Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 29 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 7

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Septiembre de 2013

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 79 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 19 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal,a las doce horas con cuatro minutos del día miércoles dieciocho de septiembre de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves doce de septiembre de dos mil trece.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitióun pronunciamiento en torno a los efectos delos fenómenos hidrometeorológicos en el territorio nacional.- Se guardó un minuto de silencio por la personas fallecidas.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Cultura, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Añode Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Seguridad Social, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Contra la Trata de Personas, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Añode Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión dePesca, Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Presidente de la Comisión de Administración del Primer Año de Ejercicio, Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente a dicho periodo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio, el Programa de Trabajo y el proyecto de Calendario Anual de reuniones ordinarias de esa comisión para el Segundo Año de Ejercicio.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente dela República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 21 al 25 de septiembre del año en curso, con el objeto de participar en el Debate General del 68o Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de NuevaYork, Estados Unidos de América, al tiempoque desahogará varias actividades asociadas conla agenda bilateral con Estados Unidos deAmérica.- Quedó de enterado. Se remitiócopia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del país del 3 al 9 de octubre de 2013, con el objeto de realizar una Visita de Estado a Singapur (4 y 5 de octubre); una Visita Oficiala Indonesia (6 de octubre) y participar en laCumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013(APEC CEO Summit, 6-7 de octubre), y en laXXIReunión de Líderes Económicos de APEC(7 y 8 de octubre), que se realizarán en Bali, Indonesia.- Quedó de enterado. Se remitiócopia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

(Iniciativas)

La Senadora Cristina Díaz Salazar, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican dos párrafos al artículo 66 y una fracción iv bis al artículo 115 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Romo Medina, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos Senadores, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y décimo cuarto al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas eldía doce de junio de dos mil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Bicentenario dela adhesión del estado de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el 14 de septiembre de 2024.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

   

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo en torno a la reforma integral en materia de aguas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional del Agua a realizar las acciones pertinentes y declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivodel estado de Baja California Sur a impulsar lasacciones necesarias para establecer diferentes criteriosde planeación y gestión integral para la captaciónde recursos hídricos en la entidad.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar en torno de la obra del túnel emisor oriente.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a analizar la viabilidad de promover un reajuste tarifario a fin de no condicionar el pago de los contratos de agua y drenaje de los ejidos afectados por la sequía en el estado.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que se da por atendida la proposición que exhortaba al Poder Ejecutivo Federal a instrumentar acciones en apoyo a los productores agrícolas del estado de Guanajuato.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Omar Fayad Meneses, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a rendir un informe sobre las fallasque existen en materia de prestación de serviciosde telefonía celular.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Javier Lozano Alarcón del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar un informe detallado sobre el subejercicio realizado, así como el destino del gasto de todas las dependencias que integran la Administración Pública Federal, antes de la discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo al conflicto de la presa “Picacho” en el estado de Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, delgrupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir una postura respecto al Acuerdo tomado en el xxiii Congreso Mundial de Filosofía, de incorporar disciplinas filosóficas en la enseñanza primaria y secundaria en las próximas estructuras curriculares.- Consideradode urgente resolución. Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Luz María Beristain Navarrete, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Turismo a intervenir en el análisis, evaluación e inviabilidad del proyecto “Dragon Mart” en Cancún, México.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El Senador Humberto Mayans Canabal, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a crear y apoyar un programa especial para la educación de personas con capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Los Grupos Parlamentarios presentaron una proposición con punto de Acuerdo en relacióncon los daños ocurridos a consecuencia de los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel".- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Héctor Yunes Landa del PRI; Fernando Yunes Márquez del PAN; Sofío Ramírez Hernández del PRD; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; David Monreal Ávila del PT; Benjamín Robles Montoya del PRD; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN; Teófilo Torres Corzo del PRI; Raúl Morón Orozco del PRD; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. Fue aprobado en votación económica.

(Dictamen a discusión)

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el dos de abril de 2013 y firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el tres de junio del mismo año, acompañado de una opinión de la Comisión de Derechos Humanos.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la Sesión, intervino el Senador Manuel Bartlett Díaz del PT. Con dispensa de la primera y segunda lecturas, fue puesto a discusión. Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Laura Angélica Rojas Hernández, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Omar Fayad Meneses, por la Comisión de Seguridad Pública. En la discusión del dictamen, intervinieron los senadores: Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, en pro; Dolores Padierna Luna del PRD, en pro; y Layda Sansores San Román, en contra. Fue aprobado en votación nominal por 80 votos en pro y 5 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Comunicación)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa la designación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Senadora Arely Gómez González como integrante de ese órgano, en sustitución de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Quedó de enterado.

(Excitativas)

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, presentado el 18 de diciembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, presentado el 3 de abril de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Justicia.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para la creación de centros de iniciación artística y escuelas de educación artística a nivel básico, medio superior y superior en cada una de las entidades federativas que no cuenten con una.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del gasoducto Los Ramones.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados de sur-sureste de México.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación supervise y entregue de manera precisa, puntual y con base en el Programa de Apoyos Directos al Campo, el apoyo económico a los productores del campo zacatecano a fin de contribuir a su crecimiento económico individual, familiar y del estado.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar respecto al estatus que guardan los permisos que se hayan otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en aguas marinas adyacentes al estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión Pesca.

(Efemérides)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 28 aniversario del terremoto que azotó la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención en torno al conflicto internacional de los Estados Unidos de América y Siria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta dela Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, remitió intervención para referirse a los acontecimientos ocurridos en Washington, D.C., el 16 de septiembre del año en curso.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con veinticinco minutos y citó a la siguiente el jueves diecinueve de septiembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría, informe al Pleno de las resoluciones que ha adoptado la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se han abordado en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron en la reunión de hace unos momentos.

La Mesa Directiva con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó siete ampliaciones de plazo, al mismo número de asuntos que le solicitó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la presentación de los dictámenes respectivos. Estos asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

De la misma manera, se les comunica que en el cumplimiento al numeral 3 del artículo 177 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por los Senadores del PRD, el 14 de agosto pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica los turnos y resoluciones que ha leído la Secretaría.

Compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al Día Nacional de Protección Civil.





 

MINUTO DE SILENCIO

Antes, respetuosamente, solicito a la Asamblea, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el sismo de 1985.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se les solicita ponerse de pie a todos los presentes.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias.





 

INTERVENCIONES

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- El C. Senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Hoy recordamos los sismos de la ciudad de México de 1985 y lo hacemos en un momento, en donde nuestro país está afectado, lastimado y dolido por los fenómenos meteorológicos que están lastimando a buena parte de la sociedad y del país.

Creo que este es un momento en donde cada uno de nosotros tiene que poner lo mejor que tiene para recordar bien, para no olvidar y para contribuir a que estos problemas que hoy vive nuestro país, se resuelvan de la mejor manera posible.

Recuerdo el cuadro, que todos conocemos, de 1985. Se destruyó la infraestructura de la ciudad, los teléfonos no funcionaban pero; sobre todo, quedaron 100 mil personas, 100 mil familias sin vivienda, medio millón de habitantes de esta ciudad que no tenían a dónde vivir.

Estábamos frente a un drama, creo yo, comparable con lo que hoy se está viviendo en el país. Y esa situación llevó a una gran descoordinación inicial, a grandes enojos, a movilizaciones, para finalmente lograr lo que parecía muy difícil de conseguir, que era, que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre lo que tenía que hacerse en esta ciudad y hacerlo con puntualidad y hacerlo con honestidad y hacerlo con efectividad.

Yo quisiera, simplemente, en este momento, decir lo que me parece que serían las lecciones de 1985, para el 2013.

La primera. Estos asuntos requieren de coordinación interinstitucional y requieren de mando. No se pueden atender, si esto no existe, y esto es distinto a simplemente a aparecer en los medios y dar la apariencia de que las cosas están siendo atendidas.

Se trata y se necesita de una verdadera coordinación institucional que llegue a los lugares y a las familias afectadas.

Lo segundo. Lo que se necesita en momentos tan difíciles, como el que hoy vive el país y vivió en 1985, es un gobierno que se decida a actuar con un espíritu de justicia y de inclusión social.

Cuando estas cosas ocurren, los más afectados son los más pobres y tiene que haber un principio de equidad en la atención. No se puede tratar a todos igual, tiene que haber recursos para compensar los daños a los afectados.

Lo tercero. Es que se necesita dinero, se necesita dinero con oportunidad y se necesita un manejo escrupuloso de los programas, completamente transparente, donde no haya nadie que pueda decir que alguien se corrompió, que hay funcionarios que se enriquecieron con los programas de asistencia.

Lo cuarto. La cuarta lección, es que estos proyectos de reconstrucción, de reconciliación, de atención, no sólo son proyectos económicos o técnicos, son proyectos en donde hay que combinar la mejor técnica, con el adecuado financiamiento y con un componente social que es indispensable, de otra manera, los proyectos van al fracaso.

La quinta lección. Me parece importante, es la definición de la participación de los sectores de la sociedad. Una tragedia de este tamaño no la puede resolver sólo el gobierno. Se necesita de la colaboración del sector privado, sobre todo, de la industria de la construcción, y se necesita del respaldo y de la aprobación de las comunidades.

Y la combinación de estos tres, se tiene que hacer sobre una definición clara, de dónde están los límites de actuación del gobierno, de las empresas y de la comunidad.

Y por último, quiero recordar, que cuando ocurren estas tragedias, se genera una enorme turbulencia en la vida política de las comunidades.

Yo creo que la ciudad de México cambió después del '85. No volvió a ser igual.

Y el '85 trajo un cambio en la correlación de las fuerzas que se reflejó en las elecciones de 1988, y por esas elecciones del '88 se hizo la reforma política de la ciudad, de tal manera que el México, ciudad de México de 1985, ya no tenía nada que ver con el México de los 90´s y el México del año 2000.

Entonces, me parece que tenemos que estar preparados para que lo que hoy ocurra en el país, sabiendo que va haber repercusiones políticas, seamos absolutamente escrupulosos en no utilizar los programas con propósitos clientelares porque eso no hará más que revertir las acciones de ayuda en contra de las autoridades que se dediquen al clientelismo político y electoral.

Se necesita, frente a una situación como la que hoy está viviendo el país y como la que se vivió en el '85, una enorme generosidad, una gran capacidad de atender los asuntos sin predilecciones políticas, y una determinación democrática que será la única que sea capaz de absorber estos conflictos y canalizarlos hacia una recuperación y restablecimiento de la vida normal de las comunidades y de la fortaleza de las instituciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Camacho Solís.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si usted nos lo autoriza, entregar por escrito el posicionamiento del grupo parlamentario para que quede registrado en el Diario de los Debates una conmemoración tan importante.

(Posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México)

"Compañeros Senadores

México después de aquel 19 de septiembre de 1985, comenzó una nueva etapa.

Ese año, para muchos de nosotros trae duros recuerdos, las pérdidas materiales, el dolor por la muerte de seres queridos y la incertidumbre por próximos eventos sismológicos, ocasionaron desconcierto general en las ciudades afectadas.

El sismo de 1985 fue devastador para la Ciudad de México, hoy se cumplen 28 años de ese terrible acontecimiento, en el que perdieron la vida casi cuatro mil personas, que además dejó esta metrópoli con grandes afectaciones, no sólo de forma material sino emocionales.

A partir de aquel fatídico momento México enfocó sus acciones en lo que ahora conocemos como PROTECCIÓN CIVIL, el cual es un mecanismo para poner a salvo miles de vidas y disminuir los efectos negativos de los desastres naturales.

Nuestro país, debido a la presencia de fallas geológicas y la acción de las placas continentales está asociado a una gran zona generadora de sismos y estos han ocurrido a lo largo de millones de años.

Lo que recordamos eldía de hoy, es sin duda a la sociedad mexicana actuando de manera desinteresada para ayudar a los más necesitados en esos momentos de desgracia.

Del sismo del 1985 se aprendieron muchas lecciones de vida, una fue la gran participación de la sociedad y las iniciativaspara crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres; Para lo que el gobierno federal decido establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil, (SINAPROC) dotándolo de una institución que proporcionó el apoyo técnico a las diferentes estructuras operativas que lo integran. Lo que nos permite ahora realizar programas de prevención, como los Simulacros de Evacuación.

Para la creación del SINAPROC se contó con el apoyo económico y técnico del Gobierno de Japón, quien contribuyó en la construcción y el equipamiento de las instalaciones; de igual forma proporcionó capacitación a los especialistas nacionales, a fin de mejorar los conocimientos y la organización en lo relativo a los desastres sísmicos.

Simultáneamente, la Universidad Nacional Autónoma de México proporcionó al personal académico y técnico especializado, y ha impulsado decididamente los estudios relacionados con la reducción de desastres en nuestro país.

Como resultado de estas tres importantes iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); teniendo el carácter de un organismo administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, quien aporta la estructura organizacional y provee los recursos para su operación. El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990.

La Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, define a la Protección Civil como: “Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”.

Es muy difícil estar preparados en su totalidad para enfrentar este tipo de fenómenos de la naturaleza, sin embargo, con protocolos especializados en los que participan la sociedad y el gobierno se pueden minimizar los daños y salvar vidas.

Reconocemos que los fenómenos naturales no pueden evitarse pero la forma de actuar es la que permite evitar el mayor daño posible, con protocolos especializados en los que participan la sociedad y el gobierno.

La educación de la prevención es una parte muy importante para conseguir una sociedad más segura en nuestro país.

Por ello como Legisladores debemos trabajar para que en cada fenómeno natural logremos evitar pérdidas humanas y disminuir el numero de daños materiales.

Nuestro país por su historia debe constituirse en ejemplo de prevención. Por ello, los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México hacemos un llamado para unir esfuerzos a favor de la Protección Civil y convocamos a la población en general a tomar las medidas necesarias de autoprotección ante los posibles desastres naturales.

Por su atención, gracias."

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Escudero Morales.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy, con profunda tristeza recordamos el movimiento telúrico, uno de los más fuertes registrados a nivel mundial, que acaeció en nuestro país en la mañana del 19 de septiembre de 1985. Hoy hace 28 años México se vistió de luto ante este sismo tan impresionante con el que la naturaleza nos castigó.

Las pérdidas materiales tan sólo en la ciudad de México fueron inmensas con inmuebles dañados, que en su gran mayoría posteriormente tuvieron que ser demolidos; las pérdidas humanas fueron cuantiosas superando la cifra de 6 mil muertos, cuando menos oficiales, e incontables heridos

Creo que esto nos debe dar una directriz de en qué estado está nuestro país en materia de protección civil. Creo que lo que hoy estamos sufriendo en la gran parte del territorio nacional, a donde se ha llenado de luto, de dolor, de tristeza a un sinnúmero de familias que aún se encuentran todavía enterrados en los aludes o en sus casas que se ha llevado la corriente, es cuando debemos poner un mayor énfasis en que cada uno de nuestros estados en materia de protección civil debemos prever todo lo que pudiera acontecer.

Pero dentro de todos estos males, debemos de reconocer la solidaridad de nuestro pueblo que proporciona sin limitaciones ayuda, esfuerzo, para que el gobierno pueda paliar los daños. No obstante que se rememora con tristeza, hay que reconocer que en México los avatares que nos han tocado vivir, siempre los mexicanos salimos con la frente en alto.

Solamente que hoy tenemos un gran reto de ser vigilantes de que no se aproveche este dolor, esta pena para que haya abusos, abusivos o ladrones que traten con el oportunismo característico de sacarle raja a esta desgracia que hoy estamos viviendo los mexicanos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

A nombre del Senado de la República, damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Angel Pascual, Presidente de la Federación Mexicana de Charrería; a la señorita Melissa Alejandra I, reina de los Charros de México; a la señorita María Esther Terán Velázquez, Presidenta de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales; así como a los representantes de diversas asociaciones de charros de la República mexicana, todos invitados por la Senadora Cristina Díaz Salazar.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Senador Presidente.

En estos días, hemos vuelto a experimentar la vulnerabilidad que tenemos como país frente a los desastres naturales. Hoy, lamentamos la pérdida de más de 80 vidas, que 155 municipios hayan tenido que recibir la declaratoria de emergencia, que haya 218 mil damnificados, más de 1.2 millones de mexicanos afectados y daños millonarios causados por el huracán “Ingrid” y el ahora también huracán “Manuel”. Es paradójico que la misma riqueza que entraña nuestra posición geográfica, la orografía y nuestros litorales comprenda el costo implícito de enfrentar cotidianamente los riesgos de sismos, fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas tropicales, sequías prolongadas, incendios forestales, erupciones volcánicas, entre otros.

Ante estas eventualidades pareciera que poco podemos hacer, la realidad es que gracias a los avances tecnológicos y al conocimiento, si bien no podemos evitarlo, sí es posible prevenir que los daños sean mayores y estar preparados para reaccionar.

La conmemoración del día 19 de septiembre, como el Día Nacional de Protección Civil establecido desde al año 2001 como recordatorio de los sismos ocurridos en 1985, nos da la oportunidad de reflexionar si hemos evolucionado como sociedad, sobre todo, en materia de prevención; si contamos con las herramientas de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, prestar auxilio y emprender acciones de recuperación posterior a un desastre.

Hoy, por fortuna, ya contamos con una Ley General de Protección Civil, de donde se desprende el Sistema Nacional de Protección Civil, el Atlas Nacional de Riesgos y el Centro Nacional de Prevención de Desastres; En el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan ejes de acción no sólo reactivos sino preventivos, en los estados ya contamos con reglamentos de construcción y de protección civil específicos, se realizan también simulacros en escuelas, oficinas y edificios públicos.

Las preguntas que surgen entre la población son muy diversas: ¿México está preparado para enfrentar la ocurrencia de sismos con magnitudes similares a los de 1985? ¿El gobierno federal y los gobiernos estatales están haciendo lo necesario para reducir los riesgos y minimizar el impacto de los desastre naturales? ¿Los ciudadanos contamos con información suficiente para saber cómo actuar antes, durante y después de una catástrofe? ¿México cuenta con las previsiones económicas para hacer frente a una contingencia mayor y posee los instrumentos financieros como fondos y seguros para solventar riesgos de tipo catastrófico?

Cada uno de estos cuestionamientos tienen respuestas parciales, y en otros casos insuficientes, pero es labor tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo impulsar las acciones necesarias para que el enfoque de nuestra estrategia de Protección Civil sea integral y se encuentre adecuadamente balanceado en los rubros de prevención, mitigación, reacción y recuperación. Por fortuna hemos avanzado mucho, pero hay una agenda pendiente.

La lamentable situación ante las inundaciones y lluvias torrenciales que enfrentan la mayor parte de nuestros estados, y que ha golpeado trece de ellos, vuelve a poner énfasis en la necesidad de estar preparados, preparados ante la ocurrencia de 1,500 sismos de baja y mediana intensidad al año, de más de 20 huracanes y tormentas tropicales anualmente, del riesgo que implican 12 volcanes activos en nuestro territorio nacional, de sequías e incendios forestales recurrentes, y ahora también por las amenazas de los mismos seres humanos como lo es el calentamiento global.

Insisto, hemos logrado enormes avances en materia de legislación y planeación, pero la tarea pendiente es frenar la corrupción en algunos órdenes de gobierno que hace posible que se construya vivienda en zonas de riesgo, en barrancas, en cuencas, en zonas lacustres y a los márgenes de ríos.

Esta tarea pendiente debe ocuparnos hoy más que nunca, impulsando desde el Senado una adecuada planeación de las zonas urbanas y no quitar el dedo del reglón exigiendo dos acciones urgentes: que se reubiquen a las comunidades que están en riesgo y evitar a toda costa el desarrollo urbano en zonas que representan un peligro.

Recordemos que el 19 de septiembre de 1985, fue la sociedad civil, las y los mexicanos quienes se volcaron a las calles y prestaron auxilio a los necesitados.

Así, como no hay desastre natural que podamos detener, tampoco hay desastre natural que frene la solidaridad de nuestro pueblo.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Hace 28 años la ciudad de México vivió y sufrió una tragedia de dimensiones sin límites a consecuencia de un terremoto que derivó en incalculables víctimas y pérdidas materiales.

Sin embargo, de la experiencia dramática que se vivió, han surgido ordenamientos que garantizan la protección de la vida y del patrimonio, me refiero al Sistema Nacional de Protección Civil y al Programa de Protección Civil.

En el año 2000, se publicó la Ley Federal de Protección Civil, que fue modernizada en junio de 2012.

A lo largo de estos años hemos tenido avances sustentables, lo que ha significado una reducción en riesgos, de pérdidas de vidas humanas y en la protección del patrimonio y del entorno.

Pese al largo camino que hemos recorrido, hoy tenemos nuevos retos que enfrentar, los recientes desastres generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” que impactaron en el golfo de México y el Pacífico, y que causaron la pérdida de más de 80 personas y afectaciones a un millón 200 mil habitantes, son muestra que debemos redirigir los esfuerzos en la materia.

El gobierno federal tiene a la prevención como eje central de la política de protección civil; por un lado se encuentra la política estratégica para la prevención de desastres y, por otra parte, está la gestión de emergencia hacia atención eficaz de desastres.

La operación de la estrategia de México Seguro ante Desastres, el inicio de una extensa campaña de difusión de la cultura de prevención y cultura civil con especial énfasis en zonas vulnerables.

La actuación del Atlas Nacional de Riesgos, la implementación del Programa Nacional de Respuestas a Siniestros, Emergencias y Desastres; diseño de protocolos de acción para atención de desastres, estrategia y gestión, son ejes rectores para el mejoramiento de esta materia ante emergencias, fenómenos naturales y situaciones de riesgo, así también, la protección civil ocupa un lugar prioritario en la agenda de la administración federal. Me atrevo a decir con respeto que por primera vez existe una estrategia definida en la materia que consiste en seis acciones de carácter prioritario, la creación y operación del Sistema Nacional de Alerta.

Si bien es una política y estrategia nacional de protección civil, es becario que las entidades homologuen sus leyes estatales, privilegien en todo momento la prevención por encima de la remediación, no podemos seguir siendo un país que reaccione ante los fenómenos naturales sin una estrategia de prevención.

A la fecha, sólo seis entidades federativas han actualizado sus leyes estatales de protección civil; y no debemos seguir así, los nuevos lineamientos que rigen el ordenamiento federal, debemos de cambiarlo.

Debo citar algunos de los avances de la nueva Ley Federal, ellos por ejemplo, el funcionamiento, los objetivos y la nueva estructura del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, así como la coordinación en los tres órdenes de gobierno, el Comité Nacional de Emergencia cuyo objetivo es analizar la situación de emergencias y desastres que afecten al país y vigilar el cumplimiento de las acciones para mitigar dichas situaciones.

La cultura de protección civil como un tema de mayor importancia, pues enmarca el fenómeno a la participación individual y colectiva de la población.

Se crea también el sistema civil de carrera para los servidores públicos responsables de la protección civil y define la responsabilidad para que los gobiernos estatales y municipales regulen el ingreso, formación, permanencia, promoción y evaluación de los miembros del servicio civil de carrera.

Prevé también la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil como un organismo independiente a cargo del CENAPRED, que orienta la formación del capital humano a través de la capacitación, actualización y especialización.

Por ello, en el Día Mundial de Protección Civil, se debe reflexionar sobre la importancia de que los gobiernos estatales y municipales trabajen en la prevención de los desastres generados por fenómenos naturales y actualicen sus leyes a fin de generar plena coordinación con las autoridades federales.

El tema de la prevención, atención y remediación es integral, por lo que requiere esfuerzos conjuntos.

Compañeras y compañeros Senadores, el Estado mexicano entendido como los tres Poderes de la Unión y la Nación en su conjunto, conocemos que no hay adversidad que no podamos esperar con solidaridad y trabajo, no hay desastres que superen a nuestra voluntad, no hay limitaciones que no generen pasividad. Aprendamos de la historia, de los hechos pasados, trabajemos en la perseverancia y la perseveración de la vida, no es momento de buscar culpables ante fenómenos naturales cada vez de mayores dimensiones, unamos esfuerzos para fomentar una verdadera cultura de protección civil, ese es el camino para que los desastres naturales sean enfrentados con estrategia, con previsión, con recursos principalmente y con la firme voluntad que se requiere para salir adelante.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pérez Magaña.




 

CAMARA DE DIPUTADOS

Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que se remite una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Cristina Díaz Salazar y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor Senador.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Cristina Díaz Salazar y del Senador Miguel Angel Chico Herrera, integrantes de esta legislatura y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiero someter a la consideración de esta honorable representación nacional una propuesta para modificar el articulado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y cuyo propósito reviste la mayor importancia por las implicaciones que tiene en la seguridad de los ciudadanos.

Es indudable el desarrollo que han alcanzado las telecomunicaciones en el país, el impacto que han tenido en las estructuras económicas, políticas y sociales de la nación, se ha traducido en una mejora sustancial de la conectividad y la productividad. Sin embargo, con el impulso de este sector en México ha habido efectos colaterales con graves consecuencias como son las extorsiones telefónicas. Según los registros del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A. C.

La extorsión telefónica es uno de los 8 delitos que más impactan a la sociedad. Se estima que en el país operan cerca de 1,000 bandas de extorsionadores, quienes cometen este agravio desde los distintos centros penitenciarios del país. Se sabe que en agosto de 2008, cada 24 horas se intentaban 4,400 extorsiones; y de septiembre de 2008 a diciembre de 2009 se incrementaron a 6,179 por día.

Son lamentables las cifras que nos informan que durante el periodo comprendido de 2001 a diciembre de 2009, y cito estas cifras porque son los informes que tenemos, 7 millones 324,660 personas habrían perdido entre 1,000 y 50,000 pesos, ello significó que los extorsionadores obtuvieran un monto a nivel nacional que superó los 705 millones de pesos, para tal efecto se emplearon más de 483,127 celulares para cometer este delito.

Se estima también que el 52 por ciento de las llamadas son realizadas esencialmente desde el Distrito Federal y el resto de los estados, adicionalmente el 7 por ciento proceden de los Estados Unidos, es decir, que hay personas en libertad que en complicidad con los internos operan desde el país vecino.

En lo que va de 2013, cada 24 horas intentan más de 6,700 extorsiones, es decir, que a finales del presente año, podrían haberse realizado 2.4 millones de delitos de extorsión en todo el país, y si bien algunos sólo quedan en tentativas, al menos el 30 por ciento de los casos logran su fin.

Desafortunadamente todos hemos sufrido una situación similar o estado cerca de personas que han sido víctimas de este delito, simplemente la angustia de un padre o de una madre al sentir que su hijo podría estar en peligro por segundos, pueden ser suficientes para afectar su salud o cometer actos que en condiciones de estabilidad mental no harían, debemos pensar en las familias de México, siempre y para bien.

El Estado mexicano ha puesto en marcha esfuerzos para hacer frente a esta modalidad de delito.

El 3 de septiembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento “Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición”, cuyo principal objetivo es que con redes públicas, se puedan cancelar o anular de forma permanente o en los centros de readaptación social y su perímetro las señales de telefonía celular, así como de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

En el mismo sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en sus artículos 7, fracción XIV, 44, fracciones XVIII y XX; así como el artículo 71, fracción VI, se estableció con toda claridad la obligación de los concesionarios del servicio de telefonía para trabajar en coordinación con las autoridades, a fin de mitigar y erradicar de las cárceles mexicanas las señales de telefonía celular que permitan llevar a cabo extorsiones previéndose que en caso de no acatar este mandato serían acreedores a multas.

A pesar de estos esfuerzos, en la práctica, el proceso por medio del cual se inhibe la señal a la telefonía celular en centro de readaptación social no ha sido del todo efectivo, las cifras que he comentado con anterioridad son ilustrativas de esta situación.

Por ello, el propósito de la presente iniciativa es el de reforzar la reglamentación existente para el caso de la inhibición de señales de telefonía celular dentro de los centros de readaptación social del país, obligando a los concesionarios a inhibir de manera efectiva y, en su caso, a no incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia más allá de lo normado, respecto de la señal para telefonía celular en los centros penitenciarios con los que cuenta el país.

A partir de estas consideraciones sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se adiciona a la fracción XVIII, corriéndose las actuales fracciones XVIII, XIX y XX para pasar a ser la XIX, XX y la XXI, respectivamente; se reforma el primer párrafo, y se adiciona un tercer párrafo a la nueva fracción XIX del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones recorriéndose subsecuentemente el siguiente párrafo para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

XVIII. Abstenerse de colocar o reubicar antenas, bases, radiobases y/o repetidoras de señal de telecomunicaciones a una distancia de por lo menos 2 kilómetros del perímetro del centro penitenciario o de readaptación social según se le denomine, ya sea federal o estatal, considerando incluso las zonas de amortiguamiento de los propios centros.

XIX. Deberán sujetarse a la disposición de las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

Se agrega el párrafo tercero para quedar de la siguiente manera:

“Asimismo, los concesionarios se abstendrán de incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia de todas las bandas de telecomunicaciones más allá de lo normado por la autoridad competente, con la finalidad de evadir los efectos de los inhibidores de señal celular colocados en los centros penitenciarios.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Los que suscriben, Senador RAUL AARON POZOS LANZ, Senadora BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ y Senador MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desarrollo de las telecomunicaciones alcanzado en el país, ha generando cambios sustanciales dentro de las estructuras económicas, políticas y sociales de la nación, que han dado grandes beneficios para la comunicación y convivencia, así como una mayor interacción con otras naciones, dando paso a una verdadera y bien definida sociedad informada.

Sin embargo, con el impulso masivo de la telefonía celular en México, a partir del año 2001, se han presentado efectos colaterales de graves consecuencias, como son las extorsiones telefónicas, efectuadas la mayor parte de ellas desde los centros de readaptación social del país.

La extorsión telefónica es uno de los ocho delitos que más impactan a la sociedad. Al menos 916 bandas de extorsionadores operan en los distintos centros penitenciarios del país; 15 de las más activas operan en penales del Distrito Federal, según los registros del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C.; en agosto de 2008, cada 24 horas se intentaban 4 mil 400 extorsiones, y de septiembre de 2008 a diciembre 2009 se incrementaron a 6 mil 179 por día.

En 2005 el 37% de las victimas pagaban la extorsión o fueron defraudados; en el 2006, 20% de las víctimas perdió su dinero al pagar la extorsión; en 2008 se intentaron 1 millón 314 extorsiones y el 34% de las víctimas pagó la extorsión.

Se sabe también que durante el período comprendido de 2001 a diciembre del 2009, 7 millones 324 mil 660 personas habrían perdido entre mil y 50 mil pesos, además de que el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores, superó los 705 millones de pesos; al efecto, se emplearon más de 483 mil 127 celulares para cometer este delito, resultando que el 55% eran efectuados desde el Distrito Federal.

En 9 años se intentaron 18 millones 199 mil 23 llamadas con fines de extorsión. Solo en el 2009, se intentaron 2 millones 255 mil 335 extorsiones (6 mil 179 al día).

Para el 2010, se detectó que la actividad de los extorsionadores seguía incrementándose: se registraron 6 mil 211 llamadas de extorsión cada 24 horas. Del 2001 al 2011 los extorsionadores han obtenido más de 978 millones de pesos, por la comisión de tal delito.

A nivel nacional, se han empleado más de 715 mil celulares para extorsionar, el 52% de las llamadas son realizadas desde el Distrito Federal, el 7% proceden de los Estados Unidos; es decir que hay personas en libertad que en complicidad con los internos operan desde el país vecino.

Incluso hay reos en la Ciudad de México que operan teléfonos celulares con líneas que corresponden a los Estados de Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Durango. De 916 bandas que operaban en los penales, hoy se sabe que siguen delinquiendo 85, el 90% desde penales capitalinos.

En 10 años se han intentado más de 21 millones 800 mil extorsiones; los extorsionadores emplearon de 80 minutos a 7 horas para obtener el pago de la víctima. Los casos en los que se ha empleado hasta 7 horas, la extorsión se realizó durante varias llamadas con un promedio de 4 días de acoso contra la misma víctima.

En lo que va de 2013, cada 24 horas se intentan más de 6 mil 700 extorsiones, es decir, que a finales del presente año, podrían haberse realizado 2.4 millones de delitos de extorsión en todo el país, y si bien algunos sólo quedan en tentativas, el 30% de los casos logran su fin.

Las formas o modalidades más lucrativas para estas bandas extorsionadoras son llamadas de supuestos integrantes de organizaciones delictivas, operando de la siguiente forma:

1. Amenaza de secuestro o muerte.
2. Secuestro de un hijo o familiar.
3. Hijo o familiar detenido en un centro comercial por robo.
4. Familiar detenido en el aeropuerto.
5. Ganador de algún concurso.

Empleando estas artimañas, los extorsionadores logran amedrentar a la gente, valiéndose de amenazas, las cuales en el momento causan un bloqueo mental de la víctima, lo que les impide realizar una llamada y corroborar si lo que los extorsionadores están diciendo es verdad. Pero la gente, al entrar en un escenario de pánico, se vuelve vulnerable, y de manera a veces inconsciente, ella misma proporciona información que momentos más adelante de la llamada son usados en beneficio de los delincuentes, que consiguen el fin lucrativo que repercute en el patrimonio de la gente extorsionada, quienes llegan a sufrir pérdidas que van desde mil hasta 100 mil pesos o más, incluso se han dado casos en los que han entregado bienes muebles, como son vehículos automotores.

El 10 de abril de 2010 entro en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, cuyo objetivo planteado era establecer un registro y control de los propietarios de celulares; con esta medida, se pretendió combatir las extorsiones y el uso de los teléfonos celulares para lucrar. No obstante lo anterior, con la entrada en vigor de este registro lo único que se logró fue el surgimiento de dos nuevos negocios ilegales.

El primero de ellos consiste en la renta de identidades, es decir, que cientos de personas se ofrecen para adquirir equipos, pero la compra se realiza con documentos falsos y lo único que queda es una fotografía en una credencial que no llevará a ninguna identificación. Por la compra de equipos, se llega a cobrar hasta cinco mil pesos por cada uno.

El otro negocio ilegal lo llevan a cabo los custodios de los centros penitenciarios, encargados de cuidar el orden y vigilar la conducta de los reos. La forma en que se prestan para llevar cabo esta conducta ilegal es la siguiente: adquieren teléfonos celulares con documentación falsa y a su vez los rentan dentro de los centros de reclusión; por ello es que desde el interior de los penales se llevan a cabo el 95% de las extorsiones.

Ahora bien, el 3 de septiembre de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición”, cuyo principal objetivo es que con la colaboración con los concesionarios de las redes públicas, se puedan cancelar o anular de forma permanente en los centros de readaptación social las señales de telefonía celular, así como de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los penales

Además, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en sus artículos 7 F XIV, 44 F XVIII y XX, así como el 71 FVI, se estableció claramente la obligación de los concesionarios del servicio de telefonía para trabajar en coordinación con las autoridades, a fin de mitigar y erradicar de las cárceles mexicanas las señales de telefonía celular que permiten llevar a cabo extorsiones, previéndose que en caso de no acatar este mandato, serán acreedores a multas.

No obstante lo anterior, las cifras presentadas en esta exposición de motivos demuestran que dentro del artículo 44 FXVIII queda un vacío que no ha permitido de manera eficiente inhibir la transmisión de señales que se utilizan para realizar, a nivel nacional y desde los centros de readaptación social, llamadas de extorsión, situación que se propone subsanar a través de la presente iniciativa de reforma legislativa.

El sentido de la presente iniciativa es el de reforzar la reglamentación existente para el caso de la inhibición de señales de telefonía celular dentro de los centros de readaptación social del país, obligando a los concesionarios a inhibir de manera efectiva, y en su caso, a no incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia más allá de lo normado respecto de la señal para telefonía celular en los centros penitenciarios con los que cuenta el país.

Con ello se coadyuva a terminar con esta conducta delictiva que daña a la sociedad, atacando directamente bienes de los gobernados jurídicamente protegidos, como son el patrimonio, así como la integridad física y emocional que se ven afectados.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción XVIII, corriéndose las actuales fracciones XVIII, XIX y XX para pasar a ser las XIX, XX y XXI, respectivamente, se reforma el primer párrafo, y se adiciona un tercer párrafo a la nueva fracción XIX, del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones recorriéndose subsecuentemente el siguiente párrafo para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a XVII.....

XVIII. Abstenerse de colocar o reubicar antenas, bases, radiobases y/o repetidoras de señal de telecomunicaciones a una distancia de por lo menos dos kilómetros del perímetro del centro penitenciario o de readaptación social según se le denomine, ya sea Federal o Estatal, considerando incluso las zonas de amortiguamiento de los centros.

XIX. Deberán sujetarse a la disposición de las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.

Asimismo, los concesionarios se abstendrán de incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia de todas las bandas de telecomunicaciones más allá de lo normado por la autoridad competente, con la finalidad de evadir los efectos de los inhibidores de señal celular colocados en los centros penitenciarios.

Los concesionarios están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen.

XX. Garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio.

La Comisión mediante disposiciones administrativas de carácter general determinará una marcación corta conformada por signos poco habituales para evitar que la señal de auxilio sea producto de error.

Las señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, en el ámbito de su competencia.

XXI. Realizar estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos. Los concesionarios podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones.

Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Congreso de la Unión y a la Comisión.

TRANSITORIO.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para la instalación y reubicación de antenas, los concesionarios contarán con un plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera".

Consultado en: http://www.mexicodenuncia.org/extorsion.html

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pozos Lanz.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para solicitar a través de su persona, si el autor de esta iniciativa me permite sumarme a la misma.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Pozos Lanz, ¿acepta la adhesión?, igualmente el Senador Oscar Román Rosas, ¿para el mismo asunto?, sonido, por favor.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para el mismo asunto, para solicitarle al Senador Raúl Pozos y a los proponentes, si me permiten sumarme a esta iniciativa que se acaba de presentar.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello; igualmente el Senador Víctor Hermosillo, con mucho gusto; e igualmente la Senadora Martha y el Senador Fidel Demédicis.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Saludamos a las mujeres que nos visitan de diversos estados del país, invitadas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

(Aplausos)





 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de los Senadores Silvia Garza Galván y Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 constitucional, hasta por 10 minutos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y OCTAVO DEL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de los CC. Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con el permiso de la Presidencia.

Los suscritos, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Avila Ruiz, Jorge Luis Lavalle Maury, Senadores de esta Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción I; 164, numeral 1; 169; 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de Decreto por el que se modifican los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos.

El objetivo de privar de la libertad a una persona por medio de una sentencia judicial, es muy claro: castigar una conducta antisocial, clasificada como delito en la legislación penal vigente. Para hacerlo, se atiende a los elementos constitutivos de la figura delictiva, las agravantes y atenuantes del caso, y los criterios que, con apego a derecho, manifiesten y sostengan el representante social o Ministerio Público y el juzgador. Asimismo, se atiende a los extremos de los años de privación de libertad fijados por el legislador para cada delito.

La reforma del artículo 8 constitucional, de fecha de publicación en el Diario Oficial del 18 de junio de 2008, estableció que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley....”

Imponiendo como un plazo límite, según el Transitorio Quinto para la implementación de estas medidas, “cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto”.

Sin embargo, lo cierto es que rebasados en exceso estos tres años, no se aprecian ni las reformas secundarias con la precisión y la calidad legislativa que demanda el 18 constitucional, y mucho menos los cambios esperados. La realidad es que el sistema penitenciario es un tema que la mayor parte de las autoridades ejecutivas prefieren obviar y evitar.

En las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social; se establecen:

Separación de categorías.

Dice que: 8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles.

Desde siempre, los centros de extinción de penas privativas de la libertad, mejor conocidos de forma genérica como cárceles, penales o centros de readaptación social, presentan en México diversos problemas para cumplir con sus objetivos primordiales, entre los cuales se encuentra principalmente la sobrepoblación, la cual genera enormes gastos e impide el fin principal del sistema penitenciario, según nuestra Carta Magna, y que para solucionarla se debe atender a los siguientes elementos principales que la generan, se encuentran las siguientes:

I. La falta de inversión gubernamental y privada en la construcción de nuevos centros; así como la ampliación de los centros de readaptación social.

II. El combate al crimen organizado que ha derivado en un incremento exponencial de la población de reos y reclusos de competencia federal.

III. La explosión demográfica, y por ende, de los defensores o delincuentes de tipo común.

Y la falta de aplicación de opciones alternativas para que extingan sus condenas aquellos que no cometieron delitos graves.

Desde el año 2012, México ha intentado reparar la crisis carcelaria, ya que en 2006 sólo tenía seis cárceles federales de alta seguridad y en 2013 el número subió a 15. En sólo dos años el gobierno federal ha asignado casi 30 mil millones de pesos para esos centros federales.

Pero la transferencia de presos federales ha sido lenta. Hoy en día esos penales sólo tienen el 10 por ciento de la población penitenciaria, es decir, 25 mil presos.

En fecha del 24 de febrero de 2012, el gobierno federal reveló que “…el sistema penitenciario federal debería de derogar cerca de 236 mil pesos anuales por cada reo sujeto. El gasto que el gobierno federal presupuestó en 2011 para financiar al Sistema Federal Penitenciario, asciende a 10 mil 751 millones de pesos, el cual cubre los costos necesarios para el resguardo de 45 mil 500 presos que cometieron algún delito del fuero federal.

En suma, la población penitenciaria del fuero federal y común ascendió a 224 mil 246 en 2011, distribuidos en 400 centros penitenciarios en el país, los cuales tienen la capacidad instalada para resguardar a 184 mil 193 reos. Se estima que el Sistema Penitenciario de México presenta una sobrepoblación de 40 mil 53 personas.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2011, revela que los casi 31 mil reos federales recluidos, en esas fechas, en penales estatales, no están correctamente separados de los reos del fuero común. Asimismo, señala que en cuatro de los doce penales federales, los reos de alta peligrosidad no están separados de aquellos que son de baja peligrosidad o que han cometido delitos no relacionados con actos violentos.

Los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobiernos y faltas de programas efectivos de reinserción social, irán a la alza si no se hacen cambios estructurales e institucionales de fondo, y todo seguirá como hasta ahora y empeorando cada día.

Países como Honduras y El Salvador, que han debido enfrentar los últimos diez años los problemas de sobrepoblación en sus prisiones, han transitado hacia reformas en sus legislaciones como el proyecto de las denominadas “granjas penales”, lugares que cuentan con la infraestructura necesaria para que los reclusos que califican para formar parte de ellas puedan desarrollar una actividad productiva real, ya sea en talleres o en zonas de cultivo de alimentos.

Se trata de que estos centros sean autosustentables y que los ingresos generados y el trabajo de los reclusos permita que el centro se sostenga sin necesidad de mayor apoyo externo o al menos a reducir éstos considerablemente.

La deficiencia de la legislación penitenciaria secundaria es clara. Por ejemplo, en fecha 2 de septiembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados, la cual establece porcentajes sobre el destino del producto del trabajo del reo, ya que según la sentencia de referencia, dicho precepto atenta contra los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal, tales como el mínimo vital, la libertad de trabajo, la igualdad, seguridad jurídica y, por ende, en contra del principio de dignidad humana, base y condición de los demás derechos.

Creemos y consideramos que para atajar y hacer que las reformas secundarias se traduzcan en leyes coercitivas, efectivas y de resultados concretos, el artículo 18 constitucional debe ser reformado y adecuado. Incluyendo términos como la industria penitenciaria, los beneficios procesales, los centros alternativos para el cumplimiento de las penas y la separación de los reos de acuerdo a su perfil y clasificación, con objeto de que sean disposiciones coercitivas, obligatorias para las autoridades y rectoras de los ordenamientos secundarios que de ellas deben emanar.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Unico.- Se modifica el contenido de los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 18. Sólo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados; los centros de reclusión para los sentenciados deberán contar con la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad, pudiendo un solo sitio contar con las áreas que reúnan los tipos antes señalados, mediando una separación total entre éstas. Los sentenciados compurgarán sus penas en el centro o área que les corresponda de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, antecedentes delictivos y en base a los estudios que les practiquen las autoridades competentes; estas valoraciones se realizarán por lo menos una vez al año en cada sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro de área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios. Las autoridades, en coordinación con otras instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias propias al interior de los centros de reinserción social para que los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de sus familias. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Los sentenciados, en los casos que estable la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio y, en su caso, cuando reúnan los requisitos legales y aprueben las valoraciones correspondientes, cumplir sus condenas en granjas penales, en sus domicilios con las restricciones aplicables, o en la libertad limitada y con el apoyo del sistema de control tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.

Iniciativa

"EL que suscribe, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, Senadora SILVIA GARZA GALVAN y Senador DANIEL AVILA RUIZ, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  MODIFICAN LOS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y OCTAVO DEL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objetivo de privar de la libertad a una persona por medio de una sentencia judicial, es muy claro: castigar una conducta antisocial, clasificada como delito en la legislación penal vigente. Para hacerlo, se atiende a los elementos constitutivos de la figura delictiva, las agravantes y atenuantes del caso, y los criterios que, con apego a derecho, manifiesten y sostengan el representante social o Ministerio Público y el juzgador. Asimismo, se atiende a los extremos de los años de privación de libertad fijados por el legislador para cada delito.

Todo esto nos queda claro a los aquí presentes, y con más razón a quienes son expertos en el derecho penal. Desde siempre, los centros de extinción de penas privativas de la libertad, mejor conocidos de forma genérica como cárceles, penales o centros de readaptación social (hoy se les llama de “reinserción social”), salvo honrosas excepciones, presentan diversos problemas para cumplir con sus objetivos primordiales: garantizar la retención de los sentenciados y su debida rehabilitación, entendida esta en todos sus aspectos: social, sicológico, conductual, económico, moral y familiar.

Diversos son los factores que inhiben o, de plano, hacen imposible cumplir con los objetivos antes señalados; a saber, y entre otros, los principales son:

I.- Corrupción de las autoridades encargadas de manejar y administrar los centros de reinserción social, incluso de sus superiores, como lo son las secretarías de seguridad pública, las procuradurías o las secretarías de gobierno, según sea el caso, o quien posea la jurisdicción sobre dichos centros.

II.- Falta de recursos financieros (sobre todo); y por ende, humanos, para desempeñar con mayor eficiencia las labores encaminadas a los objetivos primordiales del sistema penitenciario.

III.- Sobrepoblación de los centros penitenciarios.

IV.- Autogobiernos, o gobiernos impuestos por los mismos reclusos en base a violencia y dominio numérico.

V.- Falta de programas, planes y acciones para lograr la readaptación de quienes realmente se interesan por la reinserción social y los beneficios penitenciarios como las reducciones de condena, la libertad condicional, la libertad intermitente, o el cambio a prisiones de menor seguridad, donde puedan gozar de mayores libertades y privilegios. 

VI.- Desde luego, una legislación escueta, deficiente y que deja enorme discrecionalidad operativa a las autoridades carcelarias para decidir la forma de tratar a las personas privadas de su libertad, así como en relación a la forma en que les son reconocidos sus derechos esenciales, especialmente cuando observan buena conducta o signos de “rehabilitación”. Y;

VII.- La no separación de las personas privadas de su libertad, de acuerdo a su grado de peligrosidad, antecedentes (por ejemplo, la reincidencia), tipo de delito o delitos cometidos, perfil sicológico, entorno familiar, etc. Colocar a los reos y reclusas de baja peligrosidad con los que se ubican en el extremo contrario inhibe y entorpece grandemente la posibilidad de rehabilitación de los primeros.

Estos siete elementos que hemos citado, van todos de la mano, se trata entonces de una cuestión multifactorial; y por ende, debe ser resuelta su problemática también de forma “multifactorial”. Ni la legislación por sí sola, ni el aumento de recursos financieros, ni la supuesta creación de programas de capacitación, incluso ni la creación de nuevos penales, por sí mismos son la solución a tan compleja problemática.

Hoy México enfrenta tres grandes problemas en materia penitenciaria:

A) Sobrepoblación

B) Crecimiento acelerado de la población penitenciara, en proporción directa al combate al crimen organizado y al crimen común, que genera docenas de nuevos sentenciados cada mes.

C) La pulverización de los objetivos relacionados con la readaptación y reinserción social del que ha sido privado de su libertad.

Si bien la reforma al artículo 18 Constitucional, de fecha de publicación en el Diario Oficial del 18 de junio de 2008, estableció que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley....”

Imponiendo como plazo límite para la implementación de estas medidas, el que se lee en el transitorio siguiente del mismo decreto:

Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

Lo cierto es que rebasados en exceso estos tres años, no se aprecian ni las reformas secundarias con la precisión y calidad legislativa que demanda el 18 constitucional, y muchos menos los cambios esperados. La realidad es que el  sistema penitenciario es un tema que la mayor parte de las autoridades ejecutivas prefieren obviar y evitar.

La Clasificación de los reos por su grado de peligrosidad, antecedentes, perfil sicológico y otros elementos.

Si bien la mayor parte de las legislaciones internacionales en materia penitenciara contemplan el deber de clasificar a las personas privadas de su libertad en base a estudios científicos y a reglas y manuales precisos y profesionales para determinar la peligrosidad de estas, su tendencia a la rehabilitación y el tipo de cárcel o área de una prisión a la que deben ser consignados; lo cierto es que en los países de América Latina, salvo escasas excepciones, esto no se cumple ni por asomo; y todo termina en una nada, en un desorden y en el mejor de los casos, en una parcial y muy discrecional aplicación de estas disposiciones encaminadas a hacer más eficiente el proceso de extinción de penas.

Países como Honduras y El Salvador que han debido enfrentar en los últimos diez años los problemas de sobrepoblación de sus prisiones, el hacinamiento de los reclusos, los auto gobiernos y el derrumbe de los programas o sistemas de rehabilitación y reinserción, han transitado hacia reformas en su legislación, que les permitan opciones para despresurizar las cárceles, retomar la rehabilitación de los privados de su libertad, y reducir los índices de violencia y criminalidad dentro de los penales.

Todo comenzó con el proyecto de las denominadas “granjas penales”,  lugares a donde se traslada a los reos de baja peligrosidad y aquellos que, siendo de perfil de mayor peligrosidad, han demostrado de forma fehaciente y en base a vastos estudios, que están dispuestos a rehabilitarse para ser reincorporados a la sociedad. Las granjas penales son centros acondicionados y con la infraestructura necesaria para que los reclusos que califican para formar parte de ellas puedan desarrollar una actividad productiva real, ya sea en talleres o en zonas de cultivo de alimentos, viveros y similares. En estos reciben capacitación para el trabajo, aprenden un oficio, pueden ganar dinero para sufragar sus propios gastos de manutención, y colaborar en la producción de bienes y alimentos para otros centros de readaptación social, o bien, generar ingresos para mejorar la red de centros de este tipo.

Se trata de que en las granjas puedan gozar de un poco más de libertad, moverse con más autonomía, y estar a salvo de los peligros que implica compartir una celda o un área común con reos de alta peligrosidad, peligros como ser agredido física o sexualmente, ser obligados a delinquir, a ser miembros de una banda o pandilla por la fuerza, ser extorsionados o, simplemente molestados y acosados constantemente, inhibiendo y entorpeciendo su deseo e intenciones de rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad; es decir, terminar con los ciclos de “universidad del crimen”, y el “imperio del más fuerte sobre el más débil”.

Desde luego, las naciones con estos problemas han intentado con diversas metodologías para abatir problemas como la sobrepoblación penitenciaria, la violencia en las cárceles y las dificultades para echar a andar los programas y acciones de rehabilitación y reinserción de los prisioneros.

Por otra parte, se trata de que estos centros sean auto sustentables, que los ingresos generados y el trabajo de los reclusos permita que el centro se sostenga sin necesidad de mayores apoyos externos, o al menos reducir estos considerablemente. En la actualidad este tipo de centros operan en los países ya señalados con el esfuerzo conjunto de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la iniciativa privada.

Los criterios para clasificar el grado y perfil de las personas privadas de su libertad varía ligeramente de una legislación a otra, pero, recogiendo los antecedentes internacionales, se pueden compactar aquellos que son, por decirlo de algún modo, los estándar u “obligados” para garantizar una adecuada determinación del perfil y grado de peligrosidad de un reo o reclusa, así como su predisposición a ser rehabilitados: entre ellos, los siguientes elementos y factores:

I.- El tipo de delito o delitos cometidos, según la gravedad que atribuye a estos la legislación penal vigente.

II.- Las agravantes del caso (saña, premeditación, acechanza, especial brutalidad, delincuencia organizada, asociación delictuosa, delitos cometidos aprovechando la investidura o las atribuciones de autoridad, monto del daño o menoscabo causado, etc.)

III.- Las atenuantes, en los casos donde se pueden invocar estas (culposidad, ignorancia, obediencia jerárquica, error invencible, exceso en la legítima defensa, trastornos emocionales o sicológicos debidamente acreditados, presión por violencia familiar, muerte deportiva o accidental, confesión oportuna del delito (oblación), cooperar con las autoridades para resolver el delito, tratar de impedir la conducta delictiva o los daños causados, etc.)

IV.- La reincidencia.

V.- El perfil sicológico del reo o reclusa.

VI.- Su predisposición a la violencia o la agresividad que muestra  hacia  otras personas.

VII.- La edad y el entorno de dónde proviene el infractor.

VIII.- Su perfil educativo, y en su caso, el profesional. Y;

IX.- La conducta que ha observado durante el tiempo que lleva cumpliendo su condena (predisposición a ser rehabilitado, participación en actividades positivas como las deportivas, educativas y laborales y su disciplina y obediencia para con las autoridades penitenciaras, sin perjuicio de los estudios y valoraciones que estas  practiquen al interesado  en recibir beneficios procesales y  penitenciarios.

Atentos a los criterios señalados, las leyes de no pocos países consideran que los privados de su libertad por la comisión de conductas delictivas deben estar en penales de tres categorías, a saber: de máxima seguridad, de mediana seguridad y de mínima seguridad; siendo el caso, que los llamados centros de mediana seguridad enfrentan los mayores problemas de separación adecuada y profesional de los prisioneros, pues conviven en ellos reos de alta peligrosidad, miembros del crimen organizado, de pandillas muy violentas, homicidas múltiples, violadores, pederastas, delincuentes con alto grado de perturbación mental, y personas que han cometido delitos menores o no violentos, entre otros, podemos citar: personas que cometieron robo sin violencia, ciudadanos que cometieron fraude a menor escala, falsificadores, farderos, contrabandistas de mercancías ilegales (no drogas), homicidas imprudenciales, homicidas que gozan de atenuantes, funcionarios corruptos, personas que cometieron lesiones graves, procesados por negligencia profesional, abigeos, y otros que no encuadran en lo que se puede considerar reos o reclusas de perfil peligroso para la sociedad o para otros  prisioneros, todos conviviendo juntos.

