Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Extraordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2


Sesión Pública Extraordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Agosto de 2013

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (17:25 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del registro de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Con fundamento en la cita hecha el día de ayer en nuestra sesión de instalación, y en el Acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 2 de octubre de 2012, se abre la sesión extraordinaria del jueves 22 de agosto de 2013.

El Orden del Día se les ha distribuido, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA
CAMÁRA DE SENADORES CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veinte horas con cuatro minutos del miércoles veintiuno de agosto de dos mil trece, con una asistencia de cien senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Declaratoria de instalación)

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de instalación de la Cámara de Senadores para las sesiones extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- La Secretaría comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores para las sesiones extraordinarias a los demás Poderes de la Unión, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas locales.

(Comunicación)

Se recibió comunicación del Presidente de la Cámara de Senadores, por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias.- Quedó de enterado.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro público inmobiliario y catastros.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes a nivel local.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, fracciones VIII y XXVIII, 79, párrafos primero y segundo de la fracción I, 108, último párrafo, 116, párrafo sexto de la fracción II y 117, fracción VIII, y se adicionan los artículos 25, con un párrafo segundo, pasando los actuales párrafos segundo a octavo a ser los párrafos tercero a noveno; 73, con la fracción VI y 76, con la fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.- Quedó de primera lectura.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con siete minutos y citó para la siguiente sesión extraordinaria el día jueves veintidós de agosto a las once horas".



El acta de la sesión de instalación se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de instalación. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional, en materia de registro público inmobiliario y catastros.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIONXXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGISTRO PUBLICO INMOBILIARIO Y CATASTROS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, de la Cámara de Senadores, pertenecientes a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de lo establecido en el apartado E del artículo 72 constitucional.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron al estudio de la minutaen comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el capítulo correspondiente a “Objeto y descripción de la Minuta”, se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de “De los cambios a la Minuta”, las Comisiones Dictaminadoras expresan los argumentos de valoración a los cambios propuestos a la minuta por parte de la Colegisladora y de los motivos que sustentan el presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. El 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha, se remitió la minuta a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales conducentes.

2. El 2 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del 17 de julio, correspondiente al periodo extraordinario, se aprobó el Dictamen de la minuta antes referida, votado por mayoría calificada en el Pleno y enviado de regreso a la Colegisladora con observaciones para los efectos del apartado E) del artículo 72 constitucional.

4. El 24 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio trámite a la minuta antes señalada, turnándose para su estudio y dictamen respectivo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

La Colegisladora examinó y estudió la minuta enviada por este Senado de la República, aceptándola con cuatro observaciones:

1) Incorporó una precisión a la nueva facultad que se le dará al Congreso para normar los registros públicos y los catastros, señalando que será una ley “general”.

2) Eliminó el artículo cuarto transitorio, mediante el cual se mandataba al Congreso de la Unión a expedir una legislación para homologar el notariado nacional.

3) Precisó el consecutivo de la numeración de la nueva fracción de dicho artículo 73, estableciéndola en la número XXIX-R.

4) Complementó el artículo segundo transitorio señalando que el Congreso de la Unión, previo a la aprobación de la ley general, motivo de la presente reforma constitucional, solicitará la opinión de las entidades federativas.

Para una mayor claridad, a continuación se inserta un cuadro comparativo, entre el texto enviado por el Senado y el que se propone en la minuta devuelta por la Colegisladora en estudio:

TEXTO CONSTITUCIONAL APROBADO POR EL SENADO

MODIFICACIÓN PROPUESTA POR LA COLEGISLADORA

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-T. …

XXIX-U. Para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

XXX. …

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q.

XXIX-R. Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXX. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondiente a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

CUARTO.- El Congreso de la Unión discutirá y aprobará dentro de los 180 días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto una reforma al marco jurídico para armonizar la función notarial en las entidades federativas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Para ello, solicitará previamente la opinión de las entidades federativas.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

III. DE LOS CAMBIOS A LA MINUTA

PRIMERA.- La precisión que ha hecho la Colegisladora en la numeración que le corresponde a la nueva facultad que se le pretende otorgar al Congreso de la Unión es correcta. Es una corrección que ya había sido advertida en el dictamen de la minuta que aprobó el Senado de la República, donde se señaló que el número de la fracción del artículo 73 podría ser diferente al que en su momento llegase a aprobar el Constituyente Permanente en virtud de que para esa fecha, el Senado ya había aprobado y estaba por aprobar, otras reformas constitucionales mediante las cuales se pretendía añadir nuevas facultades al Congreso de la Unión, como fue el caso de la reforma a las telecomunicaciones, al derecho a la información pública y para combatir a la corrupción. Lo anterior, así quedó de manifiesto en dicho dictamen:

PRIMERA. Las Comisiones Dictaminadoras estiman procedente la redacción propuesta por la Iniciativa. Sin embargo, resuelven modificar la numeración de la facultad que se pretende otorgar al Congreso en virtud de que recientemente fue aprobada una reforma a dicho artículo en materia de transparencia, misma que por cierto, está en estudio en la Cámara de Diputados. Asimismo, está en proceso otra reforma constitucional en materia de corrupción, que también asigna una nueva facultad. Por tanto, se previene que de ser aprobada la reforma de transparencia y la de anticorrupción, ésta nueva facultad le correspondería la fracción XXIX-U en la numeración, para quedar en los términos siguientes:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-T. …

XXIX-U. Para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

XXX. …

Las Comisiones Dictaminadoras quieren señalar que si no fuese aprobada la Minuta en materia de transparencia o si hubiera otra nueva facultad que llegue a aprobarse antes de esta reforma que hoy se dictamina, en virtud de que actualmente hay en puerta varias reformas constitucionales que contemplan dar al Congreso nuevas facultades, como por ejemplo, la reforma en materia de anticorrupción, se previene que la numeración de la fracción puede cambiar al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo tanto, estas Comisiones Unidas consideran que la precisión antes señalada, hecha por la H. Cámara de Diputados es procedente.

SEGUNDA.- La Colegisladora sugiere también que la nueva facultad que se le va dar al Congreso de la Unión en este tema sea mediante una “ley general” y no simplemente una “ley”. Estas Comisiones Unidas, una vez analizado el argumento, aceptan la modificación, no obstante consideran oportuno explicar, que si bien es cierto que el adjetivo “general” ayuda a definir la naturaleza jurídica de la ley, no existe en la Constitución un uso unívoco de este término, ya que en algunas materias que son reguladas materialmente por “leyes generales”, el texto constitucional únicamente las define como “leyes” que establecerán la “concurrencia” (Asentamientos humanos o deporte) o “leyes” que establezcan las "bases de coordinación" (Turismo o Seguridad Pública). Aclarado lo anterior, estas Comisiones Unidas aceptan la modificación propuesta por la Colegisladora.

TERCERA.- La Colegisladora complementó el Artículo Segundo Transitorio, estableciendo que el Congreso de la Unión previo a la aprobación de la ley general motivo de la presente reforma constitucional, solicitará la opinión de las entidades federativas.

Estas Comisiones Unidas consideran que este complemento adicionado por la Colegisladora abona aun más a la seguridad de esta reforma constitucional relativa a que no se pretende disminuir ni debilitar las atribuciones que tienen las entidades federativas y los municipios sobre las funciones registrales y catastrales. Cabe aclarar que la Colegisladora fue cuidadosa al establecer que dicha opinión no era vinculante, hecho con el que están de acuerdo estas Comisiones Unidas; lo anterior, porque la Carta Magna no señala un mecanismo formal institucional para consultar a las entidades federativas cuando se vota una ley en el Congreso de la Unión, como sí lo existe para las reformas constitucionales (éstas votan en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente). Esa falta de un mecanismo institucional formal para consultar a las entidades federativas cuando se discute una nueva ley o modificaciones a la legislación es lo que impide procesar una opinión “vinculante”. No obstante, estas Comisiones Unidas consideran adecuada la modificación propuesta por la Colegisladora y por tanto, previa aprobación de la legislación general correspondiente, las Comisiones de Dictamen correspondiente deberán solicitar a través de los mecanismos formales e institucionales que consideren pertinentes, opiniones a las distintas instancias colegiadas que representan a las entidades federativas y a los municipios a fin de enriquecer las iniciativas que sobre el particular se presenten, sin dejar de mencionar que los Senadores de la República tienen la representación formal de las entidades, y que en su momento éstos expresarán su sentir cuando se lleven a cabo los foros y las consultas públicas sobre el tema.

CUARTA.- La Colegisladora eliminó el Artículo Cuarto Transitorio que preveía que en el plazo de 180 días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso aprobaría una reforma al marco jurídico para armonizar la función notarial en las entidades federativas. Lo anterior, en virtud de que este mandato no tiene relación con la función registral.

Las Comisiones Unidas están de acuerdo con dicha eliminación, aclarando sin embargo, que ello no impide que los legisladores presenten en su momento las iniciativas respectivas para que a nivel notarial, el Constituyente apruebe una reforma similar a esta que hoy se dictamina. Lo anterior, en virtud de la importancia que tiene para el país, sentar las bases generales sobre las cuales se lleve a cabo de manera armónica la función notarial.

Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas del Senado de la República, aceptan los cambios propuestos por la Colegisladora a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y someten a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGISTROS PUBLICOS INMOBILIARIOS Y CATASTROS.

ARTICULO UNICO. Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como como sigue:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. …

XXIX-R. Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Para ello, solicitará previamente la opinión de las entidades federativas.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondiente a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de agosto de 2013.

Puntos Constitucionales: Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. José María Martínez Martínez, Secretario.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Secretario.- Sen. Daniel Amador Gaxiola, integrante.- Sen. Arely Gómez González, integrante.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante.- Sen. Ricardo Barroso Agramont, integrante.- Sen. David Penchyna Grub, integrante.- Sen. Raúl Gracia Guzmán, integrante.- Sen. Sonia Mendoza Díaz, integrante.- Sen. Fernando Torres Graciano, integrante.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, integrante.- Sen. Adán Augusto López Hernández, integrante.- Sen. Pablo Escudero Morales, integrante.- Sen. Manuel Bartlett Díaz, integrante.-

Estudios Legislativos, Primera: Sen. Raúl Gracia Guzmán, Presidente.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera, Secretario.- Sen. Zoé Robledo Aburto, Secretario.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, integrante.- Sen. Sonia Mendoza Díaz, integrante”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura al dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular. Al no haber oradores inscritos en este tema, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Se reúnen las dos terceras partes.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro público, inmobiliario y catastros. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 116 y 122 constitucionales, en materia de candidaturas independientes a nivel local.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) Y SE ADICIONA UN INCISO O) A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116; Y SE REFORMA EL ARTICULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCION V, INCISO F) DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A NIVEL LOCAL

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. Asamblea.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron al estudio de la Minutaen comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA" se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan la valoración de la propuesta de reforma constitucional.

IV. En el capítulo denominado “CAMBIOS A LA MINUTA”, se expresan los cambios que las dictaminadoras estiman que resultan pertinentes incluir en el Decreto de reforma constitucional.

V. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO”, se plantea el Decreto de reforma constitucional que proponen estas Comisiones dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de abril de 2013, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El 23 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándola a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

3. El 24 de abril del año en curso, mediante oficio DGPL-2P1A.-4168, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, la resolución de turno, adoptada por la Mesa Directiva referida en el punto que antecede, en relación con la minuta objeto de este dictamen.

4. El 24 de julio de 2013, mediante oficio DGPL-2R1A.-618.43, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas y minutas, entre ellas, la que es objeto del presente dictamen.

5. El 13 de agosto de 2013, mediante oficio CPC_RCA_268/08/2013, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor para dictaminar las iniciativas y minutas referidas en el oficio DGPL-2R1A.-618.43

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

En la minuta se propone una modificación al artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de suprimir el derecho “exclusivo” que los partidos políticos tienen en el ámbito de las entidades federativas, para solicitar el registro de candidatos a elección popular.

De manera complementaria, se plantea adicionar un inciso o) a la citada fracción IV del artículo 116 constitucional, con el fin de establecer que en las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral se deberán fijar las bases y requisitos para que en las elecciones que celebren, los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos en forma independiente.

Con lo anterior, se busca disolver la antinomia existente entre los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en el primer precepto se establece como un derecho de los ciudadanos, el poder solicitar su registro ante la autoridad electoral como candidatos de manera independiente, es decir, sin que sea necesario que sean postulados por algún partido político, en tanto que en el segundo de los preceptos referidos, este derecho se encuentra limitado, toda vez que en el ámbito de las entidades federativas, solo los partidos políticos tienen reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto en la iniciativa en estudio.

TEXTO VIGENTE.

TEXTO PROPUESTO.

Artículo 116 …

I a III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) al d) …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n)…

V a VII…

Artículo 116 …

I a III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) al d) …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derechopara solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n)…

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

V a VII…

IV. CONSIDERACIONES

El establecimiento de las candidaturas independientes en el sistema jurídico nacional, obedeció a la necesidad de abrir nuevos cauces de participación que garantizaran a los ciudadanos el ejercicio del derecho fundamental de participar en la dirección de los asuntos públicos, así como de ser elegidos en comicios periódicos, auténticos y realizados por voto universal, igual y secreto, de modo que pudieran tener acceso, en condiciones de igualdad y sin restricciones indebidas, a los diversos cargos de elección popular del país.

El derecho que asiste a los ciudadanos mexicanos de participar como candidatos en los procesos comiciales sin la intervención o mediación de partidos políticos, obedece al reconocimiento que el Estado Mexicano ha hecho del mismo, el cual se ha expresado en los diversos instrumentos que ha celebrado con los demás miembros de la comunidad internacional.

Así, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano1, se consagra entre otros, el derecho que tienen los ciudadanos, para sin restricciones indebidas, ser votados en elecciones periódicas, auténticas y por medio de sufragio universal, igualitario y secreto, derecho cuyo ejercicio de ningún modo depende de la necesaria intervención de partidos políticos.

Lo anterior, es congruente con la observación número 25 del Comité de Derechos Humanos en relación con el citado artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la participación en los asuntos públicos y el derecho al voto, donde entre otros aspectos se señaló:

“17. El derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios [para presentar su candidatura] deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a esa candidatura. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Pacto, las opiniones políticas no deberán usarse como motivo para privar a una persona del derecho a presentarse a elecciones”. 2

En congruencia con lo anterior, es que mediante reforma al artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, se estableció como derecho de los ciudadanos mexicanos, el solicitar su registro como candidatos de manera independiente ante la autoridad electoral, siempre que cumplieran con los requisitos, condiciones y términos establecidos en la legislación correspondiente.

Cabe precisar que la introducción de esta modalidad de participación ciudadana, de ningún modo se consideró como un sustituto al sistema de partidos políticos, sino como medio para incentivar a tales entidades de interés público a buscar un mayor y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos, permitiendo una participación más amplia y efectiva de sus propios afiliados y de sus simpatizantes, así como de todos aquellos interesados en formar parte de su organización.

Al respecto, resulta conveniente citar lo expresado en el Dictamen sobre la citada reforma constitucional, aprobado por esta Cámara de Senadores en su sesión del miércoles 27 de abril de 2011, donde se señaló lo siguiente:

“Se trata de abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral que en México se ha construido a lo largo de más de tres décadas. Las críticas al sistema de partidos deben mover a reflexión y cambios, pero sin demoler lo que entre todos hemos construido. Los partidos políticos son y deben seguir siendo columna vertebral del sistema electoral, su existencia y fortalecimiento constantes son requisito y condición indispensable para la consolidación y expansión del sistema democrático.

No hay democracia sostenible sin partidos políticos fuertes, vinculados a la sociedad, con prácticas internas democráticas y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de la diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una sociedad plural como la nuestra; a ellos corresponde la tarea de aglutinar y organizar, bajo principios y reglas democráticas, a quienes se identifican con sus visiones y propuestas, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular. Para que los partidos políticos cumplan con las funciones y propósitos que la Carta Magna les señala, no basta la competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades electorales. Es necesario que los propios ciudadanos cuenten con la posibilidad de exigir a los partidos democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, y que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, en su caso, competir con ellos sin necesidad de pasar por sus filas o acudir a su registro legal”.3

Así, bajo la lógica de incentivar el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y establecer las condiciones normativas que garantizaran el derecho de los ciudadanos de ser votados para los diversos cargos de elección popular, fue establecido en el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad para éstos de obtener su registro ante las autoridades electorales como candidatos, sin necesidad de que fueran postulados por un partido político, siempre que satisficieran los requisitos, términos y condiciones establecidos en la ley para tal efecto.

No obstante, tal y como se menciona en la Minuta que se analiza, la reforma constitucional al precepto antes citado, generó una aparente antinomia con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde hasta la fecha se señala que en el ámbito de las entidades federativas, los partidos políticos tienen el derecho exclusivo para solicitar su registro de candidatos a cargos de elección popular, desde luego con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.4

Esta aparente contradicción entre los citados preceptos constitucionales, fue advertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 50/2012, la cual fue disuelta al establecerse por el Tribunal Constitucional del país, que a partir de la reforma al artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, había quedado establecida una normativa expresa para que tanto el legislador ordinario federal y local, pudieran regular las candidaturas independientes. En este sentido, se consideró que lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal, resultaba una regla general que no era oponible a la excepción prevista en el artículo 35, fracción II del Texto fundamental, donde quedó prevista la posibilidad para que los ciudadanos pudieran obtener su registro como candidatos independientes. Al respecto es pertinente citar la parte conducente del fallo en cuestión:

“En este sentido, no pasa inadvertido para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, con independencia de lo planteado por los accionantes, existe una antinomia entre lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso e), y el texto reformado del artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, pues mientras que el primero de ellos, conforme a su sentido originario, establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de la propia Norma Fundamental, el segundo incorpora en términos generales como derecho de los ciudadanos solicitar el registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos.

Al respecto, ha sido criterio de este Alto Tribunal5 que al fijarse el alcance de un determinado precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe atenderse a los principios establecidos en ella, arribando a una conclusión congruente y sistemática, en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, por lo que al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.

Conforme lo anterior, dado que la reforma al artículo 35, fracción II, se realizó con posterioridad a la incorporación del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 al texto constitucional y de los dictámenes en que se sustentó se advierte la intención de que los ciudadanos tengan derecho a solicitar, con independencia de los partidos políticos, el registro como candidatos a puestos de elección popular, tanto a nivel federal como estatal, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes, el contenido del citado inciso e) debe armonizarse con lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la propia Ley Fundamental, y entenderse, de acuerdo a su nuevo contexto normativo, en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho al voto pasivo, para las elecciones federales y locales, sin que necesariamente el registro como candidato sea solicitado por un partido político.

