Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 21 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 10



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 01 de Octubre de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:13 horas) Solicito a la Secretaría informe el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 72 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del martes 1 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Ordendel Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintitrés minutos del día jueves veintiséis de septiembre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veinticuatro de septiembre de dos mil trece.

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizaron ampliaciones de plazo a veintitrés asuntos que solicitó la Comisión de Comunicaciones y Transportes para la presentación de los dictámenes respectivos.- Los asuntos se publicarán en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Roberto A. Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, oficio con el que comunica que sigue vigente la Convocatoria de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2013, hasta el 30 de septiembre y exhorta a los legisladores y ciudadanos en general a presentar sus propuestas para el otorgamiento de dicha presea.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Gobernación, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Vivienda, su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el calendario y formato de comparecencias de diversos servidores públicos del Gobierno Federal, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.- Fue aprobado en votación económica.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre el inicio de negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Periódico de la Décimo Séptima, Décimo Octava y Décimo Novena Rondas de Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre las negociaciones comerciales en curso.- Se remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre el inicio de negociaciones formales para un Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA), en el marco de la Organización Mundial del Comercio.- Se remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- La Presidencia informó que el miércoles 25 de septiembre se recibió y turno de manera directa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda y para opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación, en materia de apoyos económicos para jóvenes que cursan formación para el trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

(Excitativa)

El Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General, presentada el 4 de diciembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa alas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2013.- Fueron aprobados en votación económica.

Se recibieron de la Comisión de Administración, Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2013.- Quedaron de enterado.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero y Pablo Escudero Morales, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca, Benjamín Robles Montoya, René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Fernando Yunes Márquez, presentó iniciativa con proyecto deDecreto por el que se crea el Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la fracción vi del artículo 123, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso.

(R E C E S O)

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

Se llevó a cabo la comparecencia del Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para el análisis de la Política Económica del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

En la primera ronda de grupos parlamentarios, intervinieron los senadores:

Manuel Bartlett Díaz del PT;

Luis Armando Melgar Bravo del PVEM;

Armando Ríos Piter del PRD;

Ernesto Javier Cordero Arroyo del PAN;

José Francisco Yunes Zorrilla del PRI.

En la ronda de pregunta-respuesta-comentario, intervinieron los senadores:

Mónica Tzasna Arriola Gordillo;

Layda Sansores San Román;

Manuel Cavazos Lerma del PRI, quien realizó la pregunta.

José A. Orihuela Bárcenas del PRI, quien realizó el comentario.

Marco Antonio Blásquez Salinas del PT.

Francisco Domínguez Servién del PAN, quien realizó la pregunta.

Carlos Mendoza Davis del PAN, quien realizó el comentario.

Carlos Alberto Puente Salas del PVEM.

Alejandro Tello Cristerna del PRI, quien realizó la pregunta.

René Juárez Cisneros del PRI, quien realizó el comentario.

Dolores Padierna Luna del PRD.

Héctor Larios Córdova del PAN, quien realizó la pregunta.

Martin Orozco Sandoval del PAN, quien realizó el comentario.

Gerardo Sánchez García del PRI, quien realizó la pregunta.

Blanca Alcalá Ruíz del PRI, quien realizó el comentario.

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

(Proposiciones)

De los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial del 10% al 20%, y destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre nuestro país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como delas autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidosy órganos humanos.- Se turnó a la Comisión de Saludel primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados el segundo.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 la autorización de un aumento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos dela Federación para 2014 un fondo de 10.5 millones depesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca S.A. de C.V., con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar mejoras en la página de Internet de esta Cámara, garantizando y agilizando el acceso del ciudadano a la información legislativa.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal implementar políticas públicas y programas para reducir la tasa de desempleo en México.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a subsanar los requisitos relativos a los montos necesarios para acceder al Fondo Nacional de Desastres Naturales, concerniente a los municipios de Aramberri, Galeana, lturbide, Juárez, Linares, Rayones, Santiago y General Zaragoza, en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal realizan sobre la reforma energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar las respuestas a las observaciones al proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2010 y se contemple en la norma oficial mexicana definitiva el tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria a base de dihidrocloruro de sapropterina y fórmula láctea libre de fenilalanina.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federala considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Fenilcetonuria, incluyéndolo enel Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos Interinstitucional, permitiendo así el acceso a un tratamiento oportuno y de calidad para todos los pacientes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero y MiguelÁngel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para generar la información estadística sobre las condiciones de la vivienda en México.- Se turnó a la Comisión de Población y Desarrollo.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos CETS No. 197 del Consejo de Europa.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a proporcionar un informe sobre las acciones implementadas en las ciudades con más de 500 mil habitantes, a efecto de sistematizar el monitoreo de la calidad del aire.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Proteccióny Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones que fortalezcan los mecanismos de seguridad de los sistemas de pagos electrónicos con la finalidad de reducir los niveles de fraude.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la Repúblicalas propuestas para magistrados presidentes del Tribunal Unitario Agrario del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; de Guasave, Sinaloa; y de Victoria, Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

(Efemérides)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración delDía Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Adriana Dávila Fernández, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional en contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Natalicio de José María Morelos y Pavón, el 30 de septiembre de 1765.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del aniversario del natalicio de los próceres mexicanos Guadalupe Victoria y José María Morelos y Pavón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos y citó a la siguiente el martes primero de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría informe al Pleno sobre las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de los asuntos que se acordaron hace unos momentos.

La Mesa Directiva autorizó remitir a la Cámara de Diputados, el punto de Acuerdo por el que se solicita destinar recursos para el desarrollo de diversos proyectos en municipios y para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que fuera presentado por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona el 3 de septiembre pasado y turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

También la Mesa Directiva dio cuenta con el informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas, el cual se publicará en la Gaceta y contiene 182 movimientos.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Queda de enterado.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador René Juárez Cisneros, con la que remite su informe de actividades legislativas, correspondiente al primer año de ejercicio de la actual legislatura.



Sendas comunicaciones de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, con sus respectivos informes de actividades del primer año de ejercicio y su programa de trabajo para el segundo año.





Así también las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Reforma del Estado, de Trabajo y Previsión Social, de Estudios Legislativos y de Hacienda y Crédito Público, remitieron sus correspondientes informes de actividades, del primer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.



De la misma forma, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, remitió el informe de la reunión de trabajo para la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, no realizará una visita de Estado a Singapur, por lo que sólo se ausentará del territorio nacional del 4 al 9 de octubre, con objeto de realizar una visita oficial a Indonesia, el 6 de octubre y participar en la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013, los días 6 y 7 de octubre, y participar en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC, los días 7 y 8 de octubre, que se realizarán en la provincia de Bali, en ese país.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite la comunicación del Parlamento Centroamericano, por la que expresa sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales, en el paso de los huracanes "Manuel" e "Ingrid".



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea, agradece al Parlamento Centroamericano sus expresiones.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2013.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Informo a la Asamblea, que el día de ayer, lunes 30 de septiembre, se turnaron directamente a comisiones los siguientes asuntos que remitió la Cámara de Diputados.

Dé cuenta la Secretaría.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Colegisladora, una minuta proyecto de Decreto por el cual se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.



 

Se recibió, también, el expediente de la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 1 y adiciona un párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mismo que fue desechado y se turnó a las Comisiones Unidas para Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

"CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva

LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-3-961
EXPEDIENTE: No. 1920

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Economía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 32, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares

Secretaria".

Asimismo, la Cámara de Diputados, remitió el expediente de la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual fue, desechado, y se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

"CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva

LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-3-962
EXPEDIENTE: No. 1927

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares

Secretaria".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia, ratifica los turnos descritos y se agrega a la Comisión de Cultura y la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Colegisladora, se recibió un oficio por el que comunica la modificación en la integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas.

"CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva

LXII LEGISLATURA

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-2301

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas. (COPA)

México, D.F., a 26 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares

Secretaria".



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 115 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En esta oportunidad me permito poner a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver con el desarrollo urbano y territorial de las grandes ciudades de nuestro país y con la creación de reservas territoriales para vivienda.

En México, hoy día, el 80% de la población habita en las ciudades urbanas del país.

Por ello, y por la realidad y la anarquía que existe, en muchas de ellas, por el crecimiento desordenado de las mismas, y por la carencia de reservas territoriales, para que de manera ordenada se pueda planear el desarrollo territorial y el crecimiento urbano de las mismas, se hace necesario emprender acciones que garanticen calidad en los servicios y desarrollo urbano sustentable.

En el país, está cuantificado, existen diversas áreas, superficies, posibles de transformarse en reservas intraurbanas, muchas de ellas, propiedad del gobierno federal, que conviene ir inventariando e ir listando.

Hoy día, hay 9 millones de insuficiencia en términos de vivienda. El déficit es de 9 millones y fundamentalmente, esta falta, se ubica en seis estados de la República que absorben el 76% de este faltante.

Destacan Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Baja California, Oaxaca y Guerrero.

Sin considerar lo que habrá de incorporarse a esta insuficiencia a partir de que se termine de inventariar la afectación en las habitaciones, en las viviendas de quienes sufrieron el embate de los últimos fenómenos naturales que hoy tienen postrado al país en una situación verdaderamente complicada.

Todo ello hace que sea de la mayor relevancia que el gobierno federal, en coordinación con los estados y los municipios, se aboquen a la creación de las reservas territoriales que se demandan para poder ir abatiendo el rezago en la materia. Por ello, estimamos fundamental que el marco jurídico contemple que los programas desarrollados por gobiernos e instituciones prevean invariablemente la creación de estas reservas.

Ello traerá como beneficio a la gente que estas reservas se destinen al desarrollo de vivienda social como parte de una política de Estado que ayude a lograr un mejor desarrollo urbano y ordenamiento territorial en nuestro país, y por otra parte, habrá de permitir que la Federación, las entidades federativas y los municipios lleven a cabo la planeación y regulación de estas reservas en las zonas urbanas.

Este año ha iniciado un inventario de reservas territoriales por parte de la SEDATU, lo cual va a permitir ir disponiendo de esta información fundamental para el ordenamiento territorial de las grandes ciudades.

La propuesta que hoy ponemos a su consideración, tiene que ver con la posibilidad de reformar la fracción VI del artículo 115 constitucional para establecer este concepto de administración del desarrollo territorial y urbano con la idea de que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo la planeación y regulación de reservas intraurbanas.

Compañeras y compañeros Senadores, es importante impulsar esta reforma al 115 constitucional y lograr que los municipios estén facultados para planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación y las entidades federativas el desarrollo de los centros urbanos a través de la creación de reservas intraurbanas con la finalidad de lograr la ordenación territorial y regional, ya que esta figura hoy no está debidamente contemplada en el texto constitucional y tampoco en las leyes secundarias.

Esta reforma habrá de permitir lograr el desarrollo de las ciudades en un marco que nos conduzca a la planeación de nuevos desarrollos habitacionales considerando factores fundamentales como la ubicación, la seguridad de las familias que ahí habrán de habitar, accesibilidad, equipamiento, ingeniería urbana y servicios públicos comunes a los centros urbanos a fin de volverlos más competitivos y más sustentables.

El ordenamiento territorial, el ordenamiento del crecimiento de las ciudades, a raíz de las experiencias lamentables que hoy hemos vivido, se hace una exigencia impostergable, por lo que me parece fundamental que podamos apoyar y respaldar esta iniciativa que le sirva a la gente y proteja sus vidas.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Rene Juárez Cisneros, Senador de la República por el Estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motivos

Debido a que el 80 por ciento de la población se encuentran en ciudades y áreas metropolitanas, es necesario emprender acciones que garanticen calidad en los servicios y desarrollos urbanos sustentables. De ahí la necesidad de crear reservas intraurbanas con el fin de atender el rezago de viviendas a nivel nacional.

En los últimos años, el auge en la construcción de vivienda llevó al desorden, pues se privilegió la reducción del déficit por encima de la calidad de vida. Se construyó en 106 localidades de la periferia de las grandes ciudades y en lugares lejanos sin servicios, como escuelas, hospitales, transporte y empleo.

Lo cierto es que hubo falta de incentivos para que los desarrolladores construyeran dentro de las ciudades porque el precio del suelo se encareció por lo que buscaron tierra más barata.

El Gobierno Federal tiene mapeadas las entidades federativas en donde el rezago habitacional se concentra: en 14 entidades dicho rezago suma casi7 millones de viviendas, que representan 75.8% del rezago nacional.

Las seis entidades en donde se ubica el mayor rezago de vivienda son Veracruz, con 894 mil casas habitación; Chiapas, 771 mil; Estado de México, 747 mil; Baja California, 563 mil; Oaxaca, 487 mil y el Estado de Guerrero con 486 mil viviendas.

En este sentido es importante que el Gobierno Federal, en coordinación con ayuntamientos y gobiernos estatales, logre crear reservas intraurbanas para que se destinen al desarrollo de vivienda social, como parte de una política de Estado que ayude a lograr un mejor desarrollo urbano y ordenamiento territorial en nuestro país.

En México existen muchos espacios territoriales, algunos de ellos federales, donde pueden establecerse reservas intraurbanas que pueden utilizarse para la construcción de vivienda social.

El año de 1976 fue clave en materia de legislación urbana en México, ya que se expidieron las reformas a la Constitución federal en los artículos 27, 73 y 115, la Ley General de Asentamientos Humanos y las leyes locales de desarrollo urbano, que establecieron las bases jurídicas para la planeación urbana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VI del artículo 115, establece que: “Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.”

Por otra parte, las atribuciones de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en materia de zonas conurbadas, se indican en los artículos 7o., fracción XIV, 8o., fracción V y 9o., fracción VI, respectivamente, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos.

En el artículo 12 de esta Ley General se indican los diversos tipos de programas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, de igual forma, se mencionan los diferentes programas de ordenación de zonas conurbadas.

Asimismo, en el artículo 20 de este ordenamiento jurídico se comprende lo relativo a las conurbaciones. En él se indica que el fenómeno de conurbación lo planearán y regularán de manera conjunta y coordinada la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, según sea el caso.

Hoy, de acuerdo con información de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las reglas de operación de la nueva política que vivienda que se aplicará a partir del 1 de enero de 2014, estarán enfocadas en atender aquellas entidades y municipios con amplio rezago habitacional y en donde se han detectado espacios urbanos vacíos para construir vivienda vertical o condominios verticales.

La Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior, elaborada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), plantea que el reto será construir ciudades sustentables, ocupando, saturando y consolidando los espacios intraurbanos y los de la primera periferia de las ciudades mexicanas.

Como vemos, la figura para la creación de reservas intraurbanas no está contemplado en el texto constitucional y tampoco en la Ley secundaria. Por lo que consideramos fundamental realizar la reforma planteada, a fin de que la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo la planeación y regulación de estas reservas en las zonas urbanas, con la finalidad de generar sinergias y lograr el desarrollo de las ciudades en un marco que nos conduzca a la planeación de nuevos desarrollos habitacionales considerando factores como ubicación, accesibilidad, equipamiento, ingeniería urbana y servicios públicos comunes a los centros urbanos, a fin de garantizar la funcionalidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad de las viviendas del país.

El Inventario de Suelo indica que en las 129 ciudades con más de 50 mil habitantes existen más de 495 mil hectáreas de suelo susceptible de ser incorporado al desarrollo urbano; 182 mil hectáreas, tienen uso habitacional; 17% son intraurbanas y 54% son periurbanas, de ahí la importancia de favorecer la ocupación de los predios ociosos y los urbanos vacíos, así como promover ciudades compactas tomando en cuenta las reservas intraurbanas.

La conurbación requiere de precisiones en términos técnicos, programas de desarrollo urbano, planes y programas enmarcados en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el programa sectorial en materia de desarrollo urbano a nivel federal, además de los que corresponden a nivel local.

Conurbaciónesla continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población. De ahí la importancia de coordinar la realización de la planeación metropolitana, con la participación que corresponda al Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales limítrofes, así como a los demás órganos de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, en las materias señaladas en la Constitución y en las leyes secundarias, para impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos, en los que se concerte la voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona metropolitana.

De ahí la importancia de que en la elaboración de los programas se prevea la creación de reservas intraurbanas, en la que se requiere de un marco jurídico que lo contemple, además de la voluntad política de todos los actores interesados para lograr proyectos de desarrollo urbano a partir de la ordenación territorial y regional que aseguren la participación de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de nuestra Ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único.- Se reforma la fracción VI del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. …

I a V. …

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros y la creación de reservas intraurbanas, con apego a la ley federal de la materia.

VII a X. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros".

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Urbano y de Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Pineda Gochi, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Con el propósito de pedirle al Senador René Juárez que nos permita sumarnos a su iniciativa y reconocerle que en estos momentos es muy vigente su tema y muy necesario para el desarrollo ordenado de los municipios.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aceptada. Ruego a la Secretaría tome nota de las Senadoras y Senadores que se están adhiriendo a la propuesta.

Tiene ahora la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión y del Código Penal Federal.






Tiene ahora la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión y del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS      DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Angélica de la Peña Gómez, Angel Benjamín Robles Montoya, Alejandro Tello Cristerna e Hilda Esthela Flores Escalera)

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muy buenos días a todas y a todos.

La población mexicana experimenta desde hace varios años un constante, pero acelerado proceso de envejecimiento. Esta situación es consecuencia de varios factores: los avances en las ciencias médicas, el mejoramiento de las condiciones de vida, el descenso de la fecundidad y de la mortalidad infantil y al aumento de la esperanza de vida.

Se calcula que para el 2020 las personas mayores constituirán una octava parte del total de la población, con poco más de 15 millones y para 2040 1 de cada 4 mexicanos se ubicará en este grupo poblacional.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Personas Mayores, INAPAM, más de 10 millones de mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales el 21% tienen problemas de acceso a la alimentación; 26% a servicios de salud; 28% no tiene seguridad social y 16% no cuentan con un servicio de vivienda.

Los adultos mayores en México se enfrentan todos los días a situaciones de desigualdad social, enfermedad, vulnerabilidad, malos tratos, inequidad y discriminación debido a su edad.

La base poblacional del país ha comenzado a cambiar y con ella los problemas que deben de enfrentarse.

Por ello hoy, el Día Internacional del Adulto Mayor, presentamos esta iniciativa, Senadores de los tres grupos parlamentarios tanto del PAN, PRI y PRD, con cuatro ordenamientos importantes: reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, México ha tenido grandes avances en materia de derechos humanos. Con la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada el 10 de julio de 2011 se reconoce el criterio universalmente aceptado de que los derechos no son producto de una concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino que constituyen un ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el derecho y por las instituciones estatales.

La reforma establece que las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Uno de los objetivos de la iniciativa presentada, es armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se incorporan también los principios de igualdad entre hombre y mujer, así como el principio de solidaridad intergeneracional.

Se realiza una revisión del lenguaje contenido en la ley para reconocer a los adultos mayores como titulares de derechos y no como un grupo vulnerable, lo cual es un cambio de paradigma, es decir, se considera el envejecimiento como un asunto de derechos humanos.

Los derechos de las personas adultas mayores deben reafirmar el principio de igualdad y no discriminación por motivos de edad como se reconoce en las normas internacionales; por ello, esta reforma considera prioritario incorporar acciones afirmativas o medidas especiales, que implicarían una diferencia de trato respecto de las personas de edad. En este sentido, se incorporan y fortalecen derechos desde la visión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tales como:

El Derecho a la igualdad y no discriminación.

El Derecho a la integridad física, psíquica y a un trato digno.

A una vida libre de violencia física, psíquica, emocional o económica y de toda forma de abandono.

Las personas adultas mayores manifestarán su consentimiento previamente a ser internados en alguna institución pública o privada.

En los casos en que el adulto mayor no cuente con las condiciones para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica deberá existir resolución judicial que determine el estado mental del adulto mayor.

Derecho a la vida, a la salud y a la muerte digna.

Derecho a tener acceso equitativo a tratamientos de cuidados paliativos permitiéndoles evitar el dolor y morir con dignidad.

Derecho a manifestar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier tratamiento o prueba médica. En los casos en los que el adulto mayor no cuente con las condiciones para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, deberá existir asimismo una resolución judicial que determine el estado mental de este adulto mayor.

Derecho a disfrutar de la atención de la salud preventiva y reconstituyente, en particular, mediante la atención primaria y con inclusión de servicios de rehabilitación.

Se elimina la adición asistencialista del derecho a la vivienda y se crea una nueva fracción para establecer el derecho a la vivienda digna y adaptada a sus necesidades.

Se fortalece el derecho a participar en la vida social, cultural, política de la comunidad. Los adultos mayores, de ser aprobada esta iniciativa, tendrán derecho a participar activamente en la formulación de medidas legislativas y políticas públicas que afecten sus derechos, en particular las políticas relacionadas con el envejecimiento.

Se fortalecen las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia desde una perspectiva de igualdad de género y bajo el principio de solidaridad intergeneracional.

Esta iniciativa, reconoce de manera particular el trabajo que han realizado las organizaciones de la sociedad civil a favor de las personas adultas mayores.

Por ello, la propuesta establece que los adultos mayores, tutores, personas responsables u organizaciones tendrán derecho a recibir apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.

Se incorpora un capítulo IV las Organizaciones de la Sociedad Civil en donde se establece la importancia de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente el Instituto Nacional de Adultos Mayores es el rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. Cuenta con un Consejo Directivo, el cual es responsable de la planeación y el diseño de las políticas públicas anuales que permiten la ejecución transversal a favor de las personas de edad. Es indispensable la vinculación con todas las instituciones que tratan el tema del envejecimiento desde cualquier trinchera.

El Consejo Directivo se encuentra integrado por diversas dependencias de la administración pública.

Se incorpora al titular del Instituto Nacional de Geriatría, a un representante de la sociedad civil y a dos ciudadanos de trayectoria reconocida en temas de envejecimiento, como integrantes del Consejo Directivo del INAPAM.

Reformas a la Ley de Educación.

Se incorpora como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización y con reconocimiento de validez oficial, fomentar la conciencia sobre el envejecimiento y la importancia de la solidaridad entre generaciones.

La Ley General de Educación establece que el criterio que orientará la educación, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión buscan eliminar los estereotipos de las personas adultas mayores y fomentar la solidaridad entre las generaciones.

Por último, reformas al Código Penal Federal.

Se incluye en el tipo penal de abandono de personas el elemento adulto mayor. Actualmente comete el delito de abandono de persona el que abandona a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma; cometerá el delito también, a partir de la aprobación de esa iniciativa, quien abandone a una persona adulta mayor teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del defendido.

Con estas medidas, lo que se pretende es ir tomando las medidas necesarias para atender a este grupo poblacional que el día de hoy conmemoramos, y que a partir de la aprobación de esta iniciativa, la cual agradezco el que la hayan signado Senadores del PRI, del PAN y del PRD, en dignificar e incorporar todos los derechos de las personas adultas mayores como derechos humanos igual que cualquier ser humano de cualquier otra edad.

Muchísimas gracias a todos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO P0R EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA CREAR EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La regulación de los programas públicos es un apartado muy importante de la agenda de reformas sociales que le urgen al país, no obstante es un tema que resurge siempre al calor de los procesos electorales, se aborda en el marco de la disputa por el poder por razones de equidad electoral, no de justicia social.

Una vez que pasan las contiendas, el asunto se olvida o simplemente deja de ser considerado como prioritario. Como recordarán, la cuestión de los programas sociales fue una de las promesas del llamado Pacto por México, en nuestra opinión se trata de un tema de la más alta prioridad porque tenemos grandes desafíos en materia de desigualdad, de exclusión social, de pobreza y de marginación de derechos sociales incumplidos.

El Estado mexicano tiene un compromiso irrenunciable ante tales problemáticas, los programas públicos deben aportar sustancialmente al cumplimiento de este compromiso, se trata de avanzar en propósitos que no puedan aplazarse ni estar sujetos a las coyunturas políticas.

La iniciativa que someto a su consideración, tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Programas Sociales, un instrumento que nos permita tener mayores niveles de coordinación, eficiencia, transparencia e integralidad en las acciones del Estado mexicano para promover el desarrollo social.

México debe ser más efectivo en el combate frontal a la pobreza, en la disminución de las desigualdades sociales y económicas.

Buscamos también generar instrumentos que impidan e inhiban las viejas prácticas de lucrar con el hambre y la miseria de la gente, de condicionar beneficios sociales a cambio de apoyo político. Debemos erradicar las prácticas que atenten contra la dignidad y los derechos de las personas.

Aprovecho la ocasión para reconocer el CONEVAL, un organismo que nos ha permitido contar, por primera vez en la historia, con una medición consistente de la pobreza, y con una evaluación más objetiva e imparcial de los programas sociales.

Quedaron en el pasado las cifras de pobreza maquilladas de los gobiernos federales que actuaban como juez y parte al evaluar el desempeño de sus propias políticas.

Las cifras del CONEVAL nos demuestran el fracaso de la estrategia de desarrollo actual, que sigue arrojando a millones a la pobreza en vez de combatirla, pero sus informes nos han revelado también un panorama bastante desastroso por lo que se refiere a los programas sociales, grandes problemas de dispersión y falta de coordinación entre instancias federales, y de éstas con los estados; cobertura limitada de programas, disociación con los derechos sociales, duplicidad, conflictos de sostenibilidad y de financiamiento.

Existe una tendencia a crear programas sin que esté clara su justificación, el diagnóstico ni los criterios de asignación de prestaciones.

Hay rezagos considerables en materia de transparencia y evaluación, lo cual es más marcado en algunos gobiernos estatales.

El sistema que proponemos estaría normado por la Ley General de Desarrollo Social, un ordenamiento aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas que tuvo la virtud de institucionalizar el enfoque de derechos sociales en las políticas y programas sociales. Otro acierto fue la creación del CONEVAL.

Con esta propuesta buscamos hacer más efectivos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Ello con pleno respeto a las atribuciones que correspondan a cada uno de ellos, bajo una clara visión federalista de la política social.

Se trata de contar con una política integral que vincule diagnóstico, programas, padrones y evaluaciones, que evite la tendencia al inmediatismo y la discrecionalidad excesiva.

El sistema contempla los siguientes componentes:

- Un diagnóstico social integrado, que es un instrumento inédito, un paso fundamental para tener un programa completo de la cuestión social de nuestro país, para que conozcamos la visión de los distintos órdenes de gobierno, del CONEVAL, de los organismos homólogos en los estados.

- La base de datos nacional de programas sociales, garantizará que las dependencias federales y estatales intercambien, hagan pública y transparente la información de los programas existentes. Con ella, se harán más efectivos los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación.

- El Registro Unico de Beneficiarios permitirá dar seguimiento a la situación de las familias mexicanas destinatarias de los programas, evitar exclusiones injustas y romper con manejos clientelares, facilitará la evaluación del impacto social de los programas y sus resultados en la transformación de las condiciones de vida.

La iniciativa establece una regulación básica de los programas sin desconocer que existen normas dispersas al respecto.

En primer lugar, por mandato de la ley, la universalidad de los derechos sociales será el fundamento para el diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas sociales.

Se hará transparente la información de todos los programas, objetivos, prestaciones o beneficios que incluyen, metas, indicadores, recursos presupuestales, normatividad y los lineamientos con que cuenten para su ejecución.

Los programas deberán contar con mecanismos de participación ciudadana en todas sus etapas, diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación.

La lógica del paternalismo deberá quedar atrás para inaugurar la etapa de la ciudadanía social, de los programas sociales de corte democrático.

El sistema hará posible una evaluación conjunta de todos los programas, será un instrumento que revele los desafíos que enfrentamos para construir una auténtica política de Estado.

Además, los resultados de las evaluaciones del CONEVAL tendrán carácter vinculatorio para las dependencias federales. Así se corregirán las distorsiones e inconsistencias.

Estoy consciente de que el país requiere un viraje en la política social y en la política económica también, que la situación de México no está para dilapidar esfuerzos o recursos, regular los programas es sólo una parte, se requieren muchas cosas para que hayan condiciones de vida digna, justicia social, para aminorar las enormes desigualdades.

Sea cual fuere la orientación de los programas y el orden de gobierno que los implemente, deben ser transparentes, efectivos y democráticos, deberán reivindicar la dignidad de las personas.

Para garantizarlo es que pongo a su consideración esta propuesta.

Por la atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Raúl Morón Orozco, Senador de la República por el estado de Michoacán de Ocampo en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 24; UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 41; UN PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 42; UN CAPITULO III BIS AL TITULO CUARTO; LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 50; LA FRACCION VI DEL ARTICULO 52; EL ARTICULO 63 BIS; LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 74, Y SE REFORMA ADICIONALA FRACCION VI DEL ARTICULO 1 Y EL ARTICULO 80, TODOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Pacto por México se estableció el compromiso de crear el Sistema Nacional de Programas Sociales, con el cual se buscaría combatir con mayor eficacia la pobreza, evitar duplicidades y subsidios regresivos, y disminuir los márgenes de discrecionalidad que posibilitan el uso político electoral de los programas públicos.

Este acuerdo fue refrendado en el contexto de los procesos electorales locales, que tuvieron lugar el pasado mes de julio. Sin embargo, una vez terminadas las elecciones, el tema fue olvidado en la agenda nacional.

En nuestra opinión, la revisión o el fortalecimiento de la política de desarrollo social no debe estar sujeto a las coyunturas políticas. Debe ser atendido por razones de justicia social, no para garantizar equidad en las elecciones.

Desde el Congreso de la Unión debemos aportar en la construcciónuna auténtica política de Estado en materia social, con estrategias, objetivos y metas de largo plazo.

Los resultados limitados en materia de desarrollo social y la ineficacia en el combate a la pobreza tienen con factores estructurales, con el desempeño económico, pero también con decisiones políticas, con la subsistencia de viejos problemas que hacen ineficaces los programas sociales, o que incluso distorsionan los objetivos de la política social.

Lo cierto es que hoy no contamos con un instrumento real para articular los programas, para hacerlos más efectivos y transparentes, para blindarlos del uso político electoral, independientemente del orden de gobierno de que se trate.

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) significó un avance muy importante en la institucionalización de la política de desarrollo social bajo un enfoque de derechos. Fue aprobada por consenso de todos los partidos en el Congreso de la Unión en el año 2003, entró en vigor el 20 de enero de 2004.

La creación del CONEVAL, ha permitido contar con una medición oficial, sistemática y científica de la pobreza, y una evaluación imparcial y objetiva de los programas sociales.

Por primera vez tenemos un mayor acercamiento respecto a la situación de los derechos sociales y de la situación del desarrollo social, así comode las problemáticas o insuficiencias que enfrenta la implementación de programas públicos.

No obstante, queda claro que no contamos con una política de carácter integral y que la LGDS ha sido insuficiente para avanzar en dicho sentido.

El CONEVAL ha dado a conocer distintas problemáticas. Por ejemplo:

Ha señalado que el sistema actual (referido a los programas) tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan en su cobertura limitada, disociación con los derechos sociales, fragmentación (institucional y financiera), descoordinación entre programas (tanto federales como estatales), desigualdades horizontal y vertical, así como financiamiento y entrega de paquetes de beneficios desiguales.

Ha identificado una gran dispersión y falta de coordinación entre instancias federales. Si se incluye programas de gobiernos locales, el problema es aún mayor. Además, ha señalado que no es fácil tener información sobre la política de desarrollo social en los gobiernos locales.

Desde 2007 inició la integración del Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, cuyo análisis muestra que hay un gran número de programas dirigidos a atender carencias similares y por ello se tiene una gran dispersión.

De 2004 a 2007 se incrementó 17% el número de programas y 1% el presupuesto de los mismos. En 2008-2011 aumentó 11% el número de programas y 42% el presupuesto, lo que contribuyó a tener mayor dispersión.

No siempre es clara la razón por la que se crean programas de desarrollo social año con año. Posiblemente varios de ellos son creados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados de estos programas, Coneval afirma que la sospecha de un uso político es inevitable.

Lo cierto es que en México no han podido erradicarse viejas prácticas, tales como el clientelismo, la asignación discrecional y sesgada de recursos, por medio de criterios políticos y no sociales.

El CONEVAL realizó también un diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de las entidades federativas en 2011, con base en la información disponible de cada entidad.

En general, los ejercicios de evaluación detectados son casos aislados, no se encuentran sistematizados o son anteriores a 2011. Asimismo, los ejercicios de reglas de operación y padrones de beneficiarios detectados no son homogéneos.

Hoy es indispensable fortalecer los esquemas de evaluación estatales, pero también el esquema federal. De poco sirve que el CONEVAL señale las deficiencias, si no hay voluntad en el gobierno para atender las recomendaciones que surgen, para reorientar o modificar los programas.

Entre las consecuencias de estos problemas se encuentra la inequidad y poca efectividad en el ejercicio de los derechos sociales, insostenibilidad financiera en el mediano plazo y la ausenciade instrumentos de política pública efectivos para enfrentar crisis asociadas con el cambiante escenario contemporáneo.

Todo lo anterior, demuestra que en México hace falta una estrategia integral e integradora de las políticas de desarrollo social, que involucre a las dependencias y entidades federales y a los distintos órdenes de gobierno, además que combata la discrecionalidad y las distorsiones.

Es por ello que proponemos crear el Sistema Nacional de Programas Sociales para garantizar una mayor coordinación, transparencia, acceso a la información, seguimiento, la evaluación y rendición de cuentas de los programas sociales de los tres órdenes de gobierno.

El sistema que proponemos permitirá ordenar los programas sociales, al tiempo que se fortalece el enfoque derechos exigibles y se combate la discrecionalidad.

Consideramos que su creación debe darse en el marco de la institucionalidad que rige la política de desarrollo social, que como hemos señalado, tiene avances pero ha sido insuficiente.

La Ley de Desarrollo Social, se trata de una norma de carácter general, dado que estableció la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, con fundamento en la fracción XXIX D del artículo 73 constitucional, que establece como facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia del desarrollo económico y social.

Por tanto, dicho ordenamiento es el más adecuado para normar el Sistema propuesto, con el cual, se introduce un mecanismo de carácter operativo, hoy ausente en la ley, que permitiría evitar la dispersión de esfuerzos y recursos presupuestales a partir de una visión global que contenga todos los programas sociales del Estado mexicano Federación-Estados-Municipios.

Esta visión global, sería una herramienta útil para articular programas y revisar su mejor inserciónen el marco amplio de las políticas sectoriales de salud, educación, seguridad social, etc.

Se propone que la coordinación del Sistema Nacional de programas sociales esté a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, respetando las atribuciones que tiene en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la propia Ley General de Desarrollo Social.

La Comisión Nacional de Desarrollo Social agrupa a la Sedesol, a los responsables de desarrollo social en las entidades federativas y a las asociaciones de municipios. Es un órgano que tiene la encomienda de fortalecer la coordinación y el federalismo. A pesar de su importancia, esta comisión ha sido desaprovechada.

La presente iniciativa, considera que es el órgano más apropiado para tomar las decisiones de carácter operativo que surjan con motivo de la aplicación del Sistema Nacional de Programas Sociales. Por ello, el Secretario Técnico de dicha Comisión lo sería también del Sistema,

Cabe aclarar, que el Sistema Nacional de Programas Sociales no sustituye sino complementa a un Sistema mucho más amplio que es el Sistema Nacional de Desarrollo Social.

El Sistema de programas sociales tiene diversos componentes: Se trata de contar con una política integral que vincule diagnostico, programas, padrones y evaluaciones. Con estos elementos se garantizará la congruencia y la consistencia a las acciones de Desarrollo Social, además, contribuirá a erradicar los amplios márgenes de discrecionalidad.

• Diagnostico Social Integrado, que agrupará la información que debe ser el principal insumo para crear programas de carácter social. En el caso federal, se trata información que generan organismos con un importante grado de autonomía, rigor científico y profesionalismo en sus mediciones yestadísticas.

Un diagnostico social integrado, es el primer paso para contar con políticas integrales y programas articulados. Servirá para cerrar el paso a programas creados con criterios poco claros o con fines de control político. Es también un paso fundamental para tener un diagnostico más completo de la cuestión social en nuestro país.

• Base de Datos Nacional de Programas Sociales. Con ello, se garantiza que todas las dependencias y entidades federales y estatales cuenten con la información de los programas existentes, lo cual será fundamental para hacer más efectivos los procesos de planeación, programación y presupuestación. Con esta medida, se hará transparente la información de todos los programas, objetivos, prestaciones o beneficios que incluyen, metas, indicadores, recursos presupuestales, normatividad y los lineamientos con que cuenten para su ejecución.

• Registro Único de Beneficiarios, que permitirá dar seguimiento a la situación de las familias mexicanas destinatarias de los programas. Ello rompe con las políticas inmediatistas y clientelares. Se dará sostenibilidad al combate de la pobreza. Se facilita la evaluación del impacto social de los programas y sus resultados en la transformación de las condiciones de vida.

El Sistema también incluye los resultados de las evaluaciones y recomendaciones del CONEVAL y de las instancias u organismos estatales de evaluación. Con la presente reforma, por primera vez se podría alcanzar una evaluación de conjunto de los programas sociales del Estado mexicano. Será un instrumento que revele los desafíos que enfrentamos para construir una auténtica política nacional.

Los Convenios de Coordinación son otro instrumento fundamental para la ejecución coordinada de políticas y programas. La creación del Sistema permitirá que se fortalezca dicha coordinación y evitar duplicidades.

Por otro lado, en cada entidad de la República se instalará un Consejo Técnico del Sistema, donde estarán presentes los Delegados Federales de las dependencias y entidades ejecutoras de programas sociales federales y los funcionarios que designe el titular del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa.

Esta propuesta obedece a la necesidad de buscar que se tomen en cuenta las condiciones sociales, territoriales e institucionales propias de la entidad federativa que corresponda. Se obliga al intercambio de información, a discutir estrategias y experiencias, y ampliar las acciones coordinadas entre ámbitos de gobierno.

Otra aportación, se refiere al establecimiento de una regulación básica de los programas sociales, que actualmente se encuentra dispersa e incompleta.

Así, se dispone que la universalidad de los derechos sociales sea el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas sociales. Ya sea que se trata de programas universales o dirigidos a ciertos sectores de la población, el objetivo último debe ser que todos los mexicanos puedan ejercer sus derechos sociales.

Esta regulación es acorde con la disposición del párrafo tercero del artículo 1º constitucional que a la letra señala:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

Fortalecer el enfoque de derechos es indispensable para dotar de una dimensión humana a los programas, plenamente respetuosa de la dignidad, por tanto, derivan del cumplimiento de la responsabilidad social del Estado. Es preciso erradicar la idea de que las prestaciones o beneficios son dádivas, que dependen de la buena voluntad de los gobernantes.

Las dependencias y entidades federales y de las entidades federativas ejecutoras, deberán entregar anualmente al Sistema Nacional de Programas Sociales, la siguiente información por cada programa:

En primer término, deberán señalar el Derecho social al que se dirige o del cual se busca garantizar su ejercicio. Esta disposición atiende una observación recurrente del CONEVAL, quien ha señalado que muchos programas están disociados o no toman en cuenta los derechos.

Además, las dependencias deberán señalar: La entidad o dependencia responsable del programa, los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Esta medida ayudará a que los operadores de programas incorporen una perspectiva de largo alcance, se buscará el cumplimiento progresivo de los derechos. Se debe evitar el inmediatismo, que surjan acciones al calor de procesos electorales.

Cada año, debe quedar claro con cuantos recursos cuenta cada programa. Por tanto, se entregará la programación presupuestal.

Además, se deberán hacer llegar los lineamientos de operación, los requisitos y procedimientos de acceso.

Cada programa debe hacer explícito los mecanismos de evaluación, que serán acordes a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Evaluación en el caso de los programas federales y las instancias estatales de evaluación en el caso de los programas estatales.También deberá establecer claramente los recursos de queja o inconformidad con que cuente la población para combatir cualquier decisión de la autoridad que vulnere sus derechos.

De igual forma, se debe señalar la forma en que se articula con otras políticas o programas sociales, ya sean del orden federal, estatal o municipal.

Será obligatorio que los programas establezcan mecanismos democráticos de control, fiscalización y monitoreo ciudadano en los programas estatales y federales.

No obstante, la presente propuesta garantiza la participación social en todas las etapas, desde el diagnostico, el diseño, la implementación, seguimiento y la evaluación de los programas.

En materia de rendición de cuentas, se establece como obligación de la Secretaría de Desarrollo Social enviar la información del Sistema Nacional de Programas Sociales a las Cámaras del Congreso de la Unión, durante el mes de agosto de cada año. Se facilitará con ello las facultades de control y seguimiento que llevan a cabo las cámaras en materia de desarrollo social. En el caso de la Cámara de Diputados, la información del Sistema mencionado será de gran utilidad para contar con una visión de conjunto de los programas, en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la federación.

La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, donde están representadas las diversas dependencias del Ejecutivo Federal relacionadas con la materia social, y la Secretaría de Hacienda, tendrá la facultad de aprobar los lineamientos y directrices del Sistema Nacional de Programas Sociales.

No obstante, es el CONEVAL a quien corresponde elaborar la propuesta de dichas normas, dado que es una instancia especializada que puede garantizar la congruencia entre los distintos componentes del sistema.

La Comisión Nacional de Desarrollo Social, como se ha dicho, es la instancia que permite el diálogo y alcanzar acuerdos entre los diferentes órdenes de gobierno. Por tanto, se le otorga la facultad de opinar y coadyuvar con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la elaboración de la propuesta de lineamientos y directrices del Sistema Nacional de Programas Sociales

Como otro elemento para garantizar la participación y el escrutinio ciudadano, se convocará por conducto de los Consejos Técnicos Estatales a las organizaciones sociales y civiles, a las instituciones de educación superior y a centros de investigación, para conformar Observatorios Ciudadanos, que tendrán por objeto vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Programas Sociales.

Los tres órdenes de gobierno deberán realizar evaluaciones transparentes y objetivas de los programas sociales y a garantizar su publicidad. El CONEVAL suscribirá convenios para coadyuvar con el cumplimiento de esta responsabilidad.

Se propone que las recomendaciones del CONEVAL tengan un carácter vinculatorio para las dependencias y entidades federales. Esto hará que las distorsiones o deficiencias sean atendidas.

Finalmente, consideramos que el Sistema Nacional de Programas Sociales es un instrumento que haría más efectiva la política social del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. SE ADICIONAN: El párrafo segundo el artículo 24; un párrafo segundo al artículo 41; un párrafo segundo del artículo 42; un Capítulo III Bis al Título Cuarto, que contiene los artículos 50 bis, 50 ter, 50 cuater, 50 quinquies y 50 sexies; la fracción XIII del artículo 50; la fracción VI del artículo 52; el artículo 63 bis; los párrafos segundo y tercero del artículo 74, SE REFORMA la fracción VI del artículo 1 y el artículo 80, todos de la Ley General de Desarrollo Social para quedar de la forma siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I-V

VI. Regular el Sistema Nacional de Programas Sociales;

VII-IX…

Artículo 24. Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecutoras de programas sociales, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán transparentar los criterios de distribución de recursos públicos a través de los programas sociales, en el marco del Sistema Nacional de Programas Sociales.

Artículo 41…

Los gobiernos de las entidades federativas garantizarán la realizaciónde evaluaciones objetivas, imparciales y transparentes de los programas sociales a su cargo con una periodicidad anual.

Artículo 42…

Los municipios garantizarán la realizaciónde evaluaciones objetivas, imparciales y transparentes de los programas sociales a su cargo con una periodicidad anual.

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

I-XI…

XII. Coadyuvar con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la elaboración de la propuesta de lineamientos y directrices del Sistema Nacional de Programas Sociales

XIII…

TITULO CUARTO

Capítulos I a III…

Capítulo III Bis

Del Sistema Nacional de Programas Sociales

Artículo 50 Bis. El Sistema Nacional de Programas Sociales tiene los siguientesobjetivos:

I. Promover la creación de políticas de carácter integral bajo una perspectiva de derechos, a través de la coordinación, complementariedad y vinculación de los programas sociales federales, y de estos con los programas de los gobiernos estatales y municipales.

II. Garantizar la transparencia, el acceso a la información, el seguimiento, la evaluación y rendición de cuentas de los programas sociales de carácter público que tengan a su cargo las dependencias y entidades federales, las de las entidades federativas y en su caso, los gobiernos municipales.

III. Combatir la dispersión de programas, acciones y recursos presupuestales.

IV. Ampliar los instrumentos de coordinación en materia de programas sociales entre las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno.

V. Evitar la exclusión indebida de personas o localidades que sean parte de la población objetivo, o duplicidades injustificadas en la asignación de prestaciones sociales.

VI. Fortalecer el enfoque derechos exigibles en los programas sociales y combatir la discrecionalidad de la autoridad en la determinación de beneficiarios.

VII. Combatir cualquier forma de condicionamiento, manipulación,clientelismo o utilización de los programas sociales con fines político-electorales.

Artículo 50 Ter. Son componentes del Sistema Nacional de Programas Sociales:

I. Diagnostico Social Integrado. Contendrá la información socioeconómica vinculada al desarrollo social, los indicadores de derechos sociales que existan; los mapas y las mediciones oficiales de pobreza que realice el Consejo Nacional de Evaluación, los indicadores y datos socioeconómicos que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los mapas e índices de marginación que establezca el Consejo Nacional de Población, los diagnósticos e indicadores en la materia que generen las dependencias y entidades de los gobiernos estatales.

II. La Base de Datos Nacional de los Programas Sociales. Este instrumento contendrá la información de los programas sociales de las entidades federativas y la federación, así como sus objetivos, prestaciones o beneficios que incluya, metas, indicadores, recursos presupuestales, normatividad y los lineamientos con que cuente para su ejecución;

III. El Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, y

IV. Los resultados, información y recomendaciones de las evaluaciones de los programas sociales federales y estatales.

V. Los Convenios de Coordinación.

Artículo 50 Cuater. La Coordinación del Sistema Nacional de Programas Sociales estará a cargo de la Secretaría. El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Desarrollo Social lo será también del Sistema a que se refiere este artículo. La Secretaría resolverá, con la aprobación de dicha Comisión las cuestiones operativas que surjan con motivo de la implementación del Sistema.

En cada entidad de la República se instalará un Consejo Técnico del Sistema, donde estarán presentes los Delegados Federales de las dependencias y entidades ejecutoras de programas sociales federales y los funcionarios que designe el titular del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa.

Dichos consejos tendrán las siguientes funciones:

I. Promover la elaboración conjunta de diagnósticossobre la cuestión social en cada entidad federativa;

II. Fomentar la planeación, el diseño, programación, yejecución coordinada de programas sociales;

III. Proponer estrategias para mejorar la articulación y evitar la dispersión de programas y recursos;

IV. Establecer acciones conjuntas para evitar la utilización de programas con fines político-electorales;

V. Sugerir al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo de la entidad respectiva, las propuestas que estimen deban ser incluidas en los Convenios de Coordinación.

Los consejos se reunirán al menos tres veces por año. Sus acuerdos se harán del conocimiento público; se remitirán a la comisión intersecretarial y a la comisión nacional, por conducto del titular de la Secretaría. Se remitirán también al poder ejecutivo de la entidad correspondiente.

Artículo 50 Quinquies. La universalidad de los derechos sociales es el fundamento para el diagnostico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas sociales así como para la planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos destinados a su cumplimiento.

Las dependencias y entidades federales y de las entidades federativas ejecutoras, deberán entregar anualmente al Sistema Nacional de Programas Sociales, la siguiente información por cada programa:

I. El Derecho social al que se dirige o del cual se busca garantizar su ejercicio.

II. La entidad o dependencia responsable del programa.

III. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

IV. Programación presupuestal.

V. Lineamientos de operación.

VI. Los requisitos y procedimientos de acceso.

VII. Los mecanismos de evaluación, que serán acordes a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Evaluación en el caso de los programas federales y las instancias estatales de evaluación en el caso de los programas estatales.

VIII. Los mecanismos de participación ciudadana en el diagnostico, diseño del programa, implementación, seguimiento y evaluación.

IX. La articulación con otras políticas o programas sociales, ya sean del orden federal, estatal o municipal.

X. Recursos de queja o inconformidad con que cuente la población para combatir cualquier decisión de la autoridad que vulnere sus derechos.

La Secretaría garantizará que la información del Sistema Nacional de Programas Sociales esté disponible para las dependencias y entidades federales, las de las entidades federativas y los municipios, y para la sociedad en general.

Artículo 50 sexies. La Secretaría, durante el mes de agosto de cada año, enviará a las Cámaras del Congreso de la Unión la información del Sistema Nacional de Programas Sociales.

Artículo 52. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:

I-V…

VI. Aprobar la propuesta de los lineamientos y directrices del Sistema Nacional de Programas Sociales, la cual será elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

Artículo 63 bis. El Sistema Nacional, por conducto de los Consejos Técnicos Estatales convocará a las organizaciones sociales y civiles, a las instituciones de educación superior y a centros de investigación, para conformar Observatorios Ciudadanos, que tendrán por objeto vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Programas Sociales, el cumplimiento de las disposiciones de esta ley al respecto y del objetivo de los programas.

Artículo 74…

El Consejo Nacional de Evaluación suscribirá convenios con las entidades federativas y los ayuntamientos que así lo requieran, con el fin de proporcionar la asesoría técnica necesaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 41 párrafo segundo y 42 párrafo segundo de esta ley.

El Consejo Nacional de Evaluación incluirá en sus informes de evaluación lo relativo al funcionamiento, resultados,problemáticas y recomendaciones relativas al SistemaNacional de Programas Sociales.

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público. Las recomendaciones tendrán carácter vinculatorio para las dependencias y entidades federales.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 26 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Raúl Morón Orozco".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Morón Orozco.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Robles, Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño)Sólo para felicitar al Senador Morón Orozco, sé que lo tengo a lado, pero por la práctica parlamentaria, es pedirle a usted que nos permita suscribir el Senador Morón este importante proyecto que nos ha presentado.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Acepta, Senador Morón Orozco? Aceptado.

También el Senador Zoé Robledo se registra con el mismo objeto.

Se concede ahora la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señora Presidenta.

Los centros de diversión, comúnmente denominados casinos, pueden llegar a generar grandes ventajas económicas para el país. Estos centros, correctamente regulados, podrían impulsar en cierta medida el turismo en diversas regiones y en diferentes estados.

Sin embargo, lo anacrónico del ordenamiento legal que lo rige, limita su vigilancia. Asimismo da lugar a la proliferación de giros negros en los que es sabido sirven de fachadas para la realización de actividades ilícitas.

De igual manera, la Ley Federal de Juegos y Sorteos no cumple con las exigencias necesarias para prevenir los efectos que produce el uso y abuso del juego, las enfermedades y patologías que se generan entorno al comportamiento humano por la realización compulsiva de esta actividad.

Abundando más, el juego es una actividad primordial para todo ser humano, permite ensayar ciertas conductas sociales y al mismo tiempo es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas.