Los expertos en la materia consideran que si los estados (naciones) no cuentan con presupuesto para abrir nuevas cárceles que cumplan con los criterios ya señalados, al menos deben invertir en dividir en secciones las ya existentes, en especial las de mediana seguridad, creando las secciones de “máxima seguridad”, mediana y mínima; de tal modo que unos y otros estén perfectamente separados, no sólo en el área de celdas, sino en las que comprenden comedores, espacios recreativos, espacios al aire libre y zonas de castigo especial.

Tipos de condena y medidas de seguridad en México (legislación Federal)

Si atendemos a los consejos de los expertos, e incluso a las legislaciones penitenciaras actuales, podemos encontrar mecanismos para despresurizar las prisiones y reducir considerablemente los costos y cargas presupuestas que el estado federal y las entidades federativas deben enfrentar para mantener las cárceles y a sus prisioneros. Sin embargo, las autoridades no aplican la legislación vigente, y al contrario, toman esta como algo que es “discrecional” y al libre arbitrio de las autoridades penitenciarias y de las encargadas de la ejecución de las penas de privación de libertad, esto porque en no pocos casos, son jueces del poder judicial los encargados de esta labor, y en otros los poderes ejecutivos.

Como referencia, el Código Penal Federal, contempla las siguientes formas de sancionar una conducta penal:

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son:

1.- Prisión.

2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad.

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

4.- Confinamiento.

5.- Prohibición de ir a lugar determinado.

6.-     Sanción pecuniaria.

7.- (Se deroga).

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito

9.- Amonestación.

10.- Apercibimiento.

11.- Caución de no ofender.

12.- Suspensión o privación de derechos.

13.- Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.

14.- Publicación especial de sentencia.

15.- Vigilancia de la autoridad.

16.- Suspensión o disolución de sociedades.

17.- Medidas tutelares para menores.

18.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.

19. La colocación de dispositivos de localización y vigilancia.

Y las demás que fijen las leyes.

En correlación con lo señalado, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, dispone:

ARTICULO 6o.-……..

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas……

En materia de delincuencia organizada, la reclusión preventiva y la ejecución de penas se llevarán a cabo en los centros especiales, del Distrito Federal y de los Estados, de alta seguridad, de conformidad con los convenios respectivos para estos últimos. Lo anterior también podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en los siguientes casos:

I. Tratándose de inculpados respecto de los cuales se haya ejercitado la acción penal en términos del artículo 10, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales;

II. Que el interno cometa conductas presuntamente delictivas en los centros penitenciarios, o que haya indicios de que acuerda o prepara nuevas conductas delictivas desde éstos;

III. Cuando algún interno esté en riesgo en su integridad personal o su vida por la eventual acción de otras personas;

IV. Cuando el interno pueda poner en riesgo a otras personas;

V. En aquellos casos en que la autoridad lo considere indispensable para la seguridad del interno o de terceros, y

VI. Cuando así lo determine el perfil clínico criminológico que le realice la autoridad penitenciaria……

a)…b)…

I…

II…..

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios, los cuales deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y exclusivas que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria para las y los internos…….

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente.

Se procurará iniciar el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso, en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.

ARTICULO 8o.- El tratamiento preliberacional podrá comprender:

I.- Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;

II.- Métodos colectivos;

III.- Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;

IV.- Traslado a la institución abierta; y

V.- Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana.

Al aplicar las medidas de tratamiento establecidas en las fracciones IV y V, la autoridad condicionará su otorgamiento, al cumplimiento de lo previsto en la fracción III y en los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. No se concederán dichas medidas cuando el sentenciado se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del mencionado Código Penal. La autoridad podrá revocar dichas medidas, conforme a lo establecido en el artículo 86 del citado Código Penal.

Para la aplicación de los tratamientos preliberatorios a que tengan derecho los hombres y mujeres indígenas, las autoridades considerarán los usos y costumbres de aquellos…..

Es importante resaltar que en fecha 02 de septiembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que es inconstitucional el segundo párrafo del artículo 10 la ley que se cita, a saber, el siguiente (al final del párrafo se menciona la fecha de publicación de la  sentencia en el DOF):

[Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.]

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 02-09-2013

En su resolutivo, los ministros que votaron a favor del dictamen correspondiente, sostuvieron en su parte final, lo que se lee:

Del análisis realizado se desprende entonces, que el artículo 10, párrafo segundo impugnado atenta en contra de derechos y principios protegidos por la Constitución Federal, tales como el mínimo vital, la libertad de trabajo, igualdad, seguridad jurídica y, por ende, en contra del principio de dignidad humana, base y condición de los demás derechos, pero también principio rector en materia de condiciones carcelarias y personas privadas de la libertad, respecto del cual, al resolver casos que involucran este tipo de cuestiones, la Corte Interamericana, se ha pronunciado en el sentido siguiente:

“Toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre él.”1

En términos de lo expuesto, se declara la invalidez de la totalidad del párrafo segundo del artículo 10o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en cuanto dispone:

ARTICULO 10.- (…)

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

Lo anterior es así, porque la segunda parte del propio párrafo segundo, ordena que “el resto del producto del trabajo” sea distribuida de la manera que indica, lo que hace evidente que se trata de una fórmula, que en todo caso, debe ser modificada por el legislador….

Sobrepoblación penitenciaria en México

La sobrepoblación de las prisiones es una cuestión multifactorial, y para comprenderla  y, en su caso solucionarla, se debe atender a los elementos que la generan; entre los principales, a decir de los especialistas en la materia, se encuentran los siguientes:

I.- La falta de inversión gubernamental y privada en la Construcción de nuevos centros; así como en la ampliación de los ya existentes.
II.- El combate al crimen organizado que ha derivado en un incremento exponencial de las poblaciones de reos y reclusas de competencia federal.

III.- La explosión demográfica, y por ende de los ofensores o delincuentes de tipo común.

IV.- La falta de programas eficientes para reinsertar a los privados de su libertad en la sociedad antes de que cumplan su condena completa, cuando reúnen los méritos exigidos por la ley y los reglamentos.

V.- La falta de aplicación de opciones alternativas para que extingan sus condenas aquellos que no cometieron delitos graves, o han observado buena conducta durante su cautiverio y califican para obtener beneficios de pre liberación, libertad intermitente o cumplimiento de condena en lugar abierto, entre otros: trabajo a favor de la comunidad, libertad limitada a determinada área geográfica, uso de brazaletes, prisión domiciliaria, etc.

VI.- La no existencia de prisiones de mínima seguridad suficientes, “ciudades penales”, granjas o “poblados” penitenciarios y otras opciones similares, donde los reos de baja peligrosidad y quienes cometieron delitos no graves, puedan cumplir sus penas en cautiverio pero con mayor libertad y comodidad que en una prisión tradicional.

VII.- Los lentos procesos penales, que hacen que los sujetos a proceso tarden meses y años en recibir su sentencia definitiva, y por mientras permanecen presos.

VIII.- La falta de recursos financieros para que las personas acusadas de delitos que alcanzan fianza puedan pagarla y enfrentar sus procesos en libertad, cualquiera que sea la sentencia final. Y;

IX.- La imposibilidad de que muchos indiciados que cometieron un delito (no grave) que amerita sustitución de pena de cárcel por sanción pecuniaria, no puedan acceder a este beneficio por carecer del dinero necesario para ello.

En fecha jueves 05 de septiembre del presente año, se ventiló en medios de comunicación el hecho de que el gobierno federal cita que en el país existen 49 mil 669 internos del fuero federal, de ellos, 25 mil 705 se encuentran sujetos a proceso (no han recibido sentencia) y 23 mil 964 ya fueron condenados. A pesar de ello, existe una sobrepoblación de 46 mil 126 reos en todo el país, pues solamente existen 200 mil 100 espacios y la población penitenciaria total es de 246 mil 226 presos.

Otra noticia de la misma fecha, refiere lo siguiente:

“....Nueve de cada 10 presos sufren hacinamiento, violencia e insalubridad

Más de 200 mil internos se encuentran en los penales municipales y estatales Se estima que el gobierno gasta alrededor de 130 pesos en la manutención diaria de cada uno de ellos, pero muchos terminan pagando por servicios tras las rejas.

En 10 años, los internos que presuntamente pertenecen a la delincuencia organizada aumentaron la población penitenciaria en más de 50%. Pocos de esos reclusos terminaron en los 15 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). La mayoría fueron recluidos en las 401 cárceles estatales y municipales de todo el país, donde acusados de delitos menores conviven con miembros del crimen organizado.

El riesgo que significa mezclar estos dos tipos de población carcelaria es una bomba de tiempo. Entre los reos de baja peligrosidad, cinco de cada 10 tienen condenas menores de cinco años por vender el equivalente a 120 gramos de mariguana o 10 pastillas de anfetaminas para ganar mil 250 pesos o menos, según investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

Desde el 2012, México ha intentado reparar la crisis carcelaria y está en el proceso de transferir reos peligrosos y miembros del crimen organizado a las nuevas cárceles federales de alta seguridad. Estas cárceles pretenden mejorar los problemas de fuga, violencia y tráfico de drogas, ya que cuentan con rayos X, detectores de metales, detectores de narcóticos y explosivos, bloqueador de teléfonos celulares y mallas metálicas sensibles a intrusiones o fugas. En  2006, México solo tenía seis cárceles de este tipo, en el 2013 el número subió a 15. En sólo dos años el gobierno federal ha asignado casi 30 mil millones para esos centros federales.

Pero la transferencia de presos federales ha sido lenta. Hoy en día esos penales sólo tienen el 10% de la población penitenciaria, es decir 25 mil presos.

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, piensa que la construcción de estas cárceles no es necesaria. Azaola insiste que es importante poner atención a los centros penitenciarios estatales, que están paralizados por el tráfico de drogas y la corrupción. Casi 6 de cada 10 internos en estas prisiones usan inhalantes, mariguana o pastillas enervantes, dice Azaola.....” Fin de la cita

En fecha 24 de febrero de 2012, el gobierno federal reveló que “....el sistema penitenciario federal debía erogar cerca de 236 mil pesos anuales por cada reo sujeto a este régimen en México. El gasto que el Gobierno Federal presupuestó en 2011 para financiar al Sistema Federal Penitenciario asciende a 10,751 millones de pesos, el cual cubre los costos necesarios para el resguardo de 45,551 presos que cometieron algún delito del fuero federal.

En suma, la población penitenciaria del fuero federal y común ascendió a 224,246 en 2011, distribuidos en 430 centros penitenciarios en el país, los cuales tienen la capacidad instalada para resguardar a 184,193 internos. Se estima que el sistema penitenciario de México presenta una sobrepoblación de 40,053 personas….” Fin de la cita.

En general, los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobiernos y falta de programas efectivos de reinserción social irán a la alza sino se hacen cambios estructurales e institucionales de fondo. Todo seguirá como hasta ahora y empeorando cada día.

Un informe de la Auditoria Superior de la Federación del año 2011, revela que solamente cerca del 35% de los reos federales de todo el país acceden a tratamientos de rehabilitación en materia de adicciones y para ser reinsertados a la sociedad.

También revela que los casi 31 mil reos federales recluidos (en esas fechas) en penales estatales, no están correctamente separados de los reos del fuero común. Asimismo, señala que en cuatro de los 12 penales federales, los reos de alta peligrosidad no están separados de aquellos que son de baja peligrosidad o que han cometido delitos no relacionados con actos violentos.

“Las limitaciones en la clasificación y separación de la población penitenciaria, la falta de incentivos para la participación de los internos en actividades para la reinserción y la oferta incompleta de éstas por parte de los centros de reclusión federales y estatales, no permiten culminar el proceso de reinserción social de los sentenciados cuando son puestos en libertad, lo que abre la puerta a la reincidencia delictiva”, acusa la ASF….”

Otras cifras reveladas por la ASF para el año 2011:

“….De los 230 mil 943 personas que estaban en prisión en 2011, un total de 183 mil 127 fueron acusados de delitos del fuero común y 47 mil 816 corresponden al fuero federal.

De ese total, el 50.7 por ciento, que equivale 117 mil 159 reclusos, están en la cárcel por primera vez, y que el 20.7 por ciento son reincidentes.
Respecto a la clasificación del riesgo que representa cada interno, el 35.4 por ciento son de baja peligrosidad y 37.5 por ciento son de media, el 8.1 por ciento son de alta y en el 19 por ciento no se informó.

Otro dato que destacan los auditores es que 99 mil 730 personas están recluidas en la cárcel sin que aún hayan recibido sentencia por el delito que presuntamente cometieron.

La ASF advierte que de acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades penitenciarias, de los 12 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), apenas dos de ellos separaron a los reos tomando en cuenta las tres variantes anteriores, en tanto que cuatro ni siquiera hicieron división alguna de internos....

Pobre atención

La Auditoría destaca que casi 7 de cada 10 internos no participa en alguna de las cinco actividades que marca la Constitución como mecanismos de readaptación, pero además detalla que la oferta en este sentido no es pareja.

Por ejemplo, ninguno de los 12 Ceferesos, que existían en 2011, ofreció de forma integral las cinco alternativas de readaptación y, en el mejor de los casos, ocho ofrecieron tres alternativas. Peor aún es que en 11 de los 12 penales no se impartieron tratamientos contra adicciones ni capacitación laboral.

Respecto a las cárceles estatales, el análisis advierte que solo 18 de las 32 entidades federativas, poco más de la mitad, tiene la oferta completa de readaptación social en sus penales.

A lo anterior se suma el problema de sobrepoblación penitenciaria: las cárceles estatales están rebasadas en un 25% a nivel nacional, y las federales en un 3%. 24 HORAS publicó en febrero pasado que, según cálculos federales, el hacinamiento durará al menos un cuarto de siglo más……” Fin de la cita

Legislación penitenciaria accidentada y deficiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto…..

TRANSITORIOS

Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto…..

Han pasado los tres años de plazo máximo, ya que el decreto fue publicado en fecha 18 de junio de 2008. Y, podemos asegurar con plena certeza, que las reformas y leyes secundarias para dar vida a las premisas y disposiciones ya señaladas no se han hecho realidad. O, en el mejor de los casos, se han traducido en ordenamientos que apuestan más a la discrecionalidad y a la arbitrariedad.

Los ordenamientos del rubro, como queriendo evitar las nuevas responsabilidades y los compromisos presupuestales que deben erogar los jefes del poder ejecutivo en cada estado, así como en la federación, contienen las consabidas palabras de “opción múltiple”: “podrá”, “considerará”, “contemplará”

La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, dispone entre otras cosas:

ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente…..

ARTICULO 6o.-…..

…..

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas….

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente.

Se procurará iniciar el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso, en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.....

Podemos apreciar las siguientes cosas:

El artículo 2, no menciona lo referente al deporte y el respeto a los derechos humanos, que establece el 18 Constitucional.

El sexto limita la innovaciones que deben implementarse en atención a la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, a “de acuerdo a las posibilidades presupuestales….”.

En cuanto al estudio de la personalidad del procesado, dice “se procurará”, es decir, se puede hacer o no,  es “optativo”.

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social; establecen:

Separación de categorías

8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.

Clasificación e individualización

67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detencion; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

Privilegios

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento.

Trabajo

71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.

75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.

76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad.

Creemos y consideramos que para atajar y hacer que las reformas secundarias se traduzcan en leyes coercitivas, efectivas y de resultados concretos, el artículo 18 constitucional debe ser reformado y adecuado. Incluyendo términos como la industria penitenciaria, los beneficios procesales, los centros alternativos para el cumplimiento de las penas y la separación de reos de acuerdo a su perfil y clasificación, con objeto de que sean disposiciones coercitivas, obligatorias para las autoridades y rectoras de los ordenamientos secundarios que de ellas deben emanar.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se modifica el contenido de los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados; los centros de reclusión para los sentenciados deberán  contar con la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad, pudiendo un solo sitio contar con las áreas que reúnan los tipos antes señalados, mediando una separación total entre éstas. Los sentenciados compurgarán sus penas en el centro o área que les corresponda de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, antecedentes delictivos y en base a los estudios que les practiquen las autoridades competentes; estas valoraciones se realizarán por lo menos una vez al año a cada sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro o área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las autoridades,  en coordinación con otras entidades, instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias productivas al interior de los centros de reinserción social para que los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de sus familias. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio y, en su caso, cuando reúnan los requisitos legales y aprueben las valoraciones correspondientes, cumplir sus condenas  en granjas penales, en sus domicilios con las restricciones aplicables, o en libertad limitada y con el apoyo de sistemas de control tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

(....)

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- La legislación secundaria, en su respectivo ámbito de competencia, deberá ser adecuada a lo dispuesto por los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18, en un plazo no mayor a seis meses posteriores a la fecha de publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández".

1 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fermín Ramírez v. Guatemala.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Fernández.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Iris Vianey Mendoza, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador si me permite sumarme a su proyecto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Luis Fernando Salazar, ¿acepta la incorporación de la Senadora Iris Vianey Mendoza a su proyecto de iniciativa? Aceptado. Igualmente la Senadora Luisa María Calderón, para el mismo asunto.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)





 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejando Encinas Rodríguez, a nombre propio y de las Senadoras Dolores Padierna Luna y Layda Sansores San Román, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que expide una nueva Ley Minera, hasta por diez minutos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE UNA NUEVA LEY MINERA

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre propio y de las CC. Senadoras María de los Dolores Padierna Luna y Layda Elena Sansores San Román)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Toda vez de que no hemos reglamentado, no hemos dado cumplimiento a la disposición constitucional para que los ciudadanos de este país puedan tener, ejercer su derecho a presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, la Senadora Layda Sansores, la Senadora Dolores Padierna Luna y un servidor hemos hecho nuestra una iniciativa con proyecto de Decreto que expide una nueva Ley Minera, propuesta por distintas organizaciones sociales y movimientos que han enfrentado la problemática de la explotación irresponsable de los recursos minerales de nuestro país.

Es una iniciativa elaborada, entre otras organizaciones, por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, la Asamblea Veracruzana y de Defensa Ambiental; en el caso de la minera Caballo Blanco, habitantes de San José del Progreso de los Valles Centrales de Oaxaca; de Capulalpan, también en el estado de Oaxaca, pobladores de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán; El Barzón de Chihuahua, representantes de la comunidad de Tetela hacia el Futuro, en el estado de Puebla, así como diversos movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas, que han contado con el apoyo de distintas instituciones de educación superior para la formulación de esta ley, y particularmente de algunos académicos, en donde se busca enfrentar uno de los mayores problemas de irracionalidad en la explotación de un recurso natural que es de todos los mexicanos, y que lamentablemente no deja ningún beneficio a nuestro país y menos aún a las comunidades donde se realiza esta explotación.

Actualmente más del 30 por ciento del territorio de nuestro país ha sido concesionado a empresas mineras, en las que existen 850 proyectos mineros registrados hasta el mes de diciembre de 2012 en manos de 285 empresas, la mayoría de éstas, de origen canadiense. Estas empresas mineras prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación. Son proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes y que dejan enormes pasivos ambientales.

De acuerdo con el análisis que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México se encuentra muy por debajo de países como: Botswana, Mali, Madagascar, Indonesia, Colombia o Guatemala en diversos indicadores fundamentales para el adecuado funcionamiento del sector minero. Nuestro país se ubica, de acuerdo a estos indicadores, en los últimos lugares con relación a los 79 países y regiones consideradas en dicho análisis, en prácticas como procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad, normas laborales, entre otros.

Por ello, la propuesta que hoy presentamos busca establecer con mayor claridad normas que permitan un manejo sustentable de estos recursos, de esta actividad productiva, pero también busca que esta actividad impacte favorablemente al desarrollo de las comunidades, y al mismo tiempo se obtengan recursos para el desarrollo nacional.

Dentro de los ejes que contempla esta iniciativa, busca que:

- La actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades:

- Se establece la participación vinculante de la población sobre toda la decisión, reconociendo los derechos de los pueblos originarios y las comunidades a participar en la definición y asignación de estas concesiones y el desarrollo de los proyectos.

- Se establece la licencia social a través de los procedimientos y consultas para el otorgamiento de concesiones para explotación y beneficio minero.

- Se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y de los recursos naturales, frente a las actividades mineras.

- Se separan las concesiones de exploración de lo que son las concesiones de explotación y beneficio minero, se establecerían plazos diferentes de vigencia, duración y prórroga.

- Se establecen límites que normen donde no se puede entregar una concesión, así como en qué condiciones no se pueden otorgar éstas.

- Se anulan las cláusulas existentes de confidencialidad que hoy ocultan información que deben entregar las empresas concesionarias al Estado mexicano.

- Se establecen regímenes diferenciados para la minería artesanal, lo que corresponde a la pequeña, medina y gran minería.

- Se fortalece el sistema de inspecciones durante la operación de las compañías mineras.

- Se introducen el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor de volumen de minerales producidos a boca de mina, no sobre los ingresos reportados de las empresas, los cuales ocultan en gran medida el enorme volumen de riqueza que se extraen de las minas del país.

- Se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco.

- Y se fortalecen, finalmente, los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la ley, incrementando las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que puedan acarrear, multas o cancelaciones a dicha concesión.

Estamos conscientes de que se han presentando otras iniciativas en materia de la legislación de la actividad minera en el país, y esperamos que el Senado entre a una discusión seria y responsable para frenar el enorme saqueo de que son objeto los recursos mineros de nuestro país, y al mismo tiempo los abusos de los concesionarios frente a las comunidades en donde se establece esta actividad.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los suscritos, Alejandro Encinas RodrIguez, Dolores Padierna Luna integrantes del grupo parlamentario del PRD, y la Senadora Layda Sansores San RomAn, Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide una nueva   Ley Minera, propuesta elaborada por los pueblos y movimientos afectados por la gran minerIa al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La minería a cielo abierto se ha convertido en uno de los más graves problemas del país, que amenaza la economía, el entorno ecológico, los derechos humanos e incluso la vida de poblaciones enteras.
Diversos grupos sociales, organizaciones y pueblos que han sufrido los efectos de las mineras que a cambio de ganancias inmediatas, destruyen el futuro de comunidades y ecosistemas enteros, se han dado a la tarea de formular una nueva Ley Minera, que actualice la expedida en 1992 y regule adecuadamente las concesiones mineras protegiendo los recursos nacionales pero priorice la sustentabilidad, la vida y los bienes culturales de las comunidades y pueblos.

En la formulación de esta Propuesta de Ley Minera han participado diversos movimientos anti gran minería tóxica: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, quienes han dado una fuerte lucha contra la instalación de la minería tóxica en sus territorios; el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y su larga experiencia contra las mineras canadienses; la Asamblea Veracruzana y Defensa Ambiental que han parado a la minera Caballo Blanco que pretende instalarse a las puertas de la núcleo-eléctrica de Laguna Verde; los habitantes de San José del Progreso de los Valles Centrales de Oaxaca; los habitantes de Capulalpan, Oaxaca, que han frenado la minería en su territorio y han desarrollado proyectos productivos alternos; los habitantes de Morelos agrupados en el Movimiento Morelense en Contra las concesiones  Mineras de Metales Preciosos que se oponen a la instalación de la minera Esperanza Silver en Xochicalco y a las puertas de Cuernavaca; pobladores de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán que padecen la contaminación y el daño a la salud que produce la minera hindú-inglesa Arcelor Mittal, los representantes de diversos movimientos en contra de la mega minería tóxica de Baja California Sur tales como  Medio Ambiente y Sociedad, Agua vale más que oro; los Barzonistas de Chihuahua que en su lucha contra las mineras han sido inhumanamente tratados e incluso demandados ante los tribunales judiciales por la transnacional minera Mag Silver. También han participado en la formulación de la ley los representantes de Tetela Hacia el Futuro, de Puebla, así como diversos movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas. En el espíritu de la reforma constitucional en materia política, respecto a la iniciativa ciudadana, es que los suscritos Senadores de la República, presentamos esta iniciativa, respetando en sus términos las propuestas de las distintas organizaciones.

Por ello se recoge aquí el manifiesto que estas organizaciones hacen respecto a la presentación de la actual iniciativa.

Manifiesto Nacional Pro Nueva Ley Minera en México

"Por el respeto a los pueblos y el ambiente, una ley minera diferente"

Llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico que nos conduce al precipicio y a la ruina del país.

Meter en cintura o regular la actividad minera del país muy en especial la conocida como megaminería, no puede esperar más. Nadie escapa a sus efectos destructivos. El tamaño creciente de su control político sobre el territorio destruye el poder formal municipal, estatal y nacional. Su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca a la atmosfera, las tierras de cultivo, los acuíferos y fuentes de agua de la que depende la vida. Regular la minería es recuperar soberanía popular y nacional.

Mientras el corazón de la ley minera tenga a la extracción minera como “actividad preferente”, o prioritaria, sobre cualquier otra, seguirá manteniéndose la inconstitucionalidad y la contradicción evidente con la prioridad que la Constitución Política (Artículo 1) establece y mandata, de respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza sobre cualquier otro enfoque.

La aberración legal que permite que la prioridad de la actividad minera beneficie fundamentalmente a una minoría que acumula riqueza irresponsable, mientras que la mayoría de las comunidades y el país carguen con la deuda de la destrucción socio ambiental y del estado de derecho, ya no se sostiene ni constitucionalmente, ni conforme a los compromisos internacionales de pactos y tratados que nuestro país ha ratificado.

La estructura y redacción de una ley a modo de una minoría como la actual, es la negación y la violación conceptual y práctica del estado de derecho y del ejercicio, de la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos constitucionales de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, lo mismo que de las obligaciones y facultades del propio Estado Mexicano y de la Nación.

Es necesario recordar que los artículos constitucionales siguen teniendo mayor jerarquía que los numerosos artículos de una ley secundaria, como los de la actual ley Minera, que los contravienen. Sigue teniendo vigencia la propiedad originaria de las tierras, aguas y recursos naturales a la Nación (Artículo 27 Constitucional), que la peligrosa y creciente actual entrega del territorio a los particulares y extranjeros.

Está vigente la obligación del Estado Mexicano de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático (Artículos 25 y 28 Constitucionales); este mandato ha sido sistemáticamente violado por la imposición de la rectoría de intereses privados monopólicos, trasnacionales y oligárquicos de la megaminería tóxica y depredadora.

Nadie se ha atrevido a derogar el principio y mandato constitucional (Artículo 39) de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Que, todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y que, el pueblo tiene en todo tiempo  el inalienable derecho de alterar la forma de gobierno. Sin embargo, las actuales disposiciones de ley minera a modo de los intereses de minorías, junto a la interpretación que de ellas hacen los funcionarios, es la reiterada negación de facto de ese principio constitucional. Y esa negación ha conllevado a la supresión del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, de las comunidades y pueblos indígenas y no indígenas, para definir políticas soberanas sobre nuestros territorios y sobre los bienes comunes.

Esa filosofía de la actual ley minera, y esas interpretaciones y políticas ejercidas por las instituciones mexicanas también son violatorias de numerosos compromisos internacionales ratificados por México, en particular en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC-ONU), el Convenio 169 de Derechos de los Pueblos Indígenas (OIT-ONU), de la Agenda 21 (Río-1992-ONU), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC-1992) y muchos otras más.

Por todo ello, las organizaciones sociales y personalidades firmantes y adherentes de este Manifiesto hemos decidido iniciar hoy un amplio proceso de construcción de esfuerzos para cambiar la actual Ley Minera y alcanzar un Nuevo Marco Jurídico para Regular la Minería en México. Una Nueva Ley Minera congruente con los mandatos constitucionales y con los tratados internacionales ratificados, que garantice respeto, democracia y futuro para nuestras comunidades, a los bienes comunes y a México.

En la propuesta hacia una Nueva Ley Minera consideramos necesario se establezca cambios sustanciales, ya contenidos en nuestra propuesta legislativa, como los siguientes:

• La actividad minera deja de ser preferente por encima de otras actividades.

• Se establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión (que permite la realización de actividades mineras (art. 7, cap. cuarto). Así, a) Para pueblos originarios: a través de un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento, vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado. B) Para comunidades que no son pueblos originarios: a partir de un procedimiento de participación ciudadana para obtener acuerdos vinculantes en forma libre, previa e informada.

• Se establece y se regula la licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para los siguientes suuestos: Concesiones para exploración minera; Concesiones para explotación y beneficio minero; las asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano; las prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero; los permisos de operación para actividades de beneficio minero (fuera de una concesión) y la transmisión de concesiones. Sin esta licencia social la Secretaría de Economía no podrá entegar una concesión. Además, se regula el transporte de insumos, producción y desechos mineros.

• Se establece todo un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales, frente a actividades mineras.

• Se separan las concesiones de exploración de las concesiones de explotación y beneficio minero. Se establecerían plazos diferentes de vigencia,  duración y prórroga.. Se establece un procedimiento estrictamente regulado para el cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para el solicitante. Se regula la transmisión de concesiones y se elimina la división, reducción o unificación de las mismas.

• Se establecen límites que normen dónde no puede entregarse una concesión (áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos, entre otras), así como en qué condiciones no se puede entregar una concesión (para proyectos de explotación por tajo a cielo abierto, por tumbe y relleno, en pocitos de carbón, en actividades de beneficio que utilicen cianuro de sodio, mercurio u otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, para minería submarina o solicitantes con antecedentes de violación de derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social en el país o el extranjero, entre otras).

• Se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado. Se generarán informes adicionales que debe presentar la empresa a la Secretaría de Economía. Se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía en general, con la obligación de entregarla directamente a las comunidades donde operan las mineras. Se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, aleatorios, con la participación de las comunidades y que pueden dar pie, en caso de incumplimiento de acuerdos o permisos del concesionario, a sanciones o a la cancelación de la concesión.

• Se exime de pago de derechos la entrega de información cartográfica correspondiente a yacimientos, concesiones y sitios de actividad minera. Se ajustan montos a pagar por derechos correspondientes a número de hectáreas de concesión.

• Se establecen regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

• Se fortalece el sistema de inspecciones durante la operación de las compañías mineras.

• Se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados de las empresas) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

• Se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco. (con respectivas reformas a artículos de la Ley Federal de Derechos, Ley de Coordinación Fiscal y Código Fiscal de la Federación).

• Se fortalecen los mecanismo preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley. Aumentan las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones de la concesión.

Actualmente el 30 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, existen más de 850 proyectos mineros registrados para diciembre de 2012 en manos de 285 empresas la mayoría canadienses. Empresas mineras que prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación. Proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes y que dejan enormes pasivos ambientales. La minería a cielo abierto es vorazmente destructora, el daño que provoca es irreversible y permanente. Remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido.

Se llegan a cavar cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. El impacto sobre mantos freáticos y fuentes de agua es devastador, no sólo por la sobreexplotación sino también por su contaminación con metales pesados, provocando enfermedades crónicas degenerativas que llevan a la muerte. La minería a cielo abierto genera miles de millones de toneladas de desechos de material estéril que es depositado sobre miles de hectáreas a la redonda de los tajos, acidificando la tierra y dejándola improductiva de forma permanente. La pérdida de biodiversidad también es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos.

De acuerdo con el análisis elaborado en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México se encuentra muy por debajo de países como Botswana, Mali, Madagascar, Indonesia, Colombia o Guatemala en diversos indicadores fundamentales para el adecuado funcionamiento del sector minero. Nuestro país se ubica en los últimos lugares con relación a los 79 países y regiones consideradas en dicho análisis, en prácticas como procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad, normas laborales, entre otros.

Como se señaló, existen diversas consecuencias negativas de estas carencias en los marcos de incentivos legales y administrativos. Cabe señalar que esta situación no se ha dado de manera fortuita; durante las últimas administraciones de derecha se han impulsado diversas reformas y transformaciones en el sector. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari –en 1993–, se eliminó el tope de participación del capital privado en el sector; en las siguientes administraciones se entregaron sin ninguna estrategia integral o responsabilidad social un gran número de concesiones, además de que se eliminaron impuestos a la actividad minera, mientras que se redujo la aplicación de regulación a las compañías en materias tan importantes como seguridad laboral o medio ambiente.

De acuerdo a diversos análisis, las compañías que más participan en el sector, se reducen a un puñado de nombres; Fernández-Vega menciona que entre las principales se encuentran: Gold Corp. (Canadá); Grupo Fresnillo y Peñoles (Alberto Bailleres, líder mundial de plata primaria, y segundo lugar nacional en oro); Minera Frisco (Carlos Slim); Grupo México (Germán Larrea, el de Pasta de Conchos); Minera Autlán (José Antonio Rivero Larrea); Alamos Gold (Canadá); Coeur d´Alene Mines (Estados Unidos); Gammon Gold Resources (Canadá); New Gold (Canadá); Mine-finders Corporation (Canadá); Agnico Eagle Mines (Canadá).

A cambio de las multimillonarias utilidades obtenidas, dichas empresas retribuyen muy poco a la nación. Investigaciones como Socavando a los pobres, Reformas Tributarias mineras en América Latina de la organización para combatir la pobreza, Christian Aid, señalan la regresividad de muchas de las reformas que se han seguido en América Latina y del trato injusto que reciben estas naciones en las contribuciones de minería en impuestos y regalías. Por ejemplo, señala la situación de Perú, Guatemala y Honduras en el nivel más bajo en el pago de regalías; sin embargo, todo indica que nuestro país es el único en el mundo donde éstas ni siquiera se cobran. Resulta entonces irrisorio que entre las pocas retribuciones económicas que el Estado pide a estas compañías, las cuotas por hectárea concesionada van de cinco a 111 pesos sin importar el monto ni el valor del mineral extraído.

No es de extrañar que, según el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Alberto Durand Alcántara, entre 2005 y 2010, las transnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Estas compañías extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos, pero sólo pagaron al país "derechos" por 6 mil 500 millones.

Es evidente cómo se reparten los beneficios del patrimonio minero nacional favoreciendo solamente a un puñado de manos. Cabría preguntarse cuál es la magnitud de la situación. No es un tema menor, pues con relación al PIB, la minería ampliada representa el cinco por ciento. No obstante, también podemos analizar el tamaño de la situación si consideramos el número de concesiones otorgadas y las hectáreas del territorio nacional que representan. De acuerdo a la investigación de la revista Contralínea con información del Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), había más de 31 mil concesiones mineras para empresas transnacionales registradas al final del sexenio anterior. En los dos últimos años de Felipe Calderón, la cifra se incrementó alrededor de 5 mil autorizaciones para explorar los recursos minerales del país, como el oro y la plata. Las tierras que acaparan las concesiones son 39 millones 743 mil 690 hectáreas en poder de 301 compañías. "Esto implica que las empresas de la industria extractiva tienen en su poder casi un cuarto del territorio nacional, que podría ser explotado hasta por más de 50 años."

A pesar de la riqueza que genera la minería y el impulso que ha tenido en los últimos años, las condiciones en las que funciona el sector minero en nuestro país, limitan seriamente la socialización de los beneficios que se podrían generar para millones de mexicanos y los concentra en pocas manos. Por el contrario, la problemática ha llegado a tal punto que se observan diversos efectos perniciosos como es el deterioro del medio ambiente; la convivencia y condiciones de las comunidades donde se encuentran las empresas; la violación de diversos derechos laborales; el involucramiento del crimen organizado, entre otros. Por estos motivos, consideramos impostergable un cambio integral que mejore la legislación e instituciones públicas relacionadas con el adecuado funcionamiento del sector.

Tampoco las multimillonarias ganancias se reflejan en los ingresos de los trabajadores del sector, sus condiciones de trabajo o el respeto a sus derechos laborales. En cuanto a los ingresos que perciben, según datos de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, los mineros en México reciben salarios muy por debajo de lo que perciben en otras naciones. Mientras que en los países mejor pagados se alcanzan salarios de hasta 18 dólares por hora,

En nuestro país el promedio es de dos dólares por hora. Asimismo, existen múltiples casos de abuso, incumplimiento de sus derechos y condiciones laborales que nos hacen pensar en momentos coloniales de esclavitud. Los casos extremos son los ocurridos en las minas de carbón llamadas "pocitos"; en algunos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los ha descrito como trampas mortales, donde se generan un gran número de violaciones de las garantías fundamentales.

Entre las consecuencias más lamentables se encuentra la pérdida de vidas humanas. De acuerdo con la organización Familia Pasta de Conchos, desde el accidente en esta mina a la fecha, 94 mineros han muerto a causa de la inseguridad en las minas, lo que significa un total de 159 decesos desde 2006 (si incluimos las fatalidades de esta mina) y decenas más de accidentados.

Cabe mencionar que la gran mayoría de estos crímenes permanece en total impunidad. Las contravenciones de garantías no se limitan al caso de los "pocitos"; por el contrario, existen múltiples evidencias de violaciones a los derechos laborales, humanos, agrarios, sociales y de los pueblos indígenas. Un gran número de ellos han quedado registrados en diversas protestas de los propios trabajadores o comunidades ante las empresas y diversas autoridades en el país. Incluso, ante la negligencia de las autoridades mexicanas (que en un gran número de casos han decidido cerrar los ojos), se han denunciado ante organismos internacionales protectores de derechos humanos. Entre los múltiples ejemplos encontramos "diversos casos registrados por expertos y defensores que promueven y protegen derechos de comunidades afectadas por explotaciones mineras en los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California y Durango"; daños generados a múltiples comunidades en Jalisco y Colima registrados por defensores de derechos ambientales y humanos; disputas legales por injustas condiciones de la explotación de las tierras y consecuencias al medio ambiente en la comunidad de Peñasquito en Zacatecas, donde se encuentra una de las tres minas de oro más importantes del mundo; el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en 2011 denunció las lamentables condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila; el informe de la Organización de Naciones Unidas que recientemente señaló que por omisión y comisión el Estado Mexicano no garantiza ni hace respetar los derechos de los pueblos indígenas del país; las denuncias a violaciones de derechos humanos y abuso en la explotación de sus tierras presentadas en Toronto –ante accionistas de la compañía Excellon Resources en abril del presente año– por integrantes del ejido La Sierrita y a cuya demanda legal el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en nuestro país, ha dado una primera resolución a su favor; la investigación de la organización de Familia Pasta de Conchos en la cual se revela que de las 5 mil concesiones otorgadas en el sexenio anterior, al menos 50 por ciento de los empresarios carecen de actas constitutivas que acrediten que los socios inversionistas son mexicanos y que estas empresas además ejercen una permanente defraudación ante el IMSS, que a su vez tolera las violaciones de los empresarios mineros y no realiza auditorías de ningún tipo; entre muchas otras.

La problemática del sector minero es compleja y tiene diferentes consecuencias nocivas para el país. Los últimos gobiernos generaron diferentes reformas que actualmente permiten la depredación de la riqueza nacional minera, principalmente para beneficio de un pequeño grupo de compañías extranjeras y nacionales. De esta forma, no sólo se pierde una valiosa oportunidad de combatir la pobreza y desigualdad, sino que la falta de una regulación efectiva por parte del Estado y la falta de voluntad o complicidad de las últimas administraciones federales, ha permitido que se generen como consecuencia daños al medio ambiente; violaciones a derechos laborales, humanos, sociales, de los pueblos indígenas; incluso la participación del crimen organizado, que no sólo amenaza la seguridad de las comunidades, sino que incrementa el riesgo de ruptura del tejido social.

Es urgente un cambio integral y de fondo. Desafortunadamente, hasta el momento el gobierno federal no ha dado señales de voluntad o propuestas de cambio serias para mejorar las instituciones responsables del buen funcionamiento del sector, aplicación de la ley, así como defensa de derechos laborales y sociales. En este sentido, es fundamental insistir desde las diferentes trincheras: sociedad civil, academia, partidos políticos, poder legislativo, entre otros, para que la presente administración asuma su responsabilidad. Desde el Senado de la República he manifestado esta postura desde el inicio de la presente legislatura y realizado diversas propuestas. Durante los debates de la reforma laboral pedimos que se incluyeran cambios para garantizar las condiciones de seguridad y derechos laborales de los trabajadores mineros, hemos también presentado diversos puntos de acuerdo para denunciar la situación de los trabajadores en los "pocitos de carbón" y exigir a las autoridades federales su protección; para señalar daños ambientales; a los derechos de comunidades, y exigir su reparación, entre otros.

Esta propuesta de Nueva Ley Minera busca robustecer la capacidad estatal de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad minera a la vez que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de los convenios internacionales contraídos por el estado mexicano. Las principales propuestas de la reforma son:

• La actividad minera dejaría de ser preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, como lo establece la actual ley. Asimismo la minería se considerará una actividad de “interés público” y ya no de “utilidad pública”.

• Se establece como requisito indispensable para cualquier concesión una “licencia social” a través de consulta y participación ciudadana, incluyendo concesiones para exploración minera; concesiones para explotación y beneficio minero; asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano; prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero; permisos de operación para actividades de beneficio minero (fuera de una concesión) y transmisión de concesiones.

• Se separan las concesiones de exploración de las concesiones de explotación y beneficio minero. Se establecerían plazos diferentes de vigencia, duración y prórroga.

• Se ordena la participación vinculante de la población sobre toda decisión en torno a actividades mineras. Se establece un procedimiento especial para pueblos originarios.
• Se regula el transporte de insumos, producción y desechos mineros.

• Se instituyen regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

• Se establece todo un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales, frente a actividades mineras.

• Se establece un procedimiento estrictamente regulado para el cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para la empresa minera.

• Se regula la transmisión de concesiones y se elimina la división, reducción o unificación de las mismas.

• Se establecen límites territoriales a la entrega de una concesión (áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos, entre otras), así como condiciones en que no puede concederse una concesión (para proyectos de explotación por tajo a cielo abierto, por tumbe y relleno, en pocitos de carbón, en actividades de beneficio que utilicen cianuro de sodio, mercurio u otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, para minería submarina o solicitantes con antecedentes de violación de derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social en el país o el extranjero, entre otras).

• Se anulan las cláusulas de confidencialidad que se usan para ocultar información que deben entregar las empresas mineras al Estado.

• Se generan informes adicionales que debe presentar la empresa a la Secretaría de Economía. Dicha información será pública y accesible a la ciudadanía en general, con la obligación de entregarla a las comunidades donde operan las mineras.

• Se fortalece el sistema de inspecciones durante la operación de las compañías mineras. Se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, aleatorios, con la participación de las comunidades, en caso de encontrarse irregularidades, de incumplimiento de acuerdos o permisos del concesionario, se aplicarán a sanciones llegando hasta la cancelación de la concesión.

• Se exime de pago de derechos la entrega de información cartográfica correspondiente a yacimientos, concesiones y sitios de actividad minera. Se ajustan montos a pagar por derechos correspondientes a número de hectáreas de concesión.

• Se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

• Se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco (se reforman la Ley Federal de Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal y el Código Fiscal de la Federación).

• Se fortalecen los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley. Aumentan las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones de la concesión.

Acorde a lo establecido en los párrafos tercero, cuarto, y sexto del artículo 27 de la Constitución: el Estado debe regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana; Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales; la Nación posee el dominio inalienable e imprescriptible y la explotación de los recursos naturales.

Pero el marco jurídico actual, permite el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales no renovables y el desarrollo de una industria que además de no generar ingresos y beneficios para la nación, tampoco desarrolla actividades transformativas y se limita a la extracción de minerales y no a su racional aprovechamiento industrial. Por ello la necesidad imperativa de esta reforma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley Minera, para quedar como sigue:

LEY MINERA

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría.

Artículo 2. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos aplicables, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

Artículo 3.- El Estado garantizará que los mecanismos de extracción y beneficio de los recursos naturales concesibles comprendidos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos preserven el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, permitan condiciones de vida con dignidad para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los derechos humanos.

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I.- Exploración: Las obras y trabajos realizados con el objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;

II.- Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo;

III.- Beneficio: Los trabajos de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a que se somete el material extraído para su posterior utilización y transformación. Preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos;

IV, Cierre de mina: Obras que la empresa minera tiene la obligación de realizar para restaurar, remediar todos los impactos naturales (biológicos, ecológicos y paisajísticos), sociales (referentes a la vida en comunalidad, a servicios comunitarios o pertinentes a la salud de la población), culturales (materiales e inmateriales) y económicos (actividades primarias, secundarias y terciarias) que hayan sido alterados parcial o totalmente por la actividad minera.

V. - Actividad minera: Exploración, explotación, beneficio y cierre de mina.

VI.- Asignación minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía exclusivamente al Servicio Geológico Mexicano para actividades de exploración de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del  dicho lote sin que la superficie forme parte de la asignación;

VII.- Concesión minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para actividades de exploración o explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley  en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro de dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

VIII.- Ley: La Ley Minera;

IX.- Consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado (consulta): Derecho y procedimiento que tienen los pueblos y sus habitantes, a través de sus asambleas y autoridades representativas, para definir la aprobación o negación de un proyecto u actividad que tenga una clara tendencia de incidencia externa y que pretende implementarse en algún lugar del territorio del pueblo o localidad. Este derecho se ejerce a partir de disponer, de manera autónoma, información fidedigna, suficiente, oportuna y culturalmente adecuada, con el propósito de generar un proceso de análisis y reflexión entre las mujeres y los hombres de una población, sobre las ventajas y desventajas que puede generar un proyecto u actividad

X.- Participación social y ciudadana para obtener un acuerdo previo, libre, informado y vinculante(participación):Derecho y procedimiento mediante el cual el gobierno obtiene el consentimiento o rechazo vinculante de las poblaciones no indígenas, para la realización de actividades mineras en sus territorios.

XI.- Licencia social: Consentimiento vinculante otorgado a través de procesos de consulta, por poblaciones y comunidades indígenas, o acuerdo vinculante otorgado a través de procesos de participación, por poblaciones no indígenas, para la realización de actividades mineras.

XII.- Poblaciones directa o indirectamente afectadas (poblaciones): Aquellas poblaciones, indígenas o no indígenas, que se encuentren en riesgo de recibir algún impacto a raíz de la actividad minera.

XIII.- Registro: El Registro Público de Minería;

XIV.- Secretaría: La Secretaría de Economía;

XV.- Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que ya habitaban en el territorio actual del país desde el inicio de  la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, parte de ellas.

XVI.- Comunidades integrantes de un pueblo indígena: Aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

XVII.- Tajo a cielo abierto: Todo proyecto de explotación de minerales concesibles cuyas actividades se llevan a cabo a la intemperie. Implica la remoción de grandes volúmenes de minerales por medio de excavaciones en franjas horizontales llamadas bancos. Los bancos se remueven en forma descendente a partir del banco que se encuentre en la superficie. Esta técnica de explotación se aplica en yacimientos masivos de gran tamaño, cerca de la superficie, donde los minerales se encuentran diseminados (de baja ley). Se basa en la extracción de todo el material donde se ubica el mineral. Asimismo, elimina la cubierta vegetal, la biodiversidad y el suelo, generando repercusiones irreversibles en el paisaje, la geografía y el medio ambiente, además de serias repercusiones sociales.

XVIII.- Tumbe y relleno: Tecnología de explotación empleada en minas subterráneas, consiste en romper el mineral en diferentes pisos y en sentido descendente, ascendente o con techo en arco. Después que un corte o piso haya sido completamente extraído, se procede a rellenar antes de empezar el nuevo corte en el piso inmediato inferior. Este relleno es el que va ayudar en el sostenimiento del techo del nuevo frontón que se abre. El minado del mineral continúa piso por piso hasta terminar el bloque.

XIX.- Pocitos de carbón: Extracción de carbón mineral en forma rudimentaria en tiros verticales a menos de 100 metros de profundidad.

XX.- Minería artesanal: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones a) posea una capacidad  para remover materiales del subsuelo menor a setecientos cincuenta toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley, inferiores a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXI.- Pequeña minería: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: a) posea una capacidad  para remover materiales del subsuelo entre setecientos cincuenta y quince mil  toneladas métricas mensuales; b)obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley entre quinientos y cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXII. Mediana minería: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: a) posea una capacidad  para remover materiales del subsuelo entre quince mil y sesenta mil  toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley entre cinco mil y veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXIII.- Gran minería: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: a) posea  una capacidad  para remover materiales del subsuelo mayor a las sesenta mil  toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley,  superiores a veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXIV.- Minería hidráulica: Proceso de extracción de los recursos naturales concesibles que involucre explotación bajo el agua, ya sea en pantanos lagos, glaciares, esteros o el mar comprendido por las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5.- Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

III. Diatomita;

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;

V. Sal gema;

VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;

IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales o a la necesidad prioritaria de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.

Quienes pretendan realizar la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, deberán solicitar la obtención de la concesión minera correspondiente, siempre y cuando realicen lo que corresponde a los términos que esta Ley y su Reglamento señale para su otorgamiento.

Artículo 6.- Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:

I.- El petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso; así como el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

II.- Los minerales radiactivos;

III.- Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos;

IV.- Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto en pequeña escala.

VI.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas.

Artículo 7.- La actividad minera no es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y estará condicionada a que no vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos. Sólo se considerará de utilidad pública cuando esta actividad se realice directamente por el Estado, sin la participación de particulares, y para beneficio directo de los mexicanos.

Cada etapa del proceso minero, pero en especial la exploración, explotación, el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, así como las acciones para el cierre de minas, se someterán a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas, y a la participación social y ciudadana para obtener el acuerdo previo, libre, informado y vinculante para poblaciones no indígenas; bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen.

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría:

I.- Promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación;

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería;

III.- Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas, relacionados con la industria minerometalúrgica;

IV.- Participar con las dependencias competentes, así como con las instituciones de educación superior, de salud, de investigación y organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de los pueblos circunvecinos, así como de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale;

VI.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación de zonas de reservas mineras;

VII.- Expedir títulos de: a) concesión de exploración, b) concesión de explotación y beneficio y c) asignación minera. Resolver sobre la nulidad, cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas.

VIII.- Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y de las disposiciones de los demás ordenamientos jurídicos aplicables sobre las solicitudes de expropiación o constitución de servidumbre, indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley;

IX.- Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;

X. Solicitar y recibir, con carácter público, información sobre el volumen y el valor de la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, los estados económicos de empresas mineras y metalúrgicas, así como el nombre y razón social de empresas asociadas involucradas en trabajos de explotación, exploración, beneficio y otras tareas relacionadas con las actividades mineras para cada concesión especificando el porcentaje de inversión nacional y el porcentaje extranjero, indicando el nombre y razón social de las empresas con las que mantiene vínculos comerciales, con planes estratégicos, industriales, de investigación, así como el historial de cada una de ellas, sean nacionales o extranjeras

Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre los estados contables de empresas mineras y metalúrgicas;

XI.- Entregar una copia a las poblaciones de todos los informes, registros e inventarios que entregue el concesionario a la Secretaria;

XII.- Integrar una base de datos pública con información pormenorizada y desagregada sobre las concesiones y asignaciones mineras, las personas físicas y morales que ostenten una concesión, las coordenadas geográficas que delimitan las concesiones, la localización de los proyectos de explotación en operación, el historial de los titulares de cada concesión, el tipo y volumen de minerales extraídos, los derechos pagados, información sobre yacimientos e información adicional, según lo disponga el Reglamento de esta Ley.

XIII.- Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última. Esta información será puesta a disposición del público;

XIV.- Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;

XV.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación, beneficio de minerales o sustancias concesibles o cierres de minas e imponer las sanciones administrativas correspondientes, así como realizar las denuncias judiciales que correspondan derivadas de su inobservancia. La Secretaría realizará visitas de inspección periódicas para corroborar el cumplimiento de los deberes y obligaciones;

XVI.- En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente;

XVII.- En conjunto con las Secretarías respectivas, establecer los términos y condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico, laboral y ambiental para la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XVIII.- Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley, y

XIX.- Asegurarse de que las empresas solicitantes de una concesión acrediten que no cuentan con antecedentes, en México o el extranjero, de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social.

XX.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes.

La Secretaría podrá  deberá solicitar e integrar la colaboración de otras autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley. Deberá convocar además, a las instituciones de educación superior, de salud, de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 9.- La Secretaría formulará los programas de fomento a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería, señalados en la fracción II del artículo anterior, y coordinará las acciones necesarias para su ejecución.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por este artículo.

Artículo 10.- Para el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.

El Servicio Geológico Mexicano tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal , los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.

La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por:

El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá;

Dos representantes de la Secretaría de Economía;

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Un representante de la Secretaría de Energía;

Un representante de la CNDH

Un representante del INAH

Tres representantes de las poblaciones afectadas por la actividad minea

Dos representantes de la sociedad civil organizada entre cuyas actividades se encuentre, entre otras, el tema de la minería.

Un representante de universidades públicas nacionales

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa obligatoria del Presidente del Órgano de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, tres representantes adicionales de poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por la minería y tres representantes de los sindicatos del sector minero.

Para la validez de las reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

El Director General será designado por el Presidente de la República, a través del titular de la Secretaría, debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo.

La vigilancia del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de la organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico.

Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano se regirán por el apartado A) del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico Mexicano deberá cumplir con las siguientes funciones:

I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para generar conocimientos sobre la composición geológica del suelo, en servicio del desarrollo científico e interés social. ;

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;

III. Inventariar los depósitos minerales del país;

 

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica, geohidrológica y minera del país donde será puesta a disposición de la ciudadanía, de manera gratuita, toda la información generada y recopilada por esta entidad;

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo, proveer información del comportamiento geohidrológico, disponibilidad y calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas que podrían ser afectadas por un determinado proyecto minero, y proporcionar su interpretación;

VII. Cobrar a los concesionarios una contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados para cada lote concesionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

VIII. Dar a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería, asesoría técnica, en términos preferentes fijados por el Reglamento, en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento;

IX. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físico-químicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;

X. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;

XI. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de los minerales y sustancias concesibles y la incorporación y desincorporación de zonas a reservas mineras;

XII. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas;

XIII. Solamente podrá prestar los servicios descritos en este artículo dentro del territorio nacional.;

XIV. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;

XV. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio público de información geológica, geohidrológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

XVI. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;

XVII. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;

XVIII. Proporcionar asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales;

XIX. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros;

XX. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación de forma sustentable y con respeto a la biodiversidad y evitando el uso de sustancias químicas en los procesos de beneficio de los valores metálicos;

XXI. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga;

XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado;

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

XXV. Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, a través de la historia minera y metalúrgica, sus diferentes impactos económicos, ambientales y sociales, mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los gobiernos de las entidades federativas.

XXVI. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes, sujetándose estrictamente a las facultades que le otorgan.

CAPITULO SEGUNDO
De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras

Artículo 11. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 5, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras de exploración y explotación otorgadas por la Secretaría.

El Servicio Geológico Mexicano participará en las actividades de exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.

Los títulos de concesión y de asignación minera y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.

Artículo 12.- Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas:

I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley o de otros ordenamientos aplicables;

II.- Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y

III.- En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia.

IV.- Que no cuenten con antecedentes en México o el extranjero de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social.

Artículo 13.- Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, que no queda incluida en la concesión, pero sobre la cual se determina el perímetro que comprende.

Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros.

La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.

La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del perímetro del lote.

Artículo 14.- El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente:

El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá derecho preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo.

En caso de que el titular antes señalado no ejerza su derecho, la preferencia pasará al siguiente titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco y así sucesivamente.

Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos.

En caso de que una persona distinta al titular señalado en el segundo párrafo de este artículo solicite la concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que colinden con el hueco para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores. Los interesados contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que surtan efectos tales notificaciones para presentar la solicitud de concesión correspondiente.

Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Artículo 15.- Para que sea otorgada una concesión de exploración, el peticionario o concursante previamente tendrá que acreditar haber cumplido todos los siguientes requisitos:

I.- Obtención de la licencia social a partir de procedimientos de consulta o participación con base en los términos establecidos en el capítulo cuarto de la presente Ley;

II.- Demostrar que el uso de suelo concesionado guarda congruencia con la normatividad vigente de los tres niveles de gobierno.

III.- Aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV.- Permiso de construcción y permiso de obras

V.- En su caso, Permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de material explosivo en la industria minera que entrega la Secretaría de la Defensa Nacional.

VI.- Si la concesión afectara pueblos indígenas, deberá ajustarse también a lo dispuesto en el capítulo tercero de esta ley.

Cuando se trate de una concesión de explotación y beneficio, antes de otorgarse, el peticionario o concursante, además de los requisitos anteriores, deberá contar con las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional del Agua, autorizaciones para el uso de suelo y, en su caso, los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En caso de que se haya negado la licencia social a un solicitante, la Secretaría no podrá iniciar un nuevo proceso de solicitud concesión sobre los recursos del subsuelo delimitados por ese mismo terreno superficial, hasta que se haya cumplido con un plazo de 6 años a partir de la negativa de licencia social.

Artículo 16.- Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Si se presentaran dos solicitudes simultáneas, las poblaciones decidirán a cual proyecto le otorgan la licencia social.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de asignación sobre las de concesión.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, se declarará la libertad de terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Servicio Geológico Mexicano mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.

Artículo 17.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado en o amparado por:

I.- Zonas incorporadas a reservas mineras;

II.- Concesiones y asignaciones mineras vigentes;

III.- Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite;

Cuando se cancelen concesiones, así como cuando se desaprueben o sean objeto de desistimiento solicitudes de concesiones o asignaciones, la Secretaría, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno correspondiente.

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los mismos.

Cuando se cancelen concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción del terreno que se abandone.

Artículo 18.- No se concederán concesiones de exploración o de explotación y beneficio:

I.- Para aquellos proyectos de explotación de mediana y gran minería por medio de los siguientes métodos:

a) Explotación profunda de tajo a cielo abierto

b) Soportados o de tumbe y relleno.

II.- Para aquellos proyectos de explotación minera en pocitos de carbón.

III.- Para aquellos proyectos que contemplen minería hidráulica.

IV.- A solicitantes que hagan entrega de recursos en dinero o en especie a los habitantes o autoridades de las poblaciones, o que realicen actividades mineras durante el proceso de obtención de los permisos que dispone el artículo 15.

V.- Para aquellos proyectos de explotación y beneficio minero, que en sus procesos hagan uso de cianuro y mercurio o provoquen la liberación de minerales y/o sustancias altamente tóxicas como el arsénico, cadmio, molibdeno y otros metales pesados.

VI.- Al solicitante que ostente algún antecedente de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social tanto en territorio nacional como en el extranjero.

VII.- En las áreas naturales protegidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, con el propósito de salvaguardar su integridad. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 50 kilómetros, paralela al polígono del área natural protegida. Esta prohibición se extiende a las áreas protegidas de los tres niveles de gobierno, sitios RAMSAR y AICAS.

VIII.- En áreas que por sus bienes naturales son estratégicas para el desarrollo de los pueblos, como bosques y selvas, sitios con biodiversidad y sitios culturales y sagrados de pueblos y comunidades que de forma directa e indirecta puedan ser afectadas

X.- En zonas contiguas a monumentos públicos, históricos, arqueológicos, zonas rituales para comunidades indígenas,  zonas bajo riesgo de contaminación radioactiva, zonas bajo riesgo de contaminación por impactos acumulativos o sinérgicos, así como núcleos poblacionales. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 50 kilómetros establecidos a partir de los límites de estas áreas.

XI.- En zonas de reserva total y parcial, zonas de veda, según lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales. En zonas donde la autoridad competente acuse que el volumen de explotación del acuífero, planteado en el proyecto de la concesión y tomando en cuenta el efecto acumulado de otras actividades económicas, rebase su capacidad de recarga.

XII.- En áreas destinadas a la producción de alimentos básicos para la población. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 50 kilómetros establecidos a partir de los límites de estas áreas.

XIII.- En áreas de captación de agua de lluvia y recarga de acuíferos que se localizan en las partes altas de las cuencas hidrológicas.

Artículo 19.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley.

I.- Las concesiones mineras de exploración serán otorgadas por un máximo de cuatro años improrrogables.

II.- Las concesiones mineras de explotación y beneficio tendrán una duración igual a la expresada y demostrada por la empresa en su proyecto de explotación y beneficio de minerales, mismo que presentará para la adquisición de las diversas autorizaciones, licencias, permisos y similares requeridos por las mismas dependencias e instancias de la administración pública que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones.

El plazo de la concesión no excederá veinte años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando el titular de la concesión solicite un cambio al proyecto de explotación y beneficio, la Secretaría podrá autorizarlo sólo cuando el titular haya concluido las labores de cierre de mina amparadas por el proyecto original y cumplido con las disposiciones del capítulo cuarto.

Artículo 20.- Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El Servicio Geológico Mexicano, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a declarar:

I.- La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;

II.- La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad o corporación a reserva minera de la totalidad del terreno que ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.

Artículo 21.- Cuando por utilidad pública cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a declarar la libertad del terreno amparado.

Artículo 22.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.

CAPITULO TERCERO
De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 23. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen.

De igual manera, tienen derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.

Para el caso de que por alguna causa se destruya, tienen derecho a una reparación justa, que correrá a cargo del responsable y en su caso del Estado.

Artículo 24. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando los recursos minerales se encuentren en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias o Entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho.

Artículo 25. Antes de iniciar un procedimiento de consulta,  la Secretaría deberá asegurarse, en conjunto con las instituciones científicas, de educación superior, culturales, de salud y organizaciones de la sociedad civil, que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretenden realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Se entiende que se pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades, cuando se pueden presentar los siguientes casos.

I.- Impliquen el desplazamiento de los pueblos;

II.- Se afecten las fuentes de obtención de alimentos para la población, o provoquen daños al bienestar o la salud de las poblaciones;

III.- Disminuya la capacidad de captación de agua para el consumo humano o la producción de alimentos;

IV.- Se afecte la reproducción cultural al destruirse o modificarse parcial o sustancialmente sus lugares sagrados y espirituales;

V:- La actividad minera represente una causa preponderante de migración de los miembros de los pueblos indígenas o sus comunidades.

Bajo cualquiera de estos supuestos, la Secretaría negará automáticamente la solicitud de  concesión o el otorgamiento de una asignación minera.

Artículo 26. El Ejecutivo Federal no podrá otorgar ninguna asignación o concesión sobre tierras o territorios indígenas sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

Artículo 27. El consentimiento a que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgado por los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, por medio de consultas que se lleven a cabo a través de las autoridades representativas de dichos pueblos indígenas o sus comunidades y mediante los procedimientos que acostumbran utilizar para discutir y tomar acuerdos sobre los problemas de su interés.

Artículo 28. Es responsabilidad de la Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de asignaciones o concesiones mineras en territorios indígenas. Para llevarla a cabo deberá proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión y acordar con ellos el mecanismo de consulta, así como los objetivos específicos de ella. Este proceso debe llevarse a cabo, con buena fe y sin que medie alguna forma de coacción, garantizándose así una decisión libre.

Artículo 29. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 15 y 25, el Ejecutivo Federal podrá otorgar las asignaciones o concesiones mineras. Antes de comenzar las actividades de exploración o explotación que amparen, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades, y con la participación del Estado, mínimamente todas las siguientes cuestiones:

I.- Las condiciones en que se desarrollarán las actividades de exploración, explotación y beneficio de los valores metálicos;

II.- Las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus tierras, territorios, los recursos naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales;

III.- Las formas de remediar los daños anteriores que pudieran causarse, a pesar de las medidas tomadas y en forma de garantizar que se lleven a cabo, y;

IV.- Los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera, entre los cuales se consideran la posibilidad de asociación de los pueblos o comunidades indígenas con la empresa concesionaria, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 30. Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.


CAPITULO CUARTO
De la obtención de la licencia social a partir de los procedimientos de Consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado y Participación social y ciudadana para obtener un acuerdo previo, libre, informado y vinculante

Artículo 31.- Se requerirá la obtención de licencia social para:

I.- El otorgamiento de concesiones de exploración y concesiones de explotación y beneficio.

II.- El otorgamiento de asignaciones mineras

III:- Prórrogas a las concesiones y asignaciones mineras otorgadas

IV.- Permisos de operación para actividades de beneficio realizadas fuera de los límites superficiales de una concesión minera.

V.- Procesos de transmisión de concesiones si se verifican los supuestos establecidos en el artículo 49

VI.- Para el transporte de insumos, producción y desechos de la minería cuando esta actividad implique riesgos a la salud de la población y al medio ambiente.

Artículo 32.- La licencia social a la que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgada por medio de un proceso de consulta o participación donde concurra la población interesada a partir de una convocatoria emitida por la Secretaría. La Secretaría debe garantizar que esta convocatoria tenga plena difusión entre la población potencialmente afectada por el proyecto.

Artículo 33.- Es responsabilidad de la Secretaría la organización y realización del proceso de participación, previo a la entrega de cualquiera de los procedimientos especificados en el Artículo 31. Para llevarla a cabo deberá garantizar el derecho de las poblaciones a recibir toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión, acorde a mecanismos libres, democráticos y culturalmente adecuados de toma de decisión.

Artículo 34.- Corresponde a la parte solicitante de la concesión o asignación la responsabilidad de presentar a la Secretaría información sobre el proyecto de exploración o explotación y beneficio que promueve, así como de la Manifestación de impacto ambiental, aprobada por la autoridad competente, correspondiente al mismo.

La información presentada debe ser veraz. Adicionalmente, se presentará un resumen de cada uno de estos documentos en lenguaje simplificado y comprensible y, en su caso, traducido a la lengua de la población en cuestión.

Artículo 35.- La Secretaría será responsable de entregar y dar difusión, entre la población potencialmente afectada, de los documentos proporcionados por el solicitante, con sus correspondientes anexos.

Convocará a las dependencias de gobierno, instituciones de educación superior, investigación, salud y asociaciones de la sociedad civil para efectuar el análisis de los efectos de los proyectos presentados por el solicitante sobre la cuenca, el medio ambiente, la economía, la cultura y la salud de todas las poblaciones potencialmente afectadas.

Contará con un mes a partir de la entrega de los documentos por parte del solicitante para garantizar que el contenido de los documentos sea difundido entre la población, así como para hacer efectiva la convocatoria a las distintas dependencias e instituciones.

Artículo 36.- Una vez conocidos los documentos, las poblaciones potencialmente afectadas podrán solicitar de manera autónoma la información necesaria y solicitar la intervención de expertos que revisen la veracidad y pertinencia de la información presentada y que señalen omisiones en los mismos.

Las autoridades deberán otorgar todas las facilidades para que las instituciones y asociaciones a las cuales hace mención el artículo anterior, así como los expertos convocados de manera autónoma por las poblaciones, en conjunto proporcionen información veraz acerca de los efectos del proyecto sobre la población y el medio ambiente.

Esta etapa tendrá una duración de 6 meses a partir de la fecha en que la Secretaría haya concluido sus labores de difusión de los documentos.

Artículo 37.- Una vez concluido el proceso de análisis de la información, las poblaciones potencialmente afectadas podrán solicitar:

I.- Proceder directamente a la definición del otorgamiento de la licencia social a través de los procesos de consulta o participación.

II.- Abrir un proceso de negociación con el solicitante y la Secretaría en torno a los términos en que se realizará el proyecto de exploración o explotación y beneficio. Una vez concluido, se procederá a la definición del otorgamiento de la licencia social.

Artículo 38.- El proceso de negociación al que se refiere la fracción II del artículo anterior tendrá las siguientes características:

I.- Deberá realizarse de manera libre, pública y sin que medie forma alguna de coacción.

II: Participarán representantes legítimos de las poblaciones potencialmente afectadas, la Secretaría y representantes de la parte solicitante.

III.- Tendrá una duración máxima de 6 meses.

IV.- Podrá llegarse a un acuerdo que en caso de reflejarse en el otorgamiento de la licencia social será de obligatorio cumplimiento para las partes.

V.- El acuerdo deberá contener previsiones sobre los siguientes puntos:

a) Retribución por arrendamiento de terrenos y constitución de servidumbres necesarias para la realización de actividades mineras.

b) Planteamiento de alternativas a las distintas actividades mineras contempladas por el proyecto.

c) Establecimiento de medidas de mitigación, reparación y restauración durante las actividades mineras y en la etapa de cierre de mina. Para ello se establecerán, de común acuerdo, mecanismos de monitoreo del cumplimiento de estas medidas. Los costes serán asumidos por el solicitante.

d) Ocupación de los habitantes de la comunidad de manera preferente en los empleos generados por la actividad minera.

e) Participación de las poblaciones en las ganancias generadas por la minería a partir de cualquiera de los siguientes esquemas:

a. Participación de los habitantes de las poblaciones en un porcentaje de las acciones de la empresa minera que no podrá ser inferior a un porcentaje suficiente para participar con voz y voto en las reuniones de accionistas de la misma.

b. Reparto de un porcentaje de los ingresos netos de la empresa, en un monto que no podrá ser inferior al 5% de los mismos.

VI.- Corresponderá a las y los habitantes de las poblaciones decidir sobre el mejor uso y destino de los recursos recibidos en virtud de los acuerdos.

VII.- El acuerdo tendrá carácter vinculante hasta que sea otorgada la Licencia social por parte de las poblaciones a través de la consulta o la participación.

Artículo 39.- En caso de poblaciones indígenas, el otorgamiento de la Licencia social se llevará a cabo a partir de un proceso de consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, que deberá respetar las formas de organización y de decisión comunitarias y los tiempos determinados por las mismas.

Artículo 40.- En caso de poblaciones no indígenas, para cada caso se establecerá un mecanismo de participación de común acuerdo entre las poblaciones, el instituto electoral de la respectiva entidad federativa y la Secretaría, partiendo de las leyes de participación ciudadana del respectivo Estado.

Artículo 41.- La decisión en torno al otorgamiento o la negativa de licencia social tendrá carácter vinculante e inapelable.

Artículo 42.- En caso de que un concesionario quiera implementar algún cambio en el proyecto acordado con las poblaciones, tendrá que cumplir nuevamente con todas las previsiones estipuladas en este capítulo si pretende retener la concesión.

Artículo 43.- Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO QUINTO
De los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras

Artículo 44.- Las concesiones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que amparen;

II.- Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia;

III.- Solicitar la constitución de servidumbres de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros.

IV.- Aprovechar, previa concesión, las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

V.- Transmitir, previa autorización de la Secretaría, la titularidad de su concesión a personas legalmente capacitadas para obtenerla.

VI.- Solicitar a la Secretaría que identifique en la superficie los lotes que amparen la concesión y resuelva controversias entre concesionarios.

VII.- Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;

VIII.- Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;

IX.- Solicitar la prórroga en la concesión de explotación y beneficio acorde a partir de un nuevo proyecto presentado. La duración de esta prórroga no podrá exceder 20 años. y Para obtener esta prórroga, el solicitante tendrá que cumplir nuevamente con los requisitos del artículo 15. La solicitud de prórroga tendrá que realizarse por lo menos tres años antes de la fecha de terminación de la concesión respectiva.

Artículo 45.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, subsuelo, áreas o zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 46.- La ocupación del terreno superficial con fines de explotación y beneficio de los minerales sólo se realizara mediante convenio con los legítimos poseedores del territorio.

Tratándose de expropiaciones, cuando proceda, la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la resolución respectiva, priorizando la reposición del área afectada, por otra de igual tamaño, procurando que se encuentre en las inmediaciones del terreno expropiado y que presente similares características de calidad de la tierra y presencia de recursos naturales.

Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.

Artículo 47.- Las solicitudes de identificación de superficies procederá cuando el nuevo lote o lotes se encuentre comprendido dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 48.- La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven, surtirán sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo anterior.

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma obligaciones cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.

Artículo 49.- Para la transmisión de la titularidad de concesiones mineras se observarán los siguientes requisitos:

I. Los particulares solicitarán a la Secretaría la transmisión de la titularidad de la concesión.

II. Deberán acreditar que quien recibe la concesión se encuentra capacitado para hacerlo en los términos del artículo 12.

III. La Secretaría informará a las poblaciones cuya licencia social fue obtenida, a partir de las modalidades de consulta o participación, de la solicitud de transmisión en proceso y las partes involucradas. Integrantes de las poblaciones tendrán un término de sesenta días para objetar el proceso de transmisión de titularidad.

IV. En caso de objeción de parte de las poblaciones, se tendrá que realizar un nuevo proceso de consulta o participación.

V. Cumplido lo establecido en las fracciones I a IV, la Secretaría podrá aprobar o rechazar la transmisión solicitada por los particulares.

VI. En caso de aprobación, publicará el pago acordado entre los particulares para la transmisión y dejará constancia de la transmisión en el Registro Público de Minería.

VII. La transmisión será sujeta al pago de un derecho establecido en el artículo 65 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo 50.- Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la Secretaría del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.

Artículo 51.- Las asignaciones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen;

II.- Convenir con los legítimos poseedores, a partir de la obtención de la licencia social, la ocupación del terreno superficial o la constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración.

III.- Identificar la superficie que amparen, y

IV.- Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven.

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.

CAPITULO SEXTO
De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras
y el Beneficio de Minerales

Artículo 52. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I.- Ejecutar y comprobar, con estricto apego al proyecto aprobado, las obras y trabajos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás normas que regulan la actividad minera. ;

II.- Cumplir con las obligaciones fiscales que las leyes y reglamentos en la materia, establezcan

III.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

VI.- Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;

VII.- Rendir anualmente a la Secretaría los informes geológicos, estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señala el Reglamento de la presente Ley. Estos informes incluyen información sobre las obras y trabajos desarrollados, estados económicos de las empresas concesionarias, el destino de venta de su producción, información geológica producida por sus trabajos de exploración, entre otros rubros establecidos en esta Ley y su Reglamento.

VIII.- Durante la explotación se llevarán registros e inventarios actualizados del tipo de minerales extraídos y del volumen de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio para cada uno, con el propósito de establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se entregarán, mensualmente a la Secretaría, misma que tendrá la obligación de publicarlos. Esta información le permitirá a la Secretaría estimar los montos a pagar por derecho especial a la minería según lo establecido en el artículo 238 de la Ley Federal de Derechos.

IX.- Permitir en todo momento al personal comisionado por la Secretaría o por otros organismos públicos la práctica de visitas de inspección;

X.- Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe para que sea incorporado en el sistema público de información del propio Servicio;

XI.- Pagar al Servicio Geológico Mexicano, al momento de la entrega de una concesión, una contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados para cada lote concesionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

XII.- Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas asociado o no asociado a los yacimientos de carbón comprendidos dentro del lote que ampara la concesión minera.

XIII.- Acordar con Petróleos Mexicanos la forma de explotación y traslado del gas asociado o no asociado a los yacimientos de carbón mineral.

XIV.- Reparar los daños y perjuicios al equilibrio ecológico y de protección al ambiente, a la salud de la población, a los monumentos culturales e históricos, establecer depósitos para los desechos tóxicos industriales, como cianuro y arsénico y demás propios de la minería. Esta obligación subsistirá por sesenta años posteriores a la fecha de terminación de la concesión.

XV.- Al otorgarse las concesiones de exploración y/o explotación y beneficio, el concesionario estará obligado a constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones mineras y ambientales adquiridas por el mismo, así como el pago de las multas. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a). Para la concesión de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;

b). Para la concesión de exploración y beneficio, en la etapa de construcción y montaje, el 5% de la inversión anual por dicho concepto;

c). Para la concesión de explotación y beneficio, en la etapa de explotación, equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por la Secretaría.

d).- Tras ser aprobada por la Secretaría, la póliza deberá mantenerse durante el periodo de vigencia de la concesión, sus prórrogas y por cinco años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo.

e).- La constitución de la póliza no exime al concesionario del cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el costo derivado del incumplimiento de una obligación supere el monto de la póliza, el concesionario estará obligado a cubrir el remanente.

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en este artículo estarán a cargo del adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 48 de esta Ley.

Artículo 53.- La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los productos minerales por obtener.

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería.

Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley. Los informes se publicarán en la página web de la Secretaría. Y en un plazo máximo de 60 días la Secretaría emitirá resolución respecto a la veracidad de los informes de comprobación, que será pública.

Artículo 54.- La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:

I.- Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;

II.- Perforaciones;

III.- Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;

IV.- Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;

V.- Análisis físico-químicos;

VI.- Pruebas de experimentación metalúrgica;

VII.- Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;

VIII.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;

IX.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica;

X.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;

XI.- Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;

XII.- Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;

XIII.- Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;

XIV.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y

XV.- Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 55.- La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.

Artículo 56.- Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos por esta Ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un máximo de dos años consecutivos, dentro de un período de diez años.

Artículo 57.- Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.

Artículo 58.- La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen las disposiciones fiscales.

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento, cuando no se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 59.- Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de veinte trabajadores en los demás casos, con independencia de si estos han sido contratados directa o indirectamente por el concesionario.

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación y beneficio o a quien lleve a cabo estos trabajos.

Artículo 60.- El informe a que se refiere el artículo 52, fracción X de esta Ley, describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de treinta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los treinta días naturales de que a su vez lo reciba.

Artículo 61.- El Servicio Geológico Mexicano, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señalan las, V, VI, VII y X del artículo 52 de esta Ley.

Artículo 62.- Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:

I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

II.- Solicitar a la Secretaría un permiso de operación para actividades de beneficio realizadas fuera de los límites superficiales de una concesión minera.

III.- Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

IV.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;

V.- Obtener la licencia social a partir de la consulta o participación, además de contar con todas y cada una de las respectivas autorizaciones, licencias y permisos.

VI.- Procesar el mineral proveniente de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros, previo aviso a la autoridad y en condiciones competitivas, hasta por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y

VII.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría libertad permanente y acceso inmediato cuando se presente la orden de revisión, para que, en ejercicio de sus facultades realice las visitas de inspección  y verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 63.- Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:

I.- Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal;

II.- Comprueben estar recibiendo minerales de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, o

III.- Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas.

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Artículo 64.- En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán garantizar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.


CAPITULO SÉPTIMO
De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos

Artículo 65.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:

I.- Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley;

II.- Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas;

III.- La concesión que se otorgue violando alguna de las prohibiciones reguladas en los artículos 17 y 18 de la presente Ley.

IV.- La concesión se otorgue sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 15, o

V. - La concesión se entregue luego de un proceso de otorgamiento de Licencia social viciado por la violación de lo dispuesto en el capítulo cuarto.

VI.- El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno.

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 66.- Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas, así como aquellas que violen alguna de las disposiciones establecidas en el artículo 49 de la presente Ley.

Artículo 67.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I.- Terminación de su vigencia;

II.- Fallecimiento del titular, en caso de ser persona física;

III.- Desistimiento debidamente formulado por su titular;

IV. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la identificación de superficie amparada por concesiones mineras;

V.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 80 de esta Ley,

VI.- Resolución judicial, o

Artículo 68.- El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá de inmediato cuando éstos:

I.- Pongan en peligro la vida, salud o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, en observancia al principio precautorio;

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada

III.- Cuando las visitas de inspección realizadas revelen peligro o daño inminente a la salud, seguridad e higiene laboral, medio ambiente o patrimonio cultural material o inmaterial, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos y establecerá las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse las mismas en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

Artículo 69.- Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de la constitución de servidumbre o la nulidad de los convenios establecidos con los superficiarios cuando:

I.- El concesionario no haya obtenido la licencia social de parte de los legítimos poseedores del terreno, para los casos de constitución de servidumbre;

II.- Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;

III.- Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a que alude el artículo 56 de la presente Ley;

IV.- El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;

V.- Se incumpla el pago de la indemnización;

VI.- Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas por los artículos 65, párrafo final, y 67, fracción III, de esta Ley;

VII.- El terreno objeto de las mismas ya esté destinado o sea posteriormente destinado a un uso distinto al de la actividad minera, o

VIII.- Por sentencia judicial.

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.

Artículo 70.- Las nulidades señaladas por el artículo 65, fracciones I, III y IV, así como la suspensión o insubsistencia a que se refieren los artículos 68 y 69, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley.

Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 67, fracción VI, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de sesenta días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.

CAPITULO OCTAVO
Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera

Artículo 71.- La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos que a continuación se mencionan:

I. Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;

II.- Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;

III.- Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;

IV.- Los acuerdos de generados a partir de los procesos de obtención de licencia social.

V.- La constitución de servidumbres, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;

VI.- Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;
VII.- Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;

VIII.- Las sociedades a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;

IX.- Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;

X.- Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y

XI.- Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad.

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones VI a XI surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I, IV y V a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 72.- Todos los actos a que alude el artículo anterior se inscribirán de oficio.

Artículo 73.- Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar, sin cargo alguno, certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una inscripción determinada.

Artículo 74.- Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 75.- La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.

Artículo 76.- La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitud de concesión y asignación minera. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.

La Secretaría pondrá a disposición de la ciudadanía la Cartografía Minera. Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar planos de la misma sin incurrir en costo alguno.

CAPITULO NOVENO
De las Inspecciones, Sanciones y Recursos

Artículo 77.- La Secretaría,  deberá realizar visitas de inspección, con el propósito de verificar que los minerales extraídos y las cantidades declaradas como extraídas y procesadas, coincidan con lo autorizado en la concesión y con los reportes de la empresa; así como su cumplimiento y apego a la normatividad ambiental, las reglas de seguridad e higiene, de salud y en general toda aquella que deba ser observada para la seguridad del personal, medio ambiente y poblaciones con arreglo a las disposiciones siguientes:

I.- Designará dos o más inspectores, incluyendo como mínimo un inspector elegido por las poblaciones a quienes comunicará su nombramiento y la orden de visita.

II.- Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector; el objeto de la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora de su verificación, misma que no deberá exceder de 24 horas, para que concurra o esté debidamente representada en el lugar de la inspección; si el representante legal no estuviera presente, la diligencia se llevará a cabo, con quien se encuentre en el lugar.

III.- Los inspectores, una vez que se identifiquen, practicarán la visita en el lugar y fecha señalados, ante la persona notificada, su representante debidamente acreditado o quien se encuentre presente. Si a proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, los inspectores levantarán acta en la que harán constar lo anterior, firmada por dos testigos, éstos serán señalados por el mismo visitado y ante su negativa de nombrar testigos, los inspectores señalarán quienes actuarán como tales. En este último caso, se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba en contrario.

IV.- Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban.

V.- Los inspectores deberán rendir a la Secretaría un informe con  el resultado de la inspección,  en  plazo máximo de quince días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el informe fueran insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección para subsanar las deficiencias de la primera. Esta segunda inspección será llevada a cabo por los mismos inspectores y dos inspectores adicionales, de los cuales uno será nombrado por las poblaciones

VI.- La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, motivará y dictará resolución.

VII.- En casos de urgencia las visitas de inspección podrán ejecutarse en cualquier momento, sin que los concesionarios puedan negarse a recibirlas;

VIII.- Las visitas de inspección no podrán suspenderse y de ser obstaculizadas el inspector estará facultado para dictar medidas de apremio inmediatas y efectivas, incluyendo el auxilio y uso de la fuerza pública.

IX.- Las inspecciones podrán también realizarse por solicitud de la ciudadanía, siguiendo los procedimientos descritos en las fracciones anteriores.

Artículo 78.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional del Agua, La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La Procuraduría de Protección al Ambiente, La Secretaria de Salud o cualquier otra entidad que demuestre o acredite interés fundado, en coordinación con la Secretaría, podrán realizar visitas de inspección siguiendo el proceso descrito en el artículo anterior y lo que disponga el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 79.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera o multa.

Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.

Artículo 80.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I.- Violar lo establecido en el proyecto presentado para obtener las concesiones mineras, los acuerdos alcanzados con los pobladores afectados mediante los procesos de obtención de licencia social y los compromisos establecidos en la manifestación de impacto ambiental aprobada por la autoridad competente.

II.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

III. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

IV.- Incumplir las obligaciones fiscales que las leyes y los reglamentos en la materia establezcan.

V.- Incumplir en el pago de los derechos sobre minería;

VI.- Dejar de cubrir la cuota correspondiente a la póliza de garantía para el cumplimiento de las obligaciones mineras o ambientales y el pago de multas.

VII.- Entregar recursos, en dinero o en especie, a las poblaciones o a las autoridades de los ayuntamientos donde se realizan las actividades mineras, que no estén previstos en la Ley Federal de Derechos o en los acuerdos establecidos en virtud del capítulo cuarto.

VIII.- No cubrir la contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados por el Servicio Geológico Mexicano.

IX. No tener vigentes todas las licencias, permisos o autorizaciones que la actividad minera requiere para su funcionamiento;

X.- Violar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente, cuando la violación de estas normas ponga en riesgo la vida de trabajadores o pobladores.

XI.- Cuando no se remunere el trabajo minero o este se realice bajo condiciones de violencia o coacción, o se haga uso de mano de obra infantil.

XII.- Cuando la empresa o los subcontratistas vinculados al proyecto minero, se nieguen al cumplimiento parcial o total de los derechos laborales vigentes en las leyes nacionales y tratados internacionales.

XIII.- No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

XIV.- Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin cumplir con las obligaciones que señala el artículo 62 fracciones II, III, IV y V;

XV.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

XVI.- Recuperar, aprovechar, enajenar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral.

XVII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o

XVIII.- Reincidir, por segunda ocasión, en alguna de las causales de multa establecidas en el artículo 82 de esta Ley

XIX.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones. No procederá la cancelación en el caso de la fracción anterior, cuando la sociedad titular de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la misma ocurra. De no subsanarse, la Secretaría promoverá judicialmente el remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será entregado al Servicio Geológico Mexicano.

XX.- Perpetrar o involucrarse de alguna manera en hechos que lleven a la agresión física o moral de personas inconformes u opositoras al proyecto minero del concesionario, así como de personas solidarias o aliadas a las anteriores.

XXI.- Llevar a cabo alguna acción u omisión que conlleve a la división comunitaria o a enfrentamientos entre pobladores con el consiguiente deterioro y ruptura del tejido social.

XXII.- Las autoridades competentes tendrán amplias facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios que deriven del régimen establecido por esta Ley e imponer las sanciones pertinentes. A los fines de la presente Ley constituyen también infracciones: 

a). Falsedad de las informaciones presentadas; 

b) Omitir la presentación de informes, registros e inventarios, vencido el plazo legal establecido;

c). Omitir información, entrega de documentación u otras obligaciones que le fueran requeridas por la autoridad competente;

d). Negativa a exhibir libros, información, documentación y/o comprobantes que le fueran requeridos por la autoridad competente.

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda a cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones anteriores, en lo conducente.

Artículo 81.- No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo anterior, respectivamente:

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, así como el pago de la multa que determina el artículo 82, fracción XI de la misma;

II.- El pago de los impuestos y derechos sobre minería omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

III.- Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 45, párrafo segundo, de esta Ley.

Artículo 82.- La persona física o moral que se dedique a actividades mineras podrá ser sancionada con multa equivalente de mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por las infracciones siguientes:

I.- Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;

II.- Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos;

III.- Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

IV.- Violar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente, cuando la violación de estas normas no ponga en riesgo la vida de trabajadores o pobladores.

V.- Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por la Secretaría;

VI.- No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada;

VII.- No designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias;

VIII.- Omitir la notificación prevista en el artículo 59, párrafo segundo, de esta Ley, sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación;

IX.- No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

X.- Negarse a beneficiar el mineral de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros en condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique, de acuerdo con lo establecido por el artículo 62, fracción VI, de esta Ley;

XI.- Modificar la ubicación o dañar la mojonera o señal que sirva para identificar el punto de partida de un lote minero;

XII. Comprobar extemporáneamente la ejecución en tiempo de las obras y trabajos previstos por esta Ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de cancelación de una concesión minera, y

XIII.- No rendir oportuna y verazmente los informes, registros e inventarios que señalan las fracciones VII y VIII del artículo 52 de esta Ley, en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley.

XIV.- No llevar puntualmente los registros e inventarios actualizados del tipo de minerales extraídos y de la producción en boca o borda de mina y en sitios de acopio, ni de los minerales en bruto y los entregados a las plantas de beneficio o a las de transformación.

En caso de actividades correspondientes a la gran minería, la multa no podrá ser inferior a cuarenta mil días del salario mínimo general vigente del Distrito Federal.

De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta tres tantos del importe de dicha multa.

Para fijar el monto de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.

La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

Artículo 83.- Corresponde al titular de la concesión minera o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres y zonas de reservas mineras.

Artículo 84.- La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de sesenta años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

Artículo 85.- Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal tendrá un máximo de 90 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para expedir el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas pertinentes..

CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicará, en lo que no se oponga a la misma, el Reglamento de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Suscriben

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Layda Sansores San Román".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador David Monreal Dávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 28 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Los estados y sus municipios, tienen la facultad para cubrir su financiamiento, a recurrir a sus fuentes ordinarias de ingresos, impuestos recaudados por sus propias autoridades, apoyos otorgados por la Federación; si estos recursos son insuficientes, pueden entonces recurrir a ingresos extraordinarios, deuda pública.

Sin embargo, varias entidades federativas están pasando por severo bache económico, esto se debe a que a los gobernadores, en complacencia con sus congresos locales, decidieron endeudar a sus respectivos estados sin rendir cuentas a nadie.

Esta problemática se ha venido fraguando, creciendo desde el año 2009.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que durante el pasado sexenio, 9 entidades federativas registraron un incremento exponencial en su deuda: Chihuahua con más del 8579 por ciento de su crecimiento; Zacatecas con un aumento de más del 2193 por ciento; Campeche con 1788 por ciento; Chiapas con 1562 por ciento; Tamaulipas con 1266 por ciento; Quintana Roo con un alza de 664 por ciento; Veracruz con 518 por ciento y Michoacán con 473 por ciento.

Derivado del déficit presupuestario en el que han estado inmersos los estados y municipios, éstos se ven en la necesidad de solicitar préstamos a entidades integrantes del sistema financiero mexicano; al respecto, en el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, indicó que:

La deuda pública subnacional al cierre de 2011, muestra que por tipo de deudor, el 80.9 por ciento es deuda de los gobiernos de las entidades, el 11.3 por ciento de los municipios, el 6.3 por ciento de organismos estatales y 1.5 por ciento de organismos municipales.

Dicho informe señala que la deuda pública subnacional por tipo de acreedor, la banca comercial es el principal prestamista con el 51.3 por ciento, la banca de desarrollo con 23.5 por ciento de emisiones bursátiles, el 14.9 por ciento, a través de fideicomisos, 5.0, y vía SOFOME, SOFOLES y proveedores 5.3 por ciento.

Es importante mencionar, que con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco Interacciones es el líder del otorgamiento de créditos a gobiernos subnacionales, al administrar el equivalente del 73 por ciento de su portafolio total de obligaciones; le sigue Multiva, con una proporción de 56 por ciento de su cartera, así como Bansi y Afirme, que tienen 33 por ciento de sus portafolios de crédito otorgado a las administraciones locales.

Asimismo, es inadmisible que la misma Asociación de Bancos de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México no tengan conocimiento de los verdaderos montos de la deuda pública, en este sentido, existen supuestos cálculos que realizó dicha asociación de algunos de los estados más endeudados, pero no cifras claras y lo peor aún, reales, de la cantidad que se debe.

Las entidades federativas son entes autónomas, sin embargo, han demostrado incapacidad para controlar la adquisición de deuda pública, lo que podría provocar un grave riesgo financiero que desemboque en una crisis económica que afecte el bolsillo de los mexicanos.

Derivada de dichos sucesos, es que el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Federal, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, con dicha innovación se concreta una estructura legal que garantizará la certeza jurídica y fijará límites al endeudamiento subnacional.

Sin embargo, es imprescindible que en el tema de deuda pública, no se privilegie el secreto bancario, fiduciario y fiscal y en la adquisición de deuda pública subnacional, pues los acontecimientos recientes han demostrado que los bancos y los gobiernos locales han excedido los límites racionales para la adquisición y otorgamiento de la deuda pública.

Al respecto, el titular del Instituto Mexicano para la Competitividad, Manuel Molano, aseveró: que el financiamiento que los bancos conceden a los gobiernos subnacionales, no es invertido en proyectos que impulsen el desarrollo del país como la creación de infraestructura, sino que se agota en gasto corriente.

Asimismo, mencionó que es muy atractivo prestarle a los estados y los municipios, dado que su deuda está garantizada mediante las participaciones que otorga el gobierno federal anualmente a estas entidades.

Lo anterior empeorará cuando no existe una clara rendición de cuentas ni mucho menos transparencia, de tal forma que el endeudamiento estatal puede crecer sin ningún tipo de freno y de contrapeso.

Es necesario e impostergable, romper el círculo vicioso que existe entre gobernadores, congresos locales y la banca comercial, en virtud de que estos tres actores se han beneficiado a costa del pueblo.

Por tal razón se deben redoblar esfuerzos para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas a través de candados efectivos; es decir, los ciudadanos deben contar con información confiable que permita contener los excesos y la opacidad con la que se han manejado los recursos públicos.

Se necesita contar con información completa, oportuna y confiable para así poder evaluar los créditos y poder medir la voluntad de pago, por tal razón es necesario trabajar en coordinación con las entidades federativas a fin de ofrecer alternativas viables para el manejo del financiamiento por medio de la deuda pública.

Es motivo, la presente iniciativa tiene por objetivo que las entidades del sector financiero informen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los préstamos que solicitan los estados y municipios, lo cual, permitirá a este órgano nacional financiero, medir el riesgo del posible endeudamiento, mantener informado al Congreso de la Unión e impedir que las entidades financieras continúen realizando préstamos impagables para los estados y municipios.

De esta manera se le pondrá un candado más al endeudamiento de los estados y municipios, aunado a los que ya fueron aprobados, se dará otro paso en los controles de deuda sin que ello implique que acá hayamos concluido este proceso.

La deuda que hasta este momento accede en los estados, en su mayoría, va dirigida generalmente a gasto corriente, pocas veces se orienta a la infraestructura. Es una deuda mal orientada y que seguramente tendrá sus consecuencias.

Como dato, solamente, casi, según datos, porque no son precisos, son más de 4 billones de pesos los que deben ya las entidades federativas y los municipios, se acerca a los 5 billones de pesos.

Iniciativa

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los estados y sus municipios, tienen la obligación para cubrir su financiamiento a recurrir en un primer momento a sus fuentes ordinarias de ingresos  (impuestos recaudados por sus propias autoridades, apoyos otorgados por la Federación), si estos recursos son insuficientes, pueden entonces recurrir a ingresos extraordinarios (deuda pública).

La utilización de la deuda pública es un instrumento financiero, que de ser utilizado responsablemente puede impulsar el desarrollo social de la población; es decir, se tiene que permitir ampliar los ingresos presentes para hacer frente en forma inmediata a las exigencias de la comunidad; destinada a la inversión en obras públicas productivas y al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

La deuda pública debe fijar objetivos claros, mediante los cuales se estipule si es económicamente viable endeudar a un estado o municipio; sin embargo, existen muchos gobernadores en contubernio con sus Congresos locales que, sin mayor problema, endeudan a sus estados.

Los casos de deuda pública en los Estados de la República han sido tan escandalosos, desde el 2009 se ha tenido un crecimiento vertiginoso y en algunas entidades federativas el nivel es alarmante.

Ha sido muy promocionada la idea de que México como país tiene finanzas fuertes, sanas, que el endeudamiento está controlado, y es uno de los más bajos del mundo, pero a nivel interno es escandalosa dado el alto crecimiento que ha tenido en algunas entidades federativas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que durante el pasado sexenio, 9 entidades federativas registraron un incremento exponencial en su deuda: Chihuahua, con un incremento de 8 mil 579%; Zacatecas con un aumento de 2 mil 193%; Campeche con 1788%; Chiapas con 1562%; Tamaulipas con 1266%; Quintana Roo con un alza de 664%; Veracruz con 518% y Michoacán con 473%.

El problema de la deuda no radica solamente a nivel estatal, también abarca el tercer nivel de gobierno, los municipios; los ayuntamientos cada vez más recurren al endeudamiento para cubrir sus gastos administrativos; actualmente existen diez ayuntamientos del país que concentran el 33.5% de la deuda subnacional del país.1

Al respecto, la Federación Nacional de Municipios de México, la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México AC, revelaron que los 15 municipios con más deuda pública2 son:

1.-   Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 681 mdp;
2.-   Tijuana, Baja California, con 2 mil 540 mdp;
3.-   Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 146 mdp;
4.-   Zapopan, Jalisco, con mil 447 mdp;
5.-   Benito Juárez, Quintana Roo, con mil 366 mdp;
6.-   Nuevo Laredo, Tamaulipas, con mil 115 mdp;
7.-   Mexicali, Baja California, 950 mdp;
8.-   San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 902 mdp;
9.-   Tlaquepaque, Jalisco, con 845 mdp;
10.- Tonalá, Jalisco, 786 mdp;
11.- Cuernavaca, Morelos, 761 mdp;
12.- Hermosillo, Sonora, 736 mdp;
13.- Ecatepec, Estado de México, 730 mdp;
14.- Guadalupe, Nuevo León, 643 mdp;
15.- Aguascalientes, Aguascalientes, 543 mdp.

Derivado del déficit presupuestario en el que han estado inmersos los estados y municipios, estos se ven en la necesidad de solicitar préstamos a entidades integrantes del sistema financiero mexicano; al respecto, en el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, elaborado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), indicó que:

La deuda pública subnacional al cierre de 2011 muestra que por tipo de deudor, el 80.9% es deuda de los gobiernos de las entidades, 11.3% de los municipios, 6.3% de organismos estatales y 1.5% de organismos municipales.3

Este informe señala que la deuda pública subnacional por tipo de acreedor, la banca comercial es el principal prestamista con 51.3%, la banca de desarrollo con 23.5%, de emisiones bursátiles 14.9%a través de fideicomisos 5.0% y vía SOFOME, SOFOLES y proveedores 5.3%.

Es importante mencionar, que con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el banco Interacciones es el líder en el otorgamiento de créditos a gobiernos subnacionales, al administrar el equivalente a 73% de su portafolio total de obligaciones; le sigue Multiva, con una proporción de 56% de su cartera, así como Bansi y Afirme, que tienen 33% de sus portafolios de crédito otorgado a las administraciones locales.4

Asimismo, es inadmisible que la misma Asociación de Bancos de México, la SCHP y el Banco de México no tengan conocimiento de los verdaderos montos de la deuda pública,5 en este sentido, existen supuestos cálculos que realizó dicha Asociación de algunos de los Estados más endeudados, pero no cifras claras y lo peor aún, reales de la cantidad que se debe.

De manera adicional, es importante mencionar que para que un estado o municipio tenga acceso al sistema financiero es necesario que cuente con al menos dos calificaciones crediticias otorgadas por agencias calificadoras reconocidas.

La deuda pública subnacional ha llegado a su máximo histórico al crecer 152% en el presente sexenio, lo que genera un monto estimado de 4 billones 988 mil 227.7 millones de pesos.6

Derivada de dicha patología es que el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Federal, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, con dicha innovación se concreta una estructura legal que garantizará la certeza jurídica y fijará límites al endeudamiento subncaional.

Sin embargo, es imprescindible que en el tema de deuda pública, no se privilegie el secreto bancario, fiduciario y fiscal en la adquisición de deuda pública subnacional, pues los acontecimientos recientes han demostrado que los bancos y los gobiernos locales han excedido los límites racionales para la adquisición y otorgamiento de la deuda pública.

No existe una clara rendición de cuentas ni mucho menos transparencia, de tal forma que el endeudamiento estatal puede crecer (como se ha observado), sin ningún tipo de freno o contrapeso.

Es necesario e impostergable, romper el círculo vicioso que existe entre gobernadores, congresos locales y la banca comercial, en virtud de que estos tres actores se han beneficiado a costa del pueblo.
Es realmente delicado y escandaloso el tema de la deuda pública, por tal razón se deben redoblar esfuerzos para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas a través de candados efectivos; es decir, los ciudadanos deben contar con información confiable que permita contener los excesos y la opacidad con la que se ha manejado los recursos públicos.

Es importante e impostergable, contar con información completa, oportuna y confiable para así poder evaluar los créditos y poder medir la voluntad de pago, por tal razón es necesario trabajar en coordinación con las entidades federativas a fin de ofrecer alternativas viables para el manejo del financiamiento por medio de la deuda pública.   

La presente iniciativa tiene por objetivo que las entidades del sector financiero informen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los préstamos que solicitan los estados y municipios, lo cual, permitirá a este órgano nacional financiero, medir el riesgo del posible endeudamiento, mantener informado al Congreso de la Unión e impedir que las entidades financieras continúen realizando préstamos impagables para los estados y municipios.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 28, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 28. …

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. El órgano encargado de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, estará obligado a informar al Congreso de la Unión, los  estados y municipios que soliciten préstamos a dichas entidades financieras para que funjan como acreedores de aquellos. La ley reglamentaria establecerá los límites a los que se sujetarán las entidades integrantes del sistema financiero mexicano para el otorgamiento de préstamos a los estados y municipios. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia (sic DOF 20-08-1993). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.


TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

 

Artículo 28. …

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia (sic DOF 20-08-1993). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

 

 

Artículo 28. …

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. El órgano encargado de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, estará obligado a informar al Congreso de la Unión, que estados y municipios solicitan préstamos a dichas entidades financieras para que funjan como acreedores de aquellos. La ley reglamentaria establecerá los límites a los que se sujetarán las entidades integrantes del sistema financiero mexicano para el otorgamiento de préstamos a los estados y municipios. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia (sic DOF 20-08-1993). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013".

1 Véase “Deuda en estados y municipios de México” en Mirada Legislativa, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Núm.1 Febrero 2013; pp. 2. 

2 Sánchez, Gustavo  “Los 15 municipios más endeudados de México” [en línea], México, Aristegui Noticias, [citado 21/08/2012], disponible en http://aristeguinoticias.com/3101/mexico/los-15-municipios-mas-endeudados-de-mexico/.

3 Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios [en línea], México, Auditoria Superior de la Federación, 2012, [citado 21/08/2012], disponible en http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf.

4 Morales, Yolanda “Bancos pequeños, los más expuestos a deuda subnacional” [en línea], México, periódico El Economista, 2013, [citado 21/08/2012], disponible en http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/01/16/bancos-pequenos-mas-expuestos-deuda-subnacional.

5 García, Samuel “El desenfreno de la deuda”, [en línea], México, periódico 24 horas, [citado 21/08/2013], disponible en http://www.24-horas.mx/version-impresa/marzo-07-2013/.

6 Roberto González, Amador “Creció la deuda pública 152% en este sexenio; llega a $4.9 billones” [en línea], México, periódico La Jornada [citado 21/08/2013], disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/06/30/economia/023n1eco.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador David Monreal.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley General de Cultura Física y Deporte y se expide la Ley de Fomento a la Charrería.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION; LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE; Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA CHARRERIA, SIMBOLO DE MEXICANIDAD E IDENTIDAD NACIONAL

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

A nombre de mis compañeros, a quienes reconozco también su disposición a esta iniciativa, a la Senadora Martha Elena García y al Senador Manuel Cavazos Lerma.

Primero, a nombre de los tres, desde esta tribuna saludamos al Presidente de la Federación Mexicana de Charrería, a nuestro amigo, al doctor Miguel Angel Pascual, a Melisa Alejandra I, Reina de los Charros de México, y a los representantes de las diversas asociaciones de charros de la República Mexicana.

Muchas gracias, y sean ustedes bienvenidos a ser testigos de este acto.

(Aplausos)

Con motivo del día 14 de septiembre, que se conmemoró el Día del Charro.

Señoras y señores Senadores, la iniciativa que presento el día de hoy tiene una especial relevancia para la sociedad mexicana, para los niños y jóvenes de México.

La mexicanidad e identidad nacional debe ser fomentada dentro del proceso educativo nacional.

La presente iniciativa, si bien reforma la intención de aquella que fue presentada en la Cámara de Diputados, por la entonces Diputada, amiga, María Esther Terán, propone reformas a la Ley General de Educación, a la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como a la expedición de la Ley de Fomento a la Charrería, con la finalidad de establecer que en el proceso educativo. El Estado deberá también fomentar el reconocimiento y la práctica de la charrería, como deporte nacional.

Fomentará, además, el valor de las tradiciones, las actividades culturales y deportivas que son símbolo de mexicanidad y de identidad nacional.

Con ello, quiero dar un claro reconocimiento a nuestro deporte nacional, poniéndolo como un elemento fundamental del sistema educativo, y así impulsar a que las nuevas generaciones se sientan identificadas con una de las más importantes tradiciones mexicanas.

La charrería tiene una historia de menos de un siglo, si bien es heredada de una larga tradición cultivada durante 100 años por un sector de la sociedad rural dedicado a las actividades agrícolas y ganaderas, con la llegada de los charros a las ciudades como consecuencia del nuevo orden que trajo el reparto agrario, producto de la Revolución Mexicana, al poner fin a los grandes latifundios y haciendas, aquel sector se convirtió y convirtió sus actividades productivas tradicionales en un deporte, las faenas del campo elevadas al rango de las artes, y una fiesta, reproduciendo así sus gustos y diversiones en el ámbito urbano.

Fue en 1931, cuando el entonces Presidente de la República, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio estableció el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro. Asimismo se expidió el decreto oficial, para que el traje de charro adquiriera el título de atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad.
En el año de 1933, por decreto presidencial, la charrería es considerada deporte nacional en México.

La charrería es un espectáculo ecuestre de gran colorido que ofrece fuertes emociones alrededor del lienzo.

Una especie de paisaje vivo, con riquísimos matices de historia, significados y valores mexicanos. Los elementos que actúan en la fiesta charra parecen recrear el juego cultural de significados provenientes de diversas fuentes, los relativos a la identidad nacional y regional, así como a la reafirmación de una ética y una estética específica de un México entre lo tradicional y lo moderno.

Esta iniciativa pretende formar a través de la educación, una correcta apreciación del charro mexicano y de la charrería, como una disciplina deportiva y ecuestre que combina lo artístico en la ejecución de sus faenas como una representación de las actividades campiranas de México.

La fiesta charra, es actualmente el escaparate público en el que se pone en escena todo un paisaje conformado por signos visuales, auditivos y lingüísticos, como son los trajes, sombreros y vestimentas de hombres y mujeres que participan en las faenas, artesanías y talabartería en las monturas, albardas, sogas, herrajes, frenos; la música, el argot charro, los dichos y refranes; los relatos escritos y orales sobre la historia charra, sobre la mexicanidad.

La charrería es también un símbolo de unión familiar, una tradición que se hereda entre familias y fortalece los lazos entre éstas, a través de ellas se forma una representación única de nuestra tierra mexicana. Fomentar la charrería es entonces fomentar, por supuesto, la convivencia familiar.

En este contexto, es importante que la charrería cuente con la mayor difusión y el Estado mexicano fomente su práctica estableciendo los medios que permitan, a cualquier persona interesada en ella, hacerlo sin ningún obstáculo.

Desde 1996, la charrería se incorporó a la Comisión Nacional del Deporte, formando parte del Fondo Nacional del Deporte, y en la actualidad existen más de mil asociaciones charras federadas y más de 300 equipos de escaramuzas, un colegio varonil y femenil de jueces y una coordinación de locutores, los cuales se rigen por estatutos y reglamentos de la Federación Mexicana de Charrería. Sin embargo, reconocemos que las familias y algunos centros de trabajo agropecuario son los que mantienen viva esta tradición y hacen funcionar las escuelas locales donde grupos de niños y jóvenes se inician en el deporte nacional.

Por tal motivo, con la finalidad de fomentar el desarrollo de este deporte y de esta expresión cultural, proponemos a través de la expedición de la Ley de Fomento a la Charrería Símbolo de Mexicanidad e Identidad Nacional, la creación del Instituto para el Fomento y Práctica de la Charrería, mismo que será el encargado de coordinar la creación y funcionamiento de las diversas escuelas de charrería en todas las entidades federativas, espacios donde confluya de manera integral la cultura y, desde luego, se mantengan las disciplinas ecuestres.

Elevar la valoración que tiene la charrería como símbolo de mexicanidad e identidad nacional, van a permitir que niños y jóvenes, principalmente aquellos que viven en las ciudades, puedan reconocer las raíces del pueblo mexicano, y conservar con ello una de las más ricas e importantes tradiciones de nuestro México independiente.

La charrería es y será símbolo de identidad nacional y reflejo de una sociedad respetuosa de sus orígenes y promotora del deporte ecuestre mexicano.

¡Vestirse de charro, es vestirse de México! como escribiera el poeta Delfín Sánchez.

¡Que no se acabe esta raza de hombres y mujeres de a caballo!

Por ello, agradecemos a nombre de los promoventes, su servidora, Manuel Cavazos Lerma y la Senadora Martha Elena García.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION; DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE; Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA CHARRERIA SIMBOLO DE MEXICANIDAD E IDENTIDAD NACIONAL, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa, tiene su antecedente inmediato en la propuesta que hiciera el pasado 14 de septiembre de 2011, la entonces diputada federal María Esther Terán Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura. En aquella ocasión, presentó una iniciativa con el fin de establecer un marco normativo del denominado Deporte Nacional, la “Charrería”.

Es importante mencionar que el día de su presentación, diversos diputados de los distintos Grupos Parlamentarios representados en la Cámara, se adhirieron a la misma, entre ellos: Beatriz Elena Paredes Rangel, Emilio Serrano Jiménez, Ana Estela Durán Rico, Juan José Cuevas García, Héctor Guevara Ramírez, José Ramón Martel López y María Joann Novoa Mossberg.

La presente iniciativa, si bien retoma la intención de aquella que fue presentada en la Cámara de Diputados, tiene cambios sustanciales, ya que propone reformas a la Ley General de Educación con la finalidad de establecer, que la educación que imparta el Estado, “fomentará el reconocimiento y la práctica de la Charrería, como deporte nacional, símbolo de mexicanidad e identidad nacional”.

