Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 5



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Septiembre de 2013

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PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:15 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 74 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 12 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintidós minutos del día martes diez de septiembre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenidodel Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves cinco de septiembre de 2013.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Informe de su asistencia a la XXI Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 27 y 28 de junio de 2013 en San Salvador, el Salvador.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Informe del estado actual que guardan los trabajos preparatorios elaborados por esa comisión, con motivo de la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, que se celebrará en Washington, D.C., el 2 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Instituto Mexicano delSeguro Social, Informe sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del SegundoAño de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedóde enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto interpretativo de los artículos Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, con relación a la reforma a dicho ordenamiento publicada el 3 de mayo de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el sexto párrafo al artículo 79 y el sexto párrafo al artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la fracción IX al artículo 4 del Impuesto Empresarial a Tasa Única.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyectode Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el artículo 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 49 bis a la Ley de Instituciones de Crédito y un cuarto párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre propio y del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud.- Sin discusión, fue aprobado en votación nominal por 90 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar alternativas ocupacionales y medidas compensatorias a favor de los pescadores y sociedades cooperativas afectados por el establecimiento de las áreas de prevención y exclusión marítima en la Sonda de Campeche.- Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuestas de modificación; Oscar Román Rosas González del PRI; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, quien presentó propuestas de modificación; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, quien presentó propuesta de modificación; y Humberto Mayans Canabal del PRI. En virtud de las diversas propuestas de modificación presentadas, la Presidencia solicitó al Senador Francisco López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca, elaborar una propuesta de consenso. En tanto se recibía la propuesta de consenso se pasó al desahogo de los demás asuntos del Orden del Día. Se sometió a consideración de la Asamblea una propuesta de modificación al dictamen de la Comisión de Pesca, la cual fue aprobada en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar y fortalecer las acciones para la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión a incorporar la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Benjamín Robles Montoya del PRD; David Monreal Ávila del PT; y Mariana Gómez del Campo Gurza, PAN. Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, María Alejandra Barrales Magdaleno, Juan Gerardo Flores Ramírez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a al Gobierno del Distrito Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a que se sumen y participen en la jornada de conmemoración del “Día mundial sin auto” que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del paquete económico 2014 que presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado, se elimine cualquier disposición que incremente la tasa del impuesto al valor agregado en la región fronteriza o se graven las importaciones temporales.- Se solicitó la consulta de urgente resolución mediante votación nominal, del resultado de la votación no se alcanzó la mayoría de dos tercios que se requiere. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado y a la Cámara de Diputados. Solicitaron el uso de la palabra los senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN; Miguel Romo Medina del PRI; Francisco Domínguez Servién del PAN; Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Javier Corral Jurado del PRI; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Pablo Escudero Morales del PVEM; José María Martínez Martínez del PAN; Ernesto Cordero Arroyo del PAN; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN; y Luz María Beristain Navarrete del PRD.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, a 40 años del golpe de Estado en la República de Chile y de la muerte del entonces Presidente de dicha República, reitera sus lazos de amistad solidaria con el pueblo chileno y la comunidad chilena en nuestro país y brinda un minuto de aplausos en reconocimiento al Presidente Salvador Guillermo Allende Gossens.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Presidente Salvador Guillermo Allende Gossens.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo con relación a las leyes secundarias en materia de educación, recientemente aprobadas.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar ayuda a los refugiados y desplazados que ha generado el conflicto en Siria.- Considerado de urgente resolución, sin discusión. Fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo en relación con la ratificación de comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.- Se autorizó su inclusión en los asuntos del orden del día. Intervinieron los Senadores: Héctor Larios Córdova, por las comisiones, para presentar el dictamen; David Monreal Ávila del PT; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD. Se procedió a la votación por cédula. Resultaron ratificados los ciudadanos: Alejandra Palacios Prieto por 103 votos, Jesús Ignacio Navarro Zermeño por 103 votos, Martín Moguel Gloria por 104 votos, Benjamín Contreras Astiazarán por 104 votos, Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido por 103 votos, y Francisco Javier Núñez Melgoza por 103 votos. El ciudadano Luis Alberto Ibarra Pardo con 12 votos no reunió la mayoría necesaria. Los seis comisionados ratificados rindieron su protesta de ley. Se procedió a la elección por cédula del Presidente de la Comisión Federal De Competencia Económica. Resultó electa la ciudadana Alejandra Palacios Prieto con 83 votos, quien rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos,con punto de Acuerdo en relación con la ratificación de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Javier Corral Jurado del PAN; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Javier Lozano Alarcón del PAN; Graciela Ortíz González del PRI; Pablo Escudero Morales del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; Layda Sansores San Román; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; Roberto Gil Zuarth del PAN; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; y José María Martínez Martínez del PAN. Se autorizó su inclusión en los asuntos del orden del día. Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Para la discusión del dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Javier Corral Jurado del PAN; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Se procedió a la votación por cédula. Resultaron ratificados los ciudadanos: Luis Fernando Borjón Figueroa por 98 votos; María Elena Estavillo Flores por 90 votos; Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar por 94; Mario Germán Fromow Rangel por 89 votos; Ernesto Estrada González por 98 votos; Adriana Sofía Labardini Inzunza por 99 votos y Adolfo Cuevas Teja por 81 votos. Los siete comisionados ratificados rindieron su protesta de ley. Se procedió a la elección por cédula del Presidente Del Instituto Federal De Telecomunicaciones. Resultó electo el ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar con 88 votos, quien rindió su protesta de ley.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar el avance de las investigaciones en contra de los 57 funcionarios públicos que fueron denunciados el 17 de abril del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a modificar el artículo 271 del Código Civil vigente para el Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar un Acuerdo con los principales buscadores de internet y las empresas que prestar ese servicio, a fin de implementar mecanismos que impidan el acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía infantil.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la fuga de amoniaco, ocasionada por trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior del estado de Coahuila informar sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, durante el periodo 2010 a lo que corre del 2013.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Fernando Herrera Ávila, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo acciones para prevenir riesgos por defectos en las estaciones migratorias, como en el caso del incendio en la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, del 4 de septiembre pasado.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

(Excitativa)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, presentado el 13 de noviembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con ocho minutos y citó a la siguiente el jueves doce de septiembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Compañeras y compañeros Senadores, antes de iniciar nuestra sesión, debo informarles que por acuerdo de la Mesa Directiva, las proposiciones con punto de Acuerdo que soliciten recursos a la Cámara de Diputados, sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se turnarán de manera directa a esa colegisladora, a fin de que reciban la atención inmediata.






PROPUESTA

Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, y en el marco y objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se contemple un aumento en las partidas del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido a las tres entidades federativas más pobres de México: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014, Y EN EL MARCO Y OBJETIVOS DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, SE CONTEMPLE UN AUMENTO EN LAS PARTIDAS DEL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA), DIRIGIDO A LAS TRES ENTIDADES FEDERATIVAS MAS POBRES DE MÉXICO: GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS

"El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

En pleno siglo XXI, 1 de cada 4 mexicanos enfrenta algún grado de carencia alimentaria. Es inaceptable que millones de mexicanos padezcan hambre, por ello resulta fundamental colocar el tema en las prioridades de la agenda pública nacional.

La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene como objetivo atender a 7.4 millones de mexicanos que padecen una doble condición: de pobreza extrema y de carencia alimentaria severa. En una primera etapa el Gobierno Federal enfocará sus acciones en los 400 municipios más pobres del país. El gabinete será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para alinear los programas y presupuestos de la administración pública federal en aras de alcanzar este noble propósito.

Por su parte, el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), es un plan que atiende las demandas de la población rural para mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación, a través de tres acciones:

1.- El apoyo a las comunidades en el fortalecimiento de su autogestión, el desarrollo de sus capacidades, sus recursos naturales, culturales, humanos, materiales y de organización.

2.- La operación y consolidación de proyectos para dar una respuesta estructurada y contundente a las necesidades de las familias rurales de comunidades de alta marginación.

3.- La consolidación de instituciones y agentes locales que, asociados y en contribución con los tres órdenes de gobierno, promuevan un modelo de comunidades rurales con enfoque de desarrollo sustentable, para lograr un mayor nivel de seguridad alimentaria y de combate a la pobreza.

El PESA en México, es promovido por la SAGARPA con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y opera a partir del diseño de estrategias e instrumentación de procesos de capacitación para Agencias de Desarrollo Rural (ADR), que a su vez apoyan el desarrollo de capacidades de unidades de producción familiar mediante la planeación y puesta en marcha de proyectos de tipo productivo y uso racional de los recursos naturales.

El PESA en su metodología incrementa los resultados mediante la apropiación de la problemática, la identificación de oportunidades y la búsqueda de soluciones desde las propias comunidades, para lograr seguridad alimentaria e incrementar el ingreso de sus habitantes.

De ahí que el objetivo general del PESA sea contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y la agricultura familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos y la generación de empleos, a fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso.

Como vemos, el PESA parte de que la seguridad alimentaria debe contemplarse como el acceso de las familias de zonas rurales marginadas, a suficientes alimentos saludables y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias con el objeto de llevar una vida activa y sana, preferentemente basado en el aprovechamiento de los recursos locales, sustentado en aspectos ambientales, sociales y económicos, y con certidumbre en el tiempo.

La población objetivo son personas físicas, grupos de trabajo para un propósito común o personas morales, que se ubiquen en localidades rurales de alta y muy alta marginación de las entidades federativas con mayor grado de marginación y pobreza del país conforme a la clasificación del CONAPO, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas y/o agroindustriales.

A partir de lo anteriormente señalado es que consideramos fundamental que para el año 2014, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemple un aumento en el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido a los tres estados más pobres de México: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el marco y objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre impulsada por el Gobierno Federal.

Asimismo, consideramos estratégico que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), coordinen esfuerzos para lograr que el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), permita que Guerrero, Oaxaca y Chiapas, puedan mejorar la alimentación y la nutrición de los habitantes de las zonas rurales de alta marginación, en sintonía con el Programa Hambre Cero al que ha convocado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De lograr un aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, en lo que se refiere al Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) dirigido a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lograremos una transformación de fondo, entre ellas, la de aumentar la producción de alimentos por parte de campesinos y pequeños productores, así como el cambio en el entorno de las comunidades que hoy padecen hambre, pero también, otro tipo de rezagos y carencias sociales contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La mayor parte de los análisis sobre la pobreza coinciden en señalar que en estas tres entidades federativas se concentra la pobreza extrema de México. En estos estados más de la mitad de su población vive en pobreza y pobreza extrema, donde carecen de vivienda, agua potable, educación y salud, de ahí que se requiera un federalismo más solidario con aquellas entidades en condiciones de marginación y pobreza.

La concentración de esfuerzos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, se explica a partirde que la dispersión poblacional dificulta la generación de empleo, por lo que a partir de proyectos productivos impulsados por el PESA se podrá mejorar el desarrollo económico de estas comunidades, así como permitir a los campesinos y pequeños productores agrícolas, aumentar la generación de alimentos y de ingresos a partir de la promoción de su propio desarrollo económico.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014, y en el marco y objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre impulsada por el Gobierno Federal, se contemple un aumento en las partidas del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido a las tres entidades federativas más pobres de México: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para que en el ámbito de sus atribuciones, coordinenlas acciones necesarias a fin de lograr que el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), permita que los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mejoren la alimentación y la nutrición de los habitantes de las zonas rurales de alta marginación, en sintonía con el Programa Hambre Cero, al que ha convocado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de septiembre de 2013.

Suscribe,

Sen. René Juárez Cisneros”.

Solicito a la Secretaría, informe al Pleno de las resoluciones que ha adoptado la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se han abordado en reuniones de la semana pasada y en ésta que corre.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron en la reunión del 3 de septiembre.

Asimismo, la Mesa Directiva autorizó el retiro de los asuntos que los promoventes solicitaron y de los cuales se informa a las correspondientes comisiones.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, retira la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, presentada el 18 de abril de 2013.

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, retira su iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Ciencia y Tecnología y de la Ley General de Educación, presentada el 14 de marzo de 2013.

Así también, la Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 39 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

De la misma manera, se les comunica que en el cumplimiento del numeral 3 del artículo 177 del Reglamento del Senado, la Mesa Directiva autorizó diversas ampliaciones y rectificaciones de turno a proyectos que se encuentran en comisiones, éstas son:

El proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 constitucionales, presentado por el Ejecutivo el 14 de agosto de 2013, queda turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Fomento Económico.

La minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo Cuarto al Título Segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recibida el 13 de marzo de 2012, queda turnada en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera.

De la misma forma, en la reunión del pasado 5 de septiembre, la Mesa Directiva autorizó los siguientes asuntos: El retiro del proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo, presentado el 8 de mayo del año en curso, por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD.

Así también, a petición de la Comisión de Pesca, se rectificó el turno del proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Puertos, presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco López Brito y Ricardo Barroso Agramont, el 29 de abril de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Pesca.

Igualmente, en la reunión del martes 10 de septiembre, se rectificó el turno a los siguientes asuntos, presentados el 14 de agosto del año en curso.

Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 1o., constitucional en materia de derechos humanos y al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías; para quedar turnados a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Se autorizó también la modificación en turno a los siguientes asuntos:

Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 constitucional y se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, presentado por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el 5 de septiembre de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Al proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 18 y 73 constitucionales, presentado por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 3 de septiembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y al proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 122 constitucional, presentado por el Senador Pablo Escudero Morales, el 5 de septiembre, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Igualmente, se amplió el turno del punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre la Ciberdelincuencia No. 185 del Consejo de Europa, presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 3 de septiembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores, Europa.

En la reunión de este día, la Mesa Directiva acordó los siguientes asuntos:

Emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen, en este caso se encuentran 33 proyectos de Decreto y la relación de éstos aparecerá en la Gaceta.

Asimismo, se autorizó la rectificación de turno al punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América a rechazar la propuesta de ofensiva militar en contra de la República Arabe de Siria, presentado por la Senadora Dolores Padierna Luna, el 5 de septiembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Son todos los asuntos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica los turnos y resoluciones que ha leído la Secretaría.

Pasemos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el informe de actividades realizadas en su carácter de Secretaria General del Parlamento Latinoamericano, durante el primer semestre del año en curso.








Una, de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Manuel Humberto Cota Jiménez, con la que remiten el informe de su visita a la República de Chile, con el propósito de conocer las experiencias desarrolladas por ese país en torno a los Programas de Atención a la Pobreza Alimentaria y los efectos en la reducción de la población con esa carencia, llevada a cabo los días del 20 al 24 de mayo de este año.








Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe de las reuniones de esa comisión y las de Asuntos Fronterizos, Norte y Asuntos Migratorios, con líderes políticos y empresariales del estado de Arizona, celebrada el 11 de septiembre de 2013.








Una, de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de actividades desarrolladas en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Prácticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, llevada a cabo en San José, Costa Rica, los días 28 al 30 de agosto de 2013.








Una, del Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina, con la que remite:

● El informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

● Programa Anual de Trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Una, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte, con la que remite su respectivo informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el que remite el Tratado sobre Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013 y firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 3 de junio del mismo año.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Seguridad Pública para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Buenos días.

Para solicitarle que sea tan gentil de turnar el punto sobre el Tratado de Armas a la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con mucho gusto, Senadora De la Peña Gómez.

Conforme a los criterios establecidos en la Mesa Directiva llevamos su petición a la próxima reunión de la Mesa.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibieron oficios con los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Hago de su conocimiento que esos informes se distribuirán entre las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.






CAMARA DE DIPUTADOS

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el día de ayer se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.



La Mesa Directiva instruyó aplicar el turno directo a comisiones, como lo permite el párrafo segundo del artículo 176 de nuestro Reglamento. El turno fue a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Solicito su atención, por favor, para escuchar el pronunciamiento en relación con los reprobables asesinatos de los Diputados locales al Congreso de Oaxaca y de Michoacán.






PRONUNCIAMIENTOS

El Senado de la República eleva su más enérgica protesta por los reprobables acontecimientos ocurridos de forma reciente en los que perdieron la vida el profesor Everardo Hugo Hernández Guzmán, Diputado al Congreso del Estado de Oaxaca y el alcalde electo del municipio de San Andrés Cabecera Nueva de la misma entidad federativa; así como el Diputado Osbaldo Esquivel Lucatero, también Diputado al Congreso del Estado de Michoacán.

Esta representación nacional exige un alto a todas las acciones emprendidas por los delincuentes en los que lamentablemente se produce la pérdida de una vida. Exigimos de las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y demandamos que se informe a la opinión pública y a esta Cámara del Poder Legislativo Federal de los resultados de las investigaciones y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de tan oprobiosos hechos.






Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para referirse al Bicentenario del Aniversario de “Los Sentimientos de la Nación”.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

En la LXII Legislatura del Senado de la República, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, con profundo orgullo y respeto conmemoramos el Bicentenario de “Los Sentimientos de la Nación”, publicados el 14 de septiembre de 1813.

En este sentido, es necesario trasladarnos a la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, el 13 de septiembre de 1813, porque es ahí donde José María Morelos y Pavón, declara Capital de las América a Chilpancingo y posteriormente, el 14 de septiembre del mismo año, dio a conocer este célebre documento.

Es un privilegio excepcional para cualquier mexicano ser vinculado a un hombre que realizó una doble ruptura histórica, la ruptura con el régimen colonial y la ruptura con el sistema ideológico y de clase que hacía posible no sólo su funcionamiento, sino lo que es más importante, la reproducción del poder arbitrario, que es la máxima injusticia para el pueblo.

Como consecuencia, hoy como nunca, la Nación acumula, desde aquellos años duros, ingentes y asombrosos, un patrimonio republicano colectivo que está por encima de las ambiciones económicas de clase y las naciones de grupo o individuos que en este sentido la soberanía reside en el pueblo.

En el marco de esta celebración, recordamos y homenajeamos, lo que sin duda fue el primer texto que de manera expresa limitaba los abusos y arbitrariedades, que histórica y nocivamente habían ejercido los españoles en perjuicio de los criollos y por supuesto, de los mexicanos.

Sin duda, esta Soberanía, es el lugar idóneo para honrar este ideal político de nación, que por su valor intrínseco consolidó y fortaleció una verdadera identidad entre las y los mexicanos que lucharon y ofrendaron su vida para hacer posible la independencia de México.

Hablar de “Los Sentimientos de la Nación”, es hablar del gran Generalísimo José María Morelos y Pavón, un michoacano ejemplar, que fue capaz de sintetizar de manera brillante la ideología del movimiento de Independencia. Nadie como él, para expresar el deseo de libertad, pero sobre todo, la necesidad de terminar con las lacerantes e infundadas injusticias.

La magnitud y trascendencia de este texto, se aprecia primordialmente en dos consideraciones básicas: la primera, es que en tal sólo 23 puntos se plasmaron las premisas esenciales para concebir un estado de derecho; y la segunda, que fue la base de proclamación de la Independencia de la América Septentrional.

Asimismo, estableció las bases para que en 1814 se promulgara la Constitución de Apatzingán, considerada la primera Constitución del México independiente y precursora del constitucionalismo de nuestro país.

Sin embargo, para dimensionar de manera más exacta lo importante que es dentro del derecho mexicano y en general, para la historia de nuestro país, es propicio señalar las premisas de mayor relevancia, sin el menosprecio de la importancia de las demás, que plantean:

- La Independencia nacional;

- La soberanía popular;

- La división de poderes;

- El nacionalismo;

- La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley;

- El principio de democracia;

- La abolición de la esclavitud;

- El reconocimiento al derecho de la propiedad;

- La prohibición de la tortura;

-  La racionalidad de los impuestos.

Sin duda, podemos dar cuenta que fue un documento visionario adelantado a su época, basado en el pensamiento liberal y garantista, propios de la administración francesa, que por primera vez, estableció la necesidad de contar con pesos y contrapesos, división de poderes e igualdad, principios indispensables para la formación de una democracia moderna.

Compañeras y compañeros legisladores, para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, es un honor recordar y celebrar el día en que se dieron a conocer “Los Sentimientos de la Nación”, del General José María Morelos y Pavón, documento considerado como uno de los textos más importantes de la historia del constitucionalismo de México.

Hoy, gracias al esfuerzo, determinación, valor y alto patriotismo de todas las mexicanas y mexicanos que dieron su vida para que nuestro país consiguiera su independencia, nuestra legislación contempla sus planteamientos modulares.

Además de que fue el punto de partida para que México se erigiera como uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos sociales.

Desde esta soberanía nacional rendimos un merecido homenaje al denominado “Siervo de la Nación”, un michoacano, que además de sus aportaciones en el campo de batalla, contribuyó para la formación de la estructura del Estado mexicano.

En el marco de esta celebración, es oportuno reafirmar nuestro compromiso como garantes de los derechos de los mexicanos. Desde esta tribuna, hago un respetuoso llamado, a basar nuestro actuar y nuestro trabajo a la altura de los grandes retos que enfrenta nuestro país y que ese ideal político de una nación más justa y equitativa se materialice a favor del bienestar, de todos y cada uno de los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

En relación con el pronunciamiento sobre los reprobables asesinatos de los Diputados locales al Congreso de Oaxaca y Michoacán que hizo esta Presidencia a petición expresa de los Senadores Benjamín Robles y Raúl Morón, se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para abundar al respecto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta.

El asunto que hoy nos trae a esta tribuna es un asunto que estoy seguro que todos sabemos lo delicado. Por eso, creo que es correcto que esta LXII Legislatura del Senado de la República manifieste su más sentida condolencia a las familias de los legisladores Hugo Everardo Hernández Guzmán y Osbaldo Esquivel Lucatero, Diputados locales de los estados de Oaxaca y Michoacán cobardemente asesinados los días 10 y 11 de septiembre del presente año. Solicito respetuosamente y, no tengo ninguna duda, de que quienes integramos esta Soberanía manifestamos nuestro completo rechazo a las conductas viles que callan la voz de un representante popular, es que hoy, como nunca antes lo he hecho en mis intervenciones en esta tribuna, pido respetuosamente a todos la mayor atención a este pronunciamiento.

Senadoras y Senadores, la muerte de Hugo Everardo Hernández Guzmán y Osbaldo Esquivel Lucatero, Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática en situaciones que nos lastiman como correligionarios, pero sobre todo, como pares de la actividad legislativa, permitir que esta Soberanía una su voz contra estos lamentables atentados.

Para el grupo parlamentario del PRD está claro que desde la fundación de nuestro partido se ha privilegiado el diálogo y la discusión a través de la vida parlamentaria como la forma de expresión social, legal y para el ejercicio de la política que represente a la ciudadanía.

Como Senadoras y Senadores debe dolernos la muerte de estos legisladores, pues ellos, al igual que los aquí presentes, se encontraban vigentes y activos en las legislaturas de sus estados. Por ello, nos hermana la situación de las últimas horas; pero, nunca aceptaremos la intimidación y la potestad del terror como interlocutores en nuestro ejercicio legislativo.

No, compañeras y compañeros, esas manos cobardes que cobraron la vida de dos Diputados no deben quedar impunes; por ello, hacemos votos para que las procuradurías locales de Oaxaca y Michoacán esclarezcan los hechos, deslinden responsabilidades y se haga justicia a los familiares de las víctimas.

México y el Estado Moderno de Derecho, que día a día construimos, no necesita teñir nuevamente de rojo sus páginas. Como sociedad hemos aceptado las instituciones y el establecimiento de tribunales para la resolución de controversias. Por eso es válido decir: No Más al México de la Violencia, no a la Persecución Política que tanto ha dañado a la nación.

Compañeras y compañeros Senadores, enaltezcamos la actividad parlamentaria, les pido, respetuosamente otorguemos un minuto de silencio a la vida de mi paisano Hugo Everardo Hernández Guzmán, que por 30 años se dedicó a la nobleza que otorga ser maestro en las zonas indígenas inhóspitas de la sierra oaxaqueña, y la construcción de la conciencia política como Presidente Municipal y Diputado, y por supuesto, también, en la memoria del Diputado Osbaldo Esquivel Lucatero.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

Registramos su petición, y si nos permite, al término de la intervención del Senador Raúl Morón, con mucho gusto lo atendemos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, para referirse al pronunciamiento que emitimos con motivo del asesinato del Diputado Osbaldo Esquivel.
- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer, un lamentable y doloroso hecho ha ensombrecido el estado de Michoacán, se trata del cobarde y artero asesinato del Diputado Osbaldo Esquivel Lucatero, legislador por el Distrito de Coacolman e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A su señora esposa, Leticia Larios Toscazo y a sus cuatro hijos, expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad por la pérdida de quien antes que representante popular fue un esposo y un padre ejemplar. Desde aquí rendimos un homenaje a la persona y a la memoria de Osbaldo, quien fue siempre gente sencilla, de trato amable y con mucha sensibilidad social.

Este crimen no sólo acaba con la vida de un hombre íntegro, de gran calidad humana que supo representar con dignidad y valor los intereses del pueblo; el atentado que lo privó de la vida es también un desafío a las instituciones y una muestra más de la grave situación de inestabilidad social que enfrentamos los michoacanos.

Desconocemos las causas que motivaron este terrible asesinato.

Como Senado de la República exigimos justicia sin dilación ni titubeos, pedimos que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones del caso, deben aclararse los hechos y detenerse a los responsables, ¡ya basta de impunidad! El Diputado alzó la voz en repetidas ocasiones para exigir soluciones urgentes ante la inseguridad que prevalece en la región de la que era originario, a la que sirvió con entrega y valentía. Luchó por la Tierra Caliente michoacana de la miseria, la marginación y la inseguridad.

Hacemos un llamado enérgico al Poder Ejecutivo Federal y al Estado, porque Michoacán no puede vivir en la zozobra.

Que cada quien asuma su responsabilidad para rescatar la paz y la tranquilidad, para restablecer el estado de derecho. No basta con discursos ni con firmar buenas intenciones, exigimos claridad en el rumbo, decisiones contundentes y firmes.

La situación de Michoacán ya no resiste simulaciones. La vulnerabilidad, los homicidios, extorsiones, secuestros, robos, despojos y otros crímenes tienen a la población desesperada, con pocas esperanzas de que mejoren las cosas.

La gente nos exige resultados. Empecemos por limpiar la corrupción que destruye la confianza ciudadana en sus instituciones.

Una vez más llamamos a la coordinación entre fuerzas policiales de los órganos de gobierno, que exista una verdadera labor de inteligencia para encontrar a los responsables de éste y los demás homicidios que continúan impunes.

Se requieren medidas y acciones bajo una política de seguridad efectiva, pero también de una política de desarrollo social integral que permitan ejercer el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de pobreza, desesperación, temor y miseria.

En este país está en riesgo la sociedad y hoy también los políticos. Oaxaca también está de luto y desde aquí compartimos su dolor por la muerte del Diputado Everardo Hugo Hernández Guzmán, profesor quien recientemente habría sido electo Presidente Municipal.

En honor a él y de nuestro querido amigo Osbaldo Esquivel, pedimos a la señora Presidenta de la Mesa Directiva, de esta Soberanía, se guarde un minuto de silencio.

Muchas gracias.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Morón Orozco.

A petición de los Senadores Benjamín Robles y Raúl Morón, les solicito ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los Diputados Everardo Hugo Hernández Guzmán y Osbaldo Esquivel Lucatero.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Les solicito ponerse de pie.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias.

Para hechos, tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: Gracias, señora Presidenta.

En efecto, yo quiero sumarme a la indignación y decir que de Michoacán no es la primera vez que subimos a esta tribuna a llamar su atención. Hemos pedido hace meses tener claridad en quién gobierna, en cómo gobierna, en cuánto va a avanzar, en qué recursos va a utilizar.

El Diputado asesinado el día de ayer, que han dicho también que ha sido alcalde antes de Buenavista, Tomatlán, esa zona fronteriza entre Michoacán y Jalisco, donde hace meses se disputan los cárteles el control. Aquí también hemos venido a decir que el crimen organizado en esa zona se ha hecho dueño del territorio, del gobierno, de la economía, de las familias, de las carreteras, de los sembradíos, de las mujeres, en ese estado.

Hemos acudido, porque a todos nos importa Michoacán, a firmar un acuerdo para salir del hoyo en donde nos encontramos.

Hemos aceptado que ese acuerdo por Michoacán es un asunto de emergencia, no un plan de gobierno.

Hemos pedido que nos digan cuáles son las metas, cuáles son las actividades y no hemos pasado del discurso.

Yo misma he apostado a sumarme a ese esfuerzo, pero no pasa nada. Nos han ofrecido que se blindarán las ciudades, nos han ofrecido que se revisarán las policías, nos han ofrecido que se activará la economía y nada ha pasado, sólo seguimos sumando muertos, seguimos sumando secuestros, seguimos sumando extorsiones, seguimos sumando el dominio, en esa zona, del crimen organizado.

Es más, si no nos movemos, verán que el día 15 habrá marchas obligadas, como las ha habido hace muchos meses, como ha colaborado el transporte público en sellar las ciudades e impedir la salida de los ciudadanos e impedir la libertad.

Hoy, además de ese minuto de silencio y de esa indignación, queremos decirle con energía a la Secretaría de Gobernación: Dinos qué estás haciendo en Michoacán, dinos cuál es tu aporte. Ya te hemos dado oportunidad de que mires el territorio, de que lo pises, de que estés ahí, de que tomes un diagnóstico. Pero las ciudadanas y los ciudadanos de Michoacán queremos decirte que ya nos des resultados, que ya nos digas dónde estás, qué está haciendo Policía Federal; qué, el Ejército, cuál es tu propuesta. No queremos estar bajo el dominio del crimen organizado.

Y hay mucha gente que no tiene voz, pero que casi ya no puede ni salir de su casa, ni producir, ni trabajar, ni relacionarse con sus vecinos, es una alerta, es un SOS de Michoacán para con el resto del país.

Me sumo también a la indignación del PRD por el asesinato de su compañero en Oaxaca, ya es tiempo de sumarnos. Por favor, no nos digan que tengamos paciencia. Michoacán se está asfixiando, vengan y ayúdenos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Monreal Avila, para hechos y hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señora Presidenta.

Lo que está sucediendo en nuestra República es verdaderamente preocupante y alarmante. En algunas partes de la República el Estado es débil. Lo anterior lo podemos fundar con los pensamientos de Thomas Hobbes, quien en su libro “Leviatán” señala que la creación de un Estado se da por medio de un pacto social. Es decir, la finalidad del Estado es la de garantizar la seguridad y la vida de toda su población. De lo contrario, la naturaleza humana acabaría destruyéndose mutuamente, a lo que llamó el estado de naturaleza.

Lamentablemente, México, desde hace varios años ha estado sumergido en una ola de violencia, la cual no se ha logrado contener. Peor aún, día a día se muestra más agresiva, tan sólo en lo que va de esta administración, han ocurrido 13 mil 775 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, es triste y lamentable que el Estado mexicano no pueda garantizar el derecho a la vida y a la paz, principios por los cuales se funda un Estado.

La estrategia implementada para erradicar el crimen organizado, narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, no es la adecuada, es una estrategia ineficiente, inservible, ya que los resultados no son los esperados.

Por un lado, el país está azotado por las malas políticas económicas y sociales; y, por otro lado, el crimen organizado.

Irónico resulta que, según Peña, tendremos que esperar un año para ver los resultados de su estrategia. Mientras esto ocurre, siguen asesinando a la población en todo el territorio nacional.

El tema de fondo es la incapacidad del Estado para brindar la seguridad a su población.

Estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y otros, han demostrado la inoperancia de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad, justicia en las comunidades, en sus municipios, que hartos de la inseguridad han decidido apoderarse del uso legítimo de la violencia.

Es innegable decir que el eslabón más débil y vulnerable en materia de seguridad son los municipios, según el último reporte de Federación Nacional de Municipios, desde el 2006 a la fecha, en el país han sido asesinados más de mil funcionarios municipales y 31 alcaldes; de los cuales 19 de ellos pertenecían al PRI, 5 al PAN, 2 al PRD y los 5 restantes de diversos partidos, esto deja ver que el problema de inseguridad poco tiene que ver con los partidos políticos, simplemente el crimen organizado desea apoderarse del poder del erario público.

Lamentablemente el crimen organizado cobró la vida de los legisladores Everardo Hugo Hernández Guzmán y Osbaldo Esquivel Lucatero, de Oaxaca y Michoacán, respectivamente, no podemos olvidar también el asesinato, a menos de 48 horas, en Zacatecas, de celebrarse comicios, en el mes de julio fue asesinado también Aquiles González Mayorga, coordinador de la campaña de Gerardo Romo Fonseca, en aquel entonces candidato a la Alcaldía de Guadalupe, por la coalición Rescatemos Zacatecas, PAN-PRD.

También hace menos de 15 días el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, en Zacatecas, Samuel Castro Correa, fue apuñalado en el abdomen cuando salía de su casa para dirigirse a una conferencia de prensa.

Por tal razón, colegas, compañeros, no basta con condenar estos lamentables crímenes ni exigirle a las autoridades correspondientes que investiguen a fondo estos delitos, no sólo el de los funcionarios públicos o representantes populares, sino todos en general. Es indispensable dar resultados a la ciudadanía que den muestra de una verdadera lucha contra el crimen organizado, y la certidumbre de vivir en un estado de derecho y así poder garantizar la seguridad y la vida a toda la población.

Mi solidaridad con los compañeros Senadores, Diputados y militantes del PRD, y ojalá que podamos detener esta ola de violencia en nuestro país.






- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento del Senado de la República en relación con el Día Internacional de la Democracia.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura.

“CONSIDERACIONES

El 8 de noviembre de 2007 las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General y mediante la Resolución A/RES/62/7, decidió establecer los días 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. En esa misma Resolución se insta a los Estados a fortalecer los programas de cada país destinados a promover y consolidar esta forma de gobierno.

Conmemorar este día es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia que tiene la democracia para el funcionamiento de nuestras sociedades. Es reconocer la responsabilidad que tenemos los distintos poderes frente a los ciudadanos, dar cuenta de nuestras acciones y refrendar nuestro compromiso de garantizar el funcionamiento adecuado de todas las instituciones públicas. Además, es fundamental que los gobiernos y las sociedades democráticas alienten el debate público, siempre es un marco de respeto y protección a los derechos y a las diferentes posiciones e ideologías.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas, ha decidido conmemorar esta fecha especial con el lema, “Reforzar las Voces de la Democracia”. Desde el Senado de la República quiero instar a todos los mexicanos a participar de forma muy activa en los distintos debates que se nos presenten a diario como sociedad. A través de sus representantes electos, desde la sociedad civil e incluso desde la reflexión personal, busquemos todos las manera de hacernos escuchar y dar espacio a la convivencia ciudadana y política de manera pacífica.

En el caso de México encontramos que el Indice de Democracia publicado el año 2011 por The Economist Intelligence Unit, ubica a nuestro país en el puesto 50 de un total de 167 países. Cabe destacar que en los primeros 50 lugares sólo encontramos cinco países latinoamericanos incluyendo a México, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá. Este índice mide Pluralismo y Procesos Electorales; Participación Política; Libertades Civiles; Participación Cultural y Funcionamiento de Gobierno.

México tiene la gran responsabilidad con la región y con sus ciudadanos. Mucho hemos avanzado y desde el Congreso hemos podido garantizar a través de nuevas leyes y reformas una democracia cada vez más participativa y mediante la cual podemos también ofrecer a todos los mexicanos una sólida gobernanza democrática. Desde el Senado de la República, las mujeres y representantes del 33 por ciento de esta Cámara, son una prueba de ello.

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, invita a los distintos países a invertir en la gobernanza democrática como una medida para garantizar el desarrollo de nuestras naciones. Ciertamente, este desarrollo será cada vez más palpable en la medida en que procuremos una respuesta eficaz a las necesidades de nuestros ciudadanos, garantizando el acceso a un sistema de justicia óptimo, donde todas las acciones del Estado estén orientadas a un buen gobierno, sean transparentes y sujetas al escrutinio público, y donde por encima de cualquier acción se preserve y garantice el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, y siendo el Senado mexicano integrante de la Unión Interparlamentaria, quisiéramos sumarnos al exhorto de las Naciones Unidas para que conmemoremos en los 162 parlamentos integrantes de la UIP el Día Internacional de la Democracia, refrendando al mismo tiempo nuestro compromiso con la libertad y el derecho a expresarnos, ser escuchados y respetados”.

Es cuanto, señora Presidenta.






- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Pido a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento de la Mesa Directiva en relación con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al pronunciamiento.

“El Senado de la República no quiere dejar pasar la oportunidad para expresar su solidaridad con los familiares de todos aquéllos que perdieron la vida en los lamentables hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Es sabido que por cercanía geográfica y vínculos laborales, muchos mexicanos también fueron víctimas.

Deseamos acompañar a toda la población estadounidense en esta fecha que año con año resulta dolorosa, pero que mantiene viva en la memoria, la imagen de aquéllos que dieron la vida por auxiliar y defender a su nación en esos momentos difíciles.

Doce años no bastan para superar una pérdida tan grande, pero a lo largo de la historia, el pueblo estadounidense ha dado muestras de su capacidad de recuperación.

Hacemos votos para que episodios de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir nunca más.

Guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del 11 de septiembre de 2001”.

Pido a todos los presentes ponerse de pie.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se solicita a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 33 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por la C. Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señora Presidenta.

La movilidad, en cualquier parte del mundo, sustentada en esquemas eficientes de transporte público, es un instrumento también para reducir la desigualdad, pues permite la adquisición de capacidades por parte de la población y de los sectores sociales que carecen de recursos suficientes para tener un automóvil propio. Cuando la población de menores recursos puede transportarse de forma económica, sencilla y ágil hacia espacios laborales, académicos, de esparcimiento entre otros, la brecha de oportunidades que existe entre los grupos poblacionales con condiciones socioeconómicas diferenciadas logra reducirse.

Ese es el sustento que contempla la presente iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en dos de sus artículos que tienen que ver con los recursos del Ramo 33; el Ramo 33 se instituyó hace ya varios años, específicamente se contemplan en él los fondos de infraestructura social, municipal y el fondo de fortalecimiento municipal que como su denominación lo señala, tienen aplicación en los municipios.

Estos fondos han sido utilizados en diferentes contextos que la misma Ley de Coordinación Fiscal señala, específicamente el fondo de infraestructura social se puede invertir para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas que tienen que ver con el combate al rezago social y a la pobreza extrema.

Los rubros específicos en los que se puede invertir tienen que ver con agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, caminos rurales, infraestructura educativa, salud, mejoramiento de vivienda, salud y también infraestructura productiva rural.

El fondo de fortalecimiento municipal, por su lado, se puede invertir en diversos temas como el pago de deuda, el fortalecimiento a la seguridad pública o a la protección civil y otros rubros como salud, educación, desarrollo social o cultural.

La presente iniciativa lo que pretende es que podamos modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que estos recursos del Ramo 33, que están etiquetados en estos rubros específicos, puedan invertirse también para desarrollar este tema que es fundamental para los mexicanos y que tiene que ver con la movilidad o con el transporte público.

La modificación contempla que se pueda invertir o coinvertir recursos en este tema de transporte porque actualmente es muy poco el porcentaje que se invierte por parte de los municipios en este tema que ha sido señalado por organismos internacionales como uno de los elementos que permite elevar la calidad de vida de los ciudadanos y, por supuesto, elevar el desarrollo de cualquier sociedad.

Hoy en día, solamente se invierte en el tema de transporte público, el 0.2 por ciento de los recursos de estos dos fondos, e infraestructura y de fortalecimiento municipal, para el tema de infraestructura ciclista, un tema de movilidad no motorizada que también es importante y cobra mayor importancia en estos días en nuestro país. Aquí se invierte solamente el 2.7 por ciento.

Entonces, la intención de esta iniciativa es no solamente posibilitar a los municipios que le inviertan a este tema que es para el desarrollo local y, en consecuencia, el desarrollo nacional, sino que además se pueda combatir algo como la contaminación, que se pueda contribuir al mejoramiento, por supuesto, del medio ambiente y a la reducción de este calentamiento global que hoy en día nos preocupa tanto.

Sabemos que el 85 por ciento de los hogares con los deciles más bajos no cuenta con un automóvil hoy en día, mientras que el 90 por ciento de los hogares en el decil más alto sí cuenta con un automóvil; en consecuencia, sabemos, vaya, que las personas con menos recursos son las menos beneficiadas. Hoy en día que se invierte una gran cantidad de recursos para ampliar vialidades.

Lo que debemos hacer, es propiciar que los municipios y los estados, específicamente también las zonas metropolitanas tengan la posibilidad de invertir en este tema de transporte público y en equipamiento, en infraestructura para el transporte motorizado y transporte no motorizado, de manera que los sectores más rezagados, que la población más vulnerable sea también apoyada al momento que tiene que desplazarse para acudir a trabajar o a desarrollar todas sus actividades.

Estamos promoviendo entonces, a través de esta iniciativa, que se pueda reformar la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en el artículo 33, en la fracción I, para que se incorpore específicamente el término de transporte público y movilidad no motorizada.

De igual manera en el artículo 37, que se pueda incluir el concepto de desarrollo de proyectos, de movilidad no motorizada y transporte público para los fondos de infraestructura social municipal, y para los fondos de fortalecimiento municipal que tienen que ver con los recursos del Ramo 33.

En resumen, con esta iniciativa estaríamos logrando, por supuesto, que se inviertan recursos en este tema de movilidad, que se pueda propiciar una ampliación de la cobertura del gasto del Ramo 33 en transporte público y que se pueda, además, contribuir a la protección del medio ambiente, y algo que es sumamente importante, que se incentive una lógica de planeación oportuna, que incorpore medidas de transporte sustentable y, en consecuencia, se mejora la calidad de vida de la población, de los municipios y las delegaciones del país que así lo decidan.

Eso es muy importante.

Esta modificación permitiría que a decisión de municipios y estados puedan invertir en el transporte público sin que sea una obligación como ésta, y sin que esta iniciativa de ley represente una erogación adicional del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LISBTEH HERNANDEZ LECONA y MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, legisladoras de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del grupo parlamentario por el Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 33 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, al tenor de la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

En 1997, con la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal se dio un paso transcendental en el proceso de descentralización del Gasto Público Federal al crear el Ramo 33 referente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Esta partida fue incorporada por primera ocasión al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, teniendo como criterios para la erogación de sus diversos tipos de aportaciones, los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Desde dicha fecha las Aportaciones Federales han representado una de las principales fuentes de financiamiento en la construcción de obra pública y equipamiento de los municipios mexicanos. El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) son los únicos del Ramo 33 ejercidos directamente por los municipios; ambos se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación mediante fórmulas y coeficientes que toman como referencia la Recaudación Federal Participable.

Como se señala en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FISM está destinado de manera exclusiva al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones a nivel municipal que beneficien directamente a sectores poblacionales que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, caminos rurales, infraestructura educativa y de salud, mejoramiento de la vivienda y la infraestructura productiva rural.

Por su parte, de acuerdo al artículo 37 de la citada ley, el FORTAMUN tiene como destino la satisfacción de los requerimientos de los municipios y las Demarcaciones Territoriales, dando prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras de estos, al pago de sus derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Como resultado de lo anterior, a través de los recursos del FORTAMUN y el FISM, los municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal pueden realizar erogaciones para proyectos en rubros tan diversos como el pago de deuda, el fortalecimiento de la seguridad pública o la protección civil; el mejoramiento de los sistemas de salud o educación; el desarrollo social o cultural; la generación de obras de alumbrado público, áreas verdes, urbanización, deporte o vivienda, entre muchas otros.

Del conjunto de los proyectos que pueden ser emprendidos, los referentes a la movilidad social constituyen para los gobiernos locales un área de oportunidad en el incremento de las condiciones económicas y sociales de su población. Los sistemas de transporte eficientes reducen las externalidades propias de la movilidad motorizada, como los daños y costos ambientales y de salud.

La movilidad, sustentada en esquemas eficientes de transporte público, constituye un instrumento para reducir la desigualdad al permitir la adquisición de capacidades por parte de la población de los sectores sociales que carecen de los recursos suficientes para tener un automóvil propio. Cuando la población de menores recursos puede transportarse en forma económica, sencilla y ágil hacia los espacios laborales, académicos, de esparcimiento y de recreación la brecha de oportunidades existente entre los grupos poblacionales con condiciones socioeconómicas diferenciadas logra reducirse.

El análisis del gasto ejercido a través del FISM y del FORTAMUN muestra que los recursos utilizados por estos fondos en materia de movilidad no han sido aplicados en proyectos que permitan aprovechar al máximo los beneficios económicos y sociales que ésta política puede propiciar. Durante el año 2011 tan solo el 5% de los recursos del FORTAMUN se utilizó en proyectos de movilidad, mientras que el 44% del total del monto asignado al FISM fue aplicado con el mismo fin.

A pesar de que un porcentaje importante del FISM se ha destinado para el desarrollo de la movilidad en los municipios y delegaciones del Distrito Federal, solamente un reducido número de proyectos en dicho fondo se ha utilizado para el fortalecimiento del transporte público y la movilidad no motorizada.

Para el año 2011, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, calculó que el 85.4% del monto total del FISM erogado en proyectos de movilidad fue utilizado en proyectos relacionados con el uso del automóvil. En lo que se refiere al FORTAMUN, del monto total utilizado en 2011 para proyectos de movilidad, el 62.5% estuvo relacionado con el uso del automóvil. No se registran recursos enfocados al transporte público en dicho fondo.

Como se muestra en el cuadro siguiente, obtenido del estudio Diagnóstico de fondos federales para transporte y accesibilidad urbana elaborado por el ITDP, los recursos aplicados en México para el desarrollo de la movilidad no motorizada y el transporte público durante el 2011 fueron mínimos. De los 871.97 millones de pesos del FORTAMUN aplicados en movilidad durante el 2011, solamente el 2% tuvo como destino la creación de infraestructura de movilidad no motorizada. Por su parte, de los 1,595.48 millones de pesos aplicados por el FISM un 0.2% se erogó en el desarrollo de proyectos de transporte público y un 0.7% para el desarrollo de infraestructura ciclista durante el mismo periodo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN Y DEL FISM POR TIPO DE INVERSIÓN EN MOVILIDAD DURANTE EL 2011

Fondo

Automóvil

 

Transporte
público

Infraestructura ciclista

 

Espacio
público

Infraestructura
peatonal

FORTAMUN

62.5%

0.0%

2.0%

29.1%

6.4%

FISM

85.4%

0.2%

0.7%

4.6%

9.1%

Fuente: Diagnóstico de fondos federales para transporte y accesibilidad urbana. Cómo gastamos nuestros recursos en México en 2011. Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México. Octubre 2012

El hecho de que la mayor parte de las obras financiadas a través de los recursos del FISM y del FORTAMUN en movilidad sea para la generación de infraestructura automotriz propaga una lógica de ineficiencia que no coadyuva a impulsar el desarrollo sustentable de los municipios y delegaciones del Distrito Federal de nuestro país. Como muestran diversos estudios, la creación y ampliación de vialidades automotrices incentiva el incremento del tránsito vehicular, lo cual se conoce como tráfico inducido.

La OCDE señala que, en México, “entre 2000 y 2010 la tasa de motorización prácticamente se duplicó, estando impulsada por aumentos en los niveles de ingreso, un amplio mercado de vehículos usados baratos, la ausencia de incentivos de precios sobre el combustible, la expansión urbana y la carencia de modos alternativos de transporte”. Este organismo indica que a pesar de que los programas de transporte urbano han funcionado con éxito, es necesario incrementarlos ampliamente para reducir el uso del automóvil.

El incremento en el número de automóviles genera externalidades negativas que impactan en factores fundamentales como la salud de la población, las condiciones del medio ambiente y la producción del sector primario con las implicaciones producidas por el cambio climático.

El gasto en movilidad automotriz tiene además implicaciones sociales preocupantes ya que su ejercicio es claramente regresivo. Como se explica en el diagnóstico mencionado con anterioridad “el 85% de los hogares del decil de más bajos ingresos no cuenta con automóvil, mientras que en el decil de más altos ingresos el 90% de los hogares cuenta con al menos un automóvil”; además, “sólo entre el 20% y 30% de los viajes en las ciudades mexicanas se realizan en automóvil particular” con lo que observamos que las personas de menores recursos son las menos beneficiadas por las políticas de ampliación de vialidades.

Ante este diagnóstico resulta preocupante que los municipios y las delegaciones del Distrito Federal mantengan un gasto tan reducido en materia de proyectos de movilidad y particularmente en lo referente al transporte público y la movilidad no motorizada. Mientras que a nivel internacional las mejores prácticas en las ciudades apuntan a mejorar dichas medidas, en México no existe una política clara de fomento al transporte sustentable.
La carencia de lineamientos y mecanismos claros para la inversión en movilidad sustentable se observa como una de los principales impedimentos para que los municipios y delegaciones del Distrito Federal desarrollen políticas adecuadas de transporte público y movilidad no motorizada. A pesar de lo anterior, se observa que algunas de estas entidades han logrado avances notables mediante la utilización del FISM y del FORTAMUN que pudieran ser replicados.

Debido a lo anterior, consideramos que un primer paso para mejorar la utilización de los recursos de los fondos mencionados en el área de movilidad, es establecer de manera clara y explícita en la Ley de Coordinación Fiscal la posibilidad de erogar recursos en materia de transporte público y movilidad no motorizada a través del FORTAMUN y el FISM; de esta forma aquellas entidades que carezcan de información específica al respecto podrán observar de manera directa el potencial de invertir en el rubro que abordamos.

Con la finalidad de alcanzar el objetivo mencionado, la presente iniciativa busca propiciar  la ampliación de la cobertura de gasto del FISM y del FORTAMUN en pro del transporte público municipal y la movilidad no motorizada.

Si se fomenta que las administraciones públicas municipales y las delegaciones del Distrito Federal eroguen recursos públicos federales en la materia se podrá potencializar la reducción de las desigualdades derivadas del uso exclusivo del automóvil por las personas de mayores recursos, otorgando oportunidades de acceso e interconexión a los menos favorecidos. De igual forma, se apoyará a la protección del medio ambiente y se incentivará una lógica de planeación que incorpore medidas de transporte sustentable con lo cual se mejorará la calidad de vida de la población de los municipios y delegaciones que así lo decidan.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo permitido en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, y 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a su consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

Proyecto de decreto

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el inciso a), del artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural, en transporte público y en movilidad no motorizada, y

b) ….