Sin embargo, se observa que existe una tendencia en el incremento de las persona que muestran atracción hacia los juegos por apuestas o sorteos, a tal grado que la norma que rige dichas prácticas no logra contrarrestar los efectos nocivos que puede acarrear ser un jugador compulsivo.

La práctica recurrente hacia los juegos de azar, con apuestas y sorteos puede ser considerada como ludopatía. La Organización Mundial de la Salud definió esta conducta como el comportamiento de juego desadaptativo persistente y recurrente, que altera la continuidad de la vida personal, familiar y profesional del individuo.

La ludopatía es reconocida por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de la Salud; la cual ubica al juego patológico dentro de los trastornos del control de los impulsos.

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV, menciona que la ludopatía se caracteriza por cinco o más de los siguientes síntomas.

1. Preocupación por el juego.

  • Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado.
  • Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego.
  • Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.
  • El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia.

En consecuencia, la ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por la falta de control de los impulsos del juego de una persona, y de no atenderse con prontitud, puede atraer severos problemas físicos, psicológicos y sociales.

Es importante mencionar que dicha enfermedad produce dependencia, intolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida; por ende, se puede decir que la ludopatía puede ser considerada como una enfermedad crónica y de salud pública.

En México, es posible decir que el incremento de jugadores compulsivos se debe principalmente al aumento de los establecimientos de juegos y sorteos; hasta septiembre del año pasado, existían 359 establecimientos en operación y 679 más ya contaban con permiso para iniciar actividades.

A estos establecimientos se les debe de sumar los dos permisos para operar casi cien casinos durante 25 años, que otorgó la pasada administración federal, unos minutos antes de terminar el sexenio.

México no cuenta con estudios especializados que señalen la magnitud del juego patológico y el impacto que tiene la sociedad; sin embargo, en la publicación “Consideraciones Generales hacia la Prevención y la Atención del Juego Patológico en México”, elaborado por la Secretaria de Salud, se estimó que de 1 a 3 por ciento de la población general tiene problemas con su forma de jugar.

La Federación Mexicana de Jugadores en Riesgo reporta una prevalencia de alrededor del 5 por ciento en las áreas con mayor oferta lúdica, como es el caso de Monterrey, Nuevo León, en dicha entidad federativa se identificaron entre 2011 y 2012 a 173 personas que cumplieron con los criterios de diagnóstico de jugador patológico.

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención y Control de Adicciones estima que los adultos mayores representan entre el 20 y 25 por ciento de los jugadores patológicos; sin embargo, estas cifras no son oficiales.

Ante este inminente incremento porcentual de las personas que paulatinamente están recayendo en esta enfermedad, es necesario atender este problema latente que aqueja a la sociedad.

Por tal razón, el objeto de la presente iniciativa es modificar algunos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para así prevenir y sensibilizar a la población sobre las consecuencias que trae consigo la ludopatía.

La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con lo cual se propone limitar la entrada a las áreas de juegos con apuestas a menores de edad, oficiales uniformados, y aquellas personas que se encuentren bajo el influjo de alunas sustancias psicotrópicas o en estado de ebriedad.

Asimismo, se plantea la adición al artículo 9 Bis a la Ley de Juegos y Sorteos, esto con el objeto de obligar a que en las salas de juego con apuestas y sorteos se coloquen y mantengan permanentemente en lugares visibles del establecimiento publicidad, propaganda y mensajes alusivos que inviten a las personas a jugar de manera responsable y con el único propósito del sano esparcimiento; así como los efectos negativos que genera ser un jugador compulsivo.

Finalmente, se plantea adicionar las fracciones V y VI del artículo 12 del mismo ordenamiento jurídico, a fin de sancionar a los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cumplan con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9 y artículo 9 Bis de la ley en comento.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 9; EL ARTICULO 9 BIS Y LAS FRACCIONES V Y VI AL ARTICULO 12, DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La prohibición de los casinos en México quedó establecida desde el 24 de junio de 1938, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río publicó un Decreto Presidencial por el que ordenó su abolición, aduciendo que, por su propia naturaleza, son centros de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.

En otro orden de ideas, desde su publicación en 1947, la Ley Federal de Juegos y Sorteos no ha sido reformada; por tal razón, es posible afirmar que se cuenta con una norma jurídica anacrónica, la cual ha sido superada por las demandas actuales.

De lo anterior resulta que el debate parlamentario para regularizar los casinos no es nuevo; en las legislaturas pasadas se han presentado diversas iniciativas legislativas para regularlos; sin embargo, hasta el momento no han sido dictaminadas y mucho menos votadas.

Es de reconocer que por medio de ciertos casinos el crimen organizado puede lavar dinero; por una parte los dueños de dichos establecimientos podrían instalarlos y operarlos con dinero ilícito y, por otra parte, los jugadores pueden manejar fuertes sumas de dinero en efectivo, las cuales resultaran complicadas de detectar.

Estos centros de diversión pueden otorgar grandes ventajas económicas, siempre y cuando existe una adecuada ley que los regule, de lo contrario, podrían convertirse en una fuente inagotable de lavado de dinero del crimen organizado.

Ahora bien, el juego es una actividad sana, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como un “ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde”; por otro lado, define a la apuesta como “arriesgar cierta cantidad de dinero en la creencia de que algo, como un juego, una contienda deportiva, etc., tendrá tal o cual resultado; cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las que han perdido quienes no acertaron”.

El juego es una actividad primordial para todo ser humano pues tiene suma importancia en la esfera social, permite ensayar ciertas conductas sociales y al mismo tiempo, es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo.

Sin embargo, cada vez más personas muestran atracción hacia los juegos por apuestas o sorteos, a tal grado que la norma que rige dichas prácticas no logra contrarrestar los efectos nocivos que puede acarrear ser un jugador compulsivo.

La practica recurrente hacia los juegos de azar, con apuestas y sorteos puede ser considerada como ludopatía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió esta conducta como “comportamiento de juego desadaptativo persistente y recurrente, que altera la continuidad de la vida personal, familiar y/o profesional del individuo”.1

Por lo tanto, la ludopatía es reconocida por la OMS en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de la Salud (CIE-10);2 la cual, ubica al juego patológico dentro de los trastornos del control de los impulsos y describe los siguientes criterios:

A. Presencia de dos o más episodios de juego en un periodo de, al menos, un año.

B. Estos episodios carecen de provecho económico para el individuo y, sin embargo, se reiteran a pesar de los efectos perjudiciales que tienen a nivel social y laboral, y sobre los valores y compromisos personales.

C. El sujeto describe la presencia de un impulso intenso de jugar difícil de controlar, y afirma ser incapaz de dejar de jugar mediante el único esfuerzo de su voluntad.

D. Preocupación con sentimientos e imágenes mentales relacionadas con el acto de jugar o con las circunstancias que lo rodean.

Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV)3menciona que la ludopatía se caracteriza por cinco o más de los siguientes síntomas:

1. Preocupación por el juego, por ejemplo, preocupación por revivir experiencias pasadas de juego, compensar ventajas entre competidores o planificar el próximo juego, o pensar formas de conseguir dinero con el que jugar.

2. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado.

3. Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego.

4. Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.

5. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia (por ejemplo, sentimiento de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión).

6. Después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo (tratando de “cazar” las propias pérdidas).

7. Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación en el juego.

8. Se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza, para financiar el juego.

9. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego.

10. Confianza en que los demás le proporcionen el dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego.

En consecuencia la ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por la falta de control de los impulsos del juego de una persona, y de no atenderla con prontitud, puede atraer severos problemas físicos, psicológicos y sociales.

Es importante mencionar que dicha enfermedad produce dependencia, intolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida; por ende, se puede decir que la ludopatía puede ser considerada como una enfermedad crónica.

En México, el incremento de jugadores compulsivos se debe principalmente al aumento de los establecimientos de juegos y sorteos; hasta septiembre del año pasado, existían 359 establecimientos en operación y 679 más ya con permiso del organismo y a la espera de autorización de apertura por parte de los municipios.

Existen 29 permisionarios, organizados en dos representaciones: la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), y la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

A estos establecimientos tendremos que sumarles los dos permisos para operar casi 100 casinos durante 25 años, que otorgó la pasada Administración Federal unos minutos antes de terminar su sexenio.4

México no cuenta con estudios especializados que señalen la magnitud del juego patológico y el impacto que tiene en la sociedad; sin embargo, en la publicaciónConsideraciones Generales hacia la Prevención y la Atención del Juego Patológico en México, elaborado por la Secretaría de Salud, por medio del Consejo Nacional contra las Adicciones de la pasada Administración Federal, se estimó que de 1 a 3.4 por ciento de la población general tiene problemas con su forma de jugar; tan sólo en la Ciudad de México existen alrededor de 4 millones de personas que padecen ludopatía, lo anterior según la psicoterapeuta María Estévez.5

Por su parte, la Federación Mexicana de Jugadores en Riesgo, A.C. (FEMEJURI), reporta una prevalencia de alrededor del 5% en las áreas con mayor oferta lúdica, como es el caso de Monterrey, Nuevo León, en este entidad federativa se identificaron a 173 personas que cumplieron con los criterios diagnósticos de juego patológico entre 2011 y 2012.6

En este orden de ideas, el Centro Nacional de Prevención y Control de Adicciones (Cenadic) estima que los adultos mayores representan entre 20 y 25 por ciento de los jugadores patológicos;7 sin embargo, estas cifras no son oficiales.

El presidente del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral A.C., Carlos del Moral Ehlers, mencionó que "hay muchas mujeres involucradas en el juego, más que hombres. Un 60 o 65 por ciento del total de los jugadores son mujeres. Hablamos de personas de 35 años en adelante y especialmente personas de la tercera edad cuya pareja murió o que ya se jubilaron, que van al casino para ocupar su tiempo y terminan con problemas de juego patológico".8

Es necesario atender este problema latente que aqueja a la sociedad; por tal razón, el objeto de la presente iniciativa es modificar algunos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para así prevenir y sensibilizar a la población sobre las consecuencias que trae consigo la ludopatía.

La propuesta, consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para así cumplir con una técnica jurídica, ya que es necesario que además de prohibir el lugar en donde no se puedan establecer salas de juego, se incluyan también a las personas que no pueden estar al interior de dichos establecimientos, como son menores de edad, oficiales uniformados, y aquellas personas que se encuentren bajo el influjo de alguna sustancia psicotrópicas o en estado de ebriedad.

Es importante señalar que el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos ya estipula las personas que no pueden estar en las salas de juegos; empero, es transcendental que desde la norma legal se prevea la fuente de la prohibición.

Asimismo, se plantea la adición del artículo 9 bis a la Ley de Juegos y Sorteos, esto es, la obligatoriedad de que en las salas de juego con apuestas y sorteos se coloquen y mantengan permanentemente en lugares visibles del establecimiento publicidad, propaganda y mensajes alusivos que inviten a las personas a jugar de manera responsable y con el único propósito del sano esparcimiento, así como los efectos negativos que genera ser un jugador compulsivo.

Lo anterior, con el único y exclusivo objeto de prevenir a los visitantes de estos lugares respeto del juego compulsivo (ludopatía), del mismo modo, se sensibilizará a la población sobre las consecuencias que acarrea dicha patología.

Cabe destacar, que en el artículo 8 de la Ley de España 13/2011, de regulación del juego, se promueve la protección de los consumidores y políticas de juego responsable, esto lo hacen proporcionándole al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego moderado, no compulsivo y responsable.9

Finalmente, se plantea adicionar las fracciones V y VI del artículo 12 de la misma norma jurídica, con el objeto de que queden plasmadas jurídicamente las sanciones a los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cumplan con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9 y artículo 9 bis de la ley en comento.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

DECRETO

UNICO. SE ADICIONAN: un segundo párrafo alArtículo 9; el Artículo 9 bis; las fracciones V y VI, al Artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

ARTICULO 9.-…

Se prohíbe el acceso o permanencia a las áreas de juegos con apuestas de los establecimientos, a las personas que:

I. Sean menores de edad, excepto cuando en compañía de un adulto ingresen a espectáculos en vivo. En ningún caso los menores de edad podrán participar en el cruce de apuestas;

II. Se encuentren en posesión o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o prohibidas, o en estado de ebriedad;

III. Porten armas de cualquier tipo;

IV. Sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en servicio, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas;

V. Con su conducta alteren la tranquilidad o el orden en el establecimiento;

VI. Sean o hayan sido sorprendidas haciendo trampa, y

VII. No cumplan con el reglamento interno del establecimiento, previamente aprobado por la Secretaría.

Artículo 9 bis.- Los establecimientos en que se realicen sorteos o juegos con apuestas deberán colocary mantener permanentemente en lugares visibles publicidad, propaganda y mensajes alusivos que inviten a las personas a jugar de manera responsable y con el único propósito del sano esparcimiento, así como los efectos negativos que genera ser un jugador compulsivo.

ARTICULO 12.-…

I. a IV.- …

V.- A los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados de establecimientos donde se realicen juegos con apuesta o sorteos que permitan la presencia o participación de las personas a que se hace alusión en el segundo párrafo del Artículo 9º de esta ley.

VI. A los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con lo establecido en el Artículo 9 bis de esta ley.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2014".

Texto Vigente

Propuesta del Sen. David Monreal Ávila

ARTICULO 9.- Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo.

ARTICULO 9º.-…

Se prohíbe el acceso o permanencia a las áreas de juegos con apuestas de los establecimientos, a las personas que:

I. Sean menores de edad, excepto cuando en compañía de un adulto ingresen a espectáculos en vivo. En ningún caso los menores de edad podrán participar en el cruce de apuestas;

II. Se encuentren en posesión o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o prohibidas, o en estado de ebriedad;

III. Porten armas de cualquier tipo;

IV. Sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en servicio, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas;

V. Con su conducta alteren la tranquilidad o el orden en el establecimiento;

VI. Sean o hayan sido sorprendidas haciendo trampa, y

VII. No cumplan con el reglamento interno del establecimiento, previamente aprobado por la Secretaría.

No existe

Artículo 9 bis.- Los establecimientos en que se realicen sorteos o juegos con apuestas deberán colocary mantener permanentemente en lugares visibles publicidad, propaganda y mensajes alusivos que inviten a las personas a jugar de manera responsable y con el único propósito del sano esparcimiento, así como los efectos negativos que genera ser un jugador compulsivo.

ARTICULO 12.- Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a diez mil pesos, y destitución de empleo en su caso:

  • a IV.- …

ARTICULO 12.-…

I. a IV.- …

V.- A los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados de establecimientos donde se realicen juegos con apuesta o sorteos que permitan la presencia o participación de las personas a que se hace alusión en el segundo párrafo del Artículo 9º de esta ley.

VI. A los dueños, empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con lo establecido en el Artículo 9 bis de esta ley.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, a nombre propio y del Senador Francisco Domínguez Servién, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Martha Elena García Gómez, a nombre propio y del C. Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio y del Senador Francisco Domínguez Servien, presento iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 46 de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con finalidad de que se establezcan mecanismos que promuevan e impulsen la participación y beneficio preferente de los grupos sociales de mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores e indígenas en los apoyos y esquemas de financiamiento social.

La economía social tiene como directriz fundamental apoyar a los grupos sociales con mayores necesidades.

En nuestro marco jurídico el esquema de la economía social y solidaria actualmente se encuentra regulado en la Ley de Economía Social y Solidaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2012.

La ley establece mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado.

También busca fomentar la economía social, facilitando la organización y la expansión de la actividad económica del sector, situación que es aplaudible y que indudablemente beneficia al sector social de la economía.

Respecto a esto cabe señalar que la reciente ley establece la creación del Instituto Nacional de la Economía Social, como un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, que operará el Fondo de Fomento a la Economía Social cuyo objeto será atender iniciativas productivas del sector social de la economía mediante apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de organismos del sector y la participación en esquemas de financiamiento social. Lo anterior sustituye al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, que apoya a mujeres y hombres de la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de recursos que demuestren su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio.

En consecuencia, se desprende que el FONAES da condiciones preferenciales para grupos con situación que actualmente no se ve claramente reflejada en la ley de referencia, por lo que es necesario perfeccionar la legislación a efecto de establecer claramente que se debe beneficiar con prioridad a los grupos sociales más necesitados y con un mayor grado de vulnerabilidad.

Cabe mencionar que en junio de 2013 la Ley de Economía Social y Solidaria tuvo diversas modificaciones que contemplan la elaboración de programas especiales que atiendan a sectores específicos y regiones concretas.

Tal es el caso de grupos vulnerables y zonas deprimidas o en condiciones de pobreza. Así como al reconocimiento de las iniciativas productivas, encabezadas por otros sectores, como es el caso de las mujeres.

Sin embargo, vemos necesario ir más allá de la reforma aprobada en junio pasado, con el objeto de dar claridad al texto normativo, por lo que proponemos incorporar en el artículo 46 la priorización de los apoyos hacia las mujeres y personas con discapacidad, personas adultas mayores e indígenas.

Es necesario asegurar el acceso efectivo de estos grupos a programas de protección social con el objeto de buscar la reducción de la pobreza.

Agradezco su atención y solicito al Presidente de la Mesa, que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta, gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quienes suscriben, Martha Elena García Gómez y Francisco Domínguez Servién, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización Internacional del Trabajo refiere que la economía social y solidaria (ESS) es un concepto relativo a las empresas y organizaciones, en particular las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que

específicamente producen bienes, servicios y conocimiento, y a la vez persiguen objetivos económicos y sociales, y promueven la solidaridad. 1

La OIT ha creado una larga tradición sobre las empresas y organizaciones de economía social, en la década de 1990 comenzó a promover esquemas comunitarios de protección, y sociedades mutuales en el área de la protección social.

En ese sentido, y como se mencionó anteriormente, privilegiar esquemas sociales de organización, más aún, cuando se refiere a recibir apoyos con recursos federales, facilita la promoción de la economía social.

Además, una de las directrices fundamentales para la protección social en lo que se refiere a economía social, es la protección de los grupos sociales con mayores necesidades.

En nuestro marco jurídico el esquema de la economía social y solidaria actualmente se encuentra regulado en la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012.

Dicha Ley tiene como objeto principal el establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado.2

Así mismo, establece quiénes integran el Sector Social de la Economía, incluyendo a todas las formas de organización social para la producción, distribución, y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Por otro lado, con respecto a los apoyos a los que se refiere el artículo 46, antes los apoyos otorgados por FONAES, es necesario establecer la priorización que debe de existir para los grupos sociales de mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores e indígenas.

Respecto a esto cabe señalar que la Ley considera el establecimiento del Instituto de la Economía Social (INAES), como un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, que operará el Fondo de Fomento a la Economía Social (FFES) cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector Social de la Economía mediante apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social. Lo anterior sustituye al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES), que apoya a mujeres y hombres de la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de recursos que demuestren su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio.

Los tipos de apoyo otorgados por FONAES son:

Para estudios que evalúan la conveniencia de abrir o ampliar un negocio.

Reembolso en efectivo del costo de la elaboración del estudio para evaluar la conveniencia de abrir o ampliar un negocio.

Para abrir o ampliar un negocio.

Son los apoyos en efectivo que se otorgan por una sola vez para que un negocio inicie o crezca con capital de inversión y capital de trabajo.Para los proyectos mixtos (hombres y mujeres), se proporciona hasta 60% de la inversión total que requiera el proyecto.

Además, existen dos modalidades con condiciones preferenciales: el Apoyo para abrir o ampliar un negocio de mujeres, se proporciona hasta 80%y el Apoyo para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad, se proporciona hasta 90%.

De lo anterior se desprende que FONAES ofrece condiciones preferenciales para grupos con vulnerabilidad, situación que no está claramente establecida en la Ley referida.

Cabe mencionar, que en junio de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Ley de Economía Social y Solidaria, dentro de estas se contemplaron, modificaciones al Artículo 46, para quedar como sigue:

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

La motivación para la referida modificación fue la elaboración de programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas. Tal es el caso de grupos vulnerables y/o zonas deprimidas o en condiciones de pobreza. Así como, al reconocimiento de las iniciativas productivas encabezadas por otros sectores, como es el caso del de las mujeres.

Sin embargo, vemos necesario ir más allá de la reforma aprobada en junio pasado, con el objeto de dar claridad al texto normativo en el sentido de que si bien se modificó la Ley para que se lleven a cabo programas especiales y regionales para los grupos con algún grado de vulnerabilidad, insistimos en que el Programa de Fomento a la Economía Social también debe considerar a estos grupos, además, de que esta situación debe quedar clara en la Ley para brindar certeza jurídica.

En este sentido, se recomienda que en el artículo 46 se incorpore la priorización de los apoyos hacia los grupos vulnerables y mujeres.

Es necesario asegurar el acceso de las mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores e indígenas, a programas de protección social, por ello las políticas públicas priorizan para sectores determinados de la población, el resultado de la priorización se ve reflejado en mayores apoyos para dichos sectores logrando en muchos de los casos la reducción de la pobreza.

Cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad menciona en su artículo 28, numeral 2, inciso b), que se debe asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza3

También es importante considerar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual el inciso f), de la parte 1, del artículo 27, relativo al trabajo al empleo, establece que los Estados Partes promoverán medidas pertinentes orientadas a garantizar el derecho al trabajo entre las que destacan, la promoción de oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas, y de inicio de empresas propias.

Cabe señalar, que el Estado Mexicano, ha suscrito diversos instrumentos internacionales aplicables al contexto de la problemática, destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (Artículo 6. Numeral 1 y 2).

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones quegaranticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

El Convenio 111 Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de la organización internacional del trabajo4, establece en su artículo 1.A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

b).- Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

Artículo 3- Todo miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

c).- Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.

Por su parte el convenio 159 de la OIT relativo a la readaptación profesional y empleo de las personas inválidas, menciona como principios de política de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas, que todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (Artículo 2); Asimismo, que dicha política estará destinadaa asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo (Artículo 3), esta política se centrará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Además, deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Finalmente, las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos (Artículo 4).

En el caso del marco nacional, a través de la Ley General para las Personas con Discapacidad (LGPCD), se establece la observancia de la ley para dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal (artículo 3º). Asimismo, señala que la Administración Pública de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad (párrafo cuarto del artículo 4º). Y establece como principios fundamentales de observancia de las políticas públicas, la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades (artículo 5º).

En este contexto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluye en el texto legal la obligación de los órganos públicos y las autoridades federales, para que en el ámbito de su competencia, lleven a cabo, medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, entre ellas crear programas permanentes de capacitación y empleo y fomento a la integración laboral.

México ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cual se establece que la expresión discriminación, denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Asimismo, se ha comprometido que en ámbito nacional establecerá las medidas necesarias cuyo finalidad sea el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Convención, tales como “Eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:”…

b) El derecho de obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero (Artículo 13 inciso b).

Pese a ello, el Comité de la Convención (COCEDAW)5, derivado de los informes y respuestas de los Estados Parte, consideró emitir la recomendación general número 5 “medidas especiales temporales”, en virtud de que persiste la necesidad de que se tomen disposiciones para aplicar plenamente la Convención introduciendo medidas tendientes a promover de facto la igualdad entre el hombre y la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, esta propuesta de reforma a la Ley de Economía Social y Solidaria, busca atender a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad, dando la oportunidad de que sean considerados como grupos de personas que pueden organizarse bajo el esquema de la economía social, pero que al mismo tiempo el Estado debe brindar los mecanismos para facilitar su organización, y priorizar en atención a su grado de vulnerabilidad, el acceso a los apoyos y estímulos que establece la Ley en cuestión.

Así mismo, es importante la priorización de los apoyos dirigida a estos grupos con grado de vulnerabilidad como una medida afirmativa que permita que se encuentren en igualdad de condiciones respecto a otros grupos de organización social, y que ésta situación se encuentre claramente estipulada en la Ley.

Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 46….

….

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría, las cuales establecerán mecanismos que promuevan e impulsen la participación y beneficio preferente de los grupos sociales de mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores e indígenas, en los apoyos y esquemas de financiamiento social.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Francisco Domínguez Servién".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora García Gómez, con gusto se acepta su petición.

Se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 52 a la Ley de Coordinación Fiscal.


1 Sitio oficial Web de la Organización Internacional del Trabajo

2 Artículo 2, fracción I de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28, numeral 2, inciso b)

4(DOF, 11 de agosto de 1962)

5 Séptimo Periodo de Sesiones, 1988.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 52 A LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, Senadoras y Senadores:

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, emanado de la Ley de Coordinación Fiscal, tuvo como objetivo esencial revertir las tendencias centralizadoras de las operaciones y ejercicio de gobierno, al iniciar la transferencia de recursos y facultades federales hacia estados y sus municipios. Esto, se vio acelerado en la década de los 90's con la federalización del gasto público hacia los sectores específicos.

Tanto a nivel del monto de sus recursos, como de sus fines, uno de los componentes más importantes del gasto federalizado son las aportaciones, también conocidos como recursos para la superación de la pobreza, y que son definidas como recursos que la Federación transfiere a haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece.

Es importante señalar que la asignación de estos recursos, desde su creación hasta el presente ejercicio fiscal, han presentado crecimiento sostenido, llegando hoy, en poco más de 10 años de funcionamiento a alcanzar más de 5 veces su monto inicial, esto es, han crecido cerca de 350 por ciento, y el grado de dependencia en cuanto a ingresos municipales registra una media nacional del 41 por ciento, es decir, casi la mitad de los ingresos municipales provienen de las aportaciones.

Esta mayor cantidad de recursos a los gobiernos locales, ha permitido que los municipios eleven paulatinamente su importancia como actor ejecutante en materia hacendaria y, sobre todo, de gestión. Estos factores cambiaron los dictados tradicionales en la materia de visualizar la operatividad del sistema político a nivel local.

De acuerdo con la Asociación de Autoridades Locales de México, antes de 1988 apenas existían 50 municipios gobernados por un partido diferente al partido oficial, y hoy existe una clara distribución de competencias políticas a nivel local, además se ha continuado con la inercia internacional que ha obligado a los países a descentralizar y reestructurar su forma de gobierno y por ente, distribución de recursos. Con esto, se generó un efecto que aumentó la eficacia de las políticas públicas y contribuyó a combatir la crisis de legitimidad, representación y credibilidad del Estado.

Estos elementos generaron, por tanto, condiciones para el fomento de instrumentos que coadyuven al poder de decisión por parte de los municipios en materia del gasto público, de capacidades técnicas, participación social y mecanismos efectivos de autogestión.

Esto, sin embargo, no ha permeado hacia mejores prácticas de gobierno en la mayoría de los ayuntamientos del país. La competencia política y la apertura estatal no han sido factores que incrementen la participación de funcionarios municipales; por otra parte, las mejoras administrativas, sobre todo en materia de autonomía, no han logrado mayor eficiencia en los gobiernos locales. La descentralización, por su parte, no ha garantizado un gobierno más sensible a las demandas ciudadanas, ejemplo de esto se puede verificar en los escandalosos problemas que se han ventilado en los últimos años en la prensa en materia de corrupción y manejo discrecional de recursos públicos. Esto, sin duda, sugiere la existencia de rezagos, asimetrías institucionales y la continuación de muchas inercias que han hecho caso omiso en materia de fortalecimiento de los gobiernos municipales.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la descentralización de facultades y recursos a municipios enfrentan tres obstáculos principales:

Primero. El marco jurídico incompleto y ambiguo.

Segundo. La responsabilidad política limitada.

Tercero. Una cultura administrativa insuficiente.

Adicional a esto encontramos la falta de la alta subordinación fiscal hacia la Federación, producto de la cual es casi nula la capacidad de recaudación tributaria, que da como resultado un menor compromiso con el ciudadano estimulando bajos niveles de responsabilidad en materia de rendición de cuentas. En la Cuenta de la Hacienda pública 2010 se alertaba que a pesar de los esfuerzos de fortalecimiento en la materia, los municipios han mantenido prácticas recurrentes de irregularidades en el ejercicio de recursos federales, tales como pagos efectuados con fines distintos a los establecidos, pago a estímulos no autorizados, ausencia de penalizaciones por retraso de proveedores, inexistencia de normas de calidad, obras que no benefician a grupos con altos grados de rezago social, falta de documentación, heterogeneidad en la información, etcétera; en suma, a nivel municipal el manejo de recursos federales tiene la necesidad de crear mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales que además de hacerlos más eficientes en sus funciones, generen un sistema institucional de participación de los ayuntamientos en las decisiones de asignación de las aportaciones federales.

En suma, la creación de la figura de las aportaciones, reorientó la dinámica federalista, al descentralizar los recursos que anteriormente eran responsabilidad de la Federación hacia los gobiernos subnacionales con el objetivo específico de combatir la pobreza. Administrativamente, esto se tradujo en la reagrupación de varios rubros que se encontraban dispersos dentro del presupuesto en materia de gasto social.

Esto delineó una política pública en materia de federalismo para dotar de mayores recursos a los gobiernos locales, con el objetivo de garantizar una mejor atención ciudadana, modernizar la administración pública local y a otorgar mayor legitimidad al ente gubernamental con el que el ciudadano tiene mayor cercanía, el municipio.

Estas acciones, en las estructuras del gobierno, si bien en un principio tuvieron un carácter consistente y sólido para las reformas administrativas y constitucionales que implícitamente llevaban, siguieron manteniendo en su carácter intergubernamental la misma lógica centralista, no se descentraliza por decreto.

El federalismo debe comprender un proceso de maduración a largo plazo que permee perfectamente procesos financieros, administrativos y sociales en los tres niveles de gobierno, donde además sea considerada la figura del municipio con respecto e involucramiento para dejar de verlo como un ente pasivo, abierto y receptivo a los dictados del gobierno central.

Los efectos de este federalismo asimétrico en el país han generado problemas que se traducen en debilidad institucional, carencia en las capacidades administrativas, ausencia de parámetros normativos y en algunos casos hasta problemas de gobernabilidad.

La gobernabilidad requiere de necesidades instrumentales o gubernamentales que son muchas y los recursos pocos, por ello existe la obligación de optimizar recursos públicos, y una de las medidas es desarrollar un marco jurídico homogéneo que permita hacer más eficientes las políticas públicas en la materia.

Con esta adición a la Ley de Coordinación Fiscal, se pretende impulsar la dinámica federalista para abatir considerablemente los rezagos a nivel local y específicamente dentro de las instituciones municipales a las que históricamente les han sido legadas una serie de condiciones estructurales poco favorables para su desarrollo, en otras palabras, mayores facultades que esquemas limitados, centralizados y escasa o nula opinión sobre sus necesidades reales.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta Soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto con el que se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.

UNICO.- Se adiciona el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 52.-Las autoridades estatales y municipales responsables del ejercicio presupuestario de las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos que se refieren en este capítulo, se reunirán con una periodicidad no mayor de un año, con el objetivo de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos transferidos a las haciendas municipales.

Para tal efecto, la legislación estatal en materia de coordinación fiscal llevará a cabo las previsiones pertinentes para garantizar una mayor participación de los gobiernos municipales dentro del proceso de asignación, distribución y rendición de cuentas de los recursos a que se refiere el presente artículo. Asimismo, transferirá hacia los ayuntamientos las atribuciones necesarias en materia de planeación, programación y evaluación correspondiente.

Es cuanto.

(Aplausos)

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, a nombre de Senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 97 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, a nombre de CC. Senadores de diversos grupos parlamentarios)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias. Muy amables. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

A partir de diversos casos paradigmáticos que han sacudido a la opinión pública en los que se ha demostrado la existencia de condenas injustas, violaciones al debido proceso y al derecho a la adecuada defensa, el Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el Senador Roberto Gil Zuarth nos invitó a un grupo de Senadores a suscribir la presente iniciativa con el propósito de encontrar una solución a una problemática que no puede ni debe ser evadida.

El sistema de justicia en nuestro país tiene un hueco enorme, por el que inocentes son privados injustamente de su libertad.

Nada lastima tanto la credibilidad de las instituciones como los casos en los que se demuestra que inocentes están en la cárcel.

Ayer, durante las comparecencias en las que concurrieron los candidatos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, uno de los candidatos, José Arturo Melo, recordaba una frase que atraviesa a muchas penitenciarias del país y que los reos inocentes inscriben en sus muros una frase, que quisiera recuperar textualmente, pero más o menos dice así:

“En esta cárcel maldita, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.

Esta frase debe ser totalmente borrada en los procesos penales en nuestro país.

Así parece, por ejemplo, inscribirse el caso del profesor Alberto Patishtan Gómez, quien aún cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13, recluido, por delitos federales que, de acuerdo con la defensa y una interminable lista de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante el juzgador, existiendo violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso que toda persona debe gozar en nuestro país. Incluso, autoridades del estado de Chiapas y funcionarios federales han coincidido en que el caso Patishtan presenta irregularidades que no deben permitirse en un sistema legal que se precie de ser imparcial, justo y respetuoso de los derechos humanos.

Desafortunadamente no existen datos certeros sobre cuántas causas penales existen en el país en las que la violación al debido proceso y al derecho a la adecuada defensa han concluido con condenas injustas irreversibles e inimpugnables mediante las vías legales vigentes.

Pero están aún en la conciencia nacional el caso Radilla Pacheco contra México, o Inés Fernández y Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México; el caso conocido como Campo Algodonero, en donde por cierto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a remover todos los obstáculos de Jure o de facto que impedían la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y a usar todos los medios posibles y disponibles para hacer que las investigaciones y los procesos judiciales fueran expeditos.

Hace algunos años fue tristemente célebre el caso de las tres mujeres otomíes, Jacinta Francisca, Alberta Alcántara y Teresa González, en el estado de Querétaro, quienes después de haber cumplido 3 de los 21 años de condena que les fue injustamente impuesta en el año 2009, la propia Procuraduría General de la República admitió su equivocación al ejercer la acción penal y fueron liberadas. Vergonzoso e injusto, pero cierto, y desafortunadamente este tipo de casos se siguen repitiendo en nuestro país, tanto en el fuero federal como en el de los estados.

O el otro caso, el del poeta Sergio Witz, en Campeche, quien fue sujeto a una causa penal federal por un delito que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un debate sobre si es justo castigar a una persona por escribir un poema.

Frente a casos tan vergonzosos como éstos, que constituyen una ignominia institucional, el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Gil, nos ha propuesto a un grupo de Senadores presentar una iniciativa que propone adicionar al Código Penal Federal, con un artículo 97 Bis que establezca una excepción a lo dispuesto en el propio artículo 97 del mismo Código para atender los casos en que habiéndose concluido el proceso jurisdiccional penal correspondiente, existieran indicios de vulneraciones graves al debido proceso que hubiesen impedido a la persona sentenciada haber tenido una adecuada defensa.

En síntesis, se trata de adicionar una variante en materia de indulto presidencial para casos comprobables de violación al debido proceso.

Todos ustedes podrán recordar que en el artículo 89, en la fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal para conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a las personas sentenciadas por delitos del orden común en el Distrito Federal.

En el artículo 96 del Código Penal se establecen, de alguna manera, los supuestos del indulto Presidencial.

Lo que proponemos es incorporar una nueva variante para hacer justicia en aquellos casos en que las violaciones procesales hubiesen sido tales, que hubieran acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defenderse, pero no así en los que se busque una forma de obtener impunidad.

Por eso es importante señalar que se propone que el Ejecutivo Federal solamente pueda otorgar este beneficio cuando algunos de los otros dos poderes federales o cualquiera de las Cámaras del Congreso o el Poder Judicial de la Federación así lo soliciten al Presidente de la República, esto en seguimiento al artículo 4o. de la Ley de Amparo, que ya fue aprobado.

Con ello se evitará que el Poder Ejecutivo Federal pueda ejercer esta facultad discrecional sin control alguno y que tampoco se inunde al Ejecutivo con solicitudes que puedan afectar su funcionamiento.

Por el contrario, se estima que los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación cuentan con información que les permite conocer este tipo de casos, debido a su actividad diaria, por lo que no representaría para ellos una carga adicional considerable.

Con esta adición legal se construirá el andamiaje jurídico para que todos los casos en que existan este tipo de violaciones a los derechos humanos de una persona sujeta a proceso penal, puedan ser revisados y, en su caso, beneficiados con esta modalidad del indulto y con ello coadyuvar en la construcción de un régimen jurídico más justo, que evite que las asimetrías económicas, políticas o sociales no sean una justificación para tener culpables fabricados en los centros de reinserción social de la Federación.

Gustosos hemos concurrido a la convocatoria del Presidente de la Comisión de Justicia, y suscribimos esta propuesta que les hacemos el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD; el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD; la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI; por supuesto, el Senador Roberto Gil Zuarth y quien ahora está en uso de la voz.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los suscritos, integrantes de diversos grupos parlamentarios en el Senado de la República, en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, en materia de indulto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal para conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a las personas sentenciadas por delitos del orden común, en el Distrito Federal.

De ello se desprende que el Poder Constituyente no previó limitantes expresas para esta figura, que si bien es cierto es poco usada en la actualidad, pues en un régimen democrático se privilegia el respeto de las determinaciones judiciales, aún prevalece en nuestro sistema jurídico debido a que constituye un último reducto o alternativa legal para que, en caso de que existieran casos en los que alguna persona que hubiese sido condenada a pena privativa de la libertad pero que su conducta posterior importare un beneficio considerable para la Nación, pudiera ser beneficiado.

Ahora bien, derivado de las reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales de los años 1983 y 1984, el legislador precisó la figura del indulto como una gracia concedida por el Poder Ejecutivo Federal, separando de aquél al indulto necesario mediante la creación de una nueva institución hasta ese entonces: el reconocimiento de inocencia judicial.

Este reconocimiento de inocencia sustituyó al indulto necesario estatuyendo un procedimiento diverso a través del cual el Poder Judicial de la Federación puede revisar un proceso penal en el que se haya dictado sentencia firme, pero en el que se hayan cometido verdaderas injusticias por el juzgador penal, siempre y cuando posteriormente se demuestre de manera fehaciente e indubitable que la persona sentenciada es inocente.

De esta forma, el indulto y el reconocimiento de inocencia judicial han sido dos instituciones que tienen funciones similares pero que presentan una diferencia sustancial entre ambas: en el indulto, la gracia del Ejecutivo Federal es la razón por la cual se otorga el perdón a una persona sentenciada y en el reconocimiento de inocencia es la demostración de su inocencia la que permite su liberación.

Lógicamente, este esquema parece ser adecuado para las circunstancias de cualquier sistema legal penal, pues permite que las personas sobre las cuales se pueda demostrar fehacientemente su inocencia puedan ser liberadas de la condena impuesta por un órgano jurisdiccional, empero, la realidad nos ha demostrado en diversas ocasiones que en nuestro país, por diversos motivos, aún existen casos en los que esas personas sentenciadas obtuvieron su condena debido a la constante y sistemática violación del debido proceso en su contra.

Así, cuando uno de estos casos se da en la realidad, el juez penal, al dictar una condena basada en una causa penal en la que se violaron todos los derechos a la adecuada defensa y al debido proceso de la persona sentenciada, no solo impone una pena privativa de prisión injusta, sino también la imposibilidad de que la defensa pueda revertirla en las etapas y recursos jurisdiccionales posteriores.

En especial, este tipo de casos se pueden constatar en causas penales seguidas en contra de población considerada como parte de grupos en vulnerabilidad, como los pueblos y comunidades indígenas o aquellos que por su extrema pobreza o cuando se enfrentan a agraviados con mucho mayores posibilidades económicas y políticas, no pueden acceder a una adecuada defensa.

Desafortunadamente no existen datos certeros sobre cuántas causas penales existen en el país en las que la violación al debido proceso y al derecho a la adecuada defensa hayan concluido con condenas injustas, irreversibles e inimpugnables mediante las vías legales vigentes, pero el alto incremento de los casos que son sometidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las innumerables recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, son una infortunada referencia que no podemos soslayar.

Un caso paradigmático para nuestro país es “González y otras vs México”, mejor conocido como “Campo Algodonero”, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 16 de noviembre de 2009, estableciendo que el Estado había violado diversos derechos, entre los que se encontraba el de debido acceso a la justicia, por lo que lo condenó a remover todos los obstáculos de jure o de facto que impedían la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y a usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales fueran expeditos.

Prácticamente todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano han incluido la declaración de que el Estado violó, en esos casos, los derechos de debido proceso, de acceso a la justicia e incumplió su deber de investigar a fondo, objetiva y científicamente, los hechos. Baste para ello recordar los casos Radilla Pacheco vs México o Inés Fernández y Fernández Ortega y Rosendo Cantú vs México.

En México, hace algunos años fue tristemente célebre el caso de las tres mujeres otomíes, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el Estado de Querétaro, quienes después de haber cumplido tres de los 21 años de condena que les fue injustamente impuesta, en el año 2009 la propia Procuraduría General de la República admitió su equivocación al ejercer la acción penal y fueron liberadas. Vergonzoso e injusto pero cierto y desafortunadamente este tipo de casos se siguen repitiendo en nuestro país, tanto en el fuero federal como en los de los Estados.

Podríamos seguir citando ejemplos, como el del poeta Sergio Witz en Campeche, quien fue sujeto a una causa penal federal por un delito que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un debate sobre si es justo castigar a una persona por escribir un poema; o el de los miembros del Ejército Mexicano recientemente liberados; o elde Francisco Sántiz López, quien fue acusado de ser al autor de una matanzaen Banavil, Tenejapa, Chiapas, y de diversos delitos federales, pero quien recientemente también fue liberado con un “usted disculpe”.

Tal vez uno de los más crueles ejemplos de esto es el del profesor Alberto Patishtan Gómez, quien aún cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13 recluido, por delitos federales que, de acuerdo con la defensa y una interminable lista de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante el juzgador, existiendo violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso que toda persona debe gozar en este país. Incluso autoridades como el Gobernador de Chiapas y otros funcionarios federales han coincidido en que el caso Patishtan presenta irregularidades que no deben permitirse en un sistema legal que se precie de ser imparcial, justo y respetuoso de los derechos humanos.

Pero ante este tipo de casos en los que existen fuertes indicios de que, a pesar de haber concluido el proceso jurisdiccional correspondiente, no se hubiera desarrollado apegado a los cánones y principios que rigen el debido proceso legal, ni el indulto ni el reconocimiento de inocencia ofrecen una respuesta, puesto que en el primer caso, el artículo 97 del Código Penal Federal limita la casuística que puede atender.

Por ello, es importante voltear a esta problemática y enfrentar la realidad que nos aqueja como sociedad, reconociendo que el sistema de justicia presenta un espacio en blanco en esta parte que debemos resolver, pues no hacerlo trae como consecuencia serios estragos.

En ese contexto, con esta iniciativa propongo adicionar el Código Penal Federal con un artículo 97 bis que establezca una excepción a lo dispuesto en el artículo 97 del mismo ordenamiento legal, para atender los casos en que habiéndose concluido el proceso jurisdiccional penal correspondiente, existieran indicios de vulneraciones graves al debido proceso que hubiesen impedido a la persona sentenciada haber tenido una adecuada defensa.

Importante al respecto es delinear esta nueva variante del indulto pues lo que se busca es hacer justicia en aquellos casos en que las violaciones procesales hubiesen sido tales que hubieren acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defenderse, pero no así en los que se busque una forma de obtener impunidad.

Por ello, es importante señalar que se propone que el Ejecutivo Federal solamente pueda otorgar este beneficio cuando alguno de los otros dos poderes federales constituidos así lo soliciten al Presidente de la República, siguiendo el ejemplo de lo ya aprobado en el artículo 4 de la Ley de Amparo.

Con ello, se evitará que el Poder Ejecutivo Federal pueda ejercer esta facultad discrecional sin control alguno y que tampoco se inunde al Ejecutivo con solicitudes que puedan afectar su funcionamiento. Por el contrario, se estima que los poderes Legislativo y Judicial de la Federación cuentan con información que les permite conocer este tipo de casos, debido a su actividad diaria, por lo que no representaría para ellos una carga adicional considerable.

Asimismo, no se estima necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir tal solicitud puesto que la misma es solamente un exhorto o rogatoria al Ejecutivo Federal, lo que ya pueden realizar actualmente.

Por tales motivos, lo que se propone en esta iniciativa no es una liberalización del indulto ni mucho menos su aplicación generalizada como substituto de la actividad jurisdiccional, sino solamente la creación de una alternativa para aquellos casos en que en el proceso jurisdiccional se hubieren constatado violaciones graves al debido proceso o afectaciones en el derecho a la adecuada defensa, que hubieren desembocado en la imposibilidad de probar la inocencia de una persona.

Con esta adición legal se construirá el andamiaje jurídico para que todos los casos en que existan este tipo de violaciones a los derechos humanos de una persona sujeta a proceso penal, puedan ser revisados y, en su caso, beneficiados con esta modalidad del indulto y con ello coadyuvar en la construcción de un régimen jurídico mucho más justo, que evite que las asimetrías económicas, políticas o sociales no sean una justificación para tener culpables fabricados en los centros de reinserción social de la Federación.

Por lo antes expuesto, por el digno conducto de usted C. Presidente, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNARTICULO 97 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, en los casos siguientes:

I.- Cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y, ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia;

II.- Cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio o sus recursos; o

III.- Cuando existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia de la persona sentenciada.

En ambos casos, el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. En su resolución, el Ejecutivo Federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Arely Gómez González".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Pedroza Gaitán.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitarle, respetuosamente, inquiera al preopinante si nos permite suscribirnos a su iniciativa.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¿Senador Corral Jurado, para el mismo efecto? Por favor tome nota la Secretaría.

Se concede la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9º. de la Ley General de Deuda Pública.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 9o. DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El propósito de la presente iniciativa, consiste en establecer un límite máximo a la deuda neta total del sector público, para que no sea mayor del 41% del Producto Interno Bruto de la nación.

Sé, porque lo discutía previamente con uno de nuestros asesores económicos, que hay parámetros internacionales que plantean que ésta debe ser mucho menor, pero la verdad es que hoy en el país andamos casi en el 40%, y los límites, creo que están siendo rebasados.

Por eso sostengo, ante ustedes, que lo anterior se plantea en la inteligencia, de que para garantizar finanzas públicas más sanas es urgente poner límites a la política de financiar el desarrollo con mayores niveles de endeudamiento, ya que en los hechos reales este camino, el de endeudamiento, no ha contribuido a mejorar los niveles de vida de la población en México.

Explico lo anterior. La deuda neta total del sector público se encuentra integrada, como ustedes saben, por la deuda interna y externa del gobierno federal, la deuda de los organismos y empresas públicas, de la Banca de Desarrollo, de fondos y fideicomisos diversos, del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, de pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto, es decir, los Pideregas, y del Programa de Apoyo a Deudores.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta junio de 2013, el monto de la deuda neta total del sector público ascendía 6 billones 62 mil millones de pesos.

En valores absolutos, la deuda ha crecido un 200% a lo largo de los últimos 12 años, ya que en el año 2000 ascendía a poco más de 2 billones de pesos, contra los más de 6 billones, que ya mencionamos, se registraron en junio pasado. Visualizando la evolución de la deuda, como porcentaje del Producto Interno Bruto, tenemos que en el año 2000, la deuda representaba el 30.7% del PIB y para el cierre de este 2012 pasado, representó el 36.8 % del Producto Interno Bruto, es decir, un crecimiento de 6.1% en 12 años.

Sin embargo, el conjunto de políticas que han sido implementadas desde el gobierno federal, de acuerdo con la información de la propia Secretaría de Hacienda señala que en este 2013 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicará en 39% y peor aún, hay proyección de que para el 2014, podría ubicarse en 40.5% del Producto Interno Bruto. Lo anterior significa que en este primer año de gobierno, de la actual administración, habrá crecido la deuda neta total en 2.2% del Producto Interno Bruto y para el cierre del segundo año 1.5 %, es decir, un crecimiento en conjunto de 3.7% en los dos primeros años de gestión, según las proyecciones.

Por lo tanto, es por demás evidente que el actual gobierno federal todavía no encuentra el camino que debe seguirse para poder impulsar el desarrollo que se necesita pero sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas. Desde nuestra opinión, esto se debe, si revisamos el ejercicio de 2013, los ingresos totales del gobierno federal serán de 3 billones 601 mil 72 millones de pesos contra un total de gastos por 3 billones 927 mil 395.7 millones de pesos, es decir, se tiene un balance económico negativo para el 2013 calculado hasta el día de hoy en 326 mil 323.7 millones de pesos, con esos resultados, compañeras, compañeros Senadores, yo aseguro que lo que se anunciaba en enero de 2013 el llamado déficit cero, pues sólo lo creyeron aquellos que ignoraban desde un principio que se tenía que recurrir a mayores endeudamientos para cumplir los compromisos del 2013, los que se planteaban en ese paquete económico que se aprobó en aquel entonces.

Pero para el ejercicio 2014, el balance económico negativo será peor, ya que se prevé que vaya a crecer más del 90% respecto de 2013, ya que se está estimando que al día de hoy es de 620 mil 415.1 millones de pesos, debido a que se considera tener ingresos por 3 billones 829 mil 476.2 millones, y se tiene un total de gasto programados, según datos oficiales, por 4 billones 479 mil 954.2 millones de pesos, todo esto de acuerdo con la propuesta del paquete económico 2014 recientemente presentado al Poder Legislativo.

La política de continuar endeudando al país, a mí me parece, y lo digo con respeto, nos está llevando a un callejón sin salida que puede acabar frenando la posibilidad de cualquier desarrollo.

El actual gobierno ha señalado en su propuesta de paquete económico 2014 que para enfrentar los problemas coyunturales y para acelerar la consolidación de la agenda económica estructural, aplicará una política fiscal con déficit transitorio y decreciente de 2014 a 2016.

Luego entonces, para 2014 se prevé, según se nos ha planteado, un déficit del 1.5 % del Producto Interno Bruto al tiempo que la deuda neta total del sector llegaría 40.5%, para el 2015 se estaría trabajando, según los datos del gobierno, con un déficit del 1%, pero la deuda neta total, subiría hasta un 41% del Producto Interno Bruto. Para el 2016 según se ve en este paquete económico, el déficit sería de 0.5% del PIB y la deuda total neta sería de 40.9% de nuestro Producto Interno Bruto nacional; para el 2017 se estima, en los datos del gobierno, que finalmente se podría trabajar con un presupuesto balanceado, en lo que la deuda se estaría ubicando en 40.1%, los mismos datos oficiales plantean que para el 2018, el endeudamiento oscilaría alrededor del 39.5% del PIB. Sin embargo, nada garantiza que el gobierno federal, efectivamente, pueda aplicar medidas correctas que permitan bajar el endeudamiento con relación a nuestro Producto Interno Bruto.

Por lo tanto, con el propósito de amarrar, perdónenme la expresión pero lo hago para ilustrarlo, nuestro gobierno debe evitar endeudamientos sin control a tiempo que se da la holgura necesaria para que opere de acuerdo con sus actuales proyecciones económicas.