Fomentará además el valor por las tradiciones, las actividades culturales y deportivas que son símbolo de mexicanidad y de identidad nacional

Adicionalmente, proponemos se expida la Ley de Fomento a la Charrería, Símbolo de Mexicanidad e Identidad Nacional.

Con ello se da un claro reconocimiento a nuestro deporte nacional, poniéndolo como un elemento fundamental del sistema educativo, para lograr que las nuevas generaciones, se sientan identificadas con una de las más importantes tradiciones mexicanas.

La Charrería tiene una historia de menos de un siglo, si bien es heredera de una larga tradición cultivada durante cien años por un sector de la sociedad rural dedicado a las actividades agrícolas y ganaderas, con la llegada de los charros a las ciudades como consecuencia del nuevo orden que trajo el reparto agrario -producto de la Revolución mexicana- al poner fin a los grandes latifundios y haciendas, aquel sector convirtió sus actividades productivas tradicionales en un deporte -las faenas del campo elevadas al rango de las artes- y una fiesta, reproduciendo así sus gustos y diversiones en el ámbito urbano.

El charro se convirtió así en un jinete que, con el propósito de competir y hacer gala de la destreza en el floreo de soga, ejecuta suertes como lazar, colear y jinetear. Hábil, por su experiencia campirana, en la doma del caballo y en el manejo del ganado mayor, el charro adquiere mayor destreza mediante la práctica deportiva y perfecciona las faenas de la Charrería.

Fue alrededor de 1920 cuando comenzaron a construirse en las urbes los lienzos charros, espacios creados especialmente para esta actividad, y se inició el proceso de institucionalización de los charros en asociaciones con reglamentos y estatutos para formalizar su práctica.

En 1931, el entonces presidente de la república, el Ing. Pascual Ortiz Rubio estableció el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro. Asimismo se expidió el decreto oficial para que el traje de charro adquiriera el título del atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad.

Desde 1933, por decreto presidencial, la charrería es el deporte nacional de México, pues tiene profundas raíces en la formación de nuestro pueblo. En sinergia con nobles y educados caballos, se realizan creativas faenas que conjuntan el arte y el deporte, rodeado de las maravillosas tradiciones mexicanas.

El  deporte de la Charrería es un espectáculo de gran colorido que ofrece a los participantes fuertes emociones dentro, detrás y alrededor del lienzo. Podríamos pensar en ella como el corolario de una tradición compleja donde se ponen en juego los distintos elementos que han confluido para dar vida al mundo charro.

Una especie de cuadro vivo con riquísimos matices de historia, significados y valores. Es también un ritual mediante el cual se restablece el orden de ese mundo y se refundan sus principios; vuelven a tomarse posiciones, y se reconocen espacios y límites; los elementos que actúan en la fiesta charra parecen recrear el juego cultural de significados provenientes de diversas fuentes, los relativos a la identidad nacional y regional, así como la reafirmación de una ética y una estética específicas de un México entre lo tradicional y lo moderno.

Además, el charro ha sido útil para el proceso de producción de la imagen del estado nacional mexicano, tanto para el comercio internacional como para comercio interno, creando una representación para el turismo, para los eventos internacionales de todo tipo, en las fiestas nacionales y cualquier otro momento social o cultural en el que se trate de mostrar, de un solo golpe, la imagen de lo mexicano. Esta iniciativa, pretende formar a través de la educación una correcta apreciación del Charro Mexicano y de la Charrería, muchas veces confundido con la imagen del Mariachi.

Es cierto que el Mariachi viste de Charro, pero la Charrería es una disciplina deportiva y ecuestre que combina lo artístico en la ejecución de sus faenas como una representación de las actividades campiranas de México.

De igual manera, la fiesta charra o charreada, es actualmente el escaparate público en el que se pone en escena todo un paisaje conformado por signos visuales, auditivos y lingüísticos, como son los trajes, sombreros y vestimenta de hombres y mujeres que participan en las faenas, artesanía y talabartería en las monturas, albardas, sogas, herrajes, frenos; la música, el argot charro, los dichos y refranes; los relatos escritos y orales sobre la historia charra, sobre la mexicanidad, elementos todos, que tiene un potencial enorme como zona de contacto en la cual están presentes la lógica del desarrollo nacional entre lo tradicional y lo moderno, y como espacio en el cual se movilizan diversos tipos de recursos sociales y culturales, que han dado definición a nuestra identidad nacional.

Con base en lo anterior, la figura del charro es también útil para describir el supuesto sujeto social del país a partir de la creación y manejo de un estereotipo con referente real que encarna características, valores y comportamientos deseados; y por último, esta figura sirve también para fines de modernización en el sentido de que, al ser parte de la cultura estatal, promueve ideales y valores que el mismo Estado considera sustantivos para el desarrollo nacional.

En este contexto, es importante que la práctica del llamado deporte nacional cuente con mayor difusión y fomento por parte del Estado Mexicano, estableciendo los mecanismos y programas que garanticen que los ciudadanos interesados en su ejercicio puedan hacerlo sin ningún obstáculo.

Si bien es cierto que en la mayor parte de las poblaciones rurales el lienzo charro forma parte del paisaje deportivo y de las reuniones de los habitantes, el esfuerzo para construirlos ha sido acompañado muchas veces con inversiones públicas, y a menudo, tanto los municipios como los gobiernos estatales y el federal, cedieron solares y participaron en los proyectos y la construcción de la infraestructura para la práctica de la Charrería.

Los lienzos charros más que centros de espectáculo forman parte de la vida nacional y representan la continuación de una identidad que merece ser conservada.

Desde 1996, la Charrería se incorporó a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), formando parte del Fondo Nacional del Deporte, y en la actualidad existen más de mil asociaciones charras federadas y más de 300 equipos de escaramuzas, un colegio, varonil y femenil de jueces y una coordinación de locutores, los cuales se rigen por estatutos y reglamentos de la Federación Mexicana de Charrería. Sin embargo, son las familias y algunos centros de trabajo agropecuario los que mantienen viva la tradición y hacen funcionar las escuelas locales donde grupos de jóvenes se inician en el deporte nacional.

Por tal motivo, con la finalidad de fomentar el desarrollo de este deporte y de esta expresión cultural, proponemos a través de la Expedición de la Ley de Fomento a la Charrería Símbolo de Mexicanidad e Identidad Nacional, la Creación del Instituto para el Fomento y la Práctica de la Charrería, mismo que será el encargado de coordinar la creación y funcionamiento de las diversas Escuelas de Charrería en todas las entidades federativas, espacios donde confluyan de manera integral la cultura y el deporte de la charrería así como de las disciplinas ecuestres mexicanas.

En este sentido, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional del Deporte, deberá destinar una partida especial en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para llevar a cabo los fines de las mismas, con carácter público, con el objetivo de acercar y darle a los mexicanos de pocos o escasos recursos la oportunidad de practicar este deporte.

De igual manera, y con la finalidad de apoyar la difusión y práctica de la Charrería, los gobiernos de las entidades federativas asignarán en sus presupuestos de egresos locales, una partida específica para este fin.

Por otra parte, la Ley General de Educación señala los fines a los que deberá atender la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, en plena consonancia con el espíritu del artículo tercero constitucional.

Si bien en los distintos niveles educativos se ha hecho el esfuerzo por inculcar valores cívicos para estimular la convivencia entre individuos, es necesario recuperar y fomentar los símbolos e íconos nacionales a fin de establecer en la formación del individuo una identidad nacional.

Dichos símbolos e íconos nacionales, como es la charrería, lejos de ser una expresión alejada de la visión de un México moderno, nos distinguen culturalmente y son un ejemplo muy particular a nivel mundial. 

Elevar la valoración que tiene la Charrería como Símbolo de Mexicanidad e Identidad Nacional, permitirá a los niños y jóvenes, principalmente a aquellos que viven en las ciudades, reconocer las raíces del pueblo mexicano, y conservar con ello una de las más importantes tradiciones de nuestro México Independiente.

La Charrería es y será símbolo de Identidad Nacional y reflejo de una sociedad respetuosa de sus orígenes y promotora del deporte ecuestre mexicano.

¡Vestirse de Charro es vestirse de México! como escribiera el poeta Delfín Sánchez:

¡Que no se acabe esa raza de hombres y mujeres de a caballo!

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adicionan una fracción III Bis al artículo 7º así como un párrafo segundo al artículo 9º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7°.-

I.- y III.- …

III Bis.-Fomentar el reconocimiento y la práctica de la Charrería, como deporte nacional, símbolo de mexicanidad e identidad nacional;

IV.- a  XVI.- …

Artículo 9°.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Fomentará además el valor por las tradiciones, las actividades culturales y deportivas que son símbolo de mexicanidad y de identidad nacional.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se reforma el artículo 2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2°. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones, así como promover prioritariamentey preservar los juegos autóctonos y deportes tradicionales, que son símbolo de mexicanidad y fortalecen la identidad nacional;

II. … a XII. …

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Se expide la Ley de Fomento a la Charrería Símbolo de Mexicanidad e Identidad Nacional, para quedar como sigue:

LEY DE FOMENTO DE LA CHARRERIA
SIMBOLO DE MEXICANIDAD E IDENTIDAD NACIONAL

Artículo 1°. La presente ley es de orden general y tiene como finalidad esencial, que se reconozca en todo el territorio nacional a la Charrería como Símbolo de Mexicanidad y de Identidad Nacional.

Los Gobiernos Federal y de las entidades federativas promoverán la creación de escuelas para la práctica del Deporte Nacional, así como la elaboración de políticas públicas con la finalidad de difundir y promover en los niños y jóvenes la participación en ellas.

La federación y las entidades federativas, crearán escuelas Charrería y disciplinas ecuestres mexicanas, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Escuelas de Charrería y disciplinas ecuestres serán integradas en coordinación con el Instituto Nacional para el Fomento y la Práctica de la Charrería, la Federación Mexicana de Charrería y la Unión de asociaciones charras de los Estados de la República Mexicana.

Artículo 2°. Se crea el Instituto Nacional para el Fomento y la Práctica de la Charrería con personalidad jurídica propia. Dependerá de la Secretaría de Educación Pública y tendrá las finalidades siguientes:

I. El fomento, estímulo, creación y difusión de la charrería y las disciplinas ecuestres mexicanas.

II. La educación y desarrollo de la educación en todas las áreas de la charrería y las disciplinas ecuestres mexicanas.

III. - El fomento, la organización y la difusión de la charrería, inclusive las disciplinas artísticas que ella expresan, por todos los medios posibles y orientada hacia el público en general y en especial hacia la población infantil y juvenil.

IV. Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables.

Corresponderá al Instituto otorgar los premios nacionales Charrería establecidos en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y los que se establezcan de la misma naturaleza, por su iniciativa propia o de cualquiera dependencia del Estado.

Artículo 3°. Las escuelas, instituciones y servicios, que en el futuro cree el Gobierno Federal y las entidades federativas con finalidades semejantes a las comprendidas en el artículo anterior, quedarán a cargo y bajo la dependencia del Instituto. Igualmente, las subvenciones que otorguen el Gobierno Federal y las entidades federativas, así como los trabajos que encargue o patrocine para el fomento de actividades de la misma naturaleza de las que conforme a la presente Ley son propias del Instituto, deberán ser otorgadas, encargados o patrocinados por éste.

Las escuelas de Charrería y disciplinas ecuestres mexicanas tendrán por objeto:

I.- Impartir educación teórico-práctica de alto nivel sobre la Charrería y actividades ecuestres que fomenten la identidad nacional;

II.- Organizar y desarrollar actividades de investigación y enseñanza sobre equipo y vestimenta para la práctica de la charrería y las actividades ecuestres relacionadas en el contexto histórico de la charrería; y

III.- Preservar y difundir la cultura mexicana y las tradiciones que son símbolo de mexicanidad e identidad nacional.

Artículo 4°. Las escuelas a fin de realizar su objeto, tendrá facultades para:

I.- Organizarse, de acuerdo con este ordenamiento, incluyendo la participación de las asociaciones de charrería existentes;

II.- Planear y programar la enseñanza que imparta y sus actividades de investigación y la difusión de la cultura mexicana;

III.- Expedir certificados, reconocimientos y premios a la actividad ecuestre;

IV.- Establecer equivalencias de estudios e investigación del mismo tipo educativo, realizados en escuelas y de asociaciones nacionales y en el extranjero;

V.- Recibir donaciones, de instituciones públicas y privadas, de acuerdo con la ley.

Artículo 5°. El patrimonio del Instituto así como el de las Escuelas de Charrería y disciplinas ecuestres mexicanas estará constituido por:

I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

II. Los fondos de donación que adquiera su patronato y los procedentes del Fideicomiso para el Desarrollo de la Charrería y disciplinas ecuestres mexicanas;

III. El subsidio que anualmente le otorgue el Gobierno Federal, a través de su Presupuesto de Egresos;

IV. Los fondos que le asigne en su presupuesto las Secretarías de Educación Pública de las entidades federativas;

V. Todos los demás bienes que el Gobierno Federal dedique en el futuro al Instituto para su servicio, así como el que los gobiernos de las entidades federativas asignen para su funcionamiento a las escuelas de charrería y disciplinas ecuestres mexicanas; y

VI. Los bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal, así como el producto de los ingresos diversos que a cualquier otro título obtengan.

Artículo 6°. Ninguno de los bienes, muebles e inmuebles, que proporcione al Instituto el Gobierno Federal, y los que aquél adquiera por los medios previstos en la presente Ley, podrán enajenarse, hipotecarse, canjearse, ni darse en prenda sin sujetarse a las leyes de la materia y que rigen para los bienes nacionales.

Los ingresos y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipales. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga.

El Instituto gozará de la franquicia postal y telegráfica así como del descuento que a las dependencias federales corresponde en las vías generales de comunicación.

Las escuelas de charrería y disciplinas ecuestres mexicanas que operen con la licencia del Instituto para cumplir con los fines de esta ley, gozarán de las mismas prerrogativas que se conceden en la presente ley al Instituto.

Artículo 7°. El Instituto estará regido por un Director General y dos Subdirectores, administrativo y académico respectivamente, nombrados por el C. Secretario de Educación Pública, sus funciones serán las que señale el Reglamento correspondiente y serán designados escogiéndose entre personas que hayan realizado en la charrería y las disciplinas ecuestres mexicanas obra de notoria importancia y de mérito superior tanto deportivamente como en actividades de fomento, estímulo y desarrollo de las mismas. Los directores, jefes de departamento y en general los técnicos del Instituto deberán tener la misma calidad y serán designados por el C. Secretario de Educación Pública, a propuesta del Director General del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de empleados de confianza.

El Director General del Instituto Nacional para el Fomento y la Práctica de la Charrería será el representante legal de la institución. Durará en su cargo cuatro años y no podrá ser reelecto.
Artículo 8°. Las escuelas de charrería y disciplinas ecuestres, contarán para su funcionamiento con:

I. La Junta Directiva;

II. Un representante del Instituto;

III. El Director General;

IV. El Patronato;

Artículo 9°. La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros. Cuatro se designarán por los integrantes de las asociaciones de charros de la entidad federativa, y uno designado por el Instituto.

Artículo 10. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

I. Ser mexicano, y estar afiliado a la Federación Mexicana de Charrería;

II. Tener más de treinta años de edad;

III. Ser persona honorable y de reconocido prestigio en la práctica de la Charrería y las disciplinas ecuestres mexicanas.

El cargo de miembro de la Junta Directiva será honorario.

Artículo 11. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias en la forma y términos que señale su reglamento. Su presidente será electo entre sus integrantes por mayoría.

Artículo 12. Corresponde a la Junta Directiva:

I. Nombrar al Director General de la Escuela, resolver acerca de su renuncia y removerlo por causa justificada. En ejercicio de estas facultades, atenderá las recomendaciones del Instituto así como la opinión de la comunidad de la Escuela;

II. Nombrar a los instructores y demás personal que en ella participen;

III. Resolver acerca de las renuncias de personal;

IV. Designar a los miembros del Patronato;

V. Expedir su propio reglamento.

Artículo 13.El Patronato estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres vocales.

Los miembros del Patronato serán mexicanos y de reconocida solvencia moral. Durarán en su cargo ocho años y podrán ser reelectos. El cargo de miembro del Patronato será honorario.

Artículo 14. Corresponde al Patronato:

I. Obtener los ingresos necesarios para el financiamiento de la Escuela;

II. Organizar planes para arbitrar fondos a la Escuela;

III. Autorizar la adquisición de los bienes que se requieran para las actividades de la Escuela;

IV. Administrar y acrecentar el patrimonio de la Escuela;

V. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Escuela y ponerlo a la consideración del Director General de la misma, quien lo someterá a la aprobación definitiva del Instituto Nacional para el Fomento y la práctica de la Charrería;

VI. Recibir el nombramiento de Contralor que haga la Secretaría de Educación Pública y al personal que dependa de él, para la supervisión de los asuntos financieros de la Escuela;

VII. Constituir el Fideicomiso operativo para la educación de jinetes y charros; y

VIII. Ejercer las demás atribuciones que le confieran esta ley y las demás normas y disposiciones reglamentarias en la materia.

Artículo 15. Los profesores, instructores y capacitadores charros y de las disciplinas ecuestres mexicanas, serán caballistas especializados y charros de reconocida trayectoria y experiencia que serán nombrados por el Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las escuelas de charrería y disciplinas ecuestres mexicanas funcionarán en las instalaciones que se consideren adecuadas, atendiendo a las propuestas que en este sentido hagan la Federación Mexicana de Charrería y las Asociaciones de Charros.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal librará las instrucciones necesarias para que en el Presupuesto de Egresos Federal, se cree una partida asignando los fondos que deban destinarse al Instituto Nacional para el Fomento y la Práctica de la Charrería.

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas deberán disponer en sus presupuestos de egresos, una partida especial para la creación y funcionamiento de las escuelas de charrería y disciplinas ecuestres mexicanas.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar".

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Primero, para felicitar a los autores de esta iniciativa.

Y como Senador del estado de Jalisco, no puedo menos que reconocer esta propuesta que mis compañeros Senadores hacen, porque es precisamente en mi estado, cuna y origen de este deporte nacional, la charrería.

Recién acabamos de celebrar la Gala Internacional del Mariachi y la Charrería.

Hay equipos muy importantes, está el equipo “Tres Potrillos”, de don Vicente Fernández y muchos más.

Y por eso, pedirle a través de su persona, señora Presidenta, si le puede solicitar a la autora de esta iniciativa, el que me pueda sumar a esta extraordinaria iniciativa que, sin duda, es hacerle justicia a quienes por muchos años han impulsado deporte, y como bien dice la Senadora, le han dado identidad a nuestro país a través de éste, que ya no solamente es un deporte sino también una cultura, si es tan amable.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto, Senador Casillas Romero.

Senadora Hilda Esthela Flores, Senador Barroso Agramont, Senador Puente Salas, ¿con el mismo objeto?

Senadora Cristina Díaz, ¿acepta? Con gusto tomamos registro.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Y ruego a la Secretaría tomar nota de las Senadoras y Senadores que se adhirieron a esta propuesta.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Martha Elena, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la Senadora, por favor.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Igualmente, con el mismo gusto le pido a la Senadora Cristina Díaz que vamos a estar trabajando en conjunto con ella para que esto sea una realidad, todos mis compañeros de Acción Nacional están de acuerdo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz, por favor.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solamente para decir que de parte del grupo parlamentario del PRI, nos adherimos a esta propuesta hecha por nuestra compañera Senadora Cristina Díaz.
- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se registra.

Sonido en el escaño de la Senadora Alcalá Ruiz.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sin duda, reconocer la iniciativa presentada por mis compañeros y no puedo abstraerme, como Presidenta de la Comisión de Cultura, para que efectivamente esta iniciativa prospere y podamos poner en el lugar que se merece a la charrería y a sus representantes en nuestro país, pedirle que acepte incorporarme.

Muchas gracias.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Acepta la proponente.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Simplemente para agradecerle la atención a la Senadora Cristina Díaz, que nos haya permitido sumarnos a esta importante iniciativa, y como Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, reiterarle nuestro respaldo a la charrería, darles la más cordial bienvenida a todos los charros que el día de hoy nos acompañan.

Bienvenidos, muchas gracias.

Es cuanto.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Tello Cristerna.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Igualmente, para sumarnos a esa iniciativa, como zacatecano, en donde tuvimos la fortuna de tener recientemente el Congreso Nacional Charro, pedirles que nos permitan sumarnos.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Tello Cristerna.





 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del C. Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Señora Presidenta.

A nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, presento ante ustedes esta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Uno de los aspectos importantes en la agenda del Congreso de la Unión debe ser la búsqueda de mecanismos eficaces que logren detonar el desarrollo económico en el país, a través de un marco jurídico potente que establezca alternativas legales ágiles y versátiles en el sector comercial, pero que a la vez proporcione certeza jurídica para todas las personas que intervienen en los actos de comercio.

En efecto, dado el fenómeno de la globalización y de la apertura comercial de nuestro país en el mundo, hace que debamos responder de manera clara, oportuna y certera a las exigencias de competitividad y productividad, a través de esquemas de organización claros y sencillos, que detonen inversión, tanto interna como externa.

Es así que en la búsqueda de mejores esquemas regulatorios en materia mercantil, particularmente en el esquema relativo a los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades mercantiles existentes dentro de nuestro ordenamiento normativo, surge el tema de las sociedades unipersonales o empresas unimembres, como se les conoce en algunas otras latitudes del mundo.

En efecto, estas sociedades unipersonales conocidas así por la doctrina y por el derecho comparado a nivel internacional, son sociedades de un solo socio, si su carácter de sociedad puede o debe negarse, su existencia en realidad, tanto en México como en el derecho extranjero, constituye una realidad evidente reconocida y analizada por la doctrina.

Dentro de sus principales características, esta sociedad tiene la de ser una figura jurídica mercantil aplicable a personas físicas o morales, misma que dota de total personalidad jurídica al comerciante, basado en la creación de un patrimonio autónomo y propio, destinado a una definida explotación económica.

Tal como se ha venido señalando por expertos en la materia, las sociedades unipersonales nacieron en Alemania, extendiéndose a otros países de Europa, siendo el caso que actualmente algunos países de América Latina ya reconocen las sociedades de un solo socio.

De acuerdo a estudios en la materia, se calcula que en la Unión Europea su economía y finanzas están sustentadas en las llamadas Mipymes, que tienen una representación del 70% de todas las empresas económicamente activas y de éstas el 70% están constituidas por sociedades de un solo socio. En México se estima que el 95.2% de las empresas económicamente activas son Mipymes y su economía y finanzas también se estima que están basadas en el liderazgo de una sola persona.

Diversos estudios en la materia coinciden en que la naturaleza de esta figura que principalmente hace referencia a un esquema de empresa unipersonal, basado en la creación de un patrimonio autónomo y propio, destinado a una definida explotación económica. En estos casos la persona, como dije anteriormente, sigue siendo titular del patrimonio afectado, sin que se forme una persona jurídica.

Se ha señalado que tal concepción se separa de la clásica idea del patrimonio, como atributo de la personalidad, es uno solo y único, y que no puede dividirse sin que se divida la persona titular de los derechos y obligaciones. En este caso, el patrimonio autónomo en sí mismo considerado permite la afectación de unos bienes de la persona al cumplimiento de una determinada finalidad, de tipo comercial.

La legislación mexicana aún no reconoce la figura de la sociedad unipersonal y este motivo se fundamenta en el no reconocimiento proveniente de la propia definición hecha en la Ley de Sociedades, ya que ésta actualmente establece que para la constitución de una sociedad se requiere que existan más de dos socios, si bien y es cierto que la ley no la reconoce, debemos observar que existe una tendencia hacia la constitución de sociedades o al menos de sociedades anónimas con un número menor de socios, esto gracias a las reforma de 1992 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual redujo el número de socios de cinco a dos y puede darse el caso de que muchas sociedades anónimas en realidad la mayor o la totalidad de las acciones pertenezcan a un único socio. A mayor abundamiento podemos señalar que existen sociedades en las que concurren cinco socios para su constitución, pero resulta que uno solo tiene el noventa y seis por ciento de las acciones o bien de las partes sociales. Este panorama crece a medida que las sociedades en su capital son más pequeñas, es decir, a las Mipymes.

Cabe señalar que en los países donde su legislación contempla a las sociedades unimembres o unipersonales, este tipo de figuras pueden llegar a conformarse cuando se haya creado de forma inicial como sociedades unipersonales o bien cuando siendo pluripersonales la totalidad de las acciones hayan pasado a un solo socio, ante el cual se convierte en único propietario.

Al respecto no se desconoce que en el mes de octubre de 2010, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión diversas reformas y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles con la finalidad de incorporar a nuestro orden jurídico nacional el reconocimiento legal a las llamadas sociedades unipersonales, no obstante, dichas reformas fueron objeto de observaciones por parte del Ejecutivo Federal en el mes de noviembre de 2010, mismas que no fueron superadas por el Congreso de la Unión y lo que ocasionó que la reforma legal correspondiente no tenga vigencia.

El Ejecutivo Federal en aquel momento, entre las observaciones emitidas se encuentran las siguientes:

- Se estimaba incorrecto, técnicamente hablando, crear una modalidad especial para las sociedades unipersonales y, en consecuencia, un capítulo que la regulara, sugiriendo que la alternativa acorde al principio de desregulación era simplemente la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad.

- Se observaba también la necesidad de establecer al mismo tiempo que todas las referencias empleadas por la Ley General de Sociedades Mercantiles en el sentido de utilizar socios o miembros, en su caso, accionistas, se entenderían aplicables al socio único, en el caso de unipersonalidad.

Pero a pesar de estas observaciones y a pesar de estas reflexiones, el Ejecutivo Federal, en aquel momento, reconocía en las mismas la utilidad y conveniencia de esta figura mercantil, por lo que el motivo principal de las objeciones realizadas versaban sobre la forma en cómo se había constituido esta figura, es decir, observó la inconveniencia de constituir una modalidad especial para las sociedades unipersonales, lo cual, desde su óptica podía ser resuelto a través de la modificación del requisito del número de socios.

Al respecto, es preciso señalar que:

- Esta figura de derecho mercantil no es ajena a otros sistemas que la han creado a propósito de otorgar flexibilidad en la organización comercial.

- Esta figura permitiría dotar de certidumbre jurídica de las contrapartes y los terceros en el momento de llevar a cabo contrataciones con dichas personas jurídicas.

- Esta figura permitiría combatir los fenómenos que de manera cotidiana se presentan, en los que un socio es propietario prácticamente de todo el capital social y se deja a otro con el carácter de minoritario, tan sólo una acción o mínima proporción del capital para el cumplimiento del requisito impuesto por el ordenamiento inherente a la pluralidad.

- Propiciaría agilidad en los mecanismos de constitución y operación de las sociedades, a la vez que generaría circunstancias de flexibilización y dinamismo de los procesos económicos y se salvaguardaría el respeto absoluto al estado de derecho.

- Era necesario contar con herramientas jurídicas necesarias que no representen trabas para el desarrollo y que propicien un genuino parteaguas en el desarrollo económico y un mecanismo de organización legítimo, entre otras.

Se estima que a pesar de que ha habido otros esfuerzos legislativos posteriores, se sigue presentando un esquema similar al proyecto observado anteriormente por el Ejecutivo.

Es por ello que la presente iniciativa pretende, entre otras cosas, ajustarse a los procesos dinámicos que impone el desarrollo comercial de nuestro país, a efecto de crear un ordenamiento funcional que bajo la óptica de la desregulación administrativa, propicie un marco jurídico proclive al desarrollo económico, que detone en una mayor y mejor competitividad y productividad, sobre la base de la certeza y seguridad jurídica para las personas que intervienen en los actos de comercio y los terceros.

Es por ello, que el día de hoy proponemos modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles para que se admita la conformación de sociedades mercantiles con un solo integrante.

En otras palabras, para que se permita la posibilidad de tener sociedades unipersonales, y con ello adquirir las siguientes ventajas:

- Potenciar el desarrollo económico y la competitividad nacional.

- Brindar más opciones para ejercer actos de comercio, dentro de un marco justo y legal.

- Estandarizar el marco jurídico nacional en materia de sociedades mercantiles con el resto de las economías, como resultado de la globalización.

- Evitar simulaciones o ficciones legales en la constitución de sociedades mercantiles.

- Ajustar la realidad jurídica, las empresas que de hecho más no de derecho pertenecen a una persona.

- Otorgar certeza jurídica a los intervinientes de los actos de comercio y a los terceros.

- Propiciar una mayor recaudación tributaria ante el aliciente de una posible disminución del comercio informal al flexibilizarse los esquemas para el ejercicio del comercio, entre otros.

Es por ello que ponemos a su consideración la presente iniciativa y solicitamos se asiente íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Los suscritos, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ y HECTOR LARISO CORDOVA, Senadores de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 y en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un tema importante en la agenda del Congreso de la Unión es la búsqueda de mecanismos eficaces que logren detonar el desarrollo económico en el país, a través de un marco jurídico potente que establezca alternativas legales ágiles y versátiles en el sector comercial, pero que a la vez proporcione certeza jurídica para todas las personas que intervienen en los actos de comercio.

En efecto, dado el fenómeno de la globalización y de la apertura comercial de México en el mundo, hace que nuestro país deba responder de manera clara, oportuna y certera a las exigencias planteadas a la dinámica que arroja la competitividad y productividad, a través de esquemas de organización claros y sencillos, que detonen la inversión, tanto interna como externa.

Es así que en la búsqueda de mejores esquemas regulatorios en materia mercantil, particularmente en el esquema relativo a los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades mercantiles existentes dentro de nuestro ordenamiento normativo, surge el tema de las llamadas sociedades unipersonales o empresas unipersonales como se les conoce en otras latitudes del mundo.

En efecto, las llamadas sociedades unipersonales o empresas unipersonales conocidas así por la doctrina y por el derecho comparado a nivel internacional, como su nombre lo indica, son sociedades de un sólo socio, si su carácter de sociedad puede o debe negarse, su existencia en realidad, tanto en México como en el derecho extranjero, constituye una realidad evidente reconocida y analizada por la doctrina 1

Dentro de sus principales características consiste en ser una figura jurídica mercantil aplicable a personas físicas o morales, misma que dota de total personalidad jurídica al comerciante, basado en la creación de un patrimonio autónomo y propio, destinado a una definida explotación económica.

Tal y como se va ha venido señalando por expertos en la materia, las sociedades unipersonales o unimembres, nacen en Alemania, extendiéndose a otros países de Europa, siendo el caso que inclusive algunos países de América Latina ya reconocen las sociedades de un solo socio.

De acuerdo a estudios en la materia, se calcula que en la Unión Europea su economía y finanzas están sustentadas en las llamadas mipymes, que tienen una representación del 70% de todas las empresas económicamente activas y el 70% de estas están constituidas en sociedades de un solo socio. En México el 95.2% de las empresas económicamente activas son mipymes y su economía y finanzas están basadas en las sociedades unipersonales2.

Diversos estudios en la materia coinciden en que la naturaleza de esta figura que principalmente hace referencia a un esquema de empresa unipersonal, basado en la creación de un patrimonio autónomo y propio, destinado a una definida explotación económica. Al respecto, de acuerdo a la sentencia C – 624/98 del Poder Judicial Colombiano, se establece que debe entenderse por patrimonio autónomo, aquél constituido por bienes de una persona que al ser independizados, son destinados para fines específicos y que sirven de garantía de las obligaciones vinculadas a la ejecución o cumplimiento de una actividad. En estos casos, la persona sigue siendo la titular del patrimonio afectado, sin que se forme una persona jurídica3.

Se ha señalado que tal concepción, se separa de la clásica idea de que el patrimonio, como atributo de la personalidad, es uno solo y único, y que no puede dividirse sin que se divida la persona titular de los derechos y obligaciones4. En este caso, el patrimonio autónomo en sí mismo considerado permite la afectación de unos bienes de la persona al cumplimiento de una determinada finalidad, de tipo comercial.

López y Porras, afirma que la legislación mexicana no reconoce la figura de la sociedad unipersonal y este motivo se fundamenta en el no reconocimiento proveniente de la propia definición hecha en la Ley de Sociedades, ya que esta establece que para la constitución de un sociedad se requiere que existan más de dos socios, si bien y es cierto que la ley no la reconoce, debemos observar que existe una tendencia hacia la constitución de sociedades o al menos de sociedades anónimas con un número menos de socios, esto gracias y a partir de la reforma realizada en el año 1992 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual redujo el número de socios de cinco a dos y puede darse el caso de que muchas de las sociedades anónimas en realidad la mayor cantidad o la totalidad de las acciones pertenezcan a un único socio a mayor abundamiento podemos señalar que existen sociedades en las que concurren cinco socios para su constitución, pero resulta que uno solo tiene el noventa y seis por ciento de las acciones o bien partes sociales y los otros cuatro, únicamente el cuatro por ciento entre todos, siendo de hecho una sociedad de un solo socio, aunque de derecho sean cinco socios quienes conforman la sociedad, un ejemplo claro de sociedades que son de hecho de un solo socio, podríamos referir a Microsoft cuyo dueño es de Bill Gates, etc.5

Si bien en nuestro país se han presentado posturas encontradas respecto de la procedencia de esta figura, existiendo posturas en contra que argumentan que el término sociedad denota pluralidad de personas, a diferencia de la persona única, se estima que este tipo de argumentos pretenden combatir una eventual contradicción terminológica, misma que a decir de diversos especialistas en la materia puede ser superada en el sentido de que la personalidad jurídica no depende de la pluralidad de miembros, sino de la capacidad de adquirir derechos y obligaciones.

Más allá de este tipo de posturas, en materia de derecho comparado resulta ser ilustrativo respecto de cómo se regulan y funcionan las llamadas empresas unipersonales o unimembres, siendo el caso de distintos países de Europa6 como se muestra en el cuadro:


 

País

 

Situación

Alemania

Se encuentran reguladas por la Ley de agosto de 1994 permite la existencia de las sociedades anónimas Unimembres, gracias a que la legislación germana puede habilitar a los empresarios individuales el acceso al mercado de capitales.

Francia

Desde 1985 a partir de la Ley Nº 85-697 se regula la figura de empresa individual de responsabilidad limitada.

España

Se admite dicha posibilidad desde que se introdujo el Capítulo XI en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 2/1995, de 23 de marzo. Dicho Capítulo está compuesto por un solo artículo, el artículo 311, que efectúa una remisión plena a la regulación dispuesta en el Capítulo XI de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en la cual se dedica íntegramente el capitulo XI a la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada.

Gran Bretaña

Se reconocen a partir del caso jurisprudencial, conocido como “One man companies” (compañías de una sola persona). Actualmente siguiendo XII Directiva de la CEE se modifico la “companies Act” de 1985 permitiendo constituir y mantener una sociedad de un solo socio  a las “Limited Privaten Companies”

Italia

 

Desde 1993 se reconoce la Sociedad originariamente unipersonal de responsabilidad limitada, en el Código Civil en su artículo 2475, siguiendo la XII Directiva de CEE.

Bélgica

 

La ley del 14 de julio de 1987 introdujo la Sociedad Privada de Responsabilidad de una Persona, por lo cual se tuvo que modificar el Código Civil en el sentido de que la sociedad podía constituirse por un acto de voluntad de una persona.

Portugal

 

Desde 1986 permite el Establecimiento Individual de Responsabilidad Limitada.

Holanda

 

Desde 1986 las sociedades unipersonales en el Código Civil.

Noruega

 

No se permiten para privados. Se permiten, como en el caso de México cuando el único socio es el Estado.
ç

Luxemburgo

 

En 1987 el Parlamento permitió mediante        las modificaciones al Código Civil y a su          ley de sociedades, que las sociedades de responsabilidad limitada pudieran tener un socio único en el momento de su constitución, así como la tenencia de todas sus participaciones. Una de las peculiaridades de las sociedades unipersonales es que en caso de muerte del socio único, la sociedad no se disuelve.

 

Por su parte, en América Latina entre los países que ya permiten la constitución de esta clase de sociedades se encuentra, Colombia, Paraguay, Chile, entre otros. Argentina está legislando ya sobre esa posibilidad. 7

 

País

 

Situación

 

 

Colombia

 

Denominada Empresa Unipersonal, contemplada en la Ley 222 de 1995, teniendo como características; aplicable solo para comerciantes, sea persona natural o jurídica, podrá destinar parte de activos para la realización de una o varias actividades igualmente mercantiles. 

 

 

 

Paraguay

La Ley del Comerciante Nº 1034          incorpora la figura de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada  en sus artículos 15/25. En su art. 15 la define de la siguiente manera: “Toda persona física podrá constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, asignándoles un capital determinado. Los bienes constituirán un patrimonio separado de los bienes pertenecientes a la persona física. La responsabilidad queda limitada al monto de capital afectado a la empresa. 

 

 

 

Chile

La Ley 19,857 , promulgada el 24 de enero de 2003, autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada compuesta por 18 artículos, publicada el 11 de febrero de 2003. La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular, es siempre comercial y está sometida al Código de Comercio cualquiera que sea su objeto; podrá realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas.  

Cabe señalar que en los países donde sus legislaciones contemplan las sociedades unimembres o unipersonales, este tipo de figuras pueden llegar a conformarse cuando se haya creado de forma inicial como sociedades unipersonales o bien cuando siendo pluripersonales la totalidad de acciones haya pasado a un solo socio, ante el cual se convierte en único propietario.

En el ámbito nacional, dado que  la legislación vigente no permite la constitución de sociedades mercantiles de un solo socio, el tema de las sociedades unipersonales constituye tema discutido y debatido en diversas ocasiones, no sólo en el ámbito académico, sino también en el ámbito legislativo. Cabe destacar que al efecto han existido algunos intentos legislativos, tendientes a la incorporación de la sociedad unipersonal en nuestro marco jurídico nacional, concretamente en la ley general de sociedades mercantiles.

Al respecto no se desconoce en el mes de octubre de 2010, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión diversas reformas y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles con la finalidad de incorporar a nuestro orden jurídico nacional el reconocimiento legal a las llamadas sociedades unipersonales, no obstante, dichas reformas fueron objeto de observaciones por parte del Ejecutivo Federal en el mes de noviembre de 2010, mismas que no fueron superadas por el Congreso de la Unión y ocasionaron que las reformas legales correspondientes no fueran vigentes.

Entre las principales observaciones esgrimidas en su momento por parte del Ejecutivo Federal8, se encuentran las siguientes:

• Se estimaba incorrecto técnicamente hablando, crear una modalidad especial para las sociedades unipersonales y. en consecuencia, un capítulo que las regulara, sugiriendo que la alternativa acorde al principio de desregulación era simplemente la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad.

• Se precisaba que los términos propuestos en la Ley General del Sociedades Mercantiles, provocaba un tratamiento jurídico diverso para dos situaciones que en la práctica debían de ser consideradas como idénticas ya que los efectos jurídicos que se producen al contratar con una sociedad anónima de carácter plural o de naturaleza unipersonal, serían los mismos en uno y otro caso.

• Se observaba la necesidad de establecer al mismo tiempo que todas las referencias empleadas por la Ley General de Sociedades Mercantiles en el sentido de utilizar “socios” o “miembros” o en su caso “accionistas”, se entenderían aplicables al socio único, en el caso de la unipersonalidad.

• En cuanto a la nomenclatura propuesta a las sociedades con modalidad de unipersonales, se precisaba que esta causaría problemas particularmente en el caso de las sociedades unipersonales derivadas, toda vez que el propio proyecto determinaba que la característica de la unipersonalidad debería de incorporarse a la nomenclatura de la sociedad, entre otras.

No obstante lo anterior, el propio Ejecutivo Federal reconocía en sus propias observaciones la utilidad y conveniencia de esta figura mercantil, por lo que el motivo principal de las objeciones realizadas versaban sobre la forma en como se había constituido esta figura, es decir, observó la inconveniencia de constituir una modalidad especial para las sociedades unipersonales, lo cual, desde su óptica podía ser resuelto a través de la modificación del requisito de número de socios para la constitución de una de las sociedades mercantiles ya existentes.

En efecto, en se reconocía en sus propias observaciones9 lo siguiente:

• Esta figura de derecho mercantil no es ajena a otros sistemas que la han creado a propósito de otorgar flexibilidad en la organización comercial.

• Permitiría dotar de certidumbre jurídica de las contrapartes y los terceros en el momento de llevar a cabo contrataciones con dichas personas jurídicas.

• Permitiría combatir los fenómenos que de manera cotidiana se presentan, en los que un socio es propietario prácticamente de todo el capital social y se deja al otro con el carácter de minoritario tan sólo una acción o mínima porción del capital para el cumplimiento del requisito impuesto por el ordenamiento inherente a la pluralidad.

• Propiciaría agilidad de los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades, a la vez que generaría circunstancias de flexibilización y dinamismo de los procesos económicos, al tiempo que se salvaguarda el respeto absoluto al Estado de Derecho.

• Era necesario contar con las herramientas jurídicas necesarias que no representen trabas para el desarrollo y que propicien un genuino parte aguas para el desarrollo económico y un mecanismo de organización legítimo, entre otras.

De igual forma no se desconoce que pese al anterior proceso legislativo, en el mes de diciembre de 2009 se presentó en el Senado de la República otra iniciativa de reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, como otro intento por establecer la regulación de las empresas unipersonales, no obstante dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, posteriormente la Cámara de Diputados lo aprobó con modificaciones, devolviéndola al Senado, el cual lo aprobó con modificaciones y actualmente permanece en la Cámara de Diputados en carácter de minuta.

No obstante lo anterior, se estima que dicha propuesta legislativa sigue presentando un esquema similar al proyecto observado por el Ejecutivo en el sentido de que se crea una modalidad especial para las sociedades unipersonales y no solamente se centra en la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad.

Es por ello que la presente iniciativa pretende entre otras cosas, ajustarse a los procesos dinámicos que impone el desarrollo comercial de nuestro país, a efecto de crear un ordenamiento funcional que bajo la óptica de la desregulación administrativa, propicie un marco jurídico proclive al desarrollo económico, que detone a su vez  en una mayor y mejor competitividad y productividad, sobre la base de la certeza y seguridad jurídica para las personas que intervienen en los actos de comercio y los terceros.

En otras palabras, lograr la consagración de la empresa unipersonal, con el objetivo de facilitar las actividades de los comerciantes, de una forma mas ajustada a las necesidades del mundo de los negocios10.

Entre las principales propuestas de la iniciativa destacan las siguientes:

• Se prevé que las sociedades de responsabilidad limitada son aquellas que se constituyen por uno o más socios, a efecto de permitir que pueda ser unipersonal, pero no como una modalidad de la sociedad, sino como un requisito respecto del número de socios de la sociedad.

• Se prevé que en caso de sociedades unipersonales la asamblea se le denominará sesión y no le será aplicable el contenido relativo a la regulación de la asamblea de socios.

• Se establece la terminología de “sesión” en lugar de “asamblea” cuando se trate de sociedades con un solo socio.

• Se prevé que la sociedad anónima es aquella que se constituye por uno o más socios, a efecto de permitir que pueda ser unipersonal, pero no como una modalidad de la sociedad, sino como un requisito respecto del número de socios de la sociedad.

• De igual forma que en la sociedad de responsabilidad limitada, se cambia la denominación de “asamblea”  por “sesión” cuando la sociedad anónima se constituyere por un socio.

• Tanto en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada como en el caso de la sociedad anónima, se equiparan en lo conducente la regulación de la “sesión del accionista” con lo establecido previamente para la “asamblea general de accionistas” particularmente en los siguientes tópicos:

• Facultades de la asamblea o sesión.

• Temporalidad para la celebración de la asamblea o sesión.

• Sujetos legitimados para convocar a la asamblea o sesión.

• Requisitos de constitución de la sociedad anónima.

• Facultades de la asamblea o sesión, para la validez de sus determinaciones y para el ejercicio del derecho de veto.

• Facultades de la asamblea o sesión para el nombramiento de gerentes generales o especiales.

• Posibilidad de establecer en los estatutos de la asamblea general o sesión la obligación de los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar responsabilidades en el desempeño de su cargo.

• Obligación de los comisarios de rendir a la asamblea o sesión de accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia asamblea de accionistas o sesión.

• Obligación de los comisarios de informar a la asamblea o sesión de las denuncias formuladas por las irregularidades en la administración.

• Convocatoria del Consejo de Administración a la asamblea o sesión para la designación de comisarios en caso de que falten la totalidad.

• Remoción del administrador, consejo de administración o comisarios por parte de la asamblea o sesión, ante la falta de presentación oportuna del informe de situación financiera.

• Facultades de la asamblea o sesión como Órgano Supremo de la sociedad; para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta.

• Regulación y requisitos para la convocatoria de las asambleas o para la sesión.

• Forma de representación del o los accionistas en las asambleas o sesiones.

• Facultades de la asamblea o de la sesión para fijar los aumentos del capital, entre otras.

• Se prevé que la sesión del accionista deberá celebrarse en el domicilio social y sin ese requisito será nula salvo caso fortuito o de fuerza mayor. De igual forma se prevé que la sesión deberá celebrarse, por lo menos, una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social. 

En suma, la presente iniciativa plantea inscribirse como una propuesta legislativa adecuada que ayude a la inclusión de esta figura en la legislación nacional y que en caso de aprobarse, entre otros beneficios presente los siguientes:

• Potenciar el desarrollo económico y competitividad nacional.

• Se brindarían más opciones para ejercer actos de comercio, dentro de un marco justo y legal.

• Estandarizar el marco jurídico nacional en materia de sociedades mercantiles con el resto de las economías, como resultado de la globalización.

• Evitar simulaciones o ficciones legales en la constitución de sociedades mercantiles.

• Se ajustarían a la realidad jurídica, las empresas que de hecho mas no de derecho pertenecen a una persona.

• Se otorga certeza jurídica a los intervinientes de los actos de comercio y a los terceros.

• Se propiciaría una mayor recaudación tributaria ante el aliciente de una posible disminución del comercio informal al flexibilizarse los esquemas para el ejercicio del comercio.

• Culturalmente se motiva el autoempleo dando paso a una opción nueva de creación de empresa personal jurídicamente.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Senadores convencidos de la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que detonen los procesos económicos bajo la óptica de la certeza y seguridad jurídica, sometemos a consideración de la presente Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Unico. Se reforman los artículos 6 fracción I,  58, 78 primer párrafo, 80, 81, 87, 89 fracción I, 90, 91 fracción VI, 145, 152, 166 fracciones IV, VI y VIII, 167, 168, 176, 177, 183, 186, 187, 192, 216 segundo párrafo, 219 fracción IV, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 77, un tercer párrafo al artículo 178, un artículo 182 bis, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 6. …

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio de la persona o personas físicas o morales que constituyan la sociedad;

II. a XIII. …


Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye por uno o más socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que la parte o partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley.

Artículo 77.…

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada constituida por un solo socio, a la asamblea se le denominará sesión y no le será aplicable el contenido el párrafo anterior.

Artículo 78. Las asambleas o sesión tendrán las facultades siguientes:

I. a XII. …

Artículo 80. Las asambleas o sesión se celebrarán en el domicilio social, por lo menos una vez al año, en la época fijada en los estatutos.

Artículo 81. Las asambleas o sesión serán convocadas por los gerentes; si no lo hicieren, por el consejo de vigilancia, y a falta u omisión de éste, en el caso de las primeras, por los socios que representen más de la tercera parte del capital social.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de uno o más socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.
Artículo 89. …

I.- Que haya uno o más socios y que cada uno de ellos, en su caso, suscriba una acción por lo menos;

III. a IV. …

Artículo 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante notario de la o las personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública, en su caso.

Artículo 91. …

I. a V. …

VI. Las facultades de la asamblea general de accionistas o sesión de accionista y la condición para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de veto, en cuanto las disposiciones legales pueden ser modificadas por la voluntad de los socios.

Artículo 145. La asamblea general de accionistas, la sesión del accionista, el consejo de administración o el administrador podrán nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el administrador o consejo de administración, por la asamblea general de accionistas o por la sesión del accionista.

Artículo 152. Los estatutos, la asamblea general de accionistas o la sesión del accionista, podrán establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudiera contraer en el desempeño de sus encargos.

Artículo 166. …

I. a III. …

IV.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o a la sesión del accionista, un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas o Sesión. Este informe deberá incluir, por lo menos:

V. …

VI.- Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas o a sesión de accionista, en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzgue conveniente;

VII. …

VIII. Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas y a la sesión del accionista; y

IX. …

Artículo 167. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisarios los hechos que estime irregulares en la administración, y éstos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la asamblea general de accionistas o sesión de accionista y formular acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes.

Artículo 168. Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los comisarios, el consejo de administración deberá convocar, en el término de tres días, a asamblea general de accionistas o a sesión de accionista para que ésta haga la designación correspondiente.

Artículo 176. La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 será motivo para que la asamblea general de accionistas o la sesión de accionista acuerde la remoción del administrador o consejo de administración o de los comisarios, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido-

Artículo 177. Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas o la sesión del accionista haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, deberán mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 178.…

En el caso de sociedades anónimas constituidas por un solo socio, a la asamblea se le denominará sesión.

Artículo 182 bis. La sesión del accionista deberá celebrarse en el domicilio social y sin ese requisito será nula salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Deberá celebrarse, por lo menos, una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el Orden del Día, de los enumerados en los artículos 181 y 182 anteriores.

Artículo 183.- La convocatoria para las asambleas o para la sesión del accionista, deberá hacerse por el Administrador o por el Consejo de Administración o por los Comisarios, salvo lo dispuesto, en su caso, 168, 184 y 185.

Artículo 186. La convocatoria para las asambleas generales o para la sesión del accionista deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio o por correo certificado con acuse de recibo al domicilio del accionista con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión o sesión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172.

Artículo 187.- La convocatoria para las asambleas o para la sesión del accionista deberá contener el Orden del Día y será firmada por quien la haga.

Artículo 192.- El o los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas o Sesión, por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y, a falta de disposición, por escrito.

Artículo 216. …

En las sociedades por acciones, el contrato social, la asamblea general extraordinaria o la sesión del accionista fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en que deberán hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no subscritas o los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la subscripción.

Artículo 229. …

I. a III. …

IV.- Porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, salvo en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y anónima.

V. …

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá de adecuar las disposiciones legales que sean necesarias para armonizarlas con lo establecido por el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Héctor Larios Córdova".

Bibliografía

Baigorria Mariana, Revista “Lecciones y Ensayos”, Buenos Aires Argentina, Diciembre 2000.
Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
Gaceta Parlamentaria, número 3115-III, martes 12 de octubre de 2010.

Mosqueda, R. E., Fernández, E. A., Soto, R. C., Gómez, M. O. Z. G., Arias, E. B., Chávez, M. J. M., ... & Hernández, R. R. Sistemas Contables, Fiscales en las Sociedades de Producción Rural, Sociedades Unipersonales, Fuentes de Financiamiento y PYMES.

http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_comercial/jurisprudencias/linea_jurisprudencial_la%20empresa_unipersonal.pdf

1 Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

2 Mosqueda, R. E., Fernández, E. A., Soto, R. C., Gómez, M. O. Z. G., Arias, E. B., Chávez, M. J. M., ... & Hernández, R. R. Sistemas Contables, Fiscales en las Sociedades de Producción Rural, Sociedades Unipersonales, Fuentes de Financiamiento y PYMES.

3http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_comercial/jurisprudencias/linea_jurisprudencial_la%20empresa_unipersonal.pdf

4 Idem

5 Mosqueda, Rafael Espinosa, et al. “Sistemas Contables Fiscales en la Sociedades de Producción Rural, Sociedades Unipersonales, Fuentes de Financiamiento y PYMES”

6 Idem.

7 Baigorria Mariana, Revista “Lecciones y Ensayos”, Buenos Aires Argentina, Diciembre 2000.

8 Gaceta Parlamentaria, número 3115-III, martes 12 de octubre de 2010.

9 Idem

10http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_comercial/jurisprudencias/linea_jurisprudencial_la%20empresa_unipersonal.pdf

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Amparo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 108, 109 Y 114 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señora Presidenta; compañeras, compañeros Senadores:

Como ustedes saben, el pasado 2 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo; una nueva ley producto de un amplio consenso, que como ustedes recuerdan, tuvo como objetivo la reestructuración del juicio de amparo en aras de adaptarlo a las necesidades y a la dinámica de nuestro sistema de justicia acusatorio y, por supuesto, al nuevo programa constitucional de protección a los derechos humanos.

En el grupo parlamentario del PRD, debo reiterarlo, estamos convencidos de que con la nueva Ley de Amparo, ampliamos y también potencializamos la esfera de protección para las personas, también con esta acción fortalecimos al amparo y lo consolidamos como un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico y de la protección de los derechos humanos en nuestro país.

El amparo, vale la pena reiterarlo en esta máxima tribuna, se modernizó al incluírsele figuras como el interés legítimo, la declaratoria general de inconstitucionalidad, la posibilidad de ampararse contra actos de particulares y el establecimiento, también, de un procedimiento específico para probables casos de desaparición forzosa, por mencionar solamente algunos de ellos.

A pesar de todo lo anterior, creo que todos los presentes somos conscientes de que en la práctica cotidiana, en la aplicación de esta ley en los tribunales, pueden presentarse aún situaciones no previstas en el texto normativo, y ello nos obligará a estar trabajando en aras de su perfeccionamiento, pues esa es una, evidentemente, de nuestras responsabilidades que tenemos como legisladores.

Compañeras y compañeros, la nueva Ley de Amparo, también permite que en materia penal, el quejoso interponga y sustancie el juicio de amparo sin que sea obligatorio para él contar con la asistencia o asesoría de un abogado.

Tampoco es obligatoria la asistencia de abogado para promover el amparo contra actos que interpongan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, casos que cualquier persona puede promover el amparo, incluso menores de edad.

La finalidad de esto no es vulnerar, así lo determinamos, el derecho a una defensa adecuada sino facilitar el acceso al juicio de amparo para materias y casos que son de especial delicadeza y urgencia por virtud del bien jurídico afectado o en riesgo.

Pero la ley, compañeras y compañeros, también establece requisitos formales que deben ser observados en la interposición de la demanda y la falta de algunos de estos requisitos da lugar hoy en día a que el juez requiere al promovente para subsanar su omisión o de lo contrario tendría que dar por no interpuesta la demanda.

La iniciativa que vengo a presentar a este Pleno, a su consideración, compañeras y compañeros, plantea que en la materia penal y en los casos que señala el artículo 15 de la ley, sea aplicable una especie de suplencia de la queja cuando el quejoso exprese incorrectamente la denominación de la autoridad responsable.

Pues en estas hipótesis, que implican gran urgencia, resulta imposible e ilógico que el quejoso investigue la correcta denominación del cargo de un servidor público cuando está a punto de ser privado de la libertad o deportado o extraditado o cualquier otro de los actos que ya he señalado.