I a V…

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinaran a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, al desarrollo de proyectos de movilidad no motorizada y transporte público; y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 12 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.

DE LA CÁMARA, Gonzalo. Guía para decisores. Análisis económico de externalidades ambientales. CEPAL-Naciones Unidas; Santiago de Chile, junio de 2008.

Por ejemplo: Gilles Duranton  y Matthew Turner. “The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities”. American Economic Review, 101(6), 2011, pp. 2616-2652.  Litman, Todd. “Generated Traffic and Induced Travel: Implications for Transport Planning.” Victoria, Canada: Victoria TransportPolicyInstitute, 2011. Luis Miguel Galindo y David Ricardo Heres. ”Tráfico inducido en México: contribuciones al debate e implicaciones de política pública.” Estudios Demográficos y Urbanos, enero-abril, año/ vol. 21, número 001. México: El Colegio de México, 2006. pp-123-157. Citados en Diagnóstico de fondos federales para transporte y accesibilidad urbana. Cómo gastamos nuestros recursos en México en 2011. Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México. Octubre 2012, p. 52.

Ibídem.

Evaluaciones de desempeño ambiental, highlights. OCDE, México 2013, p. 6.

Ibíd, Diagnóstico de fondos federales; p. 51.

Ibídem.

Ibid; p. 52.

Ibid; p. 22.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Casillas Romero, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Para solicitarle a la proponente de la iniciativa, si me permite sumarme a la misma.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Garza Galván, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Para pedirle a la Senadora ponente si puedo suscribir esta iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Los Senadores que tienen levantada la mano, con el mismo objeto?

(Los Senadores asienten)

Consulto a la Senadora Mely Romero.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: (Desde su escaño) Con gusto.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Pedroza Gaitán, ¿con qué objeto?

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Además de solicitarle respetuosamente inquiera a la Senadora Mely Romero, si me permite adherirme a su iniciativa, también solicitarle a la Mesa Directiva, respetuosamente, que considere en la definición de los turnos de esta Comisión que sea valorada la posibilidad de que a la Comisión de Desarrollo Municipal le sea también turnada para su dictamen.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto, Senador Pedroza Gaitán.

Y ruego tomar registro de los Senadores y Senadoras que desean adherirse a la propuesta.






Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley Aduanera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PARRAFO Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 136 Y 137 BIS 1 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el C. Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los CC. Senadores Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN y Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Señora Presidenta, con su venia; compañeras Senadoras, Senadores:

La frontera responde a la competitividad. No es un privilegio como muchos piensan, y a veces me lo hacen sentir aquí en el centro del país.

La frontera es un contraste, pero es un contraste de dos Méxicos; el México que incipientemente nació desde 1965 cuando nos regresaban a los braseros y dió por fruto el sistema de la maquiladora y eso creó al México global que hoy, tan atingentemente, ha dado respuesta al Tratado de Libre Comercio, y nos ha hecho muy competitivos. Hemos avanzado en esa razón de la competitividad.

Ese México global, competidor, está construido en una ficción jurídica que es la Ley de la Industria Maquiladora de Exportación. Pero ha sido una excelente solución, hasta los chinos nos la copiaron, pues en esta razón, la frontera ha producido una clase media; el ingreso per cápita es un poco más alto que el resto del país, pero no es gracias a privilegios, sino al trabajo, y hemos sido la solución para muchos mexicanos, los que van de aquí y se quedan allá, y también los que nos regresan.

Y es por ello que hoy, junto con los Senadores Gracia Guzmán, Corral Jurado, Hermosillo y Celada, Garza Galván, Francisco Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz, Héctor Larios y Marco Antonio Blásquez, proponemos y también Fernando Salazar, proponemos el que se agreguen a la franja fronteriza 28 municipios, que por razones de su distancia a sus lugares de suministro les es más conveniente viajar hacia el norte, y así poder recuperar su salud económica.

Son lugares que han ido perdiendo su esencia y se han ido agotando, agotando a cargo de ese México agotador que cobra impuestos y no da servicios.

En esa razón estamos proponiendo que, justificados en ese patrón de consumo, que lo demuestra su movilidad hacia los lugares del norte, pues queden definidos en la región fronteriza.

Las distancias los matan, y esto quiere decir que el IVA, en este caso particular del consumo, los aisla, y es por ello también que empresas, que van desde el centro del país a competir allá, las mata la distancia y los fletes.

Por ello, desde abril de este año, 22 Senadores de la frontera incluyeron 23 municipios y recogimos 5 más de Coahuila que ya estaban en iniciativas anteriores.

Los nombres de ellos:

a) En Nuevo León:

Anáhuac;

Lampazos de Naranjo;
Villaldama;

Sabinas Hidalgo;

Vallecillo;

Agualeguas;

Parás;

General Treviño;

Cerralvo;

Melchor Ocampo;

Herreras;

Los Aldamas;

Los Ramones;

Dr. Coss;

Y General Bravo.

b) En Chihuahua:

Coyame del Sotol;

Julimes.

c) En Tamaulipas:

Valle Hermoso.

d) En Sonora:

Altar;

Pitiquito;

Santa Ana;

Magdalena;

Imuris.

e) En Coahuila:

Allende;

Morelos;

Nava;

Villa Unión;

Zaragoza.
Y nos es muy posible y probable, en razón de la frontera sur, el que también tengamos el que se presenten los municipios que se encuentran en la misma condición.

Y ya por último, señora Presidenta, al respecto de lo que ayer externara el señor Secretario de Hacienda, Videgaray, porque refirió, dijo, por ejemplo:

¿Por qué debe de pagar el 16 por ciento del IVA la mixteca oaxaqueña y no una ciudad de la frontera?

Pues, la diferencia, señor Secretario, no es por capricho, es por competitividad.

Me da mucha preocupación porque ver los precios que existen aquí en el centro de la República contra los de la frontera, la verdad, es un abuso a lo que paga la gente en el centro del país, y es eso, precisamente, no son iguales los precios, porque hay competencia y eso es lo que me preocupa hoy, porque estas iniciativas de reformas estructurales no nos mandan a la competitividad global, sino al contrario, a aislarnos.

Eso, pues, que tomemos en cuenta porque el norte de México le demuestra a México que se puede prosperar y que podemos tener un ingreso per cápita más alto, y seguramente lo podemos hacer igual con los compañeros de la frontera sur, y demostrarle al resto del país que el camino que quiere seguir ahora es equivocado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los suscritos, ERNESTO RUFFOAPPEL, RAUL GRACIA GUZMAN, JAVIER CORRAL JURADO, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA; SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN; FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA; MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ y HECTOR LARIOS CORDOVA integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y, MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, todos Senadores representantes de los estados fronterizos del Norte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II; 72, inciso H y 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 163 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTICULO 2º DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 136, Y 137 BIS 1, DE LA LEY ADUANERA, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para los Senadores que suscribimos la presente Iniciativa, es muy importante impulsar todas aquellas reformas que mantengan el desarrollo económico regional fronterizo del norte del país, con una visión de zona económica estratégica, a partir de la cual, se pueda detonar el desarrollo económico en otras regiones de México.

Aunque de 2008 a 2012 la economía internacional se vio seriamente afectada, México encontró la fórmula de mantener el crecimiento al cierre de 2012, con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.9%, superior al de Estados Unidos de Norteamérica que fue de 2.2% (INEGI, 2013), gracias a una política económica que permitió mantener el apoyo a la industria nacional, a la industria global (maquiladora y manufactura) y fue prudente en la política fiscal y de gasto. Lamentablemente, para este 2013 el escenario es notablemente peor, pues después de que a principios de año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había anunciado que la expectativa de crecimiento nacional sería de 3.1%, el pasado 20 de agosto tuvieron que corregir la plana y anunciar un fatídico 1.8%, que es menos de la mitad que el año pasado.

Sin embargo, la economía  de la región fronteriza norte de México, hasta el primer trimestre de este 2013, mantenía cifras económicas alentadoras, que se fueron deteriorando en la medida en que han avanzado los meses del año, que se acercan las fechas de terminación de vigencia de los Decretos Presidenciales de apoyos y estímulos a las regiones y franjas fronterizas, y que al día de hoy, en la propuesta de paquete económico 2014, se anuncia una alza en las tasas impositivas y se eliminan los estímulos fiscales para la industria y el comercio que opera en esa zona del país.

Es importante resaltar que la economía de la región fronteriza norte del país, que se compone de la suma de las seis entidades federativas fronterizas del norte: Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Sonora, es de las más importantes a nivel nacional, gracias a que sus actividades están mayormente ligadas a la economía global, que es la que compite con otros países, que con la nacional. Para demostrar dicha afirmación es importante dar algunas cifras.

El producto interno bruto de la región norte de México, asciende a  más de dos billones de pesos ($2´012,364,763  miles de pesos a precios de 2013. INEGI, 2013), lo que representa el 23.11 por ciento de la economía de todo el país. De esta cifra, Nuevo León destaca siendo la tercera entidad a nivel nacional que más contribuye con el PIB de México, aportando el 8.03%. Le sigue Coahuila con 3.27%, con el número ocho; Tamaulipas con 3.17%, en el número nueve; Chihuahua con 3.11%, en el número diez; Baja California con 2.95%, en el doce; y Sonora con 2.57%, en el catorce.

Por entidad federativa, los resultados de creación de empleos, en contraste con su población total, conforme a los datos arrojados por el último censo poblacional 2010 publicado por INEGI, son los siguientes:

ENTIDAD FEDERATIVA

POBLACIÓN TOTAL

EMPLEOS CREADOS

Nuevo León

4,653,458

43,705

Chihuahua

3,406,465

37,673

Coahuila

2,748,391

36,369

Sonora

2,662,480

28,100

Baja California

3,155,070

26,997

Tamaulipas

3,268,554

20,313

Ahora bien, en cuanto a Inversión Extranjera Directa, conforme a los datos publicados por la Secretaría de Economía con cierre a enero 2013, la región de la frontera norte captó un 25.87% del total que se registró en el país en 2012, lo que representó 3,148 millones de dólares. Las cifras en millones de dólares por entidad federativa son: Nuevo León1,157.8, Chihuahua977.6, Baja California590.7; Tamaulipas288.2; Coahuila 106.3 y, Sonora 27.4.

En materia de inflación las zonas metropolitanas de la frontera norte estuvieron por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que cerró el año 2012 con una inflación acumulada de 3.57%, excepto Ciudad Jiménez, Chihuahua, que registró una inflación de 3.74%. Las áreas metropolitanas de Monterrey, Mexicali, Ciudad Juárez, Torreón, Tampico, Chihuahua, Hermosillo, Monclova, Tijuana, Matamoros y Ciudad Acuña registraron: 3.15%, 3.2%, 2.95%, 2.84%, 2.66%, 3.4%, 2.87%, 3.28%, 3.21%, 2.76% y 3.01%, respectivamente (INEGI, 2013). 

Respecto a los sectores industriales, las cifras también resultan muy por encima de la cifra nacional. El estado de Sonora se encuentra mejor ubicado en el PIB Agropecuario, ya que está en el lugar número cuatro a escala nacional al contribuir con el 5.77% del PIB Agropecuario nacional; Chihuahua se ubica en el quinto lugar nacional al contribuir con el 5.6%; Tamaulipas participa con el 3.19% y se coloca en la posición trece; Baja California se ubicó en el número quince y contribuyó con 2.68%; Coahuila aportó 2.47% y se clasificó como el número 16 escala nacional y Nuevo León contribuyó con 1.76%, posicionándose en el lugar 20.

En el PIB Industrial destaca Nuevo León con una participación de 9.53% del PIB Industrial nacional, y se ubica en el segundo lugar nacional. Coahuila se posicionó en el lugar nueve al aportar 4.79%; Tamaulipas contribuyó con 3.53% y se ubicó en el lugar once; Chihuahua se colocó en el lugar doce con una participación de 3.13%; Baja California está en la posición trece con una participación de 3.10% y por último Sonora con una contribución de 2.63%, en el lugar 14.

En cuanto al PIB del sector Servicios, Nuevo León destaca con  el tercer lugar a escala nacional y con una contribución de 7.86%; Tamaulipas con una contribución de 2.89% se posiciona en octavo lugar; Chihuahua se ubica en noveno lugar con 2.86%; Baja California se colocó en décimo lugar con 2.81%; Coahuila en el lugar doce con 2.51% y por último Sonora que participó con 2.31% y se posicionó en el lugar 13.

Con todos estos datos, los Senadores que suscribimos la presente Iniciativa podemos asegurar que el dinamismo y desarrollo económico que se vive en la región fronteriza norte del país, no debe ser trastocada por una política recaudatoria y centralista de ningún tipo, sino al contrario, debe preservarse y garantizarse a través de todos los medios posibles a nuestro alcance, pues de ello depende la competitividad, el desarrollo económico y la generación de empleo de la región, previsto en el artículo 25, párrafos primero y penúltimo, de nuestra Carta Fundamental.

Lejos de estar proponiendo medidas de corta visión y que lesionarían el bolsillo de los habitantes de la región norte del país, los que suscribimos creemos que debemos avanzar en la generación de reformas que doten de mayor certidumbre las inversiones que actualmente están establecidas los Estados fronterizos del Norte. Más aún, debemos avanzar a modificaciones legales que permitan incluir a más Municipios de dichos Estados, que puedan entrar en la dinámica de la economía global a la que nos hemos referido.

Los estados fronterizos mexicanos que colindan con estados fronterizos del sur de los Estados Unidos de América, viven una realidad económica, social y cultural diferente a otras zonas el país. Por su cercanía con aquél país, la población de los estados fronterizos mexicanos del norte, tienden a que su vida cotidiana está ligada a la Unión Americana, lo que impone un reto al Gobierno de nuestro país, que consiste en encontrar la fórmula para que nuestra gente consuma los bienes y servicios nacionales, a pesar de que puedan resultar más caros o menos atractivos que los que se ofertan en las ciudades Americanas.

Existen al menos, dos factores que estimulan la migración de los consumidores mexicanos a los Estados Unidos. El primero de ellos tiene que ver con el precio de los bienes y servicios que se ofrecen en México, por lo cual, quienes cuentan con una visa, normalmente eligen hacer sus compras habituales allá. El segundo factor está determinado por la ubicación geográfica de las localidades y municipios de los estados fronterizos mexicanos, de modo que si la distancia y tiempo de traslado es menor hacia las ciudades Americanas, que al interior de nuestro país, determinan un flujo de consumo hacia aquél país, en detrimento de los comercios mexicanos.

Por este motivo, uno de los factores más determinantes para afrontar el reto al que nos hemos referido, tiene que ver con la tasa impositiva que se aplica al consumo de bienes y servicios, es decir, la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como se llama en México, la cual debe ser competitiva, para que la gente que vive en la región fronteriza, se sienta estimulada a comprar en su localidad, en vez de trasladarse al otro lado de la frontera.

Aunado a ello, lo ideal es que dicha tasa diferenciada, se pueda aplicar no sólo a las localidades que entran dentro de los 20 kilómetros paralelos a la línea divisoria con Estados Unidos, como se contempla en el concepto de franja fronteriza que actualmente prevén los artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 136 de la Ley Aduanera, sino a la totalidad del territorio de los Municipios de los que forman parte dichas localidades. De igual forma, en aquellos Municipios cuya distancia y caminos para el traslado hacia las ciudades fronterizas sea más fácil, que hacia las ciudades que se encuentran más próximas en el interior de México, se les permita formar parte de la “región fronteriza” y tener acceso a todos los beneficios fiscales que la legislación vigente prevé.

Cabe decir que los ordenamientos jurídicos vigentes, que comprenden Leyes y Decretos Presidenciales, tienen definiciones distintas de lo que se entenderá por franja fronteriza y por región fronteriza y por lo tanto, los estímulos fiscales, la regulación aduanera y la tasa impositiva del IVA, se aplica en diferentes zonas geográficas, por no existir unidad en los conceptos.
Por lo tanto, esta Iniciativa tiene dos objetivos. Por una parte, unificar en los ordenamientos legales los conceptos de “franja fronteriza” y “región fronteriza”, de tal manera que no quede lugar a dudas cuáles son las fracciones geográficas del territorio nacional que comprenden un concepto y los Estados y Municipios que comprendan el otro, con la intención de que todas los ordenamientos fiscales que las contemplen, incluyan las mismas áreas y no haya diferencias entre el contenido de las Leyes, Decretos, Acuerdos o demás disposiciones jurídicas; y por la otra,ampliar el número de municipios que conforman la definición “región fronteriza”, basados en los criterios de ubicación geográfica y relación económica con la Unión Americana, con lo cual se estimule el consumo interno de sus pobladores y se dote de mayor competitividad a los estados fronterizos del norte de nuestro país, frente a los fronterizos de los Estados Unidos de América.

Bajo dicho argumento, se hizo una revisión de la Legislación Federal y se encontró que la definición de “región fronteriza” únicamente se encuentra contemplada en el artículo 2º, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual dispone:

Artículo 2º.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiente el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional

Por su parte, en artículo 136 de la Ley Aduanera,  sólo define “franja fronteriza”, pero la determinación de “región fronteriza” se la deja al Ejecutivo Federal.

Artículo 136.Para los efectos de esta Ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros al interior del país.

Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal.

Por este motivo, en diversos decretos que ha emitido el Ejecutivo Federal, tanto los conceptos de “franja fronteriza”, como los de “región fronteriza” varían entre sí, pero además son diferentes a los previstos en la Legislación Federal.

Revisando los Decretos vigentes, detectamos que en el “Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la zona fronteriza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 24 de diciembre de 2008 y cuya vigencia vence justamente el próximo mes de diciembre de 2013, en su artículo 2º, fracciones II, III, IV y V, dispone:

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entiende por: …

II. Franja fronteriza norte, al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sorona;
III. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala: a la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en elt ramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula, Chiapas y los límites que geográficamente le corresponden;

IV. Región fronteriza, a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial del Estado de Sonora, la franja sur colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora; Comitán de Domínguez, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco.

V. Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros del este de Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional;

…”

Cabe decir que dentro del concepto de “franja sur colindante con Guatemala” dentro del mismo decreto se incluye también al Municipio de Tapachula, Chiapas y, como resulta evidente, la definición de “región fronteriza” que se prevé en dicho decreto, es muy diferente a la contemplada en la Ley del IVA, a pesar de que las consideraciones económicas y sociales argumentadas en la exposición de motivos de dicho decreto, son prácticamente las mismas que en los sendos decretos por los que ha reformado el cuarto párrafo del artículo 2º de la Ley del IVA, las cuales medularmente consisten en precisar que el otorgar un tasa diferenciada a la zona fronteriza, busca dotar de mayor competitividad a la región y mejorar la calidad de vida y la economía de sus residentes.

Por su parte, en el “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1º de julio de 2011, se define de manera expresa “franja fronteriza” en su artículo 2º, fracciones III y IV dispone:

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entiende por:

III. Franja fronteriza norte: el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México.

IV. Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros del este de Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional, y

…”

Sin embargo, no existe en este decreto definición de “región fronteriza”, sino únicamente se hace referencia a “zona”, conforme a los artículos 11 y 12, que disponen:

Artículo 11.- Los vehículos usados que se importen en forma definitiva conforme al presente Decreto que para ser destinados a permanecer en la franja fronteriza norte, en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, en el Estado de Sonora, deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación aduanera para su internación temporal al resto del país.

Artículo 12.- Los vehículos usados susceptibles de importarse conforme al artículo 4 del presente Decreto, que se hayan importado en forma definitiva conforme al presente instrumento para ser destinados a permanecer en la franja fronteriza norte, en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, en el Estado de Sonora, podrán ser reexpedidos al resto del país de conformidad con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, sin que en ningún caso se dé lugar a la devolución o compensación de contribuciones.

Los residentes en las zonas referidas en el primer párrafo de este artículo podrán optar por importar en definitiva los vehículos usados a que se refiere el artículo 4del presente Decreto al resto del país, efectuando el pago de las contribuciones aplicables, en cuyo caso, no se sujetarán a las formalidades para la internación temporal para circular en el resto del territorio nacional.

Los artículos transcritos, difieren en cuanto a los municipios que abarca, a lo estipulado en el artículo 137 bis 1, de la Ley Aduanera, en cual prevé:

Artículo 137 bis 1.- Las personas físicas que acrediten su residencia en la Franja Fronteriza Norte, así como en los Estados de Baja California, Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares.

Como se aprecia, el Decreto del Ejecutivo Federal relativo a la importación definitiva de autos usados, incluye al municipio de Caborca, en el Estado de Sonora, mientras que el artículo 137 bis 1 de la Ley Aduanera lo excluye.

Por todo lo anterior, los que suscribimos estimamos indispensable que exista uniformidad en los conceptos jurídicos de “franja fronteriza” y “región fronteriza”, pues resulta sumamente peligroso que tales definiciones cambien de un ordenamiento jurídico a otro. Si bien es cierto que el Ejecutivo Federal, en término del artículo 131 Constitucional podrá ser facultado para fijar precios, tarifas arancelarias, permitir o restringir importaciones, entre otras funciones, no menos cierto es que es el Congreso de la Unión a quien corresponde facultarlo para tales fines. Bajo dicha premisa y una vez que se han detectado las disparidades en las definiciones en comento, se estima indispensable hacer las adecuaciones legales correspondientes que eviten falta de certeza jurídica y económica, al no tener claro qué áreas geográficas podrán ser o no, objeto de beneficios y estímulos fiscales, para efectos de competitividad.

De manera paralela al esfuerzo de unificar las definiciones, aprovechamos esta oportunidad para solicitar a los veintidós Senadores provenientes de los Estados fronterizos del Norte del país que actualmente conforman esta LXII Legislatura, que nos retroalimentaran informándonos si en sus Estados existían Municipios que vivieran una realidad económica ligada a las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos, de tal manera que pudiéramos incluirlos en las definiciones que adicionaríamos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley Aduanera.

Resultado de ese proceso de consulta, se obtuvo respuesta de los Senadores Ivonne Liliana Álvarez García y Raúl Gracia Guzmán, ambos del Estado de Nuevo León, del como el Senador Javier Corral Jurado, del Estado de Chihuahua, de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Estado de Tamaulipas; y del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, pidiendo se incluyeran dentro de la definición de “región fronteriza” a los municipios siguientes:

a) Nuevo León:

1. Anáhuac,
2. Lampazos de Naranjo;
3. Villaldama;
4. Sabinas Hidalgo;
5. Vallecillo;
6. Agualeguas;
7. Parás;
8. General Treviño;
9. Cerralvo;
10. Melchor Ocampo;
11. Herreras;
12. Los Aldamas;
13. Los Ramones;
14. Dr. Coss
15. General Bravo

b) Chihuahua:

1. Coyame del Sotol y,
2. Julimes

c) Tamaulipas:

1. Valle Hermoso

d) Sonora:

1. Altar;
2. Pitiquito;
3. Santa Ana;
4. Magdalena e,
5. Imuris

Por cuanto hace a los municipios de Nuevo León, los Senadores proponentes en términos generales explican que en la carretera a Laredo, Texas, se encuentran los municipios de: Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Bustamante, Villadama, Sabinas Hidalgo y Vallecillo; por la carretera Miguel Alemán, Tamaulipas, se encuentran los Municipios de: Parás, Agualeguas, General Treviño, Cerralvo, Melchor Ocampo, Herreras, Los Aldamas, Los Ramores, Dr. González y Marín y, por la carretera a Reynosa, Tamaulipas, se encuentran los Municipios de: Dr. Coss, General Bravo y China.

Por lo tanto, si bien es cierto que los municipios señalados en el párrafo anterior se encuentran a más de 20 kilómetros de la línea divisoria de México con los Estados Unidos de América, también es cierto que la distancia con el vecino país es menor que la distancia hacia la capital del estado de Nuevo León, por lo cual los habitantes de dichos municipios guardan una actividad comercial mayormente ligada con el país vecino que con México, incluso para realizar compras cotidianas como despensa y alimentos, en lugar de trasladarse a las zonas urbanas del estado.

El caso más paradójico es el del Municipio de Anáhuac, el cual está situado en el norte del estado de Nuevo León en la región denominada Llanos Esteparios del noreste o Llanura Costera del Golfo. Es el único municipio neoleonés que limita con los Estados Unidosde América, quedando a más de 60 kilómetros de la zona urbana del Estado. Sin embargo, ni los ordenamientos legales ni los Decretos que ha emitido el Ejecutivo Federal, lo contemplan como Municipios parte de la “región fronteriza”, quedando fuera de los beneficios fiscales y arancelarios aplicables a dicha región.

Respecto a la justificación proporcionada para incluir a los Municipios del estado de Chihuahua, se explica que éstos se encuentran geográficamente más cerca de la línea fronteriza, que de la capital del estado, Chihuahua. Su vida económica depende prácticamente del vecino país, porque las ciudades más cercanas están allá. La falta de fuentes de trabajo ha propiciado que buena parte de su población migre a los Estados Unidos, buscando el anhelado sueño americano. Su actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería y, sólo Julimes, cuenta con procesadoras de productos para exportación que es de lo que prácticamente se sostiene. Sin embargo, los climas extremosos y la falta de lluvias, han afectado seriamente su desarrollo económico, por lo que el establecimiento de más comercios e industrias, serían el detonante de su crecimiento y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Por cuanto hace a los argumentos proporcionados para incluir al Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, se señala que está situado en la parte noreste del Estado y es frontera física y territorial con Estados Unidos de América. Su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con dicho país y a 280 kilómetros de la capital del Estado que es Ciudad Victoria. Sin embargo, ningún ordenamiento lo incluye como parte de la región fronteriza, por lo cual los comercios han visto afectada su economía por el desplazamiento de consumidores hacia las ciudades vecinas de los Estados Unidos de América. Además, por su ubicación geográfica y por las vías de comunicación con que cuenta, hacen muy difícil que su población consuma en el mercado nacional, resultado más fácil y barato desplazarse a las ciudades de los estados fronterizos de el país vecino, que al interior del estado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido esta situación y, a petición de la Cámara de Comercio de Valle Hermoso, se ha logrado que se le dé tratamiento fiscal fronterizo para efectos del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mediante Acuerdos del Ejecutivo Federal. Sin embargo, esta petición se ha tenido que hacer año con año y hay que esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictamine si persisten las condiciones que motivaron el tratamiento fiscal, para que éste se refrende año con año, lo cual lesiona la certidumbre jurídica y la seguridad de quienes invierten en dicho Municipio.

El caso de Valle Hermoso, es esquemático en cuanto a la falta de certeza jurídica en cuanto a la determinación de la definición de “región fronteriza”. Se insiste que tanto para efectos jurídicos, como económicos y de inversión, debe ser la Ley la que de manera fehaciente disponga lo que se entenderá por “región fronteriza” y evitar que se pueda ir cambiando en el tiempo, pues eso afecta seriamente el desarrollo económico y la inversión de los estados fronterizos.

Respecto a los municipios propuestos para el Estado de Sonora, se arguye que la inclusión como parte de la franja fronteriza, les permitiría la instalación de nuevas industrias, sobre todo de exportación y manufactureras, las cuales dotarían de empleos a la zona, pero además detonarían la actividad económica y el consumo, además de restarle presión demográfica a la ciudad de Nogales.

La siguiente tabla se presenta un comparativo de los Municipios propuestos por los Senadores, en el que se refleja la distancia existente entre éstos y la línea fronteriza, en comparación con la distancia que hay hacia las capitales de sus Estados, con lo cual se pretende demostrar su mayor vinculación económica con el vecino país del norte, que el interior del país.

Municipio origen

Municipio Capital

Municipio Origen

EUA

NUEVO LEÓN

Anáhuac

224 km a Monterrey

Anáhuac

60 km a Laredo Tx

Lampazos de Naranjo

179 km a Monterrey

Lampazos de Naranjo

120 km a Laredo Tx

Villaldama

96 km a Monterrey

Villadama

145 km a Roma Tx

Sabinas Hidalgo

99 km a Monterrey

Sabinas Hidalgo

117 km a Roma Tx

Vallecillo

125 km a Monterrey

Vallecillo

103 km a Roma Tx

Agualeguas

128 km a Monterrey

Agualeguas

69.8 km a Roma Tx

Parás

150 km a Monterrey

Parás

46.7 km a Roma Tx

General Treviño

117 km a Monterrey

General Treviño

66 km a Roma Tx

Cerralvo

96 km a Monterrey

Cerralvo

86.6 a Roma Tx

Melchor Ocampo

104 km a Monterrey

Melchor Ocampo

93.4 km a Roma Tx

Herreras

123 km a Monterrey

Herreras

120 km a Roma Tx

Los Aldamas

159 km a Monterrey

Los Aldamas

78.6 km a Río Grande City Tx

Los Ramones

81.5 km a Monterrey

Los Ramones

138 km a Roma Tx

Dr. Coss

139 km a Monterrey

Dr. Coss

131 km a Mc Allen Tx

General Bravo

129 km a Monterrey

General Bravo

117 km a Mc Allen Tx

CHIHUAHUA

Coyame del Sotol

143 km a Chihuahua

Coyame del Sotol

40 km fronteraOjinaga

Julimes

-

Julimes

90 km fronteraEUA

TAMAULIPAS

Valle Hermoso

280 km a Cd. Victoria

Valle Hermoso

40 km frontera EUA

SONORA

Altar

 

Altar

 

Pitiquito

 

 

 

Santa Ana

 

 

 

Magdalena

 

 

 

Imuris

 

 

 

Con la información vertida en la tabla anterior se aprecia que los municipios propuestos por los Senadores, salvo los de Villaldama; Sabinas Hidalgo y Los Ramones, en Nuevo León, cuentan con una distancia menor hacia Estados Unidos que hacia las capitales o ciudades urbanas de sus Estados, lo que les facilita ir a hacer las compras hacia el vecino país, ya que normalmente los productos son más baratos. Sin embargo, la contrapartida de dicha situación, es la afectación al comercio nacional, por lo que se estima procedente realizar una adecuación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley Aduanera, a efecto de unificar la denominación de “región fronteriza”, incluyendo a los Municipios que se han señalado, con la intención de fortalecer su actividad económica, situación que resulta no sólo idónea, sino constitucional, como lo ha sostenido el máximo Tribunal de la Nación.

En la tesis del Tribunal Pleno P. CXXXVII/97, publicada en la página 208 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, se determinó lo siguiente:

“VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 2º DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, QUE ESTABLECE LA APLICACION E UNA TASA MENOR CUANDO LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS SE REALICEN POR RESIDENTES EN LA REGION FRONTERIZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE 1995). El artículo citado respeta el principio de equidad tributaria al establecer la aplicación de una tasa del diez por ciento sobre los actos o actividades gravados, cuando ellos se realicen por residentes en la región fronteriza, ya que siendo el consumo el objeto de este impuesto indirecto, el cual atiende tanto a la capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios, resulta un hecho notorio que el referido consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras naciones altera los patrones de consumo, por lo que al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de la región en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende el principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional”.

Al hacerse la adecuación al dispositivo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incrementar en un punto porcentual la tasa de dicho impuesto, el Supremo Tribunal ratificó su criterio de constitucionalidad, en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. CCXVII/2011, publicada en la página 213 del Tomo II, correspondiente al mes de noviembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que la letra se lee, cuyo rubro es “VALOR AGREGADO. EL HECHO DE QUE SE HUBIERAN INCREMENTADO LAS TASAS DEL IMPUESTO RELATIVO, EN UN PUNTO PORCENTUAL, NO TRASGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2010), la cual señala que el hecho de que se hubiera incrementado la tasa aplicable a la región fronteriza en un punto porcentual al haber pasado de 10 a 11% y la aplicable al resto del país en 6.6% al incrementarse de 15 a 16%, no transgrede el principio de equidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que aritméticamente hay una variación en el  impacto que provocó el aumento de un punto porcentual, dado que se trata de cantidades distintas, también lo es que el incremento que se da tanto en la tasa general del impuesto como en la región fronteriza fue de 1%, de modo que se da el mismo trato a todos aquellos contribuyentes que realicen los actos o actividades que grava la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en la citada región o fuera de ella. Ello es así, en virtud de que cualquier contribuyente que lleve a cabo una operación en al región fronteriza (con excepción de la enajenación de bienes inmuebles) deberá aplicar la tasa de 11% a los actos o actividades que grava la LIVA, dándose un trato igual a los iguales, pero distinto respecto de aquellos que realizan ese tipo de actividades fuera de la citada región, a quienes se les aplicará la tasa de 16%, en lo que respecta al referido precepto constitucional.

Ahora bien, los que suscribimos no queremos dejar de mencionar los esfuerzos que han realizado Senadores de anteriores legislaturas para incluir a nuevos Municipios en la denominación de “región fronteriza”. Tal es el caso de los Senadores Carlos Osuna Dávila y Silvia Guadalupe Garza Galván, de las LXI y LXII Legislaturas, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y representantes por el Estado de Coahuila, quienes presentaron las iniciativas de Ley correspondientes para que tanto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como en la Ley Aduanera se incluyeran a los municipios de: Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, hasta los 53.5 kilómetros de su estado de origen, basados en motivaciones económicas y de las que se obvia la reproducción de su exposición de motivos, sin embargo se incluyen en el Proyecto de Decreto que sometemos a su consideración.

De igual manera y habiendo revisado el contenido de los Decretos del Ejecutivo Federal en comparación con las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley Aduanera, se propone elaborar una definición única de “franja fronteriza” y “región fronteriza”, en la que se incluyan a los Municipios que ha previsto el Ejecutivo Federal en los diversos decretos que se encuentran vigentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- SE REFORMA EL CUARTO PARRAFO Y SE ADICIONAN EL PARRAFO QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 2º DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 2º.- …


Para efectos de esta Ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así como a los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, así como el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden.

La región parcial del Estado de Sonora es la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

La región fronteriza abarca, además de la franja fronteriza, a todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, hasta el kilómetro cincuenta y tres punto cinco, de Coahuila; Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Vallecillo, Agualeguas, Parás, General Treviño, Cerralvo, Melchor Ocampo, Herreras, Los Aldamas, Dr. Coss y General Bravo,de Nuevo León; Coyame del Sotol y Julimes, de Chihuahua; Valle Hermoso, de Tamaulipas; Altar, Pitiquito, Santa Ana, Magdalena e Imuris, de Sonora; Comitán de Domínguez, de Chiapas; Salina Cruz, de Oaxaca y Tenosique, de Tabasco.

SEGUNDO.- SE REFORMAN LOS ARTICULO 136, Y 137, BIS 1 DE LA LEY ADUANERA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 136.- Para los efectos de esta Ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así como a los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, así como el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden.

La región parcial del Estado de Sonora es la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Por región fronteriza se entenderá, además de la franja fronteriza,los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, hasta el kilómetro cincuenta y tres punto cinco, de Coahuila; Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Vallecillo, Agualeguas, Parás, General Treviño, Cerralvo, Melchor Ocampo, Herreras, Los Aldamas, Dr. Coss y General Bravo, de Nuevo León; Coyame del Sotol y Julimes, de Chihuahua; Valle Hermoso, de Tamaulipas; Altar, Pitiquito, Santa Ana, Magdalena e Imuris, de Sonora; Comitán de Domínguez, de Chiapas; Salina Cruz, de Oaxaca y Tenosique, de Tabasco.

ARTICULO 137 bis 1.- Las personas físicas que acrediten su residencia en la Franja Fronteriza Norte del país, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los Municipios de Cananea y Caborca, de Sonora; Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, hasta el kilómetro cincuenta y tres punto cinco, de Coahuila; Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Vallecillo, Agualeguas, Parás, General Treviño, Cerralvo, Melchor Ocampo, Herreras, Los Aldamas, Dr. Coss y General Bravo, de Nuevo León; Coyame del Sotol y Julimes, de Chihuahua; Valle Hermoso, de Tamaulipas; Altar, Pitiquito, Santa Ana, Magdalena e Imuris, de Sonora; podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto, el Titular del Ejecutivo Federal, emitirá las reformas a los Decretos que haya expedido en los que se establezcan disposiciones jurídicas aplicables a la Franja Fronteriza y a la Región Fronteriza, debiendo ajustar su contenido a las definiciones previstas en los artículos 2º, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 136, de la Ley Aduanera, sin que pueda variar los Municipios contemplados.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013.

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Túrnese a la Cámara de Diputados.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Debido a que la economía de mi estado, Sinaloa, donde muchísimas familias viven en la frontera norte, noroeste, de nuestro país, y que de ahí viven, incluso envían recursos a familias sinaloenses, y porque nuestro potencial económico está muy relacionado con la frontera norte, le pido al Senador Ernesto Ruffo y a los Senadores proponentes, si me permiten sumarme a esta iniciativa.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Ruffo Appel, ¿está de acuerdo?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Desde luego que sí.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Le pido a la Secretaría, por favor tome nota de todos los Senadores que desean suscribirse a la iniciativa.

En el apartado de las iniciativas, en donde se dio el uso de la palabra en tribuna a la Senadora Mely Romero Celis, también se va a turnar a la Comisión de Desarrollo Municipal.






Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La iniciativa que vengo a presentar ante esta Soberanía adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de introducir en dicha legislación el concepto de gasto social. Esto es algo de suma importancia, puesto que no existe una definición clara sobre lo que es el gasto social.

Tanto la CEPAL, la OIT y el PNUD han adoptado, de acuerdo con su experiencia, una serie de enfoques sin poder llegar a tener un consenso sobre sí mismo. Sin embargo, lo que sí es un hecho, es que las necesidades sociales e ideológicas han influido en el desarrollo del concepto, dentro del diseño de políticas públicas al grado de marcar definiciones sobre el nivel de compromiso económico que un Estado adopta con los ciudadanos, o bien, establece las pautas para dejar que el sector privado sea fuente de financiamiento social. Un claro ejemplo de esto podemos verlo dentro del Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene como integrantes a empresas como Nestlé y Wal-Mart.

Existen, sin embargo, tres dimensiones que nos permiten poder caracterizar este gasto social: La primera, se refiere al perfil de las organizaciones que lo controlan; la segunda, son los propósitos sociales que financia; y finalmente, la tercera es la cantidad de recursos que se erogan para alcanzar fines sociales.

En nuestro país lo que hasta hoy hemos conocido como gasto social, está fuertemente compuesto por gasto social público, es decir, son erogaciones presupuestales, principalmente federales, sin embargo, no se conoce el monto agregado de estos recursos, principalmente por los siguientes motivos:

Primero. Son varios los actores que intervienen para dirigir el rumbo de la política social, y si bien; la Ley General de Desarrollo Social y sus ordenamientos concurrentes coordinan muchos de estos esfuerzos, a nivel subnacional no queda clara la coordinación de los propósitos sociales.

Segundo. Hay una clara disociación entre el concepto de gasto social que maneja la Secretaría de Hacienda y los propósitos sociales que persiguen el conjunto de planes, programas y normas de la política social.

Y, finalmente, un tercero. El gasto social que reporta a la Federación únicamente se refiere al monto ejercido por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin tomar en cuenta tratos fiscales preferenciales, al respecto se estima que en 2008 el costo de estos beneficios ascendió a 294 mil millones de pesos, lo que representó un 3% del PIB o bien el 26% del gasto social ejercido directamente.

Con esta insuficiencia de información es difícil poder estudiar y consultar la información de gasto social, además, se entorpece el proceso de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones con respecto al rumbo de la política social y su gasto. Esto es de suma importancia si se considera que en los últimos diez años el gasto social ha sido la máxima prioridad de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ejemplo, en el 2012, representó poco menos de la mitad.

Aún más, de acuerdo con la OCDE, en 2012 el gobierno federal destinó 76.1 centavos de cada peso al pago de subsidios, salarios, pensiones y gastos de operación y solamente 23.9 a inversión en proyectos de infraestructura. De los 76.1 centavos, 39% se destinó al pago de salarios de burocracia, el 27.2% a servicios de agua potable y electricidad, el 18.1% a gasto de pensiones y el 15.7% al gasto de financiamiento de programas sociales. Con esto, se afirma posteriormente que México tiene el gasto social más bajo dentro de los países que integran OCDE, pues es de aproximadamente el 8% del PIB, cuando el promedio es del 22%

Por lo tanto, consideramos que un primer paso importante para poder mejorar la eficiencia del gasto social es tener definido el monto real de los rubros que lo comprenden y para ello es necesario delimitarlo con precisión, a fin de desarrollar a detalle, sus funciones sociales y clasificar los gastos a partir de esto.

Conocer la magnitud precisa del gasto social y los propósitos que persigue, impactará positivamente en la obtención de información útil, para evitar la duplicidad de beneficios sociales que recibe la población. Por otra parte, tener claridad de los tratos fiscales preferenciales es indispensable para estimar el monto total de recursos públicos que la Federación destina al ámbito social.

Con la integración de la información del gasto social en la Ley General del ramo, habrá mecanismos de coordinación institucional entre actores del Poder Ejecutivo y Legislativo, para definir los propósitos sociales y delimitar su función social, a fin de evitar propósitos desordenados y especificar en un solo rumbo, con todos los actores, el quehacer social.

En suma, esta propuesta tiene como objetivo aumentar la calidad de la política social al fortalecer institucionalmente los aspectos técnicos en cuanto a su diseño y gestión en materia económica. Dicho objetivo es fundamental si consideramos que la información confiable y comparable de los recursos económicos asignados al sector social permitirá, en el mediano plazo, realizar actividades de monitoreo y evaluación de impacto de los componentes de la política. Así, con este proyecto se pretende aportar el detalle de las fuentes que comprenden el gasto social, para contar con una herramienta útil de gestión para la política social, ya que por medio de su aplicación se generaría la información necesaria para la toma de decisiones y administración de recursos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

"La que suscribe, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

No existe una definición aceptada sobre lo que es Gasto Social. Tanto la CEPAL, la OIT y el PNUD han adoptado, de acuerdo con su experiencia, una serie de enfoques sin poder llegar a tener un consenso sobre el mismo. Las necesidades sociales e ideología inciden en este concepto, al grado de marcar definiciones sobre el nivel de compromiso que un Estado adopta sobre el mismo, o bien, establecer pautas para abrir al sector privado como una fuente del financiamiento. Un claro ejemplo de esto podemos verlo en las empresas que fueron invitadas a participar dentro del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Existen, sin embargo, tres dimensiones para poder caracterizar al Gasto Social: LA PRIMERA, se refiere al perfil de las organizaciones que lo controlan; LA SEGUNDA, son los propósitos sociales que financia; y finalmente, LA TERCERA, es la cantidad de recursos que se erogan para alcanzar fines sociales.

En nuestro país lo que hasta hoy hemos conocido como Gasto Social, está fuertemente compuesto por gasto social público, es decir, son erogaciones presupuestales, principalmente federales, sin embargo, no se conoce el monto agregado de estos recursos, principalmente por los siguientes motivos:

PRIMERO: Son varios los actores que intervienen para dirigir el rumbo de la política social, y si bien, la Ley General de Desarrollo Social y sus ordenamientos concurrentes coordinan muchos de estos esfuerzos, a nivel subnacional no queda clara la coordinación de los propósitos sociales.

SEGUNDO: Hay una clara disociación entre el concepto de Gasto Social que maneja la Secretaría de Hacienda y los propósitos sociales que persiguen el conjunto de planes, programas y normas de la política social.

Y FINALMENTE UN TERCERO: El Gasto Social que reporta la Federación únicamente se refiere al monto ejercido por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin tomar en cuenta tratos fiscales preferenciales, al respecto se estima que en 2008 el costo de estos beneficios ascendió a 294 mil millones de pesos, lo que representó un 3 por ciento del PIB, o bien el 26 por ciento del Gasto Social ejercido directamente.

Con esta insuficiencia de información es difícil poder estudiar y consultar la información de Gasto Social, además, se entorpece el proceso de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones con respecto al rumbo de la política social y su gasto. Esto es de suma importancia si se considera que en los últimos diez años el Gasto Social ha sido la máxima prioridad de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ejemplo, en el 2012 representó poco menos de la mitad.

Aún mas, de acuerdo con la OCDE, en 2012 el Gobierno Federal destinó 76.1 centavos de cada peso al pago de subsidios, salarios, pensiones y gastos de operación y solamente 23.9 a inversión en proyectos de infraestructura. De los 76.1 centavos, 39 por ciento se destinó al pago de salarios de la burocracia, 27.2 pro ciento a servicios de agua potable y electricidad, entre otros, 18.1 por ciento a pensiones y 15.7 por ciento al financiamiento de programas sociales. Con esto, se afirma posteriormente que México tiene el Gasto Social más bajo de entre los países que integran la OCDE, pues es de aproximadamente 8 por ciento del PIB, cuando el promedio es del 22 por ciento.

Por lo tanto, consideramos que un primer paso importante para poder mejorar la eficiencia del Gasto Social es tener definido el monto real de los rubros que lo comprenden y para ello es necesario delimitarlo con precisión, a fin de desarrollar a detalle sus funciones sociales y clasificar los gastos a partir de esto.

Conocer la magnitud precisa del Gasto Social y los propósitos que persigue, impacta positivamente en la obtención de información útil para evitar la duplicidad de beneficios sociales que recibe la población. Por otra parte, tener claridad de los tratos fiscales preferenciales es indispensable para estimar el monto total de recursos públicos que la Federación destina al ámbito social.

Con la integración de la información del Gasto Social en la Ley General del ramo, hará mecanismos de coordinación institucional entre actores del Poder Ejecutivo y Legislativo para definir los propósitos sociales y delimitar su función social, a fin de evitar propósitos desordenados y especificar en un solo rumbo, con todos los actores el quehacer social.

En suma, esta propuesta tiene como objetivo aumentar la calidad de la política social al fortalecer institucionalmente los aspectos técnicos en cuanto a su diseño y gestión en materia económica. Dicho objetivo es fundamental si consideramos que la información confiable y comparable de los recursos económicos asignados al sector social permitirá, en el mediano   plazo, realizar actividades de monitoreo y evaluación de impacto de los componentes de la  política. Así, este proyecto pretende aportar el detalle de las fuentes que comprenden el gasto social, para contar con una herramienta útil de gestión para la política social, ya que por medio de su aplicación se generaría información útil para la toma de decisiones y la administración de recursos.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Desarrollo Social.

Unico.- Se adiciona al artículo 5; una fracción VI, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. Gasto Social: Comprende las erogaciones y gastos fiscales que la Federación, Gobiernos Estatales y Municipales realizan en cumplimiento de la responsabilidad del Estado con los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.

VII. Se recorren hasta XI.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados llevará a cabo las modificaciones necesarias a efecto de lograr el efectivo cumplimiento del presente Decreto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 12 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.






Enseguida, tiene la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un apartado C del Artículo 102 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Layda Elena Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 1º DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS Y 1º DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

(Presentada por la C. Senadora Layda Elena Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

- La C. Senadora Layda Elena Sansores San Román: Señor Presidente, compañeras: compañeros.

He presentado dos iniciativas, una, solicitando se modifique el Artículo 102 constitucional, para crear el ombudsman militar como una institución de vigilancia, que como en otros países, represente al Congreso.

La otra iniciativa es sobre misiones del Ejército.

Estas iniciativas, ahí modificaríamos los artículos 1º de las Leyes Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México.

El objetivo de estas iniciativas es abrir a las Fuerzas Armadas el ejercicio de la transparencia y a la rendición de cuentas que ha sido un tema tabú en este país.

Hay que anclar al Ejército en su causa institucional, y en su función primordial de defender a la patria de fuerzas extranjeras y de mantener el orden institucional, pero siempre con el respaldo del pueblo.

Hoy están desbordadas las funciones del Ejército, y lo tenemos haciendo labores de policías, en la lucha contra el narcotráfico, dando lugar a desmanes y violaciones de derechos humanos en una lucha sin destino, porque aquí esto se va a acabar hasta que la droga se legalice, y ya sería buena hora de empezar el debate.

Ahí están cuidando las oficinas del SME desde hace buenos meses. Ahí tienen una comisión del Ejército cuidando las oficinas.

Si tanto nos interesa el Ejército y si dan tan buenos resultados como policías, yo propongo que pensemos ya en reformar el Ejército Mexicano.

Han sido castigados soldados que pertenecen al Ejército por negarse a portar el uniforme de la Policía Federal.

Esto estoy pidiendo, estas dos iniciativas, que se turnen a las comisiones.

Y que hoy voy a aprovechar para presentar un punto de Acuerdo, porque está atado al contenido de mis iniciativas.

En el punto de Acuerdo solicito que, en el marco de la glosa del informe, comparezcan ante este Pleno, el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina. Es de preocuparse, pero nunca en la historia del país se han presentado los Secretarios de la Defensa y de Marina a rendir cuentas al Congreso.

Y tanto su ley y su legislación militar considera informar al Congreso, cuál es el estado que guarda la Sedena, cuál el estado que guardan los sectores de la Defensa, en su artículo 9, fracción V del Reglamento Interior de la Sedena.

Pero resulta que no comparecen; pero lo que es peor, no vienen a rendir cuentas al Congreso, pero ahí vamos los congresistas a sus instalaciones a tomarnos el chocolatito y a recoger el souvenir. Esto es humillante, y yo creo que tiene que cambiarse ya por la política que estamos llevando y darle su lugar a este Congreso que merece.

Y ahora nada más les agrego para que nos sintamos más confrontados, ahí tenemos a los Secretarios de la Defensa y de Marina firmando convenios con empresarios, ahí sí hay encuentros. Pues creo que el venir aquí no es para lastimarlo, tendremos que aplaudir esta actitud que han tenido, valiente en contingencias, en desastres, su acción ha sido impecable, pero también hay que hacerles muchos cuestionamientos en cuestión de opacidad.

Se ha triplicado el presupuesto del Ejército en 12 años, pero no nos queda claro en qué se gasta, no sabemos cuántos soldados se convirtieron a policías de la noche a la mañana. Tenemos muchas dudas que hay que preguntarle y que merecemos saber los legisladores.

Yo tengo siempre una pregunta, ¿por qué en este país hay tantos generales? ¿Saben que en el Ejército Chino hay 191 generales para 2 millones de efectivos? En nuestro país hay 541 generales, sin considerar a los 850 coroneles, para 211 mil efectivos, o sea, 360 a su mando, cuando en China tienen 10 mil 500 a su mando.