En función de eso, señor Presidente, proponemos cambiar la redacción actual del artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública.

Muchísimas gracias por su atención.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Angel BenjamIn Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que REFORMA el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La deuda neta total del sector público se encuentra integrada por la deuda interna y externa del gobierno federal, deuda de organismos y empresas públicas, de la banca de desarrollo, de fondos y fideicomisos diversos, del fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas (FARAC), de pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (PIDIREGAS) y del programa de apoyo a deudores.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta junio de 2013, el monto de la deuda neta total del sector público ascendía a 6 billones 62 mil millones de pesos.

En valores absolutos, la deuda ha crecido un 200% en los últimos doce años, ya que en el año 2000 ascendía a poco mas de 2 billones de pesos, contra los más de 6 billones que ya mencionamos se registraron en junio pasado. Visualizando la evolución de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que en el año 2000 la deuda representaba el 30.7% del PIB y para el cierre de 2012 representó el 36.8% del PIB, un crecimiento de 6.1% en 12 años.

Sin embargo, el conjunto de políticas equivocadas que ha implementado el actual Gobierno Federal, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda señala que al cierre de 2013 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará en 39% y peor aún, para el cierre de 2014, el Saldo Histórico se ubicará en 40.5% del PIB. Lo anterior significa que en su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto habrá crecido la deuda neta total en 2.2% del PIB y para el cierre de su segundo año un 1.5%, un crecimiento total del 3.7% en los dos primeros años de gestión.

Es por demás evidente que el actual gobierno federal no tiene certeza de qué camino debe seguirse para desarrollar al país sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas, veamos el porqué de nuestra afirmación: para el actual ejercicio 2013 los ingresos totales del gobierno federal serán de 3 billones 601 mil 72 millones de pesos contra un total de gastos por 3 billones 927 mil 395.7 millones de pesos, es decir, se tiene un balance económico negativo para 2013 calculado hasta el día de hoy en 326 mil 323.7 millones de pesos, es por ello que la falacia pintada desde principios de año del déficit cero, solo la creyeron aquellos que ignoraron desde el principio que se tenía que recurrir a mayores endeudamientos para cumplir con los compromisos de gastos del paquete económico 2013.

Para el ejercicio 2014, el balance económico negativo será peor ya que crecerá en más de 90% respecto de 2013, ya que se estima al día de hoy en 620 mil 415.1 millones de pesos, debido a que se considera tener ingresos por 3 billones 829 mil 476.2 millones de pesos y se tiene un total de gastos programados por 4 billones 479 mil 954.2 millones de pesos, todo esto de acuerdo con la propuesta de paquete económico 2014 presentado al poder legislativo. Lo anterior significa en palabras llanas un mayor nivel de endeudamiento para poder operar los distintos compromisos del gobierno federal.

La política de continuar endeudando al país nos esta llevando a un callejón sin salida que puede acabar frenando cualquier posibilidad de desarrollo, como ejemplo del daño que estas medidas seguirán causando a las finanzas públicas tenemos el hecho de que para sufragar el costo financiero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 2014, se requerirán 45 mil 561 millones de pesos, este monto es superior en 7 mil 551.4 millones de pesos con relación a lo aprobado en 2013, lo que en términos reales implica un significativo incremento de 15.5%. Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cosa no está mejor, para sufragar el costo financiero de la entidad, se propone para 2014 un monto por 15 mil 419 millones de pesos, cantidad mayor en 3 mil 137.3 millones de pesos respecto del presupuesto que se aprobó en 2013, lo que corresponde a una significativa expansión a tasa real de 21%.

Para garantizar finanzas públicas más sanas es urgente poner límites a la política de financiar el desarrollo con mayores niveles de endeudamiento, ya que en los hechos reales este camino no ha contribuido a mejorar los niveles de vida de la población en México, los millones de mexicanos viviendo en pobreza y pobreza extrema son la muestra más palpable de ello. Por ello, se vuelve necesario que se establezca con toda claridad cuál es el límite máximo de endeudamiento que como porcentaje del Producto Interno Bruto puede ser contratado en un momento dado.

El actual gobierno ha señalado en la propuesta de paquete económico 2014 que para enfrentar los problemas coyunturales y para acelerar la consolidación de la agenda económica estructural, aplicará una política fiscal con déficits transitorios y decrecientes de 2014 a 2016.

Así, para 2014 se prevé trabajar con un déficit de 1.5% del PIB al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría al 40.5% del PIB, para 2015 se trabajaría con un déficit del 1% mientras la deuda neta total subiría hasta 41% del PIB, para el 2016 el déficit sería del 0.5% del PIB y la deuda neta total sería el 40.9% del PIB, para 2017 se estima que finalmente se podría trabajar con un presupuesto balanceado mientras la deuda se ubicaría en un 40.1% del PIB, para el año 2018 el endeudamiento oscilaría en el 39.5% del PIB. Sin embargo, nada garantiza que el Gobierno Federal efectivamente aplicará las medidas correctas que permita bajar el nivel de endeudamiento en relación con el PIB, la redacción actual de la Ley General de Deuda Pública y en lo particular su artículo noveno nunca consideran esta posibilidad, el artículo en cuestión textualmente señala:

“ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.”

Considerando que para el ejercicio 2014 se anticipa un entorno internacional donde los Estados Unidos de Norteamérica forzosamente enfrentarán el dilema de aumentar su capacidad de endeudamiento y seguir aplicando recortes presupuestales, mientras que el gobierno mexicano planea financiarse principalmente en el mercado interno, privilegiando la emisión de instrumentos de mediano y largo plazo nominales e indizados a la inflación y con el propósito de amarrar a nuestro gobierno a evitar endeudamientos sin control al tiempo que se le da la holgura necesaria para que opere de acuerdo con sus actuales proyecciones económicas, la presente iniciativa de reforma considera necesario modificar el artículo noveno de la Ley General de Deuda Pública, agregando al final del artículo actual la consideración de que:

El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 41% del Producto Interno Bruto de la Nación.”

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA CON EL PROPOSITO DE PONER UN LIMITE MAXIMO A LA DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público para quedar como sigue:

ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 41% del Producto Interno Bruto de la Nación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Túrnese a la Cámara de Diputados.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V, VI, VIII, XI Y XIV DEL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a la Asamblea que la primera lectura de este dictamen se cumplió con la publicación en la Gaceta Parlamentaria del pasado 26 de septiembre, como lo marca el artículo 195, numeral 2 del Reglamento del Senado.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que discutiremos, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se modifica y se adicionan dos párrafos al artículo 27, se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 27, SE REFORMA EL ARTICULO 78 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"Con la venia de la Mesa Directiva

Promover la defensa activa de las especies de flora y fauna, especialmente de aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción es una prioridad del Grupo Parlamentario del PRD.
Es propio impulsar una especificación legislativa que regule la apropiación de recursos genéticos de las especies nativas vegetales y animales.

Debemos promover reformas legislativas tendientes a dotar a los gobiernos estatales y municipales de mayores facultades jurídicas que les permitan orientar el desarrollo y la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo su responsabilidad.

Asimismo, es necesario llevar a cabo un programa que permita que los estados y los municipios cuenten con la infraestructura de protección ambiental necesaria para lograr la vigilancia y el cumplimiento de las metas de los planes y programas de protección del medio ambiente y del cuidado de la caza de animales en peligro de extinción.

Se debe fortalecer y sensibilizar a las autoridades y la población de la importancia del respeto y cuidado de los derechos de los animales, debemos ser  muy cuidadosos al legislar, para dotar de un entramado jurídico sólido, congruente y adecuado que sancione a quienes cometan abuso, tráfico, explotación y muerte de dichos seres, para que así, el ejecutivo pueda controlar la reglamentación en la que éstos se utilicen con fines recreativos y garantizar sanidad y un trato humano en el manejo de especies con fines alimenticios.

Por otro lado, es de urgente preocupación normar los casos en los que la sociedad civil dispone de especies exóticas en peligro de extinción que la mayoría de las veces son especies no domésticas que ponen en riesgo a la ciudadanía al entrar en contacto con un habitad que no es el originario.

Es muchas ocasiones hemos sido testigos de trato indigno que se le da al animal confinado, por lo tanto, en esta propuesta de reforma se señala que en los casos de manejo inadecuado y/o que presente riesgo a la población, el ejemplar debe ser reubicado a costa del propietario o poseedor.

Finalmente señala que aquellos que posean ejemplares exóticos como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Semarnat para mantener un registro de sanidad y de cuidado específico para cada tipo de fauna exótica que se posea.

Fomentemos por medio de las adecuaciones que se proponen al modificar y adicionar en el artículo 27, al reformar el artículo 78 y adicionar el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre para crear una cultura responsable en el especial cuidado al trato digno para tener un animal exótico y sobre todo, en la protección que se debe garantizar a la protección civil de su integridad física al encontrarse cerca de una especie de tales características.

Es cuanto."

De la misma forma que el dictamen anterior, la primera lectura de éste se cumplió con la publicación en la Gaceta de nuestra pasada sesión.

Como lo establece el artículo 195, numeral 2 del Reglamento del Senado, debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

En relación a este dictamen, se recibió un escrito, por parte del Senador Angel Benjamín Robles Montoya y se va a transcribir en el Diario de los Debates.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 82 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se modifica y se adicionan dos párrafos al artículo 27, se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto que adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presiente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 81 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Tenemos ahora la discusión de cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, que proponen desechar proyectos iniciados en esta Cámara.

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta, solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes negativos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Los dictámenes son:

Doy lectura a un dictamen en relación con el proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador Juan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, 183 numeral 3 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

El 8 de noviembrede 2011 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,Segunda, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del Acuerdo referido.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto dotar la Secretaría de Economía de facultades como la de la protección a los derechos y representarlos intereses de los consumidores y la vigilancia y verificación de las condiciones que el sector público proporciona sobre bienes y servicios al consumidor.

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, hoy nuestro país requiere de adecuaciones al marco normativo que permita que los consumidores puedan ejercer acciones conforme al derecho, con la intención de brindar protección al consumidor de aquellos que ofrecen bienes o servicios.

De manera particular, menciona la problemática que enfrentan los usuarios de los servicios carreteros por el mal servicio que reciben, toda vez que hoy en día existen tramos carreteros que se encuentran en pésimas condiciones y ante esta situación la Procuraduría Federal del Consumidor no cuenta con atribuciones para brindar protección y cuidar al consumidor frente al gobierno por los servicios que brinda a través de Caminos y Puentes Federales.

Así plantea el siguiente:

Proyecto de Decreto

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

“Artículo Unico.- Se adiciona la fracción XIII bis y se recorren las subsecuentes en su orden; y se adiciona el párrafo tercero al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I a XIII.- …

XIII bis.-Proteger los derechos y representar los intereses de los consumidores por los bienes y servicios que presta el sector público.

Para cumplir con lo anterior, vigilará y verificará que las condiciones en que el sector público proporcione bienes y servicios al consumidor cumplan con los principios básicos en las relaciones de consumo.

XIV a XXIII.- ...

Artículo 113.- …

Tratándose de Caminos y Puentes Federales, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de cobrar o de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimientos de sus obligaciones hasta que se concluya dicho procedimiento”.

IV. Consideraciones

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el promovente en el sentido de que el derecho del consumidor salvaguarda las garantías que tiene toda persona ante la realización de una actividad fundamental para la economía: el consumo de bienes y servicios.

Así el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que la Ley, promoverá y protegerá los derechos y cultura del consumidor y procurará la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

También señala como principio básico de las relaciones de consumo el otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del precepto legal en comento.

Segunda.- Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Secretaría de Economía.

Así, el 15 de marzo del año en curso, a través del oficio número SPJ/098/2013 la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“En cuanto a la relación a los servicios prestados por la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y los conflictos derivados en ejercicio de su función pública, es conveniente precisar que el Poder Judicial de la Federación ha expuesto que la Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para conocer y resolver sobre las quejas promovidas contra los entes de las administraciones pública federal, estatal o municipal como sujetos obligados de la ley en su calidad de proveedores de algún bien o servicio, toda vez que, dichas relaciones se llevan a cabo en un plano de Estado-gobernado, y en todo caso, el conflicto derivaría de la prestación de un servicio en ejercicio de sus funciones públicas.

En el caso de Caminos y Puentes Federales, es un organismo descentralizado de una entidad de la Administración Pública Federal, que fue creada para administrar los Caminos y Puentes Federales de cuota, tan es así que las cuotas que los usuarios cubren se hace en el contexto de lo previsto en la Ley Federal de Derechos, pero esto no implica que se trate de una relación proveedor-consumidor, en sentido estricto.

Por lo que considerando el tipo de relación que se establece entre el Estado y los usuarios de las Carreteras y Puentes Federales a que se refiere el criterio sustentado por el Poder Judicial Federal, la reforma no resultaría suficiente en prever alguna atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor para intervenir en relación a Caminos y Puentes Federales, ya que dicha relación no dejaría de ser entre el Estado y sus gobernados, y nunca entre un proveedor y consumidor.

En conclusión la Procuraduría Federal del Consumidor no podría ejercer atribuciones respecto del organismo descentralizado (CAPUFE), o cualquier otra entidad de las Administraciones Públicas Federal, Estatales o Municipales, si el conflicto deriva de la prestación de un servicio en ejercicio de su función pública”.

Tercera.- Las que dictaminan, consideran retomar las observaciones y opiniones de la Procuraduría Federal del Consumidor, toda vez que para efectos prácticos, es la autoridad quien posee la experiencia en el ámbito de aplicación de la Ley de la materia, y legalmente en términos del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

No obstante, estas dictaminadoras destacan el antecedente señalado por la PROFECO, en el sentido de que, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido mediante tesis, que dicho organismo carece de competencia para conocer y resolver sobre las quejas promovidas contra los entes de las administraciones pública federal, estatal o municipal como sujetos obligados de la ley en su calidad de proveedores de algún bien o servicio, debido a que estas relaciones se desarrollan en el ámbito Estado-gobernado.

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LAS QUEJAS PROMOVIDAS CONTRA LAS ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, CUANDO EL CONFLICTO DERIVE DE LA PRESTACION DE UN SERVICIO EN EJERCICIO DE SU FUNCION PUBLICA.

De los artículos 1o., párrafo primero, 2o., fracciones I y II, 5o., 6o. y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se advierte que están sujetos al cumplimiento de dicha ley todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan la calidad de proveedores y consumidores; asimismo, que con el carácter de proveedores se considerarán a las entidades de las administraciones públicas en cualquiera de los tres órdenes de gobierno y, finalmente, que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene, entre otras atribuciones, la de dirimir y resolver los conflictos que se susciten entre las partes que intervienen en el proceso de la prestación-recepción de un servicio. No obstante lo anterior, la inserción de los entes de las administraciones públicas federal, estatal o municipal como sujetos obligados de la ley en su calidad de proveedores, no debe entenderse bajo la connotación literal de la fracción II del indicado artículo 2o., esto es, como la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o goce de bienes, productos y servicios, sino que para que tengan tal carácter y, por tanto, sus actos sean regulados por dicho ordenamiento, deben llevarse a cabo dentro de una relación comercial con actividades de lucro y no en un plano de Estado-gobernado, pues en este caso su proceder como autoridad puede impugnarse mediante los respectivos recursos o medios de defensa (ordinarios o extraordinarios), instituidos al efecto. Por tanto, la citada procuraduría carece de competencia para conocer y resolver las quejas promovidas contra las señaladas entidades gubernamentales, cuando el conflicto derive de la prestación de un servicio en ejercicio de su función pública.

TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.

Amparo directo 499/2008. Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 30 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Víctor Hugo Velázquez Ro.

Cuarta.- Estas dictaminadoras estiman valiosas las aportaciones vertidas en la iniciativa materia del presente dictamen, no obstante desde el punto de vista jurídico son inviables, toda vez que, aunque el artículo 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que están obligados al cumplimiento de esta ley, las administraciones públicas federal, estatal municipal y del gobierno del Distrito Federal, en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores, ello no significa que sea bajo el esquema de que se trata de una persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o goce de bienes, productos y servicios.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 08 de noviembre de 2011.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y ADICIONA UN CAPITULO Y DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial.

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un capítulo y diversos artículos a la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el Senador Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 15 de diciembre de 2011 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un capítulo y diversos artículos a la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el Senador Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de la Iniciativa

El objetivo de la iniciativa, es inhibir las conductas de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, mismas que por su cantidad y volumen, aún sin contar con un ánimo de lucro directo o indirecto, o una ganancia a escala comercial, afectan la normal explotación de la obra en el entorno digital para proteger los derechos de los titulares, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, videogramas y organismos de radiodifusión.

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, en México, en el ámbito de la piratería digital, debido al avance tecnológico, no se han hecho acciones reales para combatirla.

Menciona que, ante el grave daño que causa la descarga de obras mediante el intercambio de archivos P2P, almacenamiento y reproducción de obras no autorizadas, es procedente incorporar a las limitaciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, aquellas disposiciones que protejan la explotación normal de la obra y no causar un perjuicio a los titulares de derechos de autor y derechos conexos.

Así plantea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

“PRIMERO. Se reforman los artículos 27, fracciones I y IV; 131, fracción I; añadir un artículo 151 bis; modificar el artículo 231, fracciones III y X; y la adición de un Capítulo III y los artículos 232 bis y bis 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

TITULO II

DEL DERECHO DE AUTOR

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, digital, fotográfico u otro similar.

II.

III.

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación y la puesta a disposición. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V a VII.

TITULO V

DE LOS DERECHOS CONEXOS

CAPITULO IV

DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Artículo 131.- Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta y la puesta a disposición de los mismos;

II a V.

TITULO VI

DE LAS LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CAPITULO II

DE LA LIMITACION A LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Artículo 151 bis.- Lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior no es aplicable cuando la utilización se realiza mediante la conexión alámbrica o inalámbrica de red de una computadora o dispositivo que permite el acceso a una red, y se pone a disposición de terceros por la misma vía, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante, productor de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión.

TITULO XII

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO II

DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I.

II.

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar, comercializar o poner a disposición copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, por cualquier medio y en cualquier soporte material ,sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV a IX.

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

CAPITULO III

DE LAS INFRACCIONES EN CONTRA DE LA EXPLOTACION NORMAL DE LA OBRA

Artículo 232 bis. Se entiende por infracciones cometidas en contra de la explotación normal de la obra aquellas conductas realizadas por personas físicas, que mediante la conexión alámbrica o inalámbrica de red de una computadora o dispositivo que permite el acceso a una red, realizan por sí o a través de terceros, la puesta a disposición de copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

Artículo 232 bis 1.- Las infracciones cometidas en contra de la explotación normal de la obra prevista en la presente Ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:

De treinta hasta veinte mil días de salario mínimo

SEGUNDO. Se adicionan un Capítulo IV y los artículos 202 Bis, 202 Bis 1, 202 Bis 2, 202 Bis 3, 202 Bis 4, 202 Bis 5 y 202 Bis 6 a la Ley de Propiedad Industrial:

TITULO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES RESPECTO DE LAS INFRACCIONES EN CONTRA DE LA EXPLOTACION NORMAL DE LA OBRA

Artículo 202 Bis.- El Instituto podrá notificar a toda persona que cometa una infracción en contra de la explotación normal de la obra, de conformidad a lo dispuesto por este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 202 bis 1.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de oficio o a petición de parte. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de notificaciones de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Artículo 202 bis 2.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Información que identifique la dirección IP del presunto infractor;

IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos, incluyendo la descripción precisa de las obras literarias o artísticas, producciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas posiblemente infringidas, incluyendo su ubicación en las redes o servicios del proveedor, y

V. Información del Proveedor de servicio de Internet que ofrece el servicio de valor agregado en el cual se presume se ha cometido la infracción.

VI. La descripción de los hechos, y

VII. Los fundamentos de derecho.

Artículo 202 Bis 3 En los casos del procedimiento de notificaciones respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra, el titular del derecho afectado, directamente, a través de apoderado legal o en su caso la sociedad de gestión colectiva que lo represente, podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial que notifique al proveedor de servicios de valor agregado, quien a su vez proporcionará, dentro de un plazo de tres días, la información de identificación de la dirección IP que presuntamente ha cometido la conducta infractora.

Artículo 202 Bis 4. Una vez recibida la información del proveedor de servicio de internet, el Instituto notificará fehacientemente por cualquier medio al usuario titular de la cuenta correspondiente, acerca de la posible infracción.

Artículo 202 Bis 5. El usuario titular de la cuenta de servicio de valor agregado tendrá un plazo de 3 días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud planteada en su contra.

Artículo 202 bis 6.- Transcurrido el plazo otorgado para que el usuario manifieste lo que a su derecho convenga el Instituto resolverá de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 207 bis 7.- El Instituto solicitará la cooperación de las instancias internacionales correspondientes que sean necesarias para llevar a cabo el procedimiento a que se refiere este capítulo en caso de que se dé un elemento internacional en la constitución de la infracción.

TERCERO. Se adicionan las fracciones IV y V al artículo 2 del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2o.- Además de las definiciones previstas en el artículo 3o. de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I.- Gaceta: la Gaceta de la Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 8o. de la Ley;

II.- Ley: la Ley de la Propiedad Industrial, y

III.- Secretaría: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

IV. Proveedor de servicio de Internet: Persona que ofrece un servicio de valor agregado proporcionando acceso a Internet a terceros.

V.- Dirección IP.- Dirección que representa usualmente mediante notación decimal separada por puntos la identificación de una computadora o dispositivo móvil de forma inequívoca.

CUARTO. Se modifica la fracción II del artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se adiciona la fracción XXII del mismo artículo.

CAPITULO III

DE LAS DIRECCIONES DIVISIONALES

ARTICULO 14. Compete a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual:

I.

II. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, procedimiento de notificaciones respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra; emplazar a los presuntos infractores; substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan conforme a dichas leyes;

III. …

IV a XXI

XXII.- Requerir información y datos a los proveedores de servicios de internet o prestadores de servicio de valor agregado, con la finalidad de allegarse de todos aquellos medios de prueba que permitan determinar la identidad del posible infractor en contra de la explotación normal de la obra.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal deberá modificar en lo conducente el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en un plazo que no excederá los noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.

IV. Consideraciones

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el promovente, en el sentido de que es necesario atender el problema de la piratería digital en nuestro país, por lo que debe de haber una actualización de las Leyes para salvaguardar los derechos de una sociedad que se encuentra inmersa en constantes cambios.

En este tenor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley salvaguarda y promociona el acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone en su fracción V, que uno de los objetivos de esta Ley, es la protección de la propiedad industrial, mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

Bajo estas premisas, se observan que ambos marcos jurídicos tienen delineados ámbitos de acciones diferentes, pues uno garantiza los derechos de quienes forman parte de la producción nacional (Ley de la Propiedad Industrial), mientas que el otro protege los derechos de autores en las diversas modalidades (Ley Federal del Derecho de Autor).

Segunda.-Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Así, el 4 de marzo del año en curso, a través del oficio número DDAJ.2013.00140 dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“Se considera que la iniciativa adolece de defectos de técnica jurídica, derivado de la confusión que existente sobre el derecho de la propiedad industrial y el del derecho de autor.

La modificación a la Ley de la Propiedad Industrial no es la vía para implementar una reforma encaminada a sancionar el uso de derechos de autor y derechos conexos, por lo que en dado caso, el medio idóneo para su implementación sería en la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, y

La facultad para reformar el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, corresponde al Ejecutivo Federal, por lo que las modificaciones propuestas a la presente iniciativa deben seguir un proceso diferente al de reformas legislativas, motivo por el cual tendrían que ser suprimidas del texto”.

Tercera.- Las que dictaminan, consideran retomar las observaciones y opiniones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que para efectos prácticos, es la autoridad quien posee la experiencia en el ámbito de aplicación de la Ley de la materia, y legalmente en términos del artículo 6 de citada Ley, es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial dotada de diversas facultades en la materia.

Aunado a lo anterior, estasdictaminadoras observan que, al pretender otorgar facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con respecto al procedimiento de notificaciones de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra, se estarían violentando las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece que “Instituto Nacional del Derecho de Autor”, es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, según se desprende del artículo 208 de la referida Ley.

De conformidad con el artículo 209 de la citada Ley, este Instituto, tiene como una de sus funciones principales la de proteger y fomentar el derecho de autor.

Cuarta.- Estas dictaminadoras estiman valiosas las aportaciones vertidas en la iniciativa materia del presente dictamen, no obstante es necesario observar que esta propuesta fue formulada en el marco de las inquietudes que se presentaron en torno a la firma del denominado “Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) que México suscribió y que por cierto está pendiente su ratificación el Senado.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Iniciativa proyecto de Decretoque reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un capítulo y diversos artículos a la Ley de la Propiedad Industrial,presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 15 de diciembre de 2011.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 17 de abril de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 18 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen sobre el proyecto de Decreto que reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMA el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el Senador Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 20 de octubre de 2009 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMA el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el Senador Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente Acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.-A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto, la reducción del número de integrantes que conforman el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES.

El Senador promovente plantea que la conformación de este Consejo sea de 21 integrantes, toda vez su composición actual, es elevada (31 miembros) y limita su capacidad y dinamismo, además de que privilegia a las entidades federativas que presentan mayor desarrollo económico en desventaja de aquellas cuyo sector de MIPYMES requiere mayor atención.

En otro orden de ideas, ante la ausencia de la participación de instituciones de educación superior e investigación, plantea incorporar a la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional como parte del Consejo, toda vez que estas instituciones han venido desarrollando estudios importantes para elevar la competitividad de las MIPYMES.

Así, propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

“UNICO.- Se reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por 21 integrantes:

I. El Secretario de Economía, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III. El Secretario de Educación Pública;

IV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

V. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VI. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía;

VII. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.;

VIII. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.;

IX. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

X. Seis Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente, del Distrito Federal y de las Entidades Federativas;

XI. Cuatro presidentes de cámaras industriales locales o su equivalente. Dos, de entidades federativas con mayor desarrollo económico y los dos restantes de entidades federativas con menor desarrollo económico;

XII. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México;

XIII. Un representante del Instituto Politécnico Nacional;

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, miembros de Consejos Estatales y especialistas en los temas a discusión.

Por cada uno de los miembros que pertenezcan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se nombrará un suplente, que deberá tener al menos el nivel de director general o su equivalente. En el caso de los otros miembros del Consejo no se nombrarán suplentes.

En las ausencias del presidente del Consejo, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa asumirá dichas funciones.

Transitorios

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con el Senador promovente, en la necesidad de impulsar la creación y desarrollo y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se estima que las MIPYMES constituyen el 998% del total de unidades económicas del país y representan el 347% lo que contribuye a generar más del 73% de los empleos en México.

Segunda.-Que el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se encuentra sustentada en los siguientes ordenamientos jurídicos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma DOF 9 de agosto de 2012.

• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el DOF del 30 de diciembre de 2002. última reforma publicada en el DOF del 18 de enero de 2012.

• Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DOF del 24 de mayo de 2006.

Tercera.- Que este Consejo, tiene su antecedente en el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CNMIPYME), cuyos estatutos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 1995, el cual surge como resultado de la experiencia que han tenido diversos países desarrollados quienes han destacado el papel de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la economía. Se tomó en cuenta la experiencia internacional en el apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), considerando la forma de producción, caracterizada por la flexibilidad y versatilidad de estos negocios para adaptarse a las cambiantes condiciones de los mercados globalizados, así como el surgimiento de una política enfocada a favorecer este tipo de empresas, reconociendo su problemática específica.

El CNMIPYME tenía como propósito ser un instrumento de concertación y estaba conformado por representantes del sector público y del sector privado. El objetivo básico fue la promoción de mecanismos para que las MIPYMES recibieran asesoría integral y especializada en las áreas de comercialización y mercadeo, tecnología, procesos productivos, diseño de productivo y financiamiento, así como en materia de normalización y certificación.

Asimismo, promover la asociación entre las MYPIMES y su vinculación con la gran empresa, para elevar la integración y eficiencia de las cadenas productivas, así como el desarrollo de estrategias de promoción a la exportación directa e indirecta de las MIPYMES.1

Cuarta.- Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa estará conformado por 31 integrantes.

A continuación se muestra la evolución que ha tenido el Consejo desde su creación en el año de 1995.

Creado 1995

Vigente 2002

Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, integrado por 21 miembros:

Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa integrado por 31 miembros:

Estructura Orgánica

Estructura Orgánica

Sector Público

14. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial (Presidente).

2. El Subsecretario de Industria de la SECOFI.

3. El Subsecretario de Comercio Interior y Abasto de la SECOFI.

4. El Subsecretario de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la SECOFI, quien será el Secretario Técnico.

5. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

7. El Secretario de Educación Pública;

9. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

10. El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGADER).

11. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

13. El Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL).

6. El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).

12. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.

13. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

14. El Director General del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C.

Sector Privado

15. El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

16. El Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

18. El Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO).

20. El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO).

17. El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

19. El Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

21. El Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA N.L).

22. El Presidente de la Cámara Regional de la Industria de Transformación de Jalisco (CAREINTRA).

El Consejo también podía invitar a representantes de las diferentes cámaras y asociaciones empresariales, así como expertos nacionales e internacionales.

El CNMYPIME consideraba la conformación de Comités Estatales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los cuales estaban integrados por todos los organismos públicos y privados que, por su naturaleza, estén vinculados a las MIPYMES de los estados.

Sector Público

I. El Secretario de Economía, quien lo presidirá;

X. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía (Secretario Técnico)

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III. El Secretario de Educación Pública;

IV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

V. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VI. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VII. El Secretario de Energía;

VIII. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

IX. El Secretario de Turismo;

XI. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.;

XII. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.;

XIII. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

XIV. Seis representantes de los Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente en el Distrito Federal y en las Entidades Federativas;

Sector Privado

XV. El Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos;

XVI. El Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo;

XVII. El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana;

XVIII. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación;

XIX. El Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León;

XX. El Presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;

XXI. Tres miembros de los Sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, quienes serán designados por la Secretaría, y

XXII. Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores.

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, miembros de los Consejos Estatales y especialistas en los temas a discusión.

Objetivos

Objetivos

-Diseñar e implementar las medidas orientadas al apoyo, fomento y mejora de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

-Promoción de la asociación empresarial e inserción de la MYPYME, en los encadenamientos productivos.

-Promoción de mecanismos de apoyo orientados a la capacitación de la MIPYME.

-Promoción de las exportaciones de la MIPYME.

I. Estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores;

II. Desarrollar mecanismos para que las MIPYMES reciban Consultoría y Capacitación en las áreas de comercialización y mercadeo, tecnología y procesos de producción, diseño de producto y financiamiento, así como en materia de normalización y certificación;

III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la iniciativa y creatividad de los emprendedores;

IV. Procurar la formación de especialistas en Consultoría y Capacitación;

V. Promover la certificación de especialistas que otorguen servicios de Consultoría y Capacitación a las MIPYMES;

VI. Facilitar la integración entre las MIPYMES;

VII. Impulsar la vinculación de las MIPYMES con la gran empresa;

VIII. Estimular la integración y eficiencia de las cadenas productivas, con la participación de los Sectores, con una visión de corto, mediano y largo plazo;

IX. Formular mecanismos y estrategias de promoción a la exportación directa e indirecta de las MIPYMES;

X. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las MIPYMES, y

XI. Instituir los premios nacionales que reconozcan la competitividad de las MIPYMES en los términos que él mismo determine.

Funciones

Funciones

-Formar grupos de trabajo.

-Asignar responsabilidades específicas y sugerir plazos de resolución.

-Coordinar y concretar con los Gobiernos de los Estados, la aplicación de medidas y líneas de acción que se decidan en el seno del CNMYPIME, así como su seguimiento y evaluación.

-Informar periódicamente al titular del Ejecutivo Federal los resultados del desarrollo de actividades.

No se encuentran reguladas por la Ley

Quinta.- Que el Título Quinto de la Ley referida, regula la figura de los Consejos Estatales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que serán conformados por entidad federativa y el Distrito Federal.

Estos Consejos tendrán como función principal, el estudio y proponer en el ámbito regional, estatal y municipal, las medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES a través del análisis de las propuestas surgidas de los sectores público y privado.

El Consejo Estatal será presidido por el secretario de desarrollo económico o su equivalente en cada Entidad Federativa o Distrito Federal, quien informará periódicamente al Consejo los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades.

Sexta.-Que del periodo comprendido de 1995 al 2002, el Consejo logró concretar diversos programas y creación de instancias que permitieron apoyar el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. Entre estos resultados se encuentran la creación de 28 Comités Estatales, integrados por representantes de los organismos empresariales, Gobierno Federal y Gobiernos Estatales.

Con lo que respecta al periodo de 2003 a 2006, destaca la integración de 11 Grupos de Trabajo en el mismo número de temas para analizar y elaborar propuestas de mejora en la política de competitividad de las MIPYMES.

Y por último, del periodo 2006 al 2012, se destaca el crecimiento de los recursos asignados para apoyar a los empresarios y emprendedores en comparación con el sexenio anterior. En el 2001 el presupuesto ascendía a $880.4 millones de pesos, mientras que en 2012 ascendió a $6,985 millones de pesos. En total, en el sexenio 2001-2006 el presupuesto global destinado a PYMES fue de $7,912.2 millones de pesos, mientras que en la administración que recién concluyó, el monto global de los seis años ascendió a $33,006 millones de pesos con un incremento del 417% en el monto global sexenal de los recursos destinados para apoyar a los empresarios y emprendedores.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico así como la información compilada en las consideraciones descritas en cuerpo del presente dictamen, las que dictaminan estiman que originalmente el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, fue concebido como un instrumento de concertación entre el sector público y privado, con el propósito de establecer políticas, acciones e instrumentos que promuevan la modernización de la Micro, Pequeñas y Medianas empresas, con una visión a largo plazo.

Su representación plural integrada por funcionarios del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales, de la iniciativa privada, del sector laboral, lo convierten en el organismo idóneo para provocar la sinergia institucional.

Por lo que, lasque las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador promovente, en el sentido de regresar a la conformación original de 21 integrantes, no tendría un impacto relevante y significativo en las MIPYMES, toda vez que su efectividad de este Consejo como ya se observó, no estriba en su composición orgánica, sino en el desarrollo e impulso de sus acciones y actividades que ha venido puesto en marcha.

Por otro lado, desde el punto de vista jurídico la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, plantea no solo la participación de 6 Secretarios de Desarrollo Económico de las entidades federativas, sino también la participación de los Consejos Estatales, por lo que no se excluye a ningún sector.

El hecho de que en la reforma de 2002, se haya dado una apertura en la conformación del Consejo, obedece precisamente a eliminar el derecho de minorías e incrementar la participación de otros sectores, por lo que de ninguna manera, su composición vigente, limita su capacidad y dinamismo, ni privilegia a las entidades federativas que presentan mayor desarrollo económico.

Por lo que respecta a la propuesta incluir a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional como parte del Consejo, se encuentra atendida en el segundo párrafo del artículo 20 de la referida Ley, al establecer que “El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, miembros de los Consejos Estatales y especialistas en los temas a discusión, y por otro lado al incluir a estas dos instituciones de estudios, se estarían dejando fuera a instituciones del sector privado quienes han venido desarrollando algunos estudios relacionados con las MIPYMES, por lo que es improcedente la modificación.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la iniciativa proyecto de Decreto por el que se REFORMA el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 20 de octubre de 2009.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.


1 Memoria Documental del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CNCMIPYME) 2006-20012, Secretaría de Economía.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen relativo al proyecto de Decreto que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMAN y ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscrita por la Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por lalegisladora promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 13 de septiembre de 2011 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscrita por la Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional en la LX y LXI Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.-A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto, detener y revertir las tendencias del deterioro ambiental, en la contratación de obras y servicios del sector público.

La Senadora promovente plantea realizar cambios en la legislación en materia de contrataciones de obras y servicios del sector público, para restablecer el equilibrio ecológico y evitar los daños causados al medio ambiente que se han presentado derivado de estas contrataciones.

De acuerdo con la exposición de motivos, la promovente manifiesta que se requiere de la construcción de modelos en la contratación de obras públicas que eviten dañar de manera significativa los recursos naturales y los ecosistemas en los cuales se desarrollen las obras públicas o se preste algún servicio relacionado con las mismas.

Así propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Artículo Primero.- Se adiciona una nueva fracción VI al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, recorriendo la subsiguiente en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 60. …

I. a V. …

VI. Las que cuenten con antecedentes penales por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, y

VII. …

Artículo Segundo.- Se reforman y adicionan los artículos 30, 31, 38, 41, 42, 51 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 30.…

I. a III. …

Las licitaciones públicas deberán contemplar como requisito para que los licitantes puedan participar, la presentación de un plan de evaluación de impacto ambiental y medidas de mitigación ambiental.

Artículo 31.…

I. a XVII. …

XVIII. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería requeridos para preparar la proposición deberán contemplar un proyecto de evaluación de impacto ambiental, así como medidas de mitigación para la recuperación de ambientes que pudieran resultar significativamente afectados por la realización de obras públicas;

XIX. a XXXIII. …

Artículo 38. …

Una segunda ponderación deberá establecerse para los licitantes que cuenten con certificación reciente de mejores procesos, productos o servicios en el cuidado del medio ambiente, expedidos por dependencias, empresas u organismos nacionales e internacionales. Los certificados que, para el efecto presenten los licitantes, serán verificados ante las entidades correspondientes.

Artículo 41.-…

Las personas invitadas deberán cumplir el requisito de presentación de un plan de evaluación de impacto ambiental, así como medidas de mitigación para la recuperación de ambientes que pudieran resultar significativamente afectados por la realización de obras públicas.

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II, III y tercer párrafo del Artículo 30 de la presente Ley.

Artículo 42.-…

I. a XIV. …

En los casos aplicables, las dependencias y entidades que contraten obras públicas o servicios relacionados con las mismas a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, deberán requerir a los participantes la presentación de un plan de evaluación de impacto ambiental, así como medidas de mitigación para la recuperación de ambientes que pudieran resultar significativamente afectados por la realización de obras públicas.

Artículo 51. …

I. a X.…

XI. Las que cuenten con antecedentes penales por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, y

XII. …

Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos, por daños al medio ambiente ocasionados por el impacto de la obra pública y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas dictaminadoras comparten la preocupación de la Senadora promovente, en el sentido de que las contrataciones de obras y servicios del sector público se deben implementar acciones que protejan los recursos naturales y ecosistemas.

Lo anterior, en correlación con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 Constitucional que dispone que “Se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;…”

Segunda.- Que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispone en su artículo 20 que, “Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental…”

Asimismo, establece que los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

En el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispone en su artículo 22, párrafo segundo, fracción III que, las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán entre otras funciones, la de establecer aspectos de sustentabilidad ambiental que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales.

Tercera.- Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone en su artículo 5 dispone que la Federación tendrá la facultad de evaluar el impacto ambiental de las siguientes obras o actividades:

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;

VI.- (Derogada)

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;

IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

De acuerdo con la Ley referida en su artículo 28 dispone que la evaluación del impacto ambiental, consiste en “El procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente…”

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la iniciativa de la Senadora promovente, se encuentran debidamente atendidas y reguladas en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que es innecesaria su modificación.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Iniciativa proyecto de decreto por el que se REFORMAN y ADICIONAN diversas disposiciones de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 13de septiembrede 2011.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen sobre el proyecto de Decreto que reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMAN, ADICIONAN y DEROGAN diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por la legisladora promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 26 de abril de 2012 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto, la eliminación de las figuras jurídicas de Sociedades en Nombre Colectivo; Comandita Simple; y Comandita por Acciones previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez que de acuerdo con la promovente estas se encuentran obsoletas y en desuso ante las desventajas que presentan frente a las figuras en que se constituyen los socios.

De acuerdo con la exposición de motivos, la Sociedad en Nombre Colectivo, desde su creación nunca fue atractiva para los socios que pretendían constituirse bajo una razón social, debido a que bajo esta figura todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente ante las obligaciones sociales.

Con respecto a las Sociedades en Comandita Simple y por Acciones, se trató de subsanar el problema, al dividir en socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales y socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.

En otro orden de ideas, la Senadora promovente plantea establecer la figura del “Corredor Público” con el carácter de fedatario público para efectos de la suscripción de actos jurídicos de naturaleza mercantil.

Por otro lado, propone modificar el término de escritura pública por el de Instrumento Constitutivo, ello debido a la inclusión de la figura del corredor público.

Así, propone el siguiente:

Proyecto de decreto

“Artículo Unico: Se reforman los artículos 1, 2, 4, 5, 6 fracc. IV, V, VII y XIII; 9 al 25; y 27 al 218; Se adiciona el artículo 26 recorriéndose el texto de los subsecuentes en su orden; y se derogan los artículos 25 al 57, todos de la ley general de sociedades mercantiles, para quedar en la siguiente forma:

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

CAPITULO I

De la constitución y funcionamiento de las Sociedades Mercantiles

Artículo 1o.-Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I.- Sociedad de responsabilidad limitada, y

II.- Sociedad anónima.

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a II de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo V de esta Ley.

Artículo 2o.- …

Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en Instrumento Constitutivo, tendrán personalidad jurídica.

Las sociedades irregulares, que realicen actos jurídicos por medio de sus representantes o mandatarios, responderán al cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados.

Artículo 4o.-Se reconocen como Sociedades Mercantiles a todas las que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1º de esta Ley.

Artículo 5o.-Las sociedades se constituirán ante notario o corredor público, quien elaborará el Instrumento Constitutivo.

El notario o corredor público, no autorizará el Instrumento Constitutivo cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley.

Artículo 6o.- El Instrumento Constitutivo de una sociedad deberá contener:

IV.- Su duración, por tiempo indefinido;

V.- El importe del capital social, será el que establezca la sociedad;

VII.- El domicilio de la sociedad, que esté deberá de ser cierto y determinado;

XIII.-

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en el Instrumento Constitutivo sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma.

Artículo 7o.-Si el contrato social no se hubiere otorgado en Instrumento Constitutivo ante Notario o Corredor Publico, pero cumpliera con los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6º, cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de Instrumento Constitutivo correspondiente.

En caso de que el Instrumento Constitutivo no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro del Instrumento Constitutivo, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Artículo 8o.- …

Artículo 9o.-

Artículo 10.-

Artículo 11.-

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario o corredor público de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.

El notario o corredor publico hará constar en el Instrumento Constitutivo correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.

Artículo 12.- Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la entrega respectiva.

Artículo 13.- A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aporte a la sociedad uno o más créditos, responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor, en la época de la aportación, y de que, si se tratare de títulos de crédito, éstos no han sido objeto de la publicación que previene la Ley para los casos de pérdida de valores de tal especie.

Artículo 14.- El nuevo socio de una sociedad ya constituida responde de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se modifique la razón social o la denominación. El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros.

Artículo 15.- El socio que se separe o fuere excluido de una sociedad, quedará responsable para con los terceros, de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión.

El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros.

Artículo 16.- En los casos de exclusión o separación de un socio, excepto en las sociedades de capital variable, la sociedad podrá retener la parte de capital y utilidades de aquél hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación del haber social que le corresponda.

Artículo 17.- En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes:

I.- La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones;

II.- Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual, y

III.- El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas.

Artículo 18.- No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias.

Artículo 19.- Si hubiere pérdida del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades.

Artículo 20.- La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Cualquiera estipulación en contrario no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones.

Artículo 21.- De las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social.

El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.

Articulo 22.- Son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de las juntas de socios y asambleas, que sean contrarios a lo que dispone el artículo anterior. En cualquier tiempo en que, no obstante esta prohibición, apareciere que no se han hecho las separaciones de las utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsables quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la sociedad, una cantidad igual a la que hubiere debido separarse.

Quedan a salvo los derechos de los administradores para repetir contra los socios por el valor de lo que entreguen cuando el fondo de reserva se haya repartido.

No se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal, cuando esto se haga, pero en este caso deberá volverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se capitalice, en los términos del artículo 21.

Artículo 23.-Para hacer efectiva la obligación que impone a los administradores el artículo anterior, cualquier socio o acreedor de la sociedad podrá demandar su cumplimiento en la vía sumaria.

Artículo 24.- Los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos sino sobre las utilidades que correspondan al socio según los correspondientes estados financieros, y, cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le corresponda en la liquidación. Igualmente, podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier otro reembolso que se haga a favor de los socios, tales como devolución de primas sobre acciones, devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante.

Podrán, sin embargo, embargar la porción que le corresponda al socio en la liquidación y, en las sociedades por acciones, podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor.

Cuando las acciones estuvieren caucionando las gestiones de los administradores o comisarios, el embargo producirá el efecto de que, llegado el momento en que deban devolverse las acciones, se pongan éstas a disposición de la autoridad que practicó el embargo, así como los dividendos causados desde la fecha de la diligencia.

Artículo 25.- La sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de tercero, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, de manera solidaria, e ilimitadamente cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con la sociedad. En este caso la sentencia se ejecutará primero en los bienes de la sociedad y sólo a falta o insuficiencia de éstos, en los bienes de los socios demandados.

CAPITULO II

De las Definiciones

Artículo 26.- para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.- Sociedad Mercantil: Es la persona jurídica distinta de los socios que la integran derivada del contrato social, por el cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial.

II.- Sociedad Anónima: Es una sociedad mercantil, con denominación y capital funcional, representado por acciones nominativas suscritas por acciones que responden hasta por el monto de su aportación.

III.- Sociedad de responsabilidad limitada: Sociedad mercantil que se constituye entre socios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos negociables a la orden y al portador, siendo sólo cedibles en los casos y con los requisitos legalmente preestablecidos.

IV.- Instrumento: Es una de las varias especies de documentos que está integrado por la presencia fundamental de: su carácter oficial, su expedición por funcionario competente, el cumplimiento de formas establecidas por la ley.

V.- Notario: Funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales.

VI.- Corredor: Fedatario Público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor, haciendo constar los hechos de naturaleza mercantil.

VII.- Contrato Social: documento voluntario, dentro de un determinado grupo o asociación, para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones que admiten la existencia de una autoridad, normas morales y leyes, a las cuales se someten.

CAPITULO III

De la sociedad de responsabilidad limitada

Artículo 27.- Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley.

Artículo 28.- La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R. L.” La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25.

Artículo 29.- Cualquiera persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones.

Artículo 30.- Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de cincuenta socios.

Artículo 31.- El capital social será el monto que determine la sociedad; se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de mil pesos o de un múltiplo de esta cantidad.

Artículo 32.- La constitución de las sociedades de responsabilidad limitada o el aumento de su capital social, no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública.

Artículo 33.- Al constituirse la sociedad el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor de cada parte social.

Artículo 34.- Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor.

Artículo 35.- Cuando la cesión de que trata el artículo anterior se autorice en favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de quince días para ejercitarlo, contado desde la fecha de la junta en que se hubiere otorgado la autorización. Si fuesen varios los socios que quieran usar de este derecho, les competerá a todos ellos en proporción a sus aportaciones.

Artículo 36.- La transmisión por herencia de las partes sociales, no requerirá el consentimiento de los socios, salvo pacto que prevea la disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos, o que disponga la liquidación de la parte social que corresponda al socio difunto, en el caso de que la sociedad no continúe con los herederos de éste.

Artículo 37.- Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las partes sociales.

Artículo 38.-Las partes sociales son indivisibles. No obstante, podrá establecerse en el contrato de sociedad, el derecho de división y el de cesión parcial, respetándose las reglas contenidas en los artículos 30, 31, 34 y 35 de esta Ley.

Artículo 39.- Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones.

Queda prohibido pactar en el contrato social prestaciones accesorias consistentes en trabajo o servicio personal de los socios.

Artículo 40.- La amortización de las partes sociales no estará permitida sino en la medida y forma que establezca el contrato social vigente en el momento en que las partes afectadas hayan sido adquiridas por los socios. La amortización se llevará a efecto con las utilidades líquidas de las que conforme a la Ley pueda disponerse para el pago de dividendos. En el caso de que el contrato social lo prevenga expresamente, podrán expedirse a favor de los socios cuyas partes sociales se hubieren amortizado, certificados de goce con los derechos que establece el artículo 106 para las acciones de goce.

Artículo 41.- En los aumentos del capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la sociedad.

Los socios tendrán, en proporción a sus partes sociales, preferencia para suscribir las nuevamente emitidas, a no ser que este privilegio lo supriman el contrato social o el acuerdo de la asamblea que decida el aumento del capital social.

Artículo 42.- La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción.

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.

Artículo 43.- La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores.

Siempre que no se haga designación de gerentes, todos los socios concurrirán en la administración.

Artículo 44.- Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos, pero si el contrato social exige que obren conjuntamente, se necesitará la unanimidad, a no ser que la mayoría estime que la sociedad corre grave peligro con el retardo, pues entonces podrá dictar la resolución correspondiente.

Artículo 45.- Los administradores que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan votado en contra, quedarán libres de responsabilidad.

La acción de responsabilidad en interés de la sociedad contra los gerentes, para el reintegro del patrimonio social, pertenece a la asamblea y a los socios individualmente considerados; pero éstos no podrán ejercitarla cuando la asamblea, con un voto favorable de las tres cuartas partes del capital social, haya absuelto a los gerentes de su responsabilidad.

La acción de responsabilidad contra los administradores pertenece también a los acreedores sociales; pero sólo podrá ejercitarse por el síndico, después de la declaración de quiebra de la sociedad.

Artículo 46.- La asamblea de los socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos, la mitad del capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada. Salvo estipulación en contrario, si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción del capital representado.

Artículo 47.- Las asambleas tendrán las facultades siguientes:

I.- Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas.

II.- Proceder al reparto de utilidades.

III.- Nombrar y remover a los gerentes.

IV.- Designar, en su caso, el Consejo de Vigilancia.

V.- Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales.

VI.- Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias.

VII.- Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios.

VIII.- Modificar el contrato social.

IX.- Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos socios.

X.- Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social.

XI.- Decidir sobre la disolución de la sociedad, y

XII.- Las demás que les correspondan conforme a la Ley o al contrato social.

Artículo 48.- Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación o el múltiplo de esta cantidad que se hubiere determinado, salvo lo que el contrato social establezca sobre partes sociales privilegiadas.

Artículo 49.- Las asambleas se reunirán en el domicilio social, por lo menos una vez al año, en la época fijada en el contrato.

Artículo 50.- Las asambleas serán convocadas por los gerentes; si no lo hicieren, por el Consejo de Vigilancia, y a falta u omisión de éste, por los socios que representen más de la tercera parte del capital social.

Salvo pacto en contrario, las convocatorias se harán por medio de cartas certificadas con acuse de recibo, que deberán contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menos, con ocho días de anticipación a la celebración de la asamblea.