Esto es, que lo establecido en el referido inciso e) debe interpretarse como una regla general, en la inteligencia de que lo establecido en el artículo 35, fracción II, de la propia Constitución Federal constituye una excepción más a dicha regla, de manera que salvo el caso de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de la Norma Fundamental, relativo al derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y a su autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, así como a elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena, y el caso a estudio relativo a las referidas candidaturas independientes, debe entenderse que los partidos políticos deben tener reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Como consecuencia de lo anterior, dado que con motivo de la reforma a la Constitución Federal de nueve de agosto de dos mil doce, existe en ésta una base normativa expresa para que el legislador ordinario federal y local regulen las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, este Tribunal Pleno abandona la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2009, que se transcribe a continuación:

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACION CON AQUELLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula, entre otros aspectos, la función estatal de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sin embargo, no contiene alusión alguna a las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, esto es, el Constituyente Permanente no estableció lineamiento normativo alguno dirigido al legislador ordinario federal para regular tales candidaturas. Además, bajo una interpretación funcional de las disposiciones aplicables, el Constituyente Permanente ha pretendido fortalecer, mediante las sucesivas reformas constitucionales en materia político-electoral, un sistema de partidos políticos plural y competitivo, habida cuenta que éstos constituyen un elemento central en la reproducción del Estado constitucional democrático de derecho. Acorde con lo anterior, dado que no existe en el indicado artículo 41 una base normativa relativa a las candidaturas independientes, no está previsto que el legislador ordinario federal pudiese regularlas ni la forma en que pudiese hacerlo, y ello por razones de principio de orden constitucional, toda vez que aquél no sólo encontraría graves problemas para legislar en esa materia, sino que en virtud del diseño constitucional orientado a fortalecer el sistema constitucional de partidos políticos, en lo tocante a las referidas candidaturas independientes tampoco hay bases constitucionales que permitan hacer efectivos los principios rectores de la función estatal electoral (como el de certeza o de legalidad), así como otros principios relacionados (como el de igualdad en la contienda electoral o el de que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de origen privado) y, particularmente, en lo tocante a prerrogativas tales como el acceso a los medios de comunicación (radio y televisión), entre otros aspectos fundamentales.”6

Lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 50/2012, hace patente la necesidad de realizar la reforma constitucional propuesta en la Minuta que se analiza, lo anterior con la finalidad de resolver la antinomia existente entre los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. CAMBIOS A LA MINUTA

Dado que las bases constitucionales que rigen al sistema electoral de los Estados de la República, resultan aplicables en lo conducente a aquel que rige para el sistema electoral del Distrito Federal, estas Comisiones Dictaminadoras estiman necesario reformar también el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer con claridad, que el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes ante las autoridades electorales, será igualmente procedente para la elección de los diversos cargos de elección popular en el Distrito Federal.

En este sentido, se propone que en el citado precepto se establezca que la Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá la facultad de expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en virtud de que en el último inciso mencionado, se consignaría el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes ante las autoridades electorales, siempre y cuando cumplan con los requisitos, términos y condiciones que se determinen en la legislación correspondiente.

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el siguiente cuadro comparativo, entre la propuesta de reforma de la Minuta, y la que formulan estas Comisiones dictaminadoras:

Texto propuesto en la Minuta

Texto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras.

Artículo 116 …

I a III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) al d) …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derechopara solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n)…

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

V a VII…

Artículo 116 …

I a III…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) al d) …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derechopara solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n)…

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

V a VII…

Artículo 122…

A al C….

BASE PRIMERA…

I a IV…

V…

a) al e)…

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

g) al p)…

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA…

D al G…

Artículo 122…

A al C….

BASE PRIMERA…

I a IV…

V…

a) al e)…

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o)de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

g) al p)…

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA…

D al G…

V. TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO

Por lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO e) Y SE ADICIONA UN INCISO o) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116; Y SE REFORMA EL ARTICULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCION V, INCISO f) DE LA CONSTITUCION POLITICADE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo primero.- Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 116. …

I. a III. …

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a d) …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n)…

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

V a VII. …

Artículo segundo.- Se reforma el artículo 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 122…

A al C….

BASE PRIMERA…

I a IV…

V…

a) al e)…

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o)de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

g) al p)…

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA…

D a G…

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 19 de agosto de 2013.

Puntos Constitucionales: Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. José María Martínez Martínez, Secretario.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Secretario.- Sen. Daniel Amador Gaxiola, integrante.- Sen. Arely Gómez González, integrante.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante.- Sen. Ricardo Barroso Agramont, integrante.- Sen. David Penchyna Grub, integrante.- Sen. Raúl Gracia Guzmán, integrante.- Sen. Sonia Mendoza Díaz, integrante.- Sen. Fernando Torres Graciano, integrante.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, integrante.- Sen. Adán Augusto López Hernández, integrante.- Sen. Pablo Escudero Morales, integrante.- Sen. Manuel Bartlett Díaz, integrante.

Estudios Legislativos Segunda: Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza, Secretaria.- Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, Secretaria.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich, integrante.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, integrante".

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, esta a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Avila Ruiz.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente del Senado; señoras y señores Senadores:

La reforma política contempla iniciativas, tanto de Diputados como de Senadores, en diversas materias, por ejemplo, reelección legislativa y de alcaldes; segunda vuelta en la elección presidencial, transparencia en encuestas, nulidad de elecciones, homologación de calendarios electorales, así como varios aspectos relacionados con la participación ciudadana, entre ellos, la figura de las candidaturas independientes.

El dictamen que remiten las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, señala que la inclusión de esta figura en el sistema político electoral de México, requiere modificaciones en el artículo 116 en la fracción IV, inciso e) para incorporar el derecho ciudadano de competir por cargos de elección popular sin obligar a postulación por un partido político, ya que en la actualidad éstos tienen el derecho exclusivo de postular candidatos a cargos de elección popular.

Este tema se incluyó dentro del periodo extraordinario de sesiones, y aspira a lograr consensos para que la ciudadanía mexicana tenga más mecanismos de participación y más opciones en la elección de sus representantes populares.

Señala, además, que la introducción de esta modalidad de participación ciudadana de ningún modo se consideró a las candidaturas independientes como sustituta al sistema de partidos políticos.

Por el contrario, se reconoce como medio para incentivar a las entidades de interés público a buscar un mayor y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos, permitiendo una participación más amplia y efectiva de sus propios afiliados y de sus simpatizantes, así como de todos aquellos interesados en formar parte de una organización.

Las modificaciones a la Constitución prevén la participación independiente de los ciudadanos en las contiendas electorales, pero con requisitos que aseguren representatividad y autenticidad con varios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como con ciertos derechos y obligaciones que son armónicos con las reglas electorales existentes para los partidos políticos.

Pretende establecer las bases normativas para la existencia y regulación en una ley secundaria de las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular tanto federales como locales.

La propuesta de cambios contiene requisitos de naturaleza cualitativa y cuantitativa que deben cumplir quienes pretendan registrarse bajo la nueva modalidad de candidaturas independientes. Respecto de lo cuantitativo, los aspirantes a registro como candidatos independientes deberán comprobar de manera fehaciente contar con el respaldo de un número mínimo de ciudadanos, dentro de los inscritos en el padrón electoral o la lista nominal de la demarcación que corresponda al cargo por el que se pretende el registro; corresponderá al Congreso de la Unión determinar los derechos y prerrogativas a las que tendrán derecho los candidatos independientes.

Señoras y señores, en los regímenes democráticos el Poder Legislativo es uno de los pilares de la legalidad, institucionalidad, pluralidad y representatividad ciudadana. En los países que experimentan procesos de transición y consolidación democrática el Poder Legislativo es además el garante fundamental de la estabilidad y gobernabilidad. En el Poder Legislativo de los países en democracia es de vital importancia la obligación que tenemos los Senadores, los Diputados y servidores públicos de analizar los mensajes que con su participación nos envían los ciudadanos, pero también nos obliga a revisar a fondo variados aspectos legislativos y de política pública en México.

Por tal razón, el grupo parlamentario de Acción Nacional, al momento en que expresamos nuestro apoyo a la reforma que incorpora el derecho ciudadano de competir por cargos de elección popular sin la obligada postulación por un partido político, reiteramos nuestro compromiso a estar atentos a la evolución que este tema tiene en las diferentes entidades federativas. A no renunciar, ampliar y fortalecer los derechos ciudadanos de los mexicanos en la inminente discusión que fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos para ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Daniel Avila.

Se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras Senadores, al pueblo de México:

Con el dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía, se estará dando un paso adelante a la reforma política aprobada en el 2012, incorporando a nuestra Constitución la obligación de fijar las bases y requisitos para que en los procesos electorales los ciudadanos soliciten su registro como candidatos independientes, y puedan ser votados en todos los cargos de elección popular.

Todos estamos de acuerdo en que los sistemas democráticos actuales exigen una participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos públicos.

No es posible entender a la democracia como una limitada actividad de la ciudadanía para escoger un candidato y otorgarles su voto el día de la jornada electoral.

En Nueva Alianza entendemos la democracia como una forma de vida, una actividad constante del ciudadano para conocer el quehacer gubernamental. Una incesante actitud para mejorar el entorno, una actividad permanente para involucrarse en los actos de gobierno en la toma de decisiones y en el desempeño de los servidores públicos.

Nueva Alianza se ha posicionado como un partido abierto a los ciudadanos y a las ciudadanas, considerando que la participación de los candidatos no pertenecientes a los partidos fortalece la democracia, pero lo más importante es que nos exige reflexionar sobre las razones que motivan a los ciudadanos a participar afuera de los partidos.

Nos demanda construir nuevas formas de acercarnos a la sociedad y asumir de manera efectiva la representación de las preocupaciones y necesidades de la gente.

Tanto así que en congruencia con esta premisa siempre nos hemos dado a la tarea de impulsar candidaturas ciudadanas que constituyan una plataforma política social, económica y cultural, sólida y diferente.

El ingeniero Gabriel Quadri de la Torre en los comicios del año 2012, constató fehacientemente este hecho, incorporando innovadoras propuestas en materia de sustentabilidad, infraestructura, gobernabilidad, entre muchas otras e incluyendo la figura de candidaturas independientes adecuadamente delimitadas y reguladas.

Celebramos que se haya convocado este periodo extraordinario de sesiones y se nos brinde la oportunidad de avanzar en la necesaria reforma política.

Sin duda, es urgente promover escenarios que permitan un equilibrio entre el principio de acceso al ejercicio de poder público a través de los partidos políticos y las candidaturas ciudadanas.

Con esta reforma se logra fortalecer a la ciudadanía con una nueva dimensión de participación política, y se refuerza el derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados.

Así, al aprobarse la existencia de las candidaturas independientes se ofrece a la ciudadanía una alternativa para participar en la integración de la representación nacional y acceder al ejercicio del poder público independiente de la que ofrecen los partidos políticos.

Así se disuelve la nociva antinomia entre los artículos 35 y 116 de la Constitución, dejando clara la posibilidad de registro de los ciudadanos como candidatos independientes para puestos de elección popular en las distintas entidades federativas, y en específico, con la reforma al artículo 122, en el Distrito Federal.

No hay razón alguna para que el monopolio de las ideas sobre política sea acaparado por los partidos.

Las candidaturas independientes pueden considerarse como un incentivo al sistema de partidos, porque nos obliga a competir más cerca de la agenda política.

Lo anterior nos exige que redoblemos esfuerzos para contenernos con certeza jurídica en lo relativo a la regulación de financiamiento, accesos a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas.

Es por todo lo anterior, que el esquema de las llamadas candidaturas independientes constituye uno de los mecanismos que posibilitan el ejercicio del derecho constitucional ciudadano, de presentar su postulación a un cargo de elección popular de manera emancipada y saludable de los tradicionales obstáculos del monopolio de dicha prerrogativa.

Así, impulsamos favorablemente en Nueva Alianza el dictamen para conseguir, concretizar el interminable mejoramiento del sistema democrático de nuestro país, poniendo en primera instancia, como siempre lo hemos hecho, al ciudadano y a sus necesidades.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Mónica Arriola.

Se le concede el uso de la tribuna al Senador Omar Fayad Meneses, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Creo que en esta sesión, que además guarda condiciones tan peculiares, características muy especiales porque debido a lo que está ocurriendo, tenemos que sesionar fuera de nuestro recinto; pero creo que esto revela y refleja la responsabilidad con la que el Senado de la República y el Congreso Mexicano atiende las demandas y sigue produciendo las grandes reformas de este país.

El día de hoy nos ocupa este dictamen por el que reformamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle cauce a una demanda de la sociedad mexicana para poder establecer la posibilidad de que en este país existan candidaturas independientes.

Con la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012, se adicionó el artículo 35 de la Constitución en la fracción II, la oportunidad de que los ciudadanos mexicanos puedan registrarse como candidatos de elección popular de manera independiente, lo que representó un avance importante de nuestra democracia, así como para la diversidad en el pensamiento político y la participación ciudadana.

Creo, amigas y amigos, que en esta etapa de la historia política mexicana en donde han sido cuestionados los partidos políticos, todos, todos los partidos en los que militamos los que estamos aquí, en los que se da una crisis de partidos políticos y de falta de credibilidad en los partidos políticos, las candidaturas ciudadanas presentarán una magnífica oportunidad para que nuestros partidos políticos puedan modernizarse, contar con los mejores métodos de selección de candidatos; cuidar estrictamente la selección de sus candidatos y de esta manera también permitir a aquellos ciudadanos que no militando en ningún partido político y con la inquietud de servir a la gente también puedan tener la posibilidad de inscribirse para competir en los procesos democráticos que se den en nuestro país a partir de esta reforma.

Por eso, amigas y amigos, creo que todos debemos de hacer el esfuerzo de apoyar este dictamen votándolo favorablemente para que podamos registrar candidatos a cargo de elección popular a los ciudadanos que independientemente quieran hacerlo.

Hay que modificar la Constitución de la República, y lo estamos haciendo; hay que atender enteramente la regulación en esta materia. Habrá que establecer requisitos y procedimientos, y debe de darse de la manera más transparente posible esta posibilidad que vendrá, sin duda, a revolucionar nuestro sistema político.

Hoy por hoy, sigo pronunciándome por una gran reforma política de fondo que abarque todos los aspectos; hoy por hoy, creo que México requiere esta reforma política, requiere una reforma también electoral, y hoy por hoy, creo que esta decisión del Senado de la República, del Congreso de la Unión de abrir paso a las candidaturas independientes, abre una pauta importante, interesante y atendible que todos debemos de apoyar, ojalá sigamos construyendo juntos y en armonía y con consensos la historia política de este país.

Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Fayad Meneses.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Bien, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, solicito a la Secretaría recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 108 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes a nivel local. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.

1 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica, fue ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor para México el 24 de marzo de 1981; en tanto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor para México el 23 de junio de 1981. Datos obtenidos de la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, visible en la dirección http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php consultada el 25/06/2013.

2 Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, documento visible en la dirección electrónica http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5bCCPR%5d.html#GEN25 consultado el 25/06/2013

3 Gaceta del Senado de la República No.225, correspondiente al 27 de abril de 2011, visible en la dirección http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=29592. Consultada el 28 de junio de 2011.

4 En el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y a su autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, así como a elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

5INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.” [Tesis Aislada P. XII/2006, emitida por el Tribunal Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 25.]”

6 Tesis de jurisprudencia P./J. 59/2009, emitida por el Tribunal Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009. Página 1353.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 73, FRACCIONES VIII Y XXVIII, 79, PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCION I, 108, ULTIMO PARRAFO, 116, PARRAFO SEXTO DE LA FRACCION II Y 117, FRACCION VIII, Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 25, CON UN PARRAFO SEGUNDO, PASANDO LOS ACTUALES PARRAFOS SEGUNDO A OCTAVO A SER LOS PARRAFOS TERCERO A NOVENO; 73, CON LA FRACCION VI Y 76, CON LA FRACCION XI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión en lo general.

Han solicitado el uso de la tribuna el Senador Daniel Avila Ruiz, del Partido Acción Nacional, el Senador Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional y el Senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.

Le pido a la Secretaría tome nota que el Senador Pablo Escudero Morales, remite el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México para ser registrado en el Diario de los Debates.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Avila Ruiz.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Ernesto Cordero Arroyo; señoras y señores Senadores:

La deuda de estados y municipios ha crecido a niveles sin precedente en la historia reciente del país, por ello este tema se ha colocado en el centro de la agenda nacional. Desde el año 2009 el crecimiento de la deuda de estados y municipios ha sido superior al crecimiento de los ingresos totales de las entidades federativas, lo que quiere decir que los niveles de endeudamiento son cada vez menos manejables.

En el primer semestre de 2013 la deuda estatal y municipal fue superior a los 443 mil millones de pesos, monto que significó un aumento de 8 mil millones de pesos con relación al saldo de 2012. Chihuahua, Sonora y Nuevo León aumentaron sus pasivos de manera considerable. Otros estados que también tuvieron alzas importantes fueron Chiapas, Quintana Roo y Baja California, sólo el Distrito Federal y Jalisco lograron reducir significativamente el monto de sus deudas.

Sin embargo, los municipios de Jalisco se mantienen como los más endeudados con pasivos superiores a los 7 mil millones de pesos, seguidos de los ayuntamientos del Estado de México cuya deuda supera los 5 mil millones de pesos. Los municipios de Nuevo León ocupan el tercer lugar, seguidos por los de Baja California y Tabasco.

El manejo de la deuda en las entidades subnacionales es muy importante para la estabilidad de un país, las decisiones de estos gobiernos pueden perjudicar a la Federación cuando el endeudamiento es insostenible y es necesario un rescate.

Por lo anterior, los países que cuentan con gobiernos locales, con una gestión fiscal adecuada y un buen manejo de su deuda minimizan los riesgos de posibles crisis, mejoran la asignación de recursos y encaran de manera más efectiva su desarrollo. En este contexto se puede comprender claramente la importancia de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios desarrollada por el Congreso de la Unión.

El 20 de agosto pasado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, aprobaron el dictamen enviado por la Cámara de Diputados. Algunos de los términos en que se aprobó el dictamen son los siguientes: se incluye la responsabilidad del Estado para velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, y así coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados y los municipios y, por supuesto, el Distrito Federal. Se establece la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente, se indica que se establecerán sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan estas disposiciones.

Se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los municipios y se estipula que nunca se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para conocer y en su caso objetar, a través de una comisión legislativa bicameral competente, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.

En los últimos meses el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha venido trabajando activamente en propuestas para la gestión adecuada de la deuda de estados y municipios, muchas de las cuales se han incluido en esta reforma. Nuestro objetivo fue abogar por un desarrollo de las capacidades estatales y municipales para ejecutar autónomamente sus estrategias de financiamiento, pero sin perjuicio del interés general de la nación.

No puedo terminar mi participación sin antes hacer un amplio reconocimiento a las legisladoras y legisladores que han trabajado en el diseño de esta reforma. Gracias a ellos vamos en la construcción de un México menos endeudado, de un México desarrollado.

Felicidades a todos por este esfuerzo y muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, en contra del proyecto.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda que hay avances muy importantes en esta reforma, mayores controles, mayor transparencia para detener esta situación que se ha presentado en los últimos años de sobreendeudamiento.