En función de esto, señora Presidenta, compañeras y compañeros, es que vengo a presentar a ustedes propuestas para reformar, como expresé en un principio, los artículos 108, 109 y 114 de la Ley de Amparo, reformas y adiciones a estos artículos, que, como todos sabemos, la Ley de Amparo, es la Reglamentaria a los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

Es todo, señora Presidenta.

Iniciativa

"El suscrito, Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 108, 109 y 114 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

No cabe duda que el juicio de amparo es el medio de protección del gobernado contra los actos de autoridad por excelencia y constituye una de las partes medulares del sistema jurídico mexicano.

La reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, representó el punto de partida para la reestructuración del juicio de amparo, en aras de adaptarlo a las necesidades y dinámica del nuevo sistema de justicia acusatorio.

Con el fin de adecuar el juicio de amparo al nuevo paradigma constitucional, el Congreso de la Unión expidió una nueva Ley de Amparo, la cual fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 2 de abril, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Esta nueva Ley se caracteriza por introducir algunas nuevas figuras como la declaratoria general de inconstitucionalidad, el interés legítimo, los Plenos de Circuito, un procedimiento específico para los probables casos de desaparición forzada, entre otros muchos aspectos tendientes a ampliar y potencializar la esfera de protección para las personas, fortaleciendo así al amparo y consolidándolo como un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico y de la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas a este medio de protección constitucional, la nueva Ley de Amparo estableció en el ámbito de la materia penal la posibilidad de promover el juicio de garantías de manera directa, es decir, sin que sea obligatorio para el quejoso contar con la asistencia de un abogado; derecho que desde luego no es limitativo ni mucho menos impide al quejoso interponer la demanda de amparo bajo la  asistencia y asesoría de un licenciado en derecho.

La posibilidad de promover y substanciar el amparo en materia penal sin la asistencia de un abogado o licenciado en derecho, no resulta en realidad contraria al derecho a una defensa adecuada consagrado tanto en nuestra Constitución como en diversos tratados internacionales de los que México forma parte; antes al contrario, constituye un mecanismo para facilitar el acceso del gobernado a este medio de protección en una materia de especial delicadeza, que comúnmente involucra un bien jurídico de fundamental relevancia como lo es la libertad, sin duda uno de los derechos más valiosos del ser humano. De ahí la necesidad y relevancia de facilitar el acceso del gobernado al amparo en la materia penal.

Esta idea quedó plasmada en el artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, que en su primer párrafo establece como potestativo y no como obligatorio para el quejoso y el tercero interesado “autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante…”.

Sin embargo es necesario recordar que el segundo párrafo de este mismo precepto señala a la letra: “En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado…”.

La interpretación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 12, nos muestra que en materias distintas a la civil, mercantil y laboral cuando se trate del patrón, el quejoso y el tercero perjudicado no solamente pueden promover y substanciar el juicio de amparo sin asistencia de abogado, sino que además pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para que realice actos que resulten necesarios para la defensa de sus derechos, sin que sea requisito que el autorizado cuente con título profesional ni cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. 

Este criterio se fortalece con la lectura e interpretación armónica del ya señalado artículo 12 y el segundo párrafo del artículo 24, que establece el derecho del quejoso y el tercero interesado para autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones, aún las de carácter personal, e imponerse de los autos. Tal interpretación hace evidente que en una materia como la penal, el quejoso puede substanciar por sí mismo el juicio, auxiliándose para ello de cualquier persona de su confianza que no necesariamente debe ser abogado o licenciado en derecho.

Cabe señalar que esta regla no es nueva ni fue introducida por la nueva Ley de Amparo; por el contrario, la Ley de Amparo abrogada contenía estas mismas previsiones en su artículo 27, por lo que la nueva Ley únicamente retoma y ratifica que en el amparo en materia penal el quejoso no está obligado a contar con un abogado o licenciado en derecho.

Otro precepto que persigue la finalidad de facilitar el acceso al juicio de amparo en virtud de la relevancia del bien jurídico afectado o en riesgo, es el artículo 15, referente a los casos de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, así como la posible comisión de desaparición forzada de personas, casos en que cualquier persona puede promover el amparo, incluso menores de edad.

Al analizar estas disposiciones de manera conjunta y armónica, podemos concluir que la intención del legislador es establecer mecanismos que faciliten el acceso al juicio de amparo para aquellos casos que resulten de especial trascendencia por virtud del bien jurídico afectado o en riesgo.

Ahora bien, la Ley de Amparo establece en su artículo 108 una serie de requisitos formales que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables del acto reclamado, requisito plasmado en su fracción III.

De la misma manera el artículo 109 establece los requisitos en caso de que el amparo sea promovido contra actos señalados en el artículo 15 a que ya se ha hecho referencia. Específicamente sus fracciones II y III disponen el señalamiento de la autoridad ordenadora y la ejecutora.

En ambos casos la omisión de alguno de los requisitos formales, entre los que se encuentra el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables, da lugar a que el juez de amparo requiera al promovente para que subsane la deficiencia dentro del plazo de cinco días, tal y como lo establece el artículo 114. 

Con base en esta previsión, en la práctica se ha dado el caso de que dentro de amparos en materia penal promovidos sin la asistencia de abogado o licenciado en derecho, el quejoso asienta de manera incorrecta la denominación de la autoridad responsable, lo que da lugar a que la autoridad jurisdiccional le dé vista para subsanar la equivocación y manifestar con precisión a la autoridad responsable, asentando la denominación correcta de su cargo.

Tal requerimiento por parte del juez de amparo suele fundarse además en la interpretación del artículo 79, que ordena la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, pero no señala de manera expresa que tal suplencia sea aplicable cuando el quejoso señale a la autoridad responsable con una denominación errónea.


Esta previsión resulta, desde nuestra perspectiva, contraria a la finalidad de facilitar el acceso al amparo en la materia penal, toda vez que implícitamente el quejoso, particularmente aquél que por cualquier razón promueve un amparo penal sin asistencia de abogado o licenciado en derecho, queda obligado a conocer la denominación exacta y precisa del cargo de la autoridad señalada como responsable, entorpeciéndose así su acceso al juicio de amparo, en virtud de que la norma termina por obligarle a hacer una investigación de la estructura orgánica de una institución para así poder precisar la denominación exacta del cargo que ostenta el servidor público señalado como responsable. 

Tal razonamiento es aplicable cuando el amparo es promovido contra los actos señalados en el artículo 15, pues si bien es cierto que este mismo precepto establece un procedimiento específico ante la urgencia que ameritan dichos actos, también lo es que el artículo 109 exige que en la demanda se señale a la autoridad ejecutora y de ser posible a la ordenadora, por lo que en los hechos un juez de amparo puede interpretar que ante la incorrecta denominación de las autoridades, se debe requerir al promovente para que señale correctamente la denominación, lo que dejaría en grave situación de vulnerabilidad al quejoso, máxime tratándose de actos tan graves como los establecidos en el artículo 15, en los que por la naturaleza y urgencia de los hechos resultaría impensable que el quejoso investigue la denominación exacta de la autoridad antes de interponer el amparo.

Es por ello que la presente iniciativa propone establecer expresamente que en los amparos en materia penal, así como en aquellos promovidos contra los actos señalados en el artículo 15 de la propia Ley de Amparo, no sea obligatorio para el quejoso expresar de manera correcta el cargo de la autoridad señalada como responsable, siempre y cuando sea posible para la autoridad jurisdiccional identificar a ésta con precisión a partir de los hechos o abstenciones impugnadas, o bien de los conceptos de violación.

De esta manera lo que en el fondo se propone es la aplicación de una especie de suplencia de la queja para los casos en que el quejoso exprese de manera incorrecta la denominación de la autoridad responsable, con el objetivo de garantizar un eficaz y pronto acceso al amparo, pues además se establece con claridad que en estas hipótesis el juez subsanará de oficio la imprecisión.

Tal propuesta, como ya se señaló, tiene la finalidad de fortalecer los mecanismos que faciliten el acceso al juicio de amparo, particularmente en los casos en que por cualquier circunstancia el quejoso se ve en la necesidad de recurrir a este medio de protección constitucional sin la asistencia o asesoría de un abogado o licenciado en derecho, ponderando además la naturaleza, relevancia y urgencia que revisten los asuntos de carácter penal, así como los actos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo.

Cabe aclarar que aun cuando se trata de una suplencia de la queja respecto a la denominación de la autoridad responsable, la presente iniciativa no propone modificación alguna al artículo 79, toda vez que este precepto se refiere a la suplencia en la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, que constituyen el fondo del amparo, mientras que la presente iniciativa plantea la suplencia con relación a un requisito de forma.

Por tal razón y en aras de procurar una correcta técnica jurídica y legislativa, se proponen modificaciones en artículos que específicamente se refieren al señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 108; se adicionan un último párrafo al artículo 109 y un tercer párrafo al artículo 114, recorriéndose en su orden el subsecuente, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108.…

I. y II.

III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En materia penal no será indispensable expresar la correcta denominación de la autoridad responsable, siempre y cuando a partir de los hechos, abstenciones o conceptos de violación sea posible identificarla con precisión;

IV. a VIII.

Artículo 109. …

I. a IV.

Para el caso de las fracciones II y III no será indispensable expresar la correcta denominación de las autoridades responsables, siempre y cuando a partir de los hechos, abstenciones o conceptos de violación sea posible identificarlas con precisión, en cuyo caso el juez subsanará de oficio la imprecisión.

Artículo 114. …

I. a V.

Cuando en la demanda de amparo en materia penal el quejoso haya expresado incorrectamente la denominación de la autoridad responsable, pero a partir de los hechos, abstenciones o conceptos de violación sea posible identificarla con precisión, el juez subsanará de oficio la imprecisión.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de reformas a los artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 16 Y 17 DE LA LEY DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Con todo gusto, señor Presidente.

“COMISIONES UNIDAS de Fomento EconOmico;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, sometida a la consideración del H. Congreso de la Unión por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 18 de abril de 2013.

Estas Comisiones con fundamento en los artículo 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículo 117, 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron a realizar el análisis de la Iniciativa descrita, y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

MetodologIa

I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES” se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

II. En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos de la Iniciativa, su contenido, motivos y alcances.

III. En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos para cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. En Sesión Ordinaria del Senado de la República, celebrada el 18 de abril de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma que mediante el OFICIO No. DGPL-2P1A.-3938 la Mesa Directiva se turnó a las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa presentada tiene por objeto reformar los artículos 16 y 17 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012, con la finalidad de que el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social sea -según se señala en la Iniciativa- auténticamente representativo y con facultad de intervenir en los planes y programas de promoción y fomento económico del país.

El Senador Benjamín Robles Montoya en la exposiciOn de motivos de su Iniciativa expresa que los Consejos Consultivos que integran al Instituto Nacional de la Economía Social, Órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, resultan lesivos para el afán democrático de contar con esquemas de deliberación horizontales, donde lo que prive sea una naturaleza colegiada; criterios guía de la actividad cooperativa y de la economía social en general, por cierto.

El autor de la Iniciativa señala que el actual modelo del Congreso y Consejo Nacional como Organismos del sector, contemplados por esta ley como de consulta y representación, resulta poco práctico pues implica gastos que correrán a cuenta de las organizaciones, siendo que al final los acuerdos y decisiones del mismo no serán tomadas en cuenta para la creación, implementación o evaluación de planes y programas de trabajo; toda vez que los representantes electos del sector serán minoría en el consejo consultivo.

Así el actual diseño de los Consejos Consultivos en la Ley de la Economía Social y Solidaria-expresa en la Iniciativa el Senador Robles- en los hechos muestra una clara sobrerrepresentación del Poder Ejecutivo, donde la participación de los representantes del sector social está destinada a transitar hacia lo meramente testimonial, sin real capacidad de tener injerencia en los procesos de toma de decisiones.

Por ello, el Senador Robles Montoya propone reformar los artículo 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, a efecto de reconsiderar el modelo de Instituto que la legislación establece, pues su capacidad de decisión y acción se ve seriamente disminuida, respondiendo más a los criterios de la Secretaría de Economía que a las necesidades del sector al que se debe.

Cuadro comparativo

Legislación original

Propuesta Senador Benjamín Robles Montoya

 

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará de los órganos siguientes:

 

I. Un Consejo Consultivo, integrado por el Director General, seis consejeros electos con carácter honorifico por el Congreso Nacional y diez consejeros designados por el Secretario de Economía;

 

II. Un Director Genera, designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Economía, y

III. Las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su objeto.

 

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará de los órganos siguientes:

I. Un Consejo Consultivo, integrado por el Director General, ocho consejeros electos con carácter honorifico por el Congreso Nacional y ocho consejeros designados por el Secretario de Economía;

II.……

 

III  …

Artículo 17. EL Consejo Consultivo sesionara por lo menos cada tres meses y tomara sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. El Consejo Consultivo sesionara válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

 

Son atribuciones indelegables del Consejo Consultivo:

I. Opinar sobre el programa anual de actividades del Instituto;

 

II. Opinar y recomendar sobre el Informe de Labores Anual que Presente el Director General del Instituto;

III. Opinar el Anteproyecto de Presupuesto que emita el Instituto a través de la Secretaria;

 

IV. Opinar y sugerir sobre los Programas y acciones de Fomento a la actividad Económica del Sector que Realiza el Instituto, y

 

V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Artículo 17. El Consejo Consultivo sesionara por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. El Consejo Consultivo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

Son atribuciones indelegables del Consejo Consultivo:

I. Participar en la elaboración del programa anual de actividades del Instituto;

II. Evaluar el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto;

III. Participar en la elaboración  del Anteproyecto de Presupuesto que emitirá el Instituto a través de la Secretaría;

IV. Supervisar los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que realizará el Instituto, y

V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisión Dictaminadora comparten la preocupación del Senador Benjamín Robles Montoya, concerniente a fortalecer y hacer más representativo al Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social.

No obstante, tenemos que considerar y tomar encuentra que en la Sesión del Senado de la Republica, celebrada el 29 de abril de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, aprobado el 25 de abril de 2013; misma que mediante oficio de la Mesa Directiva, DGPL-2P1A.-4598, de fecha 29 de abril de 2013, fue turnada a las  Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda,  para los efectos Constitucionales procedentes. 

La Minuta referida fue Dictaminada favorablemente, en los términos propuestos por la Cámara de Diputados, por las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, en Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2013; mismo que fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Senado en su Sesión de fecha 30 de abril de 2013, después de haberse dispensado los tramites en primera y segunda lectura, ante las gestiones realizadas por los Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras, Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas y Alejandro Encinas Rodríguez, así como del propio Senador Angel Benjamín Robles Montoya, dada la importancia que tenían las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de la Economía Social y Solidaria, para la operatividad del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), y el cumplimiento cabal de los programas destinados a este Sector.

De esta manera, y en razón a que se considera que con las reformas, adiciones y derogaciones aprobadas por ambas Cámaras y publicadas por el Ejecutivo Federal del pasado 11 de junio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que forma parte integral de este Dictamen como Anexo, se atiende el espíritu de la Iniciativa presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, ya que -entre otras modificaciones-particularmente incluye cambios a los artículos 16 y 17, que fortalecen al Consejo Consultivo en la medida en que prevén una mayor participación de los Organismos del sector social de la economía, y garantizan una comunicación más estrecha del Instituto con los mismos, al ampliarse la representación de los organismos y ciudadanos, y se incluyen a representantes de diferentes áreas del gobierno federal, para mayor integralidad en visión de los programas y apoyos que se otorguen. 

Por consiguiente, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estimamos procedente desechar el contenido de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, porque consideramos que actualmente se incluyen en la legislación vigente.

De esta manera, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículo 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 222 del Reglamento del Senado de la República, La Comisiones Dictaminadoras de Fomento Económico y Estudios Legislativos, Segunda, someten al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

Acuerdo

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de agosto de 2013.

COMISION de Fomento EconOmico
comision de ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente proyecto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de su registro, darlo por concluido e informar al promovente.





 

A continuación, tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales que contienen puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para participar en la discusión.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Para informarle, señor Presidente, que he presentado por escrito mi posicionamiento, y le rogaría mucho que quedara registrado así en el Diario de los Debates.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, se instruye a la Secretaría para que quede registrado en el Diario de los Debates.

Había solicitado también hacer uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿continua con el interés de hacer uso de la misma?

Se le concede el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco minutos. La participación del Senador Fidel Demédicis sería en el segundo dictamen, por lo que pido a la Secretaría que dé lectura al mismo.





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se abre la discusión de estos dictámenes, en primer término se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, y en su turno a la Senadora Angélica de la Peña.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

“La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la serenidad con la que jugaba cuando era niño”, Friedrich Nietzsche.

Sin duda que un tema obligado después de que hemos discutido ampliamente la reforma Educativa en México, dirían los maestros, la mal-llamada reforma educativa, que más bien es una reforma laboral que una educativa; sin duda, es tratar estos temas que tienen que ver con la erradicación de las peores formas del trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y, por supuesto, el tema de la edad mínima para los trabajos de los infantes en nuestro país, suscrito por México hace 40 años, y hace 37 años que entró en vigor, y fíjense cómo ha pasado el tiempo, de 1973 al 2013, la Comisión de Relaciones Exteriores hoy nos hace un llamado al Senado para que aprobemos este punto de Acuerdo y exhortemos al Ejecutivo Federal a que ya suscribamos este Convenio 138.

Habría que revisar qué gobiernos hemos tenido de 1973 al 2013, sinceramente yo espero que el señor Peña Nieto no se niegue a este exhorto respetuoso del Senado de la República y con carácter de urgente, firme este Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, 3 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en nuestro país, 50 por ciento de ellos no reciben ingresos o su pago es en especie, los niños trabajan fundamentalmente para cubrir necesidades básicas y para contribuir al gasto familiar.

¿En qué trabajan los niños de nuestro país?, y muchos de ellos a su corta edad son jefes de familia. En esta ciudad tan grande y en las ciudades importantes de nuestro país, a cuántos niños de los que denominamos niños de la calle, vemos que están de limpiaparabrisas, que están de tragafuegos, que están haciendo circo, maroma y teatro, buscando cómo un compadecido automovilista le regala un peso para que contribuyan al gasto familiar o cubran sus necesidades básicas.

Los cerillos, como comúnmente se les conoce a los que trabajan en las tiendas de autoservicio, niños que van a buscar un empleo en ese lugar porque en su casa no alcanza para el sustento y hay que buscar cómo se contribuye al gasto familiar.

Dramatismos como en los cortes de caña de nuestro país en donde niños de 5, 6, 7, 8, 9 y hasta la edad mínima que señala la OIT, de 17 años, están ya en estos duros trabajos del corte de caña.

Y algo que hemos censurado, pero que no hemos logrado eliminar es la prostitución infantil. Hemos sido insistentes en que la pobreza es el caldo de cultivo más efectivo para evitar la calidad de la educación. Aquí se ha hecho caso omiso de eso y no se han planteado respuestas sinceras, firmes, para lograr que se dé calidad educativa.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, por supuesto que el Senado debe ser sensible ante el llamado de la Comisión de Relaciones Exteriores, apoyar este exhorto al Presidente de la República, sinceramente lo decimos, ojalá y ya lo suscriba, lo firme, porque los niños deben estar en las escuelas, no expuestos al abuso, maltrato y violencia que dañan su integridad física y mental al realizar actividades agrícolas, industriales, comerciales, artesanales o domésticas a su corta edad.

Reflexionemos sobre este tema y ojalá lo votemos por unanimidad.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Demédicis Hidalgo.

A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez; y en su turno, a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

El 6 de septiembre de 2012, ante esta plenaria, es decir, hace más de un año, presenté el punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que enviara a esta Soberanía el Convenio 138 de la OIT, que refiere a la edad mínima de admisión al trabajo.

Me preocupa, señor Presidente, que no se ha dictaminado mi punto de Acuerdo cuando, insisto, desde el 6 de septiembre de 2012, fue suscrito por esta servidora. No está tomado en consideración en el dictamen que hoy se pone a consideración de esta plenaria.

Entonces, eso quiero dejar constancia, además de que hay una excitativa reiterada hace unos meses para que se dictaminara y no ha sido así. Ese es otro asunto que refiere más bien a cómo la Mesa Directiva de este Senado decide el turno de los temas que me parece que tienen que tener una dinámica de una visión de integralidad para que sean tomados en consideración en tiempo y forma los asuntos que venimos a tratar aquí.

Bien, entonces, le pido, por favor, que tome medidas en ese sentido, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Ahora, eso no demerita de ninguna manera el dictamen que se está poniendo a consideración de esta plenaria, el que México sea el último país, el único país en América Latina en no tomar en consideración del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para que eleve un año más la admisión al trabajo de niñas y niños de 14 a 15 años, es verdaderamente lamentable.

El propio Convenio establece que los Estados Parte tienen que ir tomando gradualmente medidas, acciones gubernamentales para ir erradicando el trabajo infantil, que es el preámbulo indispensable, elemental, fundamental para que niñas y niños gocen de los otros derechos que son necesarios para lograr concretar su aspiración y sobre todo su proyecto de vida.

Es ni más ni menos que garantizar que el derecho a la educación pueda ser un derecho viable, ejercido por niñas y niños a lo largo y ancho del país.

Por desgracia no ha sido así, hace algunos meses supimos de la intención del Presidente de la República para reformar la Constitución, también hay iniciativas en ese sentido, para elevar un año más la admisión al trabajo en congruencia con este Convenio. Y entonces estos dos temas están ligados.

Una cosa es que el Ejecutivo nos mande el Convenio 138 y lo aprobemos en sus términos, y otra cosa es garantizar que la Constitución, efectivamente, sea reformada para elevar un año más, de 14 a 15 años la admisión al trabajo.

Pero no solamente para comprometernos como nación, como Estado, a tomar todas las medidas presupuestales, administrativas, sociales y culturales y, por supuesto, legislativas, que sean necesarias para garantizar y hacer realidad a las niñas y a los niños ser felices desde ahora, y no asumir responsabilidades que son impropias a su edad, y sobre todo que afectan otros derechos fundamentales como es el derecho al juego, ya dije, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a la cultura y sobre todo el derecho al ocio.

Los niños y las niñas de nuestro país no deberían trabajar, no deberían realizar ninguna actividad que les distraiga del ejercicio de otros derechos que son fundamentales para su futuro como personas adultas.

De tal forma, que es muy pertinente que hoy estemos aprobando este punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que ciertamente, lo más pronto posible, pueda enviar a este Senado de la República de manera formal, el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que México tiene que tomar medidas graduales para erradicar y para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo estoy muy contenta porque una propuesta que hicimos para esta ratificación del Convenio de la OIT, el número 138, que tiene que ver con el trabajo infantil, hoy transita en la pluralidad de esta Cámara, con la anuencia de, estoy segura que así será, de todas y todos los Senadores.

Tiene la mayor importancia, ha sido una lucha interminable el poder parar, el poder frenar el trabajo infantil.

Nuestra Ley Federal del Trabajo tiene algunas medidas que nos han servido para muy poco, de hecho; además de presentar esta propuesta, yo también presenté una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo porque nos parece que la reducción de la edad, que el cuidar la edad mínima para el trabajo, tiene la mayor importancia.

La iniciativa y este punto de Acuerdo tienen una serie de datos muy interesantes, como el último que llega, la cantidad de niños y niñas que cada año se agregan a esta lista interminable en el trabajo infantil.

Yo vengo de un estado donde es impresionante ver a niñas y niños todavía en los surcos, quizá no sean sinaloenses, pero sí son gente que traen de fuera, de otros estados, de Oaxaca, de Guerrero, que siendo horas de que estén en la escuela, ellos están apoyando al gasto familiar o solos trabajando para poder sobrevivir. Por eso yo pido, y estoy segura que así será, que esta votación será unánime a favor de que el gobierno mexicano ratifique este Convenio 138 de la OIT, y que además, debo dejar asentado, que el Presidente de la República, justo en el Día Internacional del Trabajo Infantil hizo este anuncio importante donde México no puede separarse, no puede restarle importancia a un tema tan valioso como es el cuidar las nuevas generaciones que representan nuestras niñas y nuestros niños.

Yo seguramente, ustedes también, lo celebro y estoy muy contenta porque hayamos logrado avanzar en este sentido. Estamos esperando que la reforma a la Ley Federal del Trabajo también transite en ese mismo sentido, México no puede seguir estando rezagado en un tema tan valioso, tan importante como es el tener a nuestras niñas y a nuestros niños donde deban de estar, en las escuelas, y no desarrollando una labor que a su corta edad no les corresponde.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.





 

A continuación, tenemos la discusión de nueve dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que contienen puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura a otro dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al último dictamen.



Es todo, señor Presidente.


PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión.

Para hablar a favor del dictamen sobre el sector cañero, se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Una institución es fuerte y es tomada en cuenta en la medida en que se hace respetar a partir de las acciones que realiza.

En este Senado de la República se han planteado infinidad de puntos de Acuerdo sobre diferentes temas.

Este tema de los cañeros fue tratado en el mes de enero, cuando se agudizó la crisis del sector. En aquel entonces, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los titulares de las Secretarías de Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que llevaran acciones conducentes a la solución de la problemática actual de los productores de caña, procurando que, a la brevedad posible, se devuelva la rentabilidad a la industria azucarera.

Estamos en el mes de septiembre; habría que preguntarle al ciudadano Enrique Martínez y al responsable de Economía: ¿cuál fue el resultado de este exhorto que se emitió desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el mes de enero?

Y tan no hubo resultados, que la Comisión de Agricultura y Ganadería, como es obligación señalar las situaciones que lastiman al sector agrícola en México, de manera responsable, insiste en que se atienda con carácter de urgente el problema de los cañeros de México.

Yo espero que ahora Enrique Martínez sí escuche, sí atienda el exhorto que está emitiendo la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El sector de la caña está en una situación complicadísima; no sacan ni siquiera lo que invierten, y hay una actitud de indiferencia de absolutamente todo el mundo, empezando por el ciudadano Presidente de la República.

Ahora, seguramente, pondrá como pretexto los desastres naturales que nos están agobiando, y que coincidiríamos con él en el sentido de que los cañeros están en problemas, es cierto, pero nuestros compatriotas que han sido azotados por estos fenómenos climáticos, sin duda que están en peores condiciones.

Pero antes de los meteoros no teníamos ese problema, y el problema de la caña se ha agudizado porque no se ha atendido al sector, se han violentado flagrantemente los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, concretamente de Economía, y el 35, que habla sobre la SAGARPA.

Es decir, los secretarios no están haciendo su trabajo y el Senado de la República les tiene que hacer un exhorto nuevamente.

Yo sí quiero pedirle, señor Presidente, y a la Mesa Directiva en su conjunto, que se le haga un seguimiento a los puntos de Acuerdo que emite el Senado de la República y que los ciudadanos secretarios o las autoridades a las que se les emitan, no vean que son llamados a misa, que el Senado de la República tiene la representación del pueblo y actuamos en consecuencia.

Y sí les pido, señor Presidente, atiendan este asunto. No es posible que en enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haya emitido un punto de Acuerdo, en el mismo sentido y nueve meses después seguimos en las mismas, o peor, y la Comisión de Agricultura y Ganadería tiene que emitir otro exhorto para que se atienda al sector que ya no aguanta más.

Ojalá y ahora sí, compañero Senador Manuel Cota, nos hagan caso.

Porque, compañeros, seguramente también nos van acusar de que toman las calles, porque no quieren tomar las armas, son pacíficos.

Pero de alguna forma se tienen que hacer oír; y ya lo hicieron tomando los ingenios, para obligar al gobierno a que los escuche; pero ni así lograron resultados.

Ojalá que este punto de Acuerdo tenga el efecto que deseamos, para que sean atendidos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que se recibió la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, la cual se anexa al Diario de los Debates.

Senador Fidel Demédicis, ¿quiere referirse de una vez al dictamen de almacenaje de maíz?

Senador Demédicis, tiene el uso de la tribuna.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente.

Son muchos los temas que ha planteado la Comisión de Agricultura y Ganadería, todos ellos sensibles, absolutamente sensibles, los que no parecen que son sensibles son, compañeros Senadores, los que todavía quedan en el Pleno.

El tema de los silos es un asunto que se ha dejado de lado por los gobiernos que han estado, cuando menos, 40 años para acá.

En antaño caminaba uno por el país y encontraba uno los almacenes de CONASUPO, que tenían una función concreta; generar la reserva estratégica de alimentos, esa era la función.

Los gobiernos liberales, lo que hicieron fue considerar que es más rentable importar alimentos que producirlos y almacenarlos en nuestro país.

El resultado ha sido una dependencia que atenta contra la seguridad alimentaria y contra la seguridad nacional. Más del 30 por ciento del maíz que consumimos en nuestro país, proviene de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si Estados Unidos toma la decisión de modificar lo que está haciendo con el maíz, es decir, que en lugar que utilice una parte importante para consumo humano, decidan producir etanol?

Incluso, en ese sentido, este Senado de la República le pidió, en su tiempo, al ciudadano Presidente, que en ese momento estaba, que le pidiera a Estados Unidos que priorizara el uso de su maíz y que fuera para alimentación y no para producir etanol.

Es importantísimo que este Senado emita puntos de Acuerdo, sobre todo en temas fundamentales, como los que tienen que ver con alimentación.

Estamos preocupados por muchos otros temas, pero estamos desoyendo el tema de la alimentación; no lo atendemos, y no lo atendemos porque los Senadores comemos bien, pero en México tenemos más de 30 millones de compatriotas en pobreza alimentaria, esos que comen, cuando mucho, una vez al día.

Pero estamos preocupados por la reforma política, estamos preocupados por la reforma educativa, que era fundamental.

Pero también hay que meterle la mano al campo.

Compañeras Senadoras; compañeros Senadores: yo quiero felicitar a la Comisión de Agricultura y Ganadería, por poner en la mesa temas que todos tenemos que discutir. Solamente que a pocos les interesa el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la reserva estratégica de alimentos, el tema que, si no lo atendemos, decía un indígena tlapaneco, llegará el día en que a este planeta tierra vendrán los marcianos a dar testimonio de que un día fue habitado este lugar por terrestres y que todos murieron por falta de alimentos.

Ojalá nunca llegue ese día; que el gobierno de nuestro país reflexione, le meta dinero al campo para atender el hambre en nuestro país y alcancemos la felicidad que nuestro pueblo se merece.

Reflexionemos compañeros, ahí están los temas, y ojalá y se atrevan a subir aquí a la tribuna a plantear sus puntos de vista sobre estos asuntos, tan importantes para la patria y para su población.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR

H. ASAMBLEA:

Quienes suscribimos, la Senadora y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 183, 184, 190, 192, 206 y 277 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, en base a lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. En sesión Ordinaria celebrada por los Diputados Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el 11 de Agosto de 2011, presentaron la proposición con punto de Acuerdo referida.

II. Mediante oficio de esa misma fecha fue enviada a la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, para los efectos legislativos correspondientes, el 24 de Agosto de 2011.

III. La Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, en esa legislatura.

IV. La proposición con punto de Acuerdo, solicita a esta Cámara de Senadores, que en reciprocidad diplomática a la política migratoria implementada por los países de Guatemala y Centroamérica en concordancia con el derecho internacional, México elimine el requisito de la visa para entrar a su territorio a los connacionales de esos países.

CONSIDERACIONES

1. En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta “que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio. Asimismo, que las acciones en este sentido deben realizarse dentro del pleno respeto de los derechos humanos y que la observancia de principios fundamentales como la no discriminación y los derechos a la libertad e integridad personal, por consiguiente todas las regulaciones que adopten los Estados en gestión migratoria, deben ajustarse a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”.

2. Se señala que “el flujo migratorio centroamericano hacia México ha evolucionado de manera dinámica en los últimos años, durante mucho tiempo, se trató de un fenómeno básicamente interregional, temporal y permanente entre poblaciones fronterizas guatemaltecas”.

3. Se argumenta que “el Gobierno del Estado de Chiapas ha concebido modelos de políticas para migrantes desde un enfoque de atención, unidad y solidaridad en todas sus facetas, y que, en cuatro años, se han sentado las bases para brindar la atención con un enfoque hacia la protección, el trabajo, la educación, a la familia y la salud, bajo un marco de pleno respeto a los derechos humanos”.

4. Se destaca que “el estado recibió con beneplácito la aprobación por unanimidad del Congreso de la Unión, de la Ley de Migración, misma que refleja un avance significativo para el reconocimiento y protección de los derechos de los migrantes”. Señala que “algunos de los principales avances reconocidos en la Ley de Migración son, entre otros, el libre tránsito para migrantes, el reconocimiento del interés superior del niño y la unidad familiar como principio rector, el reconocimiento de los derechos a la justicia, la educación, la salud, el registro civil para los migrantes y sus familiares independientemente de su status migratorio, la ampliación de procesos de regularización migratoria, la definición de apátrida y la extensión de visado para personas que requieran de protección especial, tales como solicitantes de condición de refugiado y de protección complementaria”.

5. Que “con el fin de fortalecer las acciones reconocidas en el reciente Ley de Migración, y con ello garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de estos”, consideran pertinente eliminar la obtención de la visa para el ingreso al territorio nacional, para los migrantes provenientes de los países de Guatemala y Centroamérica, y sustituirla por los documentos que al efecto expidan cada uno de esos países mediante los cuales avalen la identidad del migrante, y con solo ello se les permita su paso o estadía temporal en nuestro país.

6. En base al análisis correspondiente, los integrantes de esta Comisión de la LVI Legislatura pasada, en sesión celebrada el 7 de Septiembre de 2011, acordaron dictaminar en sentido negativo, la presente Proposición con Punto de Acuerdo.

7. El 4 de noviembre de 2011, vía oficio se comunicó lo anterior y se adjunto original y copia del dictamen referido, al Presidente de la Mesa Directiva para incluirse en el orden del día de la siguiente sesión a esa fecha.

8. Dicho dictamen no fue discutido ni votado por el Pleno en la Legislatura pasada, por lo cual dentro del inventario de asuntos recibidos por esta Comisión, se incluyó la presente Proposición con Punto de Acuerdo y el proyecto de dictamen, lo que hace necesario concluir el proceso legislativo correspondiente de conformidad con el Reglamento del Senado de la República:

Artículo 206.

1. Al término de una Legislatura que implica la renovación del Senado, los dictámenes  emitidos por las comisiones y publicados en la Gaceta sin que hayan sido debatidos y votados en el Pleno, quedan a disposición de la Mesa Directiva de la siguiente Legislatura en calidad de proyectos.

Una vez analizados los Antecedentes y las Consideraciones ya expuestas, se estima conveniente dictaminar en sentido negativo la solicitud que hace el Congreso del Estado de Chiapas, tomando en cuenta lo siguiente:

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para el Senado de la República, responsabilidades muy específicas dentro de la política exterior mexicana. Estas atribuciones delimitan muy claramente el papel del Senado. Independientemente de su responsabilidad de aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas, su participación central es analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso conforme al artículo 76 de la carta magna;

b) Los gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en uso de su soberanía, no exigen visa a los portadores de pasaportes mexicanos;

c) México, sólo tiene un acuerdo bilateral de supresión de visas en pasaportes ordinarios con un país centroamericano, el cual celebró con la República de El Salvador en abril de 1979;

d) La autorización de suprimir el requisito del visado a los nacionales de los países centroamericanos, es una atribución del Poder Ejecutivo previa valoración de la conveniencia de adoptar una decisión de tal naturaleza, considerando entre otros factores la seguridad nacional;

e) Una medida de este tipo, traería entre otras consecuencias, controles más estrictos a lo largo de nuestra frontera norte con repercusiones negativas sobre el movimiento de personas y mercancías; y

f) De acuerdo a la Gaceta Parlamentaria Número 3497-VI del martes 24 de abril de 2012, la Comisión Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sometió a discusión y votación un dictamen a la proposición por la que “la Cámara de Diputados exhorta al Presidente de la República para que a través de la Secretaría de Gobernación, realice un análisis de la viabilidad y conveniencia de eliminar el requisito de visa a los nacionales de las Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador”.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Esta Cámara de Senadores, no está facultada en base al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para autorizar la eliminación del requisito de la visa para ingresar a México a los nacionales de Guatemala y Centroamérica, solicitado por los Diputados Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, mediante la Proposición con Punto de Acuerdo de fecha 11 de Agosto de 2011.

SEGUNDO. Túrnese al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en términos de la fracción X del Articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 18 fracciones I, II y III; 35; 40; 41; 52 y demás relativos de la Ley de Migración, determine lo procedente.

TERCERO. Comuníquese al H. Congreso del Estado de Chiapas, el contenido del presente dictamen para los efectos legales correspondientes.

Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente.- Sen.Layda Sansores San Román, Secretaria.- Sen. Adán Augusto López Hernández, Secretario”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión.

Para hablar en contra del dictamen sobre la eliminación del requisito de la visa, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente.

Sin duda es un avance importantísimo, y expreso mi posición a favor del primer Acuerdo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que tiene que ver con el exhorto al Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar las reglas del SUBSEMUN.

Sin embargo, quiero hacer uso de la tribuna respecto al dictamen de la misma comisión, a la propuesta del Congreso de Chiapas sobre la eliminación del requisito de visa para el ingreso de nuestros hermanos centroamericanos a México, por varias razones.

En primer término, porque responde a una proposición del congreso local del estado que represento, del Congreso del Estado de Chiapas; y en segundo lugar, porque dicha proposición data del año 2011, fecha en la que el de la voz formaba parte de ese congreso chiapaneco y además tenía la enorme responsabilidad de presidirlo.

Por lo tanto, no sólo conozco el contenido de esta propuesta, sino que en su momento la suscribí y fui un activo promotor de la misma, por ello no puedo estar de acuerdo en la respuesta que la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, pretende dar a este llamamiento de las y los legisladores chiapanecos.

Desde Chiapas se hizo una propuesta que, basada en un principio de reciprocidad y mutuo respeto, pone en el centro del debate el valor de la libertad, elimina el requisito de la visa para que nuestros hermanos centroamericanos puedan transitar por México, de la misma forma en que los mexicanos podemos hacerlo en los países de Centroamérica.

Chiapas es un estado de encuentro con Centroamérica; y es un estado que conoce muy bien, porque lo vive todos los días, y porque padecemos también, toda la crudeza del fenómeno migratorio. Muchas veces se ha dicho que la frontera entre Chiapas y Guatemala es como una puerta con muchos cerrojos, muchos candados, muchos seguros, pero es una puerta que a sus lados no tiene paredes, y la mejor forma de demostrar lo anterior, es que hoy, en esta frontera de Chiapas con Guatemala, existen nueve pasos legales, nueve pasos migratorios y casi mil pasos ilegales tanto peatonales como pavimentados.

El Congreso del Estado de Chiapas, en su momento, hizo esa propuesta con una visión y un espíritu humanista, recíproco y de vanguardia, para reconocer a quienes antes que migrantes son personas con derechos en busca de un mejor nivel de vida para ellos y para sus familias. En ningún momento se ha planteado crear una frontera sin control, sino de instaurar mecanismos sencillos, mecanismos accesibles para nuestros hermanos de Centroamérica, para que ellos puedan transitar de manera libre y segura por México, al mismo tiempo que sus países garanticen que sus ciudadanos son personas de bien, en búsqueda de oportunidades.

El análisis de esta propuesta me parece que resulta necesario para las autoridades federales competentes, de esto creo que no queda duda. Pero el sentido que tuvo el legislador chiapaneco de enviarlo al Senado de la República, fue siempre el que la representación popular encargada de evaluar la política exterior del país, se pronunciara al respecto en este tema.

Nunca se pensó que el Senado iba a actuar como una oficialía de partes, sino que iba a hacer caso a su facultad en la opinión de la política exterior de nuestro país y emitiría una opinión al respecto. Con todo respeto, creo que la representación que tenemos como Senadores de la República, y la respuesta que esperaba el legislador chiapaneco, era que esta Cámara se pronunciara y lo hiciera de manera responsable ante un tema muy sensible, un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de millones de chiapanecos y también de millones de hermanos centroamericanos que viven un drama humanitario de dimensiones insospechadas para muchos de los que están aquí hoy.

Creo que vale la pena revisar este resolutivo, porque con la eliminación de la visa para los hermanos de Centroamérica y con la instrumentación de mecanismos ágiles, sencillos y eficientes, Chiapas y el país van a ganar. Creo que hay que pensar con una mayor apertura este asunto, porque México no puede alinearse con aquellos países que intentan penalizar a los migrantes, no podemos seguir, en este Senado de la República, haciendo llamados a la protección de los derechos humanos de nuestros paisanos mexicanos en su cruce hacia Estados Unidos, cuando decidimos hacer caso omiso y voltearle la espalda a nuestros hermanos centroamericanos.

Por lo anterior, señor Presidente, es que solicito a este Pleno se sustituya el resolutivo segundo del dictamen para que diga lo siguiente:

“SEGUNDO. El Senado de la República en términos de la fracción I del artículo 76 constitucional, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para que en términos de las facultades previstas en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 18, fracciones II y III de la Ley de Migración, y en atención a la pertinencia de argumentos del H. Congreso del Estado de Chiapas, vertidos en su punto de Acuerdo anteriormente señalado, eliminen la visa para entrar a México a los nacionales de Centroamérica.”

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Zoé Robledo. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la propuesta del Senador Robledo Aburto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Zoé Robledo. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se admite, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen con la modificación.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos con la modificación expresada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.





 

A solicitud de los grupos parlamentarios, y con el Acuerdo de la Mesa Directiva, abriremos una tercera ronda de iniciativas.

Tiene la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Miguel Angel Chico Herrera, Raúl Aarón Pozos Lanz, Graciela Ortiz González e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los CC. Senadores Jesús Casillas Romero, Miguel Angel Chico Herrera, Raúl Aarón Pozos Lanz, Graciela Ortiz González e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

A nombre propio y de mis compañeros legisladores Graciela Ortiz, Raúl Pozos, Miguel Angel Chico, Jesús Casillas e Ismael Hernández Deras, vengo a someter a su consideración diversas modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social; modificaciones que parten, primero, de los siguientes considerandos:

Sin duda, es preocupación de todo país el poder combatir la pobreza y disminuir la desigualdad que existe en sus sociedades; en el caso del Estado mexicano ha sido una prioridad consolidar el sistema de protección social de los mexicanos.

En las últimas décadas, con diferentes enfoques, con diferentes formas, se han tenido diversos programas sociales; en algunos momentos han tenido un carácter más existencialista, se ha tratado de programas con subsidios; en otras, también hemos hecho usos de programas compensatorios con transferencias monetarias condicionadas.

También hemos hecho énfasis, en distintos momentos, en la focalización de regiones o de sectores, pero también es importante destacar que ha venido prevaleciendo la necesidad de tener una visión universal que parte del reconocimiento de los derechos sociales, considerándolos éstos como derechos humanos. En una palabra, es necesario que fortalezcamos una política de inclusión social.

La Ley General de Desarrollo Social a la que me refiero, de hecho, establece la obligación que en la materia existe para todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal, para desarrollar acciones que combatan la pobreza.

Sin duda, debemos recordar que tan sólo en el año 2000, se señalaron mecanismos para evaluar y darle seguimiento a los programas en la materia.

En el 2004 se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un mecanismo descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, integrado por investigadores académicos, integrantes del sector público federal y estatal y representantes de las organizaciones de los municipios del país.

Sin embargo, compañeras y compañeros, seguimos escuchando con frecuencia numerosas críticas y descalificaciones, tanto a las cifras como a los programas en la materia.

Me parece que es tiempo de que avancemos en superar filias y fobias; que es tiempo en que aseguremos una mirada objetiva y clara y, por supuesto, que busquemos preservar un ejercicio profesional y, sobre todo, ético, tanto en el manejo de los programas como en las cifras a que hace referencia.

Las modificaciones que hoy pongo a su consideración, incluyen cinco grandes objetivos:

Primero, la necesidad de fortalecer la independencia y la institucionalidad del CONEVAL.

Segundo, la necesidad de precisar diversas modificaciones en la misma, que permitan perfeccionar el diseño y la evaluación en los programas sociales.

Debemos de insistir en la pertinencia del uso de la información de indicadores generados por la CONEVAL para los tres órdenes de gobierno.

Tercero, creo que es necesario fortalecer una visión federalista de la política social, que sin duda exige una mayor coordinación, una concurrencia cuando así sea el caso, pero también que tengamos la oportunidad y mejores resultados.

Es necesario, como un cuarto objetivo, sentar las bases del sistema de información de beneficiarios y, también, contribuir a mecanismos que garanticen transparencia, rendición de cuentas y la eficiencia que exigen los mexicanos.

Amplío, de manera por demás breve, los alcances de esta iniciativa.

Primero lo relativo a la naturaleza del CONEVAL; necesitamos, como decía hace unos  minutos, fortalecer su independencia, pero también su institucionalidad, que permitan que desde la perspectiva de su integración y la toma de decisiones nos asegure lo que está ocurriendo.

Por supuesto, eso exigirá poder hablar de la autonomía presupuestaria; poder considerarlo como un organismo no sectorizado; poder tener una transversalidad de lo que implica la interpretación de los programas de combate a la pobreza y, con ello, poder seguir garantizando la imparcialidad de las decisiones frente a las distintas dependencias ejecutoras.

Se busca, también, al hablar de la naturaleza del CONEVAL, seguir preservando una orientación eminentemente técnica de las decisiones, que vaya más allá de cualquier conflicto o de cualquier coyuntura. Sus decisiones, amigas y amigos, considero, deben continuar siendo colegiadas, de manera técnica; y quizás sea pertinente que nos atrevamos a discutir, sin duda, que continúe la voz de los legisladores y la voz de las representantes del gobierno federal, pero también que podamos acotar lo que implica el voto en alguna de estas decisiones.

Por lo que respecta a las precisiones de la ley, como lo observarán ustedes en la iniciativa que habremos de solicitar sea analizada con detenimiento por la comisión de referencia; creo que es tiempo de poder pensar con claridad cuando nos referimos a los conflictos de pobreza, cuando estamos hablando de población objetivo, qué sucede con los temas de cohesión social; el objetivo, en una palabra, es darle congruencia y consistencia al diseño de las políticas públicas en la materia. Hablar de fortalecer una visión federalista, sin duda, es reconocer que hoy existen alrededor de 2 mil 391 programas sociales que ejecutan los estados y los municipios, sumados a los 273 programas federales; en más de una ocasión ni siquiera se comunican, es tiempo de que podamos tener sinergias entre los distintos programas que existen en toda la República.

Creo que también es necesario que podamos sentar las bases de un sistema de información de beneficiarios que identifique y que priorice a la población objetiva de los programas sociales, que establezca estrategias claras y recomendaciones respecto a los programas, que identifique las duplicidades y, por supuesto, que permita redireccionar apoyos cuando resulte necesario.

En una palabra, compañeras y compañeros Senadores, creo que es necesario que entre todos sigamos contribuyendo a generar un espacio de transparencia, de rendición de cuentas, pero también de eficiencia de los programas sociales en donde hoy, al final del día, los que importan serán los resultados, el bienestar de los mexicanos y poder reducir, como es el objetivo de todos, las condiciones de pobreza y desigualdad que existen en nuestro país.

Le pido, señor Presidente, el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

"Los CC: Senadores que suscriben la presente, Blanca MarIa del Socorro AlcalA Ruiz, JesUs Casillas Romero, Miguel Angel Chico Herrera, RaUl AarOn Pozos Lanz y Graciela Ortiz GonzAlez, Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La consolidación de los sistemas de protección social constituye una de las prioridades del Estado mexicano. Desde la creación del programa Solidaridad a la vigencia del programa Oportunidades, el combate a la pobreza se ha llevado a cabo desde diferentes perspectivas, unas veces bajo una visión compensatoria, otras, desde una propuesta de inclusión social, no obstante, todas encaminadas a reducir, en lo posible, las condiciones que la hacen recurrente.

Es así como el Estado mexicano ha adoptado un modelo de protección social fundado en la promoción de los derechos sociales, sobre la base de establecer medios para incorporar plenamente al desarrollo individual y económico a quienes por diferentes circunstancias -pobreza, marginación o vulnerabilidad-, no cuentan con las herramientas y oportunidades suficientes para desarrollar su potencial personal y el de su familia.

La diversificación de los programas de protección social y el incremento paulatino, pero constante, de recursos públicos para mejorar la situación de riesgo de personas, familias y comunidades, constituye una política de Estado que cada día cobra mayor vigor, misma que ha quedado plasmada en la Ley General de Desarrollo Social, vigente desde enero de 2004. Esta norma ofrece un universo institucionalizado de posibilidades y reglas para hacer exigible el derecho a participar del desarrollo social y garantizar así la participación de millones de mexicanos en programas y acciones para mejorar su situación y calidad de vida. Dichos programas y acciones se ejecutan a través de los diferentes órdenes de gobierno, por conducto de la sociedad civil y a iniciativa de las propias comunidades.

La Ley General de Desarrollo Social tiene, entre otros, el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos sociales para asegurar el acceso de todas las personas al desarrollo social, estableciendo las obligaciones que en la materia corresponden a las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, señala los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social.

La ley señala como derechos sociales la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social. Quienes son susceptibles de participar y beneficiarse de los programas y acciones del desarrollo social, son aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y requieren de la atención e inversión del Estado para lograr su bienestar.

La igualdad y la no discriminación constituyen principios fundamentales de la ley, de modo que quienes así lo requieran puedan participar en condiciones de equidad de los programas y acciones emprendidos por las instituciones gubernamentales que, sumados a los principios de transparencia, solidaridad, justicia distributiva, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, perspectiva de género y de respeto a la diversidad y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, constituyen una perspectiva amplia para hacer exigibles los derechos sociales a que se refiere la legislación en la materia.

Sin duda, la intervención gubernamental es definitiva para mejorar la condición de vida de los mexicanos que padecen algún tipo de carencia, y debe reconocerse que, debido a las condiciones estructurales de la pobreza, los esfuerzos del Estado en su conjunto, muchas veces, no logran modificar la circunstancia de vida de muchos mexicanos en el corto plazo. De hecho, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, muchos programas y acciones únicamente contribuyen a resolver la situación de riesgo cotidiano, sobre todo, de aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema.

Cabe destacar que los programas de protección social cubren una amplia gama de iniciativas, entre ellas: transferencias monetarias, seguridad alimentaria, acceso a salud básica, acceso a educación, vivienda y otros. Apoyos que deben estar en el contexto del escrutinio público, a fin de garantizar que ningún actor político, gobierno o partido obtenga ventajas de algún tipo respecto de la inversión pública que realiza el Estado para el desarrollo de la política social.

En la definición y diseño de la política nacional del desarrollo social, concurren el Ejecutivo Federal, los ejecutivos de las entidades federativas y los ayuntamientos, cada uno atendiendo necesidades diversas con base en las características y distribución de la población que padece alguna o más carencias en cuanto a su alimentación, salud, educación y patrimonio o, incluso, su entorno social y medioambiental.

Ante la multiplicidad de programas y acciones de desarrollo social, desde el año de 2000 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció la obligación de evaluar, por agentes externos, los programas federales sujetos a reglas de operación. Sin embargo, siendo esta una actividad relevante de fiscalización, se carecía de un marco general común que estableciera parámetros de evaluación de los programas de combate a la pobreza, para que las evaluaciones no fueran solamente de orden presupuestal y programático, sino que trascendiera respecto del impacto en las necesidades reales de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema y que fueran precisamente éstas el objetivo de los programas.

Fue así como en el año de 2004 se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, CONEVAL, organismo descentralizado, con autonomía técnica y de gestión al que, por decisión del Congreso de la Unión, se constituyó por investigadores académicos que no formaran parte de la administración pública. Este cuerpo colegiado es el que determina las mediciones de la pobreza a nivel nacional y las evaluaciones de los programas y políticas de desarrollo social.

Uno de los principales valores de integración del Coneval es el mecanismo de selección de sus integrantes, cuya integración garantiza la independencia de sus decisiones, más allá de presiones de orden administrativo o político. La Comisión Nacional de Desarrollo Social se conforma por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales; los titulares de la dependencia en materia de desarrollo social en las entidades federativas; los representantes de las organizaciones nacionales de autoridades municipales y los legisladores responsables de las comisiones ordinarias en la materia del Congreso de la Unión. En la selección de candidatos que concurren por convocatoria pública, participan más de 40 personas en ejercicio de sus atribuciones.

La presente iniciativa tiene tres propósitos: fortalecer la independencia del CONEVAL; ajustar una serie de categorías en relación con la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas públicas y, finalmente, establecer las bases de operación de un sistema de información de beneficiarios de los programas y acciones de la política social.

Del CONEVAL

Conforme lo establece el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL  tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

La evaluación que realiza el CONEVAL, debe realizarse bajo los criterios de objetividad, transparencia e independencia. Su función contribuye a que los tomadores de decisiones conozcan si se están alcanzando los objetivos, además de que muestra las ventajas y desventajas de las acciones, se da seguimiento puntual a los avances que se presentan y todo esto ayuda a la corrección de lo que no está dando los resultados esperados. Asimismo, se favorece la rendición de cuentas y se hace un uso más eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población objetivo.

Los especialistas en diseño institucional señalan que si la evaluación de un programa gubernamental es obligatoria y se lleva a cabo por un tercero, dentro de un marco de criterios de evaluación claros, por lo menos se puede discernir acerca de la conveniencia de continuar con el programa o suspenderlo, y se pueden calificar o descalificar la actuación de las autoridades que lo decidieron y ejecutaron.

De esta manera, la evaluación obliga a los funcionarios a mejorar su desempeño público en sus actuaciones y en la utilización de los recursos escasos. Sin embargo, para que le evaluación funcione como un medio efectivo de control de las acciones públicas deben cumplirse tres condiciones: 1) que el proceso de evaluación esté implantado en forma institucional y que sea vigilado por lo menos por una instancia del Estado distinta al organismo ejecutor; 2) que las conclusiones de la evaluación del desempeño de la unidad gubernamental queden al alcance de los ciudadanos, y 3) que el marco legal existente garantice los mecanismos de verificación, control y juicio para que, en caso necesario, se sancione al responsable de los excesos y las fallas.1

De ahí que la propuesta sea fortalecer la independencia de las decisiones de CONEVAL a través de dotarlo de autonomía presupuestaria, y conferirle el carácter de organismo no sectorizado, con la intención de garantizar la imparcialidad de sus decisiones ante las dependencias ejecutoras de los programas y acciones sociales, las entidades federativas e, incluso, del Congreso de la Unión. Asimismo, se propone colegiar las decisiones en los académicos que integran al Consejo con el propósito de favorecer el criterio técnico de las mismas, para lo cual se elimina la posibilidad de voto tanto de los servidores públicos como de los legisladores que también integran el CONEVAL.