Artículo 51.- El contrato social podrá consignar los casos en que la reunión de la asamblea no sea necesaria, y en ellos se remitirá a los socios, por carta certificada con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o decisiones, emitiéndose el voto correspondiente por escrito.

Si así lo solicitan los socios que representen más de la tercera parte del capital social, deberá convocarse a la asamblea, aun cuando el contrato social sólo exija el voto por correspondencia.

Artículo 52.- Salvo pacto en contrario, la modificación del contrato social se decidirá por la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social; con excepción de los casos de cambio de objeto o de las reglas que determinen un aumento en las obligaciones de los socios, en los cuales se requerirá la unanimidad de votos.

Artículo 53.-  Si el contrato social así lo establece, se procederá a la constitución de un Consejo de Vigilancia, formado de socios o de personas extrañas a la sociedad.

Artículo 54.- En el contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a percibir intereses no mayores del nueve por ciento anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiere beneficios; pero solamente por el período de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deban preceder al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso dicho período exceda de tres años. Estos intereses deberán cargarse a gastos generales.

Artículo 55.- Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada las siguientes disposiciones:

I.- El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada; pero si el nombre del socio que se separe apareciere en la razón social, deberá agregarse a ésta la palabra “sucesores”.

II.- Cuando la razón social de una compañía sea la que hubiere servido a otra cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a la razón social la palabra “sucesores”.

III.- Todo socio tendrá derecho a separarse, cuando en contra de su voto, el nombramiento de algún administrador recayere en persona extraña a la sociedad.

IV.- El administrador podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes para la gestión de ciertos y determinados negocios sociales, pero para delegar su encargo necesitará el acuerdo de la mayoría de los socios, teniendo los de la minoría el derecho de retirarse cuando la delegación recayere en persona extraña a la sociedad.

V.- La cuenta de administración se rendirá semestralmente, si no hubiere pacto sobre el particular, y en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios.

VI.- El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos.

VII.- El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros.

VIII.- El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio:

a) Por uso de la firma o del capital social para negocios propios;

b) Por infracción al pacto social;

c) Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social;

d) Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía;

CAPITULO IV

De la sociedad anónima

Artículo 56.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

Artículo 57.- La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”

SECCION PRIMERA

De la constitución de la sociedad

Artículo 58.- Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere:

I.-Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos;

II. Que el capital social, será el monto que determine la sociedad y que esté íntegramente suscrito;

III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario, y

IV.- Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.

Artículo 59.- La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario o Corredor público, de las personas que otorguen el Instrumento Constitutivo, o por suscripción pública.

Artículo 60.- El Instrumento Constitutivo de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6º, los siguientes:

I.- La parte exhibida del capital social;

II.- El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 94;

III.- La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;

IV.- La participación en las utilidades concedidas a los fundadores;

V.- El nombramiento de uno o varios comisarios;

VI.- Las facultades de la Asamblea General y  las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios.

Artículo 61.- Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6º, excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 60, exceptuando el prevenido por la fracción V.

Artículo 62.- Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa, y contendrá:

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor;

II.- El número, expresado con letras, de las acciones suscritas; su naturaleza y valor;

III.- La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición;

IV.- Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la determinación de éstos;

V.- La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse;

VI.- La fecha de la suscripción, y

VII.- La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos.

Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al suscriptor.

Artículo 63.- Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a exhibir en numerario, de acuerdo con la fracción III del artículo anterior, para que sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida.

Artículo 64.- Las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el acta de la asamblea constitutiva de la sociedad.

Artículo 65.- Si un suscriptor faltare a las obligaciones que establecen los artículos 63 y 64,los fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las acciones.

Artículo 66.- Todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del término de un año, contado desde la fecha del programa, a no ser que en éste se fije un plazo menor.

Artículo 67.- Si vencido el plazo convencional o el legal que menciona el artículo anterior, el capital social no fuere íntegramente suscrito, o por cualquier otro motivo no se llegare a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que hubieren depositado.

Artículo 68.- Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa.

Artículo 69.- La Asamblea General Constitutiva se ocupará:

I.- De comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos;

II.- De examinar y en su caso aprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie;

III.- De deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubieren reservado en las utilidades;

IV.- De hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de quiénes de los primeros han de usar la firma social.

Artículo 70.- Aprobada por la Asamblea General la constitución de la sociedad, se procederá a la protocolización y registro del acta de la junta y de los estatutos.

Artículo 71.- Toda operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma, si no fuere aprobada por la Asamblea General.

Artículo 72.- Son fundadores de una sociedad anónima:

I.- Los mencionados en el artículo 61, y

II.- Los otorgantes del contrato constitutivo social.

Artículo 73.- Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la constitución ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario es nulo.

Artículo 74.- La participación concedida a los fundadores en las utilidades anuales no excederá del diez por ciento, ni podrá abarcar un período de más de diez años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del cinco por ciento sobre el valor exhibido de sus acciones.

Artículo 75.- Para acreditar la participación a que se refiere el artículo anterior, se expedirán títulos especiales denominados “Bonos de Fundador” sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes.

Artículo 76.- Los bonos de fundador no se computarán en el capital social, ni autorizarán a sus tenedores para participar en él a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. Sólo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono exprese y por el tiempo que en el mismo se indique.

Artículo 77.- Los bonos de fundador deberán contener:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del fundador;

II.- La expresión “bono de fundador” con caracteres visibles;

III.- La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución;

IV.- El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos;

V.- La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el cual deba ser pagada;

VI.- Las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones por lo que hace a la nacionalidad de cualquier adquirente del bono;

VII.- La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento conforme a los estatutos.

Artículo 78.- Los tenedores de bonos de fundador tendrán derecho al canje de sus títulos por otros que representen distintas participaciones, siempre que la participación total de los nuevos bonos sea idéntica a la de los canjeados.

Artículo 79.- Son aplicables a los bonos de fundador, en cuanto sea compatible con su naturaleza, las disposiciones de los artículos 80, 93, 95 y 96.

SECCION SEGUNDA

De las acciones

Artículo 80.-Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley.

Artículo 81.- Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos.

Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 18.

Artículo 82.- Cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 149.

I.- No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las de voto limitando un dividendo de cinco por ciento. Cuando en algún ejercicio social no haya dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, se cubrirá éste en los años siguientes con la prelación indicada.

II.- Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias.

III.- En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias.

IV.- Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los libros de la sociedad.

Artículo 83.- Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las personas que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les corresponda.

Artículo 84.- Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal.

Artículo 85.- Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o de revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas.

Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar apoyadas en avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados.

Artículo 86.- La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones.

Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el importe insoluto de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del registro de traspaso; pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga exclusión en los bienes del adquirente.

Artículo 87.- Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y el monto de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente, en la vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones.

Artículo 88.- Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en el Periódico Oficial de la entidad federativa a que corresponda el domicilio de la sociedad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior.

Artículo 89.- La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden, se hará por medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para substituir a los anteriores.

El producto de la venta se aplicará al  pago de la exhibición decretada, y si excediere del importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamare dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de la venta.

Artículo 90.- Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el pago de la exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas aquéllas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social.

Artículo 91.- Cada acción es indivisible, y en consecuencia, cuando haya varios copropietarios de una misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial.

El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad.

Artículo 92.- En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un período que no exceda de tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a intereses no mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales.

Artículo 93.- Los títulos, representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el aumento de capital.

Mientras se entregan los títulos podrán expedirse certificados provisionales, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su oportunidad.

Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones, se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de un plazo que no excederá de dos meses, contado a partir de la fecha del contrato social. Los duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos, en los casos que esta Ley señala.

Artículo 94.- Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar:

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;

II.- La denominación, domicilio y duración de la sociedad;

III.- La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio;

IV.- El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones.

Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series.

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social.

V.- Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la indicación de ser liberada;

VI.- La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie;

VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto;

VIII.- La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la Sociedad.

Artículo 95.- Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones.

Artículo 96.- Los títulos de las acciones llevarán adheridos  cupones, que se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados provisionales podrán tener también cupones.

Artículo 97.- Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá:

I.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades;

II.- La indicación de las exhibiciones que se efectúen;

III.- Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 98.

Artículo 98.- La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen.

Artículo 99.- En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones sólo se haga con la autorización del consejo de administración. El consejo podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado.

Artículo 100.- La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso deberá anotarse en el título de la acción.

Artículo 101.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social.

Artículo 102.- No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas.

Artículo 103.- Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad.

En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas  de accionistas.

Artículo 104.- En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará por sorteo ante Notario o Corredor público.

Artículo 105.- Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social la autorice, se observarán las siguientes reglas:

I.- La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas;

II.- Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas;

III.- La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor público. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el “Periódico Oficial” de la entidad federativa del domicilio de la sociedad;

IV.- Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social;

V.- La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas, por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a que se refiere la fracción III, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieren presentado los tenedores de las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquél se aplicará a la sociedad y éstas quedarán anuladas.

Artículo 106.- Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas, después de que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato  social.  El mismo contrato podrá también conceder el derecho de voto a las acciones de goce.

En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas, en el reparto del haber social, después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto del excedente.

Artículo 107.- Los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en contravención a lo dispuesto en el artículo 103, serán personal y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los acreedores de ésta.

Artículo 108.- En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones.

Artículo 109.- Salvo el caso previsto por el párrafo 2o. de la fracción IV del artículo 94, cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas en los títulos de las acciones, éstas deberán cancelarse y anularse los títulos primitivos, o bien, bastará que se haga constar en estos últimos, previa certificación notarial o de Corredor Público, dicha modificación.

Artículo 110.- Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas.

SECCION TERCERA

De la administración de la sociedad

Artículo 111.- La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad.

Artículo 112.- Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de Administración.

Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero primeramente nombrado, y a falta de éste el que le siga en el orden de la designación.

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir, por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad.

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para  todos  los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito.

Artículo 113.- Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores.

Artículo 114.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 115.- Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución.

Artículo 116.- Los cargos de Administrador o Consejero y de Gerente, son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante.

Artículo 117.- El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo.

Artículo 118.- El Administrador o el Consejo de Administración y los Gerentes podrán, dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo.

Artículo 119.- Las delegaciones y los poderes otorgados por el Administrador o Consejo de Administración y por los Gerentes no restringen sus facultades.

La terminación de las funciones de Administrador o Consejo de Administración o de los Gerentes, no extingue las delegaciones ni los poderes otorgados durante su ejercicio.

Artículo 120.- No pueden ser Administradores ni Gerentes, los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio.

Artículo 121.- Los estatutos o la asamblea general de accionistas, podrán establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos.

Artículo 122.- No podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los nombramientos de los administradores y gerentes sin que se compruebe que han prestado la garantía a que se refiere el artículo anterior, en caso de que los estatutos o la asamblea establezcan dicha obligación.

Artículo 123.- Los Administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.

Artículo 124.- En los casos de revocación del nombramiento de los Administradores, se observarán las siguientes reglas:

I.- Si fueren varios los Administradores y sólo se revocaren los nombramientos de algunos de ellos, los restantes desempeñaran la administración, si reúnen el quórum estatutario, y

II.- Cuando se revoque el nombramiento del Administrador único, o cuando habiendo varios Administradores se revoque el nombramiento de todos o de un número tal que los restantes no reúnan el quórum estatutario, los Comisarios designarán con carácter provisional a los Administradores faltantes.

Iguales reglas se observarán en los casos de que la falta de los Administradores sea ocasionada por muerte, impedimento u otra causa.

Artículo 125.- El Administrador que en cualquiera operación tenga un interés opuesto al de la sociedad, deberá manifestarlo a los demás Administradores y abstenerse de toda deliberación y resolución. El Administrador que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad.

Artículo 126.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen.

Artículo 127.- Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad:

I.- De la realidad de las aportaciones hechas por los socios;

II.- Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas;

III.- De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley;

IV.- Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas.

Artículo 128.- No será responsable el Administrador que, estando exento de culpa, haya manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se trate.

Artículo 129.- Los Administradores serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido, si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a los Comisarios.

Artículo 130.- La responsabilidad de los Administradores sólo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 132.

Artículo 131.- Los Administradores removidos por causa de responsabilidad, sólo podrán ser nombrados nuevamente en el caso de que la autoridad judicial declare infundada la acción ejercitada en su contra.

Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que la Asamblea General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les exija la responsabilidad en que hayan incurrido.

Artículo 132.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes:

I.- Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y

II.- Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los Administradores demandados.

Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad.

SECCION CUARTA
De la vigilancia de la sociedad

Artículo 133.- La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios Comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad.

Artículo 134.- No podrán ser comisarios:

I.- Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio;

II.- Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un cincuenta por ciento.

III.- Los parientes consanguíneos de los Administradores, en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo.

Artículo 135.- Son facultades y obligaciones de los comisarios:

I.- Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 121, dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea General de Accionistas;

II.- Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados.

III.- Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso.

IV.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir, por lo menos:

A) La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad.

B) La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores.

C) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad.

V.- Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de Administración y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean pertinentes;

VI.- Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente;

VII.- Asistir, con voz, pero sin voto, a todas la sesiones del Consejo de Administración, a las cuales deberán ser citados;

VIII.- Asistir, con voz pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, y

IX.- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad.

Artículo 136.- Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los Comisarios los hechos que estime irregulares en la administración, y éstos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la Asamblea General de Accionistas y formular acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes.

Artículo 137.- Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comisarios, el Consejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, a Asamblea General de Accionistas, para que ésta haga la designación correspondiente.

Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga la convocatoria.

En el caso de que no se reuniere la Asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los Comisarios, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo.

Artículo 138.- Los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación dependa de los propios comisarios.

Artículo 139.- Los Comisarios que en cualquiera operación tuvieren un interés opuesto al de la sociedad, deberán abstenerse de toda intervención, bajo la sanción establecida en el artículo 125.

Artículo 140.- Son aplicables a los Comisarios las disposiciones contenidas en los artículos 113, 121, 123, 129, 130, 131 y 132.

SECCION QUINTA
De la información financiera

Artículo 141.- Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe que incluya por lo menos:

A) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.

B) Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

C) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.

D) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio.

E) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.

F) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.

G) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.

A la información anterior se agregará el informe de los comisarios a que se refiere la fracción IV del artículo 136.

Artículo 142.- El informe del que habla el enunciado general del artículo anterior, incluido el informe de los comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente.

Artículo 143.- La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 141, será motivo para que la Asamblea General de Accionistas acuerde la remoción del Administrador o Consejo de Administración, o de los Comisarios, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido.

Artículo 144.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 141, deberán mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o, si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federación.

SECCION SEXTA
De las asambleas de accionistas

Artículo 145.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración.

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley.

Artículo 146.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 147.- Son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 150.

Artículo 148.- La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes:

I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 141, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.

II.- En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios;

III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

Artículo 149.- Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

I.- Prórroga de la duración de la sociedad;

II.- Disolución anticipada de la sociedad;

III.- Aumento o reducción del capital social;

IV.- Cambio de objeto de la sociedad;

V.- Cambio de nacionalidad de la sociedad;

VI.- Transformación de la sociedad;

VII.- Fusión con otra sociedad;

VIII.- Emisión de acciones privilegiadas;

IX.- Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;

X.- Emisión de bonos;

XI.- Cualquiera otra modificación del contrato social, y

XII.- Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial.

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.

Artículo 150.- La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el Administrador o el Consejo de Administración, o por los Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos 137, 151 y 152.

Artículo 151.- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Administrador o Consejo de Administración o a los Comisarios, la Convocatoria de una Asamblea General de Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones.

Artículo 152.- La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes:

I.- Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos;

II.- Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 148.

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles.

Artículo 153.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 141.

Artículo 154.- La convocatoria para las Asambleas deberá contener la Orden del Día y será firmada por quien la haga.

Artículo 155.- Toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones.

Artículo 156.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes.

Artículo 157.- Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las Asambleas Extraordinarias, deberán estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social.

Artículo 158.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.

Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social.

Artículo 159.- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito.

No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la sociedad.

Artículo 160.- Salvo estipulación contraria de los estatutos, las Asambleas Generales de Accionistas serán presididas por el Administrador o por el Consejo de Administración, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los accionistas presentes.

Artículo 161.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta Ley establece.

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante Notario o Corredor público.

Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público.

Artículo 162.- En caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, deberá ser aceptada previamente por la categoría afectada, reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría exigida para las modificaciones al contrato constitutivo, la cual se computará con relación al número total de acciones de la categoría de que se trate.

Las asambleas especiales se sujetarán a lo que dispone los artículos 146, 150 y del 157 al 161, y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes.

Artículo 163.- El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse a toda deliberación relativa a dicha operación.

El accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez de la determinación.

Artículo 164.- Los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 135 en su fracción IV y 141 en su enunciado general o a su responsabilidad.

En caso de contravención esta disposición, la resolución será nula cuando sin el voto del Administrador o Comisario no se habría logrado la mayoría requerida.

Artículo 165.- Es nulo todo convenio que restrinja la libertad del voto de los accionistas.

Artículo 166.- A solicitud de los accionistas que reúnan el treinta y tres por ciento de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

Artículo 167.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas son obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de esta Ley.

Artículo 168.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I.- Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea;

II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y

III.- Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación.

No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios.

Artículo 169.- La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el Juez, siempre que los, actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada la oposición.

Artículo 170.- La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de todos los socios.

Artículo 171.- Todas las oposiciones contra una misma resolución, deberán decidirse en una sola sentencia.

Artículo 172.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 152 y 168, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante Notario, Corredor o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio.

Artículo 173.- Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los asuntos comprendidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 149, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones, en proporción al activo social, según el último balance aprobado siempre que lo solicite dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea.

CAPITULO V
Del capital variable

Artículo 174.- En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo.

Artículo 175.- las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate, y por las de la sociedad anónima relativas a balances y responsabilidades de los administradores, salvo las modificaciones que se establecen en el presente capítulo.

Artículo 176.- A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad, se añadirán siempre las palabras “de capital variable”.

Artículo 177.- El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social.

En las sociedades por acciones el contrato social o la Asamblea General Extraordinaria fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no suscritas a los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

Artículo 178.- En la sociedad anónima y en la de responsabilidad limitada, se indicará un capital mínimo que  establezca la sociedad.

Queda prohibido a las sociedades por acciones, anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o cualquiera otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto, serán responsables por los daños y perjuicios que se causen.

Artículo 179.- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad.

Artículo 180.- El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después.

Artículo 181.- No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social.

CAPITULO VI
De la fusión, transformación, y escisión de las sociedades

Artículo 182.- La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en la forma y términos que correspondan según su naturaleza.

Artículo 183.- Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el Periódico Oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberá publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.

Artículo 184.- La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior.

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.

Artículo 185.- La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas.

El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme al artículo 183.

Artículo 186.- Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer.

Artículo 187.- Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones I a II del artículo 1º, podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo podrán transformarse en sociedad de capital variable.

Artículo 188.- En la transformación de las sociedades se aplicarán los preceptos contenidos en los artículos anteriores de este capítulo.

Artículo 189.- Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.

La escisión se regirá por lo siguiente:

I.- Sólo podrá acordarse por resolución de la asamblea de accionistas o socios u órgano equivalente, por la mayoría exigida para la modificación del contrato social;

II.- Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas;

III.- Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas, igual a la de que sea titular en la escindente;

IV.- La resolución que apruebe la escisión deberá contener:

a) La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos;

b) La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida, y en su caso a la escindente, con detalle suficiente para permitir la identificación de éstas;

c) Los estados financieros de la sociedad escindente, que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente dictaminados por auditor externo. Corresponderá a los administradores de la escindente, informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión surta plenos efectos legales;

d) La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso, la o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años contado a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción V, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas; si la escindente no hubiere dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la obligación; y

e) Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas.

V.- La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario o corredor público e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en la gaceta oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la escindente, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y ambas publicaciones;

VI.- Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el veinte por ciento del capital social o acreedor que tenga interés jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada, se dicte resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad con la suspensión;

VII.- Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V, sin que se haya presentado oposición, la escisión surtirá plenos efectos; para la constitución de las nuevas sociedades, bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público de Comercio;

VIII.- Los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose en lo conducente lo previsto en el artículo 173 de esta ley;

IX.- Cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escindente, una vez que surta efectos la escisión se deberá solicitar del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social;

X.- No se aplicará a las sociedades escindidas lo previsto en el artículo 110 de esta ley.

CAPITULO VII
De la disolución de las sociedades

Artículo 190.- Las sociedades se disuelven:

I.- Por expiración del término fijado en el contrato social;

II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado;

III.- Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la Ley;

IV.- Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona;

V.- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

Artículo 191.- En el caso de la fracción I del artículo 190, la disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración.

En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscribirá ésta en el Registro Público de Comercio.

Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial, en la vía sumaria, a fin de que ordene el registro de la disolución.

Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido alguna causa de las enumeradas por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de la inscripción.

Artículo 192.- Los Administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución o a la comprobación de una causa de disolución. Si contravinieren esta prohibición, los Administradores serán solidariamente responsables por las operaciones efectuadas.

CAPITULO VIII
De la liquidación de las sociedades

Artículo 193.- Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación.

Artículo 194.- La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo.

Artículo 195.- A falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción y forma que esta Ley señala, según la naturaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolución. La designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución. En los casos de que la sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia.

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria, a petición de cualquier socio.

Artículo 196.- Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo.

Artículo 197.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, tomado en los términos del artículo 195 o por resolución judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria, la existencia de una causa grave para la revocación.

Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados, continuarán en su encargo hasta que entren en funciones los nuevamente nombrados.

Artículo 198.- Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente.

Artículo 199.- La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas del contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad. A falta de dichas estipulaciones, la liquidación se practicará de conformidad con las disposiciones de este capítulo.

Artículo 200.- Hecho el nombramiento de los liquidadores, los Administradores les entregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, levantándose en todo caso un inventario del activo y pasivo sociales.

Artículo 201.- Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades:

I.-Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución;

II.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;

III.- Vender los bienes de la sociedad;

IV.- Liquidar a cada socio su haber social;

V.- Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad.

El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio;

VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez concluida la liquidación.

Artículo 202.- Ningún socio podrá exigir de los liquidadores la entrega total del haber que le corresponda; pero sí la parcial que sea compatible con los intereses de los acreedores de la sociedad, mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos, o se haya depositado su importe si se presentare inconveniente para hacer su pago.

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad, y los acreedores tendrán el derecho de oposición en la forma y términos del artículo 10.

Artículo 203.- Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación.

Artículo 204.- Los liquidadores mantendrán en depósito, durante diez años después de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles de la sociedad.

Artículo 205.- En la liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada, una vez pagadas las deudas sociales, la distribución del remanente entre los socios, si no hubiere estipulaciones expresas, se sujetará a las siguientes reglas:

I.- Si los bienes en qué consiste el haber social son de fácil división, se repartirán en la proporción que corresponda a la representación de cada socio en la masa común;

II.- Si los bienes fueren de diversa naturaleza, se fraccionarán en las partes proporcionales respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere;

III.- Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a los socios a una junta en la que les dará a conocer el proyecto respectivo; y aquéllos gozarán de un plazo de ocho días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la junta, para exigir modificaciones, si creyeren perjudicados sus derechos;

IV.- Si los socios manifestaren expresamente su conformidad o si, durante el plazo que se acaba de indicar, no formularen observaciones, se les tendrán por conformes con el proyecto, y el liquidador hará la respectiva adjudicación, otorgándose, en su caso, los documentos que procedan;

V.- Si, durante el plazo a que se refiere la fracción III, los socios formularen observaciones al proyecto de división, el liquidador convocará a una nueva junta, en el plazo de ocho días, para que, de mutuo acuerdo, se hagan al proyecto las modificaciones a que haya lugar; y si no fuere posible obtener el acuerdo, el liquidador adjudicará el lote o lotes respecto de los cuales hubiere inconformidad, en común a los respectivos socios, y la situación jurídica resultante entre los adjudicatarios se regirá por las reglas de la copropiedad;

VI.- Si la liquidación social se hiciere a virtud de la muerte de uno de los socios, la división o venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones de esta Ley, aunque entre los herederos haya menores de edad.

Artículo 206.- En la liquidación de las sociedades anónimas, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas:

I.- En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en el haber social;

II.- Dicho balance se publicará por tres veces, de diez en diez días, en el Periódico Oficial de la localidad en que tenga su domicilio la sociedad.

El mismo balance quedará, por igual término, así como los papeles y libros de la sociedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de quince días a partir de la última publicación, para presentar sus reclamaciones a los liquidadores.

III.- Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una Asamblea General de Accionistas para que apruebe en definitiva el balance. Esta Asamblea será presidida por uno de los liquidadores.

Artículo 207.- Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan, contra la entrega de los títulos de las acciones.

Artículo 208.- Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueren cobradas en el transcurso de dos meses, contados desde la aprobación del balance final, se depositarán en una institución de crédito con la indicación del accionista. Dichas sumas se pagarán por la institución de crédito en que se hubiese constituido el depósito.

CAPITULO IX
De las sociedades extranjeras

Artículo 209.- Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República.

Artículo 210.- Las sociedades extranjeras sólo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el Registro.

La inscripción sólo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía, en los términos de los artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversión Extranjera.

Las sociedades extranjeras estarán obligadas a publicar anualmente un balance general de la negociación visado por un Contador Público titulado.

CAPITULO X
De la asociación en participación

Artículo 211.- La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

Artículo 212.- La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación.

Artículo 213.- El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro.

Artículo 214.- En los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban realizarse.

Artículo 215.- El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados.

Artículo 216.- Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en propiedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación fuere necesaria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula relativa en el Registro Público de Comercio del lugar donde el asociante ejerce el Comercio. Aun cuando la estipulación no haya sido registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento de ella.

Artículo 217.- Salvo pacto en contrario, para la distribución de las utilidades y de las pérdidas, se observará lo dispuesto en el artículo 17. Las pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación.

Artículo 218.- Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. …

TERCERO. Las sociedades en comandita simple y comandita por acciones, que estén operando como tales a la fecha de entrada en vigor de este decreto, serán consideradas como sociedades anónimas y contarán con un plazo de seis meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para constituirse de esta forma, en la inteligencia que de no hacerlo serán consideradas como sociedades irregulares en términos del artículo 2, párrafo quinto, de esta ley”.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con la Senadora promovente, en el sentido de que los constantes cambios que se han venido presentando en la economía global hacen necesario, que se impulsen diversas modificaciones a las disposiciones que regulan la actividad mercantil, así tenemos que dentro de este ámbito, se encuentran las “Sociedades Mercantiles”, figura jurídica regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De acuerdo con la Ley, se encuentran reguladas seis denominaciones diferentes de Sociedades Mercantiles siendo estás, en Nombre Colectivo; Comandita Simple; de Responsabilidad Limitada; Anónima; en Comandita por Acciones, y Sociedad Cooperativa.

El caso que nos ocupa, hace referencia a tres de ellas, siendo las siguientes:

1. Sociedad en Nombre Colectivo.- Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. (artículo 25 LGSM)

2. Sociedad en Comandita Simple.- Es aquella que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones (artículo 51 LGSM)

3. Sociedad en Comandita por Acciones.- Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones.

Segunda.-Que el pasado 5 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de órganos jurisdiccionales como los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y el del estado de Sonora, quienes han mostrado su disposición por coadyuvar, intercambiar información, estudios y opiniones, respecto delos asuntos encomendados a esta Comisión dictaminadora cuando sea materia de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

Así, el 16 de mayo del año en curso, a través del oficio número P/SPRIV/076/2013 dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“En la exposición de motivos no se aportan datos estadísticos ni información que permita saber con certeza la necesidad de suprimir figuras de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y en comandita por acciones.

El proyecto de Decreto presenta inconsistencias y errores en cuanto a técnica legislativa, al no coincidir el enunciado general que indican las reformas, derogaciones y adiciones con el texto final del Decreto, lo que impide al lector saber con certeza cuál es el alcance de los cambios en los preceptos modificados. Ejemplos de estas anomalías se tienen en los siguientes artículos:

Ley General de Sociedades Mercantiles

Texto Iniciativa

Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz GPPRD

Opinión

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Artículo 8o.- …

No se entiende, debido a que como se presenta el proyecto de decreto no tiene reforma y por ende es innecesario incluirlo en el decreto. A partir de este artículo el proyecto de reforma se desfasa en cuanto a los artículos que serán motivo de reforma, como se verá en los comentarios a los siguientes artículos.

Artículo 9o.-

También este artículo es confuso, debido a que no tiene cambios en los dos primeros párrafos; pero el texto actual tiene 4 párrafos y el proyecto de decreto pareciera que solo permanecen sin cambios los dos primeros, pero sin hacer mención a que se derogan los demás.

Artículo 10.-

Situación semejante, en cuanto a la confusión, se presenta en este artículo, porque, como aparece en el proyecto no tiene cambio, pero sus párrafos segundo y tercero se reforman hoy en el artículo 11 también en sus párrafos 2º y 3º .

Artículo 11.-

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario o corredor público de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.

El notario o corredor publico hará constar en el Instrumento Constitutivo correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.

El texto actual de este precepto tiene un solo párrafo, pero en el proyecto de decreto se asentaron dos veces puntos suspensivos, lo que implicaría dejar intocados dos párrafos, lo cual no es posible.

Los dos párrafos que se pretenden adicionar están fuera de lugar, ya que el único párrafo que tiene actualmente el artículo se refiere a las aportaciones de bienes que se hagan a la sociedad, mientras que los párrafos que se adicionan se refieren al otorgamiento de poderes y actualmente se encuentra en el artículo 10.

Artículo 12.- Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la entrega respectiva.

Corresponde al texto actual del artículo 11.

Artículo 13.- A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aporte a la sociedad uno o más créditos, responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor, en la época de la aportación, y de que, si se tratare de títulos de crédito, éstos no han sido objeto de la publicación que previene la Ley para los casos de pérdida de valores de tal especie.

Corresponde al texto actual del artículo 12.

Los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del proyecto de reforma se encuentran desfasados con su número actual, sin encontrar sentido en mover solo la numeración de los artículos.

Se considera inadecuada la propuesta de reforma al artículo 25 (actual 24), en virtud que a la luz de esta misma reforma ya no existe la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios; las dos únicas clases de sociedades que reconoce el proyecto de reforma, son la de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, de acuerdo a la propuesta de reforma del artículo 1º; que por su propia naturaleza permiten a los socios responder únicamente con sus aportaciones; por lo que sería incongruente que ahora se diga que los socios pueden responder solidaria e ilimitadamente con el único requisito que se les demande conjuntamente con la sociedad.

Respecto del artículo 26 las definiciones que se dan de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, instrumento, notario y corredor son innecesarias y crearían confusiones de interpretación con las leyes especiales, en donde ya se definen, verbigracia, la sociedad anónima se define en el artículo 56 de la propuesta de reforma, en una redacción distinta; el artículo 27 de la propuesta de reforma define, por su parte a la sociedad de responsabilidad limitada en términos distintos en su redacción. La definición de instrumento y notario se encuentran en leyes del Notariado locales, como lo hace el artículo 42 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal. Por lo que hace a la función del corredor público, se encuentra comprendida en el artículo 6º de la Ley de Correduría Pública”.

Tercera.- Que el pasado 30 de abril del año en curso, el pleno del Senado de la República dio entrada a la discusión del dictamen que contiene la denominada “Reforma en materia de Miscelánea Mercantil”, la cual contempla la modificación de seis ordenamientos en materia mercantil, entre las que se encuentran la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La reforma a este marco jurídico de referencia contempla las siguientes modificaciones:

En materia de Seguridad Jurídica:

- Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública.

- Establece el término de “Confidencialidad” como una obligación para los administradores que manejen la información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas.

En materia de Administración:

- Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”.

- Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas en los casos siguientes:

a) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores.

b) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados.

c) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales.

De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa.

Cuarta.- Las que dictaminan, estiman que la propuesta planteada por la Senadora promovente, sustancialmente se encuentra contemplada en la reforma mercantil en comento, toda vez que se incorpora la figura jurídica del “Corredor Público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública, que es básicamente el tema central de la iniciativa.

Derivado de lo anterior, también se atiende el tema de la escritura pública, incorporando el término de póliza para efectos de adecuar el texto normativo vigente.

Quinta.- Que el artículo 183 numeral 4 del Reglamento del Senado de la República, dispone que “Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de Origen”.

Aunque las propuestas planteadas por la Senadora promovente coinciden con el sentido de la Minuta referida, estas dictaminadoras conforme al reglamento Senatorial están legalmente impedidas para dictaminar ambos asuntos en un solo acto.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen y atendiendo a las observaciones enviadas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la iniciativa de la Senadora promovente, se encuentran debidamente atendidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente por lo que son innecesarias las reformas.

Por otro lado, estas dictaminadoras consideran que algunas de las inquietudes planteadas por la legisladora promovente, se encuentran debidamente atendidas en la Minuta que contiene el proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

No obstante, las que dictaminan, señalan que, aunque la referida Minuta ya fue dictaminada y aprobada en Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, quedando pendiente su discusión y en su caso, aprobación por el pleno del Senado de la República, para efectos de estricto derecho, conserva el carácter de Minuta hasta entonces no sea dictaminada por el pleno.

Sin embargo, se toma como referencia la Minuta en comento, para efectos de que estas dictaminadoras cumplan con el plazo descrito en el artículo 212 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, para evitar ser sancionadas por la Mesa Directiva en términos del artículo 216 del referido marco jurídico.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMAN, ADICIONAN y DEROGAN diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 26de abril de 2012.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA".

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los presentes dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los dictámenes. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, que proponen desechar proyectos iniciados en esta Cámara. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO; RECORRIENDOSE LOS ACTUALES, AL ARTICULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura a los dictámenes.

Uno, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan un párrafo segundo y tercero recorriéndose los actuales, al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria del 26 de febrero de 2013, ante el Pleno de la Cámara de Senadores,la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa en estudio.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

3.- Con fecha 11 de abril, con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva emitió excitativa para que se presente el dictamen.

4. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometieron a consideración de los integrantes de las mismas, el dictamen en sus términos y fue aprobado por unanimidad y enviado al Pleno del Senado para su consideración.

II. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

La proponente señala que la transparencia en las gestiones gubernamentales es una de las divisas para la credibilidad del proceso democrático y gubernamental, en la que el ejercicio ciudadano de acceso a la información es un derecho que se debe resguardar no como mero enunciado sino como pleno ejercicio.

Sostiene que la creación de la institucionalidad de órganos de gobierno mantiene el compromiso de salvaguardar y responder a los intereses generales sobre los intereses particulares, además de dar cauce a la participación social, para responder a los retos que mantiene la sociedad en sus diversas esferas.

Que derivado del pluralismo mexicano se ha afianzado un sistema de alta competencia política que sentó las bases jurídicas para la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como garante de la transparencia, el derecho a la información y resguardo de datos personales en las funciones que le asignó su propia Ley.

Manifiesta que al crearse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se afirmó que el tema es un componente fundamental de la Reforma del Estado, encaminado a fortalecer sus instituciones, pero también a responder a la exigencia social de lograr un “ejercicio acotado y responsable del poder público”.

Señala que con las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Senado de la República, se destaca la responsabilidad en que puedan incurrir los comisionados ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos en el ejercicio de su cargo, ya que éstos podrán ser sujetos de juicio político de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sus acciones u omisiones redunden en perjuicio del interés público, como es el caso concreto de violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, a las leyes federales y las que de ellas emanen.

Sostiene que la legislación en la materia debe contener los principios éticos y de probidad bajo los cuales deben conducirse quienes están al frente del órgano garante del acceso a la información pública en el país.

Basa su propuesta en el conflicto en el seno del Pleno de comisionados, derivados de la polémica generada durante la elección del comisionado presidente y de la investigación abierta por la Secretaría de la Función Pública contra una comisionada por presunto conflicto de intereses, situación que debe servir como experiencias para fortalecer la institución.

Considera que la sociedad exige de sus representantes soluciones, por lo que sostiene que la propuesta que se estudia, busca fortalecer a la institución.

Pretende a través de su propuesta, plasmar en la legislación correspondiente, los principios éticos y de probidad bajo los cuales deben conducirse quienes están al frente del órgano garante del acceso a la información pública en el país.

La propuesta regula el régimen de incompatibilidades de los comisionados y los supuestos en que deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a alguno de ellos.

B. Valoración de la Iniciativa

Las dictaminadoras coincidimos con la necesidad de establecer en cualquier ordenamiento que regule la actividad administrativa y, en especial, en aquellas que tienen participación de órganos encargados de garantizar derechos fundamentales del ciudadano, los criterios de ética y correcta funcionalidad de los mismos.

No obstante lo anterior, debemos mencionar que, como lo sostuvo en su propuesta la Senadora Herrera en la Cámara de Diputados se encuentra en valoración la minuta que transforma el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental en donde se plantea la autonomía de dicho organismo, por lo que de aprobarse la propuesta en estudio, pudiera incurrirse en una sobrerregulación.

Sin embargo, las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda sostenemos que la propuesta podría, en un momento posterior, tomarse en cuenta en cuanto a sus objetivos y fines no sólo para ser plasmada en la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental sino también, en todos aquellos ordenamientos que regulen funciones de órganos colegiados cuya existencia y razón es la de garantizar los derechos de los ciudadanos.

Por las consideraciones jurídicas expuestas, las Comisiones Unidas estimamos IMPROCEDENTE la Iniciativa materia del presente análisis, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponía adicionar un párrafo segundo y tercero, recorriéndose los actuales, al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por los argumentos expuestos. Archívese definitivamente el asunto y téngase por concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2013.

COMISION DE GOBERNACION
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos Segunda les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 19 de febrero de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que se estudia y dictamina.

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictaminación.

3.- Con fecha del 4 de abril del 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para la presentación del dictamen.

4. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometieron a consideración de los integrantes de las mismas y fue aprobado por unanimidad el dictamen en sus términos, y enviado al Pleno del Senado para su Consideración.

II. METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del contenido y se sintetiza el alcance la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las Comisiones expresamos los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

4.- En el “Análisis de la Iniciativa”, estas Comisiones solicitamos la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación a fin de enriquecer la resolución que se sustenta en el presente dictamen.

III. CONSIDERACIONES

A. Contenido general de la Iniciativa.

El proponente señala que la negativa ficta es una figura jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o judicial a través del silencio o la inacción procesal que derive en un acuerdo o respuesta expresa.

Dicha figura, se encuentra regulada por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que norma su vigencia.

Señala que la Ley otorga un margen de gracia a las autoridades para que lleven a cabo su respuesta a las peticiones hechas por los ciudadanos y, al agotarse dicho plazo sin que se haya dado respuesta, el artículo 17 considera que se ha actualizado la figura de la negativa ficta en detrimento del peticionario y sus intereses.

Así, el objetivo de la iniciativa es el de eliminar la figura de la negativa ficta y el exceso de tiempo por el cual una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las peticiones ciudadanas señalados en el multicitado artículo.

Sostiene su propuesta en lo señalado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que consagra el derecho de petición a cuyo ejercicio deberá recaerle una respuesta en “breve término”. Afirma que dicha expresión resulta ambigua a pesar de que garantiza la respuesta por parte de la autoridad.

Asimismo invoca una criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala que la negativa ficta es violatoria del principio de impartición de justicia pronta y expedita:

[TA]; 9a. Epoca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 2137

NEGATIVA FICTA. SU ANALISIS EN EL AMPARO CUANDO SE CONTRAPONE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, diciembre de 1999, página 245, de rubro: “PETICION, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA”, debe aplicarse de manera análoga tratándose de un juicio de amparo en el que se reclame violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la omisión de la autoridad de resolver un procedimiento administrativo, ya que la negativa ficta y el principio de justicia pronta y expedita son figuras jurídicas de naturaleza distinta, pues la primera, ante el silencio de la autoridad, genera una respuesta tácita en forma desfavorable a los intereses del particular; en cambio, el segundo no puede quedar suspendido por la creación o existencia de figuras jurídicas que lo hagan nugatorio. No obsta a lo anterior que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca el plazo para que se entienda configurada la negativa ficta, pues éste no puede conducir a considerar limitadas o restringidas las garantías constitucionales, dado que su vigencia no puede estar condicionada a lo dispuesto en leyes secundarias.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 416/2010. Coordinadora Departamental de Procedimientos Legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

B. Valoración de la Iniciativa

Las comisiones dictaminadoras consideramos que respecto a la reforma al artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta jurídicamente incorrecto que la validez del acto administrativo dependa de si la autoridad emisora actuó o no con “la mayor publicidad en la gestión pública”, ya que se sujetaría a todos los actos administrativos, en cualquier materia y provenientes de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a que cumplan con disposiciones en materia de transparencia que no están concebidas ni diseñadas para dar validez a actos jurídicos sino para dar publicidad y transparentar la función pública. Por lo tanto se estaría otorgando la posibilidad al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de determinar si algún acto administrativo es o no válido, bajo el argumento que no cumple con alguna característica de transparencia o publicidad.

En cuanto a la reforma al artículo 15, resulta jurídicamente incorrecto establecer una ley de carácter transversal, sin hacer excepción alguna a los ordenamientos conducentes, respecto de las formalidades que se pueden exigir alos particulares al presentar sus promociones, ya que ello tendría como efecto cancelar la regulación técnica que por materia específica se contienen en las leyes especiales y que prevé los requerimientos de información y formalidades necesarios para sustentar la emisión de la respuesta de la autoridad.

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas consideramos que el hecho de que el derecho de petición, no cuente con una ley reglamentaria, ni se encuentren expresadas las formalidades en ningún ordenamiento para el ejercicio de este derecho, resulta imposible la aplicación de formalidades que no estén previstas en nuestro marco jurídico.

Respecto a la propuesta para que todas las promociones dentro de los procedimientos administrativos ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se realicen de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,estas comisiones dictaminadoras estimamos que no resulta viable dado que se tratan de procedimientos que obedecen a situaciones jurídicas distintas por lo que su regulación no puede equiparse.

Las solicitudes de información establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tienen como fin transparentar la gestión pública y brindar acceso a los ciudadanos a los documentos cuya posesión depende de los entes de la Administración Pública; mientras que los procedimientos administrativos, que se encuentran regulados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no tiene como fin dar acceso a documentos, sino que regulan el desarrollo de la función decisoria sustantiva de la autoridad. Es por ello que esta ley establece los requisitos y formalidades necesarios para sustanciar este tipo de procedimientos, incluso remitiéndolos a las leyes especiales cuando por cuestiones técnicas lo amerite.

Asimismo consideramos que resulta incorrecto quetoda promoción que se sujete ante cualquier autoridad y que se realice por medio de la Ley de Transparencia y el sistema de solicitudes de acceso de información del IFAI ya que se puede dar lugar a que este órgano pueda interpretar y revisar la decisión que en su caso adopte la autoridad. En este mismo sentido también conllevaría a un choque de competencias debido a que es facultad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa revisar las decisiones de autoridad que impugnen los particulares, trastocando no sólo nuestro marco jurídico administrativo, sino también todo el sistema de justicia administrativa.

La propuesta de reforma reduce de manera generalizada, es decir para todos los actos y materias de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que no toma en consideración la salvedad señalada en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. A su vez deja de lado que las distintas materias que son competencias de las autoridades pueden requerir de un plazo mayor para resolver las promociones de los particulares.

Por lo anterior resulta perjudicial la reducción del plazo, tal y como se propone ya que podría ocasionar que en la mayoría de los casos opere la negativa ficta, en virtud de que la autoridad no podrá contar con el tiempo suficiente para resolverlos. La elevación en el número de negativas fictas representaría que no sea el Poder Ejecutivo quien a través de sus dependencias y entidades, decida y aplique las leyes de la materia, fijando la política pública y cumpla con la ejecución de la ley conforme a sus facultades constitucionales sino que será el Poder Judicial, derivado de las impugnaciones que los particulares pudieran llegar a presentar, quienes resolverán bajo criterios más jurídicos que técnicos.

Por lo anteriormente referido estas Comisiones Unidas estimamos IMPROCEDENTE la Iniciativa referida. Por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reformaban los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por los argumentos expuestos. Archívese definitivamente el asunto y téngase por concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2013.

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Aprobados los dictámenes. Comuníquense los mismos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo en torno a la captura incidental de la vaquita marina.

Solicito a la Secretaría que dé lectura al dictamen.






COMISIONES UNIDAS DE PESCA; Y DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el dictamen. Comuníquense.

Tenemos a continuación la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a plantear al gobierno de Belice la urgente necesidad de llevar a cabo las acciones necesarias para suscribir en breve un nuevo Tratado de Límites entre ambas naciones.

Solicita a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

SENADO DE LA REPUBLICA
DE LA LXIILEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice.

La anterior proposición fue presentada por los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San Román y Adán Augusto López Hernández, integrantes de la Junta directiva de la Comisión de Asuntos Fronterizos, respectivamente.

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y así como los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICION” se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y la propuesta del Punto de Acuerdo en estudio.

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES” la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTO DE ACUERDO”, la Comisión emite su decisión respecto de la proposición analizada.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de abril de 2013, los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San Román y Adán Augusto López Hernández, integrantes de la directiva de la Comisión de Asuntos Fronterizos, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortar al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción de un nuevo Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos yBelice.

2. En fecha 3 de abril del 2013,mediante Oficio número DGPL-2P1A.-3071, la Mesa Directiva ordenó que se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.

3. En fecha 4 de abril del 2013, mediante oficios número SEN/CREALYC/LXII/300/2013,SEN/CREALYC/LXII/301/2013,SEN/CREALYC/LXII/302/2013, SEN/CREALYC/LXII/303/2013, SEN/CREALYC/LXII/304/2013,SEN/CREALYC/LXII/305/2013, SEN/CREALYC/LXII/306/2013,SEN/CREALYC/LXII/307/2013, fueron turnados a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe dicho Punto de Acuerdo para su conocimiento y análisis.

OBJETO O CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San Román y Adán Augusto López Hernández proponen que el Senado de la Repúblicase manifieste a favor de exhortar al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Belice tal como lo señala dentro del cuerpo de la proposición en comento y que se le “ad literam”:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LE QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE IMPULSE LA PRONTA SUSCRIPCION DEL TRATADO DE LIMITES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y BELICE.

Los suscritos HUMBERT O MAYANS CANABAL, LAYDA SANSORES AN ROMAN Y ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDE, Senadores de la LXII Legislatura, Presidente y Secretarios, respectivamente, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur de esta H. Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto por los artículos 8 numeral 1. Fracción II y 276 numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que impúlsela pronta suscripción del Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos:

A la fecha, la delimitación territorial entre México y Belice se rige por el Tratado de Límites con la Colonia de Honduras Británica, celebrado en 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unidode la Gran Bretaña e Irlanda. En 1981, el Gobierno de México manifestó su beneplácito, de que en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “Belice se convierta en estado independiente con el mismo territorio que actualmente tiene”.

En 1993 los gobiernos de México y Belice crearon la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los países, con la atribución de aplicar los acuerdos bilaterales sobre límites, así como recomendar acuerdos y convenciones sobre límites territoriales, sean éstos terrestres, fluviales o marítimos.

En reiteradas ocasiones ambos gobiernos han manifestado la conveniencia de que se suscriba un Tratado de Límites entre México y Belice como Estado independiente.

Conforme a información proporcionada por la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Belice, con el propósito de alcanzar ese objetivo, entre marzo de 2005 y septiembre de 2006, se realizaron seis Reuniones Binacionales Técnicas, en el curso de las cuales alcanzaron acuerdos respecto a tramos terrenales y fluviales de la Línea Divisora Internacional, quedando pendiente de definirse la posición de dicha línea en la Bahía de Chetumal. La última propuesta sobre este particular fue presentada formalmente por el gobierno de México al de Belice en septiembre de 2006, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

Cabe señalar que en fecha relativamente reciente, 31 de agosto de 2012, en el Acta Final de la VII Reunión de la Comisión Binacional México- Belice, los gobiernos de ambos países instruyeron al Grupo Técnico Binacional, encargado de la negociación de un nuevo Tratado, reunirse a la brevedad para concluir los trabajos del caso.

En el inicio de una nueva administración federal, encabezada por el Lic. Enrique Peña Nieto, resulta importante retomar este asunto con la mayor determinación, toda a su vez que la carencia de un Tratado actualizado constituye una limitante para la realización de los trabajos de señalización física de la línea divisora, con mojoneras, en la parte terrestre y en la porción correspondiente al Arroyo Azul, cuyo flujo es estacional, e impide ejercer una adecuada vigilancia a lo largo de esa demarcación.

Las condiciones actuales de presencia de múltiples manifestaciones de tráfico ilegal de personas y de diversos tipos de materiales a través de la frontera sur, incluyendo drogas, armas y contrabando de especies animales y vegetales, entre otros, hacen urgente que el Estado mexicano ejerza plenamente sus atribuciones en materia de soberanía territorial y seguridad nacional en su colindancia con Belice, con el sustento de un acuerdo internacional actualizado en materia de límites.

Finalmente, estimamos que el interés manifestado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, por fortalecer las relaciones con América Latina y, en particular, con Centroamérica, genera las condiciones propicias para promover ante el Gobierno de Belice la conclusión de los trabajos técnicos necesarios para fundamentar la suscripción de un nuevo Tratado de Límites.

Por lo anteriormente expuesto, Presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que, por los conductos que estime pertinentes, planeé al gobierno de Belice la urgente necesidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para suscribir en breve un Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, en bien de las relaciones de amistad y mutuo respeto entre ambas naciones, así como de la certeza jurídica sobre la potestad soberana, que ambas naciones ejercen en sus respectivos territorios.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil trece.

Por lo tanto esta dictaminadora estima que los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, numeral 1, fracción II; 147 numeral 1; y 186, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar el proyecto de Punto de Acuerdo por el que seexhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice.

SEGUNDO.-Que el Senado de la República con fundamento en el artículo 76, párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula declaraciones interpretativas respecto de la política exterior que implementa el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

TERCERO.- Que esta dictaminadora coincide con los proponentes en el sentido las condiciones actuales de presencia de múltiples manifestaciones de tráfico ilegal de personas y de diversos tipos de materiales a través de la frontera sur, incluyendo drogas, armas y contrabando de especies animales y vegetales, entre otros, hacen urgente que el Estado mexicano ejerza plenamente sus atribuciones en materia de soberanía territorial y seguridad nacional en su colindancia con Belice, con el sustento de un acuerdo internacional actualizado en materia de límites.

CUARTO.- Que la Comisión Binacional México-Belice, la cual es el mecanismo más importante para el diálogo y la cooperación bilateral entre ambos países, en donde efectivamente en la última reunión de dicho organismo se dio seguimiento a los distintos temas de la agenda bilateral y fronteriza e identificaron nuevas áreas de cooperación que permitan fortalecer el diálogo entre las instituciones mexicanas y Beliceños, puntualizando sobre impulsar el desarrollo fronterizo, fomentar las acciones de seguridad, fortalecer la cooperación bilateral, estimular los intercambios comerciales y el turismo, y establecer acciones coordinadas para la protección del medio ambiente, por lo que un nuevo tratado que determine puntualmente los límites entre ambas naciones abona en gran medida a la consecución de los fines en comento.