Lamentablemente llegamos al día de hoy todavía sin información, no tenemos información completa de cuáles son las condiciones de la deuda pública estatal en nuestro país. En este lapso de tiempo, en lo que se dictaminó en el Senado y se fue a Diputados, su servidor como persona física estuvo solicitando información a través de los mecanismos de transparencia que existen en nuestro país.

Tuvimos acceso, pudimos conocer cómo registra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la deuda de estados y municipios y lo que encontramos que no hay metodología, no hay orden, hay un registro de operaciones pero no se tiene el cuidado especial en consolidar estas operaciones, tan es así que por un lado la Comisión Nacional Bancaria da una cifra y, por el otro, la Secretaría de Hacienda tiene otro dato.

Seguimos en nuestro esfuerzo por obtener información, solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos diera la información que ellos tienen registrada del endeudamiento de los estados.

Recibimos como respuesta, después de varios comunicados, alrededor de cinco mil fojas, que son las carátulas de todos los préstamos autorizados y registrados por parte de la Secretaría de Hacienda de estados y municipios, sorprende la información que ahí se desprende, por fin y por primera vez pudimos tener datos de vencimientos, tasas de interés, cobro de comisiones, destino de la deuda y tipo de garantías.

Sorprende ver, por ejemplo, que hay por lo menos 50 mil millones de pesos en créditos cuyo rubro es anticonstitucional, es decir, el registro que se solicita a la Secretaría de Hacienda de cuál va a ser el destino de la misma, no cabe en el marco constitucional vigente; se dice que es para atender necesidades financieras urgentes, lo cual representa a todas luces una ilegalidad.

A las ocho de la noche vamos a liberar un sitio de Internet con esta información, el sitio de Internet es www.queladeudapublicaseapublica.mx, donde los ciudadanos podrán conocer por primera vez esta información, tasas de interés, plazo, banco acreedor, tipo de garantía y el monto de los créditos.

La reforma constitucional que hoy se aprueba contiene que se tenga un registro público, pero tenemos también que decidir qué vamos a hacer con estas irregularidades que de entrada ya sabemos que se cometieron, por eso en este dictamen el día de hoy deberíamos introducir una modificación al Artículo Primero Transitorio para que se solicite una auditoría de todos los créditos contratados hasta la fecha, y se declare la nulidad de aquellos que fueron contraídos en contra de lo que señala la Constitución, hay por lo menos 50 mil millones de pesos que no debieron haberse registrado por parte de la Secretaría de Hacienda, y así se hizo convalidando la ilegalidad de la operación.

Y por último, en el artículo 117 constitucional, lo que se refiere a estados y municipios, en lugar de ser más estrictos con el texto que se está planteando en la definición de deuda pública me parece muy peligroso que se amplíe el concepto, que se permita ahora a las empresas, a los fideicomisos contratar deuda a nombre de los estados; pero sobre todo me parece un gran despropósito que le demos el rango constitucional a los endeudamientos de corto plazo.

Este ha sido el mecanismo de simulación que han tenido los estados y los municipios para contraer deuda, incluso, a espaldas de sus congresos locales para después nada más solicitar su regularización, lo que hoy se hace de manera ilegal y a escondidas, le estamos dando un rango constitucional, me parece que es un despropósito con los objetivos que persigue la presente reforma constitucional y, sobre todo, lo que pierde o la visión general de esta reforma va en contra de plantear un modelo en nuestro país, donde la fortaleza de las finanzas se construya de abajo hacia arriba.

Estamos perdiendo la oportunidad de poner los incentivos correctos para que los estados y municipios busquen mejorar su perfil financiero, tener mejores ingresos, tener mayor transparencia y austeridad en sus gastos; desarrollar proyectos de inversión para que salgan al mercado a buscar su financiamiento. Esa es la visión que perdemos y optamos por un esquema centralista, controlador que va a volver a la deuda de nuestro país, una variable política, ya no va a importar mejorar el perfil financiero de los estados, lo más importante va a ser para un gobernador o para un presidente municipal tener una buena relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a discreción determinará cuando da una garantía y cuando no la da.

De tal manera que es una reforma con claroscuros, con claros avances en materia de transparencia y control, con retrocesos en materia federalista, pero sobre todo un antecedente grave, que el Congreso permita no tener información y que hayamos legislado a ciegas.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la tribuna, para hablar en pro, el Senador Francisco Yunes Zorrilla.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, señor Presidente, saludando con el aprecio y el respeto de siempre a las señoras y a los señores legisladores:

Hoy, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, venimos a respaldar este conjunto de modificaciones en materia constitucional, lo hacemos convencidos de la necesidad de regular este tema de relevancia para las finanzas públicas federales, y también para las finanzas públicas estatales y municipales.

Las Senadoras y los Senadores del PRI, con este respaldo y con este voto de nueva cuenta hacen evidente su compromiso con la transparencia de los recursos públicos. Los Senadores y las Senadoras del PRI tenemos especial interés en que las fuentes de financiamiento respondan a principios de rendición de cuentas y de transparencia.

Tenemos particularmente clara la necesidad de que el destino de estos recursos promuevan desarrollo en las regiones y sean palancas generadoras de bienestar para la población, y es por eso que hoy, de manera puntual, venimos a reiterar nuestro respaldo, la proposición de nuestro voto propositivo a la modificación de los siguientes artículos constitucionales.

El artículo 25, para que la planeación sea siempre el esquema en el cual se puedan vincular los principios de financiamiento; el artículo 73 constitucional, para conferirle al Congreso de la Unión facultades para legislar en aquellos casos en los cuales la ley secundaria no pueda vincular los temas de endeudamiento y de financiamiento.

Venimos a respaldar las modificaciones al artículo 79 constitucional, para que la Adutoría Superior de la Federación pueda darle seguimiento a los recursos federales que se utilicen directamente o en la forma de garantía para obtener en los estados y en los municipios posibilidades de financiamiento y que haya responsabilidades a los funcionarios que hagan mal uso de estos recursos.

Venimos de manera importante también a respaldar el artículo 108 constitucional para que estas responsabilidades tengan el rango constitucional que merecerá el castigo y la responsabilidad a quienes truncan y no cumplan con estos propósitos.

Y en los artículo 116 y 117, respaldando el espíritu federalista de esta propuesta, generándole condiciones a los estados para que puedan fundamentalmente vincular y decidir sobre su deuda, y para que además pueda de manera puntual determinar las condiciones en que los congresos locales, fieles al espíritu federalista, tendrán que responder con dos terceras partes de sus miembros en esta aprobación.

El otro artículo es para definir, de manera puntual, el artículo 117 constitucional, me refiero, para que estos recursos puedan tener como destino la inversión productiva y no puedan utilizarse expresamente para gasto corriente. Este conjunto de reformas abre la puerta a que posteriormente se puedan atender los temas que aquí, de manera muy especial escuchamos, en términos de preocupación del Senador Mario Delgado, para que se puedan evitar retrocesos en estos temas fundamentales para el desarrollo de las entidades y de los municipios.

El PRI hoy viene de manera puntual, de manera responsable a hacer votos por un federalismo fiscal, a expresar su respeto en la soberanía de los estados, en la necesidad de tener municipios fuertes, pero también de manera fundamental en que las entidades y los municipios respondan, en términos de lineamientos con responsabilidad y con seriedad en los recursos que por obligaciones y financiamiento puedan estar comprometiendo en el futuro.

Por estas razones, y de manera muy respetuosa, pedimos el voto favorable para este dictamen, que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Estudios Legislativos y la participación de muchos Senadores expertos en el tema, que están en la Comisión de Hacienda, desde hace meses han conjuntado para avanzar de manera fundamental y firme en este tema nada menor, de la mayor relevancia, de la mayor trascendencia para fortalecer las comunidades y los municipios y las entidades de este país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Senador Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Suplico a todas las personas que nos acompañan en el Pleno, guardar la debida compostura y escuchar a los oradores con atención. Se los agradecemos mucho.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Sin lugar a dudas, estamos en una discusión sui géneris respecto al dictamen que está sometiéndose a la consideración del Pleno, y cuando me refiero a una condición sui géneris no me refiero a que estemos sesionando aquí en un salón de banquetes, muy poco digno del Senado de la República, sesionando prácticamente a salto de mata porque no fuimos capaces de encarar un problema y generar condiciones para el diálogo y el entendimiento con quien disiente de las decisiones que se están adoptando en el Congreso, sino también es sui géneris porque por primera vez, quizá en la historia, estamos discutiendo la misma ley dos veces en el mismo año, en el primer año de ejercicio, porque este dictamen lo discutimos y lo aprobamos después de una muy amplia audiencia pública, lo aprobamos por una muy amplia mayoría y lo enviamos a la Cámara de Diputados para que en su carácter de Colegisladora dictaminara la resolución del Senado de la República, pero lamentablemente, en un proceso indigno de una relación entre Cámaras del mismo poder, la Colegisladora retomó la minuta del Senado, rompió el proceso legislativo y tiró a la basura el Acuerdo adoptado por este Pleno aduciendo que el Senado de la República no tenía atribuciones para iniciar leyes en materia de endeudamiento de los estados y municipios, lo cual es un despropósito enorme, porque tanto el Senado tiene atribuciones para iniciar leyes en ésta y en todas las materias que competen al ejercicio del poder público de nuestro país, como la Cámara de Diputados lo tiene, en todos los temas, incluido en las áreas exclusivas que corresponden al Senado, materias exclusivas, como es el asunto de las relaciones exteriores.

Y lo que hizo la Cámara de Diputados fue retomar la minuta enviada por esta Cámara y presentarla como una iniciativa propia a fin de desautorizar al Senado de la República.

Yo creo que esto ha deteriorado profundamente nuestra relación con los Diputados.

Y yo espero que no se vuelva a reproducir este tipo de prácticas. Yo decía en la comisión, derivada de la soberbia o de la incompetencia del núcleo dirigente en la Cámara de Diputados o quizá de la soberbia de unos y las competencias de otros, porque esta es la práctica y la relación que debemos de sostener.

Y creo que nosotros, el caso nuestro del Partido de la Revolución Democrática, no podemos guardar silencio ante esta situación y conminamos a la Cámara de Diputados a mantener una relación institucional de respeto en el ejercicio pleno de las atribuciones que nos corresponden a nosotros como legisladores.

A lo largo de esta discusión se eliminó afortunadamente la pretensión de los Diputados para establecer el impedimento del Senado para iniciar leyes y se adoptó en un acuerdo posterior al dictamen de la Cámara de Diputados el de la posibilidad de crear, como viene hoy en el dictamen, una comisión bicameral, integrada por ocho Diputadas o Diputados y ocho Senadoras y Senadores, que tengan a su cargo sancionar u objetar las estrategias de ajuste de las finanzas públicas en los estados, el aval y las garantías que otorga el gobierno y las condiciones de la contratación de los estados y municipios.

Yo creo que ese es un avance significativo, porque deja atrás esta lógica de nuestra incompetencia en la materia y genera una comisión que va a tener conocimiento puntual de los términos de la contratación y el otorgamiento de garantías en el endeudamiento de estados y municipios.

Pero a mi juicio esta comisión adolece de un problema. Es una comisión también sui géneris, porque teniendo la atribución de sancionar u objetar, no se establece una condición clara de rendición de cuentas a los plenos de ambas Cámaras.

En el caso de las comisiones bicamerales del Canal del Congreso y las bicamerales de Seguridad Nacional, hay competencias plenamente definidas, siempre subordinadas al Pleno de ambas Cámaras, y éste no es el caso.

Y aquí podemos generar una súper comisión que desplace en las decisiones soberanas de este Pleno y del Pleno de la Cámara de Diputados.

Y hay dos formas de resolverlo, una que pudiera ser con una reserva para que en este mismo párrafo sexto de la fracción VIII del artículo 73, se establezca la necesidad de que estas comisiones rindan informes al Pleno de ambas Cámaras o la Comisión Permanente en el periodo de receso, o en su caso, o además, modificar la Ley Orgánica del Congreso para definirlo con toda precisión.

Yo quisiera invitar al Senador Cervantes, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que pudiéramos revisar este asunto en particular para poder, si lo podemos subsanar en este momento y no generar un vacío legislativo en donde luego una comisión esté suplantando las atribuciones plenas y soberanas que le corresponden al Pleno del Senado y al de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Leo el orden de los oradores que están pendientes, en el orden en que solicitaron la tribuna: la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, el Senador Armando Ríos Piter y el Senador Benjamín Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva, Senadores y Senadoras:

Hemos de aprobar este día reformas constitucionales en materia de disciplina financiera en estados y municipios.

Hoy en día no se tiene un control sobre la deuda que se contrata ni en los estados ni en los municipios. Esto da pie a estados quebrados, a municipios endeudados, pero también a ciudadanos ávidos de servicios públicos que no pueden tener, porque simplemente sus municipios se encuentran endeudados y no existen recursos para pagarlos.

Celebro que la mayoría vayamos a votar a favor de esta reforma constitucional que va a ser histórica. Y va a ser histórica porque se va a aprobar en una sede alterna que no es el Senado de la República.

En una sede que nos obligó a llegar circunstancias fuera de nuestro alcance.

Pero aprovechando las palabras del Senador Encinas respecto a nuestra sesión en este salón, quiero hacer un llamado enérgico al gobierno del Distrito Federal a restablecer el orden en nuestra sede.

No puede prevalecer el desorden ni los chantajes sobre la legalidad.

Como Senadora de la República, como integrante del Consejo Rector del Pacto por México, pero sobre todo como ciudadana, también hago un llamado enérgico al gobierno de la República, que así como el día 1° de diciembre de 2012 se garantizó que rindiera protesta el Presidente de la República, y todos pusimos de nuestra parte, que hoy también intervengan las fuerzas federales para que se nos devuelva nuestro recinto y se nos permita legislar donde debe de ser.

Amigos y amigas, Senadoras y Senadores:

Si queremos seguir trabajando, si queremos seguir cumpliendo a quienes les debemos el cargo, que son los mexicanos y las mexicanas, exijamos no sólo a los gobiernos, no sólo al gobierno del Distrito Federal, exijamos al gobierno de la República que cumpla con su responsabilidad de restablecer el orden y de garantizar nuestros derechos como Senadores, pero sobre todo, como ciudadanos.

Es cuanto, señores y señoras Senadores.

(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

Para alusiones personales ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para lo cual se le concede el uso de la misma hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, en relación al dicho de la Senadora Rosa Adriana, quiero señalar que efectivamente el gobierno del Distrito Federal, como hasta ahora lo ha venido haciendo, debe garantizar plenamente las condiciones de garantía y seguridad, no solamente al Senado de la República, sino a todos los habitantes del Distrito Federal. Es su responsabilidad, es su competencia y lo debe de cumplir.

Pero lo que no puede hacer el gobierno del Distrito Federal es sustituir al Ejecutivo Federal ni asumir las responsabilidades de las decisiones que se asuman en la Presidencia de la República.

Y nosotros lo dijimos en su oportunidad, hay que llevar la discusión de los asuntos de carácter educativo al cumplimiento del Acuerdo que los maestros establecieron en la mesa del Pacto por México, porque ahí acordaron la celebración de distintos foros y mesas de trabajo, acordaron analizar las conclusiones de estos foros para cristalizarlas en las iniciativas de ley, y resulta que no solamente no hubo ninguna discusión sobre las conclusiones, sino que hubo caso omiso de los acuerdos establecidos y eso genera descontento.

Nosotros, estoy convencido, vamos a cumplir con la responsabilidad que le corresponde al gobierno de la ciudad para garantizar la gobernabilidad, como lo hemos hecho a lo largo de 16 años, pero le toca al Ejecutivo Federal cumplir su responsabilidad, encarar los problemas y entender que los temas, en este caso la educación, no se pueden resolver sin la participación de los principales protagonistas de la educación, que son los maestros. Eso les toca a ustedes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Votaremos a favor del presente dictamen, pero quiero aprovechar también la ocasión, como lo hizo la Senadora que me antecedió, para poner en contexto la crisis que se está viviendo en este momento y que tiene al Senado reunido en un lugar fuera del recinto oficial.

Aquí hay que tener muy claro, compañeros y compañeras, que no podemos, como lo dijo mi compañero Alejandro Encinas, sustituir la incapacidad política del gobierno federal. Y me explico con toda puntualidad.

Hemos tenido la oportunidad de dialogar con los maestros, con liderazgos que están precisamente representando a aquellos maestros que están tanto en San Lázaro como en el Senado, en Paseo de la Reforma, y qué es lo que nos han dicho.

Ustedes recordarán, seguramente, que hace algunos meses hubo movilizaciones importantes por este tema en particular.

¿Qué es lo que les dijo la Secretaría de Gobernación del gobierno de la República?

Los invitó a desmovilizarse con el firme compromiso de dialogar, con el firme compromiso de escuchar su voz y con el firme compromiso de incluir, tiene que ver, compañeros, porque es un asunto de transparencia….

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Armando Ríos Piter, le pido, por favor, que se centre en el tema que nos ocupa y agradezco la comprensión desde luego.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Señor Presidente, usted autorizó a una compañera de su partido a que incluyera este asunto en su discurso, sería inequitativo que no me permitiera a mí también en el uso de la palabra, poderle contestar en la misma tesitura, siendo que es compañera de su partido le pidió la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Yo creo que más allá de las cuestiones de partido, creo que el Senador Alejandro Encinas contestó y aceptamos por prudencia. Yo lo que le pido nada más es que concluya ese tema y que nos ocupemos de la materia que en este momento nos ocupa. Le pido nada más que concluya.

Gracias, Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Concluiré, terminaré. Solamente dar información que es importante, porque estamos trabajando fuera, compañeros y compañeras, de donde tendríamos que estar haciéndolo y creo que es de interés para todos el saber por qué estamos viviendo esta crisis y no solamente pensar que nos movilizamos aquí porque hubo una movilización irracional.

Los compañeros, los miembros del movimiento magisterial qué es lo que nos han dicho: “Nos sentaron, nos desmovilizaron y nos engañaron. Presentaron tres iniciativas que no estaban consensadas como se nos había planteado”.

Lo dejo y entonces entro al tema, señor Presidente, porque ese es el gran tema, tenemos que hacer que la vida pública sea transparente y si hay compromisos y si hay acuerdos se tienen que cumplir. Y lo digo porque no se le puede exigir al gobierno del Distrito Federal que resuelva la incompetencia en el diálogo político que ha tenido el gobierno de la República.

Compañeros y compañeras: Como decía yo y adelantaba, la presente minuta que discutimos el día de hoy.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Me permite, por favor. Sí, Senador Omar Fayad, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Para hacer una aclaración.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Bueno, cuando termine mi exposición, porque estoy presentando una posición, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si es para hechos, al concluir el orador, con todo gusto se le concede el uso de la palabra.

Continúe usted con el uso de la palabra, Senador Armando Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, señor Presidente.

La presente minuta que se discute el día de hoy, que ya compañeros que me antecedieron han dado cuenta de que pareciera ser una repetición, como una especie de deja vu este debate ya lo tuvimos, me parece que es indispensable resaltar la importancia del Senado de la República en su trabajo legislativo para recuperar la esencia básica de esta iniciativa, digamos, de esta modificación constitucional para el tema de estados y municipios.