De la medición de la pobreza

Se establece que la información sobre pobreza generada con la metodología oficial emitida por el CONEVAL, deberá ser usada por los tres niveles de gobierno para dar mayor congruencia a la ejecución de la Política Social y de avanzar hacia la integralidad de la solución de dicha problemática.

Se especifica que el objeto del Consejo es normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias y entidades públicas, y medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal de acuerdo con los indicadores, lineamientos y criterios que, para la definición, identificación y medición de la pobreza, emita, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Se elimina de los indicadores para la medición de la pobreza la cohesión social, ya que representa una condición asociada a un grupo de personas y no a las características particulares de cada una como lo hacen los demás indicadores bajo un enfoque de derechos sociales individuales.

Con respecto a la evaluación de resultados, se regula el enfoque de la medición a los objetivos de los programas para impulsar la orientación a resultados, dado que acotarlo sólo a la cobertura o calidad limita el alcance de las evaluaciones y de los indicadores.

También se homologa la denominación de los indicadores contenidos en la Ley General de Desarrollo Social para que hagan referencia a los indicadores establecidos en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas de la Administración Pública Federal.

Se propone acotar el objeto de la evaluación a los programas y acciones, ya que el incluir las metas resulta tautológico, toda vez que éstas son elementos que, de suyo, están incluidos en los programas y acciones. En este sentido, se sugiere establecer que los indicadores de resultados que se establezcan midan el avance en el cumplimiento y no de los objetivos sociales de los programas y acciones.

Se establece que la población a que se refiere la Ley General de Desarrollo Social, sobre la que actúa la política de desarrollo social, es aquella que se encuentra en condición de pobreza o rezago social, de acuerdo con la definición establecida por el CONEVAL, con la finalidad de homologar términos y facilitar la identificación de dicha población. Asimismo, se definen los conceptos población en situación de pobreza y población en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de precisar los objetos de las mediciones a cargo del CONEVAL.

Debido a la extensión de las evaluaciones, se considera sólo publicarlas en el sitio oficial de internet del Consejo Nacional de Evaluación y de las dependencias federales correspondientes. Asimismo, deberán ser entregadas a las Comisiones de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior debido a que podría ser muy costosa la publicación de todas en el DOF.

También, se establece que la dependencia o entidad ejecutora del programa estará obligada a responder fundada y motivadamente cuando no considere las sugerencias y recomendaciones que le formule el Consejo Nacional de Evaluación.

Con respecto a los responsables de las modificaciones a los programas, serán los encargados del diseño y ejecución de la política social quienes puedan corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente los programas y acciones de la Política de Desarrollo Social.

Del sistema de información de beneficiarios

La Ley General de Desarrollo Social establece la figura del padrón de beneficiarios de los programas sociales del orden federal de gobierno conforme al perfil socioeconómico de las personas, familias o comunidades susceptibles de recibir algún tipo de apoyo. Sin embargo, esta figura está diseñada, conforme lo establece el artículo 27, para asegurar la equidad y eficacia de los programas del gobierno federal y de los correspondientes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios.

Sin embargo, un registro no solamente cumple las funciones de control de información, necesaria indudablemente para la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos que se entregan a los beneficiarios de los programas. No obstante, en una dimensión de la evaluación de la política pública del desarrollo social, resulta indispensable conferirle al órgano responsable de la misma la información, de modo que se potencialice el uso de la misma.

Un registro único de beneficiarios es un instrumento de política pública que cubre muchos propósitos, no sólo los de transparencia y rendición de cuentas, sino aspectos sobre la mejor forma de integrar la gran diversidad de programas de protección social, cuando éstos se originan entre diferentes órdenes de gobierno y distintas dependencias públicas. Adicionalmente, contribuyen a tener una mejor visualización en cuanto a la medición de la pobreza y el seguimiento de los indicadores para su análisis y valoración, por persona, familia y comunidad.

El resultado relevante de un registro único de beneficiarios es que permite identificar, priorizar y diagnosticar el núcleo central de beneficiarios de la política social, y establecer estrategias y recomendaciones respecto de los programas de protección social vigentes. También contribuye a identificar duplicidades que permitan redireccionar los apoyos en función de quien más necesita la protección social.

Bajo esa perspectiva, cada institución será responsable de recabar la información de los beneficiarios que reciben recursos de los programas a su cargo, sin embargo, ésta será integrada a un sistema de información de beneficiarios general a todos los programas y acciones de desarrollo social, bajo los parámetros, lineamientos y prevenciones que establezca el CONEVAL.

De este modo, el Estado contará con una nueva herramienta de política pública que le permitirá enriquecer el análisis de los programas sociales y enfocar desde una perspectiva mejor informada a la población susceptible de ser incorporada a los programas y acciones de la política social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

UNICO.- Se reforman los artículos 8, 17, 18, 36, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82 y 83; se adicionan las fracciones XI, XII y XIII del artículo 5, seis párrafos al 27, dos párrafos al artículo 73, dos párrafos al artículo 82 y un segundo párrafo al artículo 83 y se derogan la fracción VIII del artículo 36 y el artículo 85; todos de la Ley General de Desarrollo social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a X.  (…)

XI. Programa y acciones de desarrollo social: aquellos programas presupuestarios que tengan asignados recursos públicos que opere cualquier orden de gobierno, de manera individual o conjunta, y que cuenten con las siguientes características:

a) Que estén alineados con alguno de los derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico, utilizada para la medición de la pobreza;

b) Que estén señalados en los presupuestos de egresos respectivos;

c) Que otorguen subsidios, bienes o servicios a personas físicas y/o morales, o

d) Que tengan reglas de operación o documentos que normen su operación.

Se considerará que un programa es federal, estatal o municipal cuando la mayor proporción o totalidad de recursos provengan de ese orden de gobierno, de conformidad con el presupuesto de egresos correspondiente.

El Consejo Nacional de Evaluación emitirá criterios para la integración del Inventario Nacional de Programas y Acciones de Desarrollo Social.

XII. Población en situación de pobreza: aquel que tiene un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y presenta al menos una carencia social.

XIII. Población en situación de vulnerabilidad: aquel que se encuentra en vulnerabilidad por ingreso o por carencia social, según la metodología oficial para la medición de la pobreza del CONEVAL.

Artículo 8. La población en situación de pobreza o vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los recursos y fondos para la operación de programas y acciones de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

Artículo 18. Los programas y acciones de desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos  que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas y acciones de desarrollo social, las dependencias y entidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón de Beneficiarios de los Programas y Acciones de Desarrollo Social.

Cada dependencia o entidad pública será responsable de integrar el Padrón de beneficiarios de los programas y acciones de desarrollo social a su cargo. La información será recabada con base en los Lineamientos para la integración del Padrón de Beneficiarios de los Programas y Acciones de Desarrollo Social que, al efecto, emita el CONEVAL.

Dependiendo la naturaleza de los programas y acciones de desarrollo social, la identificación de los beneficiarios se llevará a cabo a través de la Clave Única de Registro de Población o de la Cédula de Identidad Ciudadana a que se refiere la Ley General de Población y, en caso de las personas morales, de su registro federal de contribuyentes.

El CONEVAL será el organismo que integrará, con la colaboración de las dependencias y entidades públicas de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, el Sistema de información de beneficiarios de los programas y acciones de desarrollo social en el que serán incluidos tanto los programas y acciones de desarrollo social, como los beneficiarios que reciban algún tipo de apoyo de la política social del Estado. Dicho  Sistema, es un mecanismo de política pública para monitorear, priorizar, diagnosticar y establecer estrategias y recomendaciones respecto de los programas y acciones de desarrollo social, además de identificar duplicidades y evaluar el cumplimiento de los mismos.

El Padrón y el Sistema operarán bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y conforme a las disposiciones normativas para la protección de los datos personales. Quienes proporcionen dolosamente información falsa o parcial respecto de su situación social para obtener algún beneficio de la política social será calificado como no elegible a los programas y acciones de desarrollo social.

El CONEVAL, en los Lineamientos antes citados y con base en las disposiciones legales, establecerá los términos para la recopilación, manejo y entrega o envío de información al Sistema relativa de los beneficiarios de los programas y acciones de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades públicas. La información que proporcionen las dependencias y entidades públicas deberá ser completa y veraz.

El CONEVAL adoptará las medidas de seguridad y control que resulten necesarias para evitar el manejo indebido de la información del Sistema.

Artículo 36. El Consejo Nacional de Evaluación emitirá los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, que serán de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno que participen en la ejecución de los programas y acciones de desarrollo social. El Consejo Nacional de Evaluación deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, independientemente de otras fuentes de información que considere conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda, y

VII. Acceso a la alimentación.

VIII. Se deroga.

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas y acciones de desarrollo social, para que los encargados del diseño y ejecución de la política social puedan corregirla, modificarla, adicionarla, reorientarla o suspenderla total o parcialmente.

Artículo 73. Los organismos evaluadores independientes que podrán participar en la evaluación de la política de desarrollo social serán instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando la evaluación de la política de desarrollo social se lleve a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado.

Para el caso de las evaluaciones a los programas y acciones de desarrollo social, deberán ser contratadas por una unidad administrativa ajena a su operación o por el área responsable de realizar o coordinar la evaluación de los programas y acciones de desarrollo social en la dependencia federal, estatal o municipal correspondiente.

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, las dependencias federales, estatales o municipales ejecutoras de los programas y acciones de desarrollo social deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir los avances de sus programas y acciones de desarrollo social. Además, deberán proporcionar toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos de los programas y acciones de desarrollo social.

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los avances de la producción y entrega de los bienes y servicios que se ofrecen, así como los procedimientos o actividades de los programas y acciones de desarrollo social.

Artículo 78. La evaluación se realizará en los términos del Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación en coordinación con las Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 79. Las evaluaciones serán publicadas en el sitio oficial de internet del Consejo Nacional de Evaluación y de las dependencias federales, estatales y municipales correspondientes. Asimismo, deberán ser entregadas a las Comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras del Congreso de la Unión, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría y a la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas, programas y acciones de desarrollo social que ejecuten las dependencias y entidades públicas, y medir la pobreza a nivel nacional, entidad federativa y municipal de acuerdo con los indicadores, lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza que emita, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Artículo 82. El Consejo se compondrá de un Órgano de Gobierno, encargado de las tareas presupuestarias, administrativas y de planeación institucional. El Órgano de Gobierno será conformado por:

I. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con derecho a voz y voto;

Adicionalmente, con derecho de voz pero sin voto:

II. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o quien éste designe;

III. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o quien él designe;

IV. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, y,

V. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

La Presidencia del órgano de Gobierno recaerá en un Investigador Académico elegido por sus miembros, que durará en el encargo un año; dicha presidencia tendrá carácter rotativo entre los investigadores Académicos.

Asimismo, el Consejo contará con una Comisión Ejecutiva, cuyo fin es realizar las actividades técnicas de los temas sustantivos del Consejo y de una estructura orgánica que estará a cargo del Secretario Ejecutivo del CONEVAL, quien será designado por el Ejecutivo Federal. Dicha Comisión será el Órgano técnico del Consejo, conformado por los seis Investigadores Académicos y el Secretario Ejecutivo del CONEVAL. Tendrá como atribuciones principales la asesoría técnica en la evaluación de la política, programas y acciones de desarrollo social, la medición de la pobreza y será presidida por el Secretario del Consejo.

Artículo 83. Los investigadores académicos a que se refiere el artículo anterior serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública, que será responsabilidad del secretario ejecutivo.

Los investigadores académicos recibirán un estímulo económico y durarán cuatro años en el cargo. Tres de ellos podrán ser reelegidos para un segundo periodo de igual duración, teniendo como máximo un periodo de 8 años, conforme al procedimiento que establezca el reglamento, y en términos de la convocatoria pública que emita el Secretario Ejecutivo.

Artículo 85.- Se deroga

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Consejo emitirá los Lineamientos para la integración del Sistema de información de beneficiarios de los programas y acciones de desarrollo social dentro de los 60 días de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Graciela Ortiz González".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias a usted, Senadora Alcalá Ruiz. Insértese el texto integro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

1 GUERRERO AMPARÁN, Juan Pablo. “La Evaluación de políticas públicas: enfoques teóricos y realidades en nueve países desarrollados”. Pág. 47. Disponible en: http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IV_No.I_1ersem/GAJ_Vol.4_No.I_1sem.pdf





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Señor Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Este es un asunto breve; es un asunto de corregir ya un anacronismo en nuestra Constitución. Esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene el fin de eliminar las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este, como ya lo mencioné, es un tema anacrónico, puesto que realmente, de hecho desde 1998, esta partida ya no existe, y dentro del proceso de reformas hacia la transparencia, pues hemos, precisamente, buscado el que esto ya no aparezca más en el texto de nuestra Constitución.

Los alcances que hemos tenido como país en materia de acceso a la información de máxima publicidad, de transparencia en el ejercicio del gasto público, hace que resulte incongruente que subsista en nuestro texto constitucional disposiciones que permitan la existencia de la partida secreta.

Desde 1998, como mencioné, fecha en que este Congreso reclamó al entonces Presidente Zedillo, se tuvo que eliminar de facto dicha partida secreta; ahora sólo falta que se borre completamente del texto constitucional, para evitar así cualquier tentación de volver a utilizarla.

Tengo presente que ciertas actividades del Estado, como la seguridad nacional y la información de inteligencia contra el crimen, son materias que deben mantenerse en cierto sigilo, pero las cantidades de dinero que se gastan para estos conceptos no, las leyes vigentes prevén todo un marco normativo para proteger la secrecía de las actividades sustantivas, así que, ni en estos casos se deben usar partidas secretas.

Sé también que existe un total de 39 iniciativas provenientes de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, que han puesto sobre la mesa eliminar la partida secreta sin que hayan prosperado.

Espero que esta LXII Legislatura esté a la altura de las demandas ciudadanas en esta materia y por fin se concrete esta reforma.

Acredito la autoría intelectual de esta iniciativa al licenciado Sergio Manuel Ramos, de Baja California, para su tesis de grado.

Por lo tanto, propongo reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, cuarto párrafo, para quedar como sigue:

“No habrá partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación; cualquier reserva temporal de información presupuestal se ajustará a lo dispuesto en el apartado A del artículo 6 de la Constitución.”

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 163 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que REFORMA EL ARTICULO 74  de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a fin de eliminar las partidas secretas DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia se ha convertido en un elemento fundamental para elevar la calidad de la democracia en los tiempos modernos, si bien no se trata de un concepto antiguo, en los últimos siglos si ha evolucionado progresivamente tomando relevancia en el contexto internacional por el combate a la corrupción y a la opacidad gubernamental como prácticas indeseables en la prestación de los servicios públicos.

Al alcance de todos, se encuentran las primeras ideas que originaron los acercamientos al estudio de la transparencia de los siglos XVIII y XIX, concepto originalmente vinculado más hacia la libertad de expresión que a la rendición de cuentas; ahí destacan las aportaciones del prusiano (Ruso) Immanuel Kant con su devoción por el principio de publicidad, o la luz que arroja el utilitarista ingles Jeremías Bentham sobre la idea de que los funcionarios están obligados a proporcionar información, o bien las teorías del filósofo y economista John Stuart Mill orientadas a sustentar que la libertad de imprenta y de discusión bastaba para que la opinión pública se pronunciara sobre los intereses nacionales1.

Es así como democracia y transparencia, fueron perfeccionando el contenido del derecho a la información, mismo que logró su consolidación global con la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 y retomada por la Convención Americana de Derechos Humanos2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, instrumentos estos últimos suscritos por el Estado Mexicano mediante decretos publicados respectivamente el 7 de mayo de 1981 y el 9 de enero del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, y cuyos alcances comprenden maximizar la noción de libertad de expresión en tres vertientes: buscar, difundir y recibir información e ideas.

En México, el derecho a la información ha sufrido una evolución lenta pero progresiva en nuestro Estado democrático de derecho, tan solo basta realizar un breve recuento histórico de las modificaciones constitucionales que formaron parte de la reforma política de 1977, mediante la cual se incorporó al texto supremo de la carta magna, un segundo párrafo a su artículo sexto para reconocer a este derecho humano como prerrogativa de los ciudadanos.

Posteriormente, luego de que dicho enunciado constitucional haya quedado prácticamente intocado, petrificado y sin reglamentación alguna durante dos décadas y media, sujeto incluso a interpretaciones restrictivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sustentar que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información4, se logró hasta el año 2002 la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIG), lo cual significó la apertura del  Estado al conocimiento de los asuntos públicos y la creación de leyes estatales en las entidades federativas.

Luego de 5 años de vigencia y aplicación de las leyes de transparencia en el país, se evidenció un problema importante consistente en la existencia de criterios heterogéneos en los contenidos de dichas leyes que ocultaban diversos niveles de opacidad y discrecionalidad, situación que originó una reforma constitucional al artículo sexto, publicada el 20 de julio de 2007, mediante la cual se establecen nuevos principios y bases para homogenizar los estándares legales de transparencia y acceso a la información en todo el país; finalmente este recuento histórico de modificaciones legislativas en materia de transparencia, culmina con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones publicada el 11 de junio del presente 2013, con la que se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así pues, es como ha quedado manifestado, a lo largo de casi 4 décadas, el avance progresivo que ha tenido el derecho de acceso a la información pública en el régimen constitucional mexicano, sin embargo, aún prevalecen vigentes, disposiciones y conceptos arcaicos y obsoletos, características de los gobiernos de otras décadas que se contraponen a las reformas constitucionales más recientes en materia de derechos humanos de los ciudadanos, su protección más amplia y la salvaguarda de las garantías para su ejercicio.

Es el caso de la llamada partida secreta, denominada así, sin sustento real en la actualidad, la cual se encuentra prevista en el texto supremo constitucional, misma que ha sido utilizada históricamente como instrumento de opacidad, corrupción y abusos en el ejercicio del poder público. En efecto, la partida secreta está estipulada en el cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 Constitucional, al prever literalmente que “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.

Esta redacción en la actualidad se percibe obsoleta, y más aún debido a que su existencia encontraba justificación y aval del Congreso Constituyente reunido en Querétaro desde el 14 de enero de 1917, donde se ratificó el contenido del segundo párrafo de la fracción I del artículo 65 Constitucional, mediante el cual se autorizó la creación de la partida secreta. Posteriormente, a partir de 1977 dicha disposición encontraría su fundamento en lo que hoy conocemos como partida secreta en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal5.

No obstante lo anterior, los orígenes de la partida secreta en México, se remontan incluso un siglo antes de la instalación del Constituyente de Querétaro, precisamente hacia el año 1814, dado que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la contempló como un primer esboce en su artículo 170, al señalarse por los legisladores de Apatzingán que el supremo Gobierno “podrá no obstante librar las cantidades que necesite para Gastos Secretos en servicio de la Nación, con tal que informe oportunamente de su inversión6
La sola pronunciación empleada para referirse a la partida secreta, refleja un sentido de secretismo, de ocultamiento y de discrecionalidad utilizada en otras décadas anteriores, que refleja la amplísima discrecionalidad en el uso de la información pública, épocas en que los archivos y documentos administrativos eran ocultos, bajo el argumento del  “secreto administrativo”, que implicaba negar sistemáticamente a los ciudadanos la información pública que solicitaba7.

Lo anterior, nos transporta al estudio doctrinario de la evolución del “secreto oficial” como género, y del “secreto de Estado” como especie, relativos a la información que los poderes del Estado sustraen del conocimiento público por un determinado periodo para salvaguardar ciertos bienes jurídicos, tales como: la privacidad, intimidad y honor de las personas; la     prevención, persecución y castigo de los ilícitos (incluidos los delitos); el funcionamiento y la toma de decisiones de los órganos de la administración pública; la seguridad, defensa, relaciones exteriores e intereses económicos (incluidos los recursos naturales y geológicos estratégicos) del Estado8.

Para el caso que nos ocupa, la existencia de la partida secreta en el texto Constitucional vigente, y desde luego el uso de los recursos que han provenido de ella, se ha caracterizado por ser predominantemente discrecional y confuso. Fuentes periodísticas de la década de los noventas, revelaron ciertos cálculos presupuestales donde se afirmaba que dentro del periodo comprendido entre 1983 y 1997, etapa circunscrita a los tres sexenios Gubernamentales de los Ex-presidentes de la República Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, se dispuso del manejo de casi 1, 342 millones de dólares, bajo el concepto de partida secreta, recurso del que nunca se dio cuenta a la Cámara de Diputados, en su calidad de instancia supervisora del ejercicio del gasto presupuestal9.

Durante esos años, fue evidente la discrecionalidad en la aplicación de los recursos de la denominada partida secreta, sin que mediara justificación alguna por su propia naturaleza de secreta, sin tener la certeza de su destino. No es sino hasta 1998 cuando el Expresidente Ernesto Zedillo, con una oposición legislativa que lo superaba, dada la nueva composición de la Cámara de Diputados a mediados de su sexenio y por presiones de la sociedad civil organizada, deja de ejercer los recursos asignados a esta partida.

Después de dejar en ceros y en desuso la denominada partida secreta, se retoma su discusión en el año 2005, dentro del marco de la creación de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo anteproyecto de dictamen legislativo contempló en la redacción de su artículo 49 que “Las partidas secretas a que se refiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos únicamente podrán destinarse a gastos de seguridad nacional y estarán sujetas a fiscalización por la Auditoría. La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial, y sólo tendrá acceso a ella el titular de la Auditoría10, a fin de cuentas, luego de un año de debate nacional, el texto definitivo del artículo 49 de la nueva Ley publicada el 30 de marzo de 200611 fue sustituido para solo referirse a que los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico.

Es menester advertir que han sido múltiples los esfuerzos legislativos (PRD12, PAN13 y PRD14 de nuevo) por derogar la partida secreta, punto en que han convergido legisladores federales y locales de las distintas fuerzas políticas representadas en la democracia mexicana, sin que hasta la fecha se haya logrado consolidar un proyecto legislativo encaminado a prosperar y conseguir la instauración del Constituyente permanente, traducido en las dos terceras partes de la votación de ambas cámaras federales y la mayoría de los Congresos Locales.

Sin embargo, bajo el contexto general previamente descrito, el texto del cuarto párrafo de la fracción IV de artículo 74 de la Constitución Federal que contempla la existencia de una partida secreta a disposición del Presidente de la República, se encuentra rebasado por las nuevas bases y principios constitucionales incorporados en los artículos 1, 6 y 134, en materia de derechos humanos, acceso a la información pública, telecomunicaciones y transparencia de los recursos presupuestales.

Por ejemplo, como ya quedo expuesto líneas atrás, a partir del 20 de julio de 2007, el artículo 6 Constitucional, dispone en su apartado A, fracción I, como base general que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes”, asimismo previene que “En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”, razón por la cual, emplear la expresión “partida secreta” en la Carta Marga resulta absurdo e incongruente.

Así también, mediante decreto publicado el 7 de mayo de 2008, por el que se reforma y adiciona entre otras disposiciones, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorpora al texto supremo que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, razón por la cual, contemplar la partida secreta como instrumento del presupuesto atenta contra estos nuevos principios de administración de los recursos económicos.

Con lo anterior, queda en evidencia la necesidad de actualizar el artículo 74 párrafo cuarto fracción IV, a la nueva realidad que acontece en el país, misma que si es comparada a la luz de la reforma Constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, nos ilustra sobre la supremacía de los tratados internacionales en la materia, como es el caso de los instrumentos de derechos humanos descritos en el tercer párrafo de la presente exposición de motivos, los cuales potencian el derecho a la información a su máxima expresión y se anteponen a la existencia de partidas secretas.

Por ello, y para avanzar en la modernización de nuestro texto Constitucional, se propone es reformar el cuarto párrafo de la fracción IV contenida en el artículo 74 Constitucional, a fin de establecer que no habrá partidas secretas en el presupuesto de egresos de la federación y que cualquier reserva temporal de información presupuestal se deberá ajustar a lo dispuesto en el apartado A del artículo 6 de la Carta Magna, donde se privilegia el principio de máxima publicidad en la interpretación del derecho de acceso a la información, el cual solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público.

Cabe mencionar que con motivo de la instalación de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y con la renovación del Poder Ejecutivo Federal el año pasado, se ha iniciado un nuevo debate nacional sobre la evolución del marco constitucional del derecho de acceso a la información pública en México, que se tradujo en la aprobación de la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en la histórica sesión del 20 de diciembre de 2013 y que se encuentra aún pendiente de dictamen por parte de la Cámara de Diputados.

Expuesto lo anterior, someto a la consideración de la Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- SE REFORMA EL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. … a la III. …;

IV. …

No habrá partidas secretas en el presupuesto de egresos de la federación; cualquier reserva temporal de información presupuestal se ajustará a lo dispuesto en el apartado A del artículo 6 de esta Constitución.

V. … a la VIII. …;

Transitorio

ARTICULO Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a 19 de septiembre de 2013".

1Transparencia y Democracia: Claves para un concierto; Aguilar Rivera, José Antonio; Cuadernos de Transparencia #10; Ed. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales IFAI; Primera edición, octubre 2006; Séptima reimpresión, septiembre 2012; México; p. 6-17.

2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 19.- 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

4 Véase el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, agosto de 1992, Segunda Sala, p. 44, Tesis 2ª. I/92, IUS: 206435, bajo el rubro: INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

5Rabasa, Emilio O. y Caballero, Gloria, Mexicano, ésta es tu Constitución, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, p. 220.

6Las constituciones de México, Congreso de la Unión, Comité de Asuntos Editoriales, México, 1989.

7El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6º de la Constitución mexicana; López Ayllón, Sergio; Cuadernos de Transparencia #17; Ed. Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos IFAI; primera edición, octubre 2009; tercera reimpresión, septiembre 2012, México; p. 20.

8Diccionario de Derecho de la Información; Villanueva, Ernesto; Ed. Miguel Ángel Porrúa, IIJ-UNAM, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; primera edición, agosto de 2009; p. 1207-1209.

9Aguayo Quezada, Sergio; El Presupuesto Federal bajo lupa: La Partida Secreta; Grupo Reforma; 18 de agosto de 1997.

10Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 1709-IV, del jueves 10 de marzo de 2005, mediante la cual se publica el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

11Diario Oficial de la Federación, Tomo DCXXX, #21, de fecha jueves 30 de marzo de 2006, que contiene Decreto  por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

12Gaceta Parlamentaria, número 2355-III, del jueves 4 de octubre de 2007, por la que se publica la iniciativa de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir partidas secretas.

13 Gaceta Parlamentaria, número 3146-II, del martes 23 de noviembre de 2010, mediante la cual se publica la  iniciativa de la Diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desaparecer las partidas secretas.

14 Gaceta Parlamentaria, número 3406-VI, del martes 6 de diciembre de 2011, mediante la cual se publica la iniciativa del Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de prohibir la partida secreta.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ernesto Ruffo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 214 del Reglamento del Senado de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 AL ARTICULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por el C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Senadores:

Hace 394 días, con orgullo levantamos nuestro brazo derecho para decir: ¡Sí, protesto!

Es un ademán republicano que simboliza, sin duda, el momento de culminación de una serie de esfuerzos, pero significa una cosa más importante y que a veces se nos olvida.

El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que todo funcionario público, sin excepción alguna, se compromete, con ese ademán, a guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Al asumir nuestro encargo, compañeras y compañeras, es decir, como condición para desempeñarlo, rendimos una protesta en los términos de este artículo constitucional y expresamos esa garantía de hacer guardar la misma Constitución.

Lo que mandata el artículo 128 constitucional es una garantía; una garantía que a veces se convierte en la única que tienen los ciudadanos, de quienes ejercemos una responsabilidad pública, de mantener realmente como nuestra guía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos apeguemos a ella.

Les estamos garantizando que cumpliremos lo que dice, y les estamos garantizando que, desde nuestro ámbito de competencia, haremos cumplir lo que dice, ciñéndonos a la ley.

Eso, compañeras y compañeros, es respetar el estado de derecho que nos hemos dado en nuestra construcción como nación y que tantas veces referimos e invocamos desde esta tribuna.

Y añadiría un principio de sentido común, quienes tenemos la alta responsabilidad y el privilegio de participar en la formulación de las leyes, deberíamos de ser los primeros en estar obligados a cumplirlas.

Sin embargo, y aquí hay que ser muy claros, este mandato no ha encontrado siempre su justa expresión en los mecanismos que conducen y reglamentan la vida interior del Congreso Federal, y más puntualmente, la vida del Senado de la República; y para muestra, quisiera poner un botón.

Lo digo concretamente en lo que concierne a obligaciones y plazos señalados por la propia Constitución para que las comisiones dictaminen los asuntos de su competencia.

Simplemente, en la sesión de hoy, la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Alejandro Encinas, hicieron mención a esta situación que estamos viviendo, y el ejemplo que quiero utilizar es el que tiene que ver con las reformas secundarias a la reforma política, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto de 2012, el cual otorgó el plazo de un año para expedirlas; estamos en falta porque no hemos dictaminado las iniciativas en esa materia.

En julio de 2012, el Congreso Federal dio uno de los pasos más importantes en el desarrollo de la democracia participativa en nuestro país. En aquella fecha se aprobó la reforma constitucional que permite las candidaturas independientes, las iniciativas ciudadanas y la consulta popular.

Esta reforma constitucional fue publicada el 9 de agosto, y en su Artículo Segundo Transitorio claramente señalaba: “El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo”. El Decreto entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, el 10 de agosto de 2012, y el plazo, por tanto, se agotó el 9 de agosto de este año, es decir, hace 40 días.

Hace 40 días que hemos sido omisos a este tema, y al ser omisos hemos incumplido un mandato expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo peor de todo es que pareciera que no pasa nada.

Pero, señoras Senadoras, señores Senadores, sí pasa, sí pasa algo; pasa que grupos de ciudadanos están señalando y reclamando la necesidad de aprobar las leyes reglamentarias; pasa que esos ciudadanos señalan y reclaman la cercanía de la fecha límite y pasa que esos mismos ciudadanos señalan y reclaman, con justa razón, la omisión en la que hemos caído.

Pero son los ciudadanos y no nosotros los Senadores quienes están haciendo este señalamiento; son los ciudadanos quienes señalan y reclaman reforma política ya. Hoy tenemos una importante reforma constitucional que no se cristaliza, y no se cristaliza porque no queremos.

Una reforma política que no corresponde a los anhelos de muchos mexicanos y tampoco corresponde a los anhelos de muchos legisladores; si los legisladores incumplimos, si las comisiones responsables no sesionan, si no dictaminan en la vida interna del Senado, ahí sí no pasa absolutamente nada, no hay en nuestra reglamentación interna un mecanismo que garantice el cumplimiento o, en su caso, sancione el incumplimiento.

Los ciudadanos han señalado propuestas que deben contener los ordenamientos en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular, y han externado su temor de que la legislación sea impotente, pero a la fecha no hay ni ley poderosa ni ley impotente, simplemente no hay ley; y lo peor es que este Senado está, de hecho, siendo omiso a estos preceptos que marca la propia Constitución.

Es el Senado el que está siendo omiso a los plazos que marca la propia Constitución.

En materia de reglamentación, el Senado ha sido omiso con su deber y ha dejado estas figuras sólo como adornos en el papel, sin trabajar por su reglamentación y futura ejecución.

Y no es el único caso, por supuesto, el de la regulación de la reforma política, pero sí es el más emblemático y el más grave.

De ahí es que, compañeras Senadoras y Senadores, me parece que resulta necesario afrontar esta penosísima situación con una reglamentación a nuestra vida institucional interna.

El Senado debe contemplar plazos, debe delinear rutas de acción y establecer sanciones a los miembros de las mesas directivas de las comisiones que incumplan con el mandato constitucional que se les ha conferido para la dictaminación de las leyes necesarias.

Hay que reconocer que la percepción social que existe de los legisladores no es buena, no podemos engañarnos, la gente quizá, muchas veces, no termina de entender realmente qué es lo que ocurre en este salón de sesiones o en las salas de las comisiones, pero nosotros somos quienes hemos abonado a esa confusión.

El quehacer legislativo siempre implica responsabilidad y compromiso de cada uno de nosotros, pero también de las comisiones y quienes las presiden, para llevar a buen término el procedimiento legislativo.

Por ese motivo, cuando la palabra evaluación está en el debate nacional, los legisladores deberíamos de ser los primeros en autoevaluarnos constantemente, con la finalidad de actualizar nuestro marco jurídico para que responda a las cambiantes necesidades del trabajo legislativo.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, es que someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los numerales 4, 5 y 6 al artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue.

“4. Vencido el plazo establecido en el numeral 2, sin que medie convocatoria para dictaminar, cualquier Senador podrá solicitar moción de remoción respecto al presidente de la Junta Directiva de la comisión coordinadora.

5. El procedimiento para la remoción en el cargo del presidente de la Junta Directiva de la comisión coordinadora será equiparable al establecido para los integrantes de la Mesa Directiva en las fracciones I a VI del artículo 43 de este Reglamento. La remoción aprobada por mayoría simple de los miembros presentes del Senado, con lo que el cargo queda vacante y se procederá a su sustitución en los términos de este Reglamento y demás normatividad aplicable.

6. El Senador que sea removido como presidente de la Junta Directiva no podrá ocupar el cargo de presidente en ninguna comisión por el plazo de un año.”

Compañeras y compañeros Senadores, es momento de dar una muestra clara de voluntad política, de apego al estado de derecho y de actualización de nuestra vida interna.

El cambio que propongo es para darle celeridad y certeza a los dictámenes y a no dejarlos dormir el sueño de los justos, cuando la nación lo que espera de nosotros, por lo menos, es cumplir la ley. No esperar semanas y días complejos con temas fundamentales para la nación.

Y un mecanismo reglamentario, como el que propongo, nos va a obligar a no dejar de lado estas decisiones, porque los mexicanos esperan respuestas y no dilaciones.

Senadoras y Senadores, da vergüenza un Senado que evade su responsabilidad, da vergüenza un Senado que se hace guaje. La evaluación de los ciudadanos a nuestro trabajo debe tener referencias claras y nosotros debemos dejar de lado prácticas en donde voluntades y acuerdos superan la ley. Nada por encima de la ley, nada por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"El suscrito, ZoE Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 4, 5 y 6 AL ARTICULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad legislativa implica responsabilidad y compromiso por cada uno de los legisladores, así como de las comisiones, para llevar a buen término el procedimiento legislativo. Por este motivo debemos autoevaluarnos constantemente con la finalidad de actualizar el marco jurídico para que responda a las cambiantes necesidades del trabajo legislativo.

El proceso legislativo es enriquecido día a día mediante el trabajo permanente de deliberación y análisis que realizan las diversas comisiones legislativas para elaborar los dictámenes relativos a los proyectos de las iniciativas presentadas por los legisladores.

La labor de las comisiones, normalmente es invisible para los ojos del público. Sin embargo, como legisladores sabemos que es de suma importancia, ya que es en ellas que se vierten las opiniones de las diversas corrientes ideológicas representadas en cada Cámara, así mismo, sirven como vinculo con los expertos, ajenos al poder legislativo, relacionados con  las materias que se estudian y analizan al interior de la comisión para dictaminar cada iniciativa. Es en estos espacios que posibilita al representante para escuchar directamente a la sociedad.

No obstante, la actividad legislativa no se restringe al proceso legislativo y las acciones de los representantes en muchas ocasiones los orillan a descuidar los términos y plazos de los trámites internos. Esta situación es sumamente común por lo que refiere al trabajo de las comisiones, lo que deriva en un retraso respecto de las convocatorias que deben emitir los presidentes de las Juntas Directivas de las comisiones, para emitir los dictámenes respectivos que tienen a su cargo, incumpliendo con ello una de sus funciones primordiales.

Lo anterior ha derivado en un rezago del trabajo legislativo y repercute en una mala imagen del Congreso y en específico de la Cámara de Senadores, en la cual tenemos el honor de servir a la Nación. Por ello es importante resaltar que ya existe el deber de dictaminar las iniciativas que se presentan ante comisiones, en plazos apropiados para su estudio y análisis muchas veces determinados en forma previa por reformas constitucionales o legales que les anteceden o les dan origen. Así mismo, la obligación genérica de dictaminar se encuentra expresa desde el mandato constitucional hasta el reglamento de cada una de las Cámaras, pasando por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento Interno.

Por estos motivos se puede deducir que estamos ante una norma imperfecta, ya que existe la obligación de dictaminación, pero no existe una consecuencia jurídica que permita materializarla. De esta manera se puede llegar a la conclusión que lo que hace falta es profundizar el compromiso que como senadores tenemos para cumplir ese mandato.

La iniciativa que se somete al Pleno del Senado el día de hoy, tiene por objeto agilizar el trabajo legislativo que realizan las comisiones con la finalidad de responsabilizar a los presidentes de las Juntas Directivas, toda vez que son ellos quienes tienen la obligación de convocar a las reuniones de comisiones.

Al establecer una sanción como pretende la iniciativa para la inactividad legislativa en términos de legislación, se fomenta la formalidad en el desahogo de los procesos a nuestro cargo y con ello se propicia la celeridad de los trámites y el respeto a la norma.

La asignación clara en la norma de la responsabilidad de los presidentes de las Juntas Directivas de las Comisiones por las decisiones que toman, enfatiza el compromiso que tenemos con la sociedad como legisladores, fomenta la productividad y el trabajo legislativo. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 4, 5 y 6 AL ARTICULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

ARTICULO UNICO.- Se adicionan tres párrafos correspondientes a los numerales 4, 5 y 6 al artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 214

1. ...

2. ...

3. ...

4. Vencido el plazo establecido en el numeral 2 sin que medie convocatoria para dictaminar, cualquier senador podrá solicitar moción de remoción respecto del presidente de la Junta Directiva de la comisión coordinadora.

5. El procedimiento para la remoción en el cargo del presidente de la Junta Directiva de la comisión coordinadora será equiparable al establecido para los integrantes de la mesa directiva en las fracciones I a VI del artículo 43 de este reglamento. La remoción es aprobada por mayoría simple de los miembros presentes del Senado, con lo que el cargo queda vacante y se procederá a su sustitución en los términos de éste reglamento y demás normatividad aplicable.

6. El senador que sea removido como presidente de una Junta Directiva no podrá ocupar el cargo de Presidente en ninguna comisión por un año.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. Zoé Robledo Aburto".

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Zoé Robledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Yunes.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para solicitarle al orador si me permite suscribir su iniciativa.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Tome nota la Secretaría.





 

En otro apartado de nuestra agenda del día de hoy, informo a ustedes que recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se establece el formato de los foros de debate sobre las distintas iniciativas que en materia energética se han presentado en el Senado de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión el Acuerdo.

Se concede el uso de la tribuna al Senador David Penchyna Grub, por las comisiones dictaminadoras de los proyectos, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

El día de hoy, este Pleno dio a conocer un Acuerdo de la mayor trascendencia que abre un proceso de la mayor importancia para nuestro país. Un Acuerdo que ha sido sometido a la Mesa Directiva de este Pleno y a la consideración de ustedes, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para iniciar una serie de foros sobre las distintas iniciativas en materia energética que han sido presentadas ante esta Cámara, señalándole como Cámara de Origen. En su momento y a partir del desarrollo de los foros, se determinará, y así está establecido en el Acuerdo, la comparecencia de los funcionarios en la materia, tal como se ha dado lectura al presente Acuerdo de discusión.

Este es un Acuerdo que se ha podido construir con todos los grupos parlamentarios y, aun más, con las importantes valoraciones de la Colegisladora, que en un sentido amplio tiene su propia dinámica y que estoy convencido que debemos de respetar.

Hoy hemos establecido un Acuerdo en comunicación con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y en este sentido me atrevo a calificarlo, no sólo por las firmas que contiene este Acuerdo, de un gran Acuerdo para México.

En este gran sentido debemos de felicitarnos, porque los foros, que iniciarán la próxima semana, tendrán la participación del gran mosaico de la sociedad mexicana. Esta Cámara está obligada, lo ha hecho en otras materias y lo ratifica en un tema trascendente para la nación, a escuchar todas las voces.

Aquí estarán los funcionarios con responsabilidad en el tema, pero también estarán los académicos, las representaciones de los trabajadores del gran espectro energético que contempla nuestro país, representantes del sector productivo y privado, representantes del mundo financiero, universidades públicas y privadas, liderazgos sociales reconocidos por toda la sociedad mexicana que han levantado la voz y que tienen algo que decir y establecen su verdad.

Además, deberemos de cuidar en el desarrollo de los foros que se atienda el principio de equidad partidaria, de género y de Cámaras, de la participación igualitaria en cada foro, sin preponderancia alguna de ningún partido político, con miras de consolidar un proceso colaborativo y virtuoso en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Asimismo, en breve, la Junta de Coordinación Política aprobará el calendario y los ponentes de los foros en un tracto sucesivo que nos garantiza que hagamos el mejor de nuestros trabajos en los distintos temas del sector energético.

La asistencia de funcionarios públicos del gobierno federal vendrá, sin duda, a enriquecer, después de un amplio debate, después de conocer todas las posiciones, con una equidad absoluta de la participación del gran mosaico nacional, las miras y la construcción de los acuerdos donde hagamos de la negociación algo bueno para este país.

Amigas y amigos Senadores, estoy seguro que este ejercicio de diálogo y de intercambio de puntos de vista y de ideas, fortalece la solidez y la legitimación de la deliberación legislativa.

Amigas y amigos, hagamos de los acuerdos la prioridad de lo que necesita nuestro país a partir de la construcción de las ideas de un debate profundo, responsable y serio, de cara a nuestros ciudadanos.

Abramos, como ya lo hemos hecho en otra ocasión, al Senado de la República, para que todas las voces sean escuchadas, para oír con tolerancia, con generosidad y con aportación de ideas la opinión de todos aquellos que tenemos algo que opinar en lo que no necesariamente estamos de acuerdo. Ese es el sentido más profundo de la política y de la democracia, esa es la trascendencia de un tema que no sólo tiene un contenido técnico y financiero, tiene un alto contenido político, social e histórico de identidad de una nación en donde lo único que tenemos que hacer es que a este país le vaya mejor, sin renunciar a los dos paradigmas fundamentales que todos coincidimos por defender, la propiedad original del Estado sobre sus recursos y la rectoría económica del mismo.
Entremos al fondo con apertura y tolerancia; entremos al fondo con rigor técnico y con la tolerancia de escuchar todas las voces; entremos con la conciencia social de algo que es inevitable, nuestro sector energético puede estar mejor y le puede entregar muchos mejores dividendos a las generaciones presentes y futuras de este país.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador David Penchyna.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad de Chihuahua, invitados por el Senador Patricio Martínez García.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Hemos, en mi fracción, suscrito este Acuerdo con un gran interés porque se cumpla lo que el Senador Penchyna ha ofrecido, y estoy de acuerdo con él en que es un Acuerdo de enorme importancia, porque el propósito es que se discuta este tema, de gran trascendencia, abiertamente, que tengamos la posibilidad de presentar una oposición, porque lo que hemos dicho muchas veces, la democracia no es el consenso total, sino la democracia es valiosa en tanto que haya una oposición.

Nosotros estaremos en la oposición, creo que es importante, insisto; y quisiera hacer un recordatorio de la reforma energética de 2008, para que no hagamos lo mismo. En el 2008 se planteó una reforma energética por el gobierno de entonces, y existía también una mayoría formada por el PRI y el PAN, como ahora se está planteando, y sin embargo, hubo disturbios en la Cámara de Diputados, se tomaron las tribunas y se suspendió el voto mecánico que estaba preparado; se abrió un debate, o se llamó un debate amplísimo en el Senado de la República.

El gobierno, y apoyado por el PRI de entonces, invitó a funcionarios, como hoy otra vez, a los directores y funcionarios, y la oposición presentó un número importante de expertos y de gente con el dominio del tema, fueron dos meses espléndidos, se reunió un material, considero que de los más valiosos que se ha reunido en el análisis de la industria energética, sin embargo, no se tomó en cuenta, no sirvió nada.

Lo que ocurrió, al término de esos llamados debates, yo considero, fue que la posición oficial no pudo demostrar los grandes valores de esa reforma. Ahora reniegan de lo que hicieron entonces los mismos autores, ahora dicen que no lo hicieron bien, se les fue la mano o alguna cosa así.

Pero entonces no salieron muy bien los defensores de la posición oficial; yo diría que salieron muy mal. Sin embargo, al terminar el proceso, este de apertura, de dos meses de trabajo de gente muy valiosa que participaron de los dos puntos de vista, no se transmitió al Senado, para nada, no se le hizo el menor caso, fueron dos meses de ejercicio inútil que sirvió nada más para manipular a la opinión pública.

Pero, además, con otra sorpresa más, fíjense, al terminar el análisis de la iniciativa del Presidente Calderón, salió una persona, que también está ahora aquí, el señor Beltrones, hoy Diputado, y dijo: fíjense que no está tan bien la propuesta de Calderón, hay que mejorarla y aquí tengo otra mejor; y sacó otra y comentó, esta sí la vamos a discutir porque corregimos todo lo que estaba mal en la propuesta de Calderón, pero aquí tenemos la del señor Beltrones, que tenía de un gran análisis de lo inconstitucional que tenía la otra, y estaba corregido.

La verdad que todo el material, aquel precioso, se tiró a la basura, por ahí lo tiene impreso el Senado, que es valioso y sería útil verlo, pero no se discutió esa iniciativa; fíjense que chistoso, se discutió la de Beltrones, entonces todo el ejercicio resultó inútil.

No participaron los Senadores, estaban algunos ahí para hacer preguntas, pero el Senado, en sí, ni se enteró, no participó, no sirvió, no se utilizó.

El Canal del Congreso hizo una gran labor. Yo siempre felicito al Canal del Congreso que está funcionando, por ejemplo, ahorita seguramente muchas gentes están oyendo, y nada más, porque las 2 empresas televisivas, pues, ahí hay una tijera muy grande.

Felicité al Canal del Congreso entonces y lo felicito ahora porque hará su papel.

Nada más que, y lo platicaba yo con el Senador Penchyna, cuando comentábamos este gran proyecto, porque ahora sí va de verdad, dice Penchyna, ¿verdad?; y le platicaba yo que es totalmente inequitativo y falso el debate, lo haremos cuando el gobierno de la República está haciendo una campaña de una cantidad de miles de millones de pesos; con mentiras, además.

Entonces, vamos a tener aquí una discusión, que felicito al señor Penchyna por ser el promotor de ella, pero la opinión pública nacional va a estar bombardeada, va a estar atosigada por spots mentirosos para generar una opinión pública favorable por una iniciativa que no existe.

Yo le decía al señor Penchyna, al promotor que felicito de este proyecto y que promete que va a ser, ahora sí, de verdad, yo le decía: “Bueno, pues si los medios de comunicación”. ¡Ah, eso sí no! Eso es la Presidencia de la República.

Pero como aquí somos muy aficionados a la Presidencia de la República, ¿verdad?, para que realmente sea un proceso democrático y la opinión pública nacional se beneficie de un debate real, como lo ha planteado el Senador Penchyna, pues que dejen de estar atosigando y manipulando a la opinión pública con mentiras:

“Va a bajar la luz, va a bajar la gasolina”.

Bueno, ya nada más les falta decir: “Y cada mujer mexicana tendrá un marido guapo y rico que la va a sostener”. Así de demagógico es lo que dicen. Es una vergüenza y están gastando dinero público para imponer una iniciativa contraria a los intereses nacionales.

Entonces, yo les pido, señores, a quienes están muy vinculados con Peña Nieto, que le digan que estamos haciendo un gran esfuerzo democrático, que deje de gastar dinero en los spots para que nos puedan oír de verdad y que los medios que vengan aquí, realmente digan la verdad, todos, porque si no va a ser un ejercicio inútil al que vamos a ir con toda buena fe.

Me parece muy bien que la Junta de Coordinación Política sea la que coordine esto, porque hay muchas cosas todavía sin definir.

Todavía no sabemos: ¿Quiénes van a participar? ¿Cuántos van a participar? ¿Sí se va a definir antes o después? ¿Sí equis o zeta?

Pero ahí el principio de que estaremos en igualdad de condiciones todos y que será, efectivamente, un proceso democrático.

Yo les pido a los Senadores que están ahorita aquí, que por favor se enteren. Esto es fundamental. Una vez que entren las empresas trasnacionales petroleras a México, van a ver lo que es bueno.
PEMEX va a participar, pero con las manos atadas, lo van a tener a un lado y se lo van a comer, señor Romero Deschamps, se los van a comer rápido, porque es un acuerdo con Estados Unidos; igual la Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, señor Penchyna; Emilio Gamboa; señores:

Bájenle al gasto en la manipulación de los medios de comunicación, para que los Senadores que aquí están y que van a tomar la decisión que va a afectar a sus hijos y a sus nietos, puedan, si quiera, enterarse de qué se trata.

¡Bienvenida la oferta! La tomamos. Somos creyentes o crédulos. Ahí estaremos.

Ojalá pararan la lluvia de publicidad y ojalá abrieran los ojos en PEMEX.

¡Cuidado, se van a despedir ustedes!

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Penchyna, ¿para qué efecto?

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Pedirle la palabra desde la tribuna para alusiones personales.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna, para aluciones personales.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente.

Quisiera precisar, agradecer y reconocer en el Senador Bartlett, porque él ha signado este Acuerdo, la disposición, entiendo en sus palabras de buena fe, de que esto sea bueno para el país.

Y yo creo que no hay forma de que sea malo para el país el escuchar todas las voces, el no hacer prevalecer a un partido sobre otro por mayor representación en número, el tener, por         primera vez, que yo recuerde, un acuerdo profundo con la Cámara de Diputados, yo he sido Diputado, y entiendo que hay otra lógica, no guardan ninguna crítica mis palabras y en esa medida superaríamos muchos problemas.

Le agradezco y le reconozco al Senador Bartlett que lo haya hecho.

Le reitero, de esa plática, que él alude, es por lo que me veo obligado a subir a esta tribuna nuevamente, de algo que también le comprometí, Senador Bartlett.

No hay la menor intención del grupo parlamentario al que tengo el honor de pertenecer, de hacer las cosas mal, de inventar un dictamen en lo oscuro, de sacarlo a matacaballos, sin que se conozca en la lectura el alcance de un dictamen, de una construcción política que se pueda dar en este Congreso, como hemos logrado construir otras en las que usted no ha estado de acuerdo, yo aspiro a que en esta esté de acuerdo, aunque no coincida con los puntos de vista.

“Aquí la forma es fondo”. Una frase que usted debe de recordar.

Me parece también, Senador Bartlett, haciendo ese gran reconocimiento y reiterándole mi respeto y mi amistad, un despropósito descalificar a priori y desconocer que hoy en este país hay división de poderes.

A la mejor hay acusaciones de un pasado que alguien carga, yo no lo cargo, Senador.

Somos el Poder Legislativo. Yo tengo el honor y el orgullo de haber ganado una campaña, usted algunas otras, en otro tiempo. Ningún tiempo es igual en diferentes épocas, Senador.

Y venir en la construcción de un acuerdo, que por primera vez firmamos todos, que tomamos en cuenta la representación de la Cámara Baja, en donde lo único que estamos haciendo es generando condiciones para abrir un debate donde se escuche a todas y a todos, sinceramente me parece un despropósito.

Estamos en un país de libertad de expresión; yo le respeto de la misma manera, le significo el acuerdo, le agradezco su comprensión de haber ido con este acuerdo en el que vamos todos juntos, nada más que nosotros no somos la Presidencia de la República, y no lo puedo aceptar de usted.

Soy legislador desde hace 12 años.

He ganado el voto ciudadano, Senador Bartlett, y me respeto a mí mismo, y a todos mis compañeros, independientemente de la filiación partidaria a la que pertenezcan.

Hagamos un debate de altura a partir de un principio que prevalece en el acuerdo, y que usted firmó, que es la equidad, la equidad de todos. Nadie sobre nada.

¡La prioridad es México!

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Cuando terminen los ruidosos aplausos podré contestar.

Ya terminaron, muy bien. Bravo.

No sé por qué sube la voz el Senador Penchyna, si estoy de acuerdo con él, ya le dije que le creo. Imagínense, le voy a creer todo lo que dijo.

Yo lo único que hice fue contarles una historia, una historia de algo muy parecido a esto, en la situación, los votos que ya supuestamente tenían listos y un debate que no sirvió para nada, una tomadura de pelo, un debate en el que el Senado no participó, ni fueron, ni les importó y que votaron por consigna, sin haber analizado nada de lo que se discutió 2 meses en la Cámara de Senadores. Es una historia negra, obviamente.

Y también les comenté que el Canal del Congreso realizó su papel muy bien, pero que los medios de comunicación, que fue el primer ensayo de lo que están trayendo ahora, hicieron la destrucción más absoluta de lo que se discutió en el Senado.

Una campaña soez, digo yo, que está ahorita en todos lados; spots constantes, mentiras; una cuestión de imponer a través de la dictadura mediática que está gobernando este país, ese es el gran problema que no se puede discutir, que tiene la posibilidad de decir lo que quieran y nadie se los puede negar, porque no permiten acceso a esos grandes foros que organizan las televisoras y todos donde están totalmente seleccionados los participantes al gusto de los intereses dominantes.

Esa es la historia que yo conté. Y digo, ahora sí le creo a Penchyna, chihuahua, que bárbaro, vámonos por la democracia, vamos a oírnos todos. Le digo, oiga, ¿no pueden callar el dineral que están gastando en manipular a la opinión pública?, ese no soy, es el Presidente.

Pero yo no le dije que eran empleados del Presidente, yo le dije que son muy afines al Presidente Peña Nieto, lo cual no podrá negar.

Y además, seguramente, don Emilio Gamboa, que es un hombre de gran experiencia, visitará al señor Peña Nieto, y le podrá decir: hombre, no me friegues, mano, déjanos hacer un trabajo democrático y no nos apabulles, caray, porque Penchyna logró un gran acuerdo que hemos firmado todos, y que todos vamos a ir a la democracia y a que todos hablen. No nos apabulles con esta campaña soez, multimillonaria, que está negando todo lo que se pretende aquí, en este fluvio de democracia maravillosa, que aplaudo, firmo, suscribo, y que la palabra del señor Penchyna, apoyada por Emilio Gamboa, que aquí está junto, y que sé que tiene todo el apoyo de Emilio Gamboa, se convierta en un ejercicio democrático ejemplar.

Pero díganle al Presidente Peña Nieto que ya no la amuele, que ya le pare a la lana.

Pero, por el otro lado, vamos a esta democracia, creyendo que ahora sí es verdad.

Es todo lo que dije, y que creo profundamente en lo que aquí nos dijo el señor Penchyna.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Para el grupo parlamentario del Partido Verde, este Acuerdo que hoy está a consideración de la Asamblea, como bien señaló el Senador David Penchyna, un buen y gran acuerdo para México; no tengo ninguna duda de eso.

Y de manera particular, me gustaría destacar dos atributos, que también ya señaló en las dos intervenciones que tuvo aquí mi colega, el Senador Penchyna, Presidente de la Comisión de Energía.