PUNTO DE ACUERDO

En mérito de lo antes expuesto esta comisión bajo las consideraciones antes emitidas estima viable la proposición con punto de Acuerdo que nos ocupa al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, por los conductos que estime pertinentes, planteé al gobierno de la República de Belice la urgente necesidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para suscribir en breve un nuevo Tratado de Límites entre ambas naciones, en bien de las relaciones de amistad y mutuo respeto entre ambas, así como de la certeza jurídica sobre la potestad soberana, que ambas naciones ejercen en sus respectivos territorios.

Dado en la Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2013.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Humberto Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- El C. Senador Humberto Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

He solicitado el uso de la palabra en esta sesión para fijar el posicionamiento de la comisión y en lo personal, a favor del dictamen que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que impulse la pronta suscripción de un nuevo Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, que presenté el pasado mes de febrero ante esta Soberanía, en mi nombre; y de manera conjunta con la Senadora Layda Sansores San Román y el Senador Adán Augusto López Hernández.

Como es de su conocimiento, la delimitación territorial entre México y Belice se rige actualmente por el Tratado de Límites con la Colonia de Honduras Británica, celebrado en 1893 entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, instrumento de derecho internacional reconocido en 1981 al momento de la Independencia de Belice de la corona inglesa.

En reiteradas ocasiones, los gobiernos de ambas naciones han manifestado la conveniencia de que se suscriba un nuevo Tratado de Límites entre México y Belice, ambos como Estados independientes.

En 1994, las dos naciones crearon la Comisión Internacional de Límites y Aguas, cuya atribución principal es aplicar los acuerdos bilaterales sobre límites, así como recomendar acuerdos y convenciones terrestres, fluviales y marítimas.

Entre marzo de 2005 y noviembre de 2006, se realizaron diversas reuniones binacionales de carácter técnico, en las cuales se alcanzaron trascendentes acuerdos sobre tramos terrestres y fluviales de la línea divisoria internacional entre los dos países.

Recientemente, el 31 de agosto de 2012, en el acta final de la VII Reunión de la Comisión Binacional México-Belice, se instruyó al grupo técnico binacional, encargado de la negociación de un nuevo tratado, reunirse a la brevedad para concluir los trabajos correspondientes.

Compañeras Senadoras y Senadores:

La carencia de un Tratado actualizado y congruente con las nuevas condiciones territoriales, constituye una limitante para la realización de los trabajos de señalización física de la línea divisoria que afecta, entre otros rubros, la adecuada vigilancia y combate a la delincuencia organizada, para inhibir con ello la comisión de ilícitos y la constante violación de los derechos humanos de los migrantes que ingresan por la frontera sur.

Se trata, otra vez, de trabajar a favor de una frontera segura en vías de construir una frontera próspera.

Por lo antes expuesto, solicito su voto a favor de este dictamen que promueve una respetuosa excitativa al Ejecutivo Federal para llevar hasta su conclusión, de manera conjunta entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, los trabajos técnicos necesarios para fundamentar la suscripción de un nuevo tratado sobre límites.

Nos parece urgente que estos trabajos concluyan y por eso el punto de Acuerdo.

Por su apoyo, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Humberto Mayans Canabal.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dos dictámenes.






COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al primer dictamen.

VER DOCUMENTO

COMISION DE DERECHOS HUMANOS






(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al segundo dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, para referirse al dictamen sobre la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, buenas tardes.

El 18 de abril de este año, el Senador David Monreal presentó, ante esta plenaria, este punto de Acuerdo que fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos y cuyo dictamen lo estamos poniendo a su consideración de manera afirmativa.

El dictamen solicita, a las autoridades respectivas, que decrete el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia cada 17 de mayo. Es muy importante que hoy estemos tratando esta materia, porque entre los argumentos que esgrimimos en este punto de Acuerdo, que solicito al Presidente pueda ser inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates, hacemos distintas argumentaciones que tomamos en consideración, sobre todo a partir de los diversos estudios que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, permanentemente está informándonos a la sociedad respecto de este tipo de discriminaciones que, como definen en el propio CONAPRED, vulnera de manera infraganti los derechos humanos de las personas, por su orientación sexual o por su identidad de género.

El CONAPRED explica la homofobia como el miedo irracional, la fobia, a personas con una práctica sexual homosexual. Sin embargo, las conductas homofóbicas tienen una raíz mucho más profunda, que gira en torno a la defensa de formas de sociedad homogenizadas y patriarcales donde el hombre macho, viril y heterosexual ocupa la posición dominante y la mujer cumple una función reproductiva y protectora.

Este miedo irracional, nos explica, hacia las personas de preferencia homosexual o hacia quienes parecen serlo, se suele expresar en rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia; en virtud de ello, las reacciones homofóbicas atacan a mujeres con roles masculinos y a hombres con roles femeninos, aunque ellas y ellos puedan practicar, incluso, una vida sexual heterosexual.

En tal sentido, se entiende a la homofobia como toda aversión manifiesta en contra de las orientaciones, preferencia sexuales, identidades o expresiones de género contraria al arquetipo de los heterosexuales, lo que incluye también la lesbofobia o la transfobia.

Bien, entre los argumentos que esgrimimos, quiero destacar, por obviedad de tiempo, lo que establecen, por ejemplo, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, que no tienen desperdicio, que están inscritos en el propio documento, lo que establecen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los propios preceptos de la Declaración del Milenio y lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y, sin lugar a dudas, quiero destacar, por su relevancia, lo que establece el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la discriminación.

Por eso hoy pongo a consideración, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, este punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus facultades administrativas, valore cada 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

Señoras y señores, les pedimos que apoyen este punto de Acuerdo de nuestra comisión, de manera afirmativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos dictámenes anteriormente comentados.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Salud.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al primer dictamen.

“H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la enfermedad quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como intervención cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para los menores de 18 años.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2013, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la enfermedad quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como intervención cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para los menores de 18 años.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, señala la importancia de considerar la Fibrosis Quística como enfermedad que genera gastos catastróficos y en su caso, sea incluida como intervención cubierta para los menores de 18 años de edad, en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Así mismo considera necesario que las instituciones de salud, realicen acciones de detección temprana de la Fibrosis Quística, a partir de la aplicación del tamiz neonatal.

III. CONSIDERACIONES

A. El Legislador proponente señala que la Fibrosis Quística, es una enfermedad de pronóstico grave para la vida, la cual se produce a partir de una mutación genética que ocasiona que las secreciones mucosas sean anormales, afecta sobre todo el epitelio glandular mucosecretor de la mucosa del aparato respiratorio y digestivo, y a las glándulas sudoríparas de la piel.

Así mismo comentó que los signos y síntomas de dicho padecimiento, se pueden presentar desde el nacimiento, y que la detección y el diagnóstico temprano son importantes para iniciar el tratamiento durante la infancia y con ello, poder prolongar la esperanza de vida.

B. En México la edad promedio de su diagnóstico es de 2.8 años, por lo que el paciente ya presenta complicaciones como neumonías recurrentes, bronquiectasias, cirrosis hepática, pancreatitis, obstrucción intestinal, desnutrición, entre otras. Y de acuerdo con cifras del proponente, 1 por cada 8,500 nacidos vivos, tienen dicho padecimiento en nuestro país y una cifra alarmante arroja que el 85% de esos niños, mueren antes de los cuatro años de edad por falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

C. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística A.C., en la mayoría de las etapas de la vida de un paciente con dicho padecimiento, se requiere de alguna forma de fisioterapia para despejar las vías aéreas, de una a cuatro veces por día. Aproximadamente el 90% de las personas deben tomar enzimas digestivas con cada alimento.

Dicha enfermedad de carácter hereditario, cuyos síntomas pueden presentarse por la pérdida excesiva de sal por el sudor, infecciones respiratorias frecuentes, diarreas crónicas o evacuaciones con grasa, aspecto delgado e incapacidad para ganar peso a pesar de buen apetito, desnutrición en diversos grados y el abdomen ligeramente abultado, tos crónica, falta de aire con la actividad física, sinusitis crónica.

Lamentablemente, aunado a la dificultad de diagnosticar dicha enfermedad, el sector salud de nuestro país, no presenta la infraestructura necesaria para la atención de las personas con Fibrosis Quística, aunado a ello el elevado costo que representa el adecuado tratamiento, puede mermar la economía de la familia.

D. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud coincide con el Senador proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, en atención al principio constitucional del interés superior de la infancia, exhorta al respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y la Comisión Nacional de Protección en Salud, se considere la definición de la Fibrosis Quística como enfermedad que genera gastos catastróficos; y, en su caso, sea incluida como intervención cubierta para los menores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud y las institucionesde seguridad social, se realicen acciones de detección temprana de la Fibrosis Quística, a partir del tamiz neonatal ampliado.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al segundo dictamen.

"COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen de la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2013, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez Integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Integrante de la LXII Legislatura presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La presente proposición pretende exhortar al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la Insuficiencia Renal Crónica es de suma importancia para la Salud Publica de nuestro país.

B. Nuestro país tiene un número significativo de enfermedades que atender dentro de la salud pública, uno de ellos con mayor relevancia es la insuficiencia renal crónica.

La IRC es el síndrome clínico que resulta de la pérdida progresiva e irreversible de la estructura y consecuentemente de la función renal. Es un padecimiento crónico, terminal de ambos riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre y la persona requiere tratamiento de sustitución de la función renal para conservar la vida, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. El alto costo del tratamiento, puede significar un golpe fuerte al patrimoniode cualquier familia por lo que muchas personas no tienen los recursos necesarios para acceder al tratamiento adecuado y oportuno.

C. A nivel mundial la Insuficiencia Renal está considerada como enfermedad  catastrófica. Esta es silenciosa, desgraciadamente muchas veces se detecta ya en grado avanzado, no respeta edad, sexo, y condición social, por lo que es considerada como una epidemia a nivel mundial. Cabe mencionar que el número de pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados como en desarrollo. Como consecuencia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o hemodiálisis o en su defecto de transplante renal y por lo tanto se incrementa progresivamente el costo de atención.

Un punto importante que se observa en esta enfermedad es la edad de los pacientes que son admitidos a programa de diálisis la cual también se ha incrementado. Por ejemplo, en Japón dos tercios del total de pacientes en diálisis están por encima de los 60 años y la mitad son mayores de 65 años.

En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación de la IRC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que en el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con diabetes, predicen que este dato puede ser doblado a más de 300 millones para el 2025.5, las cuales si no reciben un cuidado estricto de su padecimiento serán las que estarán llenando las Unidades Nefrológicas, que en el momento actual ya están resultando insuficientes para la atención de los pacientes diabéticos con enfermedad renal.

D. Este es un padecimiento que afecta a miles de mexicanos, es lamentable ver el número de pacientes con este tipo de enfermedad.

Las mexicanas de entre 15 y 49 años que murieron en 2010 por males renales suman 7.54 por ciento, reporta el documento, le siguieron en proporción la diabetes, con 6.18 por ciento, y los males isquémicos del corazón con 5.02 por ciento. En las dos últimas décadas, la mortalidad por males crónicos no transmisibles ha crecido 19.4 por ciento en las mujeres jóvenes del país.

C. Cabe hacer énfasis, que durante el 2012 el Centro Nacional de Trasplantes reporto 2840 trasplantes de Riñón, sin embargo desgraciadamente al día de hoy9264 personas requieren un trasplante de riñón, de esta forma el trasplante de riñón en la lista de espera, es el segundo lugar antes del trasplante de cornea,lo cual nos lleva a alertarnos y visualizar las acciones y estrategias para combatireste dicho problema.

D. En nuestro país es fundamental implementar las medidas necesarias para incrementar la donación de órganos,toda vez que aún estamos por debajo de niveles internacionales: tan solo en el año 2010 en nuestro país se registraron 3 donadores por millón de habitantes, mientras que en países como Estados Unidos, el número de donadores llegó a 25 por millón de habitantes.

En México dos de los problemas más comunes al que se enfrentan las instituciones relacionadas con la donación de órganos son: 1) el desconocimiento de los familiares sobre la decisión del fallecido de donar algún órgano y 2) la negativa de los familiares a los trasplantes después de la muerte del voluntario, aun cuando este último había decidido hacerlo.

E. Un tema relevante es el número de niños con enfermedad renal en estado terminal no solo ha ido en aumento, sino que en la proporción de los que reciben tratamientos de reemplazo esta aun más lejos de satisfacer la gran demanda de atención.

La insuficiencia renal crónica aparece también de los 5 a los 14 años, estos casos se relacionan con el hecho de que en la mayoría de los pacientes existían antecedentes glomerular o hereditarios.

F. Otro tema toral al respecto de este grave problema es que en diversos estados como lo es Tlaxcala, guerrero Oaxaca entre muchos otros, se tiene un número mayor de este padecimiento, personas que deben de trasladarse al Distrito Federal para su estudio y tratamiento clínico , lo que origina un desgaste físico y económico en estos pacientes. No debe dejar fuera el hecho de que el tratamiento de la enfermedad renal cónico depende de la posibilidad de acceder a la seguridad social, IMMS, ISSSTE. En adultos tan solo uno de cuatro pacientes con insuficiencia renal, tiene acceso al tratamiento, situación similar en los menores.

G. Así mismo cabe destacar que el costo del tratamiento de la enfermedad renal es muy alto lo que significa que muy pocas personas pueden continuar con el mismo.

Es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino que existe también un daño colateral a la familia, y trayendo por si un detrimento en la economía familiar.

Sabemos que el propósito es lograr el acceso al tratamiento renal oportuno y de calidad, incluyendo la terapia renal y el trasplante. Así como lograr una reinserción social productiva para quienes sufren una enfermedad renal terminal.

Por ello se coincide con la proponente que es de prioridad se implementen políticas públicas de salud preventiva, como las unidades especializadas en nefrología, que contrarresten el gran problema expresado en este apartado.

H. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta, a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en elPresupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014, los recursos necesarios para la creación de Unidades Especializadas en Nefrología en cada estado del País".






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las Reglas de Operación del Programa Seguro Popular para que los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, puedan tener acceso a los servicios de salud, aun cuando no estudien.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de diciembre de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación del programa del Seguro Popular para que los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso a los servicios de salud, aun cuando no estudien.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente señala que tanto la oferta educativa como laboral, muchas veces impide que los jóvenes de nuestro país continúen con sus estudios o bien encuentren un trabajo, que les permita tener un seguro de salud. Es por ello que propone que se elimine de los requisitos de afiliación, la obligación de presentar constancia de estudios que acredite que los hijos de entre 18 y 25 años de edad continúan cursando estudios de educación media o superior.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con cifras del censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos.

Los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, son la población clave para el desarrollo social y económico de un país. Es por ello que son tan importantes las estrategias que brinden y de ser posible garanticen las oportunidades de desarrollo en aspectos educativos, de salud, de empleo y de recreación.

La población de estas edades es de 29,706,560 personas, actualmente hay 96 hombres por cada 100 mujeres, ambos de entre 15 y 29 años. Dicho estudio revela que la mayor proporción con esta población la tiene Quintana Roo, siendo casi 1 de cada 3 personas son jóvenes y la menor la tiene el Distrito Federal.

Esta población en específico demanda espacios y oportunidades de desarrollo, representan un activo, mismos que como ya se señaló, deben ser aprovechados para producir cambios y generar mayor riqueza en nuestro país.

Aunado a ello, de acuerdo con datos del INEGI, del total de la población de jóvenes y adolescentes, el 15.7 por ciento cuenta con educación básica, el 36.5 por ciento cuenta con secundaria o equivalente. No obstante lo anterior, aquellos entre 25 y 29 años, que son los que se consideran con edad suficiente para haber concluido la educación superior, sólo el 23.1% cuenta con estudios superiores, y el 1.3 con posgrados como maestrías y doctorados.

Dicho estudio revela que el 47.1 por ciento de los jóvenes trabajan, mientras que el 26.7 por ciento estudia, pero hay un 26.2 por ciento que no tiene ninguna de las dos actividades por lo que son improductivos para el desarrollo social y económico mexicano.

B. No obstante lo anterior, el Sistema de Protección Social se encuentra regulado por el Título III Bis de la Ley General de Salud y de acuerdo con el cual se establece que:

“Artículo 77 bis 3.- Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.

Artículo 77 bis 4.- La unidad de protección será el núcleo familiar, la cual para efectos de esta Ley se puede integrar de cualquiera de las siguientes maneras:

I.…;

II. …;

III.

IV.

Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, discapacitados dependientes.

A las personas de dieciocho años o más se les aplicarán los mismos criterios y políticas que al núcleo familiar.

El núcleo familiar será representado para los efectos de este Título por cualquiera de las personas enunciadas en las fracciones I a III de este artículo.”

Derivado de ello es importante señalar que es necesaria una reforma a la Ley General de Salud, por medio de la cual se modifique el requisito de ser estudiante para poder acceder a los servicios de salud del Seguro Popular.

C. No obstante lo anterior consideramos importante dar solución al tema en comento, es por ello que con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Salud a que formule un programa de salud para aquellas personas entre 18 y 25 años de edad, que por las condiciones propias del Estado mexicano, no han podido acceder a educación pública o privada, ni empleo, lo cual lo excluye de los servicios de salud del Seguro Popular.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se han registrado oportunamente el Senador Francisco Salvador López Brito, para referirse al dictamen en torno a la fibrosis quística; y la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para referirse al dictamen en torno a la creación de unidades especializadas en nefrología.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Un saludo a todas las compañeras y compañeros Senadores.

Quiero comentarles que este dictamen, en sentido aprobatorio, que presenta la Comisión de Salud, a favor de considerar la enfermedad de la fibrosis quística o mucoviscidosis en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos viene, y vendrá, a enaltecer a todos los integrantes de esta Soberanía, porque es atender desde un diagnóstico temprano hasta una terapia rehabilitatoria vitalicia y de muy alto costo para las familias con hijas e hijos con este padecimiento.

La aparición de este problema es en la niñez y la adolescencia; la fibrosis quística es una enfermedad genética, de herencia autonómica recesiva; también se le concede como mucoviscidosis, que quiere decir moco viscoso contrario al normal, moco fluido o filante y de fácil expulsión que se da en condiciones normales.

Si la fibrosis quística se presenta en el intestino del recién nacido, puede desarrollar un problema de salud que se llama hilo meconial obstructivo por la calidad mucosa de esta secreción; de igual forma, si el afectado es el aparato broncopulmonar, se congestionan los conductos y se forman quistes, los cuales provocan reacción inflamatoria y cicatrización; de ahí lo de fibrosis y quistes, como una característica anatomopatológica, que de presentarse, también, en otros órganos como el páncreas igual se forman este tipo de composiciones.

Vemos que la detección y el diagnóstico temprano son importantes para iniciar el tratamiento durante la infancia y, con ello, poder prolongar la esperanza de vida.

En México, la edad promedio de su diagnóstico es de 2.8 años, por lo que el paciente ya presenta complicaciones como: neumonías recurrentes, bronquiectasia, cirrosis hepática, pancreatitis, obstrucción intestinal, desnutrición, entre otras.

La incidencia en nuestro país, si bien es baja, uno por cada 8 mil 500 nacidos vivos, quienes sufren aquí en México este problema, es una cifra alarmante el que el 85 por ciento de estos niños lamentablemente mueren antes de los cuatro años de edad por falta de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

Aunado a la dificultad de diagnosticar esta enfermedad, el sector salud de nuestro país tiene también problemas: la infraestructura adecuada para la atención de las personas con fibrosis quística y el elevado costo que representa el adecuado tratamiento, lo cual merma la economía de la familia.

Es por lo anterior que los que integramos la Comisión de Salud, les pedimos su voto favorable a este dictamen a favor de las niñas y niños que padecen en nuestro país este lamentable problema.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para referirse al dictamen en torno a la creación de unidades especializadas en nefrología.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras Senadoras y Senadores.

Yo quisiera iniciar haciendo un reconocimiento a los que integramos la Comisión de Salud, por el trabajo, el debate y la coincidencia de haber llegado en positivo a este punto de Acuerdo.

Nuestro país tiene un número significativo de enfermedades que atender dentro de la salud pública, y uno de ellos, con mayor relevancia, es la insuficiencia renal crónica.

A nivel mundial, la insuficiencia renal está considerada como una enfermedad catastrófica. Un punto importante que se observa en esta enfermedad, es la edad de los pacientes que son admitidos a programas de diálisis, los cuales también se han incrementado.

Este es un padecimiento que afecta a miles de mexicanos. Es lamentable ver el número de pacientes con este tipo de enfermedad.

Cabe hacer énfasis que, durante 2012, el Centro Nacional de Transplantes reportó 2 mil 840 transplantes de riñón; sin embargo, al día de hoy, casi 10 mil personas requieren un transplante de riñón.

En nuestro país es fundamental implementar las medidas necesarias para incrementar la donación de órganos, toda vez que aún estamos por debajo de los niveles internacionales, solamente hay tres donadores por un millón de habitantes.

En México, dos de los problemas más comunes a que se enfrentan las instituciones es el desconocimiento de los familiares sobre la decisión de los fallecidos de donar algún órgano.

Otro tema toral al respecto de este grave problema, es que en diversos estados como Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, entre muchos otros, se tiene un mayor número de padecimientos y las personas deben trasladarse hacia el Distrito Federal para su estudio y tratamiento clínico, lo que origina un desgaste físico y económico de estos pacientes.

Es una enfermedad que no sólo afecta al paciente, sino que existe también un daño colateral con la familia.

Estimo, señoras y señores Senadores, que es un deber y una obligación proteger a nuestros niñas, niños y jóvenes de este tipo de enfermedades, todos sabemos que es mejor adoptar a tiempo medidas preventivas, para tratar de aplicar medios o tratamientos con un costo mayor.

Es por eso que el día de hoy, a nombre de la Comisión de Salud, les pido su voto a favor este punto de Acuerdo.

Primero. La Cámara de Senadores solicita al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado de nuestro país.

Segundo. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado de la República.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes antes comentados.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueban los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a remitir la relación de bajas del padrón activo de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quién haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente proyecto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.

Pasamos ahora a la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Turismo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo Federal información en torno a ferias turísticas especializadas, y a su vez la exhorta a impulsar y fortalecer las ferias turísticas especializadas en México, presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Turismo.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 23 de abril de 2013, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo Federal información en torno a ferias turísticas especializadas, y a su vez la exhorta a impulsar y fortalecer las ferias turísticas especializadas en México.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

Primero: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal informe a esta soberanía cuáles son los casos de éxito de ferias turísticas especializados en otras regiones o países.

Segundo: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal informe a esta soberanía, cuáles son los nichos o segmentos turísticos que podrían tener mayor auge y rentabilidad en México.

Tercero: El Senado de la República exhorta atentamente a la Secretaría de Turismo, a impulsar la realización anual y rotativa de ferias turísticas especializadas por segmento y a fortalecer las ya existentes, a fin de que todos los segmentos turísticos reciban la promoción necesaria para su desarrollo y se potencialice el turismo en todos los Estados de nuestro país.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Señala el promovente que las características geográficas, bellezas naturales y riqueza cultural de México lo hace un destino privilegiado, difícilmente superado por otros países.

Agrega el legislador que dentro de los atractivos turísticos con los que México cuenta existen 37 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad, diversas ciudades coloniales, 62 Pueblos Mágicos y más de 110 mil monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX.

Nuestro país le ofrece al visitante más de 40 mil zonas arqueológicas, de las cuales 173 están abiertas al público, mismas que permiten apreciar vestigios de grandes civilizaciones como la Maya, Azteca, Tolteca, Zapoteca, Purépecha, Olmeca y Mixteca. Además contamos con 112 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 18 museos operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y otros muchos museos estatales, municipales, privados y comunitarios en los que se exhiben objetos históricos, artísticos y de uso diario.

Asimismo, el legislador refiere que desde el punto de vista paisajístico las 174 áreas naturales protegidas de carácter federal, dan cuenta de una vasta riqueza natural, con inigualables paisajes, extensas costas, selvas, lagunas, cuevas, ríos, sierras que abarcan el 12.85 por ciento del territorio nacional.

Continúa señalando el promovente que dado que el turismo es un sector que genera gran movilidad, los distintos países se ven en la necesidad de ofertar sus productos turísticos a nivel nacional e internacional, siendo una forma exitosa de hacerlo a través de las ferias o tianguis turísticos. Para México, la ventana local por excelencia para mostrar sus destinos al mundo es el Tianguis Turístico México. Este evento tiene la peculiaridad de impulsar la producción y comercialización de productos y servicios exclusivos de México, y permite a nuestro país incrementar los flujos de visitantes nacionales e internacionales. Es la más importante plataforma de promoción y de negocios en donde interactúan compradores nacionales e internacionales con toda la industria turística mexicana, en la que se ofertan los diferentes segmentos turísticos con que contamos.

Agrega el legislador que dada la movilidad del sector turismo, es necesario que se innoven las estrategias de promoción, siendo una de ellas la creación de ferias turísticas especializadas.

Da cuenta de que en México se han impulsado ferias turísticas segmentadas, como: la Feria Mundo Maya, laFeria Mundial del Turismo Cultural, la Feria Nacional de Turismo de Aventura, la Expo Viaje con Sabor a México y el Bazar de la Artesanía Mexicana, mismas que han permitido fortalecer los segmentos turísticos cultural y de aventura.

A fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, el promovente propone impulsar la realización anual y rotativa de ferias turísticas especializadas por segmento y fortalecer las ya existentes, a fin de que todos los segmentos turísticos reciban la promoción necesaria para su desarrollo y se potencialice el turismo en todos los Estados de nuestro país.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país. Esta actividad representa el 9% del Producto Interno Bruto, es generadora de 2.5 millones de empleos directos y 5 millones indirectos, participando en él, más de 43 mil unidades económicas, siendo el 80 por ciento pequeñas y medianas.

Las ferias turísticas son plataformas por medio de las cuales, se impulsa la oferta con la que cuentan los diversos destinos turísticos, así mismo, permiten apreciar la hospitalidad del destino.

Estos eventos brindan oportunidades excelentes para la comercialización de la oferta de los destinos con las principales empresas turísticas, en entornos altamente competitivos. Es una de las mejores opciones que tienen los destinos para promoverse, toda vez, que en un corto período de tiempo y a un bajo costo (en comparación con otros instrumentos promocionales) se consigue un gran número de contactos de venta y clientes, además de que permite medir los nuevos atractivos y tendencias que ofertan los demás destinos.

La última edición del tianguis turístico México, llevada a cabo en Puebla, da testimonio del éxito de estos eventos. Dentro de las cifras preliminares, se observa la participación de 673 empresas compradoras, se logró agendar más de 26 mil citas de negocios, el número más alto en toda la historia Del Tianguis Turístico.

Asistieron a esta feria más de 42 países y dentro de los participantes, visitaron por primera vez nuestro Tianguis Turístico: Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Tailandia y El Salvador.

La derrama económica de este evento alcanzó alrededor de 200 millones de pesos, lo que representa un incremento de 42.8 por ciento, con respecto al Tianguis turístico celebrado en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

Dada la riqueza de los segmentos turísticos con los que cuenta nuestro país, diversos estados compitieron por ser galardonados como los que brindan las mejores opciones para los turistas. Querétaro ganó la presea como el mejor destino para realizar Turismo Cultural; Michoacán se distinguió por su Turismo Gastronómico; Yucatán para el Turismo de Negocios; Quintana Roo como destino que ofrece Turismo de Naturaleza e Hidalgo por el Desarrollo de Actividades Turísticas en Espacios Públicos.

Nuestra riqueza turística hace que esta Comisión de Turismo considere necesario impulsar el desarrollo Y continuar promoviendo los diversos segmentos turísticos con lo que contamos, y creemos que una forma adecuada de hacerlo es a través de los tianguis o ferias turísticas especializadas, tales como la Feria Mundo Maya, la Feria Nacional de Turismo de Aventura, la Expo viaje con Sabor a México.

Los integrantes de la Comisión de Turismo, reafirmamos que las necesidades específicas del mercado hacen necesario que se innoven las estrategias de promoción y consideramos que la creación de ferias turísticas especializadas es un mecanismo adecuado, toda vez que se promueven segmentos turísticos en particular, volviéndose más competitivos los destinos.

Esta Comisión Legislativa considera importante continuar impulsando esfuerzos y uniendo sinergias para implementar acciones que aprovechen todo nuestro potencial turístico, por ello, consideramos adecuado solicitar respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal información sobre los nichos o segmentos turísticos que podrían tener mayor auge y rentabilidad en México.

Los integrantes de la Comisión de Turismo, reafirmamos que el programar paralelamente al Tianguis Turístico México, ferias o tianguis de nichos o segmentos turísticos especializados en diferentes sedes estatales, de manera anual y rotativa, beneficiaría a todos nuestros productos turísticos.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal, informe a esta soberanía cuáles son los casos de éxito de ferias turísticas especializados en otras regiones o países

Segundo: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal, informe a esta soberanía, cuáles son los nichos o segmentos turísticos que podrían tener mayor auge y rentabilidad en México.

Tercero: El Senado de la República exhorta atentamente a la Secretaría de Turismo, a impulsar la realización anual y rotativa de ferias turísticas especializadas por segmento y a fortalecer las ya existentes, a fin de que todos los segmentos turísticos reciban la promoción necesaria para su desarrollo y se potencialice el turismo en todos los Estados de nuestro país.

COMISION DE TURISMO”.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente:

Proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Estado a definir políticas públicas de manera coordinada para consolidar la gastronomía mexicana como motor de desarrollo inclusivo y factor de crecimiento en nuestro país, presentado por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar un programa de Sabores Mágicos para Municipios y Delegaciones del Distrito Federal con sus respectivas reglas de operación que impulse la gastronomía mexicana, presentado por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 23 de abril de 2013, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Estado a definir políticas públicas de manera coordinada para consolidar la gastronomía mexicana como motor de desarrollo inclusivo y factor de crecimiento en nuestro país.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 23 de abril de 2013, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar un programa de Sabores Mágicos para Municipios y Delegaciones del Distrito Federal con sus respectivas reglas de operación que impulse la gastronomía mexicana.

4.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El primer punto de Acuerdo de la Senadora Lucero Saldaña, propone lo siguiente:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo, para que con base en sus facultades diseñe e implemente un Plan Sectorial de Turismo, que en el presente sexenio impulse el desarrollo del sector gastronómico como parte fundamental de la política de turismo nacional.

SEGUNDO.- A fin de realizar la armonización legislativa de la Ley General de Turismo en vigencia y de impulsar su aplicación, se exhorta a emitir el Reglamento correspondiente.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor instrumente, ejecute y coordine la política de apoyo incluyente a emprendedores, del sector gastronómico impulsando la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución a la productividad empresarial.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que con base en sus facultades y atribuciones revise los contenidos de planes y programas de estudio de las licenciaturas y carreras técnicas de gastronomía, a fin de modificar las asignaturas que se impartan, y que permita el desarrollo de profesionales que contribuyan a mejorar las condiciones alimenticias de la población, preservar y difundir las tradiciones gastronómicas, así como mejorar los servicios gastronómicos.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de promocionar, incrementar y consolidar el consumo de productos agropecuarios en el mercado interno y en el exterior, así como a participar en muestras gastronómicas que permiten impulsar las exportaciones agroalimentarias.

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores para promover a través de las representaciones de México en el exterior a propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades a su cargo y de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda; para la promoción del sector gastronómico nacional.

El segundo punto de Acuerdo de la Senadora Lucero Saldaña Pérez propone lo siguiente:

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo para que con base en la diversa y amplia vocación gastronómica de nuestro país se diseñe e implemente un Programa de Sabores Mágicos para Municipios y Delegaciones del Distrito Federal, con sus respectivas reglas de operación, que impulse a la gastronomía mexicana tradicional y contemporánea como un sector estratégico de crecimiento económico, local, regional y nacional.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Dado que ambas proposiciones de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez versan sobre la necesidad de salvaguardar la Gastronomía Mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta Comisión Legislativa considera oportuno dictaminarlas en conjunto.

La promovente señala que la inscripción de la gastronomía tradicional mexicana en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, implica un compromiso para el gobierno y que las políticas públicas deben buscar el rescate de nuestra gastronomía, señala además que es necesario incorporar medidas de orden jurídico, técnico, administrativo, educativo y financiero.

Hace mención que en nuestro país, el valor estimado de la industria restaurantera en 2011, rebasó los 15 mil millones de dólares. Estos equivalen al 1.4% del PIB Nacional y el 12.5% del PIB turístico. Además esta industria es la segunda mayor empleadora a nivel nacional y la primera en autoempleo. Asimismo, señala que 7 de cada 10 empleos en el sector turístico son derivados de la industria restaurantera.

La Senadora menciona que a través de la educación se debe de asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, por lo que los planes y programas de estudio, los proyectos de investigación, así como las acciones de difusión, extensión y vinculación deben de responder a generar personal más y mejor capacitado.

Señala la promovente que formando adecuadamente a profesionales en gastronomía se podrán satisfacer las necesidades de esta actividad, por ello, establece que los proyectos de investigación, así como las acciones de difusión, extensión y vinculación deberán responder a las necesidades sociales de su entorno.

La demanda de profesionales en gastronomía aumenta considerablemente y el campo de trabajo es cada vez más diverso; ya que sigue las tendencias del mercado, adaptándose a las necesidades del cliente, pero sin descuidar la preservación y difusión de las tradiciones gastronómicas.

Por otra parte, la legisladora menciona que el Estado, a través de la Secretaría de Economía y de la Banca de Desarrollo ha definido una línea de crédito para apoyar a emprendedores gastronómicos, pero advierte que los emprendedores se enfrentan con la falta de apoyo a la agricultura, y a la poca inversión que se tiene para competir frente a mercados extranjeros.

Por ello, propone articular políticas entre los diversos sectores del Estado y los principales actores de la iniciativa privada para la promoción de la oferta gastronómica nacional, a través de la promoción de cadenas agropecuarias gastronómicas, con redes de colaboración con productores e industriales de la alimentación; el fortalecimiento de los programas para emprendedores; la promoción de la gastronomía y nutrición en escuelas y colegios; y la promoción y consolidación de la cocina tradicional mexicana en el exterior.

También la promovente insta al Gobierno Federal a proteger y difundir, dentro del Plan Nacional de Desarrollo al sector gastronómico como uno de los ejes de la política económica nacional.

En cuanto a la segunda proposición con punto de Acuerdo, la Senadora Saldaña señala que la adecuada explotación de la actividad gastronómica, puede ser una fuente importante del desarrollo e ingresos para el país, ya que tiene gran influencia en el flujo circular de la economía, de la política y en el ámbito social; y, que debido a las características y la diversidad de las regiones y de que cada estado posee sus recetas y tradiciones culinarias, surge la necesidad de crear un programa que se podría denominar: Programa de Sabores Mágicos para Municipios y Delegaciones.

Este programa permitiría consolidar a las localidades del país con vocación gastronómica permitiendo el desarrollo, comercialización y difusión nacional e internacional de nuestros platillos considerados en ocasiones únicos en el mundo.

Este programa ofrecerá a la población y turistas, los platillos y las bebidas tradicionales, con el objetivo de potenciar la oferta turística de nuestro país e impulsar la gastronomía mexicana.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Turismo reconoce que México es un referente por su gastronomía. Existen ricas y múltiples tradiciones culinarias a lo largo de todo el territorio nacional. Los sabores, colores, aromas y texturas de nuestra cocina, son un deleite para los paladares más exigentes, pero además, integran un conjunto de conocimientos, de formas, de experiencias acumuladas por nuestros ancestros y transmitidas de generación en generación, siendo un elemento fundamental de nuestra identidad cultural.

Esta Comisión coincide con la promovente en el sentido de que México debe asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial de la sociedad.

Es pertinente mencionar que “La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva: El paradigma de Michoacán” entró a formar parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Intergubernamental correspondiente en su sesión de Nairobi, Kenia, el 16 de noviembre de 2010.

En ese momento, se estableció que la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales, lo que fue posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas, hasta la preparación culinaria y degustación de manjares.

La cocina mexicana a través de los siglos es un homenaje, un recuento, un canto a uno de los grandes valores de México, “la convivencia humana, ese milagro que ocurre alrededor y a propósito del pan nuestro de cada día”1 una sociedad transmite a través de la gastronomía sus características particulares y culturales, manifestando así su identidad.

Para formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, fue decisivo el que la cocina tradicional mexicana se transmita como herencia a través de las generaciones, desde tiempo antiguo y que siga vigente; que represente un factor fundamental de identidad cultural y de cohesión social, que contribuya al desarrollo de la comunidad y al diálogo de ésta con el resto de los grupos sociales.

Por ser la cocina tradicional mexicana, un elemento importante para impulsar el desarrollo de importantes regiones gastronómicas de nuestro país, en febrero de 2012, la Secretaría de Turismo, presentó “Las Rutas Gastronómicas de México”, las cuales comprenden dieciocho recorridos turísticos por diferentes estados, diseñados para ofrecer una experiencia culinaria a través de los sabores del país. Esta política permite potenciar la oferta turística de México y coadyuvar a detonar la gastronomía mexicana tradicional y contemporánea como un atractivo único y diferenciador, lo cual sin duda, es un avance para rescatar y salvaguardar nuestra cocina tradicional.

Sin embargo, es necesario fortalecer este programa a fin de que el mayor número de municipios y delegaciones, con una fuerte vocación gastronómica formen parte de estas rutas gastronómicas, ya que a lo largo y ancho de México la comida es una forma de preservar nuestra cultura.

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora reitera que la dimensión social y cultural de la gastronomía mexicana, determina su incorporación dentro del patrimonio cultural, por lo que es importante, así como lo señala la promovente, poner en marcha medidas para garantizar la salvaguardia de la cocina tradicional mexicana, a través de medidas que: apoyen la producción y venta de alimentos mexicanos; hagan participes de la riqueza y desarrollo local y regional a las cocineras y emprendedores que hacen de la cocina un medio de vida digno; promuevan a través de la educación las tradiciones culinarias de las que deriva la cocina mexicana; que la cocina tradicional mexicana forme parte importante de la imagen cultural y turística que se difunde al interior y exterior de nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo, a contemplar dentro de su Plan Sectorial políticas públicas que impulsen el sector gastronómico como parte fundamental de la política de turística nacional y a revisar el programa “Rutas Gastronómicas” a fin de:

a) Incluir al mayor número de municipios y delegaciones que cuentan con una fuerte vocación gastronómica.

b) Emprender campañas de difusión permanentes a nivel nacional e internacional sobre las “Rutas Gastronómicas de México”, para impulsar al turismo gastronómico de las regiones.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía, para que considere a la industria gastronómica como sector estratégico del desarrollo regional, impulsando e implementando políticas públicas que detonen la competitividad, las inversiones productivas y su proyección en los mercados nacional e internacional.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a trabajar conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior que imparten las licenciaturas y carreras técnicas de gastronomía, a fin de revisar planes y programas de estudios, con motivo depreservar y difundir la cocina tradicional mexicana, y formar profesionistas que den respuesta a las nuevas exigencias de la materia.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de promocionar, incrementar y consolidar el consumo de productos agropecuarios en el mercado interno y externo, así como a participar en muestras gastronómicas que permiten impulsar las exportaciones agroalimentarias.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover a través de las representaciones de México en el exterior al sector gastronómico nacional.

COMISION DE TURISMO”.

1 KRAUZE, Enrique y GONZÁLEZ Fernán. Libro de la Cocina Mexicana a través de los Siglos. Edit. Clío, México, 1996, 64 pp.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente:

Proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a proseguir hasta su total terminación el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa, y en caso de que exista responsabilidad penal presente la denuncia correspondiente, presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de estaHonorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 2 de abril de 2013, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a proseguir hasta su total terminación el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 4 de abril de 2013, el Senador Omar Fayad Meneses, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa, y en caso de que exista responsabilidad penal presente la denuncia correspondiente.

4.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo del Senador Francisco Salvador López Brito propone lo siguiente:

Unico: El Senado de la República respetuosamente exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a proseguir hasta su total terminación el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

El punto de Acuerdo del Senador Omar Fayad Meneses propone lo siguiente:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que se dé puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que en caso de que se comprueben las irregularidades reportadas por la Auditoria Superior de la Federación, se presente la denuncia penal en contra de los responsables.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que realice las gestiones necesarias a fin de que en caso de que no se justifique o presente un respaldo documental, se recuperen los recursos mencionados.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La proposición del Senador Francisco Salvador López Brito señala que los Centros Integralmente Planeados (CIP), tales como Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco son proyectos exitosos porque han creado un gran movimiento turístico, y que los turistas internacionales prefieren el turismo de playa en estos centros.

En relación a la construcción de Centros Integralmente Planeados, el promovente da cuenta de que en años recientes se decidió construir en el Estado de Sinaloa, el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu, localizado a 100 km al sur de Mazatlán.

El proyecto turístico estará conformado por una superficie de 2,381 Ha, en las cuales se construirán sectores habitacionales vinculados a campos de golf, una marina y un malecón, integrados a complejos hoteleros y exclusivos spas. El desarrollo contará con parque temático, plazas comerciales, núcleo administrativo, muelle de cruceros, clubes de playa y equipamiento para actividades cívicas y de entretenimiento.

Señala el legislador que este centro tiene un presupuesto plurianual, siendo el primero que existe en su tipo en materia turística, por lo cual se encuentran etiquetados 5 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del año 2008 al 2019 para asegurar la conclusión del proyecto en su primera fase.

Agrega que la inversión privada será de 66 mil millones de pesos, y que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo espera que el Centro Integralmente Planeado genere 78 mil empleos directos e indirectos en un lapso de 15 años.

De acuerdo con el promovente, el Centro Integralmente Planeado contempla nueve fases para su terminación, la obra de infraestructura constituye la primera fase que se prevé termine entre 2017 y 2019, para ese momento se tiene proyectado una inversión de $3,200 millones de pesos.

Advierte además que actualmente se han invertido $2,000 millones de pesos, de los cuales $1,200 millones se invirtieron en la adquisición del terreno y $800 millones en diversas obras de terracerías, pavimentación, construcción de tanque de regularización de agua, alcantarillado, drenaje pluvial, electrificación, alumbrado público, entre otras.

El legislador señala que han existido diversas causas por las cuales el proyecto no ha avanzado como inicialmente se tenía programado, entre las que destaca la falta de planeación económica y comercial, lo cual afecta el desarrollo regional que se daría con la concreción del Centro Integralmente Planeado en Escuinapa, Sinaloa.

Finaliza resaltando la importancia de la construcción de este centro, toda vez que abonaría en la entrada de divisas, generación de empleos, mejoramiento de la infraestructura, estimularía la actividad empresarial y la dinámica económica regional.

Por su parte el Senador Omar Fayad Meneses, señala en su proposición que el Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, en un inicio se contempló en su programa original como uno de los más grandes proyectos del sector turismo, contemplando 40 mil habitaciones, y una inversión programada de 12 mil 200millones de pesos.

Menciona el legislador, que si bien FONATUR debiera ser un importante impulsor del desarrollo turístico, queda como una utopía por los malos manejos, haciendo referencia a un informe presentado por la Auditoria Superior de la Federación, en el que se señaló que en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, Sinaloa,existe la presunción de irregularidades con un daño patrimonial al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por un monto superior a los 13 millones 103 mil pesos.

Continua refiriendo que el informe de la Auditoria Superior de la Federación, reportó irregularidades en los contratos adjudicados CPDU-0901/11-O-01 y CPDU-0901/11-O-02, y que en caso de que no se logre justificar o presentar un respaldo documental de los 13 millones 103 mil pesos, la entidad fiscalizada o la instancia competente debe proceder en el plazo establecido a la recuperación del monto observado.

Finaliza el promovente mencionado que debe investigarse seriamente la presunción de irregularidades en la asignación y manejo de contratos, y en caso de que éstas se comprueben se debe proceder penalmente contra los responsables y recuperarse los recursos.

CONSIDERACIONES

En virtud de que amblas propuestas con punto de Acuerdo, en cierto sentido, hacen referencia a la problemática que ha existido para y durante la Construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, esta Comisión Legislativa estima pertinente dictaminarlas en conjunto.

Esta Comisión Legislativa considera que el turismo es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de México, por lo que es necesario alentar su potencial mediante una planeación estratégica adecuada.

En este sentido, reconoce la importancia de la creación de los Centros Turísticos Integralmente Planeados, los cuales representan una contribución prioritaria para el desarrollo turístico, social y económico del país, dado que incrementaron la oferta turística con destinos de alta calidad, atrayendo nuevos segmentos de mercado y fortaleciendo el desarrollo regional.

A fin de apuntalar nuestros destinos de sol y playa, aumentar la generación de empleos y recuperar competitividad de México en el ámbito internacional, los integrantes deComisión Dictaminadora coinciden con el legislador Salvador López Brito, en el sentido de que la concreción del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, es sumamente importante para el desarrollo de Sinaloa y de todo nuestro país.

No obstante lo anterior, es necesario destacar que existen resoluciones judiciales y administrativas relacionadas con la construcción de este proyecto, que deben conocerse a fondo, ya que están íntimamente relacionadas con la viabilidad del mismo.

De acuerdo a notas periodísticas, en 2008 FONATUR compró un terreno de 2 mil 381 hectáreas, en donde se construiría este Centro Integralmente Planeado.

Ante ello, la comunidad indígena Totomares San Pedro Chiametlán interpuso un juicio en el Tribunal Agrario, contra FONATUR para que se declare la nulidad del contrato de compraventa, reclamando invalidar los actos jurídicos celebrados con posteridad a la firma, la desocupación y entrega del predio con una superficie total de mil 215 hectáreas.

Adicional a este caso, la comunidad de San Pedro Chametla, del municipio el Rosario, Sinaloa, reclamó la devolución de la fracción de un terreno compuesto por 208 hectáreas, que conforme al título primordial de fecha 12 de agosto de 1976 les corresponde el derecho de propiedad y posesión de dicho inmueble.

En este caso el Tribunal Agrario, mediante una sentencia del 13 de junio de 2012, estableció que la comunidad es dueña de este predio, ante lo cual FONATUR impugnó dicha resolución por medio de un juicio de amparo, el cual se encuentra bajo el número de expediente 562/2012.

Como se puede apreciar es fundamental conocer el estado de estos juicios, ya que su resolución es vital para la continuidad del proyecto.

Por otra parte, tal como lo señala, en su proposición, el Senador Omar Fayad, la Auditoria Superior de la Federación estima un presunto daño patrimonial al FONATUR derivado de irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, por un monto de 13 millones 103 mil pesos.

En este sentido, esta Comisión considera que es importante que el Estado Mexicano consolide la inversión en el sector turismo, dada la importancia de éste para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, siendo indispensable que el ejercicio de esta inversión se administre y ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer cabalmente los objetivos para los cuales están destinados.

Dadas estas consideraciones esta Comisión estima necesario solicitar de manera respetuosa información a la Secretaría de Turismo a fin de conocer a fondo el estado que guarda el Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal informe a esta soberanía:

a) Los avances realizados hasta esta fecha en la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu.

b) Los motivos por los cuales se ha retrasado la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu.

c) La existencia de juicios o controversias entre el FONATUR y personas que reclamen la propiedad de la tierra donde sería construido el Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu.

d) Las acciones que tomará derivadas de las observaciones reportadas por la Auditoria

e) Superior de la Federación, en el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, sobre el presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu.

COMISION DE TURISMO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para hablar sobre el tema de impulsar el sector gastronómico.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Es un reconocimiento a la Comisión de Turismo, a sus integrantes, particularmente en los temas que tienen que ver con la gastronomía.

Es un nuevo enfoque, no sólo cultural y turístico, sino también de competitividad, de democratizar la productividad.

Es un tema económico donde la gente, sobre todo la clase media, pone dinero en sus bolsillos y generan empleos.

Apoyar la gastronomía mexicana es apoyar a la agricultura, al transporte, la educación, la nutrición, la Cruzada contra el Hambre, apoyar la salud, apoyar, también, a la economía y, que la informalidad vaya transitando a la formalidad.

La comida tradicional mexicana, incluso la comida callejera, también se pueden ver como un punto de oportunidad para que cada vez haya más salud y generación de empleos

El tema de la gastronomía, para México, representa, incluso, un tema del medio ambiente, de la biodiversidad; es un tema que debe abordarse integralmente.

Por eso, los puntos de Acuerdo traen respetuosos exhortos a las distintas dependencias para configurar programas que alienten, apoyen, fomenten y haya los recursos para estimular lo local.

Como lo dijo el Premio Nobel de Economía, Stiglitz, “apoyar a la gastronomía, significa un desarrollo local”.

Muchas gracias por su respaldo en este tema.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incorporar en su programa sectorial respectivo, objetivos, prioridades y políticas para la prevención, el combate y el control de incendios forestales.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo antes referido. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se prueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

En el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra al Senador Humberto Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incorporar en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018, la construcción y puesta en operación de la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala, antes estación Chontalpa, Huimanguillo, hacia el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.






PROPUESTAS

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

He solicitado, nuevamente, el uso de la palabra, en esta sesión, para someter a la consideración de ustedes una proposición con punto de Acuerdo con dos objetivos:

Primero. Exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobierno federal, para que incorpore en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018, la construcción y puesta en operación de la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala, antes estación Chontalpa, Huimanguillo, al puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que permita fortalecer la comunicación interregional y el comercio en el sur-sureste del país.

Un puerto sin ferrocarril, el puerto de Dos Bocas, pues no es puerto, necesitamos fortalecer la infraestructura del puerto de Dos Bocas, que es puerto petrolero y comercial, con esta línea de ferrocarril que lo integraría al ferrocarril del sur-sureste.

Segundo. Solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se considere y, en su caso, se aprueben los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para la ejecución de este tramo ferroviario estratégico para el desarrollo del sur-sureste del país.

Compañeras Senadoras y Senadores: Reiteradamente hemos señalado en esta tribuna, el atraso económico y social del sur-sureste mexicano que contrasta con la riqueza que generan las actividades industriales y manufactureras en el centro y en el norte del país.

Y ello pega en la inequidad, en la distribución de los beneficios para que se active el sur-sureste, en términos económicos, sociales y políticos.

Esto resulta paradójico ante la riqueza del sur, que bien aprovechada y estimulada, puede impulsar un importante desarrollo regional en todos los órdenes.

El desarrollo del sur-sureste se ha visto obstaculizado, fundamentalmente, por la falta de infraestructura moderna competitiva.