En un principio la Cámara de Diputados le quitó facultades al Poder Legislativo que habíamos acordado prácticamente en un consenso total. Se había previsto que con casi 450 mil millones de pesos de estados y de municipios, representando la deuda de éstos, se consistía este monto total en un problema para las finanzas públicas.

¿Qué es lo que se hizo en el Senado en aquella minuta que ignoró la Cámara de Diputados?

Nos pusimos de acuerdo todos los partidos políticos, no solamente para identificar el problema, sino para encontrar nuevas fórmulas que permitieran combatir la opacidad que prevalece en el contexto estatal y municipal.

Logramos no solamente opinar como lo planteaban los Diputados, sino de manera particular permitirle a la Cámara de Diputados y al Senado de la República en su representación como Poder Legislativo poder sancionar y poder objetar en aquellos casos en los cuales los estados estuvieran en una situación de riesgo en cuanto a su deuda y en ese sentido tener un nuevo contrapeso no solamente al poder virreinal que impera en los estados, sino también al Poder Ejecutivo Federal.

Los Diputados lo quitaron, nos enviaron una minuta que solamente le permitía opinión, opinión al Legislativo, qué es el consenso del dictamen que tenemos presente el día de hoy y que recupera esa iniciativa original que tuvimos en el Senado de la República, que no solamente quede como una facultad discrecional por parte del Secretario de Hacienda, sino que sea posible y que sea una facultad de este Senado, de la Cámara de Diputados como representantes de la Unión de contrapesar no solamente a los gobernadores sino también a la Secretaría de Hacienda.

Parecería un avance menor, hay quienes creen que debemos ir más allá, pero yo estoy convencido que esta minuta y que esta modificación a la Constitución logran fortalecer al federalismo dándole nueva viabilidad a sus finanzas públicas, logran un nuevo esquema de rendición de cuentas con pesos y contrapesos, pero sobre todo, compañeras y compañeras, como lo adelantaba yo, pone la transparencia como parte de los grandes avances en los cuales tenemos que seguir avanzando, puede no haber gustado lo que comenté sobre la crisis que vivimos, pero solamente se resuelve con transparencia, porque si queremos que la vida pública resuelva la problemática de la gente, de toda la gente, no solamente de unos cuantos, hay que hacerla transparente y hay que rendirle cuentas a la sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, nada más le recuerdo que el tema que hoy nos ocupa es la discusión de una reforma constitucional y que efectivamente, en ese respeto a la tolerancia se permitió que se hicieran algunos comentarios con un tema importante, pero diferente, yo nada más le pediría que centráramos la discusión en este asunto para que no vayamos a generar algún conflicto con la Asamblea y nos desviemos del tema que estamos obligados a tratar en este momento.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente.

Hubiera preferido hacerlo desde mi lugar, las condiciones no lo permiten, pero precisamente quería aclarar que estamos en un periodo extraordinario, esta es una sesión de periodo extraordinario, tenemos que constreñirnos estrictamente a un programa y al Orden del Día que está establecido el día de hoy, por una parte.

Por otra parte, quiero aclarar el hecho, porque fue señalado aquí reiteradamente pareciendo echar culpa, haber quién tiene la culpa de que estemos en estas condiciones.

Me parece que si bien no son las convenientes, hacer el trabajo, cumplir con México y con los mexicanos nunca será indigno en ninguna forma, estamos aquí cumpliendo con nuestra responsabilidad de Senadores de la República y con eso basta, señor Presidente, para que no hagamos motivo de estas cosas un pleito que no nos permita continuar con el trabajo establecido.

Y finalmente mi comentario es en el sentido de que como muchos conocen aquí, he venido apoyando el tema de la reforma política del Distrito Federal, soy un hombre convencido de ello, no hagamos que muchos que la apoyamos cambiemos de opinión en virtud de circunstancias que vienen a poner sobresalto y que vienen a poner de hecho el que las autoridades a las que les competen los asuntos no cumplan con su competencia, no cumplan con lo que la ley establece. No se trata de echarnos la culpa los unos a los otros, concluyo esta aclaración de hechos diciéndole que hay que ceñirse estrictamente a lo que la ley dice y la ley establecía claramente de quién era la responsabilidad del territorio en el Distrito Federal de garantizar la seguridad de las y los Senadores y el trabajo de las instituciones públicas que aquí se desempeñan.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar sobre el tema que nos ocupa, que es la reforma constitucional en materia de deuda pública.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente, gracias por el uso de la palabra, gracias sobre todo después de haber escuchado a todos los oradores con mucho respeto, inclusive esta última chantajista participación del Senador Omar Fayad.

Señor Presidente, compañeras y compañeros:

No podemos dejar de plantear y me enfoco particularmente al asunto de este debate, que las condiciones del mismo son sui géneris como aquí se plantearon, es sui géneris como aquí ya se señaló que un tema que ya fue debidamente procesado en este Senado de la República vuelva al asunto, pero a lo mejor también es un gran ejemplo, y a todo eso señor Presidente, yo me quiero referir.

Sería injusto no recordar las participaciones de las Senadoras y Senadores que subieron a esta tribuna a plantear los temas y hoy no aparecen en ese dictamen que estamos nosotros votando, ¿por qué? Porque nos estamos enfrentando no solamente en ese tema, sino en otros, pues a una situación que nos está confrontando con la Cámara de Diputados, el hecho mismo de que estemos aquí yo con todo respeto se los digo, así lo veo.

Tienen razón y no podemos dejar de señalarlo, hoy estamos en esta situación sui géneris, porque así nos han llevado las decisiones arbitrarias de un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Este dictamen también lo es, se arguyó que no teníamos atribuciones, pero así como nosotros hemos logrado encontrar un acuerdo en este tema, valdría la pena también hacerlo en otros que hoy nos tienen aquí en este lugar, tienen razón, yo he leído los twit’s de varia Senadoras y Senadores, no es un lugar apropiado, es un lugar indigno, pero estamos aquí, porque también debemos asumir nuestra responsabilidad como Senadoras y Senadores de la República, por qué puede ser un ejemplo, señor Presidente, compañeras, compañeros Senadores, porque fue precisamente el diálogo lo que nos permitió regresar este asunto tan importante de la deuda de los estados y municipios al sendero correcto.

Es el diálogo lo que debe mantenerse y es el diálogo lo que falta en este momento para atender otros asuntos. Yo no puedo aceptarlo, tengo que decirlo, que se venga a plantear en esta máxima tribuna de la nación, que el orden se restablezca usando la fuerza pública; el orden se restablece a través del diálogo, de hacer política, eso es lo que debemos hacer, es lo que está haciendo falta            en esta Cámara de Senadores, pero así como logramos corregir la ruta de este dictamen, de este tema tan importante hagámoslo ahora, sí tenemos que decir, señor Presidente, compañeras y compañeros, que venimos de un diálogo con un grupo de maestras, de maestros, dirigentes, que hoy están aquí movilizándose en la capital del país, y sí tenemos que decirles que venimos, señor Presidente, a buscar que esto que estamos haciendo aquí en este dictamen también se pueda hacer en este asunto de gran importancia para la nación, esperamos que hoy mismo, mañana a más tardar muy temprano los coordinadores parlamentarios, los representantes de la Junta de Coordinación Política estén sentados con los dirigentes magisteriales.

 - El C. Presidente Aispuro Torres: Señor orador, le pido que se centre, por favor, en el tema que nos ocupa, llegado el momento, si hay la discusión en materia educativa, podrá hablarse sobre ese asunto, me parece que es muy importante la información que usted le está dando hoy al Pleno, pero el tema que hoy nos ocupa es la discusión de la reforma constitucional a los artículos 116 y 117.

Por favor le pido que se centre en el tema.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Y lo estoy tomando como ejemplo este tema tan importante que hoy estamos discutiendo y que, sin duda, las Senadoras y los Senadores del PRD vamos a votar a favor, porque estamos a favor de haber logrado construir una ruta de diálogo para darle certidumbre, y por qué no lo vamos a hacer en el tema más importante de este país que es la educación de nuestras niñas y nuestros niños, queremos que regresen a nuestras aulas, pero ha faltado capacidad política y venimos aquí a plantearlo en este Senado de la República, en este debate sui géneris, en este salón de sesiones también sui géneris señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Robles Montoya, le pido por favor que se centre en el tema, si no me veré en la obligación de quitarle el uso de la voz, me parece que hemos sido muy tolerantes, y ya le dije claramente cuál es el tema que nos ocupa, usted se inscribió, se registró oportunamente en ello, se le dio la palabra como a todas aquellas compañeras y compañeros Senadores y yo le pido que concluya retomando el tema para el cual usted se registró.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Concluyo, señor Presidente.

Concluyo diciendo que es precisamente la falta de diálogo, de escucharnos unos a otros lo que luego mete a este país en problemas que se vuelven cada vez más grandes, y pido, sinceramente a cada uno de los miembros de este Senado de la República dar los pasos, así como lo hemos dado en este tema de deuda subnacional y de deuda de estados y municipios, así como estamos logrando detener este cáncer que ha venido creciendo, así lo hagamos en el tema de materia educativa que hoy nos tiene en este recinto parlamentario alterno, señor Presidente.

Gracias por su tolerancia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el asunto que hoy nos ocupa.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Una vez que hemos terminado la discusión en lo general, informo a la Asamblea que se han registrado para la discusión en lo particular el Senador Javier Corral Jurado, ha reservado la fracción VIII del artículo 73; el Senador Mario Delgado ha reservado el artículo 117 y el Artículo Cuarto Transitorio del proyecto de Decreto.

Informo también a la Asamblea que las Comisiones están trabajando sobre una modificación a la exposición de motivos lo cual no afecta indudablemente el texto de este dictamen en la parte relativa a lo que tiene que ver con el articulado, solamente para su conocimiento.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que recoja de forma nominal la votación de las Senadoras y Senadores respecto al tema que hoy nos ocupa, en lo general y en los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 107 votos en pro, 2 en contra y cero abstenciones.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado en lo general y los artículos no reservados.

Pido a la Secretaría que dé lectura a un documento que nos han hecho llegar las Comisiones Dictaminadoras respecto a la exposición de motivos, y el cual una vez que se haya leído, se consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse el mismo para incluirse en la exposición de motivos y que formaría parte de este Decreto que estaríamos presentando.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta de las Comisiones Dictaminadoras.

Se acuerda agregar en la exposición de motivos del dictamen a la minuta de disciplina financiera a los siguientes:

La Ley Reglamentaria establecerá la obligación de la Comisión para rendir informes a sus respectivos plenos sobre las sanciones o en su caso objeciones a los convenios que les sean sometidos.

Firman: Senador Raúl Cervantes Andrade.- Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. No habiendo ninguna Senadora y ningún Senador que desee hacer uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba esta adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la adición, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se aprueba la adición a la exposición de motivos de este dictamen que hoy nos ocupa.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, para presentar una propuesta de modificación a la fracción VIII del artículo 73.

Informo también que el Senador Mario Delgado ha hecho una reserva, en este caso, también al Artículo Cuarto Transitorio y el artículo 117.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En medio de la indignidad que representa que el Congreso de la Unión ande a salto de mata, y entre pistas para carreras de caballos, también hay una paradoja: a veces el propio Congreso se inflige a sí mismo menoscabos a su dignidad y, por supuesto, deterioros al ejercicio de su soberanía.

Con toda convicción digo que es el caso de la reserva que vengo a presentar, y que constituye una verdadera excepción en la historia del Congreso Mexicano, digámoslo así, desde las Cortes de Cádiz; se trata de una propuesta que contiene este dictamen en donde se propone a través de una Comisión Bicameral que el Congreso sancione o, en su caso, objete las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados que sea planteada en los convenios que, es el caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías.

Las comisiones que se establecen en las Cámaras del Congreso de la Unión son ordinarias, especiales, de investigación y bicamerales, cuya conformación es acordada por el Pleno y a través de la elaboración de dictamen, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las Cámaras cumplan con sus atribuciones constitucionales.

Las Comisiones Parlamentarias son desprendimientos del propio cuerpo legislativo para realizar actividades determinadas con el objetivo de asesorar al Pleno un dictamen, entendido como una opinión especializada para que el cuerpo legislativo en su conjunto tome una determinación.

El Pleno es el máximo órgano legislativo de decisión, a él corresponde aprobar las leyes o decretos de conformidad con los artículos 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen pretende suplantar las funciones del Congreso de la Unión al constituir una Comisión Bicameral que realice actividades que deben pasar por la discusión y aprobación del Pleno de las Cámaras para constituirse en una decisión del Congreso, no de una comisión.

Inclusive, las facultades de la Comisión Permanente están acotadas en el marco constitucional, y no puede realizar, por ejemplo, la dictaminación de iniciativas de reforma, adición o derogación de leyes, pues es una función propia de las Cámaras en su conjunto, ni siquiera la Comisión Permanente tiene facultades de dictamen legislativo.

En el caso del juicio político o la declaración de procedencia, las comisiones encargadas de estas funciones realizan un procedimiento seguido en forma de juicio, cuya conclusión deriva en un dictamen que se pone a consideración del Pleno para su discusión y aprobación, todo ello nos permite afirmar que la propuesta de una Comisión Bicameral sancionadora es inapropiada, en razón de que suplantaría a la función del Pleno de cada una de las Cámaras e insisto, sería el primer caso en la historia del Congreso Mexicano que una comisión asume facultades que le corresponden a los Plenos de las Cámaras de manera conjunta o por separado.

Sé que hay un acuerdo mayoritario por sacar esta minuta en sus términos, pero no debiera ese hecho hacer a los Senadores y Senadoras ser distantes al ejercicio de su propia función. Sé que se encontró en el esquema de la Comisión Bicameral una forma de salir al paso para la participación que la Cámara de los Diputados quiere en la determinación del endeudamiento de estados que esa sí es materia exclusiva del Senado de la República, y para compartir esa facultad que sólo tiene el artículo 76 en términos del Pacto Federal, crearon con un criterio estrambótico, una suplantación de funciones.

Propongo, y ojalá que hubiera racionalidad para en nombre de esta dignidad que ahora hemos defendido por no sesionar en nuestro recinto, que traslademos ese prurito de dignidad al texto de la Constitución. Eliminemos la Comisión Bicameral, dejemos al Congreso de la Unión con la facultad, y luego en la Ley Reglamentaria o en la Ley Orgánica del Congreso o en los reglamentos de ambas Cámaras démosle una mejor solución al problema.

No va a poder ser al revés, llevar a la Constitución un mecanismo de suplantación de los plenos son decisiones tan importantes que no pueden, que no deben quedar en unas cuantas manos para su sanción y deliberación.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Rosas Aispuro: Gracias, Senador Javier Corral.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de adición del Senado Javier Corral e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta de adición.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

VIII...

El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará en un plazo máximo de 15 días hábiles la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados planteada en los convenios que en su caso pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías, lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley.

Transcurrido dicho plazo, sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de recesos del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas; asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente ser informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Rosas Aispuro: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión dicha propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Rosas Aispuro: Pido a la Secretaría que proceda a recoger la votación nominal del artículo 73 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, le informo que se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Rosas Aispuro: En consecuencia, queda aprobado el artículo 73 del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar la reserva al artículo 117 del proyecto de dictamen.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, la reserva al artículo 117 es que no corrige la definición que ha permitido el uso, el destino discrecional de la deuda pública. Bajo inversión pública productiva se han cobijado cualquier cantidad de proyectos. Tenemos la oportunidad justamente de acotar para qué queremos que se vaya el financiamiento público de las siguientes generaciones.

La propuesta es que en lugar de inversión pública productiva, que por cierto la Corte dio un debate sobre este tema concluyendo que es un término muy general en el cual decía el Ministro Cossío, es muy impreciso, estamos perdiendo oportunidad, ya sabemos que no funciona y lo dejamos. Cuando lo que pretendemos es que haya mayor orden, mayor disciplina en estos conceptos.

Entonces, ¿cuál es la propuesta en específico? Que en lugar de inversión pública productiva le pongamos también el adjetivo de proyectos con rentabilidad social, que haya rentabilidad social, que es algo que se puede medir y es algo que podemos estar seguros que va a ir a favor de producir algo a favor de la gente.

Es decir, que no nada más esa inversión pública productiva, la cual incluso se ha metido a gasto corriente, ¿por qué?, ¿qué acaso no es inversión pública productiva pagarle a los médicos de un hospital? Así ha sido el puente para mandarla a gasto corriente.

Tendríamos que ponerle, tendríamos que acotarlo que sea a proyectos con rentabilidad social, y esto permitiría darle a los Diputados de los congresos locales algún referente de cómo evaluar si aprueban o no aprueban la deuda que está solicitando el Ejecutivo estatal. Ese es el objetivo de la reforma, que diga también “proyectos con rentabilidad social como destino de la deuda”, ser más específico el destino de la deuda para evitar que se manipule y se ponga, se destine a cosas que no van a traer un beneficio intergeneracional, cosa que sí podíamos medir con rentabilidad social.

Y hay otra reserva, lo aprovecho, lo comento de una vez. Artículo Cuarto Transitorio. A partir de la información que la Secretaría de Hacienda como persona física me dio, que por cierto es increíble que una persona física en este país pueda tener más información sobre la deuda pública que el Congreso, pero esa es la realidad.

Bueno, a partir de la información que vamos a hacer pública hoy a las ocho de la noche, en el sitio de Internet, www.queladeudapublicaseapublica.mx, vamos a poder detectar algunas irregularidades en el registro de esta deuda.

De tal manera que pido se incluya en el Artículo Cuarto Transitorio el siguiente párrafo: “La Auditoría Superior de la Federación practicará una auditoría especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del registro de empréstitos a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyos resultados también permitan dar seguimiento y cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo del Artículo Séptimo Transitorio del presente Decreto, informando al Congreso de la Unión de sus resultados, es decir, vamos a ver cómo se llevaba este registro que era el control de la deuda de los estados, porque lo que nos vamos a encontrar en un gran desorden.
Hay una convivencia, hemos puesto en el banquillo de los acusados a los presidentes municipales, a los gobernadores, pero no hemos visto ni juzgado el papel de las autoridades, ni de la Secretaría de Hacienda ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hay una única característica de ese orden; como consecuencia, sigo, con independencia de lo anterior, que se declaran nulas todas las obligaciones derivadas de operaciones de crédito, que estados y municipios hayan realizado en contravención al marco constitucional y legal aplicable, por lo que sólo se respetarán aquellas obligaciones que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto hayan sido adquiridas con terceros y que han cumplido con todas y cada una de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas aplicables.

Es decir, del registro de Hacienda se desprende que hay créditos que no cumplen con lo que dice la Constitución. Atender necesidades financieras urgentes, no cabe como deuda pública en ningún lado, sin embargo, así está registrada por parte de la Secretaría de Hacienda; si esto fuera legal hace algunos años el FOBAPROA simplemente se hubiera registrado como necesidades financieras urgentes.