Casi estamos a punto de decir que en cada soldado un general te dio. Entonces creo que no es posible que sigamos con esta opacidad, y pido que se revise y que se convoque tanto al Secretario de la Defensa, como al Secretario de la Marina a comparecer en el Pleno de este Senado y a inaugurar una etapa republicana en la vida de México.

Y hablando del Ejército, cada vez que hable de él pediré justicia para el General José Francisco Gallardo, quien debe de ser reinstalado porque fue absuelto.

Gracias a ustedes por escucharme, y espero que no les saque urticaria mi propuesta y empecemos a trabajar sobre ella.

(Aplausos)


Iniciativa



- El C. Presidente Cervantes Andrade: El proyecto de reformas constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México, se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Démosle certeza a nuestra Constitución, garanticemos la libertad de tránsito, todo ciudadano tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, esto es un derecho fundamental. Pero también es un derecho el que toda persona tiene de habitar y permanecer en su comunidad, sea su lugar de origen o el lugar de su interés, sujetándose sólo a las limitaciones constitucionales en materia de migración o salubridad, sin embargo, no siempre es así.

En ese ámbito lo hemos visto recientemente en otros continentes donde pueblos completos, miles de habitantes, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, se han visto obligados a desplazarse de sus comunidades por hambrunas, por guerra, por odios étnicos o religiosos, por desastres naturales. En México, fenómenos como éstos, en dimensiones menores, han sido recogidos en investigaciones antropológicas destacando los motivos religiosos e incluso los desplazamientos a mediados del siglo pasado donde se generaron con la construcción de grandes presas.

Del análisis de estos fenómenos nos percatamos que quienes resultan desplazados son miembros de comunidades indígenas que al abandonar su residencia ancestral pierden no sólo el vínculo espiritual con la tierra que los hermana, sino los vínculos sociales y materiales que los distingue y caracterizan y que como legisladores, estamos obligados a preservar y garantizar, atendiendo el respeto a la diversidad cultural que tutela el Artículo 2º de nuestra Carta Magna.

Esta problemática se ha presentado, según estudios de la CDI, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo, entre otros. Si bien tenemos un antecedente de carácter administrativo en donde en 2006 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro de sus atribuciones, expidió los lineamientos específicos del Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, conocidos como el PAID.

¿Qué reconocía? Que en los últimos años han ocurrido en México diversos problemas que alteran la convivencia social al interior o entre diferentes comunidades, que la conflictiva social tiene, entre otras cosas, la falta de respeto a la diversidad política y religiosa, la fragilidad del Estado, las violaciones a los derechos humanos y, en ocasiones, la diversidad étnica y cultural, que dichas causas provocan que personas o grupos se vean obligados a abandonar su hogar y lugar de origen para evitar la violencia o después de haberla sufrido, es decir, se convierten en desplazados.

Entonces, el desplazamiento es un fenómeno social que tiene consecuencias negativas sobre el bienestar, el patrimonio y la integridad física de los afectados. Los desplazados se enfrentan a la pérdida de sus viviendas, trabajo y tierras, así como a la carencia de servicios básicos de educación y salud.

Es cierto que podrían tomarse medidas administrativas, como el programa de la CDI para la certeza jurídica que tendríamos reformando en lo conducente la Ley General de Población, garantizaría, sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas, ante una eventualidad ajena a su voluntad, una protección a sus derechos individuales y colectivos.

En efecto, el proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Población, y que propongo a ustedes, contempla cumplir, como medida de la autoridad, que debe observar para garantizar los fines previstos por esa ley general. El garantizar el bienestar de la población desplazada, de sus núcleos de residencia habitual por causas ajenas a su voluntad.

Dentro de una sección que se adicione al Capítulo IV de esta ley propongo que se enuncie lo que debe entenderse por “población desplazada” para distinguirla claramente de fenómenos de migración agrícola, por ejemplo, debemos entender por población desplazada, al asentamiento humano que sin contar con destino propio de reubicación, y sin que nadie medie la voluntad de hacerlo, abandone su núcleo de residencia habitual por amenazas de integridad física, seguridad o libertades personales.

En ese caso, la obligación que se impone en mi iniciativa a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades estatales y municipales que incluyan por lo menos el suministro de alimentos, traslados, alojamiento temporal, servicios médicos y recuperación de posesiones.

Para no dejar duda sobre la situación forzosa de este desplazamiento, propongo que con toda claridad se determine que la autoridad responsable procurará en todo tiempo la reintegración definitiva al núcleo de residencia habitual.

El desplazamiento de una población es un fenómeno que trasciende cuestiones políticas y administrativas, garanticemos a nuestras comunidades sus elementales derechos ante un eventual desplazamiento.

Agradezco su atención y le solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero pedirle turno de la iniciativa que acaba de ser presentada, por favor, a la Comisión de Derechos Humanos, si es tan gentil.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Humberto Mayans.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Que el Senador Eviel Pérez considerara la posibilidad de suscribir su iniciativa, por favor.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador René Juárez, ¿para el mismo efecto?

- El C. Senador René Juárez Cisneros: (Desde su escaño) Para el mismo efecto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Rosas González, ¿para el mismo efecto? Tome nota la Secretaría, por favor.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de la Ley Orgánica del Banco de Fomento Turístico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL BANCO DE FOMENTO TURISTICO

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los CC. Senadores José Francisco Yunes Zorrilla, Luz María Beristain Navarrete y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de esta Asamblea, una iniciativa que contiene la Ley Orgánica que busca crear el Banco de Fomento Turístico.

Cuando revisamos el turismo, no solamente en el país, sino las cifras que existen en el mundo, vemos cómo éste es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, donde dicha actividad sirve para reducir la pobreza en países, especialmente que se encuentran en vías de desarrollo. Este sector genera el 9 por ciento del empleo a nivel mundial, es decir, prácticamente 1 de cada 12 empleos tienen que ver con la actividad turística directa o indirectamente, aporta el 5 por ciento del Producto Interno Bruto en todo el mundo y la tercera parte del comercio mundial.

Cuando uno revisa las cifras del turismo para nuestro país, representa casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, hay que subrayar de manera enfática que el turismo es uno de los pocos sectores que ha crecido durante la presente administración, o digamos durante el desarrollo de los presentes dos trimestres, con un crecimiento del 2.1 por ciento anual, que es significativo si lo comparamos con la caída que tenemos en el crecimiento en el resto de los sectores.

Hay que señalar que el flujo turístico para el 2012 significó 23 millones de visitas de turistas extranjeros, significó alrededor de 12,600 millones de dólares en términos de derrama económica, y los empleos directos, solamente los que tiene registrados el IMSS, significan alrededor de 2.5 millones de empleos para el año 2012.

Una cifra que es significativa y que es especialmente relevante, es que prácticamente la mitad de la fuerza laboral que es empleada en este sector, son mujeres, y esto obviamente es algo digno de resaltarse porque a diferencia de otros sectores de la economía, es intensivo en mano de obra femenina.

La gran pregunta que nos queda frente a estas cifras en un sector que tiene un importante crecimiento, que tiene esa capacidad de generar ingresos, generar empleos en todos los territorios del país, desde Baja California hasta Quintana Roo, desde el estado de Guerrero a Tamaulipas, no hay un solo rincón de nuestro territorio nacional que no tenga la capacidad de aprovechar el turismo con un enorme potencial, sea por la riqueza cultural, por la riqueza gastronómica, por la belleza escénica de nuestras playas, de nuestros cerros, de nuestras barrancas, de nuestras sierras. Nuestro territorio en toda su amplitud tiene una amplia capacidad de aprovechamiento en materia turística.

Y, una vez dicho esto, lo preocupante es que no tengamos instituciones sólidas, claras, contundentes, dedicadas a fomentar la actividad turística.

El FONATUR, creado en los años 70’s, que fue en su momento una institución representativa de México con importantes aportaciones para el mundo, se ha quedado estancado; se ha convertido de lo que fuera una banca promotora del crecimiento regional, solamente en una inmobiliaria que no hace más que financiar en parte o en cachitos esas áreas que son los centros integralmente planificados, y se queda incapacitado para poder financiar lugares que teniendo un importante potencial turístico, al no encontrar un nicho de financiamiento se ven claramente incapacitados para desarrollarse.

Un ejemplo puede ser Zacatecas, siendo un lugar importante y trascendente como un gran atractivo turístico, pues cuando voltea los ojos a la banca de desarrollo no encuentran los empresarios, los hoteleros, los comerciantes, los restauranteros la actividad tanto de parte del sector social como el sector privado, no encuentran una institución que los pueda atender. O Guanajuato, siendo una de las principales cunas, no solamente de la Independencia, sino de la actividad cultural, de la actividad turística, no cuenta con una institución en la cual los actores económicos dedicados a fomentar el turismo en esa bellísima parte de nuestro país no encuentra un instrumento para poder acceder al financiamiento.

Y, si hiciéramos un recorrido desde Puebla hasta Oaxaca tenemos enormes deficiencias en el crecimiento de la actividad económica por no tener, compañeros y compañeras, una banca que promueva el desarrollo turístico como una de las áreas primordiales para generar crecimiento y empleo.

Por eso, lo que propone la presente iniciativa y lo hago convencido de que esto puede ser un significativo instrumento de desarrollo para el estado de Guerrero, para Acapulco, para Zihuatanejo, para Taxco que son las partes de mi estado, el estado de Guerrero que siguen teniendo un enorme potencial en materia turística, pueden ser instrumentos para garantizar que institucionalmente haya la atención que requiere esta importante área de la economía en el estado de Guerrero.

Por eso, la creación de este Banco de Fomento Turístico es una propuesta que busca apoyar a este sector con una banca especializada de segundo piso para financiar proyectos del sector social y privado.
El Banco de Fomento Turístico habría de convertirse, si es que así lo aprueba esta Soberanía, en un instrumento de financiamiento de la Secretaría de Turismo, gobiernos estatales, municipales, comunitarios y del sector privado nacional.

Con esto lograríamos abaratar el costo de los financiamientos y tener una mayor coherencia en las intervenciones que pueda tener el sector público y especialmente la coordinación del sector público para con el sector privado.

Así, ampliando el apoyo de créditos para infraestructura y mantenimiento del sector turístico y canalizando el financiamiento de instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento a aquellos proyectos turísticos podían realizar un impulso como el que requiere el desarrollo regional.

Lo que buscamos es consolidar los actuales centros turísticos que existen en el país, así como financiar infraestructura, servicios y equipamiento en centros de desarrollo en esta importante actividad.

Compañeras y compañeros, siendo que nos ha llegado el día de hoy la propuesta de reforma financiera, que tiene una gran cantidad de temas, pero donde una de las columnas vertebrales de la discusión, sin duda alguna es la banca de desarrollo. Yo los invito, a las Senadoras y a los Senadores, a que revisemos esta discusión de reforma financiera como una oportunidad para desdoblar y para renovar la banca de desarrollo.

Hoy el FONATUR se encuentra agotado, hoy el modelo de financiamiento del FONATUR no atiende el enorme potencial que tenemos en todo el territorio nacional, pues solamente se aboca a los centros integralmente planeados.

Estoy convencido de que el turismo está convocado a ser una de las principales locomotoras de desarrollo del país, desde nuestra herencia cultural, nuestra trascendencia arqueológica, nuestro potencial que tenemos en las playas y las bellezas escénicas que son las que le dan nombre a México en el mundo.

Yo los invito a que aprovechemos la discusión financiera que habremos de hacer en el Senado de la República, una vez que el día de hoy nos ha llegado la minuta por parte de la Cámara de Diputados, y que aprovechemos este impulso que tiene la renovación financiera para que con una banca de desarrollo y fomento al turismo podamos encontrar la nueva plataforma de desarrollo, especialmente el desarrollo nacional que requiere nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ríos Piter.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Rojas Hernández.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Para solicitarle atentamente al Senador Armando Ríos Piter si me permite adherirme a esta propuesta.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Le pido a la Secretaría que dé cuenta de todos los Senadores que se quieren sumar a esta noble iniciativa.






Enseguida, tiene la palabra el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna,  del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente.

El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Hoy día, la ciencia, la tecnología, así como la innovación, constituyen en el mundo una palanca de crecimiento económico y son un factor fundamental para el desarrollo de los países. Muchas naciones han apostado al desarrollo científico y tecnológico dedicándole grandes presupuestos, pero también adecuando sus leyes respectivas.

Para el Ejercicio Fiscal 2005, en la Cámara de Diputados se dispuso que el destino de los recursos financieros recaudados por el Instituto Federal Electoral, el IFE, por concepto de sanciones a los partidos políticos se canalizara directamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.

La Cámara de Diputados estableció este mecanismo a fin de que los recursos que por este concepto se recaudaran fueran destinados para apoyar las labores científicas y tecnológicas en nuestro país.

Sin embargo, desde el primer año de su aplicación, existieron diversos obstáculos para lograr su objetivo, pues la redacción de la parte normativa no era armónica con la exposición de motivos expresados por el legislador; lo cual daba lugar a interpretaciones parciales y restrictivas, obstaculizando que los recursos llegaran al destino final que se había pretendido. Por poner un ejemplo, se argumentaba que el Presupuesto de Egresos de la Federación se refería a multas, siendo que la legislación electoral se refería a sanciones económicas.

No obstante lo anterior, esta disposición siguió contemplándose en los presupuestos de egresos de los años siguientes, perfeccionándose ya en parte al establecerse cuánto, cómo y en qué se deberían de aplicar estos recursos.

De esta manera se estableció un plazo de 30 días para la entrega de los recursos por parte del IFE a la Tesorería y también se mandató que éstos deberían destinarse a Centros Públicos de Investigación y ejercerse en actividades de investigación sustantivas y proyectos científicos, a fin de evitar que se utilizaran en gasto corriente.

La norma siguió apareciendo en los Presupuestos de Egresos de la Federación desde el año 2006 hasta el presente Ejercicio 2013.

Pese a lo importante de esta disposición, el problema y riesgo radica que esta norma tiene una vigencia solamente temporal, pues sólo es contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual se aprueba anualmente.

Con esta iniciativa que el día de hoy estoy presentando, estamos buscando ampliar los recursos destinados a favor de la ciencia, pues ya no serán únicamente los obtenidos por sanciones a partidos políticos como se había venido estableciendo en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los años anteriores, también se busca que sean los obtenidos por las sanciones impuestas a todos los sujetos de responsabilidad del régimen sancionador electoral y disciplinario establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por mencionar algunos que pudieran ser los precandidatos, los candidatos, observadores electorales, autoridades de los tres niveles de gobiernos, sindicatos, medios de comunicación, organismos autónomos, iglesias, ministros de culto. En fin, cualquier otro ente público.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa.

Artículo Unico.- Se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera:

Con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, los recursos de las sanciones económicas que en su caso aplique el Instituto Federal Electoral a todos los sujetos de responsabilidad del régimen sancionador disciplinario establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Los recursos serán destinados al ramo administrativo 38, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los Centros Públicos de Investigación y no podrán ejercerse en servicios personales ni en conceptos destinados a los proyectos antes mencionados. Para tal efecto, deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento, y ésta a su vez deberá canalizarlos en un plazo igual, o sea, 30 días, a los fines establecidos en este párrafo.

El ejercicio y destino de estos recursos deberán reportarse en los informes trimestrales a que se refiere esta ley.

Compañeras y compañeros, lo que estamos buscando con esta iniciativa es dar la certeza de que esos recursos lleguen realmente a la ciencia y la tecnología y que estén establecidos en una ley, no solamente en un Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde en determinado momento pudieran ya no aparecer.

Les agradezco su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy día la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen palancas de crecimiento económico y son un factor fundamental para el desarrollo de los países. Muchas naciones han apostado al desarrollo científico y tecnológico dedicándole un mayor presupuesto a estos rubros, pero también adecuando sus respectivas legislaciones.

En noviembre de 2004, con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en la H. Cámara de Diputados se dispuso que el destino de los recursos financieros recaudados por el Instituto Federal Electoral (IFE) por concepto de sanciones a los partidos políticos se canalizara directamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

La Cámara de Diputados estableció este mecanismo a fin de que los recursos millonarios que por este concepto se recaudarán fueran destinados para apoyar las labores científicas y tecnológicas en el país. Adicionalmente, y de acuerdo a la exposición de motivos, con esta norma, se buscó que dichos recursos no se quedaran en el IFE o llegaran a la Tesorería sin un destino claro; asimismo, se advirtió  y se consideró que con una disposición de esta naturaleza podría inhibir al IFE de un posible exceso en sus atribuciones que le permitiera allegarse recursos extraordinarios.
Sin embargo, desde el primer año de aplicación de esta norma, existieron diversos obstáculos para lograr su objetivo, pues la redacción de la parte normativa no era armónica con la exposición de motivos expresados por el legislador; lo cual daba lugar a interpretaciones parciales y restrictivas, obstaculizando que los recursos llegaran al destino final que se había pretendido. Como ejemplo se argumentaba que el PEF 2004 se refería a “multas” siendo que la legislación electoral se refiere a “sanciones económicas”.

No obstante lo anterior, esta disposición siguió contemplándose en los Presupuestos de Egresos de los años siguientes, perfeccionándose al establecer con toda claridad, cuándo, cómo y en qué se deberían aplicar estos recursos.

De esta forma se estableció un plazo de 30 días para la entrega de los recursos por parte  del IFE a la Tesorería y también se mandató que éstos deberían destinarse a los Centros Públicos de Investigación y ejercerse en actividades sustantivas y proyectos científicos, a fin de evitar que se utilizaran en actividades administrativas o de operación.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)  2006 dicha disposición apareció en el artículo 26. Para el siguiente año estuvo en el artículo Octavo Transitorio; mientras que en los años siguientes la disposición de remitir los recursos de las multas a los partidos políticos apareció de la siguiente forma: PEF 2008 (artículo 53); PEF 2009 (artículo50); PEF 2010 (artículo 51), y PEF 2011 (artículo 53). Por su parte, en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013 establecieron en sus artículos 56 y 44 respectivamente, lo siguiente:

“Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2013, serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados, en los términos de las disposiciones aplicables, al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación y deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberá reportarse en los Informes Trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos.”

Pese a lo importante de esta disposición, el problema radica en que esta norma tiene una vigencia temporal pues solo es contenida en los Presupuestos de Egresos que se aprueban anualmente.

En este contexto es que propongo la presente iniciativa, la cual tiene como finalidad darle seguridad jurídica y estabilidad a los recursos que con motivo de la aplicación de las sanciones económicas que impone el Instituto Federal Electoral se destinan en beneficio de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, y de esta manera lograr que dicha disposición ya no corra el riesgo que conlleva la transitoriedad de ser considerada año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que desde la ley se establecería su obligatoriedad.

Para tal efecto, la iniciativa que pongo a consideración  propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –en donde se reglamenta la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales-, adicionando dos párrafos al artículo 9 del mencionado ordenamiento, para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, mediante los recursos que el Instituto Federal Electoral recauda con motivo de las sanciones económicas que en cumplimiento de sus facultades legales impone.

Con esta reforma también se busca ampliar los recursos destinados a favor de la ciencia, pues ya no serán solo los obtenidos por sanciones a los partidos políticos como lo han venido estableciendo los Presupuestos de Egresos de la Federación de los años anteriores, sino también los obtenidos por las sanciones impuestas a todos los sujetos de responsabilidad del régimen sancionador electoral y disciplinario establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conforme a esta propuesta, se enviarían al CONACyT todos los recursos obtenidos por sanciones económicos impuestas -además de los partidos políticos-, las impuestas a las agrupaciones políticas nacionales; aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos o cualquier persona física o moral; observadores electorales u organizaciones de observadores electorales; autoridades o servidores públicos; notarios públicos; extranjeros; concesionarios y permisionarios de radio o televisión; organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político; organizaciones sindicales, laborales o patronales o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, y ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.

Por otra parte en la adición que se propone, se plantea que los recursos serán destinados al ramo administrativo 38, correspondiente al Consejo de Ciencia y Tecnología, quien los destinará a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación establecidos en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y no podrá ejercerlos en servicios personales ni en conceptos distintos a los proyectos mencionados.

Por último, propongo, al igual que se ha estipulado en los Presupuestos de Egresos de la Federación desde el año 2006, que los recursos sean remitidos a la Tesorería de la Federación dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago y que el ejercicio y destino de esos recursos se reporte en los Informes Trimestrales a que se refiere la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adicionalmente y no menos importante se establece también el plazo de 30 días para que la Tesorería los canalice para los fines respectivos. 

Esta Iniciativa pretende dar continuidad al flujo de recursos que a través de las sanciones impuestas por el IFE se está aplicando en actividades sustantivas y proyectos científicos de los 27 Centros Públicos de Investigación que coordina el CONACyT, pues gracias a estos recursos, muchos Centros se han visto fortalecidos en su infraestructura y equipamiento de laboratorios y bibliotecas, además de desarrollar proyectos de investigación en ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades, y en desarrollo e innovación tecnológica.

Estoy convencido que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser áreas prioritarias para nuestro país, por lo que considero que otorgar mayores recursos a estas áreas es fundamental para el crecimiento y desarrollo que buscamos como país. Resulta imperativo dar un enorme impulso al quehacer científico en las universidades y centros de investigación del país y apoyar decididamente a las nuevas generaciones de investigadores, para en la medida de lo posible combatir el rezago existente.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artículo Unico.- Se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 9.- …


I a III.

Con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, los recursos de las sanciones económicas que en su caso aplique el Instituto Federal Electoral a todos los sujetos de responsabilidad del régimen sancionador disciplinario establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Los recursos serán destinados al ramo administrativo 38, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los Centros Públicos de Investigación y no podrán ejercerse en servicios personales ni en conceptos distintos a los proyectos mencionados. Para tal efecto, deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento, y ésta a su vez deberá canalizarlos en un plazo igual a los fines establecidos en este párrafo.

El ejercicio y destino de estos recursos deberán reportarse en los Informes Trimestrales a que se refiere esta Ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Alejandro Tello Cristerna".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Tello Cristerna.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Puente Salas.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Sí, muchas gracias, señor Presidente.

Para solicitarle respetuosamente al Senador Alejandro Tello, si me permite adherirme a su proyecto de Decreto que acaba de presentar.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Tómese nota. Senador Puente Salas, ¿para el mismo efecto? Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del apartado A del Artículo 102 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL APARTADO A DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La justicia siempre convida a la paz. Por eso es importante la justicia, porque sin ella no hay paz. Porque sin justicia crecen los resabios, los agravios perduran y tarde o temprano trastocan la vida interna de una familia, de una comunidad o de una sociedad.

Justicia hoy en Chiapas es sinónimo de libertad para el profesor Alberto Patishtán.

Multitud de voces, desde los expertos en derechos humanos, juristas, importantes actores sociales y políticos de distinto signo, militancia y latitud, cuando analizan con cautela el caso del profesor Patishtán, llegan a la misma conclusión, es una injusticia su reclusión.

Aquí ya se ha mencionado en diversas ocasiones la serie de irregularidades e inconsistencias en su proceso. Se ha comparado su situación con casos renombrados mediáticamente.

Se ha expresado con claridad que no se respetó el debido proceso, que se violó el derecho de presunción de inocencia, que hubo una actuación diferenciada con respecto a otros coacusados.

El profesor Alberto Patishtán está preso desde junio del año 2000, se le acusa de haber masacrado, él solo, a siete policías y herido también a dos personas más en la carretera Simojovel y El Bosque.

Desde entonces ha interpuesto recursos ante todas las instancias, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero el 6 de marzo pasado la Primera Sala de la Suprema Corte rechazó, en una votación por cierto muy ajustada, revisar el caso y lo turnó nuevamente a un Tribunal Colegiado.

Las víctimas de estos terribles acontecimientos del año 2000, sin duda merecen justicia, por supuesto que sí. Pero ésta no se logra con otra injusticia, como lo es la sentencia y la permanencia del profesor Patishtán en la cárcel.

Desde presuntos culpables hasta la trascendencia del debido proceso, nuestro sistema de justicia ha estado bajo el escrutinio público en los últimos años y ha sido destacable el reconocer sus imperfecciones. No por sí mismas, sino porque su reconocimiento hace que podamos corregir otras desviaciones.

Recordemos, compañeras, compañeros Senadores, el desafortunado suceso popularmente conocido como el “michoacanazo”. En periodo electoral se utilizó a la Procuraduría para investigar supuestos nexos entre candidatos a puestos de elección popular y la delincuencia organizada.

Si hubiese resultado que los candidatos en comento eran culpables, esta acción hubiera sido aplaudida, sin embargo, en el deshogo de cada uno de los procesos las pruebas presentadas ante el Ministerio Público fueron desechadas una a una por insuficientes o por insostenibles.

Uno a uno fueron liberados los candidatos y con ello se derrumbó la pretensión de utilizar a la justicia en terrenos propios de la política. Esto no significa que la institución ministerial no contara con elementos vastos y suficientes para presumir, quizá, la culpabilidad de estas personas, sino que no realizó de forma adecuada sus investigaciones.

Por otro lado, tenemos el controvertido caso en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Florence Cassez queda en libertad, no porque se presumiera de su inocencia o culpabilidad, sino más bien porque se violentó el debido proceso.

Si contrastamos el caso de Cassez con la injusticia que está a punto de cometerse contra Patishtán, en lo que refiere al debido proceso, son exactamente iguales, ambos tuvieron violaciones procesales, en ambos casos se violentaron los mismos derechos.

Lo realmente valioso de la resolución de la Corte en el caso Cassez, fue sentar el precedente que el debido proceso debe de ser el eje rector de toda valoración judicial respecto de las investigaciones ministeriales.

En teoría, se debería resolver de la misma manera porque no existe diferencia en términos procesales de las violaciones de las cuales ambos fueron sujetos, las únicas diferencias, y de eso debemos estar todos avergonzados, entre estos dos casos, estivan en la apreciación social de la responsabilidad de cada uno; la responsabilidad en que Florence sí se encontraba en el lugar de los hechos y Patishtán no.

En el caso del profesor Alberto, es un indígena, en el caso de Florance Cassez no, quizá lo que necesitamos ahora es tener embajadas indígenas para que presionen a las autoridades jurisdiccionales a resolver de una condición humana, como es en el caso de Patishstán, acaso su error fue ser un indígena indefenso, por supuesto que no.

Hoy en estos momentos se está decidiendo el futuro del profesor Patishtán, y en gran medida el futuro de la justicia de nuestra nación.

Si el tribunal resuelve en contra del debido proceso y por ende ratifica la sentencia de Patishtán, nos veremos en la validación de un estado autoritario que se achica frente a los extranjeros, y se avalentona ante los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en una situación vulnerable, inequitativa y, en este caso, se trata de una condición de origen tzotzil e indígena.

En este momento, repito, ahorita, está sesionando el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en Materia Penal, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en unos momentos más se decidirá qué pasará con la vida de un hombre que se enfrentó a gobiernos arbitrarios, y que fue perseguido hasta que lo detuvieron en condiciones de violación de las garantías fundamentales inherente a toda persona.

Hoy, como prisionero político, enfrenta los remanentes de ese autoritarismo que tanto anhelamos dejar en el pasado; hoy se está hablando de remanentes de viejas prácticas arbitrarias que no respetan derechos y aplican únicamente esos derechos y esas penas a los más indefensos.

Por todo lo anterior, desde esta tribuna, valorando las lecciones de estos eventos recientes previamente descritos, vengo a proponer que se incorpore en la Constitución de nuestro país, un énfasis a la obligación, ya existente, de hacer valer el debido proceso para que nuestros juzgadores no tengan duda de su relevancia, bajo ninguna circunstancia, y que tampoco pueda justificar decisiones políticas bajo el argumento de que se violó el debido proceso, pero se violó nada más tantito.

¿Qué es lo que estoy proponiendo el día de hoy, compañeros? A que al Artículo 102 de la Constitución, en su apartado A, se añada el siguiente párrafo;

“A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación”.

Se describen todas estas obligaciones y añadir lo siguiente:

“El Ministerio Público respetará irrestrictamente el debido proceso como mecanismo garante de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional y será responsable de su observancia en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.

Tengo muy claro que habrá quien diga que establecer esto es redundante, que es un exceso, o que bien, es propio de una legislación secundaria, y lo sé, sin embargo dada la realidad que nos acecha y la serie de eventos tan desafortunados que hemos vivido, no sobra establecer un mandato explícito en nuestra Carta Magna que signifique el valor rector de toda actuación ministerial. Hoy estamos frente a otro caso paradigmático en donde el énfasis no sólo es el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso que son de suyo importantes, sino constatar que estos elementos también son asequibles y garantizados para todos, incluidos, por supuesto, los pueblos y miembros de nuestras comunidades indígenas.

Es por ello que me sumo al cada vez más amplio consenso y a las diversas y enérgicas voces que exigen la libertad del profesor Patishtán para recurrir a todas las instancias necesarias y alcanzar, por fin, la justicia plena.

Me uno a las voces para hacer un llamado al Poder Judicial, y en particular, a los señores magistrados que en este momento están sesionando para que resuelvan con apego a derecho y con una amplia visión de justicia el caso del profesor Alberto Patishtán.

Y finalmente, compañeros, Senadores, también al Presidente de la República para que en su caso, si el fallo es desfavorable, desafortunadamente, el Presidente, con absoluto respeto a la división de poderes y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, considere el perdón, el indulto a nuestro hermano indígena como un mecanismo restitutivo de justicia.

Por favor, compañeros, no hagan caso omiso a lo que está ocurriendo ahorita en Chiapas; no es el futuro de un hombre nada más, que de por sí sería importante, es el futuro de nuestro Sistema Judicial en una oportunidad para resolver y perfeccionarlo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Zoe Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL APARTADO A DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El debido proceso es un derecho humano fundamental. Se encuentra consagrado en nuestra Constitución. Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías frente a la autoridad, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.

El término proviene del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "dueprocess of law" traducido frecuentemente como "debido proceso legal". Se origina de la cláusula 39 de la Carta Magna de Inglaterra, del 15 de junio de 1215.

El debido proceso es una garantía de la democracia, porque establece la subordinación del gobierno a las leyes. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incumple el mandato de protección a los derechos fundamentales y con ello atenta contra la estructura misma del Estado-Nación. Una violación del debido proceso es un salto del mandato legal sustentado en la soberanía popular al ejercicio autoritario del poder público.

Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto, toda vez que las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro de cada una de las etapas dentro del proceso, para que éste sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social.

La relación intrínseca entre el debido proceso y el Poder Judicial, especialmente en los temas penales, conduce a la sociedad a suponer que las violaciones y deficiencias en la conducción de este derecho son atribuibles a los tribunales. Sin embargo, las violaciones generalmente se encuentran en una investigación defectuosa de los hechos delictivos que dan origen a la acción penal.

Ejemplos de lo anterior lamentablemente sobran en nuestro país. Situaciones como el Michoacanazo, el Caso Cassez y el Caso Patishtán son testimonios de la lamentable actuación de las autoridades ministeriales que terminan sustentando sus posicionamientos en creencias más que en hechos. Para muestra basta citar el último caso:

El día 12 de junio de dos mil, un grupo compuesto por al menos 12 personas perpetró una emboscada en contra de un grupo de elementos de la policía estatal del estado de Chiapas, que a bordo de un vehículo automotor(camioneta) circulaba por una vía terrestre (tramo laguna-el bosque) que une los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas. El ataque, tuvo como resultado la muerte de siete elementos policiacos y dos heridos un elemento de la policía estatal y un civil menor de edad (conductor del vehículo). A estos hechos se le fue sustentada la responsabilidad penal a ALBERTO PATISHTAN GÓMEZ.

El 19 de junio del año 2000, cuatro hombres vestidos de civil, sin orden de aprehensión, detienen al profesor Patishtán cuando se dirigía a su trabajo. Esta detención de Alberto Patishtán se dio de manera violenta. Fue golpeado, humillado, torturado, conducido a un arraigo domiciliario -en el que estuvo cautivo por 30 días-. Se le mantuvo incomunicado además de ocultarse su paradero. Durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico no se consideró su condición de indígena y en sus declaraciones no participó ningún traductor.

A siete días de la emboscada se le tomó una prueba de rodizonato de sodio, que supuestamente resultó positiva. Se suma la declaración de un testigo que menciona haber visto al profesor poco antes de quedar inconsciente en medio de la emboscada, declaración que fue elaborada después de que el mismo testigo afirmó, en su primera declaración, “no haber reconocido a ningún participante de la emboscada”. Patishtán ofreció diversas pruebas que daban cuenta no sólo de que no participó en la emboscada, sino de que en los momentos en que ésta ocurrió, él se encontraba en una reunión en el municipio de Huitiupan. Todas estas pruebas fueron rechazadas.

Pasados los 30 días de su arraigo,  Alberto fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, “Cerro Hueco”, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, a pesar de las irregularidades en su caso, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificado, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Las  principales pruebas giraron en torno al hijo del presidente municipal, quien cambió su declaración, pareciera, para inculpar al profesor. También tomaron como prueba la libreta de apuntes de Patishtán, en la que las anotaciones para los juegos de basquetbol fueron interpretados como la planeación de la emboscada. Se sumó la prueba de rodizonato de sodio, tomada siete días después de los hechos.

El 18 de marzo del 2002, en el expediente penal número 126/2000, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria contra el profesor Alberto Patishtán, considerándolo penalmente responsable de los delitos de Lesiones y Homicidio calificado, Robo Calificado y Daños, y Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Se le impuso una pena de 60 años de prisión y multa de mil 745 días de salario mínimo, por un monto total de 57 mil 61 pesos. Amparado en el derecho y argumentado que las pruebas presentadas fueron producto de un montaje, Alberto Patishtán interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, pero la respuesta fue la confirmación de la sentencia condenatoria. A partir de ahí, diversos procedimientos -como la solicitud de amparos y presentación de inconformidades- han sido la constante, y la constante de la justicia mexicana ha sido la negación de estos recursos.

El 1 julio de 2004, el preso político fue trasladado del Cereso número 1 al Cereso número 14, “El Amate”, recién construido. En este lugar, junto con otros presos políticos, Patishtán creó el grupo conocido como “La Voz del Amate”. Esta organización se dedicó a la defensa de los derechos humanos de los presos y a denunciar las arbitrariedades sufridas por los indígenas en diferentes procesos penales. Esta lucha incansable alcanzó su primera victoria en 2008, con la liberación de la mayoría de sus integrantes.

La lucha por los derechos humanos le ha costado a Patishtán diversos castigos. Por ejemplo, en 2008 fue trasladado por un día al penal de Copaimalá -considerado como un penal de castigo. Después de una huelga de hambre de 21 días, el profesor fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8 Norponiente, ubicado Guasave, Sinaloa.

Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno que garantice atención médica para el profesor, que sufre de glaucoma, enfermedad que le ha avanzado por la escasa atención recibida en los diversos penales en los que ha estado.

A la fecha, Alberto Patishtán se encuentra en el Cereso número 5, en San Cristóbal de las Casas, en espera de que la justicia mexicana reconozca que su caso es una larga cadena de agravios y empiece a reparar uno a uno los daños, empezando por otorgarle su libertad.

De lo anterior se desprende que es el Ministerio Público, como institución encargada de la investigación de los delitos y no el Poder Judicial, quien atenta contra el debido proceso en este tipo de casos. Por este motivo, la iniciativa tiene por objeto enfatizar la obligación de esta institución de conducirse con apego al debido proceso y ligar su inobservancia con el capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que se trata de garantizar la aplicación de un derecho humano.

Por estos motivos, el Senado de la República, con pleno respeto a la independencia del Poder Judicial, ha manifestado su deseo de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito resuelva conforme a derecho y garantice plenamente el debido proceso a Alberto Patishtán Gómez de acuerdo con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México es parte en tres ocasiones: El 16 de octubre de 2012 en una proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador David Monreal; el 3 de abril de 2013 a propuesta del Senador Adolfo Romero Lainas y quien suscribe; y el 5 de septiembre a propuesta de la propia Junta de Coordinación Política del Senado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL APARTADO A DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el segundo párrafo del apartado A del artículo 102de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación…

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. El Ministerio Público respetará irrestrictamente el debido proceso como mecanismo garante de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional y será responsable de su observancia en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 12 de septiembre del 2013.

Sen. Zoé Robledo Aburto".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robledo Aburto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Creo que para todos resulta claro la importancia de la propuesta del Senador Zoé Robledo, y por eso le ruego sea usted el conducto de preguntarle si puedo adherirme a esta importante iniciativa.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño, por favor, del Senador Romero Lainas.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para comentarle que en el periodo anterior, pasado, un servidor subió ese punto de Acuerdo, pidiendo el indulto del señor Presidente para el hermano Patishtán, y quiero pedirle al Senador Robledo Aburto, si me permite sumarme al punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¿Senador Morón, Senador Martínez, para el mismo efecto? Tome nota la Secretaría.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se recibieron las siguientes iniciativas de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley Minera que abroga la Ley Minera, publicada el 26 de junio de 1992.

Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY MINERA QUE ABROGA LA LEY MINERA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE JUNIO DE 1992

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

"Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide una Nueva Ley Minera que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nunca ha existido actividad industrial tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.

El cuestionamiento social no es contra la minería. Esta es una actividad prácticamente imprescindible para la vida humana, que se ha desarrollado desde los albores de la civilización. Lo que está en debate es otra cuestión. Se trata de la mega-minería a cielo abierto. Ese es el problema no resuelto, una industria sucia que a cambio de algunas “ventajas” inmediatas, hipoteca el futuro de la economía, de nuestro entorno ecológico,  de los derechos humanos y la vida misma de vastas poblaciones de México.

La minería a cielo abierto es vorazmente destructora, el daño que provoca es irreversible y permanente. Remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido.

Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. El impacto sobre mantos freáticos y fuentes de agua es devastador, no sólo por la sobreexplotación sino también por su contaminación con metales pesados, provocando enfermedades crónicas degenerativas que llevan a la muerte.

La minería a cielo abierto genera miles de millones de toneladas de desechos de material estéril que es depositado sobre miles de hectáreas a la redonda de los tajos, acidificando la tierra y dejándola improductiva de forma permanente. La pérdida de biodiversidad también es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos.

El desmesurado poder económico-financiero de estas empresas crea entornos de corrupción e impunidad estructural. Los derechos humanos de los pobladores pierden progresivamente toda vigencia práctica y quedan literalmente en manos de ‘la buena voluntad’ de las políticas corporativas.

La pérdida de biodiversidad también es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos.

A la devastación propiamente ecológica, hay que sumar los atropellos económicos, sociales y políticos. El desplazamiento forzado de poblaciones, la usurpación inconsulta de territorios indígenas, y la violación de reservas ecológicas y parques naturales; la afectación de las economías locales y la pérdida de las fuentes de trabajo ligadas a éstas; las frustraciones por las expectativas y promesas no cumplidas de ‘desarrollo sustentable’ y ‘responsabilidad social corporativa’; el incremento de la corrupción institucional y la violencia política; la manipulación y cooptación de dirigentes, instituciones, medios de comunicación, entidades educativas, sanitarias y funcionarios judiciales.

Agresiones a la salud humana, como también a la de animales y plantas, que no se perciben al principio, pero comienzan a ser evidentes al cabo de varios años de iniciada la explotación y cuando la solución del problema es irreversible.

Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta nuestros días, abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos.

El país tiene una historia oficialmente enterrada de impactos socio-ambientales de la actividad extractiva, una historia que, sin embargo, está presente silenciosamente en todos aquellos sitios mineros que acumularon jales sin estabilización y que día a día tienen impacto en suelos, agua, aire y sobre todo la salud pública de las comunidades.

Como han demostrado las organizaciones de comunidades afectadas por la minería, la magnitud e impacto socio-ambiental de la actividad extractiva de los últimos diez años posee una velocidad y capacidad de daño como nunca en la historia del país había registrado otra actividad.

Actualmente, y después de muchos esfuerzos ciudadanos, tenemos acceso a los datos que las empresas, incluyendo las mineras, deben obligatoriamente informar periódicamente al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Un mecanismo público que tiene un creciente registro, iniciado en el 2004, aunque todavía incompleto pues únicamente un estimado de 50 % de las mineras (medianas y grandes) informan de las emisiones y transferencia de substancias contaminantes que emiten o depositan en suelo, agua, aire o sitios específicos.

Un análisis detallado de la información oficial revela que pese a ser incompleto el registro, en el periodo reciente de 2004 a 2010 (último año disponible al público), la cantidad de substancias tóxicas emitidas (muchas de ellas los propios metales pesados usados de alta bio-acumulación, toxicidad y permanencia) alcanzó las 472 mil toneladas. Níquel y plomo son dominantes, pero arsénico, cianuro, mercurio, cadmio o cromo son contaminantes comunes arrojados por las mineras en el país, lo mismo que otras substancias cancerígenas como los bifenilospoliclorados o los asbestos.

Es materia de seguridad nacional adoptar medidas verdaderamente eficaces para detener esta tendencia creciente de mayor contaminación. Para ilustrar la gravedad del impacto señalaremos el cálculo inicial que REMA ha hecho del costo que significaría remediar las miles de toneladas ya emitidas al ambiente. Si a cada tonelada de substancia contaminante se le multiplica por el costo estándar (conservador) en dólares que entraña limpiar o controlar, la cantidad resultante es mayor en 10% al valor acumulado para el mismo periodo (2004-2010) de la producción minera total o el total del valor de las exportaciones del periodo.

Así, el costo de mitigar las emisiones contaminantes mineras, del periodo 2004-2010, se calcula en 55,910 millones de dólares, mientras que el valor de la producción minera fue de 50,929 millones de dólares.

¿Quiénes pagan la irresponsabilidad de los contaminadores? ¿Quiénes pagan la inacción o complicidad de los funcionarios e instituciones que tienen mandato para actuar? ¿Qué valor pueden tener los certificados de Responsabilidad Social Empresarial o de Industria Limpia que se entregan a sí mismos los organismos empresariales o sus funcionarios que ocupan cargos en las instituciones gubernamentales?

Tomar medidas urgentes al respecto implica, por ejemplo, establecer la obligatoriedad de las empresas de adquirir una fianza de riesgo por la actividad contaminante, y por cierre y rehabilitación de sitio.

No hacer nada para detener y modificar el daño ambiental es actuar en connivencia con aquellos que de manera criminal trasladan los costos a la sociedad y privatizan las ganancias.

La otra cara inmediata que las comunidades aledañas a las empresas mineras sufren es el impacto ambiental de las emisiones y la contaminación del agua. El  impacto que sufren las fuentes de agua superficiales o subterráneas a causa de los sistemas minero metalúrgicos es realmente criminal, no solo por las grandes cantidades de agua que utilizan sino también por el uso que le dan, como ejemplo: En Mazapil,  Zacatecas,  para el proceso de lixiviación  la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio, esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico;  el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la empresa New Gold-Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso, en los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar de agua a 300,000 gentes con 100 litros diarios, cuando en la ciudad de San Luis carecen cientos de miles de personas sin este vital líquido. No es posible que por el desarrollo de un proyecto minero con una capacidad de actividad-tiempo limitado, que lo único que produce es saqueo, contaminación, desestabilidad social, se sacrifique  el consumo humano y se cancelen de por vida actividades perenes, sustentables y de incuestionable utilidad pública como son las agrícolas y ganaderas.

La laxitud de las normas de importación de venenos contaminantes, la discrecionalidad, permisividad e incluso complicidad de funcionarios nos ha llevado a ocupar el deshonroso primer lugar en las listas mundiales de países importadores (y re exportadores) de substancias tóxicas y peligrosas como el Cianuro de Sodio. En el periodo 2003-2012 se ha importado un volumen de 517 millones de toneladas de tóxicos altamente peligrosos (312 millones de ton de Cianuro de Sodio y 204 millones de toneladas de Xantatos).

Esta cantidad de importaciones de Cianuro de Sodio para procesos de lixiviado (disolución) y extracción de metales del mineral molido ha colocado a México en el primer lugar de la lista negra mundial de importadores del veneno. El promedio anual importado en los años recientes ha sido de 51 mil toneladas (31 de cianuro y 20 de xantatos) tiene una capacidad de contaminación de agua imposible de recuperar.

Tan sólo las toneladas de cianuro de sodio importadas entre 2003 y 2012 tienen, el potencial de contaminar 626 millones de metros cúbicos de agua. Cantidad equivalente al 20% de la disponibilidad de aguas del Valle de México, o el 8% de la disponibilidad de aguas de la región hidrológica del Noroeste del país.  Reiteramos que es el daño potencial.

Sin embargo, cada día la Red de Afectados por la Minería (REMA) acumula evidencias del tamaño del daño ambiental y social que las empresas mineras, sobre todo metálicas producen en el país. Una ilustración es la cantidad de cianuro empleado y la cantidad de agua contaminada por las principales 16 empresas mineras de oro que en 2011 extrajeron 72 toneladas de oro equivalente al 85% del total de oro extraído.

Proporcional a las 72 toneladas de oro extraído, se usaron un mínimo de 32 mil toneladas de cianuro de sodio y contaminaron un mínimo de 10 millones de metros cúbicos de agua. Se llevaron  un aproximado de 4 mil millones de dólares por la venta de las 72 toneladas, y nos dejaran una deuda ecológica mayor al valor de su ganancia.

Los estudios que por años ha estado llevando a cabo Fomento Minero, manifiestan que más del 70 % de nuestro país está mineralizado, por lo tanto se antoja aberrante que las empresas mineras se empeñen en desarrollar sus actividades precisamente en zonas habitadas y agrícolas cuando sobran espacios más adecuados, pero además, según datos generados por las propias empresas, tienen que “tumbar” una tonelada de material para  sacar casi medio gramo de oro.

Pero a pesar de la brutal devastación social y ambiental que provocan, este tipo de proyectos se extienden cada vez con mayor celeridad en todo el territorio nacional merced a una red de corrupción que permite la compra de voluntades políticas y de jueces. Cualquier procedimiento jurídico que siguen las comunidades para defender sus territorios de la amenaza de la minería a cielo abierto se ve rebasado por la imposición ilegal que los poderes fácticos hacen de dichos negocios depredadores, y que falsamente se presentan como ofertas de progreso y desarrollo.

En el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio, en 1992, se reformó el artículo 27 de la Constitución y diversas de sus leyes reglamentarias, como la Ley Minera.

La gran trampa de esta reforma respecto de la minería fue declarar de utilidad pública la exploración, explotación y beneficio de los minerales, y como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, cuando se convirtió a la minería en una actividad de beneficio absolutamente privado.

Justificados en esta presunta causa de utilidad, a través de las concesiones, se allanó el paso a las grandes empresas nacionales y transnacionales a la disposición arbitraria de gran parte de las tierras del territorio nacional, sin importar si son de propiedad privada, ejidal o comunal.

De acuerdo a cifras aportadas por organizaciones sociales, a la fecha, el gobierno federal ha otorgado concesiones mineras sobre más de 56 millones de hectáreas, aproximadamente el 30 por ciento del territorio continental mexicano. México es ya el 4° destino más importante para la inversión minera mundial dedicada a la exportación, y el 1° en América Latina. En su conjunto, la industria minera tiene presencia en 26 entidades federativas del país. Para junio del 2012 operaban en nuestro país 290 empresas de 16 países extranjeros con un total de 833 proyectos en diferentes etapas del ciclo minero.

Estas cifras dan cuenta del enorme potencial que representa el territorio nacional para las grandes empresas mineras que operan en el país. Sin embargo, los enormes beneficios que producen en México, no guardan ninguna proporción con los beneficios que recibe el país a cambio, ni mucho menos, con los costos medioambientales y sociales ocasionados por sus actividades.

La próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado, por ejemplo, que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora. Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los enormes daños ecológicos, la de los conflictos sociales provocados por la división comunitaria propiciada por la empresas, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.

Son nefastos los efectos nocivos de la actual explotación minera sobre la población y el ambiente:

• División comunitaria, rompimiento del tejido social, incremento de la violencia, desplazamientos forzados, daños a la salud por exposición a metales pesados, a tóxicos, bio-acumulación por exposición constante, enfermedades respiratorias, de la piel y diversos tipos de cáncer.

• Destrucción de la corteza vegetal, agotamiento de recursos hídricos, liberación de metales pesados, contaminación por abandono de desechos tóxicos, emisión de gases contaminantes y polvos tóxicos, pérdida de biodiversidad.

• Desaparición del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos.

Un análisis a profundidad del costo-beneficio de la minería para nuestra nación, obliga a considerar sus efectos sobre el medio ambiente, la ecología, el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro de las relaciones de convivencia en las comunidades, las magras contribuciones fiscales que se derivan de la minería y, en general, los elevados costos que conlleva esta industria para un proyecto de desarrollo económico sustentable y de largo plazo como el que establece nuestra Constitución.

De ahí que sea evidente que la legislación minera vigente vulnera, entre otros, los principios constitucionales fundamentales establecidos en los artículos 25, 26, 27, 28 de nuestra Carta Magna.

Conforme al artículo 25 de la Constitución, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Acorde a lo establecido en los párrafos tercero, cuarto, y sexto del artículo 27 de la Constitución: 1) el Estado debe regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana; 2) Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales; 3) la Nación  posee el dominio inalienable e imprescriptible y la explotación de los recursos naturales.

Y de acuerdo a los artículos 26 y 28, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Asimismo, el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación.

En cambio, el marco jurídico actual, permite el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales no renovables y el desarrollo de una industria que además de no generar impuestos y beneficios para la nación, tampoco desarrolla actividades transformativas y se limita al extractivismo de minerales y no a su racional aprovechamiento industrial.

El marco jurídico vigente de la minería fue aprobado el 26 de junio de 1992 en el contexto de negociaciones internacionales del tratado de nuestro país con los Estados Unidos y Canadá, y en el imaginario político conceptual de que el retiro del Estado en el ejercicio de sus funciones tradicionales daría paso a una mayor hegemonía del mercado, a una mayor eficiencia económica, y a una auto-regulación de consecuencias positivas para la sociedad.

La Ley Minera fue parte de un amplio paquete de decenas de reformas legislativas. Se reformaron, entre otros ordenamientos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley de Inversión Extranjera, con el fin, se pretendió justificar, de otorgar las facilidades necesarias para atraer inversiones de capital extranjero que diera paso al “desarrollo” de  la economía.