El Presidente Enrique Peña Nieto, en su toma de posesión, señaló, cito: “La desigualdad en México no solo afecta a las personas, también a los estados y a las regiones”. Hay regiones desarrolladas y otras que padecen rezagos importantes. Para cerrar esta brecha e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, daremos un impulso decisivo a la infraestructura, fundamentalmente, del sur-sureste”.

Coincidimos con el Presidente de México, el sur-sureste demanda una infraestructura moderna en todas sus modalidades, que sirva de base para impulsar su competitividad, que atraiga inversiones privadas, se promueva el desarrollo económico y se abata, con ello, la pobreza al generarse los empleos que estamos demandando en la región, al construir los enlaces interregionales que permitan abatir costos de traslados, insumos y productos para el desarrollo nacional y para incrementar la importación y las exportaciones.

Se trata de romper el círculo vicioso de falta de infraestructura adecuada debido a la escasez de la actividad económica; y una escasa actividad económica debido a la falta de infraestructura adecuada. Esta es una responsabilidad del Estado mexicano.

Los beneficios de la balanza comercial derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, no se han extendido de manera homogénea hacia las entidades del sur-sureste de México.

Para lograrlo, insisto, deben de construirse las obras de infraestructura modernas que atraigan inversiones, impulsen la competitividad y la creación de empleo.

Esta es la razón por la que solicito el apoyo para este importante proyecto ferroviario.

Considero que el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018, debe atacar los desequilibrios regionales. Y en el caso del sur-sureste, necesitamos un replanteamiento profundo que resuelva los problemas estructurales que han impedido que se logre un desarrollo económico autosostenido.

En 1978, PEMEX inició la construcción de la terminal marítima de Dos Bocas, en Tabasco, esta obra se proyectó para contar con una línea de ferrocarril, entre la estación Ingeniero Roberto Ayala, antes Estación Chontalpa, que conectaría los complejos petroquímicos Cactus, Tabasco I, Tabasco II y Reforma con los campos petroleros de la región.

En 1980, PEMEX adquirió los derechos de vía y construyó aproximadamente el 50 por ciento de terracerías, obras de drenaje y 14 kilómetros de la vía férrea. Y todo ello quedó abandonado y no se concluyeron.

Por lo que en el 2010 y 2011, con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste y del Fondo Nacional de Infraestructura, FIDESUR y FONADIN, por sus siglas, se realizaron los estudios correspondientes y, actualmente, el gobierno del estado de Tabasco cuenta con el estudio de prefactibilidad, el de mercado e impacto socioeconómico, el financiero, el ambiental y el de análisis de costo-beneficio, así como la liberación del derecho de vía del trayecto y el proyecto ejecutivo y la manifestación de impacto ambiental.

De esta manera, se cuenta con los requisitos técnicos para construir este tramo ferroviario de 108.96 kilómetros, que impulsaría el comercio nacional e internacional, atraería inversiones para la zona y apoyaría las actividades de PEMEX en la región.

Por otra parte, tendría un impacto importante, con una amplia actividad y alto potencial en la zona del desarrollo agropecuario, comercial e industrial, influyendo directamente, al menos, en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Por lo antes expuesto, les solicito, Senadoras y Senadores, su apoyo para la aprobación de este punto de Acuerdo, considerando que este proyecto debe formar parte de la agenda prioritaria del gobierno federal para impulsar el desarrollo y mejorar los niveles de vida de los más de 9 millones de personas que habitan en el sur del país y, especialmente, para los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

Señor Presidente, solicito respetuosamente se turne este punto de Acuerdo a la Cámara de Diputados, por tratarse de recursos que serían incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, y por la misma razón, señor Presidente, le ruego le dé el tratamiento a este punto de Acuerdo de urgente resolución.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INCORPORAR EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2013-2018 LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE LA LINEA FERREA DE LA ESTACION INGENIERO ROBERTO AYALA ANTES "ESTACION CHONTALPA", HUIMANGUILLO, HACIA EL PUERTO DE DOS BOCAS, EN PARAISO, TABASCO



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Humberto Mayans.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que, en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, se elimine toda disposición que pretenda gravar con IVA la compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa habitación.

- La C. Senador María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente.

Como es de todos conocido, el pasado 8 de septiembre, el titular del Ejecutivo Federal presentó, ante el Congreso de la Unión, la propuesta de paquete fiscal para el año 2014, la cual, entre otras propuestas, plantea gravar con IVA la compra, renta y pagos de hipotecas de casa habitación.

Al respecto, en el grupo parlamentario del PAN, así como diversas organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, se han pronunciado en contra de esta drástica e irracional medida fiscal planteada por la actual administración, que dañaría a millones de familias mexicanas que se encuentran en el proceso de construir un respaldo e inversión familiar a través de la conformación de su patrimonio.

De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el total de créditos hipotecarios otorgados hasta julio de 2013, asciende a una cantidad de 1,242,487; mismos que se verían gravemente afectados en caso de aprobarse la propuesta de gravar con IVA los créditos hipotecarios, lo cual denota la magnitud y preocupante situación que genera esta propuesta.
De entrada, la propuesta para aplicar IVA en la venta, renta y créditos hipotecarios de vivienda, provocaría un aumento en la misma proporción en el precio de la vivienda en México, precisamente en un momento en que el sector vivienda enfrenta una severa crisis.

La propuesta de gravar con IVA las operaciones de vivienda resulta altamente preocupante, toda vez que atenta directamente contra uno de los derechos esenciales de todas las familias mexicanas, como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

No se puede analizar la iniciativa del IVA en vivienda de forma aislada, se tiene que tomar en cuenta el efecto negativo que tendrá en las finanzas de las familias, que de pasar esta iniciativa, tendrían que destinar una parte mayor de sus ingresos al pago de su casa y de los intereses de su crédito hipotecario. Esta situación tendrá, sin duda, un efecto adverso en el consumo directamente proporcional, en el mejor de los casos, al efecto recaudatorio que se pretende obtener.

De la misma manera, otros especialistas consideran que el sector vivienda en México tiene un potencial enorme de crecimiento; hay una demanda importante debido a que por muchos años el crédito estuvo paralizado. En administraciones pasadas, se hicieron esfuerzos por fomentar la compra de vivienda e, incluso, bajo esquemas de créditos compartidos como cofinanciamiento. De aprobarse la iniciativa, seguramente el sobreprecio se transfiere al consumidor y puede afectar tanto a los hogares de mayores ingresos, la clase media y, por supuesto, a los de menores recursos.

Sin bien, de acuerdo con el Banco de México, el crédito a viviendas, por parte de la banca comercial, tuvo una desaceleración en los primeros siete meses del año, al registrar un crecimiento de 5.6 por ciento, su expansión más baja para un periodo similar desde 2003, se estima que con la pretendida reforma fiscal, planteada por el Ejecutivo Federal, se generaría una contracción aún más severa de los mercados inmobiliarios en el país, ocasionando afectaciones colaterales a importantes sectores de la economía del país.

Situación que se agrava aún más ante la propuesta de reducir las deducciones personales.

Con relación al hecho de pretender gravar con IVA la compra y venta de vivienda, desarrolladores de vivienda del país alertaron que de prosperar esta iniciativa, en la venta de vivienda nueva, se registrará una caída en el mercado de interés social y el despido de trabajadores de la industria de la construcción.

En todo caso, lo más preocupante de esta medida, es que a fin de cuentas el impuesto se reflejaría en el precio final de la vivienda, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo del consumidor final de la vivienda, que sería directamente el perjudicado, seguido de los desarrolladores del sector inmobiliario y, por supuesto, lo más grave, de todas las familias que dependen directamente de dicho sector productivo de la economía nacional.

Por lo que toca a la propuesta de gravar con IVA el arrendamiento de viviendas destinadas a casa habitación, se estima que el efecto negativo es similar al incrementar el costo de la renta para personas que incluso no pueden acceder a una vivienda propia.

En suma, se estima que estamos ante una propuesta regresiva que afecta severamente al ciudadano que, con el producto de su trabajo y esfuerzo, se encuentra en proceso de conformar su patrimonio familiar.

Los resultados: vivienda nueva más cara, hipotecas y rentas más caras cada mes, los compradores tendrán acceso a créditos menores, menor ahorro para la vivienda, menor acceso al crédito hipotecario, pérdida patrimonial hasta en un 14 por ciento del valor de su casa de manera inmediata, mayor déficit habitacional, mayor cartera hipotecaria vencida en la banca INFONAVIT y FOVISSSTE.

Es por ello que se plantea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a las Cámaras del Congreso de la Unión para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas para el ejercicio fiscal 2014, se omita toda disposición que pretenda gravar con el Impuesto al Valor Agregado la compra, renta y pagos de hipotecas de casa habitación, ni se afecte el régimen de deducibilidad de los intereses pagados derivados de créditos hipotecarios.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION A QUE, EN EL PROCESO DE DISCUSION Y APROBACION DEL PAQUETE DE REFORMAS FISCALES, SE ELIMINE TODA DISPOSICION QUE PRETENDA GRAVAR CON IVA LA COMPRA, RENTA Y LOS PAGOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS DE CASA HABITACION

Los suscritos MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ,JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA, CARLOS MENDOZA DAVIS, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, MARTIN OROZCO SANDOVAL, ERNESTO RUFFO APPEL y HECTOR LARIOS CORDOVA Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS CAMARAS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL PROCESO DE DISCUSION Y APROBACION DEL PAQUETE DE REFORMAS FISCALES SE ELIMINE TODA DISPOSICIÓN QUE PRETENDA GRAVAR CON IVA LA COMPRA, RENTA Y LOS PAGOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS DE CASA HABITACION (URGENTE RESOLUCION),, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la defensa del patrimonio de las familias mexicanas, constituye una prioridad en el marco de la discusión del paquete fiscal para el año 2014, por lo que no avalará ninguna medida tendiente a afectar el esfuerzo realizado por millones de mexicanos para obtener una vivienda digna como parte de su patrimonio familiar.

En ese sentido, como es del todo conocido, el pasado 8 de septiembre, el titular del Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la propuesta de paquete fiscal para el año 2014, la cual entre otras propuestas planteó gravar con IVA la compra, renta y pagos de hipotecas de casa habitación.

Al respecto, el Partido Acción Nacional así como diversas organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se han pronunciado en contra de esta drástica e irracional medida fiscal planteada por la actual administración federal, que daña a millones de familias mexicanas que se encuentran en el proceso de construir un respaldo e inversión familiar a través de la conformación de su patrimonio.

De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el total de créditos hipotecarios otorgados hasta julio de 2013 asciende a una cantidad de 1,242,487, mismos que se verían gravemente afectados en caso de aprobarse la propuesta de gravar con IVA los créditos hipotecarios, lo cual denota la magnitud y preocupante situación que genera esta propuesta.

De entrada, la propuesta para aplicar IVA en la venta, renta y créditos hipotecarios de vivienda, provocará un aumento en la misma proporción en el precio de la vivienda en México, precisamente en un momento en que el sector vivienda enfrenta una severa crisis.

La propuesta para gravar con IVA a las operaciones de vivienda resulta altamente  preocupante, toda vez que la atenta directamente contra uno derechos esenciales de todas las familias mexicanas, como lo es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

De acuerdo a Fernando Soto-Hay1, no se puede analizar la iniciativa del IVA en vivienda en forma aislada, se tiene que tomar en cuenta el efecto negativo que tendrá en las finanzas de las familias, que de pasar la iniciativa, tendían que destinar una parte mayor de sus ingresos al pago de su casa y de los intereses de su crédito hipotecario. Esta situación tendrá sin duda un efecto adverso en el consumo directamente proporcional, en el mejor de los casos, al efecto recaudatorio que se pretende obtener.

De igual forma otros especialistas consideran que el sector vivienda en México tiene un potencial enorme de crecimiento, hay una demanda importante debido a que por muchos años el crédito estuvo paralizado. En administraciones pasadas se hicieron esfuerzos por fomentar la compra de vivienda e incluso bajo esquemas de créditos compartidos como cofinanciamiento; de aprobarse la iniciativa seguramente el sobreprecio se transfiere al consumidor y puede afectar tanto a los hogares de mayores ingresos, clase media y a los de más bajos recursos.2

Sin bien de acuerdo a datos del Banco de México el crédito a viviendas por parte de la banca comercial tuvo una desaceleración en los primeros siete meses del año, al registrar un crecimiento de 5.6%, su expansión más baja para un periodo similar desde 2003, se estima que con la pretendida reforma fiscal planteada por el ejecutivo federal se generaría una contracción aún más severa de los mercados inmobiliarios en el país, ocasionando afectaciones colaterales a importantes sectores de la economía del país.

Situación que se agrava aún más ante la propuesta reducir las deducciones personales.

Con relación al hecho de pretender gravar con IVA la compra venta de vivienda, desarrolladores de vivienda del país alertaron que de prosperar la iniciativa del Poder Ejecutivo de cobrar el IVA en la venta de vivienda nueva, se registrará una caída en el mercado de interés social y el despido de trabajadores de la industria de la construcción. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) refiere que en todo el País, entre 50 y 55 por ciento de las ventas de casas nuevas son de interés social, de un global de casi 500 mil viviendas, mientras que en algunos estados la proporción puede ser mayor, como el caso de Nuevo León, donde es de 80 por ciento3.

En todo caso lo más preocupante de esta medida es que a fin de cuentas el impuesto se reflejaría en el precio final de la vivienda, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo del consumidor final de la vivienda, quien sería el directamente perjudicado, seguido de los desarrolladores del sector inmobiliario y de todas las familias que dependen directamente de dicho sector productivo de la economía nacional.

Por lo que respecta a la propuesta de gravar con IVA el arrendamiento de viviendas destinadas a casa habitación, se estima que el efecto negativo es similar, al incrementar el costo de la renta para personas que incluso no pueden acceder a una vivienda propia.

Situación similar ocurre en el caso de la modificación del régimen de exención del ISR a los ingresos percibidos por las personas físicas por la enajenación de casa habitación, en donde la iniciativa prevé reducir el monto de exención de un monto equivalente a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS) a un monto mucho menor, consistente en 250 mil UDIS (aproximadamente 1.2 millones de pesos), debiendo pagar por el excedente del impuesto correspondiente, en caso de avanzar la propuesta.

En suma se estima que estamos ante una propuesta regresiva que afecta severamente al ciudadano que con el producto de su trabajo y esfuerzo se encuentra en proceso de conformar su patrimonio para su familia.

Se trata de una reforma que lejos de impulsar el crecimiento, la productividad, la inversión y los empleos, plantea un panorama contrario y que puede traducirse en menor productividad y menor inversión.

Es por ello que se plantea la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar a la Cámaras del H. Congreso de la Unión para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas para el próximo ejercicio fiscal 2014, se omita toda disposición que pretenda gravar con el Impuesto al Valor Agregado la compra, renta y los pagos de hipotecas de casa habitación, ni se afecte el régimen de deducibilidad de los intereses pagados derivados de créditos hipotecarios.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, presentadas el pasado 8 de septiembre por el titular del Ejecutivo Federal, se elimine toda disposición que pretenda gravar con el Impuesto al Valor Agregado la compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa habitación, así como en su caso, no se modifique el régimen de deducibilidad de los intereses pagados por créditos hipotecarios, ni el régimen de exención del Impuesto Sobre la Renta a los ingresos percibidos por personas físicas derivado de la enajenación de casa habitación.

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Héctor Larios Córdova”.

Bibliografía
http://www.forbes.com.mx/sites/como-afecta-la-reforma-fiscal-al-precio-de-las-viviendas.
http://pulsoslp.com.mx/2013/09/11/aumentaria-precio-de-vivienda-de-aplicar-iva-a-intereses-
sobre-créditos-hipotecarios-canadevi/#sthash.Len9CTp7.dpuf
CNN EXPANSION Por: Gustavo de la Rosa

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

1 http://www.forbes.com.mx/sites/como-afecta-la-reforma-fiscal-al-precio-de-las-viviendas.

2CNN EXPANSION Por: Gustavo de la Rosa

3http://pulsoslp.com.mx/2013/09/11/aumentaria-precio-de-vivienda-de-aplicar-iva-a-intereses-sobre-creditos-hipotecarios-canadevi/#sthash.Len9CTp7.dpuf






Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que solicita al Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente, para que el Complejo Petroquímico “Pajaritos” se encargue de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy nos enteramos de que PEMEX dio de baja al Complejo Petroquímico “Escolín”, que tiene más de 30 años sirviendo a nuestro país, con el argumento de que es muy grande su producción.

Cierran este complejo porque es muy grande su producción, y en efecto, Escolín produce 150,000 toneladas de polietileno; y tenemos, además, una planta de polietileno que produce 60,000 toneladas más.

Deciden dejar de producir polietileno en lugar de buscar mercado, esto es inconcebible; la realidad es que en cada una de estas decisiones hay un enorme negocio atrás, cada una de las privatizaciones esconden grandes negocios para unos pocos aunque el país pierda, que, por cierto, en el caso de Escolín, es porque acordaron con los brasileños que PEMEX dejaría de producir polietileno para que solamente la empresa Braskem, que es un consorcio privado brasileño, pueda producir polietileno y abarcar el mercado que no quiere abarcar PEMEX.

Y en relación a Pajaritos, desde el día 23 de enero de 2013, en el Pleno de la Comisión Permanente, se aprobó un punto de Acuerdo que solicitaba a la Dirección de PEMEX, entregara a esta Soberanía toda la información correspondiente al contrato firmado entre PEMEX y una empresa privada, Mexichem.

El Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, respondió diciendo que hay proyecciones y que se proyectan beneficios para integrar la cadena de producción de vinilo; esta asociación, según el subsecretario, es legal, ya que producir monómetro de cloruro de vinilo no forma parte de la petroquímica básica y, por lo tanto, no es un área exclusiva ni estratégica del Estado.

Agrega que no ha sido posible sostener los volúmenes de producción en Pajaritos en los últimos 11 años, por parte de PEMEX, a pesar de que se le ha inyectado a la planta petroquímica 2,500 millones de pesos, aún así, no han podido producir y por eso lo ceden al privado para que el privado sí los pueda producir.

En primer lugar, es cierto que la producción de cloruro de vinilo no forma parte de la petroquímica básica y que está permitido a los privados producir este producto, lo que no es aceptable es que lo haga en la propia planta, que es propiedad del Estado.

Antonio del Valle, dueño de Mexichem, puede construir su propia planta, pagar la construcción de una planta; y en esa planta privada producir el cloruro de vinilo que quiera; lo que no es aceptable, es que un área estratégica para el Estado, como lo es el Complejo Pajaritos, uno de los complejos petroquímicos más grandes de América Latina, que es propiedad de la nación, casi se regale, porque el avalúo que se entregó, evalúa este enorme complejo en 213 millones de dólares.

¿Cómo va a ser posible que el avalúo sea de 213 millones?, si tan sólo la planta, que es la planta de cloruro de vinilo, que es una décima parte de todo el complejo, costó tan sólo su reconfiguración 250 millones de dólares, obviamente que es un avalúo de remate subvaluado para beneficiar a los privados.

Pero, además, se deja en total desventaja a PEMEX al ceder estos activos a Mexichem, porque a la empresa privada se le da en contrato el control del 58.5 por ciento de las acciones y a PEMEX se le deja sólo con 41.5 por ciento de las acciones, y pasa de ser una empresa estatal mayoritaria, como está hoy día, a ser minoritaria. El Estado pierde el control de este importante complejo.

Actualmente, en ese complejo trabajan 2,300 trabajadores sindicalizados y 130 trabajadores de confianza adscritos a PEMEX; el reporte menciona que sólo van a retener a 773 trabajadores; lo que evidencia que la paraestatal va a despedir a un buen número de trabajadores, que se perderán estas fuentes de trabajo y, para colmo, el propio contrato establece que será PEMEX el que se haga cargo de las pensiones, reubicaciones, transferencias y liquidación del personal. Los privados sólo se llevan la ganancia; todas las pérdidas, todo el gasto lo carga PEMEX, el Estado.
Por lo anteriormente motivado, señalamos que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de PEMEX, en alianza con la empresa privada Mexichem, son completamente violatorias de los artículos 27 y 28 constitucionales; también es violatoria de la Ley de Petróleos Mexicanos en su artículo 60, porque no son facultades del Consejo de Administración de PEMEX desincorporar patrimonio del Estado, esa facultad está conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo al Congreso de la Unión.

También se está violando el artículo 5o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, en relación al artículo 4o. del Estatuto de PEMEX, y es necesario revisar la responsabilidad de los servidores públicos que, tanto del Consejo de Administración de PEMEX como otras dependencias, han autorizado algo que es claro y ampliamente violatorió de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto solicito que sea aprobado el siguiente punto de Acuerdo.

Primero. Solicitamos al Presidente del Consejo de Administración de PEMEX, que se anule el acuerdo unilateral de la alianza entre PEMEX y Mexichem, para que primero, con una adecuada dirección y profesionistas calificados especializados en la materia se encargue de aumentar las escalas productivas para alcanzar la eficiencia tecnológica del Complejo Petroquímico Pajaritos, que por cierto, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, sólo está trabajando al 54 por ciento, por lo que tienen subutilizada a esta planta.

Segundo. Se solicita al Director General de PEMEX copia de los informes remitidos al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño del propio organismo sobre la participación accionaria que se pretende tenga la empresa privada en detrimento de PEMEX.

Y, por último, que se cree una comisión de investigación a fin de supervisar toda la información y todas las decisiones tomadas a este respecto para verificar su legalidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PETRÓLEOS MEXICANOS SE ANULE EL ACUERDO UNILATERAL DE LA ALIANZA Y QUE SE DESARROLLE UN PROYECTO DE INVERSION PRUDENTE PARA QUE EL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS SE ENCARGUE DE AUMENTAR LAS ESCALAS PRODUCTIVAS Y ALCANZAR LA EFICIENCIA TECNOLOGICA

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos, artículos 41  y 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108, 109, 119 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución , al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 23 de Enero  del 2013 se sometió al pleno de la Comisión Permanente  un punto de acuerdo donde  respetuosamente solicitamos al  Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que enviara a esta Soberanía toda la información relativa a la posible alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, alianza ya  aprobada en la reunión 857 extraordinaria del  Consejo de Administración  de PEMEX el día 28 de Junio del  2013. Según consta en el acta correspondiente.

En la respuesta obtenida por parte del Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaria de Energía, describe proyecciones y beneficios esperados en la llamada “integración de la cadena del Vinilo” en esta  pretendida asociación. Cabe destacar que la respuesta del  análisis de la constitucionalidad y legalidad vigente para llevar a cabo esta  asociación con que respondió el subsecretario,  señala que la producción de Monómero de Cloruro de Vinilo MCV, forma parte distinta a la petroquímica básica por lo que la producción NO CONSTITUYE  UNA AREA EXCLUSIVA Y ESTRATEGICA DEL ESTADO.

En el reporte enviado al Senado se menciona  “Las situaciones de carácter técnico”  por lo que no ha sido posible sostener ni alcanzar el volumen de producción en los últimos 11 años por parte del personal de  Petróleos Mexicanos, pese a mas de 2,500 millones de pesos  invertidos,  señalando estos  motivos las causas de las  perdidas en  el Complejo Petroquímico Pajaritos. Sin embargo es de señalar que esta situación  fue denunciada  en tiempo y forma por el Subdirector de Proyectos de la Petroquímica Pajaritos José Daniel de la Cruz Chung  por negligencia  en la Procuraduría General de la República PGR, sin que PEMEX y la Procuraduría  hubieran tomado cartas en el asunto.

Si bien es cierto que la producción de Cloruro de Vinilo forma parte de la petroquímica no básica y está permitido que los privados produzcan y construyan sus propias plantas de proceso de este producto petroquímico, lo que sí constituye una área estratégica y exclusiva del estado son las instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos. (Activos de muebles, inmuebles, plantas de proceso, producciones   y terreno), son PROPIEDAD DE LA NACIÓN.  

Por lo anterior es evidente que  esta alianza deja en franca desventaja al Complejo  Pajaritos Propiedad de Pemex  al ceder  sus activos para que Mexichem  obtenga el  58.5% de las acciones  y PEMEX  se quede solo con  el 41.5% de las acciones. Renunciando de facto a ser una EMPRESA ESTATAL MAYORITARIA  como lo es actualmente, perdiendo el derecho a nombrar al Director General, a la mayoría de los miembros del Consejo de gobierno y tomas de decisión fundamentales.

Ahora bien, no es entendible como INDAABIN  (Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) valuó  los activos del Complejo Pajaritos  en  213 millones de dólares, cuando  solo a la planta de Cloruro de Vinilo se le invirtió en su reconfiguración 250 millones de dólares, sin contar con los demás costos activos.

El reporte menciona que Mexichem aportará sólo 125 millones de dólares en activos, pero se le permite sumar  200 millones de dólares  en efectivo  con el fin de ceder la mayoría en esta alianza.

Actualmente el Complejo Petroquímico cuenta con 2300 trabajadores sindicalizados y 130 de confianza, adscritos al sistema laboral de PEMEX.  El reporte  manifiesta que sus derechos serán salvaguardados. Pero en contra parte informa que sólo se quedaran 773 trabajadores. Lo que evidencia que la paraestatal cargara con gastos de pensiones, reubicaciones, transferencias y liquidaciones de personal.

En el camino para esta privatización, Petróleos Mexicanos  constituyó el pasado 29 de Abril del 2013 una filial llamada PPQ Cadena Productiva, S.L  en España,  con una participación del 100 por ciento de Petróleos Mexicanos, cuyo objeto es la gestión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español, adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de acciones en el activo de otras sociedades. Con el propósito de ser el “vehículo financiero” para la realización de esta alianza.

Dicha filial, está conformada por un consejo de administración integrado por 6 personas, de las cuales 5 son de origen español, con fuertes vínculos con la petrolera REPSOL  y de  gran controversia moral en aquel país,  mientras que el presidente y apoderado del Consejo de administración es el Notario público de Minatitlán Veracruz, Jorge Valadez Montoya.

El pasado 30 de Julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para la desincorporación del régimen de dominio público de la federación de   476 mil 386 hectáreas  del Complejo Petroquímico Pajaritos ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, a efecto de que el organismo público descentralizado Pemex Petroquímica lleve a cabo su enajenación a título oneroso. Esta área equivale al 48 por ciento del territorio y plantas productivas de este complejo. Área donde se encuentran las principales plantas de proceso como Etileno, Clorados III y Servicios auxiliares que generaran gran valor agregado a la industria petrolera. En aras de entregar un activo tan importante de la Nación a un particular por asignación directa, constituye un hecho de despojo a la principal empresa petrolera del país.

Por  lo anteriormente motivado, señalamos que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el exceso de facultades del Consejo de Administración como lo señala el artículo 19 y por consecuencia violenta completamente lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4o. del Estatuto de Petróleos Mexicanos; en concatenación con lo anterior es necesario revisar la responsabilidad de los servidores públicos en la multicitada autorización como lo señala el artículo 110 en relación con el 134, ambos de nuestra Carta Magna.

También se señala en la respuesta al Punto de Acuerdo de Enero de este año que la “Administración de Petróleos Mexicanos informará al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño del propio Organismo los mecanismos de control para proteger la participación accionaria que se tendrá en Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A de C.V, así como, periódicamente, sobre la buena marcha del vehículo referido, el cumplimiento de su propósito y los resultados o beneficios obtenidos en relación con las expectativas originalmente establecidas”.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Respetuosamente solicitamos al Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle una proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos, con una adecuada dirección y profesionistas altamente calificados y especializados en esta materia, se encarguen de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

Segundo. Se solicita al Director General de Pemex copia de los informes remitidos al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño del propio organismo, sobre la participación accionaria que se tiene con la Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A de C.V.

Tercero. Se crea una Comisión de Investigación a fin de supervisar toda la información  y tomas de decisión sobre el tema de esta pretendida alianza y se reintegre e incorpore el área y terreno autorizados para la enajenación. Dicha Comisión investigará al consejo de administración de PPQ Cadena Productiva, S.L  y solicitará a la Procuraduría General de la República la investigación de las demandas interpuestas hacia los  directivos de Pemex Petroquímica para fincar responsabilidades.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".
PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Como ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Energía.






Se recibió del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo por el que se hace un llamado a las autoridades de la Administración Pública Federal para la simplificación, uso eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de control aduanal de Huixtla, en el estado de Chiapas, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA LA SIMPLIFICACION, USO EFICIENTE Y APROVECHAMIENTO DEL SEGUNDO PUNTO INTERNO DE CONTROL ADUANAL DE HUIXTLA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 87, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En junio de 2013 se anunciaron en algunos medios de comunicación, las primeras operaciones del Segundo Punto de Control Interno en el Municipio de Huixtla, Chiapas.

Cuenta con una extensión de 26.78 hectáreas de terreno y 14,115m2 construidos, se encuentra ubicado a 57km de la frontera de Talismán y a 64km de Ciudad Hidalgo.

Esta obra, que representa una inversión equivalente a 148 millones de pesos, se realizó en sustitución de la garita fronteriza denominada Viva México, con el objeto de resolver el complejo problema migratorio y aduanal de esta región fronteriza, la cual reporta una serie de accesos irregulares entre Chiapas y Guatemala.

El punto de revisión anterior Viva México padecía un grave caos vial que resultaba en largas filas de autobuses de vehículos particulares y camiones de carga, debido a la insuficiencia de su infraestructura, lo que afectaba la seguridad y la competitividad de las actividades comerciales y turísticas de la zona fronteriza.

Según un estudio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del 2004, Chiapas es un Estado receptor de contingencias migratorias de centroamericanos que se dirigen a la frontera norte. Adicionalmente, se reportaron 32 pasos vehiculares informales, además de aquéllos en los que se puede atravesar a pie, mientras que legalmente sólo existen cuatro: dos en el municipio de Suchiate, uno en Tuxtla Chico y otro en Frontera Comalapa.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), durante 2012 Chiapas registró la llegada legal de un millón 599 mil 584 extranjeros, de ellos, un millón 93 mil 169 lo hicieron vía terrestre por Frontera Talismán, la gran mayoría de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño. Además en el 2004-2007, ingresaron a México por esta frontera de Chiapas 1.7 y 1.9 millones de extranjeros, de los cuales 7 u 8 de cada 10 son entradas documentadas.

A pesar de que actualmente sólo tiene operaciones la Administración General de Aduanas, bajo la lógica alinear esfuerzos para impulsar una frontera segura, próspera y eficiente, este Segundo Punto de Control Interno tiene capacidad para concentrar en un solo lugar la operación de las diversas dependencias federales y estatales, lo que se traduce en simplificación y eficiencia administrativa.

Las dependencias que pueden beneficiarse del aprovechamiento y uso eficiente del Punto Interno de Control de Huixtla son (i) las Secretarías de la Defensa Nacional; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Seguridad Pública; Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Marina (ii) el Instituto Nacional de Migración; y (iii) las Procuradurías General de la República, Federal de Protección al Ambiente, General de Justicia del Estado de Chiapas.

El principal beneficio de integrar la operación de estas dependencias será la simplificación y eficiencia administrativa, así como el combate a la corrupción.

Así mismo esto aumentaría la presencia de autoridades en la frontera para reforzar la seguridad en zonas de convergencia de caminos informales y la ejecución de controles aduanales más ágiles y eficientes.

Adicionalmente, se impide el tráfico de mercancía ilícita, de armas de fuego, explosivos, drogas y personas. Está adaptado a los volúmenes y tipos de flujos detectados (peatonales y de vehículos, tanto de carga como ligeros).

Cuenta con la tecnología más moderna y estaciones migrantes que consideran espacios específicos para albergar a los infantes, lo que ayuda a regular los flujos que entren al país.

Por lo antes expuesto ponemos a su consideración el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Administración General de Aduanas, a informar sobre los avances y beneficios en materia de eficiencia y simplificación administrativa a partir del inicio de operaciones del Punto Interno de Control de Huixtla, como sede de las dependencias de la administración competentes.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a través del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales para que informe a esta Soberanía sobre el avance en el Plan Maestro del Punto Interno de Control Huixtla, Chiapas.

TERCERO.- Se exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública, Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina; al Instituto Nacional de Migración; a las Procuradurías General de la República, Federal de Protección al Ambiente, General de Justicia del Estado de Chiapas; para que informen de las acciones que -en el marco de su Plan de Trabajo-tengan contempladas para el aprovechamiento y uso eficiente del Punto Interno de Control Huixtla, en Chiapas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2013.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el Impuesto al Valor Agregado a las cuotas escolares.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como es de todos conocido, la educación en nuestro país está en crisis, además de la deficiencia en el sistema educativo, existe un gran número de niños y jóvenes que no tienen oportunidad de entrar a las escuelas por falta de aulas suficientes o por estar en condiciones de pobreza para poder sufragar una escuela particular.

Ahora se presenta la propuesta del Ejecutivo Federal para implementar el IVA a las colegiaturas en las escuelas particulares.

Los pocos padres de familia que tienen la oportunidad de mandar a sus hijos a escuelas particulares, no en todos los casos es porque tengan recursos suficientes o de sobra; muchos enfrentan el gran problema del pago de las cuotas o colegiaturas, ya sean mensuales, semestrales o anuales, que son fijadas según el criterio particular o arbitrario de cada colegio, sin que exista un reglamento o disposición legal que las pueda establecer y unificar; cuotas que son incrementadas año con año.

Tenemos algunas denuncias de padres de familia, por ejemplo, del Centro Educativo Crecer A.C., por cierto el nombre es muy sugestivo. La inscripción para un niño de primaria o secundaria es de 5 mil 600 pesos, las colegiaturas a 10 meses son por 3 mil 600 pesos, los uniformes 800 pesos, playera 300 pesos, la cuota de libros y seguro 2 mil 700 pesos. Esto es a veces inalcanzable para muchos padres de familia. Solamente de colegiaturas, y estos gastos, pagarían 69 mil pesos al año, eso si solamente tuvieran un hijo en la escuela particular.

Estamos conscientes de que en las escuelas particulares las cuotas y los eventos son más sofisticados, más estereotipados y, también, son más grandes las cuotas que le exigen a los padres de familia.

Estamos consientes que el gobierno federal requiere de mayores recursos para cubrir las necesidades de la población, pero consideramos que no es adecuado imponer un impuesto a la educación, como uno de los componentes más importantes de la reforma hacendaria, en perjuicio de los pocos o muchos que pueden enviar a sus hijos a las escuelas particulares, no solamente para tratar de darles una mejor educación, sino también a veces es por falta de capacidad en las escuelas públicas.

Estas cuotas son aplicadas desde guarderías, escuelas primarias, secundarias y bachillerato, y cada vez las aumentan de acuerdo a su libre albedrío.

Por eso es que las familias se preocupan ante el IVA en las colegiaturas. Si se pretende recaudar mayores recursos, es indispensable no perdonar a los grandes evasores que siempre han sido favorecidos con prebendas; a todas las grandes empresas que ganan cantidades exorbitantes y no las declaran o las disfrazan de gastos filantrópicos, y no a la población que cada día sufre por la pérdida de su poder adquisitivo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración este punto de Acuerdo de urgente resolución, con el propósito de que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el Impuesto al Valor Agregado a las cuotas de colegiaturas en las escuelas particulares.

Y segundo, exhortar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, a establecer un reglamento para controlar el pago de cuotas escolares en los colegios particulares, que abarque desde las guarderías, educación primaria, secundaria, bachillerato y escuelas técnicas.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A NO APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LAS CUOTAS ESCOLARES Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A REGULAR EL PAGO DE COLEGIATURAS EN ESCUELAS PARTICULARES

La suscrita, Senadora Martha Palafox Gutierrez integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es de todos conocido la educación en nuestro país esta en crisis, además de la deficiencia en el sistema educativo, existe un gran número de niños y jóvenes quienes no tienen la oportunidad de entrar a las escuelas por la falta de aulas suficientes o por estar en condiciones de pobreza para poder sufragar  el pago de las cuotas en las escuelas privadas.

Ahora se está presentando la propuesta del Ejecutivo Federal de implementar el impuesto del IVA a las colegiaturas en los colegios particulares, los pocos padres de familia que tienen la oportunidad y los recursos necesarios para enviar a sus hijos a una escuela particular, dado que no hay cupo en las escuelas del gobierno, o que en dichos planteles no se imparte la carrera que desean estudiar, tienen el gran problema del pago de las cuotas o colegiaturas ya sea mensuales, semestrales o anuales, las que son fijadas según el criterio particular y arbitrario de cada colegio, sin que exista un reglamento o disposición legal que las pueda establecer y unifique, cuotas y aportaciones obligatorias que son incrementadas año con año.

Si de por si es oneroso pagar las colegiaturas, ahora se pretende establecer el pago del IVA al importe de las mismas, no habrá dinero suficiente para poder cubrirlo, todo ello en perjuicio de la economía de los padres de familia que son consumidores de este servicio educativo.

Basta señalar un ejemplo, en el Centro Educativo Crecer A.C. la inscripción para la primaria es de $5,800, más $2,300. de cuota de material, Bono Único por certificación para familia de nuevo ingreso de $2, 400 uniformes de primaria $800., playera $300. y libros de primaria $2,700., de simple colegiatura estaría pagando $69,000. A esa enorme suma pretenden incrementarla con el pago del IVA, lo constituye una afrenta a la economía familiar, estamos  ejemplificando el supuesto de que solamente sea un hijo, el que asista a ese colegio, la cantidad anual solamente de colegiatura representa el desembolso de $69,000 si fuesen varios que están en la misma escuela lógicamente sería el doble, y que padre de familia podría pagarlo, es de señalarse que además se solicita cooperación para determinadas festividades como el día del niño, de la madre del maestro festivales, y otras.

Estamos conscientes de que el gobierno federal requiere de mayores recursos para cubrir las necesidades del pueblo, pero consideramos que no es adecuado, imponer un impuesto a la educación, como uno de los componentes más importantes de la reforma hacendaría, en perjuicio de los pocos que pueden enviar a sus menores hijos a las escuelas particulares, no solamente para tratar de darles una mejor educación sino por la falta de capacidad de las escuelas públicas para darles esa educación.

Estas cuotas son aplicadas desde guarderías, escuelas primarias, secundarias y bachillerato, y  en cada nivel van siendo aumentadas, por estas razones manifiesto abiertamente mi oposición a que sea implementado el impuesto del IVA a las colegiaturas.

Si se pretenden recaudar mayores recursos, es indispensable no perdonar o condonar adeudos a los grandes evasores que siempre han sido favorecidos con prebendas, a todas las grandes empresas que ganan cantidades exorbitantes y no las declaran o las disfrazan y no al pueblo que cada día sufre por las pérdidas de su poder adquisitivo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno, el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución.

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el Impuesto al Valor Agregado a las cuotas de colegiaturas en las escuelas particulares

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública a establecer un reglamento para controlar el pago de las cuotas escolares en los colegios particulares, que abarque desde las guarderías, educación primaria, secundaria, bachillerato y escuelas técnicas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox. Como lo ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Insisto en solicitar la comparecencia de los Secretarios de la Defensa y de Marina Nacional, no para que sea de inmediato, estoy de acuerdo con el Senador Emilio Gamboa, que hace unos días planteó que debían posponerse comparecencias de algunos Secretarios de Estado que tienen tareas urgentes en este estado de emergencia que vive el país. Y creo que el Ejército está librando una batalla muy importante, tal vez de las que más gloria le han dado al Ejército y que le ha ganado el corazón del pueblo.

Pero creo que las Fuerzas Armadas son el soporte institucional del Estado, deben ser ejemplares en transparentar sus acciones y sus recursos y rendir cuentas a la ciudadanía y al poder civil del Estado.

Aquí hay expertos constitucionalistas, no están ahorita, y me podrían decir, algunos, ¿por qué las investiduras de los Secretarios de la Defensa y Marina Nacional deben de regirse por un Estado de excepción?

El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la Unión para que los convoque a rendir cuentas, pero también lo tienen contemplado en su Reglamento Interior, la SEDENA y la SEMAR, como una facultad indelegable del Secretario de la Defensa Nacional para acudir al Congreso de la Unión, para informar sobre el estado que guarda la Secretaría y las entidades paraestatales del sector defensa.

Entonces, ¿por qué no deben considerarse dentro de la cartera de la administración pública y ser convocados por este Pleno?, ya en aras de la modernidad, que rindan cuentas, que se transparenten. Todos los Secretarios tienen la misma jerarquía y están obligados a informar el estado que guarda su dependencia y a quedar bajo el escrutinio ciudadano. Nosotros, los legisladores, no podemos esquivar nuestra responsabilidad; por lo que debemos convocarlos.

En 12 años casi se ha triplicado el presupuesto que maneja el Ejército; tienen el cuarto lugar de gasto en América Latina, el 78 por ciento lo dedican a gasto corriente, se han desbordado en sus funciones y hoy hacen tareas de policías.

El vincularlos en la lucha contra el narcotráfico generó desmanes y corrupción, hay 18 mil quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército y 240 contra la Marina, en lo que va de este sexenio.

Y tenemos 541 generales, hay muchas preguntas qué hacerles, ¿cómo se pagan 541 generales, 850 coroneles? Cuando el Ejército más grande del mundo, que es el chino, tiene 191 generales y 2 millones de efectivos.

Y cuando el Ejército más poderosos de la tierra, Estados Unidos, tiene solamente 640 generales.

A mí me preocupa que con tanta generalada, nos vamos a quedar sin tropa. Porque, además, hay que contar que han habido más de 200 mil deserciones. En total, el Ejército son hoy 211 mil efectivos.

Ha sido una tradición que ni el Secretario de la Defensa Nacional, ni el Secretario de la Marina, rindan cuentas. Tuvo su razón, tal vez en tiempos difíciles, pero no hoy que nos empeñamos en construir un país democrático. Es hora de arrancar las hojas del calendario, ponernos al día con los nuevos tiempos. ¿A qué le temen, legisladores?

Creo que el Ejército debe dejar de ser sacralizado. Debemos oxigenar todos los rincones de la vida institucional de nuestro país.

Yo me los quiero imaginar entrando por esa puerta al Secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de la Marina, con toda su prestancia. Esto no va a ser para denostarlos, van a inscribir una nueva página republicana en la historia de México.

Y creo que, por el contrario, honra y fortalece a las Fuerzas Armadas y también a este Senado.

Se cumplen 100 años del Ejército. “Pasión por México”, ese es su lema.

Sería muy lamentable tener que decir 100 años de lealtad institucional y un siglo de impunidad del Ejército Mexicano, ojalá haya la respuesta, si no es de nuestra parte, porque hay muchos miedos y mucha mansedumbre atávica, ojalá venga de parte de ellos el deseo de comparecer en este Pleno, sería un momento para recordar.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ENTIDAD A SU CARGO

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTOCULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASI COMO DE LOS ARTICULOS 8° 1 FRACCION II, 95 2, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA; SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE EXORTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANIA EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

CONSIDERACIONES

Con motivo de la presentación del primer informe de labores 2012-2013, el pasado 1° de septiembre del año en curso, por parte del presidente del República, el Lic. Enrique Peña Nieto.

Que es facultad del Senado de República reglamentar y organizar a las fuerzas armadas; que en un Estado democrático las instituciones de la República deben estar sujetas a la rendición de cuentas.

Que la legislación en la materia, ordena como una obligación indelegable e irrenunciable del Secretario, rendir cuentas ante Congreso de la Unión de su ramo.1

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION:

Unico.- El Senado de la República respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal, a fin que el titular  de la Secretaria de la Defensa Nacional, comparezca ante el pleno de esta soberanía para que informe del estado que guarda la entidad a su digno cargo, en relación con lo contenido en el 1er informe de Gobierno presentado por el presidente de la República el pasado 1º de septiembre del año en curso.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, México, D.F., a 12 de septiembre de 2013”.

1 Dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan la Secretaría y las entidades paraestatales del Sector Defensa, e informar siempre que sea requerido para ello por cualquiera de las Cámaras, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades”. Artículo 10 Fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. VIGENTE-

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Compañeras y compañeros Senadores, con el propósito de agilizar la presentación de proposiciones con punto de Acuerdo y avanzar en el desahogo de los asuntos inscritos en la agenda, la Mesa Directiva acordó agilizar la práctica de presentación de estos asuntos, desde sus respectivos escaños, por un tiempo máximo de dos minutos.

Esta modalidad se fundamenta en el Acuerdo aprobado el 4 de abril del presente año. Los asuntos que se presenten desde el escaño tendrán el turno a las comisiones que corresponda, y la Coordinación de Comunicación Social, garantizará su adecuada difusión.

Para esta sesión, están inscritos, para presentar sus resolutivos de punto de Acuerdo, desde su respectivo escaño, diversos Senadores de los grupos parlamentarios.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar dos propuestas: Una sobre la entrega de becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior; y otra para proponer trabajo de comisiones en conferencia para el análisis del proyecto de la Ley de Ingresos y las iniciativas que correspondan en materia fiscal.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente.

Presento a consideración, de esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, informen a esta Soberanía sobre el retraso en la entrega de becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Es importante considerar que el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONABES, tuvo sus inicios en el ciclo escolar 2001-2002, con la participación de todas las entidades federativas y la de 4 instituciones públicas de educación superior, Instituto Politécnico Nacional, UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Pedagógica Nacional, y se han ido sumando otras importantes instituciones educativas.

Los recursos del fondo son aportados por el gobierno federal, gobiernos estatales e instituciones públicas de educación superior federales por partes iguales.

En el 2001-2002, este programa arrancó con 44 mil 422 becas; para el 2007 se estaban proporcionando 183 mil 42 becas, y esto ha ido incrementándose. Las becas de este programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas en programas de licenciatura o de técnico superior universitario.

Dentro de los compromisos de los gobiernos de los estados, establecidos en las reglas de operación del PRONABES para este ciclo escolar, se encuentran aportar anualmente, y con oportunidad dentro del ciclo escolar de que se trate, los recursos acordados con la Secretaría de Educación Pública, incrementar la operación del PRONABES en el estado, vigilar el buen funcionamiento del sistema, evaluar regularmente su funcionamiento y emitir recomendaciones para su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo.

Unico. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a incrementar el número de becas PRONABES, así como a los gobiernos de los estados, en específico de Sinaloa y Veracruz, de quien ha habido una serie de quejas de falta de pago oportuno de estas becas, por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, se regularicen la entrega de las mismas a la brevedad.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASI COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y VERACRUZ, A INFORMAR SOBRE LA ENTREGA DE LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR

"SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES 
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del numeral 1 del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de los Estados de Sinaloa y Veracruz informen a esta Soberanía sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) y en todo caso se regularice la entrega de las mismas a la brevedad al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), tuvo sus inicios en el ciclo escolar 2001-2002 con la participación de todas las Entidades Federativas y la de cuatro instituciones públicas de educación superior federales, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pedagógica Nacional.

En el ciclo escolar 2003-2004 se integraron al Programa dos Instituciones Públicas de Educación Superior más, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomia (ENBA); para el ciclo escolar 2008-2009 se integró la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM); y por último en 2009 la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) con lo que se amplió la cobertura del PRONABES.

Los recursos del fondo son aportados por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las instituciones públicas de educación superior federales por partes iguales.

Durante los diferentes ciclos escolares, desde su creación, ha otorgado a su población objetivo un número creciente de becas. En 2001-2002 se asignaron 44,422 becas; en 2002-2003 fueron otorgadas 94,539; en 2003-2004 122,642 estudiantes recibieron los beneficios del Programa, en 2004-2005 fueron 137,852 los alumnos becarios, para 2005-2006 se asignaron 161,787, y     para 2006-2007 un total de 183,042. Durante el Ciclo Escolar 2007-2008 se incrementó considerablemente el número de becas asignadas.

Las becas de este Programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas en programas de licenciatura o de técnico superior universitario.

Las becas consisten en un pago mensual de ayuda de sostenimiento cuyo monto es variable pero va de $750.00 a $1000.00, según el ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito en el programa educativo. La beca cubrirá el periodo de doce meses con excepción del estudiante que se encuentre inscrito en el último periodo escolar de su plan de estudios en cuyo caso la beca cubrirá hasta el último mes del periodo escolar.

En cada estado se ha constituido un Comité Técnico del Fideicomiso en el que se han depositado los recursos del PRONABES. Este Comité es el responsable de la asignación de las becas en la entidad.

Los requisitos para poder solicitar una beca del PRONABES son: Ser mexicano, haber sido aceptado o ser alumno de una institución pública de educación superior, que el ingreso familiar no supere tres salarios mínimos, no tener beneficio equivalente sea en dinero o en especie, no tener una licenciatura previa, no se requiere promedio mínimo para los alumnos de nuevo ingreso, sin embargo los que se encuentren ya inscritos a partir del segundo año deberán tener un promedio mínimo de ocho y no deber asignaturas de ciclos anteriores y ser alumno regular, es decir que concluyas ciclos escolares completos sin adeudar asignaturas de ciclos anteriores.

Asimismo el PRONABES promueve en las entidades federativas la inclusión de estudiantes con discapacidad, a efecto de estar acorde con lo previsto en la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad durante el ejercicio 2010- 2011 se otorgaron 52,393 de becas a estudiantes que presentan algún tipo de limitante ya sea motriz, visual, auditiva o mental.

Dentro de los compromisos de los Gobiernos de los estados establecidos en las Reglas de Operación del PRONABES para este ciclo escolar se encuentran : aportar anualmente y con oportunidad dentro del ciclo escolar de que se trate los recursos acordados con la Secretaría de Educación Pública (SEP), instrumentar la operación del PRONABES en el estado; vigilar el buen funcionamiento del Programa en el estado; evaluar regularmente su funcionamiento en el estado y emitir recomendaciones para su desarrollo; proporcionar a la SEP, cuando ésta lo requiera, la información financiera y contable relacionada con la operación de los fideicomisos y con la aplicación de los recursos, y operar el sistema que establezca el PRONABES para el control estadístico de beneficiarios y el sistema financiero, independientemente de los mecanismos propios que se encuentren operando.

Sin embargo, se tiene conocimiento tanto a través de la prensa escrita, como en solicitudes que han llegado a la oficina del suscrito que en muchos estados del país se les adeuda a los beneficiarios de las becas PRONABES varios meses de pago del presente ciclo escolar y que incluso les van prorrateando los mismos, cuando eso no debe de suceder, sobre todo al tratarse de algo tan importante como es lo referente a apoyos para la cuestión educativa en nuestro país.

En lo particular quiero hacer énfasis en los estados de Sinaloa y Veracruz en donde el retrasos en el pago de las becas es ya un problema que incluso ha generado que diversos estudiantes no puedan tramitar su título en cuanto egresan, derivado que muchos de ellos ocupan el dinero de su pago para tramitarlo, además de que al ser este apoyo determinante para continuar con sus estudios de manera normal, se ven en la necesidad de pedir prestado o empeñar cosas para pagar a tiempo sus colegiaturas o poder subsanar sus necesidades.

