Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 24 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Septiembre de 2013

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (11:24 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 Senadoras y Senadores.

Por lo tanto, hay quórum.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 5 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cuarenta y tres minutos del día martes tres de septiembre de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobaron en votación económica las Actas de las Sesiones del 30 abril, 22 de agosto y de la Junta Previa del 30 de agosto de 2013.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, Informe Anual de Actividades de esa comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, el Reporte de Asuntos y Actividades de dicha comisión, correspondiente al periodo de octubre de 2012 a mayo de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Informe de Actividades de esa comisión, correspondiente al periodo de octubre de 2012 a agosto de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión para la Igualdad de Género su Informe Anual de Actividades y su Informe Anual Ejecutivo del trabajo legislativo.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, Informe de su participaciónen la XX Reunión de la Comisión deMedio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 25 y 26 de julio de 2013 en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora MarcelaGuerra, Informe de su participación como integrante de la Delegación de la Cámara de Senadores establecida para acompañar y recabar información del avance del proceso de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de la República en la 18a. Ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en KotaKinabalu, Malasia, del 15 al 25 de julio de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite ejemplares del Primer Informe de Gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia informó que los ejemplares de este documento se recibieron el domingo 1 de septiembre y se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio del año en curso.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.- La Presidencia informó a la Asamblea del turno directo a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el lunes 2 de septiembre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reformany adicionan diversas disposiciones de laLey General de Educación, en materiade educación inclusiva, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, devuelto con modificaciones, para losefectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo; y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.- Seturnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que seestablecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente por el que desecha el proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente por el que desecha el proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente por el que desecha el proyecto de Decreto que reformaba el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente por el que desecha el proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Acuerdo relativoal mecanismo de rotación para presidirla Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.- Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política y a los Senadores integrantes dela Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Acuerdo relativo al procedimiento de rotación de la Presidencia de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación del estado de Chiapas.- Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política y a los Senadores integrantes de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación del estado de Chiapas.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, el Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Graciela Ortiz González,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 Bis1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el artículo 48 Bis2 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 25 Bis al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 58 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1055, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1077 y 1224 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto y Raúl Pozos Lanz, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo11 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.- Se turnó alas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se incorpora un párrafo tercero al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción xxi del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, presentó proposición punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre la CiberdelincuenciaNº 185 del Consejo de Europa.- Se turnola Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados para que destinen los recursos necesarios para diversos proyectos carreteros en el estado de Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez,del grupo parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se manifiesta un severo extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por el uso indebido de la banda presidencial durante su primer informe de gobierno.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

El Senador Pablo Escudero Morales,del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda a implementar campañas de capacitación, políticas públicas y llevar a cabo las acciones pertinentes para combatir la discriminación en la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a la elaboración de un diagnóstico estatal sobre la situación que guardan los derechos humanos en su estado.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Alejandro Tello Cristerna, a nombre propio y de los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y David Monreal Ávila, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 la creación de un fondo especial para difundir, promover y conmemorar con carácter nacional, el centenario de la batalla de la toma de Zacatecas.-Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM y David Monreal Ávila del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Layda Sansores San Román, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a diversas instancias del Ejecutivo Federal a realizar acciones a favor de los migrantes centroamericanos víctimas del descarrilamiento del ferrocarril conocido como “la bestia” del pasado 25 de agosto de 2013.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto,del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que México suscriba el programa “Fomento de la Nutrición”, en concordancia con la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Fue considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, así como exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en municipios y la Universidad Autónoma del estado de Morelos, en el marco de la presentación del proyecto y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del Señor Pedro Ferriz Santa Cruz.

 

El Presidente de la Mesa Directiva Decreto un receso.

 

( R E C E S O)

 

Se reanudo la sesión a las dieciocho horas con doce minutos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Dictamen de Primera Lectura)

La Asamblea autorizó la incorporación al Orden del Día del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.- La Asamblea autorizó la omisión de la primera lectura y se dispensó la segunda lectura, el dictamen fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; y Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen.

Los posicionamientos de los grupos parlamentarios fueron presentados por los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT;Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Raúl Morón Orozco del PRD; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Daniel Amador Gaxiola del PRI; Layda Sansores San Román de MC; y Mónica Arriola Gordillo de Nueva Alianza.

Para la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, en contra; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, en pro; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, en pro; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Isidro Pedraza Chávez del PRD, en pro; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, en contra; Mely Romero Celis del PRI, en pro; Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, en pro; David Monreal Ávila del PT, en contra; Zoé Robledo Aburto del PRD, en pro; Benjamín Robles Montoya del PRD, en contra; Armando Ríos Piter del PRD, en contra; Sofío Ramírez Hernández del PRD, en contra; Iris Mendoza Mendoza del PRD, en contra; y René Juárez Cisneros del PRI, en pro.

Para rectificación de hechos, hicieron uso de la palabra los senadores: Luis Sánchez Jiménez del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Armando Ríos Piter del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Raúl Morón Orozco del PRD; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN.

La Mesa Directiva dio cuenta de los artículos reservados para la discusión en lo particular: 1, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 39, 53, 69, 74, 75, 76, 79, 83, Octavo, Noveno, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo Transitorios; además informó de la propuesta de adición de los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto Transitorios. Se aprobó el proyecto de Decreto en lo general y los artículos no reservados por 102 votos en pro y 22 en contra.

Para la discusión en lo particular, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz, quien presentó sus reservas a los artículos 1 y 4, las cuales no se admitieron a discusión.

Sofío Ramírez Hernández, quien presentó su reserva al artículo 4, no se admitió a discusión.

Mario Delgado Carrillo, quien presentó su reserva al artículo 6, no se admitió a discusión.

Fidel Demédicis Hidalgo, quien presentó sus reservas a los artículos 7 y 8, no se admitieron a discusión.

Javier Corral Jurado, presentó reservas a los artículos 22 y 24, la cuales no se admitieron a discusión.

Fidel Demédicis Hidalgo, quien presentó sus reservas a los artículos 22, 24, 28, 30, no se admitieron a discusión.

Benjamín Robles Montoya, quien presentó sus reservas a los artículos 36, 38 y 39, no se admitieron a discusión.

Lorena Cuéllar Cisneros, quien presentó sus reservas a los artículos 69, 75 y Octavo Transitorio, no se admitieron a discusión.

Fidel Demédicis Hidalgo, que presentó sus reservas a los artículos 53, 74, 76, 83 y Noveno Transitorio, no se admitieron a discusión.

Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó su reserva al artículo 79, no se admitió a discusión.

Francisco Domínguez Servién, quien presentó su reserva al artículo 79, no se admitió a discusión.

Raúl Morón Orozco, que presentó sus reservas a los Artículos Décimo Octavoy Décimo Noveno Transitorios, no se admitieron a discusión.

Roberto Gil Zuarth, quien propuso la eliminación del Artículo Vigésimo Primero Transitorio, no se admitió a discusión.

Benjamín Robles, presentó sus reservas al Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, así como de las propuestas de adición de los Artículos Vigésimo Tercero Transitorioy Vigésimo Cuarto Transitorio, no se admitieron a discusión.

La Mesa Directiva sometió a votación los artículos 1, 4, 6, 7, 8, 28, 30, 36, 38, 39, 53, 69, 74, 75, 76, 83, Octavo, Noveno, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Segundo Transitorios del proyecto de Decreto; en los términos del dictamen fueron aprobados por 94 votos en pro y 27 en contra.

La Mesa Directiva sometió a votación los artículos 22, 24, 79 y Vigésimo Primero Transitorio en los términos del dictamen; fueron aprobados por 63 votos en pro y 57 en contra.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expidela Ley General del Servicio Profesional Docente. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a la una con cincuenta y siete minutos y citó a la siguiente el jueves quince de septiembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Compañeros Senadores, como es de su conocimiento, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, llevarán a cabo este día reunión simultáneamente con nuestra sesión, en las que se recibirán las comparecencias de designados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Esta Presidencia estará atenta a enviar avisos a los Senadores, para que en caso necesario acudan ante este Pleno.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Una, de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Una, del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Una más de la Comisión de Jurisdiccional, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Otra más de la Comisión de Turismo, con la que remite el informe de actividades del Senador Félix González Canto, quien acompañó a la Secretaria de Turismo Federal a una gira de trabajo a la República Popular China, del 12 al 19 de julio de 2013.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devuelto con modificaciones, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.




- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que reforma la fracción IV del artículo 109 y el artículo 110 de la Ley de Migración.




- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.




- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Así también, la Cámara de Diputados, remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.




- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados, remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.




- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud.




- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, la Cámara de Diputados, remitió los expedientes de los siguientes proyectos que devuelve para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional:

Minuta proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-3-906
Exp. 2255 LVIII Legislatura

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”.





 

Minuta proyecto de Decreto que deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-1-1056
Exp. 3535 (LX)

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-1-1055
Exp. 4220 (LX)

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-1-1055
Exp. 4220 (LX)

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto que adiciona el artículo 32 Bis y reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-5-871
Exp. 7140

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto por la Fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 32 Bis y se reforma la fracción XIII del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto que adiciona el artículo 32 Bis y reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-5-871
Exp. 7140

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto por la Fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 32 Bis y se reforma la fracción XIII del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-4-830
Exp. 7155 LXI

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Transportes, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga

Secretario”.





 

Minuta proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-2-711
Exp. No. 7143 (LXI Leg.)

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se desecha, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional, la minuta proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares

Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-4-905
Exp. 7163 LXI

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Economía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”.





 

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-1-1054
Exp. 1494

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II, del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.





 

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-4-828
Exp. 1689

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”





 

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-4-829
Exp. 1886

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: La Cámara de Diputados, remitió un oficio con el Acuerdo por el que se modifica el orden de rotación de la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para la LXII Legislatura.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-2089
Exp. 1257

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el orden de rotación de la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para la LXII Legislatura.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.







 

También la Cámara de Diputados, remitió oficios por lo que comunica la modificación en la integración de los Diputados ante el Organismo Permanente Parlamentarios por las Américas, ante el Parlamento Latinoamericano, ante el Foro Interparlamentario de las Américas y ante el Consejo de Europa.

OFICIOS POR LOS QUE COMUNICA LA MODIFICACION EN LA INTEGRACION DE LOS DIPUTADOS ANTE EL ORGANISMO PERMANENTE PARLAMENTARIOS POR LAS AMERICAS, ANTE PARLAMENTO LATINOAMERICANO, ANTE EL FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA) Y ANTE EL CONSEJO DE EUROPA



“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-2135

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante Organismo Permanente Parlamentarios por las Américas, solicitada por los Grupos Parlamentarios durante el segundo receso del Primer Año de Ejercicio.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-2104

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante el Consejo de Europa, solicitada por los Grupos Parlamentarios durante el segundo receso del Primer Año de Ejercicio:

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-2103

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante el Foro Interparlamentario de las Américas, (FIPA), solicitada por los Grupos Parlamentarios durante el segundo receso del Primer Año de Ejercicio.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-2105

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano, solicitada por los Grupos Parlamentarios durante el segundo receso del Primer Año de Ejercicio.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política y a las correspondientes Comisiones de Relaciones Exteriores.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

El día de hoy pongo a su consideración un par de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mismas que pretenden reforzar el cuidado al medio ambiente y hacer exigible, de manera imperativa, la responsabilidad ambiental.
Antes de compartir con ustedes la sustancia de esta reforma, quiero hacer de su conocimiento un par de datos que nos aproximan a la gravedad del problema que estamos tratando.

En México, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, en términos económicos, han alcanzado niveles alarmantes. El Sistema de Cuencas Económicas y Ecológicas de México que elabora el INEGI, señala con precisión que hasta 2011, los costos del impacto ambiental producidos en nuestro país fueron de 6.9% del Producto Interno Bruto; equivalente a 983 mil 886 millones de pesos.

Los costos por agotamiento ascienden a 287 mil 108 millones de pesos, de los cuales 241 mil 452 corresponden al agotamiento de hidrocarburos; 27 mil 842 millones al agotamiento del agua subterránea y 17 mil 813 millones al agotamiento de recursos forestales.

Los costos por degradación han alcanzado 696 mil 777 millones de pesos, sobresaliendo la contaminación atmosférica, la cual representa el mayor costo ambiental al ubicarse en 520 mil 229 millones. En cuanto a la degradación de los suelos tiene un impacto de 68 mil 828 millones; los residuos sólidos de 42 mil 872 millones y la contaminación del agua 64 mil 846 millones.

Los datos antes mencionados, no sólo reflejan el tamaño de los impactos ambientales en su cuantificación económica, sino esfuerzos en los que debe incurrir la sociedad en su conjunto para prevenir o remediar el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de su medio ambiente.

La experiencia internacional nos muestra grandes esfuerzos por combatir dos de los problemas más apremiantes de la humanidad; degradación de las condiciones ambientales y la calidad de vida de los seres humanos, aspectos que se han evaluado en reuniones mundiales como la Declaración de Estocolmo, en 1972 y la Declaración de Río de Janeiro, en 1992.

En nuestro país, el medio ambiente es un derecho y un bien jurídico, reconocido como tal en el sistema jurídico mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o., establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA, en su artículo 3o., define el ambiente como “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.

Asimismo, en el artículo 203 de la LGEEPA se especifica que “sin prejuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable”.

Por lo tanto, en nuestro sistema jurídico todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar en igualdad de condiciones de un medio ambiente sano y todos aquellos quienes contaminen son responsables por los daños causados en este bien colectivo.

Paradójicamente, en el apartado de sanciones, en el artículo 171 de la propia ley, se enuncian de manera muy laxa las penalizaciones por la violación a los preceptos ambientales que tutela dicha ley.

Si se trata de remediar o indemnizar, la ley acaba de fallar con este ordenamiento, pues la sanción de 30 a 50,000 salarios mínimos no se compara con los costos ambientales provocados por la industria minera e hidrocarburos, o bien, sectores como el de transporte, almacenamiento, agricultura, ganadería, pesca, caza y recursos forestales, tal y como lo estiman las cuentas ambientales que da a conocer el INEGI.
Asimismo, el artículo 35 de la citada ley, señala que se podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas. Aclarando que la ley señala que podrá exigirles, más no es obligatorio.

Por otro lado, en la legislación ambiental mexicana existe un principio de prescripción ambiental de 5 años como tiempo máximo para presentar, demandar o exigir la responsabilidad ambiental.

De acuerdo con el artículo 203, en su párrafo segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que:

“El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de 5 años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente”.

Es decir, la disposición anterior, contraviene lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 4o., pone de manifiesto que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; limitando así, en primer lugar la posibilidad de las personas de disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo en todo momento y, segundo, impide el acceso a la reparación, remediación o indemnización de las personas o colectividades por daño o alteraciones ecológicas que no fueron demandadas en tiempo estimado por la ley.

Rompe con todo principio de los derechos humanos descritos por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales son inherentes a todo ser humano, partiendo de la universalidad, de la indivisibilidad, de la interdependencia y de la inalienabilidad, por ello, la presente propuesta de iniciativa tiene las siguientes características:

Primero. Hacer obligatoria la presentación de seguros y coberturas de responsabilidad ambiental para todas aquellas actividades potencialmente contaminadoras, reformando el artículo 35 para facultar a la SEMARNAT en el pedimento y la exigibilidad de dichos instrumentos.

Segundo. Establecer en el artículo 170 que los seguros y coberturas de responsabilidad ambiental, se presenten como medidas precautorias o de seguridad, calculándose en base a tres indicadores:

1.- El área total del medio ambiente susceptible de sufrir daños y alteraciones.

2.- Estimación de los costos económicos por las medidas correctivas o de remediación, en caso de daños o afectaciones.

3.- El posible impacto a la población, pobladores y comunidades que resultasen afectados por su interacción cotidiana con el medio ambiente y sus ecosistemas.

Tercero. La sanción administrativa debe ser ejemplar, por ello el infractor pagará una multa equivalente a los costos ambientales y/o desequilibrios ecológicos que resulten por las violaciones a la ley, sus reglamentos y disposiciones; la cual, no estará tasada en salarios mínimos como lo establece actualmente el artículo 171.

Cuarto.- Insertar el principio de no prescripción de daños ambientales, por lo tanto, la responsabilidad ambiental dejará de tener un término perentorio para su demanda.

Con la observancia de estos cuatro principios, dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección el Ambiente, la SEMARNAT tendrá más elementos para garantizar que las personas fiscales y morales cumplan con la normatividad ambiental, dotándola de mayores herramientas para que, en caso de daños a terceros, impactos ambientales o riesgos eminentes de contaminación, exija los seguros y coberturas correspondientes antes de cualquier actividad.
Finalmente, se agrega el principio de imprescriptible de la responsabilidad ambiental, haciendo efectivo el artículo 203 de dicha ley; obligando a toda persona que contamine o deteriore el medio ambiente a pagar los daños causados.

De igual manera, se le da cabal cumplimiento al texto constitucional que, claramente en su artículo, consagra el derecho a un medio ambiente adecuado; constituyéndose así un derecho humano y, por lo tanto, un derecho irrenunciable e inalienable.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo y deroga el penúltimo párrafo del artículo 35; reforma los artículos 170, párrafo primero, fracción I; 171, fracción I; y 203, párrafo segundo, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Revolución Industrial trajo consigo la aceleración de los procesos de producción, la invención de nuevas tecnologías, la expansión del comercio y del transporte, la mecanización de la agricultura, el crecimiento del mercado de capitales y cambios demográficos sociales que dieron origen a las grandes ciudades, pero invariablemente, con ésta Revolución, de mediados del siglo XVIII, se inaugura la degradación y contaminación del medio ambiente. Situación que prevalece hasta nuestros días.

La utilización intensiva de los recursos naturales, es la piedra angular sobre la que descansa el actual modelo de desarrollo; el aprovechamiento desmedido y poco controlado de los recursos hídricos, de los minerales, de los hidrocarburos, de los bosques y selvas y, en general, de todos los recursos disponibles en nuestros ecosistemas, provocan fuertes impactos y daños ecológicos que ponen en peligro no sólo la sustentabilidad del desarrollo, sino la vida misma.

La huella ecológica de las actividades humanas, se palpa en la contaminación de lagos mares, ríos, suelos, aire y en la reducción de su flora, fauna y biodiversidad. Estos impactos tienen altos costos económicos, pero muy pocos agentes encargados de reparar y remediar los daños provocados.

En México, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, en términos económicos, han alcanzado niveles alarmantes. El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México que elabora el INEGI, señala con precisión que hasta 2011, los costos del impacto ambiental producidos en nuestro país fueron del 6.9% del Producto Interno Bruto; aquivamente a 983,886.2 millones de pesos.

Los costos por agotamiento ascienden a 287,108 millones de pesos, de los cuales 241,452 corresponden al agotamiento de hidrocarburos; 27,842 millones al agotamiento del agua subterránea y; 17,813 millones al agotamiento de recursos forestales.

Los costos por degradación han alcanzado 696,777 millones de pesos, sobresaliendo la contaminación atmosférica, la cual representa el mayor costo ambiental al ubicarse en 520,229 millones. En tanto, la degradación de los suelos tiene un impacto de 68, 828 millones; los residuos sólidos de 42,872 millones y; la contaminación del agua 64,846 millones.

Los sectores económicos que generan los mayores costos ambientales y, por lo tanto más contaminantes, son la minería con 242,274.7 millones de pesos; el sector de transportes, correos y almacenamiento con costos de 188,780.1 millones; al sector de servicios le corresponden 141,135.8 millones; y al sector de agricultura, ganadería, pesca, casa y recursos forestales 113,620 millones. Estos sectores representan el 69 % de los costos por agotamiento y degradación ambiental.

Los datos antes mostrados, no sólo reflejan el tamaño de los impactos ambientales en su cuantificación económica, sino los esfuerzos en los que debe incurrir la sociedad en su conjunto para prevenir o remediar el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de su medio ambiente.

Asimismo, el INEGI muestra que los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares, alcanzan un monto de 125,774.9 millones de pesos, equivalente al 1.0% del PIB, Dichos gastos, se han enfocado en actividades de protección ambiental, captación y tratamiento de aguas residuales, protección de la biodiversidad e investigación y desarrollo, principalmente.

Si comparamos los costos totales por daños al medio ambiente respecto de los gastos en protección ambiental, tenemos que estos últimos representan sólo el 12.7% de los gastos que se tendrían que destinar para hacer frente al agotamiento y degradación ambiental que se presenta año con año.

Por ende, no sólo el sector público debe hacer frente a estos impactos que dañan severamente el medio ambiente; quedando un espacio inmenso de responsabilidades y costos para empresas, industrias, personas físicas o morales que contribuyen en gran medida a éste deterioro y agotamiento ambiental.

La experiencia internacional nos muestra grandes esfuerzos por combatir dos de los problemas más apremiantes de la humanidad; degradación de las condiciones ambientales y la calidad de vida de los seres humanos, aspectos que se han evaluado en reuniones mundiales como la Declaración de Estocolmo (1972) y Declaración de Río de Janeiro (1992).

Uno de los puntos más destacados en estas reuniones, es el relativo a la responsabilidad ambiental, entendida como el principio de “quien contamina paga”, también conocido por sus siglas en ingles PPP (Pay Polluter Principle). El antecedente de éste principio es establecido por la OCDE, luego de una serie de reuniones y consideraciones en 1972, como un objetivo de los países miembros para asignar costos de prevención de contaminación y medidas para el uso racional de los recursos medioambientales.

“El PPP menciona que las autoridades deben tomar medidas para que los que contaminen carguen con los gastos de prevención y control de la contaminación, que aseguren un estado aceptable del medioambiente, y que estas medidas no deben ser acompañadas de subsidios que ocasionen distorsiones en el comercio  internacional”.

Dicho principio es retomado en la Declaración de Estocolmo:

“Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción”.
En la Declaración de Rio este principio se expresa de la siguiente manera:

“Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y a la indemnización respecto de las víctimas de contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar de manera expedita y más decidida en la elaboración de nueva leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción”.

En consecuencia, los países firmantes de esta declaración, entre ellos México, acuerdan desarrollar un marco normativo que, de manera clara, establezca al responsable del daño ecológico y se haga cargo de los costos que ello genera. Así, el esquema de obligación de la reparación del daño ambiental y el principio de “quien contamina paga”, adquieren un contexto trascendental en la visión del desarrollo sustentable, no sólo porque se obliga al agente contaminador a remediar los daños ambientales, sino se hace justicia social al exigir que los responsables del daño ambiental indemnicen a las víctimas de la contaminación provocada.

En nuestro país, el medio ambiente es un derecho y un bien jurídico reconocido como tal en el sistema jurídico mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y adecuado”.

Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), legislación secundaría en materia ambiental, en su artículo 3º define al ambiente como “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.

Asimismo, en el artículo 203 de la LGEEPA se especifica que “sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable”.

Por lo tanto, en nuestro sistema jurídico todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar en igualdad de condiciones de un medio ambiente sano y todos aquellos quienes contaminen son responsables por los daños causados a éste bien colectivo.

Paradójicamente, en el apartado de sanciones, en el artículo 171 de la propia ley, se enuncian de manera muy laxa las penalizaciones por la violación a los preceptos ambientales que tutela dicha ley, mismas que a continuación se reproducen:

“I. Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción;

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y
V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes”.

Como podemos apreciar, si se trataba de remediar o indemnizar la ley falló, pues la sanción de treinta o cincuenta mil salarios mínimos no se compara con los costos ambientales provocados por la industria de la minera e hidrocarburos, o bien, sectores como el de transportes, almacenamiento, agricultura, ganadería, pesca, casa y recursos forestales, tal y como lo estiman las cuentas ambientales que da a conocer el INEGI.

Continuando con el análisis de La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 35, al referirse a la resolución en materia de impacto ambiental, señala que:

“La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el Reglamento de la presente ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas”. Aclarando que la ley señala que podrá exigirles, más no es obligatorio.

Por otro lado, en la legislación ambiental mexicana existe un principio de prescripción ambiental de cinco años como tiempo máximo para presentar, demandar o exigir la responsabilidad ambiental.

Específicamente, en su párrafo segundo, el artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que:

“El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente”.

Es decir, los impactos producidos por la industria petrolera y otras potencialmente contaminantes como la minería, si no son demandados o se exige su reparación durante cinco años, quedarán completamente prescritos.

La disposición anterior, contraviene lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 4º., pone de manifiesto que toda persona tiene derecho a un medioambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; limitando así, en primer lugar la posibilidad de las personas de disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo en todo momento y, segundo, impide el acceso a la reparación, remediación o indemnización de las personas o colectividades por daños o alteraciones ecológicas que no fueron demandadas en el tiempo estimado por ley.

Rompe con todo principio de los derechos humanos descrito por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales son inherentes a todo ser humano, partiendo de la universalidad, de la indivisibilidad, de la interdependencia y de la inalienabilidad

En suma, el derecho a un medio ambiente sano, como cualquier otro derecho, es universal e inalienable, es decir no se puede transmitir, vender, ni ceder, por lo que en todo momento se debe exigir su goce y disfrute, así como su reparación o remediación, en el caso de los derechos ambientales.
Objeto de la iniciativa.

La presente propuesta de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tiene como objetivo plasmar en ley cuatro principios obligatorios para las actividades industriales potencialmente contaminadoras.

1. Hacer obligatoria la presentación de seguros y coberturas de responsabilidad ambiental para todas aquellas actividades potencialmente contaminadoras, reformando el artículo 35 para facultar a la Semarnat en el pedimento y la exigibilidad de dichos instrumentos.

2. Establecer en el artículo 170 que los seguros y coberturas de responsabilidad ambiental, se presenten como medidas precautorias o de seguridad, calculándose en base a tres indicadores; 1) el área total del medio ambiente susceptible de sufrir daños y alteración; 2) estimación de los costos económicos por la medidas correctivas o de remediación, en caso de daños o afectaciones; y 3) el posible impacto a la población, pobladores o comunidades que resultasen afectados por su interacción cotidiana con el medio ambiente y sus ecosistemas.

3. La sanción administrativa debe ser ejemplar, por ello el infractor pagará una multa equivalente a los costos ambientales y/o desequilibrios ecológicos que resultasen por las violaciones a la ley, sus reglamentos y disposiciones; la cual, no estará tasada en salarios mínimos como lo establece actualmente el artículo 171.

4. Insertar el principio de no prescripción de daños ambientales, por lo tanto, la responsabilidad ambiental dejará de tener un término perentorio para su demanda.

Con la observación de estos cuatro principios, dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Semarnat tendrá más elementos para garantizar que las personas físicas y morales cumplan con la normatividad ambiental, dotándola de mayores herramientas para que, en caso de daños a terceros, impactos ambientales o riesgo inminente de contaminación, exija los seguros y coberturas correspondientes antes de realizar cualquier actividad.

Finalmente, se agrega el principio de imprescriptibilidad de la responsabilidad ambiental, haciendo efectivo el artículo 203 de dicha ley; obligando a toda persona que contamine o deteriore el ambiente pagar los daños causados.

De igual manera, se le da cabal cumplimiento al texto constitucional que, claramente en su artículo, consagra el derecho a un medio ambiente adecuado; constituyéndose así en un derecho humano, y por tanto, un derecho irrenunciable e inalienable.

Por lo antes expuesto y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo y deroga el penúltimo párrafo del artículo 35; reforma los artículos 170, párrafo primero, fracción I; 171, fracción I; y 203, párrafo segundo, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Primero. Se adiciona un tercer párrafo y se deroga el penúltimo párrafo al artículo 35, recorriéndose los demás de manera subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

...

... La Secretaría exigirá el otorgamiento de seguros y coberturas de responsabilidad ambiental para todas aquellas actividades y trabajos que puedan causar desequilibrio ecológico y graves daños a los ecosistemas, enmarcados en el artículo 28 de la presente ley.

...

...

I. ...
II. ...

III.

a)...

b)...

c)...

(Párrafo derogado)

...

Segundo. Se reforma el artículo 170, párrafo primero y se adiciona la fracción I, recorriéndose las demás de manera subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, ordenará alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

I. La presentación de seguros y coberturas de responsabilidad ambiental en todas las actividades consideradas como peligrosas y potencialmente contaminantes.

Los montos de los seguros y coberturas serán calculados por la Secretaría sobre la base de:

a) El área total del medio ambiente susceptible de sufrir daños o alteraciones;

b) Estimación de los costos económicos por la medidas correctivas o de remediación, en caso de desequilibrio o daño ecológico; y

c) El impacto a la población o comunidades que resultasen afectadas por su interacción cotidiana con el medio ambiente y ecosistemas en riesgo inminente de contaminación, daño o alteración ecológica.

II. ...

III. ...

IV. ...

...

Tercero. Se reforman los artículos 171, fracción I y 203, párrafo segundo para quedar como sigue:

Artículo 171. ...

I. Multa por el equivalente a los costos ambientales y/o desequilibrios ecológicos que resultasen por las violaciones a la ley, sus reglamentos y disposiciones. La Secretaría tasará la multa con base en el artículo 170, fracción primera, del presente ordenamiento.
II. …

a)...

b)...

c)...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

...

...

Artículo 203. ...

El término para demandar la responsabilidad ambiental, no tendrá un tiempo perentorio, por lo que los daños al medio ambiente serán imprescriptibles y en todo momento el responsable estará obligado a repararlos.

Cuando se trate de personas morales, asociaciones, corporaciones y/o empresas, cuyas actividades dejen de tener efectos jurídicos o estén bajo el supuesto de desaparición, la responsabilidad ambiental recaerá en las personas que las conformaban en proporción a su participación en las mismas.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días, posteriores a la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones que armonicen éstas modificaciones con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013.

Sen. Oscar Román Rosas González".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2007-2011.INEGI.Boletín de Prensa 045/13.

Gustavo M. Meixueiro NájeraEl principio del que contamina paga: alcances y pendientes en la legislación mexicana. CESOP. Cámara de Diputados. Documento de Trabajo 13. Marzo-2007, p.4.

Ídem, p.4.

Principio 22. Declaración de Estocolmo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo, Suecia, junio de1972.

Principio.13. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículo 3, Fracción I. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf.

Ídem. Art. 203.

Ídem. Art. 171.

Ídem. Art.35.