A 20 años de su vigencia y a 18 años de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) se han manifestado distorsiones y vicios que ponen en entredicho y obligan a rechazar los conceptos, propósitos y fines que sustentaron las reformas a la Ley Minera de 1992.

Un anacronismo central que contiene el artículo 6 de la legislación minera vigente es haber mantenido el concepto de utilidad pública, perteneciente al pasado donde el actor económico dominante era el Estado y combinarlo con el mandato de que la actividad minería será preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno.

Entre las consecuencias de la letra e interpretación laxa que los funcionarios gubernamentales federales y estatales hacen de los conceptos citados, es la peligrosa y carente de control emisión de concesiones mineras que literalmente sobrepasan la superficie nacional que el régimen de la dictadura porfirista “deslindó” de terrenos nacionales y de comunidades. La Secretaría de Economía  declara la existencia de  27.210 títulos mineros que ocupan casi un 30 % de muestro territorio nacional. Si bien es cierto que las concesiones mineras no implican la parte superficial del terreno, la actual Ley Minera sí lleva implícita la ocupación de la misma,tan es así, que si la empresa no logra el despojo “pacífico” con los posesionarios de la tierra a base de promesas, presiones, amenazas y trabajo de cabildeo y convencimiento del cual se encarga la Procuraduría Agraria, y  si persiste la resistencia de las comunidades en no ceder sus tierras, los dueños de las concesiones mineras aplican los artículos 7, Frac. VII, 21, 26 frac. II de la actual Ley Minera y 55, 56, 57 y 58, de su reglamento y solicitan a través de la Secretaría de Economía ya sea la expropiación o la ocupación temporal y constitución de servidumbres hasta por 50 años renovables por otro término igual, con lo cual se despoja y deja a los dueños o posesionarios de las tierras en completo estado de indefensión en violación a los más elementales derechos humanos y constitucionales.

La discordancia constitucional de la Ley Minera para con otras leyes, genera conflictos jurídicos que entorpecen la instalación de estas empresas por la vía legal, situación que las ha obligado a crear extensas redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno, y los sectores académico, religioso y militar. Por lo cual, indudablemente que los conflictos causados por la actividad minera se ha convertido en asuntos de gobernabilidad y seguridad nacional.

El despojo de la tierra en forma arbitraria va implícito en la Ley Minera. Esto ha ocasionado que tan solo la inversión minera se transforme en un poder en casi una tercera parte de nuestro territorio y que el campo mexicano sea un escenario de ruina y desastre provocando la expulsión obligada de cientos de miles de campesinos a emigrar al extranjero, o buscar otras formas de sobrevivencia, el impacto en la producción agrícola, el abandono de la familia, la pérdida del patrimonio, de identidad  y costumbres, y es obvio que han coadyuvado en el clima de delincuencia e inseguridad que enfrenta nuestro país. Es así, que el creciente conflicto a nivel nacional causado por la actual actividad minera, insisto, es un asunto de gobernabilidad y de seguridad nacional.

En este aspecto, la vigente Ley Minera también es contraria al texto del artículo 27 constitucional que pretende reglamentar y carece de toda justificación social, moral y ética. El artículo 27 de la Constitución, en su segundo párrafo ordena que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Y en párrafos siguientes precisa que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; asimismo, que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales.

De ahí que de una interpretación integral y sistemática del contenido de todo este artículo podemos deducir la inconstitucionalidad de la Ley Minera, y muy en especial de su  artículo 6º, pues es obvio que las actividades como la minería  en manos de unas cuantas empresas privadas de mayoría transnacionales, dedicadas al saqueo de nuestros recursos no renovables hacia otros países, en ejercicio de prácticas especulativas y un diáfano interés particular no implican interés público, y mucho menos utilidad pública, cuando estas empresas para llevar a cabo sus proyectos tienen que despojar a las comunidades de sus tierras, en muchos casos con la desaparición de los poblados y sus servicios públicos; tampoco puede ser del interés y/o utilidad pública los actos de represión que con sus grupos de paramilitares llevan a cabo estas empresas mineras golpeando y asesinando a los que se inconforman con sus actividades y que para actuar al margen de la ley y gozar de impunidad tiene que crear grandes redes de corrupción dentro de los tres niveles  y poderes de gobierno.

En un ambiente de amplias facilidades a la inversión y las empresas mineras, y de un Estado omiso, es evidente que se ha producido un crecimiento de variables macroeconómicas que inunda el discurso de los promotores de la vieja política, empero, los resultados concretos evidencian impactos diversos de magnitud alarmante para la viabilidad de amplios territorios, pueblos y ecosistemas de nuestro país.

Las actividad extractiva, tanto en su dimensión de valor como de volumen se ha incrementado notablemente, pero hoy queda claro que el aumento de variables estadísticas no necesariamente es reflejo ni de desarrollo nacional, ni de mejora de las condiciones de vida de la población, y si puede entrañar costos graves para la población, el Estado y la nación.

El análisis detallado y crítico de los datos oficiales muestran por un lado que, la extracción de minerales creció de más de 20 millones de toneladas y 132 millones de pesos (constantes de 1982) en el periodo 1993-2002 a más de 32 millones de toneladas. Y 243 millones de pesos en el siguiente periodo de 2013-2012. Las exportaciones para iguales periodos se multiplicaron por seis en su valor promedio anual 1,282 millones de dólares a 7,950 millones de dólares. Algo menor sucedió con la inversión privada que duplicó su valor, pasando del promedio anual de 619 millones de dólares (constantes de 1993) a 1,326 millones de dólares. En tanto que la inversión extranjera directa se septuplicó al pasar del promedio anual de 103 millones de dólares a 742 millones (constantes de 1993). En resumen, la riqueza generada en la explotación de minerales, medida por el Valor Agregado Bruto (de lo extraído) se ha triplicado, pasando de un acumulado de 22,303 millones de dólares en el periodo 1993-2002 a los 64,814 millones de dólares en el periodo 2003-2011.

El discurso empresarial y oficial dejó de brillar como el oro. Pero el panorama y el análisis que las organizaciones ciudadanas preocupadas por el modelo extractivo han realizado de manera más integral demuestra una tendencia que día a día se aleja a los propósitos que la Constitución y en particular, el Artículo 27 Constitucional, fijan para permitir y justificar la explotación de los recursos de la nación.

La evidencia científica, surgida del análisis de los datos oficiales del INEGI muestra que el reparto de la riqueza generada en la extracción cada vez se torna más injusto e insostenible en términos jurídicos, económicos, sociales y éticos.

Así, en los últimos 20 años, bajo el marco de la Ley Minera, del TLCAN y la violación reiterada a la Ley Laboral, el reparto del pastel minero cada día queda bajo el más absurdo control de las empresas mineras y sus funcionarios en el gobierno. La participación porcentual de la Masa Salarial (“remuneraciones” de los trabajadores según los términos de INEGI) se ha reducido y el Excedente de Explotación (de “operación” INEGI dixit) se ha aumentado, mientras los impuestos indirectos a la producción son prácticamente insignificantes.

De una tajada del 24.6% que constituían los salarios del pastel construido por los trabajadores en el periodo de 1993 a 2002, se redujo a un mísero 13.4%, una caída de 45%; en tanto que la tajada empresarial creció, para iguales periodos de 74.9% a 86%, una de las medidas de desigualdad más brutales del mundo laboral y minero. Para tener una situación de referencia comparativa, en Chile, Perú y Colombia el reparto a la masa salarial minera es cercano al 28%.

Se trata de una tendencia que atenta no únicamente contra los principios fundamentales establecidos en los artículos 27 y 123 de la Constitución, sino contra el contenido normativo del artículo 1° constitucional que instituye la primacía de los derechos humanos.

En términos numéricos constantes y para ilustrar el porqué tenemos multimillonarios mineros en las revistas mundiales de hombres más ricos, y mineros y comunidades en pie de lucha, el acumulado millonario del excedente de explotación pasó de 613 mil millones (de pesos de 1982) entre 1993-2002 a 1,592,795 millones (pesos de 1982) en el periodo 2003-2011.  En tanto que la masa salarial “creció” de 197 mil millones a 209 mil millones (también pesos de 1982).

La situación no únicamente se refleja en los anteriores macro-indicadores registrados por el INEGI, sino en el salario diario de los trabajadores mineros. El salario Mínimo General y de las tres zonas del país perdieron 10 puntos porcentuales de poder de compra a partir de 1993, siendo mayor la pérdida en el primer tramo de 1993-2002. Lo mismo, sufrieron los salarios profesionales (reconocidos como los operadores de buldozer, de draga y de traxcabo) de la minería.

El empleo en la extracción minera, la otra dimensión social que frecuentemente ha quedado sepultada por falso discurso empresarial y de sus funcionarios en puestos de gobierno, es un indicador más de un modelo extractivo donde los grandes capitales, usan gran tecnología y poca mano de obra. Así que analíticamente no es sorpresa que haya sido insignificante la cantidad de empleo directo creado por la extracción minera.

Desde la reforma a la Ley Minera hasta 2011 (último dato disponible en INEGI), se han creado 8 mil 393 puestos de trabajo. Lo que entraña una tasa media de crecimiento anual de 0.14 %. Así, de los 100,409 empleos directos existentes en 1993, se registró una caída del empleo de 9,045 puestos alcanzando su punto más bajo en 2002 con 90,764 puestos, es decir, una pérdida neta de 9,045 empleos en ese periodo. Y en el periodo de 2003 a 2011 se crearon apenas 8,393 empleos directos.

No obstante, las estadísticas oficiales no registran claramente el fenómeno generalizado de “terciarizar” (pasarle las responsabilidades a un tercero) las responsabilidades legales laborales, de salud, riesgo, conflicto y riesgo. Ha crecido el llamado “outsourcing” que las grandes empresas (mexicanas o extranjeras) usan para disminuir costos y pagos fiscales y fomentan la proliferación de “contratistas” y de irresponsabilidades.

Es de esta manera, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Cómo podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente y, por consiguiente, a la salud de los seres vivos? Y menos cuando los beneficios reales son canalizados hacia otros países.

Los sistemas de explotación minera actual tampoco generan actividad trasformativa en nuestro país, o sea, manufactura de los productos minerales, por lo que no hay  crecimiento económico ni creación de empleos y los pocos que genera se manejan por el sistema de outsourcing, (subempleo). La actividad minera actual que por su naturaleza es temporal, que cuando agota los recursos explotables desaparece y lo único que deja es desempleo, tierras y aguas contaminadas e improductivas, no es una actividad progresiva. Podría entenderse la utilidad pública en la actividad minera, cuando esta industria en sus fases extractivas y transformativas quedarán bajo el dominio  pleno y directo de la nación con claros impactos de beneficio social. Como claro ejemplo, la nacionalización del petróleo impulsada en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas fue sin duda un acto de utilidad pública.

La Ley Minera no ofrece algún beneficio social  a nivel comunal o nacional,  en la práctica la minería nos está dejando un país indigno de vivir. Por un lado, el saqueo indiscriminado de nuestros recursos minerales;  por el otro, los irreparables daños que en todos sentidos provoca esta actividad como son los ambientales y sociales,  con la complacencia de las diversas autoridades. De esto se aprovechan las empresas para aplicar lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial que consiste en hacer algunas obras como pintar el templo, arreglar algún camino que más bien le beneficia a la empresa, regalar una computadora a la escuela del lugar, una despensa a los obreros, etcétera. Estas acciones son parte de la estrategia de las empresas para legitimarse socialmente, dividir a los habitantes de la comunidad apoyando económicamente a una parte y excluyendo a otra; por otro lado, les otorgan poder y dominio sobre las autoridades municipales al desplazar a estas en sus responsabilidades en cuanto a obra pública hacia las empresas y asegurar las licencias y permisos municipales sin los cuales no puede funcionar este tipo de proyectos.

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables como es el caso de la actividad  minera, requiere concepciones de visión de largo plazo y de responsabilidad generacional. Requiere que el Estado cumpla con su obligación jurídico-política y que la comunidad acreciente su papel de actor con derechos y obligaciones. La importancia de la actividad minera es un hecho, pero no podemos soslayar su negativa trascendencia, en la vida económica, social y política de nuestro país delimitada por diversos factores que la condicionan y determinan provocando su necesaria revisión integral que surge por necesidad de los resultados  de la vigencia de la actual Ley  Minera.

Es generalizada la percepción social y política de que a la par de evidentes anacronismos, existen en la vigente Ley Minera elementos de inconstitucionalidad, carentes de congruencia por el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Razón suficiente para que sea la vía legislativa acción idónea para superar esas deficiencias, además de dar cumplimiento al deber que el propio artículo 1° constitucional establece en torno a la obligación por parte del Estado en el aseguramiento y cumplimiento de los derechos humanos.

El interés nacional reclama que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, y en particular, el caso de la actividad minera, se realicen con una visión de largo plazo y de responsabilidad generacional. Es de interés de la nación replantear de fondo los principios que orientan la actual legislación minera.

Es necesaria una nueva legislación minera congruente con el orden constitucional, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores, los derechos de las comunidades agrarias y los pueblos indígenas y con las finanzas públicas del país.

En la nueva Ley, la actividad minera debe estar subordinada al dominio eminente de la nación, a la rectoría económica del Estado, al logro de la equidad, a la distribución de la riqueza, al respeto de los pueblos y de las comunidades indígenas, a la conservación y mantenimiento del medio ambiente y a la garantía del acceso humano al agua.

Los enormes conflictos sociales que provocan actualmente a los largo de toda la República, exigen suprimir el carácter de utilidad pública de la actividad minera, que mantiene desde que el Estado era el responsable de su instrumentalización, porque en la actualidad la única utilidad que tiene es privada.

La actividad minera tampoco debe estar por encima de otras actividades económicas. Por tanto, la exploración, explotación y beneficio de los minerales ya no deben seguir considerándose en la Ley preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Lo único preferente en la nueva legislación debe ser el pleno respeto a los derechos humanos, a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y la preservación de los recursos naturales.

En esta línea, con la participación y aportaciones de organizaciones sociales, luchadores sociales, académicos y expertos, se ha construido este Proyecto de Nueva Ley Minera.

Armonizar y actualizar la legislación minera con las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, y específicamente con las aprobadas en Junio de 2011 es uno de los motivos fundamentales que llevan a proponer una nueva Ley minera. El que hoy los tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos mexicanos formen parte del bloque constitucional obliga  una serie de reformas legislativas para adecuar las leyes al nuevo paradigma constitucionales. Por lo tanto, es jurídica y socialmente necesario actualizar y superar anacronismos en la vigente Ley Minera.

El propósito jurídico de la Iniciativa consiste, sin lugar a dudas, cumplir con el mandato actualmente vulnerado de ofrecer seguridad jurídica a todos los actores de nuestra sociedad, a los habitantes de las comunidades integradas en los municipios, entidades federativas, regiones y todo el país, así como aquellos organizados para actividades lucrativas. La propiedad, el comercio, la libertad de empresa y la competencia tienen que ser congruentes y estar en consonancia con el respeto a los derechos humanos. Bajo el nuevo paradigma constitucional, la inversión, el comercio y la industria no pueden llevarse adelante vulnerando derechos humanos. En un Estado democrático y constitucional de derecho, los derechos humanos se erigen como pilar fundamental del ordenamiento jurídico y esta máxima debe expresarse en las leyes.

Mediante la acción legislativa se propone armonizar el marco jurídico de la actividad minera, excluyendo la actividad sobre hidrocarburos y minerales radioactivos, con el marco de garantía plena de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de otros instrumentos del derecho internacional relacionados con la garantía y ejercicio  de los derechos socio-ambientales en los que nuestro país participa en su construcción en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la convención del Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto.

En la propuesta de Nueva Ley Minera se busca reforzar la capacidad institucional de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad minera a la vez que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Convenio 169, Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas); adicionalmente, se trata de introducir mandatos preventivos frente al peligroso crecimiento del pasivo ambiental minero, así como de fortalecer compromisos de cooperación ambiental, entre ellos el fortalecer los instrumentos vinculantes de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, derivados de actividades económicas como la minera y otros asociados el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Dividido en nueve capítulos y 85 artículos, el Proyecto de Nueva Ley Minera está estructurado desarrollando las siguientes directrices:

1. Participación vinculante de la población sobre toda decisión (que permite la realización de actividades mineras

a. Para pueblos originarios: a través de un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento, vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado.

b. Para comunidades que no son pueblos originarios: a partir de un procedimiento de participación ciudadana para obtener acuerdos vinculantes en forma libre, previa e informada.

La licencia social (consentimiento o acuerdo) determina si la Secretaría de Economía puede entregar o no los siguientes permisos:

• Concesiones para exploración minera
• Concesiones para explotación y beneficio minero
• Asignaciones para exploración minera entregadas al Servicio Geológico Mexicano
• Prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero
• Permisos de operación para actividades de beneficio minero (fuera de una concesión)
• Transmisión de concesiones
• Transporte de insumos, producción y desechos mineros.

El proceso de entrega de licencia social tiene una duración de 6 meses a un año. Genera todas las condiciones apropiadas para que la comunidad se allegue de toda la información pertinente, proporcionada por el solicitante, la Secretaría de Economía y obtenida autónomamente, para poder tomar una decisión razonada.

Los procesos de entrega de licencia social, en caso de afirmativa, generan acuerdos vinculantes que establecen las condiciones bajo las cuales operarán los concesionarios mineros y cómo estos compartirán las ganancias de la actividad minera con las comunidades. La violación de estos acuerdos es causal de cancelación de una concesión.

1. La actividad minera deja de ser preferente por encima de otras actividades. Otorgar concesiones mineras sólo en lugares donde los impactos característicos de esta actividad no afecten poblaciones, tierras de cultivo  y utilizando sistemas de respeto al agua con la eliminación del uso de sustancias químicas nocivas al medio ambiente.

2. Sólo se considerará que la actividad minera sirve a la utilidad pública cuando sea realizada con una participación del 100% por parte del Estado (excluyendo completamente a la iniciativa privada).

3. Derecho de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales, frente a actividades mineras.

4. Regulación diferenciada de concesiones de exploración, explotación y beneficio minero. Las concesiones de exploración tendrán una duración de 4 años sin prórroga. Las concesiones de explotación y beneficio minero tendrán una duración equivalente a la manifestada por el solicitante en su proyecto de explotación, aprobado por la población a través de los procesos descritos en los incisos 1 y 2. Las concesiones de explotación y beneficio tendrán una duración máxima de 20 años. Podrán recibir una prórroga de otros 20 años sólo si consiguen una licencia social de parte de las comunidades. Se establece un procedimiento estrictamente regulado para el cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para el solicitante. Se regula la transmisión de concesiones y se elimina la división, reducción o unificación de las mismas.

5. Restricciones estrictas que norman dónde no puede entregarse una concesión (áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos, entre otras), así como en qué condiciones no se puede entregar una concesión (para proyectos de explotación por tajo a cielo abierto, por tumbe y relleno, pocitos de carbón, actividades de beneficio que utilicen cianuro, mercurio u otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, minería submarina o solicitantes con antecedentes de violación de derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social en el país o el extranjero, entre otras).

6. Ampliar las causales de nulidad de una concesión ya otorgada y las infracciones que pueden llevar a multas o a la cancelación de concesiones.

7. Anular las cláusulas de confidencialidad que protegían la información que entregaban las empresas mineras al Estado. Se generan informes adicionales que debe presentar la empresa a la Secretaría de Economía. se obliga a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía en general, con la obligación de entregarla directamente a las comunidades donde operan las mineras. Se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, aleatorios, con la participación de las comunidades y que pueden dar pie, en caso de incumplimiento de acuerdos o permisos del concesionario, a sanciones o a la cancelación de la concesión.

8. Eximir de pago de derechos la entrega de información cartográfica correspondiente a yacimientos, concesiones y sitios de actividad minera.

9. Se ajustan montos a pagar por derechos correspondientes a número de hectáreas de concesión. Se establecen regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

Se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados de las empresas) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

Se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco. (reformas a artículos de la Ley Federal de Derechos, Ley de Coordinación Fiscal y Código Fiscal de la Federación).

Bajo esas bases, el Proyecto de Nueva Ley Minera que se somete a consideración de esta Soberanía principia por definir sus disposiciones como de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Ordena la obligación expresa del Estado de garantizar que los mecanismos de extracción y beneficio de los recursos naturales concesibles comprendidos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos preserven el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, permitan condiciones de vida con dignidad para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los derechos humanos.

La actividad minera deja de ser preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y estará condicionada a que no vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos. Y sólo se considerará de utilidad pública cuando esta actividad se realice directamente por el Estado, sin la participación de particulares, y para beneficio directo de los mexicanos.

Se establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión, previniendo que cada etapa del proceso minero, pero en especial la exploración, explotación, el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, así como las acciones para el cierre de minas, se someterán a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas, y a la participación social y ciudadana para obtener el acuerdo previo, libre, informado y vinculante para poblaciones no indígenas; bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen.

Como consecuencia, se regula la figura de la licencia social de las comunidades, necesaria para autorizar toda actividad minera. La licencia social deberá ser otorgada por medio de un proceso de consulta o participación donde concurra la población interesada a partir de una convocatoria emitida por la Secretaría. La Secretaría de Economía debe garantizar que esta convocatoria tenga plena difusión entre la población potencialmente afectada por el proyecto.

También es responsabilidad de la Secretaría la organización y realización del proceso de participación, previo a la entrega de cualquiera de los procedimientos. Para llevarla a cabo deberá garantizar el derecho de las poblaciones potencialmente afectadas, definidas con base en la Manifestación de impacto ambiental aprobada por la autoridad competente, a recibir toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión, acorde a mecanismos libres, democráticos y culturalmente adecuados de toma de decisión.

Mención especial merece el  Capítulo Tercero “De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas”,para  garantizar que los pueblos indígenas y sus comunidades tengan  derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen. De igual manera, tengan derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.

Conforme al Proyecto, los pueblos indígenas y las comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando los recursos minerales se encuentren en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias o Entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho. Y el Ejecutivo Federal no podrá otorgar ninguna asignación o concesión sobre tierras o territorios indígenas sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

En el todo caso, la ocupación del terreno superficial con fines de explotación y beneficio de los minerales sólo se realizara mediante convenio con los legítimos poseedores del territorio.

En las nuevas disposiciones se distingue entre las concesiones de exploración y de explotación, para que éstas tengan una vigencia acorde al proyecto del que se trate y no se permita la especulación ni el tráfico de concesiones mineras.

Las concesiones de exploración serán otorgadas por un máximo de cuatro años improrrogables. Las concesiones de explotación se otorgarán por un único periodo, el cual será determinado por la vida del proyecto establecida en la manifestación de impacto ambiental (MIA).

Tanto para las concesiones de exploración como de explotación, se necesitará previamente tener autorizada una manifestación de impacto ambiental (MIA), así como todos los permisos necesarios que la ley marque.

Se prohíben las actividades mineras en: Áreas Naturales Protegidas (ANP) decretadas por todos los niveles de gobierno; reservas comunitarias o campesinas; terrenos ejidales o comunales cuando así lo determinen los núcleos agrarios; Humedales mexicanos de importancia internacional (sitios RAMSAR); Regiones Terrestres Prioritarias (RTP); Regiones hidrológicas prioritarias (RHP); Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS); zonas de importancia cultural, histórica y arqueológica; zonas de importancia para producción de alimentos; lugares con riesgo sísmico; sitios que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas; sitios donde exista riesgo de contaminación radioactiva; el lecho marino, zonas con alto nivel de contaminación; regiones declaradas en contingencia ambiental, zona de recargas de acuíferos; zonas con veda hídrica; cuando los acuíferos estén sobreexplotados; en regiones que padezcan sequía; en zonas de huracanes o fenómenos meteorológico que aumenten el riesgo de accidente, unidades productivas tradicionales; en dónde cómo resultados de consultas comunitarias las poblaciones hayan declarado a sus territorios como libres de minería y; zonas habitadas; así como las zonas de influencia de todos los sitios ya mencionados.

Se establecen regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. Estableciendo que la Secretaría de Economía formulará los programas de fomento a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería.

También se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado. Se generarán informes adicionales que debe presentar la empresa a la Secretaría de Economía. Se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía en general, con la obligación de entregarla directamente a las comunidades donde operan las mineras.

Asimismo, con el propósito de garantizar el principio de máxima publicidad, se estatuye que toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar, sin cargo alguno, certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una inscripción determinada.

Se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, aleatorios, con la participación de las comunidades y que pueden dar pie, en caso de incumplimiento de acuerdos o permisos del concesionario, a sanciones o a la cancelación de la concesión.

Se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados de las empresas) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

Del mismo modo, se amplían las causales de nulidad y de cancelación de concesiones. Y se fortalecen los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley.

Finalmente, se faculta y obliga a la Secretaría de Economía para realizar visitas de inspección, con el propósito de verificar que los minerales extraídos y las cantidades declaradas como extraídas y procesadas, coincidan con lo autorizado en la concesión y con los reportes de la empresa; así como su cumplimiento y apego a la normatividad ambiental, las reglas de seguridad e higiene, de salud y en general toda aquella que deba ser observada para la seguridad del personal, medio ambiente y poblaciones.

Además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional del Agua, La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La Procuraduría de Protección al Ambiente, La Secretaria de Salud o cualquier otra entidad que demuestre o acredite interés fundado, en coordinación con la Secretaría, podrán realizar visitas de inspección siguiendo el proceso descrito en el artículo anterior y lo que disponga el Reglamento de la presente Ley.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una Nueva Ley Minera que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley Minera, para quedar como sigue:

LEY MINERA

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley Minera, para quedar como sigue:

LEY MINERA

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría.

Artículo 2. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos aplicables, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

Artículo 3.- El Estado garantizará que los mecanismos de extracción y beneficio de los recursos naturales concesibles comprendidos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos preserven el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, permitan condiciones de vida con dignidad para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los derechos humanos.

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I.- Exploración: Las obras y trabajos realizados con el objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;

II.- Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo;

III.- Beneficio: Los trabajos de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a que se somete el material extraído para su posterior utilización y transformación. Preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos;

IV, Cierre de mina: Obras que la empresa minera tiene la obligación de realizar para restaurar, remediar y, en su caso, mitigar todos los impactos naturales (biológicos, ecológicos y paisajísticos), sociales (referentes a la vida en comunidad, a servicios comunitarios o pertinentes a la salud de la población), culturales (materiales e inmateriales) y económicos (actividades primarias, secundarias y terciarias) que hayan sido alterados parcial o totalmente por la actividad minera durante las fases de exploración y explotación;

V. - Actividad minera: Exploración, explotación, beneficio y cierre de mina;

VI.- Asignación minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía exclusivamente al Servicio Geológico Mexicano para actividades de exploración de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del  dicho lote sin que la superficie forme parte de la asignación;

VII.- Concesión minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para actividades de exploración o explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley  en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro de dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

VIII.- Ley: La Ley Minera;

IX.- Consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado (consulta): Derecho y procedimiento que tienen los pueblos y sus habitantes, a través de sus asambleas y autoridades representativas, para definir la aprobación o negación de un proyecto u actividad que tenga una clara tendencia de incidencia externa y que pretende implementarse en algún lugar del territorio del pueblo o localidad. Este derecho se ejerce a partir de disponer, de manera autónoma, información fidedigna, suficiente, oportuna y culturalmente adecuada, con el propósito de generar un proceso de análisis y reflexión entre las mujeres y los hombres de una población, sobre las ventajas y desventajas que puede generar un proyecto u actividad;

X.- Participación social y ciudadana para obtener un acuerdo previo, libre, informado y vinculante(participación):Derecho y procedimiento mediante el cual el gobierno obtiene el consentimiento o rechazo vinculante de las poblaciones no indígenas, para la realización de actividades mineras en sus territorios;

XI.- Licencia social: Consentimiento vinculante otorgado a través de procesos de consulta, por poblaciones y comunidades indígenas, o acuerdo vinculante otorgado a través de procesos de participación, por poblaciones no indígenas, para la realización de actividades mineras;

XII.- Poblaciones potencialmente afectadas (poblaciones): Aquellas poblaciones, indígenas o no indígenas, que se encuentren en riesgo de recibir algún impacto a raíz de la actividad minera, tal como lo señale la manifestación de impacto ambiental aprobada para cada proyecto;

XIII.- Registro: El Registro Público de Minería;

XIV.- Secretaría: La Secretaría de Economía;

XV.- Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que ya habitaban en el territorio actual del país desde el inicio de  la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, parte de ellas;

XVI.- Comunidades integrantes de un pueblo indígena: Aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;

XVII.- Tajo a cielo abierto: Todo proyecto de explotación de minerales concesibles cuyas actividades se llevan a cabo a la intemperie. Implica la remoción de grandes volúmenes de minerales por medio de excavaciones en franjas horizontales llamadas bancos. Los bancos se remueven en forma descendente a partir del banco que se encuentre en la superficie. Esta técnica de explotación se aplica en yacimientos masivos de gran tamaño, cerca de la superficie, donde los minerales se encuentran diseminados (de baja ley). Se basa en la extracción de todo el material donde se ubica el mineral. Asimismo, elimina la cubierta vegetal, la biodiversidad y el suelo, generando repercusiones irreversibles en el paisaje, la geografía y el medio ambiente, además de serias repercusiones sociales;

XVIII.- Tumbe y relleno: Tecnología de explotación empleada en minas subterráneas, consiste en romper el mineral en diferentes pisos y en sentido descendente, ascendente o con techo en arco. Después que un corte o piso haya sido completamente extraído, se procede a rellenar antes de empezar el nuevo corte en el piso inmediato inferior. Este relleno es el que va ayudar en el sostenimiento del techo del nuevo frontón que se abre. El minado del mineral continúa piso por piso hasta terminar el bloque;

XIX.- Pocitos de carbón: Extracción de carbón mineral en forma rudimentaria en tiros verticales a menos de 100 metros de profundidad;

XX.- Minería artesanal: Cuando la actividad se realiza en un terreno menor a 1,000 hectáreas y/o con una capacidad productiva menor a 25 Toneladas métricas por día;

XXI.- Pequeña minería: Cuando la actividad se realiza en un terreno menor a 2,000 hectáreas y/o con una capacidad productiva entre 25 y 30 toneladas métricas por día;

XXII. Mediana minería: Cuando la actividad se realiza con una capacidad productiva entre 350 y 5,000 toneladas métricas por día;

XXIII.- Gran minería: Cuando la actividad se realiza con una capacidad productiva mayor a 5,000 toneladas métricas por día;

XXIV.- Minería submarina: Proceso de extracción de los recursos naturales concesibles comprendidos dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículo 5.- Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

III. Diatomita;

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;

V. Sal gema;

VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;

IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales o a la necesidad prioritaria de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.

Quienes pretendan realizar la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, deberán solicitar la obtención de la concesión minera correspondiente, siempre y cuando realicen lo que corresponde a los términos que esta Ley y su Reglamento señale para su otorgamiento.

Artículo 6.- Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:

I.-El petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso; así como el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

II.-Los minerales radiactivos;

III.-Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos;

IV.-Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto en pequeña escala;

VI.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas;

Artículo 7.- La actividad minera no es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y estará condicionada a que no vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos. Sólo se considerará de utilidad pública cuando esta actividad se realice directamente por el Estado, sin la participación de particulares, y para beneficio directo de los mexicanos.

Cada etapa del proceso minero, pero en especial la exploración, explotación, el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, así como las acciones para el cierre de minas, se someterán a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas, y a la participación social y ciudadana para obtener el acuerdo previo, libre, informado y vinculante para poblaciones no indígenas; bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen.

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría:

I.-Promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación;

II.-Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería;

III.-Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas, relacionados con la industria minerometalúrgica;

IV.-Participar con las dependencias competentes, así como con las instituciones de educación superior, de salud, de investigación y organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de los pueblos circunvecinos, así como de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale;

VI.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación de zonas de reservas mineras;

VII.- Expedir títulos de: a) concesión de exploración, b) concesión de explotación y beneficio y c) asignación minera. Resolver sobre la nulidad, cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas;

VIII.- Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y de las disposiciones de los demás ordenamientos jurídicos aplicables sobre las solicitudes de expropiación o constitución de servidumbre, indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley;

IX.- Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;

X. Solicitar y recibir, con carácter público, información sobre el volumen y el valor de la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, los estados económicos de empresas mineras y metalúrgicas, así como el nombre y razón social de empresas asociadas involucradas en trabajos de explotación, exploración, beneficio y otras tareas relacionadas con las actividades mineras para cada concesión especificando el porcentaje de inversión nacional y el porcentaje extranjero, indicando el nombre y razón social de las empresas con las que mantiene vínculos comerciales, con planes estratégicos, industriales, de investigación, así como el historial de cada una de ellas, sean nacionales o extranjeras;

Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre los estados contables de empresas mineras y metalúrgicas;

XI.- Entregar una copia a las poblaciones de todos los informes, registros e inventarios que entregue el concesionario a la Secretaria;

XII.- Integrar una base de datos pública con información pormenorizada y desagregada sobre las concesiones y asignaciones mineras, las personas físicas y morales que ostenten una concesión, las coordenadas geográficas que delimitan las concesiones, la localización de los proyectos de explotación en operación, el historial de los titulares de cada concesión, el tipo y volumen de minerales extraídos, los derechos pagados, información sobre yacimientos e información adicional, según lo disponga el Reglamento de esta Ley;

XIII.-Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última. Esta información será puesta a disposición del público;

XIV.-Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;

XV.-Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación, beneficio de minerales o sustancias concesibles o cierres de minas e imponer las sanciones administrativas correspondientes, así como realizar las denuncias judiciales que correspondan derivadas de su inobservancia. La Secretaría realizará visitas de inspección periódicas para corroborar el cumplimiento de los deberes y obligaciones;

XVI.-En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente;

XVII.-En conjunto con las Secretarías respectivas, establecer los términos y condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico, laboral y ambiental para la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XVIII.-Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley;

XIX.- Asegurarse de que las empresas solicitantes de una concesión acrediten que no cuentan con antecedentes, en México o el extranjero, de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social, y

XX.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes;

La Secretaría deberá solicitar e integrar la colaboración de otras autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley. Deberá convocar además, a las instituciones de educación superior, de salud, de investigación y organizaciones de la sociedad civil;

Artículo 9.- La Secretaría formulará los programas de fomento a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería, señalados en la fracción II del artículo anterior, y coordinará las acciones necesarias para su ejecución;

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por este artículo;

Artículo 10.- Para el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia;

El Servicio Geológico Mexicano tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título;

La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su Director General;

El Órgano de Gobierno estará integrado por:

El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá;

Dos representantes de la Secretaría de Economía;

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Un representante de la Secretaría de Energía;

Un representante de la CNDH;

Un representante del INAH;

Tres representantes de las poblaciones afectadas por la actividad minera;

Dos representantes de la sociedad civil organizada entre cuyas actividades se encuentre, entre otras, el tema de la minería;

Un representante de universidades públicas nacionales;

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa obligatoria del Presidente del Órgano de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, tres representantes adicionales de poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por la minería y tres representantes de los sindicatos del sector minero;

Para la validez de las reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad;

El Director General será designado por el Presidente de la República, a través del titular de la Secretaría, debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo;

La vigilancia del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de la organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico;

Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano se regirán por el apartado A) del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias;

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico Mexicano deberá cumplir con las siguientes funciones:

I.- Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para generar conocimientos sobre la composición geológica del suelo, en servicio del desarrollo científico e interés social;

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;

III. Inventariar los depósitos minerales del país;

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país donde será puesta a disposición de la ciudadanía toda la información generada por esta entidad;

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo, proveer información del comportamiento geohidrológico, disponibilidad y calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas que podrían ser afectadas por un determinado proyecto minero, y proporcionar su interpretación;

VII.- Cobrar a los concesionarios una contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados para cada lote concesionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

VIII.-Dar a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería, asesoría técnica en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento;

IX.-Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físico-químicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;

X.-Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;

XI.- Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de los minerales y sustancias concesibles y la incorporación y desincorporación de zonas a reservas mineras;

XII.- Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas;

XIII. Solamente podrán prestar los servicios descritos en este artículo dentro del territorio nacional y únicamente a instituciones públicas;

XIV. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;

XV. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio público de información geológica, geohidrológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

XVI. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;

XVII. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;

XVIII. Proporcionar la información geológica, geoquímica, geofísica y geohidrológica y asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser requerida en los términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XIX. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros;

XX. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación de forma sustentable y con respeto a la biodiversidad y evitando el uso de sustancias químicas en los procesos de beneficio de los valores metálicos;

XXI. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga;

XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado;

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

XXV. Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, a través de la historia minera y metalúrgica, sus diferentes impactos económicos, ambientales y sociales, mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los gobiernos de las entidades federativas;

XXVI. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes, sujetándose estrictamente a las facultades que le otorgan.

CAPITULO SEGUNDO
De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras.

Artículo 11. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 5, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras de exploración y explotación otorgadas por la Secretaría.

El Servicio Geológico Mexicano participará en las actividades de exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.

Los títulos de concesión y de asignación minera y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.

Artículo 12.- Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas:

I.-Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley o de otros ordenamientos aplicables;

II.-Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y

III.-En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia;

IV.- Que no cuenten con antecedentes en México o el extranjero de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social.

Artículo 13.-Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, que no queda incluida en la concesión, pero sobre la cual se determina el perímetro que comprende.

Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros.

La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.

La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del perímetro del lote.

Artículo 14.- El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente:

El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá derecho preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo.

En caso de que el titular antes señalado no ejerza su derecho, la preferencia pasará al siguiente titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco y así sucesivamente.

Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos.

En caso de que una persona distinta al titular señalado en el segundo párrafo de este artículo solicite la concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que colinden con el hueco para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores. Los interesados contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que surtan efectos tales notificaciones para presentar la solicitud de concesión correspondiente.

Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Artículo 15.- Para que sea otorgada una concesión de exploración, el peticionario o concursante previamente tendrá que acreditar haber cumplido todos los siguientes requisitos:

I.- Obtención de la licencia social a partir de procedimientos de consulta o participación con base en los términos establecidos en el capítulo cuarto de la presente Ley;

II.- Demostrar que el uso de suelo concesionado guarda congruencia con la normatividad vigente de los tres niveles de gobierno;

III.- Aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV.- Contar con todos los permisos municipales actualizados: licencias, autorizaciones o sus similares;

V.- En su caso, Permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de material explosivo en la industria minera que entrega la Secretaría de la Defensa Nacional;

VI.- Si la concesión afectara pueblos indígenas, deberá ajustarse también a lo dispuesto en el capítulo tercero de esta ley.

Cuando se trate de una concesión de explotación y beneficio, antes de otorgarse, el peticionario o concursante, además de los requisitos anteriores, deberá contar con las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional del Agua, en su caso, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En caso de que se haya negado la licencia social a un solicitante, la Secretaría no podrá iniciar un nuevo proceso de solicitud de concesión sobre los recursos del subsuelo delimitados por ese mismo terreno superficial, hasta que se haya cumplido con un plazo de 6 años a partir de la negativa de licencia social.

Artículo 16.- Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Si se presentaran dos solicitudes simultáneas, las poblaciones decidirán a cual proyecto le otorgan la licencia social.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de asignación sobre las de concesión.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, se declarará la libertad de terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Servicio Geológico Mexicano mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.

Artículo 17.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado en o amparado por:

I.-Zonas incorporadas a reservas mineras;

II.-Concesiones y asignaciones mineras vigentes;

III.-Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite;

Cuando se cancelen concesiones, así como cuando se desaprueben o sean objeto de desistimiento solicitudes de concesiones o asignaciones, la Secretaría, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno correspondiente.

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los mismos.

Cuando se cancelen concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción del terreno que se abandone.

Artículo 18.- No se concederán concesiones de exploración o de explotación y beneficio:

I.- Para aquellos proyectos de explotación de mediana y gran minería por medio de técnicas de tajo a cielo abierto o de tumbe y relleno;

II.- Para aquellos proyectos de explotación minera en pocitos de carbón;

III.- Para aquellos proyectos que contemplen minería submarina;

IV.- A solicitantes que hagan entrega de recursos en dinero o en especie a las poblaciones o realicen actividades mineras durante el proceso de obtención de los permisos que dispone el artículo 15;

V.- Para aquellos proyectos de explotación y beneficio minero, que en sus procesos hagan uso de cianuro y mercurio o provoquen la liberación de minerales y/o sustancias altamente tóxicas como el arsénico, plomo, cadmio, molibdeno y otros metales pesados;

VI.- Al solicitante que ostente algún antecedente de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social tanto en territorio nacional como en el extranjero;
VII.- En las áreas naturales protegidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, con el propósito de salvaguardar su integridad. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 50 kilómetros, paralela al polígono del área natural protegida. Esta prohibición se extiende a las áreas protegidas de los tres niveles de gobierno, sitios RAMSAR y AICAS;

VIII.- En áreas que por sus bienes naturales son estratégicas para el desarrollo de los pueblos, como las zonas de recarga de agua, bosques y selvas, sitios con biodiversidad y sitios culturales y sagrados de pueblos y comunidades que de forma directa e indirecta puedan ser afectadas;

IX.- En las áreas de protección y/o amortiguamiento alrededor de las obras mineras como tajos, patios de lixiviación, los tiraderos conocidos como escombreras o tepetateras, presas o diques de jales y otras similares cuyas distancias se sujetarán a las especificadas en el reglamento de esta Ley y de las disposiciones relativas de otras leyes aplicables;

X.- En zonas contiguas a monumentos públicos, históricos, arqueológicos, zonas rituales para comunidades indígenas,  zonas bajo riesgo de contaminación radioactiva, zonas bajo riesgo de contaminación por impactos acumulativos o sinérgicos, así como núcleos poblacionales;

XI.- En zonas de reserva total y/o parcial o zonas de veda hídrica, según lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales;

XII.- En áreas destinadas a la producción de alimentos básicos para la población. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 50 kilómetros establecidos a partir de los límites de estas áreas;

XIII.- En áreas de captación de agua de lluvia y recarga de acuíferos de las cuencas hidrológicas;

Artículo 19.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley;

I.- Las concesiones mineras de exploración serán otorgadas por un máximo de cuatro años improrrogables;

II.- Las concesiones mineras de explotación y beneficio tendrán una duración igual a la expresada y demostrada por la empresa en su proyecto de explotación y beneficio de minerales, mismo que presentará para la adquisición de las diversas autorizaciones, licencias, permisos y similares requeridos por las mismas dependencias e instancias de la administración pública que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones.

El plazo de la concesión no excederá veinte años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando el titular de la concesión solicite un cambio o ampliación a su proyecto de explotación y beneficio, la Secretaría podrá autorizarlo sólo y cuando el titular haya concluido con todas las labores de cierre de mina y remediación del sitio comprometidas en el proyecto original y cumplido con las disposiciones del capítulo cuarto.

Artículo 20.- Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El Servicio Geológico Mexicano, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a declarar:

I.-La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;

II.-La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad o corporación a reserva minera de la totalidad del terreno que ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.

Artículo 21.- Cuando por utilidad pública cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a declarar la libertad del terreno amparado.

Artículo 22.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.

CAPITULO TERCERO
De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 23.Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen.

De igual manera, tienen derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.

Para el caso de que por alguna causa se destruya, tienen derecho a una reparación justa, que correrá a cargo del responsable y en su caso del Estado.

Artículo 24. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando los recursos minerales se encuentren en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias o Entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho.

Artículo 25. Antes de iniciar un procedimiento de consulta,  la Secretaría deberá asegurarse, en conjunto con las instituciones científicas, de educación superior, culturales, de salud y organizaciones de la sociedad civil, que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretenden realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Se entiende que se pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades, cuando se pueden presentar los siguientes casos.

I.- Impliquen el desplazamiento de los pueblos;

II.- Se afecten las fuentes de obtención de alimentos para la población, o provoquen daños al bienestar o la salud de las poblaciones;

III.- Disminuya la capacidad de captación de agua para el consumo humano o la producción de alimentos;

IV.- Se afecte la reproducción cultural al destruirse o modificarse parcial o sustancialmente sus lugares sagrados y espirituales;

V:- La actividad minera represente una causa preponderante de migración de los miembros de los pueblos indígenas o sus comunidades.

Bajo cualquiera de estos supuestos, la Secretaría negará automáticamente la solicitud de  concesión o el otorgamiento de una asignación minera.

Artículo 26. El Ejecutivo Federal no podrá otorgar ninguna asignación o concesión sobre tierras o territorios indígenas sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

Artículo 27. El consentimiento a que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgado por los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, por medio de consultas que se lleven a cabo a través de las autoridades representativas de dichos pueblos indígenas o sus comunidades y mediante los procedimientos que acostumbran utilizar para discutir y tomar acuerdos sobre los problemas de su interés.

Artículo 28. Es responsabilidad de la Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de asignaciones o concesiones mineras en territorios indígenas. Para llevarla a cabo deberá proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión y acordar con ellos el mecanismo de consulta, así como los objetivos específicos de ella. Este proceso debe llevarse a cabo, con buena fe y sin que medie alguna forma de coacción, garantizándose así una decisión libre.

Artículo 29. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 15 y 25, el Ejecutivo Federal podrá otorgar las asignaciones o concesiones mineras. Antes de comenzar las actividades de exploración o explotación que amparen, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades, y con la participación del Estado, mínimamente todas las siguientes cuestiones:

I.- Las condiciones en que se desarrollarán las actividades de exploración, explotación y beneficio de los valores metálicos;

II.- Las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus tierras, territorios, los recursos naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales;

III.- Las formas de remediar los daños anteriores que pudieran causarse, a pesar de las medidas tomadas y en forma de garantizar que se lleven a cabo, y;

IV.- Los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera, entre los cuales se consideran la posibilidad de asociación de los pueblos o comunidades indígenas con la empresa concesionaria, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 30. Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPÍTULO CUARTO
De la obtención de la licencia social a partir de los procedimientos de Consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado y Participación social y ciudadana para obtener un acuerdo previo, libre, informado y vinculante

Artículo 31.- Se requerirá la obtención de licencia social para:

I.- El otorgamiento de concesiones de exploración y concesiones de explotación y beneficio;

II.- El otorgamiento de asignaciones mineras;
III:- Prórrogas a las concesiones y asignaciones mineras otorgadas;

IV.- Permisos de operación para actividades de beneficio realizadas fuera de los límites superficiales de una concesión minera;

V.- Procesos de transmisión de concesiones si se verifican los supuestos establecidos en el artículo 49;

VI.- Para el transporte de la producción minera cuando esta actividad implique riesgos a la salud de la población y al medio ambiente según lo establecido en la Manifestación de impacto ambiental aprobada por la autoridad competente;

Artículo 32.- La licencia social a la que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgada por medio de un proceso de consulta o participación donde concurra la población interesada a partir de una convocatoria emitida por la Secretaría. La Secretaría debe garantizar que esta convocatoria tenga plena difusión entre la población potencialmente afectada por el proyecto.

Artículo 33.- Es responsabilidad de la Secretaría la organización y realización del proceso de participación, previo a la entrega de cualquiera de los procedimientos especificados en el Artículo 31. Para llevarla a cabo deberá garantizar el derecho de las poblaciones potencialmente afectadas, definidas con base en la Manifestación de impacto ambiental aprobada por la autoridad competente, a recibir toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión, acorde a mecanismos libres, democráticos y culturalmente adecuados de toma de decisión.

Artículo 34.- Corresponde a la parte solicitante de la concesión o asignación la responsabilidad de presentar a la Secretaría información sobre el proyecto de exploración o explotación y beneficio que promueve, así como de la Manifestación de impacto ambiental, aprobada por la autoridad competente, correspondiente al mismo.

La información presentada debe ser veraz. Adicionalmente, se presentará un resumen de cada uno de estos documentos en lenguaje simplificado y comprensible y, en su caso, traducido a la lengua de la población en cuestión.

Artículo 35.- La Secretaría será responsable de entregar y dar difusión, entre la población potencialmente afectada, de los documentos proporcionados por el solicitante, con sus correspondientes anexos.

Convocará a las dependencias de gobierno, instituciones de educación superior, investigación, salud y asociaciones de la sociedad civil para efectuar el análisis de los efectos de los proyectos presentados por el solicitante sobre la cuenca, el medio ambiente, la economía, la cultura y la salud de todas las poblaciones potencialmente afectadas.

Contará con un mes a partir de la entrega de los documentos por parte del solicitante para garantizar que el contenido de los documentos sea difundido entre la población, así como para hacer efectiva la convocatoria a las distintas dependencias e instituciones.

Artículo 36.- Una vez conocidos los documentos, las poblaciones potencialmente afectadas podrán solicitar de manera autónoma la información necesaria y solicitar la intervención de expertos que revisen la veracidad y pertinencia de la información presentada y que señalen omisiones en los mismos.

Las autoridades deberán otorgar todas las facilidades para que las instituciones y asociaciones a las cuales hace mención el artículo anterior, así como los expertos convocados de manera autónoma por las poblaciones, en conjunto proporcionen información veraz acerca de los efectos del proyecto sobre la población y el medio ambiente.

Esta etapa tendrá una duración de 6 meses a partir de la fecha en que la Secretaría haya concluido sus labores de difusión de los documentos.
Artículo 37.- Una vez concluido el proceso de análisis de la información, las poblaciones potencialmente afectadas podrán solicitar:

I.- Proceder directamente a la definición del otorgamiento de la licencia social a través de los procesos de consulta o participación;

II.- Abrir un proceso de negociación con el solicitante y la Secretaría en torno a los términos en que se realizará el proyecto de exploración o explotación y beneficio. Una vez concluido, se procederá a la definición del otorgamiento de la licencia social.