Entonces planteemos una auditoría, está bien que hayamos logrado algo muy importante y favorable hacia el futuro, pero no podemos ser omisos con lo que se ha hecho ahora, y hay obligaciones que deberían ser declaradas nulas, y eso lo tiene que saber el Congreso porque si no esto no va a mejorar como es el deseo que tenemos los legisladores con esta reforma constitucional, que la deuda pública sea pública.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de adición que ha presentado al artículo 117 el Senador Mario Delgado, y que inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a su discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: "Artículo 117, fracción VIII. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas".

Esto sería lo que pide que se adicione el Senador Mario Delgado, "de proyectos con rentabilidad social, y a su refinanciamiento y reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos.

Y en el caso de los estados, adicionalmente otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de adición a discusión del Senador Mario Delgado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desecha la propuesta. En consecuencia pido a la Secretaría que proceda a recoger la votación nominal del artículo 117 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 98 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado el artículo 117 del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

A continuación pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de adición hecha por el Senador Mario Delgado Carrillo, al Artículo Cuarto Transitorio, y que inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse para su discusión el mismo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a la propuesta.

Artículo Cuarto Transitorio. Las entidades federativas y los municipios se sujetarán a las disposiciones de este Decreto, y a las de las leyes a que se refiere el Artículo Transitorio Segundo del mismo.

A partir de la fecha de su entrada en vigor. Esto sería lo que se agregaría.

"La Auditoría Superior de la Federación practicará una auditoría especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al registro de empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyos resultados también permiten dar cumplimiento y seguimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo Séptimo Transitorio del presente Decreto, informando al Congreso de la Unión de sus resultados.

Con independencia de lo anterior, se declaran nulas todas las obligaciones derivadas de operaciones de crédito que estados y municipios hayan realizado en contravención al marco constitucional legal y aplicable, por lo que sólo se respetarán aquellas obligaciones que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto de fecha, hayan sido adquiridas con terceros y que hayan cumplido con todas y cada una de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables".

Suscribe

Senador Mario Delgado Carrillo.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la adición a este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite la propuesta del Senador Mario Delgado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido, en consecuencia, una vez que no ha sido admitido para su discusión, que se proceda a recoger la votación nominal del Artículo Cuarto Transitorio en los términos del dictamen.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se va a recoger la votación nominal del Artículo Cuarto Transitorio en los términos del dictamen. Pido a los Senadores ponerse de pie y emitir su voto nominal.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 100 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado el Artículo Cuarto Transitorio del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.   Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.

Para estar en posibilidad de recibir los dictámenes que nos remitirán las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos, por acuerdo de la Mesa Directiva se declara un receso de 30 minutos para esperar los dictámenes de reformas a la Ley General de Educación y el Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (22:50 horas) Se reanuda la sesión.

Informo a la Asamblea que se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en torno a las designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, remitieron a esta Mesa Directiva dos dictámenes.

Uno con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; y otro con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que estos asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación de los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Señoras y señores Senadores, el dictamen que contiene el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, se les ha distribuido para su conocimiento.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su primera lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes oradores:

Para presentar el dictamen por la Comisión de Educación, el Senador Juan Carlos Romero Hicks y por la Comisión de Estudios Legislativos, la Senadora Graciela Ortiz González.

Para fijar posición por el Partido Verde Ecologista de México, el Senador Gerardo Flores Ramírez.

Por el Partido de la Revolución Democrática, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Por el Partido Acción Nacional, el Senador Javier Corral Jurado.

Y por el Partido Revolucionario Institucional, el Senador Raúl Pozos Lanz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia, distinguidos legisladores.

Educar es un acto de amor, de visión y de esperanza, y quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento al maestro mexicano, al maestro que asiste a clases todos los días, que llega a tiempo, que cumple su programa de estudios, que construye comunidad educativa y que con polvo, sudor y lágrimas ha hecho milagros para la educación pública y la educación privada en el país.

Ser maestro es cumplir todos los días, saber la necesidad del alumno, escuchar a los padres de familia y acompañar a los mexicanos en el sueño de un México mejor.

También requerimos del acompañamiento de los padres de familia, y en esta perspectiva el 26 de febrero de este año se promulgó una reforma constitucional que tiene cinco elementos:

Primero. El derecho a una educación de calidad.

Segundo. El poder contar por primera vez con la participación de maestros, padres de familia y sociedad, en los contenidos y programas de estudio.

Tercero.- Se diseña un servicio profesional docente como una obligación que tenga consecuencias con beneficios para alumnos y para profesores.

Cuarto. Se diseña un sistema nacional de evaluación cuyo órgano operador será el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que tiene un rango autónomo constitucional y es el que va a determinar como autoridad educativa máxima la metodología, los parámetros, los indicadores.

Y finalmente, se acercan elementos del entorno para una mejor comunidad escolar, avanzar en jornadas de tiempo completo, en autonomía de gestión escolar, el sistema de información y de regulación de los alimentos en los establecimientos.

Así las cosas, lo que hoy esta Soberanía va a recibir son dos instrumentos: primero, la Ley General de Educación y segundo, la Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación.

Este proceso no acaba de iniciar recientemente y es muy importante subrayar que hoy todos los mexicanos quieren una educación de calidad, y que también la educación es un derecho habilitante y que hay aspectos indeclinables, la educación seguirá siendo pública, laica, gratuita y obligatoria.

Y en esto hemos recogido durante más de 10 años muchas iniciativas y hoy el tema fundamental entre otros es evaluar ¿evaluar para qué? Para tener mejores alumnos, mejores profesores, mejores sistemas educativos y mejores condiciones en todos los días.

El llegar a este momento ha sido un proceso que ha convocado a una enorme cantidad de actores, a maestros, a padres de familia, a especialistas, a autoridades educativas locales, legisladores locales, legisladores federales, las autoridades del ámbito nacional y también hemos revisado en el espectro más amplio, las voces de reformas educativas en países de América Latina como Colombia, Brasil, Chile, solamente por mencionar algunas de ellas, y hoy entonces conoceremos de la Ley General de Educación que es un ensamblaje general que incorpora los principales elementos: calidad, evaluación, participación social, incorpora el tema de las cuotas que dictaminamos aquí el 29 de abril y que no son obligatorias, así como también otro tipo de consideraciones ya mencionadas.

El propio Senado de la República, el 13 y el 14 de junio, entre otros eventos, recibió a especialistas de América Latina y de varios lugares en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Nosotros estamos convencidos que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender, y en este proceso educativo es lo que hemos querido venir haciendo, y también estamos conscientes que vamos a tener que trabajar en temas de la mayor importancia que quedan pendientes. ¿Qué quedaría pendiente? Evidentemente la Ley del Servicio Profesional Docente, es muy importante cumplir, porque es una tercia de normas que van integradas, y luego vienen aspectos de segunda generación que vamos a tener que revisar, el modelo educativo, la educación normal, el financiamiento, entrar a ver aspectos que tienen que ver con el aspecto de la educación universitaria, y asimismo temas laborales que todavía no han sido debidamente atendidas, democracia, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito del sindicato, las dos vueltas en materia laboral, la libertad de asociación. Todo este tipo de consideraciones tendrán que irse añadiendo, la educación inicial, la parte de la discapacidad y una lista muy importante que cierra también con el tema de los valores de la educación y la ética sobre cómo nos vamos a conducir.

Quiero también destacar que en este proceso de manera muy amplia hicimos una consulta para integrar a la Junta de Gobierno del INE, y las cinco personas merecen un gran reconocimiento, han estado trabajando, de manera muy cercana y hemos encontrado sus opiniones de doña Sylvia Schmelkes, de doña Margarita Zorrilla, doña Tere Bracho, don Eduardo Bacos y don Gilberto Guevara Niebla.

También agradezco a todos los grupos de la sociedad que hicieron diferentes señalamientos, a la Comisión de Educación, a sus quince integrantes que han hecho un trabajo espléndido, así como a la Comisión de Estudios Legislativos que encabeza la Senadora Ortiz González, porque hoy estamos convencidos de que este es un paso importante, no logra ser una reforma educativa, pero sí señala bases para lo que tiene el mundo para el día de mañana como futuro, el reto es construir un México al tamaño de los sueños de todos los mexicanos.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Romero Hicks.

Para fijar posición por el Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Flores Ramírez.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Los Senadores del Partido Verde celebramos que los integrantes de la LXII Legislatura podamos salir a decir, con la frente en alto, a los mexicanos, que en el Congreso estamos para lograr los acuerdos necesarios en beneficio de todos los ciudadanos. Acuerdos que reflejan el compromiso de todas las bancadas para solventar la deuda que tenemos pendiente desde hace años en materia educativa. La educación, aún cuando para algunos es un tema sensible, merece toda nuestra atención y requiere de nosotros, y de otros actores, las acciones necesarias para que nuestro país transite a una etapa donde la característica principal del sistema nacional educativo sea la calidad.

Que no quepa duda, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha enviado un mensaje claro a los mexicanos sobre su convicción para que la educación sea una elevada prioridad en los planes de desarrollo de nuestro país, honrando así uno de los compromisos incluidos por las partes firmantes del Pacto por México, garantizando una mejor formación con niveles de calidad educativa en beneficio de la niñez y juventud de nuestro país.

Con la reforma constitucional, en materia educativa, se dio inicio al proceso de transformación que siempre hemos deseado; por un lado, para los mexicanos que hoy se encuentran en las aulas y, por supuesto, para los que estarán en ellas en los años venideros y que son el futuro que queremos para este país.

Ya no podemos revertir los daños causados a muchas generaciones con una educación que no ha sido la ideal, pero aún podemos resarcir el quebranto que hasta este momento nos afecta, es decir, mejorar de forma sustancial el marco legal a favor de los estudiantes que ingresarán al proceso educativo bajo la tutela de estas reformas, que serán partícipes del gran cambio que representa la operatividad de un Instituto Nacional para la Evaluación de la educación que vele por la calidad del sistema educativo en su conjunto.

Hay que recordar que la evaluación es un instrumento poderoso para el mejoramiento de la educación, el incrementar la calidad es un reto de los más importantes que tenemos hoy en día, es una tarea de todos los integrantes de la sociedad, desde los docentes, pasando por los educandos, padres de familia y autoridades.

Es el momento de actuar y aprobar la minuta que reforma la Ley General de Educación y la que expide el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sabemos que todavía hoy, y desde hace varios años, nuestro sistema educativo lamentablemente mantiene un desempeño deficiente, alejado de lo que este país requiere para impulsar de manera decidida el desarrollo de nuestra sociedad.

Lo anterior se refleja en niveles por debajo de los estándares nacionales y en las propias mediciones nacionales. Por ello, es falso afirmar que el sistema educativo nacional ha sido hasta ahora ineficaz para generar mayores resultados, México se encuentra en el lugar 48 de 65 en los listados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en desempeño educativo.

Lo anterior, sin duda es grave, porque habla de un fuerte desequilibrio en los indicadores de nuestro país, mientras que en una buena cantidad de indicadores relevantes de la propia OCDE, México se ubica dentro del rango de los 34 países miembros de esta organización en materia educativa, otros 14 países que ni siquiera son integrantes de la OCDE, desafortunadamente, nos superan.

Ello justifica plenamente la urgencia de aprobar esta reforma y proveer las condiciones necesarias para que este panorama pueda ser superado.

En este sentido, quiero enfatizar que una de las prioridades de las reformas que hoy se someten a nuestra consideración, concretarán un tema de medular interés para mi grupo parlamentario y que ha sido central en nuestra agenda de trabajo y en los compromisos de campaña: La prohibición de las cuotas escolares obligatorias.

Por otra parte, es imperativo que aquí quede, perfectamente, que las modificaciones incorporadas a la Ley General de Educación no establecen, en ningún sentido, un modelo de privatización como erróneamente se ha querido interpretar.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, reitero que la educación impartida por el Estado es y seguirá siendo gratuita, manteniendo el derecho humano consagrado en el artículo 3o. constitucional. De esta manera, las donaciones que los padres de familia decidan realizar serán exclusivamente de carácter voluntario y no podrán ser pretexto para restringir, condicionar u obstaculizar el acceso de sus hijos a la educación.

Con estas reformas también se insertan nuevos componentes: como la creación de las escuelas de tiempo completo, las acciones destinadas a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, la facultad para que el INEE defina los procesos de evaluación en materia de servicio profesional docente, los esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para los alumnos, entre otros.

No cabe duda que la ruta del desarrollo que los mexicanos queremos para nuestro país nos exige establecer el servicio profesional docente, figura que resulta una condición necesaria para lograr que la educación sea de la calidad que se requiere para que México salga adelante y tenga un futuro prometedor. Esta tarea quedará resuelta en el periodo ordinario que estamos próximos a iniciar.

La única forma de lograr la meta de garantizar la calidad educativa plenamente es a través de evaluaciones justas y técnicamente sólidas, en las que se demuestre la capacidad y desempeño de los docentes, y les proporcione el apoyo necesario para superar y reforzar sus cualidades y desarrollar sus fortalezas.

México requiere incentivar a los docentes a desempeñar su loable labor con compromiso y responsabilidad en función del interés superior de la niñez. Es decir, evitar que la única solución sean los paros y huelgas por parte del magisterio, pues si bien persiguen una finalidad legítima que consiste en mejorar las condiciones laborales de los mismos, es indispensable garantizar una educación de calidad, permitiendo que los alumnos reciban los ciclos educativos completos.

En el grupo parlamentario del Partido Verde, coincidimos que la pérdida de clases vulnera el derecho a la educación de calidad, por lo que es indispensable buscar los mecanismos eficaces que contrarresten los efectos de la pérdida de clases en los planteles educativos gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales.

También coincidimos que estas acciones deben ser impulsadas con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos del magisterio, dando preferencia en todo momento a las vías del diálogo en la resolución de los conflictos.

Una de las grandes aspiraciones de la educación es que la población tenga la preparación que el entorno mundial demanda, no sólo hoy en día, sino de cara a un futuro cada vez más exigente, y con ello sea capaz de desarrollarse en el mundo laboral con las mejores condiciones posibles, lo que sin duda acarrea beneficios sociales y económicos.

Esta es la convicción del grupo parlamentario del Partido Verde, y estamos trabajando en consecuencia.

Todos los mexicanos debemos tener claro que si aspiramos a mejores niveles de desarrollo, si aspiramos a un país con mayores niveles de ingreso per cápita y mejor distribuidos, a estar orgullosos de que cada vez haya más mexicanas y mexicanos exitosos, no sólo en México, sino también en el plano internacional en cualquier disciplina, no podemos dejar pasar la oportunidad para introducir mejoras de fondo que permitan incrementar el capital humano con el que cuenta este país.

Por ello, y todo lo expuesto anteriormente, el Partido Verde votará a favor de esta minuta, porque queremos mexicanos mejor preparados, porque queremos mexicanos que tengan mejores oportunidades para mejorar sus niveles de bienestar; en resumen, porque queremos un México mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Gerardo Flores.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores.

Hago uso de la tribuna en mi calidad de educador; y hago uso de la tribuna también en mi calidad de representante del pueblo como Senador de la República, para decirles que el pueblo de México es sabio, y que en las elecciones del mes de julio del año pasado, tomó una decisión con la intención de hacer valer el equilibrio de poderes en este país.

62 Senadores afines a Peña Nieto.

66 Senadores que tienen la enorme responsabilidad de generar el equilibrio de la política de México.

Hoy va a pasar a la historia porque el pueblo de México quizás sufra una de sus más grandes decepciones y frustraciones a la hora de que votemos estas leyes.
Muchos vienen a esta tribuna a darse baños de pueblo a través de sus discursos. Nos veremos a la hora de la votación.

Coincidimos plenamente en que la educación es el motor de desarrollo de los pueblos, pero la educación tiene que cumplir con ciertas características que el Congreso mexicano, y el Senado de la República en especial, se está negando a otorgarle.

No puede haber educación de calidad si se empobrece, se reprime y se denosta al magisterio nacional.

Ingratos son aquellos que hacen eco de organizaciones reaccionarias, que sólo buscan su beneficio personal lucrando con la educación de este país.

Ingratos, porque si saben leer es gracias a un compañero maestro.

¿Qué nos critica el pueblo, compañeras Senadoras, compañeros Senadores? Nos critica que legislemos sobre las rodillas, que legislemos al vapor.

El día de hoy nos encerramos en un cubículo que está aquí a la derecha más de 3 horas, pero no para discutir la Ley General de Educación, no para discutir con argumentos si esta ley que nos está turnando la Cámara de Diputados cumplía con los requisitos para alcanzar la calidad de educación. Nos encerramos para esperar pacientemente a que se nos entregara el dictamen.

¿Y saben cuánto duró la discusión?, menos que la sesión que tuvimos el día de ayer en el Senado de la República, que duró aproximadamente 5 minutos.

La discusión en la Comisión de Educación para ambas leyes duró aproximadamente 3 minutos.

Yo les pregunto a todos los Senadores, ojalá y seamos sinceros, ¿quiénes de los aquí presentes conoce la Ley General de Educación que está a discusión?

¿Por qué mi grupo parlamentario la va a votar en contra? Porque no podemos coincidir que se haga uso del erario público para pagar los cursos de los profesores de las escuelas privadas.

Si son profesores de educación privada, que pague el patrón que esquilma al pueblo a través de prestar un servicio educativo, no que pague el pueblo, así como está pagando el FOBAPROA y otras cosas que el PRIAN le endilgaron en su momento.

¿Por qué vamos a votar en contra? Porque es una ley con buenas intenciones, pero sin definiciones concretas.

Se habla de que el maestro tendrá derecho a un salario profesional y que el salario profesional deberá ser suficiente para que pueda darle bienestar a su familia.

Pero no se menciona de cuánto debe de ser ese salario profesional.

¿Alguno de ustedes sabe cuánto gana un maestro de plaza inicial en educación preescolar o educación primaria? 6 mil pesos mensuales; 3 mil pesos a la quincena; 200 pesos por día.

Y el Senado de la República exige educación de calidad con un salario de hambre, y tímidamente pone en la Ley General de Educación que tendrán un salario profesional para dignificar a su familia.

¿Por qué vamos a votar en contra? Porque no se fijan plazos para que las legislaturas locales modifiquen sus legislaciones y adecuen la legislación local con la legislación federal.

Se tienen que fijar plazos concretos, si no cuándo, compañeros Senadores, vamos a aterrizar esta reforma en las entidades federativas.

En lo económico tampoco se compromete a nada al gobierno federal en esta ley, y todo se limita a si existe disponibilidad presupuestal.

Si hacemos caso, seguramente que así será, a la hora de que los Diputados voten el presupuesto con las recomendaciones de Videgaray, de que el Producto Interno Bruto se está cayendo mes con mes, seguramente la respuesta que se le dará a los maestros es: lo intentamos maestros, pero no pudimos porque la disponibilidad presupuestal no dio ni para incrementar su salario, ni para incorporar las 40 mil escuelas, que dice Chuayffet, de tiempo completo. Ese será, seguramente, el argumento.

