, con educación y con un futuro alejado de las organizaciones criminales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República a que de manera urgente enfoque sus esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables de la explotación de la que son víctimas los menores a lo largo de la Frontera Norte que son usados como una mera herramienta para el tráfico de personas o de drogas a los Estados Unidos.

SEGUNDO. De igual forma, se exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como a los sistemas DIF Estatales y Municipales ubicados en la Frontera Norte a que implementen de manera coordinada políticas públicas tendientes a proteger y atender a estos menores, así como a brindar apoyo inmediato a sus familias con la finalidad de que no se prive a los niños del derecho a desarrollarse, con educación y con un futuro alejado de las organizaciones criminales.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. Fernando Yunez Márquez".





 

De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la actualización de la NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR LA ACTUALIZACION DE LA NOM-025-SSA2-1994, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL HOSPITALARIA MEDICO-PSIQUIATRICA

"La suscrita, CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se publique la actualización de la NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

CONSIDERACIONES

En el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud sobre el Sistema de Salud en México publicado en el 2011, se menciona:

El contexto de la región de las Américas y del Mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social, que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socio-económico y cultural. En términos epidemiológicos, la salud mental participa a la carga glob