Artículo 38.- El proceso de negociación al que se refiere la fracción II del artículo anterior tendrá las siguientes características:

I.- Deberá realizarse de manera libre, pública y sin que medie forma alguna de coacción;

II: Participarán representantes legítimos de las poblaciones potencialmente afectadas, la Secretaría y representantes de la parte solicitante;

III.- Tendrá una duración máxima de 6 meses;

IV.- Podrá llegarse a un acuerdo que en caso de reflejarse en el otorgamiento de la licencia social será de obligatorio cumplimiento para las partes;

V.- El acuerdo deberá contener previsiones sobre los siguientes puntos:

a) Retribución por arrendamiento de terrenos y constitución de servidumbres necesarias para la realización de actividades mineras;

b) Planteamiento de alternativas a las distintas actividades mineras contempladas por el proyecto;

c) Establecimiento de medidas de mitigación, reparación y restauración durante las actividades mineras y en la etapa de cierre de mina. Para ello se establecerán, de común acuerdo, mecanismos de monitoreo del cumplimiento de estas medidas. Los costes serán asumidos por el solicitante;

d) Ocupación de los habitantes de la comunidad de manera preferente en los empleos generados por la actividad minera;

e) Participación de las poblaciones en las ganancias generadas por la minería a partir de cualquiera de los siguientes esquemas:

a. Participación de los habitantes de las poblaciones en un porcentaje de las acciones de la empresa minera que no podrá ser inferior a un porcentaje suficiente para participar con voz y voto en las reuniones de accionistas de la misma;

b. Reparto de un porcentaje de los ingresos netos de la empresa, en un monto que no podrá ser inferior al 5% de los mismos.

VI.- Corresponderá a las y los habitantes de las poblaciones decidir sobre el mejor uso y destino de los recursos recibidos en virtud de los acuerdos;

VII.- El acuerdo tendrá carácter vinculante hasta que sea otorgada la Licencia social por parte de las poblaciones a través de la consulta o la participación.

Artículo 39.- En caso de poblaciones indígenas, el otorgamiento de la Licencia social se llevará a cabo a partir de un proceso de consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, que deberá respetar las formas de organización y de decisión comunitaria y los tiempos determinados por las mismas.

Artículo 40.- En caso de poblaciones no indígenas, para cada caso se establecerá un mecanismo de participación de común acuerdo entre las poblaciones, el instituto electoral de la respectiva entidad federativa y la Secretaría, partiendo de las leyes de participación ciudadana del respectivo Estado.

Artículo 41.- La decisión en torno al otorgamiento o la negativa de licencia social tendrá carácter vinculante e inapelable.

Artículo 42.- En caso de que un concesionario quiera implementar algún cambio en el proyecto acordado con las poblaciones, tendrá que cumplir nuevamente con todas las previsiones estipuladas en este capítulo si pretende retener la concesión.

Artículo 43.- Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO QUINTO
De los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras

Artículo 44.- Las concesiones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que amparen;

II.- Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia;

III.-Solicitar la constitución de servidumbres de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros;

IV.-Aprovechar, previa concesión, las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

V.- Transmitir, previa autorización de la Secretaría, la titularidad de su concesión a personas legalmente capacitadas para obtenerla;

VI.-  Solicitar a la Secretaría que identifique en la superficie los lotes que amparen la concesión y resuelva controversias entre concesionarios;

VII.-Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;

VIII.-Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;

IX.- Solicitar la prórroga en la concesión de explotación y beneficio acorde a partir de un nuevo proyecto presentado. La duración de esta prórroga no podrá exceder 20 años, y para obtener esta prórroga, el solicitante tendrá que cumplir nuevamente con los requisitos del artículo 15. La solicitud de prórroga tendrá que realizarse por lo menos tres años antes de la fecha de terminación de la concesión respectiva.

Artículo 45.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, , subsuelo, áreas o zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 46.-La ocupación del terreno superficial con fines de explotación y beneficio de los minerales sólo se realizara mediante convenio con los legítimos poseedores del territorio.

Tratándose de expropiaciones, cuando proceda, la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la resolución respectiva, priorizando la reposición del área afectada, por otra de igual tamaño, procurando que se encuentre en las inmediaciones del terreno expropiado y que presente  similares características de calidad de la tierra y presencia de recursos naturales.

Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.

Artículo 47.- Las solicitudes de identificación de superficies procederá cuando el nuevo lote o lotes se encuentre comprendido dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 48.- La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven, surtirán sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo anterior.

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma obligaciones cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.

Artículo 49.- Para la transmisión de la titularidad de concesiones mineras se observarán los siguientes requisitos:

I. Los particulares solicitarán a la Secretaría la transmisión de la titularidad de la concesión.

II. Deberán acreditar que quien recibe la concesión se encuentra capacitado para hacerlo en los términos del artículo 12.

III. La Secretaría informará a las poblaciones cuya licencia social fue obtenida, a partir de las modalidades de consulta o participación, de la solicitud de transmisión en proceso y las partes involucradas. Integrantes de las poblaciones tendrán un término de sesenta días para objetar el proceso de transmisión de titularidad.

IV. En caso de objeción de parte de las poblaciones, se tendrá que realizar un nuevo proceso de consulta o participación.

V. Cumplido lo establecido en las fracciones I a IV, la Secretaría podrá aprobar o rechazar la transmisión solicitada por los particulares.

VI. En caso de aprobación, publicará el pago acordado entre los particulares para la transmisión y dejará constancia de la transmisión en el Registro Público de Minería.

VII. La transmisión será sujeta al pago de un derecho establecido en el artículo 65 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo 50.- Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la Secretaría del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.

Artículo 51.- Las asignaciones mineras confieren derecho a:

I.-Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen;

II.- Convenir con los legítimos poseedores, a partir de la obtención de la licencia social, la ocupación del terreno superficial o la constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración;

III.-Identificar la superficie que amparen, y

IV.- Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven;

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.

CAPITULO SEXTO
De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras
 y el Beneficio de Minerales

Artículo 52. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I.- Ejecutar y comprobar, con estricto apego al proyecto aprobado, las obras y trabajos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás normas que regulan la actividad minera. ;

II.- Cumplir con las obligaciones fiscales que las leyes y reglamentos en la materia, establezcan;

III.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;

IV.- Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

VI.- Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;

VII.- Rendir anualmente a la Secretaría los informes geológicos, estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señala el Reglamento de la presente Ley. Estos informes incluyen información sobre las obras y trabajos desarrollados, estados económicos de las empresas concesionarias, el destino de venta de su producción, información geológica producida por sus trabajos de exploración, entre otros rubros establecidos en esta Ley y su Reglamento.

VIII.- Durante la explotación se llevarán registros e inventarios actualizados del tipo de minerales extraídos y de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio para cada uno, con el propósito de  establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán, se entregarán, semestralmente en los meses de enero y julio de cada año a la Secretaría, misma que tendrá la obligación de publicarlos.
IX.- Permitir en todo momento al personal comisionado por la Secretaría o por otros organismos públicos la práctica de visitas de inspección;

X.- Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe para que sea incorporado en el sistema público de información del propio Servicio;

XI.- Pagar al Servicio Geológico Mexicano, al momento de la entrega de una concesión, una contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados para cada lote concesionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

XII.- Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas asociado o no asociado a los yacimientos de carbón comprendidos dentro del lote que ampara la concesión minera;

XIII.- Acordar con Petróleos Mexicanos la forma de explotación y traslado del gas asociado o no asociado a los yacimientos de carbón mineral;

XIV.- Reparar los daños y perjuicios al equilibrio ecológico y de protección al ambiente, a la salud de la población, a los monumentos culturales e históricos, establecer depósitos para los desechos tóxicos industriales, como cianuro y arsénico y demás propios de la minería. Esta obligación subsistirá por sesenta años posteriores a la fecha de terminación de la concesión;

XV.- Al otorgarse las concesiones de exploración y/o explotación y beneficio, el concesionario estará obligado a constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones mineras y ambientales adquiridas por el mismo, así como el pago de las multas. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a). Para la concesión de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;

b). Para la concesión de exploración y beneficio, en la etapa de construcción y montaje, el 5% de la inversión anual por dicho concepto;

c). Para la concesión de explotación y beneficio, en la etapa de explotación, equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por la Secretaría;

d).- Tras ser aprobada por la Secretaría, la póliza deberá mantenerse durante el periodo de vigencia de la concesión, sus prórrogas y por cinco años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo;

e).- La constitución de la póliza no exime al concesionario del cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el costo derivado del incumplimiento de una obligación supere el monto de la póliza, el concesionario estará obligado a cubrir el remanente;

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en este artículo estarán a cargo del adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 48 de esta Ley.

Artículo 53.- La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los productos minerales por obtener.

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería.

Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley. Los informes se publicarán en la página web de la Secretaría. Y en un plazo máximo de 60 días la Secretaría emitirá resolución respecto a la veracidad de los informes de comprobación, que será pública.

Artículo 54.- La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:

I.-Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;

II.-Perforaciones;

III.-Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;

IV.-Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;

V.-Análisis físico-químicos;

VI.-Pruebas de experimentación metalúrgica;

VII.-Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;

VIII.-Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;

IX.-Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica;

X.-Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;

XI.-Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;

XII.- Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;

XIII.-Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;

XIV.-Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y;

XV.-Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 55.- La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.

Artículo 56.- Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos por esta Ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un máximo de dos años consecutivos, dentro de un período de diez años.

Artículo 57.- Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.

Artículo 58.- La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen las disposiciones fiscales.

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento, cuando no se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 59.- Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de veinte trabajadores en los demás casos, con independencia de si estos han sido contratados directa o indirectamente por el concesionario.

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación y beneficio o a quien lleve a cabo estos trabajos.

Artículo 60.- El informe a que se refiere el artículo 52, fracción X de esta Ley, describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de treinta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los treinta días naturales de que a su vez lo reciba.

Artículo 61.- El Servicio Geológico Mexicano, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señalan las, V, VI, VII y X del artículo 52 de esta Ley.

Artículo 62.- Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:

I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

II.- Solicitar a la Secretaría un permiso de operación para actividades de beneficio realizadas fuera de los límites superficiales de una concesión minera;

III.-Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

IV.-Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;

V.- Obtener la licencia social a partir de la consulta o participación, además de contar con todas y cada una de las respectivas autorizaciones, licencias y permisos;

VI.-Procesar el mineral proveniente de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros, previo aviso a la autoridad y en condiciones competitivas, hasta por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y

VII.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría libertad permanente y acceso inmediato cuando se presente la orden de revisión, para que, en ejercicio de sus facultades realice las visitas de inspección  y verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 63.- Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:

I.-Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal;

II.-Comprueben estar recibiendo minerales de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, o

III.-Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas;

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Artículo 64.- En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán garantizar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.

CAPITULO SEPTIMO
De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos

Artículo 65.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:

I.- Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley;

II.- Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas;

III.- La concesión que se otorgue violando alguna de las prohibiciones reguladas en los artículos 17 y 18 de la presente Ley;

IV.- La concesión se otorgue sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 15, o

V. - La concesión se entregue luego de un proceso de otorgamiento de Licencia social viciado por la violación de lo dispuesto en el capítulo cuarto;

VI.- El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno;

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 66.- Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas, así como aquellas que violen alguna de las disposiciones establecidas en el artículo 49 de la presente Ley.

Artículo 67.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I.- Terminación de su vigencia;

II.- Fallecimiento del titular, en caso de ser persona física;

III.- Desistimiento debidamente formulado por su titular;

IV. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la identificación de superficie amparada por concesiones mineras;

V.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 80 de esta Ley;

VI.- Resolución judicial.

Artículo 68.- El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá de inmediato cuando éstos:

I.- Pongan en peligro la vida, salud o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, en observancia al principio precautorio;

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada;

III.- Cuando las visitas de inspección realizadas revelen peligro o daño inminente a la salud, seguridad e higiene laboral, medio ambiente o patrimonio cultural material o inmaterial, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos y establecerá las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse las mismas en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

Artículo 69.- Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de la constitución de servidumbre o la nulidad de los convenios establecidos con los superficiarios cuando:

I.- El concesionario no haya obtenido la licencia social de parte de los legítimos poseedores del terreno, para los casos de constitución de servidumbre;

II.- Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;

III.- Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a que alude el artículo 56 de la presente Ley;

IV.- El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;

V.- Se incumpla el pago de la indemnización;

VI.- Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas por los artículos 65, párrafo final, y 67, fracción III, de esta Ley;

VII.- El terreno objeto de las mismas ya esté destinado o sea posteriormente destinado a un uso distinto al de la actividad minera, o

VIII.- Por sentencia judicial;

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.

Artículo 70.- Las nulidades señaladas por el artículo 65, fracciones I, III y IV, así como la suspensión o insubsistencia a que se refieren los artículos 68 y 69, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley.

Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 67, fracción VI, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de sesenta días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.

CAPITULO OCTAVO
Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera

Artículo 71.- La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos que a continuación se mencionan:

I. Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;

II.- Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;

III.- Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;

IV.- Los acuerdos de generados a partir de los procesos de obtención de licencia social.

V.- La constitución de servidumbres, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;

VI.- Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;

VII.- Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;

VIII.- Las sociedades a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;

IX.- Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;

X.- Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y

XI.- Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad.

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones VI a XI surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I, IV y V a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 72.- Todos los actos a que alude el artículo anterior se inscribirán de oficio.

Artículo 73.- Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar, sin cargo alguno, certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una inscripción determinada.

Artículo 74.- Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 75.- La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.

Artículo 76.- La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitud de concesión y asignación minera. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.

La Secretaría pondrá a disposición de la ciudadanía la Cartografía Minera. Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar planos de la misma sin incurrir en costo alguno.

CAPITULO NOVENO
De las Inspecciones, Sanciones y Recursos

Artículo 77.- La Secretaría,  deberá realizar visitas de inspección, con el propósito de verificar que los minerales extraídos y las cantidades declaradas como extraídas y procesadas, coincidan con lo autorizado en la concesión y con los reportes de la empresa; así como su cumplimiento y apego a la normatividad ambiental, las reglas de seguridad e higiene, de salud y en general toda aquella que deba ser observada para la seguridad del personal, medio ambiente y poblaciones con arreglo a las disposiciones siguientes:

I.- Designará dos o más inspectores, incluyendo como mínimo un inspector elegido por las poblaciones a quienes comunicará su nombramiento y la orden de visita.

II.- Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector; el objeto de la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora de su verificación, misma que no deberá exceder de 24 horas, para que concurra o esté debidamente representada en el lugar de la inspección; si el representante legal no estuviera presente, la diligencia se llevará a cabo, con quien se encuentre en el lugar.

III.- Los inspectores, una vez que se identifiquen, practicarán la visita en el lugar y fecha señalados, ante la persona notificada, su representante debidamente acreditado o quien se encuentre presente. Si a proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, los inspectores levantarán acta en la que harán constar lo anterior, firmada por dos testigos, éstos serán señalados por el mismo visitado y ante su negativa de nombrar testigos, los inspectores señalarán quienes actuarán como tales. En este último caso, se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba en contrario.

IV.- Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban.

V.- Los inspectores deberán rendir a la Secretaría un informe con  el resultado de la inspección,  en  plazo máximo de quince días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el informe fueran insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección para subsanar las deficiencias de la primera. Esta segunda inspección será llevada a cabo por los mismos inspectores y dos inspectores adicionales, de los cuales uno será nombrado por las poblaciones

VI.- La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, motivará y dictará resolución;

VII.- En casos de urgencia las visitas de inspección podrán ejecutarse en cualquier momento, sin que los concesionarios puedan negarse a recibirlas;

VIII.- Las visitas de inspección no podrán suspenderse y de ser obstaculizadas el inspector estará facultado para dictar medidas de apremio inmediatas y efectivas, incluyendo el auxilio y uso de la fuerza pública;

IX.- Las inspecciones podrán también realizarse por solicitud de la ciudadanía, siguiendo los procedimientos descritos en las fracciones anteriores.

Artículo 78.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional del Agua, La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La Procuraduría de Protección al Ambiente, La Secretaria de Salud o cualquier otra entidad que demuestre o acredite interés fundado, en coordinación con la Secretaría, podrán realizar visitas de inspección siguiendo el proceso descrito en el artículo anterior y lo que disponga el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 79.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera o multa.

Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.

Artículo 80.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I.- Violar lo establecido en el proyecto presentado para obtener las concesiones mineras, los acuerdos alcanzados con los pobladores afectados mediante los procesos de obtención de licencia social y los compromisos establecidos en la manifestación de impacto ambiental;

II.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

III. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

IV.- Incumplir las obligaciones fiscales que las leyes y los reglamentos en la materia establezcan;

V.- Incumplir en el pago de los derechos sobre minería;

VI.- Dejar de cubrir la cuota correspondiente a la póliza de garantía para el cumplimiento de las obligaciones mineras o ambientales y el pago de multas;

VII.- Entregar recursos, en dinero o en especie, a las poblaciones o a las autoridades de los ayuntamientos donde se realizan las actividades mineras, que no estén previstos en la Ley Federal de Derechos o en los acuerdos establecidos en virtud del capítulo cuarto;

VIII.- No cubrir la contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados por el Servicio Geológico Mexicano.

IX.- No tener vigentes todas las licencias, permisos o autorizaciones que la actividad minera requiere para su funcionamiento;

X.- Violar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente, cuando la violación de estas normas ponga en riesgo la vida de trabajadores o pobladores;

XI.- Cuando no se remunere el trabajo minero o este se realice bajo condiciones de violencia o coacción, o se haga uso de mano de obra infantil;

XII.- Cuando la empresa o los subcontratistas vinculados al proyecto minero, se nieguen al cumplimiento parcial o total de los derechos laborales vigentes en las leyes nacionales y tratados internacionales;

XIII.- No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

XIV.- Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin cumplir con las obligaciones que señala el artículo 62 fracciones II, III, IV y V;

XV.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

XVI.- Recuperar, aprovechar, enajenar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XVII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o;

XVIII.- Reincidir, por segunda ocasión, en alguna de las causales de multa establecidas en el artículo 82 de esta Ley;

XIX.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones. No procederá la cancelación en el caso de la fracción anterior, cuando la sociedad titular de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la misma ocurra. De no subsanarse, la Secretaría promoverá judicialmente el remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será entregado al Servicio Geológico Mexicano;

XX.- Perpetrar o involucrarse de alguna manera en hechos que lleven a la agresión física o moral de personas inconformes u opositoras al proyecto minero del concesionario, así como de personas solidarias o aliadas a las anteriores;

XXI.- Llevar a cabo alguna acción u omisión que conlleve a la división comunitaria o a enfrentamientos entre pobladores con el consiguiente deterioro y ruptura del tejido social o;

XXII.- Las autoridades competentes tendrán amplias facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios que deriven del régimen establecido por esta Ley e imponer las sanciones pertinentes. A los fines de la presente Ley constituyen también infracciones:

a). Falsedad de las informaciones presentadas; 

b) Omitir la presentación de informes, registros e inventarios, vencido el plazo legal establecido;

c). Omitir información, entrega de documentación u otras obligaciones que le fueran requeridas por la autoridad competente;

d). Negativa a exhibir libros, información, documentación y/o comprobantes que le fueran requeridos por la autoridad competente.

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda a cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones anteriores, en lo conducente.

Artículo 81.- No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo anterior, respectivamente:

I.- La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, así como el pago de la multa que determina el artículo 82, fracción XI de la misma;

II.- El pago de los impuestos y derechos sobre minería omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

III.- Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 45, párrafo segundo, de esta Ley.

Artículo 82.- La persona física o moral que se dedique a actividades mineras podrá ser sancionada con multa equivalente de mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por las infracciones siguientes:

I.- Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;

II.- Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos;

III.- Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

IV.- Violar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente, cuando la violación de estas normas no ponga en riesgo la vida de trabajadores o pobladores;

V.- Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por la Secretaría;

VI.- No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada;

VII.- No designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias;

VIII.- Omitir la notificación prevista en el artículo 59, párrafo segundo, de esta Ley, sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación;

IX.- No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

X.- Negarse a beneficiar el mineral de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros en condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique, de acuerdo con lo establecido por el artículo 62, fracción VI, de esta Ley;

XI.- Modificar la ubicación o dañar la mojonera o señal que sirva para identificar el punto de partida de un lote minero;

XII.- Comprobar extemporáneamente la ejecución en tiempo de las obras y trabajos previstos por esta Ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de cancelación de una concesión minera, y;

XIII.- No rendir oportuna y verazmente los informes, registros e inventarios que señalan las fracciones VII y VIII del artículo 52 de esta Ley, en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley;

XIV.- No llevar puntualmente los registros e inventarios actualizados del tipo de minerales extraídos y de la producción en boca o borda de mina y en sitios de acopio, ni de los minerales en bruto y los entregados a las plantas de beneficio o a las de transformación.

En caso de actividades correspondientes a la gran minería, la multa no podrá ser inferior a cuarenta mil días del salario mínimo general vigente del Distrito Federal.

De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta tres tantos del importe de dicha multa.

Para fijar el monto de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.

La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

Artículo 83.- Corresponde al titular de la concesión minera o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres y zonas de reservas mineras.

Artículo 84.- La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de sesenta años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

Artículo 85.- Las resoluciones de la Secretaría pronunciadas con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal tendrá un máximo de 90 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para expedir el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas pertinentes..

CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicará, en lo que no se oponga a la misma, el Reglamento de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

Sede del Senado de la República a los doce días del mes de septiembre de dos mil trece.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza".






Y una iniciativa con un proyecto de Decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Se turna a la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 2o.; FRACCION II, INCISO C; 3o., FRACCIONES XIV, XV Y XVI; 8o., FRACCION IV, Y 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

"Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el marco de discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014, la presente iniciativa tiene como objeto derogar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones.

El IEPS es considerado como un gravamen al consumo o impuesto indirecto, que se caracteriza en que el sujeto pasivo (el contribuyente) lo puede trasladar a otras personas, de manera tal que no sufre el impacto económico del gravamen, sino que recae en forma definitiva sobre el consumidor final.

El IEPS fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco y las bebidas embriagantes, a fin de disminuir su consumo. Claramente las telecomunicaciones no encuadran en dicho perfil de servicios.

Desde el año 2010, en que los servicios de telecomunicaciones están gravados con una tasa de 3%, que se aplica al precio cobrado, y sobre este resultado se suma el IVA de 16%, el IEPS ha significado un aumento al precio de los servicios que los consumidores deben absorber.

Asimismo, el impuesto especial a las telecomunicaciones impone una barrera adicional a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS). Esta dificultad adicional se da al existir una correlación directa entre los impuestos y el costo total de propiedad, lo cual incide en mayores precios para el consumidor, incremento de costos para los posibles nuevos competidores, lo que significa una menor competencia y menores inversiones en desarrollo tecnológico, entre otros efectos negativos.

Si bien el servicio del Internet fue exceptuado de dicho gravamen, en la práctica no resulta aplicable la excepción, ya que actualmente los servicios son integrados y convergentes (doble, triple y cuádruple play) y se venden empaquetados por un misma tarifa que incluyen los servicios de voz, datos y multimedia a los que se les aplica de manera general el IEPS (al no aparecer desagregada en la factura la tarifa por el servicio de Internet en lo particular).

Como consecuencia, al aumentar su costo e inhibir el desarrollo de las telecomunicaciones, el gravamen ha tenido un efecto regresivo y adverso a la economía nacional: afecta negativamente el crecimiento económico, la creación de empleo y la productividad; es regresivo para consumidores actuales y futuros, lentificando la adopción de nuevas tecnologías; va en dirección contraria a la tendencia internacional de fomentar la penetración de la TICS; ha contribuido a ensanchar la brecha digital.

La aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 3% a los servicios de telecomunicaciones implicó un aumento en los precios que pagan los usuarios en 19.5%, un menor avance en la penetración de líneas móviles y pérdidas en ingresos para la industria por 3 mil 194 millones de pesos por año.

Esta disminución en los ingresos se ha traducido en una merma de 3.23% de los ingresos de las telecomunicaciones, lo que representa un impacto negativo al aparato productivo nacional, además de que refleja una recaudación menor a la esperada. Incluso, esta disminución en el crecimiento de las telecomunicaciones, se tradujo  en un impacto negativo de hasta 40.5 por ciento en la recaudación del gravamen prevista para el 2011, en el que se esperaba una contribución fiscal de 9,786 millones de pesos, y únicamente entraron al erario público 5,875 millones de pesos. En 2012 se esperaba recaudar 7 mil 465.5 millones de pesos por IEPS a servicios de telecomunicaciones y se lograron 6 mil 155.1 millones. Para 2013 se proyectó una recaudación de 6 mil 568.4 millones y a marzo se ubicaba en mil 829.7 millones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo señala el Doctor Ramiro Tovar Landa, “el IEPS a las telecomunicaciones no sólo es costoso para la población, ha sido un factor de freno a la penetración de servicios y con una insignificante capacidad recaudatoria. Su existencia carece de justificación económica tanto por su capacidad de recaudación como por no estar asociado al desincentivo al consumo de un bien que genere una externalidad negativa (tabaco, alcohol…). Su máxima recaudación fue equivalente a 0.64 por ciento de los ingresos tributarios y se estima que su recaudación para 2013 sea de menos de la mitad de la recaudación lograda en 2011”.

Los impuestos en este segmento gravan a quien más utiliza los servicios de telecomunicaciones, lo cual no es equivalente a que paguen más los que disponen de mayor ingreso. Por el contrario, tienen claros efectos de regresividad, en cuanto que son los usuarios con menores ingresos los que terminan pagando en una proporción mayor de sus ingresos.

Así, el IEPS constituye una distorsión fiscal y un costo social porque equivale a una tasa impositiva de 19.5 por ciento. Lo anterior, porque al IVA de 16 por ciento se aplica el precio neto adicional del IEPS de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones (artículo 18 de la Ley del IVA). Por lo tanto, las telecomunicaciones en México tienen un gravamen de 3.48 puntos por arriba de la tasa general del IVA.

Considerando que actualmente en México el principal medio de comunicación es la telefonía móvil, cuya tasa de penetración es superior al 72%, el impacto negativo de este impuesto ha afectado principalmente su nivel de acceso y su consumo. Y los efectos negativos se han hecho sentir en todos los estratos de la población, ya que inclusive los hogares con menores ingresos tienen un consumo considerable: la penetración de telefonía móvil en el primer decil de ingresos supera el 20% de los domicilios.

Asimismo, uno de los efectos más preocupantes de la implementación del impuesto es la merma en penetración que genera. Actualmente, el país debería contar con más de 100 millones de líneas, casi 4 millones más de los 96.6 millones actuales. Ese diferencial corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos, que en presencia de impuestos especiales que encarecen y elevan la barrera de entrada al mercado, quedan desfavorecidos en la adopción de servicios convergentes, contribuyendo al aumento en la brecha digital, tanto al interior del país como en términos internacionales.

Siguiendo el denominado "Documento de Trabajo preparado por el Telecom  CIDE y DIRSI sobre los impactos de la nueva propuesta de IEPS a los servicios de telecomunicaciones", el aumento de precios ocasionado por el impuesto se ha traducido en una reducción en la penetración de entre 2.2 y 4.3 puntos porcentuales, equivalentes a entre 2.4 y 4.6 millones de usuarios; tan sólo por el impacto en telefonía móvil, el impuesto total  genera una destrucción de riqueza potencial de entre 20,000 y 81,000 millones de pesos.

Y suponiendo que el gravamen permanezca en vigor, en un plazo de 10 años, esto implicará resignar  entre 1.7% y 6.8% de crecimiento del PIB per cápita para el país.

Así, además de tener un bajo impacto recaudatorio, a varios años de su instrumentación, son evidentes las consecuencias de afectación de este impuesto tanto al crecimiento de las telecomunicaciones, como en forma directa a los usuarios, limitando el ritmo de crecimiento de accesos fijos, móviles y de banda ancha, con sus consecuentes efectos perniciosos en la productividad, competitividad, generación de empleos y bienestar social.

La experiencia mundial demuestra que el aceleramiento en la tasa de difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituye un mecanismo efectivo de estímulo para la economía en su conjunto.

En este sentido, las agendas digitales de varios países, los planes de desarrollo de la banda ancha, el Plan Nacional de Desarrollo de México, la propuesta de Agenda Digital Nacional y diversos documentos emanados del Congreso de la Unión, afirman que el uso de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet, contribuyen a agilizar el desarrollo económico de los países, mejorar su competitividad, incrementar la calidad de vida de la población; y, el aumento del 10% de la penetración de la banda ancha puede incrementar hasta en 1.4% el PIB nacional, en países con similares condiciones al nuestro.

Por ello, mantener la carga fiscal sobre bienes y servicios de tecnologías de la información resulta particularmente contraproducente durante una desaceleración económica como la actualmente vivimos,  ya que disminuyen el consumo en bienes que poseen efectos de red naturales asociados a ellos.

Resulta ineficiente y regresivo seguir gravando servicios convergentes que tienen un impacto tan positivo en el crecimiento y desarrollo económico, la generación de empleos, el ahorro en gasto tanto público como privado, además de más y mejor calidad en la educación, así como en recaudación fiscal adicional por mecanismos actuales como el IVA e ISR.

Representantes de cámaras empresariales como CANIETI, ANATEL, CIRT, CANITEC, AMIPCI, AMITI Y CONCAMIN, así como otros grupos de la sociedad civil y la academia como OBSERVATEL, CUDI Y CIDE, han subrayado que con la eliminación del IEPS a las telecomunicaciones, se podría lograr un crecimiento adicional anual de 5% en los servicios de telecomunicaciones, con ello se podría obtener una cifra similar a la realmente recaudada por este concepto, producto de: la recaudación del IVA de los ingresos adicionales por los servicios; la recaudación del IVA del 5% de los alrededor de 4,100 millones de dólares que se requerirían para inversiones complementarias anuales necesarias para satisfacer el diferencial; del ISR de las utilidades de los ingresos de los servicios adicionales y de las inversiones complementarias; y, el ISR de los sueldos adicionales para ambos casos.

Una verdadera política de Estado debe vislumbrar a las telecomunicaciones y a la adopción de tecnologías de información, como instrumentos insustituibles que deben potenciarse para atacar los problemas de crecimiento y desarrollo económico que son prioridad nacional en estos tiempos de recesión macroeconómica y con más de la mitad de la población en pobreza extrema.

Derogar el impuesto especial sobre producción y servicios a los servicios que se prestan a  través de redes públicas de telecomunicaciones, constituye un paso indispensable hacia esta nueva visión.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo Unico.- Se derogan los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo  2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A). ...

B). ...

C). (Se deroga).

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I... a XIII...

XIV. (Se deroga).

XV. (Se deroga)

XVI. (Se deroga)

XVII. ...

Artículo 8°.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:

I... a III. ....

IV.  (Se deroga)

Artículo 18-A.- (Se deroga).

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede del Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza".






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Fomento Económico, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Fomento Económico fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria, sometida a la consideración del H. Congreso de la Unión por la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocó al análisis de la proposición con punto de Acuerdo descrita y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo.

II. En el apartado “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se exponen los objetivos y un resumen de su contenido, motivos y alcances.

III. En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos para cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. En Sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 28 de febrero de 2013, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Fomento Económico para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo en mérito, presentado por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del grupo parlamentario del PRD, por medio del que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social.

II. CONTENIDO DE LA proposiciOn con Punto de acuerdo

La propuesta de la Senadora Angélica de la Peña Gómez tiene como objetivo “exhortar al Ejecutivo Federal, en absoluto respeto a la división de poderes, para que en el ámbito de sus atribuciones instrumente las medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social, así como su respectiva convocatoria para la integración de los Organismos del Sector”.

La autora señala que el 23 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, a efecto de facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, y la responsabilidad del Estado mexicano para fomentarla e impulsarla.

Un aspecto fundamental de la Ley es la constitución del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía de gestión, para lo que contará de un Consejo Consultivo, de un Congreso Nacional de Organismos del Sector Social de la Economía como máximo órgano de representación del sector, y de un Consejo Nacional como órgano operativo y de coordinación.

La Senadora de la Peña Gómez señala que, no obstante la urgencia de instalar el Instituto Nacional de la Economía Social, el 24 de enero de 2013 se publicó en el DOF la reforma a los artículos transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, la cual pospone por 180 días la constitución del Instituto. En ese sentido, la legisladora señala que dichas disposiciones tienen como consecuencia el retraso de la convocatoria a integrar los organismos del sector.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION DICTAMINADORA

Primera.- Los Senadores integrantes de la Comisión de Fomento Económico tienen pleno compromiso y comprensión sobre la importancia que tiene el sector social de la economía en el desarrollo y prosperidad de México, por ello han respaldado, en su momento, la aprobación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, así como la reformas que se han realizado a la misma.

Es importante destacar que las reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria, aprobadas por el H. Congreso de la Unión y publicados por el Ejecutivo Federal el 24 de enero de 20131, tuvieron su origen en el reconocimiento de los propios Organismos del Sector Social que su registro en el denominado Registro Nacional de los Organismos del Sector, previsto originalmente en la Ley como condición para ser elegibles y beneficiarios de los apoyos previstos en programas correspondientes, no había sido posible por la complejidad contemplada en la propia Ley para la realización de las convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del sector.

Así, las Reformas antes señaladas permitieron al INAES no interrumpir el otorgamiento de apoyos al sector, prorrogando durante el ejercicio fiscal 2013, las reglas de Operación 2012 del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), del que el INAES asumió sus funciones, recursos financieros, materiales y humanos para su constitución por ministerio de Ley e inicio de operaciones.

Segunda.- El29 de abril de 2013, a las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto enviada al Senado por la Cámara de Diputados, por el que se Reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, con el propósito de establecer un texto para las  normas generales que permitan el tránsito de una legislación rígida y de difícil operatividad, por una que sin alterar su espíritu, sea un instrumento jurídico de fomento a la creación de empleos formales, impulso a la productividad como mecanismo de equidad social, y fortalecimiento de la participación y representatividad de los Organismos del Sector Social. Además, las Reformas aprobadas por la Cámara de Diputados facilitaban la Organización y funcionamiento del INAES.

Las minuta con proyecto de Decreto en cuestión fue dictaminada favorablemente por las Comisiones Unidas referidas, en los términos propuestos por la Colegisladora, y el Pleno de la Cámara de Senadores lo aprobó el 30 de abril de 2013, remitiéndolo al Ejecutivo para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente, 11 de junio de 2013, el Ejecutivo Federal público en el DOFlascitadas reformas, adiciones y derogaciones a Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Finalmente, el 21 de junio de 2013, el Secretario de Economía, Dr. Ildefonso Guajardo Villarreal, con fundamento en los artículos 5, fracciones VIII y XVI, y 57 del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía; 17 y 34, fracción X Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 13, 14 , 16, 18 y 19 de la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Articulo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, aprobó el ACUERDO de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); mismo que fue publicado en el DOF el 22 de julio de 2013. 

Tercera.- Consideramos que las reformas realizadas a la LEES, publicadas el 11 de junio en el DOF, y el Acuerdo de Organización y Funcionamiento del INAES, publicado en el DOF el 22 de julio de 2013,  responden satisfactoriamente a los motivos que generaron la propuesta del Punto de Acuerdo que promovió la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Con base en estos argumentos, los integrantes de la Comisión de Fomento Económico con fundamento en los artículo 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de desecharse la referida proposición con Punto de Acuerdo, y sometemos a la revisión de esta Honorable Asamblea el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones implemente los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social, y la convocatoria para la integración de los Organismos del Sector.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21días del mes de agosto del año 2013.

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO”.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285584&fecha=24/01/2013

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No habiendo ningún Senador ni Senadora inscrita en pro ni en contra de este dictamen, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar los avances logrados en cada una de las líneas de acción contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para promover el valor, el buen nombre y prestigio de México en el mundo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- La C. Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Uno de los dictámenes que están a su consideración, Senadoras, Senadores, es el de solicitar información sobre los acuerdos interinstitucionales que ha formalizado o firmado el gobierno mexicano con otros países.

Este punto es muy importante, lo solicitó el Senador Manuel Bartlett, y quisiera yo sumarme a él, porque los acuerdos son distintos y les dan un tratamiento diferente al de los tratados y realmente, mediante el término acuerdos, se firman asuntos que impactan de manera decisiva para la sociedad mexicana.

Quiero poner al menos dos ejemplos, se firmó un acuerdo para otorgar todas las facilidades necesarias para que las aeronaves no tripuladas, “drones”, esas modernas máquinas de espiar y de matar, máquinas teledirigidas que forman parte del arsenal de Estados Unidos, estuvieran en México, sobrevolaran el espacio aéreo mexicano bajo condiciones que el propio Estados Unidos determine.

Dice, el documento, que el objetivo de este acuerdo es que hagan misiones, ese término, de reconocimiento y de inteligencia para el tema del narcotráfico.

Conocemos de esos acuerdos secretos por el periódico de “Washington Post”, en su edición del 28 de abril de 2013, una de la periodista Dana Priest, Titulada Crucial, el rol de Estados Unidos en la guerra mexicana contra los cárteles, donde dice la periodista, participaron integrantes de las agencias de seguridad de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, el FBI, la DEA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el nuevo equipo de seguridad del gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Osorio Chong y por parte de la Procuraduría General de la República, Ramos Cervantes.

La cita fue en la sede diplomática de Estados Unidos en la ciudad de México el 15 de diciembre de 2012.

No le dieron información a los medios de comunicación mexicanos, no le dieron información al Senado de la República, y estos acuerdos, desde luego que determinan la vida de todos nosotros los habitantes de México.

Por eso no es correcto que mediante el término acuerdos, se firmen, se suscriban lo que son tratados entre dos países.

Estamos nosotros en la idea de que no sea, de que todos los acuerdos interinstitucionales tengan que ser autorizados por el Senado de la República, los tenga que conocer este Senado, porque aquí no hay análisis, análisis del Congreso, son decisiones unilaterales en una competencia que es la de Relaciones Exteriores, que es dual, es del Ejecutivo y es del Legislativo y que repercuten de manera decisiva en la sociedad.

Se necesita la información de todos los tratados interinstitucionales firmados desde el 1º de septiembre a la fecha, de septiembre de 2006 a la fecha.

Para que no nos tengamos que estar enterando qué firma el gobierno mexicano con un gobierno extranjero por los medios de comunicación extranjeros.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Compañeras y compañeros Senadores:

En el Plan Nacional de Desarrollo, que como todos sabemos, es un documento presentado bajo cinco ejes fundamentales, también llamadas metas nacionales; también sabemos nosotros que ahí, y yo a eso vengo a esta alta tribuna, a expresar la preocupación porque singularmente en ninguno de ellos, en ninguno de estos criterios guía, se hace mención a la profundidad de las diferencias económicas y sociales que prevalecen en el país, lo cual para mí es grave, ya que en un Estado democrático que busca fortalecer su posición neoeconómica ante el mundo, y que no procura en primera instancia lo concerniente a la responsabilidad social del Estado, a efecto de impulsar el desarrollo común y erradicar las desigualdades y carencias que se matizan entre las diferentes regiones de nuestro país, pues creo que no está haciendo su tarea completa.
Dentro de este rubro, particularmente que he venido analizando, se habla de que los persistentes altos niveles de exclusión, lo estoy prácticamente expresando de manera textual, como viene, los persistentes altos niveles de exclusión, de privación de derechos sociales y de desigualdad entre personas y regiones de nuestro país, así se señala, pero no hace el pleno reconocimiento, por ejemplo, a la profunda desigualdad que existe en el país. Es decir, ni siquiera se menciona a qué regiones se refiere el documento.

El análisis planteado en este Plan Nacional de Desarrollo, para un servidor, es débil, enfocándose tangencialmente sin abordar nunca el asunto de que es precisamente en el sur del país, y como producto de una errada estrategia de crecimiento económico nacional, donde se hacen presentes las más lacerantes manifestaciones de miseria y marginación.

Según las metas nacionales planteadas y las acciones o los resultados alcanzados en esa materia en un año de gobierno, la meta es lograr que México sea un actor de responsabilidad global, a nosotros nos parece que, aunque el Presidente Peña, ha intentado sin óptimos resultados honrar el lugar que México históricamente ha tenido en el concierto de las naciones como un país solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad, pues creo que la realidad es que México, como país miembro de diversas organizaciones internacionales, debe fortalecer su compromiso con los objetivos del milenio.

Esos objetivos vinculados, como todos sabemos, al desarrollo social, así como con diversos tratados sobre protección de derechos humanos, sobre seguridad y medio ambiente.

En este sentido quiero expresar que para mí es notorio que el Estado mexicano continúa generando pobres desempeños en sus políticas públicas, que lo llevan continuamente a mostrar indicadores pobres por debajo de su potencial como una de las 11 economías más grandes del mundo.

Más aún, creo que también debemos considerar que las carencias de México y sus políticas públicas asistencialistas, no guardan estrecha relación con el cumplimiento de diversos acuerdos internacionales firmados por México.

Por lo tanto, yo tristemente me pregunto, si a la llegada de la fecha límite para que México cumpla con los objetivos del milenio, este gobierno federal estará reconociendo que no se cumplió con dichos compromiso o, a lo mejor, habrán de preparar un acto televisivo para maquillar tan cruel incumplimiento del compromiso que se adquirió como pueblo, este país.

Quiero reiterar que de no cumplir con las acciones determinadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en estas metas del milenio, México difícilmente podrá ser un actor preponderante en la esfera de las relaciones internacionales y continuaremos siendo señalados, ante los organismos internacionales, como un país subdesarrollado, inseguro, que viola los derechos humanos y que no cumple con sus acuerdos y tratados internacionales.

Por lo tanto, yo me sumo a la propuesta para que este Senado de la República exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal, a fin de que se rinda un informe semestral ante esta Soberanía respecto de los avances logrados en cada una de las líneas de acción contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para promover el valor, el buen nombre y el prestigio de México, y por supuesto, y con esto concluyo, señor Presidente, creo que sí deben realizarse las acciones diplomáticas necesarias, con el objeto de que las naciones que activaron alertas para no visitar México, de manera genérica, sólo queden referenciadas a ciertos lugares específicos del país, como bien lo plantea el legislador promovente.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero, primero, reconocer a la Comisión de Relaciones Exteriores por el punto de Acuerdo que se presenta hoy a la aprobación de este Pleno.

La historia está aquí descrita, hizo un buen trabajo la comisión en relación con la petición que se le hizo aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en una comparencia formal. Petición que ella misma aceptó públicamente, desde la tribuna, de informar y dar todos los datos sobre los acuerdos interinstitucionales que ha firmado el gobierno de México con diversos países.

Les recuerdo, hay una ley que se llama: Ley sobre la Celebración de Tratados, y ahí desde hace tiempo se metió una excepción.

Dicen que la mejor ley es aquella que tiene una excepción. Todo se tiene que aprobar por este Senado, los tratados internacionales. Pero le metieron ahí una pequeña excepción, que, cuando se trata de acuerdo interinstitucionales, no necesita intervenir el Senado, y eso es un enorme hoyo, decíamos, que impide a este Senado de la República cumplir con su responsabilidad de tener una decisión y una participación importante en la política exterior de este país.

Habiendo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, aceptado, en realidad nos volvió a tomar el pelo, porque mandó un camión de documentos que no tienen ningún sentido, y lo principal, lo fundamental, no lo transmite, lo cual analiza la comisión, y por eso celebro su trabajo, y dice: “Esto no es lo que pedimos”. Y se está insistiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a este Senado la totalidad de los acuerdos interinstitucionales que se han suscrito, porque estamos a ciegas de algo muy importante, y les voy a comentar nada más de qué tamaño es.

El acuerdo interinstitucional permite al Secretario de Gobernación llegar a un acuerdo con el encargado de la seguridad en los Estados Unidos; permite a cualquier funcionario establecer acuerdos que van creando compromisos al país, compromisos que no conocemos, entonces, nos está eliminado el Ejecutivo Federal de la responsabilidad constitucional que tenemos para vigilar y aprobar tratados, aprobar la política exterior.

Este país está invadido, México está ocupado, México está supervisado. No solamente el espionaje éste que se ha divulgado, y que por cierto Peña Nieto ha sido muy suavecito en su comentario sobre el espionaje al que ha sido sujeto él, ¿verdad?, y hay que comparar cuál es la reacción de un Estado soberano, una República orgullosa, que se llama Brasil, es decir, está estableciendo un reclamo a los Estados Unidos de este espionaje. Aquí nada más les hemos pedido una explicación. ¡Muy mal!

Pero, ¿saben ustedes del Plan Mérida?

El Plan Mérida es un plan de seguridad nacional que está operando en este país, y todavía lo discuten. En el Congreso de Estados Unidos nos supervisan a ver si aplicamos los recursos que mandan, cuyos montos no conocemos, y estamos con toda una participación extranjera en México, sin que participe el Senado de la República en el conocimiento de este asunto.

Otro tema, por ejemplo, que podemos comentar, el espionaje en México, autorizado por estos acuerdos interinstitucionales.

Tenemos, facultados a agentes extranjeros de estar espiándonos a nosotros mismos desde aquí, y no sabemos cuáles han sido estos acuerdos y porqué los han firmado.

Ya ni siquiera esto de la filtración, esta monumental de los espionajes contra Peña Nieto y contra México; por cierto, todos, o una gran parte, relacionados con el petróleos. Lo que ha surgido es que Estados Unidos nos ha espiado permanentemente en materia de petróleo.

Bueno, para que vean lo que viene y quiénes son los interesados y cómo lo están haciendo.

Otro tema importantísimo, que no sabemos cómo opera, es la cuestión de la emigración.

La emigración, en nuestra política al respecto, debe de ser mexicana, no norteamericana. Yo conozco ese asunto porque fui Secretario de Gobernación y siempre nos visitaban los funcionarios norteamericanos para pedirnos que nosotros hiciéramos la tarea de ellos, para impedir que vayan a los Estados Unidos, mexicanos o no mexicanos. Siempre nos opusimos a ser la policía migratoria de los Estados Unidos, porque en México tenemos otro objetivo. Tenemos libertad de tránsito en el país y no tenemos porqué servir a la migración norteamericana.

Y hoy, ustedes nada más necesitan asomarse a las garitas, a estas estaciones de migración; nos han convertido en la policía migratoria de los Estados Unidos, inclusive, ya hasta movieron la frontera a la altura del estrecho de la República, ¿verdad? Ahí tenemos una supervisión para que no vayan a Estados Unidos, y eso no sabemos en qué condiciones está acordado en un acuerdo interinstitucional que no conocemos.

Es extremadamente grave esto que está ocurriendo, porque es un asunto de pérdida de soberanía nacional.

El tratamiento a los migrantes no corresponde a una posición nuestra, corresponde a una voluntad extranjera, de ser duros y estar haciendo operaciones que van más allá de los derechos que tenemos en materia de migración, para, en lugar de tener un trato que corresponda a los intereses de México, tenemos un trato que parece ser igual al que están sometiendo a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, que los penalizan, los meten a centros de detención, los expulsan. Bueno, nosotros somos los auxiliares de esta brutal política de inmigración en México, eso está en los tratados interinstitucionales.

De manera que, yo reconozco el trabajo de la comisión que ha hecho este punto de Acuerdo, y la insistencia en que nos den realmente la información, porque tienen obligación de tenerla; existe por ley, la que establece ese agujero. Existe un registro que tenemos que conocer nosotros permanentemente.

Felicito a la presidenta, que aquí está con nosotros; muchas gracias a ustedes por su atención.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y al Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo Internacional a informar respecto a la situación del Registro Nacional de la Cooperación Internacional y el Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

"El 6 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de México la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), con el objeto de dotar al gobierno mexicano de los instrumentos necesarios para la formulación y evaluación de programas de cooperación internacional para el desarrollo con gobiernos de otros países y organismos internacionales. Con la entrada en vigor de la ley inició el proceso de creación de un auténtico sistema en la materia, y en tal marco el de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En tal marco, las acciones que lleve a cabo México, en su carácter dual como donante y receptor de cooperación en la arena internacional, deberán tener como propósitos:

- Promover el desarrollo humano sustentable, combate a la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social;

- Aumentar los niveles educativo, técnico, científico y cultural;

- Disminuir las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo;

- Contribuir a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático;

- Fortalecer la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La instrumentación de la LCID supondrá un hito en la política exterior mexicana no sólo por el fortalecimiento del aparato institucional que ello implicará para el entramado de su cooperación internacional, sino por el robustecimiento que ésta seguramente experimentará a favor del desarrollo sustentable de países y pueblos amigos.

Sin embargo, para que tal esfuerzo se lleve a buen puerto, es indispensable que el Senado pueda enterarse de los esfuerzos institucionales que se están llevando a cabo.

Es por eso que este Punto de Acuerdo tiene gran relevancia.

Es cuanto".

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya, entregó a esta Mesa Directiva su intervención para que se incorpore al Diario de los Debates, lo cual se hará de esa forma, Senador Robles Montoya.

No habiendo oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar la lista completa de los acuerdos interinstitucionales que se han firmado desde el 1° de septiembre de 2006 a la fecha.

Pido a la Secretaría, dé lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte, a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Querétaro a informar sobre el estado procesal que guarda la denuncia interpuesta por los hechos ocurridos en la empresa coreana Sam Won.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Se ha registrado oportunamente para hacer uso de la palabra sobre este asunto la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

En virtud de que está declinando y no habiendo más oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente proyecto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a integrar a la industria naval como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas que lo transformarán en una actividad económica generadoras de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE MARINA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la palabra el Senador Humberto Mayans Canabal, a nombre propio y del Senador Luis Armando Melgar Bravo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a revisar las reglas de operación, a efecto de considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera sur, ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal del año 2014 y subsiguientes.

PROPUESTAS

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

He solicitado el uso de la palabra en esta sesión, para someter a consideración de ustedes una proposición con punto de Acuerdo, a nombre propio y de los Senadores Luis Armando Melgar y Jorge Lavalle Maury, con dos propósitos.

El primero, exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar los criterios que definan las reglas de operación del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, con el objeto de considerar la inclusión, en ese subsidio, de los 23 municipios de la frontera sur mencionados en el punto de Acuerdo entregado a la Mesa Directiva, ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el ejercicio fiscal de 2014 y los subsiguientes.

Y segundo, exhortar al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roberto Campa, para que sean revisados los criterios para definir las bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y que se incluyan en este programa los 23 municipios fronterizos del sur ya señalados.

Como ustedes saben, el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, es el recurso federal que se ministra a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la profesionalización y el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, así como para el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de las políticas públicas para la prevención social del delito.

Con estos recursos, en 2013 se está dando cobertura a 251 municipios del país, de los cuales, sólo 4 de los 23 municipios de la frontera sur, Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo, Tapachula, Ocosingo y Palenque en el estado de Chiapas, han sido elegibles para recibir este subsidio.