ONU. Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.





 

Enseguida, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso I) a la fracción VI del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO I) A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 95 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

La tasa de ahorro en China es la más alta de todos los países que podemos denominar grandes, casi el 50 por ciento del PIB. En cambio la tasa de ahorro en los Estados Unidos es el más bajo de todos los países grandes, apenas alcanza el 10 por ciento del PIB, aproximadamente.

Las diferencias entre las tasas de ahorro tienen mucha importancia y son una razón poderosa por lo que la tasa de crecimiento anual de China, es en estos momentos 6 puntos porcentuales mayor que la de Estados Unidos.

Si las personas están ahorrando la mitad de sus ingresos existen muchas posibilidades de que sus inversiones en capital impulsen la economía a un ritmo rápido. El ahorro en China genera un círculo virtuoso, el crecimiento económico rápido propicia un ahorro elevado que a su vez sostiene este crecimiento.

En México padecemos una debilidad histórica en el nivel de nuestra tasa de ahorro privado. La Encuesta Nacional 2013, denominada “Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro”, revela que solamente el 34 por ciento de los encuestados tienen el hábito de ahorrar, quiere decir que apenas 3 de cada 10 mexicanos tienen esa posibilidad o cuentan con el conocimiento de lo importante que es pensar en el largo plazo.

El 51 por ciento de los que no ahorran ni siquiera piensan en su pensión, ni cuentan con una forma alterna para sostenerse económicamente. El ahorro individual y personal tiene dos grandes beneficios: primero, un mejor futuro para cada persona y su familia; y, segundo, impacta al país entero porque fomenta el círculo virtuoso del que ya hablé.

Necesitamos fomentar una cultura amplia del ahorro desde la infancia, y en buena medida eso lo podemos lograr apoyando a las instituciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada vinculadas al ahorro.

De lo anterior que derive la necesidad de implementar mecanismos que impulsen y respalden a la iniciativa privada que coadyuva a combatir este terrible mal que aqueja a nuestra actual sociedad y que sin duda puede verse mejorado si consideramos desde la legislación fiscal incentivos a instituciones u organismos que se dediquen a esta generosa labor que, sin lugar a dudas, se trata de una actividad de desarrollo social y que debe ser considerada de ese modo para poder tener acceso a los apoyos gubernamentales que permitan el crecimiento de esta actividad que sin lugar a dudas abrirá horizontes para que nuestros niños y jóvenes puedan estar en posibilidad de tener un futuro estable y a su vez no represente una carga insostenible para el futuro de México.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO I) A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 95 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Unico.- Se reforma y adiciona el artículo por el que se adiciona el inciso i) a la fracción VI del artículo 95 del Impuesto Sobre la Renta, en los siguientes términos:

Artículo 95. Para los efectos de esta ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

I a V (…)

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) a h)…

i) La educación financiera para niños y adolescentes; mediante la que se fomente la cultura del ahorro, el sano y responsable manejo y distribución de los recursos económicos y el bienestar financiero en general.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO i) A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 95 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”1

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas.2Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia.

Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”3 Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social. El desarrollo humano “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades”.4

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que se definen como “los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho.”5 Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.

En México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales. Posteriormente, diversas reformas han ampliado la protección social a nivel constitucional, tal es el caso de la inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria en el artículo tercero constitucional en 1992. Actualmente, la discusión se centra sobre la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos.

Las mediciones tradicionales de desarrollo consideran factores como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB per cápita, el nivel de industrialización, entre otras. En el enfoque propuesto por Sen existen cinco tipos distintos de libertades: “1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora”.6Los factores considerados por las mediciones tradicionales son algunos de los medios para lo grar estas libertades.

Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados.7

Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos. Estos últimos dos conceptos, que son el referente mundial en las políticas sociales, son una contribución de AmartyaSen.8

Un tema de especial interés es el vínculo existente entre el desarrollo social y el desarrollo económico. Actualmente, existe un consenso de que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales en la materia recomiendan dar un mayor peso a la “calidad del crecimiento”, esto es, lograr que el crecimiento económico sea incluyente y contribuya al desarrollo social9

Debido a que las dimensiones mencionadas del desarrollo social serán abordadas en las Fichas Técnicas de los Temas de la Agenda Social correspondientes elaboradas por el CESOP, con relación al tema de desarrollo social se analizarán variables e indicadores que permiten conocer y medir las características y el grado de desarrollo social a través de indicadores generales como el nivel de pobreza.

En este tenor una de las dimensiones fundamentales para el crecimiento y desarrollo humano sustentable es incentivar la cultura de las finanzas en la población pues por ejemplo la cultura del ahorro y las sanas y responsables finanzas personales resultan eje toral en el saneamiento de las finanzas públicas de los años venideros y es que según la encuesta de conocimiento y percepción del SAR 2013, de un total de 3,221 personas encuestadas, 66% no tiene el hábito de ahorrar y sólo 34% guarda una parte de sus ingresos para utilizarlos en un futuro.

Con el propósito de que la cultura del ahorro se establezca desde temprana edad tratando de que parte del dinero que reciben los niños lo ahorren de manera que puedan disponer de él en cualquier momento y sobretodo, que genere intereses; tanto los bancos como algunas cooperativas financieras, han creado las cuentas de ahorro infantil.

Las instituciones bancarias por su parte han diseñado un producto de fácil manejo que ofrece rendimientos y liquidez inmediata.

Las cuentas de ahorro infantil, se ofrecen en la mayoría de los bancos y van dirigidas al público menor de 18 años.

Su manejo es muy sencillo, sólo es cuestión de que el interesado (menor de edad), vaya al banco junto con alguno de sus padres o su tutor, para firmar el contrato respectivo, a su vez el banco le hará entrega de una tarjeta de débito para que pueda realizar sus operaciones o movimientos.

Para hacer retiros, movimientos en la sucursal o en establecimientos afiliados es necesario que el menor esté acompañado del padre o tutor.

Es importante dar a conocer, de una manera sencilla, didáctica y divertida, los diferentes temas relacionados con el origen y la función del dinero, el ahorro y su importancia para la vida; así como las funciones que realiza un banco.

Sin embargo es el caso de que en la actualidad existen muchas instituciones, fundaciones y empresas que se comienzan a dar a la tarea de generar conciencia en las y los mexicanos de esta importante tarea desde temprana edad y que no han podido progresar en su labor filantrópica por falta de incentivación y apoyo, bajo el falaz argumento de que la enseñanza de las finanzas no es una actividad de desarrollo social, por no están contemplada en ley.

Este hecho motiva la presentación de esta iniciativa, cuyo propósito desde luego es establecer claramente en la ley la necesidad de educar a nuestro pueblo en la cultura del ahorro y es que así lo demuestran varios estudios y las cifras que el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y otros organismos públicos y privados arrojan al respecto.

Por ejemplo, el documento “El futuro del retiro”, una nueva realidad, que reúne el resultado de encuestas realizadas en 15 países, revela en el caso de México que, una vez jubilados, los trabajadores viven un promedio de 17 años más, pero sus fondos para esa etapa, en caso de haberlos reunido, apenas cubrirán sus necesidades económicas durante nueve años.

De acuerdo con esa investigación, nuestra prioridad es guardar dinero para cumplir metas de corto plazo, en lugar de fijar objetivos a varios años de distancia.

Más aún, destaca, buena parte de la población (51%) está más dispuesta a ahorrar para irse de vacaciones que para hacer frente a la vejez (46%); dos de cada tres mexicanos no se preparan de manera adecuada para enfrentar la etapa de jubilación y uno de cada seis no hace nada para prever la cobertura de sus necesidades cuando sean adultos mayores.

Y ante la pregunta de cómo se está preparando para enfrentar la vejez, 16% (uno de cada seis) respondió que no lo hace de ningún modo, y poco menos de la mitad (45%) declaró que no lo está haciendo adecuadamente.

“Esto significa que seis de cada diez mexicanos en edad laboral no toman desde ahora medidas para hacer frente a los requerimientos de dinero que tendrán al retirarse”, subraya el análisis.
Los resultados de la consulta entre las mil personas que requirió la elaboración del estudio revelan, además, que únicamente 44% de ellas son ahorradores regulares y entre quienes nunca han ahorrado para su retiro casi la mitad (46%) culpa al alto costo de la vida diaria como obstáculo para hacerlo.

De lo anterior que derive la necesidad de implementar mecanismos que impulsen y respalden a la iniciativa privada que coadyuva a combatir este terrible mal que aqueja a nuestra actual sociedad y que sin duda puede verse mejorado si consideramos desde la legislación fiscal incentivos a instituciones u organismos que se dediquen a esta generosa labor que sin lugar a dudas se trata de una actividad de desarrollo social y que debe ser considerada de ese modo para poder tener acceso a los apoyos gubernamentales que permitan el crecimiento de esta actividad que sin lugar a dudas  apertura horizontes para que nuestros niños y jóvenes puedan estar en posibilidad de tener un futuro estable y a su vez no represente una carga insostenible para el México del futuro.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO I) A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 95 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

UNICO.- Se reforma y adiciona el artículo decreto por el que se adiciona el inciso i) a la fracción VI del artículo 95 del Impuesto Sobre la Renta, en los siguientes términos:

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

V  (…)

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) a h) …

i) La educación financiera para niños y adolescentes; mediante la que se fomente la cultura del ahorro, el sano y responsable manejo y distribución de los recursos económicos  y el bienestar financiero en general.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza".

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Cámara de Diputados.

1 James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, Sage, 1995, 8.

2 Para Pedro Paz, el desarrollo es un proceso de cambio social deliberado que tiene como objetivo alcanzar los niveles de vida y oportunidades que presentan las sociedades industrializadas con elevados niveles de bienestar. En esta definición está implícito el papel del Estado como promotor de dichos cambios. Pedro Paz, “Desarrollo-subdesarrollo”, en Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba, Paz Fajardo, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 1ª. Edición, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2004, 184. En este mismo sentido, Teresa Incháustegui define el desarrollo social como un proceso de cambio que conduce a que los países menos desarrollados adquieran los rasgos de los países industrializados. Teresa Incháustegui Romero, “Desarrollo social”, en Laura Baca Olamendi, et. al., Léxico de la política, FLACSO, CONACYT, FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL y FCE, México 2000, 172.

3 Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19.

4 Sedesol, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006. Superación de la pobreza: una tarea contigo, 15.

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos. En: http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm

6 Sen, op.cit., 27.

7 Santiago Levy, “Poverty Alleviation in Mexico”, Documento de trabajo 679, mayo de 1991, Oficina Regional para América Latina y del Caribe del Banco Mundial.

8 Sen se refiere a las oportunidades “que tienen algunas personas para conseguir lo que mínimamente les gustaría conseguir (incluida la falta de oportunidades tan elementales como la capacidad para escapar de una muerte prematura, de la morbilidad evitable o de la inanición involuntaria)”, así como a la “expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar.” Sen, op.cit., 33-34.

9 Ver World Bank, Thequality of growth, Washington, 2000 y Banco Mundial, La pobreza en México. Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno, 2004.
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Desarrollo Social [Actualización: 16 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/





 

Enseguida, tiene la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social y se crea la Ley General de Registro Unico de Beneficiarios de los Programas Sociales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 5, LA FRACCION VI DEL ARTICULO 10 Y EL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SE CREA LA LEY GENERAL DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de las CC. Senadoras y de los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio y del grupo parlamentario del PRD, vengo a presentar esta iniciativa bajo las siguientes consideraciones:

De manera constante, se ha señalado desde esta Soberanía, la necesidad de implementar mecanismos que inhiban el uso indebido de los programas sociales.

Reiteramos que existe un consenso en la necesidad de ir más allá del control parlamentario y de procedimientos, de la auditoria y la vigilancia, para dar lugar a los mecanismos de control y evaluación orientados a mejorar el desempeño gubernamental.

Por ello, proponemos reformar la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de trascender la idea del padrón de beneficiarios y, derivado de esta reforma, crear una ley que establezca el Registro Unico de Beneficiarios de los Programas Sociales, entendido como un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que nos permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.

La creación de esta base de datos a nivel nacional permitirá, en primer lugar, identificar a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus condiciones socioeconómicas y conocer los apoyos de todos los niveles de gobierno a los que tienen acceso, si es el caso, con la finalidad de establecer un orden y una coordinación entre la seguridad social, los servicios sociales y los programas asistenciales, evitando tanto las duplicidades como la exclusión de familias que los necesitan y no cuentan con estos apoyos. Así, se lograría una focalización efectiva de los beneficiarios actuales y potenciales de los programas sociales.

Esta es una respuesta ante la ausencia de una política social global y articulada, que nos permitirá graduar las intervenciones gubernamentales en materia social y su cobertura, según las necesidades y características del hogar, de la familia y sus integrantes.

La información registrada servirá de sustento y fuente para el diseño, la planificación e implementación de la política social, así como para la evaluación de su impacto en el desarrollo de las familias, al permitir dar seguimiento y sistematizar sus resultados. Con ello, se dará un salto cualitativo en la evaluación de la política social, al pasar de evaluaciones operativas y de cumplimiento de metas según el presupuesto de programas específicos, a una verdadera evaluación de impacto.

Es una propuesta que le apuesta al papel central que jugaron los gobiernos municipales, donde la participación ciudadana será fundamental para el levantamiento y actualización de la información, por lo que sólo se requiere generar sistemas de incentivos a la gestión municipal para que participe de manera activa en el Registro Unico.

Aunado a lo anterior, este mecanismo sería un paso fundamental para la gestión compartida y coordinada de la política social. Aún cuando se cuenta con la experiencia de los padrones de beneficiarios como el del programa Oportunidades, por mencionar un ejemplo, se trata de extender su uso hacia todos los programas sociales en todos los niveles de gobierno.

El registro está concebido para convertirse en el instrumento obligatorio para la selección automatizada de los beneficios de los programas sociales, así como para dar seguimiento al desarrollo de las familias.

Señala que se trata de la unidad nuclear, eventualmente ampliada para otros individuos que con ella poseen lazos de parentesco o de afinidad, que forma un grupo doméstico que vive bajo el mismo techo y que se mantiene por la contribución de sus miembros.

El gobierno federal tiene la responsabilidad de diseñar y apoyar la implementación del Registro Unico, estandarizar los procesos y financiar la inversión inicial, en acuerdo con las entidades federativas, los municipios y las delegaciones políticas.

Por su parte, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones deberán coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información, pero se delega a los municipios y las delegaciones, los gobiernos más cercanos a la gente, la responsabilidad de la información que se ingrese a esta base de datos.

También señala claramente los datos mínimos necesarios que contendrá el registro y señala que éstos deben ser estrictamente de carácter socioeconómico y no de otra índole.

La ley señala que la información que proporcionen las familias es autodeclarada y no requiere cotejo documental, ya que el responsable de la unidad familiar firma declarando la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a notificar cualquier cambio en la situación familiar que amerite actualizar los datos en el Registro Unico.

El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad e integridad de los datos, así como mecanismos de verificación y validación que aseguren la confiabilidad de la información.

Además, debido al tipo de datos que incluye esta base de datos, se deberá poder acceder a estadísticas para el seguimiento y evaluación de los programas sociales.

El Registro Unico permitirá disponer de información verificable, reduciendo la posibilidad de manipular los datos, gracias al Número de Identificación Social y a los mecanismos de verificación y validación que la misma ley establece.

La propuesta que aquí se presenta, contribuirá a la transparencia de todos los procesos de implementación de la política social en los tres niveles de gobierno, al unificar en un solo sistema toda la información que permita hacer una eficiente asignación de beneficios, de forma automatizada y conforme a los criterios de ingresos al programa, ya que prioriza el acceso bajo criterios estrictamente socioeconómicos y desde una perspectiva de derechos, con miras a eliminar la generación de clientelas y el manejo político-electoral de los programas sociales.

Pero no sólo se requiere un mandato de ley, que en otros países de América Latina ya existe, sino la voluntad política de hacer del discurso de la transparencia y la rendición de cuentas, al que todos los gobiernos recurren, una realidad. Esta voluntad será la clave para el éxito del Registro Unico y dado que en reiteradas ocasiones los ejecutivos federales y estatales se han pronunciado          a favor del blindaje de los programas sociales, no vemos argumento que se oponga la institucionalización del registro. Entonces sí se puede.
Señor Presidente, solicito que sea integrada la presente iniciativa completamente para ser plasmada en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 5, LA FRACCION VI DEL ARTICULO 10 Y EL ARTICULO 27, TODOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CREA LA LEY GENERAL DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De manera constante, se ha señalado desde esta Soberanía, la necesidad de implementar mecanismos que inhiban el uso indebido de los programas sociales.

Reiteramos que existe un consenso en la necesidad de ir más allá del control parlamentario y de procedimientos, de la auditoria y la vigilancia, para dar lugar a los mecanismos de control y evaluación orientados a mejorar el desempeño gubernamental.

Por ello, proponemos reformar la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de trascender la idea del “Padrón” de beneficiarios y, derivado de esta reforma, crear una Ley que establezca el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, entendido como un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.

La creación de esta base de datos a nivel nacional permitirá, en primer lugar, identificar a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus condiciones socioeconómicas y conocer los apoyos de todos los niveles de gobierno a los que tienen acceso, si es el caso, con la finalidad de establecer un orden y una coordinación entre la seguridad social, los servicios sociales y los programas asistenciales, evitando tanto las duplicidades como la exclusión de familias que los necesitan y no cuentan con ellos. Así, se lograría una focalización efectiva de los beneficiarios actuales y potenciales de los programas sociales.

Es una respuesta ante la ausencia de una política social global y articulada, que permitirá graduar las intervenciones gubernamentales en materia social y su cobertura, según las necesidades  y características del hogar, de la familia y sus integrantes.

La propuesta que aquí se presenta, contribuirá a la transparencia de todos los procesos de implementación de la política social en los tres niveles de gobierno, al unificar en un sólo sistema toda la información que permita hacer una eficiente asignación de beneficios, de forma automatizada y conforme a los criterios de ingreso al programa, ya que prioriza el acceso bajo criterios estrictamente socioeconómicos y desde una perspectiva de derechos, con miras a eliminar la generación de clientelas y el manejo político-electoral de los programas sociales.

La información registrada servirá de sustento y fuente para el diseño, la planificación e implementación de la política social, así como para la evaluación de su impacto en el desarrollo de las familias, al permitir dar seguimiento y sistematizar sus resultados. Con ello, se daría un salto cualitativo en la evaluación de la política social, al pasar de evaluaciones operativas y de cumplimiento de metas según el presupuesto de programas específicos, a la evaluación de impacto.

Respecto al costo de la aplicación de la entrevista, podemos referir el caso de Brasil, donde se estima que es de 3.9 dólares en las zonas urbanas y hasta 14 dólares en las zonas rurales, mientras que en México se estima que va de 4.9 a 6.8 dólares por entrevista. Aunque la inversión inicial puede ser significativa, la actualización y su mantenimiento no implicarán mayor gasto. Asimismo, impactaría positivamente en la racionalidad del ejercicio del gasto social, ante la ausencia de una política social de Estado, al coadyuvar a la articulación y coordinación de los programas sociales, así como al uso integrado de la información social ante políticas fragmentadas.

Para hacer más eficiente el costo inicial, la figura del Asistente Social  puede incluir monitores de programas, agentes comunitarios, estudiantes universitarios y voluntarios que colaboren en el levantamiento de información, lo cual reduciría notablemente la inversión inicial y las subsecuentes actualizaciones.

Además, experiencias internacionales destacan la ventaja que ofrece la instalación del sistema en etapas, así como la obtención de recursos de fuentes mixtas, combinando el financiamiento externo, nacional y local, que asegure la sostenibilidad del mecanismo.

Por otra parte, es una propuesta que le apuesta al papel central que jugarán los gobiernos municipales, donde la participación ciudadana será fundamental para el levantamiento y actualización de la información, por lo que sólo se requiere generar sistemas de incentivos a la gestión municipal para que participe de manera activa en el Registro Único.

Aunado a lo anterior, este mecanismo sería un paso fundamental hacia la gestión compartida y coordinada de la política social. Aún cuando se cuenta con la experiencia de los padrones de beneficiarios como el del Programa Oportunidades, por mencionar un ejemplo, se trata de extender su uso hacia todos los programas sociales en todos los niveles de gobierno.

Para ello, no sólo se requiere un mandato de ley, que en otros países de América Latina ya existe1, sino la voluntad política de hacer del discurso de la transparencia y la rendición de cuentas, al que todos los gobiernos recurren, una realidad. Esta voluntad será la clave para el éxito del Registro Único y dado que en reiteradas ocasiones los Ejecutivos Federal y Estatales se han pronunciado en favor del blindaje de los programas sociales, no vemos argumento que se oponga a la institucionalización del Registro. Entonces sí se puede.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto que presentamos reforma la Ley General de Desarrollo Social para sustituir el concepto del “Padrón” y ampliarlo al Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, derivándose de esta reforma la creación de la Ley General en la materia.

El Registro está concebido para convertirse en el instrumento obligatorio para la selección automatizada de los beneficiarios de los programas sociales, así como para dar seguimiento al desarrollo de las familias.

La familia se concibe como la base del Registro Único, pero además se define más allá de los lazos consanguíneos, apegándose a la situación real en que vive buena parte de la población. Señala que se trata de la “unidad nuclear, eventualmente ampliada por otros individuos que con ella poseen lazos de parentesco o de afinidad, que forma un grupo doméstico que vive bajo el mismo techo y que se mantiene por la contribución de sus miembros”.

Entre los conceptos que introduce la ley, destaca el de los Asistentes Sociales, el Responsable de la Unidad Familiar y el Número de Identificación Social.

Posteriormente, establece las competencias de los distintos órdenes de gobierno, dejando al Gobierno Federal la responsabilidad de diseñar y apoyar la implementación del Registro Único, estandarizar los procesos y financiar la inversión inicial, en acuerdo con las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas.

Por su parte, las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas deberán coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información, pero se delega a los municipios y las delegaciones, los gobiernos más cercanos a la gente, la responsabilidad de la información que se ingrese a la base de datos.

El Registro se compone de la información de todas las familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar que define el CONEVAL.

Esta información está definida en las Cédulas de Identificación, tanto de la familia como de las personas, para las cuales se establecen los datos mínimos necesarios que contendrán y señala que éstos deben ser estrictamente de carácter socioeconómico y no de otra índole.

En seguida, se asienta el procedimiento para el levantamiento de la información para el registro. La Secretaría de Desarrollo Social hace llegar a los municipios y delegaciones las Cédulas que sean necesarias para que éstos recaben la información a través de los asistentes sociales asignados para realizar las entrevistas en los hogares y la instalación de módulos de atención a las familias. Previamente, establecerá los criterios y guías necesarios para dicho fin.

La ley señala que la información que proporcionen las familias es autodeclarada y no requiere cotejo documental, ya que el Responsable de la Unidad Familiar firma declarando la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a notificar cualquier cambio en la situación familiar que amerite actualizar los datos en el Registro Único.

Prevé que el Sistema que se utilice para el Registro Único incluya un Módulo de Gestión para la solicitud de Cédulas, con un control de folios enviados, recibidos e ingresados al mismo.

La responsabilidad del ingreso de la información es del municipio o delegación política, por lo que se contará con claves de acceso e historial de las acciones de todos los usuarios.

El Sistema deberá contar con mecanismos de seguridad e integridad de los datos, así como  mecanismos de verificación y validación que aseguren la confiabilidad de la información.

La transmisión de datos de las bases municipales a la base central, deberá establecerse conforme a las condiciones de cada municipio, analizando cuál es el mecanismo más viable para dicho fin (servidor Web, Internet, discos compactos, entre otros).

Además, debido al tipo de datos que incluye la base, se deberá poder acceder a estadísticas para el seguimiento y evaluación de los programas sociales.

El Registro Único permitirá disponer de información verificable, reduciendo la posibilidad de manipular los datos, gracias al Número de Identificación Social y a los mecanismos de verificación y validación que la misma Ley establece.

Se establece puntualmente el uso de la información y la protección de la misma en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; lo cual deberá quedar plasmado en los acuerdos que establezcan las instituciones usuarias y en la reglamentación de la Ley.

La base de datos deberá actualizarse ante cualquier cambio en la vida de la familia o, al menos, cada tres años. Esta responsabilidad recae en el Responsable de la Unidad Familiar y en los municipios y delegaciones.

En lo que respecta a los mecanismos de control, señala que las instancias institucionales que tienen la atribución de monitorear y fiscalizar la gestión pública, también tendrán un papel muy importante en esa tarea para que el Registro único cumpla con su objetivo.

Además señala la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social para promover las auditorías al Registro Único y los procesos de revisión de la situación socioeconómica de las familias, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información contenida en la base de datos.

Finalmente, se señala la responsabilidad de las autoridades y los servidores públicos de colaborar en el ámbito de su competencia con el Registro Único; así como aquellas acciones que se consideran infracciones por parte de quienes tienen acceso a la base de datos y que serán tratadas conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las leyes estatales en la materia.

Finalmente, el régimen transitorio contempla la derogación todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al nuevo ordenamiento y que la emisión de los reglamentos, acuerdos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país el Registro Único en un plazo que no mayor a seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción X del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a IX. …

X. Registro Único: el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a V. …

VI. Ser incluidos en el Registro Único

VII. a IX. …

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Registro Único.

ARTICULO CUARTO.- Se crea la Ley General del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, en los términos siguientes:

LEY GENERAL DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
DEL OBJETO

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. El Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales es un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.

Tiene por objeto ser el instrumento que se utilice obligatoriamente para la selección de los destinatarios de las políticas y programas sociales a partir de sus propios criterios de elegibilidad; así como ser una herramienta para realizar el seguimiento de la situación socioeconómica y el desarrollo de las familias.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por:

Registro Único: el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales.

Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

Línea de Bienestar: Valor mensual per cápita de la canasta alimentaria más canasta no alimentaria, que determina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Familia: Unidad nuclear, eventualmente ampliada por otros individuos que con ella poseen lazos de parentesco o de afinidad, que forma un grupo doméstico que vive bajo el mismo techo y que se mantiene por la contribución de sus miembros.

Domicilio: Lugar que sirve de vivienda familiar.

Habitante: Una persona que tiene como lugar de residencia habitual el domicilio visitado aunque esté ausente el día de la entrevista.

Asistentes sociales: Personal de los gobiernos federal, estatal, municipal o de las delegaciones políticas asignado para realizar las entrevistas de levantamiento de información.

Responsable de la Unidad Familiar: miembro de la familia mayor de 16 años que se hace responsable de proporcionar la información necesaria para ingresar al Registro Único.

Cédulas de Identificación: Cédula de Identificación Familiar y Cédula de Identificación de la Persona.

Sistema: Programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático, que permite el procesamiento, almacenamiento y búsqueda de datos del Registro Único.

Número de Identificación Social: Es un folio único, personal e intransferible que ayuda a identificar a cada persona ingresada en el Registro Único.

Registro válido: es aquel que atiende integralmente los requisitos de validación, fijados conforme a la versión del sistema del Registro Único.

Registro actualizado: un registro familiar que en un plazo máximo de dos años, contados a la fecha de su inclusión o última actualización del Registro Único, fue objeto de cambio en información específica

Registro revalidado: un registro familiar que en un plazo máximo de dos años, contados a la fecha de su inclusión o última actualización del Registro Único, fue objeto de confirmación de que la información específica de todas las personas de la familia se mantiene sin cambios.


TITULO SEGUNDO
DEL REGISTRO UNICO

CAPITULO I
DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría:

I. Acordar con las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas las reglas a que se sujetan el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Único y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Unico a través de una página electrónica alojada en su dominio virtual;

III. Operar, regular y mantener el sistema del Registro Único, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

IV. Validar la información que debe incorporarse al Registro, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; y,

V. Las demás que disponga esta Ley.

La Secretaría contará con un Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Único.

Artículo 5. Las entidades federativas, los municipios y delegaciones políticas, deben coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información que se suministra al Registro Único.

Además, deben emprender acciones permanentes a efecto de garantizar a los solicitantes la incorporación al Registro Único mediante la expedición gratuita de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y CURP, así como de toda aquella documentación necesaria y probatoria de vínculos familiares y arraigo domiciliario.

CAPITULO II
DE SU INTEGRACION

Artículo 6. El Registro Único se integra con la información socioeconómica de todas las familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.

Artículo 7. La información se obtendrá mediante la Cédula de Identificación Familiar y la Cédula de Identificación de la Persona.

Artículo 8. Las Cédulas de Identificación deben contener toda aquella información que permita realizar el seguimiento de la situación socioeconómica de las familias y personas, así como de su desarrollo.