Reconocen, y qué bueno porque por aquí debimos haber iniciado la discusión de la reforma educativa en México, que se requiere revisar el modelo educativo.

¿Y saben por qué empezamos? Por reformar el artículo 3o. constitucional y meterle cuestiones laborales que hoy tienen al borde de la ingobernabilidad a este país.

¿Y quiénes son los responsables? Pues los que aprobamos las leyes, y el día de hoy vamos a ver quién le va a apostar a la tranquilidad de México y quién le va a apostar a la ingobernabilidad a través de su voto.

Compañeras Senadoras; compañeros Senadores: Muchos más son los argumentos para no votar esta ley.

Les doy uno más que hace referencia, en muchos artículos, de lo que es la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Yo quiero que alguno de ustedes me la venga a poner aquí en la mesa, es una ley que es un fantasma, no existe pero sí se hace referencia a ella.

Por el bien de México, abramos la discusión fraterna, abramos la discusión con argumentos, abramos la discusión con madurez, pero no impongamos las mayorías mecánicas porque el pueblo votó por el equilibrio de poderes, y hoy el Congreso mexicano se somete, de manera pública, a Enrique Peña Nieto.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Antes de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la minuta que aprobaremos hoy, debo empezar por una precisión y por un reconocimiento.

No hay en el dictamen, que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, disposición alguna que obligue al Estado a pagar cursos de capacitación a maestros de escuelas particulares.

Sí existe, en el artículo 21 de la Ley General de Educación, la obligación para el Estado de certificar a los profesores de escuelas particulares que cumplan con la calidad de la educación obligatoria; ése es un enfoque distinto a la función certificadora del Estado.
Y un reconocimiento preciso a la labor de un hombre que ha empeñado la pasión de su amor, la justicia de su honestidad, en esta empresa fundamental de la transformación del modelo educativo, a Juan Carlos Romero Hicks, por el entusiasmo que ha colocado en esta tarea compleja que, a lo largo de muchos años, ha significado la renovación del sistema educativo.

(Aplausos)

Por supuesto, un reconocimiento a las comisiones dictaminadoras, a sus presidentes.

Yo quiero decir que Acción Nacional no vincula la transformación del modelo educativo a la voluntad de un solo hombre, por más que éste haya sido el iniciador de los proyectos.

La reforma del modelo educativo se debe a un largo impulso social, de la sociedad mexicana organizada, para hacer de la educación el eje rector de la superación de las personas y del mejoramiento de las naciones.

La educación como el eje vertebrador de la democracia, de la liberad y de la justicia.

En esta lucha, de muchos años, por hacer de la educación el eje esencial para el mejoramiento de las personas, el PAN ha pensado exactamente lo mismo desde 1939 hasta 2013.

Desde su primera declaración de principios, dijo: “Es deber del Estado, pero nunca monopolio suyo, procurar a todos los miembros de la comunidad una igual oportunidad de educación, asegurar, por lo menos, una enseñanza elemental para todos y promover el mejoramiento cultural de la nación”.

Porque lo afirmó en la proyección de principios de 2002, el fin del proceso educativo es la formación integral de cada persona para desplegar de la manera más amplia posible sus valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades.

En esta concepción de más de 70 años de vida política en México, el PAN enmarca esta reforma, dentro de un conjunto de reformas, que para cumplimentarse las podremos llamar entonces reforma educativa.

Sí asistimos a una parte de la reforma educativa. Pero no nos confundamos, es la parte político-administrativa de un proceso que ha sido complejo y difícil de construir el país. Para nosotros faltan muchas otras facetas de la verdadera reforma educativa, que tiene que ver con el modelo de docencia; que tiene que ver con la currícula; que tiene que ver con la democracia sindical; que tiene que ver con los libros de texto; que tiene que ver, precisamente, con los sistemas de interacción social, padres de familia y educación en México.

Estamos sentando las bases de una nueva relación político-administrativa, pero aquí no concluye la reforma educativa.

Bien lo dijo Romero Hicks en su discurso: “estamos articulando nuevas bases para entrar a una reforma mayor, no esperamos quedarnos aquí”. Hoy sólo salen los dos primeros instrumentos de la reforma los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, que este Congreso aprobó, ello nos obligó a generar leyes reglamentarias para instaurar y dar rango constitucional a una creación del gobierno de la República, del entonces Presidente Vicente Fox, de crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Estamos consolidando una reforma constitucional a una institución, para hacer de la educación un instrumento de calidad, y para lograrlo, tener consecuencias en el sistema de evaluar la educación.

Y, por lo tanto, también una ley para el servicio profesional docente. Que si ahora no la hemos podido discutir y aprobar, no es porque claudiquemos, ni declinemos de nuestra convicción de que está ahí otro de los retos fundamentales de esta reforma educativa que tenemos que concretar pronto.

Y obviamente hubo muchas adecuaciones que se tuvieron que hacer a la Ley General de Educación. Ustedes recordarán que en los artículos transitorios de la reforma constitucional, se obligó a muchas cosas, entre otros, a la inspección escolar, a una mayor autonomía de gestión de las escuelas, por supuesto, a la participación social en los consejos escolares, a la participación sindical en los consejos escolares pero también a normas y disposiciones para cuidar la alimentación de los niños en las escuelas, el Quinto Transitorio de la fracción III inciso c), que todos han celebrado: la prohibición de la alimentación chatarra que vaya en contra de la salud y de la calidad nutricional de los niños y los educandos en México.

Aquí se hacen avanzar algunas disposiciones es un buen dictamen, se hacen avances considerables.

Llamamos al voto a favor de la reforma, orgullosos de estar cumpliendo con nuestro deber, en condiciones quizás inhospitalarias para el Congreso, pero con absoluta convicción de que cumplimos con México.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Javier Corral.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los eventos que han tenido lugar, con motivo de este periodo extraordinario, deben llamarnos a la reflexión, y eso es lo primero que quiero apuntar, en este momento que se me ha permitido el uso de la palabra.

En las últimas horas, ha sido muy fácil condenar, por todos los medios posibles, las acciones de maestros, que en defensa de sus derechos han tomado las calles, sin que en ningún momento se tome en consideración la burla de que fueron objetos, o la propia trampa a la que fuimos orillados todos.

Nuestra presencia en este recinto da claro testimonio de ello.

Claro, todos queremos a los maestros frente a las aulas, dando clases a nuestros niños. Pero hoy, compañeras y compañeros, estamos ya involucrados en una ruta en la que echaremos por la borda la llamada primera gran reforma que aprobó esta legislatura, en el marco del llamado Pacto por México.

Y lo hacemos así, por la responsabilidad de quien ni siquiera es parte de este cuerpo legislativo.

Les pido, con respeto, que hagamos un ejercicio de conciencia. Pues en aquella ocasión se nos aseguró, a todos los actores, que todos los que quisieran participar, incluido el magisterio que hoy protesta en la calle, que sus opiniones y sus propuestas serían tomadas en cuenta en la redacción de la legislación secundaria.

Se organizaron foros y todo lo necesario para que los canales de interlocución terminaran por ser, lamentablemente hay que decirlo, solo un diálogo de sordos.

Ese, compañeros, es el colmo del cinismo, y hay que decirlo, con respeto, pero hay que decirlo.

Todavía existen voces que acusan de tener secuestrado al Congreso, cuando fue el propio gobierno quien incumplió la palabra y quien rompió el compromiso adquirido.

Todos estos reclamos, todas estas confrontaciones, se habrían podido evitar con sólo un poco de apertura, con sólo un poco de disposición.

Pero en lugar de eso, se optó por la simulación, el engaño y la cerrazón.

Así de claro y contundente hay que decirlo.

El paquete de iniciativas que motivaron el periodo extraordinario no fue producto del consenso, no son tampoco parte del Pacto por México, el Ejecutivo Federal tomó la decisión unilateral y nosotros, por supuesto, no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de ello.

Es cierto, hay que decirlo también en esta tribuna, todos queremos una educación de calidad para nuestro país, queremos mejores escuelas, queremos mejores maestros y planes de estudio que correspondan a la actualidad que vivimos en la nación.

Y por eso también decimos, lo hemos expresado en otros foros, si un maestro no está bien preparado para impartir clases y si la educación que se imparte en México no es de buen nivel, el Estado tiene la responsabilidad al no darle la preparación adecuada a los docentes, al no modernizar los planes de estudio y al suministrar libros de texto plagados de todo tipo de errores, incluyendo los errores ortográficos, que hoy parece que todos olvidamos.

Por lo visto, existe una gran reticencia del poder público para reconocer su responsabilidad en el deterioro de la educación en este país, optando por la salida fácil, por señalar como únicos culpables a los maestros.

No compañeros, seamos conscientes y reconozcamos que hay deficiencias importantes en la preparación de todos, de funcionarios y de maestros, por eso también lo decimos aquí en el PRD, siempre hemos apoyado la evaluación, pero no cualquiera.

Hemos pugnado por una evaluación contextualizada a las distintas regiones y condiciones que vivimos en el país.

Por eso decimos, sí trabajemos para corregir esta situación, pero hagámoslo bien, no sobre las rodillas.

Para ser claros, compañeras y compañeros, muchos de nosotros seguiremos insistiendo en que en lugar de privar de su fuente de empleo a un maestro, como sanción por falta de preparación, lo que debemos hacer, y hay que enfatizarlo, es ver cómo lo corregimos, y decir también que esa es una responsabilidad del Estado.

Lo que se necesita, lo sabemos bien, es garantizar para ellos una adecuada actualización de conocimientos, de capacitación constante, no sólo como su obligación, sino también como un derecho suyo y de los estudiantes que integran el sistema educativo nacional.

Compañeras y compañeros: Lo que vemos en el presente proceso legislativo es la intención del gobierno federal de legislar en nombre del Congreso, de abrogar el debido proceso legislativo, imponiendo visiones cupulares que nada representa la voluntad popular.

Los Senadores del PRD mantenemos como inquebrantable convicción, la defensa de la autonomía y soberanía del Poder Legislativo.

Por eso decimos, aprobar este dictamen sin permitir modificación alguna, significa agachar la cabeza frente al Ejecutivo Federal; traicionar nuestro mandato constitucional y legislar de espaldas a la sociedad.

Algo que, por supuesto, no estamos dispuestos a hacer, ni aceptar.

La Ley General de Educación sí es la columna vertebral del sistema educativo mexicano, es la ley marco que protege y recoge los elementos fundamentales para garantizar el ejercicio universal del derecho a la educación.

Por eso es muy delicado reformar por añadidura como parte de un procedimiento apresurado este importante instrumento legislativo.

Nosotros lo reiteramos, estamos dispuestos a realizar todas aquellas modificaciones que aporten al mejoramiento de la educación, pero ello, compañeras y compañeros, debe ser resultado de un ejercicio consciente y respetuoso de los procedimientos legislativos y de todos los espacios de diálogo que debemos darnos los Senadores de la República. No hay argumentos válidos para justificar la cancelación del análisis y el debate responsable, por ello reitero, con mucho respeto, el llamado a mis compañeras y compañeros Senadores, a que no legislemos con prisas, no legislemos al vapor.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Pozos Lanz.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente.

En el PRI sí creemos en la educación pública. Yo sí creo en la educación pública, y creo en ella porque me formé, aprendí y construí mi forma de vivir y de pensar en cada una de las aulas, desde la educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y la universidad.

Sí creemos en la educación pública, porque creemos en las miles y miles de maestras y maestros que en estos momentos, probablemente, no se han ido a descansar, porque están preparando responsablemente y con una gran seriedad las clases que el día de mañana le habrán de dar brillo y lustre a nuestras pequeñas y a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes que van a ser, y que queremos que sean, mejores mexicanos en el mañana.

Sí creemos en la educación pública, porque como el Presidente Enrique Peña Nieto lo ha dejado subrayadamente asentado, es la palanca del desarrollo de nuestra nación; por eso es el eje central de su programa de gobierno.

Por eso creemos que las reformas a los artículos 3o. y 73 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos permitieron a nosotros, y a los señores Diputados, establecer con acento que en México la educación de calidad es un derecho al que todos los mexicanos debemos aspirar y al que todos los mexicanos debemos de apostarle.

Creemos que este dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados debe de ser votada a favor, y nosotros lo vamos a hacer; les pido que ustedes lo hagan, porque creemos en la autonomía de la gestión de las escuelas, que generará la oportunidad a los señores directores, a los supervisores, a los jefes de sector, liderear, como lo han hecho muchas veces y muchos años, este proyecto y éste que es uno de los actos más importantes y sagrados que debemos tener.

Por eso creemos que la evaluación, tal como lo establecen las reformas a la Ley General de Educación, la evaluación debe de ser vista como una gran oportunidad, debe ser vista como la oportunidad para ser mejores, para propiciar un mejor ambiente en la escuela, para saber en dónde estamos parados y cuál es el tránsito y el rumbo que debemos seguir.

Por eso la evaluación, como bien lo dijo el compañero que me antecedió, no debe ser rechazada, sino tomada como un gran reto, como lo han hecho miles y miles de maestras y maestros que se han sometido, como lo ha establecido la Secretaría de Educación Pública desde hace algún tiempo, a los exámenes y a los procesos de evaluación.

No es una prueba simple y llana; será multifactorial la expresión de la evaluación que nosotros debemos propiciar desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque seguramente nos habrá de permitir, a través de ella y de la capacitación, ser y hacer una mejor calidad educativa en México. Un servicio profesional docente que nos permita darle a las maestras y a los maestros oportunidades en condiciones iguales, con herramientas similares, que no le dé oportunidades mayores a quienes tengan mejores relaciones, sino a aquellos que se esfuercen por estudiar y prepararse.

Por eso creemos en la educación pública, porque a través de un sistema de información y gestión, como lo establece la ley, podemos saber qué es lo que tenemos y qué es lo que falta.

Porque en esta ley dejamos constancia clara de que el tema de las cuotas escolares no debe mover, ni siquiera a la mínima expresión de duda, de que queremos privatizar la educación, al contrario, el texto constitucional y esta ley establecen el reglamento, la regulación por la que los padres de familia podrán contribuir al desarrollo de la escuela.

Quienes ahora, por disposición del Congreso, de esta Cámara de Senadores, también se establecen como co-responsables fundamentales del proceso educativo del país, y en esa co-responsabilidad en la que la sociedad en su conjunto debe participar está el gran reto de México, en las escuelas de tiempo completo y en todo lo que aquí también se ha apuntado.

No debemos dejar de reconocer que las comisiones unidas que han discutido este dictamen, han hecho un gran trabajo, nuestro reconocimiento al Presidente y a la Presidenta de las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos.

Yo sí creo en la educación pública, y creo en la educación pública porque esa es la manera por la que millones de mexicanos seguramente estarán soñado con un mejor México, un mejor país, y en ese propósito todos debemos sumarnos. Por eso les pido su voto a favor de este dictamen a la minuta de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Arroyo Cordero: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Rios Píter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Quiero razonar mi voto en contra de este dictamen, porque estoy convencido de que éste es uno de los grandes debates históricos del país, y quiero, firmemente, no solamente como Senador de la República, sino como padre de familia, que quede inscrito en el Diario de los Debates mi sentir sobre esta discusión que considero histórica y trascendente.

El año pasado votamos una reforma a la Constitución en busca de la calidad educativa.

Soy un fiel convencido de que un sistema que busca evolucionar requiere de evaluaciones.

Soy un fiel convencido, y lo reitero como padre de familia, porque tuve la oportunidad y la dicha de llevar a mi hijo a su primer día de primaria, recientemente, que si no cambiamos el modelo educativo, éste país está condenado al fracaso.

Y quiero exponer las razones de mi voto en contra, porque habiendo pensado, en diciembre pasado, que empezábamos juntos todas las fuerzas políticas, todas las visiones diferentes, a encontrar una gran visión no solamente de cómo acordar el tema educativo, sino cómo empezar la verdadera evolución del país, me encuentro el día de hoy con la tristeza y con la desafortunada situación de que nuestra clase política quiere cambiar la vida del país basándose en los mismos viejos instrumentos que nos tienen estancados el día de hoy.

Y lo digo porque como guerrerense me tocó ver cómo miles de maestros se movilizaron en el estado, muchos de ellos cometieron acciones que consideré, como considero las acciones del día de hoy, inapropiadas, y que condeno porque no son la vía para construir el diálogo social que requiere este país.

Sin embargo, en aquél momento, frente a esas movilizaciones, frente a esas 50 mil personas que tomaron Chilpancingo, de todas las partes del territorio nacional, distintos actores procuramos el diálogo, procuramos tender puentes con esos maestros que también estaban movilizados en Michoacán y que empezaban a movilizarse en Chiapas y en Oaxaca.

Y el compromiso, en aquél momento, fue que habría una mesa de negociación, fue que estos maestros movilizados serían recibidos, como ocurrió en la Secretaría de Gobernación, y yo confío, compañeras y compañeros, que las mesas de diálogo precisamente lo que permiten es escuchar, de una forma plural, los distintos puntos de vista. Puede no estarse de acuerdo con lo que digan algunos maestros; puede no estarse de acuerdo con lo que piensen distintas posiciones, distintas ideologías; pero el gran reto de este país, hoy lo vuelvo a confirmar, es que la vida democrática no logra avanzar, porque en aquellas mesas de diálogo lo que se planteó es que se escucharía la posición de los maestros.

Hoy me dijeron sentado a la mesa, que se les planteó que promovieran foros, y lo que hoy también escuché de ellos, es que esos foros, cuando se entregaron a la Secretaría de Gobernación, fueron ignorados en las propuestas que se están discutiendo el día de hoy.

Y repito, pueden ustedes no estar de acuerdo con los planteamientos que ellos expusieron, pero si no le damos transparencia al debate nacional, tal vez hoy ustedes aprueben una ley, pero una ley que yo soñaba que se convertiría en un nuevo momento para construir juntos, con toda la gente; el nuevo esquema educativo hoy se ve incompleto y se ve con gente en la calle que se siente traicionada, porque se dialogó con ellos y se les ignoró en sus planteamientos.

Y repito, no para que sus planteamientos quedaran ahí en la ley, sino que lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue promover y enviar iniciativas que se había dicho que tendrían contenidos de esos maestros, y lo que supimos es que estas leyes, que llegaron hace apenas unas horas, no contenían la visión de esos maestros hoy movilizados.

Yo puedo entender que le apuesten a la lógica clientelar basada en el viejo modelo político, ese modelo que algunos piensan que cambió con solamente quitar a una líder sindical. Yo quisiera que reflexionaran su voto y votaran en contra, porque la forma en la que se está discutiendo esta ley termina dando muestra clara de que la lógica antidemocrática de toma de decisiones sigue siendo parte de lo que hoy todos vanaglorian como el gran consenso nacional.

De tal manera, compañeras y compañeros, estoy convencido de que este país puede cambiar; y tengo un hijo que espero que en los próximos 20 años tenga un sistema educativo moderno, competitivo con la República, pero también sé que en política el orden de los factores sí llega a alterar el producto.