Es por ello, que hoy ante esta alta tribuna presento esta proposición con Punto de Acuerdo para solicitar, tanto a la Secretaría de Educación Pública, como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, un informe detallado sobre las causas determinantes por las cuales se ha retrasado el pago del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Asimismo, se exhorte a los mismos a que de inmediato realicen las gestiones necesarias y oportunas para que a la brevedad, se regularice el pago de las becas PRONABES en los estados de Sinaloa y Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de los Estados de Sinaloa y Veracruz informen a esta Soberanía sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) y en todo caso se regularice la entrega de las mismas a la brevedad.

México, Distrito Federal a 18 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador López Brito. Si gusta puede continuar con el otro tema que ya habíamos anunciado, que es el relativo al trabajo en conferencia de las comisiones del Congreso de la Unión, hasta por dos minutos.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Presidente.






Presento un punto de Acuerdo, que lo había considerado de urgente resolución, pero bueno, lo pongo a consideración de este Pleno, para ser turnado a la comisión o comisiones respectivas, por el que se exhorta a las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, así como a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las respectivas Cámaras de Senadores y de Diputados, a establecer el acuerdo para trabajar en conferencia el análisis y deliberación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y, en su caso, las iniciativas que reformen diversos ordenamientos en materia fiscal, presentados por el titular el Ejecutivo Federal, el pasado 8 de septiembre del 2013.

La figura del trabajo en conferencia, se establece para que las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores, puedan reunirse con las correspondientes de la Cámara de Diputados para expedir el despacho de asuntos y ampliar su información para la emisión de dictámenes.

Los preceptos jurídicos mencionados anteriormente, establecen que las comisiones puedan trabajar en conferencia, previa consulta con los órganos directivos de las Cámaras y, en consecuencia, se hace indispensable exhortarlos, también, con el objeto de aprobar y agilizar el procedimiento para instalar las reuniones entre ambas Comisiones de Hacienda y Crédito Público, esto permitirá al Senado de la República estar en aptitud de poder dictaminar y aprobar en el término de los próximos días, la minuta que provenga de la Colegisladora respecto a la Ley de Ingresos, pues el trabajo conjunto generaría mayores y mejores acuerdos.

Asimismo, fortalecería los consensos que se han venido planteando en los diversos grupos parlamentarios sobre esta temática, representados en el Congreso.
Por lo anterior, propongo el Acuerdo siguiente:

Unico. Se exhorta a las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, así como a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de las respectivas Cámaras de Senadores y de Diputados a establecer el acuerdo para trabajar en conferencia el análisis y deliberación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y, en su caso, las iniciativas que reforman diversos ordenamientos en materia fiscal, presentadas por el titular del Ejecutivo Federal, el pasado 8 de septiembre del 2013.

Es cuanto, señor Presidente, le solicito se incluyan estos puntos de Acuerdo de forma íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS MESAS DIRECTIVAS Y JUNTAS DE COORDINACION POLITICA, ASI COMO A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LAS CAMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS A ESTABLECER EL ACUERDO PARA TRABAJAR EN CONFERENCIA EL ANALISIS Y DELIBERACION LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014 Y, EN SU CASO, LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL PRESENTADAS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EL PASADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013

"El suscrito, SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 95, 108 109, 110, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, con carácter de URGENTE RESOLUCION, por el que se exhorta a las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, así como a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de las respectivas Cámaras de Senadores y de Diputados a establecer el acuerdo para trabajar en conferencia el análisis y deliberación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, y, en su caso, las iniciativas que reforman diversos ordenamientos en materia fiscal presentadas por el Titular del Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre de 2013.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la discusión, análisis, valoración y en su caso aprobación o modificación al  paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, resulta fundamental asegurar que este trabajo se ajuste a los términos constitucionales que rigen el proceso legislativo en materia hacendaria. Lo que ahora resulta más apremiante es la elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, que junto con el paquete económico fue presentada por el Ejecutivo Federal el pasado ocho de septiembre al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Y es que la etapa legislativa del programa presupuestario propuesto por el Ejecutivo Federal presenta un procedimiento sui generis, toda vez que por disposición de los artículos 72 inciso h) y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados funge siempre como cámara de origen y el Senado de la República como cámara revisora.

Por un lado, la aprobación de la iniciativa anual de Ley de Ingresos es responsabilidad del H. Congreso de la Unión, toda vez que el artículo 73 fracción VII de la Constitución Federal establece que una de sus facultades exclusivas es imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto; asimismo, en el artículo 31 fracción IV se establece que es obligación de todos los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa; por otro lado, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, como un decreto formalmente legislativo pero materialmente administrativo, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Federal.

Como puede observarse, existe una relación concomitante entre la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos y la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que hace imposible pensar que puedan entenderse como actos legislativos separados. Ambos representan un trabajo legislativo formal y bicameral, que por su importancia, deben desahogarse en los términos y plazos legalmente establecidos.

Para el caso particular del examen, análisis, valoración, discusión, y en su caso aprobación o modificación de la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo Federal, si bien la Cámara de Diputado funge como cámara de origen de conformidad con el artículo 72 inciso h) de la Constitución Federal, porque dicho proyecto atiende asuntos relacionados sobre empréstitos, contribuciones e impuestos, también es cierto que se trata de un procedimiento legislativo bicameral en el que interviene el Senado de la República, cuyo desahogo y trámite se realiza en términos de lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el procedimiento legislativo lato sensu.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 42 fracción IV, impone la obligación a la Cámara de Diputados, de aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos a más tardar el día 20 de octubre del año anterior al inicio del ejercicio fiscal; y al Senado de la República, la obligación de aprobar la citada Iniciativa el 31 de octubre del año en comento.

En este orden de ideas, el H. Congreso de la Unión en general, y los legisladores que lo integramos, en particular, tenemos la responsabilidad de hacer más expedito nuestro trabajo, toda vez que contamos con menos de un mes para aprobar la Ley de Ingresos que regirá el ejercicio fiscal 2014, que sin ánimo de obviar resulta fundamental para el proyecto económico del país, pero que además se encuentra estrechamente relacionada con otro elemento del programa presupuestario, es decir, con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, que también contiene una etapa legislativa y deberá ser aprobado por la colegisladora a más tardar el día 15 de noviembre del año en curso.

Si por Comisiones Ordinarias entendemos a los órganos legislativos de carácter ordinario, constituido por el Pleno, en las que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, y que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuye a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales, luego entonces, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 2 y 3; 43 numeral 2; 45 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es la facultada para emitir el dictamen correspondiente a la Ley de Ingresos, que tendrá que ser aprobado por el Pleno, para su posterior envío como minuta al Senado de la República.

Para la materialización del procedimiento legislativo descrito en el párrafo anterior, la colegisladora cuenta con menos de un mes para realizarlo; sin embargo, el Senado de la República cuenta con escasos diez días para hacer su trabajo legislativo correspondiente.

Si bien existen grandes consensos entre los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso, también es cierto que existen numerosas divergencias, que en términos de representación política son normales y hasta sanos; sin embargo, pueden llegar a representar grandes obstáculos en la aprobación de tan importantes actos legislativos para el país.

Ahora bien, es importante considerar que de acuerdo con el estudio denominado “El Procedimiento Legislativo en Materia de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación y Procedimiento para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública” elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, existen siete hipótesis en el procedimiento legislativo relacionadas con la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, que se desprenden de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Federal, de las cuales los casos más extremos y alarmantes, que tampoco podemos descartar, serían:

“La hipótesis No. 3: determina que una vez aprobada la iniciativa de Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, pasará para su discusión a la Cámara de Senadores. Si el proyecto fuese desechado en su totalidad por la Revisora, ésta la devolverá a la de Origen. Si examinado de nuevo por la de origen lo aprobara nuevamente por la mayoría absoluta de los miembros presentes y en los términos en que lo hizo por primera vez, la devolverá a la Revisora, si ésta última reprobase nuevamente el proyecto, no se podrá presentar en el mismo período de sesiones.”

Y añade el citado documento: “Este es un escenario, en donde el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tienen un proyecto de Ley de Ingresos convergente, sin embargo, la Cámara de Senadores tiene su propio proyecto, el cual es totalmente divergente al anterior. Además, se ubican en una posición radical en donde ninguna de las Cámaras cede y peor aún, son incapaces de imponer su propio proyecto.”

“La hipótesis No. 7: se fundamenta en el artículo 72 Constitucional, inciso G, muestra el caso donde la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Federal es totalmente divergente al de la Cámara de Diputados, el cual lo rechaza en su totalidad. Ante un escenario como éste, se requeriría de la figura de la reconducción presupuestaria.”

Aunado al grave riesgo que representan las diversas hipótesis, derivadas del procedimiento legislativo especial que regula la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos, en un espacio de representación política divergente por las expectativas de cada Grupo Parlamentario, es importante agregar las divergencias derivadas del pleno ejercicio del federalismo hacendario, en el que las especificidades de cada entidad federativa, zona o región pueden derivar en un conflicto de intereses, como de manera personal y conjuntamente con otros compañeros legisladores lo he expuesto en esta Soberanía, ante la propuesta del Ejecutivo Federal de homologar el impuesto al valor agregado (IVA) en la región fronteriza.

Con la intención de hacer más expedito, eficaz y eficiente el trabajo legislativo, y lograr así la aprobación de una Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 que beneficie al proyecto económico del país, se propone que las Comisiones Ordinarias encargadas elaborar el dictamen a la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo Federal, realicen sus actividades de manera conjunta, bajo la figura denominada “trabajo en conferencia” prevista por los artículos 98 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 135 numeral 1 fracción II, 140 numeral 1 fracción III, 153 numeral 1, 154 numerales 1 y 2 del Reglamento para el Senado de la República; 156 numeral 1 fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La figura del trabajo en “Conferencia” se establece para que las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Senadores puedan reunirse con las correspondientes de la Cámara de Diputados, para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes.

Los preceptos jurídicos mencionados anteriormente, establecen que las Comisiones pueden trabajar en conferencia, mediante previa consulta con los órganos directivos de las Cámaras; en consecuencia, se hace indispensable exhortarlos también, con el objeto de aprobar y agilizar el procedimiento para poder instalar las reuniones entre ambas Comisiones de Hacienda y Crédito Público.

Esto permitiría al Senado de la República, estar en aptitud de poder dictaminar y aprobar, en el término de diez días, la minuta que provenga de la colegisladora respecto de la Ley de Ingresos, pues el trabajo conjunto generaría mayores y mejores acuerdos, asimismo fortalecería los consensos que se han venido planteando por los diversos Grupos Parlamentarios representados en el Congreso.

Si como hemos expuesto, en el procedimiento legislativo que se sigue para la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos, la colegisladora siempre funge como cámara de origen, nada impide que se pueda trabajar bajo la figura de “Conferencia” por ambas Comisiones de Hacienda y Crédito Público, toda vez que cada una elaboraría su dictamen respectivo y sometería al Pleno, como lo establece su propio orden jurídico aplicable; sin embargo, se avanzaría bastante en el flujo de información y generación de consensos, para estar en aptitud de poder presentar al Ejecutivo Federal, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición de:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SE EXHORTA A LAS MESAS DIRECTIVAS Y JUNTAS DE COORDINACION POLITICA, ASI COMO A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DE LAS RESPECTIVAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS A ESTABLECER EL ACUERDO PARA TRABAJAR EN CONFERENCIA EL ANALISIS Y DELIBERACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, Y, EN SU CASO, LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL PRESENTADAS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EL PASADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

ES CUANTO.

Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

Sen. Francisco Salvador López Brito".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Francisco Salvador López Brito, se insertan de manera íntegra al Diario de los Debates.

Se turnan a la Comisión de Educación, la propuesta, relativa a becas; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la relativa al trabajo en conferencia de las comisiones del Congreso de la Unión.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a destinar 8 centavos de cada peso que se cobre del impuesto especial a bebidas azucaradas, para la construcción de bebederos de agua potable en escuelas, hasta por dos minutos.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

La ingesta de refrescos en México supera en 40 por ciento a la de los Estados Unidos; nos hemos convertido en el mayor consumidor mundial, con 196 litros por persona.

La Secretaría de Salud tiene el problema gravísimo de la obesidad, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, ahora en jóvenes de 19 años hacia abajo, que ha rebasado la capacidad de respuesta del sistema de salud, y se prevé que en seis años se va a requerir de 14 mil millones de dólares, todo un presupuesto, para combatir este grave problema.

En este sentido, al gravar las bebidas gaseosas, estamos solicitando que, de este gravamen recaudado, tan sólo un 8 por ciento sería suficiente para llevar agua potable purificada las escuelas y en espacios públicos, sobre todo en las comunidades más pobres de nuestro país.

Con este gravamen se combatirían dos cosas importantes, de las cuales sufrimos en este país, el consumo excesivo del refresco y la obesidad, que se ha convertido en un problema de salud en nuestro país, que genera cada día más diabéticos y una enfermedad crónico degenerativa.

Esta enfermedad nos está reportando una cantidad de mil 310 millones de dólares en compra de medicamentos, 810 millones en nefropatía, o sea, daños en el riñón, casi 600 millones en consultas y diagnósticos y cerca de 400 millones en hospitalización.

Dotar de agua potable gratuita en todas las escuelas ayudaría a evitar el colapso financiero.

Esta es la razón por la que exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se requieren y proporcionen los fondos necesarios para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, dé cumplimiento al derecho que consagra el artículo 4o. constitucional, que hace obligatoria la provisión gratuita de agua potable purificada en escuelas y espacios públicos, como una obligación irrenunciable del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A DESTINAR OCHO CENTAVOS DE CADA PESO COBRADO DEL IMPUESTO ESPECIAL POR LITRO DE BEBIDAS AZUCARADAS, PARA LA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS Y LUGARES PUBLICOS

“La suscrita Senadora Martha Palafox GutiErrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace mucho tiempo he manifestado mi oposición al consumo de bebidas con alto contenido de azucares, por estar debidamente acreditado que en nada benefician a la salud pública, y en cambio por que favorecen a la obesidad infantil y son una de las causas de la diabetes. De la misma forma he insistido en que es necesario que se eduque a la población, especialmente a los niños y niñas sobre el riesgo a la salud que representa el consumo en exceso de los llamados refrescos y jugos azucarados.

Dentro de la propuesta de reforma hacendaría que ha formulado el titular del Ejecutivo Federal, se contempla un gravamen especial de $ 1.00 (un peso) por litro de las bebidas azucaradas, como una medida para combatir la obesidad, propuesta que entraría en vigor a partir del año de 2014.

Nuestro país contiene aproximadamente unos ciento diecisiete millones de habitantes y tiene un consumo de cerca de 163 litros por  persona de dichas bebidas, ocupando uno de los más altos a nivel mundial, siendo la niñez uno de los principales consumidores de refrescos y bebidas azucaradas, por lo que de hacerse efectivo el cobro de tal impuesto, representaría un ingreso de 13,000 millones de pesos por concepto tributario para el erario federal.

Las empresas refresqueras es natural que protesten por la implantación del impuesto por argumentar que va en contra de su economía, cabe señalar que la Coca Cola tuvo ventas en el año anterior en nuestro país por $147,000 millones de pesos, y una cantidad similar estimada para el año de 2014 causando el impuesto, serviría además de reducir la ingesta de estas bebidas, se ha planteado que en un período de diez años se prevendría la diabetes en 2.4. millones de personas, de 8,000 ataques al corazón, de 95,000 incidentes cardíacos y de 26,000 casos de muerte prematura,.

 De ser aprobado este impuesto de un centavo por onza de bebida, eso implicaría que cada lata de soda de 12 onzas  tendría que pagar 12 centavos, lo que representaría un incremento del 15 al 25 por ciento precio, si tomamos en cuenta cuánto cuesta producir ese refresco claramente se puede advertir que las empresas que producen estas bebidas pueden absorber el impuesto con toda facilidad sin tener necesidad de incrementar su precio. 

La niñez mexicana ante la carencia de agua potable en sus hogares, escuelas y lugares públicos se ve en la necesidad de consumir aguas y bebidas con alto contenido de azucares, que son fácilmente adquiribles en cualquier lugar de la república, creando malos hábitos alimenticios, ya que dichas bebidas no los nutren.

Ese impuesto puede servir también para ser aplicado como una estrategia de salud pública sensata, aprobada por la comunidad médica, nutricionistas y compañeros legisladores, y para implementar bebederos de agua potable en las escuelas y lugares públicos, evitándose y previniendo enfermedades como la diabetes y la obesidad, la que se ha convertido en mal endémico en nuestro país.

Por las razones antes expuestas, me permito someter a consideración del Pleno el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A DESTINAR OCHO CENTAVOS POR CADA PESO COBRADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESPECIAL, POR LITRO DE BEBIDAS AZUCARADAS Y DESTINARLO A LA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS Y LUGARES PUBLICOS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para referirse al Acuerdo del análisis del Primer Informe de Gobierno, hasta por dos minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El estudio del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, ha quedado normado por el Acuerdo Parlamentario que establece las normas para el análisis del mismo; que ha sido votado por el Pleno de la Cámara de Senadores. El citado Acuerdo es inconstitucional y debe ser abrogado a fin de que se apruebe otro que garantice el equilibrio y la equidad de los grupos parlamentarios en sus intervenciones y en las funciones de control al Ejecutivo Federal, y que permita una real y adecuada fiscalización del estado que guarda la Administración Pública Federal.

El formato que hasta ahora ha guiado las comparecencias de los Secretarios de Estado, principalmente la del Secretario de Hacienda y Crédito Público, no cumple con las finalidades constitucionales de analizar y controlar la acción de gobierno en el periodo que estudia la Cámara de Senadores en cada uno de los ramos de la Administración Pública.

La regulación del Acuerdo Parlamentario, que establece las normas para el análisis del Primer Informe de Gobierno, ha transformado al Senado de la República en una simple oficialía de partes y no en una cámara de control, capaz de exigir cuentas y responsabilidades a los secretarios de despacho por sus atribuciones y competencias legales. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su comparecencia, se refirió a asuntos que no tenían nada que ver con el análisis del Primer Informe. En cambio, evadió su responsabilidad de someterse a la evaluación rigurosa del Senado de la República, así la función constitucional de control del Senado de la República, sobre el Primer Informe de Gobierno, al menos en el rubro de Hacienda Pública, ha quedado diluida.

Actuaciones como la del Secretario de Hacienda y Crédito Público, son posibles porque las normas que aprobamos los Senadores para las comparecencias, no buscan el cumplimiento efectivo de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, el formato aprobado no está orientado para que evaluemos en serio al gobierno, sino para que los Secretarios de Estado se luzcan, sin rendirle cuentas a esta Soberanía y al pueblo de México.

Además, la regulación del formato de comparecencias favorece la mayor participación de legisladores del partido en el gobierno y minimiza la participación de los legisladores de la oposición, no es un formato equitativo; las minorías parlamentarias somos reducidas y minimizadas en el supuesto ejercicio de control político constitucional al gobierno. Nuestras participaciones son mínimas y, comparadas con las oportunidades y el tiempo total de que disponen los legisladores del partido del gobierno, este formato no está hecho para propiciar el control ni la evaluación de la presente administración, sino para invalidar y deslegitimar el principio constitucional del artículo 69 de la Carta Magna.

Por eso estamos solicitando en este punto de Acuerdo que se abrogue este Acuerdo Parlamentario para las comparecencias y generemos uno acorde a la realidad de este Senado.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA ABROGAR POR INCONSTITUCIONAL EL “ACUERDO PARLAMENTARIO QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL ANALISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO” Y, PARA QUE EL PLENO APRUEBE OTRO, QUE GARANTICE EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN SUS INTERVENCIONES Y EN SUS FUNCIONES DE CONTROL AL EJECUTIVO Y, QUE PERMITA UNA REAL Y ADECUADA FISCALIZACION DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PAIS

"David Monreal Avila, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución y, de los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 fracción II, y, 276.2 del Reglamento del Senado de la República, someto en los términos del artículo 108 de ese Reglamento como proposición de urgente resolución, a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estudio del primer informe de gobierno del ejecutivo federal ha quedado normado por el “Acuerdo Parlamentario que establece las normas para el análisis del I Informe de Gobierno”, el que ha sido votado por el Pleno de la Cámara de Senadores. El citado Acuerdo es inconstitucional y debe abrogado a fin de que se apruebe otro que garantice el equilibrio y la equidad de los grupos parlamentarios en sus intervenciones y en las funciones de control al ejecutivo y, que permita una real y adecuada fiscalización del estado que guarda la administración pública del país.

El citado Acuerdo se fundamentó en el párrafo segundo del artículo 69 de la Constitución mismo que señala: “Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad”.

El formato que hasta ahora ha guiado las comparecencias de los Secretarios de Estado, principalmente la del Secretario de Hacienda y Crédito Público, no cumple con las finalidades constitucionales de analizar y controlar la acción de gobierno en el periodo que estudia la Cámara de Senadores en cada uno de los ramos de la administración pública.

La regulación del “Acuerdo Parlamentario que establece las normas para el análisis del I Informe de Gobierno” ha transformado al Senado de la República en una simple oficialía de partes y no en una Cámara de Control, capaz de exigir cuentas y responsabilidades a los Secretarios de Despacho por sus atribuciones y competencias legales. El Secretario de Hacienda y Crédito Público en su comparecencia se refirió a asuntos que no tenían nada que ver con el análisis del Primer Informe. El Secretario de Hacienda y Crédito Público evadió su responsabilidad de someterse a la evaluación rigurosa del Senado. La función constitucional de control del Senado de la República sobre el Primer Informe de Gobierno, al menos en el ramo de la hacienda pública, ha quedado diluida y burlada.

Actuaciones irresponsables como la del Secretario de Hacienda y Crédito Público son posibles porque las normas que aprobamos los Senadores para sus comparecencias no buscan el cumplimiento efectivo de la Constitución. El formato aprobado no está orientado para que evaluemos en serio al gobierno sino para que los Secretarios de Estado se luzcan sin rendirle cuentas a esta Soberanía y al pueblo de México.

Además, la regulación del formato de comparecencias favorece la mayor participación de los legisladores del partido en el gobierno y minimiza la participación de los legisladores de la oposición. No es un formato equitativo. Las minorías parlamentarias somos reducidas y minimizadas en el supuesto ejercicio de control político constitucional al gobierno. Nuestras participaciones son mínimas comparadas con las oportunidades y el tiempo total de que disponen los legisladores del partido en el gobierno. Ese formato no está hecho para propiciar el control ni la evaluación del gobierno en turno sino para invalidar y deslegitimar el principio constitucional del artículo 69 de la Carta Magna.

El párrafo segundo de los artículos 69 y 93 de la Constitución establecen para los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República y, los directores de las entidades paraestatales, la obligación de comparecer ante las Cámaras y rendir informe bajo protesta de decir verdad.

En la obligación anterior, los servidores públicos mencionados, deben rendir los informes bajo protesta de decir verdad y, además deben ser advertidos para conducirse con verdad y de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridades distintas de la judicial. Lo anterior, porque se trata de una obligación constitucional en la que no se puede mentir al pueblo ni a sus representantes y, porque las advertencias mencionadas son necesarias para proteger los derechos constitucionales de los informantes, tal como se ha establecido en el derecho nacional y comparado.

En el derecho comparado, por ejemplo, en el caso Miranda versus Arizona (1966) 384 US 436, vertido en 13 de junio de 1966 por la Suprema Corte de los Estados Unidos, siendo ponente el Chief Justice Earl Warren, se determinó que quien declara ante cualquier autoridad debe ser consciente de las consecuencias jurídicas de sus informes y declaraciones, pues de otra manera sus derechos de defensa en el futuro se verían vulnerados y, además, cualquier investigación ulterior, derivada de esos informes y declaraciones, sin las advertencias previas y sin tener previa conciencia jurídica de las consecuencias de las declaraciones,  puede anular o invalidar cualquier proceso y/o procedimiento que se pudiera instaurar.
El artículo 247 del Código Penal Federal señala en su fracción I, que: “Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días al que interrogado por alguna autoridad distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

La obligación de advertencia de las consecuencias jurídicas de los informes y declaraciones, se encuentra, por tanto,  prevista en las normas de nuestro país. Se debe garantizar para no violar los derechos fundamentales de nadie.

El propósito del artículo 69 constitucional consiste en controlar y fiscalizar actividades del gobierno que los legisladores consideran alejadas de los propósitos constitucionales o, que puedan implicar desviaciones de poder y/o actos de corrupción. Su fundamento constitucional reside en el principio de división de poderes y en el que concede al legislativo la facultad de controlar el poder.

De lo que aquí hemos señalado, es obvio, que requerimos abrogar el “Acuerdo Parlamentario que establece las normas para el análisis del I Informe de Gobierno”. Este punto de acuerdo pretende que el poder legislativo fortalezca la función olvidada y menospreciada del control parlamentario. También quiere que ese control esté fundamentalmente en manos de las minorías parlamentarias para que la fiscalización al gobierno resulte creíble.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA ABROGAR POR INCONSTITUCIONAL EL “ACUERDO PARLAMENTARIO QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL ANALISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO” Y, PARA QUE EL PLENO APRUEBE OTRO, QUE GARANTICE EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN SUS INTERVENCIONES Y EN SUS FUNCIONES DE CONTROL AL EJECUTIVO Y, QUE PERMITA UNA REAL Y ADECUADA FISCALIZACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PAIS.

Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Sen. David Monreal Avila".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Túrnese esta propuesta a la Junta de Coordinación Política.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo proyectos, estudios e investigaciones para determinar el daño que causa a los recursos naturales la explotación del gas shale.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy presento, junto a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, este punto de Acuerdo que es de la importancia de todos los mexicanos.

El sector energético de México atraviesa una coyuntura histórica con la aparición del innovador gas de esquisto o gas de lutita, gas shale, que durante la última década ha tomado relevancia en el mercado internacional al aparecer como una alternativa energética frente al gas natural y el petróleo.

México se ubica como uno de los países con mayores reservas de gas de esquisto a nivel internacional, la explotación del gas de esquisto representa una expectativa de crecimiento económico sin precedentes para México. Sin embargo, la manera de explotar dicho gas proviene de la fractura hidráulica de la roca que ha sido llamada la economía de la extinción, debido al alto impacto ambiental que conlleva el proceso industrial para la producción del mencionado gas shale.

La explotación de un pozo de gas de esquisto tiene una vida útil variable de ocho años, y se utiliza entre 11 y 30 millones de litros de agua sólo para el proceso industrial de la fractura hidráulica.

Esta cantidad de agua fue utilizada en 2500 perforaciones realizadas en Estados Unidos durante el año 2012, principalmente en el estado de Texas; grupos ambientalistas de Estados Unidos han denunciado la contaminación que genera la fractura hidráulica en los mantos acuíferos durante el proceso industrial en cuestión.

De igual forma, países europeos como Francia y Holanda han prohibido la fractura hidráulica, un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Colorado, encontró que los residentes de un condado ubicado en un radio de media milla de un sitio donde se realiza la fractura hidráulica, tienen un 66 por ciento más de riesgo de desarrollar cáncer, debido a la exposición de benceno en el aire.

La investigación también muestra que el 40 por ciento de los 300 productos químicos que se liberan durante el proceso de la fractura hidráulica son disruptores endocrinos, sustancias químicas que alteran el equilibrio hormonal, mientras un 30 por ciento son cancerígenos, más del 30 por ciento impiden un desarrollo normal del niño y el 60 por ciento dañan el sistema nervioso y el cerebro.

El problema radica en más de 600 químicos que en el proceso de la fractura hidráulica, evidentemente, generan un impacto ambiental y geológico, debido a la explotación que se desarrolla en el subsuelo.

Lamentablemente, las compañías que llevan a cabo este procedimiento, se amparan bajo las leyes de propiedad industrial para no dar a conocer la fórmula con la que se lleva a cabo la fractura hidráulica. Sin embargo, se sabe que la fórmula contiene arsénico, benceno y diversos químicos cancerígenos para el ser humano.

Entre las funciones que el Estado desempeña, está garantizar la salud, así como brindar y garantizar los servicios públicos como el de agua potable; la cual se pone en riesgo, ya que la explotación de gas de lutitas utiliza una gran cantidad de este líquido vital que, al paso del tiempo, puede traer más problemas ocasionados por esta falta de agua.

En el caso donde se extrae el gas shale ubicado en mantos acuíferos, al momento de subir a la superficie contamina el líquido tan preciado, el agua, el recurso natural más importante, ya que es el que propicia la vida.

El norte del país, particularmente, ha padecido de sequías prolongadas, zonas donde regularmente el agua dulce escasea; por ello la explotación del gas shale, a través de la perforación horizontal y la fractura hidráulica, implicaría comprometer el agua para consumo humano que provocará que haya comunidades directamente afectadas.

Es por ello que, responsablemente, debemos hacer un balance entre la explotación de gas y la dotación de agua a las comunidades.

Es muy importante comenzar a prevenir problemas futuros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud y Secretaría de Energía, para que en coordinación y de acuerdo a sus facultades lleven a cabo proyectos, estudios e investigaciones para determinar el daño que causan a los recursos naturales la explotación del gas shale, así como el posible daño a la salud de la población y se remita un informe.

Segundo.- Se exhorta a las Secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en colaboración rindan un informe a la Cámara de Senadores sobre la procedencia, uso y manejo del agua que se ha proyectado a utilizar en la explotación del gas shale en la zona norte de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE SALUD Y DE ENERGIA A LLEVAR A CABO PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL DAÑO QUE CAUSA A LOS RECURSOS NATURALES LA EXPLOTACION DEL GAS SHALE, LA PROCEDENCIA, USO Y MANEJO DEL AGUA UTILIZADA PARA SU EXPLOTACION, ASI COMO EL POSIBLE DAÑO A LA SALUD DE LA POBLACION

De las Senadoras, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral I fracción II, 109, 110 y 276 del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país se sostiene un debate histórico en materia energética; los tópicos que lo integran son demasiado trascendentales, los cuales pueden cambiar el rumbo de México hacia un sentido favorable o desfavorable, razón por la cual debemos de abrir el debate no solo hacia las diferentes posturas y propuestas referentes a los hidrocarburos, sino a todas las premisas que nos orillarán a culminar en un resultado integral y objetivo.

Debemos recordar ante este análisis la historia de nuestro país, la cual en materia de hidrocarburos nos han dejado diversas enseñanzas, mismas que debemos atender, en virtud del mejoramiento y desarrollo del Estado mexicano.

Como bien es conocido en nuestro país se tiene pensado impulsar la exploración de gas de shale o lutitas;

“El gas de lutitas también conocido como gas de esquisto o gas pizarra (shale gas), es un hidrocarburo que se encuentra en formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino, se extrae de zonas profundas en terrenos donde abunda el esquisto, lutitas o argilitasricas en materia orgánica. El interior rocoso del esquisto presenta baja permeabilidad, que impide su ascenso a la superficie. Por ello, para su extracción comercial es necesario fracturar la roca hidráulicamente.”1

En el párrafo anterior, el informe de responsabilidad social de Pemex correspondiente al año 2012, nos expresa en qué consiste el gas de lutitas y como se extrae.

Así mismo se estima que las reservas de gas shale que existen en nuestro país son las más bastas a nivel mundial, lo cual podemos apreciar nuevamente en el Informe de Responsabilidad social de Pemex correspondiente al año 2012;
“Actualmente, el gas de lutitas tiene un auge comercial y en México ha generado expectativas importantes en torno a su explotación. Algunas estimaciones colocan a México como uno de los países con las mayores reservas de gas lutitas, lo que abre oportunidades para el aprovechamiento de este hidrocarburo.”2

Entonces, la explotación del gas de shale resulta muy atractiva y bajo ese supuesto su explotación hoy parece ser una irreversible propuesta o alternativa, incluida en políticas públicas nacionales, razón por la cual se prevé que la explotación de la producción del gas de lutitas se incrementará en los años venideros.

El método de extracción para la obtención de este gas es por fractura hidráulica, también conocido como fracking o hydrofracking, este último consiste en aplicar fluidos que contienen principalmente arena, gases comprimidos, agua y sustancias químicas a presiones altas para incrementar la porosidad y permeabilidad de las rocas, creando fracturas para que el gas escurra hacia la superficie. Es menester mencionar que la producción de gas de lutitas ha causado polémica en diversos países, las principales causas han sido por:

1. Contaminación por filtración de fluidos ó fracturas (superficial y subterránea).

2. Contaminación producida por filtraciones a suelo y flujos naturales de agua

3. Daño a la salud por consumo de agua intoxicada

4. Implica reducción de agua potable en nuestro país

5. Ocasiona menor abastecimiento de agua para nuestra población.

6. El sector energético Impacta negativamente en el cambio climático

7. El crecimiento de la población y el cambio climático implica medidas de sustentabilidad las cuales no se están atendiendo.

Es importante mencionar que el desarrollo sustentable para Petróleos Mexicanos (PEMEX) se integra bajo tres aspectos; económico, social y ambiental, este último lo explica el Informe de responsabilidad Social 2012 de PEMEX:

“Ambiental; el cual consiste en desarrollar las actividades de manera responsable, considerando como valores esenciales la seguridad, la salud y la protección y conservación del medio ambiente.”3

Por lo que Pemex rige su desarrollo conscientemente bajo los tres aspectos antes señalados, los cuales deben ejecutarse en equilibrio para no afectar la producción de hidrocarburos, ya que somos un país autosuficiente se debe atender el tema ambiental con suma importancia.

La mitigación de los efectos del cambio climático, preservación de especies de flora, fauna, ahorro y cuidado del agua e inclusive vidas humanas, ante una inadecuada explotación del gas shale se ven en riesgo dada la peligrosidad de extracción. Se debe salvaguardar la salud, la vida y dar cumplimiento a los derechos humanos.

Entre las obligaciones del Estado esta garantizar la salud, así como brindar y garantizar los servicios públicos, como el servicio de agua potable, la cual se pone en riesgo ya que la explotación del gas de lutitas, utiliza una gran cantidad de este líquido vital que al paso del tiempo puede traer más problemas ocasionados por la falta de agua.

En los casos donde se extrae el gas shale ubicado bajo mantos acuíferos, al momento de subir a la superficie contamina el líquido tan preciado como lo es el agua. El recurso natural más importante, ya que es el que propicia la vida, sin este líquido tan preciado simplemente no habría vida en nuestro planeta.

El norte del país, particularmente ha padecido de sequías prolongadas, zona donde regularmente el agua dulce escasea, por ello, la explotación del gas shale a través de la perforación horizontal y la fractura hidráulica implica comprometer el agua para consumo humano que provocará que haya comunidades directamente afectadas; es por ello que responsablemente debemos hacer un balance entre la explotación del gas y la dotación de agua a las comunidades.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su publicación “México en el mundo 2012”4 podemos encontrar que los recursos de agua dulce renovables de nuestro país se encuentra por debajo de países como China, Estados Unidos, Brasil, con un total de 409.2(km3) en el cuadro 1.55, lo que implica una gran preocupación ya que países como China con 2 739.0 (km3) presentan problemas de falta de recurso de agua debido a que en gran medida es usada para la obtención de hidrocarburos y actualmente está implementando programas para reducir el uso de agua.

Es muy importante comenzar a prevenir problemas futuros, para no tener escases de agua, así como prevenir políticas públicas que causen un menoscabo en la economía y salud de los mexicanos en un futuro.

Se debe garantizar lo dispuesto por el artículo 4°, en relación a los párrafos IV, V, VI y último párrafo, que a continuación se exponen:

“Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”

El derecho a la salud, derecho al medio ambiente, derecho al agua y derecho a la cultura física, son los principales preceptos que se ponen en riesgo de manera inmediata, los cuales al estar correlacionados, de no tomarse las medidas necesarias para su salvaguarda traerían consecuencias catastróficas.

Se deben tomar en cuenta el entorno ambiental para propiciar un desarrollo sustentable; si no se atiende el tema en mención implicará problemas severos para los ciudadanos. La prevención es fundamental, no debemos esperar hasta que se presenten consecuencias irreparables, así mismo debemos dar seguimiento a los compromisos internacionales que México ha contraído en relación a la mitigación del cambio climático.

Es menester mencionar que el Organismo Centralizado competente para tomar las medidas necesarias de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Energía del país, a continuación podemos apreciar las fracciones aplicables del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo siguiente:

“Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia;

II. Ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; de minerales radioactivos; así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público;

III. Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría, así como la programación de la exploración, explotación y transformación de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y nuclear, con apego a las disposiciones aplicables;

IV. …

V. …

VI. …

VII. Otorgar, y en su caso, cancelar permisos y autorizaciones en materia energética, conforme a las disposiciones aplicables;

VIII. Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos, tomando en consideración los dictámenes técnicos que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

IX a XX…

XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones a los órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas del sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

XXII. Ordenar que se realicen visitas de inspección a las instalaciones de los órganos, organismos y empresas del sector, y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

XXIII a XXV …”
De igual manera, las fracciones que facultan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son la I y la XVII del Artículo 32 Bis. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las cuales establecen que;

“Artículo 32 Bis A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II a XVI

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;

XVIII a XLI…”

Por último, la Secretaría que también debe intervenir en dichas peticiones del Punto de Acuerdo es la Secretaria de Salud, las fracciones que la facultan son la XVII y XXI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a la letra expresan:

“I a XVI

XVII.-Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de lo que se relaciona con la previsión social en el trabajo;

XVIII a XX

XXI.-Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General;”

XXII a XXIV…”

En el tenor de lo antes expuesto podemos apreciar y ponderar la petición de este punto de acuerdo el cual propiciará un resultado en beneficio del medio ambiente de salud y vidas de los ciudadanos, así como fomentar la explotación de hidrocarburos de manera sustentable, todo lo anterior en virtud del interés general ya que los beneficios son para toda la nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a los titulares de las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud y Secretaría de Energía para que en coordinación y de acuerdo a sus facultades lleven a cabo proyectos, estudios e investigaciones para determinar el daño que causa a los recursos naturales la explotación del gas shale, así como el posible daño a la salud de la población y se remita un informe.

Segundo.-Se exhorta a las Secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en colaboración, rindan un informe a esta Cámara de Senadores sobre la procedencia, uso y manejo, del agua que se ha proyectado utilizar en la explotación del gas shale en la zona norte de nuestro país.

Presentado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

1 Informe de responsabilidad social Pemex 2012Página 15.

2 Informe de responsabilidad social Pemex Página 15.

3 Informe de responsabilidad social Pemex Página 27.

4http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/mexmun/2012/mexmundo12.pdf

5http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/mexmun/2012/mexmundo12.pdf

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luz María Beristain. Túrnese este punto de Acuerdo a la Comisión de Energía.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la CONDUSEF, a poner en práctica medidas que garanticen a los cuentahabientes y asegurados, afectados por los fenómenos meteorológicos, facilitar sus operaciones bancarias y el cobro de los siniestros.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Derivado de la conjunción inédita de dos fenómenos meteorológicos, el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, gran parte de nuestro territorio nacional vive el embate de las fuerzas de la naturaleza, que ha dejado a su paso lamentables pérdidas de vidas humanas, severos daños a la infraestructura, diversas afectaciones al patrimonio de los damnificados y, en general, inconmensurables daños materiales que afectan directamente a la población de las zonas más afectadas.

Dada la complejidad para recabar los datos y los pronósticos meteorológicos sobre la presencia de mayores lluvias, es prematuro cuantificar el costo total de los daños. Conforme pasan las horas, estás cifras van aumentando, por lo que se deduce que este escenario se volverá más crítico y, evidentemente, las afectaciones serán a mayor escala.

Cabe destacar, que por parte del gobierno federal existe una adecuada coordinación entre las diversas Secretarías y dependencias con sus homologas de los gobiernos estatales, que ha permitido instrumentar oportunamente una serie de acciones y medidas necesarias para la atención en casos de desastres naturales.

Por su parte, diversas organizaciones de la sociedad civil, empresas de la iniciativa privada y un gran número de voluntarios, se han solidarizado para colaborar de diferentes formas con las personas que se encuentran en desgracia y en situaciones críticas.

Hoy más que nunca necesitamos de la colaboración de todos los mexicanos para apoyar a nuestros hermanos afectados. Cualquier iniciativa y aportación será de gran utilidad para enfrentar este gran reto que se nos presenta en el corto, mediano y largo plazo.

El Poder Legislativo no ha sido ajeno a esta responsabilidad de solidarizarse con los damnificados, tan es así, que en la sesión pasada, con fecha del 18 de septiembre del corriente, se tomaron diversas medidas para actuar en consecuencia. En el mismo sentido, las legisladoras que suscribimos el presente documento, consideramos que es importante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en concordancia con la Asociación de Bancos de México y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, instrumenten las medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y asegurados, facilitar sus operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites relacionados con los reclamos por siniestros.

Por tal razón, invito a mis compañeros legisladores a que se solidaricen con esta propuesta y se apruebe para que, en la medida de lo posible, se sumen más instituciones financieras y se agilicen los trámites aquí planteados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, este punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A QUE, EN CONCORDANCIA CON LA ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO Y DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, INSTRUMENTEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES QUE PERMITAN A LOS CUENTAHABIENTES Y ASEGURADOS AFECTADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS, FACILITAR SUS OPERACIONES BANCARIAS, EL PAGO DE CREDITOS Y AGILIZAR LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LOS RECLAMOS POR SINIESTROS

Las que suscriben, Senadoras MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, ANGELICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LISBETH HERNANDEZ LECONA y MELY ROMERO CELIS integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos de manera urgente a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de la conjunción inédita de dos fenómenos meteorológicos, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, gran parte de nuestro territorio nacional vive el embate de las fuerzas de la naturaleza, que ha dejado a su paso, lamentables pérdidas de vidas humanas, severos daños a la infraestructura, diversas afectaciones al patrimonio de los damnificados y en general, inconmensurables daños materiales que afectan directamente a la población de las zonas más afectadas.

Dada la complejidad para recabar los datos y los pronósticos meteorológicos sobre la presencia de mayores lluvias, es prematuro cuantificar el costo total de los daños. Conforme pasan las horas, estás cifras van aumentando, por lo que se deduce, que este escenario se volverá más crítico y evidentemente las afectaciones serán a mayor escala.

De acuerdo a la última información emitida por las autoridades federales y de protección civil, la cifra de personas fenecidas aumentó a 80 y se reportaron 58 desaparecidos. Asimismo, se estima que 218 mil personas fueron afectadas de alguna manera y más de 35 mil viviendas se encuentran dañadas.

Cabe destacar, que por parte del Gobierno Federal existe una adecuada coordinación entre las diversas Secretarías y dependencias con sus homologas de los gobiernos estatales, que ha permitido instrumentar oportunamente una serie de acciones y medidas, necesarias para la atención en casos de desastres naturales.

Por su parte, diversas organizaciones de la sociedad civil, empresas de la iniciativa privada y un gran número voluntarios, se han solidarizado para colaborar de diferentes formas con las personas que se encuentran en desgracia y en situaciones críticas.

Hoy más que nunca necesitamos de la colaboración de todos los mexicanos para apoyar a nuestros hermanos afectados. Cualquier iniciativa y aportación, será de gran utilidad para enfrentar este gran reto que se nos presenta en el corto, mediano y largo plazo.

El Poder Legislativo no ha sido ajeno a esta responsabilidad de solidarizarse con los damnificados, en la sesión pasada, con fecha 18 de septiembre del corriente, se tomaron diversas medidas para actuar en consecuencia. En el mismo sentido, las legisladoras que suscribimos el presente documento, consideramos que es importante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en concordancia con la Asociación de Bancos de México y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros instrumenten las medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y asegurados, facilitar sus operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites relacionados con los reclamos por siniestros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en concordancia con la Asociación de Bancos de México y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros instrumenten las medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y asegurados, afectados por los fenómenos meteorológicos, facilitar sus operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites relacionados con los reclamos por siniestros.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Angélica Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Alvarez García.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Rocío Pineda Gochi. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a elaborar conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas, los planes de desarrollo urbano que permitan eliminar los asentamientos en zonas de alto riesgo.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, señor Presidente. Pido se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro del siguiente punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución.

Los recientes fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, han ocasionado daños materiales, han dejado a cientos de familias sin su patrimonio; pero lo más lamentable, en lo que no podemos cooperar, ni reconstruir para volver a las víctimas, son las 147 vidas humanas que se han perdido.

Una vez más, la fuerza de la naturaleza ha manifestado la vulnerabilidad y debilidad de los estados, municipios y poblados ante la terrible tragedia.

Nos hemos acostumbrado a otorgar ayudas de emergencia en el momento del sufrimiento de los más necesitados; demostramos ser solidarios y empáticos ante el sufrimiento de nuestros hermanos.

Y me pregunto: ¿De verdad la naturaleza es culpable o son los gobiernos que no han sido capaces de construir ciudades seguras y dignas?

Lo que acaba de ocurrir, sólo es una muestra más que las instituciones que regulan el suelo y el desarrollo urbano son vulnerables y se corrompen fácilmente sin que nadie haga nada, aún cuando existen responsables con nombre y apellido.

La comisión que me honro en presidir, cuenta con un primer documento de trabajo sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos; un primer paso fundamental, para lo que bien podemos llamar “reforma urbana”.

Al día de hoy, a casi 6 meses de que la comisión le hiciera llegar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para sus observaciones, comentarios y aportaciones, el primer documento de trabajo en comento, en la que se consideran elementos que coadyuvarían a la regulación de los asentamientos urbanos, el desarrollo urbano y la ordenación del territorio; no hemos recibido respuesta, comentarios, ni sugerencias al respecto, excepto 3 observaciones de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, el pasado 15 de julio.

Lamentablemente, esta reforma urbana no fue incluida en la mesa del Pacto por México, ni es tema prioritario dentro de la arena política, en la que partidos dirimen sus posiciones.

Aunque no está en el Pacto por México, tampoco en la agenda del gobierno federal, ni en las prioridades de los diversos grupos parlamentarios. Estas tragedias históricas que han rebasado toda expectativa de daños, nos urgen a tomar cartas en el asunto y volver prioritaria en la agenda legislativa, ejecutiva y del Pacto por México, una reforma urbana que permita contar con un nuevo marco institucional, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, que permita generar ciudades bien planeadas, bajo principios de sustentabilidad económica, ambiental, social y cultural, y poder declarar una bandera blanca, de una vez por todas, a los asentamientos irregulares y los desarrollos en ubicaciones indebidas, que permiten que gente sin escrúpulos y gobernantes irresponsables, generen estas tragedias.

¿Cuánto nos costará reconstruir lo que acaba de ocurrir en más de la mitad del territorio nacional?

Quizás estaremos dando nuevos alicientes momentáneos, sin planear y prevenir lo que cada año vuelve a ocurrir.

Considero que ha llegado la hora de contar, tanto autoridades como gobernantes, con nuevas herramientas que permitan prevenir los futuros fenómenos meteorológicos.

México tiene hoy la oportunidad de convertir las desgracias derivadas de los fenómenos meteorológicos en importantes avances institucionales, de organización y planeación. Además, tendrá la ocasión de generar ciudades verdaderamente sustentables y con mejor calidad de vida para los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución.

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se coordine, en un plazo no mayor de 15 días a la recepción del presente, para que posteriormente se elabore e implemente, conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios, los planes y programas de desarrollo urbanos estatales y municipales; incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo, lo que hará del conocimiento de esta Soberanía.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presente, en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la recepción del presente, las observaciones, comentarios y propuestas de mejora y modificación al proyecto denominado “Primer Documento de Trabajo”, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos, que fue recibido en dicha Secretaría el pasado mes de mayo de 2013.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a expedir, a la brevedad posible, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de poder conocer las medidas y acciones que se aplicarán en materia de desarrollo urbano, de asentamientos humanos y de ordenamiento territorial.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que coordine con las principales fuerzas políticas que integran el Pacto por México, a que se incluya como de alta prioridad en la agenda de dicho Pacto, el análisis y discusión de la reforma urbana, que requiere el país, con el ánimo de evitar que las catástrofes que año con año afectan a un gran número de la población, ocasionando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Por la atención y su voto a favor, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A QUE SE COORDINE, ELABORE E IMPLEMENTE CONJUNTAMENTE CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE SUS MUNICIPIOS, LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES Y MUNICIPALES, INCORPORANDO EN ELLOS INDICADORES Y ELEMENTOS QUE PERMITAN ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS CONSIDERADAS IRREGULARES Y DE ALTO RIESGO

"El suscrito, FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95 numeral 1 y 2 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se coordine, elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios, los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo; a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presente las observaciones, comentarios y propuestas de mejora y modificación al proyecto denominado primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”; instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a expedir a la brevedad  posible el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de poder conocer las medidas y acciones que aplicará en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y de ordenamiento del territorio; se exhorta al Ejecutivo Federal para que se coordine con las principales fuerzas políticas que integran el Pacto por México a que incluyan como prioridad alta en la agenda de dicho pacto el análisis y discusión de la reforma urbana que requiere el país, con el ánimo de evitar que las catástrofes que año con año afectan a un gran número de la población, ocasionando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En los últimos años las lluvias intensas y las consecuentes inundaciones han provocado graves afectaciones, los recientes fenómenos meteorológicos han ocasionado daños inéditos lo que ha provocado poner la lupa en los instrumentos de planeación urbana  y ordenación territorial que hoy a todas luces han sido rebasados.

Una vez más la fuerza de la naturaleza ha manifiesto la vulnerabilidad y debilidades de los estados, municipios y poblados, ante la terrible tragedia de cientos de familias que perdieron su casa y pertenencias, en la mayoría de los casos, su único patrimonio sin contar la lamentable pérdida de familiares.

2. Los costos en vidas humanas y en términos de atraso social y económico de las regiones impactadas por dichos fenómenos son crecientes y preocupantes; de 1983 a 2010 perdieron su patrimonio de manera total o parcial 10.4 millones de mexicanos; de 1980 a 2006 se perdieron 65,000 vidas y, de acuerdo a cálculos conservadores, dichos fenómenos tuvieron un costo por 25 mil millones de dólares de 1985 a 2010.

Lo que acaba de ocurrir en la mitad de los estados de la República, solo es la muestra más, que las instituciones que regulan el suelo y el desarrollo urbano son omisas, vulnerables y se corrompen fácilmente sin que nadie haga nada, aún cuando existen responsables con nombres y apellidos.

3. De igual manera, de acuerdo a cifras oficiales y datos publicados en diversos medios sobre los lamentables eventos climatológicos recientes, se contabilizan un total de 167 municipios declarados en desastre; 371 en declaratoria de emergencia; 123 decesos; 248,477 personas afectadas, y recursos requeridos para la reparación de daños superiores, en amplio margen, a los 12 mil millones de pesos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), lo que obliga a reajustar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014.