Artículo 9. La Cédula de Identificación Familiar debe contener, al menos, los siguientes datos:

I. Domicilio

II. Teléfono para contacto (en caso de contar con él)

III. Características del hogar

a. Tipo de localidad: Urbana o Rural

b. Acceso a servicios de salud: IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, otro

c. Situación: Propio, alquilado, invadido, otra

d. Tipo: Casa, departamento, otro

e. Número de habitaciones

f. Tipo de construcción: Ladrillo, adobe, barro revestido, barro sin revestir, madera, material reciclado, otra

g. Tipo de suministro de agua: Red pública, pozo, pipa, otro

h. Potabilización de agua: Filtración, hervir, cloración, sin tratamiento, otra

i. Tipo de iluminación: Instalación eléctrica, lámpara, vela, otra

j. Drenaje sanitario: Red pública, alcantarillado rudimentario, fosa séptica, zanjas, cielo abierto, otro

k. Disposición de la basura en el domicilio: Recolectada, quemada, enterrada, cielo abierto, otra

l. Número de personas

m. Número de mujeres embarazadas

n. Número de personas con discapacidad

o. Lista con el nombre de las personas que habitan el domicilio

IV. Firma de autenticidad de la información por parte del Responsable de la Unidad Familiar y del entrevistador.

Artículo 10. La Cédula de Identificación de la Persona debe contener, al menos, los siguientes datos:

I. Identificación de la persona:

a. Nombre

b. Fecha de nacimiento

c. Sexo

d. Nacionalidad

e. País de origen (si es extranjero)

f. Nombre del padre

g. Nombre de la madre

h. Estado civil

i. Tipo de discapacidad

II. Documentación

a. Número de Identificación Social

b. CURP

c. Acta de Nacimiento: Año y número de Acta
d. Documento de Identificación: folio, fecha de emisión, institución emisora

e. Número de Seguridad Social

III. Nivel de Escolaridad

a. Asistencia a la escuela: Pública, particular, otra, no asiste

b. Último grado de estudios: Analfabeto, preescolar, primaria, secundaria, media superior, profesional técnico, superior, especialidad, maestría, doctorado

c. Nombre de la escuela

IV. Calificación profesional

a. Situación en el mercado laboral: Empleado con seguridad social, empleado sin seguridad social, profesional independiente, técnico independiente, trabajador rural, jubilado, no trabaja, otra

b. Nombre de la empresa donde trabaja o del último empleo

c. Antigüedad

d. Salario

e. Ingresos por pensión (si es jubilado)

f. Ingresos por pensión alimenticia (si cuenta con ella)

g. Otros ingresos

V. Tiempo de residencia en el domicilio

VI. Gastos mensuales: Alquiler, alimentación, agua, luz, predial, transporte, medicamentos, gas, otros gastos, número de personas que viven del ingreso familiar

VII. Relación familiar: parentesco con la madre o responsable legal de la familia, reside con ambos padres, reside con padre o madre, otro

VIII. Cuidado de los niños menores de 6 años: madre/padre; hermana/hermano; abuela/abuelo; sólo; guardería; otro.

IX. Si está embarazada, mes de gestación

X. Está amamantando: si/no

XI. Información sobre propiedades rurales (uso y pérdidas en la agricultura)

XII. Participación en algún programa social gubernamental: cuáles, antigüedad, monto o tipo de beneficio.

Artículo 11. Las Cédulas de Identificación deberán contener datos de control que se consideren necesarios para evitar irregularidades como duplicidad o mal uso de las Cédulas.

CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 12. La Secretaría diseñará y hará llegar a los municipios y delegaciones políticas, las Cédulas de Identificación que éstos consideren necesarias, conforme a las estimaciones del número de personas que viven con un ingreso mensual per cápita igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.

Artículo 13. Los municipios y las delegaciones políticas levantarán los datos necesarios para el Registro Único en las Cédulas de Identificación que proporciona la Secretaría, de conformidad con los criterios y guías que determine la misma.

Artículo 14. Los asistentes sociales del municipio o delegación política, encargados de recolectar los datos, deben visitar el domicilio y entrevistar a algún miembro de la familia mayor de 16 años que se considera, a partir de ese momento, como el Responsable de la Unidad Familiar.

Si el municipio o delegación política lo consideran necesario, podrán instalar módulos de atención para las familias.

Artículo 15. La información proporcionada es autodeclarada y no requiere ser comprobada mediante documentación adicional. Para ello, al finalizar el llenado de las Cédulas de Identificación, el Responsable de la Unidad Familiar deberá firmar declarando la veracidad de los datos proporcionados y el compromiso a notificar cualquier cambio en la familia que amerite la actualización de datos.

CAPITULO IV
DEL SISTEMA

Artículo 16. El Sistema que se diseñe para el Registro Único, deberá contener un Módulo de Gestión en línea para la solicitud de Cédulas de Identificación a la Secretaría, a través del cual se llevará un registro de los folios enviados y recibidos, con la finalidad de tener un control preciso de las Cédulas ingresadas al Sistema.

Artículo 17. El municipio o delegación política es responsable de ingresar al Registro Único la información obtenida mediante las Cédulas de Identificación, para lo cual contará con clave de acceso y el Sistema llevará un control de procesos y registrará el historial de las acciones de todos los usuarios.

Artículo 18. El Sistema deberá contar con los mismos campos de las Cédulas de Identificación para su debido ingreso al Registro Único.

Artículo 19. El Sistema debe contar con todas las garantías de seguridad e integridad de los datos que la tecnología permite.

Artículo 20. El Sistema generará el Número de Identificación Social a cada persona que se ingrese al Registro Único.

Artículo 21. El Sistema debe tener la programación necesaria para que, al recibir las Cédulas de Identificación, verifique si la persona ya se encuentra registrada.

En caso de que la persona ya se encuentre registrada, el Sistema debe arrojar el Número de Identificación Social anterior y enviarlo al municipio o delegación política, con la finalidad de evitar la duplicidad de registros.

Si la persona no es encontrada en la base de datos, se trata de un registro válido y el Sistema genera el nuevo Número de Identificación Social.

Artículo 22. El Sistema debe tener la programación necesaria para que, al recibir las Cédulas de Identificación, rechace aquellos registros que tengan ingreso erróneo o incompleto de datos, enviando una notificación con el motivo del rechazo para que el municipio o la delegación política realice la corrección.

Artículo 23. La reglamentación de la presente Ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

CAPITULO V
DE LA ACTUALIZACION

Artículo 24. La información de las familias debe actualizarse:

I. Como consecuencia de alguna modificación en la vida de la familia

II. Al menos cada tres años

Artículo 25. El Responsable de la Unidad Familiar debe notificar al municipio o delegación política cualquier cambio en la vida familiar que modifique la información que proporcionó al Registro Único.

Artículo 26. El municipio o delegación política debe realizar el seguimiento a la base de datos, que le permita ingresar registros válidos, identificar los registros que necesitan actualizarse y revalidar la información de los demás registros, promoviendo la búsqueda activa de las familias siempre que sea necesario.

TITULO TERCERO
DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

CAPITULO I
DEL MONITOREO Y FISCALIZACION

Artículo 27. La Secretaría debe promover auditorías al Registro Único y procesos de revisión de la situación socioeconómica de las  familias, con la finalidad de garantizar que en el sistema se encuentran todas las personas que deben estar, de conformidad con criterios estrictamente socioeconómicos.

Artículo 28. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer los mecanismos de monitoreo y procesos de fiscalización del Registro Único.

CAPITULO II
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 29. En los términos previstos en la presente Ley, las autoridades y servidores públicos federales, estatales, municipales y de las delegaciones políticas, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con el Registro Único.

Artículo 30. Serán causa de infracción por parte de los funcionarios mencionados en esta Ley, así como de las personas que tengan acceso al Registro Único:

I. Hacer uso indebido de los datos y la información del Registro Único;

II. Alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceder sin autorización a la información del Registro Único o no denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo;

III. Hacer uso de la información del Registro Único para obtener un lucro indebido, directamente o por interpósita persona, y

IV. Las demás señaladas en la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las leyes estatales en la materia .

Artículo 31. Las infracciones serán tratadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las leyes estatales en la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

TERCERO. Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos, acuerdos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 05 de septiembre de 2013.

Suscriben

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, Distrito Federal.- Sen. Luz María Beristain Navarrete, Quintana Roo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez, Lista Nacional.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lista Nacional.- Sen. Dolores Padierna Luna, Lista Nacional.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Lista Nacional.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís, Lista Nacional.- Sen. Mario Delgado Carrillo, Distrito Federal.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, Morelos.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, México.- Sen. Adán Augusto López Hernández, Tabasco.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, Tabasco.- Sen. Raúl Morón Orozco, Michoacán.- Sen. Isidro Pedraza Chávez, Hidalgo.- Sen. Sofío Ramírez Hernández, Guerrero.- Sen. Armando Ríos Piter, Guerrero.- Sen. Zoé Robledo Aburto, Chiapas.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, Oaxaca.- Sen. Adolfo Romero Lainas, Oaxaca.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Morelos, Sen. Luis Sánchez Jiménez, Lista Nacional".

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Con gusto, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

1 Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile tienen normas relacionadas con Registros Únicos de Beneficiarios.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un inciso f) y se recorre el actual al g) del artículo 122, base segunda, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO F) Y SE RECORRE EL ACTUAL AL G) DEL ARTICULO 122, BASE SEGUNDA, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Para poder agilizar la Asamblea, el Pleno de la Cámara de Senadores, me permitiré explicar qué es lo que pretendo, desde mi lugar, si usted así me lo autoriza, señora Presidenta, con esta modificación al 122 constitucional.

En días pasados todos los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados sufrimos las inconveniencias de no haber podido acudir al recinto constitucional para poder iniciar el periodo extraordinario y poder sesionar temas que teníamos pendientes porque hubo un bloqueo en la Cámara de Diputados. Y eso nos hace reflexionar qué es lo que pasaría si estos mismos bloqueos fueran a los diferentes Poderes, de los cuales el Jefe de Gobierno es el encargado de salvaguardar que puedan funcionar estos Poderes.

Por lo tanto, esta iniciativa, lo que propone es que cuando ocurra alguna de estas situaciones, que el Jefe de Gobierno venga a comparecer al Senado de la República y que nos explique por qué los Poderes no están pudiendo trabajar, no están pudiendo establecerse.

A eso obedece y le pediría también que se registrara en el Diario de los Debates toda mi intervención completa y la exposición de motivos.

Es cuanto, señor Presidente

Iniciativa.







 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Estela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

-La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, es la primera frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, en su primer informe sobre la discapacidad, estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial.

Tradicionalmente, la discapacidad se ha caracterizado y diagnosticado como una condición que requiere atención médica, rehabilitación, así como la asistencia permanente y de por vida, creencia basada en la deficiencia individual, de acuerdo al paradigma del Modelo Médico.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social al reafirmar que todas las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

La citada convención establece en su artículo 19 que los Estados Parte, reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de los demás, adoptando medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como modelo la citada Convención, allí la necesidad de que la armonización de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado; sin embargo, en la mencionada ley nacional aun existen pendientes, como por ejemplo en lo correspondiente al término integración social debido a que el término a emplear de acuerdo al nuevo modelo social que es de inclusión social.

Así, surge la necesidad de proponer reformas a la legislación nacional, pues como se ha señalado, el marco jurídico mexicano aún no cubre el alcance señalado en la Convención.

Por lo anteriormente expuesto, es que les invito, compañeras y compañeros, a sumarse a esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reiterando nuestro compromiso de cumplir desde nuestro quehacer legislativo, con el carácter inclusivo que deben guardar las acciones a favor de las personas con discapacidad, que pretende establecer mecanismos de integración, aceptación y funcionamiento que nos constituya en una misma sociedad, entendiendo y adoptando las características y necesidades de cada sector poblacional.

Por su atención, pero sobre todo por su solidaridad, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, es la primera frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Hoy, aún existen millones de personas con discapacidad cuyos derechos humanos se encuentran seriamente limitados o totalmente negados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su primer Informe sobre la Discapacidad, estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial. (OMS, 2011).

Tradicionalmente, la discapacidad se ha caracterizado y diagnosticado  como una condición que requiere atención médica, rehabilitación, así como la asistencia permanente y de por vida, creencia basada en la deficiencia individual, de acuerdo al paradigma del Modelo Médico.

2.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social al reafirmar que todas las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Aclara y precisa también cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos1

En ese sentido, la Convención establece en su Artículo 19 que los Estados Partes reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.2

3.- En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su Artículo 5 que uno de los principios que deberán observarse es el contenido en la Fracción VI, el cual refiere que es fundamental promover la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.3

Asimismo, establece en la Fracción II del Artículo 6 que es necesario instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social, cultural, laboral, deportiva y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como modelo la citada Convención, allí la necesidad de que la armonización de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado; sin embargo, en la mencionada Ley nacional en materia de discapacidad no se cubre cabalmente con el requisito en cuanto a inclusión se refiere, ya que en algunos artículos continúan haciendo referencia al término “integración social”  dejando de lado que el término a emplear de acuerdo al nuevo modelo social que es de “inclusión social”.

Por ejemplo, en los artículos 2, 44 y 32 hacen referencia a la promoción plena de todos los derechos de las personas con discapacidad con la finalidad de lograr la “integración a la sociedad”.

4.- El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)en el censo realizado en México durante el año 2010 señala que existen 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representa un 5.1 por ciento de la población total.

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2010 nos aporta datos importantes al respecto de la inclusión social, tales como que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, datos que confirman la persistencia de creencias y prácticas que obstaculizan el acceso al desarrollo y menoscaban el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

5.- Así, surge la necesidad de hacer una serie de reformas a la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano aún no cubre el alcance señalado en la citada Convención, pues aún la Ley en materia de discapacidad continúa empleándose el término de “integración social”.

Dicho término, que no cumple con el carácter “inclusivo” que deben guardar las acciones a favor de las personas con discapacidad y que busca establecer mecanismos de integración, aceptación y funcionamiento que nos constituya en una misma sociedad entendiendo y adoptando las características y necesidades de cada sector poblacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PRIMERO: Se reforman las fracciones XIX y XXV del Artículo 2, el quinto párrafo del Artículo 4 y la Fracción III del Artículo 32, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como siguen:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a XVIII…

XIX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e inclusión social.

XX a XXIV…

XXV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor inclusión social.

XVIII…

Artículo 4.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.

Artículo 32

I a II

III. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la información y la asesoría requerida para favorecer su desarrollo e inclusión social.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de septiembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera".


- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador Salazar Solorio, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Sólo para solicitarle a la Senadora Hilda si es tan amable de aceptar que podamos suscribir el Decreto que está presentando.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Flores Escalera, acepta. Sí, gracias.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: Gracias, señora Presidenta.

Como integrante de este Senado de la República, y con las facultades que me da la reglamentación, vengo a presentar una propuesta de reforma a la Ley Federal de Defensoría de Oficio, en materia indígena.

En nuestro país son muchos los ordenamientos que velan por los derechos de los pueblos indígenas a partir, especialmente, de la reforma constitucional del año 2000.

En esa reforma, en el Apartado A, fracción VIII, se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a su jurisdicción y a que sean respetados y acompañados en la aplicación de la justicia.

Hay una figura de defensor de oficio que en las condiciones reales de este país, o conoce las leyes y no conoce la lengua y las costumbres, o conoce las costumbres y la lengua y no conoce las leyes, de tal manera que hay solamente 24 defensores especializados en lenguas y en cultura indígena en nuestro país para defender a todos los pueblos indígenas y sus integrantes que están en algún proceso de justicia.

Es urgente asegurar que dentro de los procesos penales, los pueblos indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del nuevo Sistema de Justicia Penal y el cual es eminentemente oral.

Quisiera señalar aquí, que es una institución de investigación, especialmente en ciencias sociales, ha percibido que hay este problema y esta deficiencia, y en la actualidad ha preparado y capacitado a más de 120 personas que estarían listas para asumir esta tarea de defensores de oficio.

Para lograr una impartición de justicia pronta y expedita a favor de los indígenas, es indispensable que la Defensoría de Oficio cuente con personal capacitado como abogado, traductor e intérprete, garantizando de esta forma, una adecuada asesoría en todo momento del proceso penal, sin olvidar la relación de apoyo interinstitucional con dependencias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Instituto Nacional de Lenguas.

Hay muchos esfuerzos de instituciones como esta Comisión, como otras instituciones que se reflejan en el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Generales y Específicos para el Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas, mediante el cual se otorga apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de los posibles beneficiarios a través de la aplicación de medidas cautelares, garantía económica, reparación del daño, multas, sanción pecuniaria, siempre y cuando se siga todo un trámite administrativo para que el indígena, posible beneficiario, acceda al apoyo.

La existencia de un traductor disponible es muy difícil porque la autoridad competente debe formular por escrito su requerimiento, en cada diligencia para que entre la fecha de recepción de la solicitud y el desahogo de la diligencia respectiva, mediante cuando menos tres días hábiles para la atención del mismo.

En múltiples ocasiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación por la falta de jueces, agentes del Ministerio Público, y defensores que tengan conocimiento de los usos, costumbres, cultura e idioma de los pueblos indígenas.

Ante ello, ha puesto en marcha el Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, que tan sólo en el año 2012, realizó 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena, y mediante acciones como el análisis de expedientes y una correcta orientación jurídica, se logró la liberación anticipada de 245 indígenas sentenciados que no debían de estar en prisión. Para este 2013, ha realizado 612 trámites con el propósito de que analicen sus expedientes y determinen si procede o no la libertad anticipada.

La iniciativa que hoy presento, propone cumplimentar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el día de hoy no se ha realizado a cabalidad.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta Soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Unico. Se reforma el artículo 4; el artículo 10; el artículo 26; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 5; una fracción V y una fracción VI al artículo 11, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; una fracción V y una fracción VI al artículo 12, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; una fracción VII al artículo 12 bis, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; un párrafo segundo al artículo 24; una fracción III al artículo 36 de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como siguen:

En el artículo 4. Los servicios de defensoría pública se presentarán a través de:

II. Defensores públicos especializados en pueblos indígenas en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas.

El artículo 5, fracción VI.

Para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, deberá tener conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, así como contar con la acreditación profesional en observancia con la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

En el artículo 10 quedará añadido: Los defensores públicos, los defensores públicos especializados en pueblos indígenas, y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indígena, adolescente o adulto joven. Continúa el artículo.

En el artículo 11, la fracción V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres en caso de que sea indígena.

VI. Coadyuvar con las instituciones afines con el objeto de allegarse de los beneficios existentes para los indígenas. Se recorren las siguientes fracciones.
Artículo 12, fracción V. Solicitar intérpretes o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en caso de que sea indígena.

VI. Coadyuvar con las instituciones afines para allegarse de los beneficios existentes para los indígenas. Se recorren las siguientes fracciones.

Artículo 12 Bis. La fracción VII. Tomar en cuenta en todo momento del proceso, la cultura, lengua, usos y costumbres de su defendido, y en su caso, exponer y solicitar penas alternativas. Se recorren las fracciones.

En artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública, designará por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.

En localidades con población indígena el Institutito Federal de Defensoría Pública designará un defensor público especializado en pueblos indígenas.

El artículo 26 quedará. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública, promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la consecución de los fines de esta ley, en especial, con las instituciones que atiendan a los grupos indígenas.

El artículo 36 en su fracción III. Se brindará capacitación continua a los defensores públicos especializados en pueblos indígenas. Se recorren las fracciones.

Artículo transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La de la voz suscribe, Luisa María Calderón Hinojosa.

Por su atención gracias.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

"La que suscribe LUISA MARIA DE GUADALUPE CALDERON HINOJOSA, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Actualmente en nuestro país son muchos los ordenamientos que velan por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente en el tema de acceso a la justicia en forma equitativa, respetando su cultura, su lengua, sus usos y costumbres.

Tal es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 2 Apartado A fracción VIII el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a la jurisdicción del Estado. Para garantizar en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”


Sin embargo, en el cumplimiento de este derecho hay algunos obstáculos a resolver para otorgar una defensa de calidad a los indígenas, y son principalmente tres:

a.- El defensor de oficio es un conocedor de las leyes, pero carece de preparación como traductor o intérprete en lenguas indígenas, además las más de las veces desconoce su cultura, su lengua, los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Según cifras del Instituto Federal de Defensoría Pública 2012, dicho instituto cuenta con 24 defensores especializados en lenguas y cultura indígena, lo cual resulta insuficiente para la atención de todos y cada uno de los indiciados y procesados ante la existencia de 364 variantes lingüísticas en México de las cuales 64 están en riesgo de desaparecer (según cifras del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas al 31 de mayo 2013).

Es urgente asegurar que dentro de los procesos penales, los pueblos indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el cual es eminentemente oral.

b.- Los traductores o intérpretes certificados conocen la lengua indígena pero carecen de formación académica necesaria para la correcta defensa del indígena, además no cuentan con título de licenciado en derecho, requisito indispensable para poder fungir como defensor en una causa penal.

c.- Para lograr una impartición de justicia pronta y expedita en favor de los indígenas, es indispensable que la Defensoría de Oficio cuente con el personal capacitado como abogado, traductor e intérprete, garantizando de esa forma, una adecuada asesoría en todo momento del proceso penal, sin olvidar la relación de apoyo interinstitucional con dependencias como la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Hay muchos esfuerzos de instituciones como la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por proporcionar ayuda a los indígenas en situación de cárcel, tal y como se refleja en el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Generales y Específicos para el proyecto Excarcelación de Presos Indígenas, mediante el cual se otorga apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de los posibles beneficiarios a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, reparación del daño, multa, sanción pecuniaria) siempre y cuando se siga todo un trámite administrativo para que el indígena “posible beneficiario”, acceda al apoyo.

Sin embargo, este tipo de apoyo no es suficiente en virtud de que, las primeras horas dentro de un proceso penal son determinantes en la resolución de la situación jurídica, y dentro de las cuales el indígena carece de asesoría legal en su idioma; otra modalidad de los Lineamientos de la CDI en comento, es la de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, la cual es igualmente insuficiente, pues está sujeto a:

- La existencia de un traductor disponible.

- Que la autoridad competente formule por escrito su requerimiento en cada diligencia.

- Que entre la fecha de recepción de la solicitud y el desahogo de la diligencia respectiva, medien cuando menos 3 días hábiles para la atención del mismo.

En múltiples ocasiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación por la falta de Jueces, Agentes del Ministerio Público, y defensores que tengan conocimiento de los usos, costumbres, cultura e idioma de los pueblos indígenas.

Ante ello, ha puesto en marcha el Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, que tan solo en el año 2012, realizaron 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena, y mediante acciones como el análisis de expedientes y una correcta orientación jurídica, se logró la liberación anticipada de 245 indígenas sentenciados que no debían estar en prisión. Para este 2013, ha realizado 612 trámites con el propósito de que analicen sus expedientes y determinen si procede o no la libertad anticipada.

La iniciativa que hoy presento, propone cumplimentar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el día de hoy no se ha realizado a cabalidad.
Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta Soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Unico.- Se reforma el artículo 4; el artículo 10; el artículo 26; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 5; una fracción V y una fracción VI al artículo 11, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; una fracción V y una fracción VI al artículo 12, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; una fracción VII al artículo 12 Bis, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; un párrafo segundo al artículo 24; una fracción III al artículo 36, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, todos de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como siguen:

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la Justicia Federal para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas;

II. Defensores públicos especializados en pueblos indígenas en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas; y

III. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.

Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere:

I. a VI.

Para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, deberá tener conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, así como contar con la acreditación profesional en observancia con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 10. Los defensores públicos, los defensores públicos especializados en pueblos indígenas, y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indígena, adolescente o adulto joven al que se le esté aplicando la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado, y el Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio Público Federal para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el caso.

Artículo 11. El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I. a IV.

V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en caso de que sea indígena;

VI. Coadyuvar con las instituciones afines con el objeto de allegarse de los beneficios existentes para los indígenas;

VII. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

VIII. Analizar las constancias que obren en el expediente a fin de contar con mayores elementos para la defensa;

IX. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y

X. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta.

Artículo 12. El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales comprende:

I. a IV.

V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en caso de que sea indígena;

VI. Coadyuvar con las instituciones afines para allegarse de los beneficios existentes para los indígenas;

VII. Formular las conclusiones a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales, en el momento procesal oportuno;

VIII. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

IX. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;

X. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con el objeto de comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;

XI. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables, y

XII. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho.

Artículo 12 Bis. A los defensores públicos para adolescentes, además de las atribuciones que procedan señaladas en los artículos anteriores, las siguientes:

1. a VI.

VII. Tomar en cuenta en todo momento del proceso, la cultura, lengua, usos y costumbres de su defendido, y en su caso, exponer y solicitar penas alternativas;

VIII. Solicitar al Ministerio Público de la Federación para Adolescentes el no ejercicio de la remisión ante el Juez de Distrito Especializado para Adolescentes, cuando no se encuentren reunidos los elementos necesarios para ello, y

IX. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios, en tiempo y conforme a derecho para una eficaz defensa del adolescente o adulto joven, incluyendo ofrecimiento y desahogo de pruebas, realización de careos, formulación de alegatos, agravios, conclusiones, interposición de recursos, incidentes y demás actos conducentes.

Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará por cada Unidad investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.

En localidades con población indígena, el Instituto Federal de Defensoría Pública designará un defensor público especializado en pueblos indígenas.

Artículo 26. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública, promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la consecución de los fines de esta ley, en especial con las instituciones que atiendan a los grupos indígenas.


Artículo 36. Para el mejor desempeño del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública se elaborará un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de acuerdo con los criterios siguientes:

I. y II.

III. Se brindará capacitación continua a los defensores públicos especializados en pueblos indígenas;

IV. Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo que corresponda y para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de Defensoría Pública y optimar su preparación y el servicio que prestan, y

V. Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite.

Artículos Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en salón de sesiones a dos días del mes de septiembre del año dos mil trece.

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Senadora Diva Gastélum, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) No solamente para sumarme a la iniciativa que me parece muy importante, sino para también señalar que el día de hoy es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, y que es una fecha muy importante no solamente para una celebración, sino para levantar la voz sobre el déficit que tenemos en el respeto a los derechos humanos de estas mujeres.

Por eso creo que esta iniciativa está a tono con la fecha que hoy celebramos y también debe estar a tono con resolver una deuda histórica que tenemos con ese grupo de mujeres en el país.

Muchas gracias, señora Presidenta, por la oportunidad.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

¿Acepta, Senadora Calderón Hinojosa?

- La C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Sí.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias.

Senadora de la Peña Gómez, ¿con que objeto?

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Igualmente quisiera solicitarle a la Senadora Calderón Hinojosa, si me permite sumarme a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Y si es el caso del resto de los compañeros Senadores, solicitaría que se registren las adhesiones.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497

2 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

3 Diario Oficial de la Federación (DOF) 30 de mayo de 2011





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUINEA

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia, señora Presidenta.

Compañeros, este es un tema fundamental en donde cada uno de nosotros, algún día lo va a necesitar.

La Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero de 2003, por la Organización Panamericana de la Salud, consideró necesario ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también en el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

El Plan Regional de Acción para la Seguridad de las Transfusiones 2006-2010 determina la necesidad de que los países revisen su marco legal de manera que promuevan la suficiencia y la disponibilidad oportuna de la sangre, la protección de los donantes, de los pacientes y de los recursos, incluyendo la propia sangre, además de prevenir la comercialización en los servicios de la misma.

Asimismo, la resolución CE136.R6 de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, establece la cooperación con los Estados Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los servicios de sangre para garantizar la seguridad de las transfusiones y resuelve instar a los países miembros, México forma parte de ella, para que entre otras intervenciones:

- Analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en sus países.

- Promuevan la participación de los sectores públicos y privados, ministerios de educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales, emprendidas para implementar el Plan Regional de Acción para la Seguridad de las Transfusiones, asignando los recursos apropiados para alcanzar los objetivos contenidos en él.

- Fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promuevan una cultura de donación voluntaria no remunerada.

Es importante subrayar que, en septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: “Una atención más segura”, uno de cuyos componentes es la seguridad de la sangre. Este compromiso fue ratificado en septiembre de 2007 en el Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud.

Por otra parte, la 63ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2010 reiteró la solicitud de la Dirección General del OPS de orientar a los Estados Miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y sus dispositivos médicos conexos, en particular de los empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente; para que fomenten la capacidad para dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre a fin de reforzar los programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y plasma; que en caso necesario promueva la creación de redes regionales de colaboración y regulación y que se aliente la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre.

En el caso de México, el Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea, elaborado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, reconoce en su diagnóstico situacional la necesidad de modificar el marco jurídico y administrativo federal y estatal conforme a los avances científicos y tecnológicos y a las buenas prácticas de fabricación, para garantizar la suficiencia de sangre segura y hemoderivados para la población, mediante instrumentos normativos ágiles, útiles para la acreditación y operación de los servicios de sangre, para que se garantice, en la medida de lo posible, que los productos sanguíneos de los servicios públicos y privados cumplan con estándares de seguridad elevados, que los ciudadanos tengan acceso oportuno y equitativo a los productos sanguíneos de calidad y seguridad que no causen daño a su salud. Al tiempo que promuevan la donación de sangre voluntaria, no remunerada y de repetición como la única fuente más segura de obtención de la sangre.

El fraccionamiento y la limitada armonización normativa con las recomendaciones internacionales sumadas a la diversidad de instancias con atribuciones en materia de seguridad sanguínea, tales como la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y algunos supuestos como el Centro Nacional de Trasplantes, además de la normativa interna de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Salud dificultan su control efectivo, por lo que es indispensable estructurar una instancia que armonice las políticas y la participación de todas las instituciones y sectores sociales y privados que intervienen en el mejoramiento y la seguridad sanguínea, el cual requiere enfoques multidisciplinarios sistemáticos a nivel nacional.

Por otra parte, la seguridad transfusional es un tema de derechos humanos, acceso universal e inclusión por lo que se considera a la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a la sangre para las transfusiones no sólo un elemento de salud pública, sino una opción de tratamiento indispensable para algunos padecimientos y un recurso terapéutico para solventar emergencias sanitarias en la población. Por ello, la sangre debe ser considerada en su justa dimensión como un recurso terapéutico de vital importancia para la población mexicana, ya que toda persona, en el momento menos esperado y en cualquier región del país, puede requerir de ella, por lo que su seguridad debe ser garantizada a través de estrictos procesos de recolección, análisis y procesamiento que garanticen la disponibilidad de productos seguros para todos los mexicanos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud que persigue garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos y cumplir con los compromisos adquiridos por México en materia de seguridad transfusional.

La iniciativa tiene dos componentes: A) Fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre, tejido hemático con todos sus elementos y B) Regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

La propuesta adiciona una fracción el artículo 3º de la ley citada para incluir como materia de salubridad general la seguridad sanguínea; y el apartado B, fracción I del artículo 13 para incorporar la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea. Se propone reformar los artículos 313, 314, 315, 316 Bis 1, 317, 322, 327, 329 Bis, 337, 338, 340, 341, 342 Bis 1, 342 Bis 2 y 462; y adiciona las fracciones XII Bis, XXVIII y XXIX al artículo 314, el artículo 316 Bis 2, un último párrafo al artículo 322 y el artículo 460 Bis.

Para favorecer su identificación en el proyecto se modifica la denominación de los Capítulos IV y V, incorporando un Capítulo VI. De manera que el Capítulo IV se refiere a disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células progenitoras o troncales de seres humanos agrupando en éste los artículos 340 al 342 Bis 2 y designando el Capítulo V Pérdida de Vida y al Capítulo VI Cadáveres.