Debo destacar que esos 23 municipios de la frontera sur, tienen hoy un abanico de dificultades mucho más amplio que en el pasado, debido a los cambios producidos por el crecimiento de la población, por su significativo grado de pobreza y, principalmente, por la creciente delincuencia e inseguridad que padecen con motivo de las conductas delictivas asociadas al fenómeno migratorio y a la trata de personas, entre otros.

En contraparte, la mayoría de esos municipios fronterizos tienen una muy limitada capacidad institucional para atender sus responsabilidades de seguridad pública y, de paso, para soportar los embates de las organizaciones criminales trasnacionales, que por su magnitud se han convertido en un asunto de seguridad nacional.

Según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, aproximadamente 200 mil migrantes indocumentados, preferentemente centroamericanos, ingresan anualmente de forma irregular por la frontera sur con destino a los Estados Unidos. Para organismos de la sociedad civil, la cifra asciende a 400 mil, de éstos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más de 20 mil son secuestrados cada año.

Por esta frontera se da el tránsito del 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, además de otros crímenes de alto impacto, como el secuestro, trata y tráfico de personas, robo, homicidios y tráfico de armas que están estrechamente vinculados, principalmente, por la pobreza, la violencia y un proceso de descomposición social que están viviendo algunos países centroamericanos que generan dichos problemas.

Por esta razón, requerimos que haya nuevos criterios hacia los 23 municipios fronterizos, a fin de que sean elegibles en el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, y para el ejercicio fiscal 2014 y los subsiguientes, como ya señalé. De esta forma se les apoyará para mejorar la atención a sus cuerpos de seguridad pública con mejores equipos, capacitación y con las políticas de prevención social del delito adecuadas a su realidad.

Amigas y amigos Senadores: Son diversos los factores que influyen en el fenómeno de la violencia y de la delincuencia, pero en el caso de la frontera sur, como ya se ha dicho, están presentes, insisto, las actividades ilegales transfronterizas que han propiciado, entre otras consecuencias, una falta de control del territorio, ingobernabilidad, rompimiento de la cohesión social y ruptura de los procesos productivos regionales y locales de la frontera.

Además, debo señalar que esta franja fronteriza convive con una de las regiones más violentas del mundo, de acuerdo con las tasas de homicidio doloso que se presentan en nuestros vecinos países centroamericanos, fundamentalmente tres de ellos, y que también son territorios de tránsito y tráfico de armas de medio y alto poder.

Por esta razón, también se justifica revisar los criterios para decidir la inclusión de estos 23 municipios en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para coadyuvar a la necesaria tarea preventiva que debe realizarse en esta región.

Se reitera que sólo 4 de los 23 municipios señalados están incluidos en esta estrategia nacional de prevención a la delincuencia.

Desde nuestro punto de vista, debemos seguir avanzando en la creación de fondos, en la canalización de recursos financieros hacia los 23 municipios mencionados para incrementar su capacidad de respuesta ante la recurrente presencia de la delincuencia organizada y para empezar a construir las bases para recuperar el control del territorio y de la franja fronteriza, en congruencia con los refuerzos del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, es decir, de los tres órdenes de gobierno.

Como lo ha destacado el Presidente Peña Nieto, la desigualdad en México no solamente afecta a las personas, hay regiones desarrolladas y otras que aún padecen graves rezagos, es el caso de la frontera sur.

Con los recursos del SUBSEMUN y del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esos 23 municipios podrán transitar hacia el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas municipales y en las acciones de prevención y participación ciudadana del delito en esta zona de México, cuya circunstancia, repito, debe revisarse a profundidad por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

Compañeras y compañeros Senadores, por lo antes expuesto, les solicito su apoyo para este punto de Acuerdo, que busca incluir a estos 23 municipios de la frontera sur, de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el Subsidio para la Seguridad de los Municipios, SUBSEMUN, y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Señor Presidente, dado que esta solicitud impacta en el presupuesto 2014, solicito respetuosamente se amplíe el turno que se ha previsto por esta Presidencia a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos pertinentes.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Humberto Mayans. Lo vamos a turnar a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y, desde luego, a la Cámara de Diputados.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para solicitarle y pedirle la autorización de adherirme al Senador Humberto Mayans y a los proponentes del punto de Acuerdo que se le acaba de dar lectura.

- El C. Presidente Aispuro Torres: La Senadora Beristain, igualmente el Senador Zoé Robledo, la Senadora Mónica Arriola también. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a implementar estrategias para detonar el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones en las localidades y municipios que se encuentran incomunicados, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Querer es poder. Cuando el ser humano se fija una meta con gran vehemencia, no existe obstáculo material o incluso tecnológico capaz de detenerlo.

Y digo esto, no haciendo alusiones a conferencias de motivación, digo esto porque esto sucedió, compañeras y compañeros, esto sucedió justamente en el municipio de Villa Talea de Castro, en Oaxaca, con una población de tan sólo 2,394 habitantes, y que según datos del CONEVAL, se encuentra en un grado medio de rezago social.

Les platico. Ellos, desde hace cinco meses, pusieron en marcha en este municipio la Red Comunitaria de Talea, donde operadores como TELCEL y MOVISTAR, entre los más grandes de México, no mostraron interés, no obstante que desde el 2008 las autoridades municipales habían solicitado el servicio a TELCEL a fin de ampliar su cobertura, pero la compañía le solicitó la instalación de una antena en una montaña, energía eléctrica, una carretera de acceso a la antena y un censo de 10,000 beneficiarios para llevar el servicio a ese lugar. La verdad es que, compañeras y compañeros, resultan inviables tales pretensiones por el escaso presupuesto de ese municipio.

Es decir, lo contextualizo, estas compañías telefónicas que acaparan el 80 por ciento del mercado, no vieron en Villa Talea de Castro, un mercado potencial.

El sistema del que les hablo, funciona con una antena simple, una estación base GSM de bajo costo, un amplificador de 2 watts y una computadora para gestionar la red, de esta forma soporta 15 llamadas simultáneas.

La red opera con una conexión a Internet que emplea el sistema de transmisión de voz en línea, que permite transmitir la voz de forma digital a través de Internet y el software de operación es de código abierto, lo que garantiza la reducción de costos a un mínimo.

Cabe destacar que esta comunidad, compañeras y compañeros, obtuvo por dos años un permiso ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para precisamente poder probar este sistema.

Entre los beneficios inmediatos logrados por la autoridad municipal, se destaca que por una cuota mensual de 15 pesos se pueden realizar o recibir llamadas entre celulares, llamadas a todo el país e incluso de Estados Unidos, por tarifas menores a un peso el minuto.

Los 15 pesos de cuota mensual dan derecho a un número ilimitado de llamadas entre los celulares registrados en esta Red Comunitaria de Talea, o a teléfonos fijos del lugar, mientras que llamadas a otros móviles de cualquier compañía del país tienen un costo, ustedes deben saberlo, de 83 centavos el minuto, esto significa una reducción de casi 84 por ciento respecto al cobro que realizan las casetas telefónicas públicas.

Compañeras, compañeros legisladores: El modelo implementado en este municipio, podría verse beneficiado y desarrollar aún más su potencial con la reforma constitucional en telecomunicaciones, recientemente aprobada por este Congreso, siempre y cuando se beneficie a la población y a la sociedad en general, y no sólo a los grandes operadores que proveen el servicio, y en específico las concesiones para uso social que puede posibilitar el acceso a diversos grupos ciudadanos al uso de las frecuencias.

Lo hecho por el municipio de Villa Talea de Castro refleja qué tan grande se encuentra la brecha digital y la conectividad de las comunicaciones en las zonas más pobres y menos desarrolladas del país, así como la falta de interés y la poca competencia de empresas que proveen el servicio. Sin embargo, es muestra también de los deseos de privilegiar el desarrollo tecnológico en aras de un mayor conocimiento de sus habitantes.

Por eso le estoy planteando, señor Presidente, a este Pleno, que pueda apoyar para que esta experiencia pueda reconocerse y se pueda aprovechar para poder fortalecer y mejorar las condiciones de vida en muchas comunidades alejadas y marginadas de nuestro país.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EFICIENTES ENFOCADAS A IMPULSAR Y DETONAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES EN LAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN INCOMUNICADOS

"El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República

Consideraciones

Debemos entender el concepto de tecnología como el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente que permiten diseñar, crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente, satisfaciendo las necesidades esenciales como los deseos de la sociedad.

Las tecnologías apropiadas producen efectos beneficiosos, pues mejoran las condiciones básicas  de vida de todas las personas y comunidades.

La tecnología tiene un costo, sea para la iniciativa privada o el gobierno, pero en la mayoría de los casos esta se recupera en un plazo de tiempo, teniendo la consecuencia de ser aprovechada por mayor cantidad de personas y tener mayores perspectivas de mejorar el crecimiento económico de la comunidad o del país,

México es un país en vías de desarrollo donde la brecha en telecomunicaciones divide a nuestro país; el Gobierno Federal debería estar creando infraestructura en telecomunicaciones y apostando a la modernidad informática en los estados del Sur Sureste  de México que tienen menor desarrollo y mayor pobreza.

Según datos del The Competitive Intelligence Unit (CIU), consultoría e investigación de mercado con sede en la Ciudad de México, reportó en un análisis del primer trimestre del 2013 que en México existían 101.3 millones de líneas móviles, equivalente al 85.6% de la población total.

En relación a las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil, el CIU reportó que Telcel, cuenta con el 70.3%, es decir 71,213,900 del total de líneas en el país. El resto, se encuentran repartidas entre Movistar 19.0% que representa 19,247,000 de líneas, Iusacell 6.8% es decir 6,888,444 de líneas, y por último Nextel 3.9% con solamente 3,950,700 de líneas.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a nivel nacional se cuentan con 28,138,556 viviendas particulares habitadas de las cuales solo 8,279,619 disponen de un equipo de cómputo y 19,651,352 no lo tienen acceso a esa tecnología; es decir, el 70.58% del total de la población en México no tiene en su vivienda una computadora.

En la disponibilidad de una línea telefónica fija, 12,161,965 de viviendas particulares habitadas es decir 48,647,860 habitantes (43.22% del total de la población) disponen de una y 15,772,742 viviendas representando 63,090,968 de habitantes (56.05% del total de la población) no han logrado tener ese derecho.

También en el acceso a internet se tiene que 6,004,315 viviendas particulares habitadas (24,017,260) personas (21.34%) de este servicio y 21,903,784 de viviendas significando 87,615,136 de habitantes (77.84% del total) no cuentan con servicio de internet.

Y en el acceso a un teléfono celular los datos nos muestran que 18,318,374 viviendas y 73,273,496 mexicanos (65.10% del total de la población) cuentan con acceso a este servicio y por el otro lado 9,630,875 viviendas y 38,523,500 de mexicanos (34.23% del total) no cuentan con un teléfono celular propio.

En el ámbito estatal, los datos nos muestran un claro contraste al nacional, ya que en Oaxaca el acceso a estos diferentes servicios resulta muy bajo, por ejemplo: del total de viviendas particulares habitadas en el estado 934,055, de estas las que disponen con una computadora son 134,557 significando 538,228 personas (14.41% del total del estado) y que no disponen de una es de 794,064 viviendas y 3,176,256 personas (85.01% del total).

En la disponibilidad de una línea telefónica fija, 193,547 de viviendas particulares habitadas es decir 774,188 habitantes (43.22% del total) disponen de una y 734,973 viviendas representando 2,939,892 de habitantes (56.05% del total estatal) no disponen de una.

En el acceso a internet tenemos que 855,264 viviendas y 3,421,056 personas (21.34%) disponen con acceso a este servicio y 855,264 de viviendas significando 3,421,056 de habitantes (77.84% del total) no cuentan con este servicio de internet.

Y en el acceso a un teléfono celular los datos son poco alentadores y nos demuestran el poco desarrollo tecnológico y el gran atraso en la conectividad móvil ya que solamente 369,741 viviendas y 1,478,964 oaxaqueños (39.58% del total de los oaxaqueños) cuentan con acceso a este servicio y por el otro lado tenemos que 559,044 viviendas y 2,236,176 de oaxaqueños (59.85% del total) no cuentan con un teléfono celular.

Me refiero a estos datos haciendo especial énfasis en el Estado de Oaxaca toda vez que en el municipio de Villa de Talea de Castro cuenta con una población total de 2,394 habitantes entre los que se dividen en 1,152 hombres y 1,242 mujeres, también se encuentra en un grado medio de marginación según el Consejo Nacional de Población 2010 (CONAPO) y se encuentra un grado medio de rezago social según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010 (CONEVAL).

Desde hace 5 meses en el municipio de Villa Talea de Castro en la Sierra Norte del estado pusieron en marcha La Red Comunitaria de Talea (RCT), donde operadores como Telcel y Movistar, los más grandes de México, no mostraron interés; ya que desde 2008, las autoridades municipales habían solicitado el servicio a Telcel que ampliara la cobertura hasta su municipio, pero la compañía mexicana solicitó la instalación de una antena en una montaña, energía eléctrica, una carretera de acceso a la antena y un censo de 10,000 beneficiarios para llevar su servicio al lugar, peticiones inviables para el municipio con presupuesto insuficiente, en pocas palabras no vieron un mercado potencial.

Este sistema de RCT funciona con una antena simple, una estación base GSM de bajo costo, un amplificador de 2 watts, y una computadora para gestionar la red, y tiene soporte para 15 llamadas simultáneas, aunque se espera que se instale un nuevo equipo con capacidad para 35 conexiones paralelas.

La red opera con una conexión a internet que emplea el sistema de transmisión de voz en línea (VoIP Voice over IP), que permite transmitir la voz de forma digital a través de internet, y el software de operación es de código abierto, lo que garantiza la reducción de costos a un mínimo, este modelo proviene de una organización llamada Rhizomatica, que busca llevar acceso a las redes móviles a más poblaciones en donde se puedan usar las frecuencias de radios comunitarias para enlazar el servicio móvil.

Además se buscó utilizar todos los fragmentos del espectro radioeléctrico que se encuentran por todo el espacio aéreo mexicano y que las concesionarias telefónicas se niegan a utilizar por inviabilidad financiera y por este motivo se obtuvo un permiso por dos años ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) para probar este sistema proporcionado por la organización Rhizomatica.

Entre los beneficios inmediatos de este sistema se encuentran que por una cuota mensual fija de 15 pesos, se puede realizar o recibir llamadas entre celulares, llamadas a todo el país, e incluso de Estados Unidos, por tarifas menores a un peso el minuto.

Los 15 pesos de cuota mensual dan derecho a un número ilimitado de llamadas entre los celulares registrados en la RCT, o teléfonos fijos del lugar; mientras que llamadas a otros móviles de cualquier compañía del país tiene un costo de 83 centavos el minuto, una reducción de casi 84% respecto al cobro que realizan las casetas telefónicas públicas.

Otro beneficio es que los habitantes pueden llamar a familiares o paisanos en Estados Unidos por un costo de 20 centavos el minuto también si necesitan llamar al extranjero, deben pagar poco menos de 80 centavos por minuto, un precio inferior a la mayoría de las tarifas comerciales y a números fijos de México por 50 centavos.

El modelo implementado en este municipio, podría verse beneficiado y desarrollar aún más su potencial, con la reforma constitucional en telecomunicaciones la cual fue promulgada por el ejecutivo federal, el pasado 10 de junio del presente, siempre y cuando se beneficie a  la población y a la sociedad en general, no nada más a los grandes operadores que proveen el servicio, como por ejemplo en el caso de las concesiones y en específico las concesiones para uso social que puede posibilitar el acceso de diversos grupos ciudadanos al uso de las frecuencias, esto último no se encuentra claro en la reforma constitucional y representa una grave afrenta en la inclusión de la ciudadanía y al derecho a la información y por ende al conocimiento de todos los habitantes de México.

Lo hecho por el municipio de Talea de Castro refleja que tan grande se encuentra la brecha digital y la conectividad de las comunicaciones en las zonas más pobres y menos desarrolladas del país, así como la falta de interés y la poca competencia y de las empresas que proveen el servicio. Sin embargo, es muestra de los deseos de privilegiar el desarrollo tecnológico en aras del mayor conocimiento de sus habitantes.

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a implementar estrategias eficientes enfocadas a impulsar y detonar el desarrollo de Infraestructura en Telecomunicaciones en las localidades y  municipios que se encuentran incomunicados, así como a desarrollar programas de inversión con  tecnologías en sistemas gratuitos de telecomunicaciones.

SEGUNDO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a analizar con mayor minuciosidad los requerimientos de las empresas que proveen el servicio de telefonía móvil, para que sean más permisivos y lograr que más municipios y localidades del país, puedan contratarlos y desarrollar la conectividad en México.

TERCERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a incrementar la inversión en telecomunicaciones y con ello mejore la conectividad y la calidad de vida en la población del país, principalmente en los estados más rezagados en este ámbito como lo es el estado de Oaxaca.

Dado en el Salón de Sesiones a los tres días del mes de septiembre de 2013.

Sen. Benjamín Robles Montoya".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese el presente punto de Acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar de las razones por las cuales ha tenido un aumento la tasa de desempleo en el país.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Desde la pasada administración federal se ha prometido la generación de empleo sólo como una oferta electoral para atraer el voto de los mexicanos.

Un ejemplo claro fue el “Presidente del empleo”, quien se comprometió a generar un millón de empleos por año, logrando únicamente dos millones durante sus seis años de gestión.

El año pasado la historia no fue diferente, nuevamente con la estrategia electoral “Te lo firmo y te lo cumplo”, se escucharon promesas y compromisos firmados ante notario público, declarando, inclusive, cínicamente, que en este sexenio sí se cumplirían las promesas de campaña.

Compañeras, compañeros Senadores: Prometer sí empobrece.

Con la aprobación de las modificaciones a la legislación laboral se prometió un incremento del desarrollo empresarial, un aumento en la productividad, en la competitividad, fortalecimiento económico y la generación de más y mejores empleos.

Desafortunadamente la realidad fue y es otra.

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo sólo violentan los derechos de los trabajadores, incrementan el poder de la parte patronal y protege a las mafias sindicales, no promueve el empleo de los jóvenes, de las mujeres, de discapacitados e indígenas, tampoco establece incentivos eficaces para impulsar trabajo formal, sólo promete, falsamente, aumentar la productividad abaratando la mano de obra de los trabajadores.

La situación laboral del país se encuentra en alarmantes condiciones. En el mes de junio del presente año el desempleo se incrementó 4.99 por ciento en relación al 4.81 por ciento respecto al año 2012, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalando que el 59.64 por ciento de la población mexicana es económicamente activa, una cifra menor a la registrada en el mismo mes, pero del año 2012, que fue del 60.34 por ciento. Y en el mes de julio, en su comparación anual, el nivel de desempleo creció 5.12 por ciento comparado con el 5 por ciento del año previo.

Tales cifras muestran que la modificación a la Ley Federal de Trabajo no logró, ni logrará, la generación de empleos esperada.

Asimismo, el Presidente del INEGI, Eduardo Sojo, declaró en julio pasado que 6 de cada 10 empleos en México son informales; el nivel de desempleo del último lustro ha elevado considerablemente el número de personas que pasaron a formar parte, en ese periodo, del empleo informal.

Ante esta situación, el gobierno federal, en julio del presente año presentó como un simple parche el Programa para la Formalización del Empleo 2013, cuyo objetivo es crear empleos productivos formales, generar condiciones para una transición de la informalidad a la formalidad. La llamada Cruzada Nacional contra el Empleo Informal se presentó como la panacea que permitirá el avance en competitividad y modernización que el país necesita para lidiar con el entorno de la economía globalizada. Además, la Secretaría del Trabajo afirmó que, incluyendo en estructuras formales a este sector de trabajadores, se lograría la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo.

Esta contradicción denota nuevamente lo engañosa y mentirosa que fue la reforma a la legislación laboral. En teoría, dichas modificaciones posibilitarían el aumento de empleos, sin embargo, ahora es necesario una Cruzada Nacional contra el Empleo Informal para la creación de plazas de trabajo.

Qué mentira tan grande están siendo las reformas estructurales, que sólo benefician a unos cuantos.

En días pasados, todavía el Senado de la República contribuyó a que un sector importante de la nación, el de los maestros, se sume a los índices del desempleo.

De igual modo, la reducción a 1.8 por ciento del crecimiento económico anual, incrementará, sin duda, el número de pobres y desempleados, según lo mencionan los especialistas.

Además, estiman la creación de menos de 400 mil empleos y, contrario a lo que se dice, la informalidad irá en aumento.

Es lamentable que se continúe implementando el mismo modelo económico y más cuando en tres meses, de mayo a julio, sólo se crearon 14 mil 759 trabajos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por tal motivo, es necesario que el gobierno federal implemente planes y programas para generar oportunidades de trabajo a todos aquellos mexicanos que no estén incorporados al sector laboral y sea posible contrarrestar el aumento constante de la tasa de desempleo en el país.

Adicionalmente, ejecutar políticas públicas incluyentes con todos los sectores de la población, especialmente a los jóvenes que no cuentan con un empleo, que se les permita encontrar su primer trabajo y puedan adquirir experiencia necesaria para cimentar las bases de un futuro exitoso y de calidad, alejado de las tentaciones nocivas para su persona y para el país.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A RENDIR UN INFORME ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA TENIDO UN AUMENTO LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PAIS

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la Administración Federal pasada, prometer generación y aumento de empleo se ha vuelto sólo una oferta electoral para atraer el voto de los mexicanos; un ejemplo claro fue la propuesta hecha por el “presidente del empleo” en el año 2006, quien se comprometió a generar un millón de empleos por año, logrando únicamente dos millones durante sus 6 años de gestión, según lo menciona el portal de noticias “Aristegui noticias”,1lo cual revela una diametral diferencia entre su compromiso de campaña y la realidad de los mexicanos.

El año pasado la historia no fue diferente, nuevamente con la estrategia electoral “te lo firmo y te lo cumplo”, se escucharon promesas y compromisos firmados ante notario público declarando que efectivamente en este sexenio, sí se cumplirán las promesas de campaña.

Por otra parte, se afirmó que, con la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Trabajo se presentaría un incremento del desarrollo empresarial, un aumento en la productividad y en la competitividad, en consecuencia, esto repercutiría directamente en la generación de empleos.

Engañosamente se planteó que con la aprobación de la reforma laboral, inmediatamente se abrirían fuentes de empleo y se fortalecería la economía. Desafortunadamente la realidad fue y es otra, la propuesta de reforma laboral sólo violenta los derechos de los trabajadores, incrementa el poder de la parte patronal, protege a las mafias sindicales, no promueve el empleo de jóvenes, mujeres, discapacitados e indígenas; tampoco establece incentivos eficaces para impulsar el trabajo formal y continuo, además de limitar derechos esenciales como la huelga, es decir, sólo propone aumentar la productividad abaratando la mano de obra de los trabajadores.

Como sustento de lo anterior, basta decir que la situación laboral del país se encuentra en alarmantes condiciones, en el mes de junio del presente año, el desempleo se incrementó en 4.99% en relación al 4.81% respecto al año 2012, según indicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señalando que el 59.64% de la población mexicana es económicamente activa, una cifra menor a la registrada en el mismo mes de 2012, que fue de 60.32%.2

Tales porcentajes indican que la modificación a la Ley Federal de Trabajo no logró la generación de empleos esperada, el contexto real dice todo lo contrario, realidad que inevitablemente es de cuestionarse.

Según el “Reporte sobre la discriminación en México 2012”, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los jóvenes es el sector de la población más discriminado en materia laboral, pues mientras la tasa de desempleo de los adultos de 30 años y más es de 3.5%, en los sectores juveniles alcanza el 8.7%.3

Esta discrepancia de porcentajes se presenta debido a que los jóvenes abandonan sus estudios a muy temprana edad, además de la falta de preparación, inexperiencia laboral y la urgente necesidad de integrarse al mercado para contribuir al ingreso familiar o a la combinación de trabajo y escuela, lo cual los orilla a optar por el subempleo o el empleo informal, según lo menciona el Reporte citado.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en mayo de 2013, publicó el informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013: una generación en riesgo”,4 señalando que en 2006, en México, la tasa de desempleo juvenil era de 6.7%, es decir, entre seis y siete jóvenes no tenían trabajo; mientras que en 2012, la tasa llegó hasta 9.7%, creciendo la afectación entre 9 y 10 jóvenes.5

Asimismo, el presidente del INEGI Eduardo Sojo Garza-Aldape declaró, en julio pasado, que seis de cada diez empleos en México son informales,6 esto es, el nivel de desempleo del último lustro ha elevado considerablemente el número de personas que pasaron a formar parte en ese periodo del comercio informal.7

Ante esta situación, el Gobierno Federal implementó en julio del presente año el “Programa para la Formalización del Empleo 2013”, encabezado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo objetivo principal es el crear empleos productivos y formales, es decir, generar condiciones para una transición de la informalidad a la formalidad.

La también llamada “Cruzada Nacional contra el Empleo Informal” se presentó como la panacea que permitirá el avance en competitividad y modernización que el país necesita para lidiar con el entorno de la economía globalizada, según señaló la STPS; además, esta misma dependencia afirmó que eliminando la situación irregular en este sector de trabajadores, incluyéndolos en estructuras formales, permitiría avanzar en la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo.8

Lo anterior denota nuevamente, lo engañoso que fue la reforma a la legislación laboral, es decir, en teoría dichas modificaciones traerían aparejado el aumento de empleos, sin embargo, ahora es necesario una cruzada contra el empleo informal para la creación de plazas de trabajo.

Además, esta política pública carece de líneas de acción y alcances, sólo se limita a plantear la informalidad como el mal del sistema contributivo.

De este modo, el Programa pretende dar solución a la informalidad de un sector de la población, sin tomar en cuenta problemáticas reales como son los jóvenes, afectados permanentemente por la falta de oportunidades, ya que se les exige experiencia y una infinidad de requisitos para poder ser contratados, dejándolos sin posibilidad y acceso, en algunos casos, a lo que sería su primer empleo.

Abundando al respecto, existe una notoria ausencia de programas para crear los empleos que los jóvenes necesitan y demandan. La ley laboral establece periodos de prueba, contratos de capacitación inicial, trabajo de temporada, que los trabajadores sean contratados y remunerados según el número de horas que laboren, lo anterior se traduce en disposiciones poco prácticas y efectivas, a tal grado que, a 10 meses de que entró en vigor la reforma laboral, estos puntos se han convertido en letra muerta.

Por el contrario, el objetivo deseado de una política pública en materia laboral debe ser la generación de empleos bien remunerados y de calidad, un trabajo digno y estable, sin que se transgredan sus derechos y garantías laborales, por medio del cual sea posible cubrir sus necesidades básicas y de esparcimiento, así como un bienestar familiar mayor.

Y por el lado de los jóvenes, encontrar un primer empleo que les permita adquirir la experiencia necesaria para cimentar las bases de un futuro exitoso y de calidad, alejado de tentaciones nocivas para su persona y para el país como es el reclutamiento por parte de organizaciones delictivas.

Por tal motivo, es necesario que el Gobierno Federal implemente planes y programas para generar oportunidades de trabajo a todos aquellos mexicanos que no están incorporados al sector laboral y sea posible contrarrestar el aumento constante de la tasa de desempleo en el país.

Adicionalmente, ejecutar políticas públicas incluyentes con todos los sectores de la población, específicamente con los jóvenes que no cuentan con un empleo y, además, supervisar que la parte patronal genere las condiciones necesarias para que este sector alcance efectivamente su primer empleo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que:

a) Rinda un informe detallado acerca de las razones por las cuales ha tenido un aumento la tasa de desempleo en el país, así como, revise, analice y evalúe los programas implementados y diseñados para la generación de empleos.

b) Diseñe e implemente políticas públicas efectivas en materia laboral que sirvan para contrarrestar el aumento constante de la tasa de desempleo en el país.

c) Diseñe e implemente programas efectivos para que los jóvenes consigan su primer empleo en condiciones de competitividad y calidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013”.

1 Redacción Aristegui Noticias, FCH, ‘Presidente del Empleo’, sólo logró un tercio de su meta [en línea], México, Aristegui Noticias, 2012, [consulta 23 de julio de 2013], publicación en línea: http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/fch-presidente-del-empleo-solo-logro-un-tercio-de-su-meta/

2 Redacción Aristegui Noticias, Aumenta desempleo a 4.9% en junio: INEGI, [en línea], México, Aristegui Noticias, 2013, [consulta 23 de julio de 2013], publicación en línea: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/aumenta-desempleo-a-4-9-en-junio-inegi/.

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Reporte sobre la discriminación en México 2012 – Trabajo. México, 2012, [consulta 25 de julio de 2013], Coordinación editorial: Carlos Sánchez Gutiérrez, publicación en línea:
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_Trabajo.pdf.

4 Organización Internacional del Trabajo, Global Employment Trendsfor Youth 2013, 2013, [consulta 24 de julio de 2013], publicación en línea: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf].

5 González Susana. Con Calderón el desempleo juvenil se disparó 44.7%, revela la OIT, México, La Jornada en línea, 2013, [consulta 24 de julio de 2013], publicación en línea:  http://www.jornada.unam.mx/2013/05/09/economia/032n2eco.

6 ADN Político. ¿Cómo le ha ido al actual gobierno en la generación empleos?, México, 2013, [consulta 23 de Julio de 2013], publicación en línea: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/07/22/como-le-ha-ido-al-actual-gobierno-en-la-generacion-empleos..

7 Ibídem.

8 Román José Antonio. Peña Nieto pondrá en marcha Cruzada Nacional contra Empleo Informal. La Jornada en línea, México, 2013, [consulta 23 de Julio de 2013], publicación en línea: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/22/113435817-podran-en-marcha-pena-nieto-cruzada-nacioal-contra-empleo-informal.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Túrnese este punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo con respecto a la permanencia de la tasa del 11 por ciento de IVA en la región fronteriza.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Gracias, señor Presidente. Sólo hacer la anotación que el punto de Acuerdo viene suscrito por todos los Senadores del PAN.

Compañeras y compañeros Senadores:

La voluntad y confianza de los ciudadanos nos ha conferido la facultad de representarlos y velar por su bienestar y el desarrollo de esta gran nación.

Ese bienestar requiere la satisfacción plena de las necesidades del ser humano. Depende de diversos factores, pero de manera muy importante del aspecto económico.

Los estados de la región fronteriza se encuentran bajo circunstancias distintas que los del resto del país. La cercanía con los Estados Unidos y la considerable distancia con los principales centros de producción del país repercuten, sin duda, en su actividad económica.

Baja California Sur, el más joven estado de la federación, al que tengo además el honor de representar en esta Soberanía, por su condición insular y de aislamiento geográfico, enfrenta importantes retos en materia de abasto, desarrollo y competitividad.

Por estas razones y por su histórica interdependencia comercial, cultural, de servicios y económica con nuestros vecinos del norte, a pesar de no limitar geográficamente con Estados Unidos, es considerada parte de la región fronteriza por decreto del ex presidente Lázaro Cárdenas desde 1936, casi 40 años antes de su conversión de territorio a estado integrante del Pacto Federal.

Ahora que parece estar en boga reconocer los aciertos, letra por letra, del ex presidente Cárdenas, quiero decirles que el que Baja California Sur sea zona fronteriza, fue un acierto del General Cárdenas cuando fue presidente.

No sólo es la distancia, se trata de un tema de competitividad que incluye, entre otros, disponibilidad de recursos naturales, de materias primas, altos costos de transporte, competencia de mercados diferentes y alta migración, que incide en el bienestar de los miles de familias que viven en la frontera.

La propuesta de reforma hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal, toca un punto medular que afecta la actividad económica de la región fronteriza; el aumento de la tasa del IVA a 16 por ciento.

De aprobarse este incremento, no tengo duda que tendrá un impacto muy negativo para los mexicanos que ahí vivimos: inflación, reducción del consumo local, menor inversión, menos maquila, menos exportación, cierre de empresas, pérdida de fuente de empleo, crecimiento de la informalidad y aún hay muchos más.

Por ello, los Senadores de Acción Nacional hemos decidido presentar este punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a nuestra Colegisladora para que en el análisis y discusión del paquete de reformas hacendarias 2014, se escuchen y atiendan los planteamientos de los sectores productivos y sociedad de la región fronteriza con relación a la permanencia del IVA en 11 puntos.

Sabemos que las modificaciones que haga la Cámara de Diputados eventualmente van a llegar a esta Soberanía, que tendremos la oportunidad de manifestarnos.

Sin embargo, llamo su atención a los preceptos constitucionales que obligan a la Cámara de Diputados a resolver las iniciativas en materia de ingresos a más tardar el 30 de octubre y a la Cámara de Senadores, a nosotros, el 31 del mismo mes.

Formalmente, compañeros, sólo vamos a tener diez días para discutir todos estos temas que son por demás trascendentes.

Por su importancia e impacto, estos temas los debemos de atender de manera profesional y con seriedad, pero además, con premura.

Es imperativo que, desde ya, en el Poder Legislativo se escuche la voz clara y fuerte de aquellos a los que representamos.

Señoras y señores, entendemos nuestra nación como el conjunto de estados federados; y sabemos que el desarrollo integral de la misma depende del desarrollo particular de cada entidad federativa.

Confío que ustedes, Senadoras y Senadores, entenderán la urgencia de esta propuesta con punto de Acuerdo, así como que los Diputados sabrán escuchar y ponderar los argumentos que damos, las necesidades de la sociedad y la realidad económica que vivimos.

México requiere de imaginación para su desarrollo incluyente, sensibilidad para su progreso y responsabilidad para mantener la figura de región fronteriza para efectos del IVA.

El futuro de millones de familias depende de esta decisión, no les podemos fallar, debemos velar porque existan condiciones necesarias para generarles bienestar.

No vamos a apoyar condiciones que pongan a la región fronteriza en circunstancias desfavorables que le impidan competir con equidad.

Entendiendo la equidad, por supuesto, como el imperativo en donde todos aportamos para los gastos del Estado, pero, cuando existen y operan diferentes situaciones y circunstancias, la legislación debe de ser también diferenciada.

No podemos buscar el desarrollo de unas regiones del país a costa de perjudicar a otras, como las de la frontera norte que, además, hay que decirlo claramente, recaudan y aportan mucho más a la Federación de lo que reciben de ella.

Que quede claro, no es un asunto sólo de equilibrio económico, sino de receptividad a las necesidades de más de 10 millones de personas, más los que se agregan a aquellos comprendidos en la franja fronteriza sur, que en los límites de la patria reclaman nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra sensatez.

Pretender tratarnos por igual, incrementará la desigualdad. No buscamos privilegios, sólo equidad y objetividad, cerremos la brecha que nos separa.

Senadoras y Senadores: Hago también un llamado a la congruencia a cada uno de ustedes.

El 30 de abril pasado, promoví y presenté un punto de Acuerdo que fue aprobado por unanimidad por esta Soberanía. Un punto de Acuerdo que decía, palabras más, palabras menos, que le pedíamos al Ejecutivo Federal que el régimen de zonas y franjas fronterizas en México debía permanecer, pero no sólo eso, lo firmaron y lo suscribieron todos y cada uno de los Senadores de las áreas fronterizas de todos los partidos. Yo les quiero pedir, compañeras y compañeros, con la emoción que me dio coincidir con ustedes en ese tiempo, que se sostengan en la opinión que dieron hace apenas cinco meses y que se opongan, junto con nosotros, a esta atrocidad que se quiere cometer en contra de las fronteras.

Señor Presidente, respetuosamente solicito a usted, pueda considerar el presente punto de Acuerdo como de urgente resolución; y a ustedes, compañeras y compañeros, les pido, contrario a lo que sucedió en la sesión pasada, ahora sí, con su voto a favor nos permitan debatir y argumentar este importante tema. Los argumentos que haya en contra hay que escucharlos ya.

No traicionen sus convicciones, no les fallen a sus representados, al menos uno de cada diez mexicanos nos necesita.

Muchas gracias a todos.

(Aplausos)


Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Mendoza Davis, le informo que antes de dar trámite a su solicitud, quiero comentarle a la Asamblea que en relación con el tema que usted hoy ha planteado, se recibió una propuesta de consenso planteada por los grupos parlamentarios, por lo cual, solicito a la Secretaría dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha presentado la Junta de Coordinación Política, a través de los diversos grupos parlamentarios.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política y por el Senador Carlos Davis. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese. Informo al Senador Carlos Mendoza Davis que su planteamiento ha quedado atendido.

Sonido en el escaño del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más, si me permite, para hacer un reconocimiento a los diferentes grupos parlamentarios, que tomaron a bien llegar precisamente a un acuerdo en un tema tan importante, tan trascendente para la vida política de nuestro país, especialmente para las zonas fronterizas.

Felicidades a todos y a cada uno de ellos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco García.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad y apoyo a la campaña del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, A.C., “Un Minuto contra el Cáncer”, e invita a los Senadores de la República a cooperar con un día de su dieta en apoyo a la lucha contra el cáncer.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

“Solidario por predestinación y por oficio. Solidario por atavismo, por convencionalismo. Solidario a perpetuidad. Solidario de los insolidarios y solidario de mi propia solidaridad.” Oliverio Girondo.

México atraviesa por una etapa compleja y colmada de retos en todos los órdenes, y justo hoy, tenemos la valiosa oportunidad de enviar un mensaje de solidaridad a la sociedad, desde este Senado de la República.

Mensaje que quiero compartir con ustedes mediante un gran acto de apoyo y reconocimiento con los miles de enfermos, familias y grupos de profesionales, que día con día tienen que enfrentar las adversidades de una enfermedad tan peligrosa y mortal, como lo es el cáncer.

Este padecimiento es la tercera causa de muerte en nuestro país, y según estimaciones de la Unión Internacional Contra el Cáncer, cada año se suman más de 128 mil casos. Desde el 2008, es la primera causa de muerte en el mundo.

Hoy por hoy existen alrededor de cien tipos de cáncer, siendo la mayoría curables si estos son tratados a tiempo.

Por ello, los exhorto a realizar un acto de solidaridad con las miles de personas que viven en México, que sufren algún tipo de cáncer, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que no tienen los recursos suficientes para combatir este terrible mal.

Hoy existe la duda de a dónde va a ir el recurso recaudado en el Senado de la República, quiero comentar que no deben tener ninguno de ustedes alguna duda, pues el Instituto Nacional de Cancerología, junto con su patronato, se encuentra en la explanada de este recinto para recaudar el recurso necesario de aquel Senador o Senadora que esté dispuesto a atender este grave mal. El apoyo y la donación voluntaria de un día de nuestro salario es meramente decisión personal e individual de cada uno de nosotros.

Este instrumento que está haciendo el nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, que es destinar y obtener mayores recursos para la orientación, detección temprana e investigación en el campo oncológico, es importante, pues no debemos condenar al olvido a los miles de enfermos y a todas las familias que han sido afectadas.

Por ello, convoco a un acto de reconocimiento para todos aquellos que lucharon y se quedaron en el camino, les pido que piensen en sus seres queridos, familiares y amigos, justo en su memoria. Traduzcamos este esfuerzo en acciones específicas, para que cada vez sean más quienes logren tener la dicha de haber vencido esta enfermedad, sean los más en vez de los menos.

También celebremos la vida de miles de personas que lo han sobrevivido, y de antemano quiero agradecer a todos aquellos que marcan la diferencia en la lucha contra el cáncer, mi reconocimiento máximo a todos los profesionales de la salud y a los científicos e investigadores por sus importantísimas contribuciones, todos ellos han sido factores clave en la atención y conocimiento más profundo de esta enfermedad.

Ahora más que nunca, es momento de apoyarlos sin limitar recurso alguno, sin tener duda alguna. Recordemos que una mejora sustancial en la prevención no sería posible sin la implicación de toda la sociedad y la colaboración de miles de personas.

Así es que pongo a su consideración el punto de Acuerdo que tiene como propósito expresar nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento, como Senadores de la República, a la campaña “Un Minuto contra el Cáncer”, para que este esfuerzo se difunda por todos los medios a su alcance y llegue a todos los estados y municipios del país.

Participemos activamente en esta campaña que nos brinda la oportunidad de dar pasos decisivos para hacer tangible nuestra solidaridad. No escatimemos los esfuerzos encaminados a evitar que miles de personas mueran anualmente a causa de una enfermedad que pueda prevenirse.

No dejemos que la duda pueda matar este gran esfuerzo colectivo. Esta campaña es un estímulo para una mayor dedicación y empeño en el cumplimiento de nuestro deber y, en especial, para un mayor compromiso en la protección de la salud, una de las tareas fundamentales a las que los poderes públicos tenemos y debemos dirigir nuestros esfuerzos.

Estoy segura que tendremos el apoyo y la solidaridad de todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores. Mi agradecimiento por anticipado, porque en cada una de nuestras familias seguramente hay alguien que ha padecido, padeció o ha sobrevivido el cáncer.

Por su atención, muchas gracias, y les agradezco a todas las Senadoras y Senadores de este recinto, que votaron a favor de este punto de Acuerdo sin cuestionarlo y que han ido a aportar a la explanada, donde se encuentra durante todo el día de hoy una mesa del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, para recibir donativos, así como para poder contestar cualquier duda respecto a los mismos y de ahí puedan ustedes tomar una decisión que podría cambiar la vida de muchas enfermas y enfermos del cáncer.

Muchísimas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD Y APOYO A LA CAMPAÑA DEL NUEVO PATRONATO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCEROLOGIA A.C. “1 MINUTO VS EL CANCER” E INVITA A LOS SENADORES Y SENADORAS DE LA REPUBLICA A COOPERAR CON UN DIA DE SU DIETA EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CANCER Y SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS A SUMARSE A ESTE ESFUERZO NACIONAL.

"La suscrita, MOnica Tzasna Arriola Gordillo, Senadora de la República en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 103, numeral 2, fracción III; 108, 109 y 110; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de la República EXPRESA SU SOLIDARIDAD Y APOYO A LA CAMPAÑA DEL Nuevo Patronato del Instituto Nacional del CancerologIa A.C “1 MINUTO VS EL CANCER”, SE INVITA A LOS SENADORES Y SENADORAS DE LA REPUBLICA A COOPERAR CON UN DIA DE SU DIETA EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CANCER Y SE EXHORTAAL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS A SUMARSE A ESTE ESFUERZO NACIONAL.
CONSIDERANDOS

En México, la mortalidad por cáncer es un fenómeno que está adquiriendo proporciones importantes en las últimas décadas, pasando de ser un problema poco común con tasas por 100 000 habitantes de 0.6% en 1922 a ser del 13.1% en el año 2000.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2010, ocurrieron en México un total de 590,693 muertes de las cuales 349,025 (59%) correspondieron a las tres Enfermedades Crónico Degenerativas más frecuentes: enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Esto significa que nuestro país, como lo describe el análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no escapa al impacto de las Enfermedades Crónico Degenerativas y su tendencia al ascenso en las próximas dos décadas.

Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América Latina incluyendo México (tasa estandarizada por edad de 163 por 100.000) que en Europa (264 por 100.000) o los Estados Unidos (300 por 100.000), la mortalidad es mayor. La razón mortalidad/incidencia para todos los tipos de cáncer en México es 0.62 en comparación con el 0,43 en la Unión Europea y 0,35 en los Estados Unidos. Lo anterior deriva de dos factores principales: las neoplasias son detectadas en su gran mayoría en etapas avanzadas y un acceso deficiente al tratamiento.

Ante esta situación, en un esfuerzo sin precedentes, se ha lanzado en México una campaña masiva de lucha contra el cáncer, con la que se esperan recaudar fondos suficientes para promover tanto la investigación como la prevención y detección temprana de la enfermedad.

Impulsada por el Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología A.C, la campaña “Un Minuto contra el Cáncer” es un esfuerzo médico, ciudadano, académico y empresarial centrado en concientizar a la población sobre la necesidad de aportar recursos simbólicos o económicos para revertir un problema de salud que afectará a uno de cada tres mexicanos en menos de dos décadas.

En esta campaña el Patronato del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN),se está invitando a la sociedad a participar en esta lucha contra el cáncer, todo con la finalidad de revertir un hecho dramático, hasta el  80 por ciento de los casos con algún tipo de cáncer es detectado en etapas muy avanzadas, causando a las familias gastos catastróficos que superan el millón de pesos.

Se trata de una convocatoria para que  todos los sectores de la sociedad se sumen a las instituciones del Estado para apoyar una lucha que a todos nos importa, ya que los recursos destinados al combate del cáncer resultan insuficientes para atacar un padecimiento que se puede controlar e incluso curar.

Es urgente sumar voluntades para obtener más recursos para  informar, educar, prevenir e investigar, pues se prevé que en los próximos 15 años se triplicarán los casos de enfermos y de continuar con la tendencia actual, no habrá camas ni recursos suficientes para atenderlos.

Esta es una campaña que involucrará a los medios de comunicación, televisoras y radiodifusoras, se invitará a personalidades de todos los ámbitos, cultural, privado, artístico y político, el propósito es que todos aquellos que contemos con un espacio en el cual podamos levantar la voz, nos sumemos a este importante esfuerzo.

En síntesis, la campaña, tiene dos vertientes fundamentales: recaudar fondos e informar a la sociedad para la prevención y detección temprana de la enfermedad; por ello los mensajes de prevención están dirigidos a todos los sectores poblacionales, pero sobre todo a los que padecen los cánceres más prevalentes.

Considero que en este contexto, es nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras, como representantes de las entidades federativas y comprometidos con las mejores causas de México, que asumamos una actitud activa en el combate de esta enfermedad, imaginemos que nuestra participación será un factor que salvara vidas, que si  cada uno de nosotros en sus estados hacemos un llamado a sumarse a este esfuerzo motivará a que decenas, cientos o tal vez miles de mexicanos se tomen un minuto y se revisen, que si aportamos el equivalente a un día de nuestra dieta a esta lucha e invitamos a los legisladores locales a hacer lo mismo, estaremos entregando recursos que significan una, diez o cientos de camas y medicamentos para atender a quienes lo necesiten,  y por supuesto que si damos difusión a esta campaña dando nosotros mismos un minuto de nuestro tiempo contra el cáncer, estaremos dando un minuto por la vida.
Con la seguridad de que el Senado de la República se sumara a esta campaña y con  fundamento en las consideraciones expuestas, someto a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República expresa su solidaridad  con el Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología A.C y se suma a la Campaña Nacional “Un minuto contra el Cáncer”, participando de manera activa en cada una de las acciones que se promueven para informar, prevenir y recaudar fondos para el combate del Cáncer.

SEGUNDO: Se invita a cada uno de los Senadores y Senadoras de la República para den un minuto de su tiempo contra el cáncer y para que donen un día de su dieta como aportación solidaria para el combate contra esta enfermedad, con este propósito el próximo día 12 de septiembre se instalará en la sede del Senado una mesa con representantes del  Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología A.C. para recaudar las aportaciones.

TERCERO: Se exhorta a las instituciones de salud del gobierno federal; de los gobiernos de los estados y municipios para que a través de los medios de comunicación apoyen la campaña “Un minuto contra el cáncer”, para hacer de esta,  un esfuerzo nacional que salve vidas.

Dado en la sede del Honorable Senado de la República, a 05  de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo".

(Intervención de la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez)

"CANCER

El cáncer es la tercera causa de muerte en México, lamentablemente el 60% se detecta en etapas avanzadas.

Si bien cada cáncer tiene sus síntomas especiales, hay señales generales de la presencia de un tumor maligno como fiebres inexplicables, fatiga, pérdida de peso, debilidad y mareos.

Es también una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y los más letales son los que afectan pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

El cáncer no respeta sexo, edad, ni razas, avanza silenciosamente destruyendo familias.

Por ello es imperante que lo descubramos a tiempo, porque la mayoría de las personas afectadas, podría sobrevivir con un diagnóstico temprano.

Por este motivo, les pido que apoyemos al Instituto Nacional de Cancerología, donando a esta campaña, “1 Minuto Contra el Cáncer”.

Como bien saben, el Instituto nació en 1946 y atiende 190 mil consultas anualmente, realiza 4000 cirugías mayores, 1 millón 300 mil pruebas de laboratorio, 39 mil sesiones de quimioterapia y 60 mil de radiación.

Sin embargo, tiene grandes retos y urge la apertura de 400 plazas con base, hoy 177 personas trabajan en suplencias y no cuentan con seguridad laboral, por lo que fácilmente son reclamados por los hospitales privados y se dificulta la formación de infraestructura de recursos humanos de calidad.

Apelo a su generosidad y les pido que recuerden al familiar, al amigo, al ciudadano que han conocido a través de su vida padeciendo cáncer. Donen hoy un día de salario afuera en el stand los que deseen.

Que no haya ningún Senador que pase de largo ante un problema tan grande como es el cáncer.

Gracias.

Solidaridad no es dar lo que me sobra, es dar lo que nos hace falta.

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez".


- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo. Por ser un asunto de una causa eminentemente noble, pido que se turne a la Mesa Directiva de esta Cámara para que implemente lo conducente y se consulte a quien de manera voluntaria desee participar en la campaña que propone el punto de Acuerdo.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Elena García.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Si me permite la Senadora adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tome nota la Secretaría.

Sonido en el escaño la Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Para hablar a favor de este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No está a discusión. Se turnó directamente a la Mesa Directiva, para que se implemente, a través de la misma, la participación de cada una de las Senadoras y Senadores que así lo consideren conveniente.

Sonido en el escaño de la Senadora Mónica Arriola.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Estaba en el Orden del Día como de urgente resolución, yo le pediría que para aquel que quiera sumarse o discutirlo, también esté abierta la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, mire, por la naturaleza de este tema, precisamente para que se pueda implementar, ya está turnado a la Mesa Directiva, y para que se implementen de manera inmediata las medidas administrativas conducentes para que cada una de las Senadoras y Senadores pueda participar en este noble programa.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Unicamente, señor Presidente, para especificar que es de tema personal y no es obligatorio, aquel que quiera hacer una donación, está el Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, para recabar cualquier tipo de fondos o también cualquier situación en temas o cuestionamientos al respecto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, Senadora Mónica Arriola.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Sólo para solicitarle, si es posible, poner en el Diario de los Debates el posicionamiento mío, ya que estamos considerándolo de urgente resolución.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, Senadora Maki Ortiz. Pido a la Secretaría que tome nota de ello y que se pueda incluir en el Diario de los Debates.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a crear dos aplicaciones para dispositivos móviles, la primera en materia de violencia de género y trata de personas y la segunda para el Programa Alerta Amber México.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, el punto de Acuerdo que hoy vengo a proponer es el de que se creen dos aplicaciones en nuestros dispositivos móviles. La tecnología debe estar al servicio de la sociedad, y este teléfono puede ser una herramienta para evitar males como la trata de personas, la violencia contra las mujeres y también la desaparición de niñas y niños.