Esta iniciativa se toma y se votará, seguramente, bajo la lógica de un país que yo ya no quiero para mis hijos, bajo esa lógica clientelar, bajo esa lógica de los acuerdos fuera de la transparencia, bajo esa lógica que acuerda algo y después en lo oscurito mete una bola rápida.

Yo no estoy de acuerdo con que se construya un país moderno y nuevo, como se está construyendo esta ley, por eso votaré en contra.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mónica Arriola.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores; al pueblo de México:

La educación puede vislumbrarse desde una diversidad amplia de perspectivas, puede percibirse como un derecho humano y fundamental, como una obligación gubernamental y familiar, como un medio para la consecución de un fin. Sin embargo, ésta siempre concluye siendo el sendero único para lograr un progreso verdadero que promueva eficazmente la dignidad, la igualdad, la libertad y genere el desarrollo que todo ser humano requiere para la satisfacción latente de su ser.

Disfrutar de una educación adecuada es un elemento inexorable para el ejercicio de todas las demás facultades y derechos inherentes a nuestra naturaleza humana, y que derivan de nuestro contexto constitucional. Lamentablemente, millones de niñas, niños y adultos permanecen en un contexto de abandono respecto a las oportunidades educativas, atribuibles, la mayoría de los casos, a su condición social y a la pobreza que padecen.

Una condición de nuestra democracia es reflejar en el debate la pluralidad de las opiniones y diversidad en nuestra sociedad con una auténtica representación en el Poder Legislativo. La reciente reforma constitucional en materia educativa, y por consecuencia la emisión de las leyes reglamentarias que llevarán a cabo la concreción de la misma, responden a un clamor popular de antaño que, con el paso del tiempo, se convirtió en un deber impostergable para la nación.

No queremos más una educación que avance silenciosamente, queremos que el estridor del progreso detone a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, de manera que todas y todos los mexicanos se nutran de su provecho. El coronario natural de una sociedad educada es necesariamente la paz, el progreso y el bienestar. Si bien no figuramos que todos los problemas se desvanezcan, sí procuramos que todos cuenten con las herramientas necesarias para superarlos.

Entendemos que la sola letra de la norma no anulará los vicios que pretende combatir; sin embargo, la cimentación se ha forjado y toca a las autoridades correspondientes hacer lo propio en la vereda a un México con una distribución equitativa y justa.

Nueva Alianza desde sus orígenes ha contemplado la educación como la base y el motor cardinal generador de los cambios sociales, culturales y económicos que el pueblo demanda. Es por esto que, de la mano con la sociedad, exclamamos: ¡Sí a la evaluación para profesionalizar! ¡Sí a la evaluación para dignificar! Y ¡Sí a una evaluación para recuperar y renovar la reputación de la docencia a través del suministro de la calidad educativa que nos debemos y que debemos a México!

El día de hoy nos convoca una de las responsabilidades de mayor relevancia para el presente y el futuro de nuestro país. Discutir, y en su caso aprobar, las adecuaciones a la Ley General de Educación y la expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Lamentablemente los tiempos que se han dado para su análisis nos han llevado a desviar la atención sobre su enorme trascendencia. Reconocemos que en la reforma a la Ley General de Educación existen avances al otorgarle el reconocimiento que merece a la misma como el medio fundamental para lograr una mayor equidad e inclusión en nuestro país.

Siendo la evaluación y la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación los dos ejes fundamentales de esta reforma, quiero recordar que en marzo de 2012, Nueva Alianza presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa en la que se proponía la creación del INEE como un órgano autónomo rector de un sistema nacional de evaluación que hoy puede ser un logro avalado por todos.

Hoy también tenemos la oportunidad de ampliar los alcances del Sistema de Información y Gestión Educativa incorporando en la ley la obligación de contemplar datos sobre infraestructura, equipamiento, servicios y las condiciones contextuales de las escuelas.

No podemos aspirar a una educación de calidad con escuelas sin techos, sin ventanas y sin las condiciones mínimas para el servicio.

Otro aspecto fundamental también que no está reconocido en la norma, es el concerniente a la formación de los maestros. Exigimos, sí, educadores de calidad, maestros y maestras que den la cara ante sus alumnos y alumnas; sin embargo, no se están tomando las medidas pertinentes para otorgarles los medios para alcanzar esa condición. La crisis y carencias por las que atraviesan las normales del país escapan al contenido de las modificaciones y actualizaciones elaboradas, pues no se prevén acciones para la revisión de los programas y curricula encaminadas a la construcción de un sistema nacional de formación de maestras y maestros.

El Estado tiene un compromiso con las normales. Es momento de que se retome esa responsabilidad con el firme objetivo de brindar la educación de calidad que nuestras niñas y niños esperan. Por eso tenemos que empezar por la formación profesional y constante de las maestras y maestros; es importante, también, que la Ley General de Educación reglamente medidas claras para la profesionalización, actualización y capacitación, no sólo de los maestros, sino también de los directores.

Es imperativo que la formación sea permanente, con el objetivo de que las maestras y maestros estén en plena capacidad de atender la evaluación obligatoria. Hoy, las Senadoras y Senadores, tenemos la oportunidad de reformar el sistema educativo.

Si bien los transitorios de la reforma constitucional en materia educativa otorgan el tiempo suficiente para la expedición de las leyes en cuestión, les invito a reflexionar: ¿era necesario omitir la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente?, ¿o, es acaso que las leyes complementarias de la Ley General de Educación tienen que esperar también tiempo y forma, y no los tiempos adecuados para poder debatirlos en este proceso legislativo?

Compañeras y compañeros, pretendamos como si esta fuera la última oportunidad, y si la fuerza de la fibra de nuestra nación es igual a la de su eslabón más débil; es momento de proporcionarle la única y más eficaz línea de acción para superar los obstáculos más inmensos, una verdadera educación de calidad.

Con las condiciones y consideraciones expresadas, como Senadora de la República y de Nueva Alianza, me pronuncio a favor del Decreto que reforma la Ley General de Educación y el que expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; sin embargo, compañeras y compañeros, les dejo esta reflexión: La prisa excesiva es la madre de las cosas incompletas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Mónica Arriola.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, solicito a la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 91 votos a favor y 21 en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Continuamos con el dictamen que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.






DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se les ha distribuido para su conocimiento, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su primera lectura.
- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Es de primera lectura. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión, en lo general, el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes oradores: para presentar el dictamen por la Comisión de Educación, el Senador Juan Carlos Romero Hicks; para fijar posición en contra, el Senador Raúl Morón Orozco, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador Mario Delgado Carrillo; y para fijar posición a favor, la Senadora Marcela Torres Peimbert y la Senadora Mely Romero Celis.

Informa el Senador Romero Hicks que en su participación anterior incluyó también el posicionamiento sobre este dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

En la fracción parlamentaria del PRD, compañeras y compañeros, hemos actuado con mucha responsabilidad, desde que aprobamos la reforma constitucional integramos un grupo de trabajo y empezamos a construir las dos leyes reglamentarias y las reformas a la Ley General de Educación, preocupados, obviamente, porque estas leyes reglamentarias constituyeran efectivamente una fortaleza para el sistema educativo nacional, y después de construirlas buscamos a nuestros compañeros legisladores, tanto del PAN como del PRI, para efecto de poder armonizar las diferentes visiones que existen en este Senado de la República.

Con ellos, juntos trabajamos, sobre todo la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, llegamos a acuerdos, llegamos a consensos, y estos acuerdos y consensos, de manera conjunta los presentamos al Ejecutivo Federal, como dijo el Senador Romero Hicks, en estos acuerdos tomamos en cuenta la opinión de la Junta Directiva del INEE; al entregarlo al Ejecutivo Federal nos fue regresado un documento que está matizado, es el dictamen que ustedes tienen en sus manos y adicionado un artículo que a mi juicio es preocupante, que es el artículo 28.

Como todos ustedes conocen, el articulado de este dictamen que está puesto a consideración, se deberán dar cuenta que todo lo que estipula, de manera precisa, cada uno de los apartados del artículo 28, no son materia de la presente iniciativa, son materia de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Esta construcción que hemos hecho; reitero, fue muy responsable, extremadamente responsable. ¿Cuáles son los objetivos que privilegiamos nosotros al construir esta iniciativa? Son reivindicar el planteamiento constitucional, la reforma al artículo 3o. que plantea que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sea autónomo, que el instituto tenga capacidad y calidad para poder evaluar todos los componentes del sistema educativo, que la evaluación sea punitiva, que la evolución sea formativa, que la evaluación contemple el contexto en el que desarrolla el trabajo el trabajador de la educación, el maestro, el educador, que tome en cuenta las diferentes condiciones en las que se realiza el trabajo docente.

Una evaluación que fortalezca al sistema educativo nacional, ese era el objetivo; una evaluación integral, que no nada más se dedique a evaluar a los maestros y a los niños con premios y castigo, una evaluación que efectivamente lleve a cabo y valore el papel de la autoridad educativa, los libros de texto, los programas de estudio, los métodos de enseñanza y la infraestructura educativa.

Y aprovecho aquí para plantear por qué se han abrogado mucho las dificultades que tiene la educación en este país a los maestros de México, no son los maestros de México los responsables de la situación que vive el sistema educativo nacional, es la autoridad, son los gobiernos federales que han tenido en sus manos la responsabilidad de asumir esta rectoría, muchas cosas que se están planteando ya están legisladas en las leyes que tienen que ver con lo laboral; muchas de ellas.

¿Por qué no se ha aplicado la norma en la educación en este país? Porque la autoridad se ha aliado y ha hecho acuerdos con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y eso es lo que ha impedido, en mucho, que el sistema educativo nacional juegue el papel, el rol que aquí muchos de ustedes al subir a esta tribuna han reivindicado. No es responsabilidad de los maestros, es la indolencia, la negligencia y los acuerdos en oscuro que han llevado a cabo, tanto los funcionarios de la Secretaría como el sindicato, ahí está el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

El propio Presidente Peña Nieto, en Morelos, acaba de pronunciarse porque ese Acuerdo ha deteriorado el sistema educativo nacional, ha planteado una crisis muy grande en los diferentes estados del país, sobre todo crisis de carácter económico, y ha planteado, que esto se va a resolver. Esperamos que estas declaraciones se conviertan en realidad.

El acuerdo por la calidad educativa, el acuerdo con el que se constituye en carrera magisterial, todos esos acuerdos son con los que ha funcionado la educación en este país, por eso nosotros no estamos en contra de legislar, compañeras y compañeros, en lo que estamos en contra es la forma en que se atropella la responsabilidad que tenemos los legisladores de México para asumir esta función que el pueblo nos dio con su voto y cumplirla con toda responsabilidad.

Este proceso lo hemos conducido e iba bien, si las cosas hubieran seguido con esta dinámica, no tuviéramos allá afuera estas movilizaciones, estas reacciones de los maestros de México, algunos sujetos todavía al autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de sus dirigentes; no hagamos entonces responsables a los compañeros de algo que no lo son, absolutamente no son.

Si hubiéramos seguido el proceso legislativo normal, no tuviéramos estas manifestaciones en la calle, es la precipitación del Ejecutivo Federal lo que nos ha llevado a estos escenarios, y por eso yo los llamo a ustedes, compañeras y compañeros, a actuar con toda responsabilidad.

Esta iniciativa, veo que ya no tiene para atrás, pero la que viene sienta las bases reales, auténticas de la organización del sistema educativo nacional, estamos de acuerdo en poder avanzar a una reforma integral, que no nada más sea administrativa y que no quieran, compañeras y compañeros, meter de contrabando una reforma laboral, cuando de lo que se trata es de fortalecer al maestro, de fortalecer a los niños, de fortalecer a la escuela, de fortalecer al proceso educativo, de fortalecer a la educación. Debemos, amigos y amigas, ser muy responsables en lo que se avecina.

Yo quiero, por último, dejar sentado aquí, en esta tribuna, que las expectativas que tiene el pueblo de México son muy grandes, la gente espera que estas reformas puedan llevarnos a ser más asequible la práctica docente, a tener mejores condiciones de infraestructura, a que ya no tengamos que enseñar únicamente con el gis y con la pizarra, a que las condiciones de las aulas, del mobiliario no estén en las condiciones que están; todos ustedes representan estados de la República, vayan a cualquier escuela rural, a cualquiera escuela de cada comunidad, y se van a dar cuenta cabal de que las condiciones en las que realiza la tarea el trabajador de la educación son indignas, son condiciones con muchas limitaciones.

Y aunado a esto, las condiciones en que llegan los jóvenes, los niños y las niñas a la escuela. Vayan a darse una vuelta a sus casas, vean cómo viven, yo creo, amigas y amigos, que el pueblo de México está esperando de nosotros, con gran responsabilidad, actuar.

Reitero, sé que aquí ya no se van a modificar estas circunstancias, pero miren las contradicciones que tiene el dictamen que tienen en sus manos.

En el artículo 28 plantea que los componentes y demás circunstancias que tengan que tomarse para la evaluación del artículo 37 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. No hay ley, no sé a qué se refieran. Ahí está la figura en la Constitución, pero no hemos aprobado ninguna ley.

Estas son las contradicciones que tiene este dictamen, y por eso nosotros insistimos mucho en que este artículo 28 no se planteara y no porque estemos en contra de lo que ahí dice. Totalmente viable, pero no en esta ley, sino la de Servicio Profesional Docente.

Por último, compañeras y compañeros, yo quiero comentar de manera muy enfática que nosotros estamos a favor de legislar en el tema educativo, con un enfoque de derechos. No debe reñir el derecho que tienen los niños a una educación de calidad con el derecho que tienen los trabajadores a seguir manteniendo las conquistas históricas de los trabajadores de la educación. Eso es muy importante, el normalismo también es algo que tiene que fortalecerse.

Los llamo a ustedes, amigas y amigos, a actuar con toda responsabilidad.

Y por esta precipitación, por estas adiciones sin consenso y por estos matices que hizo el gobierno federal a un trabajo respetuoso y que merecía ser respetado por el Ejecutivo Federal, por eso, la fracción parlamentaria del PRD, va a votar en contra.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Raúl Morón.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

El día de hoy estamos fortaleciendo una institución creada por los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue creado en 2002, con una visión humanista y ponderando la subsidiariedad y el bien común que ha caracterizado nuestros gobiernos.

Por eso, este día las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, celebramos la instrumentación de la reforma constitucional publicada el 26 de febrero de 2013, con la cual se fortalece la estructura jurídica de un nuevo modelo de evaluación de la calidad educativa.

Quisiera destacar que esta ley, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fue diseñada en su totalidad por legisladoras y legisladores de ambas Cámaras y asumida por el Ejecutivo Federal.

Agradezco personalmente el trabajo, la participación y la orientación de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE, cuyos conocimientos fueron fundamentales en la elaboración de esta ley.

La única manera de tener un mejor futuro para las niñas, niños y jóvenes de México es contando con instituciones educativas sólidas. Por ello, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación estará dotado de autonomía técnica y de gestión, para que pueda evaluar docentes, alumnos y al sistema educativo en su conjunto, bajo los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, mediante instrumentos objetivos, no sesgados y bajo el principio del interés superior del menor.

A partir de este nuevo instrumento normativo, los lineamientos y directrices que emita el instituto se harán del conocimiento público y, además, serán del cumplimiento obligatorio para las autoridades educativas, ya que de lo contrario podrán ser sancionados.

La información del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación será considerada de interés social y utilidad pública, lo cual significa que todos los mexicanos tendremos acceso a la información que se genere a través de este sistema, para demandar que las autoridades educativas cumplan con el principio constitucional que les ordena prestar educación de calidad a los educandos.

Evaluar es un ejercicio necesario e indispensable para mejorar.

El Estado está obligado a revisar el sistema educativo nacional y así cumplir con el derecho fundamental de los mexicanos de contar con una educación que sea de calidad.

Quiero destacar que en esta ley integramos la participación social, a través de la creación de un consejo consultivo, con el propósito de involucrar a las y los ciudadanos interesados y a las organizaciones de la sociedad civil que tanto han aportado, para que puedan participar, dar seguimiento a los resultado de las evaluaciones y las directrices que de ella deriven, así como las acciones de difusión.

En Acción Nacional estamos conscientes que la educación de calidad es uno de los principales medios para que niñas, niños y jóvenes alcancen su máximo potencial.

Por eso, en el grupo parlamentario del PAN, estamos a favor de fortalecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Marcela Torres.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores; compañeras Senadoras:

Antes de iniciar el debate sobre este tema, quiero hacer una aclaración con respecto al artículo 21. El artículo 21 habla de que la autoridad educativa tiene la obligación de revisar el funcionamiento de las escuelas particulares; y la parte final del segundo párrafo dice: “que las autoridades educativas otorgarán la certificación correspondiente a los maestros que obtengan resultados satisfactorios, es obligación”.

Y qué bueno que viene en la ley.

Luego continúa: “y ofrecerán cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares otorgarán las facilidades necesarias a su personal.”

Es decir, el gobierno ofrece el curso, paga los instructores, paga el mantenimiento de escuelas y el particular sólo da facilidades para que sus maestros vayan a esos cursos que está ofreciendo el gobierno.

La pregunta aquí es: ¿quién mantiene los centros? Por eso decía, con argumentos, compañeros.

Les digo respetuosamente, también, que sus discursos parecen de izquierda, pero su práctica política los ubica bien en el partido en que se encuentra.

Decirles, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que no somos oposición a ultranza, tampoco somos, y que quede claro, una oposición agachona y menos traidora a los ideales más nobles y a los sentimientos de nuestro pueblo.

¿Pruebas? Votamos a favor en lo general la reforma al artículo 3o. constitucional, porque contenía, entre otros aspectos, la conformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En aquel entonces, fundamentamos y motivamos ante el pueblo de México porqué votábamos a favor de la reforma al artículo 3o. constitucional en lo general, y también planteamos, con mucha puntualidad, porqué en lo particular nos reservábamos el párrafo tercero del artículo 3o. constitucional, porque el 3o. constitucional plantea la rectoría de la educación en México.

Y para las cuestiones laborales, el Constituyente de 1917 planteó con mucha claridad que los asuntos tendrían que tratarse en el artículo 123, en sus apartados A) y B).

Pero la terquedad y, otra vez, los intereses particulares perjudicaron al magisterio nacional y la contradicción en esta ley se hace presente en este artículo 28; primero, porque la Ley General del Servicio Profesional Docente no existe, y ahí se sientan las bases para el tema del ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros a partir de las evaluaciones.

También fuimos con una actitud responsable a firmar el Pacto por México, porque creemos en la buena fe de los políticos de este país. Y fuimos, y lo dije en aquella ocasión también, a pesar de que en mi partido teníamos algunas diferencias internas, pero asistimos con el PRI y el PAN al evento del Castillo de Chapultepec a ratificarle al país que el Partido de la Revolución Democrática es una oposición responsable, es una oposición que cuando se pone por delante los intereses del país, siempre nos formamos en primera línea.