Se adiciona a la Ley General de Salud el Título Décimo Cuarto BIS, denominado SEGURIDAD SANGUINEA en el que se regule el Sistema Nacional de Servicios de Sangre conformado por el Consejo Nacional de Servicios de Sangre, el Programa Nacional de Servicios de Sangre y la Red de Servicios de Sangre, integrado por los artículos 350 Bis 8 al 350 Bis 20.

El Consejo Nacional de Servicios de Sangre es el cuerpo consultivo y asesor de la Secretaría de Salud en materia de políticas nacionales, procedimientos técnicos y de administración sanitaria que deben regir el acceso equitativo, oportuno, eficiente, suficiente y seguro a la sangre y sus componentes en algunos de sus derivados y tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración del Programa Nacional de Servicios de Sangre.

Con el objeto de garantizar el acceso equitativo, oportuno, eficiente y seguro de sangre y sus componentes, y hacer efectivo el sistema de hemovigilancia se establece la Red de Servicios de Sangre, como el ente técnico-operativo para la integración funcional de los servicios públicos y privados relacionados con la seguridad sanguínea y base de la regionalización que garantice el acceso universal. Los servicios de sangre son los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre integrada por: a) Centros de colecta, b) Bancos de sangre, c) Centro de procesamiento de sangre, d) Centros de calificación biológica, e) Centro de distribución de sangre, plasma y componentes sanguíneos, y f) Servicios de transfusión.

Para obviar el tiempo, solicito que el texto íntegro de la iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

"El que suscribe, Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUINEA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero de 2003, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consideró necesario ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen. El Plan Regional de Acción para la Seguridad de las Transfusiones 2006-2010 determina “la necesidad de que los países revisen su marco legal de manera que promueva la suficiencia y la disponibilidad oportuna de la sangre, la protección de los donantes, de los pacientes y de los recursos (incluyendo la propia sangre), además de prevenir la comercialización en los servicios de sangre” (Comparativo de legislaciones sobre sangre segura. THS/EV-2005/009, OPS)

Asimismo la resolución CE136.R6 de la OPS solicita a la Directora que coopere con los Estados Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los servicios de sangre para garantizar la seguridad de las transfusiones y resuelve instar a los países miembros (México forma parte de ella), para que entre otras intervenciones:

• Analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en sus países;

• Promuevan la participación de los sectores público y privado, ministerios de educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales emprendidas para implementar el plan regional de acción para la seguridad de las transfusiones, asignando los recursos apropiados para alcanzar los objetivos contenidos en él;

• Fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promueven una cultura de donación voluntaria no remunerada.

Es importante subrayar que, en septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: “Una atención más segura”,  uno de cuyos componentes es la seguridad de la sangre. Este compromiso fue ratificado en septiembre de 2007 (Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud).

Por otra parte, la 63ª. Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2010) reiteró la solicitud a la Directora General de que oriente a los Estados Miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos conexos, en particular de los empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente; para que fomente la capacidad para dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre a fin de reforzar los programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y plasma;  que en caso necesario promueva la creación de redes regionales de colaboración y regulación y que se aliente la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre.

En el caso de México el Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea, elaborado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, reconoce en su diagnóstico situacional  la necesidad de modificar el marco jurídico y administrativo federal y estatal conforme a los avances científicos y tecnológicos y a las buenas prácticas de fabricación, para garantizar la suficiencia de sangre segura (sic) y hemoderivados para la población, mediante instrumentos normativos ágiles, útiles para la acreditación y operación de los servicios de sangre, para que se garantice, en la medida de lo posible que los productos sanguíneos de los servicios públicos y privados cumplan con estándares de seguridad elevados, que los ciudadanos tengan acceso oportuno y equitativo a los productos sanguíneos de calidad y seguridad que no causen daño a su salud. Al tiempo que promuevan la donación de sangre voluntaria, no remunerada y de repetición como la única fuente más segura de obtención de la sangre.

El fraccionamiento y la limitada armonización normativa con las recomendaciones internacionales sumados a la diversidad de instancias con atribuciones en materia de seguridad sanguínea (Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud  y Hospitales de Alta Especialidad, Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y en algunos supuestos el Centro Nacional de Trasplantes), además de la normativa interna de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Salud dificultan su control efectivo,  por lo que es indispensable estructurar una instancia que armonice las políticas y la participación de todas las instituciones y sectores social y privado que intervienen en el mejoramiento de la seguridad sanguínea, el cual requiere enfoques multidisciplinarios sistemáticos a nivel nacional.

Por otra parte, la seguridad transfusional es un tema de Derechos Humanos, acceso universal e inclusión por lo que se considera a la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a la sangre para las transfusiones no sólo un elemento de salud pública, sino una opción de tratamiento indispensable para algunos padecimientos y un recurso terapéutico para solventar emergencias sanitarias en la población. Por ello, la sangre debe ser considerada en su justa dimensión como un recurso terapéutico de vital importancia para la población mexicana, ya que toda persona, en el momento menos esperado y en cualquier región del país, puede requerir de ella por lo que su seguridad debe ser garantizada a través de estrictos procesos de recolección, análisis y procesamiento que garanticen la disponibilidad de productos seguros para todos los mexicanos.
Por lo anterior se propone la presente Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud que persigue garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos y cumplir con los compromisos adquiridos por México en materia de seguridad transfusional. La iniciativa tiene dos componentes: A) Fortalecer la regulación, el control  y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos sus elementos) y B) Regular la Seguridad Sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

La propuesta adiciona con  una fracción el artículo 3º para incluir como materia de salubridad general la seguridad sanguínea y el apartado B, fracción I del artículo 13 para incorporar la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea. Reforma los artículos 313, 314, 315, 316 Bis 1, 317, 322, 327, 329 Bis, 337, 338, 340, 341, 342 Bis 1, 342 Bis 2 y 462; y  adiciona las fracciones XII Bis, XXVIII y XXIX al artículo 314, el artículo 316 Bis 2, un último párrafo al artículo 322 y el artículo 460 Bis.

Para favorecer su identificación en el proyecto se modifica la denominación de los Capítulos IV y V, incorporando un Capítulo VI. De manera que el Capítulo IV se refiere a Disposición de Sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células progenitoras o troncales de seres humanos  agrupando en éste los artículos 340 al 342 Bis 2 y designando el Capítulo V  Pérdida de Vida y  al Capítulo VI Cadáveres

Se adiciona a la Ley General de Salud el TITULO DECIMO CUARTO BIS, denominado SEGURIDAD SANGUINEA en el que se regule el Sistema Nacional de Servicios de Sangre conformado por el Consejo Nacional de Servicios de Sangre, el Programa Nacional de Servicios de Sangre y la Red de Servicios de Sangre, integrado por los artículos 350 Bis 8 al 350 Bis 20.

El Consejo Nacional de Servicios de Sangre es el cuerpo consultivo y asesor de la Secretaría de Salud  en materia de políticas nacionales, procedimientos técnicos y de administración sanitaria que deben regir el acceso equitativo, oportuno, eficiente, suficiente y seguro a la sangre y sus componentes o alguno de sus derivados y tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración del Programa Nacional de Servicios de Sangre.

Con el objeto de garantizar el acceso equitativo, oportuno, eficiente y seguro de sangre y sus componentes, y hacer efectivo el sistema de hemovigilancia se establece la Red de Servicios de Sangre, como el ente técnico-operativo para la integración funcional de los servicios públicos y privados relacionados con la seguridad sanguínea y base de la regionalización que garantice el acceso universal. Los  Servicios de Sangre son los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre integrada por: a) Centro de colecta, b) Bancos de sangre c) Centro de procesamiento de sangre, d) Centros de calificación biológica, e) Centro de distribución de sangre, plasma y componentes sanguíneos, y f) Servicios de transfusión.

La conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, con la participación de los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, la  verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios.

Se propone la creación del Registro Nacional de sangre, plasma, hemoderivados y de células progenitoras o troncales, como una herramienta para que el Consejo Nacional de Servicios de Sangre y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea puedan dar el seguimiento adecuado a la calidad de la sangre, la trazabilidad del tejido y la toma oportuna de las medidas tendentes a garantizar la ausencia de marcadores de agentes infecciosos transmitidos por transfusión evitando pandemias como la que sucedió en la década de 1980 con los productos contaminados con el virus del VIH, así como para evitar cualquier tipo de contaminación o daño. Al mismo tiempo la iniciativa prohíbe la introducción al territorio nacional de sangre o sus componentes con fines de procesamiento para la obtención de hemoderivados.
Un elemento esencial de la reforma es el cambio del paradigma vigente en los establecimientos de salud del país y reconocido como política pública en las normas oficiales mexicanas relacionadas, lo que además de representar un riesgo de seguridad transfusional, inhibe la cultura de la donación voluntaria, altruista y de repetición: las donaciones familiares o de reposición y  dirigidas.

Asimismo, el proyecto reconoce que la recuperación de los costos directos e indirectos involucrados en la donación, obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, y células progenitoras o troncales no se considerarán actos de comercio pero destaca que en ningún caso la recuperación de este costo puede asociarse con un fin de lucro.

Por último, también se propone la modificación al Capítulo VI de Delitos, para sancionar penalmente a cualquier persona que, teniendo como actividad principal el manejo y/o procesamiento de sangre, cometa negligencias u omisiones que produzcan la afectación de pacientes por productos infectados. De igual manera, se propone que las penas aumenten de manera proporcional a la cantidad de pacientes infectados, ya que las consecuencias para la persona que resulta afectada son enormes en todas las esferas de su vida: la salud,  aspectos económicos, sociales y de desarrollo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUINEA.

Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XXVI bis...

XXVI bis 1. La seguridad sanguínea;

XXVII. a XXVIII. ...

Artículo 13…

A…

I a X…

B…

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, XXVI Bis, XXVI Bis 1 y XXVII Bis, del artículo 3º. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Artículo 313.- Compete a la Secretaría de Salud:

I. La regulación, el control, y la vigilancia sanitarios de la  disposición de órganos, tejidos y sus componentes y de las células progenitoras o troncales de seres humanos con fines de trasplante, transfusión y procesamiento, por conducto del  órgano  desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II.

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración, trasplantes de órganos, tejidos y células  progenitoras o troncales, transfusión y procesamiento de tejidos y sus componentes, para lo cual se apoyará en el Consejo Nacional de Trasplantes y en el Consejo Nacional de Servicios de Sangre;

IV.
V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización a la población y a las instituciones sobre la importancia de la donación, los trasplantes, las transfusiones y el procesamiento  de órganos,  tejidos  y sus componentes y  de células progenitoras o  troncales.

Artículo 314.- Para efectos de este título y el de seguridad sanguínea se entiende por:

I. a XII. …

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus elementos;

XII Bis 1. Plasma es el componente líquido de la sangre separado de las células;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. …

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico  consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que injerten en el organismo receptor;

XV a XXV. …

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante, transfusión y/o procesamiento;

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos y sus componentes y las células progenitoras o troncales, en cualquier momento desde la donación, y en su caso hasta el trasplante, transfusión, procesamiento o destino final;

XXVIII. Hemoderivados los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, que incluyen, entre otros: albúmina, inmunoglobulinas y factores de la coagulación;

XXIX. Servicios de sangre: término genérico que engloba los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición de sangre, incluyen a: centros de colecta, bancos de sangre, centros de procesamiento, centros de calificación  biológica, centros de distribución y servicios de transfusión hospitalarios, y

XXX. Fraccionamiento o procesamiento de hemoderivados: procedimiento para la separación del plasma humano en sus distintos componentes, para su aprovechamiento individual.

Artículo 315.- Los  establecimientos  de  salud que  requieren  de autorización sanitaria  son los dedicados a:

I. Realizar extracciones, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos y tejidos;

II. Realizar  trasplantes de órganos y tejidos no hemáticos;

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. ...

La Secretaría otorgará la autorización a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para los establecimientos a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la autorización tendrá una vigencia de 2 años de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 316 Bis 1.- Para garantizar la disponibilidad oportuna desangre o sus componentes, los establecimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley  que no cuenten con servicios propios, deberán contar con el apoyo, a través de convenio, de bancos de sangre o servicios  de  transfusión externos.

Artículo 316 Bis 2.- Los establecimientos a que se refiere la fracción IV del Artículo 315, deberán contar con un Comité de Medicina Transfusional y Hemovigilancia, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto  emita la Secretaría de Salud.

Artículo 317. ….

Los  permisos para que los  tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del  territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de ellos en el  país, salvo casos  de urgencia. En el caso de la sangre, sus componentes y plasma se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.

En ningún caso podrán introducirse al territorio nacional sangre  o sus componentes con fines de procesamiento para obtención de hemoderivados.

Artículo 322.- La donación expresa en materia de órganos, tejidos no hemáticos, células y cadáveres podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

En el caso de células progenitoras o troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 327.- Está  prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines de trasplantes, transfusiones o procesamiento se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro, rectoría de los recursos públicos por el Estado y confidencialidad, por lo que su  obtención y  utilización serán estrictamente a título gratuito.

No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos directos e indirectos involucrados en la donación, obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, y células progenitoras o troncales. En ningún caso la recuperación de este costo puede asociarse con un fin de lucro.

Artículo 329 Bis.- El Consejo Nacional de Trasplantes y el Consejo Nacional de Servicios de Sangre fomentarán la cultura de la donación, en coordinación con Centro Nacional de  Trasplantes y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, los centros estatales de trasplantes y los centros de transfusión sanguínea de las entidades federativas.

Corresponde a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento  de  la  realización de trámites públicos, la obtención de documentos oficiales y en los planes de estudio.
Artículo 337

El traslado de órganos, tejidos y células adecuadamente etiquetados e identificados, podrá realizarse en cualquier medio de transporte por personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad del establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y células con fines de trasplante.

Artículo 338…

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

Capítulo IV
Disposición de Sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y
células progenitoras o troncales de seres humanos

Artículo 340…

Las políticas, normas, lineamientos y criterios para la valoración, el aplazamiento de donantes, la obtención de sangre, plasma, componentes sanguíneos, hemoderivados y células progenitoras o troncales, su análisis, procesamiento, conservación, transporte y uso las establecerá la Secretaria de Salud a través del Consejo Nacional de Servicios de Sangre considerando los avances científicos y tecnológicos, basados en los principios de transparencia, equidad y eficiencia, protegiendo la seguridad del donante y del receptor, la sostenibilidad y autosuficiencia de los mismos en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, su procesamiento o transfusión con fines terapéuticos, estará a cargo de los establecimientos siguientes:

I. En materia de sangre, plasma, componentes sanguíneos y hemoderivados:

A) Los servicios de sangre:

1. Centro de colecta: Establecimiento autorizado para seleccionar donantes y extraer sangre o componentes sanguíneos, debiendo enviar lo colectado a un centro de procesamiento o a un banco de sangre.

2. Bancos de Sangre: Establecimientos autorizados para llevar a cabo la selección del donante, la extracción, las determinaciones analíticas para la detección de agentes trasmisibles por transfusión, pruebas de inmunohematología, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de sangre y componentes sanguíneos con fines terapéuticos.

3. Centro de procesamiento: Establecimiento autorizado para realizar las mismas funciones que un banco de sangre, excepto las pruebas de detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión.

4. Centro de calificación biológica: Establecimiento autorizado para realizar las determinaciones analíticas para la detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión y pruebas de inmunohematología para los servicios de sangre.
5. Centro de distribución de sangre, plasma y componentes sanguíneos: Establecimiento autorizado para suministrar componentes sanguíneos a otros servicios de transfusión hospitalarios situados dentro de su área de influencia o, en su caso, al establecimiento de atención médica donde se ubica un centro de distribución.

6.  Servicio de transfusión hospitalario: Establecimiento autorizado para llevar a cabo la recepción, manejo, conservación, uso terapéutico, destino final y, en su caso, estudios de compatibilidad de la sangre y los componentes sanguíneos. Mediante depósito previo podrá realizar procedimientos de transfusión autóloga.

II. En materia de células progenitoras o troncales:

1. Centro de colecta de células progenitoras o troncales: Establecimiento autorizado para seleccionar donantes y obtener la sangre placentaria u otros tejidos con células progenitoras o troncales para su envío a un banco de este tipo de células, y

2. Banco de células progenitoras o troncales: Establecimiento autorizado para realizar la selección del donante, la extracción, las determinaciones analíticas, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de células progenitoras o troncales con fines terapéuticos

III. Centro de medicina regenerativa: Establecimiento autorizado para llevar a cabo procedimientos terapéuticos para regeneración de células, tejidos u órganos empleando células progenitoras o troncales, células no progenitoras o productos derivados de las células.

Artículo 341 Bis.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

Artículo 342 Bis 1. …

Para dotar de transparencia a los procesos la valoración y el aplazamiento de donantes, la obtención de sangre y plasma, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, uso y control sanitario se harán de forma diferenciada, sujetos a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud:

A. Transfusión de sangre, componentes sanguíneos y plasma para uso terapéutico;

B. Procesamiento o fraccionamiento para obtener hemoderivados para uso terapéutico.

Sólo podrá procesarse o fraccionarse sangre, componentes sanguíneos o plasma cuando esté garantizada la suficiencia de los mismos para transfusión en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 342 Bis 2.…

La trazabilidad, farmacovigilancia y control sanitarios en todas las fases son esenciales para prevenir riesgos, por ello las disposiciones de la Secretaría de Salud se sujetarán a la experiencia en la materia de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica y tecnológica, incluido el uso de dispositivos de diagnóstico para prevenir con la mayor sensibilidad y especificidad las enfermedades transmisibles por vía sanguínea.


CAPITULO V
PERDIDA DE LA VIDA

CAPITULO VI
CADAVERES

Título Décimo Cuarto Bis
Seguridad Sanguínea

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 350 Bis 8.- La seguridad sanguínea es el conjunto de intervenciones que garantizan:

I. La seguridad de los donantes de sangre;

II. La disponibilidad, el acceso, la oportunidad y la calidad de la sangre;

III. La seguridad de los componentes sanguíneos, y

IV. La seguridad del acto transfusional que implica  la ausencia de reacciones adversas en los receptores de la transfusión o hemoderivados y  el beneficio clínico de la transfusión.

Artículo 350 Bis 9.- Para garantizar la seguridad sanguínea se establece el Sistema Nacional de Servicios de Sangre, en adelante el Sistema, conformado por:

I. El Consejo Nacional de Servicios de Sangre;

II. El Programa Nacional de Servicios de Sangre, y

III. La Red de Servicios de Sangre  

Capítulo II
Del Consejo Nacional de Servicios de Sangre

Artículo 350 Bis 10.- El Consejo Nacional de Servicios de Sangre es el órgano consultivo y asesor de la Secretaría de Salud en materia de políticas nacionales, procedimientos técnicos y de administración sanitaria que deben regir el acceso equitativo, oportuno, eficiente y seguro a la sangre, plasma y hemoderivados. Es la instancia responsable de coordinar la elaboración y evaluación  del Programa Nacional de Servicios de Sangre.

Artículo 350 Bis 11.- El Consejo Nacional de Servicios de Sangre estará integrado por:

I. El Titular de la Secretaría de Salud, quien lo presidirá;

II. El Titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios;

III. El Titular del Centro Nacional de la Trasfusión Sanguínea quien fungirá como Secretario Ejecutivo y responsable de la ejecución del Programa Nacional de Servicios de Sangre;

IV. Los representantes de los Centros Estatales de Transfusión Sanguínea y del Distrito Federal;

V. Un representante de los Institutos Nacionales de Salud;

VI. Los representantes de otras dependencias y entidades que tengan relación con la seguridad sanguínea y que el Consejo considere necesario incorporar, y

VII. Los representantes de la sociedad civil con trabajo en el área de salud y promoción de la donación altruista que determine el reglamento.
Artículo 350 Bis 12.- El Consejo Nacional de Servicios de Sangre tendrá entre sus funciones:

I. Definir las políticas del Programa Nacional de Servicios de Sangre y de evaluación externa de calidad;

II. Determinar la cantidad y tipo de servicios de sangre necesarios para lograr la disponibilidad de sangre y sus componentes seguros, y organizar la Red de Servicios de Sangre con base en la identificación de necesidades; 

III. Impulsar planes de desarrollo científico-técnico, alentando la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre y de formación de recursos humanos en el área de la Medicina Transfusional;

IV. Promover el uso clínico apropiado de la sangre y definir el programa de hemovigilancia para evaluar el impacto de las transfusiones  y los hemoderivados en la salud de los pacientes;

V. Promover actividades de información, educación y comunicación relacionadas con la donación voluntaria, altruista, no remunerada y de repetición de sangre y plasma en todos los niveles de la sociedad;

VI. Promover que los programas de educación primaria, secundaria y superior respectivamente incorporen la promoción y educación de la donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición y de la autotransfusión como alternativa a la transfusión.

La Secretaría de Salud expedirá el Reglamento Específico de organización y mecanismos de funcionamiento de la Comisión.

Capítulo III
Del  Programa Nacional de Servicios de Sangre

Artículo 350 Bis 13.- La Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Servicios de Sangre, en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la ejecución del Programa Nacional de Servicios de Sangre, a través de las siguientes acciones:

I. Organización de los servicios de sangre bajo el concepto de integración en las redes hospitalarias, centralizando su procesamiento y regionalizando la colecta, almacenamiento y distribución de los bancos de sangre de mayor escala, con personal capacitado, tecnología de punta en automatización e información;

II. Realización del 100% de pruebas de laboratorio para los cinco marcadores establecidos como obligatorios: VIH, VHC. VHB. T. Pallidum y T. Cruzi, y en casos positivos consejería y referencia a los servicios de salud;

III. Creación del Registro Nacional de Sangre, plasma y hemoderivados;

IV. Creación de un Sistema de referencia para donantes cuyos marcadores de agentes infecciosos sean positivos que incluya la consejería y el seguimiento necesarios;

V. Impulsar planes de desarrollo científico-técnico, alentando la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre;

VI. Formación de recursos humanos en el área de la Medicina Transfusional;

VII. Educación e información basada en los avances científicos y tecnológicos para modificar comportamientos sociales e institucionales que favorecen que la obtención de sangre sea vía reposición o sustitución con las implicaciones técnicas y económicas que esta práctica implica;

VIII. Promoción de la donación voluntaria, altruista, no remunerada y de repetición como una política nacional para asegurar la calidad de la sangre.


Capítulo IV
De la Red de Servicios de Sangre

Artículo 350 Bis 14.- Se crea la Red de Servicios de Sangre, en adelante la Red, como ente técnico-operativo para la integración funcional de los servicios públicos y privados dedicados a la seguridad sanguínea, conformada en los términos del artículo 341 de esta Ley, y base de la Regionalización que garantice el acceso universal.

Artículo 350 Bis 15.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea con la participación de los Centros Estatales y del Distrito Federal será el responsable de la conformación y evaluación de la Red de acuerdo con los criterios y lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Servicios de Sangre.

Capítulo V
Del Registro Nacional de sangre, plasma, hemoderivados y células progenitoras o troncales

Artículo 350 Bis 16.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el Registro Nacional de sangre, plasma, hemoderivados y células progenitoras o troncales. En la integración y actualización de la información participarán los Centros Estatales y del Distrito Federal.

Artículo 350 Bis 17.- El Registro Nacional de sangre, plasma, hemoderivados y células troncales se integrará con la siguiente información:

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren la fracción IV del artículo 315 y el artículo 341 de esta Ley.

II. Los datos de receptores vivos y fallecidos de sangre, sus componentes y derivados con diagnóstico positivo a marcadores infecciosos por vía sanguínea.

III. Los datos de los donadores.

IV. El registro de los productos procesados derivados de la sangre y su destino final.

Capítulo VI
De la promoción de la Donación

Artículo 350 Bis 18.- La donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición constituye el pilar básico de la seguridad sanguínea. Se debe impulsar con un enfoque intersectorial continuo en materia de educación para la salud y promoción de la donación de sangre, con base en los siguientes principios:

a) Valor humano y de responsabilidad social del individuo que comienza con el aprendizaje en la edad temprana  y considera la autoexclusión;

b) Necesidad permanente y no solamente asociada a urgencias o desastres;

c) Proceso que no compromete la salud física ni mental del donante, ni se sustenta en diferencias de género;

d) Garantía de calidad y calidez por parte de los servicios de sangre, y

e) Confianza en el sistema en relación con el manejo adecuado de la sangre donada y la introducción de alternativas a la transfusión como son las autotransfusiones y la gestión de la sangre del paciente.

Artículo 350 Bis 19.- Por seguridad transfusional los establecimientos para la atención médica deberán evitar las donaciones familiares o de reposición, así como las dirigidas, fomentando entre la población la donación voluntaria, altruista y de repetición.

Artículo 350 Bis 20.- El procedimiento de autoexclusión confidencial se aplicará en cada donación, de conformidad con lo que dispongan las normas oficiales mexicanas aplicables. El personal de los servicios de sangre facilitará que el usuario que hubiese proporcionado su sangre o componente sanguíneo se autoexcluya, garantizando la confidencialidad del acto.

Artículo 460 Bis.- Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus derivados, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Si de la introducción del material hemático señalado se desprendiera algún contagio o riesgo para la población, además, se aplicarán las penas señaladas en el artículo 462 de ésta Ley.

Artículo 462…

I a VI. …

VII. Al responsable de la transfusión de sangre, componentes sanguíneos, plasma, o del procesamiento o fraccionamiento de hemoderivados, que no cumpla con los requisitos de seguridad sanguínea.

En el caso de la fracción VII, por cada receptor afectado se aplicarán adicionalmente de uno a dos años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Consejo Nacional de Servicios de Sangre deberá conformarse en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto.

TERCERO.-  En un plazo ciento veinte días hábiles a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se reformará el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013.

Sen. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con mucho gusto. Gracias Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña Gómez, por favor.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, por favor, señor Senador, hay diversas organizaciones que apoyan su iniciativa y, por lo tanto, me han pedido que yo la apoye, y con mucho gusto lo haría si usted me permite suscribirla.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Acepta, Senador Mayans Canabal?

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Desde luego, señora Senadora.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con mucho gusto, señora Senadora.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Senador.





 

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con un proyecto de Decreto por el que se modifica el nombre de la Ley de Planeación, y se reforman y adicionan diversos artículos de este ordenamiento, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA LEY DE PLANEACION, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE ESTE ORDENAMIENTO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los CC. Senadores Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández, Aarón Irízar López, Angélica del Rosario Araujo Lara, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Oscar Román Rosas González y Eviel Pérez Magaña)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de mis compañeras y compañeros Senadores Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández, Aarón Irízar López, Angélica del Rosario Araujo Lara, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Oscar Román Rosas González y Eviel Pérez Magaña, y del mío propio, me permito poner a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el nombre de la Ley de Planeación, y se reforman y adicionan diversos artículos de este ordenamiento, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

En las últimas décadas, la planeación nacional ha dejado de tener representatividad y realismo; no se actualiza conforme a las condiciones económicas, cambiantes y a las necesidades de cada territorio.

Ante esto, es evidente que los objetivos se pierden, se extravían y la relevancia de este esfuerzo y de estos procesos de planeación pasan a segundo término.

Las instituciones para el desarrollo regional requieren de una mejor coordinación, ya que los mecanismos legales actuales no atienden esta necesidad de manera eficaz.

Las herramientas técnicas, operativas y financieras con que se cuenta para alcanzar el desarrollo regional son escasas y no corresponden a la urgencia del desarrollo de las regiones más necesitadas del país.

México requiere de procesos mejor definidos para la coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno.

Es necesario contar con un esquema federalista que permita a cada región explotar sus ventajas comparativas. Atenuar los efectos negativos de un entorno internacional abierto; contar con instituciones y políticas acordes a un sistema competitivo, descentralizado y responsivo de las necesidades locales.

Es urgente impulsar la regionalización del presupuesto y la conjunción de esfuerzos interinstitucionales e intergubernamentales.

Con ello, las dependencias trasladarán recursos a fondos regionales, de tal manera que los recursos atiendan proyectos y temas específicos.

El propósito de esta iniciativa pretende lograr mejorar el marco jurídico actual, el que se sustenta la planeación para introducir el concepto de desarrollo regional en la Ley de Planeación.

Incorporar a la Ley de Planeación un nuevo Capítulo para una adecuada regulación y articulación de la planeación regional que obligue a los tres órdenes de gobierno a orientar de manera más coordinada el rumbo de las inversiones en torno a una estrategia que garantice el desarrollo territorial equilibrado con el propósito de cerrar las brechas de desigualdad entre las entidades federativas y las regiones.

Planear el desarrollo regional desde una visión integral y federalista, incluyente y participativa.
Cambiar el nombre de la Ley de Planeación para denominarse Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional.

Lograr que en el Plan Nacional de Desarrollo se refleje el consenso de las diversas entidades y se vean reflejados en él, los aspectos del desarrollo regional.

Generar la información cualitativa y cuantitativa con indicadores de desarrollo económico y social en materia de planeación nacional y regional, con el objeto de contar con un gran inventario de proyectos de infraestructura para detonar el desarrollo entre las regiones de la República.

Establecer el Fondo para el Desarrollo Regional en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Crear el Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la Equidad Territorial que haga frente a los desequilibrios del desarrollo entre las regiones al interior de cada una de ellas, y además sirva para reforzar la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Reformar y adicionar la Ley de Asociaciones Público Privadas para que en los convenios entre el gobierno federal y la iniciativa privada, en ellos siempre prevalezca como parte sustantiva de los mismos, una visión del desarrollo integral y sustentable del país, así como de las regiones y zonas metropolitanas.

¿Para qué la iniciativa?, ¿para qué la reforma? Para construir un marco normativo que nos ayude a impulsar políticas públicas de alivio a la pobreza, vinculación eficiente de los territorios y disminución del atraso provocado por la falta de infraestructura, bajas capacidades laborales, productividad deficiente y estancamiento económico de las regiones; para definir metas y directrices que den rumbo certero a los presupuestos, ya que carecen de definiciones claras y encauzadas para ejercerse de acuerdo a lo resuelto en un proceso de planeación regional.

Definir áreas de oportunidad y con ello las iniciativas locales y regionales. Lograr que el Plan Nacional de Desarrollo se convierta, verdaderamente, en el eje rector de la política nacional, respecto a las necesidades regionales.