El punto de Acuerdo se sustenta en que tres cuartas partes de los mexicanos utilizan un dispositivo móvil y más de la mitad se conectan a Internet a través de él. El 63 por ciento de los usuarios que han accedido a Internet desde un dispositivo móvil, han descargado aplicaciones en este último año y se prevé que siga incrementándose en casi el 50 por ciento de uso de teléfonos inteligentes en México, para alcanzar 26.3 millones de usuarios.

Con estas cifras, nos encontramos ante la oportunidad de aprovechar las ventajas tecnológicas para atender problemas sociales como la violencia de género, la trata de personas y la desaparición de menores.

Se cuentan ya con diversas experiencias a nivel mundial, está por ejemplo la GWEN ALERT, creada por la Red Global para el Empoderamiento de las Mujeres; y la aplicación Libres, presentada hace unas semanas por el gobierno español junto con una empresa telefónica.

Se trata de poner a disposición de usuarios textos, teléfonos de utilidad, testimonios, videos, audios, consejos, documentos, enlaces a sitios web, botón de auxilio y mecanismo de autoprotección diseñados para que también se puedan volver indetectables para el agresor y salvaguardar la intimidad de la víctima, no dejan huella ni en la marcación ni en la factura.

Además, no sólo se dirige a las víctimas, sino también a quien sospeche la existencia de un caso de estos tipos.

Proporciona información y herramientas para actuar desde la detección hasta la denuncia, testimonios reales, botón de auxilio y mecanismos de autoprotección.

Creo que estos temas ayudarán para la Alerta Amber y también para evitar la violencia doméstica, que es alta en nuestro país.

Cuatro de cada diez asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas y la mitad de todas las mujeres actualmente casadas o unidas, el 44.8 por ciento ha sido agredida por su pareja o esposo, por lo menos una vez a lo largo de su vida.

Tenemos el fundamento de convenciones interamericanas para adoptar medidas innovadoras, políticas públicas que prevengan sanciones y erradiquen dicha violencia, y también está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En caso de trata de personas, esta aplicación pudiera igualmente coadyuvar en la prevención, la denuncia y atención en materia de trata de personas, creando un mecanismo específico dentro de la aplicación de violencia. Y en la de Alerta Amber, pues las aplicaciones estarían para la búsqueda y recuperación de menores.

Podemos tener acceso fácil, alertas emitidas seccionadas por región, por estado e incluso podemos enviar a los usuarios notificaciones con fotografía que llegarán a sus dispositivos cuando una nueva alerta es emitida.

Las opciones de denuncia están también para evitar este problema, que hoy vemos los grados de violencia cada vez más crueles.

Desde nuestros dispositivos móviles, la sociedad puede contribuir a este objetivo y a poder disminuir y coadyuvar con las autoridades.

Desde el año pasado, se emitieron 87 Alertas Amber, y se han localizado a 48 menores en sus primeras horas de desaparición.

Es importante el tiempo, y por ello la utilidad de aplicaciones ante la problemática social.

Por eso es que el punto de Acuerdo es único, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con diversas instancias como el Instituto de las Mujeres y la Procuraduría, incluyendo también las académicas que son generadoras y desarrolladoras de avances tecnológicos en el país, a crear dos aplicaciones para dispositivos móviles, una dedicada a prevenir, detectar, denunciar y atender la violencia de género y la trata de personas, y otra para apoyar la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes tras la emisión de una Alerta Amber a través de redes de apoyo seguras.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lucero Saldaña.

Sonido, en el escaño de la Senadora Hilda Flores, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para pedirle a la proponente que me permita adherirme a su punto de Acuerdo, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Senadora Lucero Saldaña, ¿acepta igualmente a las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza y Margarita Flores? Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Túrnese a las Comisiones de Seguridad Pública y Contra la Trata de Personas.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Adriana Dávila Fernández y Jorge Luis Lavalle Mauri, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar una investigación a fin de identificar las fuentes de financiamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Hoy podemos celebrar, en este Senado de la República, la plena vigencia de los decretos que dan lugar a la reforma educativa. Es para muchos la reforma más relevante que necesitaba México.

Superamos todo tipo de presiones, porque no podíamos negarle, bajo ninguna circunstancia, a los niños y jóvenes, incluso, a todos aquellos mexicanos que no han nacido, la oportunidad de gozar plenamente de su derecho a la educación de calidad y, por ende, a uno de los pilares para tener un mejor país.

Sin embargo, quiero dar constancia de 2 situaciones muy alarmantes del contexto institucional y social que sentaron graves antecedentes de impunidad y desorden, que no pueden permitirse en un estado democrático, como lo es el nuestro.

Primero. El gobierno ha incurrido en graves omisiones que han perjudicado la vida y los derechos de millones de capitalinos.

Hemos visto muy escondido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, muy poco activo, también, como suele hacerlo, en las redes sociales.

Por otro lado, tampoco podemos dejar de señalar la tolerancia, los desmanes de los grupos de interés y manifestantes, que han sentado un precedente lamentable para todos aquellos que quieran hacerse escuchar.

Se está enviando el reprobable mensaje a la sociedad de que la mejor manera de hacerlo es tomando las calles a través de la violencia y de cometer actos vandálicos.

Hace unos días hicimos una visita al campamento que mantiene la CNTE, desde el 19 de agosto, en el Zócalo capitalino. Encontramos que mantienen camiones y camionetas alistadas para sus bloqueos.

El costo de un viaje redondo de un camión turístico, entre Michoacán y el Distrito Federal, asciende a 12 mil pesos, y a 2 mil 500 pesos por día, sólo por mantenerlo estacionado.

Encontramos, también, La Plaza de la Constitución y sus calles aledañas, repletas de tiendas de campaña, nuevas y de importación, cuyo costo promedio es de mil 300 pesos.

Identificamos equipos de radio-comunicación, teléfonos celulares, equipos de sonido y perifoneo, propaganda como lonas, carteles, volantes y fotocopias.

Y por otro lado, gracias a diversas declaraciones de algunos maestros a los medios de comunicación, sabemos que su alimentación es cercana a los 500 pesos diarios, porque implica 3 comidas, 2 colaciones, más las bebidas y aguas que consumen durante sus marchas. Por simple aritmética, si multiplicamos 500 pesos por 20 mil maestros, resulta que sólo por concepto de alimentación se han gastado 10 millones de pesos diarios.

Y si prorrateamos el gasto de camiones, gasolina, casetas, telefonía, radio-comunicación, propaganda y casas de campaña durante los 25 días que llevan en la ciudad, el costo de mantener a los maestros en el Distrito Federal se eleva casi a 11 millones de pesos al día.
Las preguntas que surgen son las siguientes:

¿De dónde provienen esos recursos?

¿Cuál es el origen de esos recursos?

¿Quién está financiando a estos grupos?

Las dudas se hacen mayores cuando analizamos que, en promedio, un maestro de los que están en nuestras calles, tiene un salario quincenal de 3 mil 600 pesos, que sería, sin duda, insuficiente para mantener su estadía en la ciudad de México y al mismo tiempo mantener a sus familias.

Por eso, y con mucho respeto, estamos exhortando a la Secretaría de Gobernación a que identifique, investigue la o las fuentes de financiamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para el sostenimiento del contingente que mantiene hecha un caos la ciudad de México.

Queremos saber qué grupos de interés están detrás de este movimiento.

También queremos que nos informe los resultados de esa investigación y, en su caso, que inicie los procedimientos legales que de oficio corresponden para perseguir y sancionar a funcionarios públicos que puedan estar detrás de este financiamiento y detrás de la comisión de hechos ilícitos.

Quiero decirles que estamos a favor, los Senadores del PAN, de la libertad de expresión, pero también estamos a favor de la libertad de tránsito sin dañar a terceros.

Lo que sí no podemos permitir es que se lleven a cabo actos vandálicos en la ciudad de México y el Jefe de Gobierno esté omiso ante lo que ocurre en este Distrito Federal.

Hoy tenemos un Senado de la República sitiado.

Hoy tenemos una ciudad de México complicada, con muchos problemas para los capitalinos, los niños no llegan a tiempo a clases, los maestros tampoco, y qué decir de todos los que hacen uso del transporte público, del automóvil, de los peatones, los que tienen citas en el médico, las mujeres embarazadas que han tratado de salir también de estas manifestaciones.

Es muy importante que se respete la ley; que se sancione también a todos aquellos que están patrocinando actos violentos y provocaciones.

Yo espero, señor Presidente, y Senadores de la República, que este punto de Acuerdo pueda ser de urgente resolución, para que aquí demos el debate, un rico debate de lo que está ocurriendo con manifestaciones desordenadas y con todos los actos vandálicos que vemos diariamente en el Distrito Federal y que los capitalinos estamos cansados de ello.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A REALIZAR UNA INVESTIGACION A FIN DE IDENTIFICAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CONTINGENTE QUE MANTIENE DISTINTOS BLOQUEOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.

"Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, Y JORGÉ LUIS LAVALLE MAURY Senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con el carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO DE QUE RELICE UNA INVESTIGACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR LA O LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CONTINGENTE QUE MANTIENE DISTINTOS BLOQUEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO LOS POSIBLES GRUPOS DE INTERES QUE SE ENCUENTREN LIDERANDO EL MOVIMIENTO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El día 20 de agosto de la anualidad en curso, alrededor de las 22:00 horas, más de 100 personas, presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), irrumpieron violentamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mientras los diputados federales se encontraban sesionando, impidiendo con ello que toda persona entrara o pudiera salir.

Estos sujetos, golpearon a elementos de resguardo y vigilancia de la Cámara de Diputados, a 28 policías federales y a reporteros, rompieron parabrisas de varios automóviles, poncharon llantas e incendiaron un vehículo.

Posteriormente, continuaron avanzando hacia el estacionamiento del recinto legislativo, en donde siguieron dañando vehículos, tanto particulares como otros propiedad de la Cámara de Diputados.

2.- El día 21 de agosto de 2013, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron con un cerco en la Cámara de Diputados, que sesionaran, además de montar un plantón afuera del recinto legislativo federal.

Con esta misma fecha y ante los hechos violentos protagonizados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)  en la Cámara de Diputados, el presidente en turno del órgano legislativo federal en comento, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, inició dos indagatorias.

La primera de ellas fue ante el fuero federal "por el asalto y la destrucción de enseres del órgano legislativo federal entre los que destacan 19 automóviles propiedad de dicho ente, la cámara de diputados, estima que los destrozos motivados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) implicaron daños por un monto de $ 4.5 millones de pesos al órgano legislativo.

La otra denuncia que se presentó, se hizo ante el fuero común, (la más importante y trascendente) debido a que se denunciaron las lesiones causadas a 27 elementos de resguardo y vigilancia de la Cámara de Diputados, tres de ellos hospitalizados y uno de gravedad por fractura de cráneo.

3.- El día 22 de agosto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados, ya que desde las 4:00 horas comenzaron a llegar provenientes del plantón que mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México, impidiendo la entrada a todos los trabajadores de la cámara indistintamente, en esta misma fecha alrededor de las 11:30 horas, manifestantes miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) situados en avenida Paseo de la Reforma, agreden a representantes de medios de comunicación y “cualquier persona que vistiera de traje sastre”, quienes se refugiaron en el lobby de Hotel Emporio, por lo que los manifestantes arrojaron piedras y golpearon la entrada del mismo, causando daños en los vidrios de la puerta principal.

Asimismo, y según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, un peatón que transitaba por la calle de Corregidora esquina con Pino Suárez, sufrió un infarto, por lo que los transeúntes que se encontraban en el lugar llamaron a los servicios de primeros auxilios, quienes no pudieron llegar a tiempo para salvarle la vida, debido a los conflictos viales que ocasionaron los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

4.- El viernes 23 de agosto, un contingente de más de tres mil integrantes de la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon vialidades aledañas a las terminales aéreas 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; asimismo, cerraron las estaciones Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 y Terminal Aérea de la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, afectando con dichas acciones a miles de personas que tenían que abordar un vuelo internacional o nacional, a transportistas de carga, automovilistas y transporte de pasajeros que utilizan esta vía primaria de la ciudad.

Para ese momento, los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenían afectaciones importantes en cuatro puntos distintos de la ciudad:

- Plaza de la Constitución.

- Cámara de Diputados.

- Senado de la República.

- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

5.-Además de los bloqueos en comento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha bloqueado el paso a organismos y empresas que nada tienen que ver con el conflicto aducido por dicha organización gremial o con el Gobierno Mexicano y su actuar como lo son la embajadas en México de Francia, Estados Unidos de América y España, así como las entradas de  TV Azteca y Televisa.

6.- Existen por diversas fuentes y declaraciones, elementos para considerar que el movimiento de bloqueos que sostiene la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México se encuentra auspiciado de forma externa ya que utilizan medios de transporte, casas de campaña de marcas importadas, aunado a los gastos de alimentación de las veinte mil personas que integran este contingente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Que el derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en los artículos I, fracciones XXV y XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948; 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969; a la libertad y seguridad personales establecidos en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y frente a los hechos originados por la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México se hace patente la existencia de ilícitos en perjuicio tanto de servidores públicos en pleno ejercicio de sus legítimas labores como de los ciudadanos que se han visto afectados en su esfera particular como fruto de estos hechos.

TERCERO.- Que en distintas fuentes se ha publicado que la presencia de por la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Distrito Federal ha significado cientos de autobuses para trasladar a miles de maestros; lo que se ha traducido en cientos de casas de campaña marca “Coleman”, “Ozark Trail” y “Wenzel”, todas nuevas, ha representado también la utilización de  teléfonos y radios de intercomunicación que se ve entre los manifestantes; ha significado además, miles y miles de “lunches”, “colaciones”, y otros alimentos que se distribuyen en los campamentos y las marchas; no todos duermen en los campamentos, algunos habitan decenas de habitaciones de hoteles sencillos de bajo costo.

Por diversas fuentes se ha acreditado que las movilizaciones se coordinan desde un inmueble que perteneció al gobierno oaxaqueño, y luego fue cedido en comodato a los maestros de ese estado, en la Colonia Del Valle.

En diversas notas se ha asegurado que la estancia de cada maestro asciende a la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) diarios y que multiplicados por  veinte mil, resulta la cantidad de $10,000,000 (Diez millones de pesos) al día.

Otras fuentes indican que el SNTE se encuentra también auspiciando dicho movimiento porque ninguna de las organizaciones quiere que la certificación y asignación de plazas salga del ámbito sindical.

Asimismo, se ha detectado que dentro del movimiento de la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran en su gran mayoría simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y del Partido de la Revolución Democrática.

En entrevistas maestros afirman que sin la ayuda extra de grupos sociales ajenos a su gremio, los $3,600 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) que perciben por quincena, no serían suficientes para continuar con sus protestas en la capital del país, además, aseguran que su salario está a punto de agotarse y temen que al inicio del mes no se deposite su pago.

También se ha señalado en diversos medios de comunicación que el Gobernador Gabino Cué, patrocinó los viajes de los inconformes para llegar al Distrito Federal y que les entregó el inmueble donde funcionaba en la Ciudad de México, la representación del Gobierno Oaxaqueño. Dichos que posteriormente el gobernador negó.

CUARTO.- Que de acuerdo con las facultades concedidas por la fracción I del artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional,  que se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobernación le corresponde entre otras tareas  la de operar tareas de inteligencia como parte del Sistema de Seguridad Nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de derecho y de ahí que se desprenda la facultad de este organismo de intervenir a efecto de investigarla fuente de financiamiento de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene distintos bloqueos en la Ciudad de México toda vez que en el caso que nos ocupa se hace patente que dichos bloqueos son contrarios precisamente a la integridad, estabilidad, sustento de la gobernabilidad y el Estado de derecho ya que con dichos bloqueos se han afectado seriamente tanto la paz pública, las vías de comunicación, así como, el normal funcionamiento e instalación de las instituciones federales de carácter constitucional, aunado a los conflictos diplomáticos que pudieran causar con motivo del cierre de las embajadas de Francia, España y Estados Unidos de América.

En mérito de lo antes expuesto, los que suscriben formulan con el carácter de urgente y obvia resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que realice las investigaciones necesarias a fin de identificar la o las fuentes de financiamiento de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene distintos bloqueos en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que informe a esta soberanía el resultado de dicha investigación y, en su caso, inicie los procedimientos legales que de oficio deben perseguirse por la probable comisión de hechos ilícitos realizados tanto por servidores públicos como por integrantes del contingente en comento.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mariana Gómez. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente.

Primero, compañeras y compañeros, quiero decirles que nosotros estamos a favor de la transparencia, de que todo tiene que conocerse, saber su origen.

Cuando arribamos a la discusión de la reforma laboral, nosotros insistimos mucho en que la transparencia de los sindicatos fuera plena, fuera real, que se transparentara el manejo de los recursos que se tienen.
Hay versiones de un financiamiento del propio gobierno federal a algunos sindicatos, y esto fue algo muy complejo. Aquí, varias Senadoras y Senadores votaron en contra.

Yo vengo del movimiento social, conozco su dinámica; y en el movimiento social, no nada más en el asunto de los maestros, sino con otras organizaciones, hay un sentido de solidaridad plena no nada más de gente perteneciente al sector magisterial, sino de compañeras y compañeros que aún teniendo muchas carencias, entienden que las luchas sociales también son un elemento significativo para la transformación del país.

Y la solidaridad se manifiesta de muchas maneras. Yo he estado ahí en el Zócalo, también. Y la gente del Distrito Federal, la gente más humilde del Distrito Federal, ha llegado a solidarizarse con despensa de todo tipo, para efecto de que la lucha prevalezca, de que la lucha continúe.

Hoy, aquí se está abordando en la tribuna un asunto, a mi juicio muy importante, cómo podemos evitar que este tipo de manifestaciones, que molestan a un gran sector del Distrito Federal y, seguramente, a un gran sector de las entidades federativas, porque el día de ayer se movilizaron en 26 entidades federativas de este país, ante una decisión precipitada del gobierno federal, y a mi juicio, no valorada y analizada de manera suficiente por el Congreso de este país; en particular, por la Cámara de Senadores. Aquí lo dijimos con todas sus letras.

Es importante que se escuche, en una reforma educativa, a los maestros de México; no se les escuchó, no se les ha escuchado.

Y yo creo que en vez de estar pensando en cómo criminalizamos al movimiento social, tendríamos que estar pensando en cómo encontramos, desde el Senado, posibilidades para aperturar espacios que permitan, mediante el diálogo, encontrar acuerdos.

Yo he estado pensando en muchas cosas. Escuché con mucha atención la presentación de las leyes reglamentarias, y hay varias aseveraciones que hace el propio Presidente de la República.

Primero dice: las leyes reglamentarias de esta reforma no violentan los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Fírmenselo a los maestros de México, fírmenselos.

Han dicho también que la evaluación no es punitiva. Fírmenselos en un acuerdo a los maestros de México.

Han dicho que esto no representa un golpe al normalismo. Fírmenselos a los maestros de México.

Y han dicho que pronto, lo más pronto posible, ahí mismo instruyó al secretario Chuayffet, para poder iniciar el debate de la viabilidad o de la verdadera reforma, porque éstas, insisto, no van elevar la calidad de la educación.

Estamos engañando con mucha propaganda al pueblo de México. La verdadera reforma es la discusión a fondo de los contenidos programáticos, académicos de libros de texto, de métodos que se usan para poder elevar la calidad en la educación.

Si ésta es la decisión del Ejecutivo Federal, yo les pido, aquí, compañeras y compañeros, que adicional a la transparencia, que se investigue el financiamiento del movimiento éste y de todos, que adicionemos al punto de Acuerdo, para votar a favor, que todo esto que ha sido parte del discurso del gobierno federal, también le pidamos al Ejecutivo Federal que se lo firmen a los maestros de México.

Y yo estoy seguro, al menos eso creo, que si esto se da, empezamos a atemperar el movimiento y empezamos a ver una vía de salida.

No es criminalizando al movimiento, o suponiendo que están cometiendo acciones ilícitas, como se va a resolver este problema magisterial.
Que el Senado sirva para buscar espacios de diálogo y para proponer posibles soluciones, y que sean las partes responsables las que encuentren estas soluciones.

Nunca vamos a estar en contra de la transparencia, pero no estamos de acuerdo con los argumentos que se esgrimen por parte de nuestra compañera Senadora, para hacer la solicitud de este planteamiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Raúl Morón.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, quisiera pasar a la tribuna, por alusiones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¿Me permite, Senador Fidel Demédicis?

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez, para alusiones personales.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, dejar claro, como lo hice en mi exposición, los Senadores del PAN estamos a favor de la libertad de expresión, pero también estamos a favor de la libertad de tránsito sin dañar a terceros. Y en la ciudad de México ha ocurrido todo lo contrario en las últimas semanas.

Hemos visto, hemos sido nosotros afectados también por estos bloqueos, no nada más se afectó al Senado de la República, sino también a la Cámara de Diputados, para poder sesionar cuando se discutían las leyes secundarias a la reforma educativa.

Y quiero decir también, que han sido afectados millones de capitalinos. Millones de capitalinos que todas las mañanas salen de sus casas al trabajo y se han visto involucrados en una manifestación, incluso, algunos de ellos han perdido hasta el empleo.

Diferentes cámaras, COPARMEX, CANACO, han dado ya también algunas cifras que debieran preocuparnos.

Por cada día de manifestaciones, se están perdiendo poco más de 500 millones de pesos en la ciudad de México.

Cómo vamos hacernos aquí de la vista gorda, cuando en el aeropuerto de la ciudad de México se suspendieron, por algunas horas, algunos vuelos; la gente perdió sus vuelos.

Y aquí estamos hablando de que no solamente han sido afectados los capitalinos, sino que en muchos otros estados de la República han sido afectados muchos mexicanos.
Y qué decir, además, de la imagen internacional. Todos, supongo, estamos muy conscientes de lo que esto significa.

Quiero también decir, que no pretendemos criminalizar ninguna causa ciudadana, yo también me he manifestado, no pretendemos criminalizar ninguna causa social, ningún movimiento que de manera genuina salga a las calles y se manifieste por x o y razón.

Lo que sí no podemos compartir es la violencia, Senadoras y Senadores, no podemos compartir los actos vandálicos que hemos visto a través de los medios de comunicación; tuvimos 28 policías federales que fueron agredidos, incluso a dos de ellos se les desprendió la retina, tuvimos también camarógrafos golpeados, automóviles destruidos.

¿Y qué se dice de todo esto?

Yo sí quiero que hagamos una reflexión de lo que está pasando con las manifestaciones que se llevan a cabo, no nada más en el Distrito Federal, sino en todo el país.

He insisto, yo espero que a partir de esta discusión, también podamos hacer lo necesario para que en este Senado de la República, se discuta el tema de la movilidad, se discuta el tema de regular o no las marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos en nuestro país.

Y aquí, ojo, no buscamos privar a nadie de su libertad de expresión; pero queremos encontrar ese equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito.

No podemos seguir permitiendo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siga callado ante lo que ocurre en la ciudad de México y se limite a decir: siento mucho lo que está pasando en la ciudad. Lo que queremos es un Jefe de Gobierno que actúe, que haga lo necesario para que se cumpla con la ley, y eso no significa agredir a nuestros compañeros maestros, ni a nadie que se manifieste en la ciudad, simplemente significa hacer que se cumpla la ley y hacer lo necesario, también, para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mariana Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Cuando discutíamos las leyes reglamentarias del artículo 3o. constitucional, yo decía que estábamos discutiendo dos proyectos, el proyecto de los conservadores y el proyecto de los liberales.

Lo que para los liberales es una situación natural la transformación, la revolución, el cambio, para los conservadores representa el atentado contra sus intereses particulares. Es decir, podrán criticar las formas, pero habría que revisar las causas.

En 1994, en la selva lacandona de Chiapas surgió el “ya basta” de los indígenas chiapanecos, reivindicando las demandas más sentidas de los más olvidados de México. Hay una carta que le escribe el comandante Marcos al usurpador Salinas preguntándole, ante la amnistía propuesta, que: ¿quién tiene que pedir perdón y quién tiene que otorgarlo? Preguntaba Marcos.
Y Marcos decía: ¿Quién tiene que pedir perdón? Los que se sientan con la muerte cotidiana todos los días y se mueren de enfermedades curables: tifoidea, salmonelosis, pulmonías, desnutrición.

¿Quién tiene que pedir perdón? Los que se sientan en la mesa llena de manjares, producto del robo cotidiano al pueblo, o los que han padecido opresión de manera cotidiana y por más de 500 años.

Ese es el tema, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, los que vienen aquí a plantear que se hagan investigaciones; por supuesto que el 1º de mayo no marchan, y no marchan porque no conocen, menos reconocen a los mártires de Chicago, menos reconocen a los mártires de Río Blanco, y mucho menos reconocen a los mártires de Cananea, y no los reconocen por una razón, porque son los dueños del poder y del dinero. Y la lucha es esa, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que se asustan con marchas de los compañeros maestros.

Cuando decimos que habría que revisar las causas, habría que ver la reacción de los que pretendían construir patria ante la Nueva España, se quitaron el yugo de la esclavitud, y no sólo tomaron las calles, se cobraron con la vida de los que por más de 300 años los habían esclavizado.

¿Por qué la reacción de los campesinos en 1910? Por la misma razón. ¿Por qué la reacción de los maestros, compañeros? Nunca lo van a entender, porque su visión del mundo es diferente a la de los liberales; nunca lo van a entender, porque los derechos laborales históricamente se han conquistado hasta con sangre. Las conquistas laborales, históricamente, se han conquistado hasta con sangre, y los maestros no quieren perder sus derechos laborales, ni quieren perder sus conquistas laborales, y no quieren permitir que les violen sus derechos humanos conquistados de manera democrática y luchando, como lo hacemos los trabajadores de todo el mundo.

Ese es el asunto, esas son las causas y sobre eso habría que abrir un debate, no si están tomando las calles o no, y qué bueno que toman las callas y no han tomado las armas, como ya lo hicieron en autodefensa ante la incompetencia del gobierno para generarles seguridad a la población, eso es lo que hay que debatir.

Que está mal que tomen las calles, pues depende de la visión. El PRD es un partido pacifista, el PRD es un partido que impulsa el diálogo, la concertación y la política como una de las formas para acabar con los conflictos. Díganme, aquí cuántas solicitudes de diálogo ha habido y cuántas veces se ha sentado el señor Chong o el propio Presidente de la República a dialogar con los inconformes por la afectación que sienten.

Decirles que si algún partido impulsó la transparencia y la rendición de cuentas, es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Está en nuestros principios y la seguiremos impulsando, pero hay que medir con la misma vara.

Decía el día de antier, cuando se hablaba de los consejeros, aplíquenles la misma fórmula que a los profesores, evalúen a los que quieren llegar, a los que a partir de la corrupción se enriquecieron, también habría que investigarlos, habría que investigar dónde fue a parar el dinero de la Estela de Luz, habría que investigar dónde han ido a parar los miles y miles de millones de pesos del dinero del pueblo, sobre eso hay que abrir el debate.

Nada más que no se rasguen las vestiduras sobre un acto democrático que podemos o no coincidir con él, pero que el debate aquí se da, en esta tribuna.

Compañeras y compañeros, el tema de la CNTE, una organización que tiene 34 años tratando de mejorar la educación pública de este país y que no ha sido escuchada, y van a seguir luchando, y su financiamiento no lo conocen porque nunca han boteado, nunca se han subido a un camión. Con esto concluyó, señor Presidente. Nunca se han subido a un camión a decirle al pueblo que se solidarice con los movimientos porque son justos, nunca han puesto un peso de su salario para mantener la resistencia civil. Ahí está el financiamiento, pero si quieren investigar, hay que aplicar una tabula rasa, para que en este país se investigue no sólo a los maestros de la Coordinadora, y le entramos, yo estoy seguro que los profesores no van a negarse a que se les investigue, pero también habría que investigar a los que han malversado el erario público para enriquecerse.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fidel Demédicis..

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Solicité el uso de la palabra para referirme, respetuosamente, al tema que hoy se está planteando.

Seré cuidadoso en externar mi posicionamiento, pues a mí me parece que el tema magisterial ha sido un asunto argumentado aquí en este tribuna por parte de todos los legisladores, particularmente los de izquierda, lo he visto discutirse en las calles, a través de una movilización social, y me parece que no se ha logrado mucho.

Acaso simulaciones de diálogo y, por supuesto, un evidente avasallamiento, lo que en otros términos se podría denominar criminalización de acciones sociales.

Sobre el tema planteado por la Senadora Mariana, pues tendré que referirme a él, porque siento que no es políticamente correcto, Senadora, aumentar la campaña de odio, de belicosidad y desprestigio que existe, y que particularmente incide al magisterio nacional.

Creo, y lo vengo a decir con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, que hemos sido abrumados por campañas hegelianas que difunden los medios de comunicación respecto a las manifestaciones ocurridas en la ciudad de México, en las últimas semanas, sin los respectivos derechos de réplica. Los manifestantes han sido sentenciados en el paredón mediático, desde mi punto de vista, de manera injustificada.

Y aclaro, podemos diferir de muchos métodos de lucha, lo tengo que señalar.

Por supuesto que el PRD no va a avalar nunca acciones fuera de la ley, pero este es un asunto diferente, y pareciera que aquí, este punto de Acuerdo que plantea que se investigue, argumenta, pretende justificarse para criminalizar lo que sucede en este país.

Lo decía bien el Senador Raúl Morón, yo creo que sí es válido investigar, acabamos de presenciar manifestaciones en prácticamente todos los estados del país, habrá que preguntarse si los gobernadores priístas, panistas, de todos los partidos participaron, porque eso es lo que pretende dar a entender este punto de Acuerdo, y es por eso que nosotros, sin estar de acuerdo en este propósito malsano, sí creemos que es importante que se investigue, es más, que debiesen ser no solamente los Senadores promoventes, sino una comisión de este Senado de la República que vaya a hacer esta investigación, a lo mejor eso nos ayuda a entender lo que está pasando, porque yo he dicho en esta tribuna, y lo debo reiterar, señor Presidente, que no terminamos de entender lo que está pasando en las calles, y yo lo dije, y lo externo con preocupación, que lo que estábamos votando no iba a solucionar el problema, y ahí están los resultados, si hay una comisión designada por este Pleno, que vaya, investigue en el lugar de los hechos, se va a dar cuenta.

A mí me parece hasta insultante plantear que se gasta cada uno de los que integran el plantón 500 pesos todos los días, comiendo; deberían ir a ver. ¿Por qué no vamos juntos?, vamos a hacer juntos una investigación, porque si se dice en esta tribuna estos asuntos sin asumir un compromiso real, lo único que estamos haciendo es ponerle más leña a la hoguera. Los asuntos no están sencillos, ayer vimos manifestaciones, repito, en gran parte de los estados de la República.

El PRD, porque también quiero subrayarlo una vez más para que después no vengan las manipulaciones informativas, está, como lo hemos dicho siempre, de acuerdo en muchas causas de los movimientos sociales, quizás no coincidimos en los métodos de lucha, pero estos métodos de lucha son producto de la falta de atención, de esa simulación que hubo en el tema, o acaso hay que volver a recordar que se les llamó hasta la mesa del Pacto por México a los integrantes de esa parte del magisterio, se les pidió que fueran a realizar foros, se les dijo que se iba a tomar en cuenta sus propuestas y al final sucedió algo totalmente distinto, que hoy lamentablemente tiene a muchos niños esperando a sus maestros.

El PRD quiere, claro, que pronto se retomen las clases en estados como el mío, el de Oaxaca, pero no es con este tipo de puntos de Acuerdos como vamos a solucionar el problema, los vamos a empeorar.

Yo propongo, señor Presidente, que revisemos muy bien este tipo de acción, pero que quede claro que estamos a favor de que se investigue si hay alguna autoridad que está utilizando recursos públicos, hay que deslindar responsabilidades; ese no es el tema, no podemos nosotros, con perversidad, utilizar esta máxima tribuna de la nación, actuemos con gran seriedad y el compromiso que tenemos como representantes de la Cámara de Senadores.

Hay dos resolutivos de la propuesta, estamos de acuerdo, pero ojalá sea con la integración, señor Presidente, compañeras y compañeros, de este Senado de la República, para ver si así terminamos de entender lo que realmente está pasando en este momento en las calles.

No veo, desafortunadamente, que haya un diálogo que esté permitiendo la solución. Veo, como ha sucedido muchas veces, que se está criminalizando la lucha social, eso no es correcto. Ojalá encontremos la solución, porque todos queremos que se reinicien los ciclos escolares en todos los estados y queremos que se fortalezca el sistema educativo en este país.

Muchas gracias, señor Presidente, por su tolerancia.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, para alusiones personales.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo: Muchas gracias, señor Presidente

Bueno, primero dejar muy claro que la intención de los Senadores del PAN, en ningún momento ha sido promover el odio, por supuesto que no, sino todo lo contrario, tratar de que estas manifestaciones se lleven a cabo con toda tranquilidad en la ciudad, es lo que debiéramos estar provocando.

Y sí quiero dejarlo claro, porque quiero insistir, lo único que estamos buscando, a través de este punto de Acuerdo, es la transparencia.

¿De dónde vienen los recursos?

Hablo de 500 pesos al día para comidas, para aguas y algunas otras cosas; esas han sido declaraciones de los propios maestros, no son números que yo haya inventado por ningún motivo, son declaraciones de los propios maestros.

Yo lo que quiero, Senadoras y Senadores, es que hagamos lo necesario, desde este Senado de la República, para que todo este tipo de manifestaciones y, además, pensando, porque así será, viene la reforma energética, viene la reforma fiscal, seguramente habrá muchas más marchas. Claro que estamos a favor de que se manifiesten, pero yo sí me pregunto, y creo que la mayoría de los mexicanos nos preguntamos, ¿de dónde salen los recursos para estas manifestaciones?, y yo quiero compartirles, porque además me di a la tarea de preguntar, de investigar, además de que estuve ahí, en el plantón, en el Zócalo capitalino, pude tomar algunas fotografías, pude estar en el corazón del plantón, y bueno, cuando revisa uno, ¿cuánto te cuesta una tienda de campaña, de las marcas que tienen los maestros en la plancha del Zócalo, pues estamos hablando de 1,770 pesos; coticé también algunas otras que están en 599 pesos; pude encontrar también algunas otras cotizaciones de tiendas de campaña en 1,000 pesos, y yo lo que les pregunto es, ¿con los 3,600 quincenales de nuestros maestros, les alcanza para comprar sus tiendas de campaña?, además, me pregunto, ¿con esos 3,600 quincenales pueden mantener su estadía en el Zócalo capitalino y pueden también mantener a sus familias?

Yo si quiero, y espero que detrás de estos movimientos no haya grupos políticos, eso sería lo ideal, pero para ello, yo no pienso hacer también una investigación de si están o no grupos políticos, pregúntenselo ustedes mismos, pero para ello tenemos instancias, y por eso estamos haciendo la solicitud puntual a la Secretaría de Gobernación, para que sean ellos los que investiguen, para que sean ellos los que nos compartan la información, ¿por qué temer a la transparencia?, ¿por qué temer el poder contar con esta información en el Senado de la República? Información, además, pregunta de millones de mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mariana Gómez.

Se le concede la palabra al Senador Adán López, para hechos.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

Cuánta lástima nos da escuchar otra vez el viejo discurso de la conjura.

Los conservadores de siempre enfilando sus baterías en contra de la lucha social, de la libre manifestación de las ideas, de la libre manifestación de los derechos.

Cuánta tristeza nos da, que ahora importe más el costo de una tienda de campaña o de una botella de agua o de un plantón, que las políticas erróneas de los gobiernos.

Habrá que ir a revisar dónde están las responsabilidades. Si los maestros hoy están en la calle, es producto de las malas políticas públicas aplicadas.

Yo les digo o les pregunto a los conservadores de siempre: ¿Y dónde estaban cuando habría de investigarse, por ejemplo, el asunto de la guardería de Hermosillo? Ahí sí callaron como momias.

Les importa más, repito, el costo de una casa de campaña.

Son los mismos que ahora exigen que salgan ya, que se estrenen las tanquetas que se compraron, para entonces sí reprimir a la gente.

Son los mismos que callan como momias cuando se les recuerda el asunto de la Estela de Luz o de la Enciclomedia, por decir lo menos.

Son ellos los herederos de quienes fueron a buscar a Maximiliano.
Son ellos los que no entienden cuál es el espíritu de la lucha social de este país. Y en el colmo del absurdo, ahora pretenden, incluso, que la Secretaría de Gobernación tenga facultades de investigación.

Está bien que tengan a la policía política y que ésta investigue, pero no vengan ellos a pedirle aquí, al Senado de la República, que la Secretaría de Gobernación se arroje de facultades que constitucionalmente no tiene.

Porqué no van y presentan una denuncia ante la Procuraduría General de la República, ante la Procuraduría General de Justicia o ante la autoridad competente. No lo hacen, porque están acostumbrados a servirse del poder y del dinero, están acostumbrados a los “piguos” negocios.

Vienen a hablar aquí de la reforma energética, pero se están ya frotando las manos para que sus patrocinadores se repartan el botín.

Por eso yo exhorto a que sí, se investigue, pero que se investiguen realmente las causas de que los maestros estén hoy protestando en las calles.

Que se respete la libre defensa de los derechos laborales y que finalmente demos la vuelta a esta absurda petición.

Ahí están los tribunales que son el conducto adecuado, ahí está la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Me imagino que así están pidiendo, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, que investiguen si el gobernador Covarrubias, del PAN, tiene las manos metidas en la movilización de los maestros.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador López Hernández.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Calderón Hinojosa, para hechos.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Escucho que aquí se habla de resistencia del sur contra los explotadores, contra los que vinieron a la conquista.

Y yo estoy de acuerdo en que la gente tiene todo el derecho de luchar por la justicia. Pero la lucha por la justicia no puede pisar los derechos de otro.

Lo que aquí estamos planteando, lo que la Senadora Mariana Gómez ha planteado, es que la minoría magisterial, porque hay 1 millón 800 plazas de maestros, que sigue siendo la CNTE, una minoría magisterial no puede, no debe pisar los derechos de nadie más.

Pueden resistir, sí. Tienen derecho a manifestarse, sí. Pero no tienen derecho de pisar el derecho laboral, el derecho de tránsito, el derecho de millones de mexicanos que viven en esta ciudad.
También se hablaba aquí de los conservadores. Los conservadores son quienes quieren que las cosas sigan como están. Y aquí hemos dicho que el magisterio ha de avanzar, como avanzan las demandas de las y los ciudadanos.

Si hoy exigimos que el gobierno rinda cuentas, también es importante que el magisterio rinda cuentas.

Si hoy exigimos que se finquen responsabilidades a quien no cumple con su obligación, también es importante que el magisterio cumpla con sus obligaciones.

Hemos dicho que los profesores tienen una misión importante que cumplir; pero especialmente los profesores son modelo para los alumnos.

Yo quiero que me digan qué le digo a los niños de Michoacán, a esos de Parácuaro, a esos que hemos mencionado, a los de la tierra caliente, o a los de Huetamo, a los de Zitácuaro, que no tienen clase. Hay dos millones de estudiantes que no están recibiendo clase.

¿Cuál es el modelo que hay que enseñarles?

¿Cuál es el respeto a los demás que ellos van a tener?

¿Cuál es la responsabilidad social que ellos van a aprender?

¿Cuál es la tolerancia que ellos van a aprender de un modelo de profesor que cierra la escuela, que pisa a los demás, que cierra las calles y que sólo escucha su voz que dice: “A mí escúchenme”?

Nosotros escuchamos aquí, en el Senado de la República, a la CNTE. Les han escuchado en  la Secretaría de Gobernación.

Escuchar quiere decir: Hacer vinculante su demanda. Eso no está en ningún lugar.

Escuchar quiere decir: Escuchar tu diferencia, sentarme contigo, leer tu propuesta y saber si va en el bien común general poder caminar con ella. Pero si la propuesta es” sólo dame 1,200 plazas”; si la propuesta es “Sólo permíteme que sea mi normal ésta es la que yo mando, ésta que yo utilizo para mis bienes muy particulares”. Esa no es una propuesta universal, es muy conservadora, permítanme decirlo, hacer que las cosas sigan como estaban hace 70 años, no puede ser más que una propuesta conservadora.

Hoy estamos hablando de dos temas. El primero es que el magisterio tiene que avanzar conforme avanza la rendición de cuentas, la responsabilidad y la coparticipación, y estamos hablando en otra vía que es la que la Senadora Mariana acaba de plantear aquí.

No puede nadie, del color que sea, de la ideología que sea, seguir asfixiando la vida de una ciudad donde viven 11 millones de mexicanos. Diseñen otra manera de resistir, diseñen una manera en la que no pisoteen los derechos de los demás.

No hay camino para la paz, la paz es el camino. No hay camino para el respeto, el respeto es el camino. Y esperaríamos que la CNTE sea ejemplar en el respeto a los derechos de los demás, que no toquen, que no lastimen las vías, que no dejen que la gente se quede sin trabajo y, especialmente, que no permitamos que dos millones de estudiantes tengan este año sin recibir aprendizaje y que sólo tengan un modelo de maestro que si no es escuchado cierra las calles, que no va a la escuela, que no está con los niños ni siquiera planteando el problema para sacar con ellos soluciones.
Lo que aquí queremos es respeto, es que la CNTE sea un modelo para sus propios estudiantes, y permítanme decirles que conservador es el que no quiere que las cosas cambien, el magisterio no puede ser el mismo magisterio de hace 70 años, tiene que rendir cuentas, tiene que ser corresponsable y tiene que acompañar a 35 millones de estudiantes a mejorar las condiciones de vida de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Luisa María Calderón.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis, para hechos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venía, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Escuchando algunos recursos, como los que se han venido a plantear aquí, recordamos momentos dramáticos que ha vivido el mundo, y que ha vivido este país, con el argumento de que quién sabe quien financiará.

Ayer, el día martes, leía yo un texto de los argumentos que expuso el dictador Pinochet para hacerse del poder en Chile, y decía que detrás de Salvador Allende estaba todo el movimiento comunista; nos han tachado los que no quieren que este pueblo se emancipe, de que somos financiados por fuerzas oscuras.

Yo les quiero decir, pedir y recordar, primero, que el pueblo tomó una decisión, decían en alguna sesión pasada, sabia. Y la decisión sabia consiste en que este Congreso fuera plural, pero que además fuera oposición la mayoría en el Senado de la República, y el pueblo tomó esa decisión por una razón, porque tenemos que hacer prevalecer el equilibrio de poderes en este país. Cuando un poder se impone a otro aparece la anarquía, y normalmente aparece la rebelión; porque la sociedad no encuentra la armonía por ningún lado, y veamos los resultados, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, hagamos un recuento de cómo está el país en todos los órdenes.

La mayoría de la población en pobreza, una cuarta parte de la población en pobreza alimentaria, 30 mexicanos muriéndose todos los días de desnutrición, la violencia desatada a lo largo y ancho de la nación, pero no la violencia de los maestros.

Hay un discurso de descrédito, hay discurso que pretende hacer ver a los maestros como criminales; yo soy profesor y no se vale, no se vale que se este haciendo escarnio con los compañeros educadores. Esas visiones de odio que se están fomentando desde el Senado de la República, deben parar.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, seguramente más de uno va a estar contento cuando la población empiece a linchar maestros, producto de esas campañas de odio, producto de esas campañas que se están generando desde el Senado de la República, que es la representación legítima del pueblo.

La reforma educativa, se dijo, en su parte central, que pretende elevar la calidad de la educación, ese es el argumento. Como educador les digo, no va a haber educación de calidad en este país mientras no se corrijan las condiciones infames en que vive nuestro pueblo, México es el primer lugar de deserción escolar en el mundo y somos el último lugar en aprovechamiento.

Habría que revisar las causas de la deserción, ¿cuáles son las causas de la deserción?, la situación de pobreza económica que vive nuestro pueblo, no pueden pagar cuotas escolares, no pueden comprar los útiles a los hijos, no pueden alimentar a los niños, porqué el gobierno no implementa una verdadera campaña para elevar la calidad de la educación, fortaleciendo a la escuela pública de México con programas que nutran a todos los niños del país.

La primera acción que debía de proponerse es: desayunas y a la escuela. Con ese tipo de acciones, seguramente que vamos a elevar la calidad de la educación, no quitándoles conquistas laborales a los trabajadores.

Yo sí les pido una reflexión serena y que hagamos caso de lo que dijo el pueblo, somos plurales en este Senado, no impongamos votaciones, mejor debatamos los temas. Yo creo que en la medida en que lo hagamos, el pueblo nos lo va a agradecer profundamente, no vean monos con tranchetes, no hay nadie financiando a los maestros.

Yo les aseguro, yo soy profesor, y hemos participado en las movilizaciones; no hay nadie financiando a los maestros, no se equivoquen, mejor vamos buscando, como Senado de la República, cómo hacemos que los oigan, cómo hacemos que los maestros se sienten en una mesa de diálogo echando la educación por delante con los funcionarios, con la presencia del Senado de la República, y busquemos soluciones de fondo para verdaderamente abatir el rezago educativo, lograr la educación de calidad que queremos y que los maestros alcancen la tranquilidad que hoy no tienen.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Sonido en el escaño del Senador Morón.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Señor Presidente, hemos platicado con los compañeros legisladores de Acción Nacional y del PRI, para acordar o proponer al Pleno una propuesta alterna que registre todas las preocupaciones que hemos venido abordando en el debate.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Raúl Morón. Ya la tiene en su poder la Secretaría, entonces, por favor dé lectura para orientar el voto a la Asamblea.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.

“Unico.- La Cámara de Senadores acuerda conformar una Comisión plural de Senadores con el objeto de que se analice la problemática magisterial incluyendo las manifestaciones públicas para que coadyuve a encontrar soluciones de fondo al citado problema”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse, con estas modificaciones, este punto de Acuerdo.

Felicito a las Senadoras y Senadores por la civilidad y, después de un debate, llegar a un Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta con las modificaciones propuestas y que se ha dado lectura. Quienes estén porque se apruebe con las modificaciones, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño de la Senadora Padierna Luna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicito amablemente a la Mesa Directiva, que como punto prioritario para la siguiente sesión, se apruebe un punto de Acuerdo que solicita la información sobre el procedimiento que guarda el caso ante la Corte Penal Internacional, contra Felipe Calderón Hinojosa, por crímenes de lesa humanidad.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se registra para integrar el siguiente Orden del Día. Habíamos recibido su solicitud y ya lo habíamos consensado en la Mesa Directiva, pero qué bueno que lo pide ante el Pleno.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones a petición de los proponentes.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta con las proposiciones que se turnan directamente.






De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado para programas del Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE EL PRESUPUESTO APROBADO PARA PROGRAMAS DEL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION; EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, METAS Y PRESUPUESTO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO

"La suscrita Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta  soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita un informe pormenorizado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado para programas del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, número de beneficiarios, metas y presupuesto ejercido hasta el momento, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas nace en el año 2003 mediante la expedición de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; desde su creación se concibe con el objeto de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones púbicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coincidentes que para los programas es necesario etiquetar Presupuesto, la Cámara de Diputados etiqueto recursos en el presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de brindar seguridad a los programas así como a los beneficiarios.

De tal manera  que para este ejercicio fiscal el anexo 9 obtuvo una cantidad total de 74, 103 millones de pesos destinados a Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
El anexo en referencia, exclusivamente para el Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas fue etiquetada la cantidad de 10, 364.124 millones de pesos destinado entre varios programas tal es el caso del PIBAI Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas que se destinó $6, 225.7 millones de pesos.

A continuación se presenta una tabla con los programas etiquetados para CDI.

Ramo

Denominación

MONTO

TOTAL 74,102,060,978

06 Hacienda y Crédito Público (CDI)

 

10,364,123,599

 

Comunicación Intercultural

113,700,000

 

Fortalecimiento de Capacidades Indígenas

74,800,000

 

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

19,470,000

 

Actividades de apoyo administrativo

202,989,943

 

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

13,800,000

 

Planeación y Participación Indígena

247,438,408

 

Acciones de control de las unidades centrales y foráneas

837,498,003

 

Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

1,005,485,000

 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

6,225,685,000

 

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

365,585,000

 

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

443,885,000

 

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)

43,700,000

 

Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)

55,700,000

 

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

228,890,000

 

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)

227,197,245

 

Acciones para la igualdad de género con población indígena

122,800,000

 

Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)

28,800,000

 

Apoyo a proyectos de comunicación indígena

6,100,000

 

Atención a Tercer Nivel

25,800,000

 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas

46,200,000

 

Ex carcelación de Presos Indígenas

28,600,000

Sin embargo, la Directora General manifestó en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas que a través de la CDI se beneficiaría a 3.4 millones de indígenas con proyectos productivos y obras de infraestructura básica.

Si bien, esto parece en primera instancia muy promisorio, lo interesante sería que la Directora explicará de donde saldrían los recursos.

Para ilustrar el anexo 9 y las dependencias que impacta el presupuesto transversal se presenta el siguiente cuadro:

Ramo

MONTO

 

 

TOTAL 74,102,060,978

06 Hacienda y Crédito Público (CDI)

10,364,123,599

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

3,064,200,000

09 Comunicaciones y Transportes

10, 386,771,023

10 Economía

34,274,130

11 Educación Pública

6,973,087,689

12 Salud

4,610,734,446

15 Reforma Agraria

562,232,124

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

977,916,254

19 Aportaciones a Seguridad Social

3,000,800,000

20 Desarrollo Social

24,714,213,001

23 Provisiones Salariales y Económicas

150,000,000

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

9,233,190,986

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

10,517,725

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

20,000,000

Conforme al artículo 1 del Decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio fiscal 2013, con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental se realizará el ejercicio, el control y al evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y al presentación de la información financiera correspondiente.