4. Se nos dice que son víctimas de fenómenos meteorológicos, pero si vemos más allá, preguntémonos: ¿de verdad la naturaleza es culpable? ¿O son los gobiernos que no han sido capaces de construir ciudades seguras y dignas? Los gobernantes sin ética permiten que las ciudades se desarrollen al margen de la ley, se corrompen para facilitar proyectos de quienes son dueños de la tierra y tienen amplios márgenes de ganancia al desarrollar vivienda en terrenos no aptos. Los gobernantes son culpables cuando se están llevando a cabo desarrollos inmobiliarios ilegales y se hacen de la vista gorda. La corrupción existe, y lo grave es que la planeación de las ciudades sea manipulable para justificar negocios inmobiliarios privados o para realizar obras públicas que enriquecen a algunos. Los planes urbanos  son sólo mapas de colores que se cambian a gusto de unos cuantos, que no regulan realmente la ocupación del suelo, y menos controlan la voracidad de quienes han hecho que nuestras ciudades crezcan de manera desordenada, extensa y en zonas inadecuadas.

5. Los habitantes de las zonas marginadas, y en consecuencia los más pobres del país, son quienes más resienten los efectos de estos fenómenos meteorológicos, agudizando los problemas propios de la pobreza y desigualdad social, el impacto negativo en las finanzas públicas, desaliento y frustración social, fortaleciendo el pernicioso y vergonzoso círculo de la pobreza. Hoy vemos en la pantalla de la televisión gente sufriendo en medio del lodo, sin un techo bajo el cual dormir, sin agua potable, sin patrimonio ni esperanza, condenados a recibir unos mínimos apoyos para intentar sobrevivir el temporal.

6. Existe la certeza, por parte de expertos nacionales e internacionales, de que muchos de los efectos perniciosos de los fenómenos meteorológicos pueden aminorarse con una iniciativa gubernamental más proactiva en cuanto a planeación de asentamientos humanos, del desarrollo urbano y de ordenamiento del territorio. Sin embargo, el desarrollo urbano  se ha reducido a una opción apetitosa de funcionarios en turno y particulares que se enriquecen vendiendo terrenos sobre lagunas, lechos de río y laderas, para que también otros se enriquezcan construyendo en ellos casas sin siquiera servicios básicos.

7. La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores, misma que me honro en presidir, cuenta con un primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”, un primer paso fundamental lo que bien podemos llamar “Reforma urbana”, gracias a la consulta, participación y consenso a cientos de organismos, instituciones, académicos y liderazgos en materia urbana. Por desgracia, esta Reforma Urbana no fue incluida en la Mesa del Pacto por México, ni es tema prioritario dentro de la arena política en la que partidos dirimen sus posiciones, acuerdos y disensiones.

8. Otro hecho lamentable es que al día de hoy, a casi seis meses de que la Comisión le hiciera llegar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -para sus observaciones, comentarios y aportaciones- un primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”, en la que se consideran elementos que coadyuvarían a la regulación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la ordenación del territorio, no hemos recibido respuesta, comentarios ni sugerencias al respecto.

9. Aunque no esté en el Pacto por México, tampoco en la agenda del Gobierno Federal, ni en las prioridades de los diversos grupos parlamentarios, estas tragedias históricas que han rebasado toda expectativa de daños, nos urgen a tomar cartas en el asunto y volver prioritaria en la agenda legislativa, ejecutiva y del Pacto por México una Reforma Urbana que acabe con la corrupción, negligencia e impunidad en los tres órdenes de gobierno.

10. Resulta lamentable no contar con las observaciones oficiales solicitadas respecto a las propuestas elaboradas por esta Comisión, en el sentido de sancionar a los servidores públicos que autoricen asentamientos irregulares en zonas de riesgo, desarrollos habitacionales fuera de norma y, en general, al planteamiento para ordenar el territorio nacional.

Más allá de los montos económicos y las dudas que surgen respecto a la dinámica de recuperación en los estratos más vulnerables, nuestro país necesita un vuelco, una Reforma Urbana integral; necesitamos nuevos instrumentos de planeación urbana con normas más congruentes, instituciones más fuertes y técnicamente dotadas que supervisen y regulen realmente la ocupación del suelo.

México tiene hoy la oportunidad de convertir las desgracias derivadas de los fenómenos meteorológicos en importantes avances institucionales, de organización y de planeación, además, tendrá la ocasión de generar ciudades verdaderamente sustentables y con mejor calidad de vida para todos los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración con carácter de urgente resolución a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se coordine en un plazo no mayor a 15 días a la recepción del presente para que posteriormente se elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo, lo que hará del conocimiento de esta Soberanía.

Segundo.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presente en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la recepción del presente las observaciones, comentarios y propuestas de mejora y modificación al proyecto denominado primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”, que fue recibido en dicha secretaría el pasado mes de mayo de 2013.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a expedir a la brevedad posible el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de poder conocer las medidas y acciones que aplicará en materia de desarrollo urbano, de asentamientos humanos y de ordenamiento del territorio.

Cuarto.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que se coordine con las principales fuerzas políticas que integran el Pacto por México a que se incluya como de alta prioridad en la agenda de dicho pacto, el análisis y discusión de la reforma urbana que requiere el país, con el ánimo de evitar que las catástrofes que año con año afectan a un gran número de la población, ocasionando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela".


- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

Con gusto tomamos nota de la adhesión del Senador López Brito, y del Senador Fernando Yunes, a la propuesta del Senador Francisco Búrquez Valenzuela.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Evaluación del Plan Hídrico Integral de Tabasco.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con la venia de la Presidencia y de la sala, de los presentes y los ausentes. Pocos, pero con calidad, ¿verdad? Compañeras y compañeros Senadores:

Las afectaciones que hoy en día estamos presenciando en gran parte del territorio nacional, y las calamidades causadas por las graves inundaciones en diversos estados, principalmente en Guerrero y Veracruz, no sólo hacen recordar la situación similar que padeció Tabasco a finales de 2007, sino también nos preocupa y nos debe ocupar, porque frente a las posibilidades de que se presenten de nueva cuenta estos fenómenos meteorológicos en mi entidad, no se tiene la certeza si el Plan Hídrico Integral de Tabasco, que se formuló para prevenir los riesgos de inundaciones, ha cumplido o va a cumplir con su objeto.

Como antecedente de la formulación, operación y ejecución de dicho plan, tenemos que en fecha 18 de abril de 2008, se celebró el acuerdo de colaboración para el Plan Hídrico Integral de Tabasco, entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y el titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco.

En dicho acuerdo, se reconoció la necesidad de formular un Plan Hídrico Integral de Tabasco, el PHIT, a fin de ordenar las acciones inmediatas para la reconstrucción de la ciudad de Villahermosa y otras poblaciones afectadas, así como la reincorporación a la economía de las distintas actividades productivas que fueron afectadas severamente y determinar un conjunto de acciones y programas de mediano a largo plazo, que permitan disminuir la vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos en dicha entidad.

Con dicho acuerdo, se establecieron las bases de colaboración para conjugar acciones y recursos que permitan instrumentar el Plan Hídrico Integral de Tabasco.

El 10 de abril de 2008, la CONAGUA suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con objeto de realizar la primera fase del plan y poder alcanzar los objetivos específicos pendientes, tales como:

Realizar un diagnóstico de la infraestructura del sistema del Río Grijalva, -La Sierra- Usamacinta, para evaluar su seguridad y funcionalidad.

Desarrollar, adaptar y aplicar modelos matemáticos de simulación, optimización y evaluación, para la operación óptima del sistema hidroeléctrico del Grijalva, los ríos de la Sierra y el control de inundaciones en la planicie tabasqueña.

Especial énfasis tienen los resultados de las dos últimas auditorías practicadas a la Comisión Nacional del Agua, en el marco de las revisiones de la Cuenta Pública 2010-2011, relativa al Plan Hídrico Integral de Tabasco, que en igual sentido han determinado que la CONAGUA, al no haber diseñado ni implementado el PHIT, de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública, en el que se identificaran las acciones por realizarse, las metas específicas, las estrategias y prioridades, la asignación de recursos, las responsabilidades y tiempos de ejecución, se limitó la evaluación de los resultados obtenidos y no se permitió conocer la eficacia para cumplir el objetivo de dicho plan.

Particularmente, la auditoría del desempeño de 2011, concluyó que la Comisión Nacional del Agua no acreditó el impacto y el avance de las acciones y obras realizadas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco para disminuir el riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco. Por lo que no fue posible determinar la población protegida y beneficiada, además de que el proyecto del documento integrador del Plan Hídrico Integral de Tabasco, no incluyó los objetivos, las metas, las estrategias, los recursos, los tiempos de ejecución y la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y local, lo que limitó, una vez más, la evaluación, ya que además dichas dependencias no definió metas para los indicadores, ni presentó los resultados de estos y el programa de obras y el informe de avance físico-financiero no cumplieron con las características señaladas en dicha normativa.

Considerando que en el estudio, “Características e impacto socioeconómicos de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana, en el año 2007”, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se señaló la situación de emergencia en Tabasco, se mantuvo hasta noviembre de ese año y las inundaciones afectaron el 70 por ciento del territorio tabasqueño. La inundación de Villahermosa alcanzó niveles de hasta 4 metros en las calles, cubriendo el agua el 80 por ciento de la ciudad. Debido a esas inundaciones, se registró un saldo en el estado de Tabasco de 1.5 millones de tabasqueños damnificados; 6,500 kilómetros de carreteras y caminos afectados; el 73 por ciento de la red del estado y 132 puentes dañados; 570 mil hectáreas agrícolas destruidas y 123 mil viviendas dañadas. Las pérdidas económicas, estimadas en el citado estudio, fueron de 36 mil 486 millones de pesos.

Para hacer frente de inmediato a la situación de emergencia, el gobierno federal constituyó el fondo de reconstrucción de Tabasco con 7 mil millones de pesos, nada más para salir del agua.

Por su parte, el Plan Hídrico Integral Tabasco comprendió la utilización de 9 mil 376 millones de pesos para acciones en materia hidráulica de prevención y mitigación del riesgo de inundación en el corto, mediano y largo plazo.

Se ha cumplido ese periodo de 5 años, por lo que es necesario que se realice un ejercicio transparente y responsable de evaluación relativo al cumplimiento del objetivo principal del Plan Hídrico Integral de Tabasco, que es el de prevenir y mitigar el riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de sufrir inundaciones, así como la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las acciones relacionadas con dicho plan.

Compañeras y compañeros Senadores, si en su momento no se pudo o no se decidió, desde este Poder Legislativo, realizar un proceso de seguimiento en ejecución de ese plan, que es vital para Tabasco, en esta ocasión sí existen razones suficientes para que este Senado, en una actitud proactiva, impulse una evaluación de las acciones y metas trazadas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. La sociedad lo exige y nuestra función lo faculta y mandata.

Por lo antes expuesto pido a la Presidencia someta a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores este punto de Acuerdo, con el objeto de que el Pleno del Senado de la República, en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 119 del Reglamento del Senado, acuerde constituir la comisión especial para la evaluación del Plan Hídrico Integral de Tabasco, cuyo objeto es impulsar y dar seguimiento a un proceso de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo, metas y acciones, así como del correcto manejo y aplicación de los recursos financieros destinados para la ejecución de dicho plan.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva se publique el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION ESPECIAL PARA LA EVALUACION DEL PLAN HIDRICO INTEGRAL DE TABASCO

"FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las afectaciones que hoy en día estamos presenciando en gran parte del territorio nacional, y las calamidades causadas por las graves inundaciones en diversos estados, principalmente en Guerrero y Veracruz, no sólo nos hace recordar la situación similar que padeció Tabasco a finales de 2007, sino también nos preocupa y nos debe ocupar, porque frente a la posibilidad de que se presenten de nueva cuenta estos fenómenos metereológicos en mi entidad, no se tiene la certeza si el Plan Hídrico Integral de Tabasco que se formuló para prevenir los riesgos de inundaciones, ha cumplido o va a cumplir con su objeto.

Como antecedentes de la formulación, operación y ejecución de dicho Plan, tenemos que:

1. En fecha 18 de abril de 2008, se celebró el Acuerdo de Colaboración para el Plan Hídrico Integral de Tabasco entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

2. En dicho Acuerdo, se reconoció la necesidad de formular un Plan Hídrico Integral de Tabasco, PHIT, a fin de ordenar las acciones inmediatas para la reconstrucción de la ciudad de Villahermosa y otras poblaciones afectadas, así como la reincorporación a la economía de las distintas actividades productivas que fueron afectadas severamente y, determinar un conjunto de acciones y programas de mediano y largo plazo que permitan disminuir la vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos en dicha entidad.

3. Con dicho Acuerdo, se establecieron las bases de colaboración para conjuntar acciones y recursos que permitan instrumentar la integración del “Plan Hídrico Integral de Tabasco”.

4.En cuanto a su alcance, se contempló la ejecución del Plan de Acción Urgente (PAU) y la formulación del Plan de Acción Inmediata (PAI), con la finalidad de disminuir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos y los posibles efectos del cambio climático.

5.El 10 de abril de 2008, la CONAGUA suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con objeto de realizar la primera fase del plan, el cual incluyó la ejecución de los Planes citados, para alcanzar objetivos específicos pendientes, tales como:

a) Determinar las causas e impactos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos extremos que afectan al Estado de Tabasco. Lo anterior incluyó el diagnóstico de la infraestructura del sistema del Río Grijalva- La Sierra- Usumacinta, a efecto de evaluar su seguridad y funcionalidad  y en su caso determinar las acciones necesarias para su rehabilitación, modernización y complementación.
b) Desarrollar, adaptar y aplicar modelos matemáticos de simulación, de optimización y de evaluación, así como modelos físicos, técnicas de percepción remota y otras herramientas de apoyo a la toma de decisiones, asociadas a la predicción de eventos meteorológicos, la operación óptima del sistema hidroeléctrico del Grijalva, los ríos de la Sierra y el control de inundaciones en la planicie tabasqueña.

6. Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, se realizó la auditoría núm. 976 denominada “Plan Hídrico Integral de Tabasco”, cuyo dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que la CONAGUA no diseñó ni implementó el PHIT de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública, en el que se identificaran las acciones por realizarse, las metas específicas, las estrategias y prioridades, la asignación de recursos, las responsabilidades y tiempos de ejecución. Lo anterior limitó la evaluación de los resultados obtenidos y no permitió conocer la eficacia para cumplir el objetivo de dicho plan.

7. De conformidad con el resultado de la Auditoría de Desempeño: 11-0-16B00-07-0362 de la revisión de la Cuenta Pública 2011, cuyo propósito se centró en fiscalizar el desempeño de la Comisión Nacional del Agua en cuanto al cumplimiento del objetivo del Plan Hídrico Integral de Tabasco en términos de prevenir, mitigar el riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de sufrir inundaciones, así como la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las acciones relacionadas con dicho plan; se concluyó que la Comisión Nacional del Agua no acreditó el impacto y el avance de las acciones y obras realizadas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco para disminuir el riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco, por lo que no fue posible determinar la población protegida y beneficiada, además de que el proyecto del documento integrador del PHIT no incluyó los objetivos, las metas, las estrategias, los recursos, los tiempos de ejecución y la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, lo que limitó la evaluación; no definió metas para los indicadores ni presentó los resultados de éstos; y el programa de obras y el informe de avance físico financiero no cumplieron con las características señaladas en la normativa.

CONSIDERANDO, que:

La magnitud de los daños económicos y sociales de la inundación que sufrió mi entidad Tabasco, en esa ocasión no fue menor ya que conforme a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),la afectación ascendió a más de 31 mil millones de pesos.

En el estudio “Características e impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en el año de 2007”, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se señaló que la situación de emergencia en Tabasco se mantuvo hasta noviembre de ese año y las inundaciones afectaron el 70.0% del territorio tabasqueño. La inundación en Villahermosa alcanzó niveles de hasta 4 metros en las calles, cubriendo el agua el 80.0% de la ciudad, debido a esas inundaciones se registró un saldo en el estado de Tabasco de 1.5 millones de damnificados; 6,500 kilómetros de carreteras y caminos afectados (73.0% de la red del estado); 132 puentes dañados; 570,000 hectáreas agrícolas destruidas, y 123,000 viviendas dañadas. Las pérdidas económicas estimadas en el citado estudio fueron de 36 mil 486.7 millones de pesos.

Para hacer frente de inmediato a la situación de emergencia, el Gobierno Federal constituyó el fondo de reconstrucción de Tabasco con 7 mil millones de pesos.

Por su parte, el Plan Hídrico Integral para Tabasco comprometió la utilización de 9,376 millones de pesos para acciones en materia hidráulica de prevención y mitigación del riesgo de inundación en el corto, mediano y largo plazo.

Dichos recursos fueron aportados por la federación para que se ejecutaran las obras, durante un lapso de cinco años.

Se ha cumplido ese período de cinco años, por lo que es necesario que se realice un ejercicio transparente y responsable de evaluación relativo al cumplimiento del objetivo principal del PHIT, que es el de prevenir, mitigar el riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de sufrir inundaciones, así como la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las acciones relacionadas con dicho plan.

Compañeras y compañeros Senadores:

Si en su momento no se pudo o no se decidió desde este Poder Legislativo, realizar un proceso de seguimiento en la ejecución de este Plan que es vital para Tabasco, en esta ocasión si existen razones suficientes para que este Senado en una actitud proactiva impulse una evaluación de las acciones y metas trazadas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. La sociedad lo exige y nuestra función lo faculta y mandata.

Por lo antes expuesto, pido a la Presidencia someta a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El pleno del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 119 del Reglamento del Senado, acuerda constituir la Comisión Especial para la Evaluación del Plan Hídrico Integral de Tabasco, cuyo objeto es impulsar y dar seguimiento a un proceso de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo, metas y acciones, así como del correcto manejo y aplicación de los recursos financieros destinados para la ejecución de dicho Plan.

La Comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes:

1. Para cumplir con su objeto la Comisión Especial para la Evaluación del Plan Hídrico Integral de Tabasco, podrá allegarse de toda la información que considere pertinente, y reunirse en todo momento y cuando lo estime conveniente con las autoridades federales y estatales responsables de la ejecución y operación de dicho Plan, como lo es la Comisión Nacional del Agua; así como realizar las gestiones necesarias, conforme a su marco normativo aplicable.

También podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, la información y los requerimientos necesarios para tal efecto.

2. Se integra con ocho Senadores, propuestos por los Grupos Parlamentarios, con base en la siguiente proporción:

2 del PRI, 2 del PRD, 2 del PAN; 1 del PVEM, 1 del PT.

3. La Comisión concluirá sus actividades una vez que haya cumplido con su objeto.

4. La Junta Directiva de la Comisión, se integra por un Presidente y dos Secretarios a propuesta de los Grupos Parlamentarios con mayor representación en el pleno de este Senado.

5. La Comisión presentará al pleno del Senado por conducto de la Mesa Directiva, al término de cada período ordinario y permanente de sesiones un informe pormenorizado de sus actividades, y un informe final de las mismas.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 26 de septiembre de 2013.

Suscribe".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal. Con gusto pido a la Secretaría que se pueda integrar de manera completa el texto del cual se ha dado cuenta. Túrnese este punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

Compañeras y compañeros Senadores, daremos turno a las proposiciones que se refieren a solicitudes de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con esos asuntos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.






Del Senador Luis Sánchez Jiménez, un punto de Acuerdo por el que se solicita la participación de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, dentro del Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación Media Superior, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS LA PARTICIPACION DE LOS CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL, DENTRO DEL "FONDO CONCURSABLE PARA LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR"

"SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO
PRESENTE.

LUIS SANCHEZ JIMENEZ senador de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 8 Fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO,POR EL QUE SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS LA PARTICIPACION DE LOS CECATIS, DENTRO DEL “FONDO CONCURSABLE PARA LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR” al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Fracción V del Artículo 3 de la Constitución advierte: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

2. De lo anterior se desprende la obligación por parte del Estado Mexicano, de atender todos los tipos de educación en el país. Así, los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATIS), deben estar incluidos dentro del “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior” otorgado a instituciones homólogas. Los CECATIS están adscritos a la Secretaría de Educación Pública, su enfoque es la capacitación laboral, razón suficiente para contar con este Fondo.

3. La necesidad de formación en recursos humanos que demanda el mercado laboral, llevan al modelo CECATI a considerarlo de vital importancia en el desarrollo potencial que el Estado Mexicano requiere para concretar sus fines. Porque están destinados a incluir al mercado laboral a estudiantes. Llevan 50 años realizando esa labor con fines institucionales, sustentan su modelo educativo en competencias laborales y contribuyen a la formación de trabajadores capacitados, estudiantes con posibilidades de emplear su talento en el campo de trabajo.

4. La justificación de la Subsecretaría de Educación Media Superior para que los CECATIS no estén sujetos al apoyo del Fondo de Infraestructura, es su catalogación como “centros de formación para el trabajo”. Por simple denominación, no los incluyen en el nivel educativo medio superior.

5. Los CECATIS representan una eficaz alternativa para gran parte de la población, por las necesidades del sector productivo y económico. Ayuda directamente en áreas esenciales del país: trabajo y educación. Brindan elementos necesarios que fundamentan el servicio de formación para el trabajo; enseñanza práctica. Por este motivo requieren de una adecuada infraestructura que satisfaga estas necesidades: construcción, equipamiento, mobiliario y mantenimiento.

6. El Apartado B Fracción II del Artículo 2 Constitucional en su primera parte a la letra dice: “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la Educación Media Superior y Superior”.

7. Al igual el Artículo 3 de la Carta Magna en su Párrafo Tercero indica: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Cámara de Diputados incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, una partida presupuestal para infraestructura, que permita mejorar condiciones de construcción, equipamiento, mobiliario y mantenimiento de estos centros de educación.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la inclusión en el “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior” a los CECATIS.

Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, a 1 de septiembre de 2013.

Sen. Luis Sánchez Jiménez".






Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, un punto de Acuerdo que exhorta a considerar y destinar recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento de dos hospitales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 SE CONSIDEREN Y DESTINEN RECURSOS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VALLADOLID Y TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATAN

"SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senador de la República por el estado de Yucatán e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura del H. Congreso de la unión, con base en las facultades que me confieren en el artículo 8, número 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la  República, someto a la consideración la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 SE CONSIDEREN Y DESTINEN RECURSOS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE  DOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VALLADOLID Y TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATAN; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El acceso a los servicios básicos de salud debe considerarse como un derecho fundamental de toda la población; no sólo para mitigar las desigualdades socioeconómicas e inequidad, sino para fortalecer el crecimiento y desarrollo  de nuestro país.

Resulta lamentable que en México un gran porcentaje de la población no cuenta con los mecanismos suficientes de infraestructura para su atención médica oportuna.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI),1para 2009,  el 40.5% de la población no presentó algún tipo de afiliación a los servicios de salud o de alguna institución(IMSS, ISSSTE, Sistema de Protección Social en Salud  -Seguro Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación-, PEMEX, SEDENA, SEMAR, instituciones de seguridad social estatales y otras del sector público),2 lo anterior resulta alarmante toda vez que los mexicanos continúan enfrentándose a serios problemas de acceso al cuidado médico.

En este sentido, Yucatán es un estado que si bien en los últimos años ha venido desarrollándose en materia de salud, su alcance aún no es suficiente para cubrir las necesidades sanitarias de la población. De acuerdo con el INEGI, en 2011 la cobertura de camas de hospital censadas por cada 100 mil habitantes fue de 90.2, cifra por debajo de estados como Campeche, Coahuila, Sonora, Baja California Sur o el Distrito Federal que en promedio contaron con 100 o más camas.

En estados como Tabasco e Hidalgo cuya densidad poblacional es semejante a la de Yucatán, el personal médico ascendió a más de 5 mil, mientras que en Yucatán sólo se contabilizaron 3,944 médicos.

Otro dato importante es que para 2011, el INEGI señaló que por cada 100 mil habitantes en Yucatán, se cuantificaron 57 consultorios públicos, cifra inferior a la media nacional de 64 y cantidad muy por debajo de estados como Baja California Sur con 95, Campeche con 86, Colima con 90, Nayarit con 94 o Tabasco con 101 consultorios. No cabe duda que este dato constituye un foco de atención para emprender acciones para el mejoramiento del sector.

Es conocido que una oferta inadecuada de médicos y enfermeras en las zonas más pobres así como una carencia de medicamentos, reduce la capacidad de proporcionar con calidad los Servicios de Salud en las entidades. Muestra de lo anterior es Yucatán que reporta una ocupación hospitalaria de 82.1% mientras que la media nacional es de 72.4%, colocando al Estado como uno de los cinco con el mayor porcentaje de saturación, solo por debajo de Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Morelos.

En otros ámbitos referentes al sector salud, los resultados para Yucatán no son los más alentadores. En 2011, el Estado se encontró en el lugar 22 respecto del número de quirófanos de sector público por cada 100 mil habitantes, donde la Entidad reportó 2.7 mientras que la media nacional fue de 3.2.

Ante esta situación, resulta necesario promover con mayores recursos la conclusión de dos hospitales generales de segundo nivel ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán, los cuales garantizarán salud pública gratuita a los ciudadanos de la Entidad que más lo requieran.

El primer hospital ubicado a 169 km de la ciudad de Mérida en el municipio de Valladolid, cuenta  con una superficie de terreno de 30 mil metros cuadrados y de construcción 10 mil 385 m2, inició su construcción en 2006 y aún cuando ya fue inaugurado en el año 2012, faltan recursos para su conclusión y equipamiento.

El hospital contará con un total de 60 camas, áreas de diagnóstico y tratamiento, consulta externa y hospitalización, así como servicios generales, plaza de acceso, jardín, salón de usos múltiples, sala de juntas y una pista denominada corredor de salud.

Este nosocomio cubrirá la demanda de servicios médicos de 250 mil habitantes de la región y dada la ubicación del mismo también brindará servicio a los habitantes del estado de Quintana Roo.

El segundo hospital se encuentra ubicado a 112 km de la capital de Mérida, en el municipio de Tekax, Yucatán. Los trabajos para la construcción del nosocomio iniciaron en el año 2005 sin que a la fecha se haya concluido.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, de 2007 a 2009 se destinaron a través del Presupuesto de Egresos de la Federación recursos por un monto de 94.51 millones de pesos para el hospital de Tekax.

Se tiene proyectado contar con 30 camas, 2 quirófanos, sala de expulsión, consultorios generales, laboratorio, rayos X, auditorio, almacén, cuarto de máquinas, oficinas administrativas, baños públicos, residencia médica, cocina, comedor, urgencias, y servicios generales.

El nosocomio beneficiará a una población de 150 mil habitantes de la región, por lo que para su conclusión y equipamiento se requiere de un presupuesto superior a los 35 millones de pesos.

En síntesis, resulta  necesario impulsar el sector salud a fin de garantizar con ello mayor calidad, cobertura y acceso al servicio médico para la población más desprotegida.

Por lo expuesto, con antelación someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento de dos hospitales generales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 01 de octubre de 2013.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz".

1Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Anuario de estadísticas por entidad federativa 2012.[Publicación en línea], páginas 167-199.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2012/Aepef2012.pdf

2IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PEMEX. Petróleos Mexicanos, SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional, SEMAR. Secretaría de Marina.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.






EXCITATIVA

Informo a la Asamblea que el Senador Mario Delgado Carrillo, entregó a esta Mesa Directiva una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 31 de octubre del año 2012.

“Quien suscribe, Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la Cámara de Senadores en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción III y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En sesión 31 de octubre de 2012, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los Senadores De los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, María Alejandra Barrales Magdaleno, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La iniciativa refiere que la exclusión del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), representa una importante pérdida para la Ciudad. Por ello, se pretende que los habitantes del Distrito Federal se vean beneficiados con estas aportaciones federales.

El 25 de septiembre de 2013, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, y el Secretario de Hacienda de y Crédito Público, Luis Videgaray, acordaron que la federación respaldará los planteamientos financieros de la Ciudad de México.

Manifestaron el interés común en apoyar iniciativas como la creación de un  fondo de capitalidad y la inclusión, por primera vez, del Distrito Federal al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Dado que 1) está en marcha el plazo legal para la discusión y aprobación del paquete económico del 2014, 2) en ese paquete se determinan los recursos federales que corresponden las entidades federativas, 3) el Distrito Federal es una entidad federativa que tiene derecho a los recursos de participaciones y aportaciones federales, con base en la ley, 4) los ingresos y los recursos presupuestales se determinan anualmente en la ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 5) la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal permitirá al Distrito Federal ser titular de los recursos del FAIS, a partir del 1 de enero de 2014, de forma respetuosa propongo excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República con la finalidad de que determine en breve el sentido de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República para que comunique al Pleno a la brevedad el sentido de la iniciativa que tiene por objeto, que tanto el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales sean incluidas y beneficiadas del FAIS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2013.

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

Por lo que esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presente el dictamen que corresponda.

También les informo que los demás asuntos inscritos en la agenda de hoy se turnarán a comisiones.






PROPUESTAS

Del C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, a instrumentar la estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques, para su distribución y comercialización. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ENERGIA Y A PETROLEOS MEXICANOS A INSTRUMENTAR LA ESTRATEGIA INTEGRAL NECESARIA PARA HACER FACTIBLE A CORTO PLAZO LA TRANSPORTACION DE GAS NATURAL AL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE AUTOTANQUES, PARA SU DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION








De la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a realizar diversas acciones a fin de promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de su 65 aniversario conmemorativo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE PROMOVER LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL MARCO DE SU 65 ANIVERSARIO CONMEMORATIVO

"Los que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con el carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE PROMOVER LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE SU 65 ANIVERSARIO CONMEMORATIVO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

El 10 de diciembre del año 1948 en Paris, Francia fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se publicó como “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”

Dicha Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de preámbulo y treinta artículos, por lo que dada la relevancia de la introducción se cita a continuación:

PREAMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.

Del proemio arriba citado y de los articulados, se desprende el conocimiento y respeto de los derechos humanos llevará a las personas y a las naciones a una vida mejor, más justa y más plena.

A raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la comunidad internacional ha adoptado una serie de tratados en los que los estados miembro se comprometen formalmente a respetar los derechos en materias específicas.

En el año 2002, nuestro país muestra su compromiso a nivel internacional con el respeto irrestricto a los derechos humanos con la instauración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, cuya misión es la de supervisar y apoyar el respeto de los derechos humanos en el país.

2.- Marco Jurídico Mexicano.

El Estado Mexicano no sólo ha suscrito y ratificado un número muy importante de tratados internacionales y que por mandato constitucional, manifiesto en el artículo 133,han adquirido el carácter de Ley Suprema en toda la Unión, sino que también ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos ordenamientos el pleno respeto a los derechos humanos.

En nuestra carta magna encontramos la firme convicción del Estado Mexicano de respetar y promover los derechos humanos destacando para ello el contenido de su Título Primero, capítulo I denominado “De los derechos humanos y sus garantías”. El cual en su artículo primero señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Lo anterior, reconoce el principio pro persona, bajo el cual se asegura que la persona gozará de la mayor protección posible, ya sea que ésta la brinde alguna ley mexicana o bien el contenido de algún tratado internacional.

Adicionalmente, es importante señalar que el tercer párrafo del citado artículo constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos en que establezca la ley.

Lo anterior, ratifica la sólida convicción del Estado Mexicano de respetar y promover los derechos humanos.

En el artículo tercero de nuestra Carta Magna encontramos la obligación del Estado de fomentar todas las facultades del ser humano como el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por vocación propia y por responsabilidad internacional, la Ley General de Educación establece que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo tercero Constitucional el de promover el valor de la justicia, la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.

3.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El artículo 102 Apartado B señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. A nivel federal dicho organismo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ésta contará con autonomía de gestión y presupuestaría, personalidad jurídica y patrimonio propios.  Con ello los mexicanos nos dotamos de un organismo especializado en la defensa de nuestros derechos humanos.

4.- Tribunales para la Defensa de los Derechos Humanos.

La Constitución en su artículo 103 establece que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, entre otras cosas,  por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la misma Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

5.- Compromiso Presidencial.

El pasado 1° de diciembre, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en su primer discurso efectuado en Palacio Nacional expresó su compromiso por trabajar en hacer realidad los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Textualmente expresó:

Trabajaré por un Gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: Hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución.”

En mérito de lo anterior y con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara y contundente en el reconocimiento de los derechos humanos, al señalar “ad literam”:

(…)

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(…)

Que el Estado Mexicano firmó y ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como una serie de tratados internacionales relativos al reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos y que estos por mandato constitucional tienen el carácter de Ley Suprema.

II. Que el artículo 28 constitucional en su párrafo séptimo señala que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. Ahora bien, por lo que respecta a la acuñación de monedas conmemorativas y de curso legal la Ley de la Casa de Moneda de México establece lo siguiente:

Artículo1o.-La acuñación de moneda es una función que ejerce de manera exclusiva el Estado en los términos del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes y decretos del Congreso de la Unión, y conforme a las políticas y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo4o.-La Casa de Moneda de México tendrá por objeto la acuñación de la moneda de curso legal en el país.

En la realización de su objeto, procederá a la acuñación conforme a las características y denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión y a las órdenes de acuñación del Banco de México, en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de este último.

Artículo 5o.- La Casa de Moneda de México realizará, además, las siguientes actividades:

I.- Diseñar y producir las medallas que otorga el Gobierno Mexicano, conforme a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como otras medallas conmemorativas que determinen las leyes o para fines oficiales y particulares.

(…)

Asimismo, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos estipula en el artículo segundo inciso c) que las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.

Por su parte, el capítulo II de la Ley del Banco de México, relativa a la Emisión y Circulación Monetaria, estipula:

(…)

Artículo 4o.-Corresponderá privativamente al Banco de México emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que esta Ley le autoriza realizar.

Del 5° al 61 (…)

Artículo 62.- El Banco de México podrá:

I (...)

II. Llevar a cabo, directamente o a través de terceros, la comercialización de monedas conmemorativas, así como de los billetes y las monedas metálicas, que tengan empaque o acabado especial;

(…)

III. Que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es una Entidad Paraestatal sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que con fundamento en el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Lotería para la Asistencia Pública, determina lo siguiente:

Artículo 6o.- Corresponde a la Junta Directiva:

I.- (…)

II.- Aprobar, supervisar y evaluar los programas del organismo;

III.- (…)

IV.- Aprobar las bases para la realización de las distintas clases de sorteos;

Del V al X (…)

Asimismo, el artículo 7° de dicho ordenamiento legal determina, entre otras, la siguiente atribución al Director General:

Artículo7o.- Corresponde al Director General:

Del I al II (…)

III.- Elaborar y proponer a la Junta Directiva los programas y presupuestos del organismo;

IV al VI (…)

Cabe señalar que, el Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, señala sobre la integración de la Junta Directiva:

Artículo5o.- La Junta Directiva estará integrada por seis miembros y será presidida por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo los demás integrantes de la misma los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Programación y Presupuesto y de Salud y dos personas designadas por el Presidente de la República, una de las cuales fungirá como Director General.

En las ausencias del Presidente, la Junta Directiva será presidida por los Secretarios de Estado miembros de la misma en el orden antes establecido. En ausencia de tales miembros propietarios, los suplentes que designen presidirán las sesiones en el orden señalado con anterioridad.

El artículo 6° de dicho Reglamento Interior establece, entre otras, las siguientes atribuciones de la Junta Directiva:

Artículo 6o.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley Orgánica, corresponde a la Junta Directiva:

I.- (…)

II.- Aprobar, supervisar y evaluar los programas del organismo;

III.- (…)

IV.- Aprobar las bases para la realización de las distintas clases de sorteos;

Del V al X (…)
Aunado a lo anterior, el artículo 7° del Reglamento Interior establece sobre las reuniones de la Junta Directiva como sigue:

Artículo 7o.- La Junta Directiva se reunirá una vez cada tres meses, cuando menos, de acuerdo con un calendario que será aprobado en la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiendo además celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.

Adicionalmente, el artículo 10º del citado Reglamento versa sobre las facultades que tiene del Director General:

Artículo 10o.- En los términos de la Ley Orgánica de la Entidad, corresponde al Director General:

I.- Dirigir, administrar y representar legalmente al Organismo, para lo cual estará investido de las siguientes facultades:

Del inciso a)al inciso e)

II.- (…)

III.- Elaborar y proponer a la Junta Directiva los programas y presupuestos del organismo;

Del IV al VI (…)

Por último, el artículo 12º del multicitado Reglamento menciona sobre las bases de los Sorteos, como a continuación se transcribe:

Artículo 12o.- Los sorteos que para el cumplimiento de su objeto lleve a cabo la Institución, se regirán por las bases que para cada tipo de los mismos dicte la Junta Directiva, las que se darán a conocer al público a través del Diario Oficial de la Federación y otros medios de difusión que acuerde el Director General.

Cabe señalar que de acuerdo al Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, emitidos el seis de septiembre del año 2012, establece dentro de los objetivos y funciones de la Dirección General los siguientes:

1. Emitir las políticas, estrategias y prioridades Institucionales a nivel nacional relativas al diseño, desarrollo, producción y comercialización de los productos Institucionales, así como de modernización, desarrollo tecnológico, productividad y transparencia de la Entidad, para dar cumplimiento en los términos de la legislación y normatividad aplicable.

2. Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, de acuerdo a las políticas fijadas por la Junta Directiva y estipuladas en las normas y lineamientos que señale el Ejecutivo Federal, con el propósito de establecer las medidas que optimicen y racionalicen el patrimonio de la Institución.

IV. Que el 10 de junio de 2011, se publicó el decreto de Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos, por el que el Estado Mexicano reconoce tratados internacionales de los cuales forma parte en los cuales se reconocen a derechos humanos. Por lo que respecta al artículo tercero constitucional párrafo segundo señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Asimismo, la Ley General de Educación establece en su artículo séptimo fracción sexta lo siguiente:

(…)
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del I al V (…)

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

(…)

V. Que el artículo 4° del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, establece que la dirección y administración del “Sistema de Transporte Colectivo” estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por los siguientes servidores públicos:

ARTICULO 4o.- La dirección y administración de “Sistema de Transporte Colectivo” estará a cargo de un Consejo de Administración que se integrará con los siguientes Consejeros Propietarios:

a).- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, quien tendrá el carácter de Presidente del Consejo.

b).- El Secretario del Patrimonio Nacional.

c).- El Secretario de Comunicaciones y Transportes.

d).-Tres representantes que designe el Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Por cada Consejero Propietario deberá designarse un suplente.

El Jefe del Departamento del Distrito Federal, en caso de empate, tendrá voto de calidad.

Que el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 20, párrafo I, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal:

(…)

Artículo 20. - Como actividad prioritaria de la Administración Pública, formarán parte del Sistema de Transporte Público Local de Pasajeros el concesionado, así como los que proporciona el Gobierno, mismos que se clasifican en:

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento y desarrollo se regirá por su decreto de creación, el cual forma parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; la Red Pública de Transporte de Pasajeros deberá ser planeada como alimentador de este sistema;

Del II al IV

(...)

Que el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, en sus artículos 6 y 7 establecen la integración y funcionamiento del Consejo de Administración, tal y como se transcribe a continuación:

(…)

ARTICULO 6°.-Con fundamento en el artículo 50 de la Ley, el Consejo de Administración estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros propietarios designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y de sus respectivos suplentes. El Consejo de Administración de acuerdo a la estructura antes mencionada estará integrado mayoritariamente por servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, sin que en ningún caso existan regímenes especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de dichos servidores públicos, tal y como se dispone por el artículo 46 de la Ley.

ARTICULO 7º.- En cumplimiento a los preceptos antes invocados, el Consejo de Administración se integrará con los siguientes miembros propietarios de la Administración Pública Centralizada: El titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, quién será el Presidente del Consejo de Administración, o bien, la persona que éste designe para tal efecto; el titular de la Secretaría de Gobierno; el titular de la Secretaría de Finanzas; el titular de la Secretaría de Obras y Servicios; el titular de la Oficialía Mayor; de la Administración Pública Paraestatal: los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados denominados Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal; y Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Por parte de la Administración Pública Federal: el Secretario de Comunicaciones y Transportes o la persona que éste designe; el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. o las personas que él designe; y el representante o representantes del Gobierno del Estado de México que en ejercicio de la soberanía de dicha Entidad Federativa designe el Gobierno de la misma.

(…)

El artículo 10 del Estatuto Orgánico que nos ocupa, señala como obligaciones del Consejo de Administración las siguientes:

ARTICULO 10.- Son atribuciones indelegables del Consejo de Administración, las siguientes:

I.- Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que se sujetará la Entidad relativas a productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general;

II.- Aprobar los programas y presupuestos de la Entidad, así como sus modificaciones en los términos de la legislación aplicable, apegándose a los lineamientos que establezcan las autoridades competentes;

Del III al VI (…)

VII.- Aprobar, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Entidad con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;

Del VIII al XIX (…)

XX.- Dictar los acuerdos procedentes para el desahogo de los puntos del orden del día que fue convocada la sesión correspondiente; y

XXI.- (…)

Ahora bien, el artículo 21 del multicitado Estatuto Orgánico establece las obligaciones y facultades del Director General las cuales entre otras están las de ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración, tal y como se menciona a continuación:

(…)

ARTICULO 21.- El Director General, tendrá a su cargo la conducción, organización, control y evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con eficiencia, eficacia y productividad, contando para ello con las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración, así como administrar y representar legalmente al Organismo en todos los actos que requiera su intervención;

(…)
Por último, en la Sección Segunda del Estatuto Orgánico, denominado “De las Direcciones”, en el artículo 31 señala las facultades y  obligaciones de la Dirección de Medios, como se transcribe a continuación:

(…)

ARTICULO 31.- Corresponde a la Dirección de Medios las siguientes facultades y obligaciones:

De la fracción I al XVII (…)

XVIII.- Vigilar la aplicación de las políticas y acciones formuladas por la Dirección General, en materia de comunicación social, atención al usuario, y programas prioritarios, grupos vulnerables, tercera edad y personas con alguna discapacidad;

XIX.- (…)

XX.- Promover acciones tendientes a fortalecer una cultura de respeto a las minorías a través de convenios con Instituciones u Organismos para evitar todo tipo de discriminación en contra de los usuarios y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo;

(…)

VI. Que es imprescindible el conocimiento y asimilación de la población respecto de la importancia de hacer cumplir los derechos humanos ya que su ignorancia o menosprecio es lo que atenta en primer lugar, con su respeto. 

En mérito de lo antes expuesto, la que suscribe formula con el carácter de urgente y obvia resolución  el presente Punto de Acuerdo bajo los siguientes resolutivos:

PRIMERO.-El Senado de la República, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a realizar un acto conmemorativo por el sexagésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Banco de México evalúe la posibilidad de acuñar monedas conmemorativas por el sexagésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con ello contribuir a su promoción.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emita un Billete de Lotería Conmemorativo por el sexagésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CUARTO.-El Senado de la República, invita a la Secretaría de Educación Pública paraque dentro de los planes de estudio de las escuelas se realicen talleres que contribuyan a la difusión y promoción de los Derechos Humanos.

QUINTO.-El Senado de la República, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, emita boletos conmemorativos que contribuyan a la difusión y promoción de los Derechos Humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 01 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza".

Las efemérides y las intervenciones de la agenda política inscritas en nuestro Orden del Día, se integran al Diario de los Debates.






EFEMERIDES

De la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del natalicio de don José María Morelos y Pavón.

“Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de la Efeméride en relación con el 30 de septiembre, fecha en la que se conmemora el  CCXLVIII Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón.

Efeméride del 30 de septiembre:

“Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías”.

Palabras de Don José María Morelos y Pavón, “Siervo de la Nación” quien nació en Valladolid, actual Morelia Michoacán, el 30 de septiembre del año de 1765, hijo de Manuel Moreno y de Juana Pérez Pavón, religioso, político y militar mexicano, caudillo de la independencia de México. Asumió el liderazgo del movimiento independentista tras la muerte del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Es para mí un gran honor conmemorar el Natalicio de este prócer de la historia mexicana, pues el estado que represento lleva su nombre.

Don José María Morelos y Pavón dio forma política a sus ideales de justicia e igualdad, su trabajo como sacerdote, fue escaso, pues su espíritu aguerrido lo condujo a aceptar la encomienda del cura Hidalgo, para levantarse en armas en la costa del sur de nuestro país, su primer enfrentamiento fue en contra del realista Luis Calatayud, iniciándose su actividad insurgente, misma que duraría cinco años, en los que fue capaz de desarrollar cuatro campañas con estrategias militares muy avanzadas, la primera de ellas tuvo como principal objetivo el de organizar y constituir un cuerpo de tropas disciplinado y bien armado, atraer la simpatía de los intelectuales y hacendados criollos para la defensa del país y de la religión. La segunda campaña consistió en expandir su ejército para combatir al virreinato, el Sitio de Cuautla fue una resistencia que formó parte de esta segunda etapa de lucha, lo que condujo a la tercera campaña, de mayor actividad y más éxito para nuestro caudillo pues obtuvo una brillante victoria en el Estado de Oaxaca, que le permitió reforzar su prestigio personal al derrotar las tropas del General Español González Saravia. Finalmente su cuarta campaña, se destacó por el contenido político y doctrinal, se destaca por su brillante aportación de nuestras bases constitucionales, a través de un pensamiento social avanzado e innovador, consciente de las necesidades del pueblo mexicano y sensible al sufrimiento humano, es en esta cuarta campaña donde presenta en la apertura del Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, su proyecto nacional en 22 artículos  de nominado “Sentimientos de la Nación”.

El texto de los “Sentimientos de la Nación” amenazaron los intereses de los realistas y la corona española, pues proclamaba una América libre e independiente; la división en el ejercicio del poder; el derecho al trabajo; el fomento de la educación para abatir la ignorancia motivo de toda rapiña y hurto y en general, el establecimiento de la equidad entre los mexicanos, la igualdad ante la ley y la garantía de ser respetados por su condición de seres humanos;  lo que adquiere el carácter de principios pétreos de nuestra Ley Fundamental.

Por ello, fue excomulgado, perseguido, torturado por los realistas españoles, principalmente por Félix María Calleja, dándole muerte el 22 de diciembre de 1815 de una manera cruel, pues nunca se doblegó ni quiso pedir compasión de sus enemigos, murió dignamente sin contradecir por lo que peleó durante su existencia.  

Por lo anterior, enaltecemos desde esta tribuna el Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, quien predico con el ejemplo, al defender con su cuerpo sus ideales y despertar en los mexicanos la necesidad de elevar a rango constitucional las libertades nacionales y las restricciones del poder.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.






Del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del día 2 de octubre.

“Compañeras y Compañeros Legisladores:

Dice Hannah Arendt que cuando los individuos dejan de pensar, de reflexionar, se deshumanizan.

Y son los jóvenes, los estudiantes, quienes por naturaleza, asumen como una parte importante de su propia identidad, la capacidad de pensar, de reflexionar, de criticar.

El 2 de octubre  se conmemora el Aniversario de los caídos por la lucha de la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

El 2 de octubre de 1968 se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una gran manifestación estudiantil en demanda de mayor libertad de expresión, a unas cuantas semanas de que se celebraran en México las Olimpiadas.

En ese momento el mundo se enmarcaba en distintas movilizaciones que anteponían el valor de la dignidad, la individualidad, la subjetividad, frente a sus opuestos la deshumanización, la totalización, la instrumentalización.

La tarde del 2 de octubre de 1968no la vamos ni la podemos olvidar. Tenemos no sólo un derecho, sino un deber de recordar esa fecha.

Hoy, a 45 años, no podemos callar, porque, si callamos, nos deshumanizamos; tenemos que hablar, recordar, conmemorar, como un ejercicio ético que vincule pasado, proporcione sentido al presente, y ponga las condiciones para un mejor futuro.

Hoy, la edad mediana en el país es de 26 años. Nuestro mayor capital, los jóvenes, tienen derecho a un futuro de oportunidades; sin embargo, su presente es incierto y su futuro indeterminado. No los podemos dejar solos, atacándolos ayer con balas y hoy atacándolos con el terrible abandono.

Para acabar con las nuevas formas de opresión política, económica, ideológica, tenemos que ejercer nuestro derecho a disentir en lo político y a ser respetados en lo ético.

Ninguna mexicana ni mexicano ha olvidado ese acontecimiento ni las nuevas generaciones podrán olvidar y recordarnos cuál es nuestra deuda.

La memoria sigue siendo parte de la historia de la humanidad. El derecho de los jóvenes a manifestarse debe ser respetado. Además, estamos aquí para -en plena acción- expandir y hacer plenos sus proyectos de vida.

Debemos aprender de los jóvenes que así como aman la libertad, aman la verdad.

Muchas Gracias”.






INTERVENCION

De la C. Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con motivo de la reciente masacre de estudiantes en el estado nigeriano de Yobe.

"Con su venia Señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores.

He solicitado el uso de esta alta tribuna, para saludar hoy primero de octubre,  al hermano país de Nigeria en ocasión de la celebración de su Día Nacional, pero también, para expresarle la solidaridad y consternación del Senado mexicano por la lamentable masacre perpetrada en contra de un grupo de estudiantes de la Universidad del Estado de Yobe.

Nigeria es hoy una potencia petrolera y el país más poblado de África. Actualmente cuenta con 150 millones de habitantes y se ubica en la parte occidental de ese continente. Es importante destacar, que Nigeria está constituido por un enorme mosaico de diferentes etnias y credos religiosos, como muchos de otros países de la región subshariana de África.

Lamentablemente y durante los últimos tiempos, ese país hermano ha tenido fuertes conflictos generados por diferencias entre la presencia  musulmán que se arraiga en el norte y un sur con mayoría cristiana.

Dos cosas quiero expresar desde esta tribuna. En primer lugar, el pésame de quienes integramos la Comisión que me honro en Presidir al  gobierno nigeriano a través de su Embajada representada en nuestro país por la muerte de estos jóvenes estudiantes, y en segundo lugar, nuestro profundo deseo porque Nigeria encuentre pronto las claves para una reconciliación nacional que permita que sus habitantes vivan en paz, independientemente de sus diferencias religiosas, étnicas o de otro tipo.

Sería deseable aplicar en esas tierras africanas esa teoría de relaciones internacionales denominada “Diálogo entre Civilizaciones” formulada por primera vez por Mohammad Jatamí, presidente de Irán.

Cabe recordar que el término cobró fama después de que la ONU adoptara una resolución con ese nombre para promulgar 2001 como año del diálogo entre civilizaciones.

A partir de entonces, y con la idea de construir “la paz en la mente de los hombres” la UNESCO  tomó el tema y estableció como  objetivo principal del diálogo entre civilizaciones, cerrando la brecha en el conocimiento sobre otras culturas y sociedades, a fin de establecer las bases para un diálogo apoyado en la universalidad de los valores compartidos.

Por su atención, muchas gracias".






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo 3 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:57 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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