Para lograr un nuevo arreglo institucional, a partir del fortalecimiento de las instancias mesorregionales; para promover la participación ciudadana en los procesos de desarrollo regional así como afinar los instrumentos para la promoción de los esfuerzos que se emprenden desde lo local.

Para darle lógica de interacción a los diferentes órganos de gobierno, favoreciendo prácticas de abajo hacia arriba y de manera horizontal, que permitan desde el ámbito local, se puedan generar posibilidades de participación ciudadana.

Por estas razones, solicito, respetuosamente, y pido el respaldo de mis compañeras y compañeros Senadores, para poder llevar a la realidad este planteamiento que hoy he expuesto aquí, de manera sucinta

Termino expresándoles, que para nadie es desconocido, que hoy en nuestro país existen desequilibrios regionales que son verdaderamente situaciones que tenemos que rechazar, porque en nada ayudan al desarrollo armónico de la nación.

Requerimos un fondo de cohesión social que permita con una orientación productiva, apoyar la estrategia de combate al hambre que ha encabezado y que está encabezando el gobierno de la República; que tenga recursos presupuestales y que promueva la participación comunitaria y la organización social; que los fondos regionales dejen de estar al arbitrio, a las circunstancias que se generan cada vez que se discute el proceso para darles institucionalización; y tenemos que darle y tenemos que dejar reflejado en el Plan Nacional un Capítulo en la Ley General de Planeación, un capítulo específico para el desarrollo regional, a efecto de dar el peso específico que requiere, que demanda el equilibrio sano, responsable y equilibrado de las regiones del país.
Por el apoyo que puedan brindar a esta iniciativa de un grupo de Senadores, les agradezco de antemano su respaldo y les agradezco su atención.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los que suscriben, Senadores RENE JUAREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, AARON IRIZAR LOPEZ, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, RAUL AARON POZOS LANZ, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ Y EVIEL PEREZ MAGAÑA, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA LEY DE PLANEACION, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE ESTE ORDENAMIENTO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Antecedentes.

Nuestro país requiere urgentemente que el desarrollo regional sea visto desde una perspectiva amplia, federalista, incluyente y participativa, que involucre tanto al sector público como el privado y el social y en la que los tres órdenes de gobierno participen a través de nuevos espacios de coordinación y colaboración para el desarrollo regional.

Los programas regionales modernos tienen como premisa fundamental la participación de los sectores sociales, productivos, ciudadanos y académicos. De igual manera, toman en cuenta los constantes cambios tecnológicos y las tendencias de la globalización.

Si compartimos las responsabilidades en la planeación nacional y de las regiones, podremos aspirar a darle a todos los mexicanos mejores perspectivas de desarrollo colectivo y personal.

El desarrollo regional como política pública en México ha tenido un comportamiento inconsistente, lo que en buena medida explica que el desarrollo nacional continúe marcado por diferencias regionales persistentes y significativas. De ahí la necesidad de fortalecer la institucionalidad y coordinar todas aquellas acciones pertinentes a favor de la planeación del desarrollo regional.

En las décadas de los 40’s, 50’s y 60’s predominó el concepto de cuencas hidrológicas y áreas naturales. En un sentido paralelo, el desarrollo de complejos industriales y turísticos tuvo su inicio.

En la década de los 70’s y parte de los 80’s se mantuvo la concepción regional de las décadas previas. El conjunto de instrumentos institucionales perdió fuerza ante una programación sectorial, especialmente en la visión de las inversiones públicas debido a la predominancia de la Secretaría de la Presidencia sobre las Secretarías de Obras Públicas y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En el transcurso de estos años comenzó a consolidarse el sistema nacional de planeación estructurado por los comités de planeación del desarrollo estatal (COPLADE), cuyo propósito principal consistía en ser un órgano colegiado de apoyo a la planeación estatal, con capacidad técnica y organizativa para armonizar la participación de los municipios como entidades fundamentales del sistema nacional de planeación a través de convenios de coordinación. Asimismo, tenían la función de lograr la participación de los sectores de la sociedad y procurar la coordinación y colaboración de los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

En concordancia con los objetivos planteados en el sistema nacional de planeación y una vez que los municipios aceptaran libremente la suscripción de convenios de coordinación, los municipios deberían contar con una estructura organizativa congruente con la de los COPLADES, para dar homogeneidad y funcionalidad al sistema nacional de planeación. Así, con la conformación de los comités de planeación del desarrollo municipal (COPLADEMUN), se lograría una mejor participación de los municipios en los comités de planeación del desarrollo estatal.

A finales de los años 80’s, la creación de una Subsecretaría de Desarrollo Regional dentro de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) señala un nuevo esfuerzo de programación regional en el marco de la programación social (Programa Nacional de Solidaridad). Este tiempo se asocia también con el inicio de la apertura de la economía mexicana y, por tanto, de la creación de nuevas formaciones regionales.

Desde mediados de la década de los 90’s lo regional pierde relevancia, cuando aspectos como el desarrollo urbano y el medio ambiente se vuelven más importantes en la visión gubernamental e institucional.

Durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, resaltó la importancia del desarrollo regional y definió 5 mesorregiones para propiciar la coordinación intergubernamental: Noroeste, Noreste, Centro Occidente, Centro País y Sur Sureste.

A partir de este concepto político surgieron los siguientes aspectos institucionales:

1).- En cada mesorregión se constituyó en 2001 un fideicomiso para estudios y planes de desarrollo regional. Estas instancias funcionan a partir de un fondo al que aportan cantidades idénticas los estados de la mesorregión. Por su parte, la federación agrega a cada fideicomiso una cantidad igual a la suma de las aportaciones estatales correspondientes.

2.- Cada fideicomiso tiene un Comité Técnico que funciona como órgano de gobierno conformado por representantes designados por los respectivos gobernadores, el cual tiene como misión profundizar en estudios sectoriales tales como: carreteras, agua, desarrollo agropecuario, salud, seguridad pública, competitividad, entre otros.

Fue en el año 2007 cuando se crea un instrumento presupuestal denominado Fondo Regional, planeado para ser aplicado conforme al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los 10 estados con el menor grado de desarrollo. Asimismo, el Fondo Metropolitano el cual se destina prioritariamente para estudios y obras de infraestructura con la finalidad de promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.

A pesar de todos estos esfuerzos el desarrollo regional como política pública en México sigue sin lograr todo su potencial, ya que las herramientas con que se cuenta para alcanzarlo son sumamente escasas.

Consideraciones.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Este ordenamiento le asigna al Gobierno Federal la responsabilidad de la planeación y lo define como el instrumento fundamental del Plan Nacional de Desarrollo en donde se ordenan sistemáticamente las acciones gubernamentales encaminadas al logro de un desarrollo equitativo que proporcione mejores niveles de vida para los mexicanos.

El Poder Ejecutivo Federal, conforme a la Ley de Planeación está facultado para establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de desarrollo que de él deriven.
Asimismo, está facultado para determinar los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para coordinar convenios con los gobiernos de las entidades federativas e inducir y concertar con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

Por otra parte y conforme al Artículo 33 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal puede convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la coordinación que se requiera a efecto de que participen en la planeación nacional del desarrollo, coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos de la planeación nacional y para que las acciones a realizarse por la federación y los estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos debe considerarse la participación que corresponda a los municipios.

Sabemos que en muchos de los casos esta coordinación en la planeación nacional y regional es inoperante. Por ello, consideramos que es necesario que el Ejecutivo Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, impulse una nueva estrategia incluyente que ayude a incrementar el impacto social de los recursos fiscales, al tiempo de promover las diferentes dimensiones del desarrollo a partir de un sistema de planeación para el desarrollo regional y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales e interestatales alrededor de este sistema.

De ahí la necesidad de reflexionar sobre los instrumentos de planeación en nuestro país y analizar la pertinencia de actualizar el marco normativo que permita que el Gobierno Federal y los de las entidades federativas, puedan construir mecanismos de coordinación y planeación que ayuden a identificar las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos fiscales para financiar proyectos que detonen el desarrollo, más allá del ejercicio que se realiza anualmente a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, que a todas luces resulta insuficiente.

La planeación en México debe incorporar el componente del desarrollo regional y reconocer a los sujetos del mismo, así como sus derechos y obligaciones con la idea de lograr una verdadera coordinación intergubernamental e intersecretarial que ayude a potenciar y garantizar el desarrollo regional equilibrado, cerrar la brecha de desigualdad entre las entidades federativas y, buscar al mismo tiempo, aportar los mecanismos operativos adecuados para promover una estrategia de desarrollo regional sustentable, territorialmente ordenada, económicamente competitiva, socialmente incluyente, ambientalmente responsable y financieramente viable.

Es por lo anterior que esta Iniciativa con Proyecto de Decreto busca lograr que la planeación regional se inserte en un proceso donde coincidan los distintos órdenes de gobierno y se contemplen elementos tales como: el criterio redistributivo; la inequidad territorial nacional; las necesidades y la planeación desde lo local; la concurrencia municipal y de participación ciudadana; que nos permitan disminuir las disparidades regionales, aprovechar el dinamismo demográfico y consolidar un patrón territorial más eficiente y equitativo.

Es menester reconocer el debilitamiento generalizado de la política de planeación regional en México, ante lo cual surge la preocupación de enfrentar los nuevos retos que el escenario económico nacional e internacional plantea para el país.

Mediante el enfoque regional como referente de acciones legislativas integrales, se busca derivar políticas públicas que ayuden a promover una integración nacional más armónica y mejorar, en el corto plazo, las condiciones de vida de todos los sectores de la población.

Temas tales como la desigualdad social, el desempleo, las capacidades productivas, la infraestructura, la seguridad, las relaciones intergubernamentales, entre otros, deben ser abordados a partir de un análisis territorial y con un enfoque de gestión regional.

Cuando se habla de desarrollo regional debemos concebir a todo el Estado mexicano, ya que no es suficiente la unión de los tres órdenes de gobierno. Sin la incorporación de los sectores público y privado no es posible la conjugación de los recursos políticos, económicos y sociales suficientes para llevar a cabo un proceso exitoso para el desarrollo de las regiones.
Es por ello, que consideramos que la planeación debe apoyarse en las estructuras e instituciones que le permitan llevar a cabo la práctica de tareas relacionadas con la misma. Uno de los problemas que dificultan la ejecución de los planes de desarrollo, es la falta de mecanismos administrativos y operativos adecuados así como un federalismo funcional, eficiente, solidario y transparente.

En la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se carece de una adecuada integración de las entidades federativas y la federación que permita el aprovechamiento sustentable del territorio y la acción concertada entre gobierno y sociedad, con el propósito de impulsar el desarrollo a partir del fortalecimiento del federalismo y con el fin de orientar los esfuerzos buscando una perspectiva integral y de largo plazo.

En materia de federalismo es impostergable atender un reclamo social histórico para que el Estado mexicano, en su estructura jurídica y normativa, tenga como resultado el cambio de la realidad actual de sus mesorregiones, regiones y zonas metropolitanas.

La planificación a nivel nacional debe recoger la racionalización de la actividad económica, social y política de la sociedad, midiendo los resultados del Plan Nacional de Desarrollo con indicadores que las dependencias del sector público y la estructura administrativa elaboren para la consecución de sus objetivos.

Este propósito debe hacerse extensivo a las entidades federativas, con la idea de llevar a cabo la ejecución del plan estatal, los programas sectoriales, institucionales y municipales, en coordinación con el Ejecutivo Federal. Sólo así, la planeación podrá ser un instrumento que permita potenciar la actividad económica a nivel regional y servir como un elemento de cohesión social para la construcción, preservación y recuperación de infraestructura económica y productiva en las zonas y localidades de mayor rezago y carencia social en nuestro país.

A partir de una plena coordinación y transparencia entre la federación, los estados y los municipios respecto a los montos, el origen y destino de los recursos públicos, así como en la definición de las prioridades de atención y solución de los problemas sociales más sentidos, se lograrán construir los consensos para el nuevo marco jurídico y administrativo del desarrollo regional.

Si bien es cierto que el sistema nacional de planeación democrática establece que habrá coordinación con las entidades federativas para hacer compatible la planeación que se efectúa en cada ámbito de gobierno, así como la definición de mecanismos institucionales operativos que permitan dicha coordinación para lograr el crecimiento y desarrollo económico regional, también lo es que estas disposiciones no se llevan a la práctica, por lo que debemos motivar cambios legislativos que ayuden a que las entidades federativas tengan una mayor injerencia en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para que en coadyuvancia con la planeación nacional, los planes estatales y municipales de desarrollo puedan concretarse de manera eficaz.

Se trata, como vemos, de alinear los objetivos, estrategias, prioridades y líneas de acción del desarrollo en cada uno de los órdenes de gobierno, al tiempo de contar con las previsiones financieras, los instrumentos y los responsables de su ejecución, así como los lineamientos de política general, sectorial y regional, para lograr que el desarrollo regional sea visto y operado con una visión de Estado.

En este sentido, las entidades reforzarán la organización de los sistemas estatales de planeación democrática, a través de la articulación de sus políticas de desarrollo, con las prioridades y objetivos nacionales para influir y determinar los criterios con los que se asignara el gasto.

El federalismo y la planeación son complementos para mitigar los efectos devastadores de la economía de mercado y motivar el desarrollo social y productivo, a partir de la visión y las necesidades que surgen en las entidades federativas, con la concurrencia municipal y la participación ciudadana.

Basta recordar que el 90 por ciento de los recursos que reciben los estados y municipios provienen de la federación, mientras que los recursos locales son muy escasos. Es en este sentido, que se da una asimetría entre las estrategias a nivel federal con las necesidades regionales.
Contenido de la Iniciativa.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto tiene como objetivo incorporar de manera expresa el tema del desarrollo regional, con una visión de largo alcance y a partir de una idea integral del país, de las potencialidades que ofrece cada región, de su vocación productiva natural, de sus fortalezas, así como de los retos sociales en cada una de ellas, a fin de avanzar en la construcción de un camino hacia una sociedad más incluyente, igualitaria, saludable y competitiva.

Asimismo tiene como propósito, impulsar nuevos espacios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer efectivo un desarrollo regional equitativo y homogéneo en todo el país, así como vincular de manera eficiente a los territorios y acabar con el atraso provocado por bajas capacidades laborales, productividad deficiente y estancamiento económico, al tiempo de alcanzar un entorno más favorable que permita a los productores locales incorporarse a los mercados y atraer inversiones a las distintas regiones del país de manera más equilibrada.

México requiere de la construcción de una auténtica política de Estado en la que concurran, de manera ordenada y con los mismos objetivos, los distintos órdenes de gobierno y las instituciones responsables de la promoción del mejoramiento económico y social. De ahí que se planteen reformas a diversos artículos de la Ley de Planeación para detonar el desarrollo de las mesorregiones, las regiones y las zonas metropolitanas.

Es de destacar la propuesta para que el Plan Nacional de Desarrollo se nutra del consenso de las diversas entidades, y se vean reflejadas en él no sólo las cuestiones sectoriales como hasta ahora, sino sobre todo, los proyectos de infraestructura productiva para alcanzar el desarrollo regional desde la óptica de las mesorregiones.

De igual forma, es de resaltar la propuesta para que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establezca el Fondo para el Desarrollo Regional, con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se señalen los montos y modalidades de distribución y ejecución, el cual deberá estar orientado al financiamiento de los programas, acciones y obras que el Gobierno Federal y las entidades federativas formalicen a través de convenios para el desarrollo de las mesorregiones. Con ello, este Fondo tendría permanencia en el tiempo y recursos estables, lo que evitaría el desgaste de la negociación política durante la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada Ejercicio Fiscal.

Asimismo, se pretende que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se contemple bajo el mismo criterio, un Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la Equidad Territorial que haga frente a los desequilibrios del desarrollo entre las regiones y al interior de cada una de ellas, con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen recursos a este Fondo que serán distribuidos a través del Ramo 33, basado en transferencias complementarias orientadas a crear alternativas productivas y redistributivas que permitan superar de manera más efectiva las restricciones económicas en las zonas más rezagadas del país, con base en fórmulas establecidas a partir de indicadores del desarrollo económico y social elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de Evaluación (CONEVAL).

Este Fondo se constituiría a partir de las aportaciones federales orientadas a dotar a las entidades federativas de recursos destinados a la construcción, preservación y recuperación de infraestructura económica y productiva en las zonas y localidades de atención prioritaria del país, para dinamizar el crecimiento económico regional, reducir los costos locales de producción y transacción, mejorar la productividad y facilitar la integración de actividades y espacios de mercados y ejes de desarrollo que favorezcan la conectividad y el acceso de sus habitantes a las fuentes de empleo en beneficio de las regiones con mayores rezagos.

Uno de los objetivos de este Fondo es que a través de acciones que impacten en la transformación de la estructura socioeconómica, se garantice un esfuerzo sostenido en el tiempo ante cambios en la administración local y federal.
El propósito es la superación de los rezagos en las regiones más necesitadas del territorio nacional, a partir del principio de equidad y el impulso de una mayor inversión de capital en infraestructura, que genere condiciones de avance productivo en aquellos territorios del país que requieren de un mayor dinamismo y modernización de la economía, de apoyo a la producción y de la conectividad para alcanzar un marco territorial de desarrollo.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto plantea reformas y adiciones a la Ley de Asociaciones Público Privadas para que en los convenios entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada prevalezca, como parte sustantiva de los mismos, una visión de desarrollo integral y sustentable del país, con la idea de llevar a cabo la planeación del desarrollo a nivel nacional, mesorregional, regional y metropolitano, y encauzar de manera más armónica las actividades de la Administración Pública Federal.

Asimismo, se busca una organización en las mesorregiones, para la planeación y la gestión del desarrollo, basada en políticas públicas, que faciliten la coordinación interestatal e intergubernamental en torno a planes y carteras de proyectos estratégicos, así como la presentación de propuestas conjuntas por parte de las dependencias federales, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que permitan a su vez un ambiente favorable para crear espacios amplios de colaboración entre estos y la ciudadanía.

Con ello, se logrará que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades que se establezcan en la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y el eficaz desempeño del Estado sobre el desarrollo nacional, mesorregional, regional y de las zonas metropolitanas, en búsqueda de la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los proyectos integrales de desarrollo requieren una mejor planeación y más inversión que subsidios, además de superar la idea de que sea la federación el actor central del desarrollo nacional. De ahí la necesidad de contar con el concurso de todos los actores involucrados que favorezca la definición clara de las metas y de las directrices que den rumbo a esta participación, acorde con las necesidades que exige el México del siglo XXI.

De no lograrlo, la ausencia de procesos e instrumentos de planeación reducirán la posibilidad de definir las áreas de oportunidad y con ello las iniciativas locales, regionales y mesorregionales, quedarán desarticuladas y fuera de toda posibilidad de concretarse.

En este sentido, la presente iniciativa permite redefinir esquemas de planeación, así como el papel de la política nacional respecto a las necesidades regionales y, con ello, la integración de los órganos de decisión y la aplicación de los recursos financieros de manera más equitativa.

De igual forma, fortalece un esquema federalista que permite a cada región explotar sus ventajas comparativas, atenuar los efectos negativos de un entorno internacional abierto, además de hacer efectiva la coordinación entre instituciones y políticas públicas a nivel gubernamental para que sean acordes con un sistema competitivo, descentralizado y responsivo de las necesidades locales.

Es así que se propone cambiar el nombre de la Ley de Planeación para denominarse Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y crear un modelo de coordinación intergubernamental basado en mesorregiones. Asimismo, se propone que el Plan Nacional de Desarrollo se nutra del consenso de las diversas entidades y se vean reflejados en él, los proyectos de infraestructura productiva para potenciar el desarrollo de las regiones.

Se incorpora además un nuevo Capítulo Octavo, para establecer metas y objetivos entre el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de desarrollo regional, en búsqueda de una mayor coordinación de los esfuerzos federal y local.

Cabe mencionar que las adiciones a los primeros cuatro artículos de la Ley de Planeación se recogen de la minuta con proyecto de Decreto que buscaba reformar la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en materia de desarrollo regional, misma que fue enviada del Senado de la República a la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 y que hasta la fecha no ha sido dictaminada.

Creemos que el esfuerzo institucional no debe de perderse al paso de las legislaturas. Es por ello que hemos decidido utilizar estas propuestas como un complemento ideal para integrar esta nueva iniciativa, no sin antes hacer la debida mención y el justo reconocimiento a quienes nos antecedieron.

Este nuevo proyecto legislativo parte de una óptica integral que atiende las nuevas circunstancias por las que atraviesa el país, sin descuidar la sistematicidad del ordenamiento jurídico nacional.

La idea central de los senadores proponentes es que podamos contar con un marco normativo que nos ayude a impulsar políticas públicas de alivio a la pobreza, vinculación eficiente de los territorios y disminución del atraso provocado por falta de infraestructura, bajas capacidades laborales, productividad deficiente y estancamiento económico de las regiones, que podrá coadyuvar de manera integral a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Una regionalización flexible de acuerdo a un plan estratégico y la operación de fondos más amplios y estables que den mayor libertad a las instancias locales para la aplicación de esos recursos, representa otro de los objetivos que los legisladores buscan plasmar en esta propuesta legislativa.

No se podrá avanzar en la construcción de políticas regionales que articulen lo rural y lo urbano mientras que el arreglo institucional siga concentrando los recursos y la toma de decisiones desde la federación. Por ello, el objetivo de esta iniciativa implica el fortalecimiento de las instancias mesorregionales y regionales con el objetivo de invertir la lógica de interacción en los procesos de la planeación, favoreciendo prácticas de abajo hacia arriba, ya que es en el ámbito local donde se generan mayores posibilidades de aglutinar la participación ciudadana. Es ahí donde la gente se puede involucrar con mayor entusiasmo para participar y modificar sus condiciones de vida. De este proceso puede entonces, construirse la identidad regional.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL  NOMBRE DE LA LEY DE PLANEACION Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE ESTE ORDENAMIENTO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

Artículo primero. Se modifica el nombre de la Ley de Planeación; se reforman las fracciones I, III, IV y V del artículo 1; se reforma el primer párrafo, las fracciones V y VI, y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 2, recorriéndose la subsiguiente en su orden; se reforma el primer párrafo del artículo 3; se adicionan tres párrafos al artículo 4; y se adiciona el capítulo Octavo, todos de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PLANEACION DEL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL

Artículo 1o. ...

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo a nivel nacional, mesorregional y regional, así como metropolitano y encauzar, en función de éstas, las actividades de la Administración Pública Federal;
II.- ...

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas y, en su caso, con los municipios, conforme a la legislación aplicable;

IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas mesorregionales, regionales o metropolitanos a que se refiere esta Ley; y

V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los programas mesorregionales, regionales o metropolitanos a que se refiere esta Ley.

Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, así como de las mesorregiones y regiones, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I. a IV. ...

V.- El fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre, así como el mejoramiento de la coordinación intergubernamental entre los distintos niveles de gobierno, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo y refuerce la competitividad de las diferentes mesorregiones y regiones, como vía para incrementar los empleos y los ingresos de sus habitantes en un marco de estabilidad económica y social;

VII.

VIII.- El reforzamiento de la cohesión social a nivel local para que los valores y aspiraciones compartidos entre los individuos de las comunidades, la confianza entre ellos mismos, los lazos de reciprocidad y ayuda mutua, les faciliten construir soluciones y propuestas conjuntas de desarrollo aplicables al ámbito local en que viven o trabajan; y

IX.- La sustentabilidad del desarrollo, el cual debe ser duradero y procurar el aprovechamiento, la explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente y vocación productiva de las mesorregiones y regiones.

X.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación del desarrollo, en los ámbitos nacional, mesorregional o regional, la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal y a los estatales o municipales, en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, así como de las distintas mesorregiones y regiones, incluyendo a las zonas metropolitanas, para mejorar las condiciones de vida de la población, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

...

Artículo 4o. …

La planeación a nivel nacional incorporará los esfuerzos de planeación a nivel mesorregional y regional que se habrá de realizar conjuntamente con las entidades federativas y los municipios, de acuerdo a lo previsto en esta Ley.
Tratándose de regiones interestatales, participarán en la planeación la Federación, los estados y los municipios respectivos, en sus ámbitos de competencia.

La planeación del desarrollo de cada región interestatal es responsabilidad del Ejecutivo de la entidad federativa en que dicha región esté localizada, con la participación que corresponda a los municipios comprendidos dentro de la misma región.

CAPITULO OCTAVO
De la Política y los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y
los Programas de Desarrollo Regional

Artículo 45. El Plan Nacional de Desarrollo y los programas de desarrollo regional se establecen para el logro de los objetivos siguientes:

I. Promover el desarrollo de las mesorregiones, regiones y zonas metropolitanas, incorporando el apoyo y los compromisos de las comunidades y los sectores sociales y productivos, bajo criterios claros de respeto por el medio ambiente y de sustentabilidad, conjuntamente con las instituciones de los tres órdenes de gobierno en los términos de la presente Ley y de los demás ordenamientos aplicables;

II. Privilegiar los estímulos, fomento y apoyo a las regiones mayormente rezagadas, para que gradualmente alcancen ritmos de desarrollo y generación de oportunidades equiparables a la dinámica de las regiones dotadas de mayores recursos y potencialidades;

III. Propiciar las condiciones que permitan a la población, participar del disfrute de los bienes públicos, los servicios y las opciones de desarrollo individual y familiar como producto de las políticas deliberadas y las estrategias regionales de desarrollo;

IV. Modernizar el aparato administrativo y los instrumentos institucionales de los tres órdenes de gobierno que propicien y aseguren la rectoría del Estado en las materias de planeación nacional, mesorregional y regional con criterios de equidad y justicia; y

V. Estimular el fortalecimiento de las actividades agropecuarias, industriales, comerciales o turísticas, con la debida consideración del patrimonio arqueológico e histórico y, en general, con respeto por la imagen urbana de los centros poblacionales; y sin menoscabo de los valores y de los criterios sociales, políticos y culturales de la población directamente vinculada con los programas de desarrollo regional respectivo.

Artículo segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 37, recorriéndose el subsiguiente en su orden; se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, recorriéndose el subsiguiente en su orden, al artículo 84 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 37. …

Asimismo, se constituirá el Fondo para el Desarrollo Regional orientado al financiamiento de los programas, acciones y obras que el Gobierno Federal y las entidades federativas acuerden a través de convenios para el desarrollo de las mesorregiones, regiones y zonas metropolitanas, así como el Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la Equidad Territorial que haga frente a los desequilibrios del desarrollo entre las regiones y al interior de cada una de ellas.

La aplicación de los recursos de los fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación.
Artículo 84. …

El Presupuesto de Egresos de la Federación señalará los montos y modalidades de distribución y ejecución del Fondo para el Desarrollo Regional.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberá establecer un Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la Equidad Territorial, con base en fórmulas a partir de indicadores de desarrollo económico y social, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para impulsar a las regiones con mayores rezagos.

Este Fondo se constituirá a partir de las aportaciones federales orientadas a dotar a las entidades federativas de recursos destinados a la construcción, preservación y recuperación de infraestructura económica y productiva en las zonas y localidades de atención prioritaria del país, a fin de dinamizar el crecimiento económico regional; reducir los costos locales de producción y transacción; mejorar la productividad y facilitar la integración de actividades y espacios de mercados y ejes de desarrollo; que favorezcan la conectividad y el acceso de sus habitantes a las fuentes de empleo.

La distribución del gasto con el que se financiará el desarrollo regional, se sujetará a los siguientes criterios:

I. No será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior;

II. Estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado;

III. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia, eficiencia y desempeño en la ejecución de los programas de desarrollo regional;

IV. En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y los municipios acordarán el destino y los criterios del gasto con la Administración Pública Federal a través de los convenios regionales de coordinación; y

V. De manera extraordinaria podrán destinarse recursos y apoyos a solicitud de una región o regiones por casos de extrema urgencia, para continuar con proyectos y programas, previo acuerdo.

El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la distribución de los programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa.

Artículo tercero.- Se reforman las fracciones I y IV del artículo 15; se reforma el primer párrafo y se adicionan el segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsiguientes en su orden para convertirse en cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, de los cuales, se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 24, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 15.

I. Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento del desarrollo integral y sustentable del país, así como de las mesorregiones, regiones y zonas metropolitanas, las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables.

II. y III. …

IV. En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y su Reglamento, así como el programa sectorial institucional, regional o especial que corresponda.

Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás que resulten aplicables, tomando en cuenta las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo a nivel nacional, mesorregional, regional y metropolitano, así como encauzar en función de éstas, las actividades de la Administración Pública Federal.

El Ejecutivo Federal promoverá la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los programas mesorregionales, regionales o metropolitanos a que se refiere la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional.

Las acciones de los particulares deben, en todo momento, contribuir a alcanzar los objetivos y prioridades establecidos en el párrafo anterior, para lograr que la planeación se lleve a cabo como un medio eficaz para el desempeño y responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, así como de las mesorregiones y regiones, en búsqueda de la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a originar los proyectos de asociación público-privada que se prevea iniciar, o aquellos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación o que ya estuvieran operando, serán acordes con las posibilidades de financiamiento del sector público federal.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación del Gobierno Federal, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades federativas durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos.

Los proyectos de asociaciones público-privada que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como su orden de ejecución, considerando en el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y los programas sectorial, institucional, regional o especial, de acuerdo a lo determinado por la dependencia o entidad correspondiente conforme al artículo 15, fracción IV de esta Ley.

En el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá prever un Fondo para el Desarrollo Regional, el cual deberá estar orientado al financiamiento de los programas, acciones y obras que el Gobierno Federal y las entidades federativas acuerden a través de los convenios para el desarrollo de las mesorregiones y regiones, así como un Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la Equidad Territorial que tendrán compromisos plurianuales en el gasto que deriven de los proyectos de asociación público privada para que, en su caso, dichos compromisos sean aprobados por la Cámara de Diputados a fin de proceder a la contratación y ejecución de los proyectos. Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados aprobará las modificaciones presupuestales necesarias a efecto de lograr el efectivo cumplimiento del presente Decreto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y en la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

Cuarto. El Titular del Ejecutivo Federal deberá publicar en un plazo máximo de 120 días el Reglamento de la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de septiembre de 2013.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Oscar Román Rosas González".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.