De igual forma en el Decreto anteriormente citado y el artículo 107 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que se reportará en los informes trimestrales, la evolución de las erogaciones correspondientes a los anexos relacionados con los programas presupuestarios para la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recurso para la atención de grupos vulnerables y erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena.

Como observamos en el cuadro anterior, el anexo 9 impacta de manera transversal en diversas dependencias, sin embargo es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas quien tiene la facultad, como se mencionó con anterioridad y conforme a su objeto para orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones púbicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

En varias ocasiones legisladores han puesto el tema económico a discusión de esta Asamblea, ante las alarmantes críticas sobre subejercicios del gasto público,  y la disminución del crecimiento de la economía, de tal manera que se ha solicitado que el Ejecutivo Federal implemente medidas para activar de nueva cuenta el crecimiento de la economía mexicana.

De acuerdo al informe presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2013 reflejó:

• Durante enero-marzo de 2013 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 854 mil 365 millones de pesos, monto inferior 10.4 por ciento en términos reales al registrado en igual lapso del año anterior. El gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero ascendió a 815 mil 831 millones de pesos y fue inferior en 10.5 por ciento real al registrado en el mismo período de 2012.

• Durante el primer trimestre de 2013 el gasto programable ejercido sumó 653 mil 504 millones de pesos y mostró una disminución real de 11.0 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

• El gasto federalizado ascendió a 319 mil 313 millones de pesos y representó el 50.3 por ciento del gasto primario del Gobierno Federal. De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 56.5 por ciento se ejerció a través del gasto programable federalizado y 43.5 por ciento a través de participaciones federales. Respecto a los recursos transferidos en igual periodo del año anterior registraron una disminución de 8.0 por ciento en términos reales.

En cuanto a la clasificación funcional  del gasto programable

Durante enero-marzo 2013 el 61.4 por ciento de las erogaciones programables se canalizó a las funciones de desarrollo social, el 29.0 por ciento a las de desarrollo económico y el 7.7 por ciento a las de gobierno.

Las erogaciones canalizadas a las funciones de desarrollo social disminuyeron 7.0 por ciento en términos reales. Los recursos orientados a las actividades productivas disminuyeron 14.4 por ciento real.

Del informe trimestral a junio se observa en el anexo 9, ramo 6 de Hacienda y Crédito Público, la Comisión ha ejercido solo el 24.5 por ciento del monto autorizado anual, del ramo 9 Comunicaciones y Transportes se ha ejercido el 19.5 por ciento del monto autorizado anual, así como del ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha ejercido tan solo el 23.5 por ciento.

Solo por mencionar algunos datos, sin embargo esta situación es preocupante, ya que atrasos y disminuciones en la ejecución del gasto repercute directamente en los programas, en los proyectos y sobremanera en  la población vulnerable como los pueblos indígenas.

Quien por un lado observamos en los informes trimestrales que la CDI trae severos atrasos en la ejecución del presupuesto de programas como el PIBAI, Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas, Programas Fondos Regionales Indígenas, Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas y por otro lado la Directora General solicitó a la Secretaría de Hacienda la cantidad de 7.5 millones de pesos para rehabilitar y adecuar espacios bajo  la justificación que “va a permitir en primer lugar que la representante de la entidad cumpla con los objetivos y metas de la Comisión en beneficio de la población indígena” sin embargo en los informes trimestrales no se da cuenta de avances en ese sector.

Ante esta situación, es necesario solicitar un informe pormenorizado de la actuación de la citada instancia, en relación al anexo 9 que contiene presupuesto transversal para pueblos y comunidades indígenas, a cuanta población impacta los programas y como se ha ejercido dicho presupuesto hasta el momento.

Por  lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República solicita un informe pormenorizado a la Directora General de la  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado y asignado a programas en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, número de beneficiados, metas y  presupuesto  ejercido hasta el momento.

Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa".






De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar un censo en relación a niñas, niños y adolescentes huérfanos, que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA A LLEVAR UN CENSO EN RELACION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES HUERFANOS

"SEN. RAULCERVATES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El concepto de orfandad o huérfano es amplio y se puede definir como  “alguien privado, a través de la muerte o la desaparición, por abandono, deserción, o separación de pérdida de ambos padres". 1

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) adopta la definición más amplia del concepto de orfandad a mediados del decenio de 1990, cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la muerte de millones de padres y madres en todo el mundo privando a un número cada vez mayor de niñas, niños y adolescentes del cuidado y  atención de uno o ambos progenitores.

En ese sentido las estadísticas de UNICEF sobre los "huérfanos" indican que en el mundo hay 132 millones de menores de edad en esta condición, quienes entre otras cuestiones necesitan ser integrados en un núcleo familiar, albergues y atención individual2

Cabe destacar, que durante el periodo de crecimiento del menor de edad, la educación y el entorno social son un factor esencial, pues este requiere de condiciones óptimas para fomentar su adecuado desarrollo, y el entorno familiar representa un papel fundamental para la adopción de valores como la solidaridad y el sentido de justicia3.

2.- El objetivo del Estado, expresado en la filosofía de diversos tratados internacionales, es velar por la niñez en situación de orfandad, suministrando los recursos necesarios para lograr un desarrollo óptimo a niñas, niños y adolescentes en dicha situación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población 2010 hay en el país un total de de 19 mil 174 menores de edad huérfanos internados en casas hogar; sin embargo, no se cuentan con datos reales del total de niñas, niños y adolescentes huérfanos, así como de como aquellos en situación de calle.

Lo anterior, se hace más evidente cuando existen datos como los mencionados por la organización “ALDEAS INFANTILES SOS”, que señala que en nuestro país hay más de un millón 800 mil niñas, niños y adolescentes sin madre, padre o ambos progenitores, cifra alarmante tanto en número como en la disparidad de cantidades, entendiendo la complejidad para poder contabilizar a los menores de edad en situación de calle.

3.-Mexico ha realizado diversas acciones en la defensa  y protección de niñas,  niños y adolescentes huérfanos, como las realizadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) que brinda apoyo a los menores de edad en situación de orfandad, entre otras, promoviendo la acción de adopción de parejas o familias que así lo requieran cumpliendo los requisitos necesarios

Sin embargo, es necesario que se fortalezcan las estrategias y políticas diseñadas para atender a niñas, niños y adolescentes huérfanos, quienes además de ser sujetos de vulnerabilidad debido a su naturaleza, sufren de la pérdida de alguno o de ambos progenitores, situación que afecta su desarrollo e incluso puede dejarlos en un estado de desamparo que los aleja de la posibilidad del disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones.

Por todo ello, es necesario contar con un diagnóstico preciso que nos permita diseñar los mecanismos idóneos, tanto legales como operativos, que permitan garantizar a la niñez que por alguna circunstancia se encuentra en estado de orfandad, el ejercicio pleno de sus derechos.

Así, se estima oportuno solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en la realización de sus próximos censos, diseñe los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en la realización de sus próximos censos, diseñe los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan como base para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de septiembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera".


1 Véase: http://www.unicef.org/spanish/media/media_45290.html, consultado el 30 de agosto de 2013.

2 Véase: http://www.unicef.org/spanish/media/media_45290.html, consultado el 30 de agosto de 2013.

3 Ibídem.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre las acciones, planes o estrategias que implementará en el ciclo escolar 2013-2014 a fin de disminuir la analfabetización y deserción escolar en la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES, PLANES O ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARA EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 A FIN DE DISMINUIR LA ANALFABETIZACIÓNY DESERCION ESCOLAR EN LA REPUBLICA MEXICANA

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los derechos fundamentales son de gran importancia en toda organización humana, a lo largo de los años la tendencia es la de universalizarlos y proporcionar todo medio necesario para garantizarlos, en este sentido hoy podemos referirnos a que son derechos inherentes a todo ser humano y que van de la mano con la dignidad humana. Luigi Ferrajoli nos proporciona una definición formal de derechos fundamentales: “son derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar”.1

Tomando como referencia esta definición encontramos que dentro de este grupo está el derecho a la educación, el cual debe corresponder a todo ser humano; sin embargo, no siempre es así, pues encontramos que en el mundo existen muchas personas sin acceso a este derecho. En México el derecho a la educación se encuentra consagrado en la Constitución Federal en el Artículo 3 que estipula:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

La educación es un factor determinante en el desarrollo de la sociedad. Un pueblo educado es un pueblo con una mejor calidad de vida, es claro entonces que el derecho a la educación trae consigo múltiples beneficios como un buen desarrollo sustentable, bajos índices de pobreza y hambre, seguridad social, mayor participación ciudadana. Por ello es evidente la necesidad de garantizar este derecho fundamental. En el mundo existen millones de niños que  no tienen acceso a la educación. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2011,57.2 millones de niños no contaban con acceso a educación primaria,2 un dato sin duda alarmante que nos dice la urgencia de proveer educación de calidad a cada persona.

En el caso de México el acceso a la educación de la población ha ido evolucionando a través de los años. A inicios del siglo XIX las ideas de la Ilustración, en especial la bandera de Rousseau de libertad de aprendizaje, imperaban en la concepción de educación en México. Para el año de 1842 a falta de una institución encargada de la educación, se encomendó a la Compañía Lancasteriana la dirección de ésta, lo cual trajo ciertos conflictos por la actuación de la Iglesia en la educación del país. Un gran salto se dio en 1867 cuando se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública con la que se excluía de la educación el tinte religioso y además se establecía una educación primaria gratuita y la Escuela de Estudios Preparatorios.

Don Justo Sierra es un gran actor en la modernización de la educación en el país, pues en 1901 se encargó de organizar el sistema educativo, de tal manera que llegara a todos los sectores; asimismo, en 1910 se funda la universidad Nacional.

Este valioso derecho se elevó a rango constitucional en 1917 y durante todo 1900 se enfocaron esfuerzos para llevar la educación a todos los lugares, creando la Secretaria de Educación Pública (SEP)en 1921, la educación socialista en 1934 con Lázaro Cárdenas.

En los últimos sexenios de la dictadura perfecta del PRI, el país se vio en una crisis económica que obligó a que se redujera el gasto destinado al sector educativo, lo cual trajo consigo múltiples perjuicios.

En los últimos años esto ha dado otro giro y el acceso a la educación ha ido aumentando. Podemos darnos cuenta, que han existido grandes cambios en la forma de concepción y alcance de la educación.

Hoy en día se vive falsamente bajo la bandera de sí hay una educación para cada persona, lo cual no sucede en la realidad, por tal motivo, es necesario llevar a cabo las acciones necesarias para lograr una educación verdaderamente incluyente.

México actualmente cuenta con amplia cobertura en educación básica, pero no en educación superior. Hasta el 2011 según datos de la UNESCO el 100% de los niños cuentan con educación preescolar, un 98% va a escuela primaria, 73% va a secundaria y un 29% a educación superior.3 Asimismo, dicho organismo menciona que para el 2011 93,4% de los adultos y el 98,5% de los jóvenes estaban alfabetizados.4Se puede concluir de estos datos que el acceso a educación preescolar y primaria es casi universal, no siendo así en etapas posteriores en las que los niveles decrecen considerablemente.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 2010 sólo el 51.2% de la población de 16 a 19 años asiste a la escuela,5 un 22% de 20 a 24 años de edad6 y un 6.1% de 25 a 29 años;7 otro dato importante es que sólo el 17.8% de la población ha aprobado un grado superior de estudios8. Son cifras sin duda terribles que invitan a pensar qué rumbo tomará el país.

Un pueblo sin educación es un pueblo poco informado y fácil de manipular por diversos los factores reales del poder, es claro que para unos pocos es conveniente dicha situación. Es necesario generar una verdadera consciencia de esta problemática y hacer lo necesario para contrarrestarla.

Y los datos alarmantes continúan, pues en el pasado mes de julio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) puso a México en el primer lugar de desertores escolares de 15 a 18 años9 dentro de los países que integran dicha organización, que es la edad donde los jóvenes tienen la posibilidad de terminar sus estudios de bachillerato e ingresar a una licenciatura, lo cual es en verdad un dato preocupante; y además colocó a México en el tercer lugar de los países con mayor población de personas que ni estudian ni trabajan “ninis” con un total de 7 millones 337 mil 520 habitantes.

México está bajo una situación preocupante: la poca seguridad, la falta de empleo, la poca conciencia y valoración que se le da a la educación, pocos impulsos y estímulos a estudiantes de bajos recursos, son factores detonantes en dicho problema. El número de los llamados “ninis” se ha mantenido estable en los últimos años, por lo que al parecer no hay preocupación por dicho problema, la calidad de la educación es baja y además México es uno de los países donde los profesores tienen un mayor número de alumnos, lo que imposibilita una atención más personalizada que permita potencializar las habilidades de cada estudiante.

Además, siguiendo el estudio de la OCDE, en el país es mayor la tasa de empleabilidad que tienen los que no han estudiado un nivel superior que los que sí lo han hecho,10 con lo cual se concluye que se premia más a los que menos estudian. Todo esto debilita el sistema económico mexicano; por la falta de interés y apuesta en lo académico se crean varios problemas de inseguridad, apatía y poco desarrollo social, además de que se pierden capacidades y aptitudes de personas que no tienen la posibilidad de continuar con sus estudios.

La educación como derecho fundamental debe llegar a todos los sectores y el Estado debe proveer las garantías necesarias para que los niveles de deserción sean cada vez menores, se debe apostar por más educación superior, así como generar más empleo para los recién egresados, se requiere un cambio de raíz que lleve al país al bienestar social que tanto hace falta.

México tiene que desarrollar un sistema de educación inclusiva, con un reparto equitativo de recursos, en el cual se fomente la tolerancia, el respeto, la participación democrática y la cero discriminación; se necesita infraestructura, profesores e incrementar la matrícula escolar.

Es por ello que en torno al día mundial de la alfabetización, el cual se celebró el pasado 8 de septiembre, se hace un llamado por una educación inclusiva de calidad, es tiempo de que la educación se tomen en serio e implementarla al máximo, de preocuparse por este derecho y llevarlo a todos sin distinción alguna, para forjar personas comprometidas con el desarrollo social del país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homologas estatales, elaboren programas y políticas públicas que coadyuven a fortalecer la alfabetización entre los niños, jóvenes y personas adultas.

SEGUNDO. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a que rinda un informe detallado y pormenorizado, en un plazo de 10 días naturales a esta Soberanía, sobre las acciones, planes o estrategias que implementaran en el ciclo escolar 2013- 2014 a fin de disminuir la analfabetización y deserción escolar en la República Mexicana. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2013".

1 Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Trotta, Madrid. Página 19

2 UNESCO. “La escolarización para millones de niños en peligro debido a las reducciones en la ayuda” pp. 1, disponible en http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs-25-out-of-school-children-sp.pdf. Consultado el día 19 de julio de 2013.

3 UNESCO.UISSTATISTICS IN BRIEF. Education (alllevels) profile Mexico. Disponible
en:http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4840&BR_Region=40520 Consultado el día 18 de julio de 2013

4 Ibídem

5 INEGI. Porcentaje de la población de 16 a 19 años que asiste a la escuela por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010. Disponible
en:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu07&s=est&c=21775Consultado el día 17 de julio de 2013

6 INEGI. Porcentaje de la población de 20 a 24 años que asiste a la escuela por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010. Disponible en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu39&s=est&c=21776Consultado el día 20 de julio de 2013

7 INEGI. Porcentaje de la población de 25 y más años que asiste a la escuela por entidad federativa según grupos de edad y sexo, 2000, 2005 y 2010. Disponible en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu08&s=est&c=21777Consultado el día 18 de julio de 2013

8 INEGI. Porcentaje de la población de 24 y más años con algún grado aprobado en estudios superiores por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=medu13&s=est&c=26370Consultado el día 18 de julio de 2013

9 Periódico La Jornada. México, primero en deserción escolar de 15 a 18 años: OCDE. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/25/sociedad/036n1socConsultado el día 20 de julio de 2013

10 Ibídem.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar acciones en las escuelas públicas de educación básica, orientadas a generar hábitos de consumo responsable y de reciclaje entre la población escolar. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A IMPLEMENTAR ACCIONES EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA, ORIENTADAS A GENERAR HABITOS DE CONSUMO RESPONSABLE Y DE RECICLAJE ENTRE LA POBLACION ESCOLAR

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos, los desechos sólidos urbanos son aquellos “generados en las casas habitación, que resultan de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro del establecimiento o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos…”1.

Según información de los indicadores básicos del desempeño ambiental de México 2010, elaborados por la SEMARNAT,2 en el año de 1992 se generaban poco más de veinte millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en México, mientras que para el año 2009 se generaban anualmente poco más de 35 millones de toneladas. Es decir, en este periodo hubo o un aumento de 74.5% que representó un aumento de 962 mil toneladas en promedio al año.

En cuanto a la generación per cápita de estos residuos, se calcula que aumentó alrededor de 17% entre 1997 y 2009, lo que representa casi un kilogramo de residuos por habitante al día.

El aumento en la generación de residuos tiene relación directa con los patrones de consumo de la población, estos patrones de consumo en los últimos años se han orientado hacia el uso de materiales con una menor vida útil.

Esto se ve reflejado en problemáticas ambientales que afectan el desarrollo pleno de las personas. La actividad del ser humano respecto de la explotación de los recursos naturales, ha acelerado el calentamiento de la tierra3

En este sentido, el Estado está obligado a desarrollar las estrategias para disminuir los daños al medio ambiente. México debe de cumplir con su responsabilidad ante la problemática ambiental, ejerciendo acciones que mitiguen el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente.

El artículo cuarto Constitucional señala en su párrafo quinto, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Así mismo este precepto señala que el Estado debe garantizar el cumplimiento de este derecho.

Si bien, revertir o detener el proceso del calentamiento de la tierra resulta imposible, se pueden emprender acciones para mitigar los efectos a futuro.

Educar a los niños y niñas de hoy, para tener ciudadanos y ciudadanas consientes de estas problemáticas, y que desde su vida cotidiana lleven a cabo acciones que contribuyan a evitar que el problema ambiental siga en aumento, es una tarea que debe emprenderse.

El artículo tercero de la carta magna establece que el Estado tiene como obligación impartir educación básica,  la cual entre otras cosas, debe promover el aprovechamiento de los recursos naturales.

En este mismo sentido, la Ley General de Educación señala en su artículo 7, fracción XI, que la educación que imparta el Estado tendrá entre otros fines el del “inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático así como la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico integral del individuo y la sociedad”.

Por tal motivo, la Secretaría de Educación Pública debe implementar acciones y programas para que en todas las escuelas se comience a generar una conciencia de los problemas ambientales globales y se reflexione acerca del impacto ambiental que cada persona deja al medio ambiente.

Dichas acciones y programas deben encaminarse a reducir la cantidad de residuos sólidos que genera cada persona, de esta manera se puede propiciar hábitos de consumo responsable, donde las personas eviten generar desechos sólidos innecesarios.

Por otra parte estas acciones y programas deben promover hábitos de separación y reciclaje de desechos sólidos, pues se calcula que en México el 28.74% de los desechos sólidos municipales son susceptibles de reciclaje.

Con estas acciones desde la escuela se podrá generar nuevos hábitos de consumo y reciclaje en las futuras generaciones. Además de hacerlos consientes de los problemas ambientales que afectan a la humanidad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fin de que implemente acciones en las escuelas públicas de educación básica para generar hábitos de consumo responsable y de reciclaje, con el objetivo de reducir la cantidad de desechos sólidos entre la población escolar. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a de septiembre de 2013".

1 Indicadores de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales.

2 Estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

3 Isaac Schifter p. 133

4 Ibíd.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A DISEÑAR, IMPLEMENTAR, Y EN SU CASO, MODIFICAR LAS POLITICAS PUBLICAS CREADAS PARA LA PREVENCION, ATENCION Y DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN MEXICO

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La salud es un estado de completo bienestar físico que le permite al ser humano desarrollarse plenamente en todos los sentidos tanto física como socialmente. La Organización Mundial de la Salud la define como “El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades1.”; de tal manera que la salud es uno de los derechos fundamentales que posee todo hombre sin distinción alguna y por ende el Estado debe proveer los recursos necesarios para que esté al alcance de todos. Este es un derecho consagrado en varias constituciones, así como en diversas declaraciones a lo largo del mundo.

En México este derecho tomó su auge en el siglo pasado con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaria de Salud) en 1943, el Instituto Nacional de Cardiología en 1944, el Instituto Nacional de Cancerología en 1950, el ISSTE en 1960, el IMSS-COPLAMAR en 1979 entre otros más, los cuales brindaban a la población mexicana este derecho fundamental. Uno de los puntos culminantes fue la iniciativa presentada en 1983 para reconocer constitucionalmente el derecho a la salud así como la Ley General de Salud, todo esto con el fin de darle el reconocimiento debido a dicho derecho y llevarlo así a toda la población; de esta manera el derecho a la salud queda consagrado en el artículo 4 de nuestra constitución que establece:

Artículo 4o. (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Es clara pues la importancia que tiene la salud en todo el mundo como derecho inalienable de todo individuo, no sólo en la parte de curar enfermedades, sino en proveer las garantías necesarias para la prevención de alteraciones a la salud. Son varias las enfermedades y alteraciones que atentan contra la salud y con ello contra el buen desarrollo físico y mental del individuo; una de ellas son las enfermedades cardiovasculares que cobran miles de vidas en el mundo.

Las enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, como la hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, infartos, entre muchas otras, las cuales según la Organización Mundial de la Salud “son la principal causa de muerte en el mundo” cobrando 17.3 millones de vida cada año, además de que poco más del 80% de estas enfermedades se produce en países con bajos recursos y para el 2030 se espera que siga siendo la principal causa de muerte en el mundo.2 Por esta razón, se ha declarado el 29 de Septiembre el día mundial del corazón.

Son varios los factores de riesgo que influyen en que una persona pueda tener algún tipo de estas enfermedades, muchos de los cuales tienen que ver con el estilo de vida que lleva cada persona; principalmente los factores de riesgo son mala alimentación, inactividad física, consumo excesivo de tabaco y alcohol. Una mala alimentación e inactividad física trae consigo sobrepeso y obesidad con lo cual el riesgo es aún mayor, aunado a esto los grandes cambios sociales en industria y urbanización acrecientan los factores de riesgo

México es uno de los países donde dichas enfermedades cobran miles de vida cada año, ya que según datos de la Secretaria de Salud las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muertes en el país3, asimismo, datos del  Consejo Nacional para la Prevención Contra Accidentes (CONAPRA) arrojan que en el año 2011 cobraron 71,072 vidas siendo el 21.73% de las defunciones4 y según resultados preliminares de mortalidad en el año 2012 de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) son 61,807 muertes hasta el mes de octubre 20125 por lo que concluimos que las cifras se han mantenido alarmantes.

Es importante también señalar que según datos del INEGI de 2006 a 2011 se incrementó la tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas en población de 15 años y más, pasando de un 17.67% a un 23.06%6, lo cual es alarmante pues como podemos observar la tendencia indica que la población joven está siendo cada vez afectada por estos trastornos en el corazón.

Además durante el 2011 el 23% de las defunciones de mujeres embarazadas son por trastornos hipertensivos7, al mismo tiempo estas enfermedades reducen la calidad de vida de los adultos mayores, siendo una de las principales causas de muerte en este sector poblacional8, lo cual refleja cómo estas enfermedades afectan a sectores muy vulnerables de la población, por lo que debemos tomar conciencia al respecto y promover estrategias efectivas contra las enfermedades cardiovasculares.
Uno de los principales factores que aumentan la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es la obesidad imperante en el país, basta recordar que según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, México es el país con mayor porcentaje de gente obesa en el mundo9.

En el país se está fortaleciendo la tendencia de consumir alimentos sumamente calóricos, hacer el menos ejercicio posible, lo cual viene a repercutir directamente en la salud de los mexicanos, además el creciente desarrollo de tiendas de autoservicio aumenta la facilidad de consumo y adquisición de alimentos procesados y empacados, sobre alimentos frescos.

Esta cultura de mala alimentación eleva drásticamente las probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular y con ello aumenta la mortalidad por estas enfermedades. Sin embargo eso no es todo, pues como sabemos el sistema de salud no ha implementado las medidas necesarias para prevenir esta enfermedad. Como lo afirmó el Dr. Héctor Raúl Pérez, rector del Centro Universitario de Ciencias de Salud de la Universidad de Guadalajara, la Ley General de Salud está muy poco relacionada con la realidad mexicana, pues no se han tomado las debidas políticas de salud y la sociedad ha cambiado demasiado en los últimos años, por lo que no se adecua a las necesidades actuales10.

Es claro entonces que el sistema de salud mexicano está fragmentado y que no da una cobertura a todos los ciudadanos y además la cobertura que otorga muchas veces no cubre enfermedades tan graves como la insuficiencia renal y las enfermedades cardiovasculares. Además de que la distribución de los servicios de salud está centralizada en zonas urbanas, pues tan sólo en el año pasado el 70 por ciento de los profesionales de la enfermería estaban centralizados en localidades de más de 100 mil habitantes, mientras que sólo el 10 por ciento se establecen en las comunidades rurales11.

Necesitamos un cambio de fondo, un nuevo paradigma en salud más incluyente y más preventiva. Es necesario que se tome consciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, sus causas y sus efectos, estamos a tiempo de formar una cultura de prevención, aumentando los centros de atención a estas enfermedades y campañas de concientización.

Ante el día mundial del corazón se exhorta a tomar como prioridad a la salud y no sólo eso, sino hacerla verdaderamente un derecho fundamental, la salud no sólo debe quedar expresa en la constitución, debe quedar expresa en el día a día de cada mexicano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que diseñe, implemente y, en su caso, modifique las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de septiembre de 2013".

1 Organización Mundial de la Salud. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. [en línea].Organización Mundial de la Salud. 2006.Disponible en: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf [Consulta 20 de Agosto de 2013]

2 Organización Mundial de la Salud. Enfermedades cardiovasculares. [en línea]. Organización Mundial de la Salud.2013. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ [Consulta 19 de Agosto de 2013]

3 Secretaria de Salud. Enfermedades del corazón segunda causa de muerte en mujeres. [en línea]. Secretaria de Salud. 2012.Disponible en: http://www.spps.gob.mx/noticias/949-enfermedades-corazon-segunda-causa-muerte-mujeres.html [Consulta 18 de Agosto de 2013]

4 Redacción UN1ÓN. 10 principales causas de muerte en México.[en línea].El Universal, UN!ÓN Guanajuato. 2013.Disponible en: http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2013/06/26/salud/las-10-principales-de-causas-de-muerte-en-mexico[Consulta 24 de Agosto de 2013]

5 Secretaria de Salud. De qué nos morimos quienes vivimos en México. [en línea]. Secretaria de Salud. 2012. Disponible en: http://www.spps.gob.mx/avisos/1202-ide-que-nos-morimos-quienes-vivimos-en-mexico.html[Consulta 23 de Agosto de 2013]

6 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial de la salud. [en línea]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía Aguascalientes. 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/salud0.pdf[Consulta 22 de Agosto de 2013]

7 Ibídem

8 Secretaria de Salud. Estado de salud de los adultos mayores. [en línea]. Secretaria de Salud. 2013. Disponible en: http://www.spps.gob.mx/avisos/1550-estado-de-salud-de-adultos-mayores-.html[Consulta 25 de Agosto de 2013]

9 Cruz Antimio. La historia de cómo kilo a kilo México se volvió líder en obesidad. [en línea]. CNN México. 2013. Disponible en: http://mexico.cnn.com/salud/2013/07/12/la-historia-de-como-kilo-tras-kilo-mexico-se-volvio-lider-en-obesidad[Consulta 20 de Agosto de 2013]

10 Yáñez de la Cruz Raúl. No existe cobertura universal en salud en México. [en línea]. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 2012. Disponible en: http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/no-existe-la-cobertura-universal-en-salud-en-m-xico [Consulta 25 de Agosto de 2013]

11 Agencia Terra. Registra México déficit de profesionales de la salud.[en línea]. Terra Economía. 2012. Disponible en: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205101531_AGE_81188228[Consulta 26 de Agosto de 2013]

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos.

Compañeros Senadores, les informo que los demás asuntos inscritos en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones, los Senadores que deseen mantener inscritos asuntos, sólo deben hacerlo de su conocimiento a la Mesa Directiva o a la Secretaría Parlamentaria.






Las efemérides y pronunciamientos del apartado de la agenda política inscritos en nuestro Orden del Día, se integrarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

De la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, en relación del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía un pronunciamiento, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El término: “suicidio” proviene del Latin “suicidum” (“matar el yo”) y se refiere a un proceso continuo de pensamiento y de acción que va desde la concepción hasta la finalización del acto.Los principales factores globales de riesgo para el suicidio son las condiciones demográficas; los trastornos psiquiátricos (como la depresión mayor o la esquizofrenia); el abuso de sustancias (como el alcohol y la cocaína); la historia clínica; la historia familiar; los factores sociales y los factores emocionales.

Aun cuando se trata de una tarea complicada, la prevención del suicidio es posible y, más aún, necesaria. Para ello es indispensable proveer mejores condiciones para la educación de jóvenes y niños, tratar eficazmente las enfermedades mentales -incluso desde el primer nivel de atención-, así como controlar en lo posible los factores medioambientales de riesgo. Es decir, se requiere de la intervención de múltiples sectores como el de la salud, la educación, el trabajo, la protección de derechos humanos e incluso la adecuada participación de los medios de comunicación para concientizar a la población.

El suicidio es un fenómeno tan complejo y recurrente que requiere de toda nuestra atención. Las cifras hablan por sí mismas: la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que cada año se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60 por ciento a nivel mundial, y este representa una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. Y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2010 se registraron 5 mil 012 suicidios; de los cuales 4,091 fueron hombres y 921 mujeres, la mayoría entre 15 y 24 años de edad.

Cifra que se torna más alarmante cuando observamos que el suicidio en la población mexicana entre los 5 y 14 años de edad se incrementó en 42 por ciento, pues de los 105 casos que se presentaron en el año 2000 para el año 2010 se tuvo registro de 150 casos, causados por diversos factores entre los que destacan: falta de atención y acoso escolar.

Debemos reconocer que durante esta Legislatura hemos sido insistentes ante la problemática del suicidio y la salud mental como uno de sus factores principales; a través de la presentación y aprobación de diversas iniciativas y puntos de Acuerdo que tienen por objeto prevenir y controlar este desafortunado fenómeno en nuestro país desde diversos ámbitos. Sin embargo, no hay que cesar en la lucha por la concientización y prevención de este fenómeno que genera un impacto social y psicológico inmensurable.

Por lo anterior, los invito a que este 10 de septiembre, día declarado por la OMS como el Día Mundial para la prevención del suicidio, nos sirva para refrendar nuestro compromiso en este tema; así como para dar seguimiento puntual a las acciones emprendidas por este Senado y tener presente este fenómeno en las actividades legislativas que desarrollaremos en este nuevo periodo.
Finalmente, hago una especial mención para reiterar que durante los trabajos encaminados a la creación de la nueva Ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, los temas correspondientes a prevenir el suicidio en la niñez serán abordados a conciencia, a fin de evitar que estos lamentables hechos, propiciados por factores que en muchas ocasiones pueden controlarse e incluso evitarse, continúen replicándose.

Por su atención, muchas gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.






De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, en relación al Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

"Los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud revelan que en:

EL MUNDO

Cerca de un millón de personas mueren por suicidio cada año.

Casi 3 mil personas ponen fin a su vida cada día.

Al menos veinte intentan suicidarse por cada una que lo consigue.

Es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 24 años después de los accidentes automovilísticos.

Una muerte cada 40 segundos por esta causa.

EN MEXICO

El suicidio es la segunda causa de muerte y la tercera en los adolescentes.

Según el INEGI la mayoría lo prefirió hacer en el mes de mayo, por ahorcamiento y en sus viviendas.

Cada 24 horas fallecen alrededor de 16 personas jóvenes por esta causa.

8 de cada 10 eran hombres.

Los estados con mayor índice de suicidios son: Estado de México, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato y Veracruz.

LA PRINCIPAL CAUSA

La Depresión originada en la mayoría de los casos por desempleo, desamor, violencia, problemas familiares y económicos.

La depresión no es una moda, constituye un severo problema de salud pública, que urge no solo atenderla sino prevenirla.

La Organización Mundial de la salud propone:

Tratar a las personas con trastornos mentales en particular a los que padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia.

Dar seguimiento a los pacientes que han cometido intentos de suicidio.

La Asociación Internacional para Prevenir el Suicidio indica que es necesario reducir estas cifras con el trabajo de todos los niveles de gobierno a través de creación de redes, programas de prevención, atención y seguimiento de salud mental.

Hoy es necesario que legislemos en materia de Salud Mental, es fundamental priorizar intervenciones en las primeras etapas del desarrollo, promover servicios de tratamiento ambulatorio, insertos en la comunidad y servicios de primer nivel de atención a la salud.

Alarmante la cifra de suicidios en adolecentes por lo que es vital fomentar los programas de prevención del bullying en las escuelas.

Capacitar a profesionales que trabajan con menores de edad para promover factores de protección, reducir los riesgos y detectar tempranamente los problemas psicológicos.

Sin duda reducir la violencia en el entorno escolar y sobre todo en el familiar.

El suicidio no solo acaba con la existencia de una persona, atenta contra la salud mental y emocional de todo su entorno, unamos esfuerzos para que desde los hogares se fomente el respeto a la vida.

Concluyo invitando a la sociedad mexicana a identificar en su entorno aquellas personas con conductas que pudieran terminar en un acto de suicidio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.






Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en relación al aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón.

"El honorable oaxaqueño Ricardo Flores Mágón, nacido en San Antonio Eloxochitlán fue un precursor de la Revolución Mexicana e hijo de padres indios, quien cursó estudios de derecho en la Universidad de México.

Tras colaborar en el diario El Demócrata, fundó con su hermano el periódico Regeneración, cuyas páginas fustigaron el régimen del porfiriato.

Las ideas de Regeneración son liberales, ya que se consideraba que la evolución política de nuestro país estaba impedida por la dictadura, y al luchar por la recuperación de la libertad política, habría una regeneración del gobierno creado por la historia mexicana. La lucha sería democrática y pacífica.

En esta etapa el magonismo, como parte representativa de la prensa liberal antiporfirista, representa a la clase media que tiene confianza en la lucha por medio de la opinión pública y organización política.

Hostigado por el gobierno, se exilió en 1904 a Estados Unidos y en 1906 fundó el Partido Liberal Mexicano, de ideología socialista, reivindicando un programa revolucionario de intervencionismo estatal en el que exponía ideas renovadoras políticas, sociales y económicas, y su objetivo era el mejoramiento individual y colectivo; ofreciendo un ideario socio-liberal que considera a Ricardo Flores Magón como “adelantado artífice de nuestro derecho social.

Dentro de sus principales discursos escribió un reclamo que en la actualidad se mantiene más vigente que nunca:

La lucha de Ricardo Flores Magón no sólo se dirigió contra la tiranía, sino contra la miseria, y en favor de la libertad y la prosperidad. Esa lucha en favor de los trabajadores del campo y de la ciudad ha de trascender hasta la creación de nuestra Constitución de 1917. Es en los artículos que contienen los derechos sociales y la separación del Estado de la Iglesia donde se recogieron las ideas medulares del PLM.

Así mismo, influyó con sus demandas en la redacción que inspiró el Artículo 3º Constitucional, que sienta los principios que rigen de la educación laica en nuestro país y, en particular, establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública primaria.

Y luchó tenazmente para definir en la redacción del: Artículo 27. Ya  que este precepto fue radical en la protección de los bienes de la nación, al establecer que la propiedad de tierras y agua corresponde originariamente a ésta, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio directo a los particulares para constituir la propiedad privada, imponiendo a ésta las modalidades que dicte el interés público.

No cabe duda, que Don Ricardo Flores Magón debe estar en su tumba, avergonzándose de las reformas educativas ya realizadas y de las que se pretenden imponer como la hacendaria y la energética.

Si Flores Magón viviera, exclamaría que parte de la crisis que vivimos es por carecer de obreros con conciencia de clase, basada en el valor y dignidad de su trabajo, pues están sujetos a la ideología de las clases medias, reproducidas constantemente por los medios masivos de comunicación, por lo que es presa de los dirigentes corruptos, que sirven al régimen, solo así se explica el bajo monto del salario mínimo y de los demás salarios, a excepción del de los altos funcionarios del gobierno.

De esta forma nos encontramos con un Estado que ha dejado de ejercer las atribuciones y actividades económicas que se le han conferido en la Constitución, por un lado descuidando la prestación del servicio de educación pública, así como la protección de los derechos de los trabajadores y por otro descuidando las actividades del servicio de correo, la explotación de recursos petroleros, de la comunicación vía satélite o abandonando la industria ferrocarrilera, dejando una amplia libertad a la iniciativa privada para que intervenga en la economía. Sin embargo, en lugar de desarrollarla o de proponer esquemas de desarrollo con ese fin, se ha producido una desarticulación de la misma, agravándose por la desatención en la inversión en las instituciones públicas, infraestructura y actividades de desarrollo tecnológico, lo que resulta una severa crisis en las instituciones y servicios públicos, y una fuerte dependencia de importación de productos y tecnología extranjera".

Bibliografía:
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CUE, Cánovas, Agustín. Historia política de México. México, Libro Mex Editores, 1957.
Historia mexicana. T. I. México, Trillas, 2005.
DEL PALACIO Díaz, Alejandro. Agonía y muerte de la Revolución mexicana. . México, Claves Latinoamericanas, 1986.
Nuevas lecciones de teoría constitucional. México, Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006.
HART, John M. Los anarquistas mexicanos, 1860-1900. México, SEP. 1974.
MANCISIDOR, José. Historia de la Revolución mexicana. 12ª. ed. México, B. Costa-Amic. Editor, 1969.
Ricardo Flores Magón. La Revolución mexicana, compilación de artículos y discursos. 2ª. ed. México, Editores Mexicanos Unidos, 1995.
SAYEG Helú, Jorge. El constitucionalismo social mexicano. México, FCE. 1996.
MIRANDA, Juárez. “Ricardo Flores Magón. Precursor de la Revolución mexicana”
Profesora Investigadora del Departamento de Derecho, UAM.
DE LA CUEVA, Mario. Teoría de la Constitución.  2ª. ed. México, Porrúa, 2008.
CAMERO, Rodríguez Francisco. Ricardo Flores Magón. El Prometeo de los trabajadores mexicanos. México, Fontamara, 2005.
Ricardo Flores Magón. La Revolución mexicana, compilación de artículos y discursos.  2ª. ed. México, Editores Mexicanos Unidos, 1995, pp. 19 y 20. Centenario de la Revolución






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en relación al 15 de septiembre de 1854, presentación pública del Himno Nacional Mexicano, celebrando la Independencia Mexicana.

"Nuestro Himno Nacional Mexicano, junto con el Escudo Nacional y la Bandera forma parte de la simbología patriótica de México; son emblemas que plasman nuestra historia, nuestra cultura, nuestro territorio y el sufrimiento por el que han pasado nuestros antecesores para dotar una patria de unión y libertad.

El Himno Nacional es el canto que los mexicanos necesitaban para honrar con respeto y emoción los sentimientos de comunidad y hermandad, para alabar a la patria vanagloriando las bondades de México y del espíritu de lucha de sus hijos.

Entre las diversas composiciones que concursaron al certamen del Himno Nacional, la elegida por el jurado calificador fue la de Francisco González Bocanegra y se tuvo el honor de ser la que nos representara como canto patriótico nacional. En cuanto a la música del Himno, resultó elegida la composición propuesta por el español Jaime Nunó.

El Himno Nacional Mexicano que adoptó el gobierno a partir de entonces, es uno de los más bellos del mundo y se tocó por primera vez en el teatro Santa Anna el día 15 de septiembre de 1854. Y los documentos originales permanecen depositados en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Historia.

Como México es un país pluricultural, los pueblos y las comunidades indígenas pueden ejecutar el Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda; para dichos efectos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas apoya la realización de las traducciones correspondientes.

Así que en todas las regiones de nuestro país, sigue vigente el sentimiento de amor y compromiso que la letra de este glorioso himno guarda ya que: los héroes serán coronados bajo un futuro previsto para México y si algún enemigo decide agredir nuestra patria, se encontrará con el patriotismo de cada mexicano y México será siempre grande porque estamos destinados a vencer y jamás arrodillaremos nuestra alma ante un invasor; somos un país de valientes y no de cobardes, somos hijos de una patria que no permitirá jamás que pisoteen nuestros símbolos y que se roben nuestros tesoros naturales.

Por último, nuestro himno nos hace juramentar que cada mexicana y cada mexicano se esforzará por defenderlo.

Honremos pues, la letra de nuestro himno nacional y defendamos a nuestro país, ante abusos, corrupciones, explotaciones, y vende patrias.

Nunca más un extranjero en posesión de México y de sus recursos naturales.

Es cuanto".






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en relación a la conmemoración de la Promulgación del Acta de Independencia por el Congreso de Chilpancingo en 1813.

"Con la venia de la Mesa Directiva,

Con la venia de mis compañeros legisladores:

Después de tres años de guerra en Chilpancingo se reunieron representantes de todas las provincias de la entonces llamada: Nueva España.
Don José María Morelos y Pavón fue un mexicano destinado a fortalecer el espíritu de patriotismo del pueblo mexicano, impulsando la justicia y la equidad como bases fundamentales para erigir un México de armonía.

Bajo el documento los Sentimientos de la Nación que consta de 23 puntos y que es el documento más trascendente de la lucha independentista. Admirable síntesis de interés popular que buscaba una patria independiente y justa en voz del más digno representante, don José María Morelos y Pavón, a quien se designó encargado del Poder Ejecutivo y que nos heredó principios para que la sociedad mexicana se unificara bajo ideales de libertad y defensa de la soberanía; solicitándole a los diputados electos, el compromiso de lealtad hacia la nación, declarando a México como un país libre e independiente.

Así fue como bajo los acuerdos del Congreso de Chilpancingo el 8 de septiembre de ese año se erigió a México como un país libre de la investidura española.  Y como el 18 de septiembre del mismo año el generalísimo Morelos da a conocer a la nación mexicana el nombramiento que recibe del Congreso como Generalísimo de las Armas del Reino y la Autoridad del Supremo Poder Ejecutivo, y el nombramiento que a su vez hace a favor de don Mariano Matamoros como comandante en jefe de las Tropas y Oficialidad de las Provincias de Tecpan, Oaxaca, México, Puebla y Veracruz, instrucción dada en el Cuartel Universal de América, en la nueva ciudad de Chilpancingo, el 18 de septiembre de 1813.

Nuestro país, es resultado de grandes hombres y mujeres que organizados bajo movimientos sociales, logrando victorias y derrotas sembraron el andamiaje institucional que hoy gozamos como mexicanas y mexicanos.

Nuestros derechos en lo individual y en lo social es fruto de nuestros próceres mexicanos quienes a base de ideas y luchas, nos proporcionaron una nación completa en el sentido de la independencia absoluta.  

El Acta de la declaración de Independencia promulgada el 6 de noviembre de 1813 cuando el Congreso de Chilpancingo aprobó que:

“se ha recobrado el ejercicio de la soberanía usurpada; que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español”

Conmemoremos el compromiso y honremos la herencia de Morelos y los Constituyentes del Congreso de Chilpancingo, salvaguardando a México bajo un esquema de independencia total.

Es cuanto".






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con motivo del 189 Aniversario de la anexión de Chiapas a la Nación Mexicana.

"Con el permiso de la Presidencia,

Compañeras y compañeros Senadores,

El 14 de septiembre es el día más significativo para los chiapanecos.  Es el día de nuestra mexicanidad, de una mexicanidad democrática, de una mexicanidad que encierra enseñanzas y valores. El día de la Federación, no de la anexión de Chiapas a México.

El 14 de septiembre de 1824, los chiapanecos de entonces hicieron valer la voluntad mayoritaria y decidieron libremente ser mexicanos.  Hoy, estamos aquí para celebrar un nuevo aniversario de aquel amanecer del federalismo en nuestra nación.

En 1824 la voz de los chiapanecos se dejó escuchar. A través de un plebiscito, de un ejercicio de consulta al pueblo, los chiapanecos de entonces decidieron ser parte de la nación mexicana. No de Guatemala, no una nación propia, sino parte sustantiva de México.

La Federación de Chiapas a México nos deja para los mexicanos de hoy la clara lección de la importancia de recurrir, en los momentos de las decisiones trascendentes, al sentimiento y la inteligencia colectiva. A, sin temor, consultar a la sociedad, al pueblo, para trazar un camino conjunto que evite discusiones tan largas como estériles; y recoja democráticamente la decisión popular de afrontar los retos de las décadas por venir.

En Chiapas asumimos sin temores la decisión colectiva para los grandes temas que nos afectan, asumimos el método y asumimos también sus consecuencias.

Hay que tenerlo presente: 1824 eran tiempos difíciles para la joven república mexicana. Había desconciertos y divisiones internas que se sumaban ominosamente a las amenazas extranjeras.

Los signos de la historia no eran venturosos y el porvenir se pronosticaba lleno de adversidades.  Las amenazas recorrían la geografía nacional y la conciencia de los mexicanos.  La integridad del territorio estaba en riesgo.

Los chiapanecos de ese tiempo así lo percibieron. Se incorporaron a la Nación Mexicana con la idea clara de que pasaban a formar parte de un proyecto de comunidad nacional que implicaba esfuerzos mayores.

Sentíamos, sabíamos, que el rumbo era el correcto.

Los chiapanecos NO nos incorporamos a la nación mexicana para ver que podía hacer ella por nosotros, sino para ver cómo podíamos construir juntos una gran patria para todos.

En ese gran proyecto hemos estado atentos y ocupados. Hemos sido partícipes de  los momentos más delicados y trascendentes de nuestra historia como nación.  Los chiapanecos de muchos años han hecho patente su valor y su talento en la construcción y en la defensa de la Patria.  Hubo soldados chiapanecos prestos para enfrentar la amenaza de la reconquista; también para detener la invasión norteamericana y para afrontar las acciones del Segundo Imperio.  Hubo también chiapanecos en las causas liberales y republicanas de todo el siglo XIX.

Hoy, Chiapas, debe recuperar ese rumbo.  El rumbo que nos da sentido de unidad, de pertenencia. Es lo que alienta la esperanza y hace vivir con grandeza a los pueblos.

Es una percepción, pero es tangible, es una idea pero se puede tocar.

Pero hoy, compañeras y compañeros senadores, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar para Chiapas, es la injusticia.

Hace unos momentos, el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito Tuxtla Gutiérrez le ha negado la libertad al profesor Alberto Patishtan.

Somos respetuosos de las decisiones de los otros poderes, pero no por eso compartimos su perspectiva, ni sus resoluciones.

Desde esta tribuna solicito se haga una revisión exhaustiva de los procedimientos y la decisión surgida el día de hoy. De ver si los formalismos obstruyen la justicia y de dar paso por las vías que el derecho también otorga a hacer justicia a un luchador social, a un profesor indígena y a una víctima de los malos modos y los peores métodos para hacer Justicia.

Reitero la solicitud para que el propio presidente de la República, en atención a sus atribuciones convide a la PAZ en Chiapas haciendo justicia, que  el sistema judicial no puede alcanzar. Reitero mi exhorto para que el ejecutivo federal analice el caso del profesor Patishtán y conceda el indulto y restituya la justicia.

La Justicia convida a la PAZ y eso en Chiapas, son palabras mayores. La nación lo sabe, nosotros como legisladores NO debemos olvidarlo

Compañeras y compañeros senadores.

Cuando hay sentido de rumbo hay porvenir. Cuando el rumbo es definido, cuando se navega con firmeza y seguridad, los pueblos en su gran sabiduría lo saben, lo identifican,  lo sienten.

Al integrarnos en la Nación Mexicana, como mujeres y hombres de esfuerzos múltiples, también nos contagiamos del orgullo nacional.  Chiapas, en todo su territorio, desde hace ya casi doscientos años, es un baluarte de la Nación, entendida como identidad y pasión por la Patria. Ningún chiapaneco, en ninguna circunstancia, dejará de sentirse mexicano en ningún lugar ni en ningún tiempo.

Por ello, 189 años después nos queda clara la convicción de aquellos chiapanecos.

La decisión soberana del pueblo de Chiapas por ser y pertenecer a la nación mexicana, no es fruto del azar. Se fundó en nuestra historia, en nuestra vocación, en nuestros empeños, y se nutre al menos de cuatro conceptos: La libertad, la responsabilidad, la decisión y el rumbo.

La libertad nos permitió hacer, elegir, valorar sin conflictos ni amenazas.

La responsabilidad nos hizo pensar en el futuro, en las generaciones venideras, en el nosotros antes que el individuo.  La decisión nos irradió el carácter, la energía, el empuje por hacer que las cosas sucedan.

Y el Rumbo, el rumbo siempre ha sido México.

Elegimos México porque México era y es nuestro proyecto. No nos sumamos a una nación consolidada y pujante que nos diera cobijo y resguardo. Nos sumamos a una nación incipiente que creciera y se forjara junto con nosotros en un proyecto nuevo, propio. México es nuestro, desde Chiapas animamos su construcción y su progreso.

En Chiapas comienza la geografía mexicana y se inicia la historia de la Nación federada.  En Chiapas comienza el ejercicio de la voluntad popular para ser mexicanos. En Chiapas comienza a sentirse México, con todo su significado.

El peso de la historia hoy nos llama. Esa historia abundante de Chiapas que como bien dice Fedro Guillen “solamente cabe en la pared oriental del Cañón del Sumidero o en la memoria de todos los chiapanecos”.

Por eso el ejemplo de nuestra historia es la fuerza de la conducta de hoy.

Hoy, el país vive nuevas y distintas dificultades. Hay nuevos desafíos forjados por causas complejas. Se viven retos que solamente se pueden afrontar con decisión y sentimientos patrióticos.

Y de la misma manera que en 1824, hoy los chiapanecos refrendamos nuestra integración para reparar los tejidos de la Nación. En los días del compromiso que habremos de afrontar estarán los mejores mexicanos. Y ahí, con ellos, nuevamente nos encontraremos.

Sen. Zoé Robledo Aburto".






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo miércoles 18 de septiembre a las 11:00 horas. Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.  

(Se levantó la sesión a las 15:37 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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