Decirles también, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que fue un acierto la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Y también fue un gran acierto de este Senado, la forma en que votó los integrantes, la forma en que conformó a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo tenemos que decir fuerte, porque los aciertos se cacaraquean y las cosas incorrectas, las cosas que lastiman al pueblo aquí se debaten con argumentos, no con mayorías mecánicas, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

La Junta de Gobierno del INEE, sin duda que es una junta que ética, moral, profesional y técnicamente cumple con las expectativas más altas de este país.

Decirles que como educador, creo firmemente en la evaluación como un instrumento para encontrar deficiencias en los maestros, para encontrar deficiencias en los alumnos, para encontrar deficiencias en los diferentes aspectos que integran el sistema educativo nacional, y a partir de estas evaluaciones encontrar la ruta para mejorar lo que no está funcionando.

No creo, como educador se los digo, con más de 20 años de experiencia en el servicio educativo, que ninguna evaluación, reflexionen compañeras Senadoras, compañeros Senadores, ninguna evaluación en el mundo ha dado resultados cuando se aplica con carácter punitivo, cuando se aplica con carácter sancionador, cuando se aplica con la intención de castigar al que tiene deficiencias.

La evaluación nos arrojará quién no sabe y para eso está la formación, para eso está la capacitación y para eso está la actualización. Para eso, compañeros, la evaluación irá dando datos sobre estos asuntos. Ningún pedagogo, y quiero decirles que hemos leído a los gigantes de la pedagogía en México, a Manuel Gutiérrez Nájera, a don Ignacio Manuel Altamirano, a don Justo Sierra, a Pestalozzi, a Piaget, a Freyre, a Vigotsky, entre otros, y ninguno, y si hay alguien que me pueda debatir el tema aquí está la tribuna para hacerlo, ninguno de estos enormes pedagogos, tanto los mexicanos como los que no lo son, recomiendan que la evaluación de la educación sea una evaluación que sancione al que tenga deficiencias.

El gobierno de Peña Nieto, afortunadamente, está enfermo de evaluacionitis y tiene que corregirse en todo caso, ¿por qué sólo los maestros?, ¿por qué no empezamos del Secretario de Gobernación para abajo?, que haga tres exámenes, y le vamos a dar la oportunidad que haga cuatro, y si reprueba, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, tendríamos que aplicarle la misma sanción que se le pretende aplicar a los educadores de este país.

Por último, quiero decirles que la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como bien lo refería mi compañero, el profesor Raúl Morón, fue la más consensada, fue la que más nos tardamos en revisar artículo por artículo, primero en el PRD, y después lo compartimos con los compañeros legisladores de la Comisión de Educación del PAN y con los compañeros de la Comisión de Educación del PRI, y cuál fue el resultado compañeros, una discusión que no fue discusión, solamente se dijo, los que estén a favor del dictamen y los que estén en contra, esa fue la discusión que hoy vimos ahí, en este tema tan importante para la educación de nuestro país, pero aunque nos sigan mayoriteando, seguiremos alzando nuestra voz fuerte, seguiremos discutiendo con ustedes de manera fraternal como debe corresponder entre legisladores, porque la cortesía es lo menos que podemos perder entre nosotros, pero aquí está la tribuna, compañeros, argumentos con argumentos, las mayorías mecánicas sólo las aplican aquellos que no tienen argumentos para debatir las cuestiones que se discuten a favor o en contra del pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Fidel Demédicis.

Senador Fidel Demédicis, tiene usted una reserva al artículo 28, ¿estaría usted de acuerdo en presentarla de una vez en la tribuna y que la procesáramos?.

Adelante Senador.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Argumentamos en lo general porqué estamos en contra de esta Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Uno de los aspectos que lastiman profundamente esta ley, y que seguramente será motivo de controversia constitucional, y una de las cuestiones que tiene que cuidar el Senado de la República, no somos chamacos haciendo política, compañeros, somos profesionales, todos los que estamos aquí en el Senado y si no para eso el Senado de la República gasta un dineral en asesores, para que los que no sabemos nos orienten, es malo no saber, John F. Kennedy decía que el éxito de su administración se lo debía a sus asesores. Hay que escuchar a los profesionales en cada rama de la administración y de la vida pública, hay que escucharlos y no permitir que sean las prisas y no permitir, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que nos inquiete el hecho de que si le modificamos una coma a los dictámenes que nos turnan los compañeros Diputados se va a acabar el mundo, se puede acabar el mundo si seguimos aplicando estos métodos y si seguimos haciendo leyes al vapor, entonces sí quién sabe qué destino le espere a nuestra patria.

Lo decíamos ayer en la comisión, sí hay que modificarla, hay que codificar y no pasa nada, pero es que la vamos a regresar a los compañeros Diputados, que hagan su chamba, les decía mi compañero presidente, aquí sí hacemos la chamba, y los que no hacen la chamba por eso los reprueban, se vio el día de ayer en la noche y hoy me di una vuelta donde estaban mis compañeros Diputados, y con todo respeto lo digo, parecía un mercado lo que había, a diferencia de aquí, que nos respetamos, aunque no coincidamos en nuestra forma de pensar.

Decirles que el artículo 28 señala que en materia de servicio profesional docente para la educación básica y media superior que imparte el Estado, corresponden las siguientes atribuciones, y hay una serie de atribuciones que pervierten la función del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y no sólo la pervierten, compañeros Senadores, cita por ejemplo el artículo 37 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, yo quisiera que ustedes me vinieran a decir, “Senador, ya cállese la boca”, aquí está la Ley General del Servicio Profesional Docente y su artículo 37 está bien referido.

Compañeros, esa ley no existe, y si no existe, menos podremos citar artículos; y por salud a esa ley, tendríamos que haber eliminado el artículo 28 en pleno para darle certidumbre a la ley que vamos a votar enseguida.

Por eso estamos proponiendo que, en todo caso, el artículo 28 solamente diga: “El instituto en materia de evaluación del servicio profesional docente tendrá las atribuciones que determine la ley en la materia”, solamente con eso salvamos compañeros, no se nieguen, sean racionales y piensen en México.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación al artículo 28, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta.

“Artículo 28.- El instituto en materia de evaluación del servicio profesional docente tendrá las atribuciones que determine la ley en la materia”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Continuamos con la discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Recordar un poco cómo llegamos aquí. La reforma constitucional que planteó el Presidente de la República, fue modificada de manera sustancial por este Senado de la República y por el Congreso.

Introducimos en el artículo 3o. constitucional, por ejemplo, el concepto de calidad educativa que no tenía la propuesta original, también incorporamos el concepto del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación que no consideraba tampoco la propuesta del Ejecutivo Federal.

Y se hizo con una idea muy clara, cambiar de manera radical el modelo educativo en nuestro país, ya no basta tener el derecho a la educación, éste tiene que ser de calidad ¿cómo llegamos?, ¿Cómo construimos una educación de calidad? Dos instrumentos, el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y el servicio profesional docente.

Nos dimos a la tarea de crear la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Nacional de Evaluación.

Un grupo de legisladores trabajamos coordinados con el Senador Romero Hicks y llegamos a una ley que el Ejecutivo presentó en un 80 por ciento a lo que hoy se está dictaminando, no hubo un reconocimiento al trabajo de los legisladores. Venimos a descubrir que el pacto además de ser selectivo, es un pacto pirata.

Los logros que se tienen en este instituto son muy importantes y son características que le han dado los legisladores al mismo, que tenga autonomía, profesionalismo, que considere los contextos económicos y sociales de los maestros y los educandos, tiene visión de largo plazo, integralidad, lo más importante, y algo que no se ha mencionado aquí, es que no van a ser evaluaciones de adorno, van a ser evaluaciones que van a tener un carácter vinculatorio para la política educativa, es decir, que no tengamos año con año la sorpresa de que no mejoramos en nada, sino que se obligue a esos resultados a ser considerados en los planes, programas y políticas educativas para construir este círculo virtuoso de calidad.

Construimos un instituto para que sea la máxima autoridad en materia de evaluación en el país, que maneje criterios de objetividad y de equidad y que toda la información sea pública.

Dos fantasmas recorren a la reforma educativa; el primero, el de la evaluación; el segundo y el de la permanencia.

Esta ley destierra el primer fantasma, la evaluación no como fin último, la evaluación como un instrumento para la mejora continua, tenemos el reto, ahora, de erradicar el fantasma de la permanencia, ¿qué deberá significar la permanencia?, tiene que ser la vigencia, el reconocimiento y el desarrollo profesional como un derecho de los maestros y como una obligación del Estado a proporcionarla.

El Estado ha abandonado su obligación de capacitar y tener a la vanguardia a los maestros, y ya lo hemos hecho en otras épocas y en condiciones más difíciles.

En 1945, Avila Camacho expidió una ley emergente, la Ley de Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, el objetivo de esa ley era que todos los maestros del país tuvieran primaria completa, eran los maestros de Vasconcelos, aquellos que apenas si tenían algo de instrucción, aquellos con los que logramos cumplir todavía un reto más grande que el que tenemos ahora, alfabetizar este país sin maestros, y se creó la normal más grande del mundo y tuvimos la posibilidad de ir mejorando la calidad del magisterio.

Hace 20 años que inició la revolución de las tecnologías de la información y del conocimiento. El Estado ha sido omiso en subir a los maestros a esa revolución.

Esa es la gran omisión que tiene el servicio profesional docente.

Ese es el error de visión que se está contemplando en el instrumento que se ha propuesto y que afortunadamente no se ha votado.

¿Por qué tiene tantos beneficios esta ley?, ¿ por qué estamos en contra? Ya se dijo aquí, lo dijo muy bien el Senador Ríos Piter, por lo que significa el procedimiento.

Hay un profundo desprecio por este Congreso en la forma en que se está actuando.

Resulta vergonzoso que tengamos que salir huyendo de quienes deberían ser los principales actores en esta reforma: los maestros.

Hoy platicamos con ellos, los recibimos. Su temor no es a ser evaluados, ese no es su temor, su coraje es que sus planteamientos no fueron considerados, se sienten engañados por aquellos que los recibieron y no supieron dar cauce a sus propuestas.

Vienen cambios todavía más difíciles para cumplir el objetivo constitucional de educación de calidad.

Pero si el gobierno va a hacer la lectura que hoy los métodos que siguió fueron exitosos, que se salieron con la suya, van a poner en grave riesgo al país, porque si se piensa que con estos métodos se van a sacar las reformas que van a plantear, van a poner en riesgo la gobernabilidad; venir abriendo frentes, sin tener la capacidad de cerrar ninguno.

Por más difícil que sea una reforma, estoy seguro que este Congreso puede acometerla, y puede acometerla con éxito, escuchando y que participen todos los actores involucrados.

Sigue la más difícil: el servicio profesional docente. Es imposible pensar en que podamos sacar esa ley sin la participación de los maestros.

Creo que el día de hoy se van a aprobar estas leyes, que por el contenido que elaboró el Congreso, va a desterrar el fantasma de la evaluación. Y lo dijimos desde siempre, ello va a cambiar de manera radical, o debe cambiar de manera radical las condiciones para enfrentar ahora la regulación y creación de este sistema de desarrollo para los maestros de capacitación y actualización permanente, de desarrollo profesional y de reconocimiento.

Esa es la tarea que se avecina y lo tenemos que enfrentar, como ya otras tareas ha hecho este Congreso, con la posibilidad de hacer reformas de manera exitosa.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Mario Delgado.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mely Romero Celis.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

La educación en México requiere una profunda transformación.

Aún con todas las fortalezas que tiene, la educación en México sí requiere una profunda transformación. Esto es algo en lo que coincidimos todos: Senadores, Diputados, autoridades educativas, sociedad civil, organismos internacionales.

Todos coincidimos que solamente transformando la educación en México es que vamos a lograr equidad social, crecimiento económico a través de mayor productividad y, por ende, estaremos logrando el desarrollo de nuestro país, es inevitable cambiar el paradigma de la educación en México, para convertirla, por supuesto, en una educación de calidad.

Asimismo, lo señala la UNICEF, la educación de calidad es una estrategia fundamental para el desarrollo de cualquier país.

Lograr la educación con calidad es algo que aprobamos desde la reciente reforma constitucional a los artículos 3o. y 73, garantizando a todos los niños y los jóvenes una educación con calidad.

Y la educación con calidad, precisamente, se logra garantizando la cobertura y la permanencia de los alumnos, garantizando que todos los maestros sean capaces de formar mentes críticas, emprendedoras y productivas en estas futuras generaciones.

Debemos garantizar que las escuelas tengan condiciones dignas mínimas y que no sea como sucede hoy en día, que encontramos que el 7 por ciento de las escuelas del país no tienen energía eléctrica, ni baños, ni siquiera, alguna de ellas, aula en donde se pueda impartir esta educación.

Necesitamos, para lograr una educación con calidad, garantizar que los contenidos curriculares de la enseñanza básica permitan a los alumnos construir su propio conocimiento y no sólo memorizar temporalmente datos o términos.

Necesitamos incorporar el uso de las tecnologías de la información en todos los niveles de la educación básica.

Necesitamos, por supuesto, involucrar a la sociedad civil, que participe de manera activa en la toma de decisiones de nuestro sistema educativo.

Necesitamos, por lo tanto, comenzar esta profunda transformación, conociendo cuál es la realidad en materia educativa que vive nuestro país y, además, conocer la realidad de manera continua para saber y para entender cómo están los alumnos y los maestros, sí, pero también las escuelas, los programas, la administración en cada plantel, los libros de texto, los consejos de participación social en la educación; porque sabemos que hay grandes rezagos y que hay disparidad, inequidad y exclusión social en nuestro país, esto lo sabemos a grandes rasgos.

Las brechas escolares son más marcadas en los sectores pobres o vulnerables y que hay desigualdad, también lo sabemos, en la oferta educativa que existe entre la zona rural, entre la urbana y entre las zonas indígenas.

Reitero, y estamos concientes todos, que hay cientos de miles de maestros que están dando clases con enorme seriedad, profesionalismo y amor a México; que están educando a los jóvenes, que serán mañana mexicanos mejor preparados, pero aún así, necesitamos conocer en qué condiciones llevan a cabo su trabajo día con día.

La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es una iniciativa estratégica de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, permitirá, precisamente, lograr el objetivo de garantizar la calidad de la educación a través de la evaluación, a través del conocimiento, precisamente, de todos los componentes que conforman el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación.

La ley consta de 5 capítulos, 68 artículos; su objetivo, por supuesto, es, para el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, establecer sus componentes y todo el esquema de operación y de coordinación entre los elementos de este mismo sistema.

Además, para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la ley pretende regular su conformación, su organización y, por supuesto, su funcionamiento, y así, en el articulado de la ley se contempla que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será el responsable de elaborar la política nacional educativa, éste será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; será auditado, por supuesto, y fiscalizado, pero además, será la autoridad en todo lo concerniente a la educación de todos los componentes de este sistema nacional de educación.

Emitirá el instituto los lineamientos que sí serán obligatorios para todos los componentes del sistema. Estos lineamientos, que además serán públicos, deberán ser dados a conocer y serán vinculantes para los responsables.

Es decir, quien no cumpla con estos lineamientos que emita el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, será sometido a cuenta, será, por supuesto, sancionado en algunos de los casos.

Las directrices que emita el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, serán relevantes para contribuir en este marco general del sistema educativo nacional a la toma de decisiones, a estas decisiones que deberán contribuir, una a una, a que logremos la calidad en la educación en nuestro país.

Este instituto, por supuesto, está ya integrado.

La Junta Directiva la componen los mejores ciudadanos, los mejores académicos, los que hemos elegido aquí, en este Senado de la República, por considerarles las personas idóneas para llevar a cabo todo el proceso de elaboración de la política nacional en materia de educación.

El segundo componente que se detalla en la ley, es lo concerniente al Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, que, por supuesto está integrado tanto por autoridades educativas de la federación como de los estados, por todos los componentes que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que garanticemos así la calidad para jóvenes y niños.

El Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, también tiene la responsabilidad de establecer los lineamientos y las políticas, pero de la coordinación entre cada uno de los componentes de este mismo sistema. Este es un avance fundamental en el marco normativo concerniente a la educación de nuestro país.

Y así, la evaluación, en términos de todo este planteamiento normativo, es un instrumento para contribuir al logro de la calidad educativa, al igual que muchos otros elementos.

Debe la evaluación ser constante y convertirse en un insumo para orientar la formulación de políticas públicas educativas en México. Sin embargo, la evaluación no debe ser unilateral, sino más bien debe ser contextualizada.

La realidad que vive el norte del país, más industrializado, no es la misma a la realidad que vive el sur, ni tampoco la que vive el centro de México. Esto es algo que se comentó en numerosas ocasiones, no sólo por Senadores, sino por maestros, autoridades y por los propios consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, durante las numerosas y extensas reuniones que tuvimos para analizar y formular una propuesta, precisamente, de ésta la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Entonces, es necesario partir de todas las diferencias que existen en los distintos entornos de nuestro país, en donde se lleva a cabo el proceso de formación educativa.

La evaluación sí debe considerar el contexto demográfico, el entorno social económico, los recursos humanos, materiales y financieros de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Y, además, todos los resultados del proceso de evaluación deben darse a conocer, esto es un componente muy importante de esta nueva ley que tendrá como marco normativo la transparencia y la rendición de cuentas.

Por último, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación contempla la oportunidad de que la sociedad tenga una participación activa en todo el sistema de evaluación.

Algo que tanto el sector público, como el privado y la sociedad civil organizada han venido demandando con auténtica preocupación en tiempos recientes.

Sin lugar a dudas, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación contiene los elementos fundamentales para garantizar que a través de la evaluación integral, contextualizada y vinculante, se contribuya al logro del derecho constitucional de educación de calidad para todos, y con ello podamos combatir la inequidad y el rezago que viven muchos mexicanos en todo el territorio nacional.

Por todas estas razones, la fracción parlamentaria del PRI votará a favor de este dictamen del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Mely Romero.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, solicito a la Secretaría recoja la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 89 votos en pro y 20 en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

(Aplausos)






CAMARA DE DIPUTADOS

Informo a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, devuelto con modificaciones, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.



En virtud de que estamos a punto de cerrar el periodo extraordinario de sesiones y haciendo una excepción a la política que ha tenido esta Mesa Directiva, nos permitimos felicitar a nuestros compañeros en el día de su cumpleaños, al Senador Félix González Canto y al Senador Emilio Gamboa Patrón.

¡Muchas felicidades!

(Aplausos)

Informo a la Asamblea que las comisiones ya no remitirán otros dictámenes para ser atendidos por este Pleno.

Por lo anterior, estamos en posibilidad de dar por concluidos los trabajos correspondientes a las sesiones extraordinarias del actual receso, a las que fuimos convocados por la Comisión Permanente.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se les solicita ponerse de pie para la declaratoria que hará el señor Presidente.

(Todos de pie)






CLAUSURA

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Hoy, 23 de agosto de 2013, la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluidas las sesiones extraordinarias correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional.

Se instruye a la Secretaría participar por escrito esta clausura al ciudadano Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 01:28 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2552&lg=62&anio=1