 

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sí, Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Le solicité la palabra antes de que pasara al siguiente punto del Orden del Día, para solicitarle que le dé turno a la Comisión de Derechos Humanos, a la iniciativa que presenté en la sesión pasada, si es usted tan gentil y que ya tiene usted en sus manos el oficio con la solicitud.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto, Senadora Angélica de la Peña.

Hemos recibido su oficio. Y si me permite, con base con el criterio de la Mesa, lo turnamos y le damos resolución.

Tenemos la discusión de tres dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a los proyectos.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)



De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9 y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 9 Y EL INCISO O) DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Dictamen a discusión)



Y de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA TRES PARRAFOS AL ARTICULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes.

Por no haber reservas de dictámenes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los tres dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor y ninguno en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos: El proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social; el proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9 y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social y el proyecto de Decreto que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d), del artículo 72, constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República apoya la tarea que realiza la Secretaría de la Mujer Michoacana y exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán a proporcionar los recursos suficientes para realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia contra la mujer.

Conforme lo dispone el artículo 277 del Reglamento del Senado, y debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de feminicidio a que procedan a realizar las acciones legislativas correspondientes.

Conforme lo dispone el artículo 277 del Reglamento del Senado, y debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señora Presidenta; compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Hemos sido insistentes, es que tenemos que hacer un esfuerzo todos porque se respete a esta instancia democrática, y que los puntos de Acuerdo que aquí impulsemos estemos pendientes, sobre todo el compañero Presidente del Senado, esté pendiente de que los exhortos, las recomendaciones que aquí hagamos tengan una respuesta concreta de las autoridades a quienes se les dirige.

Y, menciono esto porque en el ambiente del país se dice, incluso algunos Senadores o Diputados, he escuchado este comentario, de que los puntos de Acuerdo son como llamados a misa, el que quiere los atiende y el que no quiere, no los atiende; pero somos una instancia de la República, y si hacemos recomendaciones, es con la intención de que las situaciones que lastimen al pueblo puedan corregirse.

Este es un tema de altísima relevancia, históricamente las mujeres en el mundo han sido tratadas como objetos, y no como lo que son: como seres humanos.

Por eso la lucha que han impulsado en defensa de su género, la lucha que han impulsado en defensa de sus derechos no sólo como mujeres, sino como seres humanos, este Senado tiene que impulsarla también, y es en este sentido que el exhorto a los congresos estatales, que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de feminicidio, que procedan a hacerlo.

¿Qué argumentos tendríamos que darle a los congresos locales?

Primero, que el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le ha dicho que el asesinato de algunos compatriotas, como es el hecho de las ciudadanas que fueron asesinadas por este asunto, y que la antropóloga Marcela Lagarde pone el ejemplo para confeccionar el término feminicidio, que quiere decir genocidio contra mujeres, sirva o ha servido para que la muerte de Claudia Ivette González y de Laura Berenice Ramos Monárrez no quede impune, y que así son las cosas en este mundo, tienen que pasar situaciones que lamentar para que se haga eco, por eso los femenicidios tienen que ser tipificados en todo el país.

La sentencia que se dictó a favor de estas mujeres, que eran jóvenes humildes, hijas de familias de migrantes, sostén de hogares, asesinadas por condición de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa fue la sentencia, que fueron asesinadas por condición de género.

Y el Senado de la República por supuesto que no puede ignorar este tipo de situaciones, y tiene que recoger esta sentencia y los contenidos que están en la Convención de Belém do Pará que garantiza el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y, sobre todo, lo que plantea la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la Convención de San José, Costa Rica.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, todo lo que se haga desde el Senado para evitar la violencia contra las mujeres tenemos que impulsarlo al margen de los colores y al margen de las ideologías políticas, porque las mujeres en este país vivan tranquilas y libres de violencia a favor de este punto de Acuerdo.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señora Presidenta.

Quiero expresar, primero, mi reconocimiento a las Senadoras que suscribieron el punto de Acuerdo que se discute y que se debe de aprobar, a la Senadora María del Pilar Ortega, a la Senadora Adriana Dávila, a la Senadora Sonia Mendoza, a la Senadora Angélica de la Peña y a la Senadora Lucero Saldaña.

Sin duda, este tema, el del femenicidio, es una reflexión obligada en una coyuntura y en una circunstancia como la que atraviesa el país. El femenicidio debe de rechazarse en cualquiera de sus manifestaciones, es la clara expresión de la violencia extrema contra las mujeres y las niñas, representa un terror continuo en la sociedad.

En él figura la humillación, el hostigamiento, la violencia sexual, el incesto, el maltrato físico y emocional, y además otras características difíciles de explicar. Es triste observar cómo se han elevado las cifras de violencia contra las mujeres en el país, los femenicidios alcanzan números lamentables.

Este delito se incrementó en más del 106 por ciento entre los años 2007 y 2010 y parece no tener límites. Al día se presentan alrededor de seis femenicidios, de los cuales, según reportes de la ONU, un cuarto de ellos ocurrido en tal sólo cinco municipios del país: Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Ecatepec de Morelos.

No obstante, la cifra puede ser mayor ya que existen muchos casos de desapariciones que no son denunciados a las autoridades por temor a la represalia o simplemente porque no confían en las dependencias de seguridad pública, lo que conlleva a que los familiares de las víctimas tengan que realizar sus propias investigaciones sobre tan inhumana práctica, es decir, realizan la función de las instituciones destinadas para tal efecto, algo que tristemente se está volviendo común en nuestro país.

La problemática de la violencia contra las mujeres se debe en gran medida a la impunidad, lo que se ve reflejado en el número sistemático de violencia contra las mujeres en los casos sin resolver, y derivado de ello, la renuencia, cada vez mayor para denunciarlos. No podemos seguir guardando silencio ante este malestar tan grave, como es el femenicidio, el dolor, el sufrimiento que esta práctica provoca a sus familiares es indescriptible.

Se debe reconocer que a pesar de lo logrado en materia de equidad de género hay mucho por hacer, comenzar por erradicar el machismo en algunas regiones del país, así como emprender acciones contra el acoso laboral, son actos que a lo largo fomentarán en la sociedad un respeto hacia las mujeres y niñas mexicanas.

En consecuencia, es de celebrarse que la Cámara de Senadores promueva acciones a favor de legislar del femenicidio buscando que se tipifique en todas las entidades federativas lo que traerá consigo el reconocimiento legal como un delito autónomo. Las razones de género para cometer un crimen serán castigadas, por tal razón mi voto será a favor del presente dictamen.

Yo quisiera, si me lo permite la Asamblea y las Senadoras, proponer un cuarto resolutivo en el que se exhorte respetuosamente a las Procuradurías Generales de Justicia de cada entidad federativa a realizar las investigaciones desde una perspectiva de equidad de género, de manera más oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial sobre todas las denuncias de femenicidios que reciben en sus dependencias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Le pido lo entregue por escrito, Senador Monreal Avila, para poder procesarlo.

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si están de acuerdo en hacer esta adición.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta hecha por el Senador. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepte a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia.

Hoy estamos exhortando a los congresos estatales que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de femenicidio, a que procedan a realizar las acciones legislativas correspondientes. Por supuesto que estamos de acuerdo que todos los reglamentos, que todas las leyes estatales tengan este tema en su legislación.

Pero creo que vale la pena también hacer valer hoy lo que contiene el segundo resolutivo. El segundo resolutivo a lo que está exhortando es a los congresos de los estados que ya cuentan con legislación en el tipo penal en materia de feminicidio, a que procedan a la revisión del contenido de los mismos a fin de verificar si se encuentran ajustados a los estándares e instrumentos internacionales y, en su defecto, realicen los ajustes legislativos necesarios para lograr una efectiva armonización legal del mismo.

¿Por qué hoy están aquí en la tribuna haciendo hincapié en este tema?

Porque en estados como Chiapas ya se legisló en materia de feminicidio. En Chiapas desde 2011 se incluyó en el Código Penal del Estado en el artículo 164 bis que comete el delito de feminicidio y se sancionará con prisión de 25 a 60 años a quien por razones de género prive de la vida a una mujer.

¿Por qué me parece esto relevante?

Porque el caso de Chiapas, de 2011 a la fecha, nos presenta un muy buen monitoreo o un caso de estudio para ver si cuando se reforman las leyes en el papel nada más, pero no se toman otras acciones preventivas, no se sensibiliza a las autoridades sobre la gravedad de este atroz crimen, las cosas cambian o no.

Y tristemente vengo a decir que a pesar de esta modificación que se dio en 2011. Y lo digo tristemente porque, yo fui parte de ese congreso local que modificó esa ley, las cosas hayan cambiado.

En Chiapas hoy, quizá más que nunca, con todo y ley, estamos viviendo una crisis en materia de feminicidios.

Déjenme darles un par de datos que pueden servir a sensibilizar a esta Asamblea sobre este tema.

A decir de la activista Patricia Chandomí, del grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha incorporado los protocolos para atender este tipo de delitos. En Chiapas, con todo y esta adición al Código Penal, siete de cada diez feminicidios fueron perpetrados por un amigo o por un familiar, siete de cada diez, mientras que el promedio nacional es de 3.5 por cada diez.

Otro dato.

En el promedio nacional la edad de las víctimas de feminicidio va de los 15 a los 35 años. Sin embargo, en Chiapas existe el registro de los asesinatos de cuatro mujeres de más de 80 años y una, y espero tener con esto su atención, y una niña de 2 años.

La Procuraduría General de Justicia de Chiapas dice que ha habido 27 feminicidios en este año, una cifra suficiente para preocuparnos y para aprobar el exhorto que estamos haciendo hoy.

Sin embargo, organizaciones feministas, Organizaciones No Gubernamentales, registran hasta 50 casos de feminicidios sólo en lo que va de este año.

Un caso terrible que nos llama a la reflexión sobre la forma como las leyes no deben estar nada más en el papel, sino deben de aplicarse, es el de la maestra Yarit Espinosa, a quien se le está acusando. Bueno, no acusando porque ya está muerta, a quien se dice tuvo la osadía de traer un cigarro en la mano y un bidón de gasolina en la otra mano y que por eso se quemó. Y no se están revisando todos los testimonios que existen, testigos que han declarado que esto no fue así, que la quemaron.

Entonces, qué bueno que se llame a los congresos que no lo han hecho, a que legislen en materia de feminicidio.

Pero revisemos donde ya hay legislación qué es lo que hace falta para que de verdad le pongamos un fin a uno de los crímenes más terribles y que peor hablan de nuestra sociedad.

Creo que tiene que ver con políticas de prevención, creo que tiene que ver con educación de equidad desde que somos niños, creo que tiene que ver con penas que realmente disuadan a perpetrar este tipo de atrocidades y, sobre todo, a que logremos sensibilizar a las autoridades locales de la gravedad de este crimen, que de verdad, en el caso de Chiapas donde ser pobre, ser mujer y ser indígena es una de las situaciones de mayor vulnerabilidad y marginación. Hoy no estamos haciendo nada para detenerlo de manera decidida.

Por eso mi voto a favor de este exhorto y la petición al resto de los compañeros a que hagan lo propio.

Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Me voy a permitir leer la lista de oradores y en virtud de que todos son a favor, con esto cerraríamos la lista.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN; la Senadora Ivonne Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI; y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

- La C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: Con su permiso, señora Presidenta.

El 23 de abril de este año, presenté ante esta Asamblea, este punto de Acuerdo en el que exhortábamos o pedíamos, desde el Senado de la República, que en el gobierno de Michoacán se mantenga a la Secretaría de la Mujer y se le aporten los suficientes recursos para que cumpla con su tarea de reeducación en los organismos gubernamentales, para que reconozcan que es necesario tener un lenguaje que respete a las mujeres, acciones que reivindiquen y que reconozcan, fundamentalmente, nuestra igualdad en todas las condiciones y en todas las situaciones de gobierno.

También quisiera reconocer que a la defensa de este punto de Acuerdo han acudido hombres, en esta ocasión, y me da mucho gusto, les agradezco que se involucren, porque yo estoy segura que parte de la inequidad que se mantiene, tiene que ver con que sólo las mujeres luchamos por la reivindicación de nuestros derechos, con que sólo las mujeres hacemos señalamientos cuando hay trato misógino, cuando hay discriminación.

Y uno de los motivos de este punto de Acuerdo es que el gobierno de Michoacán, frente a una crisis financiera que tiene en dificultades de operación al propio gobierno, pensó en quitar, en primera instancia, la Secretaría de la Mujer, como se pensó en el ámbito federal, en subsumirla, en principio la Secretaría de Desarrollo Social, lo mismo que el tema de los indígenas.
Así que yo agradezco el apoyo a este punto de Acuerdo. Me da muchísimo gusto que algunos compañeros empiecen a asumir esta lucha de la equidad y de la igualdad esencial; también desde el punto de vista de los hombres.

Cuando estemos juntos en esta lucha, estoy segura que la igualdad en el trato, en las condiciones, en el empuje, en la defensa de las mujeres y de los hombres será posible. Así que se los agradezco.

Es un mensaje también para el gobierno de Michoacán, para decirle que nos importa que en un estado en donde hay dificultades económicas, no los soluciona quitándole recursos a las líneas de acción que defienden la igualdad de las mujeres, especialmente porque aumenta mucho la violencia contra las mujeres en ese estado. No es quitándole los recursos a la Secretaría de la Mujer, como se va a poder echar a andar un estado. Hay que hacer esfuerzos en todos los frentes; y qué bueno que este Senado de la República se ha expresado a favor de que se mantenga la Secretaría de la Mujer y los recursos para combatir la desigualdad frente a las mujeres.

Y reitero mi felicitación y mi agradecimiento a que los hombres también se estén sumando a esta ley. Así, mucho más rápido podremos tener igualdad esencial.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Luisa María Calderón.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Con su permiso, señora Presidenta.

Es un honor para una servidora poder hablar a nombre de la Comisión para Igualdad de Género, donde analizamos esta propuesta que presentaron nuestras compañeras Senadoras María del Pilar Ortega, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña, Sonia Mendoza Díaz y nuestra compañera, por supuesto, Lucero Saldaña Pérez. Por supuesto que en la comisión estamos a favor de este dictamen. ¿Por qué estamos a favor? Primero, porque queremos que aquellas entidades federativas que al día de hoy no hayan tipificado todavía el delito de feminicidio, lo puedan realizar; sólo tres estados en todo el país no cuentan ya con la tipificación de este delito, y el exhorto que hoy haremos, como Senado de la República, es para que esas entidades puedan trabajar en menor tiempo posible y ya tener contemplado en su Código Penal este delito tan importante, que es el feminicidio.

Otro de los puntos en los que coincidimos y estamos de acuerdo, como lo mencionaba nuestro compañero Senador Zoé Robledo, es que las entidades federativas hoy en día, lamentablemente, tienen distintas definiciones sobre este delito. De las 29 entidades federativas, les comparto, una de ellas lo considera como delito autónomo del homicidio y no como un agravante del homicidio doloso, tal es el caso de muchos estados, y esto es lo que se quiere corregir con este dictamen que estamos analizando y que queremos aprobar el día de hoy.

Hay códigos penales que contemplan atenuante al homicidio de mujeres por razón de honor, por estado de emoción violenta o por crímenes pasionales. Esto es lo que buscamos evitar, y por eso el día de hoy, en este dictamen también se manifiesta un exhorto a todos los congresos locales de las entidades federativas, para que revisen sus definiciones y que estas las puedan ajustar a los estándares internacionales.

Y el siguiente punto que maneja este dictamen, coincide mucho con lo que el comentaba al Senador Monreal Avila, ¿cómo podemos sensibilizar a todos los servidores públicos y autoridades estatales que manejan, que atienden a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia, o bien, que atienden a sus familias?
Datos muy concretos de la CONAVIM, muestran que el 12 por ciento de las mujeres que han ido a interponer alguna demanda en este tenor, por violencia a las mujeres, fueron atendidas y resultaron con violencia institucional por parte de las procuradurías, fueron menospreciadas sus denuncias y no fueron tomadas en cuenta, o lo peor, fueron ignoradas.

Nosotros creemos, Senador, que en el dictamen vienen incluidas las peticiones suyas, ya que hay un punto donde se maneja que exhortamos a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar todas las acciones de sensibilización y capacitación de todos aquellos servidores públicos y de todo el personal dedicado a atender a las mujeres víctimas de violencia.

Están, yo creo, incluidas aquí sus inquietudes, y lo más importante, compañeras y compañeros Senadores, lo que buscamos es que hoy tengamos las sensibilidad para atender este tema, hagámoslo por las mujeres y hagámoslo para que pueda bajar una de las violencias más fuertes, que es contra todas nosotras.

Muy buenas tardes.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta.

Estando totalmente de acuerdo con lo que ha referido mi compañera, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, la Senadora que me antecedió en la palabra, y por supuesto, también, con mucho gusto reafirmando nuestro reconocimiento a los compañeros que también han manifestado su apoyo a este punto de Acuerdo.

Solamente quiero mencionar, que efectivamente son tres los únicos estados en la República que faltan por tipificar el delito de feminicidio, sin embargo, me parece que el sentido del punto que ahora estamos poniendo a su consideración, también lleva implícito que los congresos, los que tipificaron el delito de feminicidio, revisen cómo lo tienen inscrito, cómo lo han tipificado, porque el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o CEDAW, ha hecho recomendaciones a México, y por supuesto para que los congresos locales tomen en consideración que esta tipificación se base en elementos objetivos, de tal forma que este tipo penal, efectivamente, pueda ser aplicable, pueda ser plausible; ese es el problema que tenemos.

Y podemos, ahorita, hacer un balance de las entidades federativas que tienen el tipo penal inscrito en su Código Penal y que ya lo están aplicando de manera eficiente y cuales lo tienen inscrito y simplemente es una letra, una buena intención en el Código Penal, porque no hay absolutamente ninguna operatividad que garantice la aplicación del tipo penal.

De tal forma, que es importante, además, que los congresos locales revisen cómo lo tienen tipificado, tomen en consideración algunas de las buenas prácticas que ya en algunas entidades federativas están tomando, como es el caso del Distrito Federal; y por supuesto, también, además de la sensibilización y capacitación, ciertamente, haya una profesionalización que permita una formación actualizada en base a la perspectiva de género, como lo planteaba aquí el Senador Monreal, pero que me parece ya está inscrito en el punto tres.

Todas las autoridades tienen que ver con que el tipo penal efectivamente sea eficiente, desde la forma que llega, cómo se levanta la investigación por la policía ministerial, etc., de tal forma que si no ponemos el “abc” a la hora de que llega frente al ámbito del Poder Judicial, simplemente este tipo penal pueda fracasar.

Por eso es importante que sea aprobado este punto de Acuerdo por todos ustedes.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)


- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Había yo leído la lista de oradores y habíamos cerrado. ¿Alguien más se había inscrito? Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta.

Creo que es una muy buena oportunidad para poder ocuparnos de temas importantes. Ahorita yo miraba como el tema del feminicidio obtuvo una votación distinta, contraria, es momento de que nos ocupemos de él.

Pero además de este tema, yo quiero llamar la atención en dos cosas: no basta que esté tipificado este aberrante delito, este crimen de odio, muchos estados lo tienen tipificado, pero tienen rendijas por el cual la procuración e impartición de justicia no va. Yo preguntaría en este momento, ¿cuánta gente está detenida por estos delitos, por la trata, por ejemplo, o por el feminicidio?

Sigue siendo letra muerta, porque la procuración e impartición de justicia tiene que tener claridad al momento de que se sentencia, en el momento que se investiga cada uno de estos delitos. Tenemos que ir más allá.

Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar a los compañeros que le entraron al tema, ojalá con la misma vehemencia con la que a veces vienen a esta tribuna a tocar otros temas. Están hablando de la vida de las mujeres y de más de la mitad de la población, que yo considero que es muy importante, no de millones de gentes, de muchos millones de mujeres que padecen muchos tipos de violencia y que todavía siguen siendo casos omisos en la impartición de justicia.

Yo sé que votarán en positivo, pero lo más interesante será que nos empecemos a ocupar de cómo erradicar uno de los males más aberrantes de este momento, que es la violencia, pero que tienen nombre y apellido, que es la violencia en contra de las mujeres en el extremo, que es la violencia feminicida.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que solicita emitir la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guanajuato.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Yo quiero señalar que el motivo del dictamen estriba en la declaración de alerta de violencia de género, que en ese momento se pidió fuese declarada, por el gobierno de Guanajuato.

Efectivamente, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que preside la Secretaría de Gobernación, y que además está integrada por los 32 mecanismos de mujeres en las entidades federativas, resolvió que esta solicitud fuera desechada, de tal forma que este dictamen está planteando que no ha lugar, ya como fue solicitado el punto de Acuerdo.

Sin embargo, yo creo que el problema de fondo no lo toca el punto de Acuerdo que viene de la Comisión para la Igualdad de Género, simplemente si circunscribe al momento en que solicita el apoyo, la solicitud de la alerta de violencia de género para Guanajuato, pero que en este momento, ahora que estamos presentando este punto de Acuerdo ya en dictamen, simplemente ya no es tema, porque fue desechado por el sistema. Pero el problema de fondo sigue, no sólo para Guanajuato, también para las otras entidades que han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género, porque se encuentran situaciones de feminicidio, de violencia feminicida en sus entidades.

La primera reflexión que surge en este momento, es que habiendo pasado un punto de Acuerdo, aplaudido por toda la plenaria de Senadoras y Senadores, en relación a la importancia de que se tipifique el feminicidio de manera correcta, y ahora pareciera que es incongruente estarle negando a las organizaciones no gubernamentales que han estado exigiendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, esta es la segunda ocasión en que se pide al mecanismo del sistema para que pueda declararse la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato, y otra vez el sistema le niega esta declaración, este mecanismo.

Señoras y señores Senadores, conviene que nuestras entidades federativas coadyuvemos en un debate serio de lo que plantea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respecto de la modalidad de violencia feminicida y, efectivamente, de los mecanismos de esta modalidad, las órdenes de protección de emergencia preventivas y, también, la declaratoria de alerta de violencia de género.

Es verdad que necesitamos dejar claro en la ley que la atribución de la Secretaría de Gobernación no es decretar desde acá, meterse a una entidad federativa y decirle: ahí está la declaratoria de alerta de violencia de género; es verdad, porque se ha entendido mal, pero me parece que desde este mecanismo que preside la Secretaría de Gobernación y cuya secretaría técnica es el Instituto Nacional de las Mujeres, simplemente a cortapisa niega la posibilidad de que la alerta sea atendida, pero sobre todo, se atienda el feminicidio y se tomen las medidas que tienen que tomarse en cada entidad, y como dice la ley, en un territorio determinado, todas las políticas no solamente punitivas, de todo tipo; porque así dice la ley, tiene que ser revisada por un tipo multi institucional, de tal forma que pongamos no solamente a las autoridades a que atiendan la solicitud, la exigencia de justicia, sino también que prevenga el que siga habiendo por omisión, por impunidad, ahí en ese lugar, en ese territorio determinado, en que no haya justicia, y entonces lo que le estamos mandando a falta de justicia en ese lugar, es de que pueden seguirse cometiendo crímenes, asesinatos contra mujeres y simplemente la autoridad no va a responder absolutamente en la persecución de la justicia.

Por eso creo que, aún viniendo en negativo este punto de Acuerdo, me parece que circunscribirlo al tema fundamental para garantizar la aplicabilidad de la ley, en cuanto a la modalidad de violencia feminicida, por lo tanto, efectivamente, yo quiero razonar mi voto, que aún cuando firmé el dictamen, estoy en contra, aún cuando haya sido en destiempo, estoy en contra de que no atendamos la exigencia de las organizaciones no gubernamentales frente a la exigibilidad de que se declare la alerta de violencia de género.

Perdón, es un asunto de elemental congruencia con lo que acabamos de decidir en el punto que acabamos de aprobar hace rato.

Gracias, señor Presidente.
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Pilar Ortega.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Quiero, en principio, como legisladora, pero también como mujer del estado de Guanajuato, decirles que efectivamente en las últimas semanas hemos estado preocupados en nuestro estado, como en muchas otras entidades federativas del país, por este fenómeno de feminicidios.

Quiero decirles, además, que recientemente en el Congreso del Estado de Guanajuato se hizo una modificación al Código Penal del estado, justamente para modificar el tipo penal, que era muy pobre y que tenía muchas deficiencias, porque en el mismo no se preveían los supuestos necesarios para castigar este terrible delito.

Hoy mismo el Congreso del Estado de Guanajuato está en un debate para buscar, también, aumentar la pena al delito de feminicidios.

Estamos muy consientes de que este terrible fenómeno debe tener un freno.

Pero no es Guanajuato la única entidad federativa que tiene este problema, inclusive no es de las entidades que lo tienen en mayor magnitud, en la Comisión Permanente, quienes estuvimos ahí, en la Primera Comisión, hubo muchísimos puntos de Acuerdo a propósito de los feminicidios de distintas entidades federativas. Yo coincido en que el sistema de alerta de género que actualmente está regulado, que está coordinado por la Secretaría de Gobernación y que está formado por un sistema, que está conformado, además, por los institutos de la mujer de los estados, no ha funcionado, y no ha funcionado porque se somete a votación, este tema y muchas veces se convierte, en un tema político.

Creo que es importante que hagamos una modificación a este esquema y revisemos qué es lo que está fallando para, efectivamente, tener un sistema de alerta de género que se convierta realmente en una posibilidad de tener mejores políticas públicas que atiendan las cuestiones de género en los estados.

Recientemente presentamos una iniciativa en donde planteamos la necesidad de hacer cambios al sistema de justicia penal, en donde exista una orientación que tenga la posibilidad de aplicar políticas de género. Creo que es importante.

Tenemos que seguir trabajando en el ámbito social y en el ámbito de la violencia.

Tenemos que incidir, también, en la parte de seguridad. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en torno a este fenómeno que está lastimando a muchas mujeres mexicanas, pero que no solamente esa es la consecuencia, sino todas las consecuencias que están alrededor de la violencia en este grupo vulnerable.

Por eso nosotros estamos a favor de votar que se deseche este punto de Acuerdo por las razones que hemos comentado.

Pero también quisiera decir que celebro que la Comisión para la Igualdad de Género, y que celebro que hace unos momentos se haya votado el punto de Acuerdo que tiene que ver, también, con el tema de feminicidios, que tiene que ver con la propuesta de homologar la legislación en todo el país, de que se revisen los códigos procesales, que se realicen protocolos de actuación. Creo que estos esfuerzos van a ser muy importantes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)


- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Todos estamos concientes de que la violencia se ha desatado, de algunos años para acá, en el país, y esta violencia se ha ensañado en contra de los más débiles y, sin duda, en esta parte de la población se encuentran nuestras compañeras mujeres.

Han tenido que pasar situaciones gravísimas en contra de ellas, como las que pasaron en Ciudad Juárez, y que tuvieron que andar las mujeres de negro, de esta entidad federativa, por todo el país pidiendo que se les hiciera justicia; clamando lo que cada día parece que se aleja más de los desvalidos en este país: la justicia.

Sinceramente, y lo digo respetuosamente, me sorprende que este punto de Acuerdo, la Comisión para la Igualdad de Género, lo vote en contra, lo deseche.

Yo digo que no es suficiente, no será suficiente nunca lo que se haga para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

¿Qué nos dice la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra?

Hasta este tema tan delicado se ha politizado, porque en este país, desafortunadamente, absolutamente todo se politiza, hasta el dolor inconmensurable de las familias que han padecido la pérdida de un ser querido y que está dentro de este concepto de los feminicidios.

Es cierto que el Instituto Nacional de las Mujeres emitió 10 medidas emergentes en el estado de Guanajuato por este asunto. Pero la alerta de la violencia de género es un mecanismo de coordinación interinstitucional que está contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se pone en marcha en caso de violencia feminicida.

Yo les preguntaría a los que rechazaron este punto de Acuerdo, ¿está erradicada la violencia contra las mujeres en Guanajuato? Evidentemente que no.

Guanajuato ha ido subiendo sus índices de violencia contra las mujeres, y esta situación obliga a que el Senado de la República apruebe este punto de Acuerdo propuesto por el Senador Miguel Angel Chico Herrera, y obliga porque nada, nada sobra para atacar este terrible mal que agobia a las mujeres del país.

Hay gobernadores que se oponen por cuestiones políticas. Me parece increíble, al margen de quién gobierne, que en Guerrero, que en Veracruz, que en el Estado de México, que en Nuevo León, los congresos locales de esas entidades federativas se hayan opuesto ante la solicitud del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que hayan votado en contra de que se aplicara la alerta de género en estos estados.

Como diría, en paz descanse, don Pedro Ferriz: “Un mundo nos vigila”.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: Estados Unidos conoce lo que pasa en este país y ha emitido varias alertas rojas para que sus conciudadanos no vengan a algunas entidades de nuestro país, y lo digo con enorme pesar, entre esas entidades se encuentra el estado de Morelos.

Compañeras; compañeros: por el terrible daño, por el inmenso dolor de las familias que han padecido los feminicidios, yo sí les pido que reflexionemos el voto, y que no está demás, ni va a dañar a las mujeres si aprobamos este punto de Acuerdo que ha propuesto el compañero Senador Miguel Angel Chico Herrera, para que la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Por la lucha que hemos dado por mucho tiempo, no podemos permitir que quede asentado aquí, como se ha planteado, como si nosotras, y digo nosotras porque esta es una comisión de mujeres solamente, estuviéramos a favor del feminicidio. Nada más alejado de la verdad.

El punto de Acuerdo lo que pide es decretar la alerta de género, aquí lo tengo, no nos podemos ir más allá de esto.

El Sistema Nacional de Seguridad, que por cierto, como nunca en la historia de este país, lo preside Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobierno, sesionó para ver el tema de Guanajuato, y digo, a los priístas, si es PAN, o es PRD, o es Verde, lo que nos importa es la justicia.

Y vengo aquí porque este tema fue abordado el 21 de mayo, y se votó en contra.