Primero. La coincidencia que hay en esta ocasión, entre ambas Cámaras, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es algo que hay que celebrar, no podemos pasar por alto que, incluso en el periodo anterior, ha habido momentos en los que se ha considerado que ha habido desencuentros entre ambas Cámaras, por lo que yo creo que ahora hay que puntualizar, hay que subrayar el hecho de que ambas Cámaras del Congreso de la Unión estén proponiendo un acuerdo para llevar de manera ordenada estos foros que se proponen.

El otro atributo que me gustaría destacar de estos foros, que como señaló el Presidente de la Comisión de Energía, es el hecho de que haya o que se prevea una participación igualitaria.
Es muy importante esto, porque hay muchos ejemplos, hay muchos precedentes en ambas Cámaras del Congreso, donde la discusión se organiza de manera tal, que se le da mayor preponderancia a los partidos más grandes.

Yo destaco aquí esa cuestión en particular. El hecho de que la participación sea igualitaria, que no haya preponderancia de partidos, le da un enorme contenido democrático a esta propuesta de organización de los foros.

No quisiera entrar a los detalles, en sí, de lo que ya incluso se leyó aquí, por parte de la Mesa Directiva, pero es muy importante hacer ver que tenemos un espacio de tiempo inicialmente previsto que considero que es suficiente, por la importancia del tema, que es del 23 de septiembre al 8 de octubre, creo que es un periodo adecuado, para llevar una discusión ordenada y constructiva de lo que representa esta reforma constitucional.

Es muy importante subrayar el que se vaya a escuchar a todas las voces, el texto del acuerdo lo dice de manera puntual, hay la previsión de que se escuche a expertos, tanto de las empresas del Estado, como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, como de organismos vinculados con ésta, como el Instituto Mexicano del Petróleo o como otros organismos que dependen del propio gobierno federal, que están involucrados en la discusión de este tema o que deberán estar necesariamente involucrados, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros.

Pero además de ellos, es muy importante destacar el hecho de que se abra el espacio para que participen representantes de la sociedad civil; creo que eso es lo que debemos destacar, no podemos criticar este enfoque o esta propuesta de foros, porque justamente tiene la virtud de abrir el espacio del Senado de la República, o del lugar en donde se vayan a llevar a cabo los foros, a todas las voces que hay en nuestro país.

Y yo quisiera finalizar, simplemente diciendo, que yo no coincido con que éste sea un tema que se vaya a quedar circunscrito a la pantalla del Canal del Congreso.

Yo estoy seguro, estoy convencido, de que todos los medios, tanto la prensa escrita, como los medios electrónicos de este país, seguirán con interés y le darán la difusión suficiente a todas las discusiones que tengan lugar en estos foros. De eso no tengo ninguna duda.

Finalmente, celebro, como bien señaló el Senador David Penchyna en esta tribuna, que esta característica de que se abra a todas las voces, no es otra cosa que un signo de tolerancia y de generosidad para con todos los mexicanos, porque justamente, y en eso el Partido Verde coincide, lo que nosotros queremos es que a este país le vaya mejor, pero sobre todo, a cada mexicana y a cada mexicano le vaya mejor, y que en algunos años podamos estar aquí orgullosos de que hicimos bien nuestra tarea.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Habría que darle el peso específico a este Acuerdo. Hablar de un gran acuerdo que va a beneficiar a México, bueno, este es un Acuerdo para llevar a cabo foros de discusión, me parece que estamos subdimensionando, porque además, es uno de muchos más que ha habido y que habrá, me refiero al Acuerdo.

Hasta el momento, este Senado de la República se ha caracterizado por su apertura, análisis y discusión, que ha motivado las diversas reformas ya procesadas.

Las y los Senadores nos hemos distinguido por escuchar a todas las voces, a todos los que han tenido algo que opinar sobre estos temas.

Ha habido participaciones a favor y en contra de las reformas antes procesadas y hemos aprendido a escuchar.

Nos hemos dado cuenta de que todos tienen algo que aportar y se han tomado propuestas de todas y de todos.

Contrario a algunas voces que piden mayor celeridad en los temas que llaman reformas estructurales, este Senado ha sabido mantener la serenidad y tomado sus propios tiempos.

Esto habla de que hemos sabido actuar como una parte del Congreso madura, responsable y sensible.

Nunca la prisa ha dado buenos resultados. Podemos quejarnos unos y otros, que no nos deja plenamente convencidos el resultado de los trabajos, pues nuestras posturas son parte de nuestra ideología; pero no podemos decir que se han hecho atropelladamente.

Es por esto que mi fracción participa de este Acuerdo, por el que se establece el formato de debates sobre la reforma energética.

El antecedente más reciente lo tenemos justamente en lo que ya se mencionaba hace un rato, en la discusión en el año 2008. Y quiero decirles que en aquella ocasión no se discutía una reforma constitucional, sólo se trataba de reformas secundarias en materia de petróleo, hoy es distinto.

En aquel entonces la discusión se dio en 21 sesiones, desde el 13 de mayo y hasta el 22 de julio, y participaron 162 ponentes; reitero, no era modificación constitucional y sólo se trataba de la materia petrolera. Es preciso que las tres iniciativas presentadas por el PAN, el PRI y el PRD, más las que pudieran surgir, sean profundamente revisadas.

Nosotros, el PRD, no compartimos la visión de que los electores ya nos dieron, con su voto, la potestad de modificar cualquier cosa; no estamos autorizados a hacer lo que nos venga en gana, ni en este, ni en ningún otro tema, menos aún en materia del petróleo y la electricidad, menos cuando se trata de una decisión que afectará al futuro de las y los mexicanos.

Es por eso que este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, establece las líneas generales de la organización de dichos foros y deja en libertad a las fracciones para afinar los temas, los días y las y los participantes.

Escuchemos a los especialistas de todas las tendencias, escuchemos a los técnicos, a los trabajadores de la industria, escuchemos a los dirigentes sociales que tendrán todas y todos mucho que decir. Nosotros, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, estamos convencidos que nuestra propuesta energética es la que más le conviene al país, es una propuesta nacionalista, responsable, pero sobre todo rescata el orgullo de las y los mexicanos.

No es entreguista, le permitiría a México transformar a PEMEX en una empresa de Estado, de carácter internacional; le permitiría a la Comisión Federal de Electricidad ser una empresa que impulse la economía de México. No hace falta compartir la utilidad del petróleo mexicano con empresas transnacionales, tal como lo establecen el PRI y el PAN, mediante concesiones o contratos.

Me preocupa lo dicho ayer por el Secretario de Hacienda; decía que con o sin reforma constitucional los contratos de utilidad compartida van, es una afirmación que no tiene sustento. Basta con fortalecer a PEMEX con una visión de eficiencia y administración libre de corrupción y manejo político, porque esa es la historia de ese organismo.

Con nuestra propuesta tendríamos una verdadera estrategia nacional de energía, ausente en todos estos años. La postura del PRD obedece a una verdadera preocupación por la defensa de la soberanía.

Compañeras y compañeros, ¿consideran ustedes lógico que retiremos el petróleo y la energía eléctrica de nuestras áreas estratégicas, mientras se conserva el correo y el telégrafo? ¿Lo dicen en serio? ¿Cuidaremos con férreo celo el correo y el telégrafo y dejaremos al mejor postor nuestros energéticos?

Con este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tenemos las líneas generales para abrir el tema de la reforma energética; espero esto se convierta en una práctica y después en norma para otros temas futuros. La suscripción de este Acuerdo no significa un aval a un procedimiento legislativo que apenas inicia, habremos de estar vigilantes de que se respeten las voces y se incluyan las propuestas que seguramente se presentarán en éste y muchos foros más.

Debemos ser cuidadosos en extremo en una decisión trascendental como esta, en este tema no tenemos derecho a equivocarnos. Les recuerdo que ya existe una disposición constitucional en el artículo 35 fracción VIII, es el derecho de las y los ciudadanos a opinar sobre este tema; y nosotros, las fuerzas progresistas, lo vamos a impulsar.

En este tema no vamos a permitir simulaciones de diálogo, estos foros no sustituyen la opinión de las y los jóvenes, las y los trabajadores, las y los campesinos, las y los estudiantes, las y los profesionistas, las y los mexicanos. Serán ellas y ellos los que decidan sobre el futuro de nuestros energéticos, porque si el petróleo es de todos, pues que nos pregunten a todos.

Muchas gracias.


(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Sánchez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los Senadores del grupo parlamentario del PAN, estamos consientes de la necesidad y de la gran oportunidad para todos los mexicanos de impulsar una reforma energética; pero la que México necesita. Hemos sido claros al expresar que una de las claves más importantes en esta reforma está en comunicarla, en debatirla, en estudiarla a plenitud a efecto de que con argumentos válidos y sólidos aprobemos la mejor reforma que necesitan todos los mexicanos.

Son en el momento varias las propuestas; diferentes las visiones que discutiremos en este Pleno, por ello, estos foros coadyuvarán a un mejor entendimiento y a un debate de altura sobre la realidad y el contenido de esta reforma, acorde no solamente a las enormes amenazas y riesgos que tenemos en materia energética, sino también en el enorme potencial que tiene nuestro país en materia energética, y que hoy, a falta de una reforma de la naturaleza que necesita México, no estamos aprovechando.

Y no podemos cometer el grave error de subestimar la capacidad que tiene la gente para entender los beneficios que tiene una reforma de esta naturaleza. Por ello, hace rato decía el Senador Penchyna: “ningún tiempo es igual en diferentes épocas”. Esperemos que así sea y que aprobemos la reforma que hoy por hoy requiere nuestro país.

Por eso inician en próximos días estos foros, y queremos que sean amplios, que sean robustos y que se escuchen todas y cada una de las voces que quieran participar; que a nadie le quede la menor duda de que todos los temas fueron agotados a plenitud. Asimismo, debe señalarse que el esquema que surja de la deliberación de los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, así como de la discusión que tenga lugar en el Pleno de esta Cámara, tendrá que considerar la información que se genere en estos foros, por lo cual, más allá de definir un plazo específico, queremos agotar todos los temas a plenitud.

Este no es un tema de tiempo, señores, es un tema de aprobar la reforma que México necesita.

Ahora bien, el país requiere de equilibrios, requiere de consensos, requiere de atender los temas que son prioridad para todas y todos los mexicanos, no todo es económico. El PAN ha sido congruente, responsable y serio en sus posicionamientos al respecto; por ello exigimos priorizar la reforma político-electoral que hemos presentado en meses pasados y que se han comprometido a debatir en este Pleno; los Senadores del PAN hemos sido claros sobre la prioridad de aprobar esta reforma antes que cualquier otra.

Está claro que no puede haber un desarrollo económico sostenido y adecuado si no existe un esquema político-electoral estable, legítimo y transparente, y por ello, también preciso, no estamos condicionando a esta reforma amarrada a un calendario electoral, o apostándole que al gobierno le vaya mal, eso pasó en el 2008, lo hacemos porque los mexicanos requerimos un esquema político-electoral de libertades y de garantías para todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Con el Acuerdo sobre energía, en cuanto a la celebración de audiencias, recepción de puntos de vista y de opiniones, el Partido Revolucionario Institucional, que me honro en representar, abre e inaugura una expectativa esperanzadora, estamos en la primera fase, oír y escuchar; esencia de la política y sustancia del ser político.

Se trata de una de las reformas más significativas, de las más importantes, yo diría, en los últimos tiempos, nadie de los aquí presentes ignoramos que el gran problema de México es el problema social, entre insuficiencias de vivienda, entre problemas de hambre, entre generación de empleo y una síntesis formidable de todo ello. Podemos hacer una síntesis para afirmar que efectivamente el problema de México es la cuestión social, pero junto con la cuestión social hay que hacer un esquema, y el problema es que a la demanda social tiene que corresponderle una alternativa, y la alternativa tiene que ser la economía, mientras no haya una economía consistente, sólida, viable, justa y equitativa, los problemas sociales no van a tener solución, necesitamos una economía que sea factible de atemperar nuestros problemas sociales, por eso la reforma energética se convierte en una palanca muy relevante y muy importante, porque es indispensable fortalecer la economía, para que de la economía se pueda generar un impulso creativo de soluciones al problema social.

Pero con el problema, que es lo social, y junto con la alternativa, que es la economía, requerimos de un método; y el método, estimadas amigas y amigos Senadores, se llama “política”; política en la más pura de sus expresiones, no politiquería, y perdonen la expresión, no peyorativamente, tampoco grilla, política como oportunidad de darle conducción, opciones y alternativas a la sociedad. Si conjuntamos, entonces, el problema de lo social con la alternativa de la economía y con el método de la política, estamos ciertos que habrá oportunidades de encontrar espacios nuevos.

Dentro de las propias diferencias que en la pluralidad de un Senado republicano y federalista como en el nuestro existen, hay también síntomas que hablan de unidad; la democracia es diversidad, la democracia es pluralidad, pero también, la democracia habla de la indispensable unidad del Estado mexicano. El Partido Revolucionario Institucional fija posición para apostar por una democracia eficaz y eficiente, al inaugurar, con el Acuerdo que hoy se somete a su consideración, una serie de foros para oír, escuchar y recibir, sin dogmatismos, sin prejuicios, sin ortodoxias, apostamos a la bondad, a la buena fe y a la confianza en México.

Nadie, absolutamente nadie, puede construir aquello en lo que no cree; creamos todos en la democracia, apostemos por la democracia, hagamos un ejercicio para pensar que la democracia es factible y alcanzable.

Esa es la posición de nuestro partido, respeto, dignidad y fidelidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fidelidad a la ley, fidelidad al pueblo mexicano. Pero instrumentos viables en una época de transformaciones, cambian los métodos, la revolución energética del siglo XXI ha producido grandes transformaciones, para algunos todavía no alcanzables, pero los principios, esos sí prevalecen, y el principio de rectoría del Estado y el principio de la propiedad de hidrocarburos y de petróleo, habrá de preservarse a toda costa.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Enrique Burgos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

 - El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.





 

Informo a ustedes que recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se establecen las normas para el análisis del I Informe de Gobierno.

Dicho Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaria dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para hablar en contra del Acuerdo.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se le concede la palabra al Senador Javier Corral, para hablar en contra.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

En realidad, mi punto de vista más que estar en contra del contenido de este Acuerdo, tiene que ver con alertar al Senado de la República y, sobre todo, a la oposición congresional en este Senado, de una ausencia delicada y, diría yo, lamentable.

Por insospechados motivos, la Junta de Coordinación Política no ha propuesto que el Secretario de Gobernación concurra ante este Pleno.

Me parece verdaderamente delicado que el responsable de la política interior, el responsable de la interlocución con el Congreso y, ahora, encargado de la seguridad pública, no venga a comparecer ante el Pleno de la Cámara de los Senadores.

Fue el propio Presidente de la República y el Secretario de Gobernación, Osorio Chong; los que se empeñaron, hace un año, en que reformáramos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotar al Secretario de Gobernación de nuevas y poderosas facultades, e incluso otorgarle el mando de la Policía Federal.

Esa concentración de funciones y de facultades fue criticada por varios de nosotros. Advertíamos que iba a suceder lo que ha sucedido, el Secretario de Gobernación ha descuidado la interlocución con el Congreso y ha fracasado como policía.

Tiene que venir al Pleno a rendir cuentas de las facultades y nuevas competencias que el Congreso le dio, no prestigia al PRI evitarle al encargado de la interlocución con el Congreso su comparecencia ante el Pleno. De hecho confunde y manda un mensaje absolutamente ruinoso, en términos de conducción política en el gobierno federal, que se opte por traer al Pleno al Secretario de Hacienda y Crédito Público y no al Secretario de Gobernación.

Ese es un mensaje que a diario repite el Ejecutivo Federal. Está bien, si le han querido dar mayor representatividad, interlocución e influencia política al Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre el Secretario de Gobernación, esa ha sido una decisión del Presidente Peña Nieto, pero el Senado no puede hacerse eco de esa confusión que se ha venido trasladando en los hechos al hacer más interlocutor de asuntos políticos al Secretario de Hacienda y Crédito Público que al Secretario de Gobernación.

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la base fundamental de la función de control del Congreso en materia de informes y de comparecencias.

Los artículo 266 y 267 de nuestro Reglamento regulan la base constitucional. Es lo que se conoce como facultades de control que se realiza, dice el artículo 266 del Reglamento, a través de preguntas parlamentarias o de comparecencias de los Secretarios de Estado para que respondan preguntas o interpelaciones. Y el artículo 267 dice: se puede realizar en el Pleno, en comisiones o en ambas.

Le hago una pregunta a los Coordinadores Parlamentarios.

¿Cuál fue el criterio para que al Pleno venga sólo Videgaray y Meade, y no venga Osorio? ¿No le conceden importancia al representante y al encargado de la interlocución política con el Congreso?, o ¿ya Osorio renunció, también, formalmente a esa atribución, como en los hechos ha renunciado?

O sea, ¿le conceden, en naturaleza jurídica de funciones y facultades del Senado, más importancia a la comparecencia en el Pleno de Luis Videgaray que de Osorio Chong?
No, el que tiene que estar en este Pleno frente a nosotros es Osorio Chong.

Dice, incluso, el artículo 267 del Reglamento, que el desahogo de la comparencia para el análisis del informe, debe realizarse temáticamente; y en lista, en primer lugar, política interior.

Yo espero que subsanen esa omisión, porque enviaría mensajes funestos al país y, obviamente, haría a un lado a esta representación nacional.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Javier Corral.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo siempre espero que la comunicación dentro de los grupos parlamentarios sea eficaz. En mi grupo parlamentario todas y todos los Senadores saben que este Acuerdo que estamos poniendo a consideración del Pleno, se refiere a sólo dos comparecencias, y que hay un acuerdo para que comparezca el Secretario de Gobernación en el Pleno; en mi grupo sí hay comunicación, y sí hay información, por aquello de emplazar a los coordinadores a que digan porqué acordaron un acuerdo de esa naturaleza, sí, que cite al Secretario de Gobernación.

Lo dejo en claro para que no quede generalizada esta desinformación en el Senado y entre grupos parlamentarios.

En el grupo parlamentario del PRD, sí hay información en ese sentido.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero informarle a este Pleno, que no está concluido el acuerdo de las comparecencias de los funcionarios y los titulares de la Secretarías de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto.

La Junta de Coordinación Política anunció sólo estas dos, porque está definida la fecha para que vengan a comparecer. Tenemos pendientes la fecha en que vendrá el Secretario de Gobernación.

Tendremos pendientes también las fechas en las que van a comparecer en comisiones la Secretaria de Salud, la Secretaria de Desarrollo Social y el Secretario de Economía.

No está terminado el acuerdo. Yo respeto lo que ha dicho el Senador Corral, veo su enorme preocupación de que venga el Secretario de Gobernación. Fue un compromiso que el Presidente Peña cumple y vendrá el Secretario de Gobernación.

El día de hoy quise hacer contacto con él, está en la sierra de Guerrero. No he tenido contacto ni con él ni con la Secretaria de Salud ni con la de Desarrollo Social. Por eso pedí que metiéramos estos porque es el jueves la comparecencia del Secretario Videgaray; pero el próximo martes estaremos desahogando, como se acordó con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Desde aquí quisiera agotar muy rápidamente una alusión personal y una rectificación de hechos.

Yo señalé la ausencia del Secretario de Gobernación en el Pleno, yo no omití que fuera a venir el Secretario de Gobernación a comisiones, como ha sido hasta este momento el proyecto de acuerdo, en donde dos secretarios vienen al Pleno y los demás se están pensando para comisiones.

Ahora ya el tema es de fecha para el Secretario de Gobernación, para el Pleno, espero que sea así, y entonces si así es, es una buena rectificación.

La vez pasada decíamos: “La política no sabe rectificar”.

Qué bueno que se empieza a saber rectificar.

¿Saben por qué? Se le está mandando un mensaje indebido al país, no nosotros, que el encargado de la interlocución política no es Osorio, que es Videgaray.

¿Quién fue al primero? ¿Cómo se concertaron las fechas?

Al interlocutor del Congreso no se le puede poner una fecha y a los otros sí.

No, yo creo que a veces hay un equívoco, en términos de la clase política, de querer cuidar y terminan más raspados ciertos encargados de despacho del gobierno de la República.

Entonces, yo creo que Osorio debe venir al Pleno. Tiene muchas facultades brindadas por este Congreso, de las que tiene que dar cuentas, tiene que rendir cuentas aquí, aquí tiene que ser interpelado, aquí tiene que ser cuestionado, ¿qué hizo con las facultades que le dio el Congreso en un doble esquema de política interior, de derechos humanos y de policía? ¿Cómo está el tema de la seguridad en el país con el que tanto medraron?

Espero que Osorio venga al Pleno a responder cuestionamientos puntuales.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Parece que las cosas no son de rectificación de hechos, son solamente de la información con la que se cuenta.

Para el coordinador del grupo parlamentario del PRD y para las Senadoras y Senadores de este grupo parlamentario, tenemos claro que el Secretario de Gobernación va a comparecer en el Pleno, que no se ha fijado fecha, pero que va a comparecer en el Pleno.

Y no es a partir de ninguna rectificación de hechos, Senador Javier Corral. Es a partir de la información que nosotros tenemos de los acuerdos que se tienen construidos con los otros coordinadores de los grupos parlamentarios, que incluye al coordinador del Partido Revolucionario Institucional.

Gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Nada más para puntualizar, señor Presidente.

Hay cortesía legislativa a los Secretarios de Estado, a los funcionarios de gobierno. Yo le hablé personalmente al Secretario de Gobernación y me dijo: “Déjame salgo esta semana de la tragedia que estamos viviendo, que no se había vivido en este país desde que yo tengo uso de razón”.

Por eso no está la fecha del Secretario de Gobernación. Desde luego vendrá.

La Comisión de Gobernación y la Comisión de Seguridad Pública, son testigo que el viernes pasado comió con ellos aquí, él ha cumplido puntualmente con su responsabilidad. Hoy está atendiendo, por instrucciones del Presidente de la República, una tragedia donde hay más de 80 muertos y miles de damnificados en muchos estados de la República. Desde luego estará, pero le correré en la atención de su agenda.

Traté de fijar que fuera primero el Canciller, somos copartícipes de la política exterior del Presidente y le dije que si podía la próxima semana, y me dijo: “Estaré fuera de México toda la semana acompañando al Presidente Peña”.

Por eso no hay fecha con el Secretario de Gobernación.

El martes pasará un acuerdo firmado por la Junta de Coordinación Política, desahogando al Secretario de Gobernación en el Pleno; y en comisiones a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaria de Salud y al Secretario de Economía.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gamboa Patrón. Con toda esta información al Pleno, normarán su criterio de votación.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, en vista que no tengo la oportunidad de participar en la Junta de Coordinación Política, porque aquí se discriminan a los legisladores que no tenemos fracción parlamentaria, como si la Constitución no hablara de Senadores simplemente. Quiero insistir en el punto de Acuerdo que presenté para que se convoque al Secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de Marina a que comparezcan también en este Pleno.

Creo que sería muy saludable para inaugurar por primera vez en la historia, que el Secretario de la Defensa venga a comparecer ante los legisladores.

Yo creo que ellos tienen hoy una responsabilidad sumamente importante. Desde que era Diputada, sabíamos ya, tenemos la información por el mismo Secretario de Seguridad de entonces, que 10 mil integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública eran militares y hoy son más todavía.

Entonces, creo que aquí se gobierna mucho con la mano militar, y si es verdad que nadie le puede regatear el Ejército ni valor ni lealtad, sí se le regatea transparencia.

Entonces, creo que sería importante que cuando menos lo discutieran en la Junta de Coordinación Política, a ver si podemos rozarlos con el pétalo de una invitación.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadora, estaba en el Orden del Día de hoy, se va a desahogar en el siguiente y va a ser muy oportuno con el otro punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Gracias por su intervención.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, daremos turno a las proposiciones que se refieren a las solicitudes de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014, y que para procurar el oportuno conocimiento y atención de sus contenidos, se turnarán de manera directa.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.
PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador Isaías González Cuevas, un punto de Acuerdo que exhorta a otorgar un mayor monto de recursos económicos a programas de infraestructura para el estado de Baja California, Sur, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, OTORGUE UN MAYOR MONTO DE RECURSOS ECONOMICOS QUE LOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, A PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El que suscribe ISAIAS GONZALEZ CUEVAS, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II y 276 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la Consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados, para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, otorgue un mayor monto de recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, debidamente etiquetados en la partida correspondiente a programas de infraestructura para el Estado de Baja California Sur, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Baja California Sur, es un Estado eminentemente turístico, en buena medida, los ingresos en el Estado dependen de sus riquezas naturales que le permiten estar considerado dentro de los mejores destinos a escala mundial, la afluencia turística que tiene nuestra entidad así lo demuestra.

Para ejemplificar la belleza con que cuenta mi estado, me permito platicarles que los Cabos es cabecera municipal de San José del Cabo, siendo la ciudad más importante Cabo San Lucas, este municipio es uno de los destinos turísticos más importantes de México. Por otra parte la Ciudad de La Paz se caracteriza por poseer hermosas playas, ideales para el descanso y la recreación, como la práctica de deportes acuáticos. Cerca de tres mil especies de animales marinos habitan en el Mar de Cortés, y justamente por esta riqueza biológica es considerado uno de los escenarios naturales más maravillosos del mundo.

Sin duda, Baja California Sur es un paraíso natural, sin embargo, como en todas las cosas no todo es perfecto, mis paisanos viven una realidad muy diferente, existen en todos y cada uno de los municipios que conforman la entidad, graves problemas derivados de la insuficiente infraestructura, como son el relleno sanitario, drenaje, alcantarillado e infraestructura hidráulica, entre otros más.

Relleno Sanitario

Por lo que hace al relleno sanitario, este problema no es exclusivo de un solo municipio, por mencionar un caso, en el pueblo mágico de Todos Santos el actual basurero está al límite de su capacidad, por un lado, y además la irregular quema de basura, ya es algo común en todos los municipios lo que conlleva una importante contaminación ambiental; aunado a esto, se tiene problemas con los ejidatarios de la zona. En este mismo tema, es gravísimo pensar que municipios como Loreto, que es un destino turístico, no cuentan con infraestructura de relleno sanitario, en lugares como la Paz y Los Cabos es inminente la necesidad de ampliar y reubicar los rellenos sanitarios e instalar plantas recicladoras de desechos sólidos.

Drenaje y Alcantarillado

Por lo que hace al tema de drenaje y alcantarillado, en Baja California Sur ninguno de los cinco municipios tiene sus redes de alcantarillado funcionando al 100%, principalmente, porque estas ya son muy antiguas y por tanto obsoletas de más de cuarenta años. En el caso particular de Santa Rosalía su red de alcantarillado se está colapsando, en Guerrero Negro el crecimiento poblacional ha rebasado la capacidad municipal para atenderlo.

En la ciudad de la Paz, la reposición de las redes rebasa los costos presupuestales y del ayuntamiento y, solo atiende la reposición en los casos de siniestros que se generan por fenómenos meteorológicos y con los fondos que se destinan derivados del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.

En el Municipio de los Cabos, es preocupante el fenómeno que se presenta, por los irregulares asentamientos humanos y el crecimiento desmedido de la población, que al igual que en otros municipios ha rebasado el presupuesto designado, tanto del gobierno estatal como municipal, esta situación incide de manera directa y apremiante en un alto grado de insalubridad que se presenta en los núcleos de la población con mayor desventaja, que carecen de servicios de alcantarillado y drenaje. Por otro lado, en aquellos municipios donde si existen redes de alcantarillado y drenaje, ante los constantes fenómenos hidrometereologicos, el colapso en general y el derrame de aguas negras, pone en serio peligro a su población, afectando zonas comerciales y a la infraestructura del sector hotelero y portuario.

Otros temas que preocupan de manera apremiante a un servidor, a los sudcalifornianos y a las autoridades de mi estado, son los referentes a la infraestructura hidráulica de la entidad, los rellenos sanitarios, las plantas tratadoras de aguas residuales, las plantas recicladoras de basura, y la red de agua potable y su abasto, las cuales siguen siendo incipientes, además de que ni los mantos acuíferos, ni las precipitaciones pluviales son suficientes para dotar de agua potable a la población de toda la Entidad.

Infraestructura Hidráulica

La extracción de agua para la producción agrícola, ganadera, habitacional e industrial afecta seriamente los mantos friáticos, por lo que deben fortalecerse los programas hídricos a partir de políticas para la construcción de presas y obras retenedoras que fortalezcan los acuíferos y si vamos más allá, que en la zonas  rurales y ganaderas se continúe con los programas de represas y ollas de agua para abatir las sequias recurrentes que afectan la productividad.

En los Cabos la planta desalinizadora recientemente ha sido ampliada, sin embargo como ya lo he señalado, por el crecimiento poblacional, sigue siendo insuficiente para brindar la atención necesaria a la población, aun y cuando se cuenta con el suministro del Acueducto San José del Cabo, no se ha resuelto la atención mínima a mis paisanos, es necesario se considere como urgente y de inmediata atención una nueva planta desalinizadora para la entidad.

No quiero obviar la situación por la que pasan los 5 municipios sudcalifornianos, los cuales requieren que sea atendida la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, es imperdonable que en municipios como Santa Rosalía y Guerrero Negro su capacidad y operación es rebasada por la demanda poblacional, además de que su funcionamiento sea totalmente obsoleto e insuficiente. En Ciudad Constitución las instalaciones además de antiguas e insuficientes, representan un gran costo, mismo que es infructuoso para el erario público debido a su nula operatividad. En el caso concreto de La Paz, actualmente se encuentra operando en un 60%, y por lo que hace a Los Cabos la planta de tratamiento es también antigua y su capacidad se encuentra peligrosamente rebasada por lo que debe de atenderse con prioridad, ya que los constantes derrames que se generan afectan insalubremente los mantos friáticos que a su vez sufren agotamientos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, otorgue un mayor monto de recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, debidamente etiquetados en la partida correspondiente a programas de infraestructura para el estado de Baja California Sur, a fin de proceder en lo inmediato a la realización de las obras que la población requiere de manera urgente.

SEGUNDO. El Senado de la República Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el rubro específico de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinen mayores recursos para los proyectos de modernización y ampliación de obras de infraestructura de Rellenos Sanitarios y plantas recicladoras de basura, para el Estado de Baja California Sur, en especial para los municipios de La Paz, Loreto y Los Cabos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a que en materia de agua potable y alcantarillado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, contemple en la planeación y elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, se etiqueten más recursos para la realización de obras de infraestructura hidráulica, red de agua potable, drenaje y plantas tratadoras de aguas residuales. Asimismo, aumente el presupuesto destinado al abasto suficiente de agua potable en el estado de Baja California Sur.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Isaías González Cuevas”.





 

De la Senadora Marcela Torres Peimbert, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a asignar a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10 por ciento del monto total de la recuperación esperada para 2014, por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el concepto de tabacos labrados, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A ASIGNAR A LA SECRETARIA DE SALUD RECURSOS ADICIONALES DE POR LO MENOS EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA RECAUDACION ESPERADA PARA 2014 POR IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE TABACOS LABRADOS, A EFECTO DE IMPULSAR CAMPAÑAS DE PREVENCION DE TABAQUISMO

Marcela Torres Peimbert, Senadora de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, numeral 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014, se asignen a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10% del monto total de la recaudación esperada para 2014 por IEPS en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo, fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del tabaquismo y otras adicciones, así como para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del tabaquismo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 4° Constitucional, en México toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es otras palabras, velar por la salud de las y los mexicanos constituye no solamente una obligación del Estado mexicano, sino también derecho fundamental de los habitantes de nuestro país.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso”1.

Contexto consumo de tabaco en México

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más alarmantes de la actualidad para la salud pública, tanto por las muertes de las que es responsable, como por la gran cantidad de recursos que implican los padecimientos relacionados al consumo de tabaco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como una epidemia global.

Las muertes atribuibles al tabaquismo se estiman  en alrededor de 6 millones de personas por año, tan solo en México son 66 mil. En la actualidad, se estima que alrededor de 1,000 millones de personas consumen tabaco en todo el mundo, por lo cual, se prevé que el número de muertes excederá los 8 millones de personas para 2030, la mayoría en países en vías de desarrollo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco y la exposición a su humo se mantienen como la primera causa de muerte prevenible ya que es un factor de riesgo para 6 de las 8 principales causas de muertes en el mundo.  Investigaciones realizadas revelan que personas que empiezan a fumar tabaco durante la adolescencia y siguen haciéndolo durante 20 años, vivirán entre 20 y 25 años menos de aquellas que nunca probaron el cigarrillo.

En 2004, México ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) comprometiéndose a establecer políticas públicas para disminuir la incidencia de esta epidemia en el país. La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT) surge como respuesta este compromiso internacional adquirido por el Gobierno de México. 

Tanto el CMCT como la LGCT contemplan un diseño integral en la que  es necesario impulsar todas las medidas de control para incrementar el éxito de las políticas públicas. Las campañas de prevención, y los programas de tratamiento y control del tabaquismo son parte esencial de las políticas públicas encaminadas a controlar este grave problema. En el artículo 11, el CMCT establece la necesidad de advertir sobre los peligros del tabaco, y en el artículo 14, la obligación de ofrecer ayuda para dejar el consumo. En este sentido, la LGCT plasma estas directrices en los artículos 10, 18, 19, 20, 21 y 22.

Las cifras respaldan la necesidad de evitar que un mayor número de personas, especialmente los jóvenes, ingresen a las filas del tabaquismo. La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011) reporta una prevalencia de consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que representa 17.3 millones de mexicanos fumadores, de los cuales, 5.2 millones son mujeres.

En los jóvenes la situación es más alarmante pues, este sector de la población, junto con la población femenina, es el principal objetivo de la industria tabacalera. De acuerdo a la ENA 2011, entre 2002 y 2011, la población de menores de edad fumadores aumentó en poco más de tres puntos porcentuales.  De acuerdo con la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes 2011 (ETJ 2011) el 14.6% de los adolescentes entre 13 y 15 años fuman cigarrillos actualmente, y 42.8% alguna vez lo han probado.

Según información del Instituto Nacional de Salud Pública, un estudio de 2009 determinó que los cigarrillos en México ocupaban el cuarto lugar en asequibilidad (medida según el porcentaje del PIB por individuo  necesario para comprar 100 cajetillas en 2006) de 16 países de ingresos medios.51 La cantidad de tiempo que una persona debe trabajar para comprar una cajetilla de cigarrillos es considerablemente menor en México (22 minutos) que en otros países, entre ellos el Reino Unido (35 minutos) y China (42 minutos). Según lo describe el siguiente capítulo en más detalle, los impuestos al cigarrillo en México también son bajos en comparación con países de altos ingresos, donde son comunes las tasas impositivas equivalentes al 75% del precio al consumidor.

El nivel del IEPS para los cigarrillos con filtro ha cambiado varias veces en los últimos años. Era del 139.3% entre 1981 y 1985, del 180% entre 1986 y 1988, del 160% entre 1989 y 1990, y del 139.3% entre 1991 y 1994. Entre 1995 y 2000, disminuyó al 85%. Desde el año 2000, el porcentaje ha aumentado de manera uniforme, hasta alcanzar el nivel actual del 160%. Los aumentos en 2007, 2008 y 2009 forman parte de un aumento progresivo aprobado a finales de 2006.

La tasa impositiva para los cigarrillos sin filtro aumentó del 20.9% al 60% en 2002, y luego al 80%, 100% y 110% en los tres años siguientes. Desde 2005 se ha aplicado la misma tasa a todos los tipos de cigarrillos, con excepción de los fabricados enteramente a mano. El IEPS actual para los productos de tabaco manufacturados es del 160% del precio al minorista, y para los productos de tabaco hechos enteramente a mano es del 30.4%.

Hace tan solo algunos años, a partir de la entrada en vigor de la entrada en vigencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), México fue uno de los principales países que estableció etiquetado con imágenes fuertes en las cajetillas de cigarrillos, asimismo se  incrementó el impuesto a estos productos, sin embargo por falta de actualización el impuesto se quedó rezagado, situación por la cual resulta necesario actualizar el monto del Impuesto Especial que se le aplica al tabaco.

Cabe señalar que en la fracción VI, del artículo 10, de la Ley General de Consumo de Tabaco, se contempla, como facultad de la Secretaria de Salud diseñar campañas que ayuden a disminuir  y prevenir el consumo de productos de tabaco.

Respecto a la recaudación del IEPS de tabacos labrados:

• Durante el primer semestre de 2013, los ingresos tributarios no petroleros registraron un incremento real de 5.1 por ciento en parte debido a que la recaudación por IEPS aumentó 9.4 por ciento en términos  reales debido al incremento de precios de los cigarros a finales de enero.

• En lo que va del año, la recaudación por IEPS a tabacos labrados ha sido superior en 6.6 millones de pesos a lo estimado (Tabacos Labrados: estimado17,162.2; recaudado 17,168.8).

Ni un solo centavo de los recursos recaudados por este impuesto especial se ha destinado a inhibir el consumo de tabaco en nuestro país, situación por la cual no es de extrañarse que en México se registren aproximadamente 44 mil decesos al año asociados al tabaquismo; es decir, entre 114 y 122 diarios, los cuales podrían incrementarse de manera exponencial y alarmante.

En nuestro país existen 17.7 millones de fumadores, de los cuales 12.30% son niños y adolescentes, México es el país más rezagado de la región latinoamericana en regulación de la venta y consumo de cigarros, según Matthew Myers, presidente de la Campaña niños libres de Tabaco.

En el país cada fumador adulto consume 6.6 cigarros al día según la Encuesta Nacional de Adicciones, mientras que los adolescentes fuman 4.1.

Prevalencia en jóvenes

• Aumentó al igual que en la población femenina.

• Son el principal target de la industria tabacalera.

Concepto

2002

2008

2011

Consumo

Consumo activo en población de 12 a 17 años

9.00%

11.50%

12.30%

Adicción (primer cigarrillo del día durante la primera media hora después de levantarse)

12 a 17 años

ND

3.20%

7.10%

Exposición al humo de tabaco

12 a 17 años

ND

27.30%

36.40%

Tabaco como puerta de entrada

Del Tabaco al uso de otras drogas: ¿el uso temprano de tabaco aumenta la probabilidad de usar otras drogas?

• El tabaco constituye una droga de entrada.

• El riesgo de probar drogas como la cocaína y la mariguana se incrementa con la severidad del patrón de consumo de alcohol y tabaco.

• La edad más frecuente de inicio en el consumo de tabaco es entre los 13 y 14 años.

• Los factores de riesgo entre los adolescentes para el inicio en el consumo de drogas están relacionados con la oportunidad de consumo, la disponibilidad de sustancias y la tolerancia social a esta práctica.

• La edad de mayor probabilidad para experimentar con sustancias ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.

• Aquellos que reportaron haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 15 años de edad reportan también un mayor porcentaje de experimentación con drogas.

• La probabilidad de consumir drogas como la marihuana o la cocaína aumenta significativamente ante una disminución en la edad de inicio en el consumo de tabaco.

• Solamente en 5.6% de los usuarios de drogas y 13% de los usuarios de alcohol, el consumo de tabaco NO ocurrió primero.

Necesidad de destinar recursos del IEPS a tabacos a acciones específicas en materia de salud pública, campañas de prevención de tabaquismo, fortalecimiento de Programas de prevención, control y tratamiento del tabaquismo y otras adicciones.

El domingo 8 de septiembre el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó su paquete de reforma hacendaria, cabe mencionar que dentro dichas reformas la tasa aplicada a los tabacos labrados no se modificó, señalando que la recaudación esperada para 2014 por IEPS en este concepto es de 37,208.4 millones de pesos.

Es cierto que el IEPS a tabacos labrados tiene un fin recaudatorio, no obstante se debe considerar que el fin extra fiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para combatir el consumo de tabaco, así como las enfermedades que produce.

En este contexto, el impuesto especial debe tener como principal fin proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan el tabaquismo y las enfermedades relacionadas con él, considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de esta adicción, o bien, para financiar a la sociedad civil organizada que se encarga de proyectos de prevención y educación en materia de adicciones.

El fin de imponer un impuesto especial a un producto para desincentivar su consumo, le impone al Estado la obligación de destinar parte, o la totalidad de los recursos recaudados, para impulsar la realización de más campañas de prevención, así como fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del tabaquismo, resulta también necesario destinar recursos de manera específica para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del tabaquismo. Destinar estos recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para la realización de las acciones específicas antes descritas, permitirá que el Estado mexicano cumpla con el mandato constitucional contenido en el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014, se asignen a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10% del monto total de la recaudación esperada para 2014 por IEPS en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo, fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del tabaquismo y otras adicciones, así como para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del tabaquismo.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de diciembre de 2013.

Atentamente,

Sen. María Marcela Torres Peimbert”.

1 Jurisprudencia 136/2008, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008, página 61, cuyo rubro establece: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSBILIDAD SOCIAL”





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, un punto de Acuerdo que exhorta a que se asignen mayores recursos presupuestarios a la función salud, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014 SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LA FUNCION SALUD, COMO PROPORCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO; A LOS SERVICIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LA POBLACION NO DERECHOHABIENTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUBIERTOS POR EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

“El suscrito, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del PEF 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios: A la Función Salud, como proporción del Producto Interno Bruto; A los servicios de salud dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud., de conformidad con los siguientes;

CONSIDERANDO

Que el Sistema Nacional de Salud Pública está conformado por dos vertientes que atienden a poblaciones con características muy particulares: en el Sistema de Seguridad Social en Salud, la población que labora en la economía formal (sector público, privado y social), denominada “población  derechohabiente”, se conforman con instituciones que se han construido a partir de esquemas contributivos, porque se financian con cuotas aportadas por los trabajadores, los patrones y el Estado;

Que en relación a la composición pública y privada del gasto en salud en México, en tanto en el año 2000 el gasto público en salud fue de 2.4, en 2011 fue de 2.9; y el gasto privado pasó de 2.7 en 2000 a 3.3 en 2011, es decir la proporción fue de 47% público y 53% privado en 2000 contra 46.7 público y 53.3 privado en 2011. Aunque el gasto público en salud en México ha aumentado a más del doble desde 1990, año en que representó el 1.8, aún es bajo respecto al promedio de los países de la OCDE donde la proporción del gasto público respecto al gasto total en salud es del 70%, y el gasto privado representa el 30%. En países como Argentina las proporciones son: 60% público contra 40 privado; Brasil 47 publico contra 53 privado y Chile 47 público contra 53 privado.

Que por su parte, el Sistema de Protección Social en Salud comprende un conjunto de instituciones y programas orientados hacia la población desempleada, que labora en la economía informal, que se encuentra en estado de pobreza, vulnerabilidad o marginación, carentes de ingresos o con ingresos tan bajos que están impedidos para contribuir en el sistema de seguridad social, denominada “población no derechohabiente” o “población abierta”; que este sistema es considerado un instrumentos redistributivos por excelencia, porque buscan impedir que las familias de más bajo recursos caigan en gastos catastróficos;

Que en 1983 se aprobó dos reforma al artículo Cuarto Constitucional, y se estableció el derecho universal al acceso a la salud.

Que en el año de 1998, inició el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, como un instrumento para atender a la población abierta de las entidades Federativas del país, entre otros;

Que en el año 2003 se creó el Seguro Popular, con el objeto de prestar los servicios de salud a toda la población no derechohabiente del país;

Que por los importantes efectos redistributivos que implica desarrollar esta política pública, esta estrategia potencializa la actividad económica, porque incrementa las capacidades físicas y mentales de los individuos, lo que repercute en la productividad del factor trabajo, y como efecto final, en el producto social;

Que como en el caso de la educación, la salud constituye la infraestructura social requerida para el desarrollo.

Que existe una relación viable entre el mejoramiento de la salud y la productividad económica, ya que ambos concurren a la formación y conservación del capital humano. La falta de salud afecta directamente la fuerza de trabajo y tiene profundas repercusiones en la economía, ocasionando la pérdida de trabajadores como unidades económicas, bien por muerte prematura o reducción del tiempo y la capacidad de trabajo. La salud es necesaria para mantener y mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y para permitir que los niños utilicen eficazmente las inversiones en educación, necesarias para el desempeño de sus  funciones futuras. Es evidente y lógico, que la salud constituye un elemento esencial del desarrollo económico a largo plazo;

Que sin  embargo, esta visión de mantener una política activa en la inversión pública en materia de salud, para potencializar sus efectos multiplicadores en la productividad del trabajo y en el producto social, se mantuvo hasta el año de 1982, cuando se presentó un cambio en el modelo económico en el país. Las políticas intervencionistas fueron fuertemente cuestionadas, se reorientó las funciones gubernamentales, aplicándose tres medidas que tuvieron como resultado reducir la participación del Estado en la economía: se privatizaron las empresas públicas, se desregularon diversas actividades principalmente financieras y, se liberalizó la economía para suprimir las barreras comerciales e insertarla a la nueva dinámica global;

Que en específico, el gasto público presentó fuertes contracciones afectando rubros importantes como la inversión para la infraestructura social, el Estado se retiró de sus funciones trascendentales, bajo la hipótesis que sería el mercado quién iba a realizarlas. Tres décadas después de tomada esta decisión, existen incentivos para que la inversión pública sea nuevamente un instrumento poderoso para reactivar la economía del país;

Que son dos elementos para abrir el espacio para la intervención pública. En primer lugar, la existencia de ineficiencias generadoras de fallas del mercado; en segundo lugar, la existencia de situaciones socialmente indeseables en términos de redistribución. Sobre el primer aspecto, una de las principales aportaciones de la economía del bienestar fue el descubrimiento de las fallas del mercado. Según ella, no siempre los precios de mercado aseguran la consecución de un resultado eficiente o un equilibrio competitivo, esto debido a que aun cuando haya una situación de equilibrio de mercado, los precios no reflejan la valoración marginal de los consumidores o el costo marginal de una unidad adicional de los productos, lo cual da lugar a una utilización errónea de los recursos (sobre o subutilización). Desde esta perspectiva, se abre la posibilidad de introducir la justificación de la intervención del Estado siempre y cuando los resultados de este secondbest (mejor a la segunda) sean superiores a los alcanzados en el mercado;

Que en efecto, dentro del Sistema Nacional de Salud, existe un conjunto de instituciones privadas, guiadas por las leyes del mercado, que hacen asequibles este servicio a un estrato poblacional de ingresos medios y altos, que tienen capacidad para demandar tales servicios sin caer en gastos catastróficos. Son empresas cuyo objetivo es maximizar sus utilidades, en muchas ocasiones anteponiéndolo a su deber moral de darle atención médica a la población. En este sentido, el Sistema Nacional de Salud Privada presenta una falla de mercado, como su lógica de funcionamiento es la ganancia, renuncian a proporcionarle este servicio a la población de bajos ingresos en condiciones de pobreza, marginalidad o vulnerabilidad. Otra falla de mercado está relacionada con la localización, estos centros de atención privados se ubican en ciudades urbanas, con población de ingresos medios y altos. Las comunidades rurales carecen de este tipo de servicios médicos, el Estado tiene que corregir esta falla, ubicando clínicas en localidades escasamente pobladas, de difícil acceso y donde generalmente habitan poblaciones de situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad;

Que en síntesis, las funciones más importantes que tiene la inversión pública en salud es corregir las fallas que el mercado genera en la provisión de estos servicios, haciéndolo asequible a la población que se encuentra en situación de pobreza, marginalidad o vulnerabilidad; también le permite cumplir al Estado con su tarea irrenunciable de redistribuir la riqueza, haciendo accesible los servicios a estos estratos poblacionales, e impidiendo que las familias de bajos ingresos caigan en gastos catastróficos;

Que en el presente, el Estado mexicano en su función de corregir las fallas de mercado, ha realizado inversiones para constituir y fortalecer las dependencias y los programas que conforman el Sistema Nacional de Salud Pública;

Que los programas y sus características más importantes en el Sistema de Protección Social en Salud son los siguientes:

1.- Seguro Popular. En el año 2003, se creó este Seguro, como un instrumento que establece los lineamientos para incorporar gradualmente a todos los mexicanos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición laboral. De esta manera, el Estado garantiza el acceso, sin desembolso en el momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, adscritos en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud. Además, se incluye el concepto de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo.

2.- El FASSA. Como un elemento del Ramo 33 del PEF, tiene como objetivo disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega del medicamento. Con el FASSA se atiende a las personas que no tienen un empleo formal con acceso a seguridad social. El fondo busca preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y una mayor equidad del gasto público al distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación, la cual busca otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y rezagos.

3.- Oportunidades y Cirugía Extramuros. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud participa en la operación de estos programas. Esta comisión incorpora en forma complementaria las acciones del componente de salud de Oportunidades centradas en la provisión de un paquete de servicios sobre todo del primer nivel de atención, en impulsar una mejor nutrición y reforzar los procesos de auto cuidado de la salud. Por su parte, a través de Cirugía Extramuros la Comisión trata de reforzar el acceso universal a los servicios del primer nivel de atención, con el apoyo financiero de la Fundación TELMEX; busca acercar la atención a los lugares de mayor rezago y genera campañas quirúrgicas.

4.- Programa IMSS-Oportunidades. Su objetivo es contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura. La población que carece de seguridad social adscrita a este programa, que habitan prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, puede mejorar su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto cuidado. Busca dar atención médica, otorgar servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, a la población del ámbito de responsabilidad, en las unidades de primer y segundo nivel de atención.

5.- El Seguro Médico para una Nueva Generación. Incorpora a niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006,  garantizándole la cobertura completa y de por vida en servicios de salud, su objetivo es que todos tengan derecho a un seguro que cubra 100% de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95% de las acciones hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos.

6.- Embarazo Saludable. Su objetivo es luchar contra la mortalidad materna en las zonas marginadas del país. Las mujeres embarazadas pueden contar con los mismos beneficios generales del Seguro Popular, lo que implica la prestación de 15 servicios que equivalen al 100% de la cobertura de las complicaciones que puede tener una mujer, antes, durante y después del parto. Además, tienen la posibilidad de ser atendidas en los servicios cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (en el caso de las mujeres incluye servicios de alta especialidad como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, tratamiento ambulatorio del VIH/SIDA, entre otros);

Que es necesario continuar canalizando mayores recursos que permitan enfrentar los retos de la transición demográfica y epidemiológica, los rezagos y los pendientes en materia de calidad de los servicios de salud que se brinda a la población “abierta”;

Que durante el periodo 2012-2013, el gasto público federal para la FUNCIÓN SALUD evolucionó de la siguiente manera:

En el 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 423 mil 266.31 millones de pesos.

En el 2013, el Ejecutivo Federal en el Proyecto de Presupuesto de la Federación, PPEF, propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 448 mil 490.50 mdp; y la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 448 mil 975.50 mdp, incrementándolo 25 mil 709.19 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2012 y en 485 mdp respecto a la propuesta contenida en el ejercicio fiscal 2013. En términos porcentuales, un incrementó de 6.07% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2012; y en 0.11% con respecto al propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2013.

Que durante 2012-13, el gasto para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:

En el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 2.71% del PIB;

En el año 2013, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 2.68% del PIB; y

En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 2.69% del PIB.

Que para el año 2013, el presupuesto aprobado para esta Función, por destino de gasto y su proporción del PIB, se distribuye de la siguiente manera:

Prestación de Servicios de Salud a la Persona, fue de 324 mil 380.16 mdp, 1.94% del PIB;

Protección Social de Salud, fue de 76 mil 198.92 mdp, 0.46 del PIB; Prestación de Servicios de

Salud a la Comunidad, fue de 22 mil 415.44 mdp, 0.13% del PIB;

Generación de Recursos para la Salud, fue de 15 mil 300.47 mdp, 0.09% del PIB;

Rectoría del Sistema de Salud, fue de 10 mil 033.30 mdp, 0.06% del PIB; y

Función Pública fue de 647.21 mdp, 0.004% del PIB.

Que por destino del gasto, se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2013, del gasto total aprobado, 97.11% corresponde a gasto corriente y 2.89% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, el 4.97% fue para gasto corriente y el 0.02% para gasto de capital;

Prestación de Servicios de Salud a la Persona, el 70.59% fue para gasto corriente y el 1.66% para gasto de capital;

Generación de Recursos para la Salud, el 2.84% fue para gasto corriente y el 0.57% para gasto de capital;

Rectoría del Sistema de Salud, el 2.20% fue para gasto corriente y el 0.04% para gasto de capital;

Protección Social de Salud, el 16.38% fue para gasto corriente y 0.60% para gasto de capital; y

Para Función Pública, el 0.14% fue para gasto corriente

Que uno de los componentes de la FUNCION SALUD es el gasto federalizado, como un elemento del ramo 33 del PEF, que asigna recursos públicos desde la Federación para las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del FASSA.

Que durante el periodo 2012-213 este gasto evolucionó de la siguiente manera:

En el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 61 mil 951.39 mdp;

En el año 2013, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 67 mil 871.10 mdp; y

En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 67 mil 871.10 mdp.

Que de los programas de la Función Salud, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias  para el ejercicio fiscal 2013:

Atención Curativa Eficiente, 146 mil 474.13 mdp;

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 67 mil 871.10 mdp;

Seguro Popular, 66 mil 791.94 mdp;

Actividades de Apoyo Administrativo, 46 mil 902.53 mdp;

Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, 16 mil 709.53 mdp;

Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros, 12 mil 900.05 mdp;

Programa IMSS-Oportunidades, 8 mil 800.00 mdp;

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 5 mil 544.22 mdp;

Atención a la Salud Reproductiva, 5 mil 197.36 mdp; y

Recaudación Eficiente de Ingresos Obrero-Patronales, 5 mil 136. 21 mdp.

Que como antecede, si bien es necesario que se canalicen mayores recursos para la función salud, también es importante que los recursos disponibles se ejerzan eficientemente y, preponderantemente, en acciones sustantivas. Al respecto, es de destacar que en México el componente administrativo alcanza poco más del 9% del gasto en salud para todo el sistema, llegando al 20% en el IMSS, mientras que el de Kaiser Permanente, una de las aseguradoras integradas más grandes de Estados Unidos, y el de FONASA, la aseguradora pública de Chile, son de tan sólo el 4%;

Que de las unidades responsables que conforman la Función Salud, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2013:

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, 201 mil 986.78 mdp;

Para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 77 mil 830.03 mdp;

Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 41 mil 572.33 mdp;

Para la Dirección General de Programación y Presupuesto "A", 9 mil 150.00 mdp;

Para la Dirección General de Sanidad, 5 mil 038.90 mdp;

Para la Dirección General de Planeación y Desarrollo en salud, 4 mil 980.13 mdp;

Para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 3 mil 705.29 mdp;

Para la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 2 mil 992.14 mdp;

Para el Hospital General de México, 2 mil 427.37 mdp; y

Para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 1 mil 681.76 MDP

Que en síntesis la inversión pública en materia de salud se justifica porque permite el mejoramiento de la productividad del factor trabajo, es una política fundamental para la formación y conservación del capital humano, ya que una población con carencias de estos servicios ve afectada su fuerza laboral, con fuertes repercusiones económicas (falta de crecimiento, mala distribución de la riqueza, retroalimentación de los factores generadores de pobreza). Desde la perspectiva del funcionamiento de los mercados, corrige las fallas de las instituciones privadas, asistiendo socialmente a la población que se encuentra en situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad, o que se localiza en comunidades alejadas, de difícil acceso, y que no cuentan con los recursos económicos para asistir a las instituciones privadas de salud. También es un instrumento de redistribución de la riqueza, haciendo accesible estos servicios a la población que está expuesta a gastos catastróficos cuando se presentan algún tipo de enfermedad, sin importar la gravedad de la misma.

Que para el ejercicio fiscal 2013, el gasto público para la función salud representó el 2.69% del PIB, y que comparativamente con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (datos para 2011), somos de las economías que destinan menos recursos públicos para esta función, seguida por Chile que asigna el 3.98% del PIB, Corea (4.02% del PIB) y Turquía (4.81% del PIB). Entre los países que gastan más en salud pública se encuentran: Dinamarca (9.78% del PIB); Francia (9.19% del PIB); Alemania (8.92% del PIB); Austria (8.55% del PIB) y Estados Unidos (8.30% del PIB).

Que México también se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE en términos de gasto total en salud per cápita, con 916 dólares en 2009, en comparación con el promedio de la OCDE de 3,268 dólares.

Que durante las dos administraciones sexenales 2000-2012, con la reforma a la Ley General de Salud de 2003 que creó del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y la realizada en 2007 a la Ley del ISSSTE, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el gasto público en salud, como porcentaje del PIB, tuvo un incremento del 19.2% entre 2000 y 2010. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento no se ha sostenido en el último año, principalmente, en razón de que en 2012 se alcanzó la cobertura universal en salud, con la afiliación al 100% de la meta en el Seguro Popular.

Que en la distribución del gasto público para población derechohabiente y para la población “Abierta” existen diferencias importantes. En 2012 el gasto público per cápita que se destina a la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social es 1.5 veces (4,899 pesos), lo que se canaliza a la población que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social (3,260 pesos). Es importante resaltar que la diferencia actual es mucho menor a la que se presentaba en 2000, de 2.5 a 1, y cuya reducción de la brecha se debió al Seguro Popular, esquema de aseguramiento publico cuya cobertura médica comprende el Catálogo Universal de Servicios de Salud (284 intervenciones) el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos (59 intervenciones) y el Seguro Médico Siglo XXI para los menores de 5 años (140 intervenciones adicionales a las consideradas en los otros dos catálogos).
Que para diciembre de 2012 la población en términos absolutos y relativos por condición de aseguramiento es la siguiente:

Institución

Número de afiliados/derechohabientes

Porcentaje de la población

IMSS

69, 330,621

58.9%

SEGURO POPULAR

52, 908,011

44.9%

ISSSTE

12, 449,609

10.6%

IMS-oportunidades

11, 844,724

10.1%

PEMEX SEDENASEMAR

1, 143,663

1.0%

Instituciones Privadas

2, 102,931

1.8%

Otras Instituciones públicas

994,092

0.8%

Que las dos fuentes de financiamiento más importantes para el gasto en salud pública en nuestro país son los recursos aprobados para el IMSS que concentró el 1.21% del PIB y para la Secretaría de Salud que obtuvo el 0.71% del PIB.

Que por destino del gasto, se evidencia que la prestación de los servicios de salud para la persona es el rubro más importante donde se canalizaron estos recursos, concentrando el 1.94% del PIB del gasto total en salud, seguido por los servicios de salud a la comunidad, rubro donde se aprobó el 0.13% del PIB. Es decir estamos financiado la medicina curativa y con rezago en la medicina preventiva. Atendemos los problemas de salud y no los factores generadores de esos problemas.

Que el gasto en salud pública todavía presenta altos rasgos de centralización, porque en el ejercicio fiscal 2013, del gasto público total aprobado, el 2.28% de PIB es ejercido por las dependencias del Gobierno Federal o sus órganos desconcentrados, en contrapartida, el 0.41% se ejerce a través de las Entidades Federativas, los municipales y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Que uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto público en salud en nuestro país es que el 97.11% se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones); y únicamente el 2.89% se asigna para el gasto de inversión, necesario para la modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función, tales como la construcción de infraestructura en salud.

Que un elemento importante del gasto público en salud es el relacionado con los institutos, hospitales y centros nacionales y regionales de alta especialidad, administrados por la Secretaría de Salud. Para el ejercicio fiscal 2013, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con 3 mil 705 mdp, seguido en orden de importancia por el Hospital General de México con 2 mil 427 mdp y Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 mil 681 mdp.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este H. Asamblea la siguiente proposición de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios a la Función Salud, que permitan incrementar el nivel de gasto en salud como proporción del Producto Interno Bruto y que el financiamiento sea mayoritariamente público, como sucede en los países de la OCDE y algunos de ingreso similar al nuestro como Argentina.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios a los programas y esquemas de atención dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, que permitan incrementar los recursos para medicamentos, médicos y enfermeras, infraestructura y equipamiento a las entidades federativas y organismos prestadores de servicios de salud, así como ampliar las intervenciones y servicios cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud.

H. Cámara de Senadores a 5 de septiembre de 2013.

Atentamente”.





 

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, un punto de Acuerdo que exhorta a considerar mayores recursos para la Secretaría de Turismo, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARIA DE TURISMO.

"SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senador de la República por el Estado de Yucatán e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura del H. Congreso de la Unión, con base en las facultades que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSION  Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARIA DE TURISMO; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro cúmulo de recursos naturales le permite al viajero apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble variedad de luz y color.

Además nuestra oferta cultural e histórica que posee nuestro país es reconocido por diversos organismos nacionales e internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México hoy es reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año, y ocupa el décimo lugar como destino turístico a nivel internacional.

El potencial económico y de impulso al bienestar social del sector turístico en nuestro país queda claro si se analizan los datos sobre su desempeño. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, durante 2011 las actividades relacionadas con el turismo alcanzaron 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 1 billón 032 mil 879 millones de pesos, monto similar al PIB sumado de Aguascalientes, Guerrero, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. Resalta también que en ese mismo año las actividades turísticas crearon 2 millones 474 mil empleos.

Sin duda, durante los últimos años los avances obtenidos en el desarrollo de las actividades turísticas han sido significativos; muestra de ello es que en 2012, último año de la administración del Presidente Calderón, el ingreso de divisas por turismo internacional registró un aumento de 7.6%, respecto  al  año  2011.

Además, se ha presentado un incremento relevante de turistas e infraestructura. En 2012  la  cifra de llegada de turistas a México, fue de poco más de 64 millones 328 mil, frente a los 59 millones 237 mil de 2011 lo cual representó un aumento de 8.6%. Al respecto destacan los visitantes nacionales con más de50 millones 776 mil, lo que representó78.9% del total de viajeros.

En relación con la actividad hotelera, los cuartos de hotel pasaron de 651 mil 160 en 2011 a 660 mil 546 en 2012 como resultado del aumento de ocupación promedio que pasó de  50.0% en 2011 a 53.2% para 2012

Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis mundiales, el turismo puede seguir creciendo hasta convertirse en el motor más relevante de nuestro desarrollo. Hoy en día, hay que recordarlo, esta actividad ya se ubica como la tercera fuente de divisas para México (después del petróleo y las remesas).

Pero podemos aspirar a mucho más. En este sentido, uno de nuestros retos será coadyuvar en la promoción de nuevas alternativas turísticas, tales como el turismo ecológico y cultural en zonas prioritariamente indígenas, y preservar, al mismo tiempo, los recursos naturales y la integridad de las formas de vida comunitarias.

Finalmente, para fortalecer el sector, será necesaria una mayor inversión y el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento. Si bien en 2013 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 mil 211 millones de pesos para el ramo de turismo -cifra superior en 174 millones de pesos respecto del Presupuesto aprobado para 2012- requerimos más inversión para afrontar las necesidades que aún perduran en este sector. A todos los Senadores nos toca promover más recursos para estas actividades.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Turismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2013.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz".





 

De los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María Socorro Alcalá Ruiz y Eviel Pérez Magaña, un punto de Acuerdo por el que se solicita considerar la asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo integral del municipio de Maní, Yucatán, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE, COMO PARTE DEL ANALISIS Y DISCUSION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, SE CONSIDERE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN.

"Los suscritos, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ y EVIEL PEREZ MAGAÑA Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.

La importancia del patrimonio cultural para la humanidad, radica en el hecho de que vincula a la gente con su historia. La cultura, como característica de una población, es parte de su identidad y está ligada al desarrollo de la misma.

Se puede entender entonces la necesidad de conservación de los monumentos artísticos e históricos así como la difusión de los valores culturales, religiosos y estéticos de los mismos.

La cultura es un derecho humano, y así ha sido reconocida a través de diversos instrumentos internacionales como es el caso del “Protocolo de San Salvador” -en vigor para México desde 1999- establece que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, y que entre las medidas que los estados parte deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

La actual administración federal, ha dado una gran importancia a la conservación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Lo anterior queda de manifiesto con una revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde dentro de las líneas de acción se encuentran:

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. •Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. •Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y municipios, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural.

Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. •Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional. •Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social.

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. •Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país. •Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los programas de desarrollo urbano y medio ambiente. •Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales.

Estrategia 3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. •Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas. •Armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y el desarrollo regional.

Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social. •Crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, consolidando el modelo turístico basado en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental. •Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país. •Convertir al turismo en fuente de bienestar social. •Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos.

EL MUNICIPIO DE MANI.

Localizado en el centro del estado, con una superficie de 85.59 Km² el municipio de Maní, Yucatán, como la gran mayoría de los municipios del Estado cuenta con vestigios de una gran herencia cultural. En la época prehispánica fue cacicazgo de Maní de Tutul Xiú y fue centro ceremonial a donde enviaban ofrendas para el festival anual en honor a Kukulcán. Desde entonces, Maní ha sido testigo de acontecimientos importantes para los indígenas mayas, nativos de la zona.

Cuenta con los siguientes monumentos históricos:

Plaza de la Independencia (ex convento); Plaza de la Ceibas (ex convento); Capilla de la Candelaria (ex convento); el ex convento y templo de San Miguel Arcángel del siglo XVI, capilla de San Juan siglo XVIII, capilla de Santa Lucía siglo XVIII y capilla de Santiago siglo XVIII. En Tipikal el templo de la Magdalena siglo XVI.1

De acuerdo a información de CONACULTA, el conjunto conventual de Maní es el tercero más antiguo de la región. Su edificación data del año de 1549.

También, cuenta con festividades como la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción realizada en el mes de agosto y la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria realizada en los meses de diciembre y enero. Adicionalmente, se debe mencionar que Maní cuenta con una variedad de tradiciones y costumbres, siendo también reconocido y visitado por su Gastronomía.

PROYECTO DE RESTAURACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE MANI.

El objetivo principal de este proyecto es revalorar la riqueza del patrimonio cultural, tangible e intangible de Maní.

Con la participación de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, se concluyó en una primera etapa bajo supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia la restauración del convento y se ha comenzado a invertir en la recuperación de la comunidad mediante la remodelación de 180 fachadas, la restauración de la ermita, la inclusión de un programa de señalización y creación de senderos para bicicletas y observación de aves, así como la recuperación y regeneración de un cenote.

En una etapa posterior, se pretende la consolidación de talleres de arte popular, para motivar la comercialización de la producción artesanal de la región, lo que se considera que contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de este proyecto, se contempla también la construcción del Museo del Bordado Yucateco, donde se podrá mostrar y conservar la riqueza y variedad de bordado perteneciente a las raíces yucatecas.

De lograrse todos estos objetivos, se espera fomentar la creación artesanal de la zona, desarrollar las fortalezas culturales y turísticas de Maní, así como contribuir al crecimiento económico de la región.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se solicita de manera respetuosa a la Honorable Cámara de Diputados que como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se considere la asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo integral del municipio de Maní, Yucatán.

Salón de sesiones del Senado de la República, México, D.F., a 18 de septiembre de 2013.

Sen. Angélica Araujo Lara.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Eviel Pérez Magaña".

1 Enciclopedia de los Municipios y las Delegaciones de México. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.





 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, un punto de Acuerdo que exhorta a incrementar en términos reales los recursos asignados al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y al Programa Presupuestario de la Mujer al Sector Agrario, que se turna a la Cámara de Diputados.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, un punto de Acuerdo que exhorta a aumentar el monto destinado a fortalecer a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, operados por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A AUMENTAR EL MONTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, DESTINADO A FORTALECER A LOS REFUGIOS QUE ATIENDEN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, OPERADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

"La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del GPPRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA AUMENTAR EL MONTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL AÑO 2014, DESTINADO A FORTALECER A LOS REFUGIOS QUE ATIENDEN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, OPERADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el mundo, por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o abusada de alguna otra forma en algún momento de su vida y es quizá una de las formas más generalizadas y toleradas de violación a los derechos humanos. Las organizaciones internacionales han reconocido que, la violencia hacia las mujeres y niñas constituye el mayor obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz, además les impide gozar plenamente de sus derechos humanos, especialmente el derecho a una vida libre de violencia1.

A lo largo de la historia, y en todo el mundo, las mujeres han creado y apoyado los esfuerzos para brindar seguridad a otras mujeres y niñas en riesgo de sufrir daño, ya sea a través de instituciones religiosas, apoyo comunitario o familiar. En las últimas décadas en particular, el movimiento de mujeres ha tenido un impacto enorme en la expansión de los refugios y los servicios conexos2.

El movimiento de refugios para mujeres, actualmente desempeña un papel fundamental que se suma al esfuerzo global para terminar con la violencia que viven las mujeres, sus hijas e hijos. Los refugios son espacios seguros que generalmente se crean con recursos limitados y nacen bajo la necesidad que tienen las víctimas para encontrar seguridad y asistencia, sin que sientan vergüenza o sean estigmatizadas.

En nuestro país los primeros esfuerzos por la institucionalización de centros especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia datan de la década de los 70’s. En la década de los 80’s, son los grupos de mujeres feministas y organizaciones de la sociedad principal, principalmente, quienes construyen organizaciones que brindan atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia familiar, destacándose organizaciones tales como: Asociación Mexicana contra la Violencia a las Mujeres, A.C., Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia  Doméstica, A.C., entre otras.

Es en la década de los 90´s que la lucha feminista se centra en visibilizar la violencia contra las mujeres como una problemática del ámbito público; el objetivo era que el Estado mexicano asumiera su responsabilidad reconociendo que los actos de violencia que se ejercían contra las mujeres constituían violaciones de derechos humanos. Se empezaron a generar políticas públicas gubernamentales para brindar atención a la violencia en el ámbito familiar, bajo el lema de que “lo privado también es público”3.

A comienzos de este siglo, en el año 2001, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres respecto a los hombres, el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas; así como, su participación paritaria en la vida política, cultural, económica y social del país4. Entre sus prioridades está la creación de políticas públicas que potencien el avance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. De igual forma, en las 32 entidades federativas se consolidan entes de la administración pública similares al Instituto, los llamados “Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres”, que tienen los mismos objetivos.

Como puede observarse, tanto a nivel internacional como nacional, se ha establecido como prioridad velar por seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia; es por ello que, a través de los refugios especializados se busca lograr dicho objetivo. A pesar de que, la respuesta que ha dado el Estado mexicano, si bien ha ido consolidándose a lo largo de estas últimas décadas, se debe de reconocer que aún existen deficiencias en el diseño, presupuesto asignado, ejecución y seguimiento de las políticas especializadas en materia de refugios especializados para mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que, el fortalecimiento de la relación gobierno–sociedad civil para atender la violencia contra las mujeres y niñas es clave y ha generado importantes resultados. Un ejemplo, es el convenio de colaboración entre la Red Nacional de Refugios (RNR) y el INMUJERES, en el año 2007, con el cual se logró incrementar el número de refugios de 54 a 66 entre los años 2007 y 20115.

Sin embargo, en el país falta mucho para lograr la erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas. Las más recientes estadísticas, del año 2011, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares6 (ENDIREH) brindan una aproximación de la violencia que viven mujeres en su ámbito familiar. La información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y más:

• El 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal; el porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas;

• El 42.4% declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica;

• El 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta;

• El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento; y,

• El 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento por sus propias parejas.

Seguir trabajando en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en la creación de nuevos refugios; así como, en el fortalecimiento de los que ya existen sin duda ayudará a brindar mayores y mejores respuestas a las mujeres víctimas de violencia; en especial, aquellas que promuevan un verdadero acceso a la seguridad y la justicia. Entre las oportunidades que se pueden generar desde estos espacios se encuentran, entre otras, las siguientes: 

• Empoderar a las mujeres para que accedan y reciban la gama de servicios y respuestas institucionales que les corresponden y suelen necesitar para sobreponerse a sus experiencias de violencia;

• Promover el derecho de las mujeres de tomar decisiones informadas por sí mismas; y

• Aumentar la disponibilidad de recursos gubernamentales adecuados para abordar la temática y fortalecer la prestación de servicios apropiados, focalizados en las sobrevivientes, que respetan la confidencialidad, las decisiones y las necesidades de las mujeres.

Como puede observarse, los refugios son componentes cruciales en una respuesta integral a las mujeres sobrevivientes, según lo establecido en varios acuerdos internacionales, tales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, que instó a los países a

Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes7.

Aunque refugio y albergue se emplean como sinónimos no son lo mismo. La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2010 Asistencia Social señala que un albergue es un establecimiento que otorga servicios y apoyos a personas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de promover su integración social y productiva sin llegar a una dependencia institucional permanente. En algunas leyes a los refugios se les llaman albergues, como en los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por ejemplo8.

No obstante, la Ley General de Acceso señala las características del refugio como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos), quienes pueden permanecer por tres meses, o menos o más tiempo, según las necesidades del caso. Su estadía tiene el propósito de que se recuperen y equilibren su estado emocional para que tomen decisiones.

Los servicios de un refugio comprenden servicios especializados, protección, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, durante las 24 horas los 365 días del año, con personal profesional que se asegura de que el ingreso, permanencia y egreso de la víctima se provean con absoluto respeto a su voluntad y dignidad9.

De igual forma, el Reglamento de la Ley General de Acceso dispone que los refugios deben funcionar con base en el modelo de atención revisado, establecido y acordado de manera conjunta por el INMUJERES en coordinación con las dependencias del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Por último, en la Norma Oficial Mexicana Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención NOM-046-SSA2-2005 se define refugio como “espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio público”10. Según esta norma, los refugios se crean para atender la violencia extrema hacia las mujeres.

Es importante resaltar el trabajo que ha venido realizando la Red Nacional de Refugios, a través del informe “Sistematización de Indicadores de Impacto en la Línea para la Gestión de la Red Nacional de Refugios” en adelante, SIILGE, para contribuir a generar estadísticas confiables sobre la atención que se proporciona a mujeres víctimas de violencia.

De acuerdo con el SIILGE para el año 201211, se contempló la información proporcionada por 42 de los 44 refugios que firmaron Convenio con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, entre los resultados obtenidos se observan los siguientes:

• En el año 2012, en los 42 refugios ingresaron un total de 3, 879 personas; de las cuales: 1, 565 eran mujeres; 1, 127 niñas y 1, 187 niños.

• La mayoría de las personas que ingresaron, el 56%, oscilaban en edades de 15 a 29 años; el 36% mujeres de 30 a 44 años; 2% eran personas menores de 14 años y el 1% mujeres mayores de 60 años.

• De igual forma se informa que de las mujeres víctimas de violencia ingresadas el 26% no tiene ingresos; el 24% recibe un ingreso mensual entre los 361 pesos a los 1, 701 pesos; el 16 % recibe de 1, 702 pesos a 3, 402 pesos y el 11% desconoce cuánto es su ingreso mensual.

• Es importante señalar que del total de mujeres ingresadas, únicamente el 9% presenta algún tipo de adicción.

• De la violencia sufrida por la cual ingresaron al refugio el 56% fue física y psicóloga y el 44% fue por los cinco tipos de violencia que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• La frecuencia con la que vivían las mujeres la violencia reportada indican que el 53% de las mujeres la padecía a diario, el 16% una vez por semana; el 15% cada tercer día y el 16% con una periodicidad de más de 8 días.

• Del 80% de mujeres que sufrieron violencia física el 21% tuvo traumatismo en la cabeza; el 24% en las extremidades superiores; el 17% en las extremidades inferiores.

• De los lugares en donde se reporta que se vivió la violencia por parte de las mujeres, el 48% fue el la recamara, el 30% en la sala, el 13% en la vía pública y el 8% en la cocina.

• De las mujeres atendidas en los refugios, el 60% refleja una mejoría psicológica; sin embargo, tienen dificultades para reinsertarse en la vida cotidiana al egresar de los refugios, principalmente por no contar con vivienda propia ni empleo.

Actualmente, la Secretaria de Salud, a través de Programa de Programa de Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva brinda apoyo económico para la operación y funcionamiento de los refugios que atienden a mujeres que viven violencia extrema y son operados por organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) de la Secretaría de Desarrollo Social, también se brinda  financiamiento parcial para la operación de refugios destinados para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Por lo anterior, y con la finalidad de seguir contribuyendo con el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres víctimas de violencia, a sus hijas e hijos, es importante que el Estado coadyuve en el financiamiento, mantenimiento y operación adecuada de los refugios especializados en el país. Por ello, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, es importante que el monto programado para el financiamiento de los refugios especializados sea duplicado, en relación con el monto autorizado para el ejercicio presupuestal de este año, a fin de seguir contribuyendo con las acciones que coadyuvan con el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en México.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se autorice la duplicación del monto ¾en relación con el monto autorizado en el año 2013¾ contemplado en el Programa de Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud, que apoya a los refugios para mujeres que viven violencia extrema, operados por la sociedad civil.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se autorice la duplicación del monto ¾en relación con el monto autorizado para en el año 2013¾ operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, que da financiamiento a los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia familiar y sexual.

Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez".

1 Véase. GUILLÉ, Tamayo María Margarita, Informe de la Segunda Conferencia Mundial de Refugios, 27 de febrero a 1 marzo del 2012, Washington, DC, Red Interamericana de Refugios para Mujeres, México, 2012, pp. 5.

2 Véase. Historia y origen de los refugios para mujeres, Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la Violencia contra  las Mujeres, ONU Mujeres. Disponible en Internet: http://www.endvawnow.org

3 Véase. GUILLÉ, Tamayo María Margarita y RODRÍGUEZ, Pérez María de Lourdes, Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2012, pp. 69.

4 Véase. VÁZQUEZ, Alarcón Juana Araceli; GUILLÉ, Tamayo María Margarita; SANTAELLA, Solís Adalberto Javier; CORONA, Ramos Araceli; et al., Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2011, pp.11.

5 Op. cit. VÁZQUEZ, Alarcón Juana Araceli, supra no. 3, pp.13.

6 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, INEGI, 2012. Disponible en Internet:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/default.aspx

7 Op. Cit. Historia y origen de los refugios para mujeres, supra No. 2.

8 Op. cit. . VÁZQUEZ, Alarcón Juana Araceli, Supra No 4., pp. 22 y 23.

9 Artículos 38, fracción XIII; 48, fracción IV, 50, fracción VII; 51, fracción IV; 52, fracciones VI y VIII; 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

10 NOM-046-SSA2-2005. 4 Definiciones. 4.22

11 Sistema de Indicadores de Impacto en la Línea para la Gestión de la Red Nacional de Refugios, Reporte 2010-2011-2012, Red Nacional de Refugio,  México, 2012, pp. 92 a 115.





 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, un punto de Acuerdo que exhorta a considerar la eliminación de la regla restrictiva contenida en el artículo 16 del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2014, que se turna a la Cámara de Diputados.







 

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se ratifican los turnos.

Informo a la Asamblea que los demás asuntos suscritos en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.

De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar diversas acciones en favor de los trabajadores jornaleros migrantes. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES JORNALEROS MIGRANTES.

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTE A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES JORNALEROS MIGRANTES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-En una información periodística se difunde que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) multó con un total de 2 millones 600 mil pesos a dos empresas dedicadas al cultivo de chile en los municipios de Talpa de Allende y de Cocula, en represalia porque emplean menores y no otorgan las prestaciones de ley. A mediados de agosto, suscribe la nota de La Jornada, autoridades federales, estatales y municipales habían firmado un convenio con agroindustriales para evitar la explotación de jornaleros migrantes que cada año llegan de estados del sur del país a trabajar en las cosechas de campos agrícolas del estado, señaló la dependencia. La empresa con razón social Eracleo Rico Robles, asentada en la comunidad de Potrero el Zapote, municipio de Cocula, fue multada por encontrar laborando a 10 menores en condiciones insalubres. La sanción asciende a un millón 333 mil 300 pesos. En otra de estas empresas, con domicilio en el municipio de Autlán y con campos agrícolas en Talpa de Allende, representada por Alberto Gómez Bucio, se detectaron seis trabajadores de 12 a 15 años que realizaban trabajos considerados de riesgo, en particular por el uso de cuchillos para cortar chile.

La compañía fue multada por un millón 333 mil 300 pesos, de los cuales 971 mil fueron por los menores trabajadores, además de haber omitido en tiempo y forma los requerimientos señalados por la autoridad para otorgar las prestaciones de ley de 34 trabajadores, como se convino con la STPS, para evitar la sanción.

“La fuente de trabajo incurrió en diversas irregularidades al no demostrar que dichos trabajadores contaban con las prestaciones de ley, omisión por la que se aplicó una multa equivalente a 2 mil 500 salarios mínimos vigentes, con lo que dicho monto es de 161 mil 900 pesos”, precisó la STPS en un comunicado.

Las inspecciones de la STPS se iniciaron luego que en junio la empresa Bioparques de Occidente fue denunciada por varios jornaleros que escaparon de sus campos agrícolas en el municipio de San Gabriel y pidieron apoyo a las autoridades por las condiciones de semiesclavitud en que vivían.

Tras un operativo las autoridades estatales rescataron a 275 trabajadores y luego sancionaron con un millón 740 mil pesos a dicha empresa.

A mediados de agosto y luego de un diagnóstico realizado en julio por la STPS que confirmó la explotación laboral, sobre todo a jornaleros indígenas migrantes, su titular Eduardo Almaguer promovió la firma de un convenio con los agroempresarios para terminar con esta práctica abusiva.

2.- Antes que nada, hay que felicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por las inspecciones realizadas que ayudaron a establecer esa sanción y que, finalmente, constituyen una advertencia de las empresas que contratan jornaleros bajo condiciones negativas contrarias a los derechos humanos y laborales. Sin embargo la información es pertinente ya que se declara que la inspección se realizó después de una denuncia por parte de varios jornaleros que escaparon de los campos agrícolas en el municipio de San Gabriel y pidieron apoyo a las autoridades por las condiciones de semiesclavitud en que vivían.

3.- Ante la condiciones de azar o de la inexistencia de denuncias por parte de los jornaleros que son continuamente amenazados, es conveniente construir posibilidades de denuncias sistemáticas o de inspecciones sorpresa aun cuando no exista denuncia expresa. Los jornaleros son contratados en lugares específicos y tiempos específicos y las empresas en donde trabajan deben someterse a regulaciones expresas como la obligación de exhibir en las empresas contratantes o subcontratantes, enlaces telefónicos de la STPS o de Internet en donde expresamente se mencione si el trabajador considera que es víctima de un abuso se comunique inmediatamente a esos enlaces comunicativos para denunciar a las empresas abusivas. Así, mediante el doble abordaje de operativos sorpresas a los campos y la formación para una cultura de la denuncia, los particulares se sometan a una cultura de respeto a los derechos humanos de los jornaleros.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A GENERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE OPERATIVOS SORPRESA A EMPRESAS QUE CONTRATAN A JORNALEROS MIGRANTES SIN NECESIDAD DE DENUNCIA EXPRESA.

DOS.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A DISEÑAR UN PROGRAMA DE PROTECCION AL JORNALERO MIGRANTE QUE CONSISTA EN OFRECER POSIBILIDADES DE COMUNICACION INMEDIATA PARA HACER DENUNCIAS DE ABUSO DE PARTE DE LAS EMPRESAS QUE REQUIEREN DE SU TRABAJO, COMO SON TELEFONOS A LOS CUALES COMUNICARSE O DIRECCIONES ESPECIFICAS LO MÁS CERCANAS A LAS EMPRESAS PARA PRESENTAR SUS DENUNCIAS.

TRES.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES ACUERDA EMITIR UN RECONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL POR SANCIONAR A DOS EMPRESAS POR EMPLEAR A MENORES Y POR NO OTORGAR LAS PRESTACIONES DE LEY.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013".





 

De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos Séptimo y Octavo Transitorios de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS SEPTIMO Y OCTAVO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE ENERO DE 2013.

"MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8º, numeral 1º, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE A DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 7º Y 8º TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE ENERO DE 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Víctimas, promulgada y publicada el 9 de enero de 2013, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, responde principalmente a una demanda válida de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil: el reconocimiento del Estado para garantizar la seguridad de los gobernados y la corresponsabilidad en la atención y reparación del daño causado a las víctimas del delito y de violaciones graves a los derechos humanos.

Dicho ordenamiento cumple también con lo mandatado en la reforma constitucional de los artículos 1º, párrafo tercero; 17 y el apartado C del artículo 20 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011) en materia de derechos de las víctimas del delito y de violaciones graves a los derechos humanos.

Adicionalmente el 3 de mayo de 2013 fueron publicadas diversas reformas a la Ley General de Víctimas con la finalidad de adecuar y clarificar los derechos de las víctimas y los mecanismos para su protección y las instituciones encargadas de ello.

Cabe señalar que la Ley General de Víctimas publicada en enero del presente año establecía en su Artículo Primero Transitorio que la “Ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, siendo esta el 9 de febrero del presente año.

Así las demás disposiciones transitorias que prevén actuaciones concretas de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de lograr la debida aplicación de la Ley, se encuentran sujetas a plazo determinado para su cumplimiento. Sin embargo con la publicación del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el DOF el día 3 de Mayo del presente, ha generado incertidumbre respecto de si los plazos de han ampliado o continúan la vacatiolegis original.

En el caso relacionado a la previsión consistente en la adecuación o armonización de los ordenamientos locales relacionados con la protección de las víctimas que deben realizar los Congresos Locales. El Artículo Séptimo Transitorio, del Decreto que expide la Ley General de Víctimas establece:

SEPTIMO.- En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley.

Dicho plazo vence el próximo 9 de agosto de 2013, situación que obliga a esta Soberanía a emitir  presente exhorto a fin de que los poderes estatales señalados lleven a cabo el cumplimiento de lo mandatado por la Ley General y se logre cumplir con los fines de la Ley General de Víctimas, lográndose uniformidad en los criterios de aplicación y reconocimiento de los derechos de las víctimas de delitos y de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

En otro tenor de ideas, dicho ordenamiento prevé también un periodo para que los Poderes de los Estados y del Distrito Federal lleven a cabo la reforma de leyes y reglamentos relacionados a la atención médica prestada, conforme a lo previsto por el artículo 381 de la Ley.

OCTAVO.- En un plazo de 180 días naturales deberán ser reformadas las Leyes y Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica a efecto de reconocer su obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la presente Ley.

El plazo señalado en el Artículo Octavo Transitorio transcrito comenzó a correr a partir del día 9 de febrero del presente año, venciéndose el próximo 9 de agosto, sin embargo también es necesario emitir atento exhorto a las legislaturas estatales a fin de que lleven a cabo la adecuación correspondiente y necesaria para la armonización de sus ordenamientos con los fines de la Ley General de Víctimas y de la Constitución señalados en la presente Proposición.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión a dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Octavo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, en materia de adecuación de las leyes de instituciones que prestan atención médica a efecto de reconocer su obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de dicho ordenamiento, tomando en cuenta que dicha obligación se encuentra ahora regulada en el artículo 34 vigente de la Ley, por virtud de la reforma publicada en el D.O.F. el 3 de mayo de 2013

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, para adecuar sus legislaciones en los términos de ésta.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las Autoridades integrantes del Sistema Nacional de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Octavo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta que dicha obligación se encuentra ahora regulada en el artículo  34 vigente de la Ley, por virtud de la reforma publicada en el D.O.F. el 3 de mayo de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de septiembre de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar".


1 Dicho artículo fue reformado por el Decreto Publicado el 3 de mayo de 2013, siendo actualmente el artículo 34:
Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;
II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;
III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;
IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;
V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y
VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.





 

De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los municipios de la Comarca Lagunera que les corresponden, a fin de que mejoren su calidad de vida. Se turna a la Comisión de Desarrollo Regional.







 

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que, en el marco del Día Internacional de la Paz, se exhorta al titular del gobierno federal a garantizar la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos que viven en zonas de conflicto, por el aumento de los hechos violentos y los delitos de alto impacto que afectan a diversas entidades del país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ, SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LOS MEXICANOS QUE VIVEN EN ZONAS DE CONFLICTO, POR EL AUMENTO DE LOS HECHOS VIOLENTOS Y LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO QUE AFECTAN A DIVERSAS ENTIDADES DEL PAIS







 

De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efectuar y llevar a buen término las consultas con los interlocutores sociales y a las autoridades eventualmente encargadas de la aplicación de las disposiciones del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de culminar la ratificación del mismo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A EFECTUAR Y LLEVAR A BUEN TERMINO LAS CONSULTAS CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LAS AUTORIDADES EVENTUALMENTE ENCARGADAS DE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO 98 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, A FIN DE CULMINAR LA RATIFICACION DEL MISMO.

"Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión.
Presente.

Quien suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

En junio de este año la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo con el siguiente resolutivo:“Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación.”

En respuesta a este exhorto, el 23 de julio de 2013, el Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Rafael Adrián Avante Juárez respondió por conducto de la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado. En dicho escrito el Subsecretario expresa que el Convenio 98, cuya ratificación se busca, establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y que dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la dejar de ser miembro de un sindicato.

Asimismo, expresa que de acuerdo al mencionado Convenio, las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

Existen en México numerosos casos de violación de este Convenio1 pese a que por la mera adhesión de México a la Declaración Relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo, de 1998, de esta organización, el país se obliga a la observancia, además de la de los Convenios 87, 135 y otros de la OIT, ya ratificados por el Estado mexicano, a la del Convenio 98.

Tal como señala el propio escrito del Subsecretario Avante existe, a partir de dicha adhesión, el compromiso del Gobierno de México  a informar anualmente las acciones que se llevan a cabo para tutelar el principio de sindicación y negociación colectiva. Sin embargo, como se señala en las consideraciones del punto de acuerdo del 29 de mayo, el Gobierno Federal se abstiene de presentar tales memorias anuales, de modo que la ratificación de dicho convenio se hace indispensable para reforzar la obligación de México de presentar tales memorias ante la OIT.

Las reformas al artículo 133, fracciones IV y V de la Ley Federal de Trabajo, de noviembre de 20122, no son suficientes para el efecto de tales obligaciones ante la OIT en lo particular, precisamente por su naturaleza de legislación interna del país. Como ya se dijo, la congruencia con los principios emanados de la OIT en materia de libertad sindical nos obligan como país a suscribir el convenio 98, complementario en todos sentidos del Convenio 87 y fortalecer la base jurídica para el cumplimiento de los derechos en el trabajo. Esto es porque puntualiza las medidas fundamentales de protección particular que por experiencia internacional requiere la libertad sindical para su desarrollo. La libertad sindical, a su vez, es indispensable para el exitoso ejercicio de numerosos derechos de los trabajadores establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, es necesario señalar que la atenta respuesta del Subsecretario Avante, si bien reconoce que la derogación del último párrafo de artículo 395 (la llamada “clausula de exclusión”) de la Ley Federal del Trabajo abre el camino a la ratificación del Convenio 98, también señala que se necesitan consultas con los interlocutores sociales y las autoridades encargadas de la aplicación de las disposiciones del Convenio, en términos del Convenio 144 sobre la consulta tripartita de la OIT, pero no expresa una voluntad de hacer tales consultas en un plazo determinado. Además, es menester considerar las críticas de expertos3 en el sentido de que los actores de la tripartita laboral (a nivel de juntas de conciliación, por ejemplo) en México con frecuencia no responden a las necesidades de la clase trabajadora sino a sus propios intereses, por lo que se impone una actitud proactiva de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este tema, considerando su responsabilidad de tutela de la clase trabajadora. Incluso la representación obrera dentro de estas juntas tripartitas no atiende los intereses de todos los sindicatos por igual.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efectuar y llevar a buen término las consultas con los interlocutores sociales y las autoridades eventualmente encargadas de la aplicación de las disposiciones del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de culminar la ratificación del mismo, con una disposición proactiva correspondiente a la función de tutela de la clase trabajadora de la propia Secretaría y su pertenencia al conjunto de autoridades responsables de la aplicación de los convenios de la propia OIT en México.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se informe previamente al Senado de la República las fechas programadas para la celebración de las consultas referidas en el resolutivo primero.  Así como facilitar la participación del Senado como observador de dichas consultas.

Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 Uno de los notables el de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, sindicato registrado de Pemex, plenamente documentado en hechos acaecidos en 2008, 2009 y 2010, sin que se haya resarcido esta situación.

2 Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
(…) IV.- Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura;
V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores

3 Ver por ejemplo, Alcalde Justiniani, Arturo; Aeroméxico, sobrevivir con el uniforme puesto, La Jornada, 24 de agosto de 2013, obtenido de
http://www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/67





 

De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a culminar la negociación y firma de la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51) entre México y Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA A CULMINAR LA NEGOCIACION Y FIRMA DE LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA (ACE 51) ENTRE MEXICO Y CUBA.

"Senador RaUl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la repUblica
Presente.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del Ejecutivo Federal a culminar la negociación y firma de la Ampliación y Profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51) entre México y Cuba, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

A través del Acuerdo de Complementación Económica 511, vigente desde 2001, entre México y Cuba, se otorgan preferencias arancelarias para un número limitado de productos. Desde hace varios años, es notorio que se requiere la revisión y actualización de este acuerdo para hacerlo acorde a las condiciones de desarrollo de ambos países y de los productos y servicios disponibles para su intercambio.

El Marco General de dicho Acuerdo tiene por objeto propiciar un mayor desarrollo de las relaciones económico-comerciales, aprovechar la complementariedad de las economías de ambos países y alcanzar una etapa superior en el proceso de integración entre ambos países. En este sentido, México otorga  a Cuba preferencias en 482 fracciones arancelarias, de las cuales 135 son para la franja fronteriza, destacando las que son para el ron, el tabaco, los textiles, farmacéuticos, entro otros.2

Según cifras de la Secretaría de Economía, el comercio bilateral entre México y Cuba alcanzaron los 374 millones de dólares para 2011. Las exportaciones mexicanas llegaron a 357 millones de dólares, mientras que las ventas cubanas a México ascendieron a 17 millones de dólares, con un superávit de 340 millones de dólares a favor de nuestro país. En cuanto a inversiones, México tiene en Cuba aproximadamente 730 millones de dólares, mientras que la inversión de la isla en México es de aproximadamente siete millones de dólares en el periodo 1999-2012.3

Los principales productos exportados por México a Cuba en 2011 fueron: recipientes de aluminio, polímeros, preparaciones para alimentación de animales, tapones o tapas, abonos y caucho. Los principales productos cubanos comprados por México: puros y cigarrillos, alcohol etílico, desperdicios de aluminio, materiales de laboratorio y alambre de cobre.

La Secretaría de Economía destacó que el comercio total entre ambos países creció 40%, mientras que las exportaciones mexicanas al país caribeño aumentaron 49% y las importaciones procedentes de Cuba disminuyeron 39% en el periodo comprendido del año 2000 al 2011.4

En el 2012, las exportaciones cubanas fueron prácticamente por la misma cantidad 17.1 millones de dólares, con un alza de 3.9% respecto al 2011, mientras que las ventas mexicanas llegaron a 387.1 millones de dólares, con un aumento de 8.6 por ciento con respecto al mismo año. Es menester hacer mención que el comercio bilateral presenta una balanza comercial deficitaria en detrimento de nuestro par caribeño y superavitaria a favor nuestro, con lo que queda asentado que la relación comercial es sumamente asimétrica.

Durante la visita a Cuba de abril de 2012, la Secretaría de Economía de nuestro país y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba suscribieron el “Marco General de Negociación para la Ampliación y Profundización del ACE 51”.5 El objetivo de la ampliación de dicho acuerdo se sustenta en el interés de los dos Estados de promover y profundizar las relaciones en el marco de: a) acceso a mercados; b) régimen de origen; c) obstáculos técnicos al comercio; d) medidas sanitarias y fitosanitarias; e) solución de controversias; f) cláusulas de salvaguardias; g) cooperación; y h) normativas institucionales.

La Primera Reunión de Negociación para la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica se realizó en La Habana el 19 y 20 de octubre de 2012 y trascendió que dado el significativo avance se esperaba la firma del documento oficial para la primera semana de noviembre en que se esperaba la visita del Secretario de Economía para su firma. Finalmente no se concretó la firma, por lo que a finales del mes de marzo de 2013 la Secretaría de Economía, al concluir una nueva Reunión de Negociaciones México y Cuba, anunció un nuevo avance para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica entre México y Cuba (ACE 51).

El pasado 12 de septiembre el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, concluyó  una visita oficial a la República de Cuba.  Durante su estancia en La Habana, el titular de la SRE sostuvo reuniones de trabajo con el General Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, con Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del Consejo de Ministros y con su homólogo, Bruno Rodríguez Parrilla.

Durante su conversación con Raúl Castro, Meade reiteró la voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto de “dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales con Cuba y aprovechar los nexos de carácter histórico que unen a ambas naciones”. También se informó que México considera que el proceso de actualización económica que se lleva a cabo en Cuba  representa una excelente oportunidad para incrementar las inversiones, el comercio bilateral y los programas de cooperación6.

Recientemente legisladores estadounidenses están proponiendo quitar el bloqueo comercial, económico y financiero a Cuba, vigente desde febrero de 1962, para poder vender y comprar principalmente en los sectores farmacéutico y alimenticio, con lo cual quitarían a los empresarios mexicanos una ventaja muy importante de que gozan actualmente al no tener una competencia abierta de la industria norteamericana.

Entre las industrias complementarias y competitivas de Cuba y México está la farmacéutica, y equipos médicos, que podría verse impulsada con una apertura de medicamentos biotecnológicos y genéricos que brindarían medicamentos accesibles y de última generación para los mexicanos, que puede complementarse con una cooperación en materia de servicios médicos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a culminar la negociación y firma de la Ampliación y Profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51) entre México y Cuba con el objetivo de fortalecer las relaciones de hermandad entre los pueblos de México y Cuba.

Dado en la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 Signado el 17 de octubre del año 2000, entrando en vigor el 28 de febrero de 2001.

2 Secretaría de Economía, Reporte de la relación comercial y de inversiones entre México y Cuba 2010.

3 Secretaría de Economía, “México y Cuba firman Marco General de Negociación para ampliar y profundizar el ACE
51”, Consultado el 4 de septiembre de 2013 http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/7708-boletin098-12

4 CNN Expansión, “México y Cuba buscan más comercio”, Fuente Notimex, Consultado el 4 de septiembre de 2013 http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/10/21/mexico-y-cuba-buscan-mas-comercio

5 Op. cit.

6 Comunicado de Prensa SRE 321, 12 de septiembre de 2013, http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3037-321





 

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente al problema de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México. Se turna a la Comisión Contra la Trata de Personas.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER FRENTE AL PROBLEMA DE LA EXPLOTACION SEXUAL Y EL TRAFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS EN MEXICO.

"JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual, el Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación para que en coordinación con los gobiernos locales, lleven a cabo las acciones necesarias para hacer frente al problema de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México:

CONSIDERACIONES

Decía, Henrik Johan Ibsen: "Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer, no será humana". Han sido notorias e importantes las reformas que se han venido aprobando en las últimas legislaturas en materia de igualdad de género, ya que es precisamente esa la línea que se debe seguir a efecto de lograr una inclusión efectiva e igualitaria de las mujeres en la vida pública de nuestro país.

Sin embargo, es importante señalar que existe una materia pendiente en la que todavía falta mucho por hacer y que los esfuerzos nacionales e internacionales se han visto rebasados y sucumbidos ante uno de los grandes negocios del mundo, la trata de personas. Las drogas, trata de personas y tráfico de armas son los tres grandes negocios en el mundo de la delincuencia trasnacional y que se caracterizan por el temor por parte de las autoridades para reconocer el enquistamiento de estos delitos dentro del territorio a su encargo.

En este sentido, debemos estar ciertos que el primer desafío es reconocer que existe el delito de trata de personas y segundo empezar a actuar para hacer frente al mismo. Así pues cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el cual fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Se conmemora internacionalmente este día con la finalidad de concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este delito que afecta a todas las regiones del mundo, aunque con mayor gravedad a las naciones en desarrollo, donde el comercio de seres humanos se potencia  a través de la situación de mayor vulnerabilidad y pobreza que allí persiste.

La  Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 2005 en 12.3 millones el número de víctimas de trata, en tanto que en 2012 el mismo organismo elevó a 18.7 millones la cifra de personas en situación de explotación, de las que 14.2 millones sufren explotación laboral y 4.5 millones explotación sexual. Cada año, el número de víctimas captadas son 2.5 millones, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, y de acuerdo con la Unicef actualmente 1.8 millones de niños y niñas sufren explotación sexual.

La explotación de mujeres a nivel planetario se suele asociar a la pobreza y al subdesarrollo. Sin embargo, sin dejar de ser cierto que las situaciones de pobreza dan lugar a un aumento de la explotación femenina, lo cierto es que las causas de la misma hunden sus raíces en la organización social y que también inciden factores  como la educación, la cultura y la seguridad pública que caractericen en el lugar de origen. Por lo que para lograr resultados efectivos es necesaria la implementación de medidas globales que abarquen todos los focos de causa.

México está considerado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, lo que significa que hay muchas personas que son captadas dentro de México con fines de ser explotadas en otra nación. Otras víctimas son captadas en otros países y explotadas en México, y por último el territorio nacional es usado como ruta de los tratantes hacia otros países, especialmente a Estados Unidos.

Según el documento elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), denominado “Ruta de las redes de trata en México”, se ubica a 13 ciudades como las de mayor incidencia en el país. Seis de las ciudades mencionadas se encuentran en la frontera norte: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros; dos están en el Océano Pacífico: Puerto Vallarta y Acapulco; dos en el sureste: Tapachula y Cancún; dos en el centro: Distrito Federal y Tlaxcala, y una en el Golfo de México: Veracruz1.

En este sentido, debemos dejar claro que sin demanda no hay oferta. Por lo que es necesario hacer frente al problema social desde una óptica no sólo de los que se dedican al comercio y explotación sexual, sino también desde la óptica de los consumidores y que las acciones tomadas vayan encaminadas para que cada vez sean menos las personas que requieran dichos servicios, para que deje de ser un negocio redituable y tienda a su disminución.

El Senado de la República en diversas ocasiones se ha pronunciado en contra de este delito, exhortando a las autoridades para que le pongan un alto al tráfico y explotación sexual de personas, sin que hasta la fecha se haya realizado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, ni una campaña a nivel nacional para brindar mejores resultados.

El 14 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, sin embargo, a un año de su aprobación, no se han logrado los resultados deseados y seguimos presentando altos índices de incidencia de este delito en nuestro territorio, por lo que es necesario hacer una revisión integral del ordenamiento en cuestión para determinar las causas por las cuales se siguen sin atender los focos rojos delictivos.

Se debe buscar innovar para que las nuevas políticas públicas den resultados diferentes a los actuales, también es necesario la autocrítica en todos los niveles de gobierno para determinar qué se ha hecho mal y qué ha faltado de hacer, para partir entonces de una causa razonable por la cual no se han alcanzado los objetivos deseados.

Sin duda alguna, uno de los principales errores es que se ha intentando abordar el problema desde una óptica nacional cuando las condiciones y factores son muy diferentes de lugar a lugar, cuando se tiene que atacar desde un ámbito local, ya que como se mencionó anteriormente, ya se tienen identificados los municipios donde existe mayor incidencia y por lo tanto, las soluciones deben estar principalmente dirigidas a los focos rojos. Así mismo, otro de los fallos ha sido que los esfuerzos por parte de las autoridades quedan en hechos aislados de un órgano de gobierno en específico, faltando entonces una coordinación entre gobierno federal y locales para que las acciones sean más concretas y cuenten con el respaldo de diferentes autoridades.

Es por ello, que propongo ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República, exhorta al Secretario de Gobernación implemente las gestiones necesarias para que en coordinación con los gobiernos locales, lleven a cabo las medidas enfocadas a hacer frente al problema de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México, con especial interés a aquellos municipios detectados como focos rojos para el comercio sexual, así como para que en un plazo de 180 días naturales informe a esta Soberanía de los resultados de dichas medidas.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de Septiembre de 2013.

Sen. José María Martínez Martínez".


1 http://www.proceso.com.mx/?p=345114





 

Las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

De las CC. Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez e Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día Internacional de la Paz.

"SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, MARGARITA FLORES SANCHEZ, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de la efeméride respecto al 21 de septiembre “DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ”.

El 21 de septiembre de cada año se celebra en todo el mundo el “Día Internacional de la Paz”, las Naciones Unidas ha declarado que este es un día dedicado a fortalecer los ideales de la paz, tanto en el seno de todos los pueblos y naciones como entre ellos.

El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que coincidiera con la sesión de apertura de la misma, que se celebra anualmente el tercer martes de septiembre. El Día de la Paz se conmemoro por primera vez en septiembre de 1982.

Así mismo, en 2001, la Asamblea General  de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad, resolución que estableció el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial., de esta forma se invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales a conmemorar de manera adecuada el Día Internacional de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública.1

La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos. La democracia, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sustenta un entorno propicio para el disfrute de innumerables derechos políticos y libertades civiles.

En la construcción de una cultura de paz es de gran importancia prevenir los conflictos atacando sus causas mediante el diálogo y la negociación; reconocer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; así como la libertad de expresión, opinión e información. Para que nosotros mismos y las generaciones venideras podamos cosechar los frutos de una Cultura de Paz, debemos actuar desde ahora.

El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los pueblos del mundo una fecha común para organizar acontecimientos y emprender actividades que pongan de relieve la importancia de la paz y la democracia en forma útil y realista.

No es gratuito pensar en la necesidad de conmemorar un día de estas características. En tiempos convulsos como los que vivimos actualmente, se hace obligatoria una reflexión sobre los valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de la violencia y la venganza el valor principal de nuestra convivencia no podemos pedir que las personas reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o situación. Sin embargo, si nos convencemos de una vez por todas de que sólo a través del valor de la Paz puede conseguirse un mundo mejor, empezaremos a cambiar nuestras actitudes y comportamientos, desde lo cotidiano hasta lo más excepcional de nuestras vidas.

Dado en el salón de Plenos, a 19 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis".


1 Organización de las Naciones Unidas (ONU)





 

De la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil.

"EFEMERIDE.-. DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.-.SISMO DE 1985

19 de septiembre de 2013.

En estos días, hemos vuelto a experimentar la vulnerabilidad que tenemos como país frente a los desastres naturales. Hoy, lamentamos la pérdida de más de 80 vidas y daños millonarios causados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel.  Es paradójico que la misma riqueza que entraña nuestra posición geográfica, la orografía y nuestros litorales comprenda el costo implícito de enfrentar cotidianamente los riesgos de sismos, fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas tropicales, sequías prolongadas, incendios forestales, erupciones volcánicas entre otros.

Ante estas eventualidades pareciera que poco podemos hacer, la realidad es que gracias a los avances tecnológicos y al conocimiento, si bien no podemos evitarlos, sí es posible prevenir que los daños sean mayores y estar preparados para reaccionar.

La conmemoración del día 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil establecido desde el año 2001 como recordatorio de los sismos ocurridos en 1985, nos da la oportunidad de reflexionar, si hemos evolucionado como sociedad –sobre todo- en materia de prevención; si contamos con las herramientas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y lo municipios para prevenir, prestar auxilio y emprender acciones de recuperación posterior a un desastre.

Hoy, por fortuna ya contamos con una Ley General de Protección Civil, de donde se desprende el Sistema Nacional de Protección Civil, en el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan ejes de acción no solo reactivos sino preventivos, en los estados ya contamos con reglamentos de construcción específicos,  se realizan simulacros en escuelas, oficinas y edificios públicos como el que tuvo lugar hoy en el Senado. Pero aún falta mucho más qué hacer. 

 Las preguntas que surgen entre la población son muy diversas, entre ellas: ¿México está preparado para enfrentar la ocurrencia de un sismo con magnitud similar al de 1985? ¿El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen planes de acción estratégicos para saber cómo responder ante los desastres naturales? ¿Los ciudadanos contamos con la información suficiente para saber cómo actuar antes, durante y después de una catástrofe? ¿México cuenta con las previsiones económicas para hacer frente a una contingencia mayor y posee los instrumentos financieros como fondos y seguros para solventar riesgos de tipo catastrófico? ¿Contamos con una red suficientemente amplia y moderna de monitoreo sísmico?

Cada uno de estos cuestionamientos tienen respuestas parciales, y en muchos casos insuficientes, pero es labor tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo impulsar las acciones necesarias para que el enfoque de nuestra estrategia de Protección Civil sea integral y se encuentre adecuadamente balanceada en los rubros de prevención, mitigación, reacción y recuperación.

Hoy, la lamentable situación ante las inundaciones y lluvias torrenciales que enfrentan la mayor parte de nuestros estados vuelve a poner énfasis en la necesidad de estar preparados, preparados ante la ocurrencia de 1,500 sismos de baja y mediana intensidad al año, de más de 20 huracanes y tormentas tropicales al año, del riesgo que implican 12 volcanes activos en nuestro territorio nacional, de sequías e incendios forestales recurrentes, y ahora también de las amenazas generadas por los mismos seres humanos como lo es el Calentamiento Global.

Recordamos que el 19 de septiembre de 1985, fue la sociedad civil, las y los mexicanos, quienes salieron a las calles y prestaron auxilio a los necesitados. Hoy, también deben ser todos los mexicanos de la mano de las autoridades quienes impulsemos esta agenda.

No podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados, en el Senado de la República refrendamos el compromiso de impulsar las acciones que sean necesarias para hacer de México un país líder en materia de Protección Civil recordando, de antemano, que es un tema prioritario porque está de por medio la vida de millones de mexicanos".





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el martes 24 de septiembre a las 11:00 horas.

Buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 16:06 minutos)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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