Luego entonces, el motivo de este punto de Acuerdo no tiene materia. Lo que sí tiene materia es en lo que estamos ocupadas muchas Senadoras, y ojalá no use esto para alusiones personales la Senadora Angélica de la Peña, que le consta a ella que tenemos más de 6 meses trabajando en 2 sentidos; revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sobre todo, la alerta de género. El mecanismo de la alerta de género no sirve ahorita, pero tampoco ha servido atrás.

La trampa en la que estamos metidas, es el mecanismo de la alerta de género, no funciona, y eso lo sabemos y por eso estamos trabajando con el Instituto Nacional de las Mujeres, y subrayo, por primera vez un secretario de gobierno se sienta a revisar lo que importa en este país; pero además, a llevar a la CONAGO este tema de la mayor trascendencia.

Yo quiero que quede debidamente asentado, que el motivo de este punto de Acuerdo, no es que nosotros estemos a favor de los crímenes de odio, que están a la orden del día; es sujetarnos, únicamente, a lo que aquí ha expuesto el Senador Miguel Angel Chico, que es uno de los que promueven este punto de Acuerdo.

Yo quiero, señor Presidente, que se aclare, porque en el discurso nos pueden atropellar a las que nunca nos hemos movido de esta lucha, que no la hemos aprovechado, y que creemos que un día este tema se va a resolver, porque se tiene que resolver. No pueden seguir muriendo las mujeres solamente porque son mujeres.

Los crímenes de odio de este país los tenemos que desterrar, no con discursos, con políticas públicas y con un marco jurídico adecuado a la materia.
Las y los invito a que trabajemos en ese sentido; lo otro, es mediáticamente ir a decir, que hoy en el Senado de la República, estamos promoviendo el feminicidio o nos estamos haciendo como el “tío lolo”, dejando pasar un problema de la más alta seguridad de este país.

Unica y exclusivamente estamos resolviendo en negativo lo que fue propuesto; lo otro, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Gobernación y el Instituto de las Mujeres, estamos trabajando para que la alerta de género sirva y no siga siendo la trampa, por la cual la corrupción y la impunidad en este país tenga cara de mujer.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Diva Hadamira.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea…

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, para aclaración de hechos.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Demédicis, se le concede el uso de la palabra.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, con su venia. Miren, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Decía que el argumento principal que está poniendo la comisión, y yo no dudo, por supuesto, de la enorme lucha que todos hemos dado y seguimos dando para erradicar la violencia de género en el país.

El argumento principal son las diez recomendaciones que hace el Instituto Nacional de las Mujeres para el estado de Guanajuato; es el argumento principal.

El compañero Miguel Chico Herrera está solicitando la alerta de género. La compañera Diva viene a plantear que es extemporáneo el asunto. Yo digo que la lucha y el problema no va a pasar, ni va ser extemporáneo jamás, mientras sigan asesinando mujeres en el país y en Guanajuato.

Cuando declaremos que no hay una sola muerte que se relacione con este problema de los feminicidios, entonces yo creo que, sí algún Senador propone, en ese tiempo, algún punto de Acuerdo, pues le diremos, compañero, cómo viene usted a proponernos que aprobemos un punto de Acuerdo, cuando está declarado y está demostrado que en este país las mujeres han alcanzado la felicidad que se merecen.

Pero mientras eso no sucede, esta Asamblea deliberativa tiene las facultades, y yo les pido que las ejerzamos; en todo caso que actualicemos.

Yo seguiré insistiendo en que no sobra, jamás va a sobrar, todas las acciones que se hagan.

Que se politice el tema, pues ya lo dijimos, ya mencionamos algunos estados en donde mayoritariamente los Diputados son del PRI; y en otros donde mayoritariamente los Diputados son del PRD; y en otros donde mayoritariamente los Diputados son del PAN, no es un tema de partidos, es un tema de sufrimiento de nuestra gente, de nuestro pueblo y el Senado de la República no puede ser insensible ante este tipo de asuntos.

Por eso les pido, no pasa nada, compañeras de la comisión, si se modifica lo que están planteando, de que sea en negativo, que lo convertimos en sentido positivo, al contrario, el Senado seguirá mandando señales, si lo hacemos en positivo, de que está pendiente, que está en defensa de las mujeres y que la violencia contra ellas tenemos que erradicarla, venga de donde venga.

El Senado hoy puede hacer una gran contribución. Por eso, les pido que votemos el punto a favor.

Muchísimas gracias.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Gastélum Bajo.

¿Para qué efecto?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Me aludió el Senador Demédicis.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A ver, el tema aquí, no sé si no he podido explicarlo, espero que haya sido eso y no que no se comprenda que la materia, motivo de este punto de Acuerdo, está sobreseída.

Y punto número dos. No gobierna el PRI en Guanajuato, eh; porque he escuchado voces, del interés que tenemos de proteger, no, no tenemos interés, y perdónenme que diga algo más, y no es sufrimiento de mujeres, es la vida de las mujeres, por favor, para hablar con claridad.

Pero yo invito a que vengan a nuestra comisión, por cierto, desierta siempre, en nuestros temas luchando contra corriente; pocos son los que se interesan.

Este año nosotros cumplimos 60 años del derecho al voto de las mujeres, y yo pregunto, ¿dónde está la ciudadanía plena de las mujeres?

Hay que interesarnos y conocer como se opera el mecanismo.

Tenemos una legislación que marca los pasos, no los puedo yo inventar al propósito de un estado. Y si en Guanajuato siguen muriendo mujeres en este momento, en todo el país lo siguen haciendo.

Y lo que yo dije anteriormente, Angélica de la Peña, Marcela Lagarde, Malú Michel, Lorena Cruz, nosotros estamos trabajando en el mecanismo.

¿Cuál es mi preocupación? Porque como todo esto es mediático, es que se salga y se diga que estamos a favor del feminicidio. Eso yo quiero que quede bien asentado.

Qué bueno que se ocupen, pero hay que ocuparse con conocimiento del tema y con conocimiento del seguimiento que estamos dando.

La CONAGO, máxima autoridad política en este momento, donde coinciden los gobernadores y donde ustedes saben que el grave problema es sentar a un gobernador en la silla de los acusados para inculcar un delito como el feminicidio.

Nosotros estamos trabajando en el tema. No es un asunto de que vayamos en contra de una propuesta de un compañero, por cierto del PRI, y que tiene toda la razón, pero el motivo de este punto de Acuerdo está pasado de fecha, sobreseído, está sin materia, en este momento. Sin embargo, estamos comprometidas, como siempre, no ha propósito de este punto de Acuerdo, de toda la vida, en una lucha permanente.

Anteriormente aprobamos el tema de Michoacán, ustedes lo vieron, lo vio la Senadora Calderón, que fue una de las promoventes, pero además, exhortamos a los congresos locales.

¿Para qué sirve tipificar el feminicidio si hay rendijas por donde se sale?

¿Para qué sirve tipificar el feminicidio si la procuración e impartición de justicia local, en este país, sigue siendo una burla para la vida de las mujeres mexicanas?

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles

Todos tendrán el uso de la palabra, cuando lo pidan.

Por favor, Senador Benjamín Robles.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente, solo para rectificación de hechos, desde este lugar, si usted me permite.

Yo creo que el asunto ha sido muy discutido y creo que todos entendemos muy bien la posición de la Senadora Diva, que yo respeto.

Yo he escuchado los planteamientos del Senador Demédicis. Y, bueno, decía la Senadora Diva, hay que ser vehemente en las posiciones, todas; ya escuché su posición vehemente sobre el tema. Yo solamente quiero decir que de la vehemencia con la que plantea la Senadora Diva sus puntos de Acuerdo, a la vehemencia con las que plantea el Senador Demédicis, yo voy a votar porque sea como lo está proponiendo el Senador Demédicis; este debe ser un asunto en positivo, no debe ser rechazado el dictamen.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para efecto de rectificación, en función de la alusión que hizo la Senadora.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero pedirle a la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, entendiendo su preocupación, que efectivamente no vemos dobles mensajes, no solamente nos circunscribamos a la forma, sino al fondo.

El mensaje que estamos dando, más allá de que lo queramos aclarar y de nuestra voluntad, es que lo que estamos haciendo al desechar este punto de Acuerdo del Senador Miguel Angel Chico, es que ciertamente es contradictorio con el punto de Acuerdo que aprobamos anteriormente y, además, el mensaje que estamos dando, adicionalmente a todas las organizaciones no gubernamentales que vienen desde que existe el mecanismo, perdón, en el marco de la ley, y además en la discusión del sistema nacional, es que sistemáticamente todas las alertas de género, todas las solicitudes de declaración de alertas de violencia de género, son rechazadas.

De tal forma que yo le pediría que retiráramos este punto de Acuerdo, que no lo votásemos hoy, yo ya estoy preparando un punto que quiero poner a consideración de la propia Comisión para la Igualdad de Género para que entremos al debate de la declaratoria, de manera que podamos resolverlo desde un punto de Acuerdo, pero, además, que ya entremos a resolver la materia de modificación de las leyes que tienen que ser reformadas para que no quede lugar a dudas del respeto al pacto federal, pero de que tiene que verse la declaratoria de alerta de violencia de género, no como una cuestión sancionadora a quienes gobiernan, sino como la oportunidad de todas las y los gobernantes para que efectivamente se prevenga la modalidad de violencia feminicida y se atienda con justicia pronta y expedita el delito del feminicidio.

Eso es lo que yo le quiero proponer, con todo mi cariño y mi reconocimiento, a mi colega, que ustedes saben, quiero mucho y siempre la acompaño, y nos acompañamos como grandes aliadas, de que ahora hagamos eso por procedimiento y para no deteriorar ante las decisiones de esta plenaria y, quizás, dando un doble discurso que sí tendrá repercusiones hacia fuera, sin lugar a duda.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Sonido en el escaño Senador Fidel Demédicis, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadora Diva, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Para alusiones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: La anoto en la lista, Senadora Diva Gastélum.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luís Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero proponer a la Asamblea, y de manera particular a las presidentas de comisiones que tienen que ver con este asunto, que de ninguna forma se puede advertir entre las integrantes o integrantes de este Senado, algo que tenga que ver con apartarse de la solidaridad que hay en este tema de la igualdad de los géneros.

Porque este discurso puede comenzar a caminar por allí, y se estaría, entonces sí, hasta por insinuaciones, advirtiendo cosas que no existen en el contenido ni en las pretensiones de quienes hagan uso de la palabra.

La propuesta es que pudiera regresar a comisiones este punto de Acuerdo que desecha la solicitud de emitir la alerta de violencia de género, para un replanteamiento que no provoque interpretaciones incorrectas; parece que hay otros puntos de Acuerdo en relación a temas parecidos y que pudieran llegar a este Pleno con un planteamiento integral y muy claro.
Es una propuesta para que podamos, nosotros, no contribuir con discursos y con aseveraciones que, de haberlas, aquí nadie podría acoger en sus planteamientos; que regresara este dictamen; que en las comisiones que lo trajeron pudiera admitirse un replanteamiento general junto con otros puntos de Acuerdo que estuvieren vinculados. Es la propuesta que podemos hacer para resolver este asunto, de verdad que parece un tema de argumentos que pudieran dañar la lealtad que se ha tenido con este tema de la igualdad de género.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Se le concede la palabra a la Senadora Diva Hadamira.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Bueno, el tema aquí no es polemizar; el tema es resolver, y ojalá pudiéramos resolver lo que le está pasando en este momento a muchas mujeres que son asesinadas por crímenes de odio. Nosotros, yo como presidenta de la comisión, no tengo ningún problema, y que se regrese para explicarlo, porque lo que yo alcanzo a percibir aquí, es que pareciera que tenemos resistencia a que un tema, por lo que hemos luchado toda la vida, no pase, queremos que pase, pero además, invitar a la Secretaría de Gobernación, que es nuestra par en este tema, y al Instituto Nacional de las Mujeres para poder poner en la mesa la urgencia de estas otras reformas, yo no tengo problema que regrese, y yo le pido, señor Presidente, nosotras, la Senadora Angélica y todas las integrantes saben cómo hemos cuidado que esta comisión tenga cero rezagos legislativos, porque son temas de la vida de las mujeres.

Entonces, solamente, señor Presidente, en ese sentido no tenemos mayor problema, ni se trata de polemizar, ni tener complejos de niños héroes para tirarnos de la bandera, se trata de resolver un problema con tanta urgencia que tenemos.

Que se regrese, explicamos y tomamos una decisión como ya la habíamos tomado las integrantes, no hay problema, sin polémica; sí con seriedad en un tema de la mayor importancia, que es la vida de las mujeres.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadora Diva, nada más para puntualizar. ¿Está solicitando a esta Mesa Directiva el retiro del dictamen para que regrese a comisión?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Pero para explicar.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí, sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para una moción en cuanto al procedimiento.

Coincidiendo en la necesidad de que se regrese este punto de Acuerdo, sí creo que el Senado de la República debe de tener una posición más puntual. No debe de regresarse para explicar su contenido, yo creo que el objetivo debe ser que el Senado fije una posición de este fenómeno social que evidentemente existe en el país sin buscar la carga y la responsabilidad a algún personaje político en particular.

Yo creo que el Senado debe tenerse puntualmente en posiciones muy claras y no tratar de desviar la discusión sobre los temas centrales.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Encinas, la Mesa Directiva no prejuzgó para qué efecto lo regresamos a la comisión, esa va a ser en la soberanía de la misma, ¿cuál es el efecto que le dan?, nosotros sólo estamos concediendo el que regrese a la comisión.

Sonido en el escaño de la Senadora Pilar Ortega, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) También para hechos, señor Presidente.

Qué pena que no me haya identificado, tenía buen rato con el micrófono encendido.

Simplemente para comentar, a nombre del grupo parlamentario del PAN, que nosotros estamos en total rechazo a cualquier manifestación de violencia en contra de las mujeres y, por supuesto, también seremos congruentes en ese sentido.

Pero también hacer manifiesto que este es un problema nacional, que no debe ocupar una agenda en lo específico y que se debe de trabajar por revisar las mejores políticas públicas y por revisar que estos exhortos o posiciones que realice el Senado, sean en términos globales, en términos generales y no con un sesgo político.

Simplemente para ello, señor Presidente.

Gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se toman en cuenta sus manifestaciones. Una disculpa si no la vio su servidor y todos los miembros de la Mesa, y sólo por esa razón le di hechos, porque el trámite ya había terminado.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a informar sobre el seguimiento y atención que se ha dado a la niña que dio a luz en enero pasado en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a brindar atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 19 de febrero de 2013, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a brindar atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Con fecha 22 de agosto de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Proposición con punto de Acuerdo tiene como objetivo exhortar respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las autoridades de Procuración de Justicia, de Salud y demás competentes en la entidad, brinden atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco; así como a su hija, con la finalidad de garantizar su integridad física y psicológica, así como el pleno respeto de sus derechos a la alimentación, salud, educación y a todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño e instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

Asimismo, plantea exhortar a las autoridades de Procuración de Justicia del Estado de Jalisco, a realizar una investigación exhaustiva para sancionar al o los responsables respecto al caso referido, así como al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, a que diseñen e implementen políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes.

CONSIDERACIONES

1.- El pasado 27 de enero en el Hospital de Zoquipan, ubicado en el estado de Jalisco, se dio cuenta de que una niña de nueve años de edad dio a luz, representando sin duda alguna un caso alarmante por las implicaciones que trae consigo este hecho, así como es el delito sexual del cual fue víctima y las condiciones en que se llevó su embarazo.

Este hecho, que se hizo público el pasado 6 de febrero, ha traído consigo muchas interrogantes y situaciones presumibles de violaciones a los derechos de la niña, tal es el caso del que el supuesto padre tiene 17 años de edad, el cual no ha sido localizado.

Asimismo, se tiene conocimiento de que la madre de la niña presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no estar de acuerdo con la atención médica que recibió la menor de edad, particularmente porque presume que a la niña le fue colocado un Dispositivo Intrauterino (DIU).

Ante estos hechos, el Director General del Hospital de Zoquipan ha desmentido la anterior afirmación, señalando que lo realizado con la niña fue únicamente un procedimiento para proteger su salud a través de un implante subdérmico.

De igual manera, se tiene conocimiento de que las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes entre las que se contempla dar a conocer quién es el padre y ubicar su paradero, pues por la edad de la niña es indicio claro de que se cometió un delito, pues el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en su artículo 142 M, fracción III, señala que “quien tenga cúpula o cópula equiparada, con una persona menor de edad o en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho”. Si la víctima es menor de quince años, la sanción es de 12 a 20 años de prisión.

Por su parte, a partir del día viernes 8 de febrero, se empezó a especular en los medios de comunicación masiva, de la verdadera edad de la referida niña, pues se presume que por sus características físicas podría tener más de 12 años de edad, lo cual significaría otra violación a sus derechos al no ser registrada en tiempo, forma y con los datos precisos, violentando su derecho a la identidad.

2.- En virtud de todo ello, los Senadores Integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables mencionan que existe información que debe ser aclarada, pues lo único cierto es que una niña dio a luz, trayendo aparejadas muchas violaciones de derechos que no pueden dejar de ser investigadas para tomarse las acciones debidas.

Por ello, los Senadores estiman necesario solicitar a las autoridades correspondientes que garanticen el respeto íntegro de los derechos de la menor de edad consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, a partir del principio del interés superior de la niñez, optando por la aplicación de estrategias cálidas que permitan el desarrollo adecuado de las dos niñas, con enfoque familiar y siempre velando por que en los procesos o procedimientos correspondientes que deban ser desahogados, no exista una doble victimización o cualquier otro hecho que pueda atentar contra su tranquilidad y sano desarrollo.

Asimismo, en estrecha relación y como una estrategia para sensibilizar a todos los tomadores de decisiones, los integrantes de la Dictaminadora consideran necesario promover ante los tres órdenes de gobierno para se diseñen y, en su caso, fortalezcan políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, velando por el respeto del principio del interés superior de la niñez contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar, hasta el máximo, que casos como los referidos en el presente se repitan en nuestro país.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las autoridades competentes brinden un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el seguimiento y atención que se ha dado a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, así como a su hija.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que diseñen y, en su caso, fortalezcan las políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, velando por el respeto del principio del interés superior de la niñez contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de septiembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

Es todo, señor Presidente.

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Con el objeto de referirme a estos dos puntos de Acuerdo.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Déjeme entonces primero ponerlo a discusión. Gracias.

En consecuencia, está a discusión.

Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) En este punto de Acuerdo, se da por sentado que no se han proporcionado los mecanismos de ayuda a la niña que en un momento dado, el 27 de enero, se creía que contaba con una edad que no era y que posteriormente se demostró que contaba con mayor edad.

Y se está asegurando que no se han hecho los mecanismos necesarios para fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de embarazos de niñas.

Y mi propuesta sería matizar el segundo punto y señalar: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, para que en caso de que no hayan diseñado y fortalecido las políticas orientadas a la prevención de embarazo de niñas y adolescentes, velando por el respeto del principio de interés, lo lleven a cabo.

A mí me consta que el estado de Jalisco, y a partir del ascenso del gobernado actual, se han fortalecido todo este tipo de políticas públicas a favor de las mujeres, de las niñas, de adolescentes. Quien presentó el punto de Acuerdo probablemente no tenga conocimiento de ello.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación entregada a la Mesa Directiva por parte de la Senadora y consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Si fuera tan amable, Senadora Verónica Martínez, de explicarnos en qué consiste su propuesta.

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Para modificar el segundo punto de Acuerdo, porque ahí pareciera, y se asevera, que no existen las políticas públicas, no se han fortalecido y no se han diseñado. Nada más para que en el supuesto o en el caso de que no se hayan diseñado se lleven a cabo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Trataré de interpretar su observación.

Entonces quedaría: “El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, para que en el caso de que no se hayan diseñado las políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, se realicen velando por el respeto del principio del interés superior de la niñez, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

¿Es correcto? Gracias.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Maki Ortiz, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Con todo respeto, yo más bien pensaría que debemos de decir: para que se apliquen las políticas que están diseñadas nacionalmente para el control y la prevención del embarazo de adolescentes, porque pues ya existen en todo el país, son de cobertura nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Maki Ortiz.

Todavía no está a discusión. Y sí les pediría a las Senadoras y Senadores, cuando hay propuestas que las tengan por escrito, porque si lo extrapoláramos vamos a perder el control.

Solicito a la Secretaría explique el contenido y consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Nuevamente hago referencia a la propuesta para someterla a consideración del Pleno.

“El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que en el caso de no existir las políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, se instrumenten velando por el respeto del principio de interés superior de la niñez contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen propuesto con la modificación realizada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a diseñar y fortalecer los mecanismos y estrategias tendientes a generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como estrategia para combatir la pornografía infantil.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para emprender acciones tendientes a disminuir la problemática que significa la pornografía infantil en nuestra sociedad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del 19 de marzo de 2013, las Senadoras y Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Luisa María Calderón Hinojosa, Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Domínguez Ortiz, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Yunes Márquez, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Lisbeth Hernández Lecona, Alejandro Tello Cristerna; Martha Palafox Gutiérrez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentaron la proposición con Punto de Acuerdo para emprender acciones tendientes a disminuir la problemática que significa la pornografía infantil en nuestra sociedad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Con fecha 22 de agosto de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Propone exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, al Congreso de la Unión, así como al ejecutivo y legislaturas de las entidades federativas, para trabajar en el diseño y desarrollo de acciones puntuales para hacer frente a la  pornografía infantil.

Asimismo, solicita al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre el estado que guardan los mecanismos para combatir la pornografía infantil en internet y la estrategia que implementará para enfrentar esta problemática:

CONSIDERACIONES

1.- La pornografía infantil se ha convertido en un problema que va en aumento y cuyas características llegan a ser tan complejas, en virtud de los mecanismos de producción y reproducción que existen en la actualidad, que se ha convertido en una verdadera amenaza del desarrollo armónico de nuestra sociedad, atentando en contra de niñas, niños y adolescentes que son el sector prioritario de atención del Estado Mexicano.

Es recurrente observar y tener conocimiento de que la pornografía infantil se reproduce constantemente en páginas de internet que se han convertido en el medio idóneo empleado por los explotadores sexuales para transmitirla o para emplearla a manera de gancho para promover actividades delictivas como el turismo sexual.

De lo anterior, la División de Policía Cibernética de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública mencionó que la Internet es utilizada por organizaciones criminales de pedófilos que promueven y transmiten pornografía infantil, así como por bandas internacionales de prostitución, que inclusive cuentan con sistemas informáticos para promoción y reclutamiento.

Así, hasta el año 2008, la señalada Secretaría de Seguridad Pública detectó 397 comunidades o sitios web con pornografía infantil, de las cuales 197 son mexicanas.

Por su parte, la Fiscal Especial de la Procuraduría General de la República para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas en México (FEVIMTRA) ha detectado, en el año 2013, al menos 12 mil 300 cuentas personales de internet desde las que se difunden fotografías o videos a través de las cuales se explota sexualmente a menores de edad.

Este mecanismo, empleado por los explotadores, representa un verdadero problema dada las condiciones en que opera la internet y la falta de legislación internacional y nacional al respecto, pues permite que con gran rapidez se pueda poner y quitar información de cualquier tipo, formato y desde cualquier parte del mundo, lo que significa que una persona puede estar cometiendo delitos en un país y situarse en la otra parte del mundo.

Lo anterior, representa un gran reto para los gobiernos del mundo, al estar bajo la necesidad de contar con regulación trasnacional que permita enfrentar y erradicar el crimen en el llamado ciberespacio, sin atentar contra las garantías individuales y la soberanía de cada uno de los países.

2.- De acuerdo con  la National Center for Missign and Exploited Children, México se ubica en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, mientras que la Asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children por Sexual Purposes (ECPAT), coloca a nuestro país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina.

Esta situación, sin duda alguna es alarmante y nos obliga a emprender acciones puntuales para combatir la pornografía infantil que representa una práctica tan deleznable que vulnera profundamente a niñas, niños y adolescentes, marcándolos de por vida.

México, se ha constituido como un país promotor y garantista de los derechos de la niñez. Particularmente desde el Congreso de la Unión se han venido redoblando los esfuerzos en la materia, convirtiéndose en temas recurrentes en la agenda legislativa.

Por ejemplo, en el tema de explotación sexual infantil cuya variante es la pornografía infantil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007 una reforma al Código Penal Federal con la finalidad de perfeccionar los tipos penales y aumentar las sanciones en esta materia. Por su parte, en el año 2010, se reformó la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para sancionar hasta con 18 años a quienes sean los administradores de sitios web con pornografía infantil.

3.- Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables comparten totalmente la preocupación de los proponentes y aplauden que los temas correspondientes al respeto de los derechos de la niñez continúen estando de manera prioritaria en la agenda de los legisladores.

En ese sentido y enfocándonos a la propuesta materia del presente dictamen, los proponentes consideran exhortar en cuatro resolutivos al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, al Congreso de la Unión, así como al ejecutivo y legislaturas de las entidades federativas, para que cada uno en ejercicio de sus funciones y atribuciones realicen acciones puntuales para hacer frente a la pornografía infantil.

En lo que corresponde a esta propuesta, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideramos hacer unas modificaciones con la finalidad de ampliar el alcance del exhorto y promover que todas las entidades dentro de los tres órdenes de gobierno  coadyuven a la solución de este problema.

En primer punto, consideramos adecuado concentrar las peticiones realizadas a los órdenes de gobierno, secretarías de estado, así como legislaturas federal y locales en un resolutivo cuya generalidad permita un mayor alcance en la solicitud exhortando a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos a fortalecer las acciones en la materia y así contemplar a todo el Estado Mexicano.

Posteriormente las senadoras y los senadores iniciantes proponen un quinto resolutivo a través del cual exhortan al Ejecutivo Federal para que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre el estado de los mecanismos para combatir la pornografía infantil en internet y la estrategia que implementará para enfrentar esta problemática.

En lo correspondiente a esta propuesta y dado a que las estrategias y políticas en la materia deben de ir acompañadas de esfuerzos de las entidades federativas, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estimamos conveniente dirigir el exhorto a la Comisión Nacional de Seguridad y las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas que son las instancias especialistas y responsables en la materia de delitos que se cometen por medio de internet, con la finalidad de que hagan llegar a esta Soberanía un informe a partir del cual podamos conocer el estatus real en que nos encontramos en la lucha contra la pornografía infantil y tener un diagnóstico para estar en posibilidades de realizar las propuestas legislativas a las que haya lugar y coadyuvar con las autoridades correspondientes.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que, dentro de sus ámbitos de competencia, diseñen y fortalezcan los mecanismos y estrategias tendientes a generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como estrategia para combatir la pornografía infantil.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, para que a través del área correspondiente hagan llegar a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables un informe detallado sobre las acciones realizadas para combatir la pornografía infantil, particularmente por internet.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de septiembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Subo a esta tribuna con gran responsabilidad, a partir de que asumí el compromiso para combatir la pornografía de niñas, niños y adolescentes.

Reconozco, que alrededor de la infancia hay mucho trabajo y personas dedicadas a ello, pero considero que en el caso de este delito en particular, se hace poco, considerando los niveles en que estamos de producción de este material a nivel mundial.

Por eso agradezco que en la presentación de este punto de Acuerdo me hayan acompañado Senadoras y Senadores de todos los partidos y que el día de hoy lo estemos discutiendo.

Quiero compartir con ustedes que después de la presentación de este punto de Acuerdo, se llevó a cabo un foro en la ciudad de Tijuana, el pasado 4 de julio, con una gran participación de la sociedad, de las organizaciones y de los medios de comunicación, muy interesados en cooperar.

Mi recorrido por esta problemática me ha llevado a encontrarme con diferentes actores políticos, intelectuales de la industria y académicos, que incitan y tratan de cambiar las circunstancias alrededor de este tipo de pornografía.

Las cifras que tenemos varían, según el indicador que se utilice, pero es un hecho ineludible que en la dramática situación, nuestro país es uno de los principales productores de pornografía de niñas, niños y adolescentes a nivel mundial, una grave situación para nuestro prestigio.

Este crecimiento desmedido ha sido solapado por la falta de regulación específica, sin atender con fuerza las particularidades de la pornografía en menores. Ahorita hablamos de la niña que está embarazada, como hay muchas, y precisamente, estas cosas se difunden en las redes.

Tengo la consciencia de que este tipo de delito es parte de una línea transversal que toca diferentes factores. Pero también estoy consciente que su contención, evaluación y solución dependerán de las acciones particulares que comprendan la lógica del delincuente, sus herramientas y las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve.

En los últimos 20 años, los pasos normativos que hemos dado al respecto son mínimos, sólo han servido como contención, pero no han podido dar un cauce real a la solución de la pornografía infantil.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada el 14 de junio de 2012, brindó un marco jurídico sin precedentes en nuestro país, pero, como es también el caso del Código Penal, aún son limitadas cuando se refieren a atacar este tipo de pornografía. Estoy hablando de la pornografía infantil, que es diferente a la otra pornografía.

Las normas que tenemos son muy importantes, pero no combaten estratégicamente todo el negocio y la cultura a su alrededor.

Es un mundo criminal y canalla que se envuelve, desafortunadamente, al amparo circunstancial de las tecnologías de la información y comunicación, desde un cuartucho en cualquier lado se puede hacer este tipo de crimen.

Como lo he dicho reiteradamente en otras ocasiones, no se trata de satanizar la red, estoy muy consciente que es una herramienta fundamental, lo que se intenta es concientizar de su uso y castigar a quienes se aprovechan, precisamente, para malos y perversos fines.

Hoy estamos dejando aceleradamente los medios tradicionales de comunicación, hoy nos informamos y nos relacionamos a través de Facebook, Google, Twitter y YouTube, como ustedes saben.

Debemos luchar por mantener abierto el Internet y sus redes; en ese sentido, también incluimos a los niños y adolescentes para que puedan entrar, pero debemos preservar, también, su creatividad y que sea una herramienta para la igualdad, sin importar la condición económica e ideológica; aprovechémoslas.

Pero nunca antes había tenido tanta capacidad, precisamente la red, para también admitir cosas perversas. Por eso habrá que ser suficientemente maduros para reconocer que el mal uso que se les está dando a las tecnologías de comunicación, están incentivando el crecimiento desmedido de la pornografía con menores en nuestro país.

El desarrollo tecnológico ha creado nuevas maneras de atentar contra nuestros menores y tenemos que estar conscientes para legislar coherentemente.

UNICEF refiere que a través de revisar las disposiciones que penalizan las imágenes de abuso infantil en la red, de los 196 países analizados, sólo 45 cuentan con la normatividad adecuada.

En México, el 78 por ciento de los niños, entre 11 y 18 años, usan el Internet con frecuencia y 9 de cada 10 han presenciado pornografía en la red.

Estamos y entendemos que es un problema grave que no se termina con un exhorto. Sé que esto es una pelea permanente en contra de tabús, interés y corrupción.

Se requiere legislar en esta materia, estableciendo líneas para que las empresas que proveen servicios digitales en línea estén, precisamente, viendo la manera de cómo evitamos este tipo de materiales que se dan.

Cero impunidad para los acosadores.

Habremos de trabajar en esa legislación y, también, buscar cooperación internacional; eliminar la disponibilidad y el acceso de imágenes de abuso infantil en la red, para lo cual debemos de trabajar de la mano con los proveedores de servicios de Internet.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Senador Víctor Hermosillo, informo que su tiempo ha concluido, le rogaría que concluyera.

Gracias.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Termino, señor Presidente.

Educar a los niños y a los jóvenes en torno de los beneficios y oportunidades que ofrece el Internet, pero también educarlos en lo que no deben hacer; mayor supervisión en los lugares públicos donde se ofrece el servicio de Internet; tanto con educadores como con padres de familia darles instrucción sobre el manejo y administración de las redes.

Yo estoy preparando una propuesta que tiene el objetivo de atender específica y eficazmente la pornografía de niños, niñas y adolescentes, recogiendo todas las observaciones en el proceso, que he tenido de parte de ustedes.

Quiero ver a mi país con bienestar y sé que ustedes harían lo mismo; para eso necesitamos buenos ciudadanos que tengan salud y valores morales.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Senador Víctor Hermosillo, por favor, le pido respetuosamente si puede terminar.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Un momento, señor Presidente.

Este cargo como Senadores que nos da la oportunidad de hacer algo por la infancia en México, lo debemos de aprovechar. Pongamos el mismo esfuerzo por la integridad y dignidad de nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes. Y los invito a todos ustedes a que acepten este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Evidentemente, yo creo que todos coincidimos; este punto de Acuerdo es de suma importancia, el asunto que se trata no solamente debe preocuparnos, creo que todos consideramos que hay que ocuparnos para encontrar pronto una solución en este contexto.

Y yo solicité, señor Presidente, el uso de la palabra porque también presenté ante este Pleno, recientemente, un punto de Acuerdo en este mismo sentido, creo que hay que preocuparse y ocuparse.

Y por eso puedo decir que la producción, el almacenamiento y la difusión de pornografía infantil sigue creciendo en México y es un asunto que debemos detener.

Según datos publicados el pasado 17 de junio, México ocupa ya el aciago primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil. De acuerdo a esta cifras, que proporciona la Procuraduría General de la República, en lo que va de este año se han detectado al menos 12 mil 300 cuentas personales en el país, desde las cuales se difunde pornografía infantil, ya sea en fotografía o en videos.

Esta cantidad evidentemente que pone al país como primer lugar mundial en emisión de este tipo de material ilegal, es un asunto que urge detener.
Para nosotros lo más grave del asunto, es que según la información de la propia Procuraduría General de la República, sólo se han iniciado 130 averiguaciones previas contra pedófilos, alcanzado únicamente la patética cifra de tres sentencias condenatorias.

Según la licenciada Nelly Montealegre, Fiscal Especial de la PGR para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, el conteo se empezó desde el año 2010, este año se detectaron 580 cuentas; para el 2011, la cifra había aumentado a más de 3 mil; y en el 2012, se detectaron más de 7 mil cuentas.

Compañeras y compañeros, en lo que va del 2013 ya suman más de 12 mil 300 cuentas. Es un crecimiento pasmoso, es un crecimiento preocupante, exponencial y que no puede más que encender los focos rojos de esta Soberanía y espero también del gobierno federal.

El estudio realizado en el año 2000, me quiero referir al también denominado “Infancia Robada: Niñas y Niños Víctimas de Explotación Sexual en México”, coeditado por la UNICEF y otros organismos similares, estimaba que alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes habían sido utilizados en prácticas de prostitución, de pornografía, turismo sexual y tráfico con fines de explotación sexual. Esto es el 0.4 por ciento de la población infantil, esta cifra, mucho me temo, y a la luz de los datos que ahora surgen, no puede más que haber crecido en la misma proporción.

Por eso vengo aquí a esta tribuna a decirles, compañeras y compañeros Senadores, que no podemos, además, olvidar que México firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, eso sucedió el 7 de septiembre del año 2000 y lo ratificó el 15 de marzo de 2002.

Este protocolo establece la obligación de los Estados Parte de presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño con la información sobre las medidas que han tomado para cumplir las disposiciones de este protocolo.

En esta tesitura resulta apremiante que como lo plantea el dictamen, sometido a nuestra consideración, que los tres órganos de gobierno de la República fortalezcan los esfuerzos institucionales con el claro impacto presupuestal que esto debe conllevar, para hacer frente a esta tan ominosa circunstancia.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Benjamín Robles.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

Se recibió de la Cámara de Diputados el expediente de las aprobaciones de los estados y el proyecto de declaratoria de aprobación, que realizó está Cámara al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a la agenda de hoy el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente, a efecto de dar fe de la mayoría de votos que aprueban el Decreto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente. Se da fe de los votos emitidos por los congresos estatales de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En consecuencia, se han emitido 19 votos aprobatorios al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Les solicito ponerse de pie a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: Se aprueba el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación.

Favor de sentarse. Gracias.

(Aplausos)





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de diversas comunicaciones que nos remite la Secretaría de Gobernación.

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Informo a la Asamblea que se recibieron de la Secretaría de Gobernación oficios con los que remite los informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la Secretaría de la Defensa Nacional; de la Secretaría de Economía; de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Energía; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Son todos los informes recibidos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se tienen por recibidos y se instruye a la Secretaría Parlamentaria distribuir los ejemplares a las señoras Senadoras y a los señores Senadores.





 

Informo a la Asamblea que se recibió de la Secretaría de Gobernación la propuesta de ternas de 7 comisionados, que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal, para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a la agenda de hoy el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, la propuesta de ternas que somete al Senado de la República el titular del Poder Ejecutivo Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos, Primera; y Estudios Legislativos; Segunda; y para opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

Las comisiones señaladas son las mismas que se ocuparon del dictamen del proyecto de Ley de Víctimas.

Sonido en el escaño del Senador Fayad, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Nada más para solicitarle se turne también a la Comisión de Seguridad Pública, por índole de la materia, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se le concede para opinión.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se invita al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a una reunión de trabajo en esta comisión.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo en relación al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 18 de abril de 2013, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza presentó la proposición con punto de Acuerdo en relación al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Con fecha 22 de agosto de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La propuesta tiene como objetivo exhortar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que envíe al Senado su propuesta de Estatuto Orgánico, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y con ello la Junta de Gobierno del Consejo pueda aprobar, expedir y publicar el citado instrumento, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

CONSIDERACIONES

1.- El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) es el órgano nacional rector de políticas públicas en discapacidad que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Para logarlo el CONADIS debe cumplir, entre otras, con las siguientes atribuciones:

• Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

• Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

• Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

• Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales;

• Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal;

• Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas;

• Presentar un informe anual de actividades;

Asimismo, en el Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se establece que el CONADIS, además de lo anterior y a través de su Junta de Gobierno, tendrá como atribución aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el Director General del Consejo.

2.- El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fue creado el 30 de mayo de 2011 con base en lo señalado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Desde su creación, el CONADIS ha presentado situaciones particulares como un cambio de administración en enero de 2013 y una modificación en su cabeza de sector, dado que originalmente estaba sectorizado a la Secretaría de Salud y en virtud de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, cambio que entró en vigor el 30 de marzo pasado.

Lo anterior, debido a que de acuerdo al Artículo 32 de la señalada Ley Orgánica, a la SEDESOL se le confirió nuevas obligaciones en materia de grupos vulnerables, particularmente de personas con discapacidad, a través de las siguientes acciones:

• Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de la atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con discapacidad.

• Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad.

3.- Los integrantes de la Dictaminadora coincidimos plenamente con el espíritu de la propuesta realizada por la Senadora iniciante en lo que respecta al Estatuto Orgánico del Consejo.

Sin embargo, consideramos que aunado al tema señalado en el punto de acuerdo materia del presente dictamen y en virtud de las demás atribuciones que tiene el órganos como el Programa Nacional en la materia, así como por el proceso de cambio de cabeza de sector, es necesario tener una reunión de trabajo con el Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que nos exponga el trabajo realizado en estos meses, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y sobre todo, la manera en la que podemos sumar esfuerzos en favor de las personas con discapacidad.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República invita al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a una reunión de trabajo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de septiembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión. No habiendo Senadoras y Senadores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar a la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Para solicitarle, señor Presidente, se mantenga el primer punto de Acuerdo que estaba agendado para el día de hoy, para la siguiente sesión, si fuera tan amable.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Mónica Arriola.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Sí, señor Presidente, para que se mantenga el punto de Acuerdo que tengo inscrito.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se toma nota, por lo que entiendo todos.

Le pido a la Secretaría Parlamentaria hable con todos los Senadores que estaban listados y nada más lo corrobore.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más preguntarle, porque el siguiente punto del Orden del Día no es precisamente el que se va a presentar en este momento, sino que se varió la agenda.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulté a la Junta de Coordinación y a todos los coordinadores para esta modificación; ella va a hacer uso de la palabra, todos los demás se van a inscribir para el siguiente día y se tomó el acuerdo de levantar la sesión.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Perdón, es que no sabía.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Le agradezco la comprensión. Esta Mesa Directiva nunca será autoritaria, siempre estará en contacto con todos los órganos de gobierno del Senado de la República.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna, para presentar un punto de Acuerdo sobre el conflicto de Siria.

PROPUESTA

- La C. Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras, Senadores:

Vengo a poner a su consideración un exhorto al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que recibió el Premio Nobel de la Paz, a que reconsidere sus intenciones de invadir la República Arabe Siria. Estados Unidos no es el policía del mundo, no es dueño de los demás países, nada lo faculta a decidir unilateralmente quién vive y quién muere, quién gobierna y quién no, en los distintos países del planeta.

Tenemos, todos los congresos y gobiernos del mundo, que hacer valer el derecho internacional; que hay procedimientos y criterios que establece la ONU para buscar soluciones políticas a los conflictos y exhortar también al Congreso de los Estados Unidos, que se instala el próximo lunes, a que rechace esa idea de atacar a Siria con aviones tripulados y misiles, ya que el resultado de ello sería la exacerbación de la violencia; que rechace el dictamen de la Comisión de Seguridad del Senado de los Estados Unidos, que autoriza a Barack Obama a intervenir militarmente en Siria.

El Congreso estadounidense, tampoco es el Congreso del mundo.

El conflicto en Siria es altamente complejo; inició en marzo de 2011 cuando un grupo de opositores se insurreccionaron contra su gobierno en Siria apoyados por la organización Al Qaeda.

Sin embargo, esos grupos opositores a su gobierno fueron reforzados por Estados Unidos, que les envió ayuda financiera, militar e incluso pagó de mercenarios.

Cuando Estados Unidos indebidamente se mete al conflicto y apoya a una de las partes, dejó de ser un asunto de un país y se internacionalizó, con consecuencias gravísimas para la estabilidad global. Es necesario detener ese conflicto, impedir su internacionalización y buscar vías pacíficas para su solución y hacer uso de la política, no hacer uso de la fuerza en la búsqueda de las soluciones.

Ahora Barack Obama está forzando a un ataque militar contra Siria, argumentando que el gobierno sirio uso armas químicas contra la población civil, sin que aún hayan terminado las investigaciones por parte de la ONU.

Y en efecto, el 21 de agosto pasado en las afueras de Damasco, hubo un ataque con gases tóxicos, pero no existen, todavía, las pruebas de la autoría y continúan las investigaciones, pero quién sea que haya sido, es un hecho grave y condenable usar armas químicas, lo prohíbe el derecho internacional, además de que provocó la muerte de personas inocentes y no podemos más que reprobar y condenar esas agresiones.

Pero ahora se propone enviar aviones tripulados, los famosos drones, y lanzar misiles en puntos neurálgicos de Siria, lo cual provocará mayor muerte de inocentes y un baño de sangre inútil y evitable si los gobiernos y los congresos del mundo hacemos nuestra tarea; usar artefactos mortíferos, de la potencia norteamericana sobre otro país, también es un hecho condenable e inaceptable; a la violencia y la muerte no se le puede responder con más violencia y más muerte, debemos hacer eco del llamado de Ban Ki-moon, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas que, ante las presiones para que haya un ataque militar contra Siria, recomienda tomar en cuenta, primero, un impacto de la acción bélica sobre los esfuerzos que hacen ellos por evitar un mayor baño de sangre al facilitar la solución política del conflicto y evitar acciones militares.

Nos preocupan las declaraciones tímidas y ambiguas del gobierno mexicano, habría que hacernos eco del artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde están señalados los principios en materia de política exterior.

México es un país pacifista, ha impulsado siempre procesos de paz en la solución de conflictos internacionales, el Canciller mexicano está obligado a demandar, con toda firmeza, el restablecimiento de la paz en Siria y rechazar terminantemente la intervención militar de Estados Unidos en ese país.

Estados Unidos ha tenido, desde hace mucho tiempo, el interés de invadir Siria. Ese país tiene puertos por donde cruza el comercio de Occidente y Oriente y, por lo tanto, su ubicación militar es también estratégica.

Es decir, geopolíticamente su emplazamiento territorial es determinante, y lo que pudiera estar ocurriendo, es el de exacerbar la violencia con el único objetivo de apropiarse de ese país estratégico.

Por eso, el Presidente norteamericano está presionando a su propio congreso para que lo autorice a invadir ese país.

Las reacciones de otros países no se han dejado esperar.

Irán ya ha dicho que respaldará a Siria, si Estados Unidos la ataca.

Rusia ya envió barcos de guerra al Mar Mediterráneo.

El Parlamento Inglés rechazó la participación de Gran Bretaña en un ataque militar.

Francia, aliada de Estados Unidos, está dispuesta a intervenir Siria.

Concluyo haciendo el siguiente exhorto.

Primero.- El Senado de la República condena energéticamente el uso de todo tipo de armas químicas en contra de la población civil en la República Arabe Siria, particularmente en los hechos ocurridos el pasado 21 de agosto a las afueras de Damasco, en que murieron al menos mil 400 personas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Barack Obama, quien recibió el honroso Premio Nobel de la Paz, a que reconsidere en su estrategia de ofensiva militar en contra de la República Arabe Siria, y reoriente sus esfuerzos al desarrollo y a la paz mundial, respete lo establecido en el derecho internacional y se apegue al principio de respeto a la soberanía de las naciones.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos de América, para que rechace la propuesta de ofensiva militar en contra de la República Arabe Siria, y se pronuncie por impulsar el diálogo que permita construir un acuerdo entre las diferentes partes en conflicto y que pueda traducirse en una paz duradera para el pueblo Sirio y el mundo.

Es cuanto, señor Presidente.

Le agradezco mucho la oportunidad.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A RECHAZAR LA PROPUESTA DE OFENSIVA MILITAR EN CONTRA DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA QUE PONGA A SU CONSIDERACION EL PRESIDENTE DE ESA NACIÓN BARACK OBAMA

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Históricamente nuestro país se ha distinguido por su participación en el concierto Internacional como un activo promotor de la paz internacional. Expresamente, nuestra Carta Magna,  mandata al Ejecutivo a cumplir con diversos principios normativos para la conducción de la política exterior contemplados en el artículo 89 de la Constitución, y que se relacionan íntimamente con la coexistencia pacífica entre las naciones del mundo, estos son: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Como podemos ver, todos ellos se encuentran cercanamente vinculados con preceptos indispensables para la convivencia armónica en la arena internacional como son: el respeto a la  soberanía, la priorización del diálogo y la negociación frente a la violencia, la igualdad ente las naciones, la legítima aspiración al desarrollo de todos los pueblos del mundo, la protección de los derechos humanos,  solo por mencionar algunos.

No es de extrañarse que existan diversos ejemplos en los que México ha sido participe importante de procesos de paz. Así lo hizo en Centroamérica por medio del Grupo Contadora que impulsó el diálogo ante los conflictos armados en el Salvador, Nicaragua y Guatemala. Igualmente nuestra nación promovió el Tratado de Tlatelolco para congelamiento de pruebas nucleares en la región Latinoamericana. En el caso del proceso de paz colombiano nuestro país fue sede e impulsó los “Diálogos de paz de Tlaxcala” que tuvieron lugar en 1992 y que culminaron con la desmovilización total del Ejército de Liberación Popular (EPL) y Movimiento 19 de abril (M-19).  En los foros multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, también ha quedado manifestada la vocación pacifista  de nuestra nación pues ha participado activamente en temas de desarme, terrorismo y seguridad.

Por estas razones se encontraría en franca contradicción al no manifestar con firmeza su posición para impulsar el diálogo para el restablecimiento de la paz en el conflicto Sirio y rechazar tajantemente mayores intervenciones militares que solamente elevarían la violencia que se ha desatado en la región sin plantear soluciones de fondo.

Como sabemos, en marzo de 2011 iniciaron las beligerancias en la nación Siria influida por otras protestas simultáneas en la región. Después de casi dos años  y medio, la guerra civil ha dejado un saldo de más de más de 110 mil personas fallecidas de acuerdo a los más recientes señalamientos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Desafortunadamente, 40 mil 146 civiles han perdido la vida de los cuales, tres mil 905 eran mujeres y cinco mil 833 eran menores a los 16 años de edad.1

El conflicto Sirio, es altamente complejo no solamente por el conjunto de fuerzas en disputa al interior de su territorio y que demandan la salida del presidente Bashar al-Assad. La complejidad de esta guerra civil tiene también un escala internacional. Como han señalado diversos especialistas, en este conflicto se han puesto en juego diversos intereses regionales y globales pues confronta: diversas cuestiones de la conflagración árabe-israelí; la presencia de grupos como el Hezbolá en su territorio; la lucha por el equilibrio de poderes entre diversas naciones de medio oriente; así como, la presencia y rivalidad entre intereses políticos y económicos de las potencias occidentales y asiáticas.2 Es importante señalar que Siria se encuentra localizada en el centro neurálgico de una de las regiones del planeta con mayor valor geopolítico, energético y de recursos hídricos. Todos ellos son temas fundamentales para: la  Seguridad Nacional de un gran número de naciones; el desarrollo industrial futuro dentro la globalización económica y, la competencia económica mundial entre potencias. 

Siria es entonces el escenario donde se podrán dirimir tendencias del futuro en el campo de la geopolítica que se reconfigura debido a la participación de nuevos actores. Por ejemplo, Rusia y China tienen un conjunto de inversiones e intereses geopolíticos en la región que no necesariamente coinciden con los de las potencias occidentales encabezadas los Estados Unidos de América. En resumen, son temas que impactan en la estabilidad de esta región además de tener una trascendencia global debido a los intereses de las potencias. 

En los últimos días, el gobierno de Barack Obama ha presionado a las diferentes fuerzas políticas dentro de su país para impulsar un ataque militar a Siria bajo el argumento de que este gobierno está utilizando armas químicas en contra de la población civil. Aunque el presidente estadounidense sometió esta decisión al Congreso de esa nación, que regresa de su receso el 9 de septiembre y dado el caso pospondría el ataque algunos días, el riesgo de un intervención militar en Siria sigue latente. Las reacciones en la región y a nivel internacional no se han hecho esperar, por un lado el gobierno de Irán, que respalda  al régimen sirio, ha señalado que los Estados Unidos pagarán  un alto precio en caso de atacar a Siria. Rusia envió también dos barcos de guerra al Mediterráneo oriental en el marco de las tensiones por un posible ataque contra Siria de acuerdo al Estado Mayor ruso según información en medios del 29 de agosto.3El presidente ruso, Vladimir Putin, había señalado en días anteriores que la presencia naval es necesaria para proteger los intereses de seguridad nacional.

Por otro lado, países como Francia han declarado estar dispuestos a intervenir en Siria si cuentan con la aprobación de su Congreso y existe una coalición de naciones que participen en estas acciones bélicas.4 Asimismo, el Ejército británico envió seis aviones de guerra a su base aérea de Chipre como una “medida de precaución” para proteger la zona británica, aunque aseguró que no forman parte de las medidas militares contra Siria.

A pesar de la trascendencia de estos eventos, México no ha asumido mayor compromiso ni postura de acuerdo con nuestra tradición diplomática que nos distingue como una nación pacifista. Es lamentable que dada la importancia estratégica de la región -y en contraste de países de la Latinoamérica, como Brasil, que en años recientes han revaluado su política exterior hacia Medio Oriente- México sigue mantenido un papel de espectador frente a las múltiples transformaciones que se han presentado en años recientes en esta zona del mundo. Como señala la investigadora del Colegio de México, Marta Tawil: “…no se ha integrado una política sistemática, consistente y articulada”, por el contrario, persisten múltiples deficiencias e inercias que tienen como consecuencia una pérdida relativa de la autonomía de nuestro país.5

Es fundamental entonces que participemos mucho más activamente en el debate respecto al tema. Como hemos señalado se trata de un conflicto con trascendencia regional y global y en el que se encuentran en juego miles de vidas. La historia nos ha enseñado que las intervenciones como las pretende Estados Unidos tienen intereses económicos y políticos que van mucho más allá del restablecimiento de la paz y por lo tanto solamente generan más inestabilidad y violencia.

En apego a nuestros principios de política exterior nos pronunciamos por la no intervención, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la soberanía. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y la democracia pero la presencia militar estadounidenses solo han empeorado las situaciones de las naciones donde se han presentado, recordemos el caso de la península de Corea, Vietnam o más recientemente en Afganistán o Irak. En estos y muchos otros ejemplos los costos han sido para la población que sigue padeciendo por años la imposición de gobiernos, violaciones a derechos humanos, violencia, inestabilidad económica, pobreza, entre muchas otras. Por esta razón creemos firmemente que es mucho más importante que la comunidad internacional agote todas las opciones para impulsar el diálogo que permita a las fuerzas en conflicto construir un acuerdo que pueda traducirse en una paz duradera y mejor futuro para el pueblo sirio.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos de América, para que rechace la propuesta de ofensiva militar en contra de la República Árabe Siria que ponga a su consideración el presidente de esa nación Barack Obama, y se pronuncie por impulsar el diálogo que permita construir un acuerdo entre las diferentes partes en conflicto y que pueda traducirse en una paz duradera para el pueblo sirio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 5 de septiembre de 2013.

Sen. Dolores Padierna Luna”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Como ha sido solicitado de urgente resolución, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dé el trámite señalado por nuestro Reglamento interno.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Como no es autorizado para su discusión, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

1 Notimex, “Suman más de 110 mil los muertos por el conflicto en Siria”, 1 de septiembre de 2013, fecha de acceso, 1 de septiembre de 2013, http://yucatan.com.mx/internacional/suman-mas-de-110-mil-los-muertos-por-el-conflicto-en-siria

2 Bassam Haddad , “Perpetual Recalculation: Getting Syria Wrong Two Years On”,  Marzo 18 de 2013, jadaliyya, fecha de acceso, 13 de julio de 2013, http://www.jadaliyya.com/pages/index/10674/perpetual-recalculation_getting-syria-wrong-two-ye

3 La Tercera, “Siria: Rusia envía buques de guerra al Mediterráneo y Reino Unido aviones a Chipre”, 29 de agosto de 2013, fecha de acceso 1 de septiembre de 2013, http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/08/678-540054-9-siria-rusia-envia-buques-de-guerra-al-mediterraneo-y-reino-unido-aviones-a.shtml

4 Notimex, “Siria posee mil toneladas de armas químicas: Francia”, el Universal, 10 de septiembre de 2013, http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/armas-quimicas-siria-946986.html

5 Marta Tawil, “La Política Exterior de México hacia Medio Oriente (2012-2018): Diagnóstico y Propuestas”,  en Jorge Schiavon y Rafael Velázquez Flores (Editores), “La Política Exterior de México: 2012:2018: Diagnósticos y Propuestas”, México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, 2012, pp. 49-50.





 

A continuación, se recibieron 3 Acuerdos suscritos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, los cuales pido a la Secretaría dé lectura de los mismos.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura la primer Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Comuníquese.





 

Continúe con la lectura del siguiente Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, comuníquese el mismo.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al tercer Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al tercer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Comuníquese.





 

Informo a la Asamblea que se recibió de la Junta de Coordinación Política el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio.



Esta Asamblea se da por enterada. Se remitirá copia a la Cámara de Diputados y se solicita su publicación en la Gaceta del Senado.





 

Las efemérides de la agenda política inscritas en nuestro Orden del Día, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

DEL SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN CONMEMORACION DE LA PROMULGACION DE LAS LEYES DE REFORMA

Promulgación de las Leyes de Reforma: 6 de septiembre de 1860

Nuestro país ha atravesado diversas etapas en el esfuerzo de construir un México mejor. Con dolor y sufrimiento, nuestros antepasados han pasado momentos de difícil acción. Las bases generales de las instituciones y sus estructuras normativas tienen su sustento en una serie de conjuntos normativos que a la historia pasarían como las grandes Leyes de Reforma. Leyes que protegieron a la población civil de las influencias y vejaciones del clero y la milicia.

Es así, como en un momento de disturbios y desorden entre liberales y conservadores, con un gobierno en peregrinaje, el Benemérito de las Américas, Presidente Benito Juárez,  proclamó las Leyes de Reforma; cuyo propósito fue separar a la Iglesia del Estado y consolidar la Independencia de México. Así el país alcanzó libertad plena, con auténtica identidad nacional.

Las Leyes de Reforma, inician con la relativa a la nacionalización de los bienes del clero el 12 de julio de 1859, continúan con la ley del matrimonio civil y la Ley Orgánica del Registro Civil el 23 de julio y 28 de julio del mismo año. Días después, el 31 de julio, se emite el decreto que establece el cese de toda intervención del clero en los cementerios. El 11 de agosto de 1859 el gobierno juarista decreta que los funcionarios públicos deben dejar de rendir pleitesía a los clérigos y fiestas católicas, ya que prohíbe la asistencia de aquéllos a las "funciones de la Iglesia". Y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos.

El poeta y político, Guillermo Prieto, ministro de Hacienda de Juárez, señaló: “Las Leyes de Reforma tienen una elevación tan grande como la Constitución; Leyes de Reforma, por naturaleza misma de las cosas, se han incrustado en la Constitución, se han hecho permanentes en ella, se han hecho de tal manera inviolables y grandes, que nosotros no podemos hacer variaciones en ellas si no es con el peligro de resucitar la guerra civil1.

El legado de Juárez permitió consolidar una identidad institucional y reglamentaria; sin embargo, existen aún temas que no hemos logrado resolver y bien me refiero a temas de actualidad que merecen un análisis para establecer cánones de respeto, independencia e institucionalidad, como las establecidas entre diversos órganos de gobierno y los entes privados como los medios de comunicación que abusan de sus estructuras y privilegios ante la sociedad, escudándose en la y deformando el concepto de libertad de expresión. Debemos pues, fortalecer aún estos temas que tanto aquejan a una nación, pues así como Juárez fue un reformista y respetuoso del espacio de las relaciones de cada institución ahora nos corresponde a nosotros ser impulsores de la fe en el desarrollo de las personas, en sus libertades y en su capacidad de convivencia. Una lección que hoy tenemos inconclusa”.

1 Discursos Parlamentarios y Cívicos.





 

DEL SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN CONMEMORACION DE LA INSTITUCIONALIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION

“Efeméride por la Institucionalización del Día Internacional de la Alfabetización.

José Martí proclamó en el siglo XIX que “Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre”; y “El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos”.

A partir del año 1967, la ONU y la UNESCO acordaron que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Alfabetización, con la expectativa de reducir a cero el analfabetismo en el mundo.

Aprovechemos esta fecha para conmemorar también la obra educativa en favor de la alfabetización que implementó el oaxaqueño, José Vasconcelos, la cual está reconocida como una de las más importantes en la historia nacional. No olvidemos también que en la administración de Lázaro Cárdenas sucedieron relevantes contribuciones en la educación técnica, popular, campesina y para adultos.

En México, a pesar de tantos recursos y programas gubernamentales subsiste aún el problema del rezago de la alfabetización. Los millones de analfabetos son la muestra más clara del fracaso de las políticas públicas adoptadas para terminar con esta condición.

El problema del analfabetismo en México no se reduce a los adultos mayores de 60 años y a los indígenas, es un síntoma de la falta de crecimiento del país, de la desigualdad creciente, de un modelo de progreso que favorece los indicadores macroeconómicos antes que el desarrollo humano. No se puede decir que la economía de México está en buena condición para el futuro cuando según el último censo del INEGI1] en 2010 de una población de 98246 031 el 6.88% de la población era analfabeta, de los cuales 5.57% eran hombres y el 8.08 mujeres.

La cifra ya en 2010 era enorme y desde entonces hasta ahora, no se puede hablar de una sociedad equitativa y justa. El analfabetismo es una muestra contundente de nuestro atraso en materia de desarrollo social. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Uno de los principales objetivos del Milenio es lograr la enseñanza primaria universal para el año 2015. Y México debe lograrlo, pues como expresó el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan: Sin educación, no podemos ver más allá de nosotros mismos y nuestro estrecho entorno y comprender la realidad de la interdependencia mundial. Sin educación, no podemos comprender cómo las personas de otras razas y religiones comparten nuestros mismos sueños y esperanzas. Sin educación, no podemos reconocer la universalidad de los objetivos y las aspiraciones humanas”.

Bibliografía:
Narro Robles, José; Moctezuma Navarro, David. “Analfabetismo en México: una deuda social”.
R. Alfonso, Carmen. “Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre”.
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

1] INEGI Censo de Población 2010





 

DE LA SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 10 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